La nueva Ley valenciana del Suelo del PP elimina la distancia mínima de 1.000 metros entre zonas urbanas y actividades peligrosas

“El análisis del anteproyecto de Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana permite concluir que el nuevo marco normativo planteado resulta, en términos generales, negativo para la protección del medio ambiente, del territorio y para el uso racional de los recursos. Lejos de reforzar los mecanismos de planificación, control y prevención, el texto propuesto introduce modificaciones que supongan un cambio de modelo profundo, con consecuencias potencialmente graves sobre el equilibrio territorial y ambiental”.

Esta es una de las conclusiones del informe jurídico de la cooperativa El Rogle encargado por la asociación Per l'Horta sobre el mencionado texto legal que está en fase de alegaciones y sobre el que la entidad ha basado su escrito de enmiendas. Como informó elDiario.es cuando el Gobierno valenciano dio a conocer el anteproyecto en la fase de exposición pública, uno de sus objetivos es la reducción de la burocracia y los plazos para llevar adelante proyectos, lo que se traduce en más facilidades para los promotores y menos seguridad jurídica en materia urbanística y ambiental.

La nueva ley del suelo (documento completo al final de la información) sustituirá íntegramente al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), aprobada en junio de 2021 por el Gobierno del Botánico. Tal y como recoge el informe jurídico de El Rogle, uno de los cambios legales más llamativos es la eliminación del mínimo de 1.000 metros de distancia que debe haber entre cualquier actividad considerada peligrosa y núcleos urbanos o suelos urbanizables.

En concreto, el artículo 7.6 de la TRLOTUP establece que “para los nuevos desarrollos urbanísticos de sectores o unidades de ejecución e implantación de las actividades económicas que impliquen riesgos para la salud o manipulación de sustancias peligrosas y cuya autorización corresponda a la administración de la Generalitat Valenciana o a las entidades locales de la Comunitat Valenciana, en el caso de tanques para almacenamiento de productos petrolíferos combustibles de más de 5.000 metros cúbicos situados en el interior de recintos portuarios, cuya actividad no tenga interrelación de servicio con instalaciones estratégicas estatales con declaración de impacto ambiental estatal en materia de combustibles, reguladas en el Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban las medidas de control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, o en el Real decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real decreto 2085/1994, de 20 de octubre, o normas que lo desarrollen o sustituyan, deben situarse al menos a 1.000 metros de distancia, contados desde el perímetro exterior de la instalación hasta la zona más próxima, de suelos calificados como residenciales, dotacionales educativos o sanitarios, y suelos de uso terciario especial”.

El anteproyecto del Gobierno valenciano, sin embargo, establece en su artículo 13.3 que “el crecimiento territorial y urbano incorporará el principio de prevención de accidentes graves derivados de actividades o instalaciones peligrosas” y añade: “Los instrumentos de ordenación evitarán la localización de usos vulnerables en las zonas de afección y condicionarán, cuando proceda, la ordenación y la implantación de nuevos usos a las medidas de prevención y mitigación necesarias y a las condiciones que establezcan los órganos competentes en materia de seguridad industrial y de protección civil”.

El informe jurídico de Per l'Hora considera que este cambio supone “un paso atrás por cuanto deja en manos de promotores el establecimiento de unas medidas de seguridad que cuando vayan en contra de la explotación del máximo beneficio, pueden ser no evaluadas con el rigor que se exigiría”.

Al respecto, desde la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación han insistido en que la propuesta legislativa “nace para clarificar normativa y simplificar la gestión del territorio valenciano”. En este sentido, han recordado que se ha iniciado una ronda de contactos en las tres provincias para trasladar las líneas generales y tomar nota de aportaciones de los diferentes sectores de cara a matizar cualquier propuesta. El objetivo es que la normativa cuente con “el máximo consenso de cara a su tramitación en Les Corts, que se espera para después del verano”.

Riesgo de especulación

El informe jurídico concluye que el anteproyecto ley que está en fase de alegaciones “incrementa el riesgo de especulación urbanística, especialmente en suelos no urbanizables y en municipios pequeños con menos capacidad técnica, económica y política para resistir presiones externas”.

En esta línea, como informó este diario, la nueva normativa recoge la figura de los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) que ya se aprobó a finales de año en el Decreto de Simplificación Administrativa y que permitirá al Consell, “a iniciativa pública, privada o mixta, podrá declarar proyecto de interés autonómico aquella inversión de carácter terciario, industrial o logístico que, por su impacto supramunicipal y relevancia estratégica, favorezca de forma duradera al desarrollo económico, social y ambiental de la Comunitat Valenciana” y añade: “El proyecto de interés autonómico podrá localizarse en cualquier clase de suelo. Cuando afecte a suelo no urbanizable protegido o integrado en la infraestructura verde, el Consell valorará la compatibilidad territorial y ambiental”.

Estas iniciativas que exigen una inversión mínima de 50 millones de euros o de 75 millones en el caso de instalaciones energéticas podrán resolverse en un plazo aproximado de seis meses si requieren licencia ambiental, o de nueve meses si están sujetas a una Autorización Ambiental Integrada.

Antonio Montiel, miembro de Por l'Horta, ha destacado que “la víctima principal de las políticas que impulsa el Consell del PP será el suelo no urbanizable, un recurso estratégico vital para la agricultura y el equilibrio territorial”, y ha recordado que las políticas de liberalización del suelo como las que promovió el Gobierno de Aznar en el ámbito estatal en 1998 “contribuyeron a la burbuja especulativa y la crisis posterior”.

El informe encargado por Per l'Horta también destaca “el debilitamiento del deber de planificación de la Administración Pública”, que se puede constatar en las modificaciones introducidas en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV), que pasa de tener un carácter director a simplemente orientativo, apunta Ana de Sousa Selfa, autora del informe, y en los planes generales.

El análisis hecho por El Rogle destaca que el anteproyecto supone “una limitación en el contenido” de ambos instrumentos, además de una “facilitación y simplificación” de los mecanismos de control sobre las modificaciones que se puedan proponer de esos instrumentos. En cuanto al ETCV, en la práctica, “esto implica que se pierde la visión estratégica y de conjunto, permitiendo modificaciones ad hoc a proyectos concretos que, muy probablemente, no siempre responderán a intereses generales, sino de promotores particulares”.

El informe señala también que el anteproyecto establece la creación de nuevos instrumentos de planeamiento simplificados para los 225 municipios de menos de 1.000 habitantes que hay en nuestro territorio, “una demanda real” que se venía haciendo “desde hace muchos años”, aunque, en el contexto “de pérdida de peso de aquello público en favor de la iniciativa privada” y carencia de personal especializado en urbanismo en los pueblos más pequeños, se puede “estar creando una alfombra roja para la especulación con el territorio de los municipios pequeños”.

En definitiva, concluye el documento elaborado por El Rogle, “el texto analizado puede interpretarse como una propuesta legislativa hecha a la medida del sector privado, que prioriza la agilidad administrativa, la seguridad jurídica de los promotores y la rentabilidad económica por encima de la protección del territorio, del medio ambiente y del interés general”. Este enfoque supone “un retroceso respecto a los principios de precaución, planificación pública y participación ciudadana, y pose en riesgo la construcción de un modelo territorial justo, equilibrado y sostenible al País Valencià”.