Un retraso de dos años obliga al Gobierno valenciano a maniobrar para no perder hasta 83 millones de fondos europeos para VPO

El Gobierno valenciano que dirige Juan Francisco Pérez Llorca trabaja a contrarreloj para poner en marcha diversos proyectos que implican la construcción de un gran número de viviendas protegidas y que llevan aparejados ayudas europeas millonarias para su financiación. Sin embargo, diversos problemas jurídicos y técnicos surgidos durante la tramitación de los proyectos han retrasado su puesta en marcha, lo que ha obligado a la Conselleria de Vivienda a maniobrar para evitar la pérdida de los mencionados fondos europeos.

En concreto, se trata de dos grandes actuaciones que se iniciaron en la fase final del Gobierno del Botánico, en el año 2023, y que suponían la construcción de 1.920 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible y energéticamente eficientes. Todas ellas debían construirse mediante la figura del derecho de superficie según la cual, la administración cede al promotor durante un plazo de años a determinar los terrenos sobre los que se construyen los pisos. Una vez cumplido el plazo, las viviendas (y la parcela) pasan a ser propiedad de la administración.

La ejecución de estas viviendas contaba con un total de 83 millones de euros de financiación europea en virtud del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El mencionado decreto establece que las viviendas deben estar ejecutadas antes del 30 de junio de 2026, lo que ha obligado al departamento de Vivienda que dirige la vicepresidenta Camarero a pedir prórrogas y a reasignar las ayudas para evitar su pérdida.

Así, la primera gran actuación supone la construcción de 1.200 viviendas protegidas y llevaba aparejada una financiación europea por valor de 50,5 millones. Los proyectos se adjudicaron al final de la etapa del Botánico, pero la promotora desistió de la ejecución de 450 viviendas en Gandia, Silla y València, por lo que quedaron en el aire 21,1 millones de euros de fondos europeos. Fuentes de la Conselleria de Vivienda han informado al respecto a elDiario.es que el pasado 23 de octubre firmaron un convenio con el ministerio para reasignar estos fondos.

En cuanto a la segunda actuación que incluía 720 viviendas con 32,5 millones de fondos europeos, solo se adjudicaron los proyectos para la construcción de 183 viviendas en tres parcelas en Benidorm y València con ayudas por valor de 8,1 millones, por lo que quedaron 24,4 millones en fondos europeos sin asignar.

En ambas situaciones, la Conselleria sacó a concurso las parcelas que se llegaron a ejecutar mediante el mecanismo de la permuta, una fórmula por la que la administración otorga al promotor la propiedad de los terrenos públicos. A cambio, el constructor otorga también en propiedad al ente público un porcentaje de las viviendas que construya. Esta modalidad, preferida por los empresarios, no lleva aparejada la asignación de fondos europeos al perder las administraciones el patrimonio público del suelo.

Al respecto, desde la Conselleria de Vivienda han asegurado que los fondos europeos que se han quedado sin asignar se han redirigido a financiar promociones que tenían en marcha diferentes ayuntamientos por medio del derecho de superficie, poniendo los ejemplos de Alicante, Gandia, Torrent, Elche, Benidorm o València.

Por lo tanto, desde Vivienda insisten en que no se han perdido ni se van a perder fondos europeos ya que “se han reasignado de acuerdo con el Ministerio, los 40 millones de euros inicialmente distribuidos por el Botánico y de los que no ha sido posible su ejecución, buscado nuevo destino a otros 5,8 millones de euros adicionales”. Además, han puesto de manifiesto que “los plazos son muy ajustados y aunque las actuaciones disponen de acuerdos con el Ministerio, ambas administraciones son conscientes de esta circunstancia” por lo que “la Generalitat sigue insistiendo en su petición al Ministerio de manera recurrente, ante la necesidad de una flexibilidad sobre los plazos de ejecución de las actuaciones, situación compartida a nivel estatal por el resto de Comunidades Autónomas y puesta de manifiesto en las distintas conferencias sectoriales y comisiones multilaterales celebradas con el ministerio”.

Las mismas fuentes han asegurado que “el Ministerio es consciente de las fechas y los riesgos asociados y ha comunicado a las Comunidades Autónomas que se encuentra en la búsqueda de soluciones que permitan dar continuidad a las actuaciones en riesgo, pero a esta fecha no ha concretado ni comunicado ninguna solución o alternativa de manera formal”.

Críticas del PSPV

Al respecto, la diputada del PSPV, María José Salvador, ha criticado que “el PP tarda más de dos años en empezar la construcción de las viviendas en alquiler asequible con fondos europeos, que dejó adjudicadas el botánico en mayo de 2023; la desidia en la gestión pone en peligro los fondos europeos vinculados a estas actuaciones ya que deben estar finalizadas el 30 de junio de 2026”.

Salvador ha advertido de que a esto hay que añadir “la pérdida de facto de los fondos europeos vinculados a construir en la fórmula de derecho de superficie al perder el lote 3 del primer concurso y la práctica totalidad de los fondos previstos para el segundo concurso de derecho superficie, al optar la Generalitat por la fórmula de la construcción de vivienda vía permuta de suelo; tampoco se sabe nada del inicio de las obras de las pocas parcelas adjudicadas en el segundo concurso que no consta que hayan empezado y también han de estar finalizadas en junio de 2026”.

La diputada socialista ha criticado “esta legislatura de caos y mala gestión, intentando reasignar fondos europeos en el minuto de descuento, ya que Europa marca la ejecución de las obras en cinco meses; Pérez Llorca está empeñado en un Plan Vive que no es más que negocio para los promotores y nada tiene que ver con el derecho a la vivienda”.