El Gobierno aprobará el próximo martes un real decreto para transponer el grueso de la Directiva Europea relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles, pendiente en España desde agosto de 2022 y por la que Bruselas ha denunciado al país ante la justicia europea por su tardanza. La norma exigirá a las empresas especificar más la información sobre los salarios y la jornada de los trabajadores en los contratos de trabajo, entre otros datos, así como justificar más el periodo de prueba en este documento, explican fuentes del Ministerio de Trabajo.

El real decreto será un reglamento en el que se especifiquen algunas de las nuevas exigencias que deberán plasmar los nuevos contratos de trabajo debido a la Directiva europea, así como algunas especificaciones más que ha incluido el Ministerio de Trabajo.

Por ejemplo, el derecho individual de las personas trabajadoras a que en el contrato se especifique si hay algoritmos que intervengan en su relación laboral, en cuestiones como la fijación de horarios, salarios o en la extinción del contrato, destacan desde el departamento de Yolanda Díaz.

En el Ministerio de Trabajo destacan la relevancia de esta nueva norma en cuanto a la lucha contra la precariedad y la discriminación. Así, subrayan el mayor derecho de información de los trabajadores y su valor de cara a conflictos y procedimientos judiciales que puedan existir.

Los trabajadores ya contratados pueden pedir la información

La obligación de información para los nuevos contratos de trabajo estará en vigor al día siguiente de la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), indican en el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, previsiblemente, será el miércoles o el jueves.

El decreto obligará a detallar más en el contrato el salario que cobrará la persona trabajadora (también en cuanto a los complementos y pluses), así como su jornada de trabajo. En el departamento de Yolanda Díaz destacan que se deberá concretar en qué consiste la distribución irregular de la jornada, si la hubiere, algo que consideran muy relevante para evitar abusos en los horarios y para poder probar excesos sobre las jornadas “formales” en caso de conflicto judicial.

Los trabajadores y trabajadoras ya contratadas no se quedan fuera de la normativa. El decreto prevé el derecho de solicitar esta nueva información requerida a sus empresas, que deberán proporcionarla en un plazo de 30 días, explican en Trabajo.

Además, si sus condiciones laborales pactadas cambian, por ejemplo con un nuevo salario, nuevos pluses o un nuevo horario, las empresas sí estarían obligadas a reflejar estos cambios por escrito, afirman en el Ministerio de Díaz.

Más justificación del periodo de prueba

En el departamento de Yolanda Díaz insisten también en la importancia de varias novedades incluidas en el real decreto respecto el periodo de prueba. El Estatuto de los Trabajadores limita el periodo de prueba a un máximo de seis meses para técnicos titulados y de dos meses para el resto de trabajadores, salvo que se pacte en convenio un periodo superior.

El Ministerio de Trabajo quería prohibir esta posibilidad de ampliación, como contempló en un proyecto de ley, pero este texto legal está bloqueado en el Congreso de los Diputados. En este nuevo reglamento no se modifica esta duración (ya que requiere una norma con rango de ley), pero Trabajo destaca que ha incluido varias precisiones para que las empresas tengan que justificar más el periodo de prueba.

Por un lado, las exigencias requeridas a los trabajadores que “constituyan el objeto de la prueba”. Y, por otro, la duración exacta del periodo de prueba, “ya se encuentre dentro del límite de seis meses previsto legalmente o se trate de un periodo superior fijado por convenio colectivo en los casos justificados por la naturaleza del empleo, por el interés de la persona trabajadora o, por la necesidad de realizar la evaluación de la idoneidad de la persona trabajadora en caso de suspensión de la relación laboral”.

En Trabajo consideran claves estas precisiones, ya que creen que dan herramientas a los trabajadores para evitar contratos de prueba abusivos, sin causas que lo justifiquen, y que también impone más exigencias a las prolongaciones del periodo de prueba por convenio.

Qué se queda pendiente de aprobar

Ante el bloqueo parlamentario al anteproyecto de ley que pretendía transponer esta Directiva europea, el Gobierno va a recurrir a este real decreto con el objetivo de tratar de reducir las consecuencias del retraso en el cumplimiento de la normativa, que pueden suponer una cuantiosa multa para España.

No obstante, todavía quedan pendientes de aprobar algunos cambios que requieren de rango de ley. Por ejemplo, la obligación de informar de las vacantes a todos los trabajadores, ya que el Estatuto de los Trabajadores ahora solo regula esta posibilidad para ciertos contratos, como los temporales, formativos y fijos-discontinuos.

También un endurecimiento de las sanciones por incumplir esta transparencia y previsibilidad de los contratos laborales. Fuentes de Trabajo indican que el grueso de la directiva quedará transpuesta, algo que creen que valorará la Comisión Europea, y están estudiando en qué ley pueden aprobar estas otras exigencias pendientes.

La Fiscalía de Barcelona ha pedido al juez sentar en el banquillo al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, por mantener a sus repartidores como falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados.

Según informan fuentes jurídicas a elDiario.es, el Ministerio Público ha concluido que de la instrucción del caso existen “indicios suficientes” para continuar la causa y llevar a juicio a Pierre por un delito contra los derechos de los trabajadores.

El pasado mes de julio, Pierre admitió que trató de “desvirtuar” la Ley Rider al intentar mantener como autónomos a los repartidores, pero negó que ello supusiera un delito contra los derechos de los trabajadores, por lo que pidió dar carpetazo a la causa.

Antes de tomar una decisión, el juez preguntó a la Fiscalía y al resto de partes si procedía archivar la causa, a lo que se han opuesto tanto el Ministerio Público como el sindicato CGT, que ejerce la acusación popular.

La causa contra Pierre se inició en verano de 2024, cuando la Fiscalía presentó su denuncia contra el ejecutivo por “suprimir” los derechos de los trabajadores. A lo largo de más de un año de instrucción, tanto los repartidores como los inspectores de Trabajo que han comparecido han ratificado que Glovo no regularizó a los falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados, extremo que desmiente la defensa de Pierre, quien asegura que la empresa siempre operó legalmente.

Pierre continúa con un frente judicial abierto en Barcelona tras una importante victoria de la Seguridad Social frente a la compañía en su pelea judicial millonaria por las cotizaciones sociales de sus repartidores. La Audiencia Nacional tumbó una de las sentencias de lo contencioso-administrativo favorables a la multinacional, que avalaron su sistema de 'riders' autónomos pese a la condena del Supremo de 2020, y que Glovo había utilizado como tesis defensiva en la causa de Barcelona.

En plena crisis judicial, Glovo, además del anuncio del cambio en su modelo laboral, ha llevado a cabo una campaña de imagen en la que ha conseguido que el president de la Generalitat, Salvador Illa, y los sindicatos se hicieran una foto con Pierre por los diez años de la empresa el pasado mes de julio, además de fichar a expolíticos de varios partidos para su consejo asesor.

La defensa del consejero delegado de Glovo alega que las inspecciones no versaban sobre requerimientos concretos para que fueran contratados como empleados, tal y como exige el delito contra los derechos de los trabajadores por el que irá a juicio el fundador de la empresa.

Este verano, Sandra ha vuelto a las fiestas de su pueblo después de diez años. Ha salido con la bici a primera hora junto a su tía para ver amanecer en el campo, antes de regresar a su hogar de infancia para abrir el ordenador y atender los correos y las reuniones por videoconferencia del banco en el que trabaja. Por unos días, Cristina deja de sentir que “se pierde” tantas cosas, al rodearse de sus padres, hermanos y sobrinos. Es la posibilidad que les brinda el teletrabajo, que sus empresas amplían en verano, lo que les permite ir a sus lugares de origen, una tendencia creciente para retener y fidelizar a los trabajadores.

“En agosto las oficinas se quedan desiertas. En realidad somos muy poquitos, no tiene sentido ir”, explica Sandra, de León, pero que trabaja y reside en Madrid desde hace años. Aunque en general tiene dos días de teletrabajo a la semana, su jefe le permite trabajar en remoto desde cualquier lugar en agosto, lo que ha aprovechado para ir a su ciudad de origen y a su pueblo familiar, también en la provincia leonesa.

“Tengo la suerte de tener horario de verano, así que a las 15h he terminado. Puedo comer con mi madre y tengo la tarde libre. Es calidad de vida”, resume la trabajadora, que aprovecha estos días para ver más a sus padres y sus amigos. Su padre, que regenta un restaurante y está atado a los complicados horarios de la hostelería, apenas puede viajar para verla ni cogerse vacaciones. Así que estos días son muy preciados para estar juntos, explica Sandra.

Ser de un sitio y vivir en otro alejado, a distancia de la familia y amigos, es el día a día de muchos trabajadores y trabajadoras. Y, aunque se disfrute de residir en estas otras localidades o ciudades, donde también se crean amistades y vínculos, muchas veces pesa la distancia con los seres queridos.

"Siempre tengo esa sensación de que casi no estoy con mis padres y mi familia, de que me pierdo cosas"

Cristina

“Siempre tengo esa sensación de que casi no estoy con mis padres y mi familia, de que me pierdo cosas”, sostiene Cristina, originaria de Teruel y que reside en la capital desde hace más de una década. Por ello, le hace “mucha ilusión poder estar 10 días seguidos con ellos”, añade. La empresa donde trabaja permite el teletrabajo a distancia en agosto, así como en Navidades.

En su caso, le permite estar más también con sus sobrinos y crear más vínculo con ellos. “Me ven trabajando y es guay que también vean en esa otra faceta de ti, de tu día a día. Mola bastante”, afirma.

El teletrabajo más flexible en verano, al alza en las empresas

La oportunidad del trabajo a distancia –que en España se extendió a raíz de la pandemia de COVID– solo alcanza a una minoría de los trabajadores, pero en aumento. Según los últimos datos, de 2025, el teletrabajo está en máximos y lo disfrutan el 15,6% de trabajadores. Un 7,9% dice teletrabajar más de la mitad de la semana y un 7,7% lo hace “ocasionalmente”, según la EPA.

“Siete de cada 10 trabajadores no teletrabaja porque su trabajo no lo permite. Pero, del otro 30%, la mitad teletrabaja y la otra mitad no porque no se le deja”, subraya José Varela, responsable de Digitalización en UGT. Así, el presencialismo y el rechazo al teletrabajo persisten todavía en muchas empresas, advierte el sindicalista, como se ha visto en situaciones excepcionales recientes como la visita del Papa a España.

No obstante, entre quienes sí teletrabajan, las modalidades más flexibles en verano –que incluyen más días respecto a los habituales y la posibilidad de teletrabajar desde otros lugares distintos a la residencia habitual– son una tendencia al alza, coinciden tanto José Varela como Bernardo Lassala, mánager de LHH, del Grupo Adecco. “Tiene cada vez más tirón”, explica el directivo, que sostiene que los trabajadores y “candidatos” a acceder a un puesto “cada vez lo piden más”.

Muchas compañías lo ofrecen como “salario emocional”, afirma Bernardo Lassala. Ante la imposibilidad de elevar el sueldo de un cierto presupuesto, buscan otros beneficios que permitan retener o fidelizar a sus trabajadores. “Y la flexibilidad está en el pódium para elegir una u otra oportunidad profesional”, añade el mánager de esta compañía de recursos humanos.

Cuando el trabajador tiene hijos, sobre todo pequeños, “la conciliación en verano son quebraderos de cabeza”, añade Lassala, y más aún para las personas que residen en ciudades lejanas de “su soporte familiar”. El teletrabajo flexible en verano permite así a muchas familias con menores ir a sus hogares de origen y contar con ese apoyo de la familia para los cuidados.

Antes, a costa de las vacaciones o fines de semana

Sandra y Cristina explican que, antes de poder teletrabajar desde sus ciudades, la visita a sus familias y amistades se llevaba inevitablemente parte de sus vacaciones y fines de semana. Días libres, escasos al año, que ahora pueden dedicar también a otro tipo de viajes.

“Y damos más vida a los pueblos mientras trabajamos”, celebra también Sandra. Cristina ha elegido precisamente sus días de teletrabajo en agosto para coincidir con la feria cultural de su pueblo, para asistir y poder participar en las actividades.

“Aunque vengamos los fines de semana, no te da tiempo a ver a la gente apenas. Pero si estás aquí más, cualquier día, un miércoles mismo, quedamos por la tarde, nos tomamos un café, una cerveza... Y reconectas con la familia y los amigos, es muy bonito. Es una suerte”

Sandra

“Aunque vengamos los fines de semana, apenas te da tiempo a ver a la gente. Pero si estás aquí más, cualquier día, un miércoles mismo, quedamos por la tarde, nos tomamos un café, una cerveza... Y reconectas con la familia y los amigos, es muy bonito. Es una suerte”, sostiene Sandra.

Jaime, originario de un pueblo de Albacete y residente en Madrid, trabaja en una compañía con un modelo de teletrabajo flexible durante todo el año, lo que considera que le ha ayudado a ir a ver a su familia “de una manera más fácil” y más frecuente que antes de tener este tipo de teletrabajo. “Sin tener que gastar vacaciones, ni ir solo de viernes a domingo, que no da tiempo a nada”, afirma el trabajador.

En su caso, sin una gran vinculación con su pueblo más allá de su familia y algunas amistades, ha ganado además días de vacaciones para dedicarlos a otros planes que le gustan más, añade.

Un beneficio que pesa a la hora de elegir trabajo

Sandra, Cristina y Jaime coinciden en que el teletrabajo flexible es una condición muy apreciada de sus actuales empleos. “Valoro muchísimo esto. Mi trabajo tiene cosas malas, pero esto es una de las cosas buenas. Merece la pena, no me canso tanto, ni me frustro... ni me dan ganas de buscar otra cosa”, sostiene Sandra.

José Varela destaca que esta medida es un beneficio que buscan especialmente los trabajadores jóvenes y con niños. “Cuando una empresa quiere captar y fidelizar talento, con una buena política de teletrabajo lo tiene muchísimo más sencillo”, explica el sindicalista.

Del mismo modo, los recortes o la imposibilidad de teletrabajo generan a menudo conflictos en la plantilla –“ahí está el ejemplo de Airbus”, recuerda Varela– o que los demandantes de empleo directamente ignoren ofertas en las compañías presencialistas si tienen otras opciones.

El responsable de Digitalización de UGT precisa, no obstante, que el teletrabajo flexible tiene que hacerse de manera formal (en convenios, acuerdos o contratos de teletrabajo) y con garantía de derechos, como en buenas condiciones de prevención de riesgos laborales en cuestiones básicas como la posición ergonómica. “Como son solo unos días, hay gente que trabaja en mala postura, con sillas o mesas inadecuadas. Así que son muy frecuente los dolores de espalda y trastornos músculo-esqueléticos”, advierte el sindicalista.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha estimado la demanda presentada por una empleada que reclamaba su derecho a teletrabajar toda la jornada para poder cuidar a su madre, diagnosticada con Alzheimer y con un 65% de discapacidad.

En la sentencia, que puede ser recurrida en casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, el TSJN revoca un fallo de la plaza nº 1 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Pamplona.

La demandante, ingeniera de software en una empresa desde 2006, solicitó en mayo de 2025 trabajar en modalidad de teletrabajo el 100% de su jornada para poder cuidar a su madre. La compañía le denegó la solicitud porque no convivía con ella.

Desde la pandemia de COVID-19, la recurrente y sus compañeros habían teletrabajado toda la jornada, pero desde mayo de 2025 la empresa exigió presencialidad al menos dos días a la semana, por requerimiento del cliente principal, el Gobierno de Navarra.

La empleada demandó entonces a la empresa solicitando el derecho a teletrabajar el 100% de su jornada y una indemnización por daños morales y vulneración de derechos fundamentales. El tribunal de instancia desestimó la demanda al considerar que la entidad había justificado necesidades organizativas y que la trabajadora ya disfrutaba de tres días de teletrabajo y flexibilidad horaria.

La demandante recurrió ante el TSJN. Alegó que la empresa no había cumplido con el proceso de negociación exigido por el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores y que la negativa se basó en un requisito (convivencia) no exigido legalmente.

En la sentencia, la Sala de lo Social reconoce que la empresa no abrió un proceso de negociación real, como exige la ley, antes de denegar la solicitud de teletrabajo.

“Así pues, no constando en el caso que nos ocupa que la empresa cumpliera con el preceptivo trámite del artículo 34.8 ET, que exige abrir una negociación (de una duración máxima de 15 días) en la que se hicieran propuestas y contrapropuestas, antes de dar una respuesta negativa, considera la Sala que la sentencia sí ha vulnerado el artículo 34.8 ET en cuanto a considerar cumplido el trámite formal, lo que va a dar lugar a la estimación del recurso en cuanto a la petición de la adaptación de jornada solicitada (en forma de teletrabajo todos los días)”, razonan los jueces.

De esta forma, los magistrados reconocen el derecho a teletrabajar toda la jornada, pero desestiman la petición de indemnización tanto por daños morales como por vulneración de derechos fundamentales.

Nadia empezó a trabajar como camarera de piso en un hotel de Brihuega (Guadalajara) en junio de 2023. Año y medio después, su cuerpo empezó a acusar la sobrecarga en forma de dolor. Las primeras molestias aparecieron en noviembre de 2024: acudió al centro de salud por un dolor en la espalda que le trataron con una infiltración, pero su efecto duró “poco” y tuvo que seguir desempeñando su labor en las mismas condiciones. Los dolores no dejaron de aumentar, y a las molestias en la espalda se sumaron otras en codos, cadera y piernas. El desenlace ha llegado ahora en forma de despido, después de que el servicio de prevención la declarara “no apta” para el puesto que, según sostiene ella, le había causado las lesiones.

La trabajadora lo relaciona directamente con las tareas que repetía cada jornada. “Como se hace tanto movimiento repetitivo, se levanta tanto peso… Estás haciendo fuerza todo el tiempo, moviendo la base, haciendo la cama, levantando colchones que muchas veces son de 2x2 y bastante pesados”, describe. A eso suma el desgaste de limpiar duchas y bañeras y el de subir y bajar constantemente entre las cuatro plantas del establecimiento. Reconoce que llegó a acudir a trabajar tomando calmantes a diario.

Cuando lo trasladó a su supervisora, asegura, la respuesta fue que “era lo que había”, acompañada de la amenaza de tomar medidas. “Llevo más de un año, desde marzo del año pasado, pidiéndole al hotel una reubicación por unas dolencias que se me han ido presentando a raíz del trabajo y de la carga laboral. Y ellos siempre se han negado en redondo, siempre me han dicho que no”, denuncia. En ese tiempo, afirma, han salido varias vacantes en recepción y en el área comercial de las que ha quedado “totalmente excluida”.

En abril de 2025, el servicio de prevención ya había comunicado una posible epicondilitis y leves signos artrósicos que podrían estar detrás de los dolores lumbares y de cadera que padecía. En marzo de este año, la trabajadora solicitó un reconocimiento específico que evaluara su aptitud para el puesto y definiera medidas para evitar que sus lesiones se agravaran.

La empresa de prevención la certificó entonces como apta con restricciones: recomendaba que no manipulara cargas superiores a ocho kilos, que no subiera y bajara escaleras más de dos veces por hora y que no realizara tareas de pie durante más de dos horas seguidas. Apenas dos meses después, ese mismo servicio emitió un certificado de no apta. A continuación, Nadia recibió la carta de despido.

La afectada rechaza la indemnización que le ofrece la empresa porque lo que quiere es seguir trabajando, y reclama que la recoloquen en otro puesto. No obstante, asegura que la compañía rechaza esta solución alegando que carece de la experiencia necesaria para otras áreas.

Este medio se ha puesto en contacto con el hotel Castilla Termal, donde trabajaba Nadia, para conocer su versión de los hechos. Según la explicación ofrecida, la organización ha actuado “conforme a la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud”.

“Los procedimientos aplicables parten siempre de la valoración realizada por los profesionales sanitarios competentes del Servicio de Prevención, quienes pueden emitir distintos criterios de aptitud para el puesto de trabajo. En los casos en que se establecen restricciones o limitaciones, se procede a analizar las medidas preventivas y organizativas para valorar la adecuación de las condiciones de trabajo a las recomendaciones emitidas, garantizando en todo momento la protección de la salud de la persona trabajadora”.

Castilla Termal afirma que este ha sido el procedimiento que han aplicado en el caso de Nadia, sin querer entrar en más detalles “por respeto a la privacidad de la persona afectada”.

La trabajadora hace un análisis de la situación de su profesión más allá de su propio caso. “Lo que les hace falta a las camareras de piso es que haya mucha más prevención, que se evalúen más los riesgos ergonómicos y los psicosociales, porque hay mucha presión por entregar habitaciones y demasiada carga de trabajo. Un buen día te pasan ocho habitaciones y al siguiente, quince”, advierte. Y lo extiende al conjunto de la plantilla: “No es solo con las camareras de piso; con los camareros de sala, en todas las áreas, es exactamente la misma problemática. No hay nada que realmente evite que las personas enfermen en el trabajo”.

CCOO reclama la nulidad del despido

La Federación de Servicios de CCOO en Castilla-La Mancha ha mostrado este lunes su apoyo a la trabajadora y ha pedido que el despido se declare nulo por vulneración de derechos. En una concentración celebrada este lunes a las puertas del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Guadalajara, donde se ha celebrado un acto de mediación entre Nadia y la empresa, previo a la vía judicial, el sindicato ha puesto el foco en la precariedad de un colectivo compuesto mayoritariamente por mujeres y denuncia unas condiciones de penosidad física y psicológica que, cuando llegan al límite e incapacitan para el trabajo, la empresa “aprovecha” para desprenderse de la plantilla.

“La mayoría son mujeres migrantes, y el problema son las cargas de trabajo: no puede ser que una mujer esté haciendo treinta habitaciones todos los días”, señala el secretario de Acción Sindical de Servicios de CCOO en Castilla-La Mancha, Santiago Zafrilla. “Ese sobreesfuerzo mina su salud, termina dañando las articulaciones y la espalda, y a causa de esos problemas la despiden. Primero me exprimes y luego me despides”, resume.

El sindicato subraya, además, que la afectada es miembro del comité de empresa, y se suma a la petición de Nadia de que, si no puede continuar como camarera de piso, se la reubique en otro puesto del hotel.

Una enmienda a la futura Ley de turismo

CCOO ha trasladado el caso al debate sobre el borrador de la futura Ley de turismo de Castilla-La Mancha. A través de una propuesta a ese texto, insta a que se obligue a las empresas a realizar evaluaciones ergonómicas específicas de cada puesto, evaluaciones periódicas de los riesgos psicosociales y una medición objetiva de las cargas de trabajo. El sindicato confía en que la Junta sea “sensible” a una problemática que, sostiene, es fácilmente prevenible con los medios técnicos y la organización del trabajo adecuados.

“La ley, en su espíritu, debe promover la sostenibilidad del sector en sus distintas vertientes, valorando especialmente la sostenibilidad social centrada en el bienestar de las personas trabajadoras, que son sus verdaderas protagonistas”, reivindica la organización.

El sindicato pide también al Gobierno central que aplique coeficientes reductores que permitan a estas trabajadoras acceder a la jubilación anticipada. Según los estudios que maneja, más del 70% del colectivo padece dolor crónico y necesita medicación para aliviarlo, y hasta un 95% sufre ansiedad.

La Federación de Servicios de CCOO recuerda que se trata de una actividad de gran exigencia física, con una incidencia significativa de lesiones musculo-esqueléticas, estrés crónico y otros problemas de salud, a los que se suman riesgos químicos y biológicos.

La Xunta ha cumplido con el guion anunciado para su plan para dificultar las bajas laborales. Este viernes anunció que ha cerrado un preacuerdo en el diálogo social, en el que solo ha participado un sindicato, UGT, que tiene algo menos de los delegados elegidos en Galicia. Junto al conselleiro de Emprego, José González, y al máximo responsable de UGT en Galicia, Cristóbal Medeiros, ha firmado el documento el presidente de la patronal gallega, José Manuel Vieites. El Gobierno gallego ha rechazado hacer público el contenido y solo ha avanzado que habrá “mecanismos novedosos” en la reincorporación de los trabajadores tras una incapacidad temporal.

El Gobierno gallego anunció su intención de lanzar una ofensiva contra las bajas laborales en abril. Fue el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el que lo dijo en el debate sobre el estado de la Autonomía, en el que indicó que consideraba el asunto un problema urgente y que daría más peso a las mutuas privadas. Aunque aseguró que buscaría un acuerdo en el diálogo social, no tardó en admitir que el plan se aplicaría de todos modos. Ni la CIG, el sindicato mayoritario en Galicia, ni CCOO participaron en las conversaciones, que se quedaron reducidas a la presencia de la patronal -que lleva años enarbolando el discurso contra lo que denomina absentismo- y UGT.

El plan fue recibido con críticas también de los partidos de la oposición, de asociaciones de médicos de familia -que son los profesionales que gestionan las bajas-, de asociaciones de pacientes y de todos los colegios médicos de Galicia, pero la Xunta continuó adelante. Ahora, anuncia un acuerdo inicial que no ha revelado.

En declaraciones a los medios tras la firma, el consellerio de Emprego defendió que el objetivo es reforzar la prevención, agilizar la gestión de las incapacidades temporales e implantar un “modelo pionero de reincorporación al trabajo”, sobre el que la Xunta indica en una nota de prensa que Galicia va a ser la primera comunidad en dotarse de “un mecanismo de acompañamiento a la reincorporación” con “medidas que contribuyan a evitar recaídas”.

José González indicó que el plan debe seguir ahora la tramitación administrativa, con las medidas concretas y la dotación presupuestaria, antes de hacerse público. La previsión es que el Consello de la Xunta lo apruebe en septiembre. El conselleiro ha tratado de rebajar las críticas asegurando en los últimos días que rechaza hablar de absentismo porque cree que es un término que “confunde” y optando por “hablar de tratar de reducir las ausencias al trabajo evitables. Ante los medios calificó el preacuerdo de ”hito“ que ”demuestra la eficacia del diálogo social“, pese a la presencia de un único sindicato.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha presentado su programa para plantar la batalla al liderazgo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al actual presidente, Gilbert F. Houngbo. La declaración de intenciones de Díaz dibuja un escenario de OIT “en crisis” ante el que se sitúa como candidata para “recuperar el liderazgo” de la entidad y encarar algunos desafíos clave para el mundo del trabajo en estos momentos, como son la Inteligencia Artificial (IA) y el cambio climático.

Díaz destaca su gestión como ministra de Trabajo de España –el fuerte crecimiento del empleo, la aprobación de reformas y nuevos derechos, y el consenso de gran parte a través del diálogo social– para postularse. Con esta mochila, considera que “puede contribuir de manera decisiva a reforzar el papel de la OIT como referente de la justicia social en el mundo”.

La vicepresidenta señala que la OIT se encuentra “en una encrucijada” por la “actual crisis”, tanto financiera –por la reducción de fondos por parte de países clave como EEUU– como “programática”.

“Lo que está en juego es si la comunidad internacional está dispuesta a preservar el único sistema universal concebido para situar la justicia social en el centro de la gobernanza mundial, gracias al corpus de normas internacionales del trabajo y el diálogo social entre personas trabajadoras, empleadores y empleadoras y Gobiernos”, sostiene el documento.

Encarar los desafíos de la IA y el cambio climático

Yolanda Díaz argumenta que el mundo se encuentra “en un momento histórico marcado por grandes desafíos”, como la irrupción de la inteligencia artificial y la automatización en el empleo, la necesidad de una transición justa y la cronificación de la economía informal.

Ante ellos, considera que la OIT “debe estar en condiciones de liderar el debate internacional para así minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades que ofrecen los cambios desde el punto de vista del trabajo decente y la empresa sostenible”.

Díaz apuesta por regular ante estos desafíos, con mínimos internacionales que permitan garantizar ciertas condiciones y derechos a nivel mundial. Así, plantea “avanzar hacia una estrategia tripartita de gobernanza tecnológica y de la inteligencia artificial” y “una nueva iniciativa sobre las repercusiones socio-económicas del cambio climático”.

Cambios en la gobernanza y en la financiación

La vicepresidenta también considera que la “crisis” de la OIT afecta a su propio funcionamiento interno y sus vías de financiación. Así, plantea cambios en la gobernanza de la institución de Nacionales Unidas, con más diálogo social en el seno del organismo, así como la búsqueda de nuevas vías de financiación.

“Dado que las cuotas ordinarias de los Estados miembros difícilmente experimentarán incrementos significativos a corto plazo, la OIT debe emprender una búsqueda de contribuciones voluntarias. Estas aportaciones, procedentes de gobiernos donantes tradicionales, de agencias de desarrollo, de bancos regionales de inversión, y de cooperación público-privada, deben convertirse en un motor financiero de la organización”, propone el documento.

Una Carta Global de Derechos en el mundo

Otra de las propuestas concretas de la vicepresidenta es aprobar una Carta Global de Derechos laborales en el mundo, que aúne un conjunto de condiciones mínimas en todos los países adheridos. “Ante los desafíos globales, resulta necesario reafirmar la existencia de un suelo universal de derechos laborales”, indica.

Díaz plantea una Carta Global de Derechos Laborales, que adopte la forma de Convenio, que considera que “permitiría sistematizar los grandes principios desarrollados por la OIT a lo largo de su historia y, al tiempo, incorporar los nuevos desafíos del trabajo del siglo XXI”.

“Su elaboración, mediante el diálogo tripartito, podría convertirse en una gran iniciativa movilizadora en torno a la justicia social y el trabajo decente. Una Carta Global de Derechos Laborales ofrecería una referencia universal para gobernar una economía global que debe situar los derechos de las personas en el centro, siendo el gran paso adelante de la Organización tras las declaraciones del centenario, la justicia social y los principios y normas fundamentales en el trabajo”, recoge el documento.

El plazo para presentar candidaturas a presidir la OIT aún está abierto hasta el próximo 31 de agosto. Por el momento, solo hay dos, la de Gilbert F. Houngbo y Yolanda Díaz. Las votaciones se prevén para el próximo 16 de noviembre y el inicio del próximo mandato se despliega a partir de octubre de 2027.

“Vamos corriendo detrás de los incendios, terminamos exhaustos, no nos da el cuerpo para la voracidad de estos fuegos. No somos suficientes. Esto no puede seguir así. Necesitamos dotaciones estándar, con compañeros a tu lado para que todos los bomberos y bomberas veamos que el trabajo es efectivo”. Con estas palabras ha resumido Ignacio Blanco, delegado en Guadalajara de la sección de CCOO en la empresa pública de extinción de incendios de Castilla-La Mancha (GEACAM) la situación de este colectivo, no solo en la provincia con motivo del gran incendio de La Mierla, Guadalajara, sino en toda la comunidad autónoma.

Representantes de la sección de este sindicato en la empresa pública han esperado a que la situación de los fuegos, tanto de La Mierla como de Almorox, en Toledo, estuviera controlada para poner sobre la mesa sus principales denuncias y peticiones ante una situación que consideran “insostenible” y que llevan años denunciando.

Manuel Amores, secretario de la sección sindical de CCOO en GEACAM, ha tenido en primer lugar palabras de ánimo para todos los vecinos y vecinas que han perdido sus tierras, viviendas o ganado en los fuegos y ha agradecido la colaboración de todos los bomberos y bomberas del Plan Infocam, de las brigadas forestales, de los retenes de otras comunidades autónomas y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Dicho esto, ha querido poner sobre la mesa los avisos que el sindicato venía realizando desde hace tiempo, de manera más incipiente desde 2020. “Año tras año, se han hecho recortes en retenes, autobombas, y en puestos de vigilancia fija, móvil y nocturna”. Concretamente, cifra en 672 los efectivos “recortados” en toda la comunidad autónoma: 142 en Albacete, 120 en Cuenca, 152 en Guadalajara, 120 en Ciudad Real y 140 en Toledo. Actualmente, hay 1.800 bomberos y bomberas en toda la región, un 30% menos en invierno.

Como antecedente de lo que ha sucedido en el fuego de La Mierla, ha detallado cómo el 20 de septiembre del año pasado, dos días después del incendio en el Pico del Lobo de Guadalajara, se quitaron seis de los siete retenes de la zona. Solo uno pudo salir a apagar ese incendio, que quemó 3.000 hectáreas.

Afirma que ya entonces, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, responsable del Plan Infocam, les “insultó” por realizar esa denuncia diciendo “que no teníamos ni idea de incendios”. El tiempo considera Amores, les ha dado la razón. El pasado 6 de junio, el sindicato ya avisó de las deficiencias en el dispositivo y el día 16 de julio, con el inicio del incendio de La Mierla en Guadalajara, todos los sindicatos estaban manifestándose por su situación.

“El día 23 de junio había retenes inoperativos tanto en la provincia de Toledo como en la de Guadalajara, y qué casualidad que justo los dos grandes incendios de la región han sido en estas dos provincias”, ha dicho. Ha recordado además que hasta el 15 de junio no se desplegó el total del operativo contra incendios, dos semanas después del inicio oficial de la campaña. Y además, comenzará a replegarse el 18 de septiembre, cuando la campaña no termina hasta el día 30 de ese mes.

“La cuestión es que en Guadalajara se han quemado 32.000 hectáreas y aquí no pasa nada. El próximo día 18 de septiembre se desactivará la vigilancia fija y aquí no pasa nada. Se han evacuado 34 poblaciones y aquí no toma nadie ninguna decisión. La extinción ha sido un desastre total tanto en este fuego como en el de Almorox”, ha dicho el dirigente sindical muy afectado.

Dormir poco o nada, y al día siguiente, el mismo traje con todas las cenizas, sin sitio donde lavarlo

A la falta de efectivos ha sumado las malas condiciones en que han trabajado: alojamientos sin ventilación, camas sin sábanas, descansos de apenas diez horas, en vez de las 12 horas estipuladas por convenio, búsqueda de comida “por tu cuenta” y solo un EPI por persona durante cuatro días. “Dormir poco o nada, y al día siguiente, el mismo traje con todas las cenizas, sin sitio donde lavarlo”.

Conducir autobombas hasta 22 horas al día

Manuel Amores también ha puesto el acento en el hecho de que los conductores de autobombas, vehículos de más de 10.000 kilos, están exentos de llevar tacógrafo, que estipula que solo pueden trabajar nueve horas diarias, pero “no exentos de cumplir la normativa de tráfico”. Algunos, afirma, han conducido hasta 22 horas diarias. CCOO ha denunciado esta situación concreta, que se ha dado en los dos incendios mencionados, ante la Inspección de Trabajo.

“Es mentira todo lo que dice la Administración sobre la efectividad de las labores extinción y prevención”, añade. Detalla que el pasado mes de diciembre se eliminaron las dos cuadrillas por provincia que estaban realizando labores de prevención, y que este mismo trabajo ya no se va a retomar hasta enero de 2027 porque muchos de los efectivos deben recuperar durante el otoño las horas extra realizadas durante el verano.

Limpiar el monte, sí, pero antes evaluar el entorno de los pueblos

De hecho, sobre esta cuestión, ha incidido en la importancia de los trabajos de limpieza en el monte, pero considera que actualmente es más relevante realizar planes de evaluación alrededor de los núcleos de población, “porque hay que proteger a la ciudadanía”. “Si existiera esta planificación, no tendríamos que dejar el incendio del monte para salvar las vidas humanas y las casas, pero eso no sucede, y debemos priorizar”.

Todo ello, remarca Manuel Amores, con turnos de trabajo “que nos dejan exhaustos” y con “cero euros” para la renovación y mejora de su convenio laboral, estancado desde diciembre de 2024. Hasta ahora, en las reuniones convocadas por el Jurado Arbitral tras la demanda el sindicato para la renovación del convenio, no ha habido avances. CCOO pide al menos tres turnos al día como los de las brigadas forestales (BRIF), y no dos turnos de 12 horas, pero a GEACAM “no le da la gana cambiarlos”.

“Es muy triste que tengamos que seguir pidiéndolo”, ha concluido, exigiendo en este punto la dimisión de la consejera y de su viceconsejeroro de Medio Ambiente, José Almodóvar. Si no dimiten, piden que el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, los cese, y de no ser así, este último será el “responsable”.

Por su parte, Ignacio Blanco, delegado del comité de CCOO de GEACAM en Guadalajara, ha lamentado, también muy afectado, las consecuencias del incendio de La Mierla. “Vendrán luego en unas semanas las valoraciones económicas, pero no sé qué valor económico tiene levantarte por la mañana, mirar alrededor y ver todo carbonizado. Es muy difícil ponerse en esa situación”.

Afirma rotundo que el modelo actual de extinción de incendios “no funciona”. “Solo corremos detrás de los fuegos, que generan sus propios climas, y que en una tarde pueden arrasar 2.000 hectáreas. Así vamos a perder siempre la batalla. O se hace algo o seguiremos viendo desalojos, viendo cómo se pierden miles de hectáreas de monte y sintiéndonos cada vez más impotentes”, ha subrayado.

Con un 30 por ciento de temporalidad, de interinos, de fijos discontiuos que desde el 18 de septiembre empiezan a irse, ¿quién va a trabajar luego en prevención si somos cuatro gatos?

En una provincia como Guadalajara, donde la mayor parte de la superficie es forestal, el recorte de efectivos se ha dejado notar a lo largo de los años. “Con un 30 por ciento de temporalidad, de interinos, de fijos discontinuos que desde el 18 de septiembre empiezan a irse, ¿quién va a trabajar luego en prevención si somos cuatro gatos?”, ha lamentado.

Solo corremos detrás de los fuegos, que generan sus propios climas, y que en una tarde pueden arrasar 2.000 hectáreas. Así vamos a perder siempre la batalla. O se hace algo o seguiremos viendo desalojos

Ignacio Blanco — Delegado de CCOO Guadalajara en GEACAM

Finalmente, Javier Rubio, delegado en Toledo de CCOO en GEACAM, ha remarcado que “viendo las barbaridades que la naturaleza hace”, trabajar con menos efectivos en incendios de sexta generación, está llevando a los bomberos y bomberas “al límite”.

Como ejemplo, ha puesto el hecho de que en el incendio de Almorox, muchos retenes consiguieron el avituallamiento de comidas a través de vecinos y vecinas de los pueblos, cuando GEACAM, recuerda, dispone de “una logística para ello”.

Estos bomberos no descartan seguir con sus ya numerosas movilizaciones y manifestaciones para pedir mejoras en el dispositivo, pero lo dicen desalentados por los nulos avances conseguidos hasta ahora. “Esperaremos a que termine la campaña contra incendios, y lo estudiaremos con otros sindicatos, pero llevamos ya años y años pidiendo lo mismo. Es de lógica, de sentido común. Que nos hagan caso ya de una vez, por favor”.

Las horas extras realizadas por los trabajadores y no pagadas por las empresas en Galicia equivalen a 194 millones de euros que las compañías se ahorran cada año y a 3.400 puestos de trabajo a jornada completa que no se están creando. Son las conclusiones de un informe elaborado por el sindicato CCOO con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que indica que la media de horas extra no pagadas a la semana en la comunidad fueron 347.000 en el último año. Casi el 40% de ellas no fueron ni pagadas ni compensadas en forma de descanso.

Comisións Obreiras expone que el 5,7% de la población asalariada de Galicia hace horas de más con regularidad. Es decir, casi 55.000 personas hacen horas extras de manera habitual. De ellas, más de 25.000 no cobra por ello. El sindicato considera que esto es “una forma de explotación laboral” que se sigue dando en las empresas, a pesar de las normas aprobadas para combatir la situación.

Considera que la situación es especialmente preocupante en un contexto en el que la Xunta ha iniciado una cruzada contra el derecho a la baja de los trabajadores gallegos. “Mientras la patronal y ciertos actores políticos, como la Xunta de Galicia, insisten en criminalizar a la clase trabajadora por el mal llamado absentismo, empresarios sin escrúpulos continúan realizando a plena luz del día este tipo de prácticas”, critica el sindicato.

El cálculo de lo que se ahorran las empresas en Galicia con estas horas no pagadas se deriva de aplicar el coste laboral medio del informe estatal. En el caso gallego, esto supone cerca de 7.700 euros anuales por persona que se dejan de recibir en salario y cotizaciones, recalca. Por sectores, asegura que hay cuatro actividades que concentran casi la mitad de estas horas “regaladas”: educación, con casi el 15,4% del total gallego; actividades sanitarias y de servicios sociales (el 13,2%), la industria manufacturera), con el 10,1% y la hostelería, c on el 8,9%.

El mismo mes en que el Consejo Económico y Social de Castilla y León presentaba, con el respaldo unánime de patronal y sindicatos, un informe que define a la población inmigrante como un “vector demográfico y socioeconómico esencial” para la Comunidad; el PP y Vox cerraban un pacto de gobierno que entrega la competencia de inmigración a la nueva Consejería de Desregulación creada para Vox. Probablemente una de las contradicciones más evidentes que tendrá consecuencias aún por descubrir.

El informe “La Situación de la Población Inmigrante en Castilla y León”, elaborado a iniciativa propia por el Consejo Económico y Social de Castilla y León, y presentado en sociedad el 1 de junio, está amparado por CCOO, UGT y CEOE, que coinciden en el diagnóstico de que sin inmigración Castilla y León se hunde antes.

Los datos que maneja el estudio no dejan margen a la ambigüedad. Tomando como criterio el lugar de nacimiento, se muestra un crecimiento paulatino de la población inmigrante. Si en 2024 había en Castilla y León 256.685 personas de origen extranjero, en 2025 la cifra ascendió a 275.202. Esto representa un 11,6 % de la población total de la Comunidad, lo que demuestra que no existe un “problema de inmigración”, como señalan las derechas, desde sus tesis invasivas o de reemplazo.

Frente al envejecimiento y la despoblación que golpean con dureza al medio rural, el CES no describe la inmigración como un fenómeno que haya que “gestionar” o “contener”, sino como uno de los pocos mecanismos de resiliencia territorial que le quedan a la Comunidad y, por tanto, un fenómeno a acoger. Cuando uno de cada cuatro nacimientos está vinculado a madres de origen extranjero, queda demostrado que la aportación demográfica es un elemento más a tener en cuenta en esta zona de la España vaciada.

Precariedad laboral

El informe del CES también señala la precariedad en la que malvive buena parte de esas 275.000 personas. De quienes trabajan, apenas el 39% tiene un contrato fijo, el 25% cuenta con uno temporal, y un 9,5% son autónomos. Por otra parte, sólo el 23% logra homologar su formación académica, lo que condena a nuestra región a desperdiciar buena parte del talento que viene de fuera y se podría retener.

Por otro lado, el 79,7% de las personas encuestadas para realizar el estudio afirma que quiere quedarse en España, algo que debería obligar a la Junta a plantearse cómo garantizar que así sea en condiciones dignas, en lugar de pretender frenar su llegada o forzar su marcha.

Frente al tópico de la amenaza cultural con el que la extrema derecha enfrenta el debate migratorio cada vez que puede, el informe aporta otro dato incómodo para el relato neofascista, ya que un 27% de las personas migrantes en Castilla y León dice sentirse por igual de aquí y de su país de origen, y un 8% más español que de su país. No existe un choque de identidades, sino un proceso de arraigo en marcha que depende, sobre todo, de que existan condiciones materiales de regularización, empleo y vivienda, para que la integración sea un hecho y las personas migrantes lleven adelante su proyecto de vida aquí.

Todo esto es lo que el CES pide corregir. Reducir las situaciones de irregularidad “desde el mayor consenso posible” y en el marco del Diálogo Social, para combatir la economía sumergida y garantizar derechos laborales y sociales; para actualizar el plan estratégico de inmigración pactado en su día en el Diálogo Social y caducado desde 2022; y para revisar las trabas administrativas que dificultan los empadronamientos o el acceso a recursos públicos.

Renovar la percepción de inmigración

Sin embargo, mientras el Consejo Económico y Social pide renovar la percepción, la perspectiva y la valoración de la inmigración, la Junta de Castilla y León trabaja en la dirección contraria. Recurre ante el Tribunal Supremo el Decreto de Regularización Extraordinaria aprobado por el Gobierno central, y el PP pacta con Vox la “prioridad nacional” creando para la extrema derecha la nueva Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Social para que “gestione” la inmigración.

Para CCOO, UGT y CEOE, parte social y económica del Diálogo Social, no hay desacuerdo sobre lo que necesita la Comunidad en materia de inmigración frente a lo que pretende la Junta de Castilla y León. Queda suficientemente plasmado en el informe del CES: sin inmigración ordenada, integrada y con derechos, Castilla y León envejece más rápido, se despuebla más deprisa y pierde el poco tejido productivo que le queda.

La decisión política, deliberada, de anteponer la rentabilidad electoral a la evidencia de lo que señala el CES y que avalan los sindicatos y la patronal, es responsabilidad de un Partido Popular entregado a la ideología xenófoba de Vox y su rechazo a los inmigrantes. Una estrategia diseñada para impulsar el conflicto entre los penúltimos y los últimos de nuestra sociedad, que redundará en más diferencias sociales y un creciente deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la sociedad en su conjunto.

Derechos de los migrantes

Frente a esto, la izquierda social y política de Castilla y León cuenta con un argumento más sólido de lo habitual, y sería un error no utilizarlo hasta el final. No hace falta apelar sólo a la solidaridad o a los derechos humanos. Lo que analiza y documenta el CES en materia de inmigración es argumento suficiente para exigir a la Junta que retire el recurso contra la regularización, que actualice el plan estratégico de inmigración a través del diálogo social, que facilite la homologación de titulaciones a las personas inmigrantes, y que remueva todos los obstáculos para evitar trabas administrativas que dificultan la normal relación de las personas inmigrantes con la Administración, a la hora de realizar tramitaciones o acceder a servicios públicos.

Cualquier otra posición de los agentes del Diálogo Social que no pase por la exigencia de garantizar derechos y condiciones dignas a las personas que vienen de otros lugares, ante el argumento del gobierno de Mañueco sobre la “prioridad nacional” de que la inmigación es una amenaza para la convivencia de la Comunidad, será un error histórico y la demostración de no estar a la altura de las necesidades actuales en materia de crecimiento económico, reducción de la despoblación, y consolidación de derechos laborales y de ciudadanía en Castilla y León.

Ahora que estamos en este verano que promete ser tórrido, ahora que vamos algo más despacio, vamos a contar mentiras. Concretamente, las mentiras que nos cuentan. Hoy dedicaremos la primera trampa al ojo, la primera ilusión con apariencia de verdad, a un tema muy de moda que vamos a seguir escuchando machaconamente, con o sin insultos, en los próximos tiempos, cual hit del verano y más allá. ¿Por qué mentir? ¿Por qué confundir el absentismo laboral con otras situaciones que no lo son, mezclarlo todo y poner el grito en el cielo?

Es inadmisible confundir el derecho a la salud con el absentismo injustificado. El incremento en la duración de las bajas no es responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras, sino la consecuencia directa del deterioro (¿intencionado?) de la sanidad pública y la saturación de las listas de espera, especialmente en traumatología, lo que prolonga innecesariamente los procesos ante la inacción de administraciones y mutuas.

Lejos de ser un beneficio, la enfermedad acarrea una grave pérdida salarial que puede alcanzar los 2.600 euros en los sectores más precarios, forzando incluso reincorporaciones prematuras que dañan la salud. Resulta interesante observar cómo se ataca a la clase trabajadora mientras la patronal bloquea acuerdos de prevención de riesgos y se niega a gestionar eficazmente los problemas de salud mental y desconexión digital. Que una persona esté enferma nunca será absentismo laboral. A pesar de que lo importante no pasa por combatir el contenido de la mentira, eso nos lo enseñó Derrida, no viene de más repetir la verdad otra vez, otra vez más. El absentismo laboral es únicamente ausentarse del puesto de trabajo sin justificación ninguna. Por lo tanto, no es absentismo laboral y nunca lo será:

Digamos que hablo del valioso trabajo que realizan muchas compañeras y también compañeros de las residencias de mayores que apenas cuentan con 10 minutos para asear, vestir y dar de desayunar a nuestras personas mayores que merecen un tiempo de calidad, sin duda, más digno. ¿Cuánto peso carga cada una estas trabajadoras cada día?

Deberíamos medir y establecer cargas de peso máximas saludables. Recuerdo a aquella compañera que por evitar que una persona mayor se cayera al suelo, salió al quite, evitó su caída, pero se hizo daño. Cuando fue a la mutua y dijo que había sufrido un accidente laboral, le llamaron vieja. Bueno, no así, le dijeron que eso parecía que más que por lo que relataba que le acababa de pasar, pues que “tenía pinta de ser más bien propio de su edad” Y, en otras muchas ocasiones, se añaden frases maravillosas como “la verdad es que con tus años eso no va a mejorar, cada vez va a empeorar. Esto no es por el trabajo”. ¿No hay origen laboral? ¿Algunas condiciones de trabajo actuales no enferman?

Así, por ejemplo, el cáncer es una dolorosa realidad en España, pues es la principal causa de mortalidad laboral, como también en UE. En nuestro país es además una realidad oculta e infradeclarada. Frente a Alemania, donde el cáncer representa el 32% del total de enfermedades profesionales declaradas, en España estamos en valores entre 0,23% y el 0,35%, es decir, se declaran apenas 100 casos de los más de 8000 que se calculan tienen origen laboral.

Alemania tiene una larga trayectoria reconociendo los tumores vinculados a la exposición a agentes carcinógenos (como el amianto o la sílice) como enfermedades ocupacionales. Del amianto nos preocupamos mucho en Toledo, pues tenemos el mayor vertido al aire libre de toda Europa, así con todas las letras. Un problema de salud pública cuyos vertidos están situados a escasos metros de importantes centros de trabajo de la administración regional, habrá que investigar si puede entenderse como un problema de salud laboral enviar a tanta gente a trabajar tan cerca.

Retomando el hilo, esta infradeclaración de enfermedades profesionales en nuestro país supone muchas cosas, tiene consecuencias para las vidas de las personas y también interesan, y mucho, para los cálculos que concluyen que son realidades “que no podemos asumir”.

Me quitan las palabras de la boca, cada vez que una enfermedad profesional o un accidente laboral es derivado como contingencias comunes las personas trabajadoras y la ciudadanía perdemos dinero pues todo cae en la cuenta de la Seguridad Social, que pagamos entre todos.

La verdad es que estamos hartas de que llamen contingencias comunes a enfermedades y accidentes laborales. Y decimos hartas porque, al menos en la Junta de Castilla-La Mancha, enfermamos más las mujeres que hombres, y esto igual tiene que ver con los cuidados, tendríamos que analizarlo mejorando los informes de siniestralidad para que ofrezcan datos más concisos que permitan establecer las causas y programas preventivos eficaces.

La verdad es que estamos hartas de que llamen contingencias comunes a enfermedades y accidentes laborales. Y decimos hartas porque, al menos en la Junta de Castilla-La Mancha, enfermamos más las mujeres que hombres, y esto igual tiene que ver con los cuidados, tendríamos que analizarlo mejorando los informes de siniestralidad

Los fraudes, tanto de las presuntas personas trabajadoras (se calcula que suponen alrededor del 1% y no del 8% que repiten al sumar todo lo que no lo es) como de las presuntas mutuas que derivan algo de origen laboral como contingencias comunes, deben ser todos investigados denunciados y sancionados.

De la misma manera, las personas responsables de condiciones laborales que se demuestren que enferman o matan. ¿Por qué confundirlo todo? ¿Por qué sumar al absentismo laboral con lo que no es? ¿Por qué denominar a un encuentro regional “El absentismo x IT? ¿Por qué hay mutuas con beneficios de más de 7 millones de euros que no los invierten en poner en marcha programas de prevención y promoción de la salud laboral con perspectiva de género y edad?

Poco a poco, tiempo lento para pensar. Hoy, centrémonos en la finalidad de una mentira. ¿Qué se persigue con el hit machacón del verano, otoño, invierno y de cada primavera? Jacques Derrida, el filósofo francés, nos dio la pista que seguiremos hoy: “Lo relevante en la mentira no es nunca su contenido, sino la intencionalidad del que miente”.

¿Qué se busca? ¿Qué se persigue con la psicologización de la precariedad? ¿Estamos caminando hacia un modelo de servicios públicos low cost que permita su privatización? La realidad es que la privatización de los servicios públicos empeora la calidad de los mismos y precariza las condiciones laborales.

Esto significa que nos hacen un juego de trileros que consiste en individualizar, culpabilizar al individuo de las consecuencias colectivas que tienen origen en unas condiciones sociales y de trabajo que enferman, no a uno ni a dos ni a tres, sino a muchos.

¿Qué se busca? ¿Qué se persigue con la psicologización de la precariedad? ¿Estamos caminando hacia un modelo de servicios públicos 'low cost' que permita su privatización? La realidad es que la privatización de los servicios públicos empeora la calidad de los mismos y precariza las condiciones laborales

Ahora que caminamos a nivel global de la democracia hacia otra cosa que no parece mejor , ni de lejos, quizá sea hora de preguntarnos si no es la sociedad la que está dando gritos porque está muy enferma. Seguiremos ahondando en las finalidades que se persiguen y consiguen llenando los espacios de estas cargantes mentiras porque nuestra salud nos va en ello.

Por último, disculpen si notan acaso mi tono un tanto acalorado, todavía recuerdo el día en el que fui a medir las altas temperaturas durante este episodio extremo de calor en las escuelas infantiles y, sin duda, el calor extremo afecta perjudicialmente a la salud si no se toman las medidas adecuadas.

La federación local de València de CGT, junto con la Federación Estatal de Sindicatos de Espectáculos, Artes Gráficas, Audiovisuales y Papel (FEGAP) del mismo sindicato, reactivan este verano la campaña para denunciar los abusos patronales en los festivales de música y defender los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de la industria cultural. “Estamos en verano y con él, festivales de música, festejos populares, ciclos de conciertos y todo tipo de eventos lúdicos y culturales se multiplican por todo el estado y detrás de estos hay muchos y muchas trabajadoras invisibles” explican fuentes de CGT de València.

La organización anarcosindicalista informa de que detrás de estos eventos culturales “hay jornadas maratonianas y sueldos ínfimos, en los que prima la productividad antes que los derechos laborales”. “Músicos, técnicos de sonido, montadores de escenarios, personal en las barras o de limpieza, que trabajan con contratos precarios, irregulares y, muchas veces, obligados a ser falsos autónomos o directamente cobrar en negro”, denuncia el sindicato, que incide en que “detrás de estos macrofestivales ya no solo hay productoras de música sino grandes fondos de inversión que hacen su agosto a costa de explotar a sus trabajadores y trabajadoras”.

CGT incide en que la intención de la campaña, además de denunciar los abusos laborales a Inspección de Trabajo, es “lograr una contratación adecuada para todo el personal aplicando el convenio correspondiente, sin recurrir a la figura de los falsos autónomos, conseguir unos salarios dignos, ya que las tarifas y salarios están prácticamente 10 años congelados, que se cumplan las normativas de seguridad e higiene necesarias en los festivales y se respete el derecho a la representación sindical”.

El sindicato ha habilitado un formulario en su página web para los músicos, técnicos de sonido, montadores de escenarios y personal en las barras o de limpieza que quieran participar de la campaña, que cuenta con el apoyo de grupos como Los De Marras o Manifa. CGT interpondrá las denuncias ante la Inspección de Trabajo sin revelar la información de las denunciantes, según indica en un comunicado.

El Congreso ha avalado este jueves el Real Decreto-Ley que permitía la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones públicas con los votos en contra de Vox, Junts y Podemos, cuyos cuatro diputados se han sumado a las derechas porque la norma no abordaba la situación de los interinos en el sector público. El PP finalmente se ha abstenido y ha permitido la convalidación.

La norma incluye dos medidas fundamentales. Por un lado, adapta la legislación para hacer efectiva la jubilación parcial anticipada del personal laboral de todas las Administraciones públicas, una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales. Y, por otro, actualiza el complemento de residencia que perciben los empleados públicos destinados en las Illes Balears.

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha reclamado el apoyo de los grupos “por encima de colores políticos”, al considerar que se trata de una medida que “mejora la vida de mucha gente y no empeora la de nadie”. “Si un empleado del sector privado puede acudir a la jubilación parcial anticipada, ¿por qué no iba a hacerlo un trabajador de la Administración pública?”, ha defendido el ministro desde la tribuna del Congreso.

Cómo era la jubilación parcial prevista

La norma fija que el personal laboral podrá acceder a la jubilación parcial anticipada siempre que se formalice simultáneamente un contrato de relevo. Entre los requisitos figuran haber cotizado al menos 33 años, contar con una antigüedad mínima de seis años en el puesto y solicitarla hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación.

La reducción de jornada puede situarse entre el 25% y el 75%, percibiendo el trabajador un salario proporcional por el tiempo trabajado y la parte correspondiente de la pensión por las horas dejadas de desempeñar.

Apoyos y críticas de los grupos parlamentarios

En el debate parlamentario, Ione Belarra cargó contra el Gobierno por mantener una situación de “abuso de temporalidad”. La dirigente de Podemos acusó al Ejecutivo de incumplir las exigencias de la justicia europea y reclamó la “fijeza ya” para el personal interino, al considerar insuficientes los procesos de estabilización e indemnización. Belarra advirtió de que su formación solo apoyará una reforma del empleo público si antes se resuelve el problema de la temporalidad, pese a mostrarse favorable a medidas como el complemento de insularidad o la futura reforma de la función pública.

Las críticas más duras llegaron desde Junts per Catalunya. Su portavoz, Josep Pagès, denunció el “uso perverso” que, a su juicio, hace el Gobierno de la figura del real decreto-ley para sacar adelante iniciativas legislativas sin una mayoría parlamentaria estable. Aunque reconoció la necesidad de corregir el vacío legal sobre la jubilación parcial del personal laboral del sector público, cuestionó que el Ejecutivo considere urgente esta medida mientras mantiene sin resolver otros problemas del empleo público, como la situación de los trabajadores interinos.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular Ángel Ibáñez calificó el decreto como una “avería normativa” y criticó la forma “atropellada” de legislar del Gobierno. Los populares sostuvieron que la función pública necesita una estrategia mucho más amplia de relevo generacional y reprocharon al Ejecutivo que actúe cuando los problemas ya se han desbordado, en lugar de acometer una reforma integral del empleo público. Finalmente, han optado por la abstención.

Esquerra Republicana anunció su apoyo al decreto al considerar que cumple los acuerdos alcanzados con los sindicatos. Su portavoz, Pilar Vallugera, defendió las mejoras laborales en el empleo público y rechazó plantearlas como un conflicto entre trabajadores. También la portavoz de Coalición Canaria Cristina Valido, respaldó la norma, que calificó de “necesaria y de justicia” para facilitar el relevo generacional y una transición ordenada hacia la jubilación parcial.

EH Bildu también apoyó el decreto. Oskar Matute destacó que el contrato de relevo dignifica el final de la vida laboral y favorece la incorporación de nuevos empleados en condiciones estables. Asimismo, respaldó la actualización del complemento de residencia en Baleares y rechazó enfrentar las reivindicaciones de distintos colectivos del sector público.

El complemento de insularidad en Baleares

La propuesta incrementa estas indemnizaciones un 100% en Mallorca y más de un 300% en el resto del archipiélago, con carácter retroactivo desde el 1 de julio. El Ejecutivo calculaba que más de 11.000 empleados públicos se beneficiarían de esta mejora, equiparando las compensaciones económicas a las existentes en Canarias.

Durante su intervención, el ministro López puso como ejemplo que una inspectora de Trabajo del grupo A1 en Mallorca pasaría de percibir 115 euros mensuales a más de 214 euros por este concepto, mientras que un administrativo del SEPE del grupo C1 destinado en Menorca vería incrementado el complemento desde los 101 euros actuales hasta más de 405 euros.

Los contratos laborales verbales existen y son perfectamente legales, aunque el trabajador siempre puede solicitar una copia por escrito. Esta opción es un derecho que asiste al empleado, no un favor que la empresa le haga, hasta el punto de que si se niega a facilitarlo se expone a una sanción económica y a que la relación contractual se entienda que es indefinida y a jornada completa.

Así lo señalan desde la Oficina de Atención Sociolaboral de UGT Andalucía, desde la que se apunta que el Estatuto de los Trabajadores recoge que el contrato es válido “aunque sea verbal” y no exige que toda relación laboral se tenga que formalizar por escrito. Pero en un contexto en el que un trabajador puede necesitar una copia por escrito (para solicitar una hipoteca o un préstamo), puede solicitarla “y la empresa está obligada a dársela”.

“Por muy pequeño que sea el contrato, tiene derecho a pedirlo y están obligados a entregárselo”, una medida diseñada para evitar “abusos laborales”. Eso sí, el hecho de que la contratación sea verbal no implica que el empleado esté desprotegido, ya que debe estar dado de alta en la Seguridad Social y tiene las nóminas para demostrar su relación con la empresa, con lo que está cubierto por ejemplo en caso de accidente laboral.

“Siempre es una mejor garantía”

“Lo importante es que el trabajador sepa que existe esta opción y que es su derecho, que puede ejercer o no”, se apostilla desde la Oficina de Atención Sociolaboral. La recomendación, no obstante, es disponer de una copia por escrito, ya que “siempre es una mejor garantía” ante situaciones como que la empresa cambie las condiciones laborales o asigne al empleado a otro puesto u horario. La compañía, asimismo, también puede solicitar que se formalice por escrito la relación laboral.

Si el trabajador pide una copia y no se le facilita, la empresa se expone a una multa de hasta 7.500 euros, ya que la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Lisos) considera esta situación como una infracción grave. Además, y ante cualquier contingencia, la normativa considera que si no hay contrato por escrito, el vínculo laboral es indefinido y a jornada completa.

Y si bien la ley contempla la posibilidad de un contrato verbal, de hecho “hay más de los que pueda parecer”, existen otros casos en los que sí es obligatorio plasmar por escrito la relación entre empresa y trabajador. Esto abarca a los contratos formativos, a tiempo parcial, fijos-discontinuos, de relevo y de trabajo a distancia.

Igualmente, hay que formalizarlo en los casos de contratos temporales de más de cuatro semanas y en los de trabajadores en el extranjero. Y también tiene que quedar constancia por escrito de aspectos como el periodo de prueba al que se somete a la persona contratada, así como el posible pacto de permanencia.

Las trabajadoras de la residencia de mayores El Cuartillo, en Cáceres, vuelven a denunciar una situación que, aseguran, agrava el malestar existente en el centro. Después de hacer pública la falta de personal y la sobrecarga asistencial que soportan desde hace meses, ahora denuncian el retraso en el cobro de parte de sus retribuciones debido a una incidencia administrativa comunicada por la propia dirección del centro.

Según un escrito interno remitido a la plantilla y al que ha tenido acceso elDiario.es Extremadura, la Dirección General de Función Pública ha limitado temporalmente la actividad en SIRHUS, el sistema de gestión de recursos humanos utilizado por la Junta de Extremadura para tramitar las nóminas, los expedientes de personal y otras incidencias laborales.

La comunicación explica que esa limitación permanecerá vigente entre el 15 de julio y el 12 de agosto, con el objetivo de adaptar el sistema a la nueva estructura orgánica de la Junta de Extremadura y realizar la correspondiente carga presupuestaria.

Como consecuencia, el documento informa de que no podrán abonarse en la nómina de agosto los denominados Complementos Específicos Especiales correspondientes al mes de julio, por lo que su pago se retrasará hasta la nómina de septiembre.

Estos complementos retribuyen circunstancias especiales de la jornada laboral, como las horas nocturnas, el trabajo realizado en domingos y festivos o los conceptos vinculados a la movilidad funcional, cuando un trabajador desempeña temporalmente funciones o puestos distintos de los habituales por necesidades del servicio.

Aunque la comunicación asegura que las cantidades no se perderán y se abonarán íntegramente un mes después, varias trabajadoras consideran que el aplazamiento supone un nuevo perjuicio para una plantilla que ya venía denunciando problemas estructurales en el funcionamiento del centro.

Hace apenas unos días, las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) de El Cuartillo denunciaron públicamente que trabajan con una plantilla insuficiente, especialmente durante el periodo estival y cuando no se cubren bajas o vacaciones. Las profesionales alertaban de que esa situación repercute tanto en las condiciones laborales como en la calidad de la atención que reciben las personas mayores residentes y reclamaban que “trabajar al límite no puede convertirse en la norma”.

Ahora, sostienen que el retraso en el cobro de unos complementos que compensan precisamente los turnos más exigentes —como las noches, los domingos y los festivos— incrementa la sensación de falta de reconocimiento hacia un colectivo que mantiene la actividad asistencial durante todo el año.

En el escrito interno, firmado por la dirección del centro, se indica expresamente que la medida responde a una decisión comunicada por la Dirección General de Función Pública de la Junta de Extremadura derivada de las limitaciones temporales de SIRHUS y que todos los importes pendientes se incluirán en la nómina de septiembre.

Fuentes de la plantilla consultadas por elDiario.es aseguran que el comunicado ha generado un profundo malestar entre las trabajadoras. Una de las profesionales explica que ella misma conoció la decisión “por el grupo de compañeras”, ya que actualmente se encuentra de vacaciones, y afirma que la explicación ofrecida por la Administración no convence a buena parte de la plantilla. “Dicen que es un problema informático, pero esto es echar más leña al fuego”, resume.

La trabajadora señala que, además del retraso en el cobro de los complementos, continúa la preocupación por la falta de personal denunciada días atrás. En este contexto, explica que varias empleadas han mantenido conversaciones con representantes sindicales para valorar posibles movilizaciones.

Según su relato, algunas trabajadoras afiliadas a UGT trasladaron la situación al sindicato, con la intención de estudiar la convocatoria de una concentración a las puertas de la residencia para denunciar las condiciones laborales y la falta de cobertura de la plantilla. Sin embargo, asegura que la respuesta recibida fue que el sindicato apuesta por mantener el diálogo con la Administración y que, si finalmente se convocan movilizaciones, deberán ser promovidas por las propias trabajadoras. “Ahora mismo nos sentimos solas, sin el apoyo del sindicato”, lamenta.

La misma fuente añade que, según la información trasladada tras una reunión mantenida entre representantes sindicales y Función Pública, los retrasos administrativos estarían relacionados con el proceso de estabilización del empleo público y con la reorganización derivada de las últimas convocatorias de plazas.

No obstante, la trabajadora cuestiona esa explicación. “A mí todo esto me suena a cuento chino”, afirma, al considerar que la falta de personal podía haberse mitigado con una mejor planificación de las contrataciones estivales. En su opinión, la Administración ha ofertado contratos de corta duración cuando “podían haber hecho contratos más largos o planificar incorporaciones en agosto, sabiendo que en julio había turnos sin cubrir”.

Las trabajadoras insisten en que el aplazamiento del cobro de los complementos llega en un momento de especial tensión en el centro, donde aseguran que la plantilla lleva meses reclamando más personal y mejores condiciones para garantizar una atención adecuada a los residentes.

Las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del Centro Residencial El Cuartillo, dependiente del SEPAD en Cáceres, han hecho pública su situación para denunciar la falta de personal que, aseguran, arrastran desde hace tiempo y que se agrava durante los periodos vacacionales y cuando no se sustituyen las bajas.

La portavoz del colectivo, Edita Bajo, sostiene que la plantilla trabaja “bajo mínimos” y que esa situación obliga a las profesionales que permanecen en el centro a asumir una carga asistencial cada vez mayor. “Trabajar al límite no puede convertirse en la norma”, resume el comunicado difundido por las trabajadoras.

Según explican, el problema no afecta únicamente a las condiciones laborales de la plantilla, sino también a la calidad de la atención que reciben las personas residentes. Recuerdan que El Cuartillo trabaja con un modelo de cuidados libre de sujeciones, tanto físicas como químicas, que requiere una vigilancia permanente y un acompañamiento continuo. A su juicio, sin el personal suficiente resulta imposible prestar esa atención en las condiciones que exige el propio modelo asistencial.

Las profesionales también denuncian que, para garantizar el funcionamiento del servicio, en ocasiones se ven obligadas a renunciar a días de asuntos propios y a otros permisos laborales, con el consiguiente desgaste físico y emocional. Insisten en que no se trata de un problema individual, sino de una situación que repercute tanto en quienes trabajan en el centro como en las personas usuarias.

Junto a la denuncia pública, las trabajadoras han comenzado una recogida de firmas dirigida a la Dirección del centro residencial y a la Secretaría General de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.

En el escrito recuerdan que las restricciones generales de permisos comunicadas por la dirección no pueden sustituir las resoluciones individualizadas previstas en la legislación administrativa. En concreto, solicitan que todas las peticiones de permisos sean resueltas de forma expresa y motivada, que las denegaciones se justifiquen por escrito cuando respondan a necesidades del servicio y que se informe a la representación legal de los trabajadores sobre las medidas organizativas adoptadas para hacer frente a la falta de personal y sobre los criterios empleados para conceder o denegar permisos.

Las TCAE reclaman, además, que se cubran las vacaciones y las bajas con la dotación de personal necesaria para garantizar tanto la seguridad de las personas residentes como unas condiciones de trabajo que, según defienden, respeten los derechos laborales de la plantilla.

Respuesta del SES

La Junta de Extremadura, en respuesta a la petición de información de elDiario.es, señala que los centros de atención 24 horas de gestión directa del SEPAD comunican de forma continuada, a lo largo de todo el año, las necesidades de cobertura de puestos en las distintas categorías profesionales. Añade que la coordinación entre el departamento de Recursos Humanos de la Secretaría General de la Consejería de Salud y Servicios Sociales y la Dirección General de Función Pública es permanente, con intercambio diario de información para garantizar una respuesta ágil a dichas necesidades. Asimismo, sostiene que desde la llegada del actual Gobierno se ha avanzado en soluciones estructurales, con el reconocimiento de las horas extraordinarias, la puesta en marcha de contratos de refuerzo de larga duración que aportan estabilidad y la equiparación salarial. En este contexto, afirma que se continúa trabajando de manera intensiva para asegurar la cobertura de todos los puestos en los centros de la región.

Decenas de empleados de Meta acusan a la compañía de redes sociales de utilizar herramientas de inteligencia artificial para seleccionar a los trabajadores que debían ser despedidos en un reciente recorte de plantilla. Los afectados, que han presentado una demanda contra la empresa, sostienen que esos sistemas de IA los señalaron después de solicitar permisos, bajas por maternidad o adaptaciones de jornada relacionadas con una discapacidad.

La demanda, presentada el lunes ante un tribunal federal del distrito norte de California, se refiere al recorte de plantilla de aproximadamente 8.000 empleados (10% de la plantilla) llevado a cabo en primavera por Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. Según la denuncia, la compañía utilizó una “constelación de sistemas internos de inteligencia artificial”, incluidos sistemas de evaluación del rendimiento basados en IA y datos de monitorización de pulsaciones de teclado y actividad laboral, para determinar quién debía ser despedido.

“Meta no elaboró la lista de despidos a partir del criterio razonado de directivos que conocían el trabajo realizado”, afirma la demanda, de 71 páginas. En su lugar, los 26 trabajadores incluidos en la denuncia sostienen que la empresa utilizó sistemas de IA “para puntuar, clasificar y seleccionar a los empleados que debían formar parte de la lista”.

Los demandantes solicitan una resolución judicial preliminar que impida a Meta completar los despidos mientras se tramita el caso. También reclaman medidas que podrían incluir la reincorporación a sus puestos, salarios atrasados, compensación por acciones perdidas, beneficios laborales y otros daños.

Un debate regulatorio en auge

La toma de decisiones mediante IA en el ámbito laboral se ha convertido en una cuestión cada vez más polémica, a medida que los trabajadores expresan preocupaciones sobre sesgos, privacidad y confianza, y los reguladores examinan la legalidad de estas herramientas. Estados de EEUU como California, Colorado e Illinois han aprobado en los últimos años leyes o regulaciones destinadas a proteger a los trabajadores frente a sesgos relacionados con la IA y los llamados “sistemas automatizados de decisión”.

La demanda contra Meta sostiene que las herramientas de IA de la empresa recopilan datos sobre clasificaciones de rendimiento, productividad y otros indicadores laborales. Sin embargo, esos datos dejan de generarse cuando un empleado está de baja médica o disfrutando de un permiso familiar. En el caso de las personas con discapacidad, esos indicadores también pueden verse reducidos.

Los empleados que ejercieron su derecho a permisos protegidos fueron seleccionados de manera desproporcionada para los despidos, basándose en puntuaciones que no solo no tenían en cuenta esos permisos, sino que en la práctica penalizaban a los trabajadores por ejercer derechos legalmente reconocidos

Texto de la demanda

“El resultado fue que los empleados que ejercieron su derecho a permisos protegidos fueron seleccionados de manera desproporcionada para los despidos, basándose en puntuaciones que no solo no tenían en cuenta esos permisos, sino que en la práctica penalizaban a los trabajadores por ejercer derechos legalmente reconocidos”, afirma la demanda.

Una de las demandantes es una científica que se encontraba en permiso prenatal aprobado y recibió la notificación de despido apenas dos días antes de dar a luz. Otro demandante, un ingeniero, asegura que recibió una “evaluación rebajada” debido al tiempo que estuvo de baja por una lesión. Otro caso es el de un directivo en baja médica que fue despedido apenas 16 días después de comenzar su permiso.

Un portavoz de Meta ha rechazado las acusaciones. “Estas afirmaciones carecen de fundamento y no se basan en hechos”, ha declarado en un correo electrónico enviado a The Guardian. “La gestión de la plantilla y las decisiones organizativas han sido y son tomadas por personas, no por inteligencia artificial”.

Estas afirmaciones carecen de fundamento y no se basan en hechos. La gestión de la plantilla y las decisiones organizativas han sido y son tomadas por personas, no por IA

Meta

Meta puso en marcha a principios de este año un programa de monitorización de empleados basado en IA. El sistema estaba diseñado para registrar pulsaciones de teclado, movimientos del ratón, historial de navegación, mensajes, correos electrónicos y datos de ubicación en dispositivos corporativos. Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta, explicó que el objetivo era entrenar los sistemas de IA de la empresa a partir del comportamiento de sus propios trabajadores.

“Los modelos de IA aprenden observando cómo hacen las cosas personas realmente inteligentes”, afirmó Zuckerberg en una reunión interna, según informó The Information. “La inteligencia media de las personas que trabajan en esta empresa es significativamente superior a la de la población general que puede realizar tareas”.

Un polémico sistema de monitorización

La demanda sostiene que Meta puso en marcha el programa de monitorización con poca publicidad y sin obtener el consentimiento de los empleados. Según la denuncia, la empresa informó de la iniciativa mediante una publicación interna de escasa visibilidad, realizada por un ingeniero y no por un directivo de alto nivel. “En algunos equipos, los empleados no recibieron ningún aviso para otorgar consentimiento o reconocimiento, y al menos inicialmente no existía ninguna forma de excluirse del programa”.

La oposición interna creció rápidamente durante los meses siguientes, lo que llevó a Zuckerberg a anunciar en junio la suspensión del programa. El cambio de postura se produjo después de que más de 1.600 empleados firmaran una petición denunciando que el sistema vulneraba su privacidad.

En la demanda presentada el lunes, los abogados de los trabajadores solicitan al tribunal que autorice de inmediato una auditoría independiente de las herramientas de IA de Meta. Argumentan que dicha auditoría permitiría esclarecer por qué los 26 empleados afectados —todos ellos de baja o con adaptaciones aprobadas por discapacidad— fueron seleccionados para el despido.

“Meta mantuvo deliberadamente en secreto el funcionamiento de su proceso de selección de despidos frente a sus empleados”, señalaron los abogados en un comunicado enviado por correo electrónico.

Según la representación legal, los demandantes seguirán siendo empleados de Meta hasta el 22 de julio, fecha en la que está previsto que comiencen a hacerse efectivos los despidos. Alegando riesgo de represalias, los abogados han pedido al juez que permita a los demandantes permanecer en el anonimato y que dicte una orden para preservar su situación laboral mientras se resuelve el arbitraje.

“Una vez que estas desvinculaciones sean definitivas, los daños serán irreversibles: pérdida de cobertura sanitaria subvencionada por la empresa durante el embarazo, la recuperación posparto o tratamientos médicos en curso; extinción de derechos de permiso sujetos a plazos; pérdida de acciones aún no consolidadas; y consecuencias migratorias para algunos trabajadores”, avisan los abogados.

El presidente del Consello Económico e Social (CES), Manuel Pérez, reprocha al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que “cáncer” no es “la palabra más adecuada” para referirse al impacto de las bajas laborales en la economía, si bien coincide con él en que es preciso “cortar con el abuso”.

Sin descartar que el CES haga un estudio sobre este tema “en un futuro”, Pérez ha emitido su opinión a preguntas de los medios de comunicación –recogidas por Europa Press– después de entregar al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, la memoria socioeconómica del organismo correspondiente al año 2025.

“Mi opinión como inspector de trabajo jubilado es que el tema del absentismo laboral hay que analizarlo pormenorizadamente y separando los derechos que le corresponden al trabajador, es decir, las bajas que están justificadas, del abuso que se hace por las personas”, ha destacado el que fue alcalde de Vigo por el PP.

En este punto, ha traído a colación un comentario que le hizo “hace bien poco un empresario” sobre una trabajadora que llevaba “de baja dos meses” y que se iba “a una zona de la frontera con Portugal a bailar”. “Lo que hay que procurar es cortar con el abuso”, ha subrayado.

Además, ha hecho referencia a las declaraciones de Núñez Feijóo: “Pienso que eso, además, fue lo que quiso decir el antiguo presidente de la Xunta cuando habló de cáncer, que a lo mejor no fue la palabra más adecuada, pero que en su espíritu estaba tomar medidas”, ha sostenido.

Para el presidente del CES, “no se puede decir a un trabajador que está esperando ser operado y que lleva de baja 10 meses tú estás abusando”. En este caso “lo que hay que hacer es reducir el tiempo de espera”, ha constatado, para volver a incidir en que “luego” deben tomarse “medidas con aquel que realmente abusa”.

Pérez ha aludido a su experiencia profesional al asegurar que un trabajador le preguntó “si tenía derecho a marcharse a su aldea para las fiestas, si la empresa tenía que darle esos días de vacaciones”. “Cuando le dije que no, me dijo: Bueno, es igual, cojo una baja”, ha criticado.

La memoria pide “medidas correctoras”

Manuel Pérez ha destacado que la memoria socioeconómica de Galicia 2025 fue aprobada por unanimidad en el CES y es “fiel reflejo de la situación” de la comunidad.

El CES, ha destacado, “no es un instrumento laudatorio de la acción del Gobierno”, por lo que hace su análisis y también “alguna crítica”. Con todo, sobre la situación de Galicia, Pérez considera que es “buena” y cita al expresidente de la Xunta Manuel Fraga para afirmar que “no hay situación, por buena que sea, que no pueda mejorar”.

En su apartado de consideraciones, la memoria indica que el CES “considera necesario llamar la atención” sobre la “realidad” de los procesos de incapacidad temporal “e insistir en la necesidad de aplicar las medidas correctoras precisas”, ya que “perjudica tanto a las personas afectadas como al empresariado y al erario”.

En concreto, según sus datos, en 2025 “Galicia registra un incremento de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes acompañado de una duración media significativamente superior a la media estatal (casi el doble), que alcanza los 78,85 días frente a los 41,90 días en España, y el número de procesos iniciados en 2025 es superior a los iniciados en el año anterior”.

En este apartado, también constata que el índice de incidencia de accidentes mortales bajó de 5,5 en 2024 a 4,2 en 2025, “pero Galicia sigue muy por encima de la media estatal, que se sitúa en 2,8”. “Esta situación requiere impulsar y reforzar las actuaciones del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia en este ámbito”, subraya.

En otro punto, la memoria advierte de que en Galicia aumenta la duración media de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes y ve “preciso reforzar las medidas que permitan revertir esta situación que impide la pronta recuperación de las personas trabajadoras en un contexto de falta de mano de obra en muchas ocupaciones”.

La causa abierta al fundador de Glovo, Oscar Pierre, por los falsos autónomos encara una fase decisiva. El juez instructor tiene que decidir si envía el caso a juicio, tal y como ha pedido la acusación que ejerce el sindicato CGT, o si accede a la solicitud de la defensa del empresario y lo archiva.

El escrito del abogado de Pierre, al que ha tenido acceso elDiario.es, admite que Glovo trató de “desvirtuar” la Ley Rider al intentar mantener como autónomos a los repartidores, pero niega que ello suponga un delito contra los derechos de los trabajadores y pide dar carpetazo a la causa.

La petición de la defensa se ha encontrado con el rechazo de la CGT, que ejerce la acusación popular. El abogado del sindicato, Raúl Maíllo, ha solicitado en un escrito que el juez siente el banquillo a Pierre para que pueda ser acusado por un delito contra los derechos de los trabajadores por mantener su modelo de falsos autónomos.

La central sindical argumenta que hay suficientes indicios de que Pierre impuso “condiciones ilegales” a sus trabajadores mediante su contratación “con fórmulas ajenas al contrato de trabajo”, y que después los mantuvo como falsos autónomos “en contra de requerimiento” de la Inspección de Trabajo.

La causa abierta a Pierre en Barcelona es la única que investiga penalmente si Glovo cometió un delito al mantener como falsos autónomos a sus repartidores tras la histórica sentencia del Tribunal Supremo de 2020 y a la denominada Ley Rider de 2021, que obligaban a la compañía a contratarles como empleados.

El caso nació a partir de una denuncia de la Fiscalía de Barcelona, que en los próximos días tendrá que pronunciarse sobre si apoya llevar a juicio a Pierre o si, por contra, considera que no hay suficientes indicios y se debe archivar.

La denuncia fiscal fue la puntilla a una serie de actuaciones de la Inspección de Trabajo para lograr que, de una vez por todas, Glovo se atendiera a la legalidad tras su batalla con el Ministerio que encabeza Yolanda Díaz por los falsos autónomos. Después de más de un lustro de pleitos, la compañía anunció en 2025 que contrataría a sus repartidores.

El ahorro en los costes laborales que esta figura suponía se ha constatado con el ERE que Glovo ha presentado este año, que se ha cerrado con el despido de 436 repartidores, 300 menos de lo previsto inicialmente. Pierre vendió la mayoría de la empresa que había fundado a la multinacional alemana Delivery Hero a finales de 2021, si bien se mantuvo como consejero delegado.

La empresa intentó solventar su crisis de imagen producida por la causa judicial a través del fichaje de expolíticos de PSC, PP, ERC y Junts para su consejo asesor y con una foto con el president de la Generalitat, Salvador Illa, y dirigentes sindicales en el acto por los 10 años que Glovo cumplió el año pasado.

La instrucción ha contado con testigos de varios repartidores, abogados y responsables de Glovo así como diversos inspectores de Trabajo que indagaron en el funcionamiento de la compañía. Los funcionarios ratificaron que Glovo no contrató como empleados a repartidores que estaban reconocidos por los tribunales como falsos autónomos.

La defensa de Pierre, que ejercen los penalistas Cristóbal Martell y Pau Ferrer, argumenta en su petición de archivo que Glovo “implementó cambios para tratar de desvirtuar la presunción de laboralidad” que le imponía la Ley Rider, pero que de toda la instrucción de la causa “no se ha evidenciado la conducta desobediente” que determina el delito contra los derechos de los trabajadores investigado.

La defensa resalta que la causa está construida a partir de resoluciones judiciales y requerimientos de Inspección de Trabajo desfasadas, porque son anteriores al nuevo modelo que rigió las relaciones laborales con los repartidores desde agosto de 2021. Mantener como autónomos a los repartidores, alega la petición de archivo, era “perfectamente válido” y legal en España.

El escrito aprovecha para poner en duda la actuación de la Inspección de Trabajo. Menciona la defensa resoluciones de la Audiencia Nacional favorables a la empresa en su conflicto con los riders que han criticado el “sesgo y afán recaudatorio” de la Inspección, lo que, a juicio del abogado de Pierre, “apunta a la existencia de posibles motivaciones secundarias ajenas a una aproximación imparcial y neutras hacia las relaciones entre Glovo y sus repartidores”.

Llevamos un tiempo en el que muchos no reconocemos la realidad que describe la patronal, esa en la que las personas trabajadoras faltan mucho a su puesto sin ningún tipo de justificación y van al médico para que les dé la baja por cualquier nimiedad. Todo lo contrario, miramos a nuestro alrededor y vemos a gente que –ya sea por responsabilidad, por compañerismo y, en muchas otras ocasiones, por miedo a perder sus trabajos- se levantan muy temprano para acudir a su empresa con un Nolotil en el cuerpo. Sinceramente, no sé en qué entornos se mueven los dirigentes patronales para estar rodeados de tantos ‘memos’ y personas fraudulentas.

El último que se ha sumado a esta corriente de mentiras y bulos ha sido el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y lo ha hecho con unos argumentos falsos y malintencionados. Me cuesta creer que el líder del principal partido de la oposición crea que alguien en España pueda obtener una baja sin justificar. No es cierto tampoco –tal y como afirmó- que el 40% de las bajas en nuestro país sean fraude de ley ni que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.

Lo único cierto que escucho por la parte empresarial es que en España están aumentando las bajas laborales, un problema que debemos atajar con seriedad y analizándolo en profundidad. Y eso pasa por llamar a las cosas por su nombre y por no mezclar absentismo con bajas y permisos laborales. Si no tenemos claros esos conceptos, difícilmente podremos sentarnos a negociar.

Pido un ejercicio de responsabilidad. Estamos hablando de la salud de las personas. Debemos dejar a un lado las explicaciones y planteamientos superfluos para, de la mano del diálogo social y de una verdadera voluntad por solucionar las cosas, poner encima de la mesa las causas del incremento de las bajas. Tengo la sensación de que a algunos no les interesa llegar a la raíz, ya que allí, además de las demoras y el colapso del sistema sanitario público y del envejecimiento de la población trabajadora, también van a encontrar la precariedad laboral que hay en las empresas, las cargas inasumibles que tienen muchas plantillas, los riesgos psicosociales, la falta de desconexión digital… temas todos ellos que tienen mucho que ver con las condiciones laborales. Pero ya que estamos, hablemos también del ‘absentismo salarial’, esto es, de las horas extraordinarias sin cobrar que hacen muchos trabajadores y trabajadoras, así como de las enfermedades profesionales y cánceres laborales que no son reconocidos como tal.

A base de manipular datos y presentar la realidad a su antojo, la patronal viene ofreciendo un discurso que, con premeditación y alevosía, busca abonar el terreno y preparar las conciencias para, en un futuro no muy lejano, plantear recortes.

En los últimos años, los derechos y condiciones de las personas trabajadoras han mejorado como hacía mucho que no ocurría. La reforma laboral, la subida del SMI, los permisos por cuidados, la revalorización de las pensiones, los incrementos salariales en convenios gracias a la firma del quinto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)… Pero no nos engañemos, en algunos aspectos el mundo no ha cambiado tanto. Aquellos que acumulan el capital quieren seguir amasando dinero y no van a facilitar que haya un verdadero reparto de la riqueza.

Termino haciendo un llamamiento a la clase trabajadora. No permitamos que haya un retroceso en los derechos; no caigamos en la trampa que nos está tendiendo la patronal ni en sus argumentos que tratan de criminalizar a las personas trabajadoras por el hecho de caer enfermos. No perdamos la identidad de clase. Creo que en el futuro la vamos a necesitar. Nos jugamos mucho.