El Congreso de los Diputados se fue de vacaciones el pasado jueves y no está previsto que vuelva a reunirse en sesión plenaria hasta el próximo mes de septiembre. También el Gobierno se va a tomar unas semanas de descanso en las que no habrá reuniones ordinarias del Consejo de Ministros. Pero, entre bambalinas, al Ejecutivo le espera un agosto movido, ya que será en plena canícula cuando tendrá que negociar los apoyos para convalidar —a inicios del nuevo curso político— el decreto de vivienda que aprobará el próximo martes. Y esa negociación se prevé enormemente compleja, puesto que el Gobierno se va a enfrentar al mismo desafío que le ha complicado toda la legislatura: el de hacer encaje de bolillos para satisfacer a sus socios de derechas sin perder a los de izquierdas por el camino.

PSOE y Sumar cerraron el pasado miércoles el acuerdo en el seno del Gobierno sobre el contenido del decreto que en principio iba a aprobar el Consejo de Ministros este martes, pero que finalmente se ha aplazado a septiembre, precisamente por la falta de apoyos. Aunque el Ministerio de Vivienda ha mantenido contactos desde hace semanas con Junts para introducir algunas de sus reivindicaciones en el texto, el paquete de medidas no solo no ha logrado —al menos en primera instancia— el apoyo de los independentistas, sino que también ha soliviantado al otro actor clave para que el decreto siga vigente después del parón de verano: Podemos.

Las críticas de unos y otros tienen que ver con diferentes puntos del texto, pero revelan que el Gobierno tiene trabajo por delante para intentar conciliar los puntos de vista de sus socios progresistas y conservadores, algo especialmente complicado en un ambiente que cada vez más abiertamente es de precampaña electoral. De hecho, fuentes de Junts afeaban el pasado jueves la primera propuesta del Ejecutivo e interpretaban que, habiendo elaborado un decreto “amplio” en lugar de uno “pequeño y con medidas de consenso”, La Moncloa demuestra que “no tiene interés de que salga adelante, sino en hablar de su libro y hacer campaña” electoral.

Pese a la frialdad con la que han recibido la primera propuesta pública del Gobierno, Junts no se ha cerrado en banda a negociar, aunque un dirigente de la formación deja claro que, “tal y como está ahora”, los independentistas no van a apoyar un decreto que consideran “más de lo mismo”.

Otras fuentes del partido sostenían el mismo miércoles que su voto será negativo al texto “si mantiene las medidas que perpetúan las okupaciones y no protegen ni al inquilino ni al pequeño propietario”. El borrador del decreto elaborado por el Ejecutivo no incluye la propuesta de Junts de desgravar impuestos a todos los inquilinos —se limitan esas deducciones a los jóvenes de 18 a 35 años—, no recupera la exención fiscal para los pequeños propietarios hipotecados y tampoco establece medidas para facilitar los desahucios exprés.

La reforma de la ley del suelo, un escollo inesperado

Para Junts, por el contrario, no resulta tan problemática otra de las patas del decreto que sí supone una línea roja para Podemos: las modificaciones en la ley del suelo para dar más manga ancha a las administraciones para promover actuaciones urbanísticas. La secretaria general del partido morado, Ione Belarra, calificó el pasado jueves de “reforma de la ley del suelo con adornos” el paquete de medidas planteado por el Gobierno, y dejó claro que su partido no piensa apoyar la convalidación del decreto si incluye artículos que, a juicio de Podemos, suponen “abrir una autopista a los pelotazos urbanísticos”, “legalizar muchísimos proyectos ilegales” y “abrir la puerta a más especulación”.

Fuentes de Podemos abundaban la semana pasada en ese razonamiento, y dejan claro que no van a apoyar —y tampoco a abstenerse— en la votación del decreto si incluye cambios en la ley del suelo, que el PSOE ha intentado aprobar sin éxito en varias ocasiones durante la legislatura.

Los morados no ven con malos ojos las medidas que se han incluido en relación estrictamente a la vivienda, entre ellas la iniciativa estrella del texto, la posibilidad de solicitar una prórroga de dos años de todos los contratos de alquiler que venzan antes del 1 de julio de 2028. Pero fuentes del partido aseguraban que “la eliminación de los artículos que afectan a la ley del suelo es una condición ineludible para poder negociar el resto del texto”. Y la aritmética parlamentaria está de su parte: con su voto en contra, al Gobierno no le dan los números para convalidar el decreto, incluso con el apoyo de Junts.

Pero el Ejecutivo también ha recibido presión por su derecha precisamente para lo contrario que exige Podemos: que el decreto sí reforme la ley del suelo. El PNV, cuyos votos también son imprescindibles para que el texto sea aprobado, ha pedido cambios en la norma que van en la línea que el Gobierno —y el PSOE, fundamentalmente, que es la formación que ha intentado con más ahínco reformar la ley del suelo esta legislatura— ha seguido al diseñar su borrador. En una nota de prensa enviada el miércoles pasado, los nacionalistas vascos aseguraron que es “imprescindible dar mayor seguridad jurídica y agilidad a los planeamientos urbanísticos” para que, “si después de años de trabajo existe un error que puede subsanarse”, así se haga “y no tirar todo el planeamiento y volver a empezar”.

Ante esta compleja geometría parlamentaria, el Gobierno ha decidido optar por la discreción. El ala socialista se limita a afirmar que lo pactado con su socio de Consejo de Ministros es únicamente un primer texto que poder negociar con los grupos. Mientras tanto, Sumar se centra en celebrar los aspectos que considera más positivos del decreto: la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones y la prórroga de los contratos de alquiler por dos años al mismo precio, que además se extenderá a todos los arrendamientos que venzan hasta el 30 de junio de 2028. “Estoy convencido de que seremos capaces de encontrar un acuerdo”, planteaba el jueves el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Pero, para ello, al Ejecutivo le espera una negociación intensa a varias bandas durante todo el mes de agosto.

El nuevo decreto de vivienda elaborado por el Gobierno sigue vivo y debe sufrir cambios hasta que el martes lo apruebe el Consejo de Ministros, como se espera. El PSOE y Sumar aún deben convencer a Podemos, PNV y Junts para que voten a favor después de sus críticas al borrador que circuló este miércoles, al que elDiario.es ha tenido acceso.

Uno de los principales puntos de este decreto es el de incluir el alquiler de habitaciones y de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Los contratos de temporada tendrán un máximo de 12 meses y deberán firmarse con una justificación de la temporalidad del inquilino. A la que pasen de ese marco temporal, serán considerados como vivienda habitual.

En cuanto a los contratos de habitaciones, que a día de hoy no se consideran vivienda habitual y dejaban en manos de los firmantes sus condiciones, con el nuevo decreto sí que se encuadrarán en esta categoría y estarán amparados por la LAU. Eso significa que los contratos serán de cinco años, siete si es con empresas, y estarán acogidos a las mismas prórrogas y condiciones. Por ejemplo, el casero no podrá aparecer en casa del inquilino sin avisar.

El nuevo decreto también establece que la suma de los alquileres de habitaciones no puede ser mayor al precio total de la vivienda, pero esto podría tener solo validez en las Comunidades Autónomas o ciudades donde hay control de precios.

Los inquilinos quedan también más protegidos con el nuevo decreto ante los caseros en cuanto a la devolución de fianzas y las reparaciones. Por ejemplo, para que se descuenten cuantías deberán firmar tanto casero e inquilino un documento de conformidad de que ha habido daños.

Las pequeñas reparaciones producidas por el desgaste de uso correrán a partir de ahora a cargo del casero, si se aprueba el decreto. Y los inquilinos tendrán derecho a presentar un presupuesto para reformas de mayor calado que, de no ser aprobado por el propietario en unos días, podrán tirar adelante y descontarse después el coste de las rentas. Además, las reparaciones de vivienda habitual estarán exentas de IVA.

En cuanto a los desahucios, las Comunidades Autónomas deberán ofrecer vivienda alternativa a las familias que sufran un lanzamiento, ya sea de alquiler o de compra. Si no lo hacen, este quedará suspendido. Y, durante la suspensión, si el casero no es un gran tenedor, la Comunidad Autónoma deberá cubrir los impagos del inquilino y pagar el alquiler al casero. Para que eso sea posible, se modificará la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Una prórroga más amplia

La prórroga de los contratos de alquiler es una de las grandes novedades de más rápido efecto del nuevo decreto. Además de garantizar que todas las extensiones solicitadas durante el periodo de vigencia de la ley se cumplan, se tendrán que otorgar ampliaciones obligatorias a todos los inquilinos cuyo contrato finalice antes de junio de 2028. Esto protegerá a miles de inquilinos de subidas de precios del alquiler o expulsiones, a no ser que el propietario necesite irse a vivir a esa casa.

Si el nuevo texto sale adelante, no se podrán repercutir gastos extra a los inquilinos en los mercados tensionados para aumentar el precio topado del alquiler.

Tampoco las viviendas de alquiler asequible o protegido podrán tener gastos extras que aumenten el precio por encima del 30% de la renta del inquilino, como está sucediendo en el Plan Vive de Madrid.

Otra situación que podría afectar al Plan Vive es que los inquilinos siempre tendrán derecho preferente de compra en las viviendas que se vendan, incluso en casos en que se vendan en paquetes o en bloque. En esos supuestos, el precio individualizado de la vivienda ha de estar prefijado y los inquilinos tendrán compra preferente, derecho que Avalon ha negado recientemente de manera expresa a sus inquilinos.

Además, el Estado también podrá ejercer a través de la empresa pública Casa 47 derecho a tanteo y retracto en la venta de viviendas y más concretamente en los paquetes. De esta forma, podría tener una vía rápida a la compra de casas en pack de grandes fondos como sucedió con las 5.000 de Blackstone, que finalmente compró otro fondo, el canadiense Brookfield.

Casa 47 se dota así de una herramienta para adquirir más vivienda pública que la que pueda construir, que se sumará además a las miles procedentes de la Sareb. Pero no es la única: también absorberá casas de otros entes estatales como Adif, la Seguridad Social, el Instituto de Vivienda de Defensa (Invied) o Muface.

Nuevos impuestos a las socimis

Las socimis (sociedades cotizadas inmobiliarias), que hoy en día no pagan impuesto de sociedades, pasarán a pagar un gravamen especial de entre el 15 y el 25% por su actividad, que se verá bonificado si ponen gran parte de su vivienda en alquiler social.

El texto incluye también algunas medidas fiscales como que los pisos turísticos tengan IVA o la bonificación en el IRPF a caseros que alquilen a gente joven, a precio asequible o que bajen el alquiler y también a inquilinos jóvenes. Este ha sido uno de los puntos que ha dejado insatisfecho a Junts, que esperaba bonificaciones a hipotecados y a inquilinos en general, así como medidas antiokupación.

El decreto autoriza al Ministerio a poner en marcha una línea de avales con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 2.000 millones para financiar vivienda social y 280 millones para construcción industrializada.

El Gobierno obligará también a poner el precio del índice de referencia en los anuncios de pisos en alquiler, incluso cuando no estén en zonas tensionadas.

Y promociona el ahorro de familias con los Seguros Individuales a Largo Plazo (SIALP) y las cuentas de inversión a los jóvenes mediante los planes Financia Europa.

Por último, el punto que más ha inquietado a Podemos es la modificación de la Ley del Suelo con este decreto, que cree que podría legalizar proyectos ilegales de manera retroactiva y reducir controles sobre proyectos futuros. El texto agiliza los planes urbanísticos con tal que defectos menores no paralicen desarrollos completos y establece silencios administrativos positivos para edificar en zonas rurales. Además, elimina el derecho de reversión para antiguos propietarios si en los terrenos adquiridos se hace vivienda protegida.

Mientras sigue el avance del fuego y los incendios de Madrid se unen en uno solo, miles de efectivos trabajan para evitar que este confluya con el de Ávila en un mismo frente común. La batalla contra el fuego se libra sobre el terreno, pero pone sus ojos en las condiciones meteorológicas, determinantes en estos casos. El viento, el calor y la baja humedad son lo contrario a un aliado en la extinción de las llamas y los tres factores están convergiendo en los incendios por los que el Gobierno ha declarado la emergencia nacional.

Así lo detalla en conversación con elDiario.es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Rubén del Campo, que explica que este es el motivo por el que este viernes la situación ha sido de “peligro extremo”. Aunque en la zona han bajado las temperaturas con respecto a los días previos, hablamos todavía de registros muy elevados, de más de 30 grados, lo que sumado a una baja humedad relativa y a un viento que “se va a ir intensificando” en las próximas horas —con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora—, suponen un desafío para el control del fuego.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, advirtió durante la mañana de un “día crítico” y la situación ha obligado ya a desalojar y confinar en sus pueblos a casi 60.000 personas.

La AEMET forma parte de los operativos desplegados y monitoriza en tiempo real la situación desde el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), a cuyas reuniones también asiste. Sus previsiones son un delicado equilibrio entre variables que no siempre evolucionan al mismo tiempo ni en el mismo sentido: en un incendio forestal, la meterología es un conjunto de piezas que no funcionan por separado, es su combinación la que determina las condiciones.

El giro del viento

En este sentido, los pronósticos de la AEMET apuntan a que el viento dará una tregua durante la noche y la madrugada y, ya el sábado, habrá un descenso de las temperaturas. Sin embargo, explica Del Campo, paralelamente ocurrirá otro de los fenómenos que condicionan mucho el control de las llamas y que pueden modificar su comportamiento de forma súbita: un cambio de dirección. “El viento dificultará la tarea porque además de soplar con rachas fuertes que podrían superar los 60 kilómetros por hora, empezará a soplar del noroeste”, informa el portavoz.

Este aire suele favorecer la propagación del frente y la diseminación de partículas, que pueden originar nuevos focos. Del Campo explica que las rachas fuertes, además, complican la utilización de medios áereos, mientras que el viraje de su dirección “obliga a una reorientación de la lucha contra el fuego y a movimientos de efectivos que estaban en otra zona”. “Mientras se produce el cambio de dirección, en la zona del incendio puede haber una situación 'caótica' y no definida porque en unas áreas puede estar soplando en la nueva dirección pero en otras estar todavía haciéndolo en la antigua, lo que dificulta la gestión durante unas horas”, añade el experto.

Además, en incendios de este tipo, “es probable” que puedan formarse fenómenos como los pirocúmulos, que son nubes que crea el propio fuego debido a que el calor extremo que desprende hace que el aire caliente ascienda deprisa y arrastre humo, cenizas y vapor de agua que se condensarán al enfriarse. Según el portavoz de la AEMET, el sábado es el día con las condiciones “más propensas” para su desarollo.

El domingo es el día señalado por la Agencia como “el más favorable” para facilitar las labores de extinción: aunque puede seguir presentando cambios de dirección, perderá “mucha intensidad” y el calor no será excesivo, lo que dibuja un escenario más propicio. Sin embargo, “la ventana es estrecha”, ilustra Rubén del Campo, porque a partir del lunes suben de nuevo las temperaturas y el peligro de incendios vuelve a colocarse en alto e incluso extremo en los días posteriores.

“Los pronósticos ya anuncian un nuevo episodio cálido la próxima semana, que podría derivar en una nueva ola de calor, y los de las siguientes, con las debidas reservas, siguen anunciando calor”, sostiene el experto, que advierte de que España ya acumula más de 133.000 hectáreas quemadas en lo que va de año, lo que “supera ya el promedio anual de 96.000”.

Una situación atravesada por el cambio climático que, recuerda el portavoz de la AEMET, “sin duda está haciendo más frecuentes” fenómenos meteorológicos que “conducen” a elevar el riesgo. “Las olas de calor son más frecuentes, más intensas, más duraderas y más extensas que hace unas décadas. Este 2026 se está llevando la palma: junio y julio han sido los dos meses más cálidos desde que hay registros”.

El Congreso de los Diputados celebrará este jueves la última sesión plenaria antes del parón del mes de agosto. Y lo hará, como es habitual, intentando dejar cerrados varios de los asuntos pendientes antes de dar carpetazo al primer periodo de sesiones de 2026. El principal de ellos es la senda de estabilidad presupuestaria. El Gobierno da por descontado que se apuntará una nueva derrota después de la de la semana pasada, cuando PP, Vox y Junts tumbaron por primera vez el cuadro económico, primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Pero el Ejecutivo sí confía en sacar adelante otras tantas votaciones, entre ellas la convalidación del decreto con el que mantuvo vigentes algunas de las medidas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra de Irán, entre ellas las rebajas en las gasolinas.

El último pleno del curso político será lo que en el argot parlamentario se conoce como un “pleno escoba”, una larga sesión en la que se acumularán multitud de temas. El Gobierno ha apretado para dejar finiquitada antes de irse de vacaciones la tramitación de la senda de estabilidad, los objetivos de déficit y el reparto por administraciones con la que se elaborarán las cuentas públicas, y ha asumido como “puro trámite” la segunda votación al respecto, tras ser rechazada la senda al primer intento la semana pasada. Tanto es así que ni siquiera la portavoz, Elma Saiz, mencionó el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se había dado luz verde a los mismos objetivos que tumbó el Congreso hace poco más de siete días: un déficit público del 1,8% del PIB en 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029.

Con una derrota de este jueves casi asegurada, ese capítulo quedará cerrado y el Ejecutivo podrá iniciar septiembre teniendo la sartén por el mango y controlando los tiempos para presentar su proyecto de Presupuestos, que tendrá mucho de escaparate de cara a unas elecciones generales que el presidente Pedro Sánchez ha abierto la puerta a adelantar al primer trimestre de 2027. El Gobierno argumenta que el rechazo a la senda de estabilidad no puede hurtarle su capacidad presupuestaria ni la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea. E interpreta, por tanto, que podrá presentar Cuentas públicas con las referencias acordadas con Bruselas en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo, el documento clave de las reglas fiscales: un déficit del 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028.

Esas son las mismas cifras que incluye la senda que se lleva a votación, pero el Plan Fiscal Estructural enviado a Bruselas no contempla un reparto por administraciones, esto es, cuánto corresponde al Gobierno central, a los autonómicos y a las entidades locales. Desde el Gobierno argumentan que, en ese caso, es la Carta Magna la que prima, lo que obligaría a las comunidades a presupuestar en equilibrio (tantos gastos como ingresos). Es decir, sin esos 5.850 millones de euros de margen que sí tendrían si se aprobara la senda de estabilidad, en la cual el Ejecutivo les había permitido un margen presupuestario del 0,1% cada año.

El Ejecutivo, de momento, no se marca fechas para alcanzar el siguiente hito: la presentación de los Presupuestos. La Constitución fija que estos deben entrar en el Congreso tres meses antes de que finalice el año, es decir, el 30 de septiembre como tarde, aunque no sería la primera vez que se saltan esta referencia constitucional. En una entrevista este fin de semana, el ministro de Hacienda, Arcadi España, apuntó a octubre como horizonte “razonable” para la presentación de las cuentas públicas. Pero, ante unos Presupuestos que pueden precipitar y fijar los tiempos de un adelanto electoral, en la Moncloa no quieren pillarse los dedos.

El decreto anticrisis, mejor encaminado

Más allá de la derrota asegurada en la senda de estabilidad, el pleno escoba también permitirá al Gobierno coger algo de oxígeno para irse de vacaciones presumiendo de triunfos parlamentarios. La convalidación del decreto anticrisis, aprobado a finales de junio, es uno de los puntos que tiene más opciones de salir adelante, puesto que la Moncloa ha tenido la precaución de incluir en el mismo la eliminación estructural progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, una demanda de Junts que permitirá a los independentistas apuntarse un tanto si apoyan el texto. El paquete de medidas contiene ayudas por valor de más de 1.800 millones de euros, entre las que se cuentan el descuento de 20 céntimos por litro de combustible para agricultores y transportistas.

El decreto, asimismo, contempla ayudas para los hogares y consumidores no profesionales, aunque el Gobierno irá reduciendo paulatinamente el alcance de la medida, que se vehicula a través del impuesto especial de hidrocarburos y no a través del IVA, como se hizo hasta el 30 de junio. En julio, la rebaja en el carburante es de 20 céntimos por litro; en agosto, se reducirá hasta los 15 céntimos por litro; en septiembre, volverá a bajar hasta los 10 céntimos; y en octubre se recortará hasta los 5 céntimos. Se ha incluido una cláusula automática de reactivación de la rebaja por la que se elevará hasta los 20 céntimos/litro si la inflación de los combustibles supera el 15%. También se aplicará a los precios de la electricidad y del gas natural, activándose en el caso de que se disparen en ese mismo porcentaje.

Y, aunque las medidas anticrisis y el punto y final de los objetivos de estabilidad se llevarán buena parte de los focos en el pleno, los diputados tendrán también que decidir si convalidan la jubilación parcial para el personal laboral de las Administraciones públicas. Ese decreto permite, desde finales de junio, que los asalariados públicos –no los funcionarios ni estatutarios– compatibilicen una reducción de su jornada laboral con la pensión.

Por otra parte, el Congreso abordará el último trámite de la conocida como pasarela de los mutualistas al RETA –el régimen especial de autónomos–, después de que el Senado aprobara, con enmiendas, el proyecto de ley que permitirá un ‘rescate público’ a colectivos como abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales que cotizaban en mutualidades profesionales privadas y que ahora se enfrentan a pensiones muy reducidas, incluso de 300 y 400 euros. El pleno todavía puede eliminar los cambios que incluyó el Senado en el texto, de gran complejidad, que volvió a excluir a los ya jubilados (salvo los casos de viudedad), mientras que abrió el paso a quienes tienen más de 15 años cotizados y, por tanto, derecho a una pensión.

La condonación de la deuda

La traca final para despedir el curso político también incluye el debate de totalidad al proyecto de ley para la condonación de la deuda pública autonómica, uno de los grandes compromisos del Gobierno con ERC para atar la investidura de Pedro Sánchez, en 2023. Tras meses atascada en la Comisión de Hacienda, la quita de la deuda pasa por su primer examen parlamentario. Tanto Vox como el PP registraron enmiendas para devolver el proyecto de ley al Gobierno, pero está previsto que la norma supere este primer trámite para comenzar su recorrido legislativo.

Por último, el Congreso también tiene previsto dejar cerrada de forma definitiva este miércoles la reforma del reglamento promovida por los socios progresistas del Gobierno (y apoyada por PSOE y Sumar) para rebajar los requisitos para formar grupo parlamentario. La reforma, impulsada ante el temor de que el bloque derechista acabe la próxima legislatura con la tradicional manga ancha que da la Mesa de la Cámara Baja para que los partidos pequeños —también los conservadores— no se queden sin las ventajas que ofrece tener grupo, es rechazada de plano por PP y Vox.

“España ya ha cambiado de opinión y solo falta que Sánchez cambie de domicilio”. Esa es la principal conclusión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este miércoles ha protagonizado su habitual rueda de prensa de balance de curso político. En línea con algunas encuestas, el hasta ahora jefe de la oposición da por hecho que él será el próximo presidente del Gobierno sin esperar a las elecciones generales de 2027. Pero el presidente de los populares no tiene previsto hacer uso de su única prerrogativa para echar ya a Pedro Sánchez del poder. En su comparecencia, Feijóo ha vuelto a evitar el anuncio de una moción de censura.

“Para que la decencia vuelva a la Moncloa, primero Sánchez tiene que salir de allí y después empezará la reconstrucción institucional de nuestro país. Por eso no será un relevo, será una limpieza a fondo”, ha anunciado el líder del PP, que ha insistido en pedir ese adelanto electoral como la única “salida razonable y democrática” del Gobierno progresista. Sin esperar a las urnas, Feijóo ya tiene una conclusión: “En las urnas y en las Cortes, España ha decidido que quiere una nueva etapa, que quiere comenzar su reconstrucción nacional. El cambio ya no es solamente una aspiración política, es un clamor social”.

Con su comparecencia de este miércoles, apenas unas horas antes del tercer aniversario de las elecciones del 23J que volvieron a situarle en la oposición, Feijóo ha dado por activada “la cuenta atrás para el cambio”. A continuación, ha lanzado un matiz: “Yo no quiero heredar el Gobierno de España, sino engrandecer este país. Me presentaré a las elecciones para reconstruir el Gobierno de España y para reconstruir la Nación, no para administrar sus escombros”. Para él, es imprescindible que “la decencia vuelva a las instituciones” porque “el poder no puede nacer de una mentira, como fue la ley de amnistía” y “no puede desarrollarse mediante privilegios de unos españoles sobre otros”. Sánchez, para él, “no merece otra cosa que el mayor castigo electoral porque ha sido una desgracia para este país”.

Feijóo ha aprovechado entonces para mencionar los casos de corrupción que se vinculan con el Gobierno. Ha mencionado “16 procesos judiciales, 123 imputados, 21 tipos de delitos, 2.362 años de prisión en juego y cientos de millones de euros sustraídos del interés general”. También ha dicho que “todo es cloaca”. “La Fiscalía General del Estado, la Dirección General de la Guardia Civil, la SEPI, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Interior, Correos, el CIS, los medios públicos, lo han manchado todo. La corrupción ha llegado a todas partes para hacer negocios, para adjudicar contratos, para favorecer a las personas más afines, para intervenir empresas, para la financiación del PSOE, para proteger a los propios, para atacar o neutralizar a quienes investigan o les cuestionaban”, ha zanjado.

“Zapatero está en todos los ajos”

Para el líder del PP, la corrupción “ha llegado al mismísimo corazón del Estado y se ha convertido en sistémica”, recordando en ese punto la condena al fiscal general del Estado, la del exministro José Luis Ábalos y la del hermano del presidente del Gobierno. “Ni siquiera se libra el que durante años nos presentaron como faro moral, Zapatero. Por lo que ha trascendido en las últimas horas, está en el ajo de todos los demás”, ha ironizado, aludiendo así a las delaciones de los empresarios de Plus Ultra contra el expresidente del Gobierno. Feijóo ha criticado, en ese punto, que Zapatero no haya dado las explicaciones prometidas.

“Se pasó años dando lecciones de altruismo y de paz y resulta que todo era una cuestión de negocios, negocios hasta con dictaduras. Y la realidad es que juró no haber influido en el rescate de Plus Ultra y su colaborador necesario lo ha descubierto. Y lo más lamentable no es todo lo que acabo de decir. Lo más lamentable es que sin el Gobierno de Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir. La afirmación 'Zapatero tiene todo mi apoyo', que aún siguen sosteniendo en el día de hoy, adquiere ahora una dimensión superior. Zapatero nunca habría podido influir sin un Gobierno capaz de convertir sus gestiones en decisiones. Efectivamente, le dieron todo su apoyo. Y esto lo explica casi todo. Hay una relación de causa-efecto entre la llegada de Sánchez al gobierno y que la corrupción lo invadiese todo a su alrededor”, ha zanjado.

Feijóo considera que “la zona cero” de la corrupción “está en la Moncloa” y “el señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales”. “Sánchez es el nexo político corruptor. Y el tiempo no jugará a su favor. El tiempo jugará a favor de España, que merece y tendrá la verdad”, ha concluido.

La sospecha sobre una “financiación ilegal” del PSOE

Lo que espera Génova 13 es incluso un procesamiento del PSOE y de Sánchez en los próximos meses. “Veremos si hay financiación ilegal del PSOE y si cantan uno, dos o tres todo lo que saben. Y, sobre todo, veremos que la cuarta economía del euro no puede vivir así”, ha dicho. Sin esperar a la acción de los tribunales Feijóo ha asegurado tener ya su “propia opinión” sobre Sánchez y su papel en los casos de corrupción.

“En realidad da igual si ocurrió con su ignorancia o con su participación activa o pasiva. Y da igual lo que sobre él determine la justicia. La responsabilidad política de la mayor corrupción de nuestra democracia es suya”, ha dicho. También ha afirmado que “lo peor aún está por llegar” y que para España lo mejor será “el cambio que pondrá fin a una legislatura que nunca debió empezar”: “Si Sánchez afronta su último verano en La Mareta es porque no merece otra cosa”.

“Del mismo modo, sé que la responsabilidad de garantizar que España no vuelva a pasar por esto nos corresponde a nosotros, al Partido Popular, y no vamos a fallar. Se conocerá la verdad, se exigirán todas las responsabilidades, se reparará todo lo que se pueda y, sobre todo, se levantarán todas las garantías para que España no vuelva a sufrir nunca un Gobierno como este, que usa las instituciones para proteger a los suyos, perseguir a quien investiga y degradar nuestro Estado de Derecho”, ha añadido, sin aportar pruebas concretas de sus acusaciones.

En opinión de Feijóo, que ha vuelto a anunciar que si llega a la Moncloa enmendará todas las políticas del actual Ejecutivo, “la reconstrucción institucional no consiste solo en echar a quien ha corrompido las instituciones”, sino también “en impedir que nadie pueda volver a corromperlas”.

El Gobierno intenta no verse salpicado por la estrategia procesal del empresario Julio Martínez Martínez y los directivos de Plus Ultra, que atribuyeron el lunes al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero un papel central para lograr los 53 millones de euros del rescate a Plus Ultra. Ese supuesto rol del expresidente ha puesto el foco en la legalidad del proceso que terminó con la concesión del préstamo público. Pero este martes la ministra portavoz, Elma Saiz, fue tajante al asegurar que no cabe ninguna sombra de “duda” al respecto. “La actuación del Gobierno de España en ese expediente”, dijo, “fue la correcta”, y la prueba de ello, argumentó, es que el procedimiento ha pasado por las manos de varias instituciones y ninguna ha encontrado ninguna irregularidad.

Saiz defendió la honradez del expediente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras la declaración de Martínez Martínez en la Audiencia Nacional y menos de 24 horas después de que el antiguo colaborador de Zapatero y el actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, remitieran sendos escritos señalando al expresidente como la persona que se ofreció para facilitar el rescate de la compañía aérea a cambio de una comisión del 1% del préstamo concedido. En el documento remitido por Martínez Sola se detalla que la comisión que se habrían repartido el expresidente del Gobierno y Martínez Martínez fue de 530.000 euros, así como que se entregó de forma encubierta por medio de facturas “inciertas”.

La ministra portavoz, en su rueda de prensa de este martes, evitó valorar los testimonios ofrecidos en ambos escritos argumentando que no es tarea del Gobierno “comentar, ni calificar, ni valorar las distintas versiones, declaraciones o estrategias de defensa que, en sede judicial, se vayan desarrollando en este caso”. Pero sí insistió en que el Ejecutivo ha cumplido a rajatabla la ley y no incurrió en ninguna irregularidad al conceder el préstamo público a Plus Ultra en marzo de 2021. “Es bueno recordar que este expediente fue avalado y tramitado por los servicios jurídicos de la SEPI, fue revisado por el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, fue analizado por la Comisión Europea, fue fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, y ninguna de esas instituciones encontró motivo de sospecha”, enumeró.

“Nosotros sabemos que Zapatero no hizo ninguna presión para la concesión del crédito a Plus Ultra”, entre otras cosas porque la aerolínea ya cumplía los requisitos para conseguirlo y no era necesario que nadie intercediera para la resolución del expediente, argumentan fuentes de la Moncloa. De hecho, este martes la portavoz Saiz volvió a defender no solo la “presunción de inocencia” del expresidente —máxime cuando el caso se encuentra en fase de instrucción—, sino su “inocencia”, porque el Gobierno sigue creyendo en las explicaciones que ha ofrecido Zapatero, que sostiene que no ha cometido los delitos por los que se le investiga.

Fuentes de la Moncloa admiten que su confianza en el expresidente se basa en una decisión, más que en tener pruebas fehacientes de su inocencia. “Ahora mismo existen dos versiones contrapuestas, y nosotros elegimos creer en la de Zapatero”, explica un dirigente, que insiste en que los dos escritos presentados el lunes no contienen nuevos “datos” ni “pruebas” que demuestren que el expresidente se lucró vendiendo su influencia. Lo cierto es que, este martes, Julio Martínez Martínez no aportó más detalles para concretar en qué consistió el supuesto rol protagonista de Zapatero en el rescate de Plus Ultra: en su declaración ante el juez, apenas un día después de señalarle en un escrito, el empresario no aclaró ni con quién medió o a quién presionó el expresidente ni cuánto habría cobrado por ello.

Razones “casi sentimentales”

No obstante, más allá de que consideren que los indicios acumulados hasta ahora no son suficientemente concretos para dejar de confiar en Zapatero, las fuentes de Moncloa consultadas también admiten que la decisión de cerrar filas con el expresidente obedece, en parte, a razones “humanas y casi sentimentales”. “Aceptar que Zapatero nos ha mentido no es una cosa que vaya a pasar de la noche a la mañana” y solo ocurrirá si existen pruebas incontestables de ello, porque alejarse en este momento de una persona “que lo ha sido todo para el PSOE, para el Gobierno y para un montón de ciudadanos” solo “para quedar bien ante la opinión pública” podría incluso ser contraproducente, razonan.

“Si llega un día en que es incontestable que nos ha engañado, a ese momento va a llegar todo el mundo mucho antes que el Gobierno y que la cúpula del PSOE”, resumen estas fuentes, que hacen hincapié en que, por ahora, la Moncloa cree firmemente en el “honor” y la “palabra” de Zapatero. En cualquier caso, el Ejecutivo insiste en que el expresidente no forma parte del actual Consejo de Ministros y en que, por tanto, no tiene que tomar ninguna decisión sobre su futuro. “Nos vamos a ver en la tesitura de tener que opinar, pero no es nuestra responsabilidad, será la opinión sobre una persona que es cercana al Gobierno y, en el peor de los casos, nos llevaremos una gran decepción y nos habremos equivocado”, argumentan las fuentes consultadas.

El PP, por el contrario, considera que el Gobierno debe asumir “responsabilidades políticas” aunque Zapatero no forme parte del Consejo de Ministros. “Sánchez y el resto de ministros nos van a tener que explicar qué sabían, quién habló, cómo y por qué pudo tejer esta operación” el expresidente, espetó este martes la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, que incluso llegó a exigir al Ejecutivo que confiese “cuántos estaban en el ajo”. “Parece, al final, que Zapatero no es mucho mejor que José Luis Ábalos, sino que, presuntamente, es igual de corrupto o peor”, sostuvo igualmente Ezcurra.

La dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia se cobró 230 vidas y dejó un mapa de huellas sobre el que es obligado trabajar para minimizar los daños cuando se vuelva a producir. La anterior inundación en la región, la del 14 de octubre de 1957, llevó a que años después se construyera el desvío del Turia, un nuevo cauce de 12 kilómetros que sacó el río del centro de la ciudad, lo que ha evitado que ahora el desastre no haya sido aún mayor. Pero entonces, como ahora, la riada dejó toda una serie de lecciones que se ignoraron y que ahora deberían tomarse al pie de la letra para una reconstrucción que tiene que contar con una eventual futura dana. El Turia se ha desbordado provocando fuertes inundaciones en 25 ocasiones desde el año 1321, pero las consecuencias del cambio climático hacen suponer que la frecuencia y gravedad de las mismas puede ser aún mayor.

Es por eso que el Gobierno acaba de sacar a consulta pública un real decreto en el que “se endurecen las limitaciones de uso del suelo en las zonas inundables, se refuerza la integración de la cartografía de zonas inundables en el planeamiento territorial y urbanístico, se prevén programas municipales de adaptación al riesgo de inundación, se impulsan medidas de fomento de la cultura del riesgo (señal ética de inundaciones históricas, formación en la ESO y campañas de autoprotección) y nuevas obligaciones de transparencia registral sobre la afección de las fincas por zonas inundables, señala el Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico.”

Que la nueva normativa se centre en cuestiones urbanísticas tiene todo el sentido. La zona afectada es una de las que ha registrado un mayor crecimiento de población en los últimos cincuenta años, sin que en ese desarrollo se prestara la atención debida a las zonas ya reconocidas como inundables. Además, casi un centenar de los fallecimientos se produjeron en casas y garajes, de manera que vivir en planta baja o pretender salvar el coche se convirtió en unas de las grandes trampas. Todo esto tiene que ver con que una parte importante de la población no tiene el recuerdo de la inundación de finales de los años 50 del siglo pasado.

La dana de 2024 afectó especialmente a 69 municipios que han triplicado su población desde la anterior gran inundación, que ya afectó a buena parte de ellos. Estos pueblos tenían censados 351.000 habitantes en 1950, cifra que se había ido hasta casi el millón (937.000) en 2023, lo que implica un crecimiento del 167%. Paiporta, el pueblo considerado como la zona cero de la catástrofe, por ser el que registró mayor número de fallecidos, multiplicó por siete su población, al pasar de 3.574 a 27.184 habitantes en ese período. Para hacerse idea de lo extraordinario de esa expansión, basta señalar que en esos años el censo de Valencia capital creció un 59% y el del conjunto de la provincia un 97%, que comparan con un 72% para España.

Como es fácil de suponer, crecimientos tan desaforados como el de Paiporta y de las comarcas afectadas por la inundación, suelen hacerse de forma desordenada. El satélite Copernicus del sistema europeo de emergencias, señaló en su momento que el área afectada por la riada en los diferentes municipios de la provincia de Valencia sumaba 15.633 hectáreas, en las que habitaban unas 190.000 personas, repartidas en 17.597 edificaciones residenciales a lo largo de 3.249 kilómetros de calles y carreteras que resultaron afectadas. La web Datadista realizó un cruce de datos de esta zona y el Catastro y concluyó que el número de viviendas afectadas ascendía a 75.000, de las que un tercio fueron levantadas a partir de 2003, cuando ya se había aprobado el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana (Patricova). Por tanto, muchas viviendas se construyeron sobre la huella de la inundación de 1957 y sabiendo que era suelo inundable.

Con estos datos, parece evidente que hace falta una normativa que impida que la reconstrucción se vuelva a realizar ignorando la huella de las inundaciones previas, confiando en que no se vuelvan a repetir. Por eso, la educación también juega un papel clave para ser conscientes de donde se vive y, por ejemplo, no acabar muriendo por pretender salvar el coche. La señalización en las calles, advirtiendo de que se está en zona inundable, sin duda contribuiría a tener presente una realidad que la historia muestra que se repite más de lo deseable.

La nueva normativa también busca garantizar una “mejor coordinación entre la normativa de aguas, la ordenación del territorio y la protección civil”. Este punto es el que trae a la memoria la desastrosa gestión preventiva que realizó el Gobierno de la Comunidad Valenciana, con un presidente, Carlos Mazón, totalmente ausente. La Jueza de Catarroja ya dejó claro que un número importante de muertes se podrían haber evitado si la población hubiera recibido instrucciones en tiempo y forma. Pero mientras se van ventilando las responsabilidades penales de la última inundación es importante construir una norma que deje lo menos posible al arbitrio del político de turno y sus caprichos del día.

Los choques entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ejecutivo central son más que frecuentes y vienen de lejos. No es de extrañar que las relaciones entre el representante del Gobierno de Pedro Sánchez en la capital, el delegado Francisco Martín, y la presidenta de la Comunidad de Madrid tampoco sean buenas, pero estas han ido empeorando a lo largo de estos últimos años. La última de estas discrepancias se ha producido hace solo unas semanas, después de que Martín presentara un plan de acción contra la violencia sexual ante el aumento de las denuncias en la región.

Delegación de Gobierno presentó este mes un documento con 20 medidas entre las que se incluyen la formación de profesionales del entorno escolar, un mapa territorial de riesgos o un informe anual de violencia sexual en la comunidad, entre otras. Para poder desarrollarlo plenamente, pretendían coordinarse con otras instituciones como la Federación de Municipios de Madrid, la Fiscalía –a quien entregarán el plan el próximo martes– o la propia Comunidad, de quien lamentan que no han obtenido respuesta: “No se le presentó inicialmente un documento cerrado. Durante la fase de elaboración se invitó al Gobierno autonómico y al PP de la Comunidad a participar en los trabajos preparatorios”.

Según explica el propio delegado a elDiario.es, rechazaron participar, ya sea negándose o directamente evitando responder. “Durante 2024 y 2025 se mantuvieron 53 reuniones” con diferentes cuerpos, como organizaciones sociales, empresas o sindicatos. “Tras la presentación he vuelto a dirigirme formalmente a la presidenta”, añade. “Mantengo la mano tendida para que se incorporen ahora al desarrollo y la ejecución”. Por ahora no hay todavía una partida presupuestaria única y cerrada, sino que se trata de una “hoja de ruta transversal” y será cuando se constituya la mesa técnica cuando se verá el calendario, las administraciones responsables o los recursos disponibles.

Durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad, el portavoz, Miguel Ángel García Martín, argumentaba que ya se estaban desarrollando planes contra la violencia sexual en la región, aunque no entraba a responder directamente sobre si rechazaban directamente cualquier participación. Fuentes cercanas a la presidenta consultadas por este diario remiten a las palabras de García Martín, mientras que el delegado habla directamente de boicot. “No encuentro ninguna razón técnica ni institucional que justifique su negativa”, argumenta. “Me preocupa que estén anteponiendo la confrontación política a una cuestión que debería quedar fuera de cualquier estrategia partidista. Estamos hablando de violaciones y de víctimas, muchas de ellas menores. Lamentables, Ayuso nos tiene acostumbrado a esto”, añade.

En caso de no producirse esta coordinación entre instituciones, el delegado asegura que se “limita su alcance”, ya que aunque sí cuenten con el visto bueno de algunos ayuntamientos —aseguran que algunos incluso del PP— y puedan desarrollarse actuaciones dentro de las competencias de la propia Delegación y de la Administración General del Estado, Madrid sigue teniendo las competencias esenciales en materia de sanidad, educación, servicios sociales o atención especializada a las víctimas. “Su falta de participación no paraliza el plan, pero sí dificulta que la respuesta sea plenamente integral, que es lo que busco”, asegura Francisco Martín.

Sobre esos planes existentes que argumenta la Comunidad de Madrid, el delegado asegura que valora “positivamente todos los recursos existentes”, pero que “tener protocolos sectoriales no equivale a disponer de una estrategia madrileña integral” y que el plan se trata de una adaptación del I Plan Estratégico para la Prevención de las Violencias Sexuales 2023-2027 del Ministerio del Interior.

La querella del alcalde de Móstoles contra el delegado

Uno de los choques públicos entre los de Ayuso y el delegado del Gobierno se produjo el pasado mes de abril con la polémica en torno al caso del alcalde de Móstoles, ahora imputado tras las denuncias por acoso sexual y laboral a una exconcejala de su propio partido. Francisco Martín acudió a la Junta de Seguridad Local en la ciudad madrileña y cargó al inicio de la reunión contra Manuel Bautista por copresidir la junta a pesar de la causa.

“Este señor tras lo que ha hecho no debe presidir una comisión como la que hemos celebrado en la que se habla de seguridad”, dijo entonces Martín. Ante las críticas del delegado durante la reunión, Bautista anunció una querella contra él por supuesta vulneración del honor.

Ahora, el delegado del Gobierno ve un “grave paralelismo” entre la falta de coordinación con la Comunidad de Madrid para llevar a cabo el plan contra la violencia sexual y el apoyo al alcalde del PP: “El negacionismo de las violencias machistas no solo se expresa con palabras”, critica Martín. “Hasta que no demuestre lo contrario, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid es negacionista de la violencia machista”, añade.

“No se puede reclamar a las mujeres que confíen en las instituciones para ponerse a salvo y que, cuando una de ellas denuncia a una persona poderosa, se le abandone, cuestione o se le convierta en el problema”, dice el delegado del Gobierno sobre este apoyo al regidor.

Ayuso y su equipo en diferentes ocasiones han salido en defensa de Manuel Bautista. Tras conocer que se mantenía la investigación, la presidenta de la Comunidad decidió mantener este apoyo cerrado. “Sí. Está siendo ahora mismo acusado por algo que nadie ha demostrado diferente. Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue. Por tanto, ¿cómo no voy a defender su trabajo y compromiso por Móstoles?”, dijo, ese mismo 1 de julio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá finalmente a la final del Mundial de fútbol masculino que tendrá lugar el próximo domingo en Nueva York según han confirmado fuentes del Ejecutivo. Aunque el jefe del Ejecutivo tiene previsto otro viaje a Argelia el lunes Sánchez acudirá un día antes al partido que enfrentará a España y Argentina.

La selección española peleará este domingo (21:00 horas) por levantar la segunda Copa del Mundo de su historia, la segunda tras la conseguida en Sudáfrica 2010.

España ha ido de menos a más en la competición. Comenzó el torneo firmando un inesperado empate ante Cabo Verde (0-0), aunque enderezó el rumbo ante Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (1-0). Los triunfos ante esas dos últimas la auparon al primer puesto del Grupo H, evitando así a Argentina hasta en una hipotética final, como ha acabado sucediendo.

En dieciseisavos de final, superaron a Austria (3-0) y rompieron una barrera que no saltaban desde Sudáfrica 2010: ganar, de nuevo, una eliminatoria en la Copa del Mundo. Eliminaron a Portugal en los octavos de final (1-0). En cuartos de final, ganaron a Bélgica (2-1). En semifinales, la selección completó su mejor partido hasta la fecha ante la temible Francia de Mbappé y compañía (2-0).

El Congreso aprobó el pasado martes la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, pero también la ampliación de su financiación. El incremento será de unos 120 millones para 2026 y 120 millones para 2027. Además, el Gobierno calcula que con la nueva financiación y condiciones, se generen unos 100.000 puestos de trabajo asociados al sector.

Una vez aprobados los textos en el Congreso (todavía deberá pasar por el Senado), el Ministerio de Derechos Sociales ha requerido un anexo con sindicatos y patronales para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores (fuertemente feminizado). La idea es crear una mesa de diálogo de donde salgan medidas concretas.

El nuevo aporte económico permitirá, insisten fuentes del Ministerio, un aumento de los salarios, la implementación de más formación y una mayor estabilidad.

Entre 2026 y 2027 se espera la transferencia de 6.200 millones de euros más a las comunidades autónomas para que puedan seguir reduciendo las listas de espera. Derechos Sociales estima que puedan reducirse hasta 71.000 personas para el próximo curso, y, para la atención ampliada a la ciudadanía, se prevé que habrá 417.000 personas beneficiarias.

Entre las comunidades autónomas que más puestos de trabajo podrían generar se encuentran la Comunitat Valenciana (12.704 empleos), Castilla y León (7.329 empleos) y Galicia (6.156 empleos), de acuerdo con los análisis del departamento dirigido por Pablo Bustinduy.

Otras comunidades autónomas con potencial laboral son Canarias (6.563 empleos), Castilla-La Mancha (6.254 empleos) y la Región de Murcia (3.334 empleos).

“Hoy estamos haciendo historia, historia de la buena”, ha asegurado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de demolición de la Verja de Gibraltar. “Hoy cae el último muro de Europa continental”, ha añadido, ante las distintas autoridades presentes en la frontera entre España y el peñón. Sánchez ha hablado de “una nueva era para el campo de Gibraltar” y ha destacado que a partir de ahora se facilitará la “prosperidad compartida” y se iniciará “una etapa de convivencia, de futuro compartido entre poblaciones que jamás vivieron de espaldas”.

Sánchez ha recordado que más de 15.000 trabajadores “cruzan a diario” esa frontera y que el 70% son de nacionalidad española, representando “la mitad de la fuerza laboral gibraltareña”. Por eso ha señalado que “durante décadas la verja ha sido una herida abierta para los miles de trabajadores que cruzaban cada día sin saber cuánto tardarían en llegar a su puesto de trabajo”, también “para las familias separadas por unos metros de metal y para generaciones que crecieron pensando que no había una solución posible”.

El jefe del Ejecutivo ha dicho que la posición de España “siempre” ha estado “alineada con el interés nacional y, por supuesto, con el pleno respeto al derecho internacional”. Y ha considerado que que el acuerdo entre la Comisión Europea y el Reino Unido, firmado ayer en Bruselas que hoy entra en vigor y que ha permitido la demolición de la verja “es un acuerdo justo” que protege los intereses españoles “y cumple además con creces los objetivos” marcados en la negociación.

En lo relativo a la libre circulación de personas, España ejercerá las competencias Schengen en el puerto y en el aeropuerto Gibraltar, “garantizando la seguridad de la frontera exterior europea y el pleno control de visados”, ha dicho Sánchez. Asimismo, en materia de libre circulación de mercancías, se establece una unión aduanera entre la Unión Europea y Gibraltar y se alcanza una convergencia fiscal de manera indirecta “que pondrá fin a los desequilibrios históricos”. Y en el ámbito de transporte, “se abre el aeropuerto de Gibraltar al tráfico civil con un modelo de gestión compartida, precisamente para ofrecer nuevas oportunidades a la conectividad, al turismo, a la inversión y al desarrollo de todo el campo de Gibraltar”.

Las prestaciones por desempleo

Respecto a los trabajadores transfronterizos, Sánchez ha asegurado que “sus prestaciones por desempleo quedan garantizadas, sus pensiones estarán protegidas y podrán complementarse hasta los mínimos españoles. Y ya, por tanto, no habrá tampoco unos retrasos en los cobros de prestaciones a causa de la descoordinación administrativa. Y, además, cualquier ciudadano o ciudadana de la Unión Europea con residencia legal en España podrá ejercer una actividad por cuenta ajena en Gibraltar, sin discriminación y en igualdad de condiciones”, ha concluido.

El acuerdo suscrito que ha permitido la demolición de la verja crea además un fondo social para promover la cohesión y la solidaridad entre Gibraltar y el campo ante Gibraltar. Va a estar financiado por la Unión Europea, el Reino Unido, “y también va a contribuir decisivamente a paliar las desigualdades a uno y otro lado de este lugar, con acciones concretas en formación, en empleo, para ofrecer oportunidades a los jóvenes de esta tierra”, ha remachado.

La carrera de la inteligencia artificial tiene muchos frentes. Los modelos de frontera, tales como ChatGPT o los últimos sistemas de Anthropic que están en el centro de las discusiones geopolíticas, son solo uno de ellos. Bajo la superficie se libran otras competiciones. Una de las menos visibles, pero igual de decisiva es la de quienes diseñan los chips que se usarán para entrenar y ejecutar la IA, así como la tecnología que sirve de base para ello. Es un campo en el que las empresas están intentando meter el pie y que podría facilitar la competición en todos los demás.

Dos de los nombres propios de esa apuesta son Multiverse Computing y Openchip. La primera fundada en San Sebastián en 2019, la segunda en Barcelona en 2021. Dos startups que han recibido un fuerte apoyo del Gobierno por su potencial para poner las bases de centros de datos más sostenibles made in Spain, empezando por el concurso de la gigafactoría europea.

Esta iniciativa, con la que la UE quiere impulsar hasta cinco grandes infraestructuras para el desarrollo de modelos de frontera repartidas por el continente, ha colocado a las dos jóvenes empresas en el punto de mira. La startup de origen vasco está directamente involucrada en el proceso, con un 4% del capital de la sociedad que gestionará la candidatura de la gigafactoría española. Su contrapartida catalana podría estarlo muy pronto, puesto que ACS (uno de los socios mayoritarios del proyecto, junto a Telefónica y Banco Santander) está en conversaciones para convertirse en su accionista mayoritario.

El foco de ambas es reducir el consumo energético de la inteligencia artificial innovando en su infraestructura, pero su enfoque es diferente. Mientras que Multiverse intenta aplicar física cuántica a los modelos actuales para reducir hasta un 80% su factura eléctrica y una pérdida marginal de precisión, Openchip va directamente al corazón del problema: los chips.

Los mismos modelos, pero mucho más eficientes

Multiverse Computing nació de la idea de aplicar ciencia de frontera a los modelos de inteligencia artificial para hacerlos más ligeros y más baratos de ejecutar. Esas técnicas proceden de la física cuántica, el campo que promete revolucionar la computación en los próximos años. Pero en este caso no se trata de usar ordenadores cuánticos, aún muy inestables, sino de aplicar algunas de sus matemáticas a sistemas convencionales. Así “pueden alcanzar regímenes que antes se consideraban fuera del alcance de las capacidades computacionales clásicas”, detalla la startup.

De esta forma, Multiverse puede comprimir los modelos que ya están en el mercado, haciéndolos entre 4 y 12 veces más rápidos y generando un ahorro de costes y energía del 50 al 80%. A cambio, solo una pérdida “marginal” de precisión: “Se nota en tareas de razonamiento matemático complejo o generación de código muy específico, donde hay poco margen de error. En cambio, en clasificación, resúmenes o asistentes conversacionales, la mayoría de usos empresariales, es prácticamente indetectable”, explica a elDiario.es Enrique Lizaso, su director ejecutivo.

Esta tecnología le ha granjeado a Multiverse Computing más de 120 clientes en sectores como energía, banca, telecomunicaciones y defensa. También un nutrido grupo de inversores, como Telefónica, HP, Toshiba y múltiples fondos nacionales e internacionales. Entre ellos se encuentra el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que ha entrado en su capital con 166 millones de euros. Actualmente, cuenta con algo menos de 500 empleados.

La SETT, también conocida como la SEPI digital, opera bajo un modelo de coinversión: entra en las rondas de financiación de las startups españolas, alcanzando como máximo el 49% del capital. Un apoyo que permite a las empresas llegar a doblar la financiación que obtienen de inversores privados mientras impide que pierdan su anclaje con el territorio. “Nuestro objetivo es generar soberanía tecnológica”, explicó su director, Javier Ponce, en un reportaje de elDiario.es: “Que esa tecnología se quede en el territorio y no venga un fondo extranjero, como ha ocurrido en el pasado, compre la empresa y se lleve la tecnología fuera”.

Multiverse ha recibido ya dos inyecciones de dinero público de esta forma, una en 2025 de 59,2 millones de euros, y otra a finales de junio, de 107 millones. Esta última ha coincidido con el anuncio de la participación de la startup en la gigafactoría española, con un 4% del capital. “Nosotros aportamos la capa del software del centro de datos: modelos de IA optimizados, orquestación de GPUs, servicios de IA y soberanía. De este modo, hacemos que la infraestructura sea potente, pero también eficiente y soberana”, avanza Lizaso.

Chips abiertos y menos voraces

Uno de los proyectos de mayor calado geoestratégico en los que trabaja el Barcelona Supercomputing Center (BSC) gira en torno a RISC-V. Se trata de una arquitectura abierta para diseñar chips que podría reducir la dependencia europea de Intel o Nvidia. Openchip nació en 2021 como una iniciativa impulsada por el BSC junto a la ingeniería GTD para trasladar ese conocimiento al mercado.

Hoy es una de las apuestas más ambiciosas para desarrollar una industria europea de semiconductores avanzados orientados a la inteligencia artificial y la supercomputación. Ha recibido unos 261 millones de euros de apoyo público: unos 111 millones del PERTE chip (financiado con fondos europeos); 35 millones de la Generalitat de Catalunya, que posee un 5% de su capital; y otros 115 millones de la SETT, que cuenta con aproximadamente un 16%.

“Con una plantilla de 300 empleados, las unidades de procesamiento de chips que desarrolla, basadas en código abierto (RISC-V), tienen una eficiencia energética superior a otras soluciones. Por tanto, permite reducir el consumo de energía de los centros de datos que las usen”, explicó el Ministerio para la Transformación Digital en junio, cuando se confirmó esta última inversión.

“La necesidad de computación es muy alta y la necesidad de procesar datos de distintos sitios también lo es. Ahora bien ¿a qué coste?”, se preguntaba Cesc Guim, director ejecutivo de Openchip, durante el último Mobile World Congress, donde fue una de las startups invitadas para representar a España. Allí presentó una tecnología que permite a los chips revisar los modelos de IA antes de ejecutarlos para comprobar si han sido hackeados. “Nuestro objetivo es ayudar a Europa a tener aceleradores de inteligencia artificial y facilitar su adopción con soluciones que sean sostenibles, pero sobre todo centradas en la seguridad”, añadía Guim.

Openchip, en cualquier caso, está lejos aún de la fase operativa en la que sí está Multiverse. Actualmente, se encuentra desarrollando su primer prototipo. Sus primeros chips comerciales podrían llegar en 2028. Con todo, su tecnología ya ha llamado la atención de ACS, que está estudiando convertirse en su accionista mayoritario.

Se trata de una alianza que podría terminar resultando clave para la candidatura de la gigafactoría española, de la que la constructora presidida por Florentino Pérez es uno de los socios principales. Pero no solo: ACS se ha convertido en uno de los mayores contratistas de centros de datos del mundo. Si la tecnología en la que trabaja Openchip consigue chips comercialmente viables, la multinacional española tendría en su mano la capacidad de independizarse de los gigantes tecnológicos estadounidenses para llenar estas infraestructuras de los servidores necesarios para operar.

A falta de una confirmación oficial, la startup guarda silencio. “No hacemos comentarios sobre especulaciones y rumores del mercado”, comunicó una portavoz a este medio sobre la operación con ACS. “Openchip mantiene conversaciones con diversos socios y potenciales inversores como parte de su estrategia de crecimiento. Ofreceremos información actualizada si se produce algún avance significativo”.

La condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de cooperación en prevaricación administrativa no moverá un ápice el apoyo de los socios que le quedan al Gobierno progresista. Es más, tras conocer el fallo de la Audiencia Provincial de Badajoz que ha descartado el tráfico de influencias y ha rechazado una pena de cárcel para el hermano de Pedro Sánchez, todos esos aliados salieron a mostrar su perplejidad por una condena que no consideran justificada. Desde el propio Gobierno apostaron por remarcar la “inocencia” del condenado y consideraron que el único objetivo del tribunal es “dañar al presidente del Gobierno y a su entorno familiar”.

Uno de los dirigentes públicos más contundentes fue el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. En el pasillo del hemiciclo, minutos después de conocerse la sentencia, el dirigente republicano la tildaba como “una sobrada” y afirmaba que Sánchez había sido condenado “por la cara”. “Lo único bueno de lo de David Sánchez y Begoña Gómez es que ahora el PSOE (y por extensión mucha gente) ya sabe el pan que se da cuando un juez te persigue por tus ideas, por ser quien eres o simplemente por la cara. Adecentar al poder judicial debería ser prioritario”, apuntaba después el dirigente republicano en la red social X.

“Es un momento en el que cuesta mucho discernir la verdad de la mentira”, había asegurado Rufián antes incluso de conocer el fallo. “Los casos del hermano de Sánchez y de la mujer de Sánchez son de primero de lawfare, pero irán pa'lante, como diría según quién en redes sociales”, agregó.

Desde los Comuns, la diputada Aina Vidal consideraba abiertamente “desproporcionada” la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz. A su juicio, “el estado de opinión sobre la Justicia es nefasto por sentencias como esta”. Se pronunció en la misma línea Alberto Ibáñez, diputado de Compromís. Él también habló de “desproporción” y añadió, dirigiéndose a los jueces: “Tienen que tener cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho de este país”.

El PNV se limitó a considerar “fuerte” la condena a David Sánchez y no hubo dirigentes de EH Bildu que se pronunciaran al respecto aunque desde las dos formaciones no ven razones para dejar caer al Ejecutivo. La sentencia no traspasa algunas de las líneas rojas impuestas por los socios como condición para retirar su apoyo a Pedro Sánchez. Desde el inicio de la legislatura los socios siempre han considerado que no serían capaz de sostener al Gobierno en el caso de que se probara una financiación ilegal del PSOE o de que hubiese una imputación dentro del Consejo de Ministros, algo que hasta el momento no ha sucedido.

Moncloa cree que “se perseguía un apellido”

Desde la Moncloa la idea también es continuar con la legislatura al considerar que las actuaciones de los tribunales contra Sánchez y sus familiares solo tienen como objetivo hacer descabalgar al Gobierno. Tras conocer la condena al hermano del presidente, fuentes de la Presidencia recalcaron que “la sentencia no es firme” y se recurrirá por parte de la defensa de David Sánchez. Solo unos minutos de que se conociera el fallo, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, sí quiso mostrar su confianza en “la justicia”, pero también apuntó que cree “que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez”. “Respetamos la sentencia, pero, obviamente, no la compartimos”, añadió, además de insistir en que todo tiene como objetivo “dañar al presidente del Gobierno y a su entorno familiar”.

“La sentencia no borra la realidad”, insisten desde Moncloa. “Pedro Sánchez no era ni diputado cuando se convocó la plaza y, además, el responsable del proceso de selección, el señor Gallardo [expresidente de la Diputación de Badajoz también condenado por prevaricación] apoyaba a su rival en las primarias del año 2017”. “También es importante recordar el origen de la causa”, añaden fuentes del Gobierno. “Inicialmente, las organizaciones ultraderechistas acusaron al señor Sánchez principalmente de obtener injustificadamente unos millones de euros y de fraude fiscal y todas esas acusaciones fueron cayendo y siendo sustituidas por otras”, señalan.

Para el Gobierno todo ello “puede hacer pensar que no se perseguía el delito, sino que se perseguía una persona y, en concreto, se perseguía un apellido”. “Por lo tanto, podríamos decir que estamos ante el primer caso donde ha tenido éxito la estrategia de las organizaciones de la derecha y la ultraderecha basada en el acoso judicial a políticos progresistas y sus familiares con fines intimidatorios, porque, efectivamente, estamos ante una causa impulsada en exclusiva por partidos y organizaciones de derecha y ultraderecha”, insisten fuentes de Moncloa.

Otro de los aspectos que destacan en Presidencia es que “la sentencia no tiene efectos prácticos” sobre el hermano de Sánchez porque “él ya no ocupa ese cargo y, por tanto, una inhabilitación para trabajar en empleos públicos no tiene ninguna consecuencia para él”. “Esta dinámica de condena mínima con lógica corporativa recuerda mucho a la condena del antiguo fiscal general del Estado”, añaden, con que se preguntan si “a pesar de la precaución de los jueces para imponer la condena mínima, este tipo de resoluciones pueden erosionar todavía más la confianza de parte de la sociedad en la Justicia y en la imparcialidad de los jueces cuando afrontan causas políticas”.

El Gobierno expresado este martes su confianza en “la justicia”, pero también “que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez”. “Es en lo que creemos”, ha señalado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, apenas unos minutos después de conocer la sentencia que ha condenado al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por su contratación en la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios pacenses.

“Acabamos de conocer la sentencia sobre David Sánchez, y lo que les puedo trasladar es el origen de esta causa, que es una denuncia de una organización ultraderechista en la que nunca ha habido acusación particular, y que, lo largo, además, del juicio oral, la Fiscalía ha ido desmontando todas y cada una de las acusaciones, la Fiscalía pedía la absolución”, ha recordado Saiz. En un segundo turno de preguntas de la prensa, la portavoz ha añadido: “Respetamos la sentencia, pero, obviamente, no la compartimos”. Asimismo, Saiz ha dicho que la sentencia tiene como objetivo “dañar al presidente del Gobierno y a su entorno familiar”.

Fuentes del Ejecutivo han insistido después en que “la sentencia no es firme, cabe recurso”, de forma que “los hechos aún podrían ser valorados de forma diferente por otra instancia judicial”. “En todo caso”, añaden en Moncloa, “la sentencia no borra la realidad: Pedro Sánchez no era ni diputado cuando se convocó la plaza”. “Y además el responsable del proceso de selección, el Sr. Gallardo, apoyaba a su rival en las primarias del año 2017”, ha remarcado.

Desde el Gobierno insisten también en “ el origen de la causa”. “Inicialmente, las organizaciones ultraderechistas acusaron a Sánchez principalmente de obtener injustificadamente un millón de euros y de fraude fiscal. Todas esas acusaciones fueron cayendo y siendo sustituidas por otras. Y esto puede hacer pensar que no se perseguía el delito. Sino que se perseguía una persona y, en concreto, se perseguía un apellido”, apuntan.

Con todo, Moncloa considera que el de David Sánchez es “el primer caso donde ha tenido éxito la estrategia de las organizaciones de la derecha y la ultraderecha basada en el acoso judicial a políticos progresistas y sus familiares con fines intimidatorios”. “Porque, efectivamente, estamos ante una causa impulsada en exclusiva por partidos y organizaciones de derecha y ultraderecha”.

También destacan las fuentes consultadas que “después de todas las diligencias practicadas, la Fiscalía no ha visto ningún indicio de delito y pidió la absolución” del hermano del presidente. “Y nunca se personó un solo perjudicado. Porque nadie recurrió en su día que David Sánchez obtuviese su plaza.

“Y en cuanto a la condena”, añade Moncloa, “parece que el tribunal ha seguido una lógica corporativa: no ha querido deslegitimar las actuaciones judiciales anteriores. Y, a la vez era consciente de que la causa era endeble, por lo que no ha condenado a prisión. La sentencia, por tanto, no tiene efectos prácticos sobre el Sr. David Sánchez, él ya no ocupa ese cargo y, por tanto, una inhabilitación para trabajar en empleos públicos no tiene ninguna consecuencia para él”.

“A pesar de la precaución de los jueces para imponer la condena mínima, nos preguntamos si este tipo de resoluciones pueden erosionar todavía más la confianza de parte de la sociedad en la Justicia y en la imparcialidad de los jueces cuando afrontan causas políticas”, concluyen desde la Presidencia del Gobierno.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación al considerarlo autor de un delito de prevaricación por cooperación necesaria por su contratación en la Diputación en 2017 como coordinador de los conservatorios pacenses. El tribunal rechaza el tráfico de influencias, por lo que evita la pena de prisión que reclamaban las acusaciones populares.

El tribunal ha descartado la petición de cárcel de hasta seis años que pedían Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. La Fiscalía pedía la absolución de David Sánchez y del resto de encausados, entre ellos, el presidente de la Diputación y ex secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que también ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. La Audiencia ha impuesto la misma pena al resto de acusados.

La sentencia, de 377 páginas, confirma de manera unánime la prevaricación en la creación de la plaza que ocupó David Sánchez, pero descarta por completo el delito de tráfico de influencias. Los magistrados consideran que no ha quedado probado “que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados primeramente filiados, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquellos”.

Previamente a las declaraciones de la portavoz del Gobierno, El ministro de Transportes, Óscar Puente, vinculaba la sentencia contra David Sánchez con un intento de la Justicia de “derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas”. “Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas”, ha escrito Puente en su perfil de X.

Asimismo, Sumar ha considerado “desproporcionada” la pena impuesta. “Tienen que tener cuidado de no pasarse de frenada; están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho de este país”, ha avisado el diputado de Compromís, adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez. También la portavoz adjunta de Sumar y diputada de los Comunes, Aína Vidal, ha tachado de desproporcionada la pena y ha coincidido con Ibáñez en que “el estado de opinión sobre la Justicia es nefasto” precisamente por “sentencias como esta” y por el trato que da el juez Juan Carlos Peinado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha incidido en una idea similar. “Lo único bueno es que ahora el PSOE (y por extensión mucha gente) ya sabe el pan que se da cuando un juez te persigue por tus ideas, por ser quien eres o simplemente por la cara”, ha señalado a través de X. “Adecentar el poder judicial debería de ser prioritario”, ha enfatizado. “Es una sobrada importante”, ha dicho después, en los pasillos del Congreso.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que la dictada contra David Sánchez es “la tercera condena en su entorno, tras la del exfiscal y la de Ábalos, y por unanimidad de la sala de la Audiencia Nacional de Badajoz”. “Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de Derecho y debería reconfortar a todos los españoles”, ha considerado en X. “Es verdad que la sentencia no da por acreditado el tráfico de influencias”, ha señalado, por su parte, Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, que ha añadido que cree que “el Gobierno está asediado por corrupción”. “Hay muchos casos, como todos ustedes saben, que están siendo investigados, que están siendo investigados por jueces, y que vamos a ver cómo acaban”, ha expresado la portavoz.

Quince años después de que José Bretón asesinara a sus hijos de 8 y 6 años tras el anuncio de la que era su pareja, Ruth Ortiz, de que quería separarse, el Congreso debatirá una Ley de Violencia Vicaria, un tipo de violencia machista que consiste en instrumenalizar a los hijos e hijas de las víctimas para hacerles daño, también a ellas. El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley para “visiblizar, reconocer, prevenir, sancionar y erradicar” la violencia vicaria, que implica la modificación de diez normas. No existirá un delito específico sino que la violencia vicaria será “una circunstancia agravante por razón de género” que se añadirá al Código Penal. Esta circunstancia aplicará cuando un hombre dañe a los hijos de su pareja o expareja, pero también a menores, hermanos o ascendientes estrechamente ligados a ella, así como a su actual pareja.

La Ley Integral de Violencia de Género incluirá la definición de violencia vicaria, “aquella que, con el objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres, se ejerza por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, incluso sin convivencia, sobre sus hijos e hijas o descendientes, así como sobre personas menores de edad o mayores con discapacidad sujetas a su tutela, curatela, acogimiento o guarda y custodia o a otras medidas de apoyo; sobre otros familiares o allegados menores de edad; sobre los ascendientes o hermanos y hermanas de ésta; o sobre su cónyuge o persona a la que esté ligada por análoga relación de afectividad aun sin convivencia”.

La existencia de un agravante y no de un delito específico es un cambio respecto al primer texto que llegó al Consejo de Ministros. Entonces, el anteproyecto de ley incorporaba un delito propio de violencia vicaria, aunque no solo circunscrito a la violencia machista. Se concebía como un delito contra la integridad moral que castigaba a quien “para causar daño o sufrimiento” a su pareja o expareja “cometa sobre sus hijos o personas bajo su tutela” cualquier delito violento o contra la intimidad, el honor, los derechos y deberes familiares o la intimidad. Numerosas asociaciones y expertas alertaron entonces de que esa redacción desplazaba el foco de la raíz de la violencia vicaria y podría aplicarse para otros casos que nada tuvieran que ver.

Tampoco el ministerio de Infancia y Juventud, uno de los coproponentes de la norma junto con Igualdad y Justicia, estaba de acuerdo con los planteamientos del anteproyecto. El texto, que iba a aprobarse hace meses, ha sido objeto de negociaciones entre departamentos y finalmente incorpora la violencia vicaria como agravante de género. Al ser agravamente de otros delitos, solo podrá ser aplicado en los casos en los que al condenado se le apliquen las penas de la parte alta de la horquilla.

Retirada de la patria potestad

Además de ese agravante, el proyecto contempla una nueva pena accesoria sobre quienes publiquen o difundan “mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa” con el delito cometido. Se trata de una pena creada a raíz de la polémica generada el año pasado cuando la editorial Anagrama anunció la publicación del libro 'El odio' en el que José Bretón confesaba los hechos por primera vez. Entonces, la Fiscalía llegó a pedir la suspensión del lanzamiento del libro y, finalmente, la editorial renunció a publicarlo.

El proyecto incluye la retirada automática de la patria potestad cuando haya sentencia firme por un delito grave de violencia de género o algún delito grave contra los hijos. La única posibilidad de recuperarla llegará, no solo tras el cumplimiento de la condena, sino después de que se cancelen los antecedentes penales, es decir, cuando no haya reincidencia. “Un maltratador nunca puede ser un buen padre y eso tiene que tener consecuencias en el orden civil”, ha dicho la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La guardia y custodia y los regímenes de visitas también podrán suspenderse, aunque no de manera automática. La Ley de Infancia ya contemplaba este tipo de medidas, que esta norma pretende reforzar. Podrán suspenderse cuando el progenitor esté incurso en un procedimiento judicial, cuando existan indicios razonables de violencia o cuando pueda “resultar perjudicial” para la salud física, psíquica o emocional de las hijas e hijos. Los jueces tendrán margen de maniobra para razonar excepciones, algo que en la práctica está haciendo que padres incursos en este tipo de procesos obtengan custodias. Eso sí, la escucha a los menores se convierte en una obligación legal de los jueces en todos los procesos, y solo cuando sea imposible esa escucha, serán otras personas allegadas o especializadas quienes hablen en nombre de los menores.

El anteproyecto contempla la puesta en marcha de juicios rápidos para los procesos civiles (que dirimen precisamente asuntos como la guarda y custodia) cuando haya abiertos procedimientos de violencia de género. La madre superviviente podrá solicitar la restitución de los apellidos del hijo o hija fallecido y del resto de hijos, si los hubiera, para eliminar todo vínculo con el otro progenitor.

La estadística de víctimas mortales por violencia por razón de género se ampliará para incluir de manera diferenciada a hijos e hijas, a familiares o allegados, ascendientes, hermanos y hermanas de la mujer, así como a su pareja.

La respuesta del Gobierno a la derogación de las leyes de memoria histórica autonómicas suma un nuevo capítulo. El Consejo de Ministros tiene previsto acordar en la reunión de este martes el recurso ante el Tribunal Constitucional de la ley de concordia de Extremadura, aprobada por PP y Vox el pasado octubre. En línea con la estrategia que ha desplegado contra otras comunidades que han hecho lo mismo, el Ejecutivo recurre a los magistrados para intentar paralizar una ofensiva que comenzó en Aragón en una fecha tan significativa como el 20 de noviembre de 2023, aniversario de la muerte de Franco.

Entonces, las derechas iniciaron la derogación de las leyes autonómicas de memoria y, en muchos casos, su sustitución por las llamadas leyes de concordia, un concepto tras el que reproducen el argumentario revisionista de la extrema derecha y apelan a la “reconciliación” entre españoles. Los pasos atrás consumados en esta materia fueron una de las medidas estrella de los pactos de gobierno de 2023 como exigencia de Vox a cambio de hacer presidentes a varios líderes del PP y se han convertido en moneda de cambio.

En el caso extremeño, la derogación se hizo efectiva el 9 de octubre de 2025 como último pago del PP de María Guardiola a la extrema derecha. Según ha podido saber elDiario.es, el Gobierno interpone ahora el recurso tras culminar el paso previo de negociación en la Comisión Bilateral obligatoria en estos casos y, como en otras ocasiones, reclama la suspensión cautelar mientras el Tribunal Constitucional resuelve. Hace escasos días, el tribunal admitió a trámite el recurso contra la supresión de la memoria en Baleares, con la consiguiente paralización cautelar.

Fuentes del Ejecutivo apuntan a que “existen motivos suficientes de inconstitucionalidad” en la anulación de la ley extremeña por dos motivos: “vulneración de derechos fundamentales” y también “diferencias competenciales” entre el Estado y la comunidad autónoma. “La ley [de concordia] podría vulnerar la dignidad y los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista porque limita sus derechos, especialmente el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, reconocidos por el Derecho Internacional”, apuntan las mismas fuentes.

El Gobierno recuerda que la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 es una norma de rango estatal que establece “el deber de memoria” a todas las administraciones, incluidas las autonomías. En este sentido, sostiene que la nueva ley extremeña “reduce la protección de los derechos reconocidos” por la legislación nacional y las normas internacionales y que, al derogar la de memoria histórica, hace desaparecer “los órganos y mecanismos necesarios para aplicar muchas de las actuaciones en favor de las víctimas”.

El recurso se suma así a la batería de impugnaciones impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a medida que los gobiernos de PP y Vox han ido desmantelando o reemplazando sus leyes de memoria. Tras Aragón, llegó el turno la Comunitat Valenciana, que aprobó la ley de concordia en un debate en el que el entonces president, Carlos Mazón, recurrió a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, para justificarla. Posteriormente el PP de Cantabria se apoyó en Vox para fulminar la ley y cumplir así una promesa electoral propia. La última en hacerlo fue Balears, donde las derechas evocaron a “los asesinados por las hordas rojas” para justificar la decisión.

Una ley que empieza en 1931

En Extremadura, la presidenta María Guardiola había dilatado la decisión frente a la exigencia de Vox por considerar que la extrema derecha pretendía “negar, olvidar y reinterpretar la historia”, pero la popular cambió de opinión cuando el apoyo de los diputados de los de Santiago Abascal fue indispensable para aprobar una rebaja fiscal. Entonces, ambas formaciones registraron un proyecto de ley conjunto que fue aprobado menos de un mes antes de que Guardiola adelantara las elecciones.

Ya sea dejando a las comunidades sin ley o sustituyéndolas por una “de concordia”, tras estas decisiones hay una narrativa que sostiene que la memoria histórica “provoca división y resentimiento” entre españoles. La norma aprobada en Extremadura —y recurrida ahora por el Gobierno— evita condenar el franquismo y lo equipara con la Segunda República, además de adelantar intencionadamente el marco temporal de aplicación y situarlo en 1931 y no en 1936, fecha del golpe de Estado e inicio de la Guerra Civil. Además, incluye a las víctimas del terrorismo perpetrado por “minorías violentas”, según reza el texto.

En ningún momento la ley nombra la sublevación franquista ni la palabra dictadura, sino que alude a un “clima de inestabilidad” y de “exclusión del adversario” durante la Segunda República que provocó que “la conversación pública saltara por los aires entre 1931 y 1936”. Sin mencionar el golpe, el texto prosigue y hace un salto hacia la Guerra Civil, que asegura: “Llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores”. La norma solo alude al franquismo para afirmar que “nunca ha habido un relato consensuado” sobre el mismo, a pesar de que la historiografía no duda de la enorme escala de represión sistemática que marcó la dictadura.

ACS mantiene conversaciones para entrar en el accionariado de la compañía Openchip and Software Technologies, en la que han desembarcado también el Gobierno y la Generalitat de Catalunya, según han confirmado a EFE fuentes del mercado. La información, adelantada por El Confidencial, subraya que el grupo presidido por Florentino Pérez podría hacerse con una participación mayoritaria en la sociedad.

Desde ACS no han querido hacer comentarios al respecto. El pasado 29 de junio, el Consejo de Ministros autorizó que la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) invierta casi 116 millones de euros en la empresa Openchip para impulsar el diseño de chips de alto rendimiento y con mayor eficiencia energética para la IA y la supercomputación.

Openchip fue fundada en 2021 como una iniciativa entre el grupo de ingeniería GTD y el consorcio Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). La inversión de la SETT se suma y coordina con la autorización concedida previamente por el Govern de la Generalitat para la entrada de la administración autonómica en el accionariado de Openchip, que cuenta con una plantilla de 300 empleados.

En un comunicado enviado a elDiario.es, la empresa ha negado un acuerdo inminente. “Openchip mantiene conversaciones con diversos socios y potenciales inversores como parte de su estrategia de crecimiento. Ofreceremos información actualizada si se produce algún avance significativo”, manifiesta.

Las unidades de procesamiento de chips que desarrolla, basadas en código abierto, tienen una eficiencia energética superior a otras soluciones. Por tanto, permite reducir el consumo de energía de los centros de datos que las usen.

A comienzos del mes de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y altos ejecutivos de ACS, Telefónica y Santander se reunieron en la Moncloa para impulsar el consorcio público-privado que aspira a desarrollar la primera gigafactoría avanzada de IA en España, un proyecto en el que Francesc Fajula será el responsable ejecutivo.

El proyecto prevé una inversión cercana a los 5.000 millones de euros y está a la espera del lanzamiento de la convocatoria de la Comisión Europea para presentar su propuesta, una candidatura multisede en Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid) para alojar la infraestructura tecnológica.

El consorcio estará impulsado por el Gobierno de España (que ostentará el 47,99 % de las acciones) y la Generalitat de Catalunya (1%), mientras que en la parte empresarial Telefónica tendrá el 15,67% del accionariado, el mismo porcentaje que ACS y Banco Santander, y Multiverse Computing contará con el 4% restante.

“Es incomprensible. Hasta él mismo debió darse cuenta”. Uno de los presentes, este jueves, en la sede de la Fundación Pablo VI, que escuchó en directo las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, llamando “banda de ladrones” al Gobierno, revela el momento de silencio “incómodo” que se generó en la sala. El líder de los obispos españoles lanzó un misil a la línea de flotación de las relaciones Iglesia-Estado, justo un mes después de la histórica visita de León XIV a España, que había generado una inusual buena sintonía entre el episcopado y el Ejecutivo, ahora en serio riesgo.

“Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones y a las pruebas me remito”, dijo, explícitamente, Argüello, que este viernes ha negado que se refiriera al Gobierno, aunque aprovechó para dejar otro recado: “Cada uno verá por qué se siente aludido”.

La sensación el jueves fue que Argüello trató de suavizar su mensaje. “Tras decir lo de 'a las pruebas me remito', se detuvo y nos miró. Paró unos segundos y trató de matizar”, recuerda esta fuente consultada por elDiario.es. Entonces, añadió: “Me miro a mí y os miro a vosotros. Si hemos hecho trampas en la declaración de la renta o pedimos una factura en negro... ¿cómo le vas a exigir a tus representantes públicos?”.

Pero ya era tarde. “El mal ya estaba hecho”, apuntan fuentes episcopales, que muestran su malestar ante la enésima salida de tono de su presidente. “Ya tuvimos un serio problema con la pederastia y ni te cuento cuando pidió elecciones anticipadas”, señala un arzobispo, que lamenta que las palabras de Argüello “se han cargado el espíritu del histórico discurso de León XIV en el Congreso”.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Como adelantó elDiario.es, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, envió esa misma tarde una carta al presidente de los obispos, por esas declaraciones que consideró “ofensivas, tanto desde el punto de vista personal como institucional”.

“¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como 'banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito'?”, contestó Bolaños a Argüello, instándole a que las relaciones estén “marcadas por la moderación, el respeto y la justicia en lugar de por la exageración y el partidismo en favor de las fuerzas de la derecha y la ultraderecha”.

La carta del ministro finalizaba con unas palabras de León XIV en su discurso al Congreso, en las que el Papa recordaba que “quienes ejercen una responsabilidad pública tienen una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje”, y una llamada a Argüello a “reconducir sus declaraciones públicas”, para que “sean más respetuosas con el conjunto de la sociedad y sus representantes públicos”.

No ha sido el único miembro del Gobierno en mostrar su malestar. La ministra de Defensa, y católica confesa, Margarita Robles, lamentaba, en una entrevista en la Cadena Ser, la diatriba del presidente de la CEE: “Es absolutamente inaceptable; creo que es totalmente contrario al propio mensaje que hizo el papa. Me parece que la Iglesia Católica tiene una enorme responsabilidad y espero que se disculpe adecuadamente”, señalaba.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acusado al presidente de la Conferencia Episcopal de ser “un colaborador de Vox”.

Argüello, por su parte, ha admitido que “a la hora de poner los ejemplos en un aula, en un intercambio, uno puede ser más o menos afortunado en las expresiones, pero en la cuestión de fondo es hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos”. El presidente de los obispos ha lamentado también que se hubiera hecho pública la carta de Bolaños, “que debería ser privada”. “A mí siempre me alegra que podamos dialogar; lo que me extraña siempre de las cartas es que lleguen antes a los medios de comunicación que al destinatario”, insistió sobre la respuesta del Gobierno a sus declaraciones públicas.

Aunque no habrá disculpas, durante la tarde del jueves ya hubo un intercambio de comunicaciones informales entre interlocutores en las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno, para tratar de matizar las palabras de Argüello. El argumento para suavizar el tono es que se produjeron en el transcurso de un discurso “sin papeles”, dirigido “al ámbito de lo general”.

Pese a ese “ámbito de lo general”, Argüello también cargó contra la prohibición de las terapias de conversión, las leyes LGTBI, el aborto o la eutanasia.

Esos contactos informales han tratado también de asegurar la agenda de temas a abordar tras la visita de León XIV a España, que se había ampliado a los acuerdos por la regularización extraordinaria de migrantes, las ayudas a las ONG que trabajan contra la pobreza o la búsqueda de soluciones definitivas para cumplir con la Ley de Memoria Democrática y lograr que los benedictinos desistan de su demanda contra la resignificación de Cuelgamuros.

“Da la sensación de que, siempre que el Gobierno está contra las cuerdas, hay alguna declaración de nuestro lado que le da oxígeno”, apunta un obispo, que recuerda otras “desafortunadas perlas”, tanto del presidente de la CEE como de su secretario respecto a la actuación del Gobierno o la lucha contra la pederastia, uno de los puntos en los que, con mucha dificultad, se logró alcanzar un acuerdo entre la Iglesia y el Estado.

En todo caso, y aunque ambas partes confirman la buena voluntad para seguir negociando los temas pendientes, lo cierto es que las palabras de Argüello han provocado, además de indignación, tristeza. “Es como si no hubiéramos escuchado nada de lo que nos dijo el Papa”, lamenta un influyente prelado. “A veces da la sensación de que nos hemos quedado en los fuegos artificiales y lo bien que salió todo, y no en los mensajes para ‘desarmar el lenguaje’”, apunta otro, con la mirada puesta en un más que previsible regreso de León XIV, en 2027, a nuestro país, dentro de un viaje que podría llevarle al santuario portugués de Fátima, a Santiago de Compostela, Zaragoza y, quizás, a Gernika. Un viaje complicado de organizar, especialmente, por el previsible calendario electoral que tendrá nuestro país el año próximo.

Toda la información en www.religiondigital.org

El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha sostenido este viernes que él ayer no habló del Gobierno cuando dijo que “cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones”, aunque “cada uno verá por qué se siente aludido”· En declaraciones a los medios en Valladolid tras la firma de un convenio sobre conservación de patrimonio, Argüello ha dicho que se trata de una cita de San Agustín y de Benedicto XVI que hacían “una apelación a la hora de la regeneración democrática a la responsabilidad de todos los ciudadanos”.

Sobre la carta que le ha enviado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por su alusión a la “banda de ladrones”, y en la que el político se pregunta sobre que pasaría si se calificara “a la Iglesia como una banda de agresores sexuales?”, lo que “sería falso y profundamente injusto”, el prelado ha dicho que la Iglesia en su conjunto ha asumido la responsabilidad por lo ocurrido con algunas personas.“La Iglesia en su conjunto ha asumido la responsabilidad por lo ocurrido hace años por algunas personas, y hemos firmado un acuerdo con el Estado una obligación moral”, ha respondido Argüello sobre esa misiva.

El presidente de la Conferencia Episcopal no ha querido entrar en más detalles sobre una carta que considera una “correspondencia que debería ser privada”.“A mí siempre me alegra que podamos dialogar; lo que me extraña siempre de las cartas es que lleguen antes a los medios de comunicación que al destinatario”, ha zanjado.

Argüello ha incidido en que su participación ayer en el curso El colapso de la democracia, la oportunidad para una geopolítica al servicio del ser humano organizado por la Fundación Pablo VI fue una intervención académica en la que dijo que “no teníamos derecho los ciudadanos a criticar a nuestros responsables políticos si nosotros no teníamos el mismo código moral con el que criticamos”.

“Luego, a la hora de poner los ejemplos en un aula, en un intercambio, pues uno puede ser más afortunado o menos en las expresiones, pero en la cuestión de fondo es hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos”, ha analizado. Argüello ha explicado que aunque los medios tienen que hacer titulares, y él lo entiende, “al poner el foco en parte de las palabras se desenfoca”.

En cuanto a si cree que ayer en su intervención cuidó el lenguaje, como reclamó el papa León XIV en su visita a España, cuando aludió a que el Estado no se convierta en una “Cáritas laica que da limosnas”, subvenciones o pagas, ha reconocido que a veces es “muy espontáneo” y no lo hace bien, aunque ha insistido en que se trató de una intervención académica.

Sobre si sigue manteniendo que las terapias de conversión son acompañamientos, Argüello ha defendido que él siempre ha manifestado, y también ayer, que es “contrario a las terapias de conversión”. “Lo que dije ayer, y se lo he dicho a Ana Redondo -la ministra de Igualdad- en algún otro momento, que no vale penalizar las terapias de conversión y canonizar las terapias afirmativas que es lo que hacen las exposiciones de motivos de las leyes ofrecidas”, ha reflexionado.

“Terapias de conversión no, pero terapias afirmativas tampoco, porque si no, el Estado se convierte en un Estado confesional de una determinada antropología; y yo defiendo un Estado confesional, pero para todo, no siendo confesional de modelos antropológicos”, ha concluido.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha enviado una carta al presidente de los obispos, Luis Argüello, en la que le afea su alusión al Gobierno como “banda de ladrones”. En la misiva, Bolaños expresa su “sorpresa” ante unas declaraciones que considera “ofensivas, tanto desde el punto de vista personal como institucional”.

El presidente de la Conferencia Episcopal (CEE) participó este jueves en el cierre de unos cursos de verano, bajo el título 'El colapso de la democracia'. Durante su intervención, Argüello afirmó que “cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones”. Y añadió: “A las pruebas me remito”.

Estas palabras han sentado especialmente mal en el seno del Ejecutivo, que ha respondido a Argüello con una interpelación directa. “¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como ”banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito“?”, escribe Bolaños, que a renglón seguido aclara que, “evidentemente sería falso y profundamente injusto”.

El ministro de Presidencia continúa su carta asegurando: “En las numerosas ocasiones en las que hemos conversado sobre este asunto, jamás he caído en una descalificación de ese calibre, por lo que le invito cordialmente a que nuestras relaciones estén marcadas por la moderación, el respeto y la justicia en lugar de por la exageración y el partidismo en favor de las fuerzas de la derecha y la ultraderecha”.

Argüello llegó a pedir el verano pasado la convocatoria de elecciones y ha participado en actos con el lider de Vox, Santiago Abascal. El ministro Bolaños ya envió otra carta al presidente de la CEE, en la que le reclamaba “neutralidad política de la Iglesia”, tras afirmar este que “preferiría que su interlocutor fuesen fuerzas políticas diferentes”, en una entrevista en La Vanguardia.

Bolaños, no obstante, deja la mano tendida a “una colaboración productiva y respetuosa”, para la que pone como ejemplo la reciente visita de León XIV a España. “Ha sido un rotundo éxito pastoral y social gracias al trabajo conjunto y a la cooperación que mostramos”.

El ministro cierra su carta con unas palabras de Prevost, que recordó que “quienes ejercen una responsabilidad pública tienen una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lengua”, y una llamada a Argüello a “reconducir sus declaraciones públicas”, para que “sean más respetuosas con el conjunto de la sociedad y sus representantes públicos”.