Julio Iglesias está hoy más cerca de ser juzgado en España

Plot twist! La Fiscalía ha cambiado de opinión: España sí tiene jurisdicción para juzgar delitos que hayan podido cometer españoles en el extranjero. En enero dijo lo contrario, en contra de la opinión de diversos catedráticos expertos en derecho penal, que no entendían la decisión.

Y no es un español cualquiera el que fue primero denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ahora es objeto de una querella ante el mismo tribunal: es famoso, es millonario, es marca España, es Julio Iglesias.

El caso Julio Iglesias siempre ha cumplido con los requisitos que exigen nuestras leyes para que sea juzgado aquí, que es donde se le ha denunciado: él es español, no ha sido juzgado por estos hechos en un tercer país y los delitos que se le imputan están incluidos en la lista que los organismos internacionales consideran que tienen la suficiente gravedad como para que esto ocurra.

Recordemos de qué delitos hablamos: contra la libertad sexual, por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio, de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre.

Las denunciantes son dos mujeres de nombre ficticio Rebeca y Laura. En elDiario.es conocemos sus nombres reales, así como el detalle de los terribles hechos que relatan sobre el tiempo que pasaron trabajando en las mansiones del cantante en el Caribe.

Lo conocemos, porque durante tres años hicimos un trabajo de periodismo de investigación en el que las entrevistamos a ellas en diferentes ocasiones a lo largo del tiempo y a muchas personas más. Gracias a esas entrevistas hemos podido asentar los testimonios de Rebeca y Laura, nos han dado toda la veracidad que el periodismo necesitaba para creer en sus palabras.

Muchas de esas entrevistas se hicieron off the record. Otras se hicieron con la grabadora encendida, pero algunas personas cambiaron de idea posteriormente, debido al miedo que sentían ante las represalias que una persona tan poderosa podría desatar hacia ellas.

Desde España no somos muy conscientes del peso que tiene Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas, pero yo he estado allí y he podido comprobarlo de primera mano. Aquí, Julio Iglesias es la voz cuyas cintas nuestros padres ponían durante los largos viajes en coche de nuestra infancia. Es el meme del verano. Es el artista español que más discos vendió.

Allí, es el gran inversor inmobiliario de Punta Cana. Es el hombre que da cobijo en su casa a presidentes y hace llamadas para arreglar los líos diplomáticos. Es el rostro sonriente que aparece dibujado en el mural que da entrada al pueblo donde viven muchos de los trabajadores de su mansión dominicana. Es el patrón que contrata a empleadas domésticas y les dice: yo soy Julio Iglesias y tú quién eres, tú no eres nadie.

Es por ese gran poder que ostenta Julio Iglesias en República Dominicana que muchas mujeres que quieren hablar, no lo hacen. Y las que han hablado, viven con miedo.

Ese miedo no es solo psicológico, es real. En elDiario.es publicamos que Rebeca fue objeto de vigilancia y seguimiento por parte de detectives privados. También contamos —y todo el mundo lo vio— que a pesar de la protección que les concedió la Fiscalía como denunciantes de violencia sexual, sus nombres, sus rostros, sus fotografías personales, sus conversaciones privadas, fueron publicadas en las redes sociales. Incluso él mismo lo hizo, Julio Iglesias lo hizo.

Muchas víctimas de abusos no denuncian por miedo a las consecuencias, a que su vida fuera aún peor que antes. Otras muchas no lo hacen porque no creen en la justicia. Durante nueve meses, Laura y Rebeca recibieron razones tanto para lo primero como para lo segundo.

Lo que despierta toda mi admiración es que, a pesar del primer no, ni Rebeca ni Laura ni la organización que hace su representación legal, Women’s Link Worldwide, han tirado la toalla. Cuando la Justicia española les dio un portazo a su denuncia en enero y les dijo: aquí no, ellas optaron por exponerse aún más y presentar una querella, con todas las consecuencias.

Ahora, la Fiscalía ha cambiado de idea y avala la jurisdicción. En los próximos días, un juez instructor tendrá que evaluar si, con el Código Penal en la mano, nuestro país puede conocer o no la conducta presuntamente delictiva de un español en sus mansiones de otros países.