Dos mujeres denuncian a Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por agresión sexual y trata

Dos mujeres han denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional a Julio Iglesias por trata de seres humanos y agresión sexual. La denuncia, a la que ha accedido elDiario.es, hace referencia a hechos sucedidos en 2021 que podrían constituir “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre” junto con “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual”, así como lesiones y varios delitos contra los derechos de los trabajadores “por la imposición de condiciones laborales abusivas”. La denuncia señala a Iglesias como autor principal de los hechos, pero incluye como colaboradoras a dos encargadas de las casas del cantante en República Dominicana y Bahamas. La nacionalidad española de Iglesias permite que sea denunciado en España, aunque las conductas que se le atribuyen sucedieran en terceros países. 

Este martes, una investigación exclusiva de elDiario.es en colaboración con Univision revelaba el testimonio de dos exempleadas de Julio Iglesias que relatan haber sufrido agresiones sexuales en un ambiente de control e intimidación continuo mientras trabajaron para el cantante en 2021. Son esas dos mujeres las que han acudido a la justicia española a denunciar los hechos. Las extrabajadoras contaban que el cantante las presionaba para mantener encuentros sexuales y describen penetraciones, tocamientos, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Según sus relatos, recibían insultos y humillaciones durante su jornada laboral.

Dos extrabajadoras del cantante han interpuesto la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional con el apoyo de la organización internacional Women’s Link Worldwide. Lo hacen por hechos que sucedieron entre enero y octubre de 2021 en las residencias que Iglesias tiene en República Dominicana y Bahamas. Las dos mujeres, Laura y Rebeca (nombres ficticios elegidos para proteger su identidad), aseguran a elDiario.es que acuden a los tribunales en busca de justicia para ellas y para el resto de mujeres que trabajaron en las villas. En declaraciones a elDiario.es, Rebeca afirma que su denuncia busca “que todo lo que hacía él allí no quede impune”, pero también persigue “que no siga haciendo lo que hace, que sepa que tiene una consecuencia”.

Por su parte, Laura quiere que su denuncia sirva para enviar un mensaje “a todas las víctimas de esta persona para que hablen y crean en la justicia, que entiendan que no fue algo que les pasó solo a ellas”.

Medidas de protección

En el escrito ante la Fiscalía, las abogadas solicitan que se proteja la identidad de las mujeres por su situación de “especial vulnerabilidad socioeconómica” y la posición de influencia y poder de Iglesias y su “considerable capacidad para emprender represalias e intimidarlas”. Las mujeres, aseguran, “temen por su integridad, su privacidad, su seguridad y su estabilidad emocional si se revela su identidad”.

Es por eso que la organización ha solicitado a la Fiscalía “medidas urgentes de protección para las víctimas”. Además de proteger su identidad y la de sus familiares, Women’s Link Worldwide solicita que se evite el contacto entre las mujeres y sus allegados, de una parte, “y los sospechosos” de la infracción, de otra. Las denunciantes, aseguran, temen “presiones externas o acercamientos motivados por posibles amenazas dirigidas a hacerlas desistir” de sus acciones.

Las acciones legales que Women’s Link acompaña buscan que la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España otorgue medidas de protección para Rebeca y Laura de forma inmediata, y a la vez, impulsar una justicia con enfoque feminista que reconozca el daño estructural causado por el racismo, el colonialismo y el machismo en el ámbito del trabajo doméstico.

elDiario.es y Univision han intentado recabar la versión de Julio Iglesias en diversas ocasiones y por varias vías de contacto durante las últimas semanas, pero no han recibido respuesta a ninguna de las preguntas enviadas ni ningún comentario. Lo mismo ha sucedido con una de las dos encargadas de las mansiones del cantante. Otra de ellas no ha dado respuesta a las preguntas, pero ha señalado que no tiene “nada que decir frente a esas acusaciones”.

Delitos contra la libertad sexual y trata de personas

En la denuncia, las abogadas argumentan que los hechos encajarían en “un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo o servicios forzados y servidumbre con agravantes de grupo criminal y de peligro para la integridad de las denunciantes”. “Se pueden apreciar los elementos que configuran el delito de trata: la conducta típica (captación, traslado, alojamiento en el domicilio del empleador, agravando el aislamiento, y explotación), los medios comisivos (elementos objetivos, como el engaño y el abuso de una situación de vulnerabilidad) y la finalidad que se persigue (elemento subjetivo)”, explican. 

Julio Iglesias es señalado como autor principal de este delito, pero la existencia de dos encargadas que colaboraban con él para reclutar a las trabajadoras e imponer las condiciones en las que vivían y trabajaban en las casas hace que las abogadas hablen de “grupo criminal”. “La participación de los denunciados debe entenderse en el marco de una actuación conjunta y concertada, con un reparto funcional de tareas dentro de una organización criminal orientada a la trata”, argumentan. 

La denuncia asegura también que Julio Iglesias podría haber cometido varios delitos contra la libertad sexual de estas dos mujeres, según el Código Penal de 2021, es decir, antes de la ley de libertad sexual que eliminó la distinción entre abuso y agresión sexual. Con ese Código Penal en la mano, las abogadas creen que los hechos podrían constituir varias agresiones sexuales, que entonces requería la presencia de violencia o intimidación. Esa intimidación podía ser también ambiental, es decir, una situación que genere una atmósfera de miedo o coacción que condicione la libertad del sujeto que la sufre sin que exista una amenaza directa o una intimidación explícita. Ese concepto, el de intimidación ambiental, se utilizó, por ejemplo, en el caso de ‘la manada', y aparece también en este caso.

Una de las mujeres denuncia distintas agresiones sexuales, con y sin penetración, “en un contexto de intimidación ambiental, reforzado por la presencia de dos superiores jerárquicos en la habitación, lo que incrementa la coacción psicológica y la sensación de imposibilidad de ofrecer resistencia”. En el caso de la otra mujer, las abogadas identifican un delito de agresión sexual “valiéndose de la superioridad del denunciado”. 

Women’s Link Worldwide pide a la Fiscalía que se tengan en cuenta posibles agravantes, como el de violencia e intimidación “particularmente degradante y vejatoria”, el que tiene en cuenta la especial vulnerabilidad de las víctimas, el de la posición de superioridad del denunciado o el de la participación de varios autores.

Acoso y lesiones

Las abogadas describen conductas que habrían tenido lugar desde el comienzo de la relación laboral, “con comportamientos que podrían ser constitutivos de acoso sexual sistemático hacia ambas denunciantes, incluyendo propuestas de favores sexuales, así como comentarios humillantes de índole sexual”. En este caso, sugieren el llamado agravante de prevalimiento por la superioridad jerárquica que el cantante tenía sobre sus empleadas, es decir, por aprovecharse de una situación ventajosa o de superioridad.

A eso le suman dos posibles delitos de lesiones contra una de las mujeres: “El denunciado presuntamente la habría sujetado con fuerza por el cabello y zarandeado en presencia de otras trabajadoras. Asimismo, según su relato, habrían tenido lugar actos de naturaleza sexual no consentidos, percibidos como especialmente violentos, que habrían provocado lesiones físicas visibles, como moretones y mordeduras”.

La denuncia identifica hechos que podrían constituir varios delitos contra los derechos de los trabajadores, “por la presunta vulneración reiterada de normas en materia laboral y de seguridad social, en perjuicio de las denunciantes”, como la ausencia de contrato, “la imposición de condiciones laborales irregulares”, la falta de descansos o “situaciones que habrían afectado a la intimidad y dignidad” de las mujeres. En el caso de una de las extrabajadoras, añaden un posible delito por reclutarla sin que tuviera el permiso de trabajo adecuado. 

“La conducta del denunciado hacia las denunciantes, profiriendo gritos, malos tratos, humillaciones o presión psicológica, a menudo delante de otras trabajadoras, podría considerarse una forma de intimidación y violencia”, aseguran.

La denuncia incluye el relato de hechos de las dos mujeres y una descripción detallada de las condiciones personales y sociales en las que se encontraban. También un análisis del contexto de los países de los que proceden para acreditar sus “condiciones de vulnerabilidad”. “Este contexto resulta relevante para comprender la relación de poder y la asimetría existentes entre el denunciado y las denunciantes, así como la dependencia económica que estas tenían respecto del salario que percibían”, dice el texto.

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Comprobación de datos y edición: María Ramírez y Natalia Chientaroli

Puedes leer más sobre esta investigación en nuestro especial

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