El secretismo sobre los sueldos, y en concreto sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, tiene los días contados en muchas empresas. Este 7 de junio despliega sus efectos la Directiva Europea de 2023 por la que se refuerza el principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres, a través de más transparencia en los sueldos y mecanismos como mayores sanciones a los incumplidores. España llega tarde a su transposición, pero ya trabaja para aprobar una nueva normativa, que no debería retrasarse demasiado en el tiempo a riesgo de una importante multa por parte de Bruselas.

España ha aprobado varias regulaciones en favor de la igualdad salarial entre hombres y mujeres en los últimos años, como la obligación de todas las empresas de tener un registro salarial por sexos y de realizar una auditoría salarial en aquellas compañías a partir de 50 empleados.

“La normativa española es bastante avanzada”, sostiene el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona Eduardo Rojo, que explica que la directiva europea implicará “avanzar más” y “reforzar” ciertas obligaciones, especialmente en cuanto a la transparencia de los salarios y a la brecha retributiva entre hombres y mujeres. Esta diferencia salarial ha aumentado en España según los últimos datos (de 2024) tras once años de descensos.

El Ministerio de Trabajo está elaborando el texto de un real decreto para transponer la regulación europea y que concretará los cambios para las empresas en España. “De manera urgente, culminaremos texto en los próximos días o semanas”, afirmó esta semana el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras lo que se recabará “la opinión de los interlocutores sociales” y se aprobará por parte del Consejo de Ministros, apuntó.

Las autoridades publicarán la brecha de miles de empresas

Una de las novedades más relevantes de la directiva es la transparencia que impone sobre la brecha salarial en las empresas a partir de 100 empleados. Estas compañías, con un periodo transitorio desde junio de 2027 a junio de 2031, deberán comunicar la información sobre la brecha retributiva de género en varios ámbitos (en la media, en los complementos, en la mediana...) a las autoridades y estos datos serán publicados.

En concreto, la regulación europea exige que estos datos se comuniquen a una autoridad competente –que España deberá concretar–, que se encargará de recopilarlos y publicarlos “sin demora” en un formato “de fácil acceso y de fácil manejo que permita la comparación entre empleadores, sectores y regiones del Estado miembro de que se trate”.

Por tanto, la brecha salarial de todas las empresas a partir de 100 trabajadores en España deberá quedar expuesta al público. Bruselas exige que esta autoridad garantice el acceso a los datos correspondientes “a los cuatro años anteriores”, si están disponibles.

Además, ahora España establece un umbral del 25% de brecha salarial para que las empresas tengan que justificar “que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras”. La directiva europea rebaja ese nivel a un 5% en el nivel retributivo medio de las trabajadoras y los trabajadores en cualquier categoría, destaca Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO.

Ese 5% de diferencia implicará que “la empresa deberá realizar una evaluación retributiva conjunta con los representantes de los trabajadores y establecer medidas correctoras”, explica Vidal. Y, “si estas no se corrigieran, se sancionaría a la empresa”, advierte la sindicalista.

Destaca también que Bruselas establece que los plazos de prescripción para las reclamaciones relativas a la igualdad de retribución “no serán inferiores a tres años”, mientras que la legislación española actual solo permite reclamar salarios del último año.

Más transparencia en todos los sueldos

El catedrático Eduardo Rojo destaca que esta nueva directiva combate la brecha salarial “desde cero”, porque como novedad exige una transparencia retributiva “previa al empleo” para las personas solicitantes de un puesto de trabajo, antes de ser contratadas. Las empresas estarán obligadas a facilitar la retribución inicial o una “banda retributiva inicial”, frente a las ofertas actuales en las que el salario no se concreta.

Además, se establece que “ningún empleador podrá hacer a los solicitantes preguntas sobre su historial retributivo en sus relaciones laborales actuales o anteriores”. Algo frecuente en la actualidad, ya que muchas empresas preguntan lo que venían ganando los trabajadores para ajustar el salario.

La regulación europea también exige que los empleadores pongan a disposición de su personal “de manera fácil” los criterios que se utilizan para determinar la retribución de los trabajadores, así como los distintos niveles retributivos existentes y, en empresas a partir de 50 empleados, “la progresión retributiva”.

También se concreta el “derecho a la información” de los empleados “sobre su nivel retributivo individual y sobre los niveles retributivos medios, desglosados por sexo, para las categorías de trabajadores que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor al suyo”. Este derecho ya existe en España con el actual registro por sexos, pero la directiva concreta que se deberá responder a los interesados en un plazo no superior a “dos meses”.

A la espera de la normativa del Gobierno que concrete todos estos cambios y cuándo entrarán en vigor en España, el hecho de haber llegado tarde a la transposición europea ha supuesto una “preocupación generalizada en los departamentos de dirección de personas” de las empresas, “que temen que pueda afectarles de manera negativa, generando responsabilidades y riesgos”, recoge el Periscopio Legal y Fiscal de la consultora PWC (PricewaterhouseCoopers).

No obstante, las reclamaciones contra las empresas en este momento –cuando es el legislador quien no ha cumplido con su deber– no tienen muchas opciones de prosperar. Puede haber alguna “demanda piloto” que trate de actuar contra el Gobierno de España “por no cumplir con la directiva”, apunta Eduardo Rojo, e impedir así la nueva protección a la población trabajadora desde este 7 de junio.

En CCOO apuntan que “habrá que ver” cómo se llevan estas novedades al ordenamiento jurídico español e insisten en que además se deben “adoptar otras medias en ámbitos de los cuidados –concretas sobre la corresponsabilidad tanto del Estado, como de los hombres y de las empresas– si se quiere acabar con la brecha salarial de género”, sostiene Carolina Vidal.

La Asociación de Inspección Sanitaria de Galicia se suma a las críticas al plan contra las bajas de la Xunta. Traslada, en un comunicado, su preocupación por los efectos que puede tener el protocolo común de gestión de incapacidades temporales aprobado por el Gobierno gallego y el papel que las mutuas jugarán en él. El colectivo defiende que las altas laborales deben estar condicionadas solo al reconocimiento médico del trabajador por el correspondiente facultativo del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Reconocen que, en algunos casos, el alta puede ser expedida por los inspectores médicos, “también tras el reconocimiento médico del trabajador afectado”, pero cargan contra la resolución autonómica porque da a las mutuas privadas “una relevancia superior a la prevista en la legislación estatal”, según recoge Europa Press. Ese nuevo protocolo da más poder a las mutuas, cuyas propuestas de alta podrán ser validadas por los inspectores si se considera que están suficientemente motivadas y sin que se interprete que el silencio del médico de cabecera significa que el trabajador debe seguir de baja.

Estas críticas se suman a las de los sindicatos de clase, varios sindicatos médicos, asociaciones profesionales y los cuatro colegios médicos de Galicia, que se han pronunciado en contra de los planes de la Xunta. La asociación de inspectores considera también que es necesario “salvaguardar” la relación médico-paciente y “anteponer la valoración clínica presencial en las propuestas de alta”. También defiende la mejora de la eficiencia del sistema, “disminuyendo bajas evitables o excesivamente prolongadas”, así como “revisar y homogeneizar” los procesos de incapacidad temporal.

“La norma estatal es clara y concisa al señalar que la emisión del documento de incapacidad temporal, la baja o la confirmación del alta, debe ir precedida de un reconocimiento médico al trabajador que permita evidenciar de forma objetiva y efectiva si persiste o no la incapacidad para la realización de su actividad laboral”, resaltan.

Este va a ser uno de los temas que abordarán los representantes de la asociación en la reunión prevista para el próximo martes con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, indican. “No se debe olvidar que la incapacidad temporal es una herramienta terapéutica más de las que los médicos de primaria disponen para contribuir a la curación de una enfermedad que impide a los pacientes el desarrollo de su actividad laboral. El hecho de que estas personas enfermas reciban las correspondientes retribuciones mientras persiste su dolencia es un avance social y un derecho de la ciudadanía que no debemos dejar que se deteriore”, concluyen.

El comité de empresa de Pull&Bear Logística Narón encara su tercera semana de movilizaciones para reclamar mejoras laborales y, coincidiendo con la presentación de resultados de Inditex -con un beneficio de 1.375 millones de euros, un 5,4% más, en el arranque de 2026-, exige que esa buena marcha se traduzca en avances para la plantilla, que está negociando el acuerdo de empresa para el período 2026-2028.

En una nota difundida este miércoles, los representantes de los trabajadores advierten de que “la situación actual de bloqueo en la negociación contrasta con la buena marcha económica del grupo”, informa Europa Press. Exigen mejoras en conciliación, descanso, salud laboral y la articulación de mecanismos de salida digna y voluntaria para empleados con largas trayectorias, que permitan además un relevo generacional sin perder carga de trabajo en la plataforma de Narón. Preguntada al respecto, Inditex no había respondido en el momento de escribir estas líneas.

“Estos beneficios llevan la firma de nuestro esfuerzo y es hora de reconocerlo”, reivindica el comunicado, que insiste en la necesidad de garantizar el futuro del centro logístico en una comarca “especialmente necesitada de oportunidades laborales e industriales”. Como parte de su calendario de protestas, el comité anuncia su tercera semana de movilizaciones. Este mismo jueves, 4 de junio, a partir de las 11.00 horas, los trabajadores se concentrarán en el centro comercial Odeón, en Narón, para repartir una nota y dar visibilidad a sus reivindicaciones, bajo el lema: 'Décadas trabajando. Dignidad reclamando. Narón no se rinde'.

El comité confía en que la presión social y los buenos resultados del grupo Inditex desbloqueen la negociación y permitan un acuerdo “con la ambición necesaria” para quienes, con su trabajo diario, contribuyen al éxito de la multinacional.

Renault España y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO han suscrito este martes el convenio colectivo para el periodo 2026-2028 que asegura el empleo de más de 6.000 trabajadores en Valladolid, Palencia, Sevilla y Madrid, y refuerza el futuro industrial con la asignación de cinco vehículos a las fabricas de Palencia y Valladolid.

Renault ha calificado el acuerdo de “histórico”, ya que además de asegurar más de 6.000 empleos directos, supone el arranque de la producción de vehículos eléctricos en España, un nuevo hito histórico en los 75 años del grupo en el país.

“Este acuerdo convertirá a España en referente tecnológico del dispositivo industrial global del grupo, gracias a la adjudicación de la plataforma más moderna e innovadora de Renault Group, que permitirá la producción de vehículos eléctricos”, ha afirmado la empresa en un comunicado.

El convenio ha sido posible gracias al apoyo de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, que ratificaron en sus asambleas de este fin de semana su apoyo a un acuerdo con 63 medidas en materia de costes salariales, flexibilidad, empleo o aspectos sociales para el periodo 2026-2028.

Para UGT y CCOO el convenio suscrito este martes asegura el futuro de Renault y del tejido industrial, consolida el empleo de las plantillas y garantiza beneficios salariales y sociales para los trabajadores. Además, UGT destaca que las 63 medidas del documento incluyen casi el 70 % de sus propuestas.

“Hemos firmado un acuerdo responsable, que demuestra una vez más la competitividad de las factorías españolas, a la vez que ofrece una plataforma de medidas muy completa para responder a muchas de las necesidades expuestas por las organizaciones sindicales”, ha afirmado Reyes Torres, directora de Recursos Humanos de Renault Group España.

Cinco modelos, tecnologías punteras y coche eléctrico

Torres ha incidido en que el acuerdo refuerza el papel de las plantas españolas en la transformación hacia la movilidad eléctrica.

En ese sentido, el acuerdo hace posible la adjudicación de cinco nuevos modelos, tres vehículos para la factoría de Palencia, dos de ellos multienergy platform y un vehículo hybrid long life, y el mantenimiento de dos vehículos hybrid long life en la factoría de Valladolid.

Con ello se aseguran las condiciones necesarias para el futuro de la planta de Valladolid y por otro se introduce un cambio de paradigma en la factoría de Palencia con la adjudicación de la nueva plataforma eléctrica RGEV Medium 2.0.

Se trata de una plataforma al más alto nivel del Grupo en innovación tecnológica, capaz de ofrecer hasta 750 kilómetros de autonomía WLTP en eléctrico y hasta 1.400 kilómetros de autonomía WLTP en rango extendido.

Esta plataforma, presentada en el plan estratégico futuREady el pasado marzo, hará posible que Renault Group arranque la producción de vehículos eléctricos en España, consolidando el compromiso y el papel clave de las factorías españolas en la nueva era de la movilidad sostenible, generando valor añadido, empleo cualificado y oportunidades de innovación en toda la cadena de valor.

Reyes Torres ha sostenido que el Grupo “vuelve a confiar en el saber hacer de los equipos españoles, asignando cinco nuevos vehículos a España y adjudicando a la factoría de Palencia la plataforma más avanzada e innovadora a nivel mundial, situando a nuestro país como referente tecnológico”.

63 medidas con mejoras laborales

Esos acuerdos del Plan Industrial, con esa asignación de cinco vehículos, han pesado en la decisión de los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO de suscribir el convenio, junto a otros puntos como el aumento del salario fijo y variable, las mejoras en flexibilidad y Bolsa de Horas, aumentando el plus, limitando el número de sábados laborales y asegurando descanso entre festivos, o los 300 trabajadores indefinidos.

También se ha valorado para la firma las mejoras en las condiciones de trabajo, con la creación de la comisión de absentismo, donde se trabajará en los ritmos o las salidas con contrato de relevo a los 61 años, así como las inversiones en la climatización y los descuentos en la compra de coches o el Plan de Salud incluyendo gimnasios gratuitos, entre los aspectos sociales.

Para Sergio García, delegado de CCOO de Renault España, esta firma garantiza un avance en materia salarial, condiciones laborales y aporta seguridad en una situación, especialmente compleja, para la industria de la automoción, marcada por la transformación tecnológica del sector y las incertidumbres geopolíticas internacionales.

CCOO ha defendido que durante toda la negociación ha primado la responsabilidad y la defensa del interés colectivo de las personas trabajadoras, buscando un equilibrio entre la mejora de las condiciones laborales y la garantía de futuro para las plantas de Valladolid y Palencia.

Los dos sindicatos mayoritarios han valorado el acuerdo y han agradecido el respaldo de los trabajadores que han participado en las asambleas y en las movilizaciones “para demostrar que no estaban dispuestos a un retroceso en sus derechos laborales”.

“Ahora toca trabajar, pero lo fundamental es que vamos a seguir teniendo trabajo y que van a entrar unas tecnologías que van a ser punteras para el coche eléctrico en Castilla y León y eso va a asegurar el trabajo a cientos de familias en España”, ha afirmado García.

SCP, CGT y CSIF: no al acuerdo

El acuerdo ha salido adelante sin el apoyo de los sindicatos SCP, CGT y CSIF que han considerado insuficientes las medidas salariales, laborales y sociales incluidas en el documento. Por su parte. CGT ha convocado concentraciones mañana miércoles para protestar contra la firma del convenio colectivo 2026-2028 de Renault España que se concretará este martes en Valladolid y que afectará a más de 6.000 trabajadores de Valladolid, Palencia, Sevilla y Madrid.

Bajo el lema “Concentraciones por un convenio digno”, la CGT ha hecho un llamamiento a los trabajadores a concentrarse en los centros de Valladolid y Palencia para exigir “más salario, más derechos y menos flexibilidad”. El delegado general de DGT Renault España, Miguel Ángel León, ha defendido que no se han cumplido con las “necesidades mínimas” y la recuperación del salario es “mínima”, de 400 euros en tres años.

Las concentraciones se celebrarán a las puertas de las plantas de Carrocerías y Montaje en Valladolid y de la fábrica de Villamuriel de Cerrato (Palencia) desde las 13:15 horas hasta las 14:45 horas, según informa la CGT. “Es la única herramienta que podemos poner al servicio de nuestros compañeros para poder mostrar ese descontento”, ha agregado León. De esta forma, la CGT quiere escenificar su rechazo al convenio que suscriben este martes la Dirección de Renault España y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO. También se han opuesto a la firma de este convenio el Sindicato de Cuadros y Profesionales SCP y CSIF.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día de Castilla-La Mancha, ha destacado el papel vertebrador de los servicios públicos en el progreso económico y social de la región.

“En Castilla-La Mancha hay más de 145.000 trabajadores públicos que sostienen cada día la sanidad, la educación, los servicios sociales, la seguridad, la justicia, la atención a la ciudadanía... Los servicios públicos son el verdadero motor de cohesión social, igualdad y progreso de Castilla-La Mancha. Defender a sus trabajadores es defender el bienestar de toda la ciudadanía”, ha reivindicado el presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez.

Por ello, CSIF advierte sobre el riesgo de que “la falta de inversión y la precariedad laboral en el sector público comprometan la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía”.

De acuerdo a los últimos datos, hay 51.678 trabajadores públicos temporales en la región, lo que representa el 35,5%: “es una buena muestra del abuso de las administraciones y de la precariedad que padece el sector público donde uno de cada tres empleados es interino”.

En cuanto a condiciones laborales, CSIF destaca la recuperación de la carrera profesional en el ámbito sanitario firmada con el Gobierno regional el pasado 20 de abril. “Supone un antes y un después para un colectivo especialmente castigado por los recortes. Pero todavía queda mucho por hacer y precisamente en el Sescam todavía queda pendiente el cobro de la productividad variable, cuyo último abono fue en 2012.

La carrera profesional para los trabajadores de la Junta

Y respecto al resto de sectores de la Función Pública de la región, CSIF lamenta que el Gobierno de Castilla-La Mancha no implante la carrera profesional entre los trabajadores de la Junta de Comunidades, “privándoles de oportunidades de ascenso y progreso profesional”; sigue sin recuperarse el Plan de Acción Social; no se cubren todas las vacantes, bajas ni sustituciones, lo que incide en la sobrecarga laboral de unas plantillas mal dimensionadas; imposibilidad de acceder a la jubilación parcial anticipada; la educación, con ratios y horario lectivo superiores al resto de comunidades autónomas y unos interinos que no cobran el verano, presenta el dato más bajo de toda España de gasto público por alumno.

Pero más allá de los servicios públicos, CSIF también advierte sobre los desafíos sociales a los que se enfrenta Castilla-La Mancha: un mercado laboral donde la desigualdad de género es un hecho --el paro femenino alcanza el 65,6% del total de desempleo, siendo además las mujeres las que acaparan la contratación temporal y las jornadas parciales--; la región continúa como la comunidad autónoma con el índice de siniestralidad laboral mortal más alto de toda España --5,32 muertes por cada 100.000 habitantes; hubo 48 accidentes mortales en 2025--; uno de cada tres castellanomanchegos está en riesgo de pobreza o exclusión social y más de la mitad de la población (el 51,5 %) tiene alguna dificultad para llegar a fin de mes.

“Mientras haya trabajadores en situación precaria, mientras haya derechos por recuperar, mientras haya recortes que afectan a los servicios públicos, CSIF va a estar ahí. Es un día de celebración, de orgullo por nuestra tierra y nuestros valores, pero también es un día para recordar que todavía queda mucho por hacer”, concluye Domínguez.

La Xunta se ha embarcado en una convencida apuesta por dificultar las bajas laborales en Galicia. Una en la que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, ha reiterado que no piensa dar marcha atrás, pese a que se ha quedado solo con la patronal en esta empresa. Al plan le han llovido las críticas desde que lo presentó. Las primeras reacciones fueron las de los sindicatos de clase. CCOO y CIG -el mayoritario en Galicia- manifestaron que el foco no se estaba poniendo donde debería estar, que es el refuerzo de la sanidad para evitar que las incapacidades temporales se alarguen por las demoras en la atención y los tratamientos o la vigilancia de la seguridad y la salud en el trabajo. La CIG habló también de vasallaje a los empresarios. Luego se fueron uniendo las voces de los partidos de la oposición, de asociaciones de médicos de familia -los que gestionan las bajas- y de pacientes, de sindicatos del gremio y de todos los colegios médicos de la comunidad.

El Gobierno gallego, sin embargo, no ha dejado de dar pasos para confirmar su proyecto. Incluso antes de lograr la bendición a través de un mermado diálogo social. La intención negociadora la enunció el propio Rueda cuando esbozó el plan en la Cámara gallega, en la que aseguró que se negociaría con patronal y sindicatos. Solo tardó unos días en aclarar que, en realidad, las medidas se aplicarían con o sin acuerdo. El 20 de abril, poco menos de dos semanas después del primer anuncio, la Xunta presentó un decreto para “institucionalizar” el diálogo social, con la vista puesta precisamente en la batalla contra las bajas. El presidente gallego no le dio importancia a que el sindicato con más representación, la CIG, se negase a participar desde el principio y tampoco a que poco después de la primera reunión lo abandonase también CCOO. Si solo quedan la patronal y UGT -con algo menos del 26% de los delegados sindicales elegidos en Galicia y que también ha manifestado su malestar por el “torpedeo” de la negociación “a golpe de titulares”-, será con ellos con los que el Gobierno gallego se siente a buscar acuerdos, dijo.

Pero la maquinaria ya ha echado a andar antes de que haya ningún fruto de esas conversaciones. La Xunta ha empezado a enviar a los inspectores de Sanidade a reunirse con médicos de familia para procurar que aceleren las altas, ha introducido como uno de los baremos del plus de productividad la duración de las incapacidades temporales y ha modificado el protocolo de gestión de las bajas, un cambio que está ya publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), y que da más poder a las mutuas.

El proceso arrancó en realidad hace dos años: el 5 de agosto de 2024 Rueda presidió el último Consello de la Xunta antes de tomarse unos días de descanso estival. No hacía ni seis meses que había logrado su primera mayoría absoluta al frente del PP gallego y empezaba a lanzar medidas propias más allá de las heredadas. Fue en la comparecencia posterior a aquella reunión de su gabinete en plena época vacacional en la que anunció un plan para luchar contra el “absentismo”, un término en el que insistía -e insiste- la patronal para referirse a las personas de baja. El Gobierno gallego, a través del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, hablaba entonces abiertamente de “fraude” en las incapacidades temporales y ya adelantaba que habría una “intensificación” de la actividad inspectora.

En el debate del estado de la Autonomía del pasado 8 de abril, Rueda se presentó con un balance de aquellas medidas. Dijo que se habían revisado 130.000 casos y que 30.200 personas que “no debían” estar de baja recibieron el alta. Hizo una defensa cerrada de que este es un “asunto urgente” en Galicia porque “lastra la productividad” y citó que la media de la duración de las incapacidades temporales es la segunda más elevada del Estado, solo por detrás de la de Euskadi. Esa duración son 82,8 días en Galicia en el periodo 2017-2014, según recoge la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Pero hay más datos, que el presidente de la Xunta no citó: la incidencia gallega es la segunda más baja entre las comunidades autónomas, con 24,4 episodios de incapacidad temporal por cada 1.000 afiliados. Tampoco habló -y se lo recordaron en numerosas críticas- de la siniestralidad laboral, que creció en 2025 en la comunidad. Los datos oficiales del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) muestran que fueron 30.749 los accidentes en el trabajo que derivaron en baja, un 1,3% más que el año anterior.

En el discurso del pasado abril, el presidente gallego avanzó que se crearían unidades especializadas para controlar las bajas, centradas en las originadas en lesiones musculoesqueléticas y cuestiones de psiquiatría, que son las más frecuentes, y que se daría más poder a las mutuas privadas en la revisión de las incapacidades temporales. Desde entonces se han ido concretando varias medidas. Primero trascendió que, desde antes incluso del anuncio en el Parlamento de Galicia, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) había estado enviando a sus inspectores a reunirse con médicos de familia de diferentes áreas sanitarias. La intención, según la Xunta, es “trasladar novedades legislativas y conceptos normativos específicos del absentismo”. Lo que ha ocurrido es que en esos encuentros se han ido repasando uno por uno los procesos de baja dependientes de esos facultativos como forma de presionar para que se acorten. Estas visitas ocurren desde marzo, según informó la Consellería de Sanidade, que indica que se revisaron ya 3.521 casos y se dieron 730 altas.

A bajas más cortas, más sueldo para el médico

El 18 de mayo, el presidente de la Xunta anunció que, para apoyar esta decisión de “pisar el acelerador” en el plan contra las bajas, va a incorporar a 18 personas para la inspección. Le va a dedicar a ello un presupuesto de tres millones de euros en los próximos tres años. Aquellos días se conoció otra medida: el Gobierno gallego ofrece a los médicos de familia ganar más dinero si acortan las bajas de los pacientes. Esto se hace a través del plus de productividad -que supone hasta 2.491 euros al año-, en el que se va a valorar que las incapacidades temporales se ajusten a lo que se considera tiempo “estándar”. La medida se ha encontrado con duras críticas de los propios médicos: sindicatos como O'Mega y Simega consideran que es una presión a los profesionales y lo ven “impresentable” por situar por encima de la salud intereses económicos y sembrar desconfianza entre sanitarios y pacientes.

El Consello Galego de Colexios Médicos también avisa de los “importantes riesgos éticos, clínicos y organizativos” de que se premie en el sueldo de los facultativos que las bajas duren menos. La extensión de las incapacidades temporales, recuerda, debe depender de “criterios clínicos, evidencia científica y respeto a la independencia profesional”. El órgano que agrupa a los cuatro colegios médicos gallegos rechaza también la aplicación de una duración estándar: los tiempos orientativos, argumenta, son herramientas administrativas y “nunca deben sustituir la valoración clínica individualizada”.

Los colectivos de médicos, como los sindicatos o los partidos de la oposición, reclaman que, en lugar de centrar los esfuerzos en cuestionar las bajas, se refuerce la sanidad pública y subrayan el impacto de las listas de espera en la prolongación de las incapacidades temporales.

El paso más reciente dentro de la implantación del plan para limitar las bajas, también sin que vaya precedido de un acuerdo con el sector o en el diálogo social, es la resolución publicada esta semana en el DOG para modificar el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de la incapacidad temporal por parte de los inspectores médicos. Los cambios son que las mutuas ya no tendrán que pedir autorización para cada prueba que quieran realizar al paciente, sino que valdrá con una para todas ellas, y que la inspección va a validar las propuestas de alta si están “debidamente motivadas” y sin que se interprete que el silencio del médico de cabecera significa que el trabajador debe seguir de baja. Es decir, va a dar facilidades para aceptar las altas que vengan indicadas por las mutuas.

Las bajas como síntoma, no como problema económico

Los sindicatos de clase han repetido en estas últimas semanas sus advertencias sobre lo que consideran un discurso peligroso que “criminaliza” y sitúa como sospechosas a las personas de baja y también a los médicos que las atienden. El de no tener que acudir a trabajar para recuperarse de una dolencia, insisten tanto CIG como CCOO, es “un derecho conquistado, no un privilegio”. Además de los retrasos en la atención y las pruebas en una sanidad pública que no deja de empeorar en sus indicadores de demora, los sindicatos señalan que es necesario analizar y poner el foco en otras cuestiones relacionadas con las causas y la duración de las bajas. Señalan el envejecimiento de la población, el retraso de la edad de jubilación, el descuido de la salud laboral o las largas jornadas.

La CIG destaca que una de cada cuatro personas trabajadoras en Galicia tiene más de 55 años, lo que implica “mayor desgaste físico acumulado y más dificultades de recuperación”. Además, la jornada laboral en España supera la media europea y esos horarios prolongados “incrementan el desgaste físico y mental”. En la misma idea de que las incapacidades temporales deben abordarse como un síntoma, y no solo desde la perspectiva del impacto económico, CCOO elaboró un documento con su posición sobre el discurso del absentismo. Expone que lo que revelan las bajas es “que algo no funciona en el medio laboral” y la respuesta “no puede ser más control, más sospecha ni más presión”, sino más prevención “real” en las empresas, más inspecciones laborales y más inversión en sanidad.

“El absentismo no debería abordarse como una anomalía moral ni como una simple desviación económica. En la inmensa mayoría de los casos es el síntoma de algo más profundo: un modelo productivo que desgasta, unas condiciones laborales que enferman y un sistema sanitario público que, tras años de sobrecarga, no siempre puede responder con rapidez”, sostiene CCOO, que añade que aumentar la presión a quienes están de baja es injusto y, además, ineficaz.

Los sindicatos UGT y CCOO convocan varias jornadas de huelga en el sector logístico de la provincia de Sevilla tras un “bloqueo” en la negociación del Convenio Colectivo Provincial de Operadores Logísticos. A partir del 8 de junio se producirán las protestas para la mejora de los salarios y las condiciones laborales del colectivo.

Así, según ha detallado el UGT en una nota de prensa, los próximos 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26 de junio serán convocadas jornadas de huelga debido a una propuesta presentada por la patronal que, a juicio de los sindicatos, es “insuficiente y alejada de la realidad” de los trabajadores del sector.

“No han querido entrar”

En este sentido, UGT ha remarcado que el convenio provincial es “uno de los más débiles de Andalucía” pese a ser “un sector estratégico que funciona las 24 horas del día y que resulta esencial para el abastecimiento, el transporte y la actividad económica”.

Asimismo, han lamentado que la patronal “ni siquiera haya querido entrar a negociar mejoras sociales y laborales planteadas durante la mesa negociadora”. “El sector logístico merece respeto. Merece salarios justos, condiciones laborales dignas y un convenio que esté a la altura del esfuerzo diario de miles de trabajadores y trabajadoras”, ha concluido el sindicato.

Medio centenar de representantes de la Federación de Sindicatos Independientes de España (FSIE) se han concentrado este jueves en la plaza de Zocodover, en Toledo, bajo el lema 'Mismo trabajo, mismas condiciones“, para reclamar igualdad laboral para los profesionales de la enseñanza concertada.

El sindicato denuncia que el actual proyecto de ley que prepara el Gobierno de España, a través del Ministerio de Educación que dirige la toledana Milagros Tolón, “vuelve a excluir” a la enseñanza concertada de la reducción de carga lectiva prevista para la enseñanza pública y sostiene que se mantiene “una situación de desigualdad injustificable entre trabajadores que prestan el mismo servicio público educativo”.

Así lo ha explicado Jaime Romero, secretario autonómico de FSIE en la comunidad autónoma en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, después de que el Consejo de Ministros aprobase el pasado mes de abril el anteproyecto de ley para reducir tanto ratios como horas lectivas. “Creemos que tenemos que estar incluidos porque se afectaría a la calidad educativa de los centros porque la reducción de la carga lectiva a 23 horas en Educación Primaria y a 18 horas en Educación Secundaria no se hace extensiva a la concertada”.

Por otro lado, detalla, “pedimos una financiación justa para la educación concertada. Es algo que revierte también en el PAS, el personal de administración y servicios, en las condiciones en las que están trabajando”.

En Castilla-La Mancha unas 5.000 personas trabajan en los colegios concertados, en los que están matriculados unos 50.000 alumnos y alumnas.

La concentración de Toledo forma parte de la campaña nacional de movilizaciones impulsada por FSIE “en defensa de la dignidad profesional, la igualdad y la calidad” y apremia porque, según explica el sindicato, la previsión inicial es que la ley entre en vigor en el próximo curso escolar.

Jaime Romero explica que el sindicato ha mantenido conversaciones con la Consejería de Educación en la comunidad. “Hay buena sintonía. Nos han dicho que esperemos a ver lo que ocurre a nivel nacional, pero tenemos las puertas abiertas y estamos negociando con ellos”.

Mientras, las movilizaciones seguirán en el ámbito nacional durante todos los viernes del mes de junio.

Ni la ausencia de dos organizaciones sindicales -CIG, la mayoritaria en Galicia, y CCOO, la tercera, pero a muy poca distancia de UGT- en el diálogo social, ni sus críticas al plan para limitar el derecho a las bajas de los trabajadores ni el rechazo de todos los colegios médicos a que se vincule la duración de las incapacidades temporales al plus de productividad van a hacer a la Xunta replantearse sus medidas. El presidente gallego, Alfonso Rueda, manifestó este lunes que las conversaciones del diálogo social van a seguir adelante para buscar acuerdos “con los que quieren estar”, que, a estas alturas, son la patronal y UGT.

Hace poco más de un mes, el Gobierno gallego aprobó un decreto para regular el diálogo social, con el fin de dar peso institucional a una mesa en la que, en realidad, ya sabía que iba a faltar la organización sindical mayoritaria, la CIG. Lo hacía en medio de las numerosas críticas al plan contra las bajas laborales y con este asunto como primer punto de la agenda de trabajo.

La fotografía era la de unas negociaciones en las que iban a participar la Xunta, la patronal, UGT y CCOO. Pero esta última organización anunció hace unos días que abandona el empeño. Ve el diálogo social “vacío de contenido real” y carga contra el Gobierno autonómico por impulsar “medidas ejecutivas de forma paralela”, lo que convierte la negociación en “un mero escaparate mediático”. Para Rueda, sin embargo, esta salida de CCOO es “difícil de entender”.

Aquel día trascendía que la Xunta ofrece a los médicos cobrar más si acortan las bajas laborales de sus pacientes. La medida se concreta en que la duración de las incapacidades temporales afecta al plus de productividad y se va a premiar que esa duración esté dentro de los tiempos que el Gobierno gallego considera “estándar”. Médicos de familia y los cuatro colegios profesionales -uno por cada provincia- mostraron su rechazo inmediato. El Consello Galego de Colexios Médicos pidió dar marcha atrás porque la medida, asegura, genera “importantes riesgos éticos, clínicos y organizativos que deben ser analizados con prudencia” y es una “presión indirecta” para dar las altas antes.

Tampoco este descontento va a afectar a las decisiones de la Xunta. Rueda sostiene que la medida no es nueva, y que lo que ocurre es simplemente que está ahora más “de actualidad por el decidido impulso” de su equipo en la materia. Lejos de hacer autocrítica, se ha mostrado satisfecho. La estrategia contra las bajas, dijo, ya está dando resultados y las cifras muestran que la duración ha “mejorado sensiblemente” este año con respecto al anterior.

Detesto a expresión ascensor social. No terceiro andar do meu edificio pasa consulta un dos dentistas máis populares da cidade. Xusto enriba, pero do lado contrario, vivo eu. Hai en total seis plantas e non sei cantos apartamentos. O ascensor está ocupado a maior parte do tempo. Xente que entra e sae. Xente que se mira no espello abrindo moito a boca, intentando buscar algo na escuridade ao final do padal ou simplemente alguén que quere comprobar canto lle colga o labio despois da anestesia.

O portal ábrese automaticamente se un preme no timbre da clínica dental, así que, ao longo do día, tamén hai xente da rúa que aproveita o noso edificio para refuxiarse, especialmente no inverno. O ascensor ofrece unha intimidade que non dan os relanzos da escaleira. Sobe, baixa, fai paradas. É fogar de estraños, pacientes, namorados, persoas sen teito; carga bolsas da compra, maletas, bicicletas, mudanzas... O caso é que ultimamente se avaría a miúdo e toca subir polas escaleiras. O dentista nunca tarda demasiado en chamar para que o arranxen. Mentres, chanzo a chanzo, eu penso nas veciñas do sexto para non queixarme. E tamén en Sorokin, que acuñou o termo mobilidade social en 1927 sen que houbese no texto ningún ascensor.

A metáfora serviu durante moito tempo sobre todo para facer invisible a nosa forza de traballo, pero tamén para manter presentes de xeito disimulado dous elementos fundamentais e tranquilizadores para o sistema capitalista: as ideas de competición e verticalidade. Por desgraza, como acontece co ascensor —case público— do meu edificio, parece que nas últimas décadas falla a confianza dos pasaxeiros e falla tamén a idea dun mecanismo que nos conduce de aquí —clase obreira, poucos recursos económicos, formación básica— a alí —clase media, postos e soldos acorde aos nosos estudos superiores, maior calidade de vida—. De feito, se me preguntan, diría que tal cousa nunca existiu. Pero ese sería outro artigo. Ou outros tantos xa escritos.

Tendo en conta a súa falta de popularidade, ultimamente propoño substituír a metáfora do ascensor pola do xogo de mesa Serpes e escaleiras. Falemos de subir con esforzo, si, do modo en que nos falta o aire, pero aclaremos tamén que esa ruta se fai sempre a base de avances fráxiles coma unha tirada de dados. Son pequenos ascensos nun camiño cheo de caídas inminentes e esvaradías. Introduzamos na ecuación un monte de serpes: o prezo dos alugueiros, un contrato que non se renova, o burnout, unha separación de parella, o fracaso nunhas oposicións despois de anos preparándoas, a dependencia dun amigo ou familiar, a cota de autónomos, a ansiedade xeneralizada.

A miña amiga P., por exemplo, aínda nunca tivo un traballo no que non temese caer enferma. No digo enfermar, senón caer enferma. Como quen se desprende dunha altura. Este é o seu terceiro emprego desde que rematou de estudar. Do primeiro, marchou ela porque non podía máis (horas extra non remuneradas, cansazo extremo). No segundo, despedírona despois de gravala ilegalmente con micros e cámaras de seguridade. Botárona por estar descansando e tamén porque resultaba incómoda: creaba un sentimento de cohesión entre os seus compañeiros de traballo. Agora, no seu terceiro posto en dous anos, P. está aterrorizada por enfermar. Chámame e convénzoa do evidente: debe quedar na casa. Despois, consóloa.

Non coñecín aínda un só compañeiro nos meus anos na empresa privada, pero tampouco agora na función pública, que se considere traballador e non sinta que falla cando enferma. Hai nese xesto unha culpa herdada e debidamente educada para medrar firme, un monte de prexuízos sociais, un sistema que persegue e estigmatiza (véxase a caza de bruxas de Rueda contra as baixas médicas mentres o Sergas esmorece). Pero o máis importante vai por dentro: esa sensación forte de ser substituíble, a precariedade interiorizada e climática. Vai calor e frío ao mesmo tempo dentro do ascensor.

A miña amiga P. existe, pero non é esta. Existe, pero odiaríame se escribise un artigo sobre ela. Sentiría medo de que o lese o seu novo xefe. E poida que el sexa unha persoa amable, cabal. Tanto ten. Decido falsealo todo porque estou falando da vulnerabilidade, do xeito en que algunha xente se corrixe soa. Estou sinalando a culpa como mecanismo de produtividade. Parece dickensiano, pero é peor. Non traballan os nenos, pero adéstranse a tal fin. Xogan a serpes e escaleiras. Ascenden, caen, paralízanse. Limpan os dentes con esmero todas as noites porque temen que unha moa picada os deite na cama. Fan limpezas e revisións anuais. Entran no edificio procurando non ver o que hai no edificio. Poida, despois de todo, que o ascensor social siga existindo. O problema é que xa ninguén o usa sen mirar constantemente cara abaixo.

Unas 150 personas, según datos de la Policía Local, se han manifestado este mediodía en Santander en la tercera jornada de huelga convocada por el sindicato UGT en la región en el sector del comercio textil y de calzado y contra el convenio estatal de la patronal de grandes empresas del sector ARTE. Se une así a la convocatoria nacional de este sábado. Posteriormente, por la tarde, el grupo se ha dirigido al centro comercial Valle Real.

Por la mañana, la protesta se ha llevado a cabo bajo una gran pancarta en la que se ha podido leer 'Convenio ARTE no. Ni un derecho menos' y ha recorrido las principales vías de la ciudad. Así, ha partido de la Plaza del Ayuntamiento y ha atravesado las calles Calvo Sotelo, Juan de Herrera, Isabel II y Lealtad hasta el establecimiento principal de Zara, donde, entre pitidos, se ha gritado: 'hoy no se compra'.

Además de distintas proclamas, como 'Queremos nuestro convenio de Cantabria', los asistentes han portado pancartas con lemas como 'ARTE, Cantabria dice NO' o 'ARTE a otra parte'.

En declaraciones a los medios de comunicación previas al inicio de la marcha, la secretaria de Comercio de UGT en Cantabria, Noemí Secadas, ha reiterado que las trabajadoras del sector siguen “en la lucha” hasta conseguir que el convenio de ARTE deje fuera al autonómico, que la patronal ha impugnado.

Según ha criticado, con esto pretende “echar abajo” el convenio cántabro y que las trabajadoras en la región “pierdan todas las condiciones que tienen” que “son muy buenas”. “No estamos dispuestos a dejar morir este convenio”, ha insistido.

En cuanto al Consejo de Relaciones Laborales que ha convocado el Gobierno de Cantabria para fomentar el diálogo en el conflicto, la sindicalista espera que de él salga que la comunidad quede fuera del convenio ARTE, como así lo está País Vasco.

“Es lo que pedimos desde el primer día, no pedimos más, que nos dejen como estamos y que las trabajadoras del textil puedan seguir negociando el convenio de Cantabria”, ha aseverado.

Además de esta manifestación en Santander, por la tarde, un grupo de manifestantes también ha recorrido el entorno del centro comercial Valle Real.

Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional corre como la pólvora por muchos chats. El tribunal concluye que los empleados del contact center (o telemarketing) que trabajan de lunes a viernes tienen derecho a que las empresas les compensen los festivos no disfrutados que caigan en sábado. El fallo, que puede recurrirse ante el Tribunal Supremo, podría llegar a ser extensible a todos los sectores y trabajadores, según coinciden varios especialistas de Derecho del Trabajo consultados por elDiario.es.

El caso analiza un conflicto colectivo elevado por los sindicatos del contact center (con una primera demanda de la CGT), pero que describe una práctica empresarial que se extiende más allá de este sector, entre los empleados que trabajan de lunes a viernes. Se trata de la pérdida de festivos cuando estos coinciden con el sábado, día de descanso semanal, sin que la empresa los compense con otros días de libranza.

La Audiencia Nacional concluye que esta práctica empresarial no es legal y ordena que, si se da este caso, se compense a las plantillas afectadas del contact center con un día adicional de descanso efectivo en “un periodo no superior a 14 días”. Además, obliga a las compañías a compensar los festivos no disfrutados con efectos retroactivos que no hayan prescrito, que CCOO señala que alcanza un año.

Extensible porque se apoya en la ley y jurisprudencia del Supremo

Tras el fallo, muchos trabajadores y trabajadoras de otras actividades en la misma situación se preguntan si este criterio puede extenderse también a sus empresas. La gran mayoría de las personas ocupadas en España no trabaja en sábado: 14,7 millones de un total de 22,2 millones, según la EPA.

Lo primero que hay que decir es que la sentencia de la Audiencia Nacional no es firme, puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, por lo que aún habrá que atender al resultado final de este conflicto colectivo. No obstante, con la argumentación de los magistrados de la Audiencia, los sindicatos ya sostenían desde el primer día que la sentencia abre la puerta a que esta compensación de festivos se extienda a todos los empleados. Así lo consideran también varios juristas consultados por este medio.

“Es indiscutible que el criterio de la sentencia sería extensible a todos los trabajadores con un régimen de distribución horaria que no trabajan el sábado”, sostiene Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla. La cuestión es que los magistrados de la Audiencia Nacional se apoyan en la legislación general, principalmente en el Estatuto de los Trabajadores, y en la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre el solapamiento de festivos y días de descanso, y no en normas convencionales exclusivas del contact center.

“Es razonable entender que la solución adoptada debería ser aplicada al resto de sectores y trabajadores. De hecho, la sentencia razona de la siguiente forma: 'El principio general es, por tanto, que los festivos que coincidan con el descanso semanal se han de considerar no disfrutados y deben ser compensados, pues no cabe el solapamiento de descansos semanales con tales festivos (estatales, autonómicos, o locales)”, argumenta la profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid, Ana Belén Muñoz.

Uno de los argumentos jurídicos para ello es “la distinta naturaleza y finalidad del descanso mínimo semanal y el descanso por festivos laborales”, destaca la especialista, así como “el principio de igualdad de trato, pues de no estimarse las pretensiones de las demandas el colectivo afectado disfrutaría de menos días de descanso reales que el resto de trabajadores en sus mismas condiciones”.

¿Se trabajaría un día menos? ¿O hay que compensar la jornada anual?

Una de las preguntas que suscita la sentencia es si, en caso de que se reconociera un día de descanso adicional por cada festivo perdido en sábado, se trabajaría menos ese año o si habría que ajustar el calendario laboral para cumplir con la jornada anual pactada.

“Es algo que la sentencia decide no resolver”, sostiene el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia Adrián Todolí. La patronal de contact center CEX utilizó este argumento (que se trabajaría menos) para tratar de evitar la compensación y la Audiencia Nacional le responde que “una cosa no tiene que implicar la otra”. “Es decir, la sentencia en ningún momento duda que hay que cumplir la jornada anual”, precisa Todolí, sino que reconocer la compensación de festivos no tiene por qué implicar ese incumplimiento de la jornada anual.

El catedrático de la Universidad de Valencia considera que podría darse el caso de que se reconociera la compensación del festivo y a posteriori hubiera que trabajar más en otro momento, si no se llegara a la jornada pactada, “pero siempre que se cumplan los descansos” legales. “Pero entiendo que, si no pudieras cumplir con todos los descansos (incluyendo este día adicional por festivo) y cumplir la jornada, lo que mandan son los descansos”, valora Todolí.

“La respuesta de la sentencia es razonable si el efecto del solapamiento y no disfrute de otro día de descanso fuese que al final, en cómputo anual, se incrementa la jornada por encima de las 40 horas semanales anualizadas o la inferior pactada en convenio”, considera por su parte Jesús Cruz Villalón. “Sin embargo, si el convenio ha tenido en consideración esta circunstancia y no se supera la jornada legal o convencional, sin diferencia entre quienes trabajan los sábados y quienes no lo hacen, sería posible que no se pudiera exigir un día adicional de descanso”, valora el catedrático de la Universidad de Sevilla.

“Ninguna querella ni intento de amedrentar va a evitar que la vicepresidenta haga ejercicio de su libertad de expresión, en este caso concreto para referirse a una información periodística”. Estas contundentes declaraciones vienen del equipo de comunicación de Yolanda Díaz, y las informaciones periodísticas a las que hace alusión las publicó elDiario.es y Univision Noticias a partir del pasado 13 de enero.

Estamos hablando de la exclusiva en la que dos exempleadas de Julio Iglesias acusaron al cantante de agresiones sexuales. Muchas personas se preguntan en qué punto está este tema. Hay varios frentes judiciales abiertos, así que vamos uno a uno:

Iglesias contra la Fiscalía

Rebeca y Laura (nombres ficticios), extrabajadoras de Julio Iglesias (del hogar y fisioterapeuta, respectivamente) acudieron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España para denunciar unos hechos presuntamente ocurridos en Bahamas y República Dominicana. Para ellas, se trataba de diversos delitos de violencia sexual y contra los derechos de los trabajadores. Después de tomarles declaración y tras un breve periodo de reflexión, la Fiscalía archivó esta denuncia al considerar que España no tiene jurisdicción para investigar estos hechos. Dijo que no había suficientes “vínculos” de Julio Iglesias con España como para abrir una investigación.

A pesar del archivo, Iglesias no ha parado de solicitar el texto de la denuncia. Como no se lo dieron, ha acudido a la vía judicial contencioso-administrativa. La Fiscalía se opone a ello. Se espera en breve una resolución de este caso.

Iglesias contra la vicepresidenta del Gobierno

Yolanda Díaz fue citada a un acto de conciliación esta semana, el martes. Iglesias consideró que había emitido unas declaraciones injuriosas y calumniosas, debido a un mensaje en Bluesky y una intervención en La Hora de la 1. No deja de ser curioso que de las miles de personas que dieron su opinión sobre los testimonios en aquellos días, la única contra la que se quiera demandar sea un alto cargo del Gobierno de España.

“Las declaraciones de la vicepresidenta han respetado en todo momento la presunción de inocencia de Julio Iglesias y se han limitado a calificar de escalofriantes los testimonios de las extrabajadoras del artista, que le acusaban, en el marco de la investigación llevada a cabo por elDiario.es, de agresiones sexuales, insultos y humillaciones durante su jornada laboral, y que denunciaban un ambiente de control y acoso continuo”, comentaban las fuentes del entorno de Díaz. Cabe recordar que Iglesias calificó las acusaciones de Rebeca y Laura como de “absolutamente falsas”. El cantante madrileño ya anunció en un comunicado que defendería su “dignidad” ante un “agravio tan grave”.

En el acto en sede judicial, la representación legal de Yolanda Díaz no se retractó. ¿Y ahora qué? Iglesias tiene un año para querellarse. La agencia Efe y la página web de agitación que habitualmente goza de exclusivas en relación a la representación legal de Julio Iglesias, aseguraron que el cantante se iba a querellar. Cuando elDiario.es se puso en contacto con su abogado, desde su despacho nos dijeron que no habían tomado ninguna decisión.

Iglesias contra las periodistas

Con el mismo procedimiento que Yolanda Díaz, Julio Iglesias ha puesto una demanda de conciliación a elDiario.es, a cuatro periodistas (Ana Requena, María Ramírez, Juanlu Sánchez y Elena Cabrera) y al director del periódico, Ignacio Escolar. Nos acusa falsamente de hacer “un montaje” con “personajes figurados”. Tenemos el acto de conciliación la semana que viene y, de igual manera, ya hemos anunciado que no nos vamos a retractar. Veremos si finalmente hay o no hay querella.

Los extrabajadores contra Julio Iglesias (y viceversa)

Son dos hermanos, Rogelio y Eleuterio Villanueva, que trabajaron para Iglesias en el mantenimiento de la villa de Punta Cana durante años y fueron despedidos de manera fulminante cuando llegó la pandemia. Ellos consideran que merecen una indemnización por despido improcedente y por eso le denunciaron en República Dominicana.

Los Villanueva perdieron el primer juicio, recurrieron y ganaron en la siguiente instancia, que fue apelada por Iglesias. Ahora están esperando la resolución pues la semana pasada acabó el plazo de conciliación del último juicio. La sentencia puede tardar dos o tres meses en llegar, según su abogado. En declaraciones a elDiario.es, Rogelio Villanueva dijo hace unos días: “Hasta ahora solo tenemos esperanza. Nada más”. La representación legal de Julio Iglesias rechazó comentar sobre este caso.

Las mujeres denunciantes contra Julio Iglesias

Aunque la fiscalía archivó la causa, tal y como dijeron sus abogadas Laura y Rebeca seguirán buscando una vía de acceso a la justicia. Su batalla no ha terminado.

No ha pasado ni un mes de la publicación del decreto por el que la Xunta de Galicia pretendía regular el diálogo social y este ya se encuentra en entredicho. Si el principal sindicato gallego, la CIG, ya se había negado de entrada a participar, ahora es Comisiones Obreras la que suspende su participación en la Mesa de Diálogo Social. ¿El motivo? La ofensiva del Gobierno de Alfonso Rueda dirigida a dificultar el derecho a baja de los trabajadores. “Rechazamos frontalmente la narrativa que reduce el incremento de las bajas por enfermedad a una cuestión de fraude o absentismo”, afirma el sindicato en un comunicado.

Los ataques del Ejecutivo autonómico comenzaron con un anuncio en el último debate sobre el estado de la autonomía. Alfonso Rueda arremetió entonces contra los supuestos abusos de los trabajadores, “un problema muy serio que está lastrando la productividad en Galicia”. Puso además el acento en las incapacidades temporales más comunes, las relacionadas con la salud mental y con lesiones musculares. No aportó contexto ni cifras. Oposición y sindicatos criticaron con dureza la idea. “Es un vasallo de la patronal”, sostuvo la CIG, que convocó movilizaciones en contra. Pero Rueda no se movió.

A lo largo del último mes y medio, el presidente gallego ha insistido. Aseguró que realizaría su plan, redoblar “la vigilancia” sobre las bajas, haya o no haya acuerdo en el diálogo social. Y avisó de que su gabinete gastará tres millones de euros en contratar 18 inspectores para supervisar a los médicos del sistema público de salud y sus decisiones sobre las bajas de sus pacientes. Este mismo jueves transcendía que el Servizo Galego de Saúde dará incentivos económicos a los facultativos si las incapacidades temporales de su cupo tiene “una duración estándar”.

“Estigmatizar a las personas trabajadoras no solo es injusto, sino que desvía la atención de las verdaderas soluciones”, sostiene, por el contrario, Comisiones Obreras, “que pasan por investir en prevención primaria, bienestar laboral y el fortalecimiento de la atención sanitaria”. Galicia encabeza los índices estatales de siniestralidad laboral y muertes en el trabajo, las listas de espera se han disparado en atención primaria pero también en especialistas y los cuadros de trabajadores de las empresas, denuncian los sindicatos, han envejecido. La Xunta de Galicia no ha tenido en cuenta ninguno de estos factores estructurales.

Comisiones Obreras considera además que el diálogo social según lo ha diseñado el Gobierno gallego está “vacío de contenido real”. “Impulsa medidas ejecutivas de forma paralela a la mesa y convierte el diálogo social en un mero escaparate mediático que no responder a los principios de negociación colectiva, buena fe y respecto a representación sindical”, añade. La central dice mantener su disposición retomar las conversaciones si “cesa la presión contra las personas que ejercen su derecho a la salud y se paralizan anuncios o medidas que vacían la negociación”.

La Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec) ha vuelto a cargar contra la Xunta por su plan para limitar el derecho a baja laboral. Cuando el presidente gallego, Alfonso Rueda, anunció las primeras medidas, las tacharon de “disparatadas”. Ahora que ha trascendido que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) incluye como uno de los criterios a evaluar para el plus de productividad que las bajas duren menos ha manifestado que se trata de una iniciativa “burda” que presenta varios problemas.

Uno de los objetivos que se marcan, por primera vez, los acuerdos de gestión que el Sergas firma con las áreas sanitarias es que las bajas tengan una duración considerada estándar por la Xunta. Agamfec rechaza esta medida y recalca que se tome como referencia un indicador bruto de duración de las bajas que “no discrimina adecuadamente las posibles duraciones inadecuadas”. Es necesario un estudio “más fino” que implique a los diferentes colectivos del sistema asistencial, incluidas las unidades de riesgos laborales, añade.

La asociación recuerda también que hay “trabas” para que los pacientes accedan a los especialistas hospitalarios -“cuando no imposibilidad por la negativa a atenderlos”-; que las listas de espera para algunas pruebas son “interminables” o simplemente no pueden ser solicitadas por un médico de familia; y que las agendas “se estiran por falta de cobertura de las vacantes”. “Resulta que la responsabilidad de todo este fallo sistémico recaerá sobre las sobrecargadas espaldas de los médicos de familia”, protesta.

El uso del indicador de la duración de las incapacidades temporales pone de manifiesto cuál es el origen de la preocupación por las bajas, dice Agamfec, que critica que se esté poniendo el foco en el “problema económico” más que en la salud de los ciudadanos, que “debería ser, este sí, el objetivo del sistema sanitario del que parece olvidarse el Sergas”.

Agamfec añade aún un problema más: considera que valorar la duración de las bajas para pagar el complemento de productividad a los médicos de familia se contradice con el intento, que ve fallido, de que los médicos de las especialidades hospitalarias colaboren en la emisión de las bajas. Esto, añade, vuelve a poner “negro sobre blanco que el único responsable de las bajas es el médico de familia”.

La protección del derecho a la huelga forma parte de las garantías reconocidas por el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concluyó este jueves la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano judicial de la ONU, en una esperada interpretación que pone fin a una pelea de décadas entre empleadores y sindicales a nivel mundial.

En una opinión legal no vinculante, la Corte sostuvo que el derecho a la huelga de los trabajadores y de sus organizaciones está protegido por el Convenio núm. 87 de la OIT, adoptado en 1948, relativo a la libertad sindical.

Según esta resolución, el “sentido ordinario de los términos pertinentes del Convenio, interpretados de buena fe, en el contexto y a la luz del objeto y fin del tratado”, demuestra que la protección de la libertad sindical incluye también la protección del derecho de huelga.

No obstante, la Corte precisó que esta interpretación no define el “contenido concreto, el alcance o las condiciones de ejercicio de ese derecho”, cuestiones que continúan dependiendo de legislación nacional en los Estados y de los mecanismos internacionales competentes.

El tribunal también destacó que los órganos de control de la OIT han reconocido de manera progresiva el derecho de huelga como parte de las garantías del Convenio núm. 87, una posición que, subrayó, mantienen desde hace varias décadas.

Asimismo, recordó que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera desde “hace más de 25 años que la protección del derecho de huelga está comprendida dentro de la libertad de asociación” reconocida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Una disputa alargada durante años

Esta opinión llega tras más de una década de controversia dentro de la OIT sobre el alcance del Convenio 87 relativo a la libertad sindical, adoptado en 1948.

Aunque el texto del convenio no menciona expresamente el derecho de huelga, los órganos de supervisión de la OIT sostuvieron durante décadas que este derecho forma parte de la libertad sindical y de la capacidad de los trabajadores para defender de forma colectiva sus intereses.

La disputa se intensificó en 2012, cuando el grupo de empleadores dentro de la OIT cuestionó esa interpretación y argumentó que los Estados miembros nunca incluyeron explícitamente el derecho de huelga en el convenio, lo que provocó un bloqueo institucional en los mecanismos de supervisión laboral de la organización.

Ante la falta de consenso entre gobiernos, sindicatos y empleadores, el Consejo de Administración de la OIT decidió en 2023 solicitar una opinión consultiva a la CIJ para aclarar si el derecho de huelga está protegido por el Convenio 87.

Durante las audiencias celebradas en octubre del año pasado en La Haya, numerosos Estados y organizaciones internacionales defendieron que el derecho de huelga constituye un elemento inseparable de la libertad sindical y una herramienta esencial para la negociación colectiva.

En su opinión consultiva, la CIJ concluyó que la protección de la libertad sindical prevista en el Convenio 87 abarca también el derecho de huelga.

La resolución de la CIJ es de gran importancia para el derecho internacional laboral, ya que refuerza el reconocimiento de la huelga como instrumento fundamental de acción colectiva y podría influir en futuras decisiones judiciales y legislativas en distintos países.

La Xunta de Galicia ofrece a los médicos de familia cobrar más dinero si las bajas de los pacientes a los que tratan tienen lo que considera una “duración estándar”. Es decir, va a premiar que las incapacidades laborales sean más cortas, dentro del plan que está desplegando para limitar este derecho de los trabajadores. La medida se va a aplicar a través del plus de productividad, que supone hasta 2.491 euros al año.

La información, que adelantó La Voz de Galicia, figura entre los objetivos que se marcan en los acuerdos de gestión que se firman entre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y cada una de las siete áreas sanitarias. Los de este año recogen por primera vez como uno de los baremos para ese plus de productividad la duración de las bajas laborales. Otros aspectos que se tienen en cuenta son la prescripción de medicamentos genéricos, la investigación y la participación en cribados.

La Xunta considera que cada uno de los procesos que motiva las bajas laborales tiene un tiempo “estándar” para que el paciente reciba el alta, según informa Europa Press. Anualmente, al cerrar el ejercicio, se hace una evaluación de los objetivos incluidos en los acuerdos de gestión, en la que ahora se va a valorar esa duración de las incapacidades temporales, como una forma de penalizar a los profesionales cuyos pacientes pasen más tiempo de baja de lo que el Gobierno gallego considera que corresponde.

Desde que el presidente gallego, Alfonso Rueda, anunció el plan de su Gobierno para dificultar el derecho a la baja, con el argumento económico de que en Galicia hay un problema de “absentismo”, han sido numerosas las críticas por alinearse con una reclamación de la patronal que no atiende a las causas que llevan a las incapacidades temporales, incluidas las jornadas de trabajo largas, la edad de las personas trabajadoras o los incumplimientos en materia de seguridad. Además, se han alzado voces de representantes sindicales y de profesionales sanitarios que recalcan que son recurrentes los casos en los que las bajas se prolongan a causa de la gestión de la sanidad pública y sus largas listas de espera para recibir atención especializada, tratamientos o hacerse pruebas.

Dentro de este objetivo de que haya menos bajas y de que duren menos, la Xunta ya empezó a enviar a los centros de salud a inspectores de Sanidade para presionar a los médicos de familia. En algunos casos se han reunido con los profesionales que tienen más pacientes de baja y han repasado caso por caso, a pesar de que los médicos ya tienen entre sus tareas hacer un seguimiento de las incapacidades temporales.

La Consellería de Sanidade dio el pasado lunes algunos datos sobre estos procesos: durante el mes de marzo los inspectores se reunieron con 110 médicos de familia en lo que llama “trabajo especial de apoyo”. Esas tareas han consistido en ir repasando los casos de baja para intentar reducirlos. Según la Xunta el resultado hasta ahora es que se ha hecho un doble control de 3.521 casos, lo que derivó en 730 altas, un 21%. Este proceso sigue en la actualidad, agregó el Gobierno gallego, que anunció ese mismo día que va a destinar 3 millones de euros a contratar a otros 18 inspectores para intensificar estas medidas.

Sanidade sostiene que la intención es evitar que las bajas “se extiendan más allá de cuando existan razones clínicas que lo aconsejen” y que este es uno de los 53 indicadores que se aplican en los acuerdos de gestión, utilizado también por comunidades como Castilla y León y recogido en un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Asegura que la Xunta tiene “el convencimiento” de que los médicos de familia ya hacen “todo lo que está en su mano para que las bajas no se extiendan” más allá del momento en el que los pacientes se recuperan, a pesar de lo cual ha decidido aplicar esta medida. Añade que, de hecho, considera que el objetivo ya se cumple “en la inmensa mayoría de los casos”.

La Consellería defiende que sus iniciativas no pretenden fomentar o aconsejar que “una persona que reúna las condiciones clínicas para estar de baja vaya a trabajar”.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este lunes una resolución que revela los detalles del pacto suscrito con el colectivo sanitario para la reactivación de la carrera profesional en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).

Es una resolución de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social que supone oficializar el acuerdo laboral tras 14 años con la carrera sanitaria paralizada, desde que el PP la eliminase, durante el Gobierno de Dolores de Cospedal y tras una década de reclamarlo al Ejecutivo del PSOE que dirige Emiliano García-Page. En estos últimos años las protestas, en forma de concentraciones y manifestaciones, no han dejado de producirse.

La carrera profesional sanitaria es un sistema que reconoce el desarrollo profesional en el ámbito sanitario público y que sirve para valorar la experiencia, la formación, la actividad asistencial, la investigación o la implicación en la mejora del servicio sanitario a lo largo de los años.

En la práctica, funciona mediante distintos 'grados' o niveles que el profesional va alcanzando conforme cumple determinados requisitos de antigüedad, méritos y evaluación.

Se traduce sobre todo en mejoras salariales como principal beneficio. Cada grado que se reconoce al profesional implica un complemento económico fíjo que se cobra todos los meses en la nómina.

El acuerdo se firmó el pasado 20 abril entre el Gobierno regional y los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial del SESCAM.

Afecta a unos 35.000 profesionales y contempla la recuperación progresiva de la carrera profesional mediante convocatorias extraordinarias para el reconocimiento de nuevos grados.

Requisitos para acceder a los beneficios de la carrera profesional

Según el texto pactado, habrá dos procesos excepcionales previstos para junio de 2026 y enero de 2027, en los que únicamente se exigirá el tiempo trabajado para acceder a los distintos niveles.

En la resolución, el Gobierno regional reconoce que se ha producido un “dilatado periodo de tiempo” para llegar hasta aquí, así que cree “necesario” establecer este procedimiento extraordinario “que mitigue los efectos desfavorables de esta suspensión en los distintos colectivos profesionales”.

Los requisitos establecidos para ellos pasan por al menos cinco años de servicio para el Grado I, diez años para el Grado II, 16 para el Grado III y 23 para el Grado IV. Además, el acuerdo incluye tanto al personal fijo como temporal del SESCAM y prevé una tercera convocatoria específica para quienes solicitaron su reconocimiento en 2010 y quedaron pendientes tras la suspensión del sistema.

Entre los aspectos destacados también figura el reconocimiento del tiempo trabajado como residente y la posibilidad de computar servicios prestados en distintas categorías profesionales. Paralelamente, el Ejecutivo autonómico y los sindicatos negociarán un nuevo modelo ordinario de carrera profesional, que incluso podría incorporar un quinto grado.

Los primeros pagos se abonarán en enero de 2027

En cuanto al calendario económico, el pacto prevé que los primeros pagos derivados de la recuperación de la carrera profesional se abonen en enero de 2027, mientras que las siguientes fases se extenderán hasta 2028.

Según el Ejecutivo regional, los objetivos de la carrera profesional en el Sescam quieren reconocer la aportación de los y las profesionales en la mejora de la calidad de los servicios sanitarios y de gestión, diferenciarles otorgando reconocimiento objetivo a su competencia profesional individual, generar una mayor corresponsabilidad del profesional y fomentar la cultura de compromiso con la gestión del Sescam promoviendo la actualización de sus conocimientos y competencias y la mejora de su cualificación y conseguir un mayor grado de motivación.

CCOO y UGT han convocan una huelga parcial en la red de Rodalies de Catalunya el 27 de mayo y el 5 de junio, según han informado fuentes sindicales a la Agència Catalana de Notícies (ACN). Ambos sindicatos, minoritarios entre los ferroviarios catalanes ante la mayoría de SEMAF, han registrado una convocatoria conjunta, aunque aspiran a poder resolver sus demandas en una mediación con la Generalitat.

Entre las reivindicaciones de ambas centrales figuran el cumplimiento de los acuerdos pactados en febrero, que preveían un interventor en cada tren de media distancia, más plantilla y seguridad para trabajadores y usuarios y aumentos salariales.

La nueva movilización sindical llega tras la recuperación progresiva del servicio de Rodalies, que todavía acarrea varios problemas derivados de la gran crisis del pasado enero. Desde este mayo, el Govern ha cancelado la gratuidad de los trenes al considerar que el 96% del servicio ferroviario está asegurado y, que, en los tramos que todavía están en obras, siguen en vigor los planes alternativos de transporte.

La R3 ha recuperado el recorrido en el tramo entre Ripoll y Ribes de Freser (Girona), aunque su tramo central sigue en obras, tal y como estaba previsto. La R15 ha restablecido su trayecto de Reus hasta Móra la Nova (Tarragona) y la R4 ha recuperado su itinerario entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y Manresa (Barcelona).

La red de Rodalies mantiene algunos planes alternativos de transporte por obras, como entre Móra la Nova y Riba-roja d’Ebre (Tarragona), el ámbito de Ripoll y Puigcerdà (Girona) y el de las obras del Garraf (Barcelona), con el objetivo de trabajar más rápidamente en actuaciones de optimización planificadas y previstas y recuperar un servicio mejor lo antes posible.

Desde el 20 de enero, se han estabilizado 65 trincheras, así como se han reforzado los trabajos de drenaje, colocación de mallas y robustecimientos estructurales entre otros, además, se ha fortalecido el ámbito de la información con 546 informadores distribuidos por el territorio

La campaña andaluza ha incorporado en su recta final un nuevo frente para el Gobierno de Juan Manuel Moreno: el conflicto enquistado desde hace años con los bomberos forestales y el personal técnico de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas de Andalucía (AMAyA). Apenas cuatro días antes de las elecciones autonómicas del próximo domingo, el sindicato CGT -mayoritario porque representa a aproximadamente el 40% de los profesionales dentro del operativo INFOCA- mantiene convocada una concentración este miércoles frente al Palacio de San Telmo, la sede del Gobierno andaluz, pese al preacuerdo anunciado el lunes entre la Junta y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

No en vano, la protesta llega en un momento especialmente delicado. No solo porque haya que pasar por las urnas en apenas unos días, sino porque Andalucía también se encuentra a semanas del inicio de la campaña de alto riesgo de incendios y tras un invierno especialmente lluvioso que, según advierten los propios profesionales, ha dejado una gran acumulación de combustible vegetal en el monte. “Lo que cayó en febrero ya está seco”, explica Antonio Castellanos, bombero forestal y portavoz de CGT.

Por eso, dado el contexto, la Junta se afana por presentar el nuevo pacto como “un avance histórico” para los más de 4.000 trabajadores del dispositivo. El preacuerdo firmado contempla la creación de un “Complemento de Experiencia Operativa y Desarrollo Profesional” que el Gobierno andaluz vende como una solución jurídica para compensar la antigüedad del personal del INFOCA y EMA. Pero no es el complemento de antigüedad que históricamente reclaman en el cuerpo por ser, además, casi los únicos empleados públicos que no lo perciben en toda Andalucía.

Para contrarrestar esta circunstancia, el Ejecutivo de Moreno sostiene que las restricciones de la Ley General Presupuestaria impiden implantar directamente los trienios, por lo que ha diseñado una fórmula alternativa que comenzaría a aplicarse progresivamente desde enero de 2026. “El Gobierno andaluz culmina así un avance histórico tras años de trabajo”, defienden desde la Junta, que vincula además este acuerdo a otra de las reivindicaciones históricas del operativo: la ampliación a 12 meses de trabajo durante todo el año y no sólo en campaña de incendios.

“Presión sindical”, defienden los firmantes

Sin embargo, el anuncio no ha servido para desactivar el conflicto. Más bien al contrario. CGT, junto al Sindicato Independiente de Bomberos Forestales de INFOCA (SIBFI) y la Asociación Movimiento INFOCA, rechazan frontalmente el acuerdo y denuncia que se ha negociado “a puerta cerrada” con organizaciones sindicales minoritarias dentro del operativo. El sindicato sostiene que el documento estaba cerrado desde el pasado 15 de abril y que se les remitió apenas 48 horas antes para estudiarlo. “Nos dejan sin posibilidad de analizarlo con nuestros servicios jurídicos”, denuncian.

La crítica principal de CGT se basa precisamente en qué manera se aborda la antigüedad de la plantilla. El sindicato sostiene que la Junta no la reconoce realmente, sino que sustituye ese derecho por un complemento variable vinculado al desempeño profesional. “Ganamos un complemento variable a cambio de renunciar a uno seguro y fijo: la antigüedad”, critican. Además, alertan de que el nuevo sistema podría absorber las cantidades que algunos trabajadores ya tienen consolidadas por antigüedad y retrasar los incrementos salariales, al computarse cada seis años en lugar de cada tres. “Siguen riéndose de nosotros y tratándonos como trabajadores públicos de segunda”, sostienen desde la organización sindical.

Fuentes sindicales firmantes del preacuerdo alcanzado con la Junta apuntan que las reivindicaciones se iniciaron hace años en unidad sindical con CSIF, UGT, CCOO, CGT y UITA pero que los dos últimos se cayeron. “Están en su derecho de tomar la postura que consideren, pero lo cierto es que son CSIF, UGT y CCOO los tres sindicatos que han sacado adelante este acuerdo, que consideramos muy positivo para el personal del INFOCA”. “Los bomberos forestales llevan años luchando para que se reconozca el valor de su trabajo, su experiencia, su especialización y otras cuantas cuestiones, y este acuerdo por fin lo hace tras la presión sindical que hemos ejercido durante todo este tiempo tanto en la calle como en las mesas de negociación”, añaden.

El conflicto alrededor de los trienios lleva años enquistado dentro de la agencia pública. Los bomberos forestales denuncian que siguen siendo de los pocos trabajadores públicos andaluces que no perciben complemento de antigüedad pese a desempeñar un servicio esencial. Castellanos asegura que el nuevo acuerdo “bloquea cualquier margen de negociación hasta 2030” y acusa tanto a la Junta como a los sindicatos firmantes de haber escenificado una “negociación fake” para desactivar el malestar interno antes de las elecciones.

Más problemas laborales

Pero las reivindicaciones del operativo van mucho más allá de los salarios. Los sindicatos movilizados denuncian también que pese a que desde la Consejería de Presidencia se prometió que toda la plantilla estaría estabilizada durante los 12 meses del año y no solo durante las campañas de alto riesgo de incendios, hay técnicos y bomberos que aún no tienen contratos anuales. Un problema que merma los dispositivos de prevención que han de operar continuamente.

Pero también señalan problemas de movilidad y conciliación familiar, retrasos en procesos internos, falta de transparencia en concursos y bolsas de empleo, además de carencias materiales que, aseguran, afectan directamente a la seguridad del servicio. Entre ellas, señalan la existencia de vehículos “inadecuados” para la extinción de incendios forestales o la falta de Equipos de Protección Individual (EPI) suficientes y adecuados. Según denuncian, algunos trabajadores deben declararse “inoperativos” para poder recibir nuevo material, quedando temporalmente fuera de servicio.

La situación, sostienen, se ha agravado tras la separación entre EMA y AMAyA. Castellanos describe una agencia “desbordada” administrativamente y cuestiona incluso si el problema responde ya a “voluntad política o incapacidad operativa”. “Somos esenciales para la propaganda política”, critica el portavoz sindical. “Cuando hay un problema se hacen fotos en el puesto de mando, pero luego no diseñan lo que tiene sentido para la operación de emergencia”.

El momento escogido para la movilización tampoco es casual. La concentración tendrá lugar frente al Palacio de San Telmo en plena campaña electoral y justo antes del arranque oficial del periodo de alto riesgo. “Después es más complicado mover a la gente”, admite Castellanos.

Mientras tanto, el resto de sindicatos firmantes del acuerdo guarda silencio ante la convocatoria de protesta. La Junta, por su parte, intenta proyectar imagen de conflicto encauzado y de diálogo social cerrado. Pero la negativa del sindicato mayoritario a respaldar el pacto mantiene abierto un frente incómodo para el Gobierno andaluz en uno de los servicios públicos más simbólicos de la comunidad autónoma.