Women’s Link, sobre el informe del fiscal que admite la competencia en el caso Julio Iglesias: “Confiamos en que la justicia avance”

Women's Link, la organización que representa legalmente a Laura y Rebeca, las extrabajadoras de Julio Iglesias que han presentado una querella contra el cantante por delitos sexuales y laborales, confían en que la justicia española avance después de conocer que el fiscal encargado del caso defiende que la Audiencia Nacional sí tiene competencia para investigar los hechos. “Esperamos y confiamos que la justicia española avance con determinación para garantizar que los hechos denunciados sean investigados y que se protejan la seguridad, la integridad y los derechos de Rebeca y Laura. Nosotras seguiremos acompañándolas en su búsqueda de justicia”, dice Women's Link.

A comienzos de septiembre, las extrabajadoras presentaron una querella contra Julio Iglesias ante la Audiencia Nacional por los mismos hechos que denunciaron a la Fiscalía en enero. Si en esa ocasión, el Ministerio Público archivó el caso porque aseguraba que España no tenía competencia para investigarlos, ahora el fiscal encargado contradice ese criterio. Vicente González Mota, al que le ha correspondido por reparto pronunciarse, defiende que la Audiencia Nacional sí es competente para analizar esos hechos, según confirmaron fuentes jurídicas a elDiario.es. González Mota todavía no ha enviado su informe al magistrado del caso, Antonio Piña. 

“Women’s Link no ha recibido una notificación formal relacionada con ello. Sin embargo, consideramos que ese posible escenario sería positivo, ya que todas las personas tienen derecho a acceder a la justicia y a que los hechos que denuncian sean investigados, sin importar quién sea la persona denunciada”, aseguran las abogadas, que insisten en que se dan todos los elementos que permiten investigar y juzgar estos hechos en España. La querella de Rebeca y Laura, que trabajaron en las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas en 2021, le acusa de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio.

“Hemos insistido en presentar su denuncia en España porque su legislación lo permite y porque así lo establecen las obligaciones internacionales asumidas por España en materia de derechos humanos. Así también lo han establecido personas juristas y académicas de reconocido prestigio que confirman la jurisdicción de los tribunales españoles. En este caso, se dan los elementos para que se pueda juzgar en España: por la nacionalidad del denunciado, porque los hechos, como la trata, la servidumbre y las violencias, están regulados en tratados ratificados por el país, porque las posibles víctimas están presentando una querella, y porque no hay una condena previa por lo mismo”, subraya Women's Link.

En enero de 2026, Laura y Rebeca interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la cual fue archivada diez días después de anunciar la apertura de diligencias y sin entrar al fondo del asunto. El Ministerio Público concluyó que no podía seguir adelante con el proceso por la “falta de competencia” de los tribunales españoles para juzgar los hechos, una decisión que fue discutida por expertos juristas. Sin embargo, esa decisión no se extiende automáticamente a un procedimiento judicial, puesto que el caso nunca llegó a estar en un juzgado: ahora será el juez al que se le ha asignado la querella el que decida si España tiene competencia para investigarlo o no.

Para ello, el magistrado al que le ha correspondido el caso, Antonio Piña, encargó un nuevo informe a la Fiscalía. En él, el fiscal Vicente Mota defiende que España sí puede investigar los hechos. Antes de ser trasladado a la causa, su informe debe ser visado por un superior. Los superiores de González Mota son el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y la teniente fiscal, Marta Durántez, pero ambos se han abstenido. Durántez fue la fiscal que el pasado enero archivó la primera denuncia al considerar que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para examinar el caso.

La decisión de abstenerse se debe a que ambos fueron denunciados por la defensa del cantante por la decisión de no facilitarle esa primera denuncia. Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional falló contra la Fiscalía y obligó al Ministerio Público a entregarle las diligencias preprocesales que llevó a cabo, así como la denuncia de las dos mujeres, anonimizada para evitar su identificación. Esa decisión está recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

La filtración del vídeo con las declaraciones que las dos mujeres hicieron ante la Fiscalía en enero llevó a Women's Link a enviar una comunicación a seis relatores de la ONU en la que pedían “que hicieran un llamado urgente al Estado español para que cumpla con sus obligaciones de investigar de forma efectiva e independiente, además de asegurar las medidas de protección para quienes denuncian”, recuerdan las abogadas.

Hace dos semanas, Laura y Rebeca enviaron una carta dirigida a la Audiencia Nacional en la que pedían que investiguen “los hechos denunciados y que hemos puesto en su conocimiento”. “No estamos pidiendo algo excepcional o un favor. Estamos pidiendo que se nos reconozcan y garanticen los derechos que los Estados, incluido el español, se han comprometido a cumplir: investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia de las personas. Prometer cumplirlos no es suficiente y actuar es necesario”, decían en la misiva, publicada en la página web de Women's Link.