La Policía Local inicia las inspecciones en las VPO de Alicante que se han adjudicado cargos del PP y funcionarios

Unos seis agentes de la Policía Local de Alicante se personaron este martes a partir de las 16.30 horas en el residencial Les Naus de playa de San Juan para comprobar si los adjudicatarios de las 140 viviendas protegidas empadronados están viviendo realmente en los inmuebles. La legislación obliga en el caso de los pisos protegidos que debe destinarse a vivienda habitual, por lo que está prohibido destinarlas a alquiler o tenerlas sin uso a la espera de una futura venta.

Esta fue la última medida anunciada también este martes por la mañana por el alcalde de la capital alicantina, Luis Barcala (PP), a petición de la Conselleria de Vivienda. El primer edil popular explicó que se estaba ultimando el dispositivo con la intención de que los agentes comprueben “piso por piso” quién vive en la urbanización: “Quiero que se inspeccionen inmediatamente las viviendas una por una y que se compruebe quién vive en los pisos adjudicados, y si están ocupados legalmente”, ha explicado el alcalde. A primera hora de la tarde, los agentes iniciaron las inspecciones.

“Soy consciente de la alarma social que este escándalo ha generado, a mí me escandaliza como al que más porque Alicante no se merece esta mancha. No podemos permitir hechos como los que hemos conocido”, insistió el primer edil.

A esta medida se suma el hecho de que la Concejalía de Estadística ya ha enviado a la Conselleria de Vivienda los datos del padrón para que se realicen las comprobaciones necesarias en el marco de la línea de cooperación que el consistorio mantiene con la Conselleria de Vivienda, así como para aportar todos los datos posibles al juzgado de instrucción que ha asumido la investigación de este asunto, según fuentes del ayuntamiento.

La polémica sobre la adjudicación de estas viviendas protegidas ha sacudido la actividad política del ayuntamiento y ya se ha saldado con la dimisión de la concejala de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, y de una directora general municipal. Hay una decena de adjudicatarios entre cargos del PP y funcionarios municipales bajo sospecha por presuntas irregularidades en el proceso.

La Fiscalía Anticorrupción ya ha tomado cartas en la investigación sobre la adjudicación de viviendas protegidas en el residencial 'Les Naus' en Alicante y ha presentado una denuncia ante el juzgado número 5 de Alicante. El Ministerio Fiscal halla indicios sólidos de delitos contra la administración pública en lo que describe como un reparto presuntamente irregular de inmuebles destinados a familias vulnerables.

El presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, anunció este martes que, en la tramitación de la Ley de Simplificación Administrativa “se incluirá una enmienda a la normativa actual que va a reforzar los controles en el reparto de Viviendas de Protección Pública que garantice su correcta adjudicación y uso”, después de eliminar los controles previos que estableció en 2021 el Gobierno del Botánico.

Dos de los 140 adjudicatarios de las viviendas de protección pública (VPP) de la Playa de San Juan de Alicante han renunciado a los domicilios posiblemente porque “no cumplían las condiciones que se daban cuando accedieron” a la VPP, según informó Barcala.