El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha activado la plataforma digital Carpeta Justicia en Canarias. Se trata de un portal que permite que, desde un dispositivo móvil o un ordenador, ciudadanos, profesionales y empresas puedan consultar notificaciones, resoluciones o señalamientos de juicios, comprobar el estado de expedientes judiciales, etc.. También permite resumir o anonimizar documentos y consultar citas previas en el Registro Civil, los tribunales y las gerencias territoriales de Justicia, entre otros. En definitiva, según explica el Ministerio, facilita la relación digital entre la ciudadanía y la Administración de Justicia.

A través de su app y su web (www.carpeta.justicia.es), procuradores, abogados, graduados sociales, ciudadanía y empresas pueden hacer múltiples gestiones de forma más ágil, sin desplazamientos y en el momento en el que lo necesiten.

Carpeta Justicia ya está disponible en las comunidades autónomas que no tienen transferida la competencia de Justicia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Extremadura, Islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), además de en la Comunidad de Madrid, La Rioja, el Principado de Asturias y Galicia. En total, la plataforma del Ministerio ya da cobertura a cerca del 50% de la población española y pronto se activará en otras comunidades autónomas.

Carpeta Justicia supera los 753.000 usuarios

Actualmente, Carpeta Justicia supera los 753.000 usuarios únicos, de los cuales más de 60.000 son profesionales del ámbito judicial. Esto supone que el 36% de los profesionales en activo utilizan ya la plataforma. El grado de uso es especialmente destacado en procuradores (90,6%), abogados (33,6%) y graduados sociales (24,4%).

En los últimos 12 meses, más de 320.000 nuevos usuarios se han incorporado a esta herramienta, lo que representa un incremento del 75%.

Por su parte, la aplicación móvil de Carpeta Justicia registra ya más de 85.000 descargas desde su arranque, facilitando así el acceso a sus servicios desde cualquier dispositivo móvil.

El despliegue de esta herramienta se enmarca en la estrategia de digitalización de la Justicia impulsada desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para garantizar un servicio público más moderno, ágil, eficiente y cercano.

“Para que la legislatura pueda continuar hay que actuar, no vale quedarse de brazos cruzados”, y el movimiento clave debe ser el despliegue de la “agenda social”. Esas dos frases, pronunciadas el pasado miércoles por el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, resumen la actitud que ha adoptado el conjunto de la coalición que lidera Yolanda Díaz después de una primera reacción dubitativa ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las nuevas revelaciones del caso Leire Díez. Pese a las diferencias internas en su seno, Sumar ha apostado por presionar al PSOE para reanudar la agenda legislativa, y ha puesto en el foco tres asuntos: la vivienda, el final de la vigencia de algunas de las medidas aprobadas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán y la derogación de la ley mordaza.

Con diferentes formulaciones, varios portavoces de Sumar pertenecientes a distintos partidos de los que integran la coalición han insistido en estos días en esta idea: la de que el Ejecutivo no puede quedarse instalado en el shock y debe recuperar la iniciativa política si quiere que la legislatura sobreviva. “Los casos [de supuesta corrupción] no pueden paralizar la acción de Gobierno”, y el Ejecutivo debe “actuar y profundizar en las reformas y abordar ya el problema de la vivienda”, señalaba hace unos días la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández. “Vamos a presionar para obligar al PSOE a desbloquear y acelerar las reformas pendientes”, sostuvo por su parte el pasado martes el diputado Gerardo Pisarello, de los Comuns.

Presionar con la agenda social es la manera que ha encontrado Sumar de resolver el complejo equilibrio que se ha visto obligado a hacer desde que el tablero político saltó por los aires hace un par de semanas, con la imputación de Zapatero. En el seno de la formación se han producido serias diferencias en relación a cómo desvincularse de las investigaciones por supuestas corruptelas que afectan al PSOE sin, en ningún caso, plantearse la salida del Gobierno. No es la primera vez que la alianza que lidera Yolanda Díaz apuesta por esta vía, la de exigir a los socialistas un impulso de las medidas sociales para no quedar atrapados en un debate sobre corrupción, aunque en ocasiones anteriores Sumar no ha tenido demasiado éxito. 

En diciembre, por ejemplo, los de Díaz exigieron al PSOE una reunión para concretar “medidas sociales y en defensa del derecho a la vivienda”, así como la sustitución de algunos ministros del PSOE, una petición que fue desdeñada desde el ala socialista del Consejo de Ministros. El encuentro se realizó, pero de él no salió ninguna conclusión, lo cual llevó a Sumar a criticar la “actitud inmovilista” del socio mayoritario del Gobierno y a alertar de que esta actitud “solo favorece el desánimo progresista, refuerza la antipolítica y alimenta a PP y Vox y sus políticas de extrema derecha”.

En esta nueva crisis desatada hace un par de semanas, son tres las áreas en las que Sumar ha exigido —por ahora, sin éxito— al PSOE que apruebe nuevas medidas. El pasado lunes, el mismo día que decayeron las rebajas fiscales a la luz y el gas que aprobó el Gobierno en marzo para hacer frente a la amenaza inflacionaria por la guerra de Irán, Díaz planteó la necesidad de que el Gobierno ponga en marcha de manera “urgente” un nuevo decreto que recupere estas bajadas del IVA del 21% al 10%. Por el momento, la exigencia no ha tomado demasiado cuerpo, entre otras cosas porque el debate público ha girado en torno a la posibilidad de que el PP presentara una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez y en relación al sumario del caso Leire.

Pese a la presión de Sumar, el ala socialista del Ejecutivo se ha limitado a afirmar que está analizando los efectos de las medidas que desplegó en marzo y a anunciar que se reunirá con los agentes sociales para definir cuáles extender o adaptar más allá del 30 de junio. Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron el lunes que no tomarán ninguna decisión antes de estos encuentros, que se celebrarán en las próximas semanas y que también incluirán conversaciones los sectores más afectados “de cara a calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias” a partir de finales de este mes.

La prórroga de los alquileres, parada

La gran batalla de los de Díaz en el seno del Gobierno, no obstante, sigue siendo la vivienda, y así lo refieren públicamente todos sus portavoces, especialmente desde que hace algo más de un mes PP, Vox y Junts unieron sus votos para derribar el decreto que permitió durante su vigencia prorrogar su contrato de alquiler por dos años a los inquilinos a los que les vencía. Desde entonces, Sumar ha presionado al PSOE para recuperar esa medida asegurando que Junts estaría dispuesto a aceptarla siempre y cuando se le ofreciesen a cambio iniciativas como el IVA franquiciado o exenciones fiscales para los arrendatarios. 

Pero esas conversaciones no avanzan, al menos no muy rápidamente: fuentes del Ministerio de Vivienda afirman que siguen abiertos a un nuevo paquete de medidas, si bien admiten que el mazazo que ha supuesto el estallido de los casos de corrupción ha ralentizado las negociaciones. Y Junts no parece por la labor de dar ninguna victoria a un Gobierno al que han pedido que convoque elecciones porque “desde hace seis meses no tiene mayoría”... precisamente por la decisión de la formación independentista de retirarle su apoyo parlamentario.

La última de las áreas en las que Sumar ha pedido al PSOE poner el foco es la derogación de la ley mordaza, que lleva más de un año varada en el Congreso por la falta de acuerdo entre los socios del Ejecutivo para su redacción final, pese a que a priori sí hay números suficientes para aprobarla. “Existe una mayoría para democratizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, planteó a este respecto el martes pasado el diputado Alberto Ibáñez, y exigió al PSOE que “cumpla” con su compromiso electoral de acabar con la norma aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. No obstante, también llamó “al conjunto de los socios a evitar vetos cruzados” y a no dar pie a que el PSOE ponga “más excusas” para poner en marcha una nueva regulación.

Diana Morant (Gandía, 1980) es ministra desde hace cinco años y combina el puesto con ser secretaria general del PSPV en la Comunitat Valenciana, autonomía que aspira a presidir y que vive en convulsión a propósito de la huelga de profesores. Estos días, especialmente a caballo entre Madrid y València, hace frente también a la crisis política del Gobierno tras los sumarios de corrupción que afectan a su partido. Entre sus asuntos de gestión prioritarios, invertir en ciencia, las decisiones para resolver los problemas del CNIO o la agilización en la homologación de títulos extranjeros que, junto a la necesidad de crear más plazas universitarias públicas para bajar las notas de corte, es una de sus prioridades.

Su Ministerio acaba de anunciar un desembolso de 8.000 millones en tecnologías profundas (Deep Tech). En términos prácticos, ¿qué significa esto?

Para hacerlo fácil, es aquella tecnología que es ciencia ficción hasta que pasa a ser una solución real. Por ejemplo, internet o la telefonía móvil en su tiempo fueron deep tech. Vamos a invertir en la computación cuántica, inteligencia artificial o biotecnología. Sabemos que son críticas y que van a tener muchos desarrollos. Queremos que esos descubrimientos se hagan en España.

Es un país que ha aumentado lo que invierte en ciencia, pero aún está en el 1,5% del PIB, por debajo de la media europea. El presidente del Gobierno ha anunciado que está preparando presupuestos para 2027. ¿Cuántos millones le va a pedir su Ministerio?

Hemos sido el segundo país de Europa que más dinero de los fondos europeos ha destinado a la I+D+i y la gran pregunta era qué va a pasar después de los fondos Next Generation. Pues la buena noticia es que, incluso con presupuestos prorrogados, hemos ido aumentando el presupuesto un 20% cada año. En cuanto al dinero que pediremos en los próximos presupuestos, calculo que en torno a 5.000 y pico o 6.000 millones.

Una de las instituciones científicas más relevantes en España es el CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas). Encadena investigaciones y dimisiones. La última, un director científico que ni siquiera ha llegado a tomar posesión. ¿Qué está pasando?

El CNIO es el buque insignia de la investigación en ciencia oncológica de nuestro país. Y vamos a hacer todo lo que haga falta para solucionar los problemas. Tuvimos que cerrar una etapa pasada donde hay dudas sobre posibles irregularidades administrativas y que está en manos de la justicia. Había que abrir una nueva etapa y sacar del conflicto y el debate político al CNIO. Necesita financiación y la estamos incrementando. Necesita paz y todas las decisiones se tomarán de manera valiente. Vamos a proponer un refuerzo administrativo que permita que quien asuma la gerencia tenga los suficientes recursos. Quizás también haya que hacer un refuerzo en la dirección científica para que no sea una sola persona, sino una conjugación de roles.

Su Ministerio ha homologado recientemente más de 85.000 títulos extranjeros a ciudadanos que viven en España, lo que ha sido un hito, aunque aún quedan 72.000 peticiones. ¿Por qué sigue el atasco?

He empatizado muchísimo con las personas que demandaban su homologación del título y me parecía una grave injusticia. Y también me parecía que este gobierno, que precisamente favorece y reconoce el talento de las personas migrantes, tenía que hacer más y mejor. En 2014 el PP diseñó un sistema en plena crisis económica precisamente para impedir la homologación de títulos. En 2022 hicimos un esfuerzo que no fue suficiente y en 2024 se hizo una orden ministerial, que es la que ha permitido que se resuelva. Todavía queremos mejorar, por ejemplo con procesos de mejora robótica.

Gran parte de esos títulos homologados, 30.000, son de Medicina [aunque no pueden ejercer en la pública]. En España faltan médicos, pero las notas de corte en selectividad son altísimas, en esta y otras carreras. ¿Qué está pasando?

Cuando yo nací, en 1980, había 800.000 estudiantes universitarios y ahora estamos en 1.800.000 estudiantes universitarios. Se debe en gran medida a la incorporación de la mujer y de los hijos e hijas de las familias de clase trabajadora. Hace 25 años que no se aprueba ninguna universidad pública más, pero se han aprobado más de 30 universidades privadas en la última década. La matrícula en la universidad pública ha crecido solo un 2% y en la privada ha crecido un 100%. Todos los universitarios de más que se han incorporado no están teniendo una plaza pública porque la pública ha dejado de crecer. Por eso las notas de corte cada vez son más altas. Los parlamentos autonómicos han decidido no crear plazas en sus universidades públicas y a la vez están permitiendo crear universidades privadas. Es una decisión de privatización, no son ofertas complementarias.

Precisamente ustedes endurecieron en octubre el proceso de creación de un campus para frenar las llamadas “universidad-chiringuito”, exigiendo proyectos más solventes. ¿Cuántas han frenado en este tiempo?

En la práctica todavía no hay ninguna propuesta de universidad nueva que se haya sometido a las nuevas reglas. Pero todas las universidades que hay ahora, públicas y privadas, van a tener un proceso de adaptación y de revisión. Hay 13 universidades con informe desfavorable del Ministerio y ya se han creado seis, en comunidades del Partido Popular [a partir de ahora ya no sería posible].

Sobre la situación política, ¿qué valoración hace de los casos de corrupción y sumarios judiciales que se están conociendo y que afectan a su partido, Santos Cerdán, Leire Díez, Ábalos, Zapatero...?

Lo primero es respetar a la Justicia y ahí creo que el Partido Socialista está siendo ejemplar. El PP destruía ordenadores a martillazos. Nosotros hemos roto cualquier vínculo con las personas investigadas, han sido expulsadas o dadas de baja de militancia. Lamentablemente, no hemos detectado estas cosas cuando estaban ocurriendo, pero cuando hemos tenido indicios hemos tomado medidas.

Con todo lo que se está conociendo, ¿ha llegado el Gobierno a un fin de ciclo? ¿Contemplan las elecciones anticipadas, como piden Junts y PNV?

Nosotros somos un gobierno que estamos haciendo que España crezca por encima de todos los países. Hemos conseguido demostrar que se puede crecer económicamente y además también proteger a la sociedad. Frente a un gobierno, el del PP, que era ineficaz y que creaba paro, nosotros somos un gobierno eficaz. Yo creo profundamente que la sociedad sí que se siente representada por la acción de este gobierno. Y, por otra parte, no hay una alternativa. No la hay y, por tanto, nuestra obligación es seguir trabajando hasta que se agote la legislatura.

Usted también es secretaria general del PSPV y se presentará a unas primarias para ser candidata a presidir la Generalitat Valenciana. ¿Preferiría unas elecciones generales separadas de las autonómicas para evitar que los casos de presunta corrupción empañaran su campaña?

No tengo preferencia. Lo digo de verdad, para mí no hay un problema con el Gobierno de España. No lo hay. Sería muy raro que yo dijera que hay un problema con el Gobierno de España del que formo parte. De hecho, yo defiendo que hago yo más por la Comunitat Valenciana y por los valencianos y las valencianas que el propio gobierno de la Generalitat o el presidente Pérez Llorca. Por ejemplo, cuando el Gobierno de España está proponiendo 3.700 millones de euros más con un nuevo modelo de financiación que satisface todas las exigencias que había tenido siempre la sociedad valenciana, el Gobierno de Pérez Llorca dice que no. ¿Quién está defendiendo más los intereses valencianos, esta ministra o el president de la Generalitat?

Ahora mismo hay una crisis abierta con una huelga de profesores indefinida precisamente. Si llegara a presidenta valenciana, ¿satisfaría todas las peticiones de los maestros, entre ellas subidas de salario de 500 euros, mejores ratios e infraestructuras?

Bueno, desde luego nosotros nos estaríamos sentando con la comunidad educativa y, sobre todo, los estaríamos respetando. En el gobierno valenciano siguen en El Ventorro, han decidido estar ausentes y salir solo para insultar a los profesores. El señor Pérez Llorca ha llegado a decir que incluso ha habido violencia por parte de los manifestantes, cosa que en ningún caso ha ocurrido, de manera que vuelven a criminalizar a aquellos que en la calle están trasladando una situación insoportable que se vive en las aulas. Su objetivo es que la comunidad educativa se canse, que se olviden, que desistan, pero cuando vuelvan a las aulas no se pueden olvidar. Estamos viendo colegios con goteras, con infraestructuras absolutamente obsoletas, con aulas masificadas, sin los recursos necesarios pedagógicos para atender a los niños y las niñas. No hablamos solo de salario.

Ese desgaste político del PP lo recogen las últimas encuestas, como Sigma Dos, que dicen también que el PSPV bajaría y Compromís casi les daría el sorpasso. ¿Hace autocrítica?

Yo las encuestas las tomo como pulso de la calle, pero es una encuesta, no son unas elecciones. En las últimas semanas, en el Partido Socialista estamos atravesando un momento complejo y complicado. Pero veo en las calles valencianas un enfado muy significativo y yo creo que muy difícil de resolver por parte del votante del Partido Popular con el Partido Popular, por eso ese votante se está yendo a Vox. También veo que mucha gente está saliendo de la abstención y diciendo que su preferencia es voto a la izquierda. En el año 2023 el PSPV sacó el mejor resultado de su serie. Los que perdieron masivamente voto, 240.000 votos, fueron Compromís, Izquierda Unida y Podemos. Para mí es un motivo de felicitación y de alegría que Compromís esté mejorando sus datos, porque, si no, no sumamos. La gran noticia es que podemos darle la vuelta a la situación en la Comunidad Valenciana. Hay una posibilidad real y la tenemos que aprovechar.

Ese enfado con los socialistas ya tuvo sus efectos en las elecciones de Aragón y Andalucía, donde otras candidatas ministras tuvieron malos resultados. ¿Le preocupa que se repita en su caso?

Yo creo que es perverso hacer una comparación por el hecho de que las candidatas hayan sido ministras. Además, mujeres. Por ejemplo, el Partido Popular en la Comunidad Valenciana no está rozando la mayoría absoluta como Andalucía, está rozando su suelo. De manera que hay partida porque la situación es muy diferente. Yo encaro este proyecto con la convicción de que ser ministra del Gobierno de España, y no solo dedicarme a criticar, sino dedicarme también a gobernar, es bueno para el proyecto. Si no lo pensara ya habría dejado de ser ministra.

¿Sabe ya cuándo va a dejar el cargo para dedicarse a la Comunitat Valenciana?

Por ahora, seguiré. Por aclarar, soy de València, vivo en València y me levante donde me levante mi cabeza valenciana y mi corazón valenciano siempre va a defender la Comunitat Valenciana.

“Paso clave para la futura Estación Central de València. Adjudicamos los proyectos básicos y constructivos. Una estación subterránea, integrada en el entorno y moderna que dará respuesta al aumento de viajeros”.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha manifestado así en la red social X para anunciar la adjudicación definitiva del proyecto básico de la futura Estación Central de València a la firma Sener Mobility SA por un importe de 6,1 millones de euros, IVA incluido.

De esta forma, la firma tendrá ahora un plazo de cuatro años y un presupuesto de 30 millones para desarrollar un proyecto definitivo para la futura estación subterránea que se ubicará junto a la del Norte y que conectará Alta Velocidad, Cercanías y varias líneas de Metrovalencia.

La empresa que ya diseñó el anterior proyecto con la firma del arquitecto César Portela y que finalmente se descartó al quedar obsoleto, plantea un nuevo edificio articulado en cuatro niveles, los cuales además de contener las instalaciones necesarias para los servicios de alta velocidad, cercanías y media distancia, incluiría las conexiones y accesos necesarios a otros medios de transporte.

El proyecto definirá todos los espacios de la estación, adecuándolos a las demandas previstas: áreas de aproximación al edificio y aparcamiento público; vestíbulo, zonas de espera y de control de accesos; zona de andenes; áreas comerciales y de restauración; equipamientos terciarios; dependencias técnicas; etc. También desarrollará la conexión e integración de la estación en su entorno en todos los ámbitos (urbano, urbanístico y paisajístico), dando especial importancia a los peatones.

La estación central subterránea debe unir el canal de acceso cuyas obras se ejecutan en estos momentos en el sur de la ciudad con el túnel pasante proyectado para dar continuidad a los trenes hacia el norte, lo que supondrá la eliminación de la estación de Joaquín Sorolla para completar el Parque Central.

Además de convertirse en centro neurálgico del transporte ferroviario de viajeros de proximidad, de alta velocidad y del Corredor Mediterráneo, la futura estación será un hito arquitectónico de referencia en la ciudad de València.

Gracias a su configuración de estación pasante, los trenes que hagan parada en ella no necesitarán invertir la marcha para continuar su trayecto, atravesando València de norte a sur y viceversa sin realizar maniobras, en lugar de como sucede actualmente en València Nord, con sus vías configuradas en fondo de saco.

Asimismo, el emplazamiento subterráneo de la nueva estación optimiza su encaje en el futuro Parque Central, integrándola plenamente en la estrategia de movilidad de la ciudad, tanto a escala urbana como metropolitana.

Horizonte de 2050 en el túnel pasante

Según las previsiones de demanda del Corredor Mediterráneo que maneja el Ministerio de Transportes, sería imprescindible que el túnel estuviera en servicio en 20 años para mejorar el transporte de Cercanías con una captación de pasajeros estimada en 15.600 viajeros/día, induciendo una cifra similar en otros medios de transporte público por el efecto red y aumentamos la capacidad de la red, especialmente de la vía de Serreria que daría servicio al Puerto, haciéndola más resiliente frente a incidencias.

El túnel pasante atravesará la ciudad de València por la Gran Vía Marqués del Turia y por la avenida de Aragón, dando continuidad al canal de acceso. Para avanzar más ágilmente en su desarrollo se trabaja en un estudio complementario para prolongar el túnel hasta Albuixec y pasar L'Horta, que está protegida, y que se ha decidido separar la tramitación ambiental del tramo Albuixec-Castellón para descongestionar ese tramo lo antes posible.

Como él mismo señaló nada más subir al atril del Cercle d'Economia, Alberto Núñez Feijóo llegó a Barcelona acompañado de un enorme elefante: la duda sobre si puede articular una mayoría para una moción de censura exitosa contra Pedro Sánchez. Durante los 45 minutos que intervino, el líder del PP no dio al elefante ni un triste cacahuete, ni tampoco concedió a la audiencia empresarial una sola promesa o guiño más allá de lo estrictamente necesario. Más bien al contrario.

Feijóo dejó claro al empresariado catalán que ni cuenta con ellos para llegar a Moncloa ni les pide nada. Este no es un presidente del PP que quiera hablar en catalán en la intimidad. El tono de Feijóo tuvo este martes un matiz diferente al empleado en otras ocasiones, tanto en el mismo foro como en otros encuentros con el patriciado catalán.

El líder de la oposición solemnizó que ni cuenta con la élite empresarial catalana ni aspira a seducirla. Para rematar, sugirió que volverá al Cercle de aquí a un año, se entiende que como presidente del Gobierno, desde donde demostraría que no necesita los consejos que acostumbra a recibir en Barcelona.

“Otra oportunidad perdida”, se lamentaba el presidente de un importante despacho de abogados. “Podía haber aprovechado para apretar más al presidente del Gobierno a través de preguntas concretas para que se comprometa, pero no lo ha hecho”.

Justo hace un año, fue el propio líder del PP quien prometió a los asistentes a la reunión del Cercle un sistema de financiación que aportarse “recursos adicionales” a Catalunya. Llevaba bajo el brazo también propuestas para conectar con su audiencia, como alargar la vida de las nucleares. Unos meses después acudía a la sede de Foment, la gran patronal catalana, a la que pedía para una moción de censura “los votos de los suyos”, en referencia a Junts.

Poco de eso había en el discurso que enarboló Feijóo este martes en Barcelona. “No vengo a pedir favores, ni tampoco a regalarlos”, aseguró, dando un giro sobre sus propios pasos.

Rechazó de plano la propuesta de financiación surgida de la Moncloa y aseguró que su modelo se basaría en revisar el gasto. Tampoco hizo concesiones ante la petición de la presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, de pactos hacia el centro y entenderse con el PSOE. Ni mucho menos con Carles Puigdemont. “Hablemos de cosas serias”, zanjó.

El lunes, primer día de la reunión del Cercle y un día antes de la participación de Feijóo, el dirigente de una importante institución empresarial comentaba que lo mejor que podía hacer el presidente del PP era dedicar las horas previas a ir al spa de un hotel y relajarse un poco. “Ha venido más tranquilo que otras ocasiones, menos mitinero quizás, pero los aplausos han sido contenidos”, resume un directivo de una relevante empresa de infraestructuras del Ibex. Tampoco convenció.

Antes de presentarse ante el auditorio, Feijóo mantuvo una reunión privada con algunos de los más destacados empresarios catalanes. En el desayuno participaron dirigentes económicos como Marc Murtra (Telefónica), Josep Oliu (Banc Sabadell), José Creuheras (Planeta), Antonio Brufau (Repsol) o Amancio López (Hotusa).

Pese a saber los temas que se trataban en el cónclave económico y que interesan a la élite empresarial catalana, Feijóo hizo pocas concesiones y optó por hablar de su libro. “Ha recordado el momento de gran inquietud que vive el país y ha intentado no cometer errores, pero sin propuestas claras”, valoraba un dirigente patronal.

“Ya sabemos que a Feijóo le cuesta conectar con este ambiente; hace un buen diagnóstico de los problemas macroeconómicos, sí, pero no plantea alternativas concretas. Y es una pena, porque en la distancia corta gana mucho y su capacidad como gestor está fuera de dudas”, resume un veterano ejecutivo, uno de los que, antes de la intervención, participó en el desayuno que el presidente del PP mantuvo con un selecto grupo de directivos.

Las cuatro intervenciones de Alberto Núñez Feijóo en la reunión anual del Cercle como presidente del PP se cuentan por decepciones y por las críticas a Pedro Sánchez. En 2022, cuando llegó tras sustituir a Pablo Casado en Génova, tuvo palabras amables y cargó contra el procés. En 2023, en vísperas de las elecciones generales, regaló los oídos al auditorio —“sois estupendos porque pagáis más impuestos que nadie”—, pero evitó mojarse sobre temas como un nuevo modelo de financiación autonómica.

En 2024 intensificó las virulentas críticas al líder socialista y pasó de puntillas por la economía. Y el año pasado, volvió a defraudar al no mojarse sobre la OPA hostil lanzada por el BBVA sobre Banco Sabadell —qué lejana queda ya—, un día después de que Pedro Sánchez anunciara una sorpresiva e inaudita consulta. “Mi opinión personal es irrelevante”, dijo entonces el aspirante a La Moncloa.

En esta ocasión, también esquivó hablar de aquello que le proponía la organización, que era la autonomía estratégica de la Unión Europea. “¿No creen que España tiene alguna dificultad añadida para hablar de estos asuntos? Antes que ninguna otra cosa, España necesita lo elemental, un Gobierno con autonomía para gobernar y una mayoría capaz de defender el interés general”. Así se quitaba del medio Feijóo el debate europeo para centrarse en la política doméstica. Lo que no mencionó el líder popular es el otro elefante que tiene la derecha en su habitación, Vox.

“Feijóo ha hecho suyo el manual de resistencia de Sánchez y está en llegar vivo a 2027. Y, para eso, no puede hacer concesiones al público catalán”, valoraba una fuente empresarial que aseguraba que había visto al líder del PP “hablando para los suyos, que sabe que no están en Catalunya”. La reunión será clausurada este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Govern central portarà davant del Tribunal Constitucional la derogació de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Balears, suprimida el passat mes de març per PP i Vox. La norma, aprovada el 2016, va articular un marc institucional per investigar els crims del franquisme i el reconeixement públic dels qui van ser represaliats després del cop militar de 1936. Segons ha defensat el Consell de Ministres, l'eliminació de la llei autonòmica suposa una vulneració dels drets de les víctimes del franquisme i dificulta el compliment de la legislació estatal en matèria de memòria democràtica.

La portaveu de l'Executiu espanyol, Elma Saiz, ha anunciat aquest dimarts la interposició del recurs després que fracassassin les negociacions obertes amb el Govern balear per intentar revertir la derogació del text, que preveia mesures com l'elaboració d'un cens de símbols franquistes per facilitar-ne la retirada, la prohibició d'actes d'exaltació de la dictadura, la conservació d'arxius vinculats a la memòria democràtica i la garantia d'accés a la documentació relacionada amb la repressió franquista.

El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, dirigit per Ángel Víctor Torres, va oferir al Govern obrir una via de negociació per restituir la llei. Tanmateix, les converses no varen fructificar i l'Executiu central ha optat finalment per acudir al Constitucional amb la intenció, a més, que la suspensió de la derogació es pugui aplicar de manera cautelar mentre es resol el procediment.

El Govern sosté que la decisió compta amb l'aval del Consell d'Estat, que considera que la supressió de la norma balear vulnera el deure de col·laboració de les comunitats autònomes en el desplegament de la Llei estatal de Memòria Democràtica. L'òrgan consultiu entén, a més, que la derogació afecta drets fonamentals relacionats amb la dignitat de les persones i la integritat moral de les víctimes.

L'ofensiva judicial contra la decisió adoptada a les Balears s'emmarca en la línia ja iniciada per l'Executiu de Pedro Sánchez amb comunitats autònomes com Comunitat Valenciana, Aragó i Cantàbria, les normatives de memòria històrica de les quals han estat substituïdes per “lleis de la concòrdia” que, amb el pretext de “reconciliar” els espanyols en lloc de “reobrir ferides”, equiparen el franquisme amb la democràcia, mentre manté negociacions sobre iniciatives impulsades en altres territoris com Extremadura.

El Govern central considera que aquests textos “blanquegen la dictadura franquista, neguen l'existència del cop d'Estat com a causant de la Guerra d'Espanya de 1936 a 1939, pretenen que no es conegui la veritat del que va succeir i, el que és pitjor, condemnen les víctimes novament a l'oblit”. Així mateix, sosté que aquestes reformes mantenen aspectes vinculats a les exhumacions però eliminen elements essencials relacionats amb el dret a la veritat, la reparació i les garanties de no repetició.

L'esquerra celebra la impugnació

La decisió ha estat celebrada pels grups d'esquerra a les Balears. El portaveu del PSIB-PSOE al Parlament, Iago Negueruela, ha acusat la presidenta autonòmica, Marga Prohens (PP), d'haver cedit davant Vox, defensant que el recurs suposa un fre a l'extrema dreta i assegurant que, si el Constitucional admet la impugnació i acorda mesures cautelars, la derogació podria quedar suspesa i la llei autonòmica tornaria temporalment a estar vigent.

També Més per Mallorca ha acollit positivament l'anunci. La diputada Maria Ramon ha assenyalat que recuperar la norma és especialment rellevant quan es compleixen deu anys de l'aprovació de la llei de fosses de les Balears, i ha defensat que ambdues legislacions formen part d'una mateixa política pública destinada al reconeixement i la reparació de les víctimes.

Vox, per contra, ha carregat durament contra la iniciativa de l'Executiu estatal. La seva portaveu parlamentària, Manuela Cañadas, ha qualificat el recurs de “rebequeria” i ha qüestionat que el Govern pugui impedir que una majoria parlamentària autonòmica derogui una llei aprovada pel Parlament. La diputada ha titllat, a més, d'“antidemocràtica” la possibilitat que la derogació quedi suspesa cautelarment i ha insistit que la norma eliminada era, al seu parer, “injusta i sectària”.

La derogació de la Llei de Memòria Democràtica va ser aprovada definitivament pel Parlament el març passat i va entrar en vigor després de la seva publicació al BOE el 10 d'abril. La mesura va formar part de les exigències plantejades per Vox al PP durant la legislatura i va convertir les Balears en una de les comunitats autònomes on l'agenda memorialista impulsada pel Govern central ha patit un major retrocés institucional.

El Gobierno central llevará ante el Tribunal Constitucional la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Balears, suprimida el pasado mes de marzo por PP y Vox. La norma, aprobada en 2016, articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. Según ha defendido el Consejo de Ministros, la eliminación de la ley autonómica supone una vulneración de los derechos de las víctimas del franquismo y dificulta el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria democrática.

La portavoz del Ejecutivo español, Elma Saiz, ha anunciado este martes la interposición del recurso después de que fracasaran las negociaciones abiertas con el Govern balear para intentar revertir la derogación del texto, que contemplaba medidas como la elaboración de un censo de símbolos franquistas para facilitar su retirada, la prohibición de actos de exaltación de la dictadura, la conservación de archivos vinculados a la memoria democrática y la garantía de acceso a la documentación relacionada con la represión franquista.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, ofreció al Govern abrir una vía de negociación para restituir la ley. Sin embargo, las conversaciones no fructificaron y el Ejecutivo central ha optado finalmente por acudir al Constitucional con la intención además de que la suspensión de la derogación pueda aplicarse de forma cautelar mientras se resuelve el procedimiento.

El Gobierno sostiene que la decisión cuenta con el aval del Consejo de Estado, que considera que la supresión de la norma balear vulnera el deber de colaboración de las comunidades autónomas en el desarrollo de la Ley estatal de Memoria Democrática. El órgano consultivo entiende además que la derogación afecta a derechos fundamentales relacionados con la dignidad de las personas y la integridad moral de las víctimas.

La ofensiva judicial contra la decisión adoptada en Balears se enmarca en la senda ya iniciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con autonomías como Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, cuyas normativas de memoria histórica han sido sustituidas por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia, mientras mantiene negociaciones sobre iniciativas impulsadas en otros territorios como Extremadura. El Gobierno considera que estos textos “blanquean la dictadura franquista, niegan la existencia del golpe de Estado como causante de la Guerra de España de 1936 a 1939, pretenden que no se conozca la verdad de lo que ocurrió y, lo que es peor, condenan a las víctimas de nuevo al olvido”. Asimismo, sostiene que estas reformas mantienen aspectos vinculados a las exhumaciones pero eliminan elementos esenciales relacionados con el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

La izquierda celebra la impugnación

La decisión ha sido celebrada por los grupos de izquierda en Balears. El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, ha acusado a la presidenta autonómica, Marga Prohens (PP), de haber cedido ante Vox, defendiendo que el recurso supone un freno a la extrema derecha y aseverando que, si el Constitucional admite la impugnación y acuerda medidas cautelares, la derogación podría quedar suspendida y la ley autonómica volvería temporalmente a estar en vigor.

También Més per Mallorca ha acogido positivamente el anuncio. La diputada Maria Ramon ha señalado que recuperar la norma es especialmente relevante cuando se cumplen diez años de la aprobación de la ley de fosas de Baleares, y ha defendido que ambas legislaciones forman parte de una misma política pública destinada al reconocimiento y reparación de las víctimas.

Vox, por el contrario, ha cargado duramente contra la iniciativa del Ejecutivo estatal. Su portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, ha calificado el recurso de “pataleta” y ha cuestionado que el Gobierno pueda impedir que una mayoría parlamentaria autonómica derogue una ley aprobada por el Parlament. La diputada ha tildado además de “antidemocrática” la posibilidad de que la derogación quede suspendida cautelarmente y ha insistido en que la norma eliminada era, a su juicio, “injusta y sectaria”.

La derogación de la Ley de Memoria Democrática fue aprobada definitivamente por el Parlament el pasado marzo y entró en vigor tras su publicación en el BOE el 10 de abril. La medida formó parte de las exigencias planteadas por Vox al PP durante la legislatura y convirtió a Balears en una de las comunidades donde la agenda memorialista impulsada por el Gobierno central ha sufrido un mayor retroceso institucional.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a realizar una inversión de 24,9 millones de euros en la empresa de animación canaria Anima Kitchent.

Se trata de una operación que se canalizará a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) con el objetivo de consolidar la inversión internacional, las capacidades industriales y el talento creativo en el sector audiovisual español.

Según ha informado el departamento ministerial, la inversión busca de igual modo potenciar el ecosistema audiovisual español en el ámbito de la animación para desarrollar y producir proyectos originales de largometrajes de gran calidad.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la empresa DNEG, perteneciente al grupo Prime Focus Group, un referente en efectos especiales y animación que cuenta con estudios en todo el mundo, más de 9.000 empleados y ocho premios Oscar.

Además, la operación se ha diseñado en colaboración con ReDefine Originals, una incubadora creativa del grupo DNEG dedicada al desarrollo, financiación y explotación comercial de contenido animado por computadora de alta calidad.

Por su parte, Anima Kitchent, nacida en 2014 y con sede en Las Palmas de Gran Canaria desde 2016, cuenta con una sólida experiencia en la creación, producción, distribución y marketing de entretenimiento infantil, además de presencia en plataformas digitales y de streaming.

Asimismo, la firma impulsa la formación y la transferencia de conocimiento en el sector mediante programas de máster en animación 2D y 3D.

275 empleos directos y 550 indirectos

La operación prevé la creación de 275 puestos de trabajo directos en los próximos cinco años y 550 empleos indirectos en el archipiélago.

La aportación de la SETT ayudará a reforzar los recursos tecnológicos de la productora para reducir tiempos y consumos energéticos, al tiempo que mejorará la infraestructura y la conectividad de la compañía canaria.

Finalmente, el Ministerio ha señalado que este proyecto se enmarca en la segunda fase del Plan Spain Audiovisual Hub, una iniciativa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

Las formaciones nacionalistas que tendrían en su mano entregar las llaves de la Moncloa a Alberto Núñez Feijóo dieron este lunes la callada por respuesta ante la nueva oferta del líder del PP: una moción de censura con él como candidato con la promesa de convocar elecciones generales una vez alcanzado el poder y destituido el presidente Pedro Sánchez. Tanto Junts como el PNV, cuyos votos bastarían junto a los de PP, Vox y UPN para alcanzar la mayoría absoluta necesaria para que la moción prosperase, prefirieron obviar la nueva intentona de Feijóo. Los nacionalistas vascos evitan contestar al líder del PP y se remiten a la negativa que ya han expresado en los últimos días y los independentistas catalanes, que guardaron silencio el lunes, este martes a primera hora pusieron una condición para estudiar la moción: que Feijóo se reúna con Carles Puigdemont en Bélgica.

El secretario general del partido, Jordi Turull, ha declarado que si la propuesta de los populares es “seria”, Feijóo debe negociarla con Puigdemont en Waterloo. “Él sabe que las reuniones con la máxima dirección se hacen en Waterloo, ya saben como funciona”, ha insistido en Catalunya Ràdio Turull, que de esta forma no ha descartado de plano la moción. “Nos tienen que explicar si la propuesta va en serio y qué quiere decir una moción instrumental”, ha manifestado el dirigente.

No es la primera vez que Feijóo lanza una propuesta para una moción instrumental solo para convocar a las urnas a los españoles. Pero nunca antes lo había hecho en directo en televisión. “Si los partidos que piden elecciones están de acuerdo, haremos [elecciones] anticipadas de forma inmediata”, dijo el líder del PP, que en pleno runrún sobre la posibilidad de un cambio de Gobierno celebrará este martes un acto con empresarios catalanes en el Cercle d’Economía de Barcelona y desarrollará allí una jornada de reuniones con diferentes actores económicos.

Se trata de una referencia directa a Junts y al PNV, los dos únicos aliados del Gobierno que han reclamado elecciones y sobre quienes el PP vuelve de forma recurrente casi desde el inicio de la legislatura, no siempre con buenas palabras. En su entrevista en Telecinco, el propio Feijóo se preguntó sobre los nacionalistas vascos si van “a vivir de rodillas o con dignidad”, aunque evitó dispensar el mismo trato a los independentistas catalanes. Poco después, su portavoz nacional, Borja Sémper, añadió con displicencia: “Ellos sabrán, cuando las urnas les pasen por encima, se preguntarán qué ha pasado”.

Pero, por ahora, ese órdago ha caído en saco roto. Junts y PNV consideran que los casos de supuesta corrupción que han emergido en las últimas semanas y que afectan al PSOE han sido el golpe de gracia a la legislatura y así lo han expresado públicamente pidiendo a Sánchez que convoque elecciones anticipadas. Pero la Constitución establece que las mociones de censura en España son constructivas, es decir, que en el Congreso no se votaría sobre la idoneidad del presidente para continuar en el cargo, sino sobre si Feijóo debe ser el nuevo inquilino de la Moncloa. Y aunque los nacionalistas no apoyen ya a Sánchez, tampoco se muestran convencidos de aupar al líder del PP, quien, además, necesitaría indefectiblemente los votos de Vox para alcanzar la Presidencia del Gobierno.

Consultadas sobre las palabras de Feijóo, fuentes oficiales de los nacionalistas vascos aseguran que no tienen “nada que añadir” a lo que han dicho sus principales dirigentes hasta el momento. La última en pronunciarse, el pasado fin de semana, fue la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, que en una entrevista en RNE insistió en que no contempla apoyar “ninguna moción de censura”, aunque también instó a Sánchez a “coger el toro por los cuernos” y convocar elecciones porque “el tiempo no lo cura todo” y los casos de corrupción, así como el “bloqueo constante” del parlamento, no van a “desaparecer”. Con igual contundencia se expresó el jueves el presidente del PNV, Aitor Esteban, que sostuvo que “el interés general demanda elecciones este año”, pero también aseguró que una moción de censura “no está encima de la mesa” de su partido.

La reunión con Puigdemont

Junts evitó durante este lunes pronunciarse sobre la nueva oferta de Feijóo aunque el martes ya hablaron de la posible reunión de Feijóo y Puigdemont como un primer contacto imprescindible. En los últimos días, la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, había intentado sacudirse la presión que provoca en Junts el hecho de ser el actor fundamental para que prospere una moción de censura y ha asegurado que su partido no tiene en su mano apretar “el botón” del cambio de Gobierno. Tampoco, ha dicho, de unas “elecciones” anticipadas, que es la opción por la que los independentistas apuestan.

En cualquier caso, el pasado jueves Nogueras afirmó en una entrevista en TVE que la “línea roja” de Junts es la presencia de Vox en el Gobierno. La formación, afirmó la dirigente, “jamás en la vida va a hacer nada que facilite que la extrema derecha esté en el poder” e insistió en que ningún partido, tampoco el PP, les ha puesto “una propuesta” de moción de censura “encima de la mesa”. La oferta de Feijóo de este lunes, no obstante, trata de sortear este obstáculo, puesto que el líder del PP prometió un Gobierno técnico sin Vox hasta que se celebraran las elecciones generales que, según prometió, convocaría nada más llegar a la Moncloa.

Para Junts, no obstante, una convocatoria electoral también tendría sus desventajas. En primer lugar, porque la formación atraviesa un momento muy complicado en las encuestas acechada muy de cerca por la extrema derecha independentista de Aliança Catalana. Y en segundo término porque el Tribunal de Justicia de la UE aún no ha emitido su sentencia sobre la ley de amnistía, un fallo que se espera para el año 2026, pero para el que aún no hay una fecha concreta y que será el primer paso para la posible vuelta a España del expresident Carles Puigdemont. 

El futuro del líder de Junts, no obstante, dependerá fundamentalmente de la sentencia que debe dictar el Tribunal Constitucional respecto a si el Supremo debió haber amnistiado el delito de malversación, que no llegará hasta que la justicia europea se haya pronunciado sobre la amnistía. Y unas eventuales elecciones podrían dar una supermayoría al PP en el Senado —una opción improbable, pero no descartable si se produce una debacle del PSOE— y permitirle situar en el Constitucional a juristas de su órbita que podrían dictar una sentencia contraria a los intereses de Puigdemont, lo cual obliga a Junts a ser muy cauto con sus movimientos.

El PP descarta una moción si no tiene los votos

Así las cosas, en el PP tienen claro que Feijóo no dará un solo paso que piense que puede reforzar a un Pedro Sánchez que atraviesa su peor momento. Y el líder de la oposición cree firmemente que una moción fallida sería un balón de oxígeno para el jefe del Gobierno. Hoy por hoy, la idea está descartada, según apuntan todas las fuentes consultadas por elDiario.es.

Pero en el PP saben (o dicen saber) que el frente judicial se le va a poner peor a Pedro Sánchez. Este mismo lunes, el juez Santiago Pedraz levantó el secreto de parte del sumario del llamado caso Leire Díez, con lo que conlleva. Y en las próximas semanas se esperan sentencias sobre el ‘caso Koldo’ o la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Por eso Feijóo y los suyos mantienen línea directa con el empresariado catalán. Este mismo martes, el líder del PP asistirá, como cada año, a un evento informativo que organiza el Cercle d'Economia. Tanto en este foro como en otros similares, Feijóo ha asumido las propuestas de la patronal en materia laboral y social. “Lo que me faltan son votos de los suyos”, les espetó en 2025 en un acto de Foment del Treball, presidida por el exdiputado de CiU Josep Sánchez Llibre.

Salvador Illa se ha convertido en uno de los pocos puntales territoriales que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez, una soledad que no le impide al president catalán mostrar su apoyo con contundencia. Si la semana pasada Illa ya sugirió que las causas judiciales que se abrían contra el PSOE tenían sospechosas “casualidades”, este lunes lo ha repetido durante su discurso de apertura de la Reunión del Cercle d'Economía, ante lo más granado del empresariado catalán, cuando ha señalado “coincidencias” entre la agenda judicial y la de la derechas.

“Queremos romper el círculo vicioso del populismo”, ha asegurado en relación a la economía española que, según ha considerado, es un ejemplo para Europa. “Quizá sea el éxito de los gobiernos de Catalunya y España lo que explica tantas coincidencias en algunas agendas. Déjenme decirlo claro: nada ni nadie nos desviara de nuestro propósito”, ha asegurado Illa.

El jefe del Govern ha defendido además una Catalunya absolutamente comprometida con el proyecto Europeo, también en lo que respecta a retos como la autonomía estratégica o la transición energética. “El federalismo europeo es la mejor manera de gobernarnos y es lo contrario al retorno a las grandes potencias y el imperialismo. Los grandes retos sociales de vivienda o climáticos requieren un salto de escala”, ha defendido.

Ante una audiencia tan influyente como la que congrega el Cercle, Illa ha propuesto “una alianza duradera entre el Govern y los sectores económicos”, a la que incluso ha puesto nombre: el consenso Catalunya, a la imagen del Consenso de Londres. Este pacto estaría basado en tres objetivos: el primero crear valor y creer en el modelo público-privado, el segundo una política industrial activa y, el último, una productividad destinada al bienestar.

En terreno económico, Illa se ha presentado ante los empresarios con un nuevo plan bajo el brazo para finalizar algunas infraestructuras clave mediante un modelo público-privado. Esta colaboración permitirá “acelerar las inversiones que necesitamos en obras estratégicas”.

Para ello, la Generalitat sacará un concurso por valor de 1.800 millones de euros, que permitirá que de la mano del sector privado algunos proyectos se acaben en seis años. Entre las obras contempladas están las estaciones del tramo central de la L9 del Metro (500 millones de euros), el despliegue de los llamados ejes viarios 2+1 a lo largo de 366 km de la red de carreteras (720 M€) o el desdoblamiento parcial del tramo Berga-Bagà (470 M€), según indican fuentes del Govern.

Illa ha anunciado además que ya piensa en un segundo paquete, también destinado a un contrato que será asumido por el sector público, por valor de 1.500 millones más y donde se contendrán planes como el desdoblamiento de la C-55, la segunda fase del tranvía entre Tarragona y Reus o la terminal ferroviaria de Lleida–Quatre Pilans.

Nueve años gobernando la Región de Murcia han dado a Fernando López Mirás un sentido del ritmo político preciso. Al igual que se suceden las estaciones del año con sus cada vez más extremos episodios climáticos, el lorquino ha ido lidiando con distintas coaliciones de gobierno, rupturas, crisis, mociones de censura, una pandemia y, sobre todo, mucho ir y venir de consejeros y consejeras. La experiencia le ha proporcionado la precisión de un cirujano que sabe poner la venda antes de la herida, ahora que rondan al Gobierno regional varios escándalos; el más grave de ellos, la trama de las prótesis caducadas que ha supuesto un fraude de casi siete millones de euros y 11 detenidos, entre ellos facultativos y responsables de compra de material del Servicio Murciano de Salud (SMS). Con los comicios a un año vista, López Miras remodela su gabinete y, de paso, sale a pescar votos entre los huérfanos de Ciudadanos y los desencantados de un Vox roto por dentro en la región.

Fuentes próximas al Gobierno regional insisten en que la entrada de nuevos responsables al cargo de las consejerías de Agricultura y Salud, la nueva portavocía y el intercambio de responsabilidades de los consejeros de Economía y Hacienda, por un lado, y Empresa y Empleo, por otro, estaban previstos “desde hacía varios meses” y puede que así fuera. López Miras descendió las escaleras del Palacio de San Esteban hasta la Sala Ramón Gaya el pasado jueves y, como un reloj suizo, anunció la nueva alineación del Ejecutivo el día en el que se cumplían tres años de la última convocatoria electoral; todo un remozo para las siguientes elecciones que ya practicó la legislatura anterior —en aquella ocasión, con una dirección centrista—. Dos días después, los nuevos responsables tomaban posesión de su cargo y se hacían la foto de rigor entre las columnas renacentistas del primer patio de la sede del Gobierno autonómico.

A pesar de la puntualidad suiza, el contexto político en la Región acaba de experimentar importantes sacudidas en sus principales plazas, Murcia y Cartagena: mientras Rebeca Pérez se ha convertido en la primera mujer alcaldesa de la capital murciana tras la muerte de José Ballesta; Noelia Arroyo retendrá el liderazgo en la ciudad portuaria en un nuevo giro de guion, en el que la división de Vox tras la expulsión de José Ángel Antelo ha llevado a dos concejales a salir de la formación de ultraderecha y envalentonarse con una moción de censura de la que después se arrepintieron.

Una imagen “fresca y moderada”

Y qué es de una imagen renovada sin una flamante portavocía, según cuenta Ismael Crespo, codirector del CEMOP, el CIS murciano. Marisa López Aragón ha reemplazado su antigua responsabilidad al frente de Empresa, Empleo y Economía Social y la ha sustituido por Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, una Consejería con muchos apellidos. No por ello es la mujer fuerte del presidente, ya que se trata de asuntos técnicos si exceptuamos lo que afecta a la negociación presupuestaria, de la que su anterior responsable, Luis Alberto Marín, ha salido desgastado. Para la refriega política, seguirá al frente el consejero de Presidencia, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, quien acumula el mayor peso orgánico y territorial y se perfila como sucesor natural de López Miras en el caso de que este dé un salto a Madrid. Su cartera se amplía con Juventud, en una clara muestra de la importancia que tiene para el PP este sector de la población que cada vez mira a Vox con mejores ojos.

López Aragón cuenta con las mejores cartas para “refrescar” la imagen del Ejecutivo murciano porque no es del PP pata negra, como pueda ser la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, quien tiene bastante ascendencia en el gabinete. De hecho, se incorporó al gobierno regional en la remodelación de julio de 2024, cuando López Miras reorganizó el Ejecutivo tras la ruptura del pacto con Vox, buscando estabilizar el gobierno con perfiles técnicos. Fue elegida directora del SEF en 2020 por el antiguo consejero de Ciudadanos Miguel Mota y continuó en ese puesto una vez que este partido salió de la coalición de Gobierno. El ascenso meteórico de López Aragón desde entonces se debe a una conjunción de su “pragmatismo” con su impronta “moderada”, capaz de seducir “a socialdemócratas desencantados de Pedro Sánchez”. Es decir, el PP quiere seguir amarrando por su flanco izquierdo a los antiguos votantes de Ciudadanos.

Fuentes del SEF, por su parte, hablan de que externalizó la gestión del organismo a asociaciones patronales y entidades sociales y que es “la mejor representante de los empresarios” en un momento en el que estos presionan a Antelo y la antigua diputada de Vox Virginia Martínez para que aprueben con el PP una serie de leyes que les sean favorables, como la recientemente acordada de Simplificación Administrativa.

Largas listas de espera para el especialista y una trama en el SMS

Quizás sí que había previamente preocupación en el Gobierno regional por el hecho de que Murcia tiene uno de los peores registros del país del porcentaje de personas que esperan más de 60 días para una primera consulta con el especialista y se buscara “otra gestión” en la Consejería murciana de Salud, de modo que la hasta ahora gerente del SMS, Isabel Ayala, haya sustituido a Juan José Pedreño. Sea como fuere, su destitución ha coincidido con la presunta trama de prótesis caducadas en el SMS, en la que se habrían facturado implantes en mal estado mediante irregularidades en los sistemas de compra y registro. Una trama que, presuntamente, ha estado en funcionamiento desde 2019 hasta fechas recientes. La Policía Nacional ha constatado que, al menos, se usó un stent caducado. El PSOE ha calificado de “infamia” el nombramiento de Ayala al haber ocupado la máxima responsabilidad en el SMS durante los años en los que operó dicha trama, mientras que el diputado de Podemos-IU en la Asamblea Regional, José Luis Álvarez-Castellanos, ha recordado que no es un caso “aislado”, ya que el SMS lleva arrastrando “irregularidades, contratos bajo sospecha y advertencias previas” del Tribunal de Cuentas.

Ayala es licenciada en Medicina y especialista en Atención Primaria y tiene un perfil técnico y continuista. Llegó a la gerencia del SMS en 2023 tras una carrera de gestión que arrancó en los centros de salud y fue escalando puestos hasta los órganos directivos del sistema sanitario murciano. Quienes la conocen la describen como una profesional con capacidad de diálogo, empuje y compromiso con el conjunto del sistema. Su nombramiento llega, en todo caso, en un momento de escasez de profesionales, una política de conciertos cuestionada y unas listas de espera que sus propios compañeros de profesión califican de “brutales”.

Un fuerte peso político frente a los recortes del Trasvase 

El segundo escándalo que más dolores de cabeza le ha dado al Gobierno regional en esta la legislatura ha sido protagonizado por la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, salpicada por un informe encargado a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en 2023 que detectaba niveles elevados de metales pesados en los suelos del entorno de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión y que su departamento habría ocultado, alimentando las acusaciones de falta de transparencia por parte de la oposición y los colectivos ecologistas. Le sustituye un fuerte peso político del Partido Popular, Joaquín Buendía, director gerente de Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur), adonde llegó hace un año tras una década como alcalde de mayorías absolutas en Alcantarilla, la quinta ciudad con más población de esta comunidad autónoma.

El antiguo primer edil de Alcantarilla viene a apagar “el incendio” que se anticipa en la Región ante el cambio de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura que prepara el Gobierno de España. También es un político que, según fuentes municipales, “pone la bandera más grande, hace la jura de bandera más importante y saca más procesiones”, reforzando el flanco identitario más a la derecha del partido y, así, debilitar al ya dividido Vox.

Ingeniero técnico en Electrónica Industrial y antiguo docente, Buendía estuvo con el expresidente Pedro Antonio Sánchez, cuya sombra parece seguir siendo alargada y que se vio obligado a dimitir por los casos 'Púnica' y 'Auditorio', al frente de las direcciones generales de Formación Profesional, de Recursos Humanos y Calidad Educativa, y también la de Empleo Público.

De esta forma, el Gobierno murciano trata de recomponerse en medio de las turbulencias y rastrear votos en todos los frentes.

En este tiempo de coincidencias y casualidades extraordinarias que nos ha tocado vivir, cuando ya no quedan parientes de Pedro Sánchez sin su correspondiente y urgente informe policial, se constata que, cuanto más avanza el juicio oral por la operación Kitchen, más claro va quedando que Mariano Rajoy no presidía realmente un gobierno sino una alegre pandilla que pasaba el rato por La Moncloa, sin más preocupación que andar de correrías viviendo el momento y sin perder mucho tiempo en las cosas esas de gobernar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

En aquel estado de perpetua adolescencia, allí nadie era responsable de nada, sabía algo de nada o preguntaba nunca por nada o por nadie. Aquel ejecutivo azul era como la pandilla de Verano Azul, pero con el barco de Chanquete varado en la Carrera de San Jerónimo, que no llega hasta el mar pero achicharra el sol peor aún que en Nerja. 

Aquella animosa cuadrilla del gobierno azul más que gobernar corría aventuras por Presidencia con esa despreocupación que da la juventud. No discutían jamás entre ellos asuntos oficiales ni analizaban materias sensibles de Estado; de hecho estaba terminantemente prohibido hablar siquiera de asuntos de trabajo. Si tal, comentaban la prensa pero siempre en plan casual. 

Por eso, en aquel gobierno azul, todos desconocían todo y las cosas pasaban solas, porque sí, por casualidad; más o menos como ahora. Saber algo era considerado tan peligroso como fumar porros o beber cerveza. Como cuando éramos chavales, los asuntos en aquel gobierno azul sucedían sin más, la comida se ponía sola en la mesa, la luz era gratis y un señor o una señora muy amables te llevaban a donde quisieras y a la hora que fuese, únicamente había que pedírselo amablemente o llamarles papá o mamá con la voz adecuada.  

El gobierno azul no tenía aquellos padres mágicos igual que nosotros. Tenía algo infinitamente mejor: tenía policías mágicos. Sin pedírselo y sin que hubiera que hacer nada, ellos solos se organizaban para vigilar a Luis Bárcenas, recuperar las pruebas que pudiera tener o destruir lo que fuese menester destruir, ya fuera el independentismo, ya fuera Podemos. Lo que hiciese falta para proteger a sus inocentes ministros y ministras ante los terribles peligros y oscuras amenazas que habitan en el mundo exterior. 

Como a los padres, a los policías mágicos del gobierno azul ni siquiera había que pagarles. Cierto que eran tan chapuceros, o más incluso, que Leire Díaz a la hora de diseñar operaciones encubiertas y ofertas que no se podían rechazar, pero, por lo menos, no cobraban 4.000 euros del ala al mes por andar dando el cante por medio Madrid y hablar del “number one” como si fuera un código secreto indescifrable incluso para Enigma. 

Lógicamente nuestro Mariano sería el enrollado Javi que lideraba el clan porque era el más alto, secundado por un fiel Fernández Díaz en el papel de aquel abnegado Quique, de quien nadie se acordaba hasta que había que hacer algún recado de esos que no apetecen y te parten la tarde. María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría eran como Bea y Desi. Amigas, sí, pero con ese beef que no sabían bien cómo disimular. El simpático Javier Arenas sería el simpático Pancho haciendo esas cosas simpáticas de la gente del pueblo. El inefable comisario Villarejo encarnaba al irrefrenable Piraña, dispuesto a comer lo que hubiera que comer para no dejar una miga ni un rastro en el mantel. No se me ocurre quién podría ser Tito, la verdad. Pero se admiten sugerencias.  

Cuando pongan la reposición en la tele dentro de diez o veinte años los recordaremos, con esa mezcla de nostalgia y extrañeza que siempre te queda cuando gobierna la derecha. 

La coalición de Gobierno vive estos días instalada en un déjà vu. Prácticamente un año después de que estallara el caso Cerdán, que sacudió los cimientos del PSOE, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la UCO en la sede de Ferraz para pedir documentación han vuelto a poner patas arriba el tablero político y también la relación entre los socialistas y Sumar en el seno del Ejecutivo. La coalición que lidera Yolanda Díaz no se ha planteado en ningún momento romper con el PSOE y salir del Consejo de Ministros. Pero, tras una primera reacción dubitativa y en mitad de algunas diferencias internas, ha elevado el tono para exigir a La Moncloa que reaccione ante una crisis que amenaza con volar la legislatura.

La coalición de Yolanda Díaz se está viendo obligada a hacer un complicado encaje de bolillos para distanciarse de los casos de supuesta corrupción mientras, a la vez, ofrece argumentos para mantenerse dentro del Gobierno. Sumar insiste en que el Ejecutivo está siendo objeto de una campaña judicial, mediática y política desde el inicio de la legislatura para hacerlo caer, pero a la vez exige al PSOE que dé explicaciones por dos casos, el de Zapatero y el de Leire Díez, que sí consideran preocupantes. Y, desde que la semana pasada se conoció la imputación del expresidente, el malestar de Sumar con el PSOE ha ido en aumento.

La formación que lidera Yolanda Díaz entiende que los socialistas están optando por no dar explicaciones, y que eso únicamente agrava los serios problemas a los que se enfrenta la coalición en su conjunto. Y a todas las organizaciones que componen Sumar les enfadó, especialmente, la rueda de prensa que ofreció el presidente Pedro Sánchez en Roma el miércoles, en la que incluso bromeó con su decisión de no adelantar las elecciones en una alusión velada al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que así lo pidió el miércoles.

Ese malestar se tradujo durante el jueves en una negociación interna en el seno del Gobierno que, junto a la presión ejercida por socios como Podemos, ERC, BNG o Compromís, ha forzado —según admiten fuentes de La Moncloa— a Sánchez a cambiar de planes y a solicitar una comparecencia a petición propia en el Congreso para debatir sobre los procedimientos judiciales que afectan al PSOE. Pero algunos sectores de Sumar también consideran que su propia formación tiene que “tomar posiciones” más firmes, se muestran críticos con su reacción y llaman a actuar de forma más “drástica” que hasta ahora ante la crisis.

El jueves pasado, el grupo parlamentario de la alianza celebró una reunión en la que, según reconocen algunos dirigentes, se evidenciaron las diferencias que existen en el seno de la coalición sobre cómo abordar la crisis. Algunos sectores abren incluso la puerta a valorar la posibilidad de retirar el apoyo parlamentario al PSOE si, en las próximas semanas, no ofrece respuestas satisfactorias sobre Zapatero y la trama de Leire Díez. Hoy por hoy, ese escenario aún no se contempla.

Otras voces consideran que la mejor forma de apartar el foco de la corrupción y, a la vez, de que a Sumar no le salpiquen los problemas de su socio es intentar forzarle a que desbloquee algunas de las medidas sociales que llevan tiempo en el congelador, especialmente en materia de vivienda.

El futuro de Sumar no se define

La profunda crisis abierta en los últimos días ha pillado a Sumar, además, en mitad de un proceso de reconstrucción que no termina de marchar con la velocidad que a algunos de los sectores de la alianza les gustaría. Este sábado, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns —agrupados bajo el lema provisional de “Un paso al frente”— han celebrado un nuevo acto en Barcelona, tras los ya organizados en los últimos meses en Madrid y Sevilla, con la intención de seguir preparando el terreno para el relanzamiento de su alianza. Pero en ese mitin no se han despejado ninguna de las dos grandes incógnitas en la izquierda alternativa de cara a las próximas elecciones generales: la marca con la que se presentará y, sobre todo, quién será su candidato.

El asunto del liderazgo es el más acuciante, y algunos de los principales dirigentes de la alianza aún conocida con el nombre de Sumar ya han hecho público el debate que, desde hace semanas, también existe en privado entre las organizaciones: la necesidad de acelerar los tiempos, especialmente ahora que la legislatura está en el alambre. La que más claramente lo ha verbalizado es la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, que tras el mal resultado obtenido por la coalición Por Andalucía en los comicios autonómicos de hace un par de semanas aseguró que “acelerar” es “urgente” y pidió presteza para definir “cuál va a ser la persona” que va a liderar el espacio.

El problema, no obstante, no es que haya diferencias entre los partidos sobre cuándo tiene que lanzarse al nuevo candidato, sino que no existe un aspirante claro para ocupar ese puesto. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, el favorito de los cuatro partidos, rechaza asumir el rol de líder, pero otras de las principales figuras del espacio tampoco parecen estar por la labor o no convencen a una o varias de las patas de la coalición. Y, aunque Sánchez insiste en que su intención es agotar la legislatura y en que no va a adelantar las elecciones, el tiempo corre.

Reivindicación y deberes. Los partidos que conforman la coalición Sumar se han conjurado como “la izquierda limpia y valiente” ante el goteo de casos de corrupción que han impactado en el PSOE, y han reclamado a su socio mayoritario de Ejecutivo “ejemplaridad y transparencia” y un acelerón en la acción de Gobierno, con el foco en la vivienda.

Los socios de Sánchez en el Ejecutivo de coalición —Comuns, Más Madrid, IU y Movimiento Sumar— han celebrado este sábado un acto en Barcelona, con la participación de tres de sus ministros, tras las turbulencias que han generado las investigaciones judiciales sobre el PSOE y la exigencia de Junts y el PNV al presidente para que convoque elecciones anticipadas.

“¿Cómo estáis de ánimos?”. Así ha arrancado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy su intervención, consciente de que no ha sido la mejor semana para el Gobierno. La dirigencia de los partidos a la izquierda del PSOE ha querido insuflar ánimos a la militancia, pero también elevar las exigencias a los socialistas.

Ninguno de los ministros de Sumar ha apuntado posibilidad alguna de salir del Ejecutivo, si bien sí han mantenido el tono duro contra el PSOE. Pese a que la minoría parlamentaria del Ejecutivo se ha constatado de nuevo, los dirigentes progresistas han redoblado las peticiones al PSOE para aprobar más medidas de izquierdas.

“Por supuesto que hay una operación para derribar a este Gobierno, pero esto no es excusa para determinados comportamientos”, ha aseverado Bustinduy, que ha reclamado al PSOE “ejemplaridad y transparencia” sobre las causas judiciales que acumula el partido y “vivienda, vivienda y vivienda” como prioridad del Ejecutivo.

En este sentido, Bustinduy ha anunciado que Sumar volverá a llevar al Congreso “cuanto antes” el decreto de los alquileres que PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso. “No vamos a parar, no vamos a parar hasta que se prorroguen los alquileres y echemos a los rentistas y especuladores”, ha enfatizado la ministra de Sanidad, Mónica García.

A juicio de García, las políticas progresistas “de las que presume el PSOE” son producto de las iniciativas impulsadas por los partidos de Sumar. “La mayoría de las medidas de progreso las hemos hecho nosotros”, ha insistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El dirigente de los Comuns ha pedido a Sánchez “responsabilidades y dar la cara”. “Ferraz [la sede del PSOE] no puede seguir siendo un lastre para la mayoría progresista de este país”, ha remarcado Urtasun.

“Un Gobierno contesta a una operación de derribo con leyes y medidas”, ha agregado el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, en la intervención que ha cosechado más aplausos de los 350 asistentes al acto.

Maíllo ha sido el único orador que ha citado explícitamente algunos de los casos de corrupción que sobrevuelan a exdirigentes socialistas: “Las explicaciones sobre por qué el PSOE ha tenido dos secretarios de organización absolutametne desaconsejables o por qué un expresidente que puede vivir muy bien con su pensión se dedica a yo qué se qué son lo único que nos permitirá salir adelante”.

“Esta no es nuestra mochila”, ha manifestado la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, para marcar distancias con los socialistas. “La corrupción 0 existe, pero para que exista tienes que tener la casa muy limpia y saber para qué has venido”, ha ahondado, para a renglón seguido apostillar: “El PSOE tiene que hacérselo mirar y cuidar al Gobierno”.

“¿Dónde estaba el PSOE cuando freían a querellas a Barcelona en Comú, Podemos y los independentistas?”, ha incidido el diputado de los Comuns en el Congreso y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello. “No lo preguntamos desde el revanchismo, sino desde la autoridad que nos da haber demostrado que se puede gobernar sin casos de corrupción”, ha añadido.

Pese a las exigencias de Sumar, las explicaciones de Sánchez no serán inmediatas. Su intervención en el Congreso todavía no tiene fecha, pero será después del Consejo Europeo del 19 de junio. Mientras el PSOE se abona a la teoría de un campaña orquestada ante el aluvión de causas judiciales, el calendario no da tregua: el expresidente Zapatero comparecerá como investigado el 17 de junio.

En los últimos días, estamos asistiendo a un asedio judicial y mediático al Gobierno de Pedro Sánchez que recuerda mucho al vivido por el Gobierno socialista de Felipe González en el 95. A los ya conocidos casos contra su hermano, su mujer y el caso de Ábalos y Cerdán, hemos visto como se imputa a José Luis Rodríguez Zapatero y cómo se registra la sede del Partido Socialista de Ferraz por el caso Leire Díaz. Todos estos casos conviven en un totum revolutum que no distingue y que persiguen tumbar al Gobierno salido de las urnas en el 23.

Con independencia de que hay asuntos que investigar y que merecen ser esclarecidos, de lo que no cabe duda es que hay todo un ejército cumpliendo aquella máxima de Aznar recordada estos días: el que pueda hacer, que haga. 

Y el poder judicial está haciendo. Y el poder mediático también.

Mientras, tenemos sentado en el banquillo a un exministro del Interior en la causa del caso Kitchen y no se está poniendo el foco ahí. 

Y, a pesar de todo, el Partido Popular de Feijóo continúa esperando a que la fruta madura caiga del árbol, sin atreverse a presentar una moción de censura. Y no porque la perderían, como han reconocido. Sino porque la moción de censura es a la vez un acto de investidura del nuevo presidente y para ello hay que presentar un proyecto de gobierno. Y el Partido Popular no lo tiene. 

El que pueda hacer que haga, porque el Partido Popular, haciendo solo política, no puede. 

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este jueves que no “resta relevancia” a las investigaciones judiciales al PSOE que han provocado la imputación de la gerente, Ana María Fuentes, y del exsecretario de Organización Santos Cerdán por, presuntamente, crear una trama para entorpecer investigaciones judiciales contra el partido, pero al mismo tiempo ha denunciado el “show” creado que busca generar un escándalo contra el Gobierno.

Torres ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo de Europa Press, al día siguiente de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizase un operativo de 12 de horas en la sede central del PSOE en la calle Ferraz en busca de información relativa a la presunta trama.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta trama liderada por Cerdán, en la que participó la exmilitante socialista Leire Díez para “desestabilizar” las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. El juez sospecha que para financiar estas actividades se realizaron pagos desde el partido y por eso ordena imputar a la actual gerente.

Aunque el ministro ha repetido en varias ocasiones que no resta importancia a estas pesquisas, ha subrayado que debe prevalecer la presunción de inocencia y critica que la operación en Ferraz apareciese publicada en los medios antes de llevarse a cabo.

“Estamos asistiendo en directo a un show”, sostiene Torres, que considera que se está primando “entrar en las casas con el mayor de los escándalos o escandalera”, -en referencia al impacto o “shock” que generan estas actuaciones en la sociedad- por encima de la preservación del proceso judicial.

“No es normal que en la víspera de una intervención supuestamente sigilosa, que se tiene que preservar para el mejor resultado de la investigación, aparezca lo que se va a hacer en los medios de comunicación”, ha recriminado el ministro que considera que “eso va en contra de la propia investigación”.

En la misma línea insiste en que en una investigación “seria” debe haber “discreción” y por tanto reprocha que, a pesar de que hay secreto de sumario, “todo el mundo sepa lo que lo que supuestamente es secreto”.

En este sentido, el ministro de Política Territorial ha hecho un llamamiento a “volver a separar los poderes” del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, “que tiene que ejercer su trabajo con independencia y con igualdad”, advierte.

“Cuando una sociedad empieza a tener dudas sobre la separación de los poderes, cuando tú puedes tener información privilegiada, cuando ya conoces lo que va a hacer una autoridad judicial”, señala, “la igualdad se destroza”.

El PP no adelantó elecciones tras ser condenado por la AN

Pese a los indicios que expone el juez contra cargos del PSOE, Torres rechaza un adelanto electoral y considera que el PP no está legitimado para exigirlo porque en 2018, después de la condena de la Audiencia Nacional por ser partícipe a título lucrativo de actividades de corrupción, los de Mariano Rajoy no adelantaron las generales y salieron de La Moncloa solo tras una moción de censura liderada por Pedro Sánchez.

Ahora, si la oposición quiere un cambio de Gobierno “ante investigaciones policiales que no una condena”, apostilla, deberían presentar una moción de censura, porque es la herramienta recogida en la Constitución para este fin, indica el ministro.

El adelanto electoral o la presentación de una cuestión de confianza, recuerda, son decisiones en manos del propio presidente del Gobierno, según ha recalcado un día después de que Sánchez dijese que agotará la legislatura y descartase generales anticipadas.

No van a encontrar nada ilegal

El ministro Torres también ha denunciado una “campaña” de acusaciones contra él, que, según ha dicho, pretende aburrirle, cansarle, que se haga un lado e ir contra su honorabilidad. “No lo van a conseguir”, ha sostenido.

A renglón seguido, ha defendido que si se aparta, “vencerán los malos”, censurando que las acusaciones que pesan contra él las están haciendo personas como el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, “que está a punto de recibir sentencia”.

Y al ser preguntado por si está seguro de que no habrá un informe de la Guardia Civil sobre él, Torres ha defendido que “no van a encontrar ninguna acción ilegal” de él: “Todo lo que se ha dicho de mí, me dará más fuerza, terminará con una victoria de la verdad frente a la difamación”.

El calvario dura ya una semana y le quedan, al menos, tres más. El aplazamiento de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero como imputado en la Audiencia Nacional, prevista en principio para el 2 de junio y fijada ahora para dos semanas más tarde, alarga la agonía de un Ejecutivo atrapado entre la defensa pública de uno de sus principales referentes y la urgencia de que sea él mismo quien contribuya a aclarar cuanto antes las graves acusaciones de corrupción que le atribuyen la policía y el juez Calama.

Desde el estallido del escándalo hace justo ocho días, en la Moncloa contienen la respiración a la espera de las explicaciones de Zapatero y ante el aluvión de informaciones sobre sus negocios privados, e incluso su vida familiar, procedentes del sumario del caso y de los informes de la UDEF. Para preparar su defensa a conciencia, el equipo jurídico del expresidente solicitó formalmente este martes retrasar la citación del 2 de junio, una fecha a la que se aferraba el Gobierno con la esperanza de que las respuestas de Zapatero ayudaran a sofocar parte del incendio político. Algo para lo que ahora tendrán que esperar, como mínimo, hasta el 17 de junio.

“Da igual si nos gusta o no nos gusta, tenemos que respetar su estrategia de defensa”, se limitan a comentar en la Moncloa sobre el retraso de la comparecencia. Aunque el mensaje oficial no ha variado y asegura el Ejecutivo que Pedro Sánchez mantiene su respaldo al expresidente, los mensajes públicos empiezan a impregnarse de una cautela mayor a la del propio Sánchez cuando, hace una semana, defendió explícitamente a Zapatero. “Todo mi apoyo al presidente Zapatero”, le contestó a Feijóo en la sesión de control. Una contundencia que sorprendió incluso entre algunos ocupantes de la propia bancada socialista.

Una semana después, y ante la crisis política desatada por el caso, todo el mundo mide sus palabras. El ministro Óscar López, muy cercano al expresidente, aseguró a preguntas de la prensa tras el Consejo de Ministros que mantiene la confianza en su inocencia, aunque trasladó cierta distancia al negar haber sido capaz de contactar con él durante la última semana. “Hace 26 años que conozco a Zapatero, confío en su inocencia. No he tenido oportunidad de hablar con él”.

Más escueta incluso fue la ministra portavoz, Elma Saiz, que apenas se movió del respeto a la justicia, a la presunción de inocencia y al legado político de su compañero de filas. “Este Gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero. Ahí está su legado incuestionable: avances en derechos, en igualdad. Pero no me voy a pronunciar sobre un procedimiento que está en marcha”.

Lo previsto es que este miércoles sí vuelva a pronunciarse en público sobre el caso Zapatero el presidente del Gobierno, que tiene prevista una rueda de prensa con turno de preguntas de los medios de comunicación durante su viaje oficial a Roma. Según las fuentes consultadas en su equipo, Pedro Sánchez mantendrá, salvo sorpresa, la postura ya defendida la semana pasada en el Congreso de respaldo explícito al expresidente, uno de sus principales apoyos políticos y personales desde las generales de 2023.

Sin embargo, y aunque todo el mundo en Moncloa y en Ferraz se cuida mucho de no pronunciarse ni en público ni en privado contra el expresidente, todas las alarmas se mantienen encendidas y nadie descarta a estas alturas que la situación se complique tanto en las próximas semanas como para que sea necesario un volantazo al que, por ahora, se resisten.

“No hay prueba documental”

“Con lo que sabemos a día de hoy, mantenemos nuestra postura: no hay prueba documental que corrobore la implicación del presidente Zapatero en ningún hecho delictivo. Entendemos que esto genera titulares y entendemos el interés mediático, pero el Gobierno tiene que adaptarse a los tiempos judiciales y ahora, la siguiente frontera temporal es el 17 de junio”, alegan desde el Ejecutivo.

En lo que sí redoblan su énfasis en la Moncloa es en defender el rescate de Plus Ultra, epicentro para la UDEF y el juez Calama del presunto tráfico de influencias de Zapatero. “El procedimiento fue impecable, transparente y riguroso. Se miró con lupa. No cabe arbitrariedad ni discrecionalidad porque se encarga un consejo gestor con técnicos de la SEPI que se mueven por criterios exclusivamente técnicos. Hubo un control exhaustivo, y no solo de la administración”, volvió a defender la ministra portavoz para subrayar la estrategia del Gobierno: proteger la acción del Consejo de Ministros de cara a complicaciones futuras y dejar la puerta abierta del recurso a los “comportamientos particulares” que ya sirvió para protegerse del escándalo de Santos Cerdán o José Luis Ábalos.

Lo que asumen en las filas socialistas es que hasta que el propio expresidente no se encargue de intentar tumbar las acusaciones que se ciernen sobre él, la iniciativa política del Ejecutivo se mantendrá absolutamente ahogada por los detalles del caso. Con Pedro Sánchez en el Vaticano de viaje oficial para preparar la visita del papa a España, el debate público nacional lo monopolizan las joyas de la pareja de Zapatero, la empresa de las hijas de Zapatero, los amigos de Zapatero o los pagadores de Zapatero. Un goteo de sobresaltos que en las últimas horas ha intentado taponar su portavoz autorizado, Luis Arroyo, un viejo conocido en las filas socialistas cuyas declaraciones públicas han generado cierta inquietud en algunos sectores del partido.

El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, un texto que ajusta la legislación española a la europea y que fija multas millonarias (de hasta 35 millones de euros), trata de atajar los contenidos 'ultrafalsos' (deepfakes) —como los desnudos generados por asistentes virtuales—, y determina qué técnicas y sistemas están expresamente prohibidos.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley, que comenzará ahora su tramitación parlamentaria, un texto que va a dotar a España de un instrumento que asegurará la supervisión humana para todos aquellos sistemas considerados de 'alto riesgo' porque podrían afectar a los derechos fundamentales de las personas.

El texto fija los sistemas o las prácticas que están prohibidas, como el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento, explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad o la situación socioeconómica de las personas (menores, mayores o discapacitados), la clasificación biométrica por raza u orientación política o religiosa, o la 'puntuación' de individuos basándose en comportamientos sociales o rasgos personales para por ejemplo denegar subvenciones o préstamos.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha subrayado que España está demostrando “un ejemplo sobresaliente” en el despliegue y la adopción de la IA y ha citado la localización de dos 'fábricas' de IA de la UE, un proyecto de 'gigafactoría', varias empresas punteras en el sector, entre ellas Multiverse Computing o la existencia ya de un modelo de IA en español ('ALIA'), y ha aseverado que el país “abandera” la apuesta para que esta tecnología sea “ética y confiable”.

López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha defendido, frente a los 'tecnoligarcas“ que están en contra de cualquier tipo de regulación, la posibilidad de compatibilizar la innovación y la competitividad con los derechos, y se ha mostrado convencido de que la ley responde a la inquietud de los españoles, ya que casi el 80 por ciento de la población pide más protección de los derechos digitales.

La nueva ley es “garantista y humanista”, ha manifestado el ministro, quien ha alineado los objetivos del texto con los fijados por el papa León XIV en su encíclica, y ha situado a España como uno de los líderes mundiales (el séptimo, ha dicho) en el desarrollo y el progreso de la inteligencia artificial, pero como “el más avanzado” del planeta en el caso de una tecnología “confiable”.

Respuesta a los desnudos creados desde la red social X

La ley fija responsabilidades a los responsables de IA que utilicen sistemas prohibidos en Europa, impone la supervisión humana en casos que puedan afectar a derechos fundamentales, promueve la transparencia algorítmica e incluye medidas específicas de protección a los menores, y atribuye competencias de supervisión a la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), a la Agencia Española de Protección de Datos, al Consejo General del Poder Judicial, al Banco de España o a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El texto que ha aprobado este martes el Gobierno incluye ya las modificaciones al Reglamento Europeo que se han incorporado recientemente, y entre ellas la prohibición de sistemas de inteligencia artificial que generen 'deepfakes' sexuales, tras la polémica generada por los desnudos de mujeres creados por 'Grok', el asistente virtual de la red social X.

La Ley prohíbe por ejemplo el uso de 'chatbots' (asistente conversacional robotizado) que identifiquen a usuarios con adición al juego para incitarles a entrar en plataformas de juego; los juguetes infantiles dotados con IA que puedan animar a los niños a completar retos que les pueden producir daños; o sistemas que clasifiquen con biometría a las personas (orientación política, sexual u otras) a partir del análisis de sus fotos en redes sociales.

Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves, y las sanciones podrán alcanzar hasta los 35 millones de euros o el 7 por ciento del volumen de negocio anual de una empresa en los casos más graves; y serán de 500.000 euros —o el 0,5 por ciento del volumen de negocio— en el caso de las más leves.

La ley española incluye detalles que no provienen del Reglamento Europeo de IA, y entre ellas medidas para impulsar el buen uso de estas tecnologías en el sector público, tras las numerosas sugerencias que se hicieron en ese sentido durante el trámite de audiencia pública.

Así, la norma española introduce la creación de un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos; y establece la figura del delegado de IA, que estará encargado de coordinar la aplicación normativa y asesorar en proyectos y contratación pública.

La invasión rusa de Ucrania y el distanciamiento de Estados Unidos convencieron a Europa de la necesidad de construir sus propias capacidades de defensa. Al tiempo, Donald Trump exige a sus socios en la OTAN que gasten un 5% del PIB en defensa, aunque España lo ha toreado como ha podido, para comprometer el 2% del PIB, que son 34.000 millones de euros al año. Esa demanda de inversión esconde la descarada pretensión de que Europa compre aún más material a la poderosísima industria militar americana.

Francisco Javier Sánchez, presidente de Airbus España, aseguraba en una conferencia que uno de los grandes problemas de la industria de defensa europea es su fragmentación y dependencia. Fragmentación, porque en Europa se producen 179 sistemas diferentes de armas (aviones, barcos, tanques, armas, etc.), frente a 33 en Estados Unidos; y dependencia de este país, porque Europa le compra el 80% del material, mientras que ellos se autoabastecen.

Por tanto, la conclusión evidente es que Europa necesita integrar sus empresas militares, para hacerlas más grandes, innovadoras y competitivas, de manera que sean capaces de suministrar a sus ejércitos y no depender del producto Made in USA. Para alcanzar ese objetivo, el primer paso es fusionar las industrias nacionales, para luego ir a un proceso supranacional, como en otros sectores. Es el camino para preservar localmente los empleos en una industria puntera en tecnología de uso militar y civil, y mantener cierta autonomía.

Este contexto llevó al Gobierno a promover un campeón nacional de la industria militar alrededor de Indra, compañía cotizada en Bolsa y participada al 28% por el Estado, a través de la SEPI. Se trata de homologarse con los grandes países europeos. Alemania cuenta con Rheinmetall, fabricante de tanques, misiles, artillería y sistemas aéreos antimisiles. Italia, con Leonardo, más enfocado en industria aeronáutica, con aviones de entrenamiento y helicópteros, o satélites. Y Francia, cuenta con Thales, la más parecida a Indra, puesto que está más centrada en transformación y seguridad digital, así como aviónica, radares, satélites, simuladores o señalización.

Rheinmetall es una compañía privada, con un accionariado muy atomizado. En cambio, Leonardo y Thales están, al igual que Indra, participadas y controladas por el Estado, que cuenta con participaciones del 30% y del 26,6%. El caso francés es peculiar porque el Estado tiene un socio, Dassault Aviation, que tiene su misma participación; sin embargo, el primero tiene el 36,7% de los derechos de voto y el segundo el 29,9%. Es llamativo que el socio privado sea además relevante en medios de comunicación, ya que el Grupo Dassault es el dueño de Le Figaro, el principal periódico conservador de Francia. Esto rememora el caso de Amber Capital, principal accionista y gestor del Grupo Prisa, con un 29,9%, que además es socio clave de Indra, con un 7,24%.

Ahora bien, la diferencia de tamaño (facturación) y perspectivas (tecnología) de unas compañías y otras queda patente en su valor bursátil. La capitalización de Rheinmetall es de 55.000 millones de euros, la de Thales 47.000 millones, la de Leonardo 30.000 millones y la de Indra 9.200 millones. Por tanto, queda claro que la empresa española elegida para liderar la industria de defensa Made In Spain tiene mucho que recorrer para homologarse con sus vecinos.

El problema está en que el plan para levantar ese líder español está resultando un desastre, producto de una improvisación propia de aficionados. El Gobierno ha pretendido construir en Indra un accionariado estable y de confianza, a la vez que absorbe empresas del sector que completen su gama de productos militares. En esa dinámica, Indra absorbió la pública Hispasat; entró en el capital de la vasca ITP (9,5%), que fabrica y mantiene motores de aviación, y tomó la mayoría de Tess Defence, una alianza nacional para fabricar tanques, que avanza con dificultades, dado que sus socios son íntimos enemigos, (Indra/Escribano y General Dynamic). A la vez que montaban el puzzle industrial, repartían quesitos de capital a los socios industriales. La familia vasca Aperribay, dueña de SAPA, se hizo con el 7,9% de Indra y el 16,3% de Tess Defence y la familia Escribano llegó a sumar el 14,3% y el 16,3% de esas mismas compañías.

El error es que la casa se comenzó por el tejado, sin un plan estratégico bien trazado, y con los ministerios de Industria y Defensa de mera comparsa. El manejo del plan se hizo desde Moncloa, de la mano de Manuel de la Rocha Vázquez, director de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 en la Presidencia del Gobierno. Así las cosas, en enero del año pasado, al descabalgar a José María Álvarez-Pallete de la presidencia de Telefónica y colocar a Marc Murtra, quedaba vacante la presidencia de Indra y no se le ocurrió otra cosa que colocar a Ángel Escribano, que ya tenía a su hermano Javier en el consejo representando al paquete familiar. A partir de ahí, Indra ha ido de lío en lío, con cambios de presidente, consejero delegado (José Vicente de los Mozos está en la puerta) y directivos de todo ámbito.

Si el proceso se hubiera hecho con un diseño racional, Indra habría adquirido Escribano en 2023, para convertirla en la filial de mecánica, con los hermanos al frente. Indra se habría ahorrado mucho dinero y no habría estado parada más de un año tratando de justificar lo injustificable: que los Escribano podían ser comprador y vendedor de su propia empresa, una compañía engordada con contratos del Estado, que pagaba la fiesta y diluía su poder. Los hermanos Escribano han estado a punto de quedarse con el control y la gestión de una compañía que en 2022 facturaba 42 veces más que la suya. Hubiera sido un escándalo de dimensiones cósmicas.

De la Rocha, el impulsor oficial de la fusión Indra-Escribano se cayó del caballo y, en un giro de guion, promovió la destitución de Ángel Escribano al frente de Indra para colocar a Ángel Simón, que se encontraba en paro desde hace un año, cuando Isidro Fainé le despidió de CEO de CriteriaCaixa por exceso de celo. Es como si De la Rocha devolviera a Simón el favor que le hizo cuando le prestó los votos en Telefónica para ejecutar a Pallete.

Esta batalla tiene dos beneficiarios, los Escribano y JP Morgan, que han ingresado alrededor de 1.300 millones, con un beneficio y reparto que sólo saben ellos. Eso sí, los hermanos Escribano no se han visto en otra igual. A ver qué hacen con tanto dinero ganado rápido y fácil. Parece que la industria de defensa y los medios de comunicación maridan bien, pues hay pocos misiles con tanta puntería. Mientras, Indra y la industria española de defensa llevan dos años perdidos y Rheinmetall, Thales y Leonardo siguen alejándose.

El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar la regularización extraordinaria que entró en vigor el pasado abril y que ya han solicitado más de medio millón migrantes, informan fuentes jurídicas a elDiario.es Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han tomado esta decisión tras la vista celebrada este viernes, en la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid y otros entes ligados a la extrema derecha como Vox, los ultracatólicos de HazteOir, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Libertad y Justicia han solicitado, en ocasiones con argumentos falsos o tergiversados, la suspensión del decreto hasta que se resuelva sobre el fondo del asunto.

Los magistrados han determinado que las asociaciones ultra no están legitimadas para recurrir, pero sí Vox y la Comunidad de Madrid, aunque han rechazado su pretensión de paralizar ya el decreto. El tribunal, que ha deliberado durante algo más de tres horas, únicamente ha adelantado el fallo. La argumentación se conocerá próximamente cuando se hagan públicos los autos.

Durante la vista, los recurrentes han alegado que la aplicación de la norma despliega efectos y derechos colaterales de forma inmediata. Y que si el Tribunal Supremo dictara en el futuro una sentencia anulando el decreto, sería imposible revertir las autorizaciones y prestaciones ya concedidas. También han desplegado algunos bulos sobre los efectos para los servicios públicos o el censo electoral que han sido confrontados por la Abogacía del Estado y las organizaciones Asociación Pro Derechos Humanos, Coordinadora de Barrios y Servicio Jesuita a Migrantes. 

El Gobierno aprobó el pasado abril una regularización extraordinaria a la que pueden acogerse todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses, así como los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha. El decreto surgió de una iniciativa que llegó al Congreso con el respaldo de más de 700.000 firmas. 

“Incremento del gasto social”

“La medida supone un incremento brutal y no cuantificado del gasto social”, ha alertado el europarlamentario de Vox Jorge Buxadé, a pesar de que las personas sin papeles, aunque con algunas trabas, ya tenían derecho a la sanidad o la educación postobligatoria. Además, otras medidas como las ayudas en materia de vivienda exigen requisitos que, en la práctica, complican su acceso inmediato a quienes acaban de ser regularizados. 

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, ha confrontado los bulos con los que algunas de estas entidades han tratado de frenar esta regularización. Y ha defendido que el decreto busca la “integración efectiva” de personas que ya tienen “arraigo” en España y que aceptar su suspensión “comprometería” sus derechos. Además, ha revelado que, hasta este jueves, 549.596 personas ya habían solicitado acogerse a esta regularización. De ellas, 91.905 han sido admitidas a trámite.

El letrado de la Comunidad de Madrid ha alegado que el Ejecutivo regional no ha tenido tiempo para “planificar todos los servicios públicos” y ha pedido a los magistrados que “empaticen” con los gestores de estos servicios ante la posibilidad de que 255.000 personas se acojan a esta regularización en la región. El representante de los servicios jurídicos del Ejecutivo madrileño se ha expresado en términos menos incisivos que el recurso presentado ante el tribunal, en el que se dibujaba un escenario de inminente colapso y “desbordamiento de los servicios y prestaciones públicas”.

“La Comunidad de Madrid no busca ningún perjuicio para estas personas, únicamente que haya certidumbre”, ha aseverado. No obstante, ha apuntado que unas de las “consecuencias inmediatas” es el otorgamiento de una Tarjeta Sanitaria Individual. Y, aunque ha admitido que estas personas tienen ya una “prestación sanitaria”, ha insistido en que no es lo mismo una prestación “ocasional” que el hecho de formar parte de forma “estable y estructural” del sistema sanitario.

En realidad, las personas en situación irregular ya tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada en España a través de un código que les permite acceder a todos los derechos, como la asignación de médico de cabecera o la derivación a especialistas. El único cambio, por tanto, es que se les asignará la citada tarjeta. Lo que alega la Comunidad de Madrid es que la ratio de asegurados asignados a cada médico —conocida técnicamente como “cápita”— es la base sobre la que se organiza toda la atención primaria y se dimensiona el tamaño de la red sanitaria. 

“El acceso a todos esos derechos se produce ya. El problema está en si vamos a tolerar más o menos la situación de vulnerabilidad que se está produciendo para estas personas por una situación de irregularidad que la Administración tampoco ha podido resolver”, ha respondido el abogado del Estado.

Los cambios en el censo electoral

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, que está colegiado como abogado, también ha alentado el bulo de que la regularización va a alterar los censos electorales. Se ha referido al “riesgo grave” de que estas personas puedan votar en las próximas elecciones generales. La norma del Ejecutivo, sin embargo, no promueve la nacionalización de migrantes necesaria para participar en estos comicios, solo su regularización para poder residir y trabajar en España. 

En su turno de respuesta, el abogado del Estado ha recordado que, de acuerdo al Código Civil, la concesión de nacionalidad en España tiene un plazo de diez años que se reduce en el caso de países con especial vinculación o de matrimonio con un nacional. Ha advertido, no obstante, de que “en ningún caso ninguna de estas personas va a poder acceder a votar en las siguientes elecciones”.

Sí tendrán derecho a votar en las municipales los residentes extranjeros cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en los términos de un tratado, si bien la abogada Patricia Fernández, que ha representado en las vistas a la Asociación Pro Derechos Humanos y la Coordinadora de Barrios, ha recordado que apenas 12.000 migrantes pidieron poder ejercer su derecho al voto en las últimas elecciones locales de 2023.