Una decena de colectivos ecologistas han firmado un manifiesto este viernes, 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medioambiente, para exigir que se paralice la construcción del proyecto de la conexión subfluvial, un túnel de 3,2 kilómetros que cruzará por debajo de la ría del Nervión-Ibaizabal, uniendo directamente la rotonda de Artaza (Leioa/Getxo) con la rotonda de Ballonti (Portugalete/Sestao/Trapagaran).

Desde el anuncio del proyecto, cuyas obras con un presupuesto total de 543,7 millones de euros y que comenzarazán este año, la Diputación de Bizkaia defiende que la subfluvial será una alternativa al tensionado puente de Rontegi, único paso de tráfico rodado entre ambas márgenes en 11 kilómetros. Permitirá recorrer en 4 minutos lo que hoy se tarda cerca de 15, siempre que el tráfico sea fluido, y se construirá totalmente soterrado, sin afectar al paisaje ni a la superficie del entorno, según la versión oficial. “Serán dos túneles gemelos, uno para cada sentido, cada uno con dos carriles y arcenes de seguridad, preparados para absorber gran volumen de tráfico y mejorar la fluidez en toda la red viaria. El futuro subfluvial unirá las rotondas de Artaza (Leioa) y Ballonti (Portugalete) en apenas 4 minutos, gracias a un trazado de 3,2 km de túnel y 2 km adicionales de accesos soterrados, descongestionanado ejes saturados como el puente Rontegi, La Avanzada y la A-8 en Barakaldo. El túnel bajo la ría se proyecta como una alternativa que redistribuirá el tráfico y reducirá en 38.000 vehículos diarios de media la carga sobre Rontegi. Según las estimaciones, también aligerará a La Avanzada en 18.500 vehículos diarios y a la A-8 en otros 17.500. Así, el subfluvial registrará una intensidad media de 50.000 vehículos diarios”, informan desde la entidad foral.

Sin embargo, para los colectivos ecologistas entre los que se encuentran Subflubiala EZ (asociación vecinal creada para manifestarse contra este proyecto en concreto), Fridays For Future, Ekologistak Martxan, Sukar Horia, Greenpeace, Jauzi Ekosoziala, Extinction Rebellion, Herri Bideak Kate Barik Elkartea, Euskal Gune Ekosozialista, Eguzki, Meatzaldea Bizirik, Eguzkizaleak Konpartsa y Biziz Bizi, el proyecto supone una “importante amenaza contra el medioambiente”. “La construcción de la autovía subfluvial de Lamiako provocará un deterioro del medioambiente. Para su construcción se destruirán importantes espacios verdes, como el parque Artaza, pulmón verde de Getxo y Leioa, y las bocas del túnel se convertirán en chimeneas de gases contaminantes. Esto tendrá un impacto negativo muy importante en las vecinas de la zona, y especialmente en las personas más vulnerables, como las personas mayores y los niños que estudian en el instituto de Artaza-Romo”, lamentan las asociaciones.

Los niños a los que se refieren los ecologistas en el manifiesto son los alumnos del IES Artaza Romo, en Getxo, cuya dirección ha comunicado a las familias que el alumnado del edificio RomoHandi se trasladará durante el próximo curso 2026/2027 a otros centros del municipio, en concreto al Colegio de Romo y al Colegio de Lamiako por las obras previstas en el centro y que forman parte de las actuaciones necesarias para adaptar el edificio durante el desarrollo del proyecto del subfluvial.

Otra de las cuestiones que critican en relación con el medioambiente es que, según sostienen, “la subfluvial provocará irremediablemente el aumento de las emisiones del sector del transporte, debido al fenómeno de la demanda inducida, tal y como se reconoce en la documentación oficial, con aumentos del tráfico del 33% para 2048”. “De hecho, la declaración de impacto ambiental del proyecto reconoce explícitamente que el proyecto es contrario a los principios de movilidad sostenible recogidos en los planes europeos, estatales y autonómicos, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El planeta está pidiendo ayuda, y esa ayuda requiere detener proyectos ecocidas como la subfluvial, e invertir en fomentar el transporte público y la movilidad activa, reducir la contaminación y proteger los espacios verdes y naturales”, critican los ecologistas.

Por ello, los colectivos firmantes, preocupados por el medio ambiente y comprometidos con la movilidad sostenible, han instado a la Diputación Foral de Bizkaia a que suspenda la construcción de la autovía subfluvial de Lamiako y que “invierta los más de 500 millones de euros presupuestados en políticas de movilidad sostenible, que refuercen el transporte público y desincentiven el uso del automóvil privado”. “Las próximas décadas son decisivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, reducir la contaminación, y recuperar y proteger la biodiversidad y espacios naturales. En concreto, en Euskadi, el sector del transporte es el que más emisiones de gases de efecto invernadero genera, el 41% del total según IHOBE, el único sector en el que siguen aumentando, y la mayoría de esas emisiones provienen del transporte por carretera. Además, produce una importante contaminación atmosférica, debido no solo a las emisiones por el tubo de escape, pero también por las partículas generadas por el desgaste de frenos, asfalto y neumáticos. Esto, unido a la destrucción de espacios naturales para la construcción de grandes autopistas, como el caso de Bolintxu y la Supersur, coloca al sector del transporte como uno de los ejes clave de la acción medioambiental en Euskadi”, han concluido.

El Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un dictamen que resuelve la “nulidad de pleno derecho” de la licencia de El Algarrobico, el hotel inacabado en la playa del mismo nombre de Carboneras (Almería), paralizado por orden de un juez en febrero de 2006 por ubicarse en dominio público marítimo-terrestre y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata. El Consejo resuelve que la licencia es nula por dos motivos: por autorizar la construcción en suelo no urbanizable protegido y por afectar a la servidumbre de costas.

La licencia fue concedida por el Ayuntamiento el 13 de enero de 2003 y sigue en vigor, lo que ha impedido su demolición durante más de veinte años, a pesar de que los tribunales han dictado en torno a medio centenar de resoluciones que constatan su ilegalidad. Entre ellas, sendas sentencias del Tribunal Superior de Andalucía, confirmadas luego por el Tribunal Supremo, que declaran que el suelo sobre el que se asientan debe declararse no urbanizable (algo que el Ayuntamiento cumplió hace apenas un año), y que debe revisarse la licencia, en lo que se está ahora. El Consultivo observa que esta dilación es “inadmisible”, aunque matiza que se debe a una actividad judicial que tiene su origen en la defensa legítima de los derechos del ayuntamiento y de las promotoras.

El dictamen, al que este medio ha tenido acceso, devuelve ahora la revisión al Ayuntamiento, al que el Consultivo pide que le comunique el fin del procedimiento en un plazo máximo de 15 días. El Ayuntamiento, gobernado sucesivamente por alcaldes del PSOE, PP y, ahora, Ciudadanos, ha arrastrado los pies durante décadas para cumplir las resoluciones judiciales que declaran reiteradamente la ilegalidad del hotel. La propia Junta de Andalucía le ha acusado de “prácticas dilatorias” y los tribunales han advertido a sus alcaldes con multas reiteradamente, sin llegar a imponerlas nunca. Estas demoras han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Consistorio está obligado por los tribunales a revisar la licencia desde el verano de 2022, cuando el Tribunal Supremo declaró firme la sentencia del TSJA dictada en 2021 que le obliga a ello. No inició el procedimiento hasta el pasado verano. El pasado 5 de diciembre, apurando el plazo máximo de seis meses que le da la ley, remitió el expediente al Consejo Consultivo, al que entregó un expediente incompleto, lo que obligó al Consultivo a requerirle para que lo corrigiera y demoró otros tres meses la resolución que se ha conocido hoy.

Ahora deberá terminar el procedimiento en los próximos 15 días, aunque el abogado José Ignacio Domínguez, que lleva todos estos años pleiteando en representación de las entidades ecologistas, desconfía: “Creo que el derribo ahora está más cerca por la vía de la nulidad de la licencia [que por la vía de la expropiación, que el Gobierno abrió en febrero de 2025], pero veremos por dónde salen. Es probable que ahora la promotora recurra, ya sea el dictamen, ya cuando el Pleno anule la licencia”, vaticina.

Licencia sobre un planeamiento “no adaptado”

El Consejo Consultivo asegura que su informe no sólo era preceptivo, sino también vinculante para el Ayuntamiento al tratarse de la revisión de un acto nulo. La licencia para construir ese hotel de 20 plantas y más de 400 habitaciones en plena playa de un parque natural sería un acto contrario al ordenamiento jurídico por el que “se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición”, en la definición dada por la ley.

El órgano consultivo andaluz hace un repaso cronológico del polémico edificio, constatando que, aunque el suelo fuese urbanizable en las normas urbanísticas municipales y el propio Ayuntamiento concediera licencia para construir en él en 2003, estaba protegido desde 1994 por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata, y era servidumbre de protección de Costas desde 1988. A partir de entonces, debió aplicarse la Ley de Conservación de Espacios Naturales y la Flora y Fauna silvestres y la Ley de Costas, que impide construir en esos espacios protegidos o a menos de 100 metros desde la línea de ribera.

El Consultivo admite que eso no es obstáculo para que la promotora propietaria “en aquel momento” pudiese pedir una compensación por la desclasificación como suelo urbanizable. Pero no se hizo así, sino que se mantuvo el suelo como urbanizable y se acometieron obras “en una clara manifestación de política de hechos consumados” que ignoraba la protección del lugar. “Todas estas actuaciones posteriores (…) no dan validez a la licencia otorgada”, se resume en la resolución. Todo se hizo “sobre la base de un planeamiento no adaptado” a la protección ambiental y del dominio público marítimo-terrestre vigentes, incluyendo la licencia, que es nula.

Los ecologistas celebran el “fin de la impunidad”

Greenpeace, que ha impulsado durante todos estos años el derribo del hotel, ha celebrado el paso, asegurando que el dictamen es de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento, que en este tiempo ha mostrado una actitud dilatoria de todo lo relativo a la construcción, supuestamente por el temor a tener que compensar económicamente a la promotora, Azata del Sol.

“Hoy celebramos mucho más que la anulación de un permiso de obras; celebramos el fin de la impunidad en nuestras costas”, señala Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España. “Tras años de trampas y desobediencia por parte del Ayuntamiento de Carboneras, ya no quedan más excusas: cada día que el hotel sigue en pie es una afrenta a la justicia y al patrimonio común. Es hora de que entren las máquinas y que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar recupere lo que nunca debieron arrebatarle. El dictamen no es una sugerencia, es el acta de defunción legal del hotel”, reclama Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía.

Los ecologistas consideran que con la licencia anulada (algo que, formalmente, aún no ha ocurrido mientras no se pronuncie el Pleno) se elimina el último obstáculo administrativo para demoler el mamotreto ilegal. “Greenpeace va a proceder a pedir la demolición de forma inmediata ante el Ayuntamiento de Carboneras”, advierte, antes de pedir que los próximos presupuestos reflejen las partidas necesarias para devolver la playa a su estado original. Calcula que el derribo y la restauración costarían unos siete millones de euros.

Ya existe un protocolo de colaboración firmado en 2011 entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía que establece un reparto de tareas: el Estado se encargaría de la demolición y el desescombro, mientras que la Junta asume la restauración ambiental y la gestión de los residuos.

En paralelo, discurre la vía de la expropiación activada por el Gobierno central en febrero de 2025, a la que por ahora no se ha sumado la Junta de Andalucía, y cuyo justiprecio ha sido recurrido por Azata. Greenpeace cree que la nulidad de la licencia es la “llave maestra” que permitiría acelerar este proceso sin que el Ministerio para la Transición Ecológica tenga que hacer frente a una “indemnización abusiva”.

Los ecologistas razonan que si la licencia es nula, Azata no podría exigir indemnizaciones millonarias basadas en una «licencia válida», “ya que esta fue ilegal desde su origen”. “Esto protege las arcas públicas de las pretensiones de la empresa”, que llegó a pedir más de 70 millones de euros en su día, una pretensión rechazada por la Audiencia Nacional. “La Justicia ha dejado claro que quien construye en suelo protegido asume su propio riesgo, y la nulidad de la licencia refuerza que el Ayuntamiento nunca debió otorgar ese permiso”.

Las facturas eléctricas obligan a muchos ayuntamientos a revisar hasta el suelo que pisan los vecinos. Las ciudades buscan calles con menos humo, menos calor retenido y materiales que duren más tiempo sin disparar el gasto público. Esa presión aparece mientras el calentamiento global multiplica las olas de calor, eleva el consumo energético y obliga a cambiar elementos que durante décadas parecían intocables, como el asfalto, las aceras o los sistemas de drenaje.

Los gobiernos municipales intentan reducir las emisiones que generan las obras porque cada reforma añade cemento, transporte pesado y maquinaria que liberan grandes cantidades de dióxido de carbono. También crece la exigencia vecinal para tener barrios con más sombra, menos tráfico agresivo y espacios donde caminar resulte más cómodo durante el verano.

Algunas ciudades ya prueban materiales fabricados con residuos agrícolas o restos industriales para reducir parte de esa contaminación y aprovechar productos que antes acababan desechados. El debate ya no gira solo alrededor del diseño de las ciudades, sino que también alcanza la procedencia de cada material utilizado en la calle.

Barcelona eligió dos asfaltos con menos dióxido de carbono

El Ayuntamiento de Barcelona ha elegido dos propuestas de pavimento para hacer pruebas piloto con materiales que podrían usarse en el futuro en aceras y calzadas, según la información difundida por el consistorio y por BIMSA. El programa forma parte de la convocatoria La sección de calle del siglo XXI, impulsada junto con BIT Habitat y la Diputación de Barcelona.

Una de esas iniciativas seleccionadas, llamada Biochar, plantea reducir cerca del 76% de las emisiones asociadas a la fabricación del asfalto mediante el uso de carbón vegetal obtenido a partir de huesos de aceituna y biomasa de pino. La otra propuesta, denominada RePavimenta, utiliza componentes reciclados para recortar a la mitad las emisiones relacionadas con el dióxido de carbono.

La convocatoria reunió seis propuestas que debían presentar soluciones inexistentes en el mercado. El proyecto Biochar salió adelante gracias al trabajo conjunto de ELSAN, AMSA y la Universitat Politècnica de Catalunya. El material empleado en esa iniciativa fue desarrollado por Carboliva y sustituye el filler calcáreo utilizado de forma habitual en las mezclas asfálticas.

Los responsables del programa municipal señalaron que las nuevas soluciones también permiten introducir tecnologías adicionales y modificar la construcción habitual de las calles para reducir emisiones durante las obras urbanas.

Los ensayos mostraron un firme más resistente ante el agua

El biochar procede de residuos orgánicos como los huesos de aceituna o restos de pino tratados para producir carbón vegetal. Ese componente actúa como depósito de carbono dentro del pavimento y evita parte de las emisiones relacionadas con los materiales tradicionales del asfalto.

Los ensayos realizados por el equipo técnico apuntan además a una resistencia similar o superior a la de las mezclas habituales. Las pruebas registraron mejoras frente al agua, una respuesta más estable ante cambios de temperatura y menos problemas de fisuración. ELSAN destacó además que el sistema podría utilizarse en otras actuaciones urbanas si las pruebas mantienen esos resultados.

La fase de investigación y prototipado seguirá abierta hasta septiembre de 2026. Después arrancarán las pruebas piloto en distintas obras del espacio público de Barcelona bajo la gestión de BIMSA. Los técnicos controlarán el comportamiento del pavimento durante 12 meses para comprobar su resistencia, su duración y la posibilidad de extender el sistema a otros puntos de la ciudad.

Cada uno de los equipos ganadores recibirá 90.000 euros para financiar el diseño, las pruebas y el seguimiento posterior de los materiales. El Ayuntamiento de Barcelona calcula que esa ayuda cubrirá alrededor del 80% del coste total de los proyectos seleccionados.

Barcelona retomó una línea iniciada con el antiguo panot

La iniciativa enlaza con otra convocatoria realizada en 2022 para renovar el tradicional panot barcelonés. Aquella búsqueda ya intentaba conservar la imagen habitual de la baldosa mientras incorporaba materiales reutilizados para reducir las emisiones relacionadas con las obras urbanas.

El nuevo programa amplía ahora esa línea de trabajo y lleva el cambio hasta las capas interiores del asfalto y de las calzadas. El interés municipal pasa por cambiar materiales muy extendidos en la construcción urbana sin alterar el funcionamiento cotidiano de las calles.

Las primeras calles con biochar empezarán a instalarse en 2027

Las nuevas pruebas también persiguen aprovechar residuos agrícolas dentro de procesos industriales que hasta hace poco caminaban por separado. Barcelona pretende comprobar si esos materiales pueden entrar en futuras obras sin elevar costes ni reducir la resistencia del pavimento.

El objetivo municipal consiste en transformar elementos habituales de la calle en superficies capaces de contaminar menos durante su fabricación y durante su vida útil. Las primeras calles con este asfalto empezarán a instalarse en 2027 y servirán para medir si una parte del calor y de las emisiones urbanas puede reducirse desde el propio suelo de la ciudad.

La Asociación Rosalía Alpina denuncia la eliminación de más arbolado por parte del Ayuntamiento de Calahorra. En concreto hablan de nuevas talas que afectan a seis mil metros cuadrados de arbolado que está perpetuando una “grave degradación ambiental en el río Cidacos” por parte del Ayuntamiento de calagurritano “que es quien ha autorizado esta nueva tala”. Autorización que para el grupo ecologista demuestra la “poca sensibilidad” del Consistorio al “promover estas obras en zonas degradadas en donde es necesaria especialmente la biodiversidad”.

Y es que aseguran que estas talas se han realizado “en plena época de reproducción y cría de numerosas especies de aves ligadas al ecosistema de ribera y en una fase especialmente sensible para esta fauna porque la tala se ha llevado a cabo durante el periodo reproductor de la avifauna”.

“No es la primera agresión medioambiental”

No es la “primera agresión” medioambiental que se realiza en esta zona, ya que recuerdan que en la primavera de 2024, “se denunció por primera vez la destrucción de vegetación de ribera de más de cuatro mil metros cuadrados para ampliar la explanada de conciertos del festival Holika”. Una vez denunciados públicamente los hechos, la Consejería de Medio Ambiente de La Rioja finalmente abrió un expediente sancionador. En noviembre, el Ayuntamiento de Calahorra aprobó una sanción de 30.001 euros a la empresa promotora. El 12 de noviembre, te contábamos que Burcor Producciones (empresa promotora del festival Holikla, tendría que pagar al Consistorio de Calahorra 30.000 euros y un céntimo por arrasar el soto junto al Cidacos para ampliar la zona de conciertos del Festival Holika. Si bien inicialmente la sanción había quedado sin efecto, la tramitación posterior acaba ahora en sanción, cuando está a punto de cumplirse un año y, por tanto, prescribir el expediente. La sanción se aprobó en un pleno extraordinario con los votos a favor de PP y PSOE y abstención de Vox. Una sanción que en ningún momento hace alusión a la obligación de la empresa de restituir la zona dañada tal como se había planteado desde un principio por el tipo de atentado ambiental cometido. Choca esta decisión con el hecho de que el mismo Ayuntamiento de Calahorra exigía esa reforestación a la empresa meses antes.

Solicitud de información medioambiental

Ante todos estos hechos, la Asociación Rosalía Alpina ha registrado una solicitud ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja. Por un lado, piden que se informe si por parte de la Consejería de Medio Ambiente se incoó el expediente sancionador o de restauración ambiental relacionado con la destrucción de esta zona junto al recinto del festival Hokila en Calahorra durante el año 2024. Expresamente, solicitan “qué medidas de restauración ambiental fueron exigidas, qué plazos se concedieron para ejecutar la restauración y en caso de incumplimiento, qué actuaciones ha llevado a cabo la Administración y si se han impuesto multas coercitivas o nuevas sanciones. Así como qué medida piensa poner la Consejería para garantizar la restauración efectiva del terreno alterado”.

Y por otro lado, también solicitan información sobre la reforestación que está llevando a cabo la empresa Inmo Arnedo (Grupo Arnedo) en el Villar de Arnedo. En mayo de 2025, Rosalía Alpina denunciaba la reforestación de pinos junto a la Ciudad del Transporte (El Villar de Arnedo y Pradejón) sin estar aprobado el Estudio de Evaluación Ambiental. En concreto, cifraban en 45 las hectáreas que la empresa comenzó a reforestar de las más de 500 previstas. Denuncia a la que también se sumó Ecologistas en Acción.

La reforestación de más de 500 hectáreas (564) de pinos cerca de la Ciudad del Transporte formaba parte del Plan de Renaturalización de la empresa para reducir las emisiones de CO2. Una actuación que rechazan las entidades ecologistas y así lo plasmaron en forma de alegaciones porque “esta reforestación afectaría gravemente a especies de aves esteparias amenazadas y además va contra el Plan de Gestión específico para estos animales”. Aseguran que todavía no han recibido respuesta sobre si la empresa cuenta con la aprobación del estudio de evaluación ambiental y alertan de que “se han detectado nuevas roturaciones de montes con destrucción de vegetación de más tamarices”.

En el escrito a la Consejería competente, Rosalía Alpina pide que se informe si estas últimas actuaciones cuentan con la autorización correspondiente del Gobierno de La Rioja y si el proyecto de reforestación dispone del estudio de evaluación ambiental favorable. Así, “y en caso de no existir tal autorización o aprobación ambiental” quieren saber si estas actuaciones han sido denunciadas, inspeccionadas o sancionadas; si se ha incoado expediente sancionador o de restauración de la legalidad ambiental; y qué medidas cautelares o de restauración se han adoptado o se prevén adoptar“.

Un reciente estudio ha revelado un dato fundamental para la lucha contra la crisis climática en la península ibérica. Y es que, según todas una serie expertos, las praderas marinas y las marismas costeras de España y Portugal consiguen retener una cantidad de carbono que equivale al 25% de las emisiones anuales totales de ambos países. Este hallazgo subraya la importancia crítica de proteger estos ecosistemas litorales, no solo para salvaguardar la biodiversidad local, sino también para asegurar su función como sumideros activos que evitan el retorno del gas a la atmósfera. La investigación ha sido impulsada de forma pionera por el Grupo Español de Expertos en Ecosistemas de Carbono Azul (G3ECA), una red liderada desde el centro CEAB-CSIC.

El objetivo principal de este trabajo es generar un conocimiento científico integrado que permita apoyar la gestión pública y la acción climática efectiva en toda la región. Estos resultados plantean un cambio de paradigma en la forma en que se perciben las costas ibéricas dentro de las estrategias de mitigación nacionales vigentes. Este primer inventario conjunto destaca por su exhaustividad al analizar tanto la biomasa viva de las plantas, como sus hojas y tallos, como el carbono depositado en los sedimentos marinos. La investigación integra cálculos detallados sobre dos tipos de hábitats esenciales conocidos como ecosistemas de carbono azul: los sumergidos y los parcialmente inundados. 

De este modo, se han evaluado las praderas marinas y las marismas de las costas peninsulares lusas y españolas, incluyendo también los territorios insulares del Estado español. La metodología empleada no se limitó a una campaña de campo puntual, sino que recopiló y procesó toda la información científica disponible hasta el momento actual. El equipo revisó un total de sesenta publicaciones previas e informes técnicos, sumando datos inéditos aportados por los propios investigadores participantes en el proyecto. Esta base de datos resultante ha permitido alcanzar una de las evaluaciones con mayor resolución publicadas a nivel internacional hasta la fecha.

Las cifras que arroja el estudio son impresionantes y demuestran el potencial de los 1.976 kilómetros cuadrados de ecosistemas litorales analizados. Se estima que estos espacios retienen 95 teragramos de dióxido de carbono equivalente, una cifra cercana a la cuarta parte de las emisiones conjuntas registradas en el año 2022. Además de la reserva estática, se calcula que estos sumideros naturales siguen capturando carbono a un ritmo medio de 0,15 teragramos anuales. Este proceso de acumulación constante convierte a las costas en toda una fuerza ecológica, aliadas dinámicas frente al calentamiento global provocado por las actividades humanas industriales. 

El inventario utiliza modelos avanzados para estimar cómo se ha producido esta acumulación de carbono a lo largo del tiempo histórico. Los autores insisten en que estas cantidades, expresadas en unidades estándar de comparación, validan la eficiencia de los procesos biológicos marinos. El estudio ofrece así una fotografía precisa de la capacidad de absorción de nuestro entorno costero más inmediato. El liderazgo científico de esta investigación recae en figuras como Nerea Piñeiro-Juncal, de la Universidad de Vigo, y Miguel Ángel Mateo, perteneciente al CEAB-CSIC. El trabajo es el resultado de una colaboración masiva que incluye la firma de decenas de investigadores de diversas instituciones científicas de España y Portugal. 

Según los autores principales, este estudio permite evaluar de forma conjunta el papel climático del litoral por primera vez en la historia regional. La relevancia de los hallazgos trasciende el ámbito académico para convertirse en una base científica común necesaria para las futuras políticas estatales. El mensaje de los expertos es claro: la conservación y restauración de estos hábitats deben ser reforzadas con urgencia máxima. Se espera que este inventario sirva como guía para iniciativas de acción climática basadas íntegramente en el carbono azul.

No obstante, el estudio también lanza una advertencia seria sobre las consecuencias de la degradación de estos hábitats críticos para el equilibrio del planeta. La investigación calcula que la pérdida de extensión de estos ecosistemas durante el último siglo ya ha liberado entre 11 y 27 teragramos de CO2. Si la tendencia actual de destrucción continúa, se prevén emisiones adicionales de hasta 5,6 teragramos en los próximos treinta años. Este escenario de riesgo refuerza la necesidad de intensificar los esfuerzos de protección para evitar que el carbono almacenado regrese al aire. La capacidad de almacenamiento puede revertirse rápidamente cuando los hábitats desaparecen, transformando un sumidero beneficioso en una fuente de emisiones dañina. 

Con todo ello, los científicos subrayan que evitar la degradación actual es una prioridad mucho más eficaz que intentar restaurar zonas dañadas. La destrucción de estos hábitats no solo anula su capacidad futura, sino que destruye reservas acumuladas durante mucho tiempo. Dentro del conjunto de ecosistemas estudiados, las praderas de Posidonia oceanica en el Mediterráneo ocupan un lugar de especial relevancia por su enorme capacidad. Esta especie endémica destaca por albergar algunas de las mayores reservas de carbono de toda la región gracias a su estructura biológica única. Estos bosques sumergidos tienen la capacidad excepcional de retener el carbono orgánico durante siglos e incluso milenios en sus sedimentos profundos. 

Una herramienta de bajo coste

Sin embargo, la degradación de estos hábitats milenarios es un proceso cuya recuperación resulta extremadamente difícil y lenta para los seres humanos. Perder estas praderas no solo implica liberar carbono antiguo, sino también poner en riesgo la biodiversidad y la protección natural de la línea de costa. El proceso de captación se realiza mediante la fotosíntesis, fijando el dióxido de carbono atmosférico en los tejidos vegetales y el suelo marino. La protección de la Posidonia se convierte así en un pilar estratégico para la resiliencia climática del arco mediterráneo peninsular.

Los autores defienden que conservar praderas y marismas no es solo una cuestión de ecología o de belleza del paisaje natural. Se trata de una herramienta tecnológica natural clave para frenar el calentamiento global de manera eficiente y a un bajo coste relativo. La integración de estos datos en los inventarios nacionales de emisiones permitiría a ambos países cumplir con sus objetivos internacionales de forma sólida. El estudio confirma que el litoral ibérico posee un tesoro invisible que trabaja incansablemente para mitigar el impacto de los gases de efecto invernadero. Es fundamental que la gestión pública adopte estas evidencias científicas para priorizar la salud de nuestros humedales y praderas costeras. El futuro de la acción climática en la región depende, en gran medida, de nuestra capacidad para proteger estos sumideros azules.

Una decena de organizaciones ambientales han dirigido una carta a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, y a la Autoridad Administrativa CITES de España (contra el comercio de animales), así como al Ministerio para la Transición Ecológica en la que expresan su “profunda preocupación” al traslado de las orcas Wikie y Keijo desde Marineland Antibes (Francia) a Loro Parque, en Tenerife.

La semana pasada el Gobierno de Francia dio un giro en su postura sobre las dos orcas que permanecen encerradas en el zoológico clausurado Marineland. Así, el Ministerio de Transición Ecológica francés, que antes apostaba por enviar los ejemplares a un santuario en Canadá, sostiene ahora que Loro Parque es la única solución para Wikie (24 años) y su hijo Keijo (11). Los animales llevan más de un año encerrados en un tanque después de que la ley de bienestar animal francesa aprobada en 2021 prohibiera los espectáculos con cetáceos. 

Las entidades firmantes de la carta consideran, sin embargo, que dicho traslado “no responde al interés ni al bienestar de los animales, sino a la continuidad de un modelo de cautividad ampliamente cuestionado por organizaciones científicas, veterinarias y de protección animal a nivel internacional”.

España, recuerdan, ya manifestó anteriormente reservas y objeciones respecto a la idoneidad de las instalaciones de Loro Parque para albergar a estas orcas. Por ello, entienden que las condiciones que motivaron esa oposición “no han cambiado y que el bienestar físico y psicológico de Wikie y Keijo seguiría viéndose comprometido en un entorno de cautividad permanente”. 

Por ello, piden formalmente que el Ministerio “mantenga su oposición a este traslado y no conceda las autorizaciones necesarias para su importación y permanencia en territorio español”. 

Las organizaciones destacan que las orcas son animales altamente inteligentes, sociales y con necesidades complejas incompatibles con espacios reducidos y espectáculos de entretenimiento. Diversos estudios científicos han documentado los efectos negativos de la cautividad en cetáceos, incluyendo estrés crónico, alteraciones conductuales y reducción de la esperanza de vida, señalan.

Las entidades opinan que España tiene la oportunidad y la responsabilidad de “situarse del lado de la protección y el bienestar animal, rechazando decisiones que perpetúen el uso de cetáceos con fines comerciales”. 

Además, de rechazar el traslado, piden que se prioricen alternativas centradas en el bienestar animal y alejadas de la explotación en cautividad y que el Ministerio actúe con transparencia e informe públicamente sobre cualquier procedimiento o solicitud relacionada con este posible traslado.

Las organizaciones firmantes son Océanos de vida libre, One Voice, Imagine Canarias, Proda (profesionales para la defensa animal), C´est Assez, Tilikum´s Spirit, Free The Animal, Get Free y Animal Save Movemet.

Las voces que claman contra el intento de abrir en canal la provincia de Guadalajara para extraer oro se escuchan estos días en Bruselas.

La Plataforma Valle Cañamares–Sierra Norte, que lleva meses luchando para parar el proyecto minero que se cierne sobre la Sierra Norte de Guadalajara, participa desde este miércoles y hasta el próximo viernes en el II Encuentro Internacional de Pueblos Contra el Extractivismo, en el que una veintena de organizaciones de América Latina y Europa están trasladando a las instituciones europeas su “preocupación” ante los proyectos estratégicos de minería que se están planteando y la “amenaza” sobre la protección europea del agua.

Se celebra en la capital belga y en él participan líderes y lideresas del Frente Nacional Antiminero y Ecuarunari (la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador); del Congreso de los Pueblos, USO y CUT de Colombia; de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec de México; y del Observatorio Petrolero Sur y Marabunta de Argentina. También activistas de las resistencias a los proyectos mineros en el Estado español, en especial de comunidades autónomas con proyectos declarados estratégicos por la Unión Europea como los de Galicia, Andalucía y Extremadura.

Raúl García es la persona que representa a la plataforma guadalajareña, formada por ayuntamientos, asociaciones y vecinas y vecinos afectados por el proyecto minero de Oroberia en la Sierra Norte de Guadalajara, en este foro.

Cuenta a elDiario.es Castilla-La Mancha que durante estos días mantendrán reuniones en el Parlamento Europeo “para trasladar nuestra preocupación ante los proyectos estratégicos de minería y la amenaza sobre la protección europea del agua”.

“Defenderemos una idea clara: la transición ecológica no puede hacerse a costa de destruir territorios rurales, acuíferos, biodiversidad y comunidades que llevan años cuidando y protegiendo la vida”, señala.

Este miércoles ya se han reunido con dos eurodiputados españoles, Ana Miranda, del Grupo de los Verdes, y Nicolás González Casares, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. “Les hemos contado las problemáticas que tenemos cada organización. En nuestro caso, hemos denunciado que el proyecto minero que quieren empezar a hacer con las catas, en un territorio despoblado de Castilla-La Mancha, sería algo que perjudicaría el medio de vida que tenemos y no traería nada bueno ni al medioambiente ni a la comunidad”, explica Gacía.

15.000 hectáreas afectadas

El plan minero que afectaría a la Sierra Norte de Guadalajara plantea buscar oro y otros metales en varias parcelas que suman una superficie de casi 15.000 hectáreas en este entorno natural de alto valor ecológico.

La empresa promotora de esta iniciativa, la minera australiana Global Mining Enterprises PTYLD -que opera a través de su filial española Oroberia SLU- planteó de inicio tres proyectos: GUA, DALA, y JARA, registrados en agosto de 2025.

Oroberia ya quitó hierro a las preocupaciones expresadas por vecinos y vecinos, en declaraciones a este medio, sobre el impacto en el territorio. Mantiene que su proyecto generará “empleo directo e indirecto” y que lo hará respetando “el entorno”. En su argumento, esgrimen también la necesidad de “autonomía estratégica de Europa en el acceso a materias primas”. 

El proyecto GUA se desarrollaría en las localidades de San Andrés del Congosto, La Toba, Pinilla de Jadraque y Medranda; el proyecto DALA comprendería a Congostrina, Robledo de Corpes, La Bodera, Atienza, Hiendelaencina y Pálmaces de Jadraque; mientras que JARA afectaría a La Miñosa, La Bodera, Riofrío del Llano, Atienza, Sigüenza y La Olmeda de Jadraque -estos cuatro últimos municipios aspiran a convertirse en Patrimonio de la Humanidad-.

El permiso inicialmente solicitado por Oroberia arrancaría con una investigación durante tres años para llevar a cabo una fase inicial de seis sondeos en cada uno de los proyectos, a la que seguiría una segunda fase con otros seis sondeos en cada una de las tres ubicaciones, con una profundidad de entre 300 y 400 metros.

Que la promotora decidiera dividir en tres su proyecto tiene su razón de ser en el tipo de evaluación de impacto ambiental al que se deberían someter: sería más simple y rápida en caso de que la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible hubiera dado el visto bueno. Pero no resultó. El Gobierno de Castilla-La Mancha resolvió el pasado mes de noviembre que, si Oroberia quería seguir adelante con sus planes mineros, tendría que presentar un único proyecto que se sometería a un 'examen' de impacto ambiental más exigente y minucioso.

Quedaba así cerrado el expediente para GUA, DALA y JARA. Sin embargo, la propia Oroberia confirmó en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha que seguirá adelante con el proyecto y presentará una evaluación completa tal y como le han pedido desde Desarrollo Sostenible, aunque no se ponen plazos para realizar los estudios.

Un problema global

Otra de las plataformas que acompaña a García dentro de este foro lucha contra la reapertura de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla, que tiene permiso para retomar su actividad y empezar a producir de nuevo en 2028, justo cuando se cumplirían 30 años del desastre ambiental que se produjo tras la rotura de la balsa de residuos.

Cristóbal López, portavoz de Ecologistas en Acción, cuenta desde Bruselas que los asistentes van a decidir líneas de actuación, establecer estrategias comunes y afrontar el problema de forma global. “La minería de metales es un problema global, no es un problema solo de Guadalajara. La misma empresa que trabaja en una zona también está en otros países. Entonces tenemos un problema transnacional y no solo local”.

Desde Ecologistas en Acción señalan que la coalición internacional antiextractivista ya denunció en noviembre de 2025, en la Cumbre de los Pueblos de Belém do Pará (Brasil), paralela a la COP30, “cómo el discurso de la transición energética y el desarrollo sostenible lleva aparejada una carrera por los materiales críticos (litio, cobalto, níquel, entre otros) que acelera la expansión de la explotación del territorio y refuerza la dependencia”.

Por ello, este nuevo encuentro en Bruselas, tras el celebrado en Belém el año pasado, “quiere señalar cómo las políticas europeas contribuyen a ampliar las fronteras extractivas dentro y fuera de la UE”, señalan desde la organización ecologista.

Los mapas costeros cambiaron en varios países del golfo Pérsico cuando comenzaron a aparecer barrios enteros levantados sobre terreno ganado al mar. En Emiratos Árabes Unidos, Catar o Baréin, esas obras obligaron a transportar enormes cantidades de arena y roca, además de reorganizar puertos, accesos y líneas de suministro para crear suelo donde antes solo había agua.

Las grandes islas artificiales modernas suelen asociarse a hoteles, urbanizaciones o centros financieros, aunque detrás de ellas hay también decisiones políticas y una enorme capacidad para coordinar trabajadores, materiales y maquinaria durante años. Ese tipo de construcciones alteró incluso la forma de entender el paisaje costero en algunas regiones, porque muchas pasaron de tener una línea de costa sencilla a contar con penínsulas y superficies nuevas diseñadas desde cero.

Las islas artificiales tampoco son un invento reciente. Muchas sociedades antiguas ya modificaban lagos y zonas inundadas para crear espacios apartados del territorio habitual, aunque con técnicas mucho más rudimentarias y objetivos distintos a los actuales.

La Universidad de Southampton situó un islote escocés en el Neolítico

Un estudio publicado en Advances in Archaeological Practice y recogido por la Universidad de Southampton reveló que bajo el crannog de Loch Bhorgastail, en las Hébridas Exteriores de Escocia, existe una plataforma de madera construida hace más de 5.000 años.

El equipo trabajó junto con la Universidad de Reading y descubrió que la pequeña isla rocosa visible en la actualidad ocultaba una estructura circular levantada con troncos y ramas varios siglos antes de algunas de las fases más conocidas de Stonehenge. Las dataciones por radiocarbono situaron la primera construcción entre el 3500 y el 3300 antes de Cristo. Ese resultado cambió la cronología habitual de los crannogs escoceses, asociados durante décadas a la Edad del Hierro y a periodos medievales.

Los investigadores explicaron que la estructura original medía unos 23 metros de diámetro y descansaba bajo varias capas añadidas mucho tiempo después. La existencia de un crannog neolítico tan antiguo abrió la posibilidad de que otras islas artificiales de Escocia también tengan orígenes anteriores a los calculados hasta ahora. El trabajo señala además que aquellas comunidades no levantaban solo tumbas o monumentos ceremoniales, ya que también modificaban lagos completos para crear superficies separadas de la vida cotidiana en tierra firme.

El fondo del lago guardó vasijas usadas en reuniones colectivas

La parte más reveladora del yacimiento apareció alrededor de la isla y no sobre ella. Los arqueólogos recuperaron cientos de fragmentos de cerámica neolítica del fondo del lago, entre ellos restos de cuencos y vasijas que todavía conservaban señales de hollín y restos de comida. La acumulación de materiales llevó al equipo a pensar que los recipientes fueron arrojados deliberadamente al agua después de ser utilizados.

Los investigadores relacionaron esos hallazgos con reuniones comunitarias y con posibles actividades rituales desarrolladas alrededor del crannog. Stephanie Blankshein, arqueóloga de la Universidad de Southampton responsable del proyecto, explicó que “los crannogs son pequeñas islas artificiales que suelen tener miles de años”.

La isla tampoco permaneció igual durante toda su historia. Aproximadamente 2.000 años después de la primera construcción, otras comunidades añadieron nuevas capas de ramas y piedra durante la Edad del Bronce Media. Más adelante hubo otra fase de actividad en la Edad del Hierro.

Ese uso repetido durante milenios indica que el lugar mantuvo una función especial para grupos humanos muy distintos. Los arqueólogos localizaron además una calzada de piedra hoy sumergida que conectaba el islote con la orilla del lago y permitía acceder al lugar de forma organizada.

El equipo adaptó cámaras especiales para trabajar junto a la orilla

El estudio presentó también un problema técnico poco habitual. Las zonas de aguas poco profundas dificultan el trabajo arqueológico porque los métodos terrestres dejan de funcionar más allá de la orilla y muchos equipos submarinos están preparados para mayor profundidad.

Esa franja intermedia suele quedar fuera de numerosos registros arqueológicos. Para resolverlo, el equipo desarrolló un sistema portátil de estereofotogrametría adaptado a esas condiciones. La técnica permitió generar modelos digitales tridimensionales a partir de fotografías tomadas desde distintos ángulos. Las imágenes submarinas se unieron después con registros captados mediante drones y trabajos realizados en tierra hasta formar un único modelo continuo del yacimiento.

La investigación sobre los crannogs neolíticos de las Hébridas Exteriores comenzó en 2009, cuando Loch Bhorgastail fue identificado por primera vez. Tres años después, Chris Murray, vecino de Lewis y antiguo buceador de la Marina Real, encontró cerámica neolítica muy bien conservada en otro lago cercano a varios islotes artificiales.

Aquellos fragmentos impulsaron nuevas campañas arqueológicas y terminaron abriendo una línea de trabajo que ahora apunta a la existencia de más estructuras ocultas bajo los lagos escoceses. Muchas siguen cubiertas por agua y apenas muestran desde la superficie unas pocas piedras oscuras.

El Ripollès acumula montañas de troncos tras tres ventadas seguidas que dejaron bosques enteros por el suelo. Ayuntamientos, ganaderos y brigadas forestales trabajan desde febrero entre caminos cerrados y laderas bloqueadas. La retirada avanza despacio porque muchas zonas solo admiten maquinaria pesada o sistemas de cable para sacar la madera caída.

Según La Vanguardia, el Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès calcula que han caído 23.500 toneladas de árboles, sobre todo pino negro y silvestre. Esa cifra multiplica varias veces la madera que suele extraerse en un año en los montes municipales de la comarca.

El CEIN pidió retirar media masa forestal antes de agosto

Jaume Guàrdia, representante de la Associació de Propietaris Rústics de la Vall de Camprodon, explicó que “el dinero invertido en la extracción de la madera supera en muchos casos el valor de la propia madera”. Muchos propietarios arrastran dificultades para asumir trabajos caros en parcelas inclinadas y de acceso complicado. Además, Joan Moret, ganadero de Llanars afectado por el temporal, afirmó que “esto será un polvorín” si los restos continúan en el bosque dentro de dos años.

Gerard Vila, director técnico del CEIN, señaló que “nos gustaría que el 50% de esta madera se eliminase antes de agosto”. Las tareas avanzan con lentitud porque varios municipios todavía tramitan contratos y permisos para abrir pistas forestales. En Vilallonga de Ter apenas se ha retirado una parte pequeña de las cerca de 100 hectáreas dañadas por el viento. Pere Sau, el alcalde de la localidad, también explicó que algunos troncos tendrán que salir mediante cable por la fuerte pendiente del terreno.

Los técnicos vigilaron insectos atraídos por la madera caída

Amadeu Rosell, alcalde de Llanars y presidente del Consell Comarcal del Ripollès, reconoció que la acumulación de restos forestales supone “un peligro latente”. Los técnicos siguen con atención la aparición de escarabajos que prosperan en madera muerta y luego atacan árboles sanos.

Tània Giró, responsable comarcal del Departament d’Agricultura, recordó que “cuanta más madera se retire, menos riesgo de propagación de plagas habrá”. La Generalitat mantiene abiertas comunicaciones para agilizar las cortas en terrenos afectados.

Las rachas arrasaron valles enteros durante tres meses seguidos

Los daños también alcanzaron caminos turísticos, líneas eléctricas y equipamientos municipales. Josep Coma, alcalde de Molló, admitió que “estamos superados por los destrozos”. El camino de la retirada entre Molló y Prats de Molló continúa impracticable tras las rachas de viento. En varios pueblos hubo cortes de telefonía y fibra óptica, mientras una ráfaga arrancó parte de la cubierta del polideportivo de la zona.

Nadie en la comarca recuerda un episodio parecido. Las ventadas golpearon la Vall de Ribes y la Vall de Camprodon en febrero, marzo y abril con rachas muy fuertes. Los técnicos sitúan la afectación pública en unas 350 hectáreas. También hubo daños destacados en Campelles, Ribes de Freser y Planoles, donde decenas de hectáreas quedaron cubiertas por árboles arrancados de cuajo.

El CREAF recordó que la madera muerta también ayuda a varias especies y aporta nutrientes al suelo. Aun así, los investigadores consideran necesario retirar grandes acumulaciones tras temporales intensos para reducir el riesgo sanitario en los bosques más castigados.

Mucho antes de que existieran las fronteras entre Rusia y Estados Unidos, varias rutas de paso unían dos masas continentales que hoy parecen separadas por completo. El estrecho de Bering ocupa ese espacio situado entre Siberia y Alaska y actúa como una franja marítima que conecta el Pacífico con el Ártico.

En algunos puntos apenas supera los 80 kilómetros de anchura y cuenta con pequeñas islas en mitad del recorrido, algo que explica por qué ha sido visto durante siglos como un lugar estratégico para el comercio, la navegación y el movimiento de poblaciones.

En la Antigüedad la situación era muy distinta. Hace millones de años existía allí una conexión terrestre que impedía el intercambio de agua y permitía caminar entre Asia y Norteamérica. Esa franja desapareció con los cambios del nivel del mar, aunque todavía sigue ocupando un lugar importante para entender la historia climática del planeta y los desplazamientos humanos que atravesaron esa región helada.

Jelle Soons y Henk Dijkstra imaginan tres barreras

Un estudio publicado en Science Advances propone recuperar de manera artificial parte de aquella antigua barrera mediante tres presas colocadas a lo largo del estrecho de Bering. Según Live Science, el investigador climático Jelle Soons y el oceanógrafo Henk Dijkstra creen que esa intervención podría ayudar a estabilizar la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico, conocida como AMOC.

El trabajo nació después de que Soons escuchara en una conferencia celebrada en Utrecht una exposición sobre el clima del Plioceno Medio y la antigua conexión terrestre que cerraba ese paso marítimo. Esa misma noche empezó a preguntarse si aquella situación podría reproducirse con ingeniería moderna.

La AMOC funciona como una red de corrientes que mueve agua cálida y salada desde las zonas tropicales hacia el norte del Atlántico. Allí libera parte del calor en la atmósfera europea y después devuelve agua fría hacia el sur. Ese mecanismo explica por qué ciudades del norte de Europa mantienen temperaturas menos extremas que otras regiones situadas en latitudes parecidas.

El sistema también influye en la lluvia sobre África y América del Sur, además de afectar a la vida marina y a la circulación oceánica. Si esa corriente llegara a fallar, partes del continente europeo sufrirían inviernos mucho más fríos y la costa noreste de Estados Unidos podría registrar una subida del mar de al menos 50 centímetros.

La propuesta de Soons y Dijkstra parte de que, en la actualidad, entra agua dulce procedente del Pacífico a través del estrecho de Bering y una parte termina llegando al Atlántico Norte después de pasar por el Ártico. Los investigadores creen que bloquear ese intercambio elevaría la salinidad del Atlántico Norte y facilitaría que el agua volviera a hundirse con normalidad.

El proyecto necesitaría tres presas porque dos islas dividen el estrecho en varios tramos. La estructura más larga alcanzaría unos 38 kilómetros. Henk Dijkstra llegó a bromear sobre la propuesta y, según relató la Süddeutsche Zeitung, comentó que otro neerlandés quería construir un gran dique.

Los resultados de las simulaciones no ofrecen una respuesta única. Los modelos muestran que el cierre del estrecho podría ayudar a estabilizar la AMOC cuando el debilitamiento todavía no fuera extremo y las emisiones de dióxido de carbono siguieran en niveles moderados. Sin embargo, el efecto cambia si la circulación ya se encuentra demasiado dañada.

Varios científicos dudan ante una obra gigantesca

En ese caso, las simulaciones apuntan a que la intervención aceleraría el deterioro del sistema. Jonathan Baker, oceanógrafo de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, explicó a Live Science que “no se trata de una solución sencilla”. Aixue Hu, del Centro Nacional de Investigación Atmosférica, añadió al mismo medio que el efecto depende mucho de la fuerza previa de la AMOC y de los niveles de CO2.

Las críticas no se limitan a la incertidumbre climática. Marilena Oltmanns declaró a la Süddeutsche Zeitung que el proyecto funciona más como un experimento mental que como una solución lista para aplicarse y señaló que el modelo no reproduce toda la complejidad real de la circulación oceánica. También recordó que una presa no frenaría el deshielo de Groenlandia ni resolvería otros efectos del calentamiento global.

Thomas Haine, de la Universidad Johns Hopkins, comentó a The New York Times que incluso una demostración favorable dejaría muchas razones para considerar la obra una mala opción.

La construcción tampoco sería sencilla. El estudio calcula una profundidad máxima de 59 metros y compara la obra con grandes diques ya existentes en Corea del Sur o Países Bajos. Aun así, el estrecho de Bering presenta corrientes fuertes, hielo marino y una ubicación remota situada entre dos potencias rivales.

Soons reconoció a The New York Times que una infraestructura así sería difícil de retirar una vez terminada. Además, podría alterar la pesca, la fauna marina, las rutas de transporte y la vida de varias comunidades indígenas que dependen de ese paso para comerciar y alimentarse.

El motivo de todo este debate aparece en las previsiones sobre la propia AMOC. Distintas investigaciones indican que la circulación se está debilitando por la llegada de grandes cantidades de agua dulce procedente del deshielo de Groenlandia. Un estudio reciente calcula que la velocidad del sistema podría caer entre un 43% y un 59% antes de 2100.

Soons reconoció a Live Science que “las pruebas apuntan a un colapso, pero es muy incierto”. Por eso los autores insisten en que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sigue siendo la vía más fiable, mientras la enorme barrera imaginada entre Alaska y Siberia continúa siendo una hipótesis nacida en una conversación informal después de una conferencia científica.

Cuando hace unas semanas, desde la nave Orión, nos llegaron imágenes de la cara oculta de la Luna, los consejeros autonómicos de las comunidades donde habitan lobos en España respiraron con alivio: no había lobos a la vista. Y es que en este 2026, en el que la humanidad ha sido capaz de desarrollar una tecnología que permitió llevar a cuatro personas a los confines de la Luna, los responsables de diversas regiones del norte de España nos azotan semanalmente con la admonición de que la ganadería está en riesgo por culpa de los lobos. Somos capaces de poner una nave con cuatro personas a girar alrededor de la Luna, pero hay quien nos quiere hacer creer que en España no es posible implementar sistemas para coexistir con apenas 2.000 lobos sin prescindir de matarlos a balazos.

No es esta una afirmación gratuita, se basa en declaraciones públicas que pueden leerse en la hemeroteca. Hace unos días así lo expresó Marcelino Marcos, consejero de medio rural del Gobierno asturiano, tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que daba la razón a las demandas presentadas por organizaciones ecologistas contra las matanzas de lobos impulsadas por el Gobierno regional.

Este tipo de declaraciones alarmistas son también habituales entre los responsables públicos de Galicia, de Cantabria y de La Rioja, comunidades que, como Asturias, abrazaron la matanza de lobos tras la desprotección de la especie en marzo de 2025. Incluso en Euskadi y Aragón, territorios donde la especie tiene una presencia testimonial, sus gobiernos se expresan en estos términos. La pregunta que procede es si estas afirmaciones tienen algún rigor: ¿está la ganadería en riesgo por la presencia de los lobos? Analicemos algunas cifras.

Asturias cerró su censo bovino de 2025 con 337.000 animales; Galicia supera el medio millón; Cantabria cuenta con unas 250.000 vacas; y Euskadi con unas 150.000. Es decir, hablamos de más de un millón de vacas solo en las comunidades cantábricas. A la vista de que la ganadería bovina -que es la principal en esas regiones cuyos responsables son los impulsores de mensajes apocalípticos- no está en peligro, hablemos de los daños ocasionados por los lobos.

Según distintos datos tomados de las comunidades autónomas, el número de animales afectados anualmente por ataques de lobos se sitúa en unos 15.000 para el total de los territorios en que los lobos están presentes en la mitad norte de España (porque en la mitad sur los eliminamos hace pocas décadas). En esos territorios, el censo ganadero total en extensivo supera los tres millones de animales. La afección numérica de esos 15.000 animales muertos atribuidos a los lobos supone el 0,5 % de la cabaña ganadera total en extensivo. Las pérdidas de animales por otras causas, como enfermedades o ingestión accidental de plantas tóxicas, supera esa cifra. Por poner un contraste, el brote de dermatosis nodular contagiosa (DNC) que afectó a Cataluña a finales de 2025 derivó en el sacrificio de más de 2.000 vacas solo en Girona: algo más del 1,5 % del censo bovino de esa provincia.

Basándonos en datos, los daños de los lobos no son una amenaza para el sector ganadero. Esto no exime de que en casos muy determinados los daños pueden derivar en problemas puntuales en algunas explotaciones. Porque, más allá de las cifras globales, hay que observar los problemas individuales. Pero para ello están las medidas preventivas y compensatorias.

Los daños de los lobos se pueden y se deben prevenir y minimizar. Para ello existen numerosas alternativas, desde el uso de perros de vigilancia bien entrenados hasta los vallados y sistemas de seguimiento con tecnología de localización, medidas que tienen que ir acompañadas de un cuidado de los animales con cierres nocturnos y pastoreo presencial. Todas estas medidas deben contar con el apoyo de las administraciones, con acciones de formación y suficiente respaldo económico, medidas que además pueden generar empleo en el medio rural. Tenemos como sociedad el reto de abordar esas medidas de coexistencia con la fauna salvaje, siendo conscientes de que en ciertos casos son complejas de implementar. Pero sabemos cómo hacerlo, el objetivo es llevarlo a cabo sobre el terreno afrontando las dificultades que existen, analizando los casos individualmente y creando marcos de mediación con la imprescindible participación del sector ganadero.

Además, los daños de los lobos, como todos los de la fauna salvaje, deben ser indemnizados de manera ágil y contemplando otros efectos que conllevan los mismos. Esos daños ascienden actualmente a una cifra que se mueve entre ocho y diez millones de euros anuales para el total de las comunidades donde los lobos están presentes. También leemos y escuchamos declaraciones en el sentido de que esos daños económicos son “inasumibles”. Solo el Gobierno de Asturias gastó en 2022 más de diez millones de euros en mejorar las instalaciones de una estación de esquí, la de Valgrande-Pajares, que desde entonces apenas pudo ser utilizada unas pocas semanas por falta de nieve, algo previsible en un contexto de cambio climático.

Pero además de todo esto, los lobos aportan lo que se ha venido a llamar servicios ecosistémicos. Esto quiere decir también beneficios que nos afectan de manera directa a las personas en nuestra vida cotidiana. Los grandes carnívoros regulan las poblaciones de herbívoros, como ciervos y jabalíes, cuya abundancia puede derivar en problemas de degradación de vegetación, de índole sanitario e incluso de seguridad vial.

La población de ciervos y jabalíes en parques nacionales como Cabañeros o Monfragüe está generando graves problemas en el ecosistema de ambos espacios; el brote de peste porcina en Cataluña enfrenta a la administración a un grave problema con consecuencias económicas elevadísimas; y los accidentes de tráfico por atropello de fauna -principalmente ciervos, jabalíes y corzos- supusieron en España más de 30.000 casos en 2024, con ocho personas fallecidas y más de 500 heridas, además de un monto económico que se estima en más de 100 millones de euros. En Norteamérica la presencia de pumas en territorios que esta especie recolonizó, redujo los accidentes de tráfico con ungulados en un 22 %, lo que se estima que pudo salvar 155 vidas humanas y evitar más de 21.000 personas heridas.

Tras la ignominiosa maniobra política impulsada en 2025 por el PP y Vox, abrazada por Junts y PNV, extrayendo al lobo del listado de especies protegidas, los gobiernos de Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja se lanzaron a matar lobos. Afortunadamente asistimos a pronunciamientos judiciales que vienen a confirmar lo que desde la ciencia se viene defendiendo, paralizando muchos de esos planes. Pero esas comunidades anuncian que no se detendrán, que pese a los datos y las sentencias quieren imponer su relato, un relato en el que los apenas 2.000 lobos ibéricos que habitan en España son la causa de todos los males del medio rural.

En las próximas semanas, el Gobierno español tiene que cumplir con la obligación de remitir a la Comisión Europea el informe sobre el estado de conservación del lobo, y algunas comunidades autónomas ya han anunciado que pretenden imponer un informe que les permita seguir matando lobos, un informe contrario al criterio del Ministerio de Transición Ecológica y contrario a todos los informes científicos que señalan que la población de lobos sigue estando en una situación frágil y vulnerable.

Sabemos que no hay lobos en la Luna, que muy probablemente allí no exista ninguna forma de vida. Aquí, en la Tierra, tenemos la fortuna de convivir con innumerables especies, muchas de las cuales están desapareciendo en una galopante crisis de biodiversidad, extinciones que estamos causando los humanos cazando, alterando hábitats e incluso modificando las condiciones de vida del planeta a nivel global. Los lobos ibéricos son uno de los mayores exponentes de la belleza natural del planeta que habitamos. Salvemos a los lobos.

Cuando hace unas semanas, desde la nave Orión, nos llegaron imágenes de la cara oculta de la Luna, los consejeros autonómicos de las comunidades donde habitan lobos en España respiraron con alivio: no había lobos a la vista. Y es que en este 2026, en el que la humanidad ha sido capaz de desarrollar una tecnología que permitió llevar a cuatro personas a los confines de la Luna, los responsables de diversas regiones del norte de España nos azotan semanalmente con la admonición de que la ganadería está en riesgo por culpa de los lobos. Somos capaces de poner una nave con cuatro personas a girar alrededor de la Luna, pero hay quien nos quiere hacer creer que en España no es posible implementar sistemas para coexistir con apenas 2.000 lobos sin prescindir de matarlos a balazos.

No es esta una afirmación gratuita, se basa en declaraciones públicas que pueden leerse en la hemeroteca. Hace unos días así lo expresó Marcelino Marcos, consejero de medio rural del Gobierno asturiano, tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que daba la razón a las demandas presentadas por organizaciones ecologistas contra las matanzas de lobos impulsadas por el Gobierno regional.

Este tipo de declaraciones alarmistas son también habituales entre los responsables públicos de Galicia, de Cantabria y de La Rioja, comunidades que, como Asturias, abrazaron la matanza de lobos tras la desprotección de la especie en marzo de 2025. Incluso en Euskadi y Aragón, territorios donde la especie tiene una presencia testimonial, sus gobiernos se expresan en estos términos. La pregunta que procede es si estas afirmaciones tienen algún rigor: ¿está la ganadería en riesgo por la presencia de los lobos? Analicemos algunas cifras.

Asturias cerró su censo bovino de 2025 con 337.000 animales; Galicia supera el medio millón; Cantabria cuenta con unas 250.000 vacas; y Euskadi con unas 150.000. Es decir, hablamos de más de un millón de vacas solo en las comunidades cantábricas. A la vista de que la ganadería bovina -que es la principal en esas regiones cuyos responsables son los impulsores de mensajes apocalípticos- no está en peligro, hablemos de los daños ocasionados por los lobos.

Según distintos datos tomados de las comunidades autónomas, el número de animales afectados anualmente por ataques de lobos se sitúa en unos 15.000 para el total de los territorios en que los lobos están presentes en la mitad norte de España (porque en la mitad sur los eliminamos hace pocas décadas). En esos territorios, el censo ganadero total en extensivo supera los tres millones de animales. La afección numérica de esos 15.000 animales muertos atribuidos a los lobos supone el 0,5 % de la cabaña ganadera total en extensivo. Las pérdidas de animales por otras causas, como enfermedades o ingestión accidental de plantas tóxicas, supera esa cifra. Por poner un contraste, el brote de dermatosis nodular contagiosa (DNC) que afectó a Cataluña a finales de 2025 derivó en el sacrificio de más de 2.000 vacas solo en Girona: algo más del 1,5 % del censo bovino de esa provincia.

Basándonos en datos, los daños de los lobos no son una amenaza para el sector ganadero. Esto no exime de que en casos muy determinados los daños pueden derivar en problemas puntuales en algunas explotaciones. Porque, más allá de las cifras globales, hay que observar los problemas individuales. Pero para ello están las medidas preventivas y compensatorias.

Los daños de los lobos se pueden y se deben prevenir y minimizar. Para ello existen numerosas alternativas, desde el uso de perros de vigilancia bien entrenados hasta los vallados y sistemas de seguimiento con tecnología de localización, medidas que tienen que ir acompañadas de un cuidado de los animales con cierres nocturnos y pastoreo presencial. Todas estas medidas deben contar con el apoyo de las administraciones, con acciones de formación y suficiente respaldo económico, medidas que además pueden generar empleo en el medio rural. Tenemos como sociedad el reto de abordar esas medidas de coexistencia con la fauna salvaje, siendo conscientes de que en ciertos casos son complejas de implementar. Pero sabemos cómo hacerlo, el objetivo es llevarlo a cabo sobre el terreno afrontando las dificultades que existen, analizando los casos individualmente y creando marcos de mediación con la imprescindible participación del sector ganadero.

Además, los daños de los lobos, como todos los de la fauna salvaje, deben ser indemnizados de manera ágil y contemplando otros efectos que conllevan los mismos. Esos daños ascienden actualmente a una cifra que se mueve entre ocho y diez millones de euros anuales para el total de las comunidades donde los lobos están presentes. También leemos y escuchamos declaraciones en el sentido de que esos daños económicos son “inasumibles”. Solo el Gobierno de Asturias gastó en 2022 más de diez millones de euros en mejorar las instalaciones de una estación de esquí, la de Valgrande-Pajares, que desde entonces apenas pudo ser utilizada unas pocas semanas por falta de nieve, algo previsible en un contexto de cambio climático.

Pero además de todo esto, los lobos aportan lo que se ha venido a llamar servicios ecosistémicos. Esto quiere decir también beneficios que nos afectan de manera directa a las personas en nuestra vida cotidiana. Los grandes carnívoros regulan las poblaciones de herbívoros, como ciervos y jabalíes, cuya abundancia puede derivar en problemas de degradación de vegetación, de índole sanitario e incluso de seguridad vial.

La población de ciervos y jabalíes en parques nacionales como Cabañeros o Monfragüe está generando graves problemas en el ecosistema de ambos espacios; el brote de peste porcina en Cataluña enfrenta a la administración a un grave problema con consecuencias económicas elevadísimas; y los accidentes de tráfico por atropello de fauna -principalmente ciervos, jabalíes y corzos- supusieron en España más de 30.000 casos en 2024, con ocho personas fallecidas y más de 500 heridas, además de un monto económico que se estima en más de 100 millones de euros. En Norteamérica la presencia de pumas en territorios que esta especie recolonizó, redujo los accidentes de tráfico con ungulados en un 22 %, lo que se estima que pudo salvar 155 vidas humanas y evitar más de 21.000 personas heridas.

Tras la ignominiosa maniobra política impulsada en 2025 por el PP y Vox, abrazada por Junts y PNV, extrayendo al lobo del listado de especies protegidas, los gobiernos de Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja se lanzaron a matar lobos. Afortunadamente asistimos a pronunciamientos judiciales que vienen a confirmar lo que desde la ciencia se viene defendiendo, paralizando muchos de esos planes. Pero esas comunidades anuncian que no se detendrán, que pese a los datos y las sentencias quieren imponer su relato, un relato en el que los apenas 2.000 lobos ibéricos que habitan en España son la causa de todos los males del medio rural.

En las próximas semanas, el Gobierno español tiene que cumplir con la obligación de remitir a la Comisión Europea el informe sobre el estado de conservación del lobo, y algunas comunidades autónomas ya han anunciado que pretenden imponer un informe que les permita seguir matando lobos, un informe contrario al criterio del Ministerio de Transición Ecológica y contrario a todos los informes científicos que señalan que la población de lobos sigue estando en una situación frágil y vulnerable.

Sabemos que no hay lobos en la Luna, que muy probablemente allí no exista ninguna forma de vida. Aquí, en la Tierra, tenemos la fortuna de convivir con innumerables especies, muchas de las cuales están desapareciendo en una galopante crisis de biodiversidad, extinciones que estamos causando los humanos cazando, alterando hábitats e incluso modificando las condiciones de vida del planeta a nivel global. Los lobos ibéricos son uno de los mayores exponentes de la belleza natural del planeta que habitamos. Salvemos a los lobos.

En Euskadi hay instaladas ya 25 máquinas de 'vending' muy particulares en 18 localidades. Ofrecen alimentos sobrantes para evitar el desperdicio. El proyecto, detrás del que está Rexcatering, comenzó a gestarse en 2014. Sus fundadores, Álvaro Saiz Ruiz, Ainhoa Crespo Gadea y Juan Marcos de Miquel Sagnier, tomaron la idea mientras trabajaban en un banco de alimentos en Aldakonea y detectaron el volumen de desperdicio generado en las cocinas.

Saiz explica a este periódico que tardaron siete años en materializar el proyecto. Fueron “pioneros” en estructurar una iniciativa de este tipo, lo que implicó un largo proceso de investigación y búsqueda de financiación. La primera máquina expendedora se inauguró en 2021 en Azpeitia, en colaboración con el colegio Iraurgi Ikastetxea. Actualmente, en Euskadi, Rexcatering cuenta con 25 máquinas distribuidas en 18 municipios. Según la entidad, se ofrecen alrededor de 1.000 raciones diarias, que desaparecen en una media de tres horas y media. El proyecto se ha expandido a otras comunidades como Navarra y Catalunya, e incluso también al principado de Andorra. En total, dispone de al menos 30 máquinas, con una media de 40.000 raciones mensuales.

Con un objetivo medioambiental en mente, según publicitan desde Rexcatering, ofrecen una alternativa para evitar el desperdicio de alimentos en grandes servicios de restauración como caterings, comedores escolares, hospitales y geriátricos. A través de máquinas expendedoras, estas entidades distribuyen gratuitamente excedentes aprovechables de sus menús a cualquier persona interesada. al modo que ya se hace en otras aplicaciones o servicios como 'Too good to go'.

El proceso requiere cumplir estrictamente la normativa sobre alimentos aprovechables. La comida no servida y en buen estado se envasa, etiqueta y se introduce en las máquinas, explica Saiz. Algunas de estas se ubican dentro de centros educativos, mientras que otras, compartidas por varias entidades, se instalan en espacios públicos como ayuntamientos.

En el caso de los comedores escolares, el personal de cocina se encarga del envasado, considerado el paso más delicado. Posteriormente, los alumnos participan en el etiquetado, incorporando información sobre ingredientes, alérgenos y fecha de cocción. Finalmente, son ellos mismos quienes trasladan los alimentos a las máquinas en bolsas específicas que garantizan su conservación.

Saiz subraya que el sistema también tiene un objetivo educativo. Los estudiantes utilizan una aplicación móvil, basada en un software de la Generalitat catalana, que les permite no solo etiquetar, sino también analizar datos y reflexionar sobre el desperdicio alimentario. De este modo, conceptos como el consumo de agua, combustible o el cálculo de porcentajes se integran en su aprendizaje a partir de las raciones gestionadas por Rexcatering.

Además de su dimensión educativa, el proyecto cumple una función social, defienden sus promotores. Al ofrecer alimentos en buen estado de forma gratuita, contribuye a “ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad”. Sin embargo, Saiz aclara que no han querido limitar el acceso a este colectivo, ya que “no hay nada más excluyente que hacer cosas para los excluidos”, apostando así por un modelo más inclusivo y digno. Una ley de 2025 establece como prioridad el aprovechamiento de excedentes aptos para el consumo humano y fomenta su redistribución mediante acuerdos entre entidades, lo que encaja directamente con este modelo.

Una subida lenta del nivel del mar ya altera el equilibrio del delta del Ebro y cambia cómo se comporta el agua en sus bahías. Este espacio reúne una de las mayores concentraciones de especies en Catalunya, con ecosistemas que dependen de la salinidad y de la temperatura para mantener su funcionamiento.

El delta del Ebro está en riesgo por distintos motivos que actúan al mismo tiempo, desde la presión climática hasta la regresión de la costa o la variación en las condiciones del agua. Esa riqueza biológica que lo define también lo hace vulnerable, porque cualquier cambio en esas variables repercute en los hábitats y en las actividades que dependen de ellos, incluida la acuicultura.

La Generalitat impulsa un plan para transformar la acuicultura

El plan de la Generalitat hasta 2029 busca transformar el cultivo de mejillón y ostra en el delta del Ebro mediante descarbonización, modernización energética y adaptación al cambio climático. El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha presentado esta iniciativa con el objetivo de responder a los retos ambientales y energéticos que afectan al sector.

Òscar Ordeig, conseller de Pesca de la Generalitat, impulsó el proyecto coincidiendo con la campaña del mejillón de 2026. El programa plantea cambiar el modelo productivo para que pueda mantenerse en un contexto cada vez más exigente.

La sustitución de motores de combustión en las embarcaciones auxiliares marca uno de los cambios más claros. Estos motores generan más de 215 toneladas anuales de CO2, una cifra que condiciona tanto el impacto ambiental como el coste energético.

El plan plantea introducir sistemas eléctricos y desplegar puntos de recarga en zonas como la Petita Venècia o la Illa de Mar. Esa transformación modifica la operativa diaria, porque reduce el consumo de combustible y ajusta el uso de energía a un sistema distinto.

La instalación de placas solares en las infraestructuras del sector abre otro frente de cambio. En 35 almacenes situados en la Petita Venècia se retirarán cubiertas para colocar sistemas fotovoltaicos que cubran una parte del consumo, estimado en unos 165.000 kWh al año.

Las plataformas acuícolas también incorporarán estos sistemas, con el objetivo de reemplazar generadores alimentados por combustibles fósiles. Esa producción energética propia permite reducir costes y ajustar la actividad a un modelo menos dependiente del exterior.

La actividad genera millones y depende del estado del entorno

El aumento de la temperatura del agua ya está afectando a la producción de mejillones y ostras. Las condiciones en las bahías cambian y obligan a modificar calendarios y técnicas de cultivo para evitar pérdidas. El plan introduce medidas como la captación de semilla en zonas más frías fuera de las bahías y refuerza los controles sanitarios para reducir la mortalidad. Aun así, el comportamiento del clima sigue marcando el límite de estas actuaciones, porque el entorno condiciona directamente el resultado.

La relevancia económica del sector explica la urgencia de estas medidas. En el delta del Ebro hay 197 mejilloneros en activo y 167 plataformas de cultivo, con 90 en la bahía de Els Alfacs y 77 en la del Fangar. La producción anual supera las 2.900 toneladas y genera unos ingresos cercanos a los siete millones de euros en primera venta. Esta actividad depende de la calidad ambiental del entorno y está ligada a espacios protegidos como el Parque Natural y la Red Natura 2000.

La financiación del plan combina recursos públicos y fondos europeos. El 30% procede de aportaciones públicas y el 70% restante llega desde Europa, con una dotación inicial de cinco millones de euros. Además, se contemplan ayudas directas de 30.000 euros anuales hasta 2028 para la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l’Ebre. Estas aportaciones buscan facilitar la adaptación del sector a los cambios técnicos y energéticos que exige el nuevo modelo.

La creación de una organización de productores acuícolas forma parte de la estrategia para mejorar la comercialización. El objetivo es reforzar la marca Marisc Delta de l’Ebre y abrir nuevas vías como el turismo vinculado a la acuicultura. Esa estructura permite coordinar la producción y dar más fuerza al sector en el mercado, donde la competencia aumenta y obliga a diferenciar el producto.

El plan hasta 2029 se plantea como una transformación completa del sistema productivo. No se trata de ajustes aislados, sino de adaptar cada parte del proceso a las nuevas condiciones del entorno y de la energía. Ese cambio afecta a cómo se produce, cómo se gestiona la energía y cómo se organiza el sector, mientras cada variación en las aguas del delta condiciona la continuidad de la actividad.

El Gobierno de Castilla-La Mancha concederá ayudas por valor de hasta 300.000 euros para el aprovechamiento de las energías renovables en la región en comunidades energéticas y comunidades de propietarios.

Una orden de la Consejería de Desarrollo Sostenible publicada este miércoles en el Diario Oficial de la región ha dado a conocer las bases que regularán las ayudas, aunque todavía no hay una convocatoria vigente.

Así, se establece que serán subvencionables las inversiones para instalar equipos o tecnologías de energía solar fotovoltaica. Entre las actuaciones que podrán ser objeto de la ayuda se encuentran la adquisición de equipos y materiales, el montaje de las instalaciones y los costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas, entre otros. También se consideran subvencionables las ampliaciones de las instalaciones ya existentes por mayor generación. Las instalaciones de generación de energía eléctrica podrán estar conectadas a la red o estar aisladas de la misma, o ser para autoconsumo.

Topes de 80.000 euros por actuación y 300.000 por comunidad

La subvención máxima concedida no superará los 80.000 euros por actuación, con un tope de 300.000 euros para todas las actuaciones que realice una misma comunidad beneficiaria durante cualquier periodo de tres años. El coste de las intervenciones sí podrá ser mayor que dichos importes, pero el excedente no sería subvencionable.

De estas ayudas podrán beneficiarse las comunidades energéticas y las comunidades de propietarios, tanto si realizan una actividad económica por la que ofrezcan bienes o servicios en el mercado como si no la realizan.

La orden indica que, para ser beneficiaria, la comunidad deberá estar formada por un mínimo de cinco personas socias o miembros, y que las instalaciones resultantes de la actuación que fundamenta su concesión deberán ser explotadas y utilizadas por la comunidad energética.

También establece un plazo de ejecución máximo de 15 meses, que podrá ser ampliado en un máximo de 6 meses, si bien la orden remite a lo que se marque en cada convocatoria.

44 comunidades energéticas activas en la región

Las comunidades energéticas están formadas por socios o miembros que se unen para aprovechar de manera conjunta los recursos renovables o realizar actividades relacionadas con el sector energético, de manera que los beneficios que se generan, medioambientales y socioeconómicos, se reinvierten en la propia comunidad o el área local donde se ubica.

Actualmente, el portal web Comunidades Energéticas de Castilla-La Mancha indica que en la región hay 44 comunidades activas. Forman parte de ellas 932 socios, tienen instalados 8.825 kW y producen 14,17 GWh/año, ahorrando 2.848,77 toneladas de CO₂ al año. Además, hay otras 55 comunidades en proceso de constitución.

Cada 22 de abril, mi memoria regresa al bullicio del aula, a ese aroma a tierra mojada mezclado con el entusiasmo de quienes descubren el mundo. Como docente jubilada, el Día de la Tierra no es para mí una celebración festiva ni un eslogan vacío; es un recordatorio de las semillas de esperanza que plantamos y que hoy, tristemente, vemos amenazadas por un mundo que parece haber perdido el rumbo.

La magia de lo inmediato: Lentejas y asombro

En nuestras clases, la vida era la protagonista. Elegíamos lentejas y garbanzos porque su prisa por nacer se ajustaba a la impaciencia bendita de los niños. Ver cómo la vida rompía la cáscara y asomaba la raíz en un simple tarro de cristal con algodón era nuestra primera lección de milagro cotidiano. Aquel asombro infantil era la semilla de un respeto que hoy, como sociedad adulta, estamos pisoteando.

Clases dinámicas: Los pequeños hábitos que cuentan

Nuestra metodología se basaba en la acción. Organizábamos clases dinámicas y atractivas donde el juego era el vehículo del saber. Recuerdo con especial cariño cómo los niños se transformaban al sentirse parte de una misión importante: se convertían en Guardianes de la Tierra. Para reforzar esa ilusión, contábamos, en ocasiones, con monitores especializados que traían nuevas energías y enfoques diferentes, haciendo que el aprendizaje fuera una experiencia única y emocionante.

Otras veces, salíamos del aula para adentrarnos en espacios naturales, donde el aprendizaje se volvía aún más real y profundo. Allí, el contacto directo con la tierra, el agua y la vida despertaba en ellos una sensibilidad especial difícil de lograr entre cuatro paredes. Eran experiencias que no se olvidan, porque se sienten.

Juntos, utilizábamos los contenedores adecuados y diferentes objetos desechables en el aula para que aprendieran, de forma práctica y visual, dónde depositar cada residuo. Pero, sobre todo, les educábamos en los detalles: que el grifo abierto al lavarse los dientes, el abuso del agua embotellada o un chicle al suelo son formas de contaminación silenciosa. El ordenador también era una herramienta interactiva y muy atractiva para descubrir esos pequeños hábitos que debemos evitar por el bien del Planeta.

La Tierra en el abismo: Una realidad que duele

Hasta hace poco creíamos que la naturaleza era indestructible. Sin embargo, hoy vemos una Tierra que se ahoga en plástico y se derrite por los polos. Estamos batiendo un triste récord: más de un millón de especies están en peligro de extinción. Según expertos del IPBES y WWF, este uso insostenible de la tierra, el agua y la energía nos ha llevado a la sexta extinción masiva de la historia.

El despertar de nuestra tierra: milagros y heridas en Castilla-La Mancha

No hace falta mirar a los polos para entender la urgencia de proteger lo nuestro. El mapa de nuestra propia tierra nos devuelve hoy una imagen que llena el alma, pero que también nos pone en guardia:

El milagro de la inundación: Ver hoy las Tablas de Daimiel y las Lagunas de Ruidera rebosantes de agua, recuperando su esplendor tras las abundantes lluvias de enero y febrero, es como ver germinar aquella lenteja de mis alumnos a una escala gigante. Es un recordatorio de la capacidad de regeneración de la naturaleza cuando le damos un respiro. Sin embargo, que la vida dependa de la excepcionalidad de un invierno generoso nos advierte de nuestra fragilidad.

El grito del Tajo: No puedo hablar de agua sin alzar la voz por nuestro río Tajo. Es indignante ver cómo se le despoja de su caudal, convirtiéndolo en un canal de cemento que entrega su alma a kilómetros de distancia mientras sus riberas sufren la humillación del olvido. El agua de nuestros ríos no es un excedente comercial, es la sangre de nuestra tierra.

La amenaza invisible: La erosión galopante y la proliferación de macrogranjas en nuestras provincias están contaminando los mismos acuíferos que hoy celebramos ver llenos. Estas macrogranjas no solo vacían nuestros acuíferos, sino que convierten las tierras en eriales infértiles, donde nada vuelve a crecer, dejando un paisaje desolado tras la promesa de un beneficio rápido. Para detener esto, es necesario regular su expansión, apostar por la agroecología y exigir un modelo agrícola sostenible que cuide los recursos para el futuro.

Un grito contra el derroche y la insensatez

Me duele profundamente ver cómo nos estamos cargando nuestra Tierra. Es indignante comprobar cómo, mientras enseñábamos a los niños a valorar cada gota de agua, hoy vivimos sumergidos en un derroche constante. El 70% del agua dulce del mundo y el 90% de la deforestación global se atribuyen a una producción intensiva que altera hábitats hasta hacerlos desaparecer.

Derrochamos energía sin medida y ropa de usar y tirar. Talamos bosques enteros para extraer maderas y construir lo que ni siquiera necesitamos. Y mientras tanto, se invierten fortunas en guerras absurdas que calcinan el suelo. Gastamos lo que no tenemos en destruir lo que la naturaleza tardó millones de años en crear.

La guerra: la herida más cruel para la Tierra

No podemos olvidar que la guerra es también una forma extrema de agresión al planeta. Allí donde estalla un conflicto, la vida desaparece en todas sus formas: se talan bosques, se envenenan suelos, se contaminan aguas y se destruyen ecosistemas enteros. La Tierra no entiende de bandos; sufre en silencio cada explosión, cada incendio, cada abandono. Defender la paz es también una forma urgente de defender la vida y el futuro del planeta.

La Tierra no es una herencia, es un préstamo bajo asedio

Debemos despertar: la Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos que estamos devolviendo roto. No podemos seguir mirando hacia otro lado ante este consumo voraz. Ser adulto hoy es decir “basta” a la contaminación por ambición y a la violencia contra la naturaleza.

Mi legado es mi denuncia

Miro atrás y veo a aquellos niños que hoy son hombres y mujeres. A ellos les digo: recuperad el asombro de la lenteja y la conciencia de aquel grifo cerrado, pero sumadle la rebeldía necesaria para defender lo que queda. La educación ambiental que vivimos no fue para decorar un cuaderno, sino para formar ciudadanos valientes que defiendan la vida.

¡Hoy no solo celebro la Tierra, hoy la reivindico y la defiendo con la fuerza de quien sabe que cuidar nuestra casa es la única forma de asegurar el futuro!

Un árbol puede limpiar el aire, pero su presencia depende de espacio, suelo y unas condiciones que no siempre se cumplen en una ciudad. Los árboles siguen siendo la principal referencia cuando se habla de entornos urbanos más verdes, aunque su papel encuentra límites claros cuando el asfalto ocupa cada rincón y la contaminación complica su crecimiento.

En muchas calles no hay tierra disponible, y en otras el nivel de gases hace difícil que un ejemplar joven llegue a desarrollarse con normalidad. Esa situación empuja a buscar soluciones que mantengan la función de limpiar el aire sin depender de raíces ni parques amplios. A partir de ahí aparecen sistemas que replican ese trabajo en formatos distintos, pensados para encajar justo donde un árbol no puede existir.

Serbia instaló en 2021 un sistema urbano con microalgas

Serbia instaló en Belgrado el primer sistema urbano de este tipo en 2021, un fotobiorreactor llamado LIQUID3, desarrollado por el Instituto de Investigación Multidisciplinar de la Universidad de Belgrado y recogido por United Nations Development Program (UNDP). Desde entonces, el dispositivo lleva años en funcionamiento como parte de las soluciones que la ciudad ha ido probando para mejorar la calidad del aire.

Este dispositivo utiliza agua y microalgas para capturar dióxido de carbono y generar oxígeno mediante fotosíntesis. Funciona como una unidad autónoma que se coloca en plena calle, sin necesidad de suelo natural, y responde a un problema concreto en ciudades donde el espacio verde escasea. El proyecto se concibió como una herramienta para mejorar la calidad del aire en zonas con alta concentración de emisiones.

El sistema se basa en un depósito transparente con unos 600 litros de agua donde viven microalgas de una sola célula. Estas algas absorben el dióxido de carbono del aire y, con la luz, lo transforman en oxígeno y biomasa, un proceso que replica la fotosíntesis vegetal pero en un entorno controlado.

El diseño incluye una estructura que permite captar la mayor cantidad posible de luz y, en algunos casos, un sistema de bombeo que introduce aire en el tanque para que el intercambio de gases sea continuo. Además, el dispositivo incorpora paneles solares que alimentan la iluminación nocturna y otros elementos integrados como cargadores para teléfonos.

El sistema se mantiene con ciclos periódicos de renovación

El funcionamiento no se detiene tras la primera fase de crecimiento. Cada cierto tiempo, aproximadamente cada seis semanas, se retira la biomasa generada por la multiplicación de las algas, se añade agua y minerales, y el proceso continúa. Ese material extraído tiene uso como fertilizante, lo que añade una salida práctica al residuo generado. Las microalgas utilizadas proceden de entornos naturales del propio país y tienen la capacidad de crecer en agua corriente, además de soportar variaciones de temperatura sin perder actividad.

La necesidad de soluciones como esta se entiende al observar el contexto urbano. Según Francine Pickup, representante residente del UNDP en Serbia, “las ciudades son la fuente de hasta el 75% de las emisiones totales de CO2 en el mundo”. A esto se suma que el 59% de la población serbia vive en zonas urbanas, una cifra que sigue creciendo y que aumenta la densidad de tráfico, el uso de calefacción y refrigeración y, con ello, la cantidad de gases en el aire.

Los investigadores comparan su eficacia con árboles y césped

En ese entorno, plantar árboles no siempre resulta viable. Hay barrios sin espacio libre y zonas donde la contaminación dificulta que los árboles sobrevivan. En Belgrado, la presencia de grandes centrales de carbón cercanas y el tráfico urbano generan niveles elevados de partículas y gases, con cifras de contaminación que han situado al país entre los más afectados de Europa en varios informes. En estas condiciones, algunas especies vegetales no resisten, mientras que las microalgas mantienen su actividad.

La comparación entre ambos sistemas explica el interés por este tipo de tecnología. Ivan Spasojevic, investigador del proyecto, explicó que “las microalgas en LIQUID3 reemplazan dos árboles de 10 años o 200 metros cuadrados de césped”.

Esa capacidad se debe a su velocidad de crecimiento y a la intensidad de su proceso de fotosíntesis, que puede ser entre 10 y 50 veces más eficaz que el de las plantas terrestres. Aun así, el propio equipo insiste en que el objetivo no es sustituir los bosques, sino ocupar los huecos donde no es posible plantar.

El proyecto se integra en la ciudad con funciones para vecinos

El primer prototipo se instaló el 9 de septiembre de 2021 frente al Ayuntamiento de Stari Grad, en la calle Makedonska de Belgrado, una zona con tráfico intenso. El sistema se integró como un banco urbano con iluminación y puntos de carga, lo que permite que cumpla una función diaria para los ciudadanos mientras actúa sobre el aire. La estructura está pensada para operar durante todo el año, incluso en invierno, gracias a su sistema de regulación interna.

El proyecto recibió un reconocimiento dentro del programa Climate Smart Urban Development, impulsado por el UNDP junto al Ministerio de Protección Ambiental de Serbia y con apoyo del Global Environment Facility. Fue seleccionado como una de las 11 soluciones más destacadas en ese marco, mientras el municipio de Stari Grad facilitó la ubicación para su instalación.

Ese respaldo institucional confirma que estas propuestas se están incorporando como parte de una estrategia urbana más amplia, donde cada dispositivo ocupa un espacio que antes quedaba sin opción para plantar nada.

Tras seis años de obstrucción continuada del relato climático —cuyo comienzo lo marcó la pandemia, momento en el que la conversación sobre la causa empezó a desinflarse—, una entidad se ha propuesto servir de puente en España entre los diferentes actores del ecosistema climático. Y ha dibujado un horizonte: reimpulsar el diálogo social sobre uno de los mayores desafíos del presente en un momento en el que, pese a que hay más evidencia y acción que nunca, la ciudadanía se siente profundamente desencantada con la lucha.

“Nos hemos cargado la idea de futuro. El dibujo que hace la sociedad cuando se le pregunta por el futuro es el de un sitio apocalíptico al que nadie quiere llegar”, resumía Cristina Monge, socióloga y politóloga, en un evento celebrado el pasado jueves en Madrid. 

Su organizador fue Bla Bla LAB, un laboratorio de datos, tácticas y narrativas por el clima —recientemente ensalzado por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) como uno de los mayores referentes actuales en materia de comunicación climática— que intentará actuar durante el próximo año y medio como un “imán” entre los distintos actores (hasta ahora relativamente dispersos entre sí) para facilitar el trazado de una agenda común.

“Pensemos en este encuentro como un punto de partida”, expresó Laura Barrera, responsable de proyectos y de comunicación estratégica en Bla Bla LAB. Se estaba dirigiendo a más de una treintena de actores clave de la sociedad civil, del sector público y privado, y de la academia, que asistieron a la cita. Estaban allí tanto personas del mundo de la sociología y de la comunicación, como del MITECO, de Greenpeace, de Moeve, o de la Federación de Consumidores y Usuarios.

Las narrativas desinformadoras están logrando que el debate no gire en torno a lo que tiene que girar

Maribel Ángel-Moreno — Coordinadora de la sección de Clima de Maldita.es

Como arranque, varios actores y actrices salieron a escena para representar a cuatro tipos de españoles, cuatro arquetipos (de los ocho que ha prototipado el laboratorio atendiendo a cómo percibimos en España la emergencia climática), que se encuentran, en mayor o menor medida, desconectados de la causa. 

“Yo soy Antonio, trabajo en una empresa de logística [...]. Estamos en el peor momento político de nuestra historia: entre problemas de corrupción, de inmigración... Y sobre el cambio climático, ¿qué, qué queréis que os diga? Mis abuelos han trabajado la tierra toda la vida en su pueblo [...] Eso sí que es cuidar la tierra y cuidar nuestra patria [...]. Creo que lo que nos da sentido a los seres humanos es crear una familia, emprender, tener un trabajo y no la agenda 2030”, expresó uno de ellos.

“Ahí es justamente donde queremos trabajar. Al final, a las personas les movilizan cosas distintas. O sea, ‘Antonio’ quiere formar una familia y ‘Teresa’ quiere servicios públicos de calidad. Es importante, entonces, incluir en la conversación a personas como Antonio, además de tratar de movilizarlas a través de sus propios canales y códigos”, afirmó Fernando A. García, director de innovación en Hexagonal (la consultoría de la que nace el laboratorio).

Del desencanto a la ilusión

Sin embargo, pese a la autocrítica del sector, es crucial atender al esquema completo. Según la Climate Social Science Network, este momento de “obstruccionismo climático”, esta pasividad social, responde también a la irrupción deliberada de diversos agentes en la agenda pública para forzar un cambio de encuadre, distorsionar lo que hasta ese momento se entendía como “sentido común”, desacreditar las medidas que se han propuesto frente a la crisis, e influir en las decisiones políticas para frenar el apoyo a la causa.

“Las narrativas desinformadoras están logrando que el debate no gire en torno a lo que tiene que girar”, explicó a este diario Maribel Ángel-Moreno, coordinadora de la sección de Clima de Maldita.es, fundación especializada en la lucha contra la desinformación. “Se ha conseguido que la gente hable de algo que ya está comprobado por la ciencia. Es como empezar desde el principio. Además, hemos visto que durante los últimos fenómenos extremos, como la dana o los incendios, se ha disparado la desinformación de forma extrema. De esta forma se ha intentado alejar la conversación del cambio climático”, señalaba Ángel-Moreno.

Por otro lado, sucesos como el drama de la vivienda o la crisis geopolítica están abrumando a los españoles, de manera que el cambio climático está quedando relegado al puesto número 15 de los principales problemas del país. Una de las actrices, de hecho, referenciaba en su interpretación este tema: “Yo creo que el cambio climático es importante, pero también me preocupa mi salud mental. [...] Enciendo la televisión y me dan ganas de morirme”.

El reto de desbloquear la vía para que el relato climático penetre de nuevo en la conversación es, por tanto, gigante, pero Raúl Oliván, director de Hexagonal, lo ve más que posible: “Yo creo que tenemos que hablarle a la gente de lo que le importa, le duele, o le motiva y, sobre ello, construir una narrativa sobre el tema que ni siquiera tenga por qué mencionar el cambio climático de forma directa”.

Si alguien te dice que le preocupa mucho el tema del clima, no puedes saber si es de Podemos, de Sumar, del PSOE, del PP, o incluso de Vox

Luis Aguado — (More in Common)

“Veo que hay una primera barrera de recelo y de suspicacia hacia la problemática en mucha gente, pero creo que si la superamos, nos encontraremos con un caldo de cultivo que sí logre aglutinar a una mayoría de personas en torno a esto, porque es como de sentido común. Y la gente tiene muchísimo sentido común. Mucho más del que pensamos”, asegura.

Según Luis Aguado, de la organización More in Common —dedicada a encontrar qué es aquello que nos une a los españoles—, en nuestro país el cambio climático polariza mucho menos de lo que podríamos pensar. “Si alguien te dice que le preocupa mucho el tema del clima, no puedes saber si es de Podemos, de Sumar, del PSOE, del PP, o incluso de Vox. Eso en otros países no es así y es importante que en España no cambie. Para eso, por ejemplo, es vital que el Partido Popular se atreva a hablar de clima de forma ambiciosa y que lo señale como un riesgo real encontrando un discurso propio”, apuntaba en una breve ponencia.

Dos grandes casos de éxito: Altri Non y el proyecto Hope

Pero la comunicación climática en España está muy lejos de haber fallado estrepitosamente, y hay signos de que ya está empezando a dar con la clave. Dos iniciativas recientes así lo demuestran: la victoria gallega contra la macrocelulosa Altri y la serie documental Hope! Estamos a tiempo.

Nerea Pérez, de Greenpeace, y Saya Saulière, de Komons (organización hermana del proyecto Hope en su iniciativa ‘Oleada por la regeneración’) explicaron por qué creían que estos dos casos habían tenido tanto éxito. “‘Altri Non’ es la campaña de Greenpeace que más apoyo ha recibido en una década, y es que hubo algo especial en ella: No fue directamente una movilización climática, ¿pero acaso importa? Fue una movilización por la vida, por la voluntad de decidir cómo se quería vivir”, afirmó Pérez.

‘Altri non’ no fue directamente una movilización climática, ¿pero acaso importa? Fue una movilización por la vida, por la voluntad de decidir cómo se quería vivir

Nerea Pérez — Greenpeace

“Los colectivos, que además venían de mundos muy diversos, no hablaban desde el enfado ni desde la tensión: hablaban desde la emoción, desde el deseo, desde la vida. Transmitían de una manera que no habíamos visto nunca. Nos dio mucho que pensar”, profundizó.

Saulière, por su parte, apuntó que “hace casi un año desde que se lanzó la docuserie Hope!”: “Fueron seis capítulos en los cuales se describieron soluciones apetecibles. Intuíamos que con su visionado la gente podría pasar del desencanto a la esperanza, una emoción muy especial y muy escasa en ese momento. Pensamos: ‘¿Y si pudiéramos hacer que esas personas, ante la activación de ver la serie, se encontrasen?’ y de ahí nació la oleada por la regeneración. Ahora hay doscientos veinte grupos de WhatsApp por toda España organizándose para intentar regenerar su territorio”.

¿Las claves del éxito de este dúo? El enfoque territorial y el cambio de narrativa del problema a la solución y de la escasez a la abundancia (poder imaginar un futuro abundante en todo aquello que sostiene la vida).

Un nuevo rumbo

Según los diversos estudios elaborados por Bla Bla LAB, incluso los perfiles más desencantados del panorama español no tienen un especial ánimo por confrontar la causa. La situación tiene más que ver con emociones como el hartazgo y/o el miedo (algunos sienten que su estilo de vida se encuentra amenazado). “Pero es un proceso de desencanto reversible. No predomina la ira y no hay una gran masa que crea en serio que el cambio climático no existe. Lo que ocurre es que hay que reconstruir la legitimidad y la confianza”, esclarecen.

No predomina la ira y no hay una gran masa que crea en serio que el cambio climático no existe

Laura Barrera — Bla Bla LAB

En base a esto, hacen un llamado a todas aquellas entidades (ayuntamientos, oenegés, asociaciones, colectivos, comunicadores…) que estén volcadas en la acción climática a que se pongan en contacto con ellos si quieren coordinarse con otros agentes. La idea es crear “metanarrativas”, generar insumos de evidencia sobre ellas y, a partir de ahí, impulsar campañas (articuladas entre sí pero individualizadas) de comunicación, de incidencia, y de movilización.

El carácter innovador del “nuevo rumbo” se subrayó en el cierre del evento con una “traducción poética de futuros posibles”. Las organizaciones se fueron acercando a dos poetas durante toda la mañana para contarles qué tipo de futuro se imaginaban o promovían, y ellos convirtieron sus relatos en poemas. Este fue uno de ellos, de Pablo Urizal: “Sólo había que unir los puntos/ dibujar un bosque/ florecer de la mano. [...] Hablar para esperar/ de la vida, un mañana”.

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha estimado un recurso de alzada contra la autorización de una planta de biometanización en el término municipal de Sesma, promovida por la empresa Biometano Sesma S.L. Por medio de una Orden Foral, se anula la Autorización Ambiental Integrada (AII) concedida el pasado mes de octubre a esta instalación.

Al igual que en planta de biogás proyectada en Arróniz –cuya suspensión tuvo que pasar ayer miércoles por el trámite de un acuerdo elevado a Consejo de Gobierno por tratarse el recurrente de una entidad local-, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se pronuncia estimando parcialmente un recurso de alzada, basado en el mismo argumento de déficit de base territorial considerado en la planta de biometanización tramitada en el término municipal de Arróniz, aplicado también al caso de Sesma.

Concretamente, el Servicio de Economía Circular e Innovación de la Dirección General de Medio Ambiente, revisada toda la documentación presentada para acreditar la base territorial, ha confirmado que alguna de las autorizaciones presentadas por la empresa promotora no se ajustan a los requerimientos de la Orden Foral 234/2025, ya que la autorización para el vertido debe ser del titular de las parcelas y no, en su caso, de las personas arrendatarias. En este sentido, parte de estas autorizaciones no se ajustan a la realidad y, por tanto, deben ser excluidas. En definitiva, el proyecto de la planta carece de base territorial suficiente para la aplicación en campo de los digestatos que vayan a tratarse en la instalación, uno de los requisitos que exige la Autorización Ambiental Integrada.

En el caso de la autorización para la planta de biometanización de Sesma, se han interpuesto distintos recursos de alzada por parte de la Fundación Sustrai Erakuntza, la plataforma vecinal Stop Biometano, la agrupación local LOIU del municipio colindante de Lodosa y el colectivo ecologista Ecología y Libertad, además de un requerimiento previo planteado desde el Ayuntamiento de Lodosa.

Al anularse la resolución recurrida de la AAI, procede ahora declarar la terminación del procedimiento de requerimiento previo interpuesto y de los recursos de alzada, por desaparición sobrevenida del objeto de los mismos.

El incendio en el vertedero de Nájera continúa gerando críticas entre los colectivos ecologistas. Para Amigos de la Tierra La Rioja este suceso demuestra la incapacidad del Gobierno de La Rioja e incluso le pide a Capellán que se “plantee la continuidad de la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, y del director general Ignacio Sáenz de Urturi por la desastrosa gestión de la Dirección General de Calidad Ambiental”.

La entidad ecologista riojana recuerda que en menos de un año se han incendiado dos importantes empresas de gestión de residuos. La pimera en Casalarreina (ASIDER ENVIROMENT) donde “no consta que se haya adoptado ningún tipo de medida a posteriori”. El segundo, el vertedero de Nájera, “donde al igual que a las instalaciones de Casalarreina llegan residuos de otras regiones españolas y seguramente de otros países”. A su juicio, “un incendio, de las magnitudes de estos dos, no se produce por causas naturales. Suceden por negligencia de las empresas gestoras de estas instalaciones”. Y aunque celebran que “los diferentes medios del Gobierno de La Rioja hayan actuado con rapidez en ambos casos”, consideran que “estos medios no deberían emplearse proque ambas empresas debería contar una adecuada gstión de los residuos que gestionan”.

Y todo esto ocurre, cuentan, mientras que “Noemí Manzanos e Ignacio Sáenz de Urturi están preocupados únicamente por la caza del lobo y la Dirección General de Calidad Ambiental sigue sin un Director o Directora General después de más de dos meses de la dimisión de José María Infante”.

Asimismo, la entidad ecologista alerta de que “los impactos ambientales de este incendio no se reducen a la contaminación del aire, sino también a los lixiviados con una alta carga contaminante, que pueden afectar a las aguas del Najerilla”. Por lo que insisten en que “una Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiental eficaz, tal y como pide la ciudadanía, tendría que dar una respuesta contundente frente a las empresas que gestionan residuos para que no se produzcan incendios, centrándose en una adecuada gestión de los residuos, con un Director o Directora General eficaz y profesional. Nada esto sucede en este momento, porque la única preocupación de Noemi Manzanos e Ignacio Sáenz de Urtiri es matar lobos”.