El Gobierno valenciano, pendiente de una prórroga para no perder 51 millones en ayudas europeas para vivienda protegida

“El programa de ayudas para la construcción de viviendas destinadas al alquiler social, financiado con fondos europeos y sujeto al requisito de eficiencia energética, presenta retrasos muy significativos en la ejecución. Se ha comprobado que el ritmo de desarrollo de las actuaciones es insuficiente para conseguir los hitos comprometidos con la Comisión Europea, el plazo de finalización de las cuales está fijado en junio de 2026, sin perjuicio de las posibles prórrogas que puedan establecerse”.

El informe de la Sindicatura de Comtes sobre vivienda de protección pública referido a los ejercicios 2023 y 2024 se expresa en estos términos en una de sus conclusiones sobre la efectividad de los procedimientos aplicados para la promoción de vivienda protegida en la Comunitat Valenciana en relación con los fondos europeos transferidos por el Gobierno central para su financiación.

La auditoría pone de manifiesto que “el programa se alinea con los objetivos de política pública en materia de vivienda y sostenibilidad”, pero considera que “la gestión deficiente y la falta de capacidad para cumplir los calendarios tan ajustados que acordó con la Unión Europea (UE) comprometen gravemente su eficacia”.

Traducido a euros, la Generalitat Valenciana cuenta en estos momentos con diversas convocatorias para construir vivienda protegida en alquiler social de forma directa o a través de ayuntamientos y entidades municipales que incluyen 51,6 millones de financiación europea que casi con total probabilidad incumplirán los plazos previstos ya que los inmuebles no estarán finalizados antes del 30 de junio. De esta forma, como indica la Sindicatura, la pérdida de estos fondos dependerá de que se apruebe una prórroga.

En concreto, se trata de dos grandes actuaciones que se iniciaron en la fase final del Gobierno del Botánico, en el año 2023, y que suponían la construcción de 1.920 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible y energéticamente eficientes. Todas ellas debían construirse mediante la figura del derecho de superficie según la cual, requisito impuesto por la Comisión Europea. Por este mecanismo, la administración cede al promotor durante un plazo de años a determinar los terrenos sobre los que se construyen los pisos. Una vez cumplido el plazo, las viviendas, junto con el suelo, pasan a ser propiedad de la administración.

Sin embargo, algunos de los concursos para adjudicar los proyectos se quedaron desiertos, lo que hizo que el Gobierno valenciano, ya con el PP en el poder, volviera a sacarlos a concurso pero con la fórmula de la permuta por la cual la administración otorga al promotor la propiedad de los terrenos públicos. A cambio, el constructor da también en propiedad al ente público un porcentaje de las viviendas que construya, es decir, paga los terrenos en especie. Esta modalidad, preferida por los empresarios, no lleva aparejada la asignación de fondos europeos al perder las administraciones el patrimonio público del suelo.

Esta ha sido la principal causa por la que se ha retrasado la atribución de los 51,6 millones en fondos europeos que estaban dirigidos a financiar los proyectos que quedaron desiertos. Según ha comprobado elDiario.es, desde la Conselleria de Vivienda se aprobaron adendas para redirigir 14,3 millones a una convocatoria de ayudas a ayuntamientos o entidades públicas municipales con el mismo fin, es decir, construcción de viviendas eficientes en régimen de alquiler social. Sin embargo, los plazos de la mencionada convocatoria exceden los del 31 de junio. Así, faltarían por consignar los 37,3 millones de euros restantes.

Desee la Conselleria de Vivienda ya comentaron a elDiario.es que todos los fondos se van derivando a diferentes ayuntamientos por medio del derecho de superficie, poniendo los ejemplos de Alicante, Gandia, Torrent, Elche, Benidorm o València. Además, insistieron en que los plazos son muy ajustados y aunque las actuaciones disponen de acuerdos con el Ministerio, ambas administraciones son conscientes de esta circunstancia por lo que la Generalitat sigue insistiendo en su petición al Ministerio de manera recurrente, ante la necesidad de una flexibilidad sobre los plazos de ejecución de las actuaciones, situación compartida a nivel estatal por el resto de Comunidades Autónomas y puesta de manifiesto en las distintas conferencias sectoriales y comisiones multilaterales celebradas con el ministerio. Por su parte, desde el ministerio no se pronunciaron al respecto.

Por su parte, la diputada del PSPV en las Corts, María José Salvador, ha lamentado la “incapacidad” de la Generalitat para gestionar los Fondos Europeos en materia de vivienda: “La vivienda es una prioridad en plena emergencia habitacional, y la Generalitat está poniendo en riesgo fondos europeos para la construcción de viviendas asequible en derecho superficie. El Consell de Pérez Llorca está más centrado en su Plan Vive y las permutas de suelo para hacer negocio con la vivienda, más que en la defensa del derecho a la vivienda. Han ocupado más tiempo en un decreto de VPO que prioriza el negocio de la vivienda y regalar suelo público a los constructores. Lamentamos la desidia Pérez Llorca y se evidencia con la pérdida de fondos europeos y la nula ejecución de estos recursos para movilizar vivienda protegida”.