Los motivos por los que Europa no financia las permutas del plan de VPO del PP valenciano: especulación y pérdida de patrimonio

Un negocio redondo para las promotoras y ruinoso para las administraciones. Así podría resumirse la fórmula de las permutas en la que se basa el Plan Vive por el que el Gobierno valenciano que preside Juan Francisco Pérez Llorca pretende poner en marcha la construcción de hasta 10.000 viviendas protegidas. Eso sí, a costa de una grave pérdida de patrimonio público de suelo cuya generación ha costado millones de euros de dinero público en expropiaciones y que no servirá para aumentar de forma significativa el parque de vivienda pública.

La pérdida suelo público es uno de los motivos por los que la Comisión Europa no financia la construcción de vivienda pública mediante permutas. Otro de los motivos es que bajo esta fórmula el destino final de las viviendas protegidas es la venta en unas condiciones más ventajosas para el promotor desde que el Consell, aún con Mazón en el cargo, aprobó el decreto de diciembre de 2024 por el que subió de 2.200 a un mínimo de 2.400 el precio del metro cuadrado (al ser módulos dinámicos pude ser superiores en las zonas más tensionadas) y estableció un plazo de entre 15 y 30 años por el que las viviendas pierden su protección y pasan al mercado de renta libre, con la revalorización que ello implica. Son viviendas que por lo tanto no pasarán a integrarse en el parque público de vivienda.

La Generalitat Valenciana tenía asignados cerca de 83 millones de euros en fondos europeos para financiar la construcción de vivienda, pero en unas condiciones muy diferentes que fueron las que impulsó el Gobierno del Botánico. Se trata de la fórmula del derecho de superficie por el cual las administraciones ceden el suelo a las constructoras para que construyan las viviendas protegidas y las exploten en régimen de alquiler asequible durante un plazo de tiempo, normalmente 50 años. Transcurrido ese periodo, tanto el suelo como las viviendas pasan a ser propiedad de las instituciones públicas de forma que no se pierde patrimonio y que se aumenta el parque público de viviendas.

En la fase final de la pasada legislatura, el Consell que dirigía Ximo Puig sacó diferentes licitaciones que suponían la construcción de 1.920 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible y energéticamente eficientes. Todas ellas debían construirse mediante la figura del derecho de superficie ya que estaban vinculadas a los mencionados fondos europeos. Algunas de las licitaciones quedaron desiertas al no resultar atractivas para las promotoras. Con el cambio de Gobierno, Mazón se reunió con los promotores para conocer sus demandas con el objetivo de agilizar la promoción de viviendas y tras aquel encuentro, todas las licitaciones que quedaron desiertas se volvieron a sacar mediante la fórmula de la permuta y se aprobó el mencionado decreto de diciembre de 2024, con importantes ventajas para los empresarios.

La Conselleria de Vivienda trata ahora de reasignar a contrarreloj a otros proyectos impulsados desde ayuntamientos los fondos europeos que quedaron en el aire al pasarse los proyectos de derecho de superficie a la permuta. Para ello, espera que el Gobierno apruebe una prórroga puesto que las promociones financiadas por Europa deben estar terminadas antes del 30 de junio del presente año. Muchas de ellas ni se han iniciado.

La ruinosa permuta de Xàbia: un terreno público a cambio de 16 minipisos

Uno de los ejemplos más flagrantes del ruinoso negocio que supone para las administraciones la fórmula de la permuta es la impulsada por el Ayuntamiento de Xàbia, enmarcada en el Plan Vive de la Generalitat.

Allí se ha adjudicado a Fama Rehabilitación SLU dos parcelas municipales a cambio de 16 de los 82 viviendas protegidas que la mercantil construirá, unos inmuebles con plazas garaje y trastero valorados en 1,7 millones de euiros. De esas 16 viviendas cuya venta gestionará el Ayuntamiento, dos tendrán tan solo 30 metros cuadrados de superficie útil, cuatro tendrán 41 metros cuadrados y 10 contarán con 44 metros cuadrados. En total, las 16 viviendas tendrán 669 metros cuadrados.

Es decir, el Ayuntamiento ha cambiado dos parcelas con una superficie de 5.696 metros cuadrados de superficie útil en la que se van construir 82 viviendas por 16 viviendas con una superficie de 669 metros cuadrados. El promotor podrá vender así 66 viviendas protegidas a un precio mínimo de 2.400 euros el metro cuadrado. Multiplicado por los 5.027 metros cuadrados que le quedarán podrá sacar al menos 12 millones de euros. El Ayuntamiento se queda sin suelo y con 16 minipisos.