El Gobierno de Castilla-La Mancha concederá ayudas por valor de hasta 300.000 euros para el aprovechamiento de las energías renovables en la región en comunidades energéticas y comunidades de propietarios.

Una orden de la Consejería de Desarrollo Sostenible publicada este miércoles en el Diario Oficial de la región ha dado a conocer las bases que regularán las ayudas, aunque todavía no hay una convocatoria vigente.

Así, se establece que serán subvencionables las inversiones para instalar equipos o tecnologías de energía solar fotovoltaica. Entre las actuaciones que podrán ser objeto de la ayuda se encuentran la adquisición de equipos y materiales, el montaje de las instalaciones y los costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas, entre otros. También se consideran subvencionables las ampliaciones de las instalaciones ya existentes por mayor generación. Las instalaciones de generación de energía eléctrica podrán estar conectadas a la red o estar aisladas de la misma, o ser para autoconsumo.

Topes de 80.000 euros por actuación y 300.000 por comunidad

La subvención máxima concedida no superará los 80.000 euros por actuación, con un tope de 300.000 euros para todas las actuaciones que realice una misma comunidad beneficiaria durante cualquier periodo de tres años. El coste de las intervenciones sí podrá ser mayor que dichos importes, pero el excedente no sería subvencionable.

De estas ayudas podrán beneficiarse las comunidades energéticas y las comunidades de propietarios, tanto si realizan una actividad económica por la que ofrezcan bienes o servicios en el mercado como si no la realizan.

La orden indica que, para ser beneficiaria, la comunidad deberá estar formada por un mínimo de cinco personas socias o miembros, y que las instalaciones resultantes de la actuación que fundamenta su concesión deberán ser explotadas y utilizadas por la comunidad energética.

También establece un plazo de ejecución máximo de 15 meses, que podrá ser ampliado en un máximo de 6 meses, si bien la orden remite a lo que se marque en cada convocatoria.

44 comunidades energéticas activas en la región

Las comunidades energéticas están formadas por socios o miembros que se unen para aprovechar de manera conjunta los recursos renovables o realizar actividades relacionadas con el sector energético, de manera que los beneficios que se generan, medioambientales y socioeconómicos, se reinvierten en la propia comunidad o el área local donde se ubica.

Actualmente, el portal web Comunidades Energéticas de Castilla-La Mancha indica que en la región hay 44 comunidades activas. Forman parte de ellas 932 socios, tienen instalados 8.825 kW y producen 14,17 GWh/año, ahorrando 2.848,77 toneladas de CO₂ al año. Además, hay otras 55 comunidades en proceso de constitución.

Cada 22 de abril, mi memoria regresa al bullicio del aula, a ese aroma a tierra mojada mezclado con el entusiasmo de quienes descubren el mundo. Como docente jubilada, el Día de la Tierra no es para mí una celebración festiva ni un eslogan vacío; es un recordatorio de las semillas de esperanza que plantamos y que hoy, tristemente, vemos amenazadas por un mundo que parece haber perdido el rumbo.

La magia de lo inmediato: Lentejas y asombro

En nuestras clases, la vida era la protagonista. Elegíamos lentejas y garbanzos porque su prisa por nacer se ajustaba a la impaciencia bendita de los niños. Ver cómo la vida rompía la cáscara y asomaba la raíz en un simple tarro de cristal con algodón era nuestra primera lección de milagro cotidiano. Aquel asombro infantil era la semilla de un respeto que hoy, como sociedad adulta, estamos pisoteando.

Clases dinámicas: Los pequeños hábitos que cuentan

Nuestra metodología se basaba en la acción. Organizábamos clases dinámicas y atractivas donde el juego era el vehículo del saber. Recuerdo con especial cariño cómo los niños se transformaban al sentirse parte de una misión importante: se convertían en Guardianes de la Tierra. Para reforzar esa ilusión, contábamos, en ocasiones, con monitores especializados que traían nuevas energías y enfoques diferentes, haciendo que el aprendizaje fuera una experiencia única y emocionante.

Otras veces, salíamos del aula para adentrarnos en espacios naturales, donde el aprendizaje se volvía aún más real y profundo. Allí, el contacto directo con la tierra, el agua y la vida despertaba en ellos una sensibilidad especial difícil de lograr entre cuatro paredes. Eran experiencias que no se olvidan, porque se sienten.

Juntos, utilizábamos los contenedores adecuados y diferentes objetos desechables en el aula para que aprendieran, de forma práctica y visual, dónde depositar cada residuo. Pero, sobre todo, les educábamos en los detalles: que el grifo abierto al lavarse los dientes, el abuso del agua embotellada o un chicle al suelo son formas de contaminación silenciosa. El ordenador también era una herramienta interactiva y muy atractiva para descubrir esos pequeños hábitos que debemos evitar por el bien del Planeta.

La Tierra en el abismo: Una realidad que duele

Hasta hace poco creíamos que la naturaleza era indestructible. Sin embargo, hoy vemos una Tierra que se ahoga en plástico y se derrite por los polos. Estamos batiendo un triste récord: más de un millón de especies están en peligro de extinción. Según expertos del IPBES y WWF, este uso insostenible de la tierra, el agua y la energía nos ha llevado a la sexta extinción masiva de la historia.

El despertar de nuestra tierra: milagros y heridas en Castilla-La Mancha

No hace falta mirar a los polos para entender la urgencia de proteger lo nuestro. El mapa de nuestra propia tierra nos devuelve hoy una imagen que llena el alma, pero que también nos pone en guardia:

El milagro de la inundación: Ver hoy las Tablas de Daimiel y las Lagunas de Ruidera rebosantes de agua, recuperando su esplendor tras las abundantes lluvias de enero y febrero, es como ver germinar aquella lenteja de mis alumnos a una escala gigante. Es un recordatorio de la capacidad de regeneración de la naturaleza cuando le damos un respiro. Sin embargo, que la vida dependa de la excepcionalidad de un invierno generoso nos advierte de nuestra fragilidad.

El grito del Tajo: No puedo hablar de agua sin alzar la voz por nuestro río Tajo. Es indignante ver cómo se le despoja de su caudal, convirtiéndolo en un canal de cemento que entrega su alma a kilómetros de distancia mientras sus riberas sufren la humillación del olvido. El agua de nuestros ríos no es un excedente comercial, es la sangre de nuestra tierra.

La amenaza invisible: La erosión galopante y la proliferación de macrogranjas en nuestras provincias están contaminando los mismos acuíferos que hoy celebramos ver llenos. Estas macrogranjas no solo vacían nuestros acuíferos, sino que convierten las tierras en eriales infértiles, donde nada vuelve a crecer, dejando un paisaje desolado tras la promesa de un beneficio rápido. Para detener esto, es necesario regular su expansión, apostar por la agroecología y exigir un modelo agrícola sostenible que cuide los recursos para el futuro.

Un grito contra el derroche y la insensatez

Me duele profundamente ver cómo nos estamos cargando nuestra Tierra. Es indignante comprobar cómo, mientras enseñábamos a los niños a valorar cada gota de agua, hoy vivimos sumergidos en un derroche constante. El 70% del agua dulce del mundo y el 90% de la deforestación global se atribuyen a una producción intensiva que altera hábitats hasta hacerlos desaparecer.

Derrochamos energía sin medida y ropa de usar y tirar. Talamos bosques enteros para extraer maderas y construir lo que ni siquiera necesitamos. Y mientras tanto, se invierten fortunas en guerras absurdas que calcinan el suelo. Gastamos lo que no tenemos en destruir lo que la naturaleza tardó millones de años en crear.

La guerra: la herida más cruel para la Tierra

No podemos olvidar que la guerra es también una forma extrema de agresión al planeta. Allí donde estalla un conflicto, la vida desaparece en todas sus formas: se talan bosques, se envenenan suelos, se contaminan aguas y se destruyen ecosistemas enteros. La Tierra no entiende de bandos; sufre en silencio cada explosión, cada incendio, cada abandono. Defender la paz es también una forma urgente de defender la vida y el futuro del planeta.

La Tierra no es una herencia, es un préstamo bajo asedio

Debemos despertar: la Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos que estamos devolviendo roto. No podemos seguir mirando hacia otro lado ante este consumo voraz. Ser adulto hoy es decir “basta” a la contaminación por ambición y a la violencia contra la naturaleza.

Mi legado es mi denuncia

Miro atrás y veo a aquellos niños que hoy son hombres y mujeres. A ellos les digo: recuperad el asombro de la lenteja y la conciencia de aquel grifo cerrado, pero sumadle la rebeldía necesaria para defender lo que queda. La educación ambiental que vivimos no fue para decorar un cuaderno, sino para formar ciudadanos valientes que defiendan la vida.

¡Hoy no solo celebro la Tierra, hoy la reivindico y la defiendo con la fuerza de quien sabe que cuidar nuestra casa es la única forma de asegurar el futuro!

Un árbol puede limpiar el aire, pero su presencia depende de espacio, suelo y unas condiciones que no siempre se cumplen en una ciudad. Los árboles siguen siendo la principal referencia cuando se habla de entornos urbanos más verdes, aunque su papel encuentra límites claros cuando el asfalto ocupa cada rincón y la contaminación complica su crecimiento.

En muchas calles no hay tierra disponible, y en otras el nivel de gases hace difícil que un ejemplar joven llegue a desarrollarse con normalidad. Esa situación empuja a buscar soluciones que mantengan la función de limpiar el aire sin depender de raíces ni parques amplios. A partir de ahí aparecen sistemas que replican ese trabajo en formatos distintos, pensados para encajar justo donde un árbol no puede existir.

Serbia instaló en 2021 un sistema urbano con microalgas

Serbia instaló en Belgrado el primer sistema urbano de este tipo en 2021, un fotobiorreactor llamado LIQUID3, desarrollado por el Instituto de Investigación Multidisciplinar de la Universidad de Belgrado y recogido por United Nations Development Program (UNDP). Desde entonces, el dispositivo lleva años en funcionamiento como parte de las soluciones que la ciudad ha ido probando para mejorar la calidad del aire.

Este dispositivo utiliza agua y microalgas para capturar dióxido de carbono y generar oxígeno mediante fotosíntesis. Funciona como una unidad autónoma que se coloca en plena calle, sin necesidad de suelo natural, y responde a un problema concreto en ciudades donde el espacio verde escasea. El proyecto se concibió como una herramienta para mejorar la calidad del aire en zonas con alta concentración de emisiones.

El sistema se basa en un depósito transparente con unos 600 litros de agua donde viven microalgas de una sola célula. Estas algas absorben el dióxido de carbono del aire y, con la luz, lo transforman en oxígeno y biomasa, un proceso que replica la fotosíntesis vegetal pero en un entorno controlado.

El diseño incluye una estructura que permite captar la mayor cantidad posible de luz y, en algunos casos, un sistema de bombeo que introduce aire en el tanque para que el intercambio de gases sea continuo. Además, el dispositivo incorpora paneles solares que alimentan la iluminación nocturna y otros elementos integrados como cargadores para teléfonos.

El sistema se mantiene con ciclos periódicos de renovación

El funcionamiento no se detiene tras la primera fase de crecimiento. Cada cierto tiempo, aproximadamente cada seis semanas, se retira la biomasa generada por la multiplicación de las algas, se añade agua y minerales, y el proceso continúa. Ese material extraído tiene uso como fertilizante, lo que añade una salida práctica al residuo generado. Las microalgas utilizadas proceden de entornos naturales del propio país y tienen la capacidad de crecer en agua corriente, además de soportar variaciones de temperatura sin perder actividad.

La necesidad de soluciones como esta se entiende al observar el contexto urbano. Según Francine Pickup, representante residente del UNDP en Serbia, “las ciudades son la fuente de hasta el 75% de las emisiones totales de CO2 en el mundo”. A esto se suma que el 59% de la población serbia vive en zonas urbanas, una cifra que sigue creciendo y que aumenta la densidad de tráfico, el uso de calefacción y refrigeración y, con ello, la cantidad de gases en el aire.

Los investigadores comparan su eficacia con árboles y césped

En ese entorno, plantar árboles no siempre resulta viable. Hay barrios sin espacio libre y zonas donde la contaminación dificulta que los árboles sobrevivan. En Belgrado, la presencia de grandes centrales de carbón cercanas y el tráfico urbano generan niveles elevados de partículas y gases, con cifras de contaminación que han situado al país entre los más afectados de Europa en varios informes. En estas condiciones, algunas especies vegetales no resisten, mientras que las microalgas mantienen su actividad.

La comparación entre ambos sistemas explica el interés por este tipo de tecnología. Ivan Spasojevic, investigador del proyecto, explicó que “las microalgas en LIQUID3 reemplazan dos árboles de 10 años o 200 metros cuadrados de césped”.

Esa capacidad se debe a su velocidad de crecimiento y a la intensidad de su proceso de fotosíntesis, que puede ser entre 10 y 50 veces más eficaz que el de las plantas terrestres. Aun así, el propio equipo insiste en que el objetivo no es sustituir los bosques, sino ocupar los huecos donde no es posible plantar.

El proyecto se integra en la ciudad con funciones para vecinos

El primer prototipo se instaló el 9 de septiembre de 2021 frente al Ayuntamiento de Stari Grad, en la calle Makedonska de Belgrado, una zona con tráfico intenso. El sistema se integró como un banco urbano con iluminación y puntos de carga, lo que permite que cumpla una función diaria para los ciudadanos mientras actúa sobre el aire. La estructura está pensada para operar durante todo el año, incluso en invierno, gracias a su sistema de regulación interna.

El proyecto recibió un reconocimiento dentro del programa Climate Smart Urban Development, impulsado por el UNDP junto al Ministerio de Protección Ambiental de Serbia y con apoyo del Global Environment Facility. Fue seleccionado como una de las 11 soluciones más destacadas en ese marco, mientras el municipio de Stari Grad facilitó la ubicación para su instalación.

Ese respaldo institucional confirma que estas propuestas se están incorporando como parte de una estrategia urbana más amplia, donde cada dispositivo ocupa un espacio que antes quedaba sin opción para plantar nada.

Tras seis años de obstrucción continuada del relato climático —cuyo comienzo lo marcó la pandemia, momento en el que la conversación sobre la causa empezó a desinflarse—, una entidad se ha propuesto servir de puente en España entre los diferentes actores del ecosistema climático. Y ha dibujado un horizonte: reimpulsar el diálogo social sobre uno de los mayores desafíos del presente en un momento en el que, pese a que hay más evidencia y acción que nunca, la ciudadanía se siente profundamente desencantada con la lucha.

“Nos hemos cargado la idea de futuro. El dibujo que hace la sociedad cuando se le pregunta por el futuro es el de un sitio apocalíptico al que nadie quiere llegar”, resumía Cristina Monge, socióloga y politóloga, en un evento celebrado el pasado jueves en Madrid. 

Su organizador fue Bla Bla LAB, un laboratorio de datos, tácticas y narrativas por el clima —recientemente ensalzado por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) como uno de los mayores referentes actuales en materia de comunicación climática— que intentará actuar durante el próximo año y medio como un “imán” entre los distintos actores (hasta ahora relativamente dispersos entre sí) para facilitar el trazado de una agenda común.

“Pensemos en este encuentro como un punto de partida”, expresó Laura Barrera, responsable de proyectos y de comunicación estratégica en Bla Bla LAB. Se estaba dirigiendo a más de una treintena de actores clave de la sociedad civil, del sector público y privado, y de la academia, que asistieron a la cita. Estaban allí tanto personas del mundo de la sociología y de la comunicación, como del MITECO, de Greenpeace, de Moeve, o de la Federación de Consumidores y Usuarios.

Las narrativas desinformadoras están logrando que el debate no gire en torno a lo que tiene que girar

Maribel Ángel-Moreno — Coordinadora de la sección de Clima de Maldita.es

Como arranque, varios actores y actrices salieron a escena para representar a cuatro tipos de españoles, cuatro arquetipos (de los ocho que ha prototipado el laboratorio atendiendo a cómo percibimos en España la emergencia climática), que se encuentran, en mayor o menor medida, desconectados de la causa. 

“Yo soy Antonio, trabajo en una empresa de logística [...]. Estamos en el peor momento político de nuestra historia: entre problemas de corrupción, de inmigración... Y sobre el cambio climático, ¿qué, qué queréis que os diga? Mis abuelos han trabajado la tierra toda la vida en su pueblo [...] Eso sí que es cuidar la tierra y cuidar nuestra patria [...]. Creo que lo que nos da sentido a los seres humanos es crear una familia, emprender, tener un trabajo y no la agenda 2030”, expresó uno de ellos.

“Ahí es justamente donde queremos trabajar. Al final, a las personas les movilizan cosas distintas. O sea, ‘Antonio’ quiere formar una familia y ‘Teresa’ quiere servicios públicos de calidad. Es importante, entonces, incluir en la conversación a personas como Antonio, además de tratar de movilizarlas a través de sus propios canales y códigos”, afirmó Fernando A. García, director de innovación en Hexagonal (la consultoría de la que nace el laboratorio).

Del desencanto a la ilusión

Sin embargo, pese a la autocrítica del sector, es crucial atender al esquema completo. Según la Climate Social Science Network, este momento de “obstruccionismo climático”, esta pasividad social, responde también a la irrupción deliberada de diversos agentes en la agenda pública para forzar un cambio de encuadre, distorsionar lo que hasta ese momento se entendía como “sentido común”, desacreditar las medidas que se han propuesto frente a la crisis, e influir en las decisiones políticas para frenar el apoyo a la causa.

“Las narrativas desinformadoras están logrando que el debate no gire en torno a lo que tiene que girar”, explicó a este diario Maribel Ángel-Moreno, coordinadora de la sección de Clima de Maldita.es, fundación especializada en la lucha contra la desinformación. “Se ha conseguido que la gente hable de algo que ya está comprobado por la ciencia. Es como empezar desde el principio. Además, hemos visto que durante los últimos fenómenos extremos, como la dana o los incendios, se ha disparado la desinformación de forma extrema. De esta forma se ha intentado alejar la conversación del cambio climático”, señalaba Ángel-Moreno.

Por otro lado, sucesos como el drama de la vivienda o la crisis geopolítica están abrumando a los españoles, de manera que el cambio climático está quedando relegado al puesto número 15 de los principales problemas del país. Una de las actrices, de hecho, referenciaba en su interpretación este tema: “Yo creo que el cambio climático es importante, pero también me preocupa mi salud mental. [...] Enciendo la televisión y me dan ganas de morirme”.

El reto de desbloquear la vía para que el relato climático penetre de nuevo en la conversación es, por tanto, gigante, pero Raúl Oliván, director de Hexagonal, lo ve más que posible: “Yo creo que tenemos que hablarle a la gente de lo que le importa, le duele, o le motiva y, sobre ello, construir una narrativa sobre el tema que ni siquiera tenga por qué mencionar el cambio climático de forma directa”.

Si alguien te dice que le preocupa mucho el tema del clima, no puedes saber si es de Podemos, de Sumar, del PSOE, del PP, o incluso de Vox

Luis Aguado — (More in Common)

“Veo que hay una primera barrera de recelo y de suspicacia hacia la problemática en mucha gente, pero creo que si la superamos, nos encontraremos con un caldo de cultivo que sí logre aglutinar a una mayoría de personas en torno a esto, porque es como de sentido común. Y la gente tiene muchísimo sentido común. Mucho más del que pensamos”, asegura.

Según Luis Aguado, de la organización More in Common —dedicada a encontrar qué es aquello que nos une a los españoles—, en nuestro país el cambio climático polariza mucho menos de lo que podríamos pensar. “Si alguien te dice que le preocupa mucho el tema del clima, no puedes saber si es de Podemos, de Sumar, del PSOE, del PP, o incluso de Vox. Eso en otros países no es así y es importante que en España no cambie. Para eso, por ejemplo, es vital que el Partido Popular se atreva a hablar de clima de forma ambiciosa y que lo señale como un riesgo real encontrando un discurso propio”, apuntaba en una breve ponencia.

Dos grandes casos de éxito: Altri Non y el proyecto Hope

Pero la comunicación climática en España está muy lejos de haber fallado estrepitosamente, y hay signos de que ya está empezando a dar con la clave. Dos iniciativas recientes así lo demuestran: la victoria gallega contra la macrocelulosa Altri y la serie documental Hope! Estamos a tiempo.

Nerea Pérez, de Greenpeace, y Saya Saulière, de Komons (organización hermana del proyecto Hope en su iniciativa ‘Oleada por la regeneración’) explicaron por qué creían que estos dos casos habían tenido tanto éxito. “‘Altri Non’ es la campaña de Greenpeace que más apoyo ha recibido en una década, y es que hubo algo especial en ella: No fue directamente una movilización climática, ¿pero acaso importa? Fue una movilización por la vida, por la voluntad de decidir cómo se quería vivir”, afirmó Pérez.

‘Altri non’ no fue directamente una movilización climática, ¿pero acaso importa? Fue una movilización por la vida, por la voluntad de decidir cómo se quería vivir

Nerea Pérez — Greenpeace

“Los colectivos, que además venían de mundos muy diversos, no hablaban desde el enfado ni desde la tensión: hablaban desde la emoción, desde el deseo, desde la vida. Transmitían de una manera que no habíamos visto nunca. Nos dio mucho que pensar”, profundizó.

Saulière, por su parte, apuntó que “hace casi un año desde que se lanzó la docuserie Hope!”: “Fueron seis capítulos en los cuales se describieron soluciones apetecibles. Intuíamos que con su visionado la gente podría pasar del desencanto a la esperanza, una emoción muy especial y muy escasa en ese momento. Pensamos: ‘¿Y si pudiéramos hacer que esas personas, ante la activación de ver la serie, se encontrasen?’ y de ahí nació la oleada por la regeneración. Ahora hay doscientos veinte grupos de WhatsApp por toda España organizándose para intentar regenerar su territorio”.

¿Las claves del éxito de este dúo? El enfoque territorial y el cambio de narrativa del problema a la solución y de la escasez a la abundancia (poder imaginar un futuro abundante en todo aquello que sostiene la vida).

Un nuevo rumbo

Según los diversos estudios elaborados por Bla Bla LAB, incluso los perfiles más desencantados del panorama español no tienen un especial ánimo por confrontar la causa. La situación tiene más que ver con emociones como el hartazgo y/o el miedo (algunos sienten que su estilo de vida se encuentra amenazado). “Pero es un proceso de desencanto reversible. No predomina la ira y no hay una gran masa que crea en serio que el cambio climático no existe. Lo que ocurre es que hay que reconstruir la legitimidad y la confianza”, esclarecen.

No predomina la ira y no hay una gran masa que crea en serio que el cambio climático no existe

Laura Barrera — Bla Bla LAB

En base a esto, hacen un llamado a todas aquellas entidades (ayuntamientos, oenegés, asociaciones, colectivos, comunicadores…) que estén volcadas en la acción climática a que se pongan en contacto con ellos si quieren coordinarse con otros agentes. La idea es crear “metanarrativas”, generar insumos de evidencia sobre ellas y, a partir de ahí, impulsar campañas (articuladas entre sí pero individualizadas) de comunicación, de incidencia, y de movilización.

El carácter innovador del “nuevo rumbo” se subrayó en el cierre del evento con una “traducción poética de futuros posibles”. Las organizaciones se fueron acercando a dos poetas durante toda la mañana para contarles qué tipo de futuro se imaginaban o promovían, y ellos convirtieron sus relatos en poemas. Este fue uno de ellos, de Pablo Urizal: “Sólo había que unir los puntos/ dibujar un bosque/ florecer de la mano. [...] Hablar para esperar/ de la vida, un mañana”.

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha estimado un recurso de alzada contra la autorización de una planta de biometanización en el término municipal de Sesma, promovida por la empresa Biometano Sesma S.L. Por medio de una Orden Foral, se anula la Autorización Ambiental Integrada (AII) concedida el pasado mes de octubre a esta instalación.

Al igual que en planta de biogás proyectada en Arróniz –cuya suspensión tuvo que pasar ayer miércoles por el trámite de un acuerdo elevado a Consejo de Gobierno por tratarse el recurrente de una entidad local-, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se pronuncia estimando parcialmente un recurso de alzada, basado en el mismo argumento de déficit de base territorial considerado en la planta de biometanización tramitada en el término municipal de Arróniz, aplicado también al caso de Sesma.

Concretamente, el Servicio de Economía Circular e Innovación de la Dirección General de Medio Ambiente, revisada toda la documentación presentada para acreditar la base territorial, ha confirmado que alguna de las autorizaciones presentadas por la empresa promotora no se ajustan a los requerimientos de la Orden Foral 234/2025, ya que la autorización para el vertido debe ser del titular de las parcelas y no, en su caso, de las personas arrendatarias. En este sentido, parte de estas autorizaciones no se ajustan a la realidad y, por tanto, deben ser excluidas. En definitiva, el proyecto de la planta carece de base territorial suficiente para la aplicación en campo de los digestatos que vayan a tratarse en la instalación, uno de los requisitos que exige la Autorización Ambiental Integrada.

En el caso de la autorización para la planta de biometanización de Sesma, se han interpuesto distintos recursos de alzada por parte de la Fundación Sustrai Erakuntza, la plataforma vecinal Stop Biometano, la agrupación local LOIU del municipio colindante de Lodosa y el colectivo ecologista Ecología y Libertad, además de un requerimiento previo planteado desde el Ayuntamiento de Lodosa.

Al anularse la resolución recurrida de la AAI, procede ahora declarar la terminación del procedimiento de requerimiento previo interpuesto y de los recursos de alzada, por desaparición sobrevenida del objeto de los mismos.

El incendio en el vertedero de Nájera continúa gerando críticas entre los colectivos ecologistas. Para Amigos de la Tierra La Rioja este suceso demuestra la incapacidad del Gobierno de La Rioja e incluso le pide a Capellán que se “plantee la continuidad de la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, y del director general Ignacio Sáenz de Urturi por la desastrosa gestión de la Dirección General de Calidad Ambiental”.

La entidad ecologista riojana recuerda que en menos de un año se han incendiado dos importantes empresas de gestión de residuos. La pimera en Casalarreina (ASIDER ENVIROMENT) donde “no consta que se haya adoptado ningún tipo de medida a posteriori”. El segundo, el vertedero de Nájera, “donde al igual que a las instalaciones de Casalarreina llegan residuos de otras regiones españolas y seguramente de otros países”. A su juicio, “un incendio, de las magnitudes de estos dos, no se produce por causas naturales. Suceden por negligencia de las empresas gestoras de estas instalaciones”. Y aunque celebran que “los diferentes medios del Gobierno de La Rioja hayan actuado con rapidez en ambos casos”, consideran que “estos medios no deberían emplearse proque ambas empresas debería contar una adecuada gstión de los residuos que gestionan”.

Y todo esto ocurre, cuentan, mientras que “Noemí Manzanos e Ignacio Sáenz de Urturi están preocupados únicamente por la caza del lobo y la Dirección General de Calidad Ambiental sigue sin un Director o Directora General después de más de dos meses de la dimisión de José María Infante”.

Asimismo, la entidad ecologista alerta de que “los impactos ambientales de este incendio no se reducen a la contaminación del aire, sino también a los lixiviados con una alta carga contaminante, que pueden afectar a las aguas del Najerilla”. Por lo que insisten en que “una Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiental eficaz, tal y como pide la ciudadanía, tendría que dar una respuesta contundente frente a las empresas que gestionan residuos para que no se produzcan incendios, centrándose en una adecuada gestión de los residuos, con un Director o Directora General eficaz y profesional. Nada esto sucede en este momento, porque la única preocupación de Noemi Manzanos e Ignacio Sáenz de Urtiri es matar lobos”.

La fundación ecologista Sustrai Erakuntza ha presentado recurso de alzada a la autorización de apertura de la planta de biogás de Arróniz por “el cúmulo de irregularidades que presenta”. Este recurso se suma al interpuesto por más de 4.252 personas y asociaciones, animadas por la plataforma Stop Biogás Arróniz. Según han indicado desde la fundación en un comunicado, “motivos no faltan para rechazar esta iniciativa empresarial con origen en Sevilla tan perjudicial para el territorio”.

Se trata de un proyecto “que prácticamente se mantuvo oculto durante toda la tramitación del expediente”. “A pesar de que el Ayuntamiento de Arróniz tenía conocimiento del mismo de manos de la empresa, en ningún momento informó de ello a la población, ni siquiera cuando muchos meses después fue puesto a exposición pública por parte del Gobierno de Navarra”, han criticado. De este modo, “la población no pudo tomar conciencia de la magnitud del problema que esta planta podría traer para su entorno hasta casi el instante en que el proyecto ya estaba aprobado por el gobierno”.

“Cuando el proyecto se presentó a exposición pública, no lo fue al completo. Partes importantes del mismo se omitieron y no han sido conocidas hasta que fue aprobado. Y hay otras que aún se desconocen. Y ello ocurre porque el proyecto se ha presentado indebidamente, fraccionado en varios proyectos separados, de los cuales a día de hoy solo conocemos el de la propia planta de biometanización”, han reivindicado.

Según han remarcado, “todavía se desconoce cómo se realizará la unión de esta a la red de gas natural, así como a la línea eléctrica de abastecimiento”. “Existen documentos de suma importancia que no han podido ser analizados en la exposición pública, como el plan de gestión de los digestatos que se producen en la planta”, han manifestado. Desde la fundación han añadido que “la gran mayoría de los residuos que se introducen en la planta como materia prima para producir el biogás salen de ella casi en las mismas condiciones y es necesario deshacerse de ellos”.

“Esto se realiza utilizándolos para fertilizar tierras agrícolas. Pero esta es una actividad potencialmente contaminante, por la posibilidad de que se sobrefertilice el terreno, lo que crea problemas de contaminación por nitratos. A lo que habría que añadir la posible presencia en el digestato de contaminantes como metales pesados u otros”, han subrayado. Por lo tanto, “conocer el plan que la planta tiene para realizar esta actividad es completamente necesario para poder analizar su compatibilidad medioambiental”. Y este documento “no estaba disponible en la exposición pública”.

“Cuando lo hemos conocido en la aprobación del proyecto, hemos podido comprobar la gran cantidad de errores que contiene: parcelas cercanas a núcleos urbanos o próximas a cursos de agua donde está prohibida esta práctica, parcelas no dedicadas a cultivos, con pendientes excesivas, parcelas duplicadas, parcelas inaccesibles...”, han apuntado.

A su juicio, “un cúmulo de errores que deberían suficientes para invalidar el plan, dado que, si se eliminan las parcelas erróneas, este pasa de tener inicialmente 2.600 hectáreas de terreno a tener poco más de 1.600”. Una superficie “totalmente insuficiente para la actividad prevista”. Además, “durante los pocos meses en los que la población ha podido conocer el proyecto se han generado dudas sobre la bondad de utilizar los digestatos en los campos de labor”. “Tanto es así que un total de 647 hectáreas de propiedad particular y 1.316 hectáreas de comunales han sido retiradas del plan de la empresa. Las personas que las gestionan, sean propietarias, arrendatarias o ediles a cargo de los comunales, han reconsiderado su aprobación inicial, conseguida sin información veraz por parte la empresa, y las han retirado”, han subrayado.

Por lo tanto, el plan de digestatos actual “no es viable”. “Nos encontramos ante un proyecto que no tiene nada de convencional. Se trata de una actividad con muchos riesgos para el suelo agrícola, la biodiversidad y las personas que la sufrirían en su cercanía. Una planta que necesitaría un total de 140.000 toneladas al año de residuos orgánicos, pero que el proyecto es incapaz de indicar de dónde acarreará”, han reivindicado.

De este modo, “vista la escasa disponibilidad de residuos en la zona, junto con la probable competencia por estos residuos entre las 4 plantas del mismo tipo que se quieren instalar a pocos kilómetros de distancia, obligaría a tener que transportarlos desde largas distancias”. “Lo mismo ocurriría posteriormente con los digestatos residuales que se produzcan. Este proyecto provoca un incremento considerable en el transporte, usando combustibles fósiles, que no ha sido analizado en el proyecto. De esta forma se desconoce si el balance energético de la planta es positivo”, han afirmado.

Sin embargo, “lo más extraño que ha sucedido con este proyecto ha sido el modo en que fue aprobado por parte del Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Rural”. Porque “todo ello se ha producido mientras se debatía y aprobaba una moratoria a las plantas de biometanización en el Parlamento navarro en octubre de 2025”. La moratoria “que finalmente descafeinó y aprobó el Parlamento tan solo ha paralizado algunos de los proyectos y por un tiempo ínfimo, que no está sirviendo para analizarlos y realizar un verdadero debate social”.

“La planta de biometanización de Arróniz se aprobó el 12 noviembre de 2025, y tan solo el Ayuntamiento de Arróniz tuvo conocimiento de ello días después, pero no así la población afectada. No fue hasta el 6 de marzo de 2026 cuando dicha autorización fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra”, han subrayado, tras añadir que la moratoria “fue aprobada por el Gobierno de Navarra el día 7 de noviembre de 2025 y entró en vigor con su publicación en el BON el 13 de noviembre, justo el día posterior a aprobar la autorización de la planta”.

“Esto ya nos indica que posiblemente la planta se autorizó con premura para conseguir que estuviera aprobada antes de empezar la moratoria. Pero resulta que, además, cuando la autorización de la planta es publicada en el boletín, el mismo día se publica una supuesta 'corrección de errores' de la autorización, que oficialmente vendría a subsanar supuestas erratas en la misma”, han añadido. Sin embargo, “analizadas las modificaciones, se puede apreciar cómo estas son de calado y modifican sustancialmente la planta y su funcionamiento”.

“No se trata de meras erratas en el texto. Por lo tanto, nos encontramos ante una tramitación bajo sospecha, con una autorización inicial que se aprobó deprisa y corriendo para no verse afectada por la moratoria. Que ha tenido su continuación con una modificación de oficio para solventar los problemas que se incurrieron en dicha aprobación apresurada”, han remarcado. A su juicio, “se ha producido un fraude de ley que ha intentado impedir que la sociedad analizara adecuadamente este proyecto, lo pudiera debatir y establecer la posibilidad de su implantación”.

La asociación ecologista Rosalía Alpina denuncia que se han arrasado con maquinaria pesada hasta dos hectáreas de terreno que aspiraba convertirse en un pequeño bosque en Ocón. Unas prácticas que aseguran cuentan con la autorización del Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente. “La Consejería sigue autorizando roturaciones para convertir estos enclaves en nuevos viñedos o campos de cereal”.

Y desde la asociación ecologista reflexionan que “en plena Rioja vitivinícola y cerealista, entre extensiones continuas de viñedo o de cereal, aún sobreviven pequeños reductos de biodiversidad: pequeños trozos de monte que, con el paso de los años, se han ido regenerando de forma natural, dando lugar a bosquetes de encinas, arbustos mediterráneos y fauna asociada”. Son espacios modestos, apuntan, “pero de gran valor ecológico, especialmente en un territorio cada vez más homogéneo desde el punto de vista agrícola”.

Sin embargo, alertan de que esta regeneración natural “está siendo sistemáticamente destruida”. Y responsabilizan a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente porque “continúa autorizando roturaciones para convertir estos enclaves en nuevos viñedos o campos de cereal, incluso cuando ya se han formado bosquetes jóvenes o cuando existen ribazos con árboles, encinas y arbustos que actúan como refugio para aves, reptiles, anfibios, insectos, arácnidos y pequeños mamíferos”. En el valle de Ocón calculan que se ha eliminado un monte de cerca de dos hectáreas, “el más grande de los eliminados en los últimos años”.

Una destrucción que ocasionará una “grave pérdida de biodiversidad”. Y es que la eliminación constante de ribazos, lindes y pequeños bosquetes “rompe corredores ecológicos, empobrece el paisaje —precisamente aquel que el propio Gobierno dice proteger a través de la Ley del Paisaje— y acelera procesos de desertificación”. Y además alertan de afecciones directas a la fauna silvestre y a la actividad cinegética porque perjudicará a especies como la perdiz roja, la codorniz o la tórtola. Además, la destrucción de estas hectáreas de montes también tendrá consecuencias en la agricultura. “Estos espacios albergan insectos y aves que actúan como depredadores naturales de plagas, ayudando a mantener el equilibrio ecológico de los cultivos, por lo que su desaparición rompe estos procesos naturales y aumenta la dependencia de tratamientos químicos, con el consiguiente impacto ambiental y económico”.

Por todo ello piden a la administración que deje de conceder autorizaciones “de forma sistemática y que apueste por compatibilizar la actividad agraria con la conservación de los últimos reductos naturales que aún resisten entre los viñedos y cultivos de La Rioja”.

Sin embargo, parece que la petición de Rosalía Alpina caerá en saco roto. Y es que preguntada por esta cuestión, la respuesta de la Consejería ha sido rotunda. Desde Medio Ambiente aseguran no tener constancia de denuncia alguna y afirman, “que todo lo que desde la Consejería se autoriza en cambios de uso, cortas de resalveo, entresacas… cumple rigurosamente con la normativa y ha sido objeto de informes técnicos favorables”, sentencian y añaden “para su tranquilidad”.

La “amenaza” de las pistas forestales

Y además de esta “destrucción”, desde la asociación Rosalía Alpina también alertan del impacto que generan las pistas forestales en algunos encinares. De hecho las consideran una “amenaza” para algunos encinares que aún sobreviven en zonas especialmente “sensibles” de La Rioja Baja: Bergasillas, Enciso y Cornago.

Explican que estas pistas forestales se están construyendo para facilitar explotaciones de leña. “No estamos en contra del aprovechamiento de leñas porque es una actividad tradicional que puede ser compatible con la conservación de monte si se realiza de forma cuidadosa y proporcionada”. Lo que censuran es “la desproporción entre el impacto generado y el beneficio obtenido, especialmente cuando las pistas atraviesan los escasos encinares de La Rioja Baja”.

Y el problema no es solo paisajístico. “En un territorio semiárido como La Rioja Baja, con precipitaciones escasas e irregulares y suelos poco profundos, estas actuaciones activan procesos de erosión difíciles o imposibles de revertir. La eliminación de la cubierta vegetal, la alteración del perfil del suelo y la creación de taludes desnudos favorecen la escorrentía y la pérdida de suelo fértil”. Además, “estas pistas fragmentan el hábitat, facilitan el acceso de vehículos a zonas antes tranquilas y aumentan la presión humana sobre espacios que funcionaban como refugio para la fauna”.

El Tribunal Supremo ha acordado inadmitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la Xunta contra el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ordenó la paralización cautelar de las obras del parque eólico Acibal a instancia del colectivo ecologista Adega, según informa Amil Sen Eólicos.

La inadmisión se produce por falta de fundamentación suficiente y ausencia de interés casacional objetivo, según destaca esta asociación en una nota.

En concreto, la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo, en una providencia con fecha del pasado 11 de marzo, considera que la Xunta no justificó que el caso tenga relevancia general ni cumple los requisitos para ser revisado en casación. De este modo, se mantiene la paralización de las obras y se imponen 1.000 euros en costas a la Xunta.

Por su parte, Amil Sen Eólicos recuerda que “el conflicto tiene su origen en la aparición, en el transcurso de las obras, de numerosos restos arqueológicos en el Monte Acibal (incluyendo petroglifos y otros elementos de alto valor patrimonial) que no habían sido debidamente identificados ni evaluados durante la tramitación ambiental y patrimonial del proyecto”.

El biólogo estadounidense Dan Stahler lleva siguiendo a los lobos del parque de Yellowstone desde su reintroducción en 1995 y siempre le llamó la atención la rapidez con la que los cuervos aparecían en escena cuando mataban a una presa. “Se los ve volando directamente sobre las manadas en movimiento o saltando muy cerca de ellos mientras cazan”, explica. Todos asumían que las aves seguían a los lobos para conseguir comida, pero hasta ahora nadie lo había comprobado: ha sido al tratar de documentarlo cuando ha saltado la sorpresa. 

Un equipo de investigadores en el que participa Stahler y liderado por John Marzluff, ha rastreado los movimientos de 69 cuervos y 20 lobos en el Parque Nacional de Yellowstone y han descubierto que los cuervos sabían dónde ir sin necesidad de seguir a los lobos. En un artículo publicado este jueves en la revista Science, los autores revelan que, en los dos años y medio de seguimiento, solo identificaron un caso claro de un cuervo siguiendo a un lobo durante más de un kilómetro o más de una hora.

“Al principio, nos quedamos perplejos”, dice Matthias Loretto, investigador del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal y primer autor del estudio. “Una vez que nos dimos cuenta de que los cuervos no siguen a los lobos a largas distancias, no podíamos explicar por qué las aves siguen llegando tan rápido hasta sus presas abatidas”. 

Tras un análisis detallado de los movimientos, se hizo evidente que, en lugar de rastrear directamente a los depredadores a largas distancias, los cuervos visitaban repetidamente zonas específicas donde las cacerías de lobos eran comunes. Algunos ejemplares volaron hasta 155 kilómetros en un solo día, siguiendo rutas muy direccionales hacia lugares donde era probable que apareciera un cadáver, aunque el momento exacto del ataque es impredecible. Los cuervos no necesitaban seguir a las manadas de lobos, como hacen los delfines o las aves con los barcos de pesca, sino que conocían la ubicación más frecuente de las cacerías, como si dispusieran de una especie de “GPS mental”.

En general, las matanzas de lobos se concentran en zonas características, como los valles llanos, y los cuervos eran mucho más propensos a visitar estas zonas, lo que sugiere que aprenden y recuerdan el “paisaje de recursos”. Después, se limitan a dar vueltas al circuito, como conductores de taxi que conocen la ubicación de las estaciones o los aeropuertos donde van a encontrar más clientes. El “GPS mental” les sirve para llegar a la zona general (a decenas o cientos de kilómetros), pero, una vez allí, los investigadores asumen que los cuervos sí utilizan pistas a corta distancia para encontrar el cadáver exacto, como monitorear visualmente a la manada o escuchar sus aullidos.

Esto cambia nuestra perspectiva sobre cómo los carroñeros encuentran alimento y sugiere que podríamos haber subestimado a algunas especies durante mucho tiempo

John Marzluff — Profesor de la Universidad de Washington y líder del estudio

Para demostrar que los cuervos no van a ciegas a cualquier cacería, los autores del estudio también rastrearon a 11 pumas y los resultados mostraron que los cuervos apenas acechaban a estos cuando cazaban. ¿La razón? Los pumas cazan solos, en zonas de bosque escarpado y esconden o entierran a sus presas. Los lobos, en cambio, cazan en manada, en valles abiertos y llanos, haciendo que su “paisaje de recursos” sea mucho más predecible y visible desde el aire para los cuervos.

La fascinación por esta estrecha relación entre ambas especies no es nueva: ha estado arraigada en el pensamiento humano durante milenios. Según la mitología nórdica, el dios Odín creó a dos cuervos —Huginn y Muninn— para que viajaran por el mundo recopilando información para él, y enviaba a sus dos lobos —Geri y Freki— junto a las aves para garantizar que siempre tuvieran alimento. Esta leyenda ilustra hasta qué punto dábamos por sentada la dependencia directa y el seguimiento constante del carroñero frente al depredador, una creencia que la ciencia acaba de ilustrar con nuevos detalles.

Una mente muy flexible

“Ya sabíamos que los cuervos pueden recordar fuentes de alimento estables, como los vertederos”, dice Loretto. “Lo que nos sorprendió es que también parecen aprender en qué zonas son más comunes las matanzas de lobos. Una sola matanza es impredecible, pero con el tiempo algunas partes del paisaje son más productivas que otras, y los cuervos parecen aprovechar ese patrón”.

“Nuestro estudio demuestra claramente que los cuervos son flexibles en cuanto a dónde deciden alimentarse”, asegura Marzluff, profesor de la Universidad de Washington. “No se limitan a una manada de lobos en particular. Gracias a su agudo sentido y a la memoria de lugares de alimentación pasados, pueden elegir entre numerosas oportunidades de alimentación a lo largo y ancho del mundo. Esto cambia nuestra perspectiva sobre cómo los carroñeros encuentran alimento y sugiere que podríamos haber subestimado a algunas especies durante mucho tiempo”.

Marc Bekoff, experto en carnívoros y profesor emérito de ecología y biología evolutiva de la Universidad de Colorado, Boulder, que no ha participado en el estudio, cree que es un trabajo excelente que demuestra claramente que los cuervos poseen una memoria espacial y habilidades de navegación altamente desarrolladas. “Los datos detallados respaldan la hipótesis de que cualquier estrategia que ahorre tiempo y energía a estas inteligentes aves y aumente la eficiencia en la búsqueda de alimento sería adaptativa y se utilizaría siempre que fuera posible”, explica a elDiario.es. 

Antonio José Osuna Mascaró, especialista en cognición animal de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, cree que este estudio demuestra que los cuervos conocen a los lobos mucho mejor de lo que imaginábamos. “Parecen haber aprendido cómo se comportan, por dónde suelen moverse y en qué lugares pueden estar cazando”, señala. “Sabíamos que la interacción entre cuervos y lobos es muy estrecha, hasta el punto de haberse sugerido que las manadas deben su tamaño a la presión que los cuervos suponen, pero este estudio añade algo más fascinante: esa relación no se basa únicamente en seguir a los lobos allá donde vayan. Los cuervos parecen mantener un mapa mental del paisaje a gran escala y usarlo para anticipar dónde merece la pena buscar”.

El seguimiento remoto de fauna silvestre liderado por investigadores de la Universidad de Oviedo en colaboración con el CSIC muestra que las actuales evaluaciones de impacto ambiental de los parques eólicos no captan adecuadamente los efectos acumulativos de las instalaciones ni el riesgo real para especies vulnerables, lo que obliga a revisar tanto la planificación eólica como los protocolos de vigilancia ambiental.

Esta es la principal conclusión de un proyecto de investigación financiado por la Fundación Biodiversidad que ha empleado tecnologías de seguimiento remoto para contribuir a minimizar los impactos negativos de los parques eólicos en el medio ambiente.

El trabajo ha sido desarrollado por miembros del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (Universidad de Oviedo - CSIC - Principado de Asturias).

La lucha contra el cambio climático

Patricia Mateo-Tomás, una de las investigadoras principales del proyecto, recuerda que, tal y como reclaman los paneles intergubernamentales de cambio climático (IPCC) y biodiversidad (IPBES), la lucha contra el primero no puede comprometer la conservación de la segunda.

“Este proyecto se ha llevado a cabo para mejorar la eficacia de los procedimientos que evalúan el impacto ambiental de los parques eólicos”, comenta.

Impactos sobre el hábitat

La investigadora destaca que uno de los principales aspectos a mejorar en esas evaluaciones es la valoración de los efectos sinérgicos de la concentración de parques y sus impactos sobre el hábitat de las especies silvestres.

Elena Bravo-Chaparro, doctoranda y técnica del proyecto, hace hincapié en la importancia de una adecuada planificación espacial previa a la construcción de los parques eólicos.

Especies vulnerables a la colisión

“El seguimiento GPS de grandes aves rapaces realizado en este proyecto ha permitido detectar zonas en las que las herramientas de planificación de energía eólica elaboradas por las administraciones públicas infraestiman la presencia de especies vulnerables a la colisión con los aerogeneradores como los grandes buitres”, explica.

Carlos Cabo, otro de los investigadores principales del proyecto, subraya la necesidad de mejorar los seguimientos de fauna siniestrada en los parques eólicos.

La detectabilidad

“Se requieren seguimientos sistemáticos que tengan en cuenta factores clave como la detectabilidad, ya que los datos recabados durante esta vigilancia ambiental son fundamentales para conocer el impacto real de las instalaciones en la fauna y evaluar la efectividad de las medidas correctoras adoptadas”.

A este respecto, el investigador destaca el gran potencial de sistemas cómo las cámaras que detectan automáticamente la presencia de aves en riesgo de colisión y activan la parada automática de los aerogeneradores.

La financiación

“Se trata de una tecnología con gran potencial que está avanzando muy rápido, pero cuya instalación en los aerogeneradores debe ir acompañada de un seguimiento riguroso de su efectividad, precisamente para mejorar el sistema con esa información”.

Esta investigación ha sido financiada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) del Gobierno de España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), costeado por la Unión Europea a través del programa NextGenerationEU, y cuenta con la colaboración del Principado de Asturias.

Ecologistas en Acción advierte de que el Cañón del Río Leza y las Fuentes del Restauro están en peligro. Advertencia que justifican en el proyecto que prevé ejeucutar el Gobierno de La Rioja a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje que proyecta la creación de un sendero colgante en el Cañón del Río Leza en una zona de alto valor ecológico como es la Reserva de la Biosfera y el epsacio Red Natura 2000 en la penas del Iregua y Jubera y que tiene el nombre de 'Sendero colgante de Leza de Río Leza en la Reserva de la Biosfera en La Rioja“.

El proyecto cuenta con un presupuesto de algo más de 47.500 euros con los que se pretende potenciar el atractivo del Cañón del Río Leza a través de una ruta circular que incluye puentes y estructuras colgantes, tal y como recoge el pliego de prescripciones técnicas al que ha tenido acceso Rioja2 que además señala que el diseño debe contemplar la accesibilidad universal y garantizar que las estructuras estén por encima de los niveles de crecidas del río. El objetivo final es que los senderos sean reconocidos como senderos locales (SLR) o de pequeño recorrido (PRR) por la Federación Riojana de Montañismo (FERIMON).

Una actuación que desde Ecologistas en Acción califican de “traumática y peligrosa”. Y es que explican que en la actualidad ya existe un sencero circular muy conocido por los senderistas, que partiendo de la cantera de Leza de río Leza se adentra por el cañón de estse riío y vuelve al lugar de partida por una pista y un sendero. “Es un recorrido bonito, integrado en el entorno y por el que se entra en contacto con la naturaleza sin alterarla”. Sin embargo, el proyecto previsto “ofrece una ruta no existente en la actualdiad que es necesario construir usuando pasarelas y puentes colgantes en una zona de cortados rocosos y caídas verticales lo que provocará una modificación del paisaje rupícola del lugar y delas aves que allí viven”.

En cuanto a las Fuentes del Restauro, desde Ecologistas en Acción advierten de que “se va a llenar de vías ferratas e intervenciones en el río para permitir un fácil accceso y con ello una afluencia masiva de visitantes que van a comprometer la conservación del lugar”. Y todo ello, añaden, “en una zona declarada protegida por la normativa comunitaria que forma parte de la Red Natura 2000 y que exigiría la elaboración de un estudio de repercusiones ambientales”.

Dos actuaciones que a juicio de la entidad ecologista “no tiene ningún sentido llevar a cabo. Nos parece oportuno que se acondicione, mejore y señalice el sendero que ya existe, como refleja el pliego de condicoines, pero no esta barbaridad”. Una “barbaridad” que recriminan “ejecuta el órgano del Gobierno de La Rioja que debería velar por la integridad de los paisajes y por la conservación de la biodiversidad y que, en aras de fomentar un turismo mal entendido asociado a la Reserva de la Biosfera, pone en peligro los valores de un enclave natural incónico”.

De hecho se preguntan “qué está pasando con la política del Gobierno de La Rioja relacionada con el disfrute de la naturaleza a través de senderos y rutas verdes, que está alterando la naturaleza, ni lo que pretende mostrar”. Y señalan otras actuaciones como “la alteración del único cortado rocoso del valle del Oja donde crían aves rupícolas por la vía ferrata de la peña de San Torcuato en Ezcaray, o el destrozo de la vegetación de ribera realizado en Herce por modificar el trazado de la vía verde del Cidacos”.

Por todo ello, Ecologistas en Acción piden al Gobierno de La Rioja la no ejecución de este proyecto y a la Federación Riojana de Montañismo que “no homologue este sendero colgante y la variante hasta las fuentes del Restauro, por el peligro que entraña y la responsabilidad que conlleva”. Porque además, “habría que tener en cuenta el mantenimiento que se va a realizar”.

‘Microplástico’ fue la palabra del año en 2018. Sin embargo, ocho años después, los pequeños fragmentos de plástico con un tamaño inferior a cinco milímetros a los que alude dicho término tienen más importancia -y presencia a nuestro alrededor- hoy en día.

Y es que distintos estudios alertan de que estos elementos cada vez están más presentes en nuestro entorno. También en los ríos, que desde 2021 son analizados por la Red de Seguimiento de Microplásticos mediante ciencia ciudadana.

En concreto a través de un proyecto de la Asociación Hombre y Territorio (HyT) y Cruz Roja Española en colaboración con el Proyecto LIBERA de SEO/BirdLife y en alianza con Ecoembes, que también recoge datos en varios ríos que discurren por Castilla-La Mancha.

Microplásticos en casi todas las muestras

Dentro de la región, la red ha trabajado de forma más profusa en la provincia de Albacete. Es en ella donde hay más ríos analizados, y durante más tiempo. En el río Júcar se vienen realizando desde 2021, a su paso por Alcalá del Júcar. Todas las muestras recogidas aquí presentaban microplásticos. Dentro de la iniciativa está también el trabajo de retirada de este y otro tipo de residuos cada año.

El río Cabriel (a la altura de Villatoya) y el río Mundo (Liétor) son las otras masas de agua albaceteñas analizadas por la red. En el primer caso, los análisis comenzaron en 2024, y, aparte de encontrar pequeñas fibras y fragmentos plásticos, han documentado también la retirada de residuos en ambos muestreos y otros hallazgos como un par de flotadores. En cuanto al río Mundo, la red describe su cauce como “limpio”, pero han detectado algunos desperdicios en el curso fluvial y su entorno.

“Desde que empezamos a muestrear en la provincia de Albacete hemos encontrado microplásticos en todas las muestras, salvo en una de este año”, afirma Bárbara Conejero, técnica de proyectos de la Asociación Hombre y Territorio, una de las entidades responsables de la Red de Seguimiento de Microplásticos.

La provincia de Albacete no es la única donde toma muestras la red en Castilla-La Mancha. El río Tajo se está monitorizando en dos puntos de la provincia de Toledo: en la propia capital regional y en Talavera de la Reina, mientras que el Guadiana ha sido analizado en Corral de Calatrava (Ciudad Real) y el río Júcar en Cuenca. En todos ellos también se han encontrado microplásticos.

Los microplásticos más abundantes proceden de la ropa

Bárbara Conejero explica que estos residuos se dividen en dos tipos: los que se producen como tal y los que surgen por la fragmentación de objetos más grandes.

En la primera categoría están las microesferas presentes en cosméticos como geles exfoliantes. Por su parte, los segundos se producen cuando objetos de plástico más grandes, como bolsas, botellas o envoltorios, se abandonan y se fragmentan con el paso del tiempo.

¿Cuáles son los más habituales? La experta lo tiene claro. “Los microplásticos que más se encuentran cuando se analizan las aguas de cualquier río, ya sea en Albacete o en cualquier otro cauce en España, son las fibras”, explica. Detalla que suelen proceder de prendas de vestir fabricadas a base de materiales sintéticos como el poliéster. Y cuando estas prendas envejecen o son de menos calidad, acaban perdiendo fibras en los procesos de lavado, las cuales terminan en los ríos. “Entre el 70 y el 75% de las muestras de los microplásticos que encontramos son fibras”, sentencia Conejero.

Son residuos tan pequeños que resulta complicado poder interceptarlos en estaciones de depuración de aguas. “Es muy difícil poder llegar a filtrarlos todos. Acaban colándose por todas partes”, señala la técnica.

Un “todas partes” que es casi literal: “No solo están en el agua. Están en el suelo y en el aire, y se han encontrado a tamaños muy reducidos en la sangre, en la placenta, en la leche materna. Así que ya están en los animales y en el ser humano, ya los tenemos dentro”.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a la que pertenecen dos de estos ríos analizados (el Júcar y el Cabriel), que asegura no tener datos propios sobre la presencia de microplásticos en las aguas de los ríos de su competencia, afirma que la presencia de estos residuos en las aguas se origina principalmente “por al aporte de aguas residuales no tratadas”.

No solo están en el agua. Están en el suelo y en el aire, y se han encontrado a tamaños muy reducidos en la sangre, en la placenta, en la leche materna. Así que ya están en los animales y en el ser humano, ya los tenemos dentro

Bárbara Conejero — Técnica de proyectos de la Asociación Hombre y Territorio

“La depuración de las aguas residuales es capaz de reducir en alto grado la presencia de microplásticos en el efluente, y existen tratamientos adicionales que son altamente efectivos que pueden ayudar a alcanzar hasta un 90-100% de eliminación de estas partículas en aguas residuales”, afirman fuentes de la CHJ, que califica como “no satisfactoria” la depuración de aguas residuales realizada por los municipios de Castilla-La Mancha. “Existen numerosas poblaciones sin tratar sus aguas residuales aún”, aseguran.

¿Qué consecuencias tiene esta situación para el ser humano?, preguntamos. “Uno de los problemas de los microplásticos es que es tan reciente que no se sabe todavía muy bien el alcance del daño que pueden producir. Pueden afectar al cuerpo en formas que todavía no sabemos”, asegura Conejero, aunque avisa: “Estamos echando mierda por todo nuestro entorno. No puede ser inocuo”.

Sigue la polémica por la visita que una delegación de eurodiputados, algunos del PP, ha hecho al Parque Nacional de Cabañeros, entre las provincias de Toledo y Ciudad Real, donde han insistido en que existe una gran cantidad de animales y han defendido el aumento de la caza, sobre todo de ungulados: corzos, ciervos y venados, entre otros.

La Asociación de Afectados de este Parque Nacional, que agrupa a propietarios nueve fincas privadas de este enclave, ha recibido a la delegación del Parlamento Europeo, a la que ha acompañado durante un recorrido por distintas zonas del Parque con el objetivo de mostrar de primera mano el “deterioro progresivo” que, según la entidad, está provocando la “superpoblación de ungulados”.

Según este colectivo, durante la visita, los eurodiputados han podido comprobar la diferencia entre las áreas donde se ha restringido el acceso de fauna y aquellas en las que existe “sobrepoblación”. En estas últimas, añade, “se ha evidenciado un notable deterioro del hábitat tras cinco años sin acuerdos efectivos para el control poblacional mediante la caza”.

Rafael Sánchez, portavoz de la Asociación de Afectados, ha valorado el reciente acuerdo firmado para comenzar a gestionar las poblaciones, aunque ha lamentado el retraso acumulado: “Estamos esperanzados por el acuerdo que acabamos de firmar para poder empezar a gestionar y bajar las densidades de población a niveles que por lo menos no empeoren la situación, pero también decepcionados por los años que hemos perdido, que han ocasionado lo que estáis viendo”.

Sánchez ha explicado que actualmente se ha estimado que la población de ungulados se sitúa por encima de cinco veces el límite considerado óptimo. Según ha detallado, será necesario realizar un “esfuerzo muy significativo” durante años y reducir las densidades incluso por debajo de los niveles que el propio parque ha considerado adecuados para revertir la situación.

Precisa este colectivo que el origen del bloqueo se sitúa en el 5 de diciembre de 2020, fecha en la que expiró la moratoria prevista en la Ley de Parques Nacionales que permitía el control poblacional. Desde entonces, los propietarios no han podido llevar a cabo actuaciones de gestión. Aunque en 2021 se aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión y en 2023 el Plan de Gestión de Ungulados, ambos instrumentos han quedado sin aplicación efectiva por la falta de convenios con los titulares de las fincas.

Hasta la fecha, solo una de las nueve fincas privadas ha firmado convenio -el pasado 14 de enero, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 27 de enero-, aunque este no ha podido ejecutarse al no contar con dotación presupuestaria. Las ocho restantes han continuado a la espera de que se inicien negociaciones.

Un acuerdo de gestión con enfoque integral

Durante la visita, Javier Pantoja Trigueros, director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, ha puesto en valor el acuerdo de colaboración firmado el pasado mes de diciembre entre la finca Cabañeros (6.300 hectáreas), la mayor de las propiedades privadas del parque, y las administraciones regional y central.

“Es importante no solo por el control de población, sino porque es un acuerdo de gestión de la parte privada del Parque Nacional y se prevén control de poblaciones, seguimiento de especies emblemáticas, control de ecosistemas vulnerables... Es decir, son un conjunto de medidas a nivel holístico con el objetivo de proteger los principales valores del parque”.

En la visita también ha participado Cristian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal en la Universidad de Castilla-La Mancha, quien ha advertido de que la superabundancia de ungulados ha generado dos efectos principales. Por un lado, se ha producido “una pérdida grave de biodiversidad, tanto vegetal como animal, al verse desplazadas otras especies en zonas dominadas por rumiantes silvestres y jabalíes”.

Por otro, ha mostrado especial preocupación por la proliferación de algunas enfermedades. “Particularmente ahora nos preocupa bastante la proliferación de garrapatas, que a su vez está asociada a la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Es una enfermedad emergente que está surgiendo y creciendo en la España mediterránea, muy asociada a situaciones de sobreabundancia”.

La polémica vía ferrata que se instaló a finales del pasado verano en un espacio rocoso a lo largo del río Pusa, en el término municipal de Santa Ana de Pusa (Toledo), tiene fecha de caducidad.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al ayuntamiento de la localidad que retire la instalación y devuelva el espacio a su estado original. Estas indicaciones llegan tras una comprobación técnica realizada por la Delegación provincial de Desarrollo Sostenible a través de los agentes medioambientales, sobre la compatibilidad ambiental de la vía ferrata.

Según explican fuentes del Ejecutivo regional, esta comprobación ha determinado que la instalación de esa vía ferrata, situada en Zona Red Natura 2000, y en el espacio ZEC/ZEPA denominado 'Ríos de la Margen izquierda y berrocales del Tajo“, es incompatible con la conservación de los recursos naturales de la zona.

Por ello, desde la Delegación han concluido que el proyecto es inviable y han instado al consistorio para que adopte las medidas oportunas que devuelvan al espacio su estado original.

Esta noticia ha sido calificada como “positiva” por Raúl Santiago, presidente de la agrupación naturalista Esparvel, la cual formalizó una denuncia ante la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ante la Confederación Hidrográfica del Tajo por los hechos. “Esa actuación era ilegal desde cualquier punto de vista, y lo sorprendente fue que se iniciara un proyecto de esa envergadura como incentivo turístico sin las autorizaciones, permisos o consultas pertinentes. Para nosotros es un acierto que se obligue a la retirada”, indica Santiago.

Preguntado por si se ha producido una afectación irreversible en el entorno, el ecologista se muestra positivo. “Los sistemas de anclaje, una vez retirados, apenas dejan marca. En piedra es fácil revertir la situación”, opina.

Protestas de vecinos y denuncias de ecologistas

Esta instalación provocó una amplia polémica, con protestas de los vecinos y vecinas del municipio de Santa Ana de Pusa y una denuncia de Ecologistas en Acción por invasión de un espacio protegido, dentro de la Red Natura 2000.

La instalación se situó en el paraje conocido como ‘La Estrechura’, en pleno berrocal granítico del río que discurre tanto por Santa Ana de Pusa como por San Martín de Pusa, en la comarca de La Jara toledana, cerca de Talavera de la Reina.

Los hechos fueron denunciados formalmente por Ecologistas en Acción ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, mientras que los vecinos organizaron una recogida de firmas

Este medio ha tratado de ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Santa Ana de Pusa para obtener su valoración, sin que haya habido respuesta por el momento.

En sus casi 20 años de historia, el 'Catálogo Galego de Especies Ameazadas' ha sido actualizado solo en dos ocasiones, la última de ellas en 2014. Contiene, desde entonces, un total de 201 especies, de las que 125 figuran como vulnerables y las otras 76, como en peligro de extinción. Los escasos movimientos de la Xunta en la materia son, según los expertos, un problema: el listado no es un reflejo fiel de todos los riesgos ni los recoge en su verdadera magnitud porque hay casos en los que la situación ha empeorado, pero no su categoría dentro del catálogo.

Que la lista lleve 12 años sin incorporar cambios no se debe a que no haya propuestas para actualizarla. Entidades de defensa de la naturaleza presentaron solicitudes para incluir a la camariña (Corema album), una planta que crece en sistemas dunares, pero fue rechazada por el Gobierno gallego, pese a la opinión de los expertos de que debía figurar en el catálogo. Las peticiones sobre la gaviota patiamarilla (Larus michahellis), con un acusadísimo declive, no han recibido respuesta. La propuesta más reciente que se ha puesto sobre la mesa de la Consellería de Medio Ambiente es la de dar protección al salmón atlántico (Salmo salar L.), con una población que está actualmente “muy por debajo del límite para garantizar la viabilidad”.

Desde que se creó el catálogo en 2007 hubo dos modificaciones: una fue en 2011 para incluir las especies que figuraban en el listado estatal y, a petición de la asociación ecologista Adega, el carballo anano (un tipo de roble, Quercus lusitanica). En 2014, tras solicitarlo la Universidade de Santiago de Compostela, se volvió a hacer una ampliación para inscribir también un tipo de helecho, el Cheilanthes guanchica C. Bolle. Desde entonces, no ha habido movimientos. La Consellería de Medio Ambiente no ha respondido a las preguntas sobre este asunto remitidas por este periódico.

El biólogo Serafín González, presidente de la Sociedade Galega de Historia Natural e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ve el catálogo desfasado y protesta por lo que califica de “interlocución difícil” con la Consellería de Medio Ambiente, dirigida por Ángeles Vázquez, tanto para actualizarlo como para poner en marcha otras medidas de protección de especies vulnerables. “Lo peor de todo es que no se hace lo que exige el decreto [por el que se creó el catálogo en 2007]: no se están aprobando los planes de conservación para las especies vulnerables ni los de recuperación para las que están en peligro de extinción”, critica. Se refiere a que, de las 201 especies que figuran como amenazadas, solo tres tienen una estrategia de protección aprobada y una más, el oso pardo, sigue pendiente de una revisión del documento que se le aplica desde 1992.

La situación se mantiene inmutable a pesar de que la propia norma gallega obliga a desarrollar esos planes, de que se llegaron a encargar -y se entregaron- los estudios para varias decenas de especies y de la promesa que, en 2017, hizo el actual presidente del PP, que era entonces el jefe del Gobierno gallego. Alberto Núñez Feijóo anunció, en la presentación de la ley gallega de patrimonio natural, que en 2020 habría planes de recuperación o conservación para 45 especies. No se aprobó ni uno.

El secretario técnico de la asociación ecologista Adega, Fins Eirexas, pide ampliar y actualizar el listado de especies amenazadas de Galicia. Señala que hay especies en declive que no están recogidas y que, de entre las que sí forman parte, las hay que han empeorado su situación y deberían aparecer como en peligro de extinción y no como vulnerables. “La Xunta no hace y deja que siga el declive. Algunas posiblemente ya habrán desaparecido de algunos lugares”, critica. Tanto Eirexas como González citan el caso de la gaviota patiamarilla. En una primera petición para darle protección hecha por la SGHN se consideraba que debía estar entre las vulnerables. Ahora, señala el presidente de la sociedad, ya tendría que estar en el siguiente nivel, el que alerta de su extinción. Pero esas solicitudes no han tenido respuesta por parte del Gobierno gallego, afea.

El portavoz de Adega enfatiza que, si una vez están en el catálogo no se elaboran los planes de conservación o recuperación, las especies “solo están protegidas en un papel”. Sostiene que haber desarrollado los documentos de las que ya están en el listado habría frenado en seco proyectos, como el de Altri, que han superado el examen ambiental de la Xunta. Y va más allá: acusa al Gobierno gallego del PP de tener las estrategias congeladas precisamente para evitar interferencias con planes empresariales. En el caso de la macrocelulosa planteada para Palas de Rei (Lugo), constan 27 especies amenazadas en el terreno en el que se levantaría. Tres de ellas son tres plantas que solo crecen en esa zona, en ninguna otra del mundo, y que ya obligaron a cambiar una autovía.

Eirexas pone el foco en que no ha habido avances en más de una década en cuanto a los planes de protección -el más reciente, el de la píllara das dunas, está en vigor desde 2014- a pesar de que se encargaron las asistencias técnicas para elaborarlos y de que los estudios fueron entregados. Pero, protesta, se quedaron en un cajón. “Eso es prevaricación omisiva, que es un delito”, sostiene. La vía judicial es, para Adega, una de las que está resultado más útil en defensa de los valores naturales. Pone como ejemplo las decenas de proyectos eólicos paralizados por la posibilidad de daño ambiental irreparable. Sin embargo, el secretario técnico de la asociación considera que es muy complicado llevar a la Xunta ante la Justicia por su inacción. El freno, expone, son los elevados costes económicos que podría suponer.

El órgano consultivo, sin convocar el año pasado

El Observatorio Galego da Biodiversidade se creó en 2007 como un órgano de asesoramiento de la Xunta para la conservación de las especies. El decreto que lo regula señala que, para ejercer sus funciones de forma eficaz, la Xunta necesita “información detallada y pormenorizada” de la evolución de las especies. Esa es una de las tareas que encomienda a este observatorio, que también opina, aunque su postura no es vinculante, sobre las posibles ampliaciones o cambios en el catálogo de especies amenazadas. Fue lo que ocurrió en las dos modificaciones de este listado: la inclusión del roble Quercus lusitanica y del helecho Cheilanthes guanchica C. Bolle se abordaron en este órgano, en el que están representados responsables de la Consellería de Medio Ambiente, de las tres universidades gallegas, expertos nombrados específicamente y miembros de dos asociaciones de defensa de la naturaleza (que, en este caso, son Adega y la Sociedade Galega de Historia Natural).

Serafín González se queja de que ese carácter no vinculante hace que la Xunta no haga caso en algunas ocasiones de las opiniones de los expertos. Recuerda el caso de la camariña y señala que los estudiosos de la flora vascular se mostraron de acuerdo con que se incluyese en el catálogo, pero el Gobierno gallego lo rechazó. Critica que la opinión expresada “con poco disimulo” por la Consellería de Medio Ambiente en algún observatorio es que, de modificarse este listado de especies amenazadas, sea para reducir el número. Tanto el representante de la SGHN como el de Adega hablan de incumplimientos en este órgano. El decreto que lo regula establece que debe reunirse, como mínimo, una vez al año, pero no hubo ninguna convocatoria en 2025, señalan.

El presidente de la SGHN califica la actitud de la Consellería con respecto a la protección de especies de “beligerante, pero para mal”. Cita la insistente batalla por poder cazar al lobo ibérico y la estupefacción de las asociaciones ecologistas que tuvieron que reclamar que se prohibiese abatir ejemplares de especies en peligro de extinción, como la avefría y la agachadiza. Sobre esta última relata que se logró la prohibición en unos pocos municipios de Ourense donde cría, pero no en el resto. “Son cosas que no tienen sentido”, lamenta.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha rechazado el justiprecio propuesto por Azata del Sol S.L., la promotora del Algarrobico, que reclama 44,5 millones de euros de indemnización por la expropiación forzosa del suelo donde se erige el macrohotel ilegal, construido hace 20 años en el litoral almeriense.

El Miteco ofrece una suma infinitamente inferior: 16.496,67 euros y da diez días a los dueños del inmueble para aceptarla o rechazarla, confirman a este periódico fuentes conocedoras del procedimiento administrativo.

El pasado 21 de enero, el Jefe de Demarcación de Costas de Almería -dependiente del Miteco- notificó por escrito a los propietarios del Algarrobico el “rechazo” a su hoja de aprecio, esto es, a la estimación económica de los terrenos expropiables que había hecho la promotora, según sus propios cálculos: 44.514.077,78 euros.

En ese mismo escrito, el Gobierno ofreció una contraoferta de 16.496,67 euros [el valor catastral del suelo era de 323.872,89 euros en 2024] y, con arreglo a la ley, dio diez días de plazo para que “se acepte lisa y llanamente o bien se rechace”.

Azata del Sol no recogió la notificación hasta el 30 de enero, de modo que aún está en plazo parar valorar la oferta del Miteco. Sin embargo, la cantidad es “muy inferior” a la que previamente había reclamado la promotora, por lo que previsiblemente será rechazada, y la empresa tendrá derecho a hacer alegaciones “para justificar su propia tasación” aplicando sus “criterios estimativos” y aportando “las pruebas que considere oportunas”.

Si persisten las discrepancias respecto al justiprecio, el expediente de los terrenos del Algarrobico pasará entonces a manos de un Jurado provincial de Expropiación, que podrá fijar una nueva cifra a la indemnización cuando considere que las propuestas de las partes resulten “notoriamente inferiores o superiores al valor real de los bienes”. La resolución de este Jurado pone fin a la vía gubernativa y, a partir de aquí, cabe recurso en los tribunales.

Los actores que participan en el procedimiento de expropiación también ven poco probable que Azata del Sol acepte la cantidad propuesta por el órgano de arbitraje y auguran que acudirá a la vía judicial, para que resuelva un tribunal de lo Contencioso Administrativo en un plazo máximo de seis meses.

Seis meses de litigio

El Algarrobico, símbolo del urbanismo descontrolado de principios de siglo en España, empezó a construirse con autorización de las administraciones públicas. Las expectativas de indemnización de los promotores, que vieron paralizada el hotel con las obras ejecutadas al 94%, están muy por encima de la cantidad fijada hoy por el Miteco.

En 2014 presentaron una reclamación patrimonial ante la Audiencia Nacional por más de 70 millones de euros, que debían abonar el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras por su “anormal funcionamiento”, pero la demanda no prosperó. Los jueces no consideraron a las administraciones responsables de los perjuicios económicos derivados de la paralización del hotel ilegal.

El pasado 30 de septiembre de 2025, el Miteco remitió a Azata del Sol un requerimiento para que presentase propuesta sobre el coste de la indemnización por la expropiación de sus terrenos. Dentro del plazo concedido, la promotora presentó su hoja de aprecio en la que solicitaba un justiprecio de 44.514.077,78 euros.

La falta de un acuerdo amistoso entre el Gobierno y los dueños del Algarrobico ha echado por tierra el cronograma optimista de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero. Hace justo un año, Montero viajó hasta Almería y anunció, a pie de playa y frente al macrohotel, que sería derribado parcialmente antes de que terminara el año 2025.

Desde entonces, el Miteco ha acelerado el procedimiento administrativo de expropiación, sin llegar a apurar los plazos que marca la ley para lograr alcanzar su objetivo. Pero en los últimos seis meses se ha topado con la resistencia de los dueños del hotel, la falta de acuerdo sobre el justiprecio de los terrenos y un recurso en los tribunales que paralizó cautelarmente el proceso.

El pasado 2 de agosto, los abogados de Azata del Sol S.L. interpusieron un recurso de alzada contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los terrenos donde se levanta desde hace 20 años el Algarrobico, en primera línea de la costa almeriense, dejando en suspenso el procedimiento de expropiación y los planes del Gobierno para demoler el inmueble en 2025. El recurso se registró el último día de plazo para hacerlo.

La promotora rechazó en su escrito la resolución del 24 de junio de 2025 de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que declaró la “necesidad de ocupación para su expropiación” de 16.432 metros cuadrados de superficie en el litoral del municipio de Carboneras (Almería), zona de dominio público marítimo terrestre, afectada por la declaración de “utilidad pública” que había aprobado el Consejo de Ministros el 11 de febrero del año pasado. Era la primera señal de resistencia de los promotores.

El Miteco tenía tres meses para estudiar el recurso de alzada, pero no tardó ni dos semanas en desestimarlo (el 14 de agosto) y reactivar de inmediato el procedimiento de expropiación. Desde entonces, el Gobierno y los dueños del Algarrobico han forcejeado sin lograr un acuerdo amistoso sobre el coste de los terrenos expropiados.

El 29 de octubre, la promotora interpuso un recurso ante la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo de ocupación de los terrenos del hotel, aprobado por el Consejo de Ministros, solicitando la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. El Ministerio de Sara Aagesen acordó paralizar el proceso hasta que los jueces se pronunciasen.

El pasado 19 de diciembre, en un auto al que ha tenido acceso este periódico, el TSJA dio la razón a la Abogacía del Estado, reafirmó la “necesidad de que prevalezca el interés público en la tutela del dominio marítimo terrestre, no existiendo riesgo de inmediata ocupación”, y denegó la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. “Es evidente que los daños o perjuicios que provocaría la continuación del expediente de expropiación no son irreversibles”, reza el auto.

El 30 de diciembre, el Miteco reactivó el procedimiento y el pasado 21 de enero remitió a la promotora del Algarrobico su última propuesta con el justiprecio de los terrenos, esos 16.500 euros que la empresa deberá aceptar o rechazar en los próximos días. La última palabra de la vía administrativa la tiene el Jurado Provincial de Expropiación, dependiente de la subdelegación del Gobierno en Almería.

El capital social de Azata del Sol ronda los 33,4 millones de euros, según los últimos datos disponibles, del año 2019. Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa, que ha declinado valorar su posición en el procedimiento.

Derribo de la mitad del inmueble

El proceso de expropiación en ciernes afectaría sólo al 50% del edificio. El departamento de Sara Aagasen tiene competencias en el dominio público marítimo terrestre que ocupa el macrohotel de 20 plantas y 411 habitaciones, construido en 2003, pero que nunca llegó a abrir al público porque la Justicia frenó las obras cuando estaban a punto de terminar, en 2006, y más tarde lo declaró ilegal.

El otro 50% del suelo donde se levanta esta mole de ladrillo -símbolo de la voracidad inmobiliaria y turística- está en el Parque Natural de Cabo de Gata y es competencia de la Junta de Andalucía, que ha rechazado la fórmula del Gobierno de expropiar para luego derribar el edificio.

La vía de la expropiación fue anunciada hace un año, desde Carboneras, por la vicepresidenta primera y candidata del PSOE en las elecciones andaluzas, María Jesús Montero. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, tildó la fórmula de “electoralista” y aventuró que estaba abocada al fracaso.

El Ejecutivo andaluz se alineó entonces por la fórmula alternativa, en manos del Ayuntamiento de Carboneras, que el pasado verano ejecutó finalmente la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel, después de diez años ignorando los avisos del TSJA para que ejecutara una sentencia de 2021 (y para modificar el PGOU recalificando el suelo del Algarrobico como “no urbanizable”). Pero, tras una lluvia de críticas, finalmente la Junta se ha personado en el procedimiento de expropiación para conocer todos los avances al respecto.

El Algarrobico es el símbolo del urbanismo descontrolado en la costa de España y su demolición es un objetivo tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía, que en 2011 firmaron un “protocolo para la recuperación de la playa” donde se ubica, ocupando parte de la franja de 100 metros de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, según el deslinde confirmado judicialmente. El inmueble se levanta sobre suelo calificado como no urbanizable dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y la licencia municipal de obras concedida en 2003 está pendiente de revisión de oficio por posible nulidad.

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Fe de errores: En la primera publicación de esta noticia se confundía la cifra de la indemnización propuesta por la promotora Azata del Sol S.L (44,5 millones de euros) con el justiprecio que ha ofrecido el Ministerio de Transición Ecológica, por un error de la fuente informante. Los 44,5 millones es la cantidad que piden los dueños del hotel ilegal por la expropiación de su suelo, y los 16.496,67 euros es la contraoferta que ofrece el Miteco.

Las sustancias que llegan al agua cambian su color, su olor y su vida interna, aunque a veces parezca limpia. En la superficie se notan los plásticos, las espumas y los aceites que flotan, pero bajo esa capa se acumulan restos que no se ven y que permanecen durante meses o años.

La contaminación invisible puede proceder de residuos domésticos, vertidos industriales o partículas que el viento arrastra hasta los cauces. Esa mezcla altera el oxígeno disponible y afecta a peces y plantas que dependen del equilibrio del agua. Con ello se hace evidente la necesidad de sistemas que no solo retiren la basura que se ve a simple vista, sino también la que se acumula sin que nadie se percate.

Una empresa crea una barrera solar que frena la basura antes del mar

The Ocean Cleanup ha desarrollado una herramienta pensada justo para eso: el Interceptor, un pontón alimentado por energía solar que recoge la basura flotante antes de que llegue al mar. La organización explicó que el dispositivo forma parte de su estrategia para cerrar el paso del plástico hacia los océanos, complementando los proyectos que ya operan en mar abierto.

El Interceptor no se desplaza por el río, sino que se mantiene fijo cerca de la orilla y aprovecha la corriente para arrastrar los residuos hacia una apertura frontal. Allí una cinta transportadora los eleva hasta una barcaza donde se almacenan en contenedores.

Según The Ocean Cleanup, su rendimiento puede alcanzar los 50.000 kilogramos de basura al día en condiciones favorables y llegar incluso a 100.000 cuando el flujo y la densidad de residuos lo permiten. Los análisis externos coinciden en que esa cifra representa un objetivo óptimo más que un promedio.

El equipo técnico detalla que el Interceptor mide 8 metros de ancho, 24 de largo y 5 de altura. Su barcaza cuenta con seis contenedores de 8,3 metros cúbicos cada uno, con una capacidad total de 50 metros cúbicos. El conjunto del pontón y la barcaza supera las 50 toneladas de peso. Todo el sistema funciona con energía solar y se apoya en baterías de litio que permiten operar de día y de noche sin ruidos ni emisiones. Además, el ordenador de a bordo registra el rendimiento, el uso de energía y el estado de cada componente.

La organización extiende su tecnología a distintos países

La organización ha fabricado ya cuatro unidades: dos en funcionamiento en Yakarta y Klang, una más en Vietnam lista para instalarse en el delta del Mekong y otra destinada a Santo Domingo. También se preparan nuevos despliegues en Tailandia y Estados Unidos, en puntos como Bangkok y Los Ángeles. The Ocean Cleanup añadió que el Interceptor se adapta a distintos tipos de cauces mediante una barrera flotante parcial que no bloquea el tráfico ni pone en riesgo a la fauna.

En República Dominicana, el Interceptor 004 comenzó a operar en el río Ozama a principios de 2021 y logró retirar grandes volúmenes de desechos en los primeros días de trabajo. The Ocean Cleanup explicó que el éxito del sistema depende de la coordinación local para vaciar los contenedores, trasladar los residuos y gestionarlos adecuadamente. Sin ese apoyo, el dispositivo se convertiría en un embudo lleno y sin salida.

Desde 2017, el proyecto ha evolucionado hasta crear una familia de dispositivos. Junto al modelo original se desarrollan versiones complementarias como el Interceptor Barrier, el Tender, el Barricade y el Guard. Cada variante se ajusta a las condiciones de los ríos y permite actuar en escenarios con diferente caudal o densidad de residuos. La organización destaca que no existe una única solución válida para todos los casos, sino un conjunto de herramientas con la misma finalidad.

La estrategia de The Ocean Cleanup parte de un estudio publicado en Science Advances que concluye que alrededor de 1.000 ríos son responsables del 80% del plástico flotante que llega a los océanos. Por eso la entidad prioriza esas vías principales en lugar de dispersar recursos. La ONG Ocean Conservancy, que colabora en campañas conjuntas como #TeamSeas, celebró que el objetivo de recaudar 30 millones de dólares para retirar 30 millones de libras de residuos se superó con más de 34 millones retiradas en total.

Fundada en 2013 por Boyan Slat, The Ocean Cleanup ha hecho del Interceptor un pilar importante de su trabajo desde 2017. El primer prototipo operativo se desplegó en 2019 y marcó el inicio de una nueva fase para reducir la contaminación plástica desde su origen. Con cada dispositivo instalado, la organización avanza en su propósito de frenar el flujo de basura antes de que alcance el mar y degrade ecosistemas enteros.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha encontrado un subterfugio legal para intentar despejar uno de los aspectos más controvertidos del próximo Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, que llegará al entorno de Ifema en septiembre. Un leve pero sustancial cambio terminológico busca eliminar la obligación de establecer como suelo no urbanizable las vías pecuarias, caminos históricos para el ganado que atraviesan la geografía española. Uno de ellos, la Vereda de los Leñeros, ha sido modificado por discurrir por el trazado previsto para el Madring, el circuito de carreras planificado por el Ayuntamiento. La oposición lo denunció por considerarlo ilegal y ahora este cambio del Ejecutivo regional puede validarlo.

La Comunidad de Madrid introduce el cambio legal en el anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública, una norma que sobre el papel y según el Ejecutivo autonómico busca facilitar la construcción de hogares para atajar la crisis habitacional. El artículo quinto de este nuevo texto legal, todavía en fase de información pública, modifica el artículo 25 de la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. La redacción anterior establecía que los instrumentos de planeamiento “calificarán como suelo no urbanizable protegido las vías pecuarias”. La nueva formulación sustituye esta obligación por una expresión más difusa: “Los instrumentos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico contemplarán como suelo no urbanizable protegido las vías pecuarias”.

En la práctica, el paso del término “calificarán” a “contemplarán” elimina el carácter preceptivo de este punto y reduce, por tanto, la protección ambiental de las vías pecuarias, rutas tradicionales para el tránsito del ganado. Se trata de caminos surgidos para la trashumancia que la ley trata de conservar por su valor histórico y ecológico o por sus múltiples usos sociales y medioambientales: senderismo, ecoturismo, conexión de sistemas y parajes naturales...

La modificación normativa que la Comunidad de Madrid plantea en el anteproyecto ha sido detectada por la Plataforma Ecologista Madrileña. Una de sus portavoces, María Ángeles Nieto, explica las implicaciones en conversación con Somos Madrid: “El verbo contemplar carece de significado jurídico preciso en materia urbanística, especialmente en relación con la clasificación del suelo. No implica obligación, no determina efectos jurídicos claros y no garantiza la adscripción efectiva de las vías pecuarias a una clase de suelo protegida”.

Es uno de los aspectos jurídicos más controvertidos

La cuestión de las vías pecuarias es esencial ya que es uno de los aspectos jurídicos más criticados sobre el plan especial que el Ayuntamiento de Madrid elaboró para aumentar la edificabilidad en Ifema y, con ello, permitir la construcción del circuito y los pabellones. Ese proyecto desvió la Vereda de Los Leñeros, una vía pecuaria de unos 1.500 metros de longitud y casi 21 de ancho situada en el entorno del recinto ferial.

El plan especial cambió su recorrido y la equiparó con una zona verde, las cuales sí son urbanizables, a diferencia de las vías pecuarias. Como el Consistorio no puede eliminar este tipo de caminos y sin hacerlo carecía de espacio para dotar al entorno de los espacios naturales exigidos por ley, optó por camuflar la vía pecuaria como una zona verde. El marco legal vigente no permite esta actuación, de ahí que sea una de las principales motivaciones de la Plataforma Ecologista Madrileña en su recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde piden detener las obras por irregularidades en el plan especial.

Según Nieto, el cambio del marco legislativo por parte del equipo de Ayuso pretende revertir la “chapuza” del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida, en particular del área de Urbanismo, con el concejal Borja Carabante al frente. El objetivo es que a partir de ahora no sea obligatorio clasificar como no urbanizable el suelo por el que discurren las vías pecuarias, de forma que puedan ser catalogadas como zonas verdes. Con ello, intentan desactivar uno de los aspectos más “flagrantemente irregulares” en torno al futuro circuito y evitar la posible paralización judicial de su desarrollo.

La controversia se remonta a la tramitación exprés que llevó a cabo el Ayuntamiento de Madrid y que Cibeles aprobó en febrero de 2025, en tiempo récord para cumplir con los exigentes plazos que requiere erigir un circuito en unos pocos meses. El plan especial validado por Urbanismo recoge un cambio de trazado para la Vereda de los Leñeros que levantó desde un principio las suspicacias de la oposición. En la práctica, esta se solapa ahora con una zona verde que discurre entre Ifema, el parque Juan Carlos I y la M-40, algo difícilmente sostenible desde un punto de vista legal dada la distinta calificación urbanística de ambos tipos de suelo.

Según el portavoz socialista en la Comisión de Urbanismo, Antonio Giraldo, el departamento de Carabante se vio obligado a tomar esa decisión por las insuficientes dimensiones del entorno para cumplir con las diferentes exigencias legales: “No hay espacio suficiente dentro de todo el ámbito para que quepa a la vez la vía pecuaria, las zonas verdes que ya existen y una pista de carreras de F1”, aseguraba Giraldo en un hilo de X donde ya advertía de que el Ayuntamiento no podía desviar la Vereda de los Leñeros como proponía, ya que la está colocando sobre una superficie verde municipal, cuyos metros cuadrados no puede reducir en este ámbito: “O se ventilan una vía pecuaria (ilegal) o reducen la superficie de zonas verdes municipales (ilegal). Pero las dos cosas a la vez no se puede”.

“Llaman a la vía pecuaria zona verde singular, en una asimilación de esta como zona verde que no se sostiene según la normativa. La razón es que si la clasificaran como no urbanizable no podrían declararla zona verde y perderían 21.330 metros cuadrados de zona verde, así que no tendrían suficiente”, profundiza Nieto. “Lo hicieron tan rápido que no buscaron alternativas, y si cumplieran con la ley de vías pecuarias perderían ese espacio y no podrían aprobar el plan especial. No han solucionado urbanísticamente la situación y es una ilegalidad tremenda. Como han vulnerado flagrantemente la ley, que es lo que denunciamos en nuestro recurso al TSJM, lo que se les ocurre es cambiarla a su antojo. Es lo que hacen siempre que tienen un problema”, apostilla.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente aseguran a este periódico que la modificación del artículo 25 de la Ley de Vías Pecuarias “no cambia la redacción original en cuanto a la clasificación”, sino “el momento en el que se emite el informe en el instrumento de planeamiento”. “Antes era previo a la aprobación inicial y ahora es posterior”, añaden las mismas fuentes. Es decir, la modificación desplaza la emisión del informe del órgano competente en materia de vías pecuarias a un momento posterior a la aprobación inicial del planeamiento, cuando en la regulación vigente se exige su emisión previa y con carácter vinculante.

“Este retraso ya supone una pérdida de eficacia del control sectorial, pero lo más grave es la previsión de que el informe se entienda favorable si no se emite en el plazo de tres meses. Esto reduce las garantías procedimentales al introducir un silencio administrativo positivo que es manifiestamente improcedente”, alerta Nieto. La ecologista rechaza en cualquier caso que las actualizaciones se limiten al procedimiento e incide en las consecuencias del cambio terminológico que introduce el nuevo anteproyecto, disponible para su consulta en este enlace. Considera que, al sustituir la palabra “calificarán” por “contemplarán”, “desaparece cualquier garantía de protección”.

Amenaza a las vías pecuarias, tesoros patrimoniales y oportunidades ecológicas

“El cambio de un simple término desprotege la red de vías pecuarias, con más de 23.000 hectáreas, solo para salvar el circuito de Fórmula 1. Las vías pecuarias son bienes de las comunidades autónomas, igual que una plaza, tienen un nivel de protección similar a las calles. Que un circuito se cargue la protección de las vías pecuarias es impresionante”, lamenta Nieto en conversación con este diario. “Estamos hartas de que cada ley de vivienda o de equilibrio territorial simplifique controles y elimine obligaciones de los promotores para que puedan destrozar libremente la región”, critica.

Nieto desgrana la importancia patrimonial de este tipo de senderos: “Son caminos ancestrales que tienen su origen en el siglo XIII y que se han venido protegiendo por estar ligadas a una cultura o por estar asociadas a bienes patrimoniales (ventas, castillos, fuentes, iglesias, ermitas...). Son bienes demaniales, que no son solo públicos, sino de la ciudadanía. Un servicio y un patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid y de todos sus habitantes”. Con su desaparición “se perdería la historia”, pero a ello hay que sumar “su función de corredor ecológico, ya que en algunos lugares se usan para recuperar caminos no agresivos ni motorizados desde los centros urbanos hasta las afueras”. La ecologista considera esta jugada un “maltrato a una red de caminos deteriorada y que en la ciudad de Madrid solo resiste en su periferia, pero que sigue existiendo y es ancestral, que debe convivir con el desarrollo urbanístico”.

Formada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista Madrileña, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (Grama), Jarama Vivo y Liberum Natura, la Plataforma Ecologista Madrileña ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tanto el plan especial del Ayuntamiento que permitió aumentar la edificabilidad como la propia licencia de construcción. La Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo del TSJM estudia desde mayo este recurso y requirió al Gobierno municipal que remita el expediente administrativo del proyecto. Además de la cuestión sobre la Vereda de los Leñeros, la Plataforma Ecologista añade que los trabajos de construcción en el entorno de Ifema “están destruyendo buena parte de los humedales existentes en la parcela norte, entre la calle de Francisco Umbral y la avenida de Alejandro de la Sota”.

En abril, Más Madrid llevó igualmente el polémico plan especial del equipo de Almeida al TSJM y elevó un recurso contencioso-administrativo. Las motivaciones del partido de Rita Maestre estaban centradas en las “graves deficiencias en el proceso de aprobación” del plan especial, así como en los “significativos impactos negativos” que tendrá sobre la ciudad. En particular, sobre los vecinos de los distritos más afectados por las obras o el funcionamiento del circuito, Barajas y Hortaleza. El juzgado rechazó las cautelares, aunque también fue admitido a trámite y continúa su periplo legal.

Más Madrid solicitó asimismo al TSJM la suspensión cautelar de las obras con otro recurso. Lo reclaman por el importante impacto sonoro asociado al proyecto y por considerar un fraude de ley que el Ayuntamiento de la capital haya tramitado como licencia temporal la de una infraestructura pensada para albergar al menos diez años de carreras, con algunos elementos permanentes aunque otros se desmonten durante varios meses. Un permiso de estas características reduce los requerimientos técnicos y permite agilizar trámites, aunque debe estar debidamente acreditado. De nuevo, el TSJM ha rechazado por el momento las medidas cautelares, pero el recurso del principal partido de la oposición sigue su curso.

El plan de vivienda de Ayuso, su “gran prioridad” que quiso abordar sin ceguera “ni sectarismo”

El anteproyecto que auspicia este cambio sobre las vías pecuarias forma parte del Plan de Choque de Vivienda 2026/2027, que el Ejecutivo de Ayuso anunció a bombo y platillo a finales de 2025 y que la dirigente madrileña alabó con estas palabras: “Esta es una gran prioridad que no queremos abordar desde la ceguera ni el sectarismo, sino con todos los responsables y aquellas personas que dedican sus vidas profesionales a este tema y conocen mejor que nadie dónde están los problemas y dónde podemos ser de utilidad en las administraciones”.

La Plataforma Ecologista Madrileña ha exprimido al máximo el período de alegaciones a la nueva ley de incremento de la vivienda, que concluyó el jueves 29 de enero, ya que desde su punto de vista incluye numerosas medidas que apuntan hacia la desprotección del medio madrileño: “Es alarmante que el Gobierno regional utilice el doloroso problema del acceso a la vivienda para que cada ley sobre ello reduzca controles urbanístico y protección ambiental”. A las alegaciones se han sumado otras organizaciones, como la Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid.

La exposición fotográfica 'Posados', del fotógrafo Aníbal De la Beldad, puede visitarse en el IES Montes de Cabañeros de Horcajo de los Montes (Ciudad Real), donde reúne una selección de 20 imágenes de aves con el objetivo de promover la sensibilización medioambiental entre el alumnado y el conjunto de la población.

La muestra recoge “imágenes intimistas y personales” de distintas especies de aves, entre ellas la águila imperial, una de las más emblemáticas y amenazadas; el abejaruco europeo; el morito común, único ibis que habita de forma natural en Europa; la carraca europea, cada vez menos frecuente en los campos; o el zampullín cuellinegro, además de otras especies presentes en el entorno natural de la región.

Según ha explicado el autor, “solo a través del conocimiento, los jóvenes pueden valorar las aves que se encuentran en su entorno, apreciarlas y protegerlas”, destacando asimismo su compromiso con la comarca de Cabañeros al trasladar la exposición a Horcajo de los Montes, una zona que ha definido como “un lugar por descubrir” y que alberga “el máximo exponente del bosque mediterráneo, el Parque Nacional de Cabañeros”.

Por su parte, el director del centro educativo, Ángel García Tobajas, ha señalado que la exposición está teniendo “una gran acogida” entre el alumnado, que está realizando trabajos específicos sobre las aves que aparecen en la muestra.

Asimismo, ha informado de que está prevista la celebración de un acto inaugural con la presencia de autoridades, así como la organización de visitas guiadas tanto para el alumnado del instituto como para vecinos y visitantes de Horcajo de los Montes y localidades cercanas.

La exposición incluye fotografías de aves residentes, temporales y migratorias que pueden observarse en Castilla-La Mancha y se completa con un panel informativo que incorpora carteles con enlaces relacionados con la muestra y con datos sobre las especies representadas.

Tras su paso por distintos espacios de las provincias de Ciudad Real y Albacete, el autor ha expresado su intención de que 'Posados' continúe su recorrido por centros escolares de la comarca de Cabañeros, con el fin de acercar la fotografía de naturaleza a jóvenes y niños y alertar sobre el impacto del cambio climático, la gestión del suelo y las cubiertas vegetales y la contaminación en el medio natural.

Una “alarmante” pérdida de biodiversidad

Aníbal De la Beldad ha advertido de que “se está produciendo una pérdida de biodiversidad alarmante y patente”, subrayando la necesidad de promover iniciativas tanto privadas como públicas que fomenten la conservación de las especies y la sensibilización de la población para preservar la naturaleza.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 27 de febrero en la sala de exposiciones del IES Montes de Cabañeros, un espacio que cuenta con cafetería y acceso independiente del centro educativo, y podrá visitarse de lunes a viernes, en horario de 11.00 a 13.00 horas.