La Asociación Ciudadana CáceresVerde ha solicitado al Ayuntamiento de Cáceres la declaración de nulidad del expediente de remodelación del bulevar de la avenida Virgen de la Montaña y la suspensión cautelar de las obras mientras se resuelve su petición. La entidad considera que la tramitación del proyecto se ha realizado “prescindiendo de los trámites esenciales de participación ciudadana e información pública”, lo que, a su juicio, vulnera tanto la normativa municipal como la legislación estatal.

En el escrito, registrado ante el alcalde, la asociación repasa la tramitación administrativa de una actuación cuyo presupuesto supera los 2,18 millones de euros. Recuerda que el expediente se inició en febrero de 2024, fue desistido en abril de ese mismo año y volvió a impulsarse en junio de 2024. Posteriormente se redactó el proyecto de ejecución, aprobado definitivamente por la Alcaldía el 20 de enero de 2026 y cuya ejecución ya ha sido adjudicada.

CáceresVerde argumenta que el artículo 60 del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento obliga a abrir un proceso participativo en grandes obras municipales con un presupuesto superior a dos millones de euros. Aunque reconoce que el Consistorio abrió un procedimiento de participación en agosto de 2025, sostiene que este se limitó a cumplir un trámite formal y no constituyó “un auténtico proceso de participación” al haberse desarrollado cuando el proyecto ya estaba redactado y en un periodo de escasa actividad ciudadana.

La asociación afirma que tampoco se sometió el proyecto a información pública con toda la documentación técnica disponible ni se dio audiencia a los vecinos directamente afectados antes de adoptar las decisiones, lo que, según expone, vulneraría los derechos reconocidos en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.

Entre los argumentos esgrimidos también figura el relativo al arbolado urbano. El colectivo sostiene que el proyecto incumple varios preceptos de la Ordenanza de Gestión y Protección del Arbolado Público Urbano de Cáceres porque, según asegura, carece de la documentación técnica exigida para garantizar la protección de los ejemplares existentes, extremo que vincula a un informe emitido por el Servicio de Parques y Jardines.

Asimismo, CáceresVerde invoca la legislación estatal en materia de suelo y régimen local para defender que la ciudadanía tiene derecho a acceder a la información urbanística y a participar de forma efectiva en la elaboración y ejecución de proyectos que transforman el espacio urbano.

A juicio de la entidad, la ausencia de un proceso participativo desde el inicio de la tramitación constituye un defecto esencial del procedimiento que habría provocado indefensión a la ciudadanía y a los vecinos afectados. Por ello solicita que se declare la nulidad de pleno derecho o, subsidiariamente, la anulabilidad de todos los acuerdos adoptados.

Como consecuencia, pide que el expediente retroceda al momento previo a su inicio para abrir un nuevo proceso de participación ciudadana, someter el proyecto completo a información pública, permitir la presentación de alegaciones y dar audiencia a los residentes afectados con respuesta motivada a sus aportaciones.

Mientras se resuelve esta solicitud, la asociación reclama además la suspensión de la ejecución del proyecto y de las obras previstas para evitar, según argumenta, que se consoliden actuaciones que pudieran resultar contrarias a derecho.

Las plantas samófilas (o psamófilas) son muy escasas y cumplen funciones vitales. Tienen una resistencia extrema, ya que se adaptan a suelos inestables y vientos fuertes. Aunque son más habituales en zonas de playa, junto al mar, en la meseta su presencia es muy reducida y están protegidas debido a que conforman un “ecosistema único” como refugio y alimento para aves y reptiles, según WWF.

Su presencia en el término municipal de Toledo es muy pequeña, pero ha sido determinante para que el Ayuntamiento, gobernado por el PP y Vox, haya tenido que modificar la ampliación del polígono industrial de la ciudad. De hecho, ha tenido que recortar el número de parcelas que componían inicialmente el proyecto presentado por Loncito Desarrollo S.L.

La ampliación de esta zona en casi 700.00 metros cuadrados se aprobó en una sesión extraordinaria del pleno municipal en marzo de 2025. Las derechas la plantearon como una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que salió adelante con el voto a favor también del PSOE, y la abstención de IU-Podemos. Posteriormente se aprobaron las Bases del Plan de Actuación Urbanística (PAU) y se abrió convocatoria pública a la que concurrió una única empresa.

El proyecto pasó a la Comisión Regional de Urbanismo. Este órgano debía darle su aprobación definitiva, pero a finales de junio los técnicos informaron de que, a raíz de una alegación del grupo ecologista Arba, se había detectado que existen hábitats protegidos de samófilas al sur del sector. Esto, afirman, obligaba a sacar tres parcelas del ámbito de la planificación urbanística.

Con ello, el Ayuntamiento se ha visto obligado a realizar un plan parcial de mejora, que modifica tanto la ordenación estructural como la detallada, con lo cual era preciso volverlo a sacar a información pública. Y así lo ha hecho, según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) con fecha 8 de julio de 2026.

En la resolución ahora publicada, el Ayuntamiento indica que el recorte de las tres parcelas para proteger la “conservación ambiental” del entorno, hace que la ampliación del polígono industrial sea ahora de 618.318 metros cuadrados repartidas en doce parcelas. Es decir, una reducción en más de 80.000 metros cuadrados.

En concreto, se detalla que debido a la existencia de pastizales samófilos (comunidades vegetales de “alto interés ecológico”), el Servicio de Medio Natural ha determinado que ciertas áreas no pueden ser urbanizadas, al estar esta especie protegida en el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha y la Ley de Conservación de la Naturaleza.

Una vez publicada esta resolución, la historia se repite. Finalizada la información pública, el Ayuntamiento debe solicitar informe a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio, que es vinculante, y también tendrá que informar el Consejo Consultivo porque afecta a zonas verdes. Posteriormente se procederá a su aprobación definitiva.

Un proyecto del PSOE que PP y Vox tramitaron por vía urgente

La tramitación del expediente para la ampliación del polígono industrial toledano, pese a haberse iniciado en la anterior legislatura bajo mandato municipal del PSOE, se remitió al pleno más de tres años después, con carácter de urgencia, para reclasificar como suelo urbanizable de uso industrial parte de suelo rústico de reserva y suelo rústico de especial protección.

En concreto, se trata de la ampliación del sector industrial UU-25, que permitirá “llevar a cabo una operación que permita ampliar las instalaciones industriales de una importantísima empresa”, según afirmó el consejero de Fomento, Nacho Hernando.

La principal motivación de la urgencia para aprobar esta modificación fue sido la necesidad de ampliar las instalaciones de la empresa Osi Food Solutions, en las que se lleva a cabo la producción de hamburguesas para McDonald's.

“La colaboración entre ambas administraciones, el Ayuntamiento y la Junta, nos ha llevado a que se ha celebrado un pleno extraordinario y urgente para poder aprobar la ampliación del suelo industrial en la ciudad”, recalcó el consejero sobre esta modificación urbanística. De hecho, el Consistorio toledano señalaba por su parte, en ese pleno extraordinario, que se trata de uno de los proyectos “más importantes de esta legislatura”, en palabras del concejal de Vox y responsable de Urbanismo, Florentino Delgado.

En ese momento afirmó que si no se hacía rápidamente, “nos quedaríamos fuera”, debido a que una vez que se inicie la redacción del Plan de Ordenación Municipal (POM), no se puede “entrar en contradicciones”. “No puede existir una confrontación de la ordenación urbanística que pretendemos para el futuro con lo anterior, lo cual justifica por sí mismo esa urgencia”.

“Con más diligencia y transparencia”

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, lamentó que se tuviera que aprobar en un pleno extraordinario y urgente cuando el proyecto se inició en 2021 y cuando el alcalde, Carlos Velázquez, ya había anunciado que estaría listo antes de finalizar 2024. Remarcó su apoyo a esta ampliación por ser un proyecto del PSOE aunque a este Grupo Municipal le hubiera gustado que se aprobase “de otra manera, con más diligencia y más transparencia”,

De su lado, el portavoz de Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, se abstuvo en la votación porque, entre otras razones, su diagnóstico socioeconómico para justificar esa modificación apunta que el documento está “desfasado en el tiempo”.

“La fecha más cercana que recoge el documento para justificar social y económicamente la necesidad de esta modificación se retrotrae a 2018”, subrayó. Tampoco compartía el diagnóstico referido a la vivienda pues “no se aborda el proceso gentrificador que sufre Toledo, la situación con las viviendas turísticas ni el problema del precio de la vivienda”.

“Toledo ha recibido más de 100 millones de fondos europeos que podrían haber servido para adecentar la zona industrial del barrio del polígono y hacerla atractiva a la llegada de las empresas”. “Sin embargo, tendremos que competir con municipios cercanos para atraer a estas empresas de logística provocando un proceso de dumping fiscal para ver quién paga menos impuestos y dónde”, concluyó.

La ostra plana, científicamente conocida como Ostrea edulis, fue durante décadas una de las mejores especies para la salud del Mar Menor, llegando a albergar poblaciones que superaban los 135 millones de ejemplares en los años ochenta. Y es que este bivalvo autóctono no solo formaba parte del paisaje submarino habitual, sino que ejercía una función vital en el mantenimiento del equilibrio ecológico de la laguna salada más grande de toda Europa. Su presencia masiva permitía filtrar volúmenes ingentes de agua, eliminando partículas en suspensión y manteniendo una transparencia que hoy parece un recuerdo lejano para los habitantes de la zona.

La intervención humana y el cambio de las condiciones ambientales provocaron un declive catastrófico que dejó a esta especie al borde de la desaparición total en este ecosistema. Recuperar este tesoro biológico se ha convertido ahora en una prioridad absoluta para científicos y administraciones públicas, que buscan soluciones basadas en la naturaleza. El colapso de la población de ostras, eso sí, no fue un evento repentino, sino el resultado de una combinación de factores estresantes que alteraron drásticamente su hábitat natural. El dragado del Canal del Estacio en la década de los setenta facilitó la entrada de agua mediterránea, cambiando la salinidad y favoreciendo inicialmente su expansión, pero también introdujo nuevas amenazas.

Los vertidos agrícolas cargados de nutrientes provocaron procesos de eutrofización severos, transformando las aguas cristalinas en una “sopa verde” que asfixió a los bancos naturales. A esto se sumaron el aumento de la temperatura del agua, la aparición de enfermedades específicas y la competencia de especies exóticas invasoras que diezmaron los ejemplares restantes. Hoy en día, la presencia de la ostra plana es bastante reducida, con individuos aislados que son incapaces de formar colonias reproductivas por sí mismos en el medio natural. Esta pérdida ha dejado a la laguna vulnerable ante los efectos del cambio climático y la contaminación persistente.

La importancia de la ostra plana trasciende su valor biológico, situándose como una aliada estratégica en la lucha global contra el cambio climático y el calentamiento. Estos moluscos tienen la capacidad asombrosa de secuestrar dióxido de carbono de la atmósfera para incorporarlo de forma permanente en la estructura de sus conchas calcáreas. Además de actuar como sumideros de carbono, las ostras funcionan como potentes bioextractores de nutrientes, capaces de absorber y acumular contaminantes químicos presentes en la columna de agua. Se estima que una población saludable podría filtrar la totalidad del agua de la laguna en apenas tres meses, un servicio ecosistémico de valor incalculable. Al limpiar el agua de fitoplancton excesivo, permiten que la luz solar penetre de nuevo en las profundidades, favoreciendo el crecimiento de las praderas marinas.

Estas estructuras también actúan como arrecifes naturales que aumentan la biodiversidad al servir de refugio para numerosas especies de peces. Y precisamente para revertir esta situación crítica ha nacido el proyecto RemediOS y su continuación RemediOS-2, liderados por el Instituto Español de Oceanografía y diversas entidades colaboradoras. Esta iniciativa busca aplicar técnicas avanzadas de acuicultura para producir semilla de ostra a partir de los pocos ejemplares reproductores supervivientes de la laguna.

El proceso comienza en laboratorios especializados, donde se acondiciona a los adultos para estimular la puesta de larvas en un entorno controlado y seguro. Durante las fases iniciales se han logrado obtener millones de larvas, demostrando la viabilidad técnica de reproducir esta población autóctona fuera de su hábitat degradado. El objetivo final es la reintroducción paulatina de estos ejemplares en el Mar Menor para restaurar los bancos naturales desaparecidos hace décadas. Este proyecto cuenta con la financiación de fondos europeos y el apoyo decidido de la Fundación Biodiversidad para garantizar su continuidad a largo plazo.

Uno de los hitos más recientes de esta investigación ha sido la instalación del primer arrecife experimental de ostra nativa en las proximidades de la Isla del Barón. Este arrecife innovador está compuesto por 175 bloques de arcilla biodegradable que sirven de sustrato para unas 55 mil larvas fijadas. Estos bloques, diseñados específicamente por la organización Oyster Heaven, están pensados para deshacerse progresivamente a medida que las ostras crecen y se consolidan. Aunque el arrecife ocupa una superficie modesta de doce metros cuadrados, representa un paso pionero en la recuperación efectiva de la biodiversidad local. El seguimiento científico de este enclave permitirá evaluar el crecimiento, la supervivencia y la capacidad real de filtración de las ostras en condiciones reales de la laguna.

La estrategia de biorremediación propuesta se basa en el ciclo natural de los bivalvos, que transforman el exceso de fitoplancton en tejido vivo y concha sólida. Al retirar físicamente las ostras una vez que han alcanzado un tamaño determinado, se eliminan efectivamente el nitrógeno y el fósforo del ecosistema marino. Este método ha demostrado ser exitoso en otros lugares del mundo, como Suecia y Dinamarca, donde se utiliza el cultivo de bivalvos para limpiar fiordos eutrofizados. En Estados Unidos, proyectos similares en la bahía de Chesapeake han confirmado que la cosecha de millones de ostras puede extraer toneladas de nitrógeno anualmente. En el Mar Menor, esta “acuicultura restaurativa” no solo busca limpiar las aguas, sino también generar una nueva economía azul sostenible para la región. La combinación de ciencia, gestión ambiental y participación social es fundamental para que estas soluciones basadas en la naturaleza tengan un impacto real y duradero.

Esfuerzo colectivo

El compromiso institucional con la recuperación de la ostra plana incluye la compra de materiales de cría, la instalación de líneas de cultivo y la elaboración de una hoja de ruta estratégica, proyecto que también involucra activamente a pescadores de la zona. El Mar Menor es el primer ecosistema en Europa con personalidad jurídica propia, lo que otorga derechos legales a su protección y restauración. Bajo este nuevo marco legal, cualquier ciudadano puede actuar en defensa de la laguna, lo que refuerza la necesidad de proyectos científicos sólidos como RemediOS. La colaboración entre el IEO-CSIC, la asociación ANSE y la Fundación Estrella de Levante ejemplifica el esfuerzo colectivo necesario para salvar este enclave.

El futuro del Mar Menor depende en gran medida de la capacidad para devolverle sus defensas naturales y restaurar el equilibrio perdido por la acción humana. La recuperación del caballito de mar y la nacra son otros objetivos paralelos que complementan la labor iniciada con la ostra plana mediterránea. Convertir la laguna en un referente internacional de restauración marina situaría a la Región de Murcia a la vanguardia de la innovación científica y ecológica. Cada ostra que se fija en los nuevos arrecifes representa una pequeña victoria en la batalla contra la eutrofización y los efectos del calentamiento global. Aunque el camino hacia la recuperación total es largo y complejo, los resultados esperanzadores de las fases experimentales invitan al optimismo.

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería, 8.458 habitantes) ha decidido poner fin al expediente de revisión de oficio de la licencia de obras de El Algarrobico declarándola nula, con el voto a favor de ocho de los 13 concejales, y la ausencia de los otros cinco.

El Pleno ha dado así cumplimiento al ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que había ordenado que votaran nuevamente esta cuestión para cumplir una sentencia de junio de 2021, firme desde diciembre de 2022, y que el Ayuntamiento empezó a ejecutar en junio de 2023. Tres años ha costado. Los jueces advirtieron el pasado 24 de junio que desplegarían todo su poder si los concejales volvían a ignorarles: ejecución subsidiaria, multas y posibles responsabilidades penales.

De esta forma, los ediles han votado en Pleno Extraordinario a favor de dar cumplimiento al auto de 24 de junio, dictando resolución para poner “fin a la revisión de oficio” de la licencia que concedió el 13 de enero de 2003, declarando que aquella licencia es nula de pleno derecho. Queda para otro momento determinar si deberá indemnizar a Azata del Sol, la promotora a la que dio la licencia para construir en plena playa y parque de Cabo de Gata, y en cuánto.

Esta era la segunda ocasión en un mes en la que los ediles del municipio eran llamados a pronunciarse sobre una cuestión que marca el futuro del inmueble. En la primera votación, el pasado 17 de junio, Carboneras dio la sorpresa. Con todo a favor, incluyendo el informe del Consejo Consultivo favorable a la nulidad, el Pleno decidió posponer la decisión de revisar (y anular) la licencia con el voto a favor de cinco del PSOE y dos no adscritos.

El voto de dos concejales socialistas da la vuelta

En esta ocasión, ha sido el voto de dos de las concejalas socialistas el que ha provocado el volteo del resultado. Mariana Esteban e Isabel Hernández se han apartado de la postura del líder local del partido, el exalcalde José Luis Amérigo, y se han alineado con los cinco concejales del PP y el propio alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) para dar cumplimiento al auto de 24 de junio,

Con la voz entrecortada, Hernández ha insistido en varias ocasiones en que “lo que dicta la Justicia está para cumplirse”, asegurando que él nunca ha intentado poner palos en las ruedas, sino que ha intentado cumplir “sobre la base de los medios humanos y materiales de que disponemos”.

El regidor ha insistido en pedir ayuda a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, a las que ha llamado “corresponsables” de autorizar el hotel y ha pedido “altura de miras”: “Somos un municipio de poco más de 8000 habitantes, al que se le crearon unas expectativas irreales e ilegales de desarrollo”, ha lamentado, antes de advertir de que el camino que queda es largo y que no ve que el pueblo pueda recorrerlo solo: “Mucho nos tememos, si no tenemos ayuda, que el hotel va a seguir su culebrón (...) Intentemos entre todos salir de la mejor manera posible de este embrollo”.

El “embrollo” es la presunta responsabilidad a la que podría tener que hacer frente el Consistorio, si bien los tribunales ya han determinado en tres ocasiones que Azata no tiene derecho a reclamar nada porque sabía que no podía construir ahí. Hernández ha lanzado un “mensaje de intranquilidad”, asegurando que quienes vaticinan la ruina para el pueblo lo hacen para “meter miedo” y seguir sosteniendo un hotel ilegal.

No le han escuchado ni Amérigo ni los otros tres concejales que no han votado a favor (otro socialista y dos no adscritos), que han abandonado el salón de Plenos antes de que el alcalde tomara la palabra.

Antes, Amérigo había asegurado que el mandato del TSJA (“poner fin al expediente de revisión de oficio”) no obliga a declarar la nulidad de la licencia, y ha defendido que el acuerdo que adoptó el pasado Pleno para posponer la votación hasta contar con tres nuevos informes sí es obligatorio y ejecutivo.

El portavoz socialista ha insistido en que al expediente le faltan informes y documentos. En su opinión, votar hoy a favor de la nulidad de licencia supone incumplir a la vez el mandato del TSJA y el del Pleno. En la misma línea han hablado Felipe Cayuela y la otra concejala no adscrita, mientras las dos socialistas que han revertido el resultado explicaban que votaban a favor para cumplir con el mandato judicial: “Si no se declara por el Ayuntamiento lo haría el TSJA, a riesgo de que seamos encausados judicialmente.”

Hernández no le ha comprado el argumento a Amérigo, subrayando que el mandato de los jueces es claro: “Si nos dicen que hay que anular, hay que anularla. (...) Esos supuestos informes que faltan, no faltan. (...) Este expediente lo único que lleva es la revisión de oficio: la orden del TSJA, informe del Consultivo y la información a las partes”.

El regidor ha apuntado a Amérigo, recordando que es sobrino del alcalde que concedió la licencia, Cristóbal Fernández: “El hotel tiene padre y madre, el PSOE de la familia Amérigo Fernández, que son los que concedieron la licencia y nos llevan por el camino de la amargura”.

Una decisión controvertida

La decisión del pasado 17 de junio había descolocado a todos. El Gobierno central, personado en el procedimiento judicial, presentó un escrito pidiendo a los jueces que dieran un (otro) ultimátum al municipio para que anulara la licencia, y si no, que la anularan ellos. La Junta de Andalucía y los ecologistas optaron por pedir directamente al TSJA que asuma la función prevista en la ley y ejecute la sentencia ante la constatada resistencia municipal a hacerlo, además de pedir que se investigue ya en vía penal a concejales y alcalde. Y el PSOE, cuyos ediles contribuyeron decisivamente a completar la nueva pirueta que dio aire a la mole, anunció la apertura de un expediente y la suspensión temporal de esos concejales por saltarse la disciplina de partido.

De fondo operan las mismas reticencias que han trufado de obstáculos, excusas y trabas la ejecución de la sentencia del TSJA, que es firme desde diciembre de 2022 y pese a ello, sigue sin aplicarse. Aseguran quienes evitan ejecutarla que Carboneras podría verse expuesto a una reclamación millonaria de la promotora si es el propio municipio el que declara la nulidad de licencia que concedió en febrero de 2023.

Es el argumento que oponen, antes de manera velada y ahora ya abiertamente, quienes se oponen a la ejecución, como José Luis Amérigo, exalcalde del PSOE y ahora portavoz de los socialistas. En el Pleno, Amérigo aseguró que carecía de “información esencial” sobre las consecuencias de la nulidad, una decisión de “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica”, y adujo la necesidad de recabar al menos tres nuevos informes: uno sobre el impacto económico, otro de intervención y otro jurídico sobre la eventual responsabilidad patrimonial.

Nada más recibir el acta del Pleno y los escritos de los ecologistas, la Junta de Andalucía y el Ministerio, los jueces del TSJA resolvieron dar una nueva oportunidad al Pleno para que convocara y votara la revisión, bajo advertencia de que si no lo hacía, podría multar a los responsables y llevarlos a Fiscalía.

Eso es lo que se ha votado hoy, con un resultado esperado durante más de dos décadas: la licencia de El Algarrobico es nula de pleno derecho. Esto era solo el primer paso, aunque probablemente el más costoso. Ahora vendrá todo lo demás.

Hay días en los que el mundo parece estar hecho de pequeñas escenas de vida que ocurren sin pedir permiso para ser miradas.

En el jardín, observo un vencejo que atraviesa el cielo con una precisión que desmiente cualquier idea de esfuerzo. Su vida sucede casi por completo en el aire, como si la gravedad fuese una sugerencia lejana. Mientras, en el fondo marino, un pulpo se detiene unos segundos frente a una concha, la toca con uno de sus brazos, la gira, la abandona, vuelve a ella, como si estuviera pensando con el propio cuerpo. Mucho más cerca, en el bosque que despierta junto a mi casa, las raíces de los árboles se extienden bajo la tierra y se encuentran con redes de hongos que conectan individuos distintos en una conversación silenciosa de nutrientes, señales químicas y tiempos lentos.

La vida se expresa en formas muy diversas de estar en el mundo.

Algunas aves recorren miles de kilómetros cada año siguiendo rutas que no han aprendido de ninguna otra especie. Las ballenas jorobadas modifican sus cantos, que se transmiten entre poblaciones separadas por océanos. Los cuervos fabrican herramientas con una atención minuciosa. Las abejas trazan mapas del entorno con movimientos que traducen distancia y dirección. En laboratorios y en el campo, la etología contemporánea va reuniendo fragmentos de un panorama amplio donde la inteligencia aparece una y otra vez, con formas que no se dejan reducir a una sola definición.

La biología evolutiva ha ido construyendo una imagen cada vez más detallada de esa diversidad. Los fósiles, la genética comparada y la observación de especies actuales componen una historia larga en la que todas las formas de vida comparten ancestros remotos. Las ramas de ese árbol se separan, se cruzan, se extinguen y vuelven a brotar en direcciones inesperadas. No existe un eje central que organice el conjunto.

En distintos momentos de esa historia aparecen soluciones semejantes en organismos que no comparten linajes cercanos. Alas en insectos, aves y murciélagos. Ojos complejos en vertebrados y cefalópodos. Formas de ecolocalización en mamíferos marinos y terrestres. La evolución explora posibilidades con una insistencia paciente, como si tanteara el espacio de lo posible sin dirigirse hacia un punto final.

En ese proceso, algunas especies desarrollan capacidades cognitivas notables, otras se especializan en la resistencia extrema, la cooperación masiva o en la eficiencia metabólica más sobria imaginable. Cada una habita un equilibrio particular con su entorno. Cada una sostiene una forma distinta de continuidad en el tiempo.

El ser humano emerge dentro de ese mismo entramado. Su historia evolutiva se inscribe en la misma lógica de variación, selección y deriva que afecta a todas las demás especies. El lenguaje simbólico, la memoria cultural acumulativa, las herramientas complejas y las redes sociales extensas forman parte de su repertorio adaptativo. También lo hacen otras capacidades menos visibles, como la dependencia prolongada de cuidados, la fragilidad física en comparación con otros animales o la profunda necesidad de cooperación.

La imagen de una escala ascendente que culmina en una única especie aparece en algunas representaciones culturales de la evolución. En la propia naturaleza no se encuentra esa estructura. Lo que se observa es una proliferación de formas, sin un criterio único de medida que permita ordenarlas en una jerarquía estable.

Un tiburón actual no ocupa un escalón inferior respecto a ningún mamífero terrestre. Una encina no representa un estadio previo de nada. Una bacteria que habita en condiciones extremas mantiene una continuidad evolutiva tan extensa como la de cualquier organismo complejo. Todas las líneas han persistido durante el mismo intervalo de tiempo desde los orígenes de la vida.

La idea de una cima suele aparecer asociada a la fascinación que producen ciertas capacidades humanas. El lenguaje, la técnica, la cultura acumulativa. Son rasgos singulares, sin duda. También lo son la orientación magnética de las aves migratorias, la memoria espacial de ciertos roedores, la arquitectura colectiva de los insectos sociales o la resiliencia de organismos microscópicos capaces de sobrevivir en condiciones que desdibujan los límites habituales de la vida.

El conjunto de la evolución se parece más a una expansión continua de estrategias que a un proceso de ascenso. Una red de experimentos biológicos que se mantienen, se transforman o desaparecen según las condiciones de cada época.

En ese paisaje, la especie humana no ocupa un punto elevado. Ocupa una rama más, con características propias, con límites propios, con una historia entrelazada con todas las demás formas de vida.

Al observar esa continuidad, aparece también una cierta forma de reconocimiento. La pertenencia a una trama común que no se organiza en torno a privilegios naturales. La conciencia de compartir origen con cada organismo que habita el planeta. La intuición de que las diferencias no establecen jerarquías, sino variaciones.

Desde ahí, muchas de las ideas que sostienen la centralidad absoluta del ser humano pierden parte de su fundamento. El modo en que se han construido ciertas relaciones con otras especies, basadas en la utilización sistemática de sus cuerpos y sus vidas, queda atravesado por una pregunta que no necesita elevar la voz para hacerse presente.

La ciencia no dicta respuestas morales. Ofrece, sin embargo, una imagen del mundo en la que la noción de superioridad biológica resulta difícil de sostener. La vida aparece como un entramado compartido, tejido por procesos que no apuntan hacia ninguna superioridad humana.

Quizá en ese reconocimiento se abra un espacio distinto para mirar lo vivo. Un espacio donde la atención sustituya a la distancia, y donde la deconstrucción de las ideas heredadas no sea un gesto brusco, sino una forma de aprendizaje colectivo.

Cada año, la confederación Ecologistas en Acción publica el informe de las Banderas Negras, un reconocimiento simbólico que señala los casos más graves de contaminación, degradación ambiental y mala gestión del litoral español. A través de este informe, la organización denuncia actuaciones que afectan negativamente a las costas y ecosistemas marinos, con el objetivo de visibilizar estos problemas y promover medidas para su protección y conservación. En la edición de este año, las Banderas Negras de Canarias han recaído en el Puertito de Adeje, por el proyecto Cuna del Alma; la playa de Las Teresitas, por su estado de abandono severo; la costa de Telde, por el impacto de las jaulas marinas; y Arrecife, en Lanzarote, por los cruceros turísticos. Pero, ¿qué significan esas Banderas Negras y por qué estos municipios tienen cuatro?

La Bandera Negra no indica que esté prohibido el baño ni es el equivalente negativo de la Bandera Azul. De hecho, ambos distintivos responden a criterios completamente diferentes y pueden coincidir en una misma playa.

Mientras que la Bandera Azul reconoce la calidad de las aguas, los servicios, la seguridad y la gestión ambiental de un arenal, la Bandera Negra funciona como una denuncia pública. Señala problemas graves de contaminación o de mala gestión del litoral que afectan al entorno costero, aunque la playa mantenga unas buenas condiciones para el baño.

Las Banderas Negras son una iniciativa propia de la organización ecologista Ecologistas en Acción, que desde 2005 publica un informe sobre el estado del litoral español. La entidad concede dos Banderas Negras por cada provincia o ciudad autónoma con costa, siempre por motivos diferentes:

En total, el informe identifica 48 puntos conflictivos repartidos por toda la costa española, con el objetivo de denunciar problemas ambientales y hacer un seguimiento de su evolución año tras año.

Principales motivos por los que una playa recibe una Bandera Negra

El informe correspondiente agrupa ocho grandes categorías, que reflejan cuáles son las amenazas más frecuentes para el litoral español.

Es la causa más habitual. Incluye depuradoras insuficientes, vertidos de aguas residuales, emisarios submarinos con un funcionamiento deficiente y otras incidencias que pueden deteriorar la calidad del agua y afectar a los ecosistemas marinos.

Se refiere a la degradación de hábitats naturales, la destrucción de ecosistemas costeros y el impacto sobre especies protegidas o de especial valor ambiental.

Engloba construcciones, desarrollos urbanísticos e invasiones del dominio público marítimo-terrestre que alteran el equilibrio natural de la costa.

Incluye la presencia de sustancias contaminantes procedentes de actividades industriales, agrícolas o de otros focos que afectan al medio marino.

El exceso de presión turística también figura entre las principales amenazas. La sobreocupación del litoral puede provocar erosión, pérdida de biodiversidad y deterioro de los espacios naturales.

Algunas infraestructuras portuarias o actuaciones para proteger la costa pueden modificar la dinámica natural de las playas y acelerar procesos de erosión.

La acumulación de residuos y la contaminación por plásticos continúan siendo un problema creciente en determinadas zonas del litoral.

También se incluyen actuaciones que ponen en riesgo elementos del patrimonio histórico situados dentro del dominio público marítimo-terrestre.

¿Una Bandera Negra significa que no se puede bañar?

No necesariamente. La Bandera Negra no es una señal oficial para los bañistas, sino un distintivo de carácter ambiental elaborado por una organización ecologista. Por tanto, una playa puede seguir siendo apta para el baño y cumplir todos los requisitos sanitarios establecidos por las autoridades, aunque figure en el informe de Banderas Negras por problemas ambientales en su entorno.

Por qué Canarias tiene cuatro Banderas Negras

Tenerife. La isla recibe dos Banderas Negras por casos relacionados con la contaminación y la mala gestión ambiental. En el sur, el proyecto turístico de lujo Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje, ha sido señalado por Ecologistas en Acción al considerar que las obras continúan pese a carecer de evaluación de impacto ambiental y acumular varias paralizaciones cautelares. La organización sostiene que el desarrollo amenaza especies protegidas, el patrimonio geológico y uno de los últimos tramos de costa del suroeste tinerfeño sin urbanizar, con un proyecto que prevé 3.600 plazas turísticas. La otra Bandera Negra de la provincia corresponde a la playa de Las Teresitas, por contaminación asociada a una gestión deficiente del entorno. El informe denuncia décadas de abandono, con vertidos incontrolados de residuos, ocupación y privatización de espacios públicos, falta de infraestructuras, problemas de accesibilidad y seguridad, además del deterioro del patrimonio natural, cultural y etnográfico en uno de los espacios de ocio más frecuentados de la isla.

Las Palmas. En la isla de Gran Canaria, la costa de Telde recibe una Bandera Negra por contaminación debido a los reiterados episodios vinculados a las jaulas de acuicultura industrial de lubinas. Ecologistas en Acción destaca que la mortandad masiva de peces registrada en octubre de 2025 provocó el cierre de playas como Melenara y Salinetas y extendió la contaminación por buena parte del litoral insular. El colectivo considera que estos episodios evidencian un problema estructural derivado del modelo de producción, con efectos sobre la calidad del agua, los ecosistemas marinos y el uso recreativo de la costa. La segunda Bandera Negra de la provincia de Las Palmas se le concede a Lanzarote por mala gestión vinculada al crecimiento del turismo de cruceros. El informe advierte de que la isla pasará de recibir unos 150.000 cruceristas en 2021 a una previsión de 700.000 en 2026, una presión que genera masificación y contaminación. Entre las consecuencias, señala las colas de vehículos para acceder al Parque Nacional de Timanfaya y los problemas que sufren los residentes de Arrecife, como la escasez de taxis, la saturación de las zonas comerciales y un impacto económico limitado para el comercio local pese a la ampliación de horarios.

Aunque la costumbre del nóctulo gigante (Nyctalus lasiopterus) de cazar pajarillos en vuelo no ha sido documentada por la ciencia hasta hace menos de un año, el pintor flamenco Jan Brueghel el Viejo la plasmó en un cuadro del siglo XVII, según acaba de revelar un equipo de investigadores españoles. En un trabajo publicado este lunes en la revista PNAS, los autores identifican un cuadro pintado en 1611 que representa el momento exacto en el que el depredador intercepta a su presa en pleno vuelo.

La obra El Aire, que se exhibe actualmente en el Museo de Bellas Artes de Lyon, es una minuciosa y extraordinaria alegoría del medio aéreo que representa más de 60 especies de aves y varios murciélagos. Mientras trabajaba en la identificación de monos y loros en cuadros del pasado, el primer autor del trabajo, Pedro Romero-Vidal, reparó en la presencia de los murciélagos en esta obra. En la esquina superior derecha del cuadro le llamó la atención un detalle: el murciélago llevaba un pájaro en la boca, un comportamiento de los nóctulos que no ha sido documentado por científicas españolas hasta el año pasado.

“Pedro vio los murciélagos y parecía que uno de ellos era un nóctulo que lleva un pájaro en la boca”, explica Miguel Clavero, autor senior del artículo e investigador de la Estación Biológica de Doñana (CSIC). “Se lo pasamos a a Elena [Tena] y a Sonia [Sánchez-Navarro] que habían documentado por primera vez el comportamiento de esta especie y nos confirmaron: efectivamente, eso es un nóctulo”, relata. 

Un comportamiento muy esquivo

Hace un año, ambas coautoras utilizaron diminutos dispositivos que registraban sonido, movimiento y altitud para grabar por primera vez la persecución de un nóctulo gigante a un petirrojo europeo, sus llamadas de alarma y los 23 minutos de masticación mientras el murciélago seguía volando. El trabajo, publicado en octubre de 2025 en la revista Science, confirmaba por primera vez con pruebas una estrategia de caza única que se sospechaba desde hace más de dos décadas por la presencia de plumas en los excrementos de estos murciélagos.

“Fue una sorpresa total”, admite Elena Tena, una de las codescubridoras de este comportamiento. “Después de todo lo que nos había costado descubrir cómo el nóctulo grande era capaz de capturar e ingerir aves en pleno vuelo, de repente nos encontrarnos que ya estaba reflejado en este cuadro. Fue llamativo cuanto menos”. Respecto al animal, señala que hay muchos rasgos que permiten identificarlo como un nóctulo grande, desde el tamaño proporcional al ave, el pelo abundante o el tono de color. Pero, sobre todo, la forma de las orejas y las alas. “Otros tienen orejas más largas o puntiagudas y este las tiene un poco chatas, bastante parecidas a los nóctulos”, explica. “Y las alas, con esa forma estrecha, alargada y apuntada, cuadran totalmente con un nóctulo”.

Aunque la escena pintada hace más de 400 años no coincide exactamente con todos los detalles de cómo hoy sabemos que estos murciélagos procesan a sus presas —arrancándoles las alas y consumiéndolas mientras siguen volando—, la especificidad de la imagen demuestra que el pintor ya conocía este hábito alimenticio, según los autores. “El comportamiento no se parece a lo que Brueghel pinta, los murciélagos no vuelan con los pájaros en la boca como si fueran una rapaz llevando a su presa”, señala Clavero a elDiario.es. 

“Que lo lleve en la boca como una rapaz es inviable, porque los murciélagos de noche se guían por el sonido y emiten llamadas para ubicarse y detectar a la presa”, destaca Tena. En sus registro tienen 23 minutos de sonidos mientras se come al ave en vuelo, con llamadas entrecortadas “como si hablara con la boca llena”. Esto les hace pensar que en la época se conocía que los nóctulos comían pájaros, pero no hubo observaciones directas. “Para ser realista, el murciélago estaría sujetando el ave con las patas traseras y adelantándolas hacia la boca”, explica la experta. 

Teniendo en cuenta que estas cacerías se producen durante la noche, en el periodo de migración de las aves paseriformes a una altitud de más de 1.000 metros, es muy improbable que Brueghel o sus contemporáneos lo vieran directamente. “Cuando el ave nota el contacto se deja caer a plomo y el murciélago es capaz de lanzarse tras ella en una persecución trepidante”, explica Clavero. “Creemos que Brueghel pudo conocer este comportamiento en el tiempo en el que estuvo en Italia, que coincide también con el área de distribución del nóctulo grande. Quizás en las colonias de nóctulo habría restos de pájaros y pudo hacer la conexión, porque la observación directa pensamos que es muy difícil”.

Los investigadores consideran que el hallazgo pone de manifiesto el enorme valor que tienen las obras de arte históricas como fuente de información inédita sobre la biodiversidad del pasado. Gracias a la actual digitalización de las colecciones de los museos, los científicos pueden ahora escudriñar pinturas antiguas para recuperar observaciones sobre la fauna que pasaron desapercibidas en su momento. “Revisar fuentes no convencionales te da muy buena información sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza”, resume Clavero. Y nos permite comprender que descubrimientos que creemos muy nuevos, como que los nóctulos comen aves, ya se conocían. “Los cuadros nos permiten darnos cuenta de eso, de que hay muchos conocimientos que existieron y se perdieron”, concluye.

El Parque de las Cuatro Estaciones de Guadalajara tiene más de 150 años de historia. Ha sido un pequeño “pulmón” de la ciudad, un sitio de recreo “intimista” que cuenta además con su propio ecosistema de avifauna y plantas, único en la ciudad. De hecho, está ubicado en la zona del depósito de aguas, junto a la extinta fábrica procesadora de pollos y piensos Avicu.

Este rincón verde ha funcionado históricamente como espacio de esparcimiento para los vecinos y destaca por sus valores naturales y patrimoniales, según el Gobierno regional. Alberga árboles centenarios como acacias de Japón, enormes pinos de Monterrey y ginkgo bilobas, además de sus singulares pájaros, como el autillo.

Ahora está cerrado con motivo de las obras de una actuación urbanizadora que prevé la construcción de 450 viviendas en los terrenos de la ya extinta empresa. Se trata del Plan Especial de Reforma Interior de Mejora (PERIM) de la calle Zaragoza, la vía que da el único acceso al jardín, y ya se han realizado algunas actuaciones como la demolición del muro en forma de ‘L’ de parte del jardín y la construcción de una nueva fuente.

El PERIM data de 2022, cuando gobernaba el PSOE en la ciudad, pero fue la alcaldesa quien firmó en febrero de 2025 el convenio del proyecto con High Innovation Green, S.L (empresa filial del grupo guadalajareño Hercesa), el agente urbanizador de esta planificación, mediante una fórmula que materializa la colaboración público-privada para recuperar este espacio de la ciudad.

Fue el paso definitivo para iniciar la urbanización de este nuevo sector residencial, aprobado por el pleno del Ayuntamiento en abril de 2024, siendo el ámbito del PERIM una manzana de una superficie de casi 76.000 metros cuadrados incluida en el actual casco urbano de Guadalajara.

Y ha sido el inicio de las obras y los últimos detalles conocidos del plan urbanizador lo que ha hecho saltar las alarmas en un asunto muy sensible que parecía haberse solucionado cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha inició los trámites para proteger este jardín como bien integrante del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

Una declaración institucional aprobada por consenso

Además, cuando se aprobó el PERIM con el PSOE en el Ayuntamiento, el pleno municipal también sacó adelante por unanimidad una declaración institucional para su conservación. Entonces, el PP votó a favor. El texto pedía “tener en cuenta la integración de este parque, que debería ser tratado como jardín histórico en el que existen elementos a conservar”.

Pero desde la Asociación Dalma, que lleva años luchando por la conservación del jardín, han puesto el grito en el cielo cuando han conocido los últimos detalles del PERIM de los que les ha informado el concejal de Parques y Jardines, José Luis Alguacil (PP). “No tienen absolutamente nada que ver con lo prometido en la declaración, van a cargárselo, a arrasar con todo”, afirma Juan José Calvo, portavoz de este colectivo ecologista.   

Considera que debe pararse cualquier trabajo que se esté realizando actualmente que pueda suponer “un daño para sus valores”. “Este jardín es una joya, no puede estar integrado como algo más del proyecto urbanizador”, subraya muy indignado.

En concreto, se refiere a la mencionada demolición de parte del muro de ladrillo, destruyendo con ello parte el seto de plantas arizónicas que albergaba una caja-nido de autillos. Dalma quiere que sea sustituido por especies autóctonas y que además el muro no sea sustituido por uno de hormigón, que “rompería con la estética actual”.

En cuanto al cerramiento del jardín que había junto al proyecto urbanizador, este colectivo considera que el Ayuntamiento debería levantar uno propio del parque, independientemente de lo que haga la constructora en sus terrenos para viviendas. “Así no habría que haberlo mantenido cerrado, como está, desde hace tiempo”.

Tres puertas nuevas que harán que sea “una simple zona de paso”

Pero la cuestión más “preocupante” en la que pone el foco es la proyección de tres puertas de acceso. Actualmente, solo hay una, la que permanece cerrada. Eliminar esa y poner otras nuevas “rompería su singularidad” convirtiéndose el jardín “en una simple zona de paso” que haría que perdiera “su intimidad”.

Algo similar ocurre con la rampa interior del jardín. En el PERIM se proyecta la construcción de una nueva. “Es enorme, serviría incluso para camiones, y no tiene ningún sentido”, afirma Juan José Calvo.  

Otro elemento polémico es la fuente que se está construyendo en el interior del jardín. Inicialmente, existía un diseño de 1880, con una estatua de Neptuno, ya desaparecida. La que ahora están reformando es “una aberración”. “Es un simple cubo con luces y chorritos a la que no tienen acceso las aves y con una caja de registros hecha a base de ladrillos en todo el centro del jardín, en vez de hacerlo subterráneo. Horrible”, apunta el presidente de Dalma.

“Nuestra alternativa era recuperar la biodiversidad en base a la eliminación del césped, sustituyéndolo por plantas incluso de floración nocturna, para generar un ecosistema de insectos voladores que promoviera la conservación de los autillos”, añade.

No obstante, lamenta que el colectivo no haya podido detallar ni esta ni otras propuestas al equipo de Gobierno municipal. Sí han enviado la documentación tanto al Ayuntamiento como a Hercesa, y han preguntado en el pleno municipal, pero no han obtenido respuesta.

Ahora, esta asociación mantiene sus esperanzas en el trámite del Gobierno regional para que el Parque de las Cuatro Estaciones sea bien integrante del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Pero ocurre que el inicio del expediente no supone la paralización de las obras por lo que están “desolados” ante “un despropósito de estas características”.

Desde el Gobierno autonómico, el delegado provincial de Cultura en Guadalajara, Ángel Fernández-Montes, ha avanzado a este periódico que efectivamente el expediente para la protección del jardín está en curso y ya se ha elevado a la Viceconsejería de Cultura. La propuesta no incluye solo este espacio verde, sino todo el conjunto hidráulico de la zona, por su “alto valor histórico, arquitectónico, paisajístico y patrimonial”.

“El Ayuntamiento tendría que ser sensible y tener cuidado con todo ello, y no llevar a cabo acciones que luego repercutan o que hagan que se deteriore el espacio y su valor histórico-artístico. De lo contrario, correría peligro”, ha remarcado.

De hecho, ha coincidido con la asociación Dalma en que este jardín es un “refugio de biodiversidad” y eso también “debe respetarse”. Este periódico se ha puesto en contacto con el Gobierno municipal para conocer su versión.

¿Por qué algunas especies invasoras logran establecerse con éxito en nuevos ecosistemas mientras otras fracasan? La pregunta lleva más de siglo y medio dividiendo a los ecólogos desde que Charles Darwin formuló dos hipótesis aparentemente contradictorias para explicar ese fenómeno. Ahora, un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) propone una solución basada en un concepto relativamente reciente conocido como “diversidad oscura”, una herramienta que podría ayudar a reconciliar una de las controversias más persistentes de la ecología moderna.

La denominada paradoja de la naturalización de Darwin surge porque el naturalista británico planteó dos predicciones opuestas. Por un lado, una especie recién llegada tendría más probabilidades de prosperar si está estrechamente emparentada con las especies locales, ya que compartiría con ellas requisitos ambientales similares. Por otro, también argumentó que las especies más alejadas evolutivamente podrían tener ventaja al competir menos por los mismos recursos. Durante más de 160 años, numerosos estudios han respaldado una u otra explicación sin lograr resolver definitivamente cuándo se cumple cada una.

La clave está en las especies ausentes

El nuevo trabajo sostiene que la respuesta no se encuentra únicamente en las especies presentes en un ecosistema, sino también en aquellas que podrían vivir allí pero no lo hacen. Los investigadores denominan a este conjunto “diversidad oscura”. Junto con las especies observadas, esta diversidad oscura forma lo que se conoce como el conjunto regional de especies, es decir, todas aquellas para las que las condiciones ambientales son adecuadas aunque no estén presentes en un lugar determinado.

Este enfoque permite medir, además, la llamada “completitud de la comunidad”, que refleja qué proporción de las especies potencialmente capaces de ocupar un ecosistema está realmente presente. Según los autores, este indicador ofrece una visión mucho más completa del funcionamiento de las comunidades biológicas que la simple contabilización de las especies observadas, una métrica utilizada habitualmente en estudios sobre invasiones biológicas.

Para comprobarlo, el equipo analizó un conjunto de datos excepcional que recoge 340 años de introducciones de peces en 516 lagos suecos, incluyendo tanto intentos exitosos como fracasados. Esta información permitió evaluar con gran detalle qué factores favorecieron o dificultaron el establecimiento de especies exóticas en diferentes contextos ecológicos.

Los resultados mostraron que las dos hipótesis de Darwin pueden ser correctas, pero en circunstancias distintas. En los lagos con conjuntos potenciales de especies más reducidos y donde una gran parte de esas especies ya estaba presente, las especies exóticas estrechamente emparentadas con las nativas tuvieron más probabilidades de establecerse con éxito. En cambio, en los lagos capaces de albergar un mayor número de especies pero con una menor completitud ecológica, las especies más alejadas evolutivamente resultaron más exitosas.

Más allá de contar especies

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que la riqueza de especies observada por sí sola no permitía detectar estos patrones. Los modelos basados únicamente en el número de especies presentes obtuvieron un respaldo considerablemente menor que aquellos que incorporaban información sobre diversidad oscura y completitud de la comunidad. Para los autores, esto demuestra que la capacidad potencial de un ecosistema es tan importante como su estado actual a la hora de entender los procesos de invasión biológica.

La investigación propone así un nuevo marco teórico para estudiar la distribución de las especies y la formación de comunidades ecológicas. Según los investigadores, integrar la diversidad oscura permite explicar por qué estudios anteriores llegaban a conclusiones aparentemente incompatibles sobre el papel del parentesco evolutivo en el éxito de las invasiones. En lugar de elegir entre una de las dos hipótesis de Darwin, el trabajo muestra que ambas pueden coexistir dependiendo de las características del ecosistema analizado.

Las implicaciones van más allá del debate académico. En un contexto marcado por el cambio climático, las alteraciones de los hábitats y la expansión de especies fuera de sus áreas naturales de distribución, disponer de herramientas más precisas para anticipar qué invasiones tienen más probabilidades de prosperar se ha convertido en una prioridad para la conservación. Los autores consideran que la diversidad oscura puede contribuir a mejorar esas predicciones y ofrecer nuevas formas de evaluar cómo responden los ecosistemas a los cambios ambientales que están transformando la biodiversidad mundial.

Si la educación y la sanidad son dos pilares del estado del bienestar, y la sociedad española asume que deben estar garantizados para todos los ciudadanos, ¿por qué no sucede lo mismo con la alimentación? Con unos niveles de pobreza que impiden a cientos de miles de personas el acceso a una dieta saludable, ¿deben ir las administraciones más allá de las tarjetas monedero y las ayudas de entidades sociales? 

Estas son algunas de las ideas detrás de la primera iniciativa en España para promover una prestación universal alimentaria. El informe Aproximación macroeconómica a la Seguridad Social de la Alimentación en el Estado español, presentado este martes, plantea una ayuda de 150 euros al mes para toda la ciudadanía (75 euros para los menores de 25 años dependientes) para costear productos de frescos, de temporada y de proximidad. 

La propuesta nace de la cooperativa catalana El Pa Sencer, vinculada a la agricultura ecológica y la economía solidaria, y el estudio económico lo elabora el Seminari d’Economia Crítica Taifa. “El derecho a una alimentación saludable y suficiente debe ser considerado como un elemento político de justicia”, defiende Francisco Navarro, profesor de Economía en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y uno de los autores del informe. 

A lo largo de los últimos años, países como Bélgica y sobre todo Francia han debatido sobre modelos parecidos. Sobre todo en el país galo, donde se llegó a tramitar en la Asamblea Nacional, a raíz de la propuesta de un diputado ecologista, una ley para permitir proyectos piloto en el territorio sobre una Seguridad Social de la Alimentación (SSA). 

Una de las ciudades donde se está haciendo la prueba es en Montpellier, a través de una Caja Alimentaria Común. Con unas 300 personas desde sus inicios en 2023, el sistema funciona con cotizaciones (en función de los ingresos) que derivan en una prestación que los beneficiarios pueden gastar en determinados comercios alimentarios. Esos locales los selecciona una suerte de consejo ciudadano. 

“En Francia se ha debatido un modelo como el de la Seguridad Social, que funciona a partir de contribuciones, mientras que en España podrían ser a través de los presupuestos generales del Estado, igual que la educación”, sostiene Navarro. 

Con la propuesta de los 150 euros al mes, la más ambiciosa dentro de una serie de escenarios que analiza el estudio, el coste para las arcas públicas sería de 76.800 millones de euros, un 4,7% del PIB. Superior al gasto educativo e inferior al de sanidad. 

Los autores del informe estiman que una parte de ese presupuesto alimentario saldría de una mayor recaudación neta, de unos 13.300 millones, debido al impulso económico a sectores como el primario, con la generación de unos 443.000 nuevos puestos de trabajo. El resto se cubriría mediante impuestos, para lo que el estudio plantea una serie de propuestas “orientativas” que incluyen el IRPF y el aumento de la recaudación de las rentas del capital, los impuestos de Sociedades y Patrimonio, o la eliminación de tipos reducidos en el IVA de productos no esenciales. 

“Es una medida muy potente y es necesario estudiar cómo se pagaría, pero estamos hablando de alimentación, mientras que la OTAN plantea llegar al 5% de gasto militar en 2035 y aquí nadie se plantea cómo se costearía”, compara Navarro. 

Más allá de la prestación de 150 euros, calculada para acercarse al 80% del gasto medio por persona en alimentación en el hogar, el objetivo de esta política pública persigue eliminar la pobreza alimentaria y transformar el modelo económico y agrario relacionado con nuestra cesta de la compra. “El modelo actual es ampliamente ineficiente, insostenible social y ecológicamente, y desarticula el territorio porque ayuda a la despoblación”, señala Navarro. “Necesitamos una política que unifique las transiciones hacia el modelo contrario”. 

La renta alimentaria estaría diseñada, según su propuesta, para consumir solo en establecimientos o productos que sean de proximidad, saludables o incluso ecológicos. Esto, añaden, se podría debatir en consejos ciudadanos o territoriales, y no debería excluir las importaciones necesariamente. De esta forma, ganaría peso un modelo agrario con menos emisiones de CO2 y menos costes de salud asociados.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha dado a conocer este jueves a los 13 galardonados en los Premios Regionales de Medio Ambiente 2026 con los que el Gobierno de Castilla-La Mancha reconoce “iniciativas ejemplares en sostenibilidad, educación ambiental, conservación de la biodiversidad, economía circular y lucha contra el cambio climático”.

Divididos en siete categorías, estos galardones buscan premiar a personas, empresas, colectivos y administraciones de Castilla-La Mancha por su “enorme” compromiso ambiental y su trabajo diario para proteger el entorno y avanzar “hacia una región más sostenible”, explica la Consejería en un comunicado.

Institutos, gestión forestal y jardines

En la categoría de Fomento de la Educación Ambiental, el premio ha recaído en el CEIP ‘Virgen de la Soledad’, de Azuqueca de Henares (Guadalajara), por su proyecto ‘Guardianes de los Bosques’, una iniciativa que fomenta entre el alumnado de Infantil la prevención de incendios forestales y el respeto por la naturaleza a partir del incendio forestal del Pico del Lobo de 2025. Además, este proyecto educativo destaca por su colaboración con la empresa pública Geacam y por aplicar metodologías participativas e innovadoras que implican a toda la comunidad educativa, que promueven valores de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

También ha sido premiado el IES ‘Fernando de los Ríos’, de Villanueva de la Jara (Cuenca), por el desarrollo de proyectos de sensibilización y participación ambiental que convierten al alumnado en protagonista activo del cuidado del entorno. Sus iniciativas fomentan hábitos sostenibles y la implicación de la comunidad educativa en acciones de mejora ambiental.

En la categoría de Medio Natural y Biodiversidad se ha reconocido la labor de la Junta Gestora de Montes de Socios Privados de Lagunaseca (Cuenca), por impulsar un modelo de gestión forestal sostenible y colectiva en cerca de 2.700 hectáreas forestales en plena Serranía conquense, orientado a la conservación de los montes y la biodiversidad y con el reto de aunar a pequeños propietarios privados. Su trabajo contribuye además al desarrollo socioeconómico del medio rural y a la prevención de incendios forestales.

Igualmente, el Jardín Botánico de Albacete ha sido distinguido por su importante labor científica, además de albergar el Banco de Germoplasma Vegetal de Castilla-La Mancha, que conserva más de un millón de semillas de especies amenazadas y de alto valor ecológico. Se ha valorado especialmente su papel como espacio de sensibilización ciudadana y promoción del conocimiento ambiental, fundamentales para la protección de la flora regional y la restauración del medio natural y la biodiversidad.

Periodistas, economía circular y producción sostenible

En la categoría de Cambio Climático, el galardón ha sido para el espacio Ecoplayer de Castilla-La Mancha Media, presentado por la periodista Ana Sevilla, por acercar contenidos divulgativos sobre sostenibilidad y acción climática mediante formatos digitales innovadores y accesibles para todos los públicos. El proyecto destaca por utilizar nuevas formas de comunicación para fomentar la conciencia ambiental entre la ciudadanía más joven.

Asimismo, en la misma categoría, se ha premiado a la periodista y ecoinfluencer Irene del Río, natural de Talavera de la Reina (Toledo), por su destacada trayectoria divulgativa en medios de comunicación y redes sociales. El jurado ha valorado especialmente su capacidad para comunicar de forma cercana y didáctica cuestiones relacionadas con el cambio climático, la meteorología extrema y la sostenibilidad, alcanzando millones de visualizaciones mensuales.

En la categoría de Economía Circular, el reconocimiento ha recaído en Ricopia Technologies S.L., por el proyecto ‘Ecoplayer’, centrado en la remanufactura de impresoras multifunción y la reutilización de componentes tecnológicos. La iniciativa permite reducir residuos electrónicos, prolongar la vida útil de los equipos y promover un modelo económico innovador basado en la eficiencia de recursos y la sostenibilidad.

La Asociación Profesional de Cultivadores de Champiñón de Quintanar del Rey (Cuenca) ha sido también reconocida por impulsar un modelo ejemplar de economía circular basado en la reutilización de residuos orgánicos, la valorización del compost y la sostenibilidad del sector. Se ha valorado especialmente las iniciativas desarrolladas para mejorar la eficiencia en el uso de recursos, fomentar la valorización de subproductos y avanzar hacia modelos de producción más respetuosos con el medio ambiente, consolidando un sector estratégico para Castilla-La Mancha.

Dentro de la categoría de Energías Renovables, Movilidad Sostenible y Eficiencia Energética, se ha distinguido a Areniscas Rosal S.A., de Hellín (Albacete), una empresa con más de 40 años de experiencia y certificaciones de calidad y medio ambiente que ha desarrollado un modelo productivo orientado a la sostenibilidad. Se le galardona por demostrar que es posible compatibilizar actividad extractiva, innovación tecnológica y compromiso ambiental con un impacto positivo y replicable.

Comunidades energéticas, voluntariado, agua y manantiales

También ha sido galardonada la Federación para el Desarrollo de la Sierra y Mancha Conquense (ADESIMAN), por su apuesta por el desarrollo sostenible y la transición energética en el medio rural. La entidad ha puesto en marcha una Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) para un ámbito de actuación de 56 municipios, desde la que presta servicios de difusión, asesoramiento y acompañamiento para promover comunidades energéticas locales, impulsando proyectos de eficiencia energética y energías renovables que contribuyen a fijar población, generar oportunidades económicas y mejorar la calidad de vida en los municipios de la comarca.

En la categoría de Calidad Ambiental, el premio ha recaído en la iniciativa de Limpieza Voluntaria en las Lagunas de Ruidera, nacida en 2014, por movilizar a cientos de voluntarios y entidades en labores de retirada de miles de residuos y en favor de la conservación ambiental de este parque natural. La actuación destaca por fomentar la participación ciudadana y la protección activa de uno de los espacios naturales más emblemáticos de la región, convirtiéndose en una referencia de voluntariado ambiental en Castilla-La Mancha.

Finalmente, en la categoría de Gestión Sostenible del Agua, ha sido reconocida la Mancomunidad de Aguas del Piélago (Toledo), distinguida por su compromiso con una gestión eficiente, sostenible y coordinada de los recursos hídricos en los municipios integrados en la Mancomunidad. El jurado ha valorado especialmente las actuaciones impulsadas para modernizar infraestructuras, mejorar el abastecimiento y optimizar el consumo de agua, contribuyendo a garantizar un servicio más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Por último, la Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca, reconocida por su proyecto de restauración de fuentes y manantiales de la provincia y por la elaboración del Catálogo de Fuentes y Manantiales de Cuenca, una iniciativa centrada en la recuperación y conservación del patrimonio hídrico tradicional de la Serranía conquense. Se ha valorado especialmente su labor de restauración ecológica de fuentes, abrevaderos y manantiales afectados por el abandono y el deterioro, contribuyendo a preservar ecosistemas acuáticos, biodiversidad y elementos históricos vinculados al medio rural.

El acto institucional de entrega de premios se celebrará el próximo 17 de junio en Ocaña (Toledo), bajo el lema ‘Inspirados por la naturaleza. Por el clima. Por nuestro futuro’, sumándose a las numerosas actividades de educación ambiental organizadas por la Consejería en torno al Día Mundial del Medio Ambiente en los centros de educación ambiental provinciales, que se han enmarcado en la iniciativa internacional #PorElClimaYa.

Además, la consejera ha presentado el nuevo diseño del premio que se entregará en esta edición y que es la imagen en bronce de un lince ibérico, creado por una empresa toledana. En este sentido ha puesto en valor los datos recientemente anunciados por el Ministerio, en los que Castilla-La Mancha vuelve a liderar la recuperación de la especie en la Península Ibérica, con un total de 1.051 ejemplares, el 40% del total, y 456 cachorros. “Queremos que nuestros premiados reciban un trocito de nuestros linces”, ha subrayado.

Una decena de colectivos ecologistas han firmado un manifiesto este viernes, 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medioambiente, para exigir que se paralice la construcción del proyecto de la conexión subfluvial, un túnel de 3,2 kilómetros que cruzará por debajo de la ría del Nervión-Ibaizabal, uniendo directamente la rotonda de Artaza (Leioa/Getxo) con la rotonda de Ballonti (Portugalete/Sestao/Trapagaran).

Desde el anuncio del proyecto, cuyas obras con un presupuesto total de 543,7 millones de euros y que comenzarazán este año, la Diputación de Bizkaia defiende que la subfluvial será una alternativa al tensionado puente de Rontegi, único paso de tráfico rodado entre ambas márgenes en 11 kilómetros. Permitirá recorrer en 4 minutos lo que hoy se tarda cerca de 15, siempre que el tráfico sea fluido, y se construirá totalmente soterrado, sin afectar al paisaje ni a la superficie del entorno, según la versión oficial. “Serán dos túneles gemelos, uno para cada sentido, cada uno con dos carriles y arcenes de seguridad, preparados para absorber gran volumen de tráfico y mejorar la fluidez en toda la red viaria. El futuro subfluvial unirá las rotondas de Artaza (Leioa) y Ballonti (Portugalete) en apenas 4 minutos, gracias a un trazado de 3,2 km de túnel y 2 km adicionales de accesos soterrados, descongestionanado ejes saturados como el puente Rontegi, La Avanzada y la A-8 en Barakaldo. El túnel bajo la ría se proyecta como una alternativa que redistribuirá el tráfico y reducirá en 38.000 vehículos diarios de media la carga sobre Rontegi. Según las estimaciones, también aligerará a La Avanzada en 18.500 vehículos diarios y a la A-8 en otros 17.500. Así, el subfluvial registrará una intensidad media de 50.000 vehículos diarios”, informan desde la entidad foral.

Sin embargo, para los colectivos ecologistas entre los que se encuentran Subflubiala EZ (asociación vecinal creada para manifestarse contra este proyecto en concreto), Fridays For Future, Ekologistak Martxan, Sukar Horia, Greenpeace, Jauzi Ekosoziala, Extinction Rebellion, Herri Bideak Kate Barik Elkartea, Euskal Gune Ekosozialista, Eguzki, Meatzaldea Bizirik, Eguzkizaleak Konpartsa y Biziz Bizi, el proyecto supone una “importante amenaza contra el medioambiente”. “La construcción de la autovía subfluvial de Lamiako provocará un deterioro del medioambiente. Para su construcción se destruirán importantes espacios verdes, como el parque Artaza, pulmón verde de Getxo y Leioa, y las bocas del túnel se convertirán en chimeneas de gases contaminantes. Esto tendrá un impacto negativo muy importante en las vecinas de la zona, y especialmente en las personas más vulnerables, como las personas mayores y los niños que estudian en el instituto de Artaza-Romo”, lamentan las asociaciones.

Los niños a los que se refieren los ecologistas en el manifiesto son los alumnos del IES Artaza Romo, en Getxo, cuya dirección ha comunicado a las familias que el alumnado del edificio RomoHandi se trasladará durante el próximo curso 2026/2027 a otros centros del municipio, en concreto al Colegio de Romo y al Colegio de Lamiako por las obras previstas en el centro y que forman parte de las actuaciones necesarias para adaptar el edificio durante el desarrollo del proyecto del subfluvial.

Otra de las cuestiones que critican en relación con el medioambiente es que, según sostienen, “la subfluvial provocará irremediablemente el aumento de las emisiones del sector del transporte, debido al fenómeno de la demanda inducida, tal y como se reconoce en la documentación oficial, con aumentos del tráfico del 33% para 2048”. “De hecho, la declaración de impacto ambiental del proyecto reconoce explícitamente que el proyecto es contrario a los principios de movilidad sostenible recogidos en los planes europeos, estatales y autonómicos, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El planeta está pidiendo ayuda, y esa ayuda requiere detener proyectos ecocidas como la subfluvial, e invertir en fomentar el transporte público y la movilidad activa, reducir la contaminación y proteger los espacios verdes y naturales”, critican los ecologistas.

Por ello, los colectivos firmantes, preocupados por el medio ambiente y comprometidos con la movilidad sostenible, han instado a la Diputación Foral de Bizkaia a que suspenda la construcción de la autovía subfluvial de Lamiako y que “invierta los más de 500 millones de euros presupuestados en políticas de movilidad sostenible, que refuercen el transporte público y desincentiven el uso del automóvil privado”. “Las próximas décadas son decisivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, reducir la contaminación, y recuperar y proteger la biodiversidad y espacios naturales. En concreto, en Euskadi, el sector del transporte es el que más emisiones de gases de efecto invernadero genera, el 41% del total según IHOBE, el único sector en el que siguen aumentando, y la mayoría de esas emisiones provienen del transporte por carretera. Además, produce una importante contaminación atmosférica, debido no solo a las emisiones por el tubo de escape, pero también por las partículas generadas por el desgaste de frenos, asfalto y neumáticos. Esto, unido a la destrucción de espacios naturales para la construcción de grandes autopistas, como el caso de Bolintxu y la Supersur, coloca al sector del transporte como uno de los ejes clave de la acción medioambiental en Euskadi”, han concluido.

El Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un dictamen que resuelve la “nulidad de pleno derecho” de la licencia de El Algarrobico, el hotel inacabado en la playa del mismo nombre de Carboneras (Almería), paralizado por orden de un juez en febrero de 2006 por ubicarse en dominio público marítimo-terrestre y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata. El Consejo resuelve que la licencia es nula por dos motivos: por autorizar la construcción en suelo no urbanizable protegido y por afectar a la servidumbre de costas.

La licencia fue concedida por el Ayuntamiento el 13 de enero de 2003 y sigue en vigor, lo que ha impedido su demolición durante más de veinte años, a pesar de que los tribunales han dictado en torno a medio centenar de resoluciones que constatan su ilegalidad. Entre ellas, sendas sentencias del Tribunal Superior de Andalucía, confirmadas luego por el Tribunal Supremo, que declaran que el suelo sobre el que se asientan debe declararse no urbanizable (algo que el Ayuntamiento cumplió hace apenas un año), y que debe revisarse la licencia, en lo que se está ahora. El Consultivo observa que esta dilación es “inadmisible”, aunque matiza que se debe a una actividad judicial que tiene su origen en la defensa legítima de los derechos del ayuntamiento y de las promotoras.

El dictamen, al que este medio ha tenido acceso, devuelve ahora la revisión al Ayuntamiento, al que el Consultivo pide que le comunique el fin del procedimiento en un plazo máximo de 15 días. El Ayuntamiento, gobernado sucesivamente por alcaldes del PSOE, PP y, ahora, Ciudadanos, ha arrastrado los pies durante décadas para cumplir las resoluciones judiciales que declaran reiteradamente la ilegalidad del hotel. La propia Junta de Andalucía le ha acusado de “prácticas dilatorias” y los tribunales han advertido a sus alcaldes con multas reiteradamente, sin llegar a imponerlas nunca. Estas demoras han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Consistorio está obligado por los tribunales a revisar la licencia desde el verano de 2022, cuando el Tribunal Supremo declaró firme la sentencia del TSJA dictada en 2021 que le obliga a ello. No inició el procedimiento hasta el pasado verano. El pasado 5 de diciembre, apurando el plazo máximo de seis meses que le da la ley, remitió el expediente al Consejo Consultivo, al que entregó un expediente incompleto, lo que obligó al Consultivo a requerirle para que lo corrigiera y demoró otros tres meses la resolución que se ha conocido hoy.

Ahora deberá terminar el procedimiento en los próximos 15 días, aunque el abogado José Ignacio Domínguez, que lleva todos estos años pleiteando en representación de las entidades ecologistas, desconfía: “Creo que el derribo ahora está más cerca por la vía de la nulidad de la licencia [que por la vía de la expropiación, que el Gobierno abrió en febrero de 2025], pero veremos por dónde salen. Es probable que ahora la promotora recurra, ya sea el dictamen, ya cuando el Pleno anule la licencia”, vaticina.

Licencia sobre un planeamiento “no adaptado”

El Consejo Consultivo asegura que su informe no sólo era preceptivo, sino también vinculante para el Ayuntamiento al tratarse de la revisión de un acto nulo. La licencia para construir ese hotel de 20 plantas y más de 400 habitaciones en plena playa de un parque natural sería un acto contrario al ordenamiento jurídico por el que “se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición”, en la definición dada por la ley.

El órgano consultivo andaluz hace un repaso cronológico del polémico edificio, constatando que, aunque el suelo fuese urbanizable en las normas urbanísticas municipales y el propio Ayuntamiento concediera licencia para construir en él en 2003, estaba protegido desde 1994 por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata, y era servidumbre de protección de Costas desde 1988. A partir de entonces, debió aplicarse la Ley de Conservación de Espacios Naturales y la Flora y Fauna silvestres y la Ley de Costas, que impide construir en esos espacios protegidos o a menos de 100 metros desde la línea de ribera.

El Consultivo admite que eso no es obstáculo para que la promotora propietaria “en aquel momento” pudiese pedir una compensación por la desclasificación como suelo urbanizable. Pero no se hizo así, sino que se mantuvo el suelo como urbanizable y se acometieron obras “en una clara manifestación de política de hechos consumados” que ignoraba la protección del lugar. “Todas estas actuaciones posteriores (…) no dan validez a la licencia otorgada”, se resume en la resolución. Todo se hizo “sobre la base de un planeamiento no adaptado” a la protección ambiental y del dominio público marítimo-terrestre vigentes, incluyendo la licencia, que es nula.

Los ecologistas celebran el “fin de la impunidad”

Greenpeace, que ha impulsado durante todos estos años el derribo del hotel, ha celebrado el paso, asegurando que el dictamen es de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento, que en este tiempo ha mostrado una actitud dilatoria de todo lo relativo a la construcción, supuestamente por el temor a tener que compensar económicamente a la promotora, Azata del Sol.

“Hoy celebramos mucho más que la anulación de un permiso de obras; celebramos el fin de la impunidad en nuestras costas”, señala Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España. “Tras años de trampas y desobediencia por parte del Ayuntamiento de Carboneras, ya no quedan más excusas: cada día que el hotel sigue en pie es una afrenta a la justicia y al patrimonio común. Es hora de que entren las máquinas y que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar recupere lo que nunca debieron arrebatarle. El dictamen no es una sugerencia, es el acta de defunción legal del hotel”, reclama Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía.

Los ecologistas consideran que con la licencia anulada (algo que, formalmente, aún no ha ocurrido mientras no se pronuncie el Pleno) se elimina el último obstáculo administrativo para demoler el mamotreto ilegal. “Greenpeace va a proceder a pedir la demolición de forma inmediata ante el Ayuntamiento de Carboneras”, advierte, antes de pedir que los próximos presupuestos reflejen las partidas necesarias para devolver la playa a su estado original. Calcula que el derribo y la restauración costarían unos siete millones de euros.

Ya existe un protocolo de colaboración firmado en 2011 entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía que establece un reparto de tareas: el Estado se encargaría de la demolición y el desescombro, mientras que la Junta asume la restauración ambiental y la gestión de los residuos.

En paralelo, discurre la vía de la expropiación activada por el Gobierno central en febrero de 2025, a la que por ahora no se ha sumado la Junta de Andalucía, y cuyo justiprecio ha sido recurrido por Azata. Greenpeace cree que la nulidad de la licencia es la “llave maestra” que permitiría acelerar este proceso sin que el Ministerio para la Transición Ecológica tenga que hacer frente a una “indemnización abusiva”.

Los ecologistas razonan que si la licencia es nula, Azata no podría exigir indemnizaciones millonarias basadas en una «licencia válida», “ya que esta fue ilegal desde su origen”. “Esto protege las arcas públicas de las pretensiones de la empresa”, que llegó a pedir más de 70 millones de euros en su día, una pretensión rechazada por la Audiencia Nacional. “La Justicia ha dejado claro que quien construye en suelo protegido asume su propio riesgo, y la nulidad de la licencia refuerza que el Ayuntamiento nunca debió otorgar ese permiso”.

Las facturas eléctricas obligan a muchos ayuntamientos a revisar hasta el suelo que pisan los vecinos. Las ciudades buscan calles con menos humo, menos calor retenido y materiales que duren más tiempo sin disparar el gasto público. Esa presión aparece mientras el calentamiento global multiplica las olas de calor, eleva el consumo energético y obliga a cambiar elementos que durante décadas parecían intocables, como el asfalto, las aceras o los sistemas de drenaje.

Los gobiernos municipales intentan reducir las emisiones que generan las obras porque cada reforma añade cemento, transporte pesado y maquinaria que liberan grandes cantidades de dióxido de carbono. También crece la exigencia vecinal para tener barrios con más sombra, menos tráfico agresivo y espacios donde caminar resulte más cómodo durante el verano.

Algunas ciudades ya prueban materiales fabricados con residuos agrícolas o restos industriales para reducir parte de esa contaminación y aprovechar productos que antes acababan desechados. El debate ya no gira solo alrededor del diseño de las ciudades, sino que también alcanza la procedencia de cada material utilizado en la calle.

Barcelona eligió dos asfaltos con menos dióxido de carbono

El Ayuntamiento de Barcelona ha elegido dos propuestas de pavimento para hacer pruebas piloto con materiales que podrían usarse en el futuro en aceras y calzadas, según la información difundida por el consistorio y por BIMSA. El programa forma parte de la convocatoria La sección de calle del siglo XXI, impulsada junto con BIT Habitat y la Diputación de Barcelona.

Una de esas iniciativas seleccionadas, llamada Biochar, plantea reducir cerca del 76% de las emisiones asociadas a la fabricación del asfalto mediante el uso de carbón vegetal obtenido a partir de huesos de aceituna y biomasa de pino. La otra propuesta, denominada RePavimenta, utiliza componentes reciclados para recortar a la mitad las emisiones relacionadas con el dióxido de carbono.

La convocatoria reunió seis propuestas que debían presentar soluciones inexistentes en el mercado. El proyecto Biochar salió adelante gracias al trabajo conjunto de ELSAN, AMSA y la Universitat Politècnica de Catalunya. El material empleado en esa iniciativa fue desarrollado por Carboliva y sustituye el filler calcáreo utilizado de forma habitual en las mezclas asfálticas.

Los responsables del programa municipal señalaron que las nuevas soluciones también permiten introducir tecnologías adicionales y modificar la construcción habitual de las calles para reducir emisiones durante las obras urbanas.

Los ensayos mostraron un firme más resistente ante el agua

El biochar procede de residuos orgánicos como los huesos de aceituna o restos de pino tratados para producir carbón vegetal. Ese componente actúa como depósito de carbono dentro del pavimento y evita parte de las emisiones relacionadas con los materiales tradicionales del asfalto.

Los ensayos realizados por el equipo técnico apuntan además a una resistencia similar o superior a la de las mezclas habituales. Las pruebas registraron mejoras frente al agua, una respuesta más estable ante cambios de temperatura y menos problemas de fisuración. ELSAN destacó además que el sistema podría utilizarse en otras actuaciones urbanas si las pruebas mantienen esos resultados.

La fase de investigación y prototipado seguirá abierta hasta septiembre de 2026. Después arrancarán las pruebas piloto en distintas obras del espacio público de Barcelona bajo la gestión de BIMSA. Los técnicos controlarán el comportamiento del pavimento durante 12 meses para comprobar su resistencia, su duración y la posibilidad de extender el sistema a otros puntos de la ciudad.

Cada uno de los equipos ganadores recibirá 90.000 euros para financiar el diseño, las pruebas y el seguimiento posterior de los materiales. El Ayuntamiento de Barcelona calcula que esa ayuda cubrirá alrededor del 80% del coste total de los proyectos seleccionados.

Barcelona retomó una línea iniciada con el antiguo panot

La iniciativa enlaza con otra convocatoria realizada en 2022 para renovar el tradicional panot barcelonés. Aquella búsqueda ya intentaba conservar la imagen habitual de la baldosa mientras incorporaba materiales reutilizados para reducir las emisiones relacionadas con las obras urbanas.

El nuevo programa amplía ahora esa línea de trabajo y lleva el cambio hasta las capas interiores del asfalto y de las calzadas. El interés municipal pasa por cambiar materiales muy extendidos en la construcción urbana sin alterar el funcionamiento cotidiano de las calles.

Las primeras calles con biochar empezarán a instalarse en 2027

Las nuevas pruebas también persiguen aprovechar residuos agrícolas dentro de procesos industriales que hasta hace poco caminaban por separado. Barcelona pretende comprobar si esos materiales pueden entrar en futuras obras sin elevar costes ni reducir la resistencia del pavimento.

El objetivo municipal consiste en transformar elementos habituales de la calle en superficies capaces de contaminar menos durante su fabricación y durante su vida útil. Las primeras calles con este asfalto empezarán a instalarse en 2027 y servirán para medir si una parte del calor y de las emisiones urbanas puede reducirse desde el propio suelo de la ciudad.

La Asociación Rosalía Alpina denuncia la eliminación de más arbolado por parte del Ayuntamiento de Calahorra. En concreto hablan de nuevas talas que afectan a seis mil metros cuadrados de arbolado que está perpetuando una “grave degradación ambiental en el río Cidacos” por parte del Ayuntamiento de calagurritano “que es quien ha autorizado esta nueva tala”. Autorización que para el grupo ecologista demuestra la “poca sensibilidad” del Consistorio al “promover estas obras en zonas degradadas en donde es necesaria especialmente la biodiversidad”.

Y es que aseguran que estas talas se han realizado “en plena época de reproducción y cría de numerosas especies de aves ligadas al ecosistema de ribera y en una fase especialmente sensible para esta fauna porque la tala se ha llevado a cabo durante el periodo reproductor de la avifauna”.

“No es la primera agresión medioambiental”

No es la “primera agresión” medioambiental que se realiza en esta zona, ya que recuerdan que en la primavera de 2024, “se denunció por primera vez la destrucción de vegetación de ribera de más de cuatro mil metros cuadrados para ampliar la explanada de conciertos del festival Holika”. Una vez denunciados públicamente los hechos, la Consejería de Medio Ambiente de La Rioja finalmente abrió un expediente sancionador. En noviembre, el Ayuntamiento de Calahorra aprobó una sanción de 30.001 euros a la empresa promotora. El 12 de noviembre, te contábamos que Burcor Producciones (empresa promotora del festival Holikla, tendría que pagar al Consistorio de Calahorra 30.000 euros y un céntimo por arrasar el soto junto al Cidacos para ampliar la zona de conciertos del Festival Holika. Si bien inicialmente la sanción había quedado sin efecto, la tramitación posterior acaba ahora en sanción, cuando está a punto de cumplirse un año y, por tanto, prescribir el expediente. La sanción se aprobó en un pleno extraordinario con los votos a favor de PP y PSOE y abstención de Vox. Una sanción que en ningún momento hace alusión a la obligación de la empresa de restituir la zona dañada tal como se había planteado desde un principio por el tipo de atentado ambiental cometido. Choca esta decisión con el hecho de que el mismo Ayuntamiento de Calahorra exigía esa reforestación a la empresa meses antes.

Solicitud de información medioambiental

Ante todos estos hechos, la Asociación Rosalía Alpina ha registrado una solicitud ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja. Por un lado, piden que se informe si por parte de la Consejería de Medio Ambiente se incoó el expediente sancionador o de restauración ambiental relacionado con la destrucción de esta zona junto al recinto del festival Hokila en Calahorra durante el año 2024. Expresamente, solicitan “qué medidas de restauración ambiental fueron exigidas, qué plazos se concedieron para ejecutar la restauración y en caso de incumplimiento, qué actuaciones ha llevado a cabo la Administración y si se han impuesto multas coercitivas o nuevas sanciones. Así como qué medida piensa poner la Consejería para garantizar la restauración efectiva del terreno alterado”.

Y por otro lado, también solicitan información sobre la reforestación que está llevando a cabo la empresa Inmo Arnedo (Grupo Arnedo) en el Villar de Arnedo. En mayo de 2025, Rosalía Alpina denunciaba la reforestación de pinos junto a la Ciudad del Transporte (El Villar de Arnedo y Pradejón) sin estar aprobado el Estudio de Evaluación Ambiental. En concreto, cifraban en 45 las hectáreas que la empresa comenzó a reforestar de las más de 500 previstas. Denuncia a la que también se sumó Ecologistas en Acción.

La reforestación de más de 500 hectáreas (564) de pinos cerca de la Ciudad del Transporte formaba parte del Plan de Renaturalización de la empresa para reducir las emisiones de CO2. Una actuación que rechazan las entidades ecologistas y así lo plasmaron en forma de alegaciones porque “esta reforestación afectaría gravemente a especies de aves esteparias amenazadas y además va contra el Plan de Gestión específico para estos animales”. Aseguran que todavía no han recibido respuesta sobre si la empresa cuenta con la aprobación del estudio de evaluación ambiental y alertan de que “se han detectado nuevas roturaciones de montes con destrucción de vegetación de más tamarices”.

En el escrito a la Consejería competente, Rosalía Alpina pide que se informe si estas últimas actuaciones cuentan con la autorización correspondiente del Gobierno de La Rioja y si el proyecto de reforestación dispone del estudio de evaluación ambiental favorable. Así, “y en caso de no existir tal autorización o aprobación ambiental” quieren saber si estas actuaciones han sido denunciadas, inspeccionadas o sancionadas; si se ha incoado expediente sancionador o de restauración de la legalidad ambiental; y qué medidas cautelares o de restauración se han adoptado o se prevén adoptar“.

Un reciente estudio ha revelado un dato fundamental para la lucha contra la crisis climática en la península ibérica. Y es que, según todas una serie expertos, las praderas marinas y las marismas costeras de España y Portugal consiguen retener una cantidad de carbono que equivale al 25% de las emisiones anuales totales de ambos países. Este hallazgo subraya la importancia crítica de proteger estos ecosistemas litorales, no solo para salvaguardar la biodiversidad local, sino también para asegurar su función como sumideros activos que evitan el retorno del gas a la atmósfera. La investigación ha sido impulsada de forma pionera por el Grupo Español de Expertos en Ecosistemas de Carbono Azul (G3ECA), una red liderada desde el centro CEAB-CSIC.

El objetivo principal de este trabajo es generar un conocimiento científico integrado que permita apoyar la gestión pública y la acción climática efectiva en toda la región. Estos resultados plantean un cambio de paradigma en la forma en que se perciben las costas ibéricas dentro de las estrategias de mitigación nacionales vigentes. Este primer inventario conjunto destaca por su exhaustividad al analizar tanto la biomasa viva de las plantas, como sus hojas y tallos, como el carbono depositado en los sedimentos marinos. La investigación integra cálculos detallados sobre dos tipos de hábitats esenciales conocidos como ecosistemas de carbono azul: los sumergidos y los parcialmente inundados. 

De este modo, se han evaluado las praderas marinas y las marismas de las costas peninsulares lusas y españolas, incluyendo también los territorios insulares del Estado español. La metodología empleada no se limitó a una campaña de campo puntual, sino que recopiló y procesó toda la información científica disponible hasta el momento actual. El equipo revisó un total de sesenta publicaciones previas e informes técnicos, sumando datos inéditos aportados por los propios investigadores participantes en el proyecto. Esta base de datos resultante ha permitido alcanzar una de las evaluaciones con mayor resolución publicadas a nivel internacional hasta la fecha.

Las cifras que arroja el estudio son impresionantes y demuestran el potencial de los 1.976 kilómetros cuadrados de ecosistemas litorales analizados. Se estima que estos espacios retienen 95 teragramos de dióxido de carbono equivalente, una cifra cercana a la cuarta parte de las emisiones conjuntas registradas en el año 2022. Además de la reserva estática, se calcula que estos sumideros naturales siguen capturando carbono a un ritmo medio de 0,15 teragramos anuales. Este proceso de acumulación constante convierte a las costas en toda una fuerza ecológica, aliadas dinámicas frente al calentamiento global provocado por las actividades humanas industriales. 

El inventario utiliza modelos avanzados para estimar cómo se ha producido esta acumulación de carbono a lo largo del tiempo histórico. Los autores insisten en que estas cantidades, expresadas en unidades estándar de comparación, validan la eficiencia de los procesos biológicos marinos. El estudio ofrece así una fotografía precisa de la capacidad de absorción de nuestro entorno costero más inmediato. El liderazgo científico de esta investigación recae en figuras como Nerea Piñeiro-Juncal, de la Universidad de Vigo, y Miguel Ángel Mateo, perteneciente al CEAB-CSIC. El trabajo es el resultado de una colaboración masiva que incluye la firma de decenas de investigadores de diversas instituciones científicas de España y Portugal. 

Según los autores principales, este estudio permite evaluar de forma conjunta el papel climático del litoral por primera vez en la historia regional. La relevancia de los hallazgos trasciende el ámbito académico para convertirse en una base científica común necesaria para las futuras políticas estatales. El mensaje de los expertos es claro: la conservación y restauración de estos hábitats deben ser reforzadas con urgencia máxima. Se espera que este inventario sirva como guía para iniciativas de acción climática basadas íntegramente en el carbono azul.

No obstante, el estudio también lanza una advertencia seria sobre las consecuencias de la degradación de estos hábitats críticos para el equilibrio del planeta. La investigación calcula que la pérdida de extensión de estos ecosistemas durante el último siglo ya ha liberado entre 11 y 27 teragramos de CO2. Si la tendencia actual de destrucción continúa, se prevén emisiones adicionales de hasta 5,6 teragramos en los próximos treinta años. Este escenario de riesgo refuerza la necesidad de intensificar los esfuerzos de protección para evitar que el carbono almacenado regrese al aire. La capacidad de almacenamiento puede revertirse rápidamente cuando los hábitats desaparecen, transformando un sumidero beneficioso en una fuente de emisiones dañina. 

Con todo ello, los científicos subrayan que evitar la degradación actual es una prioridad mucho más eficaz que intentar restaurar zonas dañadas. La destrucción de estos hábitats no solo anula su capacidad futura, sino que destruye reservas acumuladas durante mucho tiempo. Dentro del conjunto de ecosistemas estudiados, las praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo ocupan un lugar de especial relevancia por su enorme capacidad. Esta especie endémica destaca por albergar algunas de las mayores reservas de carbono de toda la región gracias a su estructura biológica única. Estos bosques sumergidos tienen la capacidad excepcional de retener el carbono orgánico durante siglos e incluso milenios en sus sedimentos profundos. 

Una herramienta de bajo coste

Sin embargo, la degradación de estos hábitats milenarios es un proceso cuya recuperación resulta extremadamente difícil y lenta para los seres humanos. Perder estas praderas no solo implica liberar carbono antiguo, sino también poner en riesgo la biodiversidad y la protección natural de la línea de costa. El proceso de captación se realiza mediante la fotosíntesis, fijando el dióxido de carbono atmosférico en los tejidos vegetales y el suelo marino. La protección de la Posidonia se convierte así en un pilar estratégico para la resiliencia climática del arco mediterráneo peninsular.

Los autores defienden que conservar praderas y marismas no es solo una cuestión de ecología o de belleza del paisaje natural. Se trata de una herramienta tecnológica natural clave para frenar el calentamiento global de manera eficiente y a un bajo coste relativo. La integración de estos datos en los inventarios nacionales de emisiones permitiría a ambos países cumplir con sus objetivos internacionales de forma sólida. El estudio confirma que el litoral ibérico posee un tesoro invisible que trabaja incansablemente para mitigar el impacto de los gases de efecto invernadero. Es fundamental que la gestión pública adopte estas evidencias científicas para priorizar la salud de nuestros humedales y praderas costeras. El futuro de la acción climática en la región depende, en gran medida, de nuestra capacidad para proteger estos sumideros azules.

Una decena de organizaciones ambientales han dirigido una carta a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, y a la Autoridad Administrativa CITES de España (contra el comercio de animales), así como al Ministerio para la Transición Ecológica en la que expresan su “profunda preocupación” al traslado de las orcas Wikie y Keijo desde Marineland Antibes (Francia) a Loro Parque, en Tenerife.

La semana pasada el Gobierno de Francia dio un giro en su postura sobre las dos orcas que permanecen encerradas en el zoológico clausurado Marineland. Así, el Ministerio de Transición Ecológica francés, que antes apostaba por enviar los ejemplares a un santuario en Canadá, sostiene ahora que Loro Parque es la única solución para Wikie (24 años) y su hijo Keijo (11). Los animales llevan más de un año encerrados en un tanque después de que la ley de bienestar animal francesa aprobada en 2021 prohibiera los espectáculos con cetáceos. 

Las entidades firmantes de la carta consideran, sin embargo, que dicho traslado “no responde al interés ni al bienestar de los animales, sino a la continuidad de un modelo de cautividad ampliamente cuestionado por organizaciones científicas, veterinarias y de protección animal a nivel internacional”.

España, recuerdan, ya manifestó anteriormente reservas y objeciones respecto a la idoneidad de las instalaciones de Loro Parque para albergar a estas orcas. Por ello, entienden que las condiciones que motivaron esa oposición “no han cambiado y que el bienestar físico y psicológico de Wikie y Keijo seguiría viéndose comprometido en un entorno de cautividad permanente”. 

Por ello, piden formalmente que el Ministerio “mantenga su oposición a este traslado y no conceda las autorizaciones necesarias para su importación y permanencia en territorio español”. 

Las organizaciones destacan que las orcas son animales altamente inteligentes, sociales y con necesidades complejas incompatibles con espacios reducidos y espectáculos de entretenimiento. Diversos estudios científicos han documentado los efectos negativos de la cautividad en cetáceos, incluyendo estrés crónico, alteraciones conductuales y reducción de la esperanza de vida, señalan.

Las entidades opinan que España tiene la oportunidad y la responsabilidad de “situarse del lado de la protección y el bienestar animal, rechazando decisiones que perpetúen el uso de cetáceos con fines comerciales”. 

Además, de rechazar el traslado, piden que se prioricen alternativas centradas en el bienestar animal y alejadas de la explotación en cautividad y que el Ministerio actúe con transparencia e informe públicamente sobre cualquier procedimiento o solicitud relacionada con este posible traslado.

Las organizaciones firmantes son Océanos de vida libre, One Voice, Imagine Canarias, Proda (profesionales para la defensa animal), C´est Assez, Tilikum´s Spirit, Free The Animal, Get Free y Animal Save Movemet.

Las voces que claman contra el intento de abrir en canal la provincia de Guadalajara para extraer oro se escuchan estos días en Bruselas.

La Plataforma Valle Cañamares–Sierra Norte, que lleva meses luchando para parar el proyecto minero que se cierne sobre la Sierra Norte de Guadalajara, participa desde este miércoles y hasta el próximo viernes en el II Encuentro Internacional de Pueblos Contra el Extractivismo, en el que una veintena de organizaciones de América Latina y Europa están trasladando a las instituciones europeas su “preocupación” ante los proyectos estratégicos de minería que se están planteando y la “amenaza” sobre la protección europea del agua.

Se celebra en la capital belga y en él participan líderes y lideresas del Frente Nacional Antiminero y Ecuarunari (la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador); del Congreso de los Pueblos, USO y CUT de Colombia; de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec de México; y del Observatorio Petrolero Sur y Marabunta de Argentina. También activistas de las resistencias a los proyectos mineros en el Estado español, en especial de comunidades autónomas con proyectos declarados estratégicos por la Unión Europea como los de Galicia, Andalucía y Extremadura.

Raúl García es la persona que representa a la plataforma guadalajareña, formada por ayuntamientos, asociaciones y vecinas y vecinos afectados por el proyecto minero de Oroberia en la Sierra Norte de Guadalajara, en este foro.

Cuenta a elDiario.es Castilla-La Mancha que durante estos días mantendrán reuniones en el Parlamento Europeo “para trasladar nuestra preocupación ante los proyectos estratégicos de minería y la amenaza sobre la protección europea del agua”.

“Defenderemos una idea clara: la transición ecológica no puede hacerse a costa de destruir territorios rurales, acuíferos, biodiversidad y comunidades que llevan años cuidando y protegiendo la vida”, señala.

Este miércoles ya se han reunido con dos eurodiputados españoles, Ana Miranda, del Grupo de los Verdes, y Nicolás González Casares, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. “Les hemos contado las problemáticas que tenemos cada organización. En nuestro caso, hemos denunciado que el proyecto minero que quieren empezar a hacer con las catas, en un territorio despoblado de Castilla-La Mancha, sería algo que perjudicaría el medio de vida que tenemos y no traería nada bueno ni al medioambiente ni a la comunidad”, explica Gacía.

15.000 hectáreas afectadas

El plan minero que afectaría a la Sierra Norte de Guadalajara plantea buscar oro y otros metales en varias parcelas que suman una superficie de casi 15.000 hectáreas en este entorno natural de alto valor ecológico.

La empresa promotora de esta iniciativa, la minera australiana Global Mining Enterprises PTYLD -que opera a través de su filial española Oroberia SLU- planteó de inicio tres proyectos: GUA, DALA, y JARA, registrados en agosto de 2025.

Oroberia ya quitó hierro a las preocupaciones expresadas por vecinos y vecinos, en declaraciones a este medio, sobre el impacto en el territorio. Mantiene que su proyecto generará “empleo directo e indirecto” y que lo hará respetando “el entorno”. En su argumento, esgrimen también la necesidad de “autonomía estratégica de Europa en el acceso a materias primas”. 

El proyecto GUA se desarrollaría en las localidades de San Andrés del Congosto, La Toba, Pinilla de Jadraque y Medranda; el proyecto DALA comprendería a Congostrina, Robledo de Corpes, La Bodera, Atienza, Hiendelaencina y Pálmaces de Jadraque; mientras que JARA afectaría a La Miñosa, La Bodera, Riofrío del Llano, Atienza, Sigüenza y La Olmeda de Jadraque -estos cuatro últimos municipios aspiran a convertirse en Patrimonio de la Humanidad-.

El permiso inicialmente solicitado por Oroberia arrancaría con una investigación durante tres años para llevar a cabo una fase inicial de seis sondeos en cada uno de los proyectos, a la que seguiría una segunda fase con otros seis sondeos en cada una de las tres ubicaciones, con una profundidad de entre 300 y 400 metros.

Que la promotora decidiera dividir en tres su proyecto tiene su razón de ser en el tipo de evaluación de impacto ambiental al que se deberían someter: sería más simple y rápida en caso de que la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible hubiera dado el visto bueno. Pero no resultó. El Gobierno de Castilla-La Mancha resolvió el pasado mes de noviembre que, si Oroberia quería seguir adelante con sus planes mineros, tendría que presentar un único proyecto que se sometería a un 'examen' de impacto ambiental más exigente y minucioso.

Quedaba así cerrado el expediente para GUA, DALA y JARA. Sin embargo, la propia Oroberia confirmó en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha que seguirá adelante con el proyecto y presentará una evaluación completa tal y como le han pedido desde Desarrollo Sostenible, aunque no se ponen plazos para realizar los estudios.

Un problema global

Otra de las plataformas que acompaña a García dentro de este foro lucha contra la reapertura de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla, que tiene permiso para retomar su actividad y empezar a producir de nuevo en 2028, justo cuando se cumplirían 30 años del desastre ambiental que se produjo tras la rotura de la balsa de residuos.

Cristóbal López, portavoz de Ecologistas en Acción, cuenta desde Bruselas que los asistentes van a decidir líneas de actuación, establecer estrategias comunes y afrontar el problema de forma global. “La minería de metales es un problema global, no es un problema solo de Guadalajara. La misma empresa que trabaja en una zona también está en otros países. Entonces tenemos un problema transnacional y no solo local”.

Desde Ecologistas en Acción señalan que la coalición internacional antiextractivista ya denunció en noviembre de 2025, en la Cumbre de los Pueblos de Belém do Pará (Brasil), paralela a la COP30, “cómo el discurso de la transición energética y el desarrollo sostenible lleva aparejada una carrera por los materiales críticos (litio, cobalto, níquel, entre otros) que acelera la expansión de la explotación del territorio y refuerza la dependencia”.

Por ello, este nuevo encuentro en Bruselas, tras el celebrado en Belém el año pasado, “quiere señalar cómo las políticas europeas contribuyen a ampliar las fronteras extractivas dentro y fuera de la UE”, señalan desde la organización ecologista.

Los mapas costeros cambiaron en varios países del golfo Pérsico cuando comenzaron a aparecer barrios enteros levantados sobre terreno ganado al mar. En Emiratos Árabes Unidos, Catar o Baréin, esas obras obligaron a transportar enormes cantidades de arena y roca, además de reorganizar puertos, accesos y líneas de suministro para crear suelo donde antes solo había agua.

Las grandes islas artificiales modernas suelen asociarse a hoteles, urbanizaciones o centros financieros, aunque detrás de ellas hay también decisiones políticas y una enorme capacidad para coordinar trabajadores, materiales y maquinaria durante años. Ese tipo de construcciones alteró incluso la forma de entender el paisaje costero en algunas regiones, porque muchas pasaron de tener una línea de costa sencilla a contar con penínsulas y superficies nuevas diseñadas desde cero.

Las islas artificiales tampoco son un invento reciente. Muchas sociedades antiguas ya modificaban lagos y zonas inundadas para crear espacios apartados del territorio habitual, aunque con técnicas mucho más rudimentarias y objetivos distintos a los actuales.

La Universidad de Southampton situó un islote escocés en el Neolítico

Un estudio publicado en Advances in Archaeological Practice y recogido por la Universidad de Southampton reveló que bajo el crannog de Loch Bhorgastail, en las Hébridas Exteriores de Escocia, existe una plataforma de madera construida hace más de 5.000 años.

El equipo trabajó junto con la Universidad de Reading y descubrió que la pequeña isla rocosa visible en la actualidad ocultaba una estructura circular levantada con troncos y ramas varios siglos antes de algunas de las fases más conocidas de Stonehenge. Las dataciones por radiocarbono situaron la primera construcción entre el 3500 y el 3300 antes de Cristo. Ese resultado cambió la cronología habitual de los crannogs escoceses, asociados durante décadas a la Edad del Hierro y a periodos medievales.

Los investigadores explicaron que la estructura original medía unos 23 metros de diámetro y descansaba bajo varias capas añadidas mucho tiempo después. La existencia de un crannog neolítico tan antiguo abrió la posibilidad de que otras islas artificiales de Escocia también tengan orígenes anteriores a los calculados hasta ahora. El trabajo señala además que aquellas comunidades no levantaban solo tumbas o monumentos ceremoniales, ya que también modificaban lagos completos para crear superficies separadas de la vida cotidiana en tierra firme.

El fondo del lago guardó vasijas usadas en reuniones colectivas

La parte más reveladora del yacimiento apareció alrededor de la isla y no sobre ella. Los arqueólogos recuperaron cientos de fragmentos de cerámica neolítica del fondo del lago, entre ellos restos de cuencos y vasijas que todavía conservaban señales de hollín y restos de comida. La acumulación de materiales llevó al equipo a pensar que los recipientes fueron arrojados deliberadamente al agua después de ser utilizados.

Los investigadores relacionaron esos hallazgos con reuniones comunitarias y con posibles actividades rituales desarrolladas alrededor del crannog. Stephanie Blankshein, arqueóloga de la Universidad de Southampton responsable del proyecto, explicó que “los crannogs son pequeñas islas artificiales que suelen tener miles de años”.

La isla tampoco permaneció igual durante toda su historia. Aproximadamente 2.000 años después de la primera construcción, otras comunidades añadieron nuevas capas de ramas y piedra durante la Edad del Bronce Media. Más adelante hubo otra fase de actividad en la Edad del Hierro.

Ese uso repetido durante milenios indica que el lugar mantuvo una función especial para grupos humanos muy distintos. Los arqueólogos localizaron además una calzada de piedra hoy sumergida que conectaba el islote con la orilla del lago y permitía acceder al lugar de forma organizada.

El equipo adaptó cámaras especiales para trabajar junto a la orilla

El estudio presentó también un problema técnico poco habitual. Las zonas de aguas poco profundas dificultan el trabajo arqueológico porque los métodos terrestres dejan de funcionar más allá de la orilla y muchos equipos submarinos están preparados para mayor profundidad.

Esa franja intermedia suele quedar fuera de numerosos registros arqueológicos. Para resolverlo, el equipo desarrolló un sistema portátil de estereofotogrametría adaptado a esas condiciones. La técnica permitió generar modelos digitales tridimensionales a partir de fotografías tomadas desde distintos ángulos. Las imágenes submarinas se unieron después con registros captados mediante drones y trabajos realizados en tierra hasta formar un único modelo continuo del yacimiento.

La investigación sobre los crannogs neolíticos de las Hébridas Exteriores comenzó en 2009, cuando Loch Bhorgastail fue identificado por primera vez. Tres años después, Chris Murray, vecino de Lewis y antiguo buceador de la Marina Real, encontró cerámica neolítica muy bien conservada en otro lago cercano a varios islotes artificiales.

Aquellos fragmentos impulsaron nuevas campañas arqueológicas y terminaron abriendo una línea de trabajo que ahora apunta a la existencia de más estructuras ocultas bajo los lagos escoceses. Muchas siguen cubiertas por agua y apenas muestran desde la superficie unas pocas piedras oscuras.

El Ripollès acumula montañas de troncos tras tres ventadas seguidas que dejaron bosques enteros por el suelo. Ayuntamientos, ganaderos y brigadas forestales trabajan desde febrero entre caminos cerrados y laderas bloqueadas. La retirada avanza despacio porque muchas zonas solo admiten maquinaria pesada o sistemas de cable para sacar la madera caída.

Según La Vanguardia, el Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès calcula que han caído 23.500 toneladas de árboles, sobre todo pino negro y silvestre. Esa cifra multiplica varias veces la madera que suele extraerse en un año en los montes municipales de la comarca.

El CEIN pidió retirar media masa forestal antes de agosto

Jaume Guàrdia, representante de la Associació de Propietaris Rústics de la Vall de Camprodon, explicó que “el dinero invertido en la extracción de la madera supera en muchos casos el valor de la propia madera”. Muchos propietarios arrastran dificultades para asumir trabajos caros en parcelas inclinadas y de acceso complicado. Además, Joan Moret, ganadero de Llanars afectado por el temporal, afirmó que “esto será un polvorín” si los restos continúan en el bosque dentro de dos años.

Gerard Vila, director técnico del CEIN, señaló que “nos gustaría que el 50% de esta madera se eliminase antes de agosto”. Las tareas avanzan con lentitud porque varios municipios todavía tramitan contratos y permisos para abrir pistas forestales. En Vilallonga de Ter apenas se ha retirado una parte pequeña de las cerca de 100 hectáreas dañadas por el viento. Pere Sau, el alcalde de la localidad, también explicó que algunos troncos tendrán que salir mediante cable por la fuerte pendiente del terreno.

Los técnicos vigilaron insectos atraídos por la madera caída

Amadeu Rosell, alcalde de Llanars y presidente del Consell Comarcal del Ripollès, reconoció que la acumulación de restos forestales supone “un peligro latente”. Los técnicos siguen con atención la aparición de escarabajos que prosperan en madera muerta y luego atacan árboles sanos.

Tània Giró, responsable comarcal del Departament d’Agricultura, recordó que “cuanta más madera se retire, menos riesgo de propagación de plagas habrá”. La Generalitat mantiene abiertas comunicaciones para agilizar las cortas en terrenos afectados.

Las rachas arrasaron valles enteros durante tres meses seguidos

Los daños también alcanzaron caminos turísticos, líneas eléctricas y equipamientos municipales. Josep Coma, alcalde de Molló, admitió que “estamos superados por los destrozos”. El camino de la retirada entre Molló y Prats de Molló continúa impracticable tras las rachas de viento. En varios pueblos hubo cortes de telefonía y fibra óptica, mientras una ráfaga arrancó parte de la cubierta del polideportivo de la zona.

Nadie en la comarca recuerda un episodio parecido. Las ventadas golpearon la Vall de Ribes y la Vall de Camprodon en febrero, marzo y abril con rachas muy fuertes. Los técnicos sitúan la afectación pública en unas 350 hectáreas. También hubo daños destacados en Campelles, Ribes de Freser y Planoles, donde decenas de hectáreas quedaron cubiertas por árboles arrancados de cuajo.

El CREAF recordó que la madera muerta también ayuda a varias especies y aporta nutrientes al suelo. Aun así, los investigadores consideran necesario retirar grandes acumulaciones tras temporales intensos para reducir el riesgo sanitario en los bosques más castigados.