La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado la condena de prisión (un año y nueve meses) impuesta a un empresario por su responsabilidad en el accidente que sufrió uno de sus trabajadores -que estaba sin contrato- al ordenarle desinfectar un aljibe de ocho metros de profundidad en un hotel de Palma sin arnés, línea de vida ni equipos de protección adecuados. La sentencia lanza un mensaje claro: el empresario es el garante último de la seguridad laboral, incluso frente a posibles errores o imprudencias de sus empleados, y los incumplimientos en materia de seguridad laboral no son solo sancionables administrativamente, sino que pueden constituir delito.

La resolución declara probado que el acusado, en su calidad de administrador de la empresa de limpieza Illes Control, incurrió en una grave negligencia al instar al empleado, el 21 de junio de 2021, a descender al depósito mientras otro de los trabajadores grababa la maniobra, ausentándose el gerente del lugar a pesar de que su presencia era obligatoria por tratarse de un espacio confinado.

La operación se realizó con una precariedad de medios, utilizando una escalera enrollable sin fijación y sustituyendo los sistemas de seguridad reglamentarios por una cuerda atada entre los cinturones de ambos trabajadores, sin arneses, líneas de vida ni equipos de protección adecuados. Durante el procedimiento, el trabajador perdió el pie y cayó en una primera ocasión, lesionándose el brazo, y posteriormente volvió a precipitarse de espaldas desde una altura superior a los dos metros al intentar salir del aljibe debido al dolor y a la falta de un sistema de frenado o anclaje independiente.

Como consecuencia, la víctima sufrió diversas contusiones que requirieron 93 días de tratamiento médico y rehabilitador. La resolución concluye que el acusado no garantizó la seguridad de sus empleados al no proporcionar formación, instrucciones ni los equipos de protección individual necesarios, creando “un grave riesgo para la vida e integridad física del trabajador accidentado y del otro trabajador” al obligarles a utilizar métodos de contrapeso manual totalmente inseguros.

Durante el proceso judicial, el gerente alegó que no fue él quien ordenó al trabajador bajar, que sí existían medidas de seguridad e incluso que, en todo caso, la responsabilidad era del propio empleado al sostener que, si éste no utilizó guantes, fue por decisión propia.

La Audiencia rechaza estos argumentos amparándose en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador y señala que, para su adopción, deben tenerse en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas. Asimismo, recuerda una de las sentencias del Tribunal Supremo en la que se señala “el deber de cuidado” que los responsables de la empresa asumen “en cuanto garantes de la indemnidad del trabajador, no sólo en su actuación ordinaria sino incluso cuando ésta llega a ser descuidada por la confianza y la rutina”.

El empresario, consciente del peligro

El tribunal introduce, en este sentido, una idea clave: el empresario no puede escudarse en la conducta del trabajador cuando no ha puesto los medios necesarios para evitar el riesgo. Por ello, descarta que se trate de una simple imprudencia: los magistrados concluyen que el empresario actuó con dolo eventual, es decir, que era consciente del peligro extremo de la situación y aun así permitió que el trabajo se realizara.

La resolución judicial confirma así la sentencia de instancia al considerar acreditado que el acusado es responsable de un delito contra la seguridad de los trabajadores. Tras analizar las versiones contradictorias, la Sala determina que existe una base lógica y racional para concluir que el empresario no cumplió con sus deberes básicos de prevención, omitiendo tanto la formación técnica como la información sobre los riesgos específicos del puesto a sus empleados.

La prueba de cargo, sustentada principalmente en el testimonio coherente de la víctima y en el informe de Inspección de Trabajo, revela deficiencias de seguridad críticas. Entre ellas destaca la ausencia de un recurso preventivo durante la operación en el aljibe, la falta de puntos de anclaje seguros para las escaleras y el suministro de equipos de protección individual totalmente insuficientes e inadecuados, ya que solo se facilitaron elementos básicos como botas y casco, pero no arneses anticaída ni las líneas de vida necesarias para trabajos en altura.

Finalmente, el tribunal subraya la gravedad de la situación al constatar que uno de los operarios carecía incluso de contrato laboral. Al considerar que el relato de los hechos probados se ajusta estrictamente a la prueba practicada en el juicio oral, se desestima el recurso del acusado y se ratifica íntegramente la condena original por haber puesto en riesgo la vida y la integridad física de sus trabajadores.

Además de la pena de prisión, el condenado deberá indemnizar al trabajador con más de 5.000 euros, cantidad incrementada en un 20% por tratarse de un accidente laboral, además de intereses. La aseguradora de la empresa ya había consignado la cantidad.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La Xunta acaba de aprobar un decreto para regular el diálogo social en el que va a fijar en un texto legal la composición, organización y funcionamiento del mismo. Sobre la mesa va a tener de forma inmediata la tarea de negociar el plan anunciado por el presidente gallego, Alfonso Rueda, para dificultar las bajas laborales. Pero esas conversaciones van a tener lugar en un órgano que nace con un problema de representatividad: el sindicato mayoritario en Galicia, la CIG, ha manifestado en varias ocasiones que no se va a integrar en él, ni para esta negociación ni para ninguna otra. Se reafirma en la decisión el secretario confederal de Negociación Colectiva, Paco Sío, que expone que la postura es que ya existen órganos de representación tripartita y que, en cualquier caso, la negociación se hace centro a centro o sector a sector, con sus reivindicaciones específicas.

El decreto lo presentaron este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, que no hicieron referencia a esta falta anunciada. Manifestaron que la intención es “institucionalizar” el diálogo social, con una mesa que va a estar adscrita al departamento que dirige González, y estableciendo la norma reguladora. No es que hasta ahora no hubiese reuniones a las que estaban llamados sindicatos y patronal, sino que hasta el momento no estaban reguladas en un decreto.

El conselleiro aseguró que la idea es consolidar la herramienta, que considera “clave” en la negociación colectiva. La norma va a aparecer publicada en el Diario Oficial de Galicia en los próximos días y va a fijar las funciones de esa Mesa de Diálogo Social. Expuso que una de ellas será realizar informes sobre materias que se debaten en este órgano. Y sobre la mesa está ya la necesidad de abordar “cuestiones como el absentismo y el bienestar laboral”. Lo que se va a hacer, añadió, es analizar “las causas y consecuencias de las bajas laborales” para luego presentar un plan para reducirlas. González afirmó que la intención es que haya menos bajas que “puedan ser evitables” a través de un refuerzo en la prevención de riesgos laborales y con un mayor bienestar laboral; “evitar prolongaciones innecesarias de las bajas introduciendo avances en los procesos de gestión y control” y “luchar contra posibles abusos”.

El plan fue recibido con críticas por los sindicatos. La CIG consideró que el presidente de la Xunta estaba actuando como un “vasallo de la patronal” -el discurso del absentismo y sus impactos económicos ha centrado buena parte de los argumentos de los empresarios- y Comisións Obreiras censuró que se pusiese el foco sobre las personas trabajadoras cuando “el problema no está ahí”. Apuntan a cuestiones como las demoras en la sanidad pública, los incumplimientos en materia de prevención o el envejecimiento de las plantillas.

Con el nuevo decreto, que Sío considera propaganda, asegura que la intención de la Xunta es “poner un marchamo de legalidad” a una negociación en la que estarán la patronal y parte de los sindicatos, pero no el mayoritario en Galicia. De hecho, cree que lo que mueve al Gobierno gallego a elaborar esta norma es que en otros órganos “no controla la mayoría sindical”. El representante de la CIG recalca que órganos como el Consello Económico e Social (CES) o el Consello Galego de Relacións Laborais ya son foros en los que funciona ese diálogo social y que se va a producir una duplicidad de funciones.

El compromiso ya está sobre el papel. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha suscrito hoy con siete sindicatos el anunciado acuerdo que recoge las “bases para la reactivación” de la carrera profesional en el ámbito sanitario de la comunidad autónoma.

Catorce años después de la eliminación de este derecho para las y los trabajadores del sector sanitario durante el Gobierno de Dolores de Cospedal, otro gobierno, el de Emiliano García-Page lo recuperará tras once años al frente de la Junta de Castilla-La Mancha.

“Este es un acto de justicia y lamento que no hayamos podido hacerlo antes”, les ha dicho Page a las y los profesionales sanitarios. “Podría haber repuesto los decretos derogados el primer día. Sí. Y haberlo hecho sin acuerdo. Lo cierto es que no había dinero y hoy no nadamos en la abundancia”, ha comentado.

El presidente regional ha agradecido a los sindicatos que, a pesar de lo dilatado del tiempo sin la carrera profesional, las pancartas de reivindicación en la calle hayan sido “recientes”. Su consejero de Sanidad Jesús Fernández Sanz ha destacado lo “discreto” de una negociación “con poco ruido”, pero muy larga.

“Hay personas que dicen que llevamos dos semanas trabajando. No. Llevamos once años”, incidía el consejero para anunciar que “el nuevo modelo” se garantizará a través de una ley para “refrendar y proteger el futuro de carrera profesional”.

El acto para la firma del acuerdo se celebraba en una de las salas del Palacio de Fuensalida donde los siete sindicatos firmantes -todos presentes salvo USICAM- respiraban satisfacción, optimismo e incluso se dejó notar un punto de emoción en los discursos, pero también dejaron claro que este acuerdo no es la meta, sino el comienzo para nuevas mejoras. El acuerdo beneficiará a 35.000 profesionales del sector sanitario de la región y será efectivo a partir de enero de 2027.

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Alberto Jara, destacaba este acuerdo “anclado en el diálogo, el consenso unánime, la humildad, la prudencia y la transparencia”, y con “muchos borradores de por medio”, los sindicatos han sido unánimes al destacar que se ha recuperado “la dignidad” profesional.

El responsable de Sanidad de UGT en Castilla-La Mancha, Fernando Peiró, ha querido aclarar que la carrera profesional “no es una herramienta de reconocimiento económico”, o no solo, sino que también valora la experiencia o la formación continua y es una “medida de justicia y dignidad profesional”.

Tras destacar la disposición al diálogo del Gobierno autonómico ha advertido: “Todavía quedan aspectos por concretar” y sobre todo que la ley lo blinde “con un nuevo modelo de carrera profesional” porque “invertir en las personas que cuidan del sistema sanitario es invertir en la calidad del sistema”.

Todavía quedan aspectos por concretar y una ley lo blinde con un nuevo modelo de carrera profesional

Fernando Peiró — Responsable de Sanidad en UGT

“Gracias por devolvernos la autoestima. Éramos los únicos sin reconocer el trabajo del día a día”, ha dicho Jorge Curiel, presidente del sindicato médico (CESM). “La gente está contenta y es un motivo más para implicarse en el cuidado y la búsqueda de la excelencia. Espera que sea el inicio de otros pactos”.

Gracias por devolvernos la autoestima. Éramos los únicos sin reconocer el trabajo del día a día. La gente está contenta y es un motivo más para implicarse en el cuidado y la búsqueda de la excelencia. Espera que sea el inicio de otros pactos

Jorge Curiel — Presidente de CESM Castilla-La Mancha

Resuelta la reivindicación en el plano regional, Curiel ha recordado que los médicos y facultativos mantienen todavía un pulso con el Ministerio del ramo. Ha pedido “coordinación” a la Consejería de Sanidad para negociar el Estatuto Médico a nivel nacional “porque están pasando cosas por arriba que no deben pasar. Castilla-La Mancha tiene derecho a una financiación autonómica adecuada”, reclamaba.

Después, Pilar Ramos, responsable de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha destacado que este “no es un día cualquiera” para el sector. “Con la memoria intacta tras 14 años largos de bloqueo. Fruto de la movilización y de la negociación colectiva. No es solo cuestión económica sino de justicia” porque “la Sanidad es un engranaje en el que cada pieza es fundamental. Todos ven reconocido su derecho al progreso profesional. Es reconocer a los que cuidan y curan a nuestros ciudadanos”.

En su opinión, la reactivación de la carrera profesional “atraerá talento, también de los que se fueron a otros servicios de salud”, aunque ha advertido que la firma de hoy “es un punto de inflexión, pero no es la meta final. Quedan recortes por revertir”.

La carrera profesional atraerá talento, también de los que se fueron a otros servicios de salud

Pilar Ramos — Federación de Sanidad de CCOO

Ana Isabel Fernández, presidenta de Sanidad en CSIF ha hablado de “14 años de injusticia que nunca debió existir. Era una herida abierta en la dignidad de quienes sostienen nuestro sistema de salud” y ha destacado el “paso necesario y valiente por parte de la Administración pública”.

Han sido 14 años de injusticia que nunca debió existir. Era una herida abierta en la dignidad de quienes sostienen nuestro sistema de salud

Ana Isabel Fernández — Presidenta de Sanidad en CSIF

Durante su intervención ha recordado a quienes perdieron la vida en la pandemia “y no han podido llegar a este momento”. Por eso, decía, “este acuerdo es un homenaje a su memoria”, también ha recordado a quienes se jubilaron sin poder tener acceso a este derecho y a “quienes enfermaron durante la pandemia y siguen cargando con las secuelas”. El trabajo de los y las sanitarias durante la crisis de la COVID-19 ha citado en varios momentos del acto.

Desde USAE, la secretaria autonómica de este sindicato de Enfermería, María José Soria, ha destacado el “compromiso y la voluntad de diálogo por la dignidad profesional”.

Este acuerdo supone decir a miles de profesionales que su esfuerzo tiene valor. Ganan la sanidad pública, el diálogo y los profesionales

María José Soria — Secretaria autonómica de USAE

“Este acuerdo supone decir a miles de profesionales que su esfuerzo tiene valor. Ganan la sanidad pública, el diálogo y los profesionales. Hoy hablamos de justicia, dignidad y futuro”, ha dicho.

El secretario general de SATSE, Juan Francisco Ruiz ha destacado que se ponga fin a “una etapa negra de 14 años, que ha eclipsado otros avances que hemos tenido en la Sanidad pública”. A disposición del SESCAM para llevar el acuerdo a la práctica cuando antes. Y espera “que se produzca de forma ágil”, ha deseado.

Se pone fin a una etapa negra de 14 años, que ha eclipsado otros avances que hemos tenido en la Sanidad pública

Juan Francisco Ruiz — Secretario autonómico de SATSE

Page: “Es un buen día”

El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page ha cerrado un acto que, ha reconocido, “no sabía cómo enfocar”, así que ha optado por “echar mano de un punto de sinceridad”.

“Este es un buen día”, ha asegurado, tras reconocer que le hubiera gustado recuperar “antes” la carrera profesional sanitaria. Eso sí, aclaraba, “no hubiera consentido mejorar las condiciones de los trabajadores, a costa de cuestionar los servicios. Eso es lo que nos ha frenado estos años”, ha explicado. “Cuando entramos teníamos dificultades para pagar las nóminas”.

Ha agradecido a los profesionales que pusieran “a los pacientes por delante” todo este tiempo y a los negociadores que hayan trabajado el acuerdo “con tesón, paciencia y persuasión”. Ha dejado caer que no ha sido fácil. “Desde que tomé posesión del cargo todo ha sido una carrera y lo sigue siendo”, decía, y no solo porque se había recortado en Sanidad, sino porque también se hizo lo propio en Educación, Dependencia o infraestructuras públicas. “La situación era angustiosa”, aseguraba. “Alguien dirá que no había más remedio”.

También ha recordado que este acuerdo “no lo paga Page, sino los ciudadanos con sus impuestos” y ha recordado su intención de blindarlo por ley “aunque se pueda derogar” porque, en todo caso, “siempre es más complicado que derogar decretos”.

Sobre el futuro ha advertido de la situación económica. “Las autonomías estamos muy mal financieramente. Y no habrá quien diga -la palabra recortar está muy denostada- que hay que ajustar en un futuro”. En este punto ha recordado que “en destrozar se tarda poco pero construir es más arduo porque es a costa de más ingresos o de más impuestos”.

Las autonomías estamos muy mal financieramente. Y no habrá quien diga -la palabra recortar está muy denostada- que hay que ajustar en un futuro

Emiliano García-Page — Presidente de Castilla-La Mancha

Después se ha referido a los retos en la Sanidad pública que considera “inmensos”. “Yo no será presidente cuando este escenario se plantee, pero ¿cuánto habrá cambiado el sistema con la IA?”, se ha preguntado. “Es un reto en la función pública”, ha asegurado, dirigiéndose a los sindicatos.

También ha atribuido que ahora haya una peor percepción del estado de la Sanidad al “frentismo” y después ha pedido “ayuda” a los sindicatos para un pacto de Estado: “Al menos un pacto por el gasto farmacéutico en su conjunto y el hospitalario también” porque “hay que garantizar la sostenibilidad del sistema”.

Los recursos no son infinitos ni tampoco la gratitud. No se va a arreglar cargando más el bolsillo al ciudadano. España tiene que seguir creciendo, pero tiene que llegar a acuerdos en materia de financiación autonómica

Emiliano García-Page — Presidente de Castilla-La Mancha

Cree que “los recursos no son infinitos ni tampoco la gratitud. No se va a arreglar cargando más el bolsillo al ciudadano. España tiene que seguir creciendo, pero tiene que llegar a acuerdos en materia de financiación autonómica. O la hay, o al menos para el gasto sanitario”, decía para reclamar un “girar a un modelo preventivo más que curativo”.

Se ha referido también a las listas de espera sanitaria. “Hoy hay más en la privada que en la pública y cuando las cosas se ponen difíciles los de la privada mandan a la pública”.

“Recuerdo que en una de las entrevistas para el libro, una mujer defendía ser autónoma para Glovo y Deliveroo porque podía usar el tiempo como quisiera. El ejemplo que puso era que eso le permitía no trabajar en los últimos meses de su embarazo y después del parto. Es decir, no sabía que si trabajase por cuenta ajena podría acogerse a una baja por maternidad. Vivía disociada de los derechos laborales”.

Durante la presentación del libro de autoría colectiva Nómadas digitales y precarización algorítmica (Editorial Catarata, 2026), Francisco Fernández-Trujillo (uno de sus coordinadores) contaba esta anécdota para ilustrar una de las principales estrategias que el conocido como capitalismo de plataforma utiliza para crear o reforzar nuevas formas de dominio: el desconocimiento.

No es la única herramienta, ya que este ensayo aborda también cómo determinadas compañías que en un principio prometieron el auge de una nueva economía colaborativa han acabado aprovechándose de la inestabilidad laboral, las situaciones de ciudadanía irregular, la soledad y el aislamiento vinculados a los procesos migratorios, las ansias de ascenso social, la acuciante necesidad de vivir experiencias o hasta la crisis habitacional que las propias plataformas fomentan para precarizar aún más las condiciones de los segmentos más vulnerables de la población.

Con esta premisa, el libro que Jorge Sequera y Ana Santamarina coordinan junto a Fernández-Trujillo (muy vinculado al Grupo de Estudios Críticos Urbanos o GECU) parte de un sugerente planteamiento que analiza desde varias perspectivas a lo largo de sus siete capítulos: ¿y si este nuevo modelo de capitalismo de plataforma provoca que los nómadas digitales y los expats, pese a proceder mayoritariamente de países del norte global o clases sociales más elevadas, sucumban y acepten la precarizacion (aunque adopte otros modos) como lo hace un rider o una trabajadora de limpieza que encuentra clientes con una aplicación?

Disponibilidad y 'fomo', dos armas digitales para que el trabajo colonice la vida

La definición recogida en el ensayo presenta este capitalismo de plataforma como “la reorganización de la acumulación en torno a plataformas digitales que intermedian, controlan y monetizan interacciones entre usuarios, proveedores y anunciantes”. Y añaden: “Lejos de producir valor mediante el trabajo directo, estas plataformas se apoyan en el control de infraestructuras digitales y la extracción de rentas asociadas a su posición de intermediación privilegiada”.

Pablo Martínez, coautor de un capítulo sobre los expats en Barcelona, resume este rediseño y estas nuevas formas de control con un ejemplo: “El propietario de varias viviendas en la ciudad que alquilaba a través de Airbnb ponía un mensaje en el grupo de WhatsApp que tenía con las mujeres que trabajaban limpiándolos y arreglándolos cuando uno se quedaba vacío. La primera en responder, se ocupaba de ello”.

Así, herramientas asociadas originalmente a una idea de flexibilidad han acabado derivando en que los empleos asociados a ellas requieran una disponibilidad total y permanente. Todo ello además en una especie de pirámide o interrelación de aplicaciones, como muestra el uso cruzado de Airbnb y WhatsApp en el caso anterior. Por regla general, una mujer migrante en Barcelona que trabaja para hospedajes de Airbnb necesitará acaparar cuanto más recursos económicos pueda, así que si puede acumular horas y encargos tratará de hacerlo, aunque ello implique estar pegada al móvil (tiempo que no computa como dedicación laboral cuando realidad lo es).

Lo curioso es que ambas dinámicas operan también en el caso de los expats o los nómadas digitales, como ilustra una idea del ensayo: el fomo (feor of missing out o miedo de quedarse fuera) como vía para tolerar la precariedad a través de una imposición de la movilidad, que se presenta como un concepto atractivo. Además, el tiempo libre o de ocio se difumina con lo laboral a través de espacios de coworking. Para muchos migrantes temporales procedentes de países con “pasaporte fuerte” (Europa, Estados Unidos o Australia), los espacios de trabajo constituyen también los únicos espacios de socialización. Y si hay alternativa es también digital, apps sociales como Meetup o de citas, como Tinder. De ellos salen sus amigos y las actividades que llevan a cabo, muchas veces de espaldas a los ritmos habituales de la ciudad. De hecho, Martínez cita el lamento de estos habitantes pasajeros ante su imposibilidad de “vivir la ciudad real”.

La idea de desarraigo resuena tanto en el colectivo de empleadas de plataformas digitales de trabajos domésticos como en el 'coworking'

Cristina Barrial Berbén — Doctoranda en la Universitat Oberta de Catalunya y coautora del libro 'Nómadas digitales y precarización algorítmica'

Los autores analizan los expats como “aquellos extranjeros altamente cualificados que se trasladan fuera de sus países por iniciativa propia para conseguir un empleo de forma temporal”. El origen foráneo, la alta cualificación profesional o de nivel académico y el carácter no definitivo de su migración son las características claves. La conceptualización presenta algunas diferencias con la de nómada digital, “un profesional de las tecnologías de la información, contratado por una empresa del norte global, que trabaja a distancia en ciudades de países con menor poder adquisitivo, aprovechándose de los costes de vida más asequibles, aunque el concepto se ha ampliado para incluir otras profesiones de prestación de servicios virtuales como contables, profesores o traductores”. El expat sería, por tanto, un nómada digital con una posición laboral algo más estable y una implantación en el territorio un poco más prolongada.

La presentación en la librería Traficantes de Sueños de Madrid, el pasado miércoles 15 de abril, ahondó en la conexión y las divergencias entre ambas figuras, así como el vínculo con otras formas de precarización algorítmica. Formas diversas de lo que Fernández-Trujillo describe como un “dominio capitalismo contemporáneo, que pasa a su vez por el dominio del espacio y de la vida cotidiana en la on demmand city [ciudad bajo demanda]”.

Del análisis a la respuesta: fantasías que se desvanecen y vínculos cotidianos

Hay dos cosas especialmente interesantes en Nómadas digitales y precarización algorítmica. Por un lado, su variedad de objetos de estudios y enfoques. Van del mercado inmobiliario y el choque de modelos urbanos en la Castellana de Madrid a la etnografía de las empleadas dedicadas a los cuidados o las labores del hogar en Milán, pasando por las diversas formas de control plataformizado en la cadena logística o la siniestra ideología detrás del proyecto de atracción tecnológica en Málaga (cuya concepción aparentemente innovadora estaría en realidad mucho más cerca de las lógicas del pelotazo habituales en el sector de la construcción).

La segunda gran baza de la obra es su afán por construir respuestas y alternativas. Lo hacen, primero, desmitificando conceptos y sacando a relucir flaquezas del modelo. Así, Pablo Martínez cuenta que “el deseo de ser nómada digital dura muy poco y atañe a una edad muy concreta alrededor de los 26 o 27 años”. En las entrevistas de cara a su estudio, elaborado junto a Jose Mansilla y Guillermo Aguirre, detectaban que la mayoría de expats que rebasaban la treintena mostraban cierto hartazgo y ganas de abandonar ese inestable estilo de vida. Un proceso en el que tiene mucho que ver “el afecto”: “Llegan por el deseo y se van por la soledad. Los nómadas también tienen sentimientos”, comenta entre las risas del público.

El deseo de ser nómada digital dura muy poco y atañe a una edad muy concreta alrededor de los 26 o 27 años. Llegan por el deseo y se van por la soledad. Los nómadas también tienen sentimientos

Pablo Martínez — Investigador en el Grupo de Estudios Urbanos de la UNED y coautor del libro 'Nómadas digitales y precarización algorítmica'

Cristina Barrial Berén, que analiza las plataformas de trabajo doméstico junto a Alina Dambrosio y Ana Santamarina, apunta que “la idea de desarraigo resuena tanto en este colectivo de empleadas como en el coworking”. Destaca que el sector de los cuidados con intermediación digital se encuentra “infraestudiado” por mucho que esté creciendo “exponencialmente” en el sur de Europa, muy asociado a regímenes migratorios. La digitalización se introduce así en un sector “que no es nuevo ni cool”, al tiempo que nació y se expande “desregulado, feminizado y racializado”. Opera por tanto “sobre una carencia histórica”.

Ahora bien, esa limitación arrastrada es también una fuente para superar las imposiciones del capitalismo de plataforma. La existencia de potentes sindicatos u organizaciones ligadas al trabajo doméstico en Madrid, a diferencia de la otra urbe analizada (Milán), crea sinergias entre trabajadoras que les permiten conocer y responder a los abusos de plataformas como Cuideo. También organizarse para protegerse de potenciales clientes peligrosos. E incluso abandonar la plataformización al dar con nuevos clientes. Aunque, curiosamente, esta vía aparece en muchas ocasiones sin ninguna otra mediación externa. Así, una limpiadora o una cuidadora que contactan con alguien con una aplicación acaban por seguir quedando o por ser contratadas al margen de la herramienta digital.

Otra derivada es que las plataformas crean una especie de enemigo común en un tipo de empleo tradicionalmente diseminado, en el que cada trabajadora tenía su propio jefe. Un fenómeno similar al de los VTC, que es precisamente el sector del capitalismo de plataformas con mayor implantación sindical. Así, los negocios digitales no están exentos a las resistencias cotidianas que contestan a otros modelos de dominio laboral anteriores.

Las plataformas digitales y las “clases emergentes o distorsionadas”

Eso no significa, como apunta Fernández-Trujillo, que no haya que atender a las “condiciones contextuales de las propias plataformas”. Más bien, que “no hay ni mucho ni poco nuevo en el capitalismo de plataforma respecto del neoliberalismo”. Jorge Sequera, director de GECU, apela asimismo a la vuelta a modelos previos del capitalismo a través de maniobras como los puestos de nómadas digitales asociados a una alternativa habitacional en un contexto de crisis de la vivienda: “No es solo una cuestión de que la ciudad constituya un salario en sí mismo, aunque sea emocional. Es que si te despiden, además, puedes perder la casa. Eso crea una doble vinculación y una vuelta atrás a la vinculación entre patrón y obrero por parte de estas plataformas de control algorítmico y disciplinamiento de los cuerpos”.

Lo más preocupante es la desmovilización, de la que las plataformas se han alimentado por sus propias condiciones ligadas a la temporalidad o la informalidad extrema. Por suerte aparecen maneras de agencia que atraviesan el sabotaje o el apoyo mutuo

Francisco Fernández-Trujillo — Profesor en la Universidad Complutense de Madrid y coautor de 'Nómadas digitales y precarización algorítmica'

“Hay dinámicas que se asientan en la estructura de clases. Es el caso de la logística en toda su extensión, desde los contenedores en Países Bajos hasta la última milla que cubren los riders. Continuidades que se repiten en el trabajo doméstico, en el que la disponibilidad y el uso del tiempo construyen una relación que se da en términos de clase”, expone Francisco Fernández-Trujillo. A través de estos planteamientos, esboza la idea de “clases emergentes o distorsionadas”. Puede que enfade a más de un marxista clásico, pero cree que es una poderosa herramienta en el actual momento político: “Vemos sujetos que ceden tiempo a una nueva clase media que lo usa para consumirlo. Para subcontratar, para descansar, producir o para una reproducción social más agradable, como puede ser cuidar de tu hijo en vez de planchar”.

Una novedad que también genera “formas sindicales nuevas”, como declara el investigador a Somos Madrid: “Lo más preocupante es la desmovilización, de la que estas plataformas se han alimentado por sus propias condiciones ligadas a la temporalidad o la informalidad extrema. Por suerte aparecen maneras de agencia que atraviesan el sabotaje o el apoyo mutuo. Ha costado, pero ahora hasta los sindicatos más tradicionales se están volcando en un modelo que no les beneficia, pero que deben tener en cuenta. Están empezando a lograr victorias sindicales o legislativas”.

Desde punto de vista, la Ley Rider o la reciente regularización extraordinaria de migrantes “no acaban con la precarización”, pero “eso no quiere decir que sean reformas negativas”. Sobre todo si consiguen revertir o mitigar las características de inestabilidad que los gigantes digitales aprovechan para alienar a sus empleados: “La respuesta de la plataforma es adaptarse y eso puede resultar en trabajos menos precarios”.

CCOO ha denunciado los despidos de Geacam, la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, que recaen sobre personas que han sido declaradas por la mutua como no aptos para la extinción de incendios, en lugar de adaptar sus puestos de trabajo o recolocarles en otros, tal y como recoge el convenio colectivo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El presidente del Comité de Empresa de Geacam, Manuel Amores, ha informado este jueves de los despidos que el pasado año y este está llevando a cabo la empresa responsable del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Castilla-La Mancha, “incumpliendo la normativa en materia laboral y el propio convenio colectivo”.

16 personas despedidas al no superar el reconocimiento médico

Se trata de un total de 16 trabajadores y trabajadoras -4 en Guadalajara, 3 en Cuenca, 1 en Toledo, 2 en Ciudad Real y 6 en Albacete- que, tras no superar el reconocimiento médico y se declarados no aptos para la extinción, se les ha despedido, dejándoles en una situación complicada después de haber prestado servicio entre 30 y 40 años.

Manuel Amores ha indicado que “muchas de estas personas rondan los 60 años y viven en zonas vulnerables donde encontrar trabajo es una misión imposible, lo que significa que se les está mandado al desempleo sin visos de poder volver a trabajar”.

Amores ha explicado que según establece la Ley de Prevención lo primero que debería hacer la empresa es adaptar el puesto de trabajo de las personas no aptas o reubicarlas en otros puestos. Y eso se está haciendo con algunas personas de extinción a las que recolocan en las torres de vigilancia pero, aclara, “lo que ocurre es que esto sólo es posible durante los 100 días que dura ese período y después las mandan a 300 kilómetros de distancia, de tal forma que no les compensa trabajar con esas condiciones”.

No cumple la ley, pero tampoco el convenio según el sindicato

Por otro parte, el convenio colectivo recoge para estos casos la posibilidad de solicitar la extinción del contrato con una indemnización a razón de 40 días por año trabajado por un máximo de 24 mensualidades, pero la empresa tampoco lo está cumpliendo y se está ciñendo al Estatuto de los Trabajadores que establece 20 días por un máximo de 12 mensualidades.

Amores ha lamentado que una empresa pública, con dinero público, actúe de esta manera y ha pedido a la dirección que tome cartas en el asunto para buscar una solución en lugar de dejarlo en manos de los tribunales.

Por su parte, el delegado de CCOO en Cuenca, Alejandro García, ha señalado que Agecam está reproduciendo el mismo patrón de inclumplir la Ley de Prevención en todas las provincias con las personas no aptas, y se ha referido al caso concreto de una trabajadora con una discapacidad declarada del 34% que solicitó la adaptación del puesto del trabajo.

“La empresa, lejos de evaluar su situación y de evaluar las vacantes para reubicarla, ha optado por cambiarle el contaro de indefinida a fija discontinua, es decir, la solución ha sido recortarle derechos”, ha indicado. La única salida, según lamenta, de momento, es acudir a los tribunales.

El sindicato CIG, que es el mayoritario en Galicia, ha convocado las primeras movilizaciones contra el plan anunciado por la Xunta para dificultar las bajas laborales a los trabajadores. Este jueves están previstas concentraciones a mediodía en las siete principales ciudades y en Vilagarcía de Arousa, ha informado la organización, que ha puesto en marcha una campaña informativa y de protestas para “desmontar las mentiras con las que la patronal y el Gobierno gallego pretenden responsabilizar a la clase trabajadora”.

Cuando el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció sus intenciones, la CIG reaccionó acusándolo de ser “vasallo de la patronal” y criticó que pusiese el foco sobre las plantillas en lugar de reforzar la sanidad pública para evitar demoras o destinar más fondos a políticas de prevención de riesgos laborales y examinar que las empresas cumplen. Para el sindicato, lo que busca la Xunta ees “culpabilizar a las personas trabajadoras por enfermar”. Por ello, señala, el lema elegido para las protestas es “A saúde é un dereito, enfermar non é delito”.

Antes de las concentraciones de este jueves, la CIG hará asambleas de delegados para tratar esta cuestión. Además, ha manifestado que no tiene intención de participar en las negociaciones del diálogo social que la Xunta va a convocar para tratar el plan. En cualquier caso, el presidente gallego ya avanzó que las medidas se van a implantar con o sin acuerdo en estas conversaciones, a las que están llamados los principales sindicatos de clase y la patronal.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sabe de antemano que el representante de su gobierno que se siente en el diálogo social para abordar el plan sobre las bajas laborales se va a encontrar con una postura crítica de los sindicatos y con el respaldo entusiasta de la patronal. Pero este lunes ha dejado claro que el proyecto no depende de que haya un acercamiento en las negociaciones y que va a salir adelante con acuerdo o sin él. El jefe del Gobierno gallego ha insistido en la defensa de sus intenciones para redoblar el celo que se pone en el control de las incapacidades temporales: “Creemos que es necesario actuar y actuaremos”. No hay, insistió, otra alternativa.

El plan fue el anuncio que centró la atención en el debate sobre el estado de la Autonomía de la pasada semana. Rueda avanzó que su equipo va a “pisar el acelerador” con un programa que busca limitar las bajas laborales: una unidad específica va a revisar las bajas -aunque, en realidad, las decisiones ya dependen de médicos-, con especial atención a los motivos más frecuentes, que son lesiones musculoesqueléticas y problemas de salud mental. Además, se aceptarán las propuestas de alta de las mutuas salvo que algún elemento genere dudas, en cuyo caso se citará a la persona de baja para revisar su estado.

Las reacciones no se hicieron esperar: la CIG, que es el sindicato mayoritario en Galicia, consideró a Rueda “un vasallo de la patronal” y avanzó que no se va a presentar al diálogo social; Comisións Obreiras censuró que el foco se ponga sobre las personas trabajadoras, cuando el problema “no está ahí”, sino, en su opinión, en las listas de espera en la sanidad o en una patronal que descuida la salud laboral. UGT se mostró a favor de dialogar, pero con la advertencia de que lo que ve en este plan es una crítica a la propia gestión de la Xunta porque considera que el problema son las demoras para ser atendido por un médico o hacerse una prueba.

Hubo más posturas contrarias a las intenciones anunciadas por la Xunta: BNG y PSdeG votaron en contra de apoyar las medidas propuestas; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, las consideró ilegales y anunció que las recurrirá ante el Tribunal Constitucional; y la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria se refirió a las propuestas como “disparatadas”. A pesar de todas estas críticas, Rueda asegura que “hubo muchas reacciones positivas”. Las que han trascendido públicamente son las de su partido, el PP gallego, y la de la Confederación Galega de Empresarios (CEG), que hace tiempo que adoptó el discurso del absentismo y pide medidas para combatirlo.

El presidente gallego aseguró este lunes, en respuesta a varias preguntas sobre su plan, que “lo más cómodo sería no reaccionar frente a lo que todos coinciden en que es un problema que afecta a la productividad”. Cargó contra quienes piden retirar el proyecto porque considera que, con las explicaciones que él ha dado hasta ahora, no lo conocen. Se dirigió en especial a Yolanda Díaz y consideró que es una “irresponsabilidad” anunciar un recurso contra una medida que “no sabe en qué consiste”. Pidió “un poco de tiempo” para ir presentando detalles del plan. El primer paso, dijo, es llevarlo al diálogo social para poder tener la estrategia elaborada este semestre. Si no hay consenso, avisó de que su equipo gobierna apoyado en la mayoría absoluta del PP, que recibió votos para “resolver problemas”.

Rueda defendió, en respuesta a una pregunta sobre si asume responsabilidades por el impacto de las listas de espera sanitarias en los tiempos que esperan personas de baja pendientes de pruebas y consultas, que el plan busca mejorar el funcionamiento de la administración y complementarlo con refuerzos, como el de las mutuas privadas. Aseguró también que no está poniendo en duda la labor de los sanitarios que conceden las bajas ni acusando a los trabajadores de cometer fraude. Trató de ilustrarlo comparando las incapacidades temporales, que no son posibles de partida sin la supervisión de un médico, con los incumplimientos al volante: “Es como decir que no hay que perseguir las infracciones de tráfico porque la mayoría de la gente no las comete”.

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha registrado iniciativas en el Congreso para instar al Gobierno a revertir las modificaciones introducidas por el Real Decreto 453/2022, y garantizar la protección efectiva de las personas afectadas por accidentes laborales frente a los “criterios restrictivos” que están aplicando las mutuas, y que “implican eliminar las compensaciones por desplazamientos y estancia para asistir a tratamientos médicos”.

Según ha señalado el BNG y recoge Europa Press, la modificación supuso una “clara regresión” en los derechos de las personas trabajadores que sufrieron accidentes laborales con secuelas. Así, se permite a las mutuas determinar el porcentaje de gastos que van a cubrir, según “criterios discrecionales”, y eso supone en la práctica “una reducción significativa de las prestaciones”.

Néstor Rego ha advertido de que esta situación está teniendo “efectos muy lesivos” para las personas afectadas, que necesitan desplazarse regularmente, a veces con acompañantes, para recibir atención sanitaria, y que ahora tienen que asumir gastos que antes estaban cubiertos por las mutuas.

Con la entrada en vigor de los cambios, las mutuas dejan de pagar íntegramente esos gastos y los sustituyen por aportaciones mínimas condicionadas a la evaluación de una Comisión de Prestaciones Especiales. Esta Comisión “está concediendo cantidades claramente insuficientes, lo que implica un recorte encubierto y una transferencia de costes a las personas afectadas”.

Para el diputado nacionalista, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social “es plenamente consciente del impacto negativo de esta modificación normativa”, por lo que reclama al Gobiero la “derogación inmediata” de la Disposición Final Primera, apartado 1 del artículo 67, introducida por el Real Decreto 453/2022, y la recuperación del marco normativo anterior.

“Es imprescindible garantizar que las mutuas asuman la totalidad de los gastos derivados de los desplazamientos, estancias y cuidados necesarios para el seguimiento médico de las personas afectadas por accidentes laborales”, ha insistido Rego.

La Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec) rechaza la medida propuesta por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el debate de política general de crear unidades especializadas para revisar las bajas de trabajadores que ya pasan por sus médicos. La tachan de “disparatada” y aseguran que se debe a una “preocupación meramente económica”.

La asociación rechaza que el objetivo de la medida sea dar respaldo a los médicos de familia, después de que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, asegurase que “no son unidades para auditar a nadie, ni represoras”, y que su única función es “ayudar”, recoge Europa Press. Los médicos, sin embargo, aprecian únicamente una preocupación por el coste económico y no por los profesionales.

Agamfec cree que la Xunta busca “la manera de que las empresas no sufran pérdidas tanto desde el punto de vista de ingresos como de productividad”. Lamentan la falta de un diagnóstico “correcto” de la situación y, por tanto, “el tratamiento va a ser disparatado”. “Nunca se han planteado apoyarnos para hacer las cosas mejor y esto no va a ser la excepción”, señalan.

Son 52 las iniciativas que se han aprobado en el debate sobre el estado de la Autonomía, aunque la mayoría de ellas no han logrado el acuerdo general del Parlamento gallego. Solo once han conseguido el respaldo unánime de los cuatro grupos, entre ellas una que hace un reconocimiento a las víctimas de ETA, otra que pide protección para las víctimas de violencia machista y otra sobre el traspaso de la AP-9. Entre las propuestas que han contado con el voto negativo de la oposición está el plan anunciado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para dificultar el derecho a la baja laboral de los trabajadores. Tanto BNG como PSdeG la han rechazado, frente al apoyo del PP y la abstención de Democracia Ourensana, que tiene un único diputado en la Cámara gallega.

El PP intentó un acuerdo con DO y el PSdeG sobre el plan sobre las incapacidades temporales. Les remitió el jueves una redacción distinta a la registrada inicialmente en la que señalaba que el objetivo es presentar en un plazo de tres meses un documento para disminuir el “absentismo laboral”, elaborado con “el máximo respeto a los derechos laborales y desde la escucha activa del tejido empresarial y de las organizaciones sindicales”. No hubo resultados, de modo que la redacción que se aprobó finalmente fue la original del PP: una petición para que se ponga en marcha “un procedimiento común entre las Unidades de Inspección e Control da Saúde Laboral para la valoración de pacientes en situación de incapacidad temporal”.

El anuncio de este plan que pone el foco en el personal de baja laboral recibió críticas tanto de BNG como del PSdeG. La portavoz de los socialistas en el debate, Lara Méndez, se refirió al “plan estrella” del presidente gallego que señaló que “lo que quiere es perseguir, como siempre, a los trabajadores”. Por parte del BNG, Olalla Rodil cargó contra Rueda por haber presentado como medida para quienes “no viven en la arcadia feliz del PP” la de que “va a poner todo su empeño para dificultar la baja” a quienes tienen problemas de ansiedad, depresión o dolores musculares. “Porque para el PP los trabajadores de este país somos unos vagos y maleantes y los médicos que dan las bajas, unos defraudadores”, acusó. Y afeó que no hubiese “ninguna reflexión, ni un solo segundo” sobre los accidentes laborales mortales, que provocaron 43 víctimas en 2025 en Galicia.

Por parte del PP, Alberto Pazos Couñago hizo una única referencia a la medida. Fue para cargar contra la oposición y acusarla de hacer una “confusión interesada”: “No perseguimos a los trabajadores, queremos perseguir el fraude”. Poner un mayor celo en la revisión de las incapacidades temporales y crear una unidad que revise las decisiones de los propios médicos es, según el diputado popular, “blindar los derechos de los trabajadores”.

La mayor parte de las propuestas aprobadas -que son una declaración de intenciones, pero no obligan a la Xunta- parten del PP, que tenía garantizado que iba a sacar adelante sus 40 iniciativas con su mayoría absoluta. A ellas se suman nueve textos que partieron de Democracia Ourensana, uno del BNG -para que la Xunta elabore este año un plan de gestión integral del agua- y dos del PSdeG , referidos a que los centros educativos estén dotados con suficiente profesorado de apoyo, incluidos especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y a garantizar que el acceso a la cultura sea inclusivo y que en los proceso para elegir las direcciones de entidades artísticas haya equidad.

El PP rechazó con sus votos un acuerdo entre BNG y PSdeG sobre los usos del Pazo de Meirás y la reclamación de que el énfasis se ponga en la memoria democrática. Los dos grupos de la oposición también se unieron a favor de una propuesta registrada por los nacionalistas para reclamar a Rueda que se disculpe por considerar “vagos y defraudadores” con el plan sobre las bajas laborales. Sin sorpresas, el PP tumbó la petición.

Con esta votación concluyó el que se considera el principal debate de política anual en el Parlamento gallego, que en esta ocasión coincidió con la mitad del mandato de Rueda. El presidente compareció en la apertura, el miércoles, para hacer un balance triunfalista de las medidas puestas en marcha desde que llegó a la Presidencia de la Xunta -por segunda vez, la primera fue en 2022 para sustituir a Feijóo, pero sin elecciones-. Aseguró que el 85% de sus promesas están cumplidas y propuso como principal novedad un plan para dificultar las bajas laborales, con una unidad específica para controlar los trámites que hacen los médicos y un mayor peso de las mutuas privadas. Todo ello con el argumento, idéntico al de la patronal, de que lo que hay es “absentismo”, un cuestionamiento indirecto de que las incapacidades temporales estén bien decididas y llamadas de atención sobre el impacto económico.

El plan de la Xunta de Alfonso Rueda para dificultar el derecho a las bajas médicas de los trabajadores se ha encontrado ya con críticas de los sindicatos, de los partidos de la oposición y del Gobierno central. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo tacha de ilegal y avisa de que lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Considera que lo que hace el presidente gallego con las medidas anunciadas es poner en cuestión la profesionalidad de los sanitarios y “su propia gestión de la sanidad gallega”, además de privatizar este ámbito por el refuerzo de las mutuas.

Rueda hizo el anuncio durante su discurso en el debate sobre el estado de la Autonomía, en el que elevó a asunto “urgente” el de la cantidad y duración de las incapacidades temporales en Galicia. El motivo, que están “lastrando la productividad” de la economía. La Xunta va a poner el foco en ello con un “programa integral de abordaje” que va a implicar la creación de una unidad que controlará las bajas y que estará centrada en las más habituales, que son las derivadas de lesiones músculoesqueléticas y problemas de salud mental “menores”, expuso. Además, el Gobierno gallego anuncia que va a reforzar el papel de las mutuas privadas y que, si hacen una propuesta de alta, la inspección sanitaria la va a ratificar. Solo en caso de duda va a citar al trabajador o trabajadora para verificar su situación.

Estas propuestas son “absolutamente ilegales”, según la ministra de Trabajo, que considera que hay una invasión de competencias estatales. “Si esta medida se materializa, anuncio que vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional”, insistió, en unas declaraciones a los medios antes de participar en un acto en A Coruña. Cargó, en concreto, contra la creación de un órgano específico de control y la intención de “privatizar aún más” algo sobre lo que quienes tienen competencia son, “en primer lugar, los médicos que decretan las bajas”. También recalcó que las materias sobre las que se anuncia un especial celo, relacionadas con salud mental y lesiones musculares, son “de mucha sensibilidad”.

Siete personas han sido detenidas por la Policía Nacional por explotación laboral de trabajadores extranjeros en call centers en las ciudades de Madrid y Fuenlabrada como presuntas responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. La operación, en colaboración con la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, destapó jornadas y condiciones abusivas para los empleados, y entre ellas castigos humillantes como tirarles tartas a la cara.

“48 personas han sido protegidas en esta actuación. Vivían situaciones humillantes que no se pueden consentir. La Inspección de Trabajo está ahí para vosotros y vosotras. Denunciad. No os quedéis callados. La denuncia en el buzón de la Inspección es confidencial”, ha advertido esta mañana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en sus redes sociales.

El dispositivo fue desarrollado en quince centros. La Inspección de Trabajo encontró a un total de “48 personas trabajadoras sometidas a condiciones abusivas”. De ellas, “31 eran trabajadores extranjeros en situación irregular y 16 no estaban dados de alta en la Seguridad Social”, informa el organismo público vigilante de que se cumpla la legalidad laboral.

Condiciones abusivas y estafas a particulares

La Inspección apunta que los responsables de los centros de call center contrataban a ciudadanos extranjeros que carecían de permiso de trabajo y les sometían a condiciones de abuso que restringían cualquier derecho laboral.

“Los trabajadores, además, tenían que cumplir unos objetivos diarios a través de llamadas a particulares. Para ello, contaban con un guión previo e invasivo, cuyo objetivo era estafar a los interlocutores para que contrataran determinados productos o servicios”, indican en el organismo público.

“Sus jornadas de trabajo excedían los límites legales permitidos y también carecían de los días de descanso obligatorios, vacaciones, retribuciones justas o seguros médicos ante la posibilidad de cualquier accidente laboral”, añade la Inspección.

Por todo ello, el 10 de marzo, se llevó a cabo la entrada y registro en 15 call centers por parte de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo, y se detuvo a siete personas como presuntas responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. 

Castigos humillantes a través de rankings

Además, las autoridades comprobaron que los encargados de las empresas utilizaban un ranking diario para evaluar a los trabajadores en función de las contrataciones conseguidas, como se percibe en las imágenes de esta información.

Así, se establecía un sistema de recompensas y castigos degradantes en función de la posición que los empleados ocupaban en dicha clasificación.

“Entre las conductas humillantes estaba el lanzar tartas a la cara del trabajador que quedaba en la última posición de ese ranking, en presencia de todos sus compañeros”, denuncia la Inspección de Trabajo.

Alfonso Rueda ha decidido dar por bueno el discurso sobre el absentismo de la patronal y conceder la categoría de “asunto urgente” a la gestión -para tratar de reducirlas- de las bajas laborales de los trabajadores gallegos. El presidente de la Xunta aprovechó su intervención en el debate sobre el estado de la Autonomía para calificar la cuestión de “problema muy serio que está lastrando la productividad en Galicia” y anunciar que su gobierno va a poner en marcha “un programa integral de abordaje” que va a tener como una de sus medidas la creación de una unidad que va a controlar lo que, en realidad, ya revisan los médicos: las incapacidades temporales. Y se va a centrar en las más habituales, que son las motivadas por lesiones musculoequeléticas y lo que Rueda denomina asuntos de “psiquiatría menor”.

El presidente gallego puso el foco en el impacto de las bajas en las cuentas empresariales en el mismo discurso en el que insistió en afirmaciones sobre la buena marcha de la economía gallega y su mercado laboral -con un paro en las cifras más bajas de los últimos 20 años, resaltó-. Aseguró que Galicia es la segunda comunidad con más jornadas “perdidas” por incapacidades temporales y con más duración media de las mismas, con unos 60 días de promedio. Siguió con esta línea argumental para afirmar que las “pérdidas” son de 2.200 millones de euros. Así que consideró que “hay mucho margen de mejora” y que el deber de la Xunta es reforzar la vigilancia. En los dos años que lleva de mandato ya puso en marcha un ensayo -se revisaron 130.000 casos y algo más de 30.000 trabajadores fueron dados de alta-, pero ahora anuncia que va a “pisar el acelerador”.

Además de las unidades especializadas para controlar las bajas más frecuentes, la Xunta va a reforzar a las mutuas privadas. Rueda indicó que, si hay una propuesta de alta, la inspección sanitaria la va a ratificar y solo en caso de duda va a citar al trabajador o trabajadora para confirmar si debe o no reincorporarse. También va a permitirles hacer una tramitación global de todas las pruebas médicas que requieran, en lugar de que las tengan que solicitar de una en una, dijo. Añadió que todo este plan se va a plantear en el diálogo social, con patronal y sindicatos, a los que ya lanzó la advertencia de que espera que no caigan en “demagogias”.

Lo que no citó Rueda en su discurso fueron las posibles causas para que en Galicia haya bajas más largas que la media estatal o los motivos para el incremento de las incapacidades temporales, que los sindicatos relacionan con el acceso a atención médica, las amplias jornadas laborales o el envejecimiento de las plantillas. Tampoco se refirió al informe del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) que muestra que en 2025 los accidentes laborales con baja crecieron un 1,5% en Galicia -fueron 27.553-, en especial en la industria. El avance del Ministerio de Trabajo de los datos entre enero y diciembre del año pasado indica que la subida gallega de siniestralidad laboral fue la segunda más acusada entre las comunidades. Solo Asturias registró un dato peor, del 3,3%.

Las promesas para atención primaria

El presidente gallego se detuvo en uno de los agujeros de la gestión de la Xunta: una sanidad en la que empeoran todos los indicadores de demoras y que ha encadenado conflictos en los últimos años. Lo hizo para, primero, echar balones fuera y repetir que, si los últimos datos han empeorado, se debe a la huelga de médicos convocada en todo el Estado en reivindicación del estatuto marco. Sin embargo, ha minimizado el impacto de los paros registrados en Galicia contra políticas específicas de su gobierno: dijo que la que mantuvo el sindicato gremial O'Mega en atención primaria tuvo un seguimiento del 5% y que la que sigue, convocada por la CIG, parte de “un sindicato que, por lo general, no quiere llegar a acuerdos”.

Rueda volvió a admitir, como suele hacer, que el de la sanidad es un ámbito en el que hay margen de mejora y lanzó varias promesas para la atención primaria. Una de ellas es la de reducir el papeleo que tienen que hacer los médicos de familia, para lo que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) tiene previsto crear una unidad especial que se centrará en las cuestiones burocráticas. Otra es limitar las agendas para que estos profesionales no tengan que atender a más de 30 pacientes dentro de la jornada ordinaria. Y también avanzó que la Xunta va a crear una Dirección Xeral de Atención Primaria.

Subida de la renta que puede acceder a vivienda pública

El presidente reservó para el debate anuncios también en materia de vivienda. La Xunta va a subir de nuevo -lo hizo ya en 2025- el tope de renta para poder acceder a una vivienda pública, que es la que está pensada para los hogares con ingresos más bajos. El límite va a pasar a ser hasta cuatro veces el IPREM. Ha puesto un ejemplo que lo que va a significar: una pareja con un hijo tiene ahora un tope de 2.250 euros brutos mensuales para poder acceder a este tipo de vivienda y va a pasar a 3.500. En el caso de las familias numerosas el tope va a ser 4,5 veces el IPREM. La otra novedad es que el Gobierno gallego va a reservar el 30% de las viviendas públicas en venta a personas de entre 36 y 45 años.

La Xunta va a insistir en las rebajas de impuestos, que considera que “crean dinamismo”. En lo que va de legislatura, dijo, son 1.100 millones de euros los que han dejado de ingresar las arcas públicas gallegas por estas bajadas fiscales. La siguiente va a ser una bonificación del 100% del impuesto de actos jurídicos documentados para las operaciones con viviendas protegidas.

El discurso de Rueda no citó el nombre de Altri directamente, pero sí se detuvo en las críticas a la planificación eléctrica del Estado, a la que la Xunta atribuye tener que haber dado carpetazo al proyecto de macrocelulosa, que provocó un fuerte rechazo social y manifestaciones históricas. Rueda dijo que no incluir la conexión que necesitaría Altri fue una maniobra política. En materia industrial, reafirmó la apuesta por los también muy contestados proyectos de minería y avanzó que habrá este año otro concurso de derechos mineros, después de que el del año pasado quedasen desiertos la mayoría de los ofrecidos.

Su única referencia al sector eólico fue la de reiterar que la Xunta seguirá defendiendo los proyectos en el mar y en tierra. “Vamos a seguir apostando por una eólica terrestre ordenada y respetuosa con el medio ambiente”, manifestó. Precisamente el argumento del posible daño ambiental irreversible ha parado varios de los planes que están en marcha en Galicia para instalar aerogeneradores. El sector acaba de recibir una nueva sacudida con el anuncio reciente del traslado forzoso de dos jueces de la sección del Tribunal Superior de Xustiza encargada de revisar estos litigios.

Rueda dedicó los minutos finales de su intervención en el debate de política general a proponer que la marca 'Galicia calidade', acuñada para promocionar productos alimenticios, se extienda al “estilo de vida” gallego.

Este martes 7 de abril ha dado el pistoletazo de salida a la huelga indefinida en las escuelas infantiles madrileñas. Las trabajadoras de los centros educativos de niños de 0 a 3 años se han organizado para denunciar el abandono institucional que sufren en este sector, además de para exigir una mejora de condiciones laborales lo antes posible. Las profesoras reclaman una bajada de las ratios, salarios dignos y mayor inversión en las escuelas, siguiendo el modelo de otros niveles educativos, como el segundo ciclo (de 3 a 6 años).

Además de comenzar hoy con la huelga indefinida, trabajadoras de escuelas infantiles y familias se han concentrado esta mañana frente al Ministerio de Educación para ser escuchadas por las instituciones, a las que culpan de las malas condiciones en las que desarrollan sus jornadas. La huelga y las movilizaciones han sido convocadas por la Plataforma Laboral de las Escuelas Infantiles (PLEI), y apoyadas por el sindicato CGT. Además, CCOO también han estado presentes en la concentración de la calle Alcalá. Otra cara conocida que ha participado en la protesta ha sido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. En general, todo tipo de perfiles se han agrupado esta mañana en defensa de las trabajadoras del sector 0-3, desde las profesoras más jóvenes a las más ancianas, padres, madres e incluso niños pequeños.

Las propias manifestantes frente al Ministerio han aplaudido el resultado de la convocatoria, que ha recibido la asistencia de cientos de trabajadoras de las escuelas infantiles, además de madres y padres, muchos de ellos con sus hijos pequeños. “Nos ha sorprendido que cada vez se une más gente al movimiento porque cada vez se entera más gente”, asegura una de las asistentes, que explica que se trata de una reivindicación a nivel estatal, pero es en Madrid donde se dan las peores condiciones laborales en este sector, ya que en otras comunidades “se están movilizando y ya se han conseguido cosas”.

Esta mañana, las de Madrid tenían mucha motivación para conseguir sus objetivos. Rosa Marín, portavoz de la PLEI, ha recordado que, durante el resto de días que se reúnan (miércoles a las 12:00 horas frente a la Consejería de Educación y jueves a las 18:00 horas en la Plaza de Callao) “no hay que perder las fuerzas hasta que tengamos compromisos y papeles firmados. Tenemos que seguir a tope. Hay que secundar la huelga lo máximo posible y venir a las concentraciones”.

Según las trabajadoras, la capital acoge las escuelas que viven la situación más delicada. En Madrid, se dan las peores ratios de toda España, aseguran, además de recibir poca inversión, lo que se traduce en infraestructuras deplorables, poco material y pocas manos para dar a los más pequeños un espacio seguro, limpio y con buena educación.

Las personas se han agrupado esta mañana frente al Ministerio de Educación para denunciar que no han recibido ninguna solución por parte de las instituciones, pese a haber hablado con ellas en numerosas ocasiones: “Hemos hablado con todos los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en la Asamblea de Madrid. Nos han atendido amablemente, pero sin ninguna respuesta. Las palmaditas en la espalda no nos sirven para nada”, defiende una de las asistentes.

Sin embargo, según sostienen las trabajadoras, lo que reclaman a los políticos no es algo nuevo: “Lo que nos sirve es que el decreto 18/2008 lo revisen de una vez. Es un decreto del 2008, de cuando estaba el Gobierno de Esperanza Aguirre, que nos subió las ratios, cuando había otro decreto, en el cual eran las ratios mucho más bajas. Ya lo hemos tenido. Estamos pidiendo una cosa que ya ha existido. Lo que pasa es que se derogó para peores condiciones”.

No solo exigen unas mejores condiciones para ellas, sino también para los más pequeños, pues denuncian que estas malas circunstancias en las que trabajan a diario se traduce en poca atención y cuidado a los niños y niñas: “Se creen que el niño es un trozo de carne al que no hay que cuidar hasta los tres años, pero no es así. Es un ser con necesidades de comunicación, afectivas y de aprendizaje continuo. Es el andamiaje psicológico de toda la vida de una persona”.

Así se leía esta mañana en las pancartas frente al Ministerio de Educación. “Dos manos no sostienen veinte criaturas”, “sin condiciones dignas no existe educación de calidad”, “mi vocación no paga mis facturas”. Entre los cánticos, se podía escuchar, entre otros gritos: “No guardamos, educamos” o “no es vocación, es explotación”, acompañados de sonidos de cacerolas y silbatos.

Las educadoras infantiles también denuncian la poca visibilidad que reciben frente al resto de etapas educativas, pese a las grandes capacidades y esfuerzo que requiere su sector: “Hacemos lo mismo que cualquier profesor de otra etapa educativa, pero con más carga, porque también asumimos la higiene, la alimentación y el sueño”, explica una de las asistentes, “y no podemos hacer nuestro trabajo como queremos, pese a la formación que tenemos. Es una etapa muy específica que requiere una preparación muy concreta”.

Para garantizar el derecho a huelga, se han establecido servicios mínimos en las escuelas infantiles, que han sido criticados por UGT al considerarlos abusivos. Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, ha explicado que desde el PLEI han realizado un escrito al Defensor del Pueblo para conseguir alternativas y “garantizar que el 50% de los trabajadores pueda ejercer su derecho a huelga”. Una de las manifestantes exponía que “todos los servicios mínimos son abusivos. En muchas escuelas solo pueden hacer huelga tres o cuatro personas, lo que nos deja prácticamente con las mismas ratios de siempre”.

No obstante, en la concentración, además de profesoras, limpiadoras o cocineras de las escuelas infantiles, también han participado las familias, que apoyan las movilizaciones, ya que “quieren que a sus hijos se les dé una calidad educativa que merecen. Ni más ni menos, la que merecen”. Muchas trabajadoras o familias no han podido asistir esta mañana: “Se puede apoyar más, pero ya ha habido mucha gente que se ha sumado. En mi escuela han ido muy pocos niños hoy, y también hemos visto familias aquí, en la concentración, incluso con sus hijos”, insiste una de las asistentes, que señala familias con carritos y niños a sus hombros, con cascos para proteger a los más pequeños del ruido.

Las profesoras de las escuelas infantiles (de 0 a 3 años) de la Comunidad de Madrid comienzan este martes 7 de abril una huelga indefinida con la que quieren denunciar la falta de atención institucional y exigir mejoras en sus condiciones laborales. Desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) defienden que quieren dignificar un sector que se siente abandonado por la nueva ley de educación, que no incluía ninguna mejora en las escuelas de niños de 0 a 3. La plataforma exige, principalmente, una reducción de las ratios que establecen la cantidad de niños y niñas por profesora, y unas condiciones que se asemejen a las que se regularon para el resto de etapas educativas en la LOMLOE.

Rosa Marín, portavoz de la PLEI, explicaba en una conversación con elDiario.es que las movilizaciones empezaron “cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la nueva ley educativa a las puertas de una escuela infantil”. Marín pensó que esta ley incluiría modificaciones para este sector, y se sorprendió cuando “simplemente lo dejaron en la gratuidad de las familias”.

Desde la Plataforma defienden que el malestar de las profesoras del 0-3 no es algo nuevo, pero “ya empieza a ser insostenible”. Las profesoras llevan ya tres años organizándose desde todas las comunidades autónomas, recogiendo las quejas de todas las compañeras, para conseguir legislar estas mejores condiciones laborales a nivel estatal. Marín, además, reconoce que incluso presentaron una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados.

Las educadoras más organizadas, según explican desde la PLEI, son las de la capital. Saldrán a las calles desde este martes 7 de abril, donde reclamarán, además, la implementación de la pareja educativa como recurso de organización pedagógica, la atención temprana dentro del sistema educativo, salarios que se asemejen a los de los educadores del segundo ciclo (de 3 a 6 años), mejoras en las instalaciones educativas (calefacción, goteras, sombra en los patios...), mayor descanso para los niños durante el calendario escolar, mayores inversiones y, en general, una mejor calidad para los más pequeños durante su estancia en las escuelas.

Las trabajadoras del PLEI denunciaban que, en la capital, se creó la Red Pública de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Madrid, que prometía mejoras como subida de salarios e implementación de la pareja educativa, pero que “actualmente nada de eso existe, se lo han cargado”.

Un conflicto de las trabajadoras con las instituciones públicas

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, aseguraba el pasado viernes 27 de marzo que la huelga de profesoras surgía de un conflicto entre las trabajadoras y las empresas contratantes. Zarzalejo confiaba en que todo se resolvería mediante negociaciones entre ambas partes antes de recurrir a la huelga indefinida que comienza este martes. “Lo que nos corresponde en estas situaciones es garantizar los servicios mínimos en todas esas escuelas infantiles para que las familias puedan seguir llevando a los niños a las escuelas y no tengan ningún tipo de perjuicio”, añadió la consejera.

Desde la Plataforma Laboral de Educación Infantil subrayan que Mercedes Zarzalejo “está muy equivocada”. “Este conflicto es de las trabajadoras con las instituciones públicas”, explica Rosa Marín a elDiario.es. Rosa añade que estas instituciones “son las responsables de dotar de medios, de recursos y de dignidad al 0-3, y ya es hora de que se dejen de pasar la pelota de unos a otros y que hagan su trabajo”. Frente a los escasos recursos que reciben las escuelas en esta etapa educativa, Marín sostiene que “las empresas no pueden más”. A través de un comunicado de la PLEI, insisten en que las profesoras viven un “marco de precariedad impuesto por las instituciones públicas, a través de su falta de responsabilidad e inversión”.

Rosa lo tiene claro: “El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad en el Ayuntamiento de Madrid, José Fernández Sánchez, ni nos recibe. Es como si la cosa no fuera con él. Es el que gestiona las escuelas del Ayuntamiento. Este conflicto va contra el Ministerio. No intenten desvirtuar con que vamos contra la patronal ni contra las empresas. No. Es que queremos más financiación y queremos normativas, inspecciones y queremos de verdad poder ejercer nuestro trabajo en condiciones dignas”.

La PLEI recuerda que las reivindicaciones van dirigidas a la Comunidad de Madrid, “por el mantenimiento de una financiación insuficiente que asfixia a los centros y condena al personal a salarios que rozan el mínimo profesional”; al Ayuntamiento de Madrid, “por la falta de una apuesta decidida que blinde la calidad educativa por encima del ahorro presupuestario y de igual manera que el Ayuntamiento condena al personal a salarios muy precarios”; y a los agentes institucionales, “por perpetuar un modelo que trata la etapa 0-3 como un servicio de 'guardería' o conciliación laboral, en lugar de reconocer su valor pedagógico fundamental. Sin ser capaces de regular a nivel estatal la calidad educativa que se le ofrece a la primera infancia”.

Por su parte, el PSOE registró el pasado 18 de febrero una proposición no de ley “para reforzar y blindar con una reforma de la actual normativa estatal el primer ciclo de educación infantil (0-3 años)”, que pretendía que “se garantizaran estándares homogéneos de ratios, equidad territorial y que las aulas cuenten con dos educadores para garantizar una atención a los menores de manera más individualizada”. La Plataforma Estatal de Escuelas fue la encargada de esta iniciativa, que fue apoyada por Sumar y Podemos, y que reconocía que “el sistema público no ha desarrollado un marco estatal sólido que garantice condiciones educativas homogéneas. La financiación insuficiente o la proliferación de modelos de gestión externalizada han provocado una situación de precariedad estructural en el sector”.

La portavoz de la Plataforma recuerda que las concentraciones comenzarán este mismo martes a las 12.00 horas frente al Ministerio de Educación; los miércoles a las 12.00 horas se agruparán frente de la Consejería de Educación, y los jueves a las 18.00 horas, “para las compas que no puedan ejercer su derecho a huelga y que económicamente no puedan”, se reunirán en la Plaza de Callao. Marín defiende que “es un sector muy feminizado, y con el salario mínimo interprofesional es muy difícil sostener una huelga indefinida”. “Estamos muy motivadas”, explica la portavoz, que insiste en que van a ejercer toda la presión que puedan para resolver el conflicto y conseguir “compromisos por parte de la Administración de unos cambios tangibles en breve”.

“Nos dejamos el salario, la salud, pero somos felices”

Las escuelas infantiles trabajan con distintos modelos de gestión (gestión directa e indirecta, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid), por lo que no todas tienen las mismas condiciones laborales, algo que la PLEI define como “segregador”. Sin embargo, la gran mayoría de escuelas son gestionadas de forma indirecta, es decir, por una empresa privada que accede a ello a través de unos pliegos de condiciones que marca la administración pública.

La baja inversión para las escuelas infantiles ha hecho que muchas profesoras tengan que aportar dinero de su bolsillo para financiar material y recursos que les permitan continuar con sus jornadas y con un pleno desarrollo escolar para los niños de 0 a 3 años. “Nos dejamos el salario, la salud, pero somos felices. Generalmente, en la dotación que llega, no hay dinero suficiente”, explica Rosa Marín en la misma conversación telefónica. Según la portavoz, en las escuelas que reciben la gestión directa de las instituciones públicas, el material está obsoleto y tienen que recurrir a carros propios para transportarlo entre aulas. En las escuelas de gestión indirecta, la Comunidad “no desglosa un presupuesto para material, entonces depende de la empresa, de la buena voluntad que tenga”.

Las madres y padres también apoyan la huelga que empieza este martes 7 de abril. “Las familias están a full con nosotras. Al final piensan que nos quedamos con lo más valioso que tienen. La mayoría valoran nuestro trabajo y cuando se enteran de lo que cobramos, flipan”, recuerda Marín, que sostiene que gran parte de la sociedad “no sabe lo mal valoradas y lo precarias que estamos a nivel laboral”. La portavoz de la PLEI defiende que lo difícil es gestionar una huelga indefinida para quedarse con los niños en casa y apoyar: “Es complicado. Para eso están los servicios mínimos y ellas (las familias) nos apoyarán poniendo quejas y ayudándonos en todo lo que podamos. Eso lo tenemos claro”.

Un sector feminizado

El ratio de niños por profesora es una de las razones principales que animaron a las educadoras a movilizarse, y reclaman una cantidad “acorde a las necesidades de la primera infancia” (tres bebés, cinco niños de 1-2 años y seis niños de 2-3 años), que coinciden con las que establece la Unión Europea. Rosa Marín insiste en que las profesoras de educación infantil viven sus jornadas “con mucho agobio, con mucho estrés”, y que estas condiciones acaban incluso repercutiendo en su salud. Muchas educadoras sufren de hernias discales, problemas de hombros y tendinitis en relación a las grandes cargas y posturas, además de diferentes virus, que en muchas ocasiones les obligan a recurrir a bajas médicas, lo que conlleva a la sobrecarga de trabajo de otras compañeras. En España, se dan las mayores ratios de Europa, lo que se traduce en menor atención individualizada a los más pequeños.

Desde la Plataforma sostienen que no se trata solo de un problema de infraestructuras y material, sino de la educación de los niños y niñas en una etapa vital de su desarrollo: “El problema de todo es la privatización y la externalización de los servicios. Tú no puedes dar un servicio de calidad con una infrafinanciación, que es lo que pretenden. Si hablamos de tornillos vale, pero es que estamos hablando de criaturas”. En un comunicado de la PLEI, aseguran que “la excelencia educativa que tanto prometen solo es posible si se respeta a quienes la hacen realidad cada día en el aula”.

La Plataforma Laboral de Educación Infantil explicó que un 97,4% de las trabajadoras de las escuelas infantiles son mujeres. La organización cree que los sectores dedicados al cuidado siempre han estado enfocados a las mujeres, y estos trabajos más feminizados, ¿por qué deberían tener mejores salarios, si siempre se dedicaron a ello de manera desinteresada? Marín cree que la profesionalización total de los sectores más femeninos queda lejos aún de su reconocimiento social, como ocurre con la limpieza, la cocina, el cuidado de mayores, la enfermería, etc., donde las mujeres trabajan en condiciones laborales muy deficientes, con salarios bajos.

Se reconoce el derecho al periodo de descanso de los telefonistas de la centralita del SERIS en La Rioja. Un logro que CSIF La Rioja califica de “hito” sobre los derechos de los trabajadores, “concretamente para los que cubren los turnos más conflictivos como las noches, fines de semana y festivos ya que podrán disfrutar de días libres generados por la acumulación de los períodos de descanso que no pueden realizar por las necesidades del servicio”.

La formación sindical recuerda que ya había trasladado a la Administración de “importantes irregularidades en la prestación laboral de los telefonistas de centralita ya que no se estaba respetando el descanso en este servicio, tal y como se indica en el artículo 35 del Acuerdo para el personal del SERIS”. En concreto, este artículo recoge que la jornada ordinaria de trabajo con carácter general se establece en 35 horas semanales de trabajo efectivo y que siempre que la jornada exceda de seis horas continuas deberá establecerse un período de descanso de 20 minutos durante la misma.

Y en el servicio de centralita del SERIS, en los turnos de noche, fines de semana y festivos, “las condiciones de la organización del trabajo han impedido que los profesionales puedan realizar estos descanso porque, la mayoría de las veces, es una única persona la que está atendiendo la centralita y no puede quedarse desatendida”. Una situación que adiverten “va contra el derecho de los trabajadores y está provocando un grave impacto en la salud, bienestar y productividad de estas personas”.

Por todo ello, valoran este logro porque “los gestores del SERIS han reconocido esta irregularidad y se ha conseguido que los trabajadores de los turnos indicados de la centralita del SERIS puedan disfrutar de días libres generados por la acumulación de los períodos de descanso que no pueden realizar por las necesidades del servicio”.

Importante fallo sobre la retribución variable que existe en muchas empresas en función de la evaluación de los trabajadores. El Tribunal Supremo ha dictado una reciente sentencia en la que anula algunos elementos de la política de complementos salariales de Caixabank y, entre ellos, la posibilidad de que un superior incrementara o redujera un 15% un plus en función de su análisis del desempeño del empleado. Los magistrados tumban el sistema porque consideran que no fija criterios objetivos, lo que deja la decisión expuesta a la arbitrariedad.

Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo de la Universitat de València, destaca la “enorme relevancia” que puede tener la sentencia, del pasado 17 de febrero y que ha analizado en su blog, dado que este tipo de complementos basados en el desempeño de los trabajadores son muy frecuentes en multitud de empresas —a menudo en sistemas muy informales— y el Supremo los pone en cuestión por su falta de concreción y objetividad.

En concreto, la sentencia anula la posibilidad de un jefe de aumentar o reducir un 15% (o incluso más) un plus variable del empleado en función de su evaluación, teniendo en cuenta “el cumplimiento de las Normas de Conducta en la Comercialización de Productos y Servicios por parte de los empleados”, con “la información recibida de las reclamaciones presentadas por clientes u Organismos Oficiales, así como la valoración al respecto realizada por los clientes en la encuesta de Calidad en la Ficha de Calidad disponible en la Intranet”.

Reclamado por los sindicatos, entre otros elementos de la política salarial, la Audiencia Nacional dio la razón a la parte trabajadora y también lo hace ahora el Tribunal Supremo.

No es un sistema “objetivo”

Los magistrados recuerdan que “el carácter unilateral del plan de objetivos y la gran libertad de que goza la empresa al efecto”, pero “siempre que los objetivos y criterios de devengo estén formulados de manera clara y que su consecución no dependa solo de la voluntad patronal”. Estas dos condiciones no se cumplen con este plus dependiente de la evaluación cualitativa de los empleados por parte del jefe.

Los magistrados sostienen que no se “establece criterio alguno, objetivo y determinable a la hora de aplicar el referido ajuste”. “Solo contempla genéricas referencias, claramente parcas, indeterminadas e insuficientes”, recoge la sentencia. “Cuando un empleado carezca de reclamaciones y/o valoraciones de los clientes, su aplicación queda sujeta a la mera discrecionalidad del Jefe de Zona”, advierten los magistrados.

De manera más general, el Supremo cita en la sentencia: “Si bien la fijación de objetivos cuantitativos es perfectamente factible, la fijación de objetivos cualitativos basados en evaluaciones de desempeño o criterios subjetivos que la empresa considere relevantes, recaen de plano en el ámbito de la pura subjetividad, con independencia de los criterios en los que se inspiren”.

“Esta afirmación es particularmente relevante porque cuestiona, al menos en el contexto analizado, el uso de evaluaciones de desempeño basadas en criterios cualitativos para determinar la cuantía del bonus”, sostiene el profesor Todolí.

Censura a la política salarial de muchas empresas

El especialista sostiene que la interpretación dominante hasta el momento parecía admitir que los criterios de evaluación pudieran ser subjetivos siempre que no fueran arbitrarios ni discriminatorios. “Sin embargo, la sentencia parece ir un paso más allá: considera que este tipo de evaluaciones, por su propia naturaleza, se sitúan en el terreno de la 'pura subjetividad' cuando no están acompañadas de criterios claros, objetivos y verificables y por ello están en contra del ordenamiento jurídico”, sostiene el profesor Todolí.

Nacho Parra, abogado laboralista de la cooperativa Colectivo Ronda, cree que esta postura del tribunal “se modulará, que no se va a imponer la tesis de que los objetivos cualitativos son tan sumamente subjetivos” que no se puedan utilizar en la retribución variable. Pero sí considera que el fallo es relevante para “que esas valoraciones individualizadas sean mucho más rigurosas y no como las que nos encontramos hoy en día”, apunta.

Parra explica que a menudo trabajan con casos en los que los trabajadores no saben qué valores de su desempeño se miden en la retribución variable, ni son justificados cuando les conceden o no el plus, o se hace de manera muy vaga o genérica. “Lo que dice la sentencia es: oiga, esto no puede quedar de una manera opaca, sujeto a la decisión que pueda adoptar en cualquier momento el responsable”, valora el laboralista.

Fuentes empresariales explican que la sentencia “no supone un cambio de paradigma, pero sí es relevante porque aterriza con claridad límites que en la práctica no siempre se estaban aplicando con rigor”. Es decir, consideran que “no cuestiona la existencia de la retribución variable, pero sí obliga a revisarla desde el punto de vista técnico”, con un diseño “más robusto, más transparente y menos dependiente de decisiones unilaterales”.

Respaldo de la nueva Directiva de transparencia salarial

Otro de los elementos más relevantes del fallo es que se apoya jurídicamente en la Directiva europea de condiciones laborales transparentes de 2019, aún pendiente de transposición por parte de España, destacan Nacho Parra y Ana Belén Muñoz, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid.

“Me parece interesante la argumentación del Tribunal Supremo por la diferencia que se establece entre el deber de informar y la obligación empresarial de transparencia que supone un paso más en línea con la Directiva” de 2019, explica Muñoz. Los magistrados consideran que la empresa sí ha informado de “cómo se va a devengar y abonar el incentivo”, por lo que “no está en juego la previa información, sino la indefinición de las reglas que disciplinan la toma de decisiones por parte de la empresa”, recoge el fallo.

“Para mí, lo más interesante de la sentencia es esto, que hace referencia a la predictibilidad de la retribución haciéndose eco de la Directiva europea. Nos dice que el complemento no puede quedar al albur de la decisión del responsable, sino que debería comunicar cuáles son los parámetros para hacer esa evaluación”, destaca también Parra.

Entre el 10 de julio del 2025 y el 31 de marzo del 2026 hay 267 días. Son los que han pasado cumpliendo condena de cárcel 'Las seis de la Suiza', cinco mujeres y un hombre, que ven como este martes el Consejo de Ministros concederá un indulto a su pena de tres años y medio de prisión por “hacer sindicalismo”, como siempre han defendido desde que se inició el proceso judicial hasta la fecha presente.

'Las seis de la Suiza' son una veterinaria, una artista, una trabajadora del ámbito social, una trabajadora del sector del transporte, una empleada de hostelería y un profesor que fueron condenadas por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia por una acción sindical realizada en el año 2017. Tres años y medio de prisión en total para cada una de ellas. Inicialmente las condenadas a cárcel fueron ocho pero en los recursos dos lograron la absolución.

El caso nace en el año 2016 cuando una trabajadora de una pastelería llamada 'La Suiza' denunció acoso laboral, y sexual luego desestimado, y la pareja de esta tienen un altercado con el empresario. La CNT apoyó a la trabajadora con acciones de protesta ante la pastelería consistentes en concentraciones ante el local y reclamar al empresario una salida digna a la situación. El empresario les denuncia por delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia y se condena a siete personas a dos años por coacciones y un año y medio por obstrucción, y a otra a ocho meses. En los recursos siguientes quedaron seis con las condenas de tres años y medio de cárcel en total. Entonces nació la ola de solidaridad bajo el eslogan “Hacer sindicalismo no es delito”

El Tribunal Supremo ratificó la condena en el año 2024, ya que consideró que las acciones pacíficas constituyeron un hostigamiento que llevó a cerrar luego el local. El Constitucional rechazó revisar el caso y ahora están pendiente que se pronuncie el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde han elevado el asunto. Entraron voluntariamente en la prisión del Centro Penitenciario de Asturias el verano pasado tras agotar todas las vías judiciales en España, “con coherencia y dignidad”. Tras su ingreso en la cárcel fueron clasificadas en tercer grado penitenciario, por lo que han esperado el indulto cumpliendo la pena en régimen abierto, es decir, acudiendo a dormir a la prisión. Han cumplido casi la mitad de la condena de cárcel ya que la pena mayor es de dos años.

Desde el minuto uno tanto las sindicalistas, afiliadas a la CNT, como distintas organizaciones han elevado la voz contra la condena de cárcel, que consideran un “peligrosísimo precedente” para impulsar acciones contra el sindicalismo. En su batalla legal han contado con el pleno apoyo del sindicato CNT, que ha financiado la causa judicial e incluso la indemnización de 125.000 euros, y un gran apoyo social. El caso incluso han unido a todos los sindicatos en una “alianza histórica”, con decenas de movilizaciones a su favor en todo el país, tanto durante el proceso judicial como en la posterior fase de petición de indulto.

Fuentes cercanas a las sindicalistas reiteran su preocupación porque el caso suponga un precedente que se use para coartar la libertad sindical en España. A la “alegría personal” por la mejora evidente de su situación le sigue la preocupación como colectivo ya que entienden que a estas alturas ninguna persona debería cumplir una condena de cárcel por ejercer sindicalismo.

Su indulto viene avalado por la petición de 22 organizaciones sindicales de toda España, no de ellas como condenadas, por lo que no necesita arrepentimiento. No lo tienen porque no creen que haber organizado acciones pacíficas de protesta comunicadas ante la pastelería que tenía el conflicto laboral con una trabajadora merezca un reproche penal, y menos de estas características.

Para el acceso al indulto han tenido, además, el apoyo explícito del Gobierno del Principado de Asturias, aunque en la ciudad de Gijón las derechas del consistorio -PP, Vox y Foro- vetaron el debate. La vicepresidente y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido uno de los más firmes apoyos a la medida de gracia, aunque la resolución se ha retrasado casi nueve meses desde que entraron en prisión. El cantante Rodrigo Cuevas recordó este retraso en 'La Revuelta' hace escasos días, volviendo a poner sobre la mesa la derogación de la Ley Mordaza prometida por este Gobierno.

Durante estos meses de cumplimiento de condena las sindicalistas han mantenido silencio, aconsejado por sus equipos legales, mientras esperaban la resolución tanto del indulto como del pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El grupo de apoyo surgido en su apoyo, Sofitu, ha remarcado que “ya es hora” del indulto. “Nuestras compañeras están injustamente en la cárcel, nuestras compañeras deberían de estar aquí hoy con nosotras y nuestras compañeras están privadas de libertad, pero no hicieron nada”, reprochaban tras conocerse su ingreso en prisión. La movilización por su libertad ha sido intensa, emocionante y larga.

Pendientes de la 'letra pequeña'

Los casi nueve meses en prisión suponen realmente que las sindicalistas de la Suiza han cumplido más de la mitad de su condena en el momento que les llega el indulto. Desde el sindicato CNT señalan que están “contentas” por la concesión de los indultos pero piden “prudencia” hasta esperar la decisión del Consejo de Ministros y leer el detalle de cada uno de los indultos individuales, si total o parcialmente o en qué condiciones.

Recuerdan que las sindicalistas de Gijón han tenido que “parar sus vidas” por una condena que entienden que “parece que fuera una voluntad de acallar la reclamación en la calle de los sindicatos”.

Según Érika Conrado, secretaria general de CNT, la respuesta unitaria en defensa de las condenadas y la llegada del indulto demuestran que “El sindicalismo está más vivo que nunca y sigue siendo una cosa del presente”. “Está siendo muy importante la unión de todos los sindicatos y el empuje que hemos tenido todas en el acompañamiento de ellas”, señala para incidir que es necesario “que la gente se organiza y luche, que al final se consiguen cosas”.

Trabajadores de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) han declarado durante el juicio que se celebrará entre este martes y miércoles en la Audiencia Provincial de Bizkaia que trabajaban a menudo “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”. “Nos obligaba a escondernos, nos decía que no teníamos que estar allí porque no teníamos documentación. Y que si nos veían nos mandarían a nuestro país. Una vez me hizo meter en el congelador, en el cuarto frío un tiempo hasta que se fue la Policía”, ha explicado una de las tres denunciantes que acusan a F.J.G.A y su hija P.G., los dos propietarios de la empresa vizcaína de “explotación laboral” y por lo que se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel.

La acusación particular, representante de las denunciantes, exige para los propietarios penas que podrían sumar los seis años de cárcel por delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores, además de una indemnización de 7.500 euros “por daños morales”, aunque la Fiscalía deja la petición de condena en un año y exime a la hija. Ninguno de los dos ha querido declarar durante el juicio y P.G., se ha acogido su derecho a no usar su última palabra para así no presentarse en la segunda sesión, que tendrá lugar este miércoles y en la que están llamados a testificar cuatro agentes de la Policía Nacional y de dos subinspectores laborales.

Durante la primera sesión del juicio han testificado las tres demandantes, dos mujeres y un hombre que trabajaron en la empresa en diferentes tramos entre el año 2017 y 2021. También han declarado tres antiguas trabajadoras en calidad de testigos. Las trabajadoras se dividían entre las que se encargaban de elaborar las gildas, los pintxos, en el pabellón de Basauri, que también se encargaban de las labores de limpieza, y las que trabajaban en el invernadero de Lezama, donde según ha reconocido una de ellas las condiciones eran más duras, a “temperaturas de más de 40 grados” y oliendo productos “tóxicos”, aunque también ha lamentado que la producción era “altísima” en el pabellón de Basauri, donde tenían que realizar “entre 110 y 120 tarros de gildas”.

Las inspecciones laborales se realizaron el 1 de diciembre de 2020 y el 7 de mayo de 2021. “Cuando llegara la Policía que nos decía que nos escondiésemos. Un día nos subieron a un montacargas, otra vez nos indicó que fuéramos al baño”, ha reconocido una de las testigos mientras que otra ha declarado que en su caso le pidieron que “subiera al tejado del edificio” para evitar ser vista. “En las inspecciones teníamos orden de escondernos, porque nos dijo que si nos cogía la Policía nos tendríamos que ir y yo no quería volver a mi país. Ese día subí por una escalera al tejado de la empresa, él lo sabe y nos agradeció que le ayudáramos porque él también decía que nos ayudaba”, ha asegurado una de las extrabajadoras.

Una de las denunciantes ha asegurado que P.G., la hija del propietario, quien según las trabajadoras también realizaba funciones de gestión en la empresa, le comentó que podía “abortar”, al comunicar que estaba embarazada. “Comuniqué mi embarazo para solicitar una reducción de jornada porque el trabajo era pesado para mí. El jefe se lo tomó alterado y a los tres días me llamó a las oficinas. Allí ella me dijo 'mira, hay una clínica en la que puedes abortar y quitarte eso de encima, te puedo dar el contacto de la clínica”. A mí me pareció muy duro porque yo a mi hijo lo quería tener. Me pareció muy fuerte“. ”El siguiente sábado fui a trabajar y me llamó el jefe y me dijo que me fuera a casa tranquila, que así no podía trabajar. Me dijo que me iba a mandar 400 euros al mes, que me iba a estar pagando en casa pero no fue así. Me sentí presionada porque era o el trabajo o mi embarazo. Cuando se enteró de la denuncia contactó conmigo y me llevó un sobre con 500 euros para que no denunciase y llegar a un acuerdo“, ha manifestado una de las denunciantes.

Otro de los denunciantes ha asegurado que entre el 60 y 70% de la plantilla con la que él trabajaba eran “trabajadores extranjeros en situación irregular”. Llegaban a la empresa recomendadas por algún familiar o amigo, muchas veces a los pocos días de llegar al país y no se les realizaba ninguna entrevista, pasaban directamente a realizar las labores, normalmente de 06.00 a 14.00, pero con la posibilidad de realizar horas extra por las tardes y los sábados. Los trabajadores han detallado que los pagos se realizaban en mano y que en alguna ocasión hubo retrasos en los mismos, pero no impagos. La mayoría relatan que vivían con la “promesa” de que pasado un tiempo se formalizara su contrato y pudieran estar en situación regular en el país.

La Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso. Tras la segunda inspección, que tuvo lugar el 7 de mayo de 2021, los trabajadores irregulares, según han declarado, pasaron a trabajar en el turno de noche, de 20.00 horas a 06.00 horas. La forma de controlar los horarios de cada uno, según han apuntado, era un cuaderno que controlaba una de las trabajadoras con mayor rango en la empresa que ha sido citada a declarar en calidad de testigo, pero que no ha acudido a la cita por encontrarse residiendo en el extranjero. Los trabajadores han declarado que “durante el confinamiento por la COVID-19 siguieron trabajando incluso en ERTE”, que nunca realizaron ninguna formación sobre seguridad laboral, reconocimiento médico, no contaban con EPI, ni realizaron jamás cursos de manipulación de alimentos.

No os lo vais a creer, pero hoy queremos felicitar a la extrema derecha por sus éxitos en las últimas elecciones. En serio, van lanzados. Están hechos unos machotes. Y, aunque no seamos más que chusma roja, queremos reconocer sus innumerables talentos.

Por ejemplo, han conseguido que les vote un montón de chavales, cuando, si tocan poder, lo primero que harán será desmantelar los servicios públicos y privatizar la educación, que pasará a ser un lujo asiático para unos cuantos privilegiados.

Según los últimos sondeos, avanzan también entre la población femenina, que hasta ahora había supuesto un muro frente a la barbarie, pese a que, como es bien sabido, los posfranquistas niegan la violencia de género y, donde gobiernan, se apresuran a suprimir los recursos destinados a la protección de las mujeres. Incluso nos han dicho que hay personas LGTBIQ+ que les votan. A ellos, que quieren llevar las manifestaciones del Orgullo a los polígonos industriales para que los homosexuales y las lesbianas no “contaminen” nuestras calles ni “perviertan” a nuestros hijos e hijas. No nos digáis que no es un puntazo...

Lo mismo ocurre con un sector importante de la clase obrera. En efecto, muchos trabajadores y trabajadoras, quizá decepcionados por la tibieza del gobierno en algunas cuestiones tan fundamentales como la vivienda, apoyan ahora a estos hombretones de gesto estreñido... que aspiran a replicar aquí el modelo de relaciones laborales de Milei. O sea, que dicen claramente que quieren restablecer una especie de 'esclavitud del siglo XXI' para mayor gloria y lucro de las grandes corporaciones que constituyen su verdadera patria, y los futuros hipotéticos 'esclavos' les votan. O sea, o sea, es alucinante. Y, en cierto modo, admirable.

Y así con todo. Lo petan en las zonas rurales, pese a que niegan el cambio climático y aplauden hasta dolerles las manos la perniciosísima política arancelaria de Trump, de quien, con permiso de Ayuso, son los mamporreros oficiales en nuestro país. Y pese a que su jefazo se pasea a caballo disfrazado de señorito como queriendo revivir la España de Los santos inocentes. Les vota mucha gente que va a misa, aunque serían capaces de crucificar al mismo Jesucristo o de dejarlo ahogarse en el mar impidiendo que el barco de Open Arms lo rescatase. Cuentan con la simpatía de muchas personas que se autodefinen como patriotas, aunque serían capaces de trocear la patria y venderla a fondos buitre...

De verdad que tienen mucho mérito estos señoros. Porque todo lo han conseguido sin dar un palo al agua. O, podríamos decir, tocándose los yugos y las flechas. Literalmente. En Albacete, nuestra ciudad, el número 1 de la lista de extrema derecha pasea los símbolos falangistas por el Ayuntamiento sin ningún pudor. Y la actividad legislativa más notable de los ultras, que, como a escala estatal, viven en una Noche de los Cuchillos Largos permanente, ha consistido en presentar dos mociones: una para declarar “persona non grata” a Pedro Sánchez y otra para prohibir el burka en dependencias municipales, que es algo así como prohibir los unicornios o los platillos volantes porque hasta ahora los funcionarios locales no han tenido que atender a ninguna mujer vestida con la execrable prenda afgana. Seguro que han tenido que comprarse un braguero después de haber realizado el ímprobo esfuerzo de copiar y pegar un texto suministrado por la dirección del partido.

Así que, nada, enhorabuena, torquemadas nacionales. Como si tal cosa, habéis conseguido colocar en el mercado electoral un producto podrido por el odio y el miedo, y una parte de la sociedad española os lo ha comprado alegremente. Pero no celebréis todavía vuestro Día de la Victoria. Existe el hilo rojo de la historia que, cuando se teje adecuadamente, se convierte en trinchera inexpugnable.

*El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Vanessa Pérez, Elías Rovira y Javier Sánchez.