El Gobierno pide a los jueces que fuercen al Ayuntamiento de Carboneras a desbloquear ya el derribo del Algarrobico

El Gobierno ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que dé un plazo de tres días al Ayuntamiento de Carboneras para que este convoque, otra vez, un Pleno para votar la revisión de la licencia de obras de El Algarrobico, según trasladan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. También solicita a los jueces que pidan con urgencia copia del acta del Pleno del pasado miércoles, donde la votación con ese mismo objeto quedó frustrada por sorpresa; que identifiquen ya a los responsables de hacer avanzar el procedimiento; y que les multe y traslade sus actuaciones al fiscal si incumplen. A través de la Abogacía del Estado, el Gobierno pide a los jueces que, si esto no ocurre, sean ellos quienes revisen la licencia y, eventualmente, declaren su nulidad.

En el Pleno celebrado el pasado miércoles dos ediles no adscritos y cinco del PSOE dieron al traste con la posibilidad de anular esa licencia, concedida en 2003, al proponer y votar una moción previa que pide el aplazamiento de la decisión hasta contar con nuevos informes jurídicos y económicos que determinen la posible responsabilidad económica para el municipio de anular el permiso de obras concedido en su día a Azata del Sol.

La nulidad estaba más cerca que nunca tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo andaluz, pero tras el aplazamiento de la votación en el Ayuntamiento, la situación jurídica de la mole ha entrado en una nueva fase del mismo impasse que la mantiene varada en la playa del mismo nombre en Cabo de Gata desde hace dos décadas: a pesar de los múltiples pronunciamientos judiciales en contra desde que un juez ordenara parar máquinas el 6 de febrero de 2006, el inmueble sigue en pie porque la licencia concedida por el Consistorio tres años antes es válida hasta que el Consistorio la declare nula.

Ejecución judicial subsidiaria

Subsidiariamente, el MITECO ha pedido a los jueces de que sean ellos los que ejecuten su propia sentencia, pero sólo para el caso de que el Ayuntamiento de Carboneras vuelva a incumplir los requerimientos judiciales (remitir el acta en 48 horas, convocar Pleno en 72 horas e identificar a los responsables).

De esta forma, el Gobierno se inclina por mantener abierta la puerta a una anulación de la licencia en vía municipal, a diferencia de los ecologistas y de la Junta. Nada más conocer lo que pasó en el salón de plenos el mismo miércoles, Greenpeace presentó un escrito pidiendo investigar a los ediles y reiterando que los jueces tomen las riendas del asunto. También el Gobierno andaluz anunció, por boca de la portavoz en funciones Carolina España, que pedirá que sean los magistrados quienes ejecuten su sentencia sustituyendo al Ayuntamiento, algo que el propio Gobierno andaluz descartaba poco más de un año.

Los magistrados ya reconocen expresamente esta posibilidad. En un auto dictado el pasado 2 de junio para desestimar un recurso de la promotora, recordaron que tienen “amplias facultades” para ejecutar la sentencia, “inclusive la declaración de nulidad de la licencia”. Y “sobre todo, tiene la obligación de remover los obstáculos de todo orden que encuentre dicha ejecución”, advertían.

El escrito del Gobierno a los jueces de El Algarrobico se produce sin esperar a la reunión con el Ejecutivo andaluz para abordar los próximos pasos a dar para demoler El Algarrobico, prevista para este martes. La comisión mixta, constituida para dar seguimiento a un reparto de tareas ya suscrito en 2011 (demoler para el Gobierno central; desescombrar y restaurar, para el andaluz) se ha reunido ocho veces desde 2016. Esta vez la presidirá la Junta.  

Los concejales expedientados por el PSOE: “Nos defenderemos”

Después de incorporarse a la vía judicial hace apenas un par de semanas, el Gobierno central trata así de impulsar un procedimiento administrativo eterno que ni los jueces, ni la Junta de Andalucía ni los ecologistas han sido capaces de acelerar, porque todo depende en última instancia de los ediles municipales. Consiste en ejecutar una sentencia del TSJA de 2021, firme desde diciembre de 2022, que obliga a Carboneras a revisar de oficio la licencia.

El Ayuntamiento, gobernado sucesivamente por José Luis Amérigo (PSOE), Felipe Cayuela (exPP) y Salvador Hernández (Ciudadanos) ha puesto todo tipo de excusas para retrasar el cumplimiento de las sentencias que declaran la ilegalidad del hotel y lo abocan a su derribo: ha cometido errores absurdos, tramitado procedimientos innecesarios, votado mociones inútiles y ha alegado que no se tiene personal, para llegar al Pleno del pasado miércoles, en el que la votación final no llegó a producirse bajo el argumento de que, veinte años después, es necesario disponer de al menos tres nuevos informes que arrojen luz de las consecuencias que tiene anular la licencia.  

La nueva pirueta en el Pleno carbonero provocó un terremoto político, porque parece que esta vez sí, algunos contaban con que aquí se terminaba la historia. Pero no. La revisión quedó aplazada porque siete concejales, entre ellos cinco socialistas y dos exalcaldes (Amérigo y Cayuela) votaron por ello. Entre los ecologistas existe el convencimiento de que todo era un teatro del que también participó el alcalde Salvador Hernández, quien no mostró mucha sorpresa de lo que pasaba durante el Pleno pero se dijo muy sorprendido a la salida, y que en el pasado ha pedido que se estudie si al hotel se le podría dar otro uso.

El voto de los cinco ediles socialistas ha dejado en una posición muy incómoda al PSOE, que se apresuró a abrirles expediente disciplinario por no seguir las directrices del partido, mientras el PP les apuntaba con el dedo. No es la primera vez. Los intereses del PSOE, particularmente de su agrupación local, siempre están en cuestión desde que la construcción se impulsara con gobiernos socialistas en la Junta y el municipio.

En 2023 fueron los ecologistas de Greenpeace quienes hicieron pasar como propio del PSOE un gran cartel frente a la sevillana estación de Santa Justa donde juntaban a Amérigo (por entonces candidato socialista a la reelección como alcalde, y contrario a la demolición) con Juan Espadas. “Defiende lo que piensas, Algarrobico demolición”, decía el cartel, que irritó a Espadas, por entonces secretario general de los socialistas andaluces, quien se desmarcó de cualquier connivencia con las maniobras dilatorias de Amérigo replicando en X: “Las sentencias se acatan, no lo duden”.

Tres años después, Espadas ya no es secretario general del PSOE-A. El líder de la agrupación local del PSOE sigue siendo Amérigo, sobrino de Cristóbal Fernández (el alcalde socialista que en 2003 concedió la licencia), quien ha dicho que su expulsión sería injusta: “Nos defenderíamos donde tuviéramos que defendernos”. Y la sentencia, dictada hace cinco años, sigue sin acatarse.