Los contratos laborales verbales existen y son perfectamente legales, aunque el trabajador siempre puede solicitar una copia por escrito. Esta opción es un derecho que asiste al empleado, no un favor que la empresa le haga, hasta el punto de que si se niega a facilitarlo se expone a una sanción económica y a que la relación contractual se entienda que es indefinida y a jornada completa.

Así lo señalan desde la Oficina de Atención Sociolaboral de UGT Andalucía, desde la que se apunta que el Estatuto de los Trabajadores recoge que el contrato es válido “aunque sea verbal” y no exige que toda relación laboral se tenga que formalizar por escrito. Pero en un contexto en el que un trabajador puede necesitar una copia por escrito (para solicitar una hipoteca o un préstamo), puede solicitarla “y la empresa está obligada a dársela”.

“Por muy pequeño que sea el contrato, tiene derecho a pedirlo y están obligados a entregárselo”, una medida diseñada para evitar “abusos laborales”. Eso sí, el hecho de que la contratación sea verbal no implica que el empleado esté desprotegido, ya que debe estar dado de alta en la Seguridad Social y tiene las nóminas para demostrar su relación con la empresa, con lo que está cubierto por ejemplo en caso de accidente laboral.

“Siempre es una mejor garantía”

“Lo importante es que el trabajador sepa que existe esta opción y que es su derecho, que puede ejercer o no”, se apostilla desde la Oficina de Atención Sociolaboral. La recomendación, no obstante, es disponer de una copia por escrito, ya que “siempre es una mejor garantía” ante situaciones como que la empresa cambie las condiciones laborales o asigne al empleado a otro puesto u horario. La compañía, asimismo, también puede solicitar que se formalice por escrito la relación laboral.

Si el trabajador pide una copia y no se le facilita, la empresa se expone a una multa de hasta 7.500 euros, ya que la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Lisos) considera esta situación como una infracción grave. Además, y ante cualquier contingencia, la normativa considera que si no hay contrato por escrito, el vínculo laboral es indefinido y a jornada completa.

Y si bien la ley contempla la posibilidad de un contrato verbal, de hecho “hay más de los que pueda parecer”, existen otros casos en los que sí es obligatorio plasmar por escrito la relación entre empresa y trabajador. Esto abarca a los contratos formativos, a tiempo parcial, fijos-discontinuos, de relevo y de trabajo a distancia.

Igualmente, hay que formalizarlo en los casos de contratos temporales de más de cuatro semanas y en los de trabajadores en el extranjero. Y también tiene que quedar constancia por escrito de aspectos como el periodo de prueba al que se somete a la persona contratada, así como el posible pacto de permanencia.

Las trabajadoras de la residencia de mayores El Cuartillo, en Cáceres, vuelven a denunciar una situación que, aseguran, agrava el malestar existente en el centro. Después de hacer pública la falta de personal y la sobrecarga asistencial que soportan desde hace meses, ahora denuncian el retraso en el cobro de parte de sus retribuciones debido a una incidencia administrativa comunicada por la propia dirección del centro.

Según un escrito interno remitido a la plantilla y al que ha tenido acceso elDiario.es Extremadura, la Dirección General de Función Pública ha limitado temporalmente la actividad en SIRHUS, el sistema de gestión de recursos humanos utilizado por la Junta de Extremadura para tramitar las nóminas, los expedientes de personal y otras incidencias laborales.

La comunicación explica que esa limitación permanecerá vigente entre el 15 de julio y el 12 de agosto, con el objetivo de adaptar el sistema a la nueva estructura orgánica de la Junta de Extremadura y realizar la correspondiente carga presupuestaria.

Como consecuencia, el documento informa de que no podrán abonarse en la nómina de agosto los denominados Complementos Específicos Especiales correspondientes al mes de julio, por lo que su pago se retrasará hasta la nómina de septiembre.

Estos complementos retribuyen circunstancias especiales de la jornada laboral, como las horas nocturnas, el trabajo realizado en domingos y festivos o los conceptos vinculados a la movilidad funcional, cuando un trabajador desempeña temporalmente funciones o puestos distintos de los habituales por necesidades del servicio.

Aunque la comunicación asegura que las cantidades no se perderán y se abonarán íntegramente un mes después, varias trabajadoras consideran que el aplazamiento supone un nuevo perjuicio para una plantilla que ya venía denunciando problemas estructurales en el funcionamiento del centro.

Hace apenas unos días, las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) de El Cuartillo denunciaron públicamente que trabajan con una plantilla insuficiente, especialmente durante el periodo estival y cuando no se cubren bajas o vacaciones. Las profesionales alertaban de que esa situación repercute tanto en las condiciones laborales como en la calidad de la atención que reciben las personas mayores residentes y reclamaban que “trabajar al límite no puede convertirse en la norma”.

Ahora, sostienen que el retraso en el cobro de unos complementos que compensan precisamente los turnos más exigentes —como las noches, los domingos y los festivos— incrementa la sensación de falta de reconocimiento hacia un colectivo que mantiene la actividad asistencial durante todo el año.

En el escrito interno, firmado por la dirección del centro, se indica expresamente que la medida responde a una decisión comunicada por la Dirección General de Función Pública de la Junta de Extremadura derivada de las limitaciones temporales de SIRHUS y que todos los importes pendientes se incluirán en la nómina de septiembre.

Fuentes de la plantilla consultadas por elDiario.es aseguran que el comunicado ha generado un profundo malestar entre las trabajadoras. Una de las profesionales explica que ella misma conoció la decisión “por el grupo de compañeras”, ya que actualmente se encuentra de vacaciones, y afirma que la explicación ofrecida por la Administración no convence a buena parte de la plantilla. “Dicen que es un problema informático, pero esto es echar más leña al fuego”, resume.

La trabajadora señala que, además del retraso en el cobro de los complementos, continúa la preocupación por la falta de personal denunciada días atrás. En este contexto, explica que varias empleadas han mantenido conversaciones con representantes sindicales para valorar posibles movilizaciones.

Según su relato, algunas trabajadoras afiliadas a UGT trasladaron la situación al sindicato, con la intención de estudiar la convocatoria de una concentración a las puertas de la residencia para denunciar las condiciones laborales y la falta de cobertura de la plantilla. Sin embargo, asegura que la respuesta recibida fue que el sindicato apuesta por mantener el diálogo con la Administración y que, si finalmente se convocan movilizaciones, deberán ser promovidas por las propias trabajadoras. “Ahora mismo nos sentimos solas, sin el apoyo del sindicato”, lamenta.

La misma fuente añade que, según la información trasladada tras una reunión mantenida entre representantes sindicales y Función Pública, los retrasos administrativos estarían relacionados con el proceso de estabilización del empleo público y con la reorganización derivada de las últimas convocatorias de plazas.

No obstante, la trabajadora cuestiona esa explicación. “A mí todo esto me suena a cuento chino”, afirma, al considerar que la falta de personal podía haberse mitigado con una mejor planificación de las contrataciones estivales. En su opinión, la Administración ha ofertado contratos de corta duración cuando “podían haber hecho contratos más largos o planificar incorporaciones en agosto, sabiendo que en julio había turnos sin cubrir”.

Las trabajadoras insisten en que el aplazamiento del cobro de los complementos llega en un momento de especial tensión en el centro, donde aseguran que la plantilla lleva meses reclamando más personal y mejores condiciones para garantizar una atención adecuada a los residentes.

Las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del Centro Residencial El Cuartillo, dependiente del SEPAD en Cáceres, han hecho pública su situación para denunciar la falta de personal que, aseguran, arrastran desde hace tiempo y que se agrava durante los periodos vacacionales y cuando no se sustituyen las bajas.

La portavoz del colectivo, Edita Bajo, sostiene que la plantilla trabaja “bajo mínimos” y que esa situación obliga a las profesionales que permanecen en el centro a asumir una carga asistencial cada vez mayor. “Trabajar al límite no puede convertirse en la norma”, resume el comunicado difundido por las trabajadoras.

Según explican, el problema no afecta únicamente a las condiciones laborales de la plantilla, sino también a la calidad de la atención que reciben las personas residentes. Recuerdan que El Cuartillo trabaja con un modelo de cuidados libre de sujeciones, tanto físicas como químicas, que requiere una vigilancia permanente y un acompañamiento continuo. A su juicio, sin el personal suficiente resulta imposible prestar esa atención en las condiciones que exige el propio modelo asistencial.

Las profesionales también denuncian que, para garantizar el funcionamiento del servicio, en ocasiones se ven obligadas a renunciar a días de asuntos propios y a otros permisos laborales, con el consiguiente desgaste físico y emocional. Insisten en que no se trata de un problema individual, sino de una situación que repercute tanto en quienes trabajan en el centro como en las personas usuarias.

Junto a la denuncia pública, las trabajadoras han comenzado una recogida de firmas dirigida a la Dirección del centro residencial y a la Secretaría General de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.

En el escrito recuerdan que las restricciones generales de permisos comunicadas por la dirección no pueden sustituir las resoluciones individualizadas previstas en la legislación administrativa. En concreto, solicitan que todas las peticiones de permisos sean resueltas de forma expresa y motivada, que las denegaciones se justifiquen por escrito cuando respondan a necesidades del servicio y que se informe a la representación legal de los trabajadores sobre las medidas organizativas adoptadas para hacer frente a la falta de personal y sobre los criterios empleados para conceder o denegar permisos.

Las TCAE reclaman, además, que se cubran las vacaciones y las bajas con la dotación de personal necesaria para garantizar tanto la seguridad de las personas residentes como unas condiciones de trabajo que, según defienden, respeten los derechos laborales de la plantilla.

Respuesta del SES

La Junta de Extremadura, en respuesta a la petición de información de elDiario.es, señala que los centros de atención 24 horas de gestión directa del SEPAD comunican de forma continuada, a lo largo de todo el año, las necesidades de cobertura de puestos en las distintas categorías profesionales. Añade que la coordinación entre el departamento de Recursos Humanos de la Secretaría General de la Consejería de Salud y Servicios Sociales y la Dirección General de Función Pública es permanente, con intercambio diario de información para garantizar una respuesta ágil a dichas necesidades. Asimismo, sostiene que desde la llegada del actual Gobierno se ha avanzado en soluciones estructurales, con el reconocimiento de las horas extraordinarias, la puesta en marcha de contratos de refuerzo de larga duración que aportan estabilidad y la equiparación salarial. En este contexto, afirma que se continúa trabajando de manera intensiva para asegurar la cobertura de todos los puestos en los centros de la región.

Decenas de empleados de Meta acusan a la compañía de redes sociales de utilizar herramientas de inteligencia artificial para seleccionar a los trabajadores que debían ser despedidos en un reciente recorte de plantilla. Los afectados, que han presentado una demanda contra la empresa, sostienen que esos sistemas de IA los señalaron después de solicitar permisos, bajas por maternidad o adaptaciones de jornada relacionadas con una discapacidad.

La demanda, presentada el lunes ante un tribunal federal del distrito norte de California, se refiere al recorte de plantilla de aproximadamente 8.000 empleados (10% de la plantilla) llevado a cabo en primavera por Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. Según la denuncia, la compañía utilizó una “constelación de sistemas internos de inteligencia artificial”, incluidos sistemas de evaluación del rendimiento basados en IA y datos de monitorización de pulsaciones de teclado y actividad laboral, para determinar quién debía ser despedido.

“Meta no elaboró la lista de despidos a partir del criterio razonado de directivos que conocían el trabajo realizado”, afirma la demanda, de 71 páginas. En su lugar, los 26 trabajadores incluidos en la denuncia sostienen que la empresa utilizó sistemas de IA “para puntuar, clasificar y seleccionar a los empleados que debían formar parte de la lista”.

Los demandantes solicitan una resolución judicial preliminar que impida a Meta completar los despidos mientras se tramita el caso. También reclaman medidas que podrían incluir la reincorporación a sus puestos, salarios atrasados, compensación por acciones perdidas, beneficios laborales y otros daños.

Un debate regulatorio en auge

La toma de decisiones mediante IA en el ámbito laboral se ha convertido en una cuestión cada vez más polémica, a medida que los trabajadores expresan preocupaciones sobre sesgos, privacidad y confianza, y los reguladores examinan la legalidad de estas herramientas. Estados de EEUU como California, Colorado e Illinois han aprobado en los últimos años leyes o regulaciones destinadas a proteger a los trabajadores frente a sesgos relacionados con la IA y los llamados “sistemas automatizados de decisión”.

La demanda contra Meta sostiene que las herramientas de IA de la empresa recopilan datos sobre clasificaciones de rendimiento, productividad y otros indicadores laborales. Sin embargo, esos datos dejan de generarse cuando un empleado está de baja médica o disfrutando de un permiso familiar. En el caso de las personas con discapacidad, esos indicadores también pueden verse reducidos.

Los empleados que ejercieron su derecho a permisos protegidos fueron seleccionados de manera desproporcionada para los despidos, basándose en puntuaciones que no solo no tenían en cuenta esos permisos, sino que en la práctica penalizaban a los trabajadores por ejercer derechos legalmente reconocidos

Texto de la demanda

“El resultado fue que los empleados que ejercieron su derecho a permisos protegidos fueron seleccionados de manera desproporcionada para los despidos, basándose en puntuaciones que no solo no tenían en cuenta esos permisos, sino que en la práctica penalizaban a los trabajadores por ejercer derechos legalmente reconocidos”, afirma la demanda.

Una de las demandantes es una científica que se encontraba en permiso prenatal aprobado y recibió la notificación de despido apenas dos días antes de dar a luz. Otro demandante, un ingeniero, asegura que recibió una “evaluación rebajada” debido al tiempo que estuvo de baja por una lesión. Otro caso es el de un directivo en baja médica que fue despedido apenas 16 días después de comenzar su permiso.

Un portavoz de Meta ha rechazado las acusaciones. “Estas afirmaciones carecen de fundamento y no se basan en hechos”, ha declarado en un correo electrónico enviado a The Guardian. “La gestión de la plantilla y las decisiones organizativas han sido y son tomadas por personas, no por inteligencia artificial”.

Estas afirmaciones carecen de fundamento y no se basan en hechos. La gestión de la plantilla y las decisiones organizativas han sido y son tomadas por personas, no por IA

Meta

Meta puso en marcha a principios de este año un programa de monitorización de empleados basado en IA. El sistema estaba diseñado para registrar pulsaciones de teclado, movimientos del ratón, historial de navegación, mensajes, correos electrónicos y datos de ubicación en dispositivos corporativos. Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta, explicó que el objetivo era entrenar los sistemas de IA de la empresa a partir del comportamiento de sus propios trabajadores.

“Los modelos de IA aprenden observando cómo hacen las cosas personas realmente inteligentes”, afirmó Zuckerberg en una reunión interna, según informó The Information. “La inteligencia media de las personas que trabajan en esta empresa es significativamente superior a la de la población general que puede realizar tareas”.

Un polémico sistema de monitorización

La demanda sostiene que Meta puso en marcha el programa de monitorización con poca publicidad y sin obtener el consentimiento de los empleados. Según la denuncia, la empresa informó de la iniciativa mediante una publicación interna de escasa visibilidad, realizada por un ingeniero y no por un directivo de alto nivel. “En algunos equipos, los empleados no recibieron ningún aviso para otorgar consentimiento o reconocimiento, y al menos inicialmente no existía ninguna forma de excluirse del programa”.

La oposición interna creció rápidamente durante los meses siguientes, lo que llevó a Zuckerberg a anunciar en junio la suspensión del programa. El cambio de postura se produjo después de que más de 1.600 empleados firmaran una petición denunciando que el sistema vulneraba su privacidad.

En la demanda presentada el lunes, los abogados de los trabajadores solicitan al tribunal que autorice de inmediato una auditoría independiente de las herramientas de IA de Meta. Argumentan que dicha auditoría permitiría esclarecer por qué los 26 empleados afectados —todos ellos de baja o con adaptaciones aprobadas por discapacidad— fueron seleccionados para el despido.

“Meta mantuvo deliberadamente en secreto el funcionamiento de su proceso de selección de despidos frente a sus empleados”, señalaron los abogados en un comunicado enviado por correo electrónico.

Según la representación legal, los demandantes seguirán siendo empleados de Meta hasta el 22 de julio, fecha en la que está previsto que comiencen a hacerse efectivos los despidos. Alegando riesgo de represalias, los abogados han pedido al juez que permita a los demandantes permanecer en el anonimato y que dicte una orden para preservar su situación laboral mientras se resuelve el arbitraje.

“Una vez que estas desvinculaciones sean definitivas, los daños serán irreversibles: pérdida de cobertura sanitaria subvencionada por la empresa durante el embarazo, la recuperación posparto o tratamientos médicos en curso; extinción de derechos de permiso sujetos a plazos; pérdida de acciones aún no consolidadas; y consecuencias migratorias para algunos trabajadores”, avisan los abogados.

El presidente del Consello Económico e Social (CES), Manuel Pérez, reprocha al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que “cáncer” no es “la palabra más adecuada” para referirse al impacto de las bajas laborales en la economía, si bien coincide con él en que es preciso “cortar con el abuso”.

Sin descartar que el CES haga un estudio sobre este tema “en un futuro”, Pérez ha emitido su opinión a preguntas de los medios de comunicación –recogidas por Europa Press– después de entregar al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, la memoria socioeconómica del organismo correspondiente al año 2025.

“Mi opinión como inspector de trabajo jubilado es que el tema del absentismo laboral hay que analizarlo pormenorizadamente y separando los derechos que le corresponden al trabajador, es decir, las bajas que están justificadas, del abuso que se hace por las personas”, ha destacado el que fue alcalde de Vigo por el PP.

En este punto, ha traído a colación un comentario que le hizo “hace bien poco un empresario” sobre una trabajadora que llevaba “de baja dos meses” y que se iba “a una zona de la frontera con Portugal a bailar”. “Lo que hay que procurar es cortar con el abuso”, ha subrayado.

Además, ha hecho referencia a las declaraciones de Núñez Feijóo: “Pienso que eso, además, fue lo que quiso decir el antiguo presidente de la Xunta cuando habló de cáncer, que a lo mejor no fue la palabra más adecuada, pero que en su espíritu estaba tomar medidas”, ha sostenido.

Para el presidente del CES, “no se puede decir a un trabajador que está esperando ser operado y que lleva de baja 10 meses tú estás abusando”. En este caso “lo que hay que hacer es reducir el tiempo de espera”, ha constatado, para volver a incidir en que “luego” deben tomarse “medidas con aquel que realmente abusa”.

Pérez ha aludido a su experiencia profesional al asegurar que un trabajador le preguntó “si tenía derecho a marcharse a su aldea para las fiestas, si la empresa tenía que darle esos días de vacaciones”. “Cuando le dije que no, me dijo: Bueno, es igual, cojo una baja”, ha criticado.

La memoria pide “medidas correctoras”

Manuel Pérez ha destacado que la memoria socioeconómica de Galicia 2025 fue aprobada por unanimidad en el CES y es “fiel reflejo de la situación” de la comunidad.

El CES, ha destacado, “no es un instrumento laudatorio de la acción del Gobierno”, por lo que hace su análisis y también “alguna crítica”. Con todo, sobre la situación de Galicia, Pérez considera que es “buena” y cita al expresidente de la Xunta Manuel Fraga para afirmar que “no hay situación, por buena que sea, que no pueda mejorar”.

En su apartado de consideraciones, la memoria indica que el CES “considera necesario llamar la atención” sobre la “realidad” de los procesos de incapacidad temporal “e insistir en la necesidad de aplicar las medidas correctoras precisas”, ya que “perjudica tanto a las personas afectadas como al empresariado y al erario”.

En concreto, según sus datos, en 2025 “Galicia registra un incremento de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes acompañado de una duración media significativamente superior a la media estatal (casi el doble), que alcanza los 78,85 días frente a los 41,90 días en España, y el número de procesos iniciados en 2025 es superior a los iniciados en el año anterior”.

En este apartado, también constata que el índice de incidencia de accidentes mortales bajó de 5,5 en 2024 a 4,2 en 2025, “pero Galicia sigue muy por encima de la media estatal, que se sitúa en 2,8”. “Esta situación requiere impulsar y reforzar las actuaciones del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia en este ámbito”, subraya.

En otro punto, la memoria advierte de que en Galicia aumenta la duración media de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes y ve “preciso reforzar las medidas que permitan revertir esta situación que impide la pronta recuperación de las personas trabajadoras en un contexto de falta de mano de obra en muchas ocupaciones”.

La causa abierta al fundador de Glovo, Oscar Pierre, por los falsos autónomos encara una fase decisiva. El juez instructor tiene que decidir si envía el caso a juicio, tal y como ha pedido la acusación que ejerce el sindicato CGT, o si accede a la solicitud de la defensa del empresario y lo archiva.

El escrito del abogado de Pierre, al que ha tenido acceso elDiario.es, admite que Glovo trató de “desvirtuar” la Ley Rider al intentar mantener como autónomos a los repartidores, pero niega que ello suponga un delito contra los derechos de los trabajadores y pide dar carpetazo a la causa.

La petición de la defensa se ha encontrado con el rechazo de la CGT, que ejerce la acusación popular. El abogado del sindicato, Raúl Maíllo, ha solicitado en un escrito que el juez siente el banquillo a Pierre para que pueda ser acusado por un delito contra los derechos de los trabajadores por mantener su modelo de falsos autónomos.

La central sindical argumenta que hay suficientes indicios de que Pierre impuso “condiciones ilegales” a sus trabajadores mediante su contratación “con fórmulas ajenas al contrato de trabajo”, y que después los mantuvo como falsos autónomos “en contra de requerimiento” de la Inspección de Trabajo.

La causa abierta a Pierre en Barcelona es la única que investiga penalmente si Glovo cometió un delito al mantener como falsos autónomos a sus repartidores tras la histórica sentencia del Tribunal Supremo de 2020 y a la denominada Ley Rider de 2021, que obligaban a la compañía a contratarles como empleados.

El caso nació a partir de una denuncia de la Fiscalía de Barcelona, que en los próximos días tendrá que pronunciarse sobre si apoya llevar a juicio a Pierre o si, por contra, considera que no hay suficientes indicios y se debe archivar.

La denuncia fiscal fue la puntilla a una serie de actuaciones de la Inspección de Trabajo para lograr que, de una vez por todas, Glovo se atendiera a la legalidad tras su batalla con el Ministerio que encabeza Yolanda Díaz por los falsos autónomos. Después de más de un lustro de pleitos, la compañía anunció en 2025 que contrataría a sus repartidores.

El ahorro en los costes laborales que esta figura suponía se ha constatado con el ERE que Glovo ha presentado este año, que se ha cerrado con el despido de 436 repartidores, 300 menos de lo previsto inicialmente. Pierre vendió la mayoría de la empresa que había fundado a la multinacional alemana Delivery Hero a finales de 2021, si bien se mantuvo como consejero delegado.

La empresa intentó solventar su crisis de imagen producida por la causa judicial a través del fichaje de expolíticos de PSC, PP, ERC y Junts para su consejo asesor y con una foto con el president de la Generalitat, Salvador Illa, y dirigentes sindicales en el acto por los 10 años que Glovo cumplió el año pasado.

La instrucción ha contado con testigos de varios repartidores, abogados y responsables de Glovo así como diversos inspectores de Trabajo que indagaron en el funcionamiento de la compañía. Los funcionarios ratificaron que Glovo no contrató como empleados a repartidores que estaban reconocidos por los tribunales como falsos autónomos.

La defensa de Pierre, que ejercen los penalistas Cristóbal Martell y Pau Ferrer, argumenta en su petición de archivo que Glovo “implementó cambios para tratar de desvirtuar la presunción de laboralidad” que le imponía la Ley Rider, pero que de toda la instrucción de la causa “no se ha evidenciado la conducta desobediente” que determina el delito contra los derechos de los trabajadores investigado.

La defensa resalta que la causa está construida a partir de resoluciones judiciales y requerimientos de Inspección de Trabajo desfasadas, porque son anteriores al nuevo modelo que rigió las relaciones laborales con los repartidores desde agosto de 2021. Mantener como autónomos a los repartidores, alega la petición de archivo, era “perfectamente válido” y legal en España.

El escrito aprovecha para poner en duda la actuación de la Inspección de Trabajo. Menciona la defensa resoluciones de la Audiencia Nacional favorables a la empresa en su conflicto con los riders que han criticado el “sesgo y afán recaudatorio” de la Inspección, lo que, a juicio del abogado de Pierre, “apunta a la existencia de posibles motivaciones secundarias ajenas a una aproximación imparcial y neutras hacia las relaciones entre Glovo y sus repartidores”.

Llevamos un tiempo en el que muchos no reconocemos la realidad que describe la patronal, esa en la que las personas trabajadoras faltan mucho a su puesto sin ningún tipo de justificación y van al médico para que les dé la baja por cualquier nimiedad. Todo lo contrario, miramos a nuestro alrededor y vemos a gente que –ya sea por responsabilidad, por compañerismo y, en muchas otras ocasiones, por miedo a perder sus trabajos- se levantan muy temprano para acudir a su empresa con un Nolotil en el cuerpo. Sinceramente, no sé en qué entornos se mueven los dirigentes patronales para estar rodeados de tantos ‘memos’ y personas fraudulentas.

El último que se ha sumado a esta corriente de mentiras y bulos ha sido el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y lo ha hecho con unos argumentos falsos y malintencionados. Me cuesta creer que el líder del principal partido de la oposición crea que alguien en España pueda obtener una baja sin justificar. No es cierto tampoco –tal y como afirmó- que el 40% de las bajas en nuestro país sean fraude de ley ni que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.

Lo único cierto que escucho por la parte empresarial es que en España están aumentando las bajas laborales, un problema que debemos atajar con seriedad y analizándolo en profundidad. Y eso pasa por llamar a las cosas por su nombre y por no mezclar absentismo con bajas y permisos laborales. Si no tenemos claros esos conceptos, difícilmente podremos sentarnos a negociar.

Pido un ejercicio de responsabilidad. Estamos hablando de la salud de las personas. Debemos dejar a un lado las explicaciones y planteamientos superfluos para, de la mano del diálogo social y de una verdadera voluntad por solucionar las cosas, poner encima de la mesa las causas del incremento de las bajas. Tengo la sensación de que a algunos no les interesa llegar a la raíz, ya que allí, además de las demoras y el colapso del sistema sanitario público y del envejecimiento de la población trabajadora, también van a encontrar la precariedad laboral que hay en las empresas, las cargas inasumibles que tienen muchas plantillas, los riesgos psicosociales, la falta de desconexión digital… temas todos ellos que tienen mucho que ver con las condiciones laborales. Pero ya que estamos, hablemos también del ‘absentismo salarial’, esto es, de las horas extraordinarias sin cobrar que hacen muchos trabajadores y trabajadoras, así como de las enfermedades profesionales y cánceres laborales que no son reconocidos como tal.

A base de manipular datos y presentar la realidad a su antojo, la patronal viene ofreciendo un discurso que, con premeditación y alevosía, busca abonar el terreno y preparar las conciencias para, en un futuro no muy lejano, plantear recortes.

En los últimos años, los derechos y condiciones de las personas trabajadoras han mejorado como hacía mucho que no ocurría. La reforma laboral, la subida del SMI, los permisos por cuidados, la revalorización de las pensiones, los incrementos salariales en convenios gracias a la firma del quinto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)… Pero no nos engañemos, en algunos aspectos el mundo no ha cambiado tanto. Aquellos que acumulan el capital quieren seguir amasando dinero y no van a facilitar que haya un verdadero reparto de la riqueza.

Termino haciendo un llamamiento a la clase trabajadora. No permitamos que haya un retroceso en los derechos; no caigamos en la trampa que nos está tendiendo la patronal ni en sus argumentos que tratan de criminalizar a las personas trabajadoras por el hecho de caer enfermos. No perdamos la identidad de clase. Creo que en el futuro la vamos a necesitar. Nos jugamos mucho.

Una ligera capa de polvo cubre la camiseta de Guillermo. Acaba de terminar su quinto día en la obra donde ha empezado a trabajar y sonríe al señalar la prenda azul marino: “Ya me han dado el uniforme”. Se sorprende porque, meses atrás, su anterior jefe le había descontado un día de sueldo a cambio de entregarle un lote de ropa de trabajo. Con toda la tarde por delante, camina en busca de una cafetería en pleno centro de Madrid. Hace muy poco, sin papeles y sin contrato, podía trabajar unas once horas al día por 800 euros al mes, sin seguro médico, en uno de los sectores con más accidentes laborales de España.

Entre una y otra vida, entre unas condiciones y otras, hay un trámite que ya ha empezado a transformar la vida de miles de ciudadanos extranjeros: la regularización extraordinaria. La admisión a trámite de la solicitud le otorgó lo que, desde su llegada, le pedía cada una de las empresas que le ofrecían un empleo como electricista de obra, dados sus 20 años de experiencia en El Salvador: un permiso de trabajo. Días después de obtenerlo y enviar su currículum por una plataforma online de búsqueda de empleo, empezó a sonar su teléfono. A la semana, Guillermo firmó su primer contrato de trabajo en España: “Hace unas semanas me arrastraba y me explotaban; ahora hasta puedo escoger”.

El salvadoreño es uno de los miles de solicitantes de la regularización que, tras meses de empleos inestables y clandestinos, ha conseguido su primer trabajo con contrato en España. En las últimas semanas también han dejado la economía sumergida Germán, hondureño, y Alessia, peruana, quienes engrosarán la listas de nuevos afiliados en el mes de julio. Según el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, la concesión de permisos de trabajo provisionales ligados a la regularización ya está empezando a tener un impacto positivo en el mercado laboral. Aunque todavía es pronto, y algunas empresas están mostrando reticencias a contratar a los solicitantes antes de la respuesta definitiva, ya se están dando de alta los primeros nuevos afiliados del proceso.

[Vídeo de Adrián Torrano]

Los datos oficiales aún no son concluyentes. Según el Ministerio de Inclusión, 159.097 personas con su petición tramitada están dadas de alta a fecha del 30 de junio en la Seguridad Social, pero matizan que la mayoría de ellas ya trabajaban de alta antes del proceso como demandantes de protección internacional. El Ejecutivo no ha dado aún la cifra de los trabajadores afiliados gracias al procedimiento extraordinario, pero el dato de nuevos cotizantes extranjeros en el mes de mayo puede dar una idea: cerca de 86.000 personas extranjeras se afiliaron por primera vez a la Seguridad Social.

“Ahora, gracias a Dios, nuestra vida está cambiando”, resume Guillermo, que llegó a España junto a su esposa Emma en noviembre del año pasado. “Quién nos iba a decir a nosotros que, cinco meses después de llegar, iba a salir una regularización extraordinaria”, reflexiona Guillermo. Sabe que, de no haber sido aprobada la medida, la familia no podría haber optado a un permiso de residencia hasta pasar como mínimo dos años sin papeles en el país, asumiendo cualquier empleo precario para sobrevivir.

Más que un trabajo: los cambios

El 18 de junio, recibió el justificante de admisión a trámite de su petición de regularización, lo que conlleva un permiso provisional de residencia y trabajo. El 19, tras preguntar en varias oficinas, él y su mujer consiguieron por sus propios medios sus números de la Seguridad Social, sin esperar a recibirlos por correo postal. Una semana después firmó su primer contrato en España. El 1 de julio ya estaba dado de alta en el trabajo. “Soy electricista profesional, pero antes tenía que quedarme con trabajos donde no tenía derechos y no podía escoger. Ahora, me han salido muchas ofertas de trabajo y hasta soy yo el que escoge la mejor. Ahora ya siento que tengo los mismos derechos que otra persona gracias a la regularización”, resume el salvadoreño.

El electricista relata algunas de las condiciones que han mejorado. “Ahora la admisión me ha dado el permiso de trabajo. Me ha ayudado porque me han dado un contrato indefinido de 40 horas”, explica Guillermo, quien recalca los beneficios de abandonar la economía sumergida. “Eso me ayuda porque ahora tengo Seguridad Social, antes no la tenía. Si me pasaba un accidente, lo primero que hacía el jefe era: ¡sáquenlo de la obra!”, cuenta el profesional, especialista en instalación de electricidad de alta tensión, lo que aumenta el riesgo de su empleo.

Ahora lo dice entre risas, pero Guillermo escuchó a su jefe exigir entre gritos que se llevasen a un compañero que, también en situación irregular, acababa de sufrir un impacto en la cabeza tras precipitarse desde una escalera de obra. “Sacadlo. Sacadlo de aquí y, si os preguntan, decid que se cayó en la calle”, recuerda el salvadoreño las palabras de uno de sus anteriores patrones. El electricista escuchó el berrido cuando trataba de darle los primeros auxilios al empleado accidentado. Ambos trabajaban desde hacía meses en la empresa, dedicada al sector de la construcción, pero no tenían los mismos derechos que el resto. Sin papeles, sin contrato, sin seguro sanitario por accidente laboral, obedecieron.

No les dejó pedir una ambulancia, cuenta. “Me dijo que pidiese un Uber y luego nos lo pagaba. Hasta ahora estoy esperando que me lo pague. Le envié varias veces el recibo. Nunca me dio el dinero”, dice moviendo la cabeza con indignación. “Cuántas cosas he aguantado…”.

También tiene más tiempo. “Antes trabajaba de ocho de la mañana a seis y media o siete de la noche. De lunes a sábado. Ahora no, hasta eso cambió. En horario de verano, de siete a tres de la tarde. Y, en horario normal, de ocho a cuatro, trabajando ocho horas normales”, describe. “Me da más tiempo para estar con la familia, hacer mis vueltas, estudiar…”.

Del total de solicitantes de la regularización afiliados, la mayoría cuenta con un contrato indefinido como el que ha firmado el salvadoreño. Este tipo de contrato es el que también ha confirmado la nueva vinculación laboral de Germán, otro migrante en trámite que se ha dado de alta por primera vez en la Seguridad Social gracias al permiso provisional de la regularización extraordinaria. “Me han contratado en una empresa de cocina, como técnico en mantenimiento e instalaciones”, anuncia el hondureño a elDiario.es. “Desde que me salió el documento, dos días después me contrataron. Me tuve que mover muy rápido para conseguir el número de la Seguridad Social. Fue un gran esfuerzo, pero todo salió de maravilla”, celebra el joven, que empezó a trabajar hace tres semanas.

Alessia (nombre fictio), peruana, trabajaba de forma esporádica en el sector de la limpieza. Hace unas semanas también firmó su primer contrato de trabajo, en este caso temporal, para ocupar un puesto como recepcionista en una residencia de mayores. “Me da más tranquilidad, tanto económica como emocionalmente. Es un gran avance para mí”, resume la mujer, de 26 años

Hoy no me dirijo a usted desde ninguna sigla política, ni siquiera como votante, sino simple y desgraciadamente como una persona paciente con cáncer desde el año 2018. Hoy le he leído unas declaraciones sobre las bajas médicas que considero profundamente indignas. Si las dejara pasar, sentiría que estoy olvidando a todas las personas que han perdido la vida a causa de esta enfermedad o que, como yo, están librando una dura batalla diaria contra ella.

Me da la impresión de que usted no sabe cómo vivimos nuestro día a día quienes padecemos esta patología. Y si lo sabe, calificar la situación de las bajas laborales como un “cáncer” constituye una ofensa intolerable. No sólo para nosotros, sino también para nuestros familiares. Como bien dicen los míos, esta enfermedad no sólo la sufrimos los pacientes en primera persona; la sufre todo el entorno que nos rodea, nos sostiene y nos ve decaer.

Usted ha querido mandar un mensaje netamente económico a la patronal, pero lo que ha conseguido es pegarnos un puntapié a muchísimas personas enfermas de este país. Le invito a que se pase cualquier mañana por una sala de espera de Oncología o de Hematología de cualquier hospital público. Verá cómo estamos cientos de personas esperando recibir un tratamiento de quimioterapia, inmunoterapia o radioterapia. Cuando usted viera a tantas personas aferradas a esas terapias para poder seguir viviendo, y mirase nuestras caras de cansancio e incertidumbre, se le iban a quitar las ganas de frivolizar con este término de un plumazo.

Le pido que recapacite, que cuide el lenguaje institucional y aprenda a respetar el dolor de los pacientes

Demuestra usted una ignorancia de tal calibre que si revisara las estadísticas de cuántos cánceres se diagnostican en España al año, mediría mucho más sus palabras.

Le escribe alguien que se ha criado y vive entre hospitales. He pasado por tratamientos de quimioterapia, radioterapia, un autotrasplante de médula ósea y más inmunoterapia durante años. Describir mi vida así es mostrar mi realidad con meridiana claridad. Una baja médica para un enfermo grave no es absentismo laboral, ni pereza, ni un fraude; es una prescripción facultativa y un derecho indispensable para intentar curarse sin caer, además, en la ruina económica.

Para aspirar a gobernar, hay que entender que el interés general debe estar por encima de todo, y no hay mayor interés que la vida y la salud. Le pido que recapacite, que cuide el lenguaje institucional y aprenda a respetar el dolor de los pacientes. Lo digo desde el más profundo dolor que me han producido sus palabras.

El absentismo y las bajas laborales no son lo mismo, aunque Feijóo no lo sepa, le importen un higo los trabajadores y esté dispuesto a una involución en materia de derechos. Sin datos, sin rigor y con un desconocimiento palmario de la diferencia entre una falta de asistencia injustificada y una incapacidad temporal por enfermedad certificada por un médico, el líder de la oposición ha vuelto a desvelar involuntariamente sus verdaderas intenciones: recortar sueldo y “prestaciones” a los trabajadores de baja “con o sin acuerdo sindical”.

Primera premisa: la incapacidad temporal (baja médica) es una prestación contributiva del sistema de Seguridad Social, regulada en la Ley General de la Seguridad Social. La protección que dispensa presenta una doble finalidad: sanitaria para garantizar la recuperación del trabajador y económica para compensar la pérdida de ingresos mientras persiste la imposibilidad temporal de trabajar. El absentismo laboral es, por su parte, la ausencia de la persona trabajadora de su puesto de trabajo sin causa justificada diferenciándose así de las ausencias legítimas protegidas, como la incapacidad temporal.

Pero Feijóo se delató ante los empresarios vascos después de defender que el “absentismo” en España “es un cáncer” que supone un coste de 30.000 millones y que afecta a 1,16 millones de personas cada día. Una exposición en la que mezcló sin distinción baja, permisos u otras incidencias y en la que introdujo una mentira como la catedral de Burgos al afirmar que las enfermeras firman bajas médicas a los médicos, algo que solo puede hacer un facultativo.

La derecha vuelve así por sus fueros y plantea una vez más importantes retrocesos en materia laboral. Nada que no hubiera hecho antes con la contrarreforma laboral que impulsó en 2012 con el Gobierno de Mariano Rajoy y que supuso, entre otras cuestiones, el abaratamiento del despido, el descuelgue salarial que facilitó que las empresas pudieran reducir los salarios para hacer frente a supuestas dificultades económicas o la supresión de la ultraactividad en la negociación colectiva.

Y una vez que Feijóo elevó un debate tramposo a la conversación pública y provocó la perplejidad de sindicatos, trabajadores y medios, vino lo de siempre: matar al mensajero. Que si el periodista Aitor Riveiro, que fue quién adelantó sus palabras, había interpretado más de la cuenta; que si otros medios hicieron seguidismo de elDiario.es; que si Feijóo no dijo lo que dijo; que si todo fue un nuevo lapsus del líder de los populares… Lo cierto es que poco había que interpretar porque el líder de la oposición habló más claro que nunca de sus intenciones, “con o sin acuerdo”, como pasó con la contrarreforma laboral que tanto dolor provocó a los trabajadores.

Los sindicatos, como no podía ser de otro modo, han puesto el grito en el cielo. La única ventaja es que los trabajadores ya saben a qué atenerse si un día el hoy opositor a presidente de Gobierno llegara a La Moncloa. Pero, la verdad, la diga Agamenón o su porquero, es que en España no hay problema de absentismo laboral y tampoco con las bajas médicas. Lo que existe es un problema de salud indisociable del funcionamiento de los servicios públicos sanitarios que, por cierto, dependen de las Comunidades Autónomas donde mayoritariamente el PP es gobierno. Dicho de otro modo: cuando un paciente espera meses para una consulta o una cirugía, sigue de baja mientras espera. Pero eso no es picaresca, sino la consecuencia directa y previsible de una sanidad pública infrafinanciada, la que gobiernos como los de Ayuso o Moreno —a los que Feijóo cita como modelo— llevan años recortando en sus respectivas Comunidades.

Las cifras de absentismo, como se ha encargado de recordar el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, no justifican el debate planteado, ya que “muchas situaciones responden a dificultades de acceso a la atención médica, las listas de espera o la falta de recursos”. Pero una cosa es mirar los problemas con tópicos y comentarios de cuñado para contentar a la patronal y otra muy distinta es construir un relato desde la evidencia empírica.

Los sindicatos siempre han defendido que el incremento de las bajas por incapacidad temporal -que no el absentismo, que puede llegar a ser un motivo de despido objetivo- es un asunto que se debe abordar desde el rigor, y por eso impulsaron la creación de un observatorio que permitiera estudiar por qué se producen las bajas médicas: si tienen que ver con la atención primaria, con la falta de especialistas o con problemas como la salud mental. Sin ese análisis, el debate no es serio ni es exhaustivo.

Feijóo ha pretendido trasladar además la idea de que si un empleado cobra lo mismo cuando está de baja que cuando trabaja, aumentan las ausencias, pero de nuevo ni la realidad ni los datos dicen eso. La mayoría de los empleados pierden salario cuando están enfermos, salvo que trabajen en una empresa que complemente la nómina durante el periodo de incapacidad por convenio. Y en este último caso, está comprobado estadísticamente que las bajas son menos prolongadas, lo que demuestra que no hay una relación directa entre mejores condiciones y más duración de la inactividad.

Aquí algunos datos:

• En un proceso de Incapacidad Temporal entre el día 1 y 3 no se cobra nada. Del cuarto hasta el día 20 de la baja se cobra el 60% de la base reguladora y del 21 en adelante, el 75%

• De esta prestación, las empresas solo asumen 12 días, los que van desde el día 4 hasta el 15 de esa baja. Es decir, menos de dos semanas, el 60% de esa base reguladora, aunque es cierto que en algunos casos por convenio pueden asumir hasta el 100% incluso.

Si echamos la vista a los países de nuestro entorno, España es uno en los estados en el que las empresas menos coste asumen de las bajas laborales:

En Países Bajos los empresarios asumen todo el pago de la incapacidad temporal (70% del salario durante 2 años)

• En Austria, el 100% del salario entre 6 y 12 semanas, dependiendo del contrato.

• En Alemania, el 100% del salario durante 6 semanas

• En Bélgica, el 100% del salario durante un mes, y un 30% durante los meses 2 y 3

• En Suecia, el 80% del salario durante 14 días

Esto por no hablar de que el incremento del gasto por Incapacidad Laboral Transitoria en el último año respecto al ejercicio anterior se ha moderado ligeramente: de 2023 a 2024 creció un 17% y de 2024 a 2025 un 12%.

El crecimiento de la incapacidad temporal, por tanto, no puede ni debe interpretarse como una perversión de la conducta del trabajador y mucho menos como un incremento del absentismo injustificado, como ha hecho Feijóo, sino como un reflejo del deterioro de la salud en las personas trabajadoras.

Avisados quedamos todos con el retrato de villanos que nos ha hecho el aspirante a La Moncloa y las decisiones que está dispuesto a adoptar desde un discurso que se sostiene sobre una premisa que la AIReF -Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal- ha desmontado, después de identificar una “deficiencia estructural” en la forma en que se gestionan las bajas médicas en España. El fallo está en el diseño porque quien paga la baja —el INSS— no es quien la concede, ya que recae en los médicos de atención primaria. Y esa separación, agravada por la fragmentación en diecisiete servicios de salud autonómicos, es lo que dificulta que se internalice correctamente el coste económico de las decisiones y genere riesgo de prolongaciones innecesarias.

El problema no es que millones de trabajadores decidan por la mañana no ir a currar, sino una tubería mal diseñada entre sanidad y Seguridad Social para la que nadie en el PP ofrece más solución que la de recortar el salario o las prestaciones de los trabajadores. Se puede estar de acuerdo en que el sistema de incapacidad temporal necesita reforma —la propia AIReF lo reconoce sin ambages—, pero lo que no se sostiene es vestir esa reforma de castigo al trabajador cuando los datos apuntan, una y otra vez, hacia el lado contrario. Esto es una sanidad colapsada, un INSS que no controla hasta que ya es tarde, y una población que envejece trabajando.

La puntería de Alberto Núñez Feijóo a la hora de dispararse en el pie es extraordinaria. Es posible detectar que ha acertado en el tiro de dos formas. Al aparecer sus declaraciones, alguien aprieta el botón del pánico en la sede de Génova y varios dirigentes se apresuran a lanzarse a Twitter para decir que le han malinterpretado o que el Gobierno es peor. La segunda vía es enviar a alguien a dar la cara en las entrevistas en radio y televisión al día siguiente con la misión de explicar qué es lo que ha dicho el jefe. Lo primero es fácil. Solo hay que soltar un hachazo al Gobierno. Lo segundo es más complicado.

Feijóo celebró el martes un acto a puerta cerrada en Bilbao en el Círculo de Empresarios Vascos. Otro intento más para congraciarse con el mundo de la empresa en Euskadi y conseguir que le ayude a restar votos al PNV. En su discurso, que el partido difundió después a los medios, afrontaba el tema del absentismo laboral con un mensaje claro: “Esto es un cáncer que no podemos parar”. Se ocupará de ello cuando llegue al Gobierno para que los trabajadores cobren menos durante esas bajas. Promoverá negociaciones entre patronal y sindicatos, pero sin mucho interés, porque impondrá una reforma si no sale de ahí un acuerdo. Esto ya lo hizo el Gobierno de Rajoy en 2012 cuando puso en marcha su reforma laboral.

El líder del PP trazó un panorama tenebroso sobre el impacto de las bajas por enfermedad o incapacidad. “Si la Administración Pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación, y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre”. No ocurre eso, porque la situación que planteó es falsa. Según su descripción, los trabajadores dejan de ir a trabajar cuando les apetece y cobran lo mismo.

Tanto hablar de la prioridad nacional y resulta que Feijóo realizó un ataque directo a los trabajadores –en su gran mayoría, españoles de origen– a los que prácticamente acusó de ser unos vagos. Viniendo de algún gobernante del norte de Europa, como ocurrió en la Gran Recesión desde 2010, podría ser una reacción previsible. Además de una manipulación, porque en España y los demás países del Sur, se trabajan más horas que en el norte. Que un político que aspira a ganar las elecciones en España apueste por un mensaje similar contribuye a dudar sobre la calidad de su estrategia.

A falta de buenas noticias en otros temas, Pedro Sánchez no desaprovechó la oportunidad que le brindó su rival: “Nosotros estamos del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla. Los derechos no se recortan. Se defienden”. El PP prefirió ir al ataque y destacó el supuesto absentismo de su hermano en Badajoz que no sólo no quedó probado en el juicio, sino que fue desmentido por varios testigos.

El representante al que el PP envió a bregarse a tres televisiones fue Juan Bravo. El hombre hizo lo que pudo. Eso no se le puede negar. Su explicación sobre las bajas laborales fue confusa, pero hay que aceptar que las cartas con las que contaba eran muy malas. Dijo que el Gobierno debería negociar sobre este asunto con los agentes sociales, pero no supo dar una propuesta concreta. Y eso que las preguntas no fueron muy duras. Lo suyo era ofrecer hipótesis muy poco reales. “Nadie duda de que si alguien no va a trabajar por causas no justificadas no debe cobrar todo el sueldo”, dijo en un ejemplo clásico de falacia del hombre de paja cuando se plantean situaciones que nadie defiende. Sin entrar en esa triple negación que hacía aún más difícil entenderle.

Para intentar reflejar que el fraude es generalizado, Bravo, al igual que otros diputados del PP, destacó que “las bajas de los lunes son el doble que las de los viernes”. En otras ocasiones, han dicho que las bajas de los viernes y los lunes son el 40% o la mitad de las de toda la semana. Otra forma de afirmar que los trabajadores son unos vagos que quieren ampliar el descanso del fin de semana. Dos de cada cinco días laborales son exactamente el 40% de todos. No les han dicho que los médicos de cabecera no trabajan el sábado y el domingo –otro ejemplo del insostenible Estado de bienestar–, y no pueden conceder bajas esos días, con lo que se tramitan el lunes.

Nadie defiende la existencia de un fraude. Lo que ocurre con el PP es que no manifiesta el mismo interés por otros fraudes. El caso más flagrante es el de las horas extra, del que no suele hablar Feijóo, porque eso supondría poner el punto de mira en las empresas.

Veamos algunos ejemplos de los últimos meses. El Supremo rechaza que las horas extra puedan compensarse con un plus de disponibilidad. Más de 50 escuelas de Catalunya no harán excursiones ni viajes como protesta laboral: “Son horas extra no pagadas”. Los sindicatos llevan a los tribunales a Alimerka por el exceso de jornada de miles de trabajadores en Asturias. CSIF recuerda a la Junta de Extremadura que ha incumplido el pago de los atrasos y las horas extra a las enfermeras de las residencias. La OIT pide a España que reduzca la jornada laboral diaria y pague más las horas extra. Pepe Álvarez recuerda a la patronal las horas extra que “roban a los trabajadores”: “Ya que hablan de regalo, son 2.300 millones de euros al año”. España es de los países europeos que menos paga por las horas extra. La lista es interminable.

El caso es que el número de horas extra pagadas ha aumentado, aunque el problema afecta todavía a 400.000 empleados, según cálculos de CCOO. Y ha crecido en los últimos años gracias tanto a la presión del Gobierno y las reformas sobre el registro horario como al crecimiento de la economía.

Es un hecho que el número de bajas laborales se ha incrementado en España y el resto de Europa en los últimos años. Cada día, más de 1.600.000 personas no acuden a su puesto de trabajo. La mayoría (1.240.138) es por baja médica o incapacidad temporal. Se dice que es un récord histórico, pero también lo es el del número de trabajadores. Son ahora 22,4 millones de afiliados a la Seguridad Social y eran 19 millones en 2018. El problema de fondo continúa siendo el sistema sanitario.

La influencia de la pandemia es indudable por su impacto en la salud mental de los españoles y en el sistema sanitario. Las listas de espera en la Atención Primaria y en las consultas con especialistas continúan lastrando todo el proceso de bajas y altas médicas. Eso forma parte de las competencias de las comunidades autónomas y el PP prefiere pasar por encima de eso en este contexto. “Si se reduce la calidad de la atención médica, esto afecta a los tiempos de recuperación de la enfermedad, a las bajas y a los costes de las empresas”, ha dicho Unai Sordo, secretario general de CCOO.

Sobre si las empresas se ven perjudicadas de forma desproporcionada por las bajas médicas, veamos esta noticia de hace solo unas semanas: “España, entre los países de la UE que menos días de baja cargan a las empresas: 12 días frente a 30 en Bélgica, 42 en Alemania o hasta dos años en Países Bajos”. La publicó El Mundo con datos de Eurostat, así que Susanna Griso no podrá decir, como hizo el miércoles en Antena 3, que es otro ejemplo de cómo “la sincronizada ha salido a responder” a las palabras de Feijóo.

Los sindicatos se apresuraron a desmentir las declaraciones de Feijóo y Bravo: “No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar”. Ni que se cobre todo el sueldo desde el primer día, como dijo Feijóo. “Cuando se está de baja por una contingencia común, los tres primeros días no se cobran. Del día cuarto al 20º se cobra el 60% y a partir del 20º se cobra el 75% de la base reguladora”, explicó Unai Sordo. Cuando se cobra más es porque los complementos que permiten cobrar el salario íntegro están pactados en los convenios colectivos, que se supone que la patronal no quiere prohibir, porque son las empresas las que los han negociado.

Los diputados del Congreso, como los del PP que salieron a apoyar a Feijóo, cobran el cien por cien del sueldo desde el primer día.

En Alemania, el Gobierno del conservador Friedrich Merz también pretende reducir el coste que las bajas médicas suponen para las empresas. Incluso lo considera una de las principales causas del estancamiento económico del país, lo que ya exige un fuerte esfuerzo de la imaginación. Algunos de sus dirigentes creen que los trabajadores que piden una baja no están realmente enfermos.

También quieren aumentar la edad de jubilación hasta los 70 años. Llegará el momento en que algunos políticos aspiren a que los trabajadores sigan en el tajo hasta esa edad y que no aumenten las bajas médicas a causa del envejecimiento de la población laboral.

Quizá lo que ocurra en Alemania sea un aviso. Puede que Feijóo haya sido especialmente torpe al plantear el tema o que esté anunciando al electorado lo que ocurrirá si llega a Moncloa. No resulta muy inteligente descartar la última opción.

A pesar de los duros ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre de la OTAN en Ankara, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado este miércoles por asumirlos con “calma y paciencia”. En la rueda de prensa posterior al encuentro con los líderes de la Alianza Atlántica, Sánchez ha calificado como “absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer” que hizo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Gobierno ha enmarcado los comentarios del presidente del PP “en todo lo que se está acordando con la ultraderecha” en los gobiernos autonómicos, que “son recortes, cercenar derechos. Es recortar y poner en cuestión conquistas sociales y laborales que se han tardado muchos años en poder lograr”, ha asegurado.

Núñez Feijóo abogó este martes ante el Círculo de Empresarios Vascos por reducir sueldos y “prestaciones” a los trabajadores que no acudan a trabajar, bien sea por una baja o una ausencia de cualquier otro tipo. El jefe de la oposición sostuvo que España gasta 30.000 millones de euros al año porque cada día se produce un absentismo laboral de 1,16 millones de personas: “Es un cáncer”.

“Cuando se habla de absentismo laboral estamos hablando de una aproximación equivocada, porque con de esta manera se pone un estigma sobre esa realidad que existe en nuestro país. Habría que hablar mejor de baja laboral o incapacidad temporal. Hay trabajadores y trabajadoras que enferman y que lógicamente tienen todo el derecho del mundo a coger una baja laboral”, ha recalcado Sánchez.

El presidente ha descartado que la polémica alrededor de las palabras de Feijóo se deban a un malentendido: “He leído algo así como que no se había comunicado muy bien o no se ha explicado muy bien. Creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijóo, entre otras cosas porque llueve sobre mojado. El Partido Popular cada vez que ha podido gobernar ha traído muchos recortes de los derechos laborales de muchísimos trabajadores y trabajadoras de nuestro país”.

Conversación con Trump sobre fútbol y golf

Amparado en la confirmación de la Alianza Atlántica de que España ha cumplido con sus compromisos militares, Sánchez ha optado por asumir con “calma y paciencia” los ataques del presidente de EEUU, con el que asegura ha tenido una conversación informal sobre fútbol y golf.

“Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos, y de golf, aunque este deporte, yo no lo practico tanto. Ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez”, ha comentado Sánchez.

Trump ha concentrado este miércoles toda sus críticas contra España a la que ha definido como “un aliado horrible” y ha advertido que le ha pedido al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que corte las relaciones comerciales con España: España es un caso perdido. Ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España“.

Sin embargo, Sánchez ha recordado que la política comercial es una competencia de la Unión Europea, “como la Comisión Europea se ha encargado de decir” y que cualquier decisión que afecte a un país también involucra a todo el bloque europeo. Además, ha espetado con cierta sorna: “Yo soy socialdemócrata, pero creía que las relaciones comerciales se tejen entre empresas, no entre gobiernos o Estados”.

Sobre la amenaza de la retirada de tropas estadounidenses de Europa, el presidente del Gobierno ha apuntado que “es una decisión soberana que corresponde al gobierno de Estados Unidos y al análisis de seguridad que haga las Fuerzas Armadas estadounidenses. Ahí no tenemos nada que decir. Lo que sí que puedo trasladar es que desde el punto de vista de la cooperación militar entre las Fuerzas Armadas estadounidenses y las españolas es óptima y muy positiva”.

Sánchez ha asegurado que “España ha venido a la cumbre de la OTAN con los deberes hechos. Por tanto, satisfecha por la forma en la que se ha consensuado la declaración de esta cumbre”. El presidente ha anunciado que tropas españolas “se van a sumar a la misión de las fuerzas terrestres avanzadas en Finlandia que se ha puesto en marcha por parte de la Alianza Atlántica para proteger la región ártica. Esto refleja también es nuestro firme compromiso, el de un país del Mediterráneo del sur de Europa con la OTAN y con esa aproximación a la seguridad de 360 grados, que en nuestro es caso total y absoluta”.

Incluso el canciller alemán, Friedrich Merz, ha aclarado “Sánchez volvió a explicar que el Gobierno español está realizando ahora un enorme esfuerzo para alcanzar los objetivos acordados en [la cumbre de] La Haya. Y fue recibido con una gran aprobación por parte del presidente Trump”.

Además, Sánchez ha señalado que “el mundo atraviesa una de las etapas más conflictivas desde el final de la Guerra Fría. Estamos convencidos de que para superarla las sociedades occidentales que pertenecemos a esta alianza atlántica, lo que tenemos que hacer es una organización más fuerte, más eficaz y más europea. Y eso es precisamente lo que hemos venido a impulsar hoy con nuestra propia voz, la española”.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tildado de “cáncer” las bajas laborales, las ausencias de trabajadores por enfermedad, que ha concluido que “no podemos pagar”. En su discurso, Feijóo ha calificado estas ausencias de “absentismo”, un término culpabilizador que utiliza la patronal, y criticado un supuesto “fraude” masivo en la actualidad, sin aportar datos. Desde este marco, ha apostado por recortar lo que cobran a día de hoy los trabajadores enfermos.

Feijóo utiliza en su discurso datos de bajas por enfermedad, que han aumentado mucho en los últimos años (son el doble que en 2016), para retratar un supuesto abuso o fraude masivo de los trabajadores, del que no aporta datos, pero que da por hecho. Por ejemplo, con declaraciones como esta: “Todo aquello que supera un 4% y un 5% tiene un enorme porcentaje de fraude”, dijo Feijóo. Una generalización sin ningún tipo de sustento.

El líder del PP no ha mencionado ninguna de otras muchas causas que están explicando el aumento de las bajas, como una población trabajadora más envejecida, el aumento de las listas de espera y la saturación de la sanidad pública, así como la explosión de los problemas de salud mental tras la pandemia, especialmente entre la gente joven.

Habla de “absentismo” en lugar de personas enfermas

El propio marco, hablar de las bajas por enfermedad como “absentismo”, importa. La Real Academia Española (RAE) define absentismo como sigue: “Abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación” y “abandono habitual del desempeño de funciones y deberes propios de un cargo”.

Así, cuando Feijóo y las patronales equiparan las bajas médicas al “absentismo” las rodean de un aura de “voluntariedad” y de desatención de responsabilidad por parte de los trabajadores, culpando a personas que no pueden ir al trabajo por estar enfermas. Y no porque lo digan ellas, sino porque lo acredita un médico. Siempre.

Feijóo compara además datos de ausencias diarias –un cálculo medio que hacen las mutuas– de 2018 y 2026 en términos brutos, pasando de unos 450.000 trabajadores fuera de su trabajo a 1,1 millones. Más allá de que efectivamente ha habido un gran aumento de las bajas, en España y toda Europa, la comparación ignora “que España ha pasado de rondar los 19 millones de personas ocupadas a acercarse actualmente a los 22,5 millones”, recuerda UGT.

“Cualquier análisis mínimamente riguroso exige comparar tasas y contextualizar los datos, no manipular cifras para construir un relato que criminaliza a quienes enferman”, denuncia el sindicato liderado por Pepe Álvarez.

Las ausencias “sin justificación” no existen

El líder del PP va más allá y habla directamente, también sin datos, de que “la Administración Pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación” y seguir cobrando “lo mismo”. Esto es algo que directamente no existe.

En España, las bajas laborales por enfermedad común siempre las autoriza un médico de la sanidad pública. Si un trabajador falta a su puesto de trabajo sin ninguna justificación, la empresa tiene la potestad de sancionar o despedir a esa persona. Algo que no dudan en hacer. Y, en caso de que una persona engañe a los sanitarios y finja una enfermedad, el verdadero fraude, hay controles para ello, que realizan tanto las mutuas como la Seguridad Social.

Lo que ya no pueden hacer las empresas es despedir a las personas porque tienen un determinado número de bajas, que consideran elevado. Era algo que sí se podía hacer en el pasado, el llamado “despido por absentismo” que facilitó la reforma laboral del PP de 2012 y que fue la primera medida que desmanteló el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Varias patronales, como la madrileña CEIM y la patronal de limpieza ASPEL, han pedido ya expresamente que el próximo gobierno recupere este despido por bajas médicas.

El líder de CCOO, Unai Sordo, ha lamentado como un “despropósito” iniciar un debate sobre las bajas que afectan a millones de personas trabajadoras en España “desde falsedades”. “No es verdad que en España nadie se pueda coger la baja sin justificar. No es verdad que el 40% de las bajas en nuestro país se ven en fraude de ley”, ha criticado.

En la mesa de negociación abierta sobre el aumento de bajas, los sindicatos no se han negado a aumentar o mejorar los controles de la Seguridad Social si es necesario, pero sí rechazan los discursos que tratan de situar el fraude como el principal problema o algo generalizado.

Diana sobre los médicos de la sanidad pública

Las declaraciones de Feijóo tienen otra diana clara: la crítica a una supuesta manga ancha y falta de profesionalidad de los médicos de la sanidad pública a la hora de dar bajas. El líder del PP afirmó que lo vio en el pasado “en el Insalud” (como se llamaba en el pasado a la sanidad pública, que dirigió en el primer mandato de José María Aznar), que tildó de “fábrica de bajas”, ya que afirma que “es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega o que una enfermera no le dé la baja a un médico”.

Esta crítica siguen también la estela de las que lanzan a diario muchas patronales, que reclaman un cambio legal para que las mutuas –que gestionan organizaciones empresariales– puedan dar altas por enfermedad común.

Tampoco cobra todo el mundo “lo mismo”

Otra de las generalizaciones del discurso de Feijóo ha apuntado a que las personas de baja médica por enfermedad cobran “lo mismo” que si van a trabajar. Aunque no es cierto que esto suceda siempre, en primer lugar hay que recordar que la mejora de la prestación de incapacidad ha sido históricamente pactada por sindicatos y también por empresas con una lógica, que ahora se intenta ignorar: que las personas que estén enfermas no pasen además por un empeoramiento de su situación económica.

Pero, además, no es cierto que todos los trabajadores cobren “lo mismo” cuando están enfermos. La prestación por incapacidad temporal –para la que hay que trabajar al menos seis meses– comienza al cuarto día de enfermedad, los tres primeros días no están cubiertos. Muchos convenios colectivos y de empresa cubren estos días con todo o algo de salario, pero si no es así, las personas enfermas no reciben ninguna remuneración.

A partir del cuarto día, la prestación por enfermedad común es del 60% de la base reguladora –cantidad similar al salario– desde el 4º día de la baja hasta el 20º, y del 75% desde el día 21 en adelante. Estas cantidades son las que a menudo, pero no siempre, se mejoran en los convenios colectivos sectoriales y de empresa, con un complemento de salario por parte de la empresa. De nuevo, para que las personas enfermas, por ejemplo con cáncer o cualquier otra patología, no vean tan resentida su situación económica.

Ante el aumento de bajas, las patronales están apostando por recortar estos complementos en los convenios colectivos, una negociación que no es unilateral y de la que dependen también de lo que pacten con los sindicatos. Precisamente a esta negociación apuntó el líder del PP, ya que afirmó que “con o sin acuerdo” de los sindicatos, había que modificar esta situación.

Desde UGT han denunciado la “falta de respeto absoluta” al diálogo social de Feijóo y en CCOO han ido más allá: “Que el Partido Popular diga si va a prohibir a las empresas negociar en los convenios colectivos esas mejoras en las situaciones de tratamiento de las bajas”, ha pedido Unai Sordo.

Nuevo revés judicial a Ryanair por su política laboral. El Supremo ha rechazado que un acuerdo de empresa o un convenio colectivo pueda imponer obligatoriamente a las personas contratado a tiempo parcial la realización de horas complementarias, como ocurría con un pacto sobre “horas complementarias imprevistas” entre la aerolínea irlandesa, una subcontrata y el sindicato CCOO.

En una sentencia fechada el pasado 29 de mayo, que ha consultado elDiario.es, la sala de lo social desestima el recurso presentado por Ryanair y dos subcontratas (Azul Handling e IHandlingAviation Airports Airlines) y confirma un fallo de enero de 2025 de la Audiencia Nacional, que acordó anular estas horas por ilegales.

El conflicto colectivo se originó tras un acuerdo sobre horas complementarias de personas trabajadoras a tiempo parcial firmado en noviembre de 2023 entre Ryanair e la subcontrata IHandling (posteriormente sucedida por Azulhandling) y el sindicato CCOO, que introdujo la figura de las “horas complementarias imprevistas” (HCI).

Estas horas complementarias “imprevistas” se comunicaban con menos de tres días de preaviso, como exige el Estatuto de los Trabajadores, incluso de forma verbal, ante cambios de programación de vuelos, retrasos o “incapacidades temporales imprevistas”, tenían carácter obligatorio y podían hasta alcanzar el 60% de la jornada ordinaria del trabajador.

UGT y CGT presentaron sendas demandas de conflicto colectivo solicitando la nulidad de esta regulación por considerarla ilegal, a las que se adhirió USO, y la Audiencia Nacional les dio la razón, fallo que fue recurrido por las empresas.

Las horas complementarias no son como las extra

Lo que ha aclarado el Supremo es si los acuerdos colectivos de empresa pueden imponer la obligatoriedad de realizar horas complementarias a los trabajadores a tiempo parcial, ante lo que las empresas alegaban que prohibir esta regulación vulneraba el principio de autonomía colectiva, informa la agencia EFE.

El Supremo recuerda que el Estatuto de los Trabajadores y el convenio sectorial de asistencia en aeropuertos (Handling) establecen que el empresario sólo puede exigir horas complementarias si existe un pacto expreso e individual con el trabajador, y que su aceptación es siempre voluntaria.

A diferencia con las horas extraordinarias, donde el Estatuto de los Trabajadores permite que se pacte su obligatoriedad por la vía de la negociación colectiva, la ley no contempla una previsión similar para las horas complementarias.

Por lo tanto, un acuerdo colectivo de empresa no puede transformar en obligatorias unas horas que legalmente requieren la voluntariedad del empleado.

Asimismo, en el caso analizado el preaviso inferior a tres días y de carácter verbal contraviene tanto la ley como el convenio sectorial aplicable.

La Sala constata que el convenio colectivo sectorial prevé las “horas perentorias”, que son de aceptación obligada, únicamente afectan al personal a tiempo completo.

Al asimilar las horas complementarias imprevistas a las perentorias, la empresa pretendía “sortear” la prohibición legal y aplicar de forma encubierta esta obligatoriedad a los trabajadores a tiempo parcial, concluyen los magistrados.

Sobre el papel, una de esas historias que arrojan algo de esperanza en un mundo gris: una gran marca como Adidas se da la mano con una empresa mexicana con fuerte carácter social, Someone Somewhere, para emplear a mujeres indígenas artesanas de la localidad mexicana de Naupan, en el estado de Puebla. Mediante técnicas tradicionales, estas tejen de forma primorosa, entre otras prendas relacionadas con el Mundial, la segunda equipación del Tri, una imponente camiseta negra que rápidamente se convierte en éxito de ventas. Todos ganan: Adidas, que logra vender sus camisetas; Someone Somewhere, que consigue promocionarse a nivel mundial; y las propias artesanas, que reciben a cambio de su trabajo el pago que se espera de trabajar para una marca internacional.

Por ganar, ganan hasta los compradores, que pueden espantar cualquier atisbo de mala conciencia gracias a un QR que, bordado en cada prenda, permite acceder a la historia de quien la tejió. Pero el relato oficial tiene una trastienda donde nada es tan bonito.

La situación fue desvelada en primer lugar por Tatiana Bernaldez, especialista en simbología textil desde hace 18 años, estudiante de doctorado en la Universidad de Salamanca y autora de 'Memoria de las Manos Nahuas'. Hace un mes, la activista Luz Valdez, con cerca de un millón y medio de seguidores en redes sociales, dio la voz de alarma. En un vídeo que acumula ya en TikTok más de tres millones de visualizaciones, Valdez, que se remite a testimonios de artesanas de Someone Somewhere que reclamaron anonimato, denuncia salarios de entre 25 y 35 pesos a la hora, por debajo de SMI, que se sitúa en la mayor parte del país en los 40 pesos, cerca de los dos euros. Según los testimonios que ha recopilado, al cabo del día, las bordadoras reciben unos 14 euros por unas camisetas que Someone Somewhere vende en su web a 80 euros la pieza. Hay prendas más caras, como jerséis y sudaderas, que se van a los 150 euros. Valdez explica que la empresa mantiene a la mayor parte de las trabajadoras como proveedoras, no como empleadas de plantilla, lo que le permite a la compañía ahorrarse el pago de la seguridad social, las pagas extra de Navidad y verano y las bajas laborales, por no mencionar otros muchos derechos laborales como la sindicación que se pierden por el camino.

Esto, a pesar de que las trabajadoras prestan servicio en los términos fijados por Someone Somewhere, que exige la entrega de una camiseta cada dos horas a pesar de que algunas artesanas han revelado que pueden llegar a tardar en bordarlas hasta ocho. A ello contribuye de manera decisiva el haber tenido que aprender a tejer con las modernas técnicas exigidas por Adidas: nada de bordados tradicionales. Las exigencias se producen además en un horario específico y en un lugar que no es otro que la Casa de la Cultura de Naupan, un espacio público que Someone Somewhere ha convertido en su taller particular.

Someone Somewhere, una empresa que opera desde hace 14 años con comunidades rurales en México, no ha respondido a ninguno de los intentos de contactar de elDiario.es. Sí contestó a la propia Valdez en un comunicado en el que, en efecto, confirmó que compra las piezas a la Organización Mujeres Unidas Chakalxochitl, que hace las veces de intermediaria y posibilita no tener que contratar a las artesanas. Estas, explica la empresa, usan la Casa de la Cultura de Naupan “por tratarse de un espacio céntrico y accesible”. Las bordadoras, defiende la compañía, están inscritas en IMSS Bienestar, la institución mexicana que brinda atención médica a quien no cuenta con el respaldo de la Seguridad Social. La firma también admite que trabajan con técnicas que tienen poco de tradicional, pero que lo hacen para que las artesanas tengan “nuevas posibilidades de innovación”. Sobre los salarios que paga, ni una palabra.

Algo más rotunda fue la respuesta que le llegó a Valdez a través del The New York Times. Someone Somewhere abrió hace unas semanas las puertas de su taller para que, en un amplio reportaje, el prestigioso rotativo pudiera preguntar a 25 mujeres sobre sus condiciones laborales: “La opinión en el lugar fue unánime: la remuneración era justa, el horario era flexible, la ubicación era conveniente y, por ahora, el trabajo era constante”. Algunas evidencias, sin embargo, obligan a poner en cuarentena algunas de estas afirmaciones de las trabajadoras consultadas. Sobre la remuneración, el propio The New York Times cuenta que las artesanas presentes en la sala hablan de un salario por encima del SMI, aunque evitan dar la cifra concreta.

Pero, por otro lado, testimonios anónimos proporcionados al medio estadounidense por Valdez cifran su sueldo por hora en Someone Somewhere en unos 12 pesos, unos escasos 60 céntimos de euro, menos de un tercio del SMI nacional. Sobre el horario flexible, el canal mexicano Imagen Televisión recogió con nitidez en un reportaje (minuto 1’ 35’’) un cartel que especifica el horario de las trabajadoras: de ocho de la mañana a una de la tarde para quienes hacen cinco horas y de ocho a cuatro para quienes hacen la jornada completa.

La ley, por encima de la opinión

Una de las críticas más recurrentes que se ha hecho estas semanas a la denuncia de Valdez es que, aparentemente, muchas de las trabajadoras consultadas por los medios parecen contentas. No les faltan motivos: el proyecto de Adidas y Someone Somewhere les garantiza trabajo, como poco, mientras dure el Mundial, y un sustento que, aunque no les cambia la vida, les permite vivir sin tener que migrar.

Pero la ley está por encima de sentimientos y opiniones. “El debate se ha centrado en la compensación económica de las artesanas, un aspecto importante, pero deja de lado la naturaleza de la relación laboral entre Someone Somewhere y las bordadoras”, explica por WhatsApp a elDiario.es Fernando Rubio, director comercial de Pulso Salud México, empresa especializada en salud laboral. En el país norteamericano, explica, al igual que sucede en España, la relación laboral entre empresa y trabajador la da la realidad pura y dura, no lo que consideren las partes. Esto quiere decir que si hay subordinación, hay relación laboral, lo que trae consigo obligaciones en cuanto a salario mínimo, seguridad social y normativas de prevención de riesgos y salud.

“Con la información pública a la que hemos tenido acceso, el propio reportaje [de The New York Times] detalla elementos que justifican una revisión de esta relación: la capacitación proporcionada por la empresa, la imposición de estándares de calidad externos, la ejecución de trabajos sobre diseños preestablecidos, la asignación de bonificaciones ligadas al desempeño y, en ciertos casos, una remuneración vinculada al tiempo de trabajo. Si bien ninguno de estos elementos, de forma aislada, prueba la subordinación, su conjunto sí amerita un análisis jurídico exhaustivo”, analiza el experto.

Y no es que lo que propone Someone Somewhere en colaboración con Adidas sea tan novedoso que no exista encaje jurídico. De hecho, recuerda Rubio, el modelo de remuneración por pieza a trabajadores que operan fuera de las instalaciones de la empresa, tan característico de la industria textil y la producción artesanal, es tan antiguo que la Ley Federal del Trabajo de México le dedica un capítulo desde hace décadas: el trabajo a domicilio.

Pero para que se dé deben concurrir dos condiciones: primero, que la remuneración no sea inferior a la de un trabajo similar dentro de la empresa (artículo 323); segundo, que el trabajo se realice sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo (artículo 311). “Si hay algún tipo de vigilancia, la ley es explícita: dicho régimen especial deja de aplicarse y se rige por la relación laboral ordinaria”. En este caso, la empresa ha reconocido capacitar, establecer estándares de calidad y organizar el espacio de trabajo: “Esto difícilmente encaja incluso en la figura más flexible que la ley mexicana contempla para este tipo de producción”, ahonda Rubio.

Entonces, ¿es bueno o es malo que existan proyectos así? Para Rubio, para Valdez y para muchos de quienes estos días han analizado sobre la situación de las artesanas de Naupan, se trata de una falsa dicotomía. Rubio lo zanja así: “Es perfectamente posible que este proyecto haya mejorado la vida de muchas mujeres en comparación con sus alternativas anteriores. Reconocer esto no implica renunciar a la exigencia de que dicho desarrollo respete plenamente sus derechos. México necesita más proyectos que generen oportunidades económicas en zonas rurales. Sin embargo, es fundamental que estos no se basen en esquemas que transfieran los costos laborales, de seguridad social o de salud ocupacional a las propias trabajadoras”.

La fábrica de cables de fibra óptima Prysmian, en Maliaño, ha vuelto este martes a paralizar su actividad productiva en una nueva jornada de huelga por el futuro convenio colectivo, cuya negociación se ha “bloqueado” otra vez, tras una mediación sin avenencia en el ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) celebrada el lunes 29 de junio.

El próximo jueves, 2 de julio, se ha convocado otro día de huelga, después de reanudarse las movilizaciones “por una negociación atascada por los pluses de turnicidad y nocturnidad”, ha informado el comité de empresa de la planta productiva de Camargo en un comunicado.

“A pesar de cierto avance en la negociación en la subida salarial de 2026, la empresa sigue negándose a actualizar los pluses de nocturnidad y turnicidad, lo que permitiría evitar la continua pérdida de poder adquisitivo que se viene produciendo desde la firma del anterior convenio”, indica el órgano sindical.

Esa pérdida de poder adquisitivo “se hace más notoria en el personal de fábrica, que es el que sufre el trabajo a turnos y el nocturno y permite la continuidad en la producción”, han agregado.

“No entendemos que la empresa no quiera ni siquiera valorar el actualizar estos pluses que vendrían a paliar una negativa situación, que debido a los descensos de cargas de trabajo de los últimos meses, sufre especialmente el personal que ha estado regulado por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)”, han criticado los sindicatos de la fábrica camarguesa.

El comité de empresa de Prysmian ha señalado que una asamblea de trabajadores “ya rechazó la última oferta de la empresa por algo más de un 60% de los votos”, por lo que la compañía “tendrá que mejorar y actualizarlos, lo que haría justicia a una plantilla que ha demostrado su compromiso con el trabajo y el futuro de esta planta”.

El comité celebrará este miércoles, 1 de julio, un pleno en el que decidirá “los nuevos pasos a dar, contando con el respaldo de una plantilla que ha vuelto a secundar la huelga y a paralizar por completo la actividad de la fábrica”, han asegurado.

El Gobierno francés va a organizar “un viaje de estudio” a España para conocer la normativa laboral española ante las olas de calor, y en particular de la integración de esa cuestión en los convenios colectivos. La visita tiene lugar tras la invitación de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, indican fuentes de su departamento a elDiario.es.

El ministro francés de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, ha explicado este lunes en una entrevista a la emisora France Info la necesidad de adaptar el trabajo a las altas temperaturas, y ha anunciado este viaje oficial a España, que ha puesto como referencia en esta materia.

“Vamos a realizar un viaje de estudio y voy a proponer a los interlocutores sociales que vayan”, ha afirmado sobre las organizaciones patronales y sindicatos, en una visita de unos “dos o tres días” para “comprender cómo se ha adaptado la sociedad española al calor”, ha sostenido.

La ola de calor que durante más de una semana ha afectado buena parte de Francia, que según su Ministerio de Sanidad ha registrado 1.000 muertes más que lo habitual a causa de las altas temperaturas. En algunos casos, los fallecidos eran trabajadores.

Adaptaciones de horarios por las altas temperaturas

El ministro ha explicado que “hay que ir” a Madrid y “entender cómo funcionan” las adaptaciones de horario ante las altas temperaturas, que se regulan en varios convenios colectivos, como el de la construcción por ejemplo. En estas jornadas intensivas veraniegas, los trabajadores entran antes y también salen antes, con la intención de evitar la exposición al calor.

Jean-Pierre Farandou ha afirmado que en verano, Francia se parece cada vez más a España, por lo que su departamento va a estudiar la regulación y acuerdos suscritos para “inspirarse” en posibles modelos similares, que permitan a los trabajadores empezar y terminar antes su jornada laboral, sin la habitual pausa para comer.

Farandou ha emplazado también a revisar los calendarios de obras, eventos deportivos y culturales, en un “profundo trabajo de reflexión” que abordará con los agentes sociales en septiembre.

Se distancia de los permisos climáticos

El ministro francés de Trabajo ha apostado por estas adaptaciones horarias, preferiblemente pactadas por los empresarios y sindicatos en la negociación colectiva, y se ha desmarcado de las peticiones de regular un permiso laboral climático –días sin trabajar por las altas temperaturas–, una posibilidad legal en España y que demandan partidos ecologistas y de izquierdas en Francia.

Jean-Pierre Farandou ha recordado que el denominado “permiso climático” en España se reguló tras las inundaciones de la Dana de Valencia, no por las olas de calor. Sin embargo, el Ministerio de Yolanda Díaz también ha reivindicado en estos días de permiso remunerado para las situaciones de calor extremo en las que no sea seguro trabajar (y no sea posible el teletrabajo).

La ley en España reconoce “hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso”.

“No es una respuesta a la ola de calor”, ha sostenido el ministro francés de Trabajo, que ha insistido en que “no se puede paralizar el país cuando hace calor”.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha declarado indefinido-fijo a un trabajador laboral del Gobierno regional que aprobó una oposición sin obtener plaza pero que encadenaba una sucesión de contratos temporales, hasta 17 en doce años.

El demandante, que ha venido prestando sus servicios para el Ejecutivo regional desde julio de 2010 en la categoría de empleado de servicios, llevó su situación ante la justicia, y la Sala de lo Social del TSJC ha decretado su fijeza en una sentencia contra la que cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina.

El demandante pasa de indefinido a fijo tras el fallo del alto tribunal cántabro, que ha estimado su recurso -y desestimado el de la Consejería de Presidencia- frente a una resolución previa del Juzgado de lo Social número 6, que lo declaró como indefinido no fijo.

Pero el TSJC ha aplicado una sentencia del Tribunal Supremo dictada en mayo de este año y ha declarado la fijeza al haber aprobado la oposición (aunque no obtuviera plaza) porque ha acreditado el cumplimiento de los principios de mérito, capacidad, igualdad y libre concurrencia de un proceso selectivo convocado para la cobertura de plazas fijas, requisitos necesarios para el acceso al empleo público.

“Cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la haya superado pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, como es el caso, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad, no resulta 'contra legem' la conversión de ese contrato en una relación laboral fija”, sentencia el TSJC.

En este sentido, el tribunal resalta que la persona en cuestión “ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad” y añade la “ulterior vulneración” de la cláusula que evidencia una “necesidad estructural de trabajadores” y “obliga a dicha conversión”.

El criterio previo de la Sala de lo Social era no reconocer como superado el proceso selectivo salvo para aquellos aspirantes que hubieran obtenido plaza independientemente de la nota que se sacara, ya que las bases no permiten declarar aprobados a más candidatos que plazas convocadas.

Pero con esta sentencia se deja atrás ese principio, de modo que quien esté en una situación de abuso en la temporalidad, obtenga una puntuación en un proceso selectivo para plazas fijas suficiente para entender superada la prueba, y haya acreditado mérito y capacidad para el acceso al empleo público, podrá ser declarado fijo.

Un paso importante para el personal laboral

El trabajador acudió a la vía judicial a través de los servicios jurídicos del sindicato TU, que viene denunciado de forma pública y reiterada el incumplimiento de las directrices europeas y el exceso de temporalidad en las administraciones públicas.

En un comunicado, en la formación se muestran “muy contentos” por esta sentencia, que aunque no es firme confían en que no sea recurrida en casación (la del TSJC se basa precisamente en una del TS).

Según han indicado, el fallo supone “un gran logro”, pues abre la puerta en Cantabria a la declaración de fijeza de situaciones “análogas” para el personal laboral de las administraciones públicas.