864 nuevas plazas de acogida temporal para personas que permanecían hasta este domingo en la calle desde su entrada a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. Desde las siete de la mañana se ha llevado a cabo un amplio dispositivo de seguridad para dar traslado a este nuevo centro, ubicado en el barrio de Los Rosales, a una parte de los migrantes que sobrevivían a la intemperie en la zona del Embolsamiento, en Loma Colmenar, uno de los puntos más colapsados de la ciudad.

La ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social coordina sobre el terreno este operativo que persigue aliviar la presión sobre uno de los barrios que soporta más presión desde la crisis fronteriza. “La solución a esta situación pasa por encontrar espacios, encontrar ubicaciones. Son recursos de acogida temporal humanitarios donde, además, se van a poder iniciar los expedientes de solicitud de asilo y, en su caso, las devoluciones”, cuenta la ministra desde el propio centro de acogida de La Reina en conversación con elDiario.es.

A las 7.00 horas, un fuerte despliegue policial ha llegado a los alrededores del embolsamiento de Loma Colmenar, el lugar donde cientos de personas llevan semanas durmiendo en la calle frente a uno de los campamentos del Gobierno a la espera de poder entrar en un centro estatal y dejar de dormir a la intemperie.

La llegada de una decena de vehículos de la Guardia Civil y Policía Nacional ha despertado a los migrantes que, desconcertados, se preguntaban por la razón del despliegue. “¿Nos van a meter en el centro o nos llevan a Marruecos?”, preguntaba uno de ellos, aún con su manta desplegada en el suelo. Cuando un trabajador de la ONG CEPAIM apareció para informar a algunos de los migrantes de su traslado a un centro de acogida, unos a otros empezaron a informarse, y corrieron a recoger sus cosas. En cuestión de unos minutos, había una enorme fila de personas siguiendo las indicaciones de los agentes policiales.

“¿Seguro que no nos llevan a Marruecos?”, decía Reduan, tras tres semanas a la espera de un techo bajo el que dormir. “Tengo mucho miedo”, añadía aún con legañas en los ojos y desconcertado por el sueño. “Me he dejado la mochila allí, pero no puedo volver y perder el sitio”, decía angustiado. Tiempo después, han sido dirigidos a pie por la Policía Nacional e intérpretes de esta misma ONG hasta el nuevo emplazamiento, donde han llegado poco después de las 8.00 de la mañana.

El traslado se ha desarrollado sin apenas incidentes. De manera puntual, la Policía Nacional ha utilizado las defensas y ha golpeado en varias ocasiones a los migrantes que se encontraban en la primera línea de la larga fila en la que han recorrido el trayecto comprendido entre el embolsamiento de Loma Colmenar y el campamento de Rosales. Al ser empujados por quienes se encontraban detrás de ellos, han sido golpeados por los agentes de manera puntual cuando la gran cantidad de jóvenes caminando muy juntos impedían seguir las indicaciones de la Policía.

Saiz, que lleva en Ceuta desde el pasado jueves junto a su equipo ministerial, asegura que es optimista respecto al desbloqueo de nuevos emplazamientos que contribuyan a aliviar la presión sobre las zonas más afectadas de la ciudad de manera inmediata. “Esta próxima semana será una semana muy importante con la apertura de plazas en recursos temporales”, avanza.

De hecho, el Gobierno espera anunciar nuevos emplazamientos en los próximos días que contribuyan a cambiar sustancialmente la situación de las calles de Ceuta. Si todo va según lo previsto, 300 mujeres y niños serán acogidas en un nuevo espacio situado en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek gracias a un acuerdo del Gobierno con la ONG Luna Blanca.

También se espera que a mitad de la semana que viene estén por fin disponibles los emplazamientos del Puerto de Ceuta, un lugar con capacidad para 1.700 personas que se prevé que suponga un alivio, principalmente, para la playa de El Trampolín, donde miles de personas permanecen en asentamientos improvisados.

La desclasificación de documentos que el Gobierno ha impulsado tras la crisis humanitaria en Ceuta ha reabierto un viejo debate: la discrecionalidad de la que dispone el Ejecutivo para retirar la reserva a los secretos oficiales debido a la falta de una ley que sustituya a la norma franquista que todavía está en vigor en España.

En lo que va de legislatura, el Ejecutivo ha realizado dos grandes desclasificaciones por iniciativa propia: la de Ceuta y la de los papeles del 23-F en el 55º aniversario del golpe de Estado.

A regañadientes, y forzado por Junts, el Gobierno también publicó documentos secretos sobre Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll y cerebro de los atentados de Barcelona de 2017. El movimiento alimentó la teoría de la conspiración sobre los ataques que lanza parte del partido de Carles Puigdemont.

Por el contrario, y pese a la expresa petición de varios jueces, el Ejecutivo ha mantenido el cerrojo a buena parte de los papeles del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del espionaje a los independentistas, y tan solo ha desclasificado los autos (con tachones que impiden su consulta completa) del Tribunal Supremo que lo autorizaron.

El historiador Javier Buces, responsable del área de Memoria Histórica del departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, explica que, al estar en vigor la ley franquista, las desclasificaciones de secretos oficiales son “puntuales por interés o por una demanda social”.

Buces se ha encontrado con la barrera del secreto en algunas de sus investigaciones de los crímenes de la extrema derecha (algunos amparados por los servicios secretos) durante la transición. El experto tiene claro el déficit que comporta la actual legislación: “Es un impedimento total para conocer la historia reciente y un agravio comparativo en el acceso a la verdad para las víctimas de la violencia del Estado”.

La desclasificación del 23-F, ahonda el historiador, fue “un parche” al manto de secreto que todavía cubre los años de la transición y el inicio de la democracia. El pleno acceso a los documentos del CESID (el antiguo CNI) terminaría por desmontar el mito de la transición pacífica española, agrega Buces. “Es imposible avanzar en materia de derechos humanos y memoria histórica, como nos dice la ley de memoria democrática, y mantener la ley franquista de secretos oficiales”, asevera este experto.

Los intentos para aprobar una nueva norma no han fructificado pese a disponer de una mayoría del Congreso a priori favorable a aprobar una nueva normativa. En la Cámara hay dos iniciativas que permanecen bloqueadas: un proyecto de ley del Gobierno y una iniciativa del PNV, que lleva cuatro legislaturas proponiendo la reforma.

La ley franquista en vigor dispone que todo es secreto por defecto y para siempre, a menos que el Gobierno diga lo contrario por iniciativa propia o a petición de un juez. Por el contrario, las leyes de los países europeos evitan que la desclasificación sea un acto discrecional del Ejecutivo y establecen un periodo de tiempo (20 años en Reino Unido, 30 años en Alemania o 50 en Francia, aunque con excepciones si se trata de peligros para la seguridad vigentes) para revelar los documentos.

En el caso de la desclasificación de Ceuta, el Ejecutivo aduce razones de transparencia para revelar los documentos de los servicios de información de los cuerpos policiales y mensajes de miembros del CNI sobre la llegada de migrantes.

La retirada de la reserva busca que la ciudadanía “pueda conocer y examinar directamente la información de la que dispusieron las instituciones” sobre la crisis en la ciudad autónoma, según una nota del Gobierno. “El objetivo es ofrecer una secuencia verificable de qué información existía en cada momento”, agrega el Ejecutivo.

La argumentación del Gobierno para publicar los documentos del 23-F consistió en atender la “demanda reiterada”, en palabras del acuerdo de desclasificación del Consejo de Ministros, de historiadores, periodistas y grupos parlamentarios.

El Gobierno retiró el secreto a los papeles del golpe tras concluir que su difusión no suponía un peligro para “la seguridad y defensa del Estado”. “Los años pasados desde el intento de golpe de Estado [...] permiten que la información referente a estos hechos se desclasifique sin generar ningún riesgo real y presente”, señaló el Ejecutivo.

En cambio, las razones de seguridad y de protección al CNI se han impuesto cuando los jueces han pedido al Gobierno que desclasifique documentos sobre el espionaje del centro a los independentistas catalanes.

En distintas solicitudes, los jueces han querido saber si el CNI dispone de licencia de uso del programa espía Pegasus, si fue el centro u otro organismo el que lo compró a la empresa israelí NSO Group, su coste y qué “concretas personas” del organismo y de la firma participaron en la compraventa. También han solicitado al centro que aportara los documentos relativos al encargo, compra, instalación, pago, formación y soporte del uso de Pegasus.

Sin embargo, el Gobierno, en sendas respuestas a los instructores a lo largo de los últimos dos años, ha rechazado proporcionar toda esta información ya que, según argumenta el Ejecutivo, “supondría generar un riesgo y amenaza grave, cierta y actual para la vida e integridad de las fuentes y colaboradores del CNI”.

En una de sus últimas contestaciones, en junio de este año, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, denegó aportar al juez los datos concretos del espionaje a exdiputados de la CUP porque “pondría en riesgo y podría dar lugar a graves perjuicios para la Seguridad Nacional (la de todos los españoles) y podría comprometer seriamente la Defensa Nacional”.

Un blindado del Ejército que patrulla las calles de Ceuta frena en seco a la altura de la Glorieta del Teniente Reinoso, en pleno centro de la ciudad. Cuatro soldados armados con fusiles de asalto se bajan del vehículo y se adentran a toda prisa en el suelo acolchado de un pequeño parque de juegos infantil, completamente vacío a esa hora de la mañana del primer día de curso escolar. Se dirigen a un banquito situado frente al tobogán, donde hay tres adolescentes marroquíes sentados. Los tres llevan pantalón corto, camiseta oscura y chanclas. Y en cuestión de segundos se ven rodeados por los cuatro militares. La conversación dura poco. Les preguntan cuándo entraron, si han ido a registrarse ya y qué hacen ahí. Y los echan del parque. Así que los tres chavales se levantan del banco y empiezan a andar calle abajo, sin rumbo.

Las escenas que provoca el despliegue del Ejército, visible casi en cada esquina de la ciudad, rompen enseguida la falsa sensación de normalidad que proyecta la actividad de las tiendas de ropa o las bulliciosas cafeterías del centro, todas abiertas. El trasiego de ceutíes que van o vuelven de trabajar y que se sientan en una terraza a tomar algo es constante en esta zona, donde apenas hacen acto de presencia las miles de personas migrantes que entraron los días 30 y 31 de julio y que aún permanecen en Ceuta. Pero normalidad ni hay, ni tampoco se la espera a corto plazo en una ciudad en la que ha cambiado todo en apenas mes y medio y en la que nadie habla de otra cosa. Una ciudad atravesada por la ira, por el miedo y por una crisis humanitaria desbordante, cuyas dimensiones nadie es todavía capaz de calcular pero que mantiene hacinados, cuarenta días después, a varios miles de hombres, mujeres, niños y niñas en campamentos de acogida o abandonados aún en la calle. Una realidad que cae a plomo, sobre todo, en los barrios de la periferia.

En esa ciudad, en esos estados de ánimo y en esas circunstancias aterriza el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, este pasado martes 8 de septiembre. Su presencia no despierta entre los ceutíes tantas pasiones como la de Fernando Grande-Marlaska u otros miembros muy señalados del Gobierno central, a quien reprochan masivamente inacción con Marruecos y no haberse tomado la situación lo suficientemente en serio desde el principio. Desde que fue designado mando único operativo el 25 de agosto, Torres pasa más tiempo en Ceuta que en Madrid. Y, por supuesto, mucho más que en su casa de Gran Canaria, donde los médicos lo reclaman de vez en cuando para que no deje de lado las revisiones del cáncer que padeció hace unos meses.

Su obsesión ahora es la carrera contrarreloj por sacar a la gente de la calle. “Es la urgencia absoluta. Cuanto más tardemos en habilitar los espacios, más tardaremos en filiarlos y, por tanto, en devolver a todos los que no tengan derecho a asilo”, cuenta el ministro al que han encargado una misión muy cercana a lo imposible: recuperar a marchas forzadas el tiempo de gestión que el Gobierno perdió en agosto para resolver una crisis migratoria inédita por su dimensión, agravada por un clima de crispación irrespirable y con procedimientos administrativos que lo atan de pies y manos porque pueden demorarse muchos meses. Y todo, en un territorio acotado de 18 kilómetros cuadrados al que, por ahora, no se permite compartir la presión con otras zonas del país.

Con esos condicionantes, Ángel Víctor Torres se afana en mantener a salvo de la estruendosa refriega política su relación con Juan Jesús Vivas y el gobierno ceutí del Partido Popular, con quienes pasa horas al teléfono y encerrado en reuniones para pactar nuevos emplazamientos o el desbloqueo de la situación de los menores. Aunque el panorama está lejos de dejar de ser crítico, el balance de la primera jornada del calendario escolar, una prueba de fuego para Ceuta, otorga un pequeño respiro al Gobierno. Y se nota ese alivio en el rostro de Ángel Víctor Torres a primera hora del miércoles.

“Era un día muy importante y los datos nos permiten hablar de un pequeño éxito. Han acudido el cien por cien de los profesores y del personal no docente, se ha alcanzado una asistencia del 75% de los alumnos y no se ha registrado ni un solo incidente. Y va a ir a mejor”, valora el ministro. Son las ocho y media de la mañana y tiene por delante una gymkhana de reuniones y visitas a instalaciones de acogida. Y una meta para el final del día: sacarle partido a su fama de buen negociador para desbloquear rápido nuevas ubicaciones y pactar soluciones para los menores con la administración local, en manos de un PP que aprieta cada vez más por el convencimiento de estar ante el filón definitivo que acabará con el Gobierno y les devolverá al poder. “Yo creo que podemos conseguir 2.600 plazas más cuestión de muy pocos días. Y con eso podemos aliviar la zona de El Príncipe, de Loma Colmenar y, sobre todo, de El Trampolín. Eso es fundamental”.

Los puntos críticos de Ceuta

Torres nombra los tres puntos críticos de Ceuta en los que, a día de hoy, la situación migratoria es de verdadero colapso. El símbolo por excelencia de esta crisis es la playa de El Trampolín, donde la fotografía aún es impactante un mes y medio después: varios miles de personas hacinadas en 2.000 metros cuadrados de un arenal indistinguible a un campo de refugiados. Quienes aquí sobreviven a la intemperie desde finales de julio, en su inmensa mayoría marroquíes, han levantado chozas, han organizado pequeños tenderetes de ropa, de huevos, de fruta y de galletas. Y hasta han improvisado peluquerías ambulantes con hombres que ofrecen su maquinilla eléctrica para cortar el pelo o la barba.

Cada noche, la Cruz Roja lleva a cabo aquí un imponente despliegue para repartir comida. Y hace unas semanas fue instalada una gran carpa de duchas al aire libre que visualmente se asemeja más a un lavadero de coches que a una zona para el aseo humano. La mayor parte de delitos, aseguran policías y guardias civiles, se producen también contra migrantes. “Hay de todo, como en todos sitios. Y claro que hay gente que delinque. Pero la mayoría de los robos o de las agresiones violentas de todo tipo, que las hay, estamos viendo que las sufren los y las inmigrantes de parte de otros inmigrantes”, afirma un agente del cuerpo armado ante la sensación generalizada de inseguridad que reina en la ciudad y que lleva a algunos ceutíes a admitir abiertamente que llevan un arma blanca al trabajo para protegerse. Esta semana, varios ciudadanos de Ceuta y varios inmigrantes han sido detenidos por robar o agredir a otros inmigrantes.

Fuera de El Trampolín, en el Príncipe, hay otros que han encontrado algo parecido a un refugio y se han resguardado en viviendas de familiares o amigos. Pero muchos siguen todavía en la calle, con la asociación de vecinos del barrio volcada estas semanas en darles lo que no les dio la administración: agua, comida, aseo y al menos un toldo bajo el que dormir. En Loma Colmenar la situación es parecida, con cientos de personas también durmiendo todavía al raso en las aceras, en los bordes de las carreteras, bajo los coches. Y muchos de ellos son niños de ocho, diez, doce años. Y más pequeños.

“Algunos nos critican duramente con respecto a los migrantes que están en las calles y que duermen al raso. Entiendo esa crítica, pero supongo que la harán extensiva al Gobierno de Ceuta. Porque hay muchos menores, e incluso bebés, que están durmiendo en la calle. Y esa tutela y esa responsabilidad es del Gobierno de Ceuta. De verdad, creo sinceramente que todos estamos haciendo el máximo de los esfuerzos”, señala el ministro, que apura el café y pone rumbo a la primera reunión de la mañana.

En la sede oficial del Ejecutivo central en Ceuta, Ángel Víctor Torres se reúne junto al delegado del Gobierno con los responsables de Infancia de la ciudad autónoma. Sobre la mesa está el desbloqueo del traslado temporal de niñas no acompañadas a la Península, la propuesta que el Ministerio de Sira Rego reclama sin éxito desde principios de agosto para aliviar la saturación de la acogida y para dar un trato digno a las menores. Aunque el Gobierno de Juan Jesús Vivas sigue sin dar el visto bueno definitivo, esta semana sí se produjo un avance significativo: un pacto bilateral con el ejecutivo autonómico de Navarra para el traslado de cinco niñas. Un paso ínfimo respecto a la magnitud de la crisis, pero que hay quien interpreta en el Gobierno que puede abrir la puerta a nuevos acuerdos.

Lo que sí se consiguió en esa reunión del mando único con la ciudad autónoma es sortear un llamativo choque jurídico entre administraciones, hasta ahora desconocido, y que en la práctica mantenía bloqueada la situación de los miles de menores no acompañados que están en Ceuta. Se trata de la figura jurídica del representante legal del menor, algo parecido a una tutela judicial a la que tienen derecho los niños y las niñas durante su procedimiento y sin la cual la ley de asilo les impide salir del territorio, ni para ser reagrupados en Marruecos, ni tampoco para ser redistribuidos a la Península. Durante todas estas semanas, Gobierno central y local han mantenido una disputa sobre cuál de las dos administraciones debía hacerse cargo de la contratación de los abogados necesarios para ello. Una discusión ahora resuelta con un pacto: los contrata la ciudad autónoma, pero los paga el Ejecutivo central.

Ya pasado el mediodía, Ángel Víctor Torres se desplaza hacia el Polígono Industrial del Tarajal, donde aún se apuran los últimos retoques para el acondicionamiento de un espacio que sirve de Centro de Acogida Temporal de Migrantes (CATE). En los últimos quince días se han logrado convertir dos naves semiabandonadas en un lugar en el que acoger temporalmente hasta a 400 personas en literas. Y en el que también se ha improvisado una oficina policial para el triaje y el registro de los adultos. Una instalación fundamental para poder avanzar en las filiaciones y en los procedimientos de solicitudes de asilo.

Durante la visita del ministro, al que reciben altos cargos de la Policía que le ponen al día de los avances y del trabajo pendiente, 55 mujeres mayores de edad son atendidas en las líneas de triaje. Hay alguna argelina, pero la práctica totalidad de las que cruzaron a nado los días finales de julio viene de Tánger. En el dorso de sus manos llama la atención un número, muy grande, pintado sobre la piel de cada una de ellas con rotulador azul y que las ordena para sus turnos de atención con los funcionarios.

“Han estado semanas en la calle, algunas con niños pequeños, asistidas muchas de ellas por asociaciones de vecinos. Ahora las atendemos nosotros en un centro por un convenio con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, cuenta a las puertas del CATE Elvira Pérez de Madrid, coordinadora del equipo jurídico de Sur Acoge, que narra que la inmensa mayoría de mujeres que son entrevistadas en ese momento huyen de violencias extremas.

“Hay víctimas de violencia de género, de violencias intrafamiliares de padres, víctimas de trata o hasta matrimonios forzosos con sus proxenetas... una auténtica brutalidad”, cuenta visiblemente afectada. “A muchas les dicen que si tienen denuncias interpuestas en Marruecos eso puede ayudarlas, pero lo que cuentan es que la policía marroquí no les hace caso. Muchas intentaron denunciar y pasaron de ellas”. Lo que reclaman desde Sur Acoge es que los recursos del Estado se pongan a disposición de la emergencia para garantizar una acogida digna y equitativa que, hoy por hoy, resulta utópica. “No entendemos que ni siquiera los perfiles más vulnerables puedan ser acogidas en la Península para ponerlas a salvo y darles un trato digno”, dice la coordinadora.

Aunque nadie del Gobierno quiere pronunciarse sobre procesos de protección internacional que por ley han de ser tramitados de manera individualizada, la presión política nacional e internacional sobre la inmigración hace temer lo peor a las organizaciones de derechos humanos: que al final del largo camino burocrático, pueda esperar una orden de expulsión generalizada para todos y todas los que entraron en Ceuta a finales de julio. Algo así como una respuesta contundente de la administración que suene a aviso para el futuro y de la que solo se libren los casos más flagrantes de víctimas de conflictos bélicos o de violencias explícitas. Y siempre y cuando puedan acreditarlas, algo a menudo imposible. En cualquier caso, una mínima parte de quienes cruzaron a nado o a pie la frontera del Tarajal.

A primera hora de la tarde del miércoles, la crisis política en la Delegación del Gobierno en Ceuta desatada tras la publicación de los mensajes del CNI pilla a Ángel Víctor Torres en mitad de una agenda frenética en la ciudad. Justo después de comer participa en una nueva reunión del comité de situación que cuenta con la presencia de varios ministros implicados en la gestión de la crisis y de representantes de las autoridades locales. Y el balance del segundo día de curso escolar mejora al del martes.

“Ya han acudido más del 80% de los estudiantes a las aulas. Es para felicitar a la comunidad educativa, a las madres, a los padres y al alumnado. Esto es difícil, pero tenemos que volcarnos en garantizar el derecho básico a la enseñanza”, hace balance el ministro, que se sacude las preguntas sobre la polémica en torno al delegado del Gobierno y su jefe de gabinete. “Yo vengo aquí a gestionar, a mejorar las cosas. Y lo que puedo decir es que el resultado del trabajo de hoy va a hacer que en muy pocos días vuelva a verse un cambio grande en las calles de Ceuta. Están a punto de habilitarse muchos espacios nuevos. Y van a llegar más funcionarios para reforzar los triajes del CATE. Esto no es sencillo, y por eso Feijóo es irresponsable cuando habla de soluciones en 24 horas que son ilegales. De verdad, estamos dando todos los pasos para acelerar la resolución de esta crisis”.

Después del comité de situación la tarde le cunde a Ángel Víctor Torres para acudir a una reunión de seguimiento de esos espacios habilitados, especialmente los nuevos emplazamientos del Puerto que también se espera que estén listos en cuestión de días. Y por la noche, de vuelta al hotel, no oculta su frustración porque se haya impuesto el mensaje de que el Gobierno abandonó a Ceuta. “Yo entiendo que todo es muy difícil y respeto todas las críticas, pero es profundamente injusta la caricatura de que tenemos abandonada a Ceuta y que aquí no hacemos nada. Nunca jamás se había llevado a cabo un despliegue y una movilización de recursos como esta para una crisis migratoria”.

La gran duda ahora es si ese despliegue será suficiente para aplacar la peor crisis fronteriza, migratoria y humanitaria documentada en España en su historia reciente. Y si Ceuta, donde el discurso del odio hacia el migrante hace su agosto, podrá aguantarla sola mucho más tiempo.

“Lo tiene que solucionar antes del 12 de octubre”. El irónico consejo lo verbalizó el pasado lunes ante los periodistas un importante barón autonómico del PP tras la intervención del presidente de Ceuta, Juan José Vivas, en un acto informativo en Madrid. Dentro de un mes, España celebra su Fiesta Nacional, con el habitual desfile militar en el centro de la capital, que estará presidido por Felipe VI, Pedro Sánchez y Margarita Robles. Un escenario habitual para gritos e insultos contra los gobiernos progresistas en el pasado que amenaza con alcanzar este año su máxima intensidad.

Y el PP no dejará de aumentar la presión sobre un Gobierno que, dicen desde su dirección, “está roto” por la gestión de la crisis desatada en la ciudad autónoma con la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. Aunque ven todavía “lejos” esa fecha del 12 de octubre, son conscientes de la reacción que puede producirse entre los asiduos a este tipo de fastos y tienen la fecha anotada en su calendario en rojo.

Este mismo viernes, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, acusó al presidente del Gobierno de “callar” y estar “de rodillas” ante Marruecos, después de un comunicado oficial del país vecino en el que rechaza haber sido partícipe de lo ocurrido en Ceuta. Marruecos apuntó: “Algunos círculos políticos y mediáticos españoles persistan en explotar al Reino con fines políticos internos”.

En el PP se dieron por aludidos. En otro comunicado oficial, el partido de Alberto Núñez Feijóo respondió que Marruecos es “responsable por acción u omisión” de la “invasión” de Ceuta. Pero el primer partido de la oposición ha movido su posición, al limitar dicha “invasión” al 30 de julio, cuando la semana pasada su líder aseguró en el Congreso: “Ceuta no sufrió una crisis migratoria, fue una invasión que continúa”.

Los de Feijóo han percibido desde el primer momento la intensidad de la crisis de Ceuta. Los mensajes de la oposición han ido aumentando su dureza conforme avanzaban los días para ejercer más presión sobre aquellos puntos débiles del Gobierno, y en consonancia con el enfado también creciente de la opinión pública.

Las críticas son inversamente proporcionales a la ayuda que las administraciones gobernadas por el PP y Vox están ofreciendo al Gobierno o a Ceuta. En Génova deciden “cada mañana”, según explicaba este jueves uno de sus dirigentes, qué posición les conviene más para atacar al Ejecutivo, sin prestar excesiva atención a la coherencia de sus mensajes.

Uno de los giros más notables tiene que ver, precisamente, con Marruecos. Al comienzo de la crisis, Feijóo intentó no enfrentarse con un país con el que España está obligada a mantener abiertas y fructíferas relaciones diplomáticas. Tanto por interés nacional como europeo. El líder del PP aseguró en agosto que él no iba a exigir “responsabilidades” a Marruecos, y atacó a Pedro Sánchez porque en 2018 no hizo su primer viaje oficial al país vecino.

Un mes después, el líder de la oposición señaló expresamente al país de Mohamed VI como actor indispensable de la “invasión” del 30 y 31 de julio. “La invasión se produjo porque 80.000 personas el día de la Fiesta del Trono, celebrada en Tetuán a 25 kilómetros, y pese a las estrictas medidas de seguridad, se dirigieron a la frontera y la superaron sin que su Gobierno ni Marruecos hiciera nada para impedirlo”, aseguró durante su réplica a las explicaciones que dio Sánchez en el Congreso. 

“Pánico” al 12-O

Pese al giro con Marruecos, Feijóo mantiene la presión total sobre el Gobierno, y quiere controlar él mismo toda la comunicación del partido. La idea es evitar, precisamente, que las declaraciones de barones o dirigentes puedan desviar la atención del foco, que quieren centrar en la gestión de la crisis y en la supuesta quiebra interna en el Ejecutivo.

En la dirección del PP no están dispuestos, por ejemplo, a que Isabel Díaz Ayuso vaya por libre y diga que si ella fuera “presidenta”, ya habría “roto relaciones con Marruecos”, mientras Feijóo sostiene, aun este viernes, que tiene “la voluntad de mantener una relación leal y estable con el Reino de Marruecos”.

Los focos del PP deben apuntar al Gobierno, sin desviarse. Y la imagen del rey, el presidente y la ministra de Defensa juntos en la tribuna de autoridades ese 12 de octubre llegará a caballo de las contradicciones públicas que hay entre el departamento de Robles y el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska a cuenta de los avisos que llegaron, o no, de los servicios de inteligencia sobre lo que iba a ocurrir en Ceuta.

En este contexto, la Casa del Rey publicó en sus redes sociales una fotografía nada habitual: Felipe VI, vestido de uniforme, siendo informado por Robles y la plana mayor de las Fuerzas Armadas sobre “la situación en Ceuta desde el punto de vista de la defensa”.

“Le tiene miedo, pánico” al día del desfile, sostiene un barón autonómico, convencido de que si la crisis en Ceuta no se desvanece en las próximas cuatro semanas, la reacción de las personas que asistan al evento, donde los políticos de izquierdas son sistemáticamente abucheados, será más dura que nunca.

En el PP están convencidos de que el Gobierno acabará ante los tribunales por lo ocurrido en Ceuta. Marlaska lo dan por hecho. Y suspiran incluso con la investigación que la jueza María Tardón ha puesto en marcha en la Audiencia Nacional alcance al propio presidente del Gobierno.

Pase o no pase, el PP ha pedido personarse en la causa como acusación popular a lomos de los gritos que cientos de miles de personas profirieron en toda España durante las concentraciones del pasado 2 de septiembre, convocadas por Feijóo bajo el subterfugio de la Federación de Municipios y Provincias.

Al habitual “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!” se sumó un “¡Pedro Sánchez, a prisión!” o “¡Sánchez, traidor!”, y otros gritos que denotan un importante aumento de la rabia en parte de la población. Una acusación, la de traición, que este jueves hizo suya Ayuso durante el debate sobre el estado de la región, para descontento de la dirección nacional del PP.

Durante las concentraciones hubo agresiones a periodistas y cargas policiales en las inmediaciones del Congreso. Pero, lejos de rebajar su agresividad verbal, el PP no ha hecho más que subirla.

Juan Bravo, tras sus declaraciones sobre Sánchez, acusó además al Gobierno de dejar “solo” a Juan Vivas en su reciente viaje a Bruselas para reunirse con cargos de la Unión Europea. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores afirman a elDiario.es que intentaron durante “tres días” reunirse en la capital comunitaria con el presidente sin obtener respuesta. “Nos dio largas y nos parece extraño”, sostienen esas fuentes.

En su visita a Madrid el pasado lunes, Vivas estuvo arropado por todo el PP, que ha hecho de la supuesta soledad del presidente ceutí una poderosa arma política. Vivas ha conseguido aunar en su persona todas las críticas y miedos que los habitantes de la ciudad autónoma han sentido y expresado desde la entrada masiva de julio.

No soltar a la presa

En el Gobierno estaban convencidos de que la crisis migratoria y humanitaria de Ceuta se autodisolvería con el final de las vacaciones y la vuelta a la rutina de los españoles, pero la realidad se ha impuesto y la cuestión no dejan de escalar para un Ejecutivo en el que se dan versiones a veces contradictorias sobre lo ocurrido antes, durante y después del salto masivo.

Para intentar cerrar esa vía de agua, el Gobierno desclasificó y publicó 40 documentos de diferentes organismos para intentar apuntalar la tesis de que no recibieron avisos suficientes en los días previos que permitiera reforzar la frontera. Los informes no han permitido que escampe la tormenta. De hecho, este mismo viernes dimitió un alto cargo de la Delegación del Gobierno en Ceuta. En su carta de renuncia asegura que sí se trasladaron avisos a los ministerios.

La realidad es que la crisis permanece, y ha dado argumentos a la oposición para arremeter con más fuerza contra el Gobierno. Pero no solo. Las críticas han llegado también tanto desde Sumar (parte minoritaria del Ejecutivo y con poco papel en la gestión más allá de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego), como desde los aliados parlamentarios. Los más fieles y los más esquivos. Y el PP no va a dejar pasar la oportunidad.

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este viernes una Proposición No de Ley de Vox que reclama al Gobierno de España la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos y una revisión de las relaciones bilaterales con el país vecino. La iniciativa ha salido adelante con los votos de Vox, PP y los procuradores del Grupo Mixto, mientras que solo el PSOE se ha opuesto. Los socialistas han reprochado a los 'populares' que hagan “poco caso” a su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, que este jueves pidió a sus dirigentes autonómicos un discurso coordinado sobre la crisis.

Vox ha calificado durante el debate de “invasión” la entrada por Ceuta de más de 70.000 personas y que el PP ha atribuido a Marruecos “por acción o por omisión”. El PSOE, por el contrario, ha rechazado que exista alguna evidencia que permita responsabilizar al país vecino de la entrada masiva de sus ciudadanos en la ciudad autónoma y ha advertido de las consecuencias económicas y diplomáticas que tendría romper el tratado.

La iniciativa aprobada, según el texto, insta además al Ejecutivo central a exigir a Marruecos que acepte “sin excepción” los retornos, devoluciones y expulsiones de sus nacionales, tanto mayores como menores de edad, y reclama una revisión de las relaciones entre ambos países.

El portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, de incurrir en una “omisión del deber” de proteger las fronteras y ha llegado a reclamar que se le juzgue por “traición”.

Durante su intervención, el procurador de Vox ha sostenido que la entrada de personas en Ceuta fue organizada y premeditada por Marruecos y ha reprochado al Gobierno no haber actuado pese a que, según ha afirmado, disponía de información previa sobre lo que iba a ocurrir.

Hierro ha cuestionado a los procuradores del PSOE de Castilla y León para plantear qué sucedería si una entrada de personas de esa magnitud se produjera en provincias como León, Zamora o Soria. También ha acusado a los socialistas de actuar como “súbditos de Marruecos” y ha defendido que España debe exigir el retorno de quienes hayan entrado de forma irregular.

Martínez señala que la gestión de la crisis pudo ser “mejorable”

El portavoz socialista, Carlos Martínez, ha afeado a Vox la utilización de la situación de Ceuta para generar confrontación y obtener rédito electoral. A su juicio, la iniciativa convierte las Cortes en un “juicio sumarísimo” contra el Gobierno y mezcla la situación de la ciudad autónoma con afirmaciones que, ha defendido, no están respaldadas por informes que atribuyan a Marruecos la organización de la entrada de migrantes.

Martínez ha reconocido que la gestión de la crisis por parte del Gobierno puede ser “mejorable”, pero ha rechazado que la solución pase por romper las relaciones con Marruecos. El también secretario general del PSOE de Castilla y León ha recordado que se trata de un país vecino y de un socio con importantes vínculos comerciales con España, además de considerar que mantiene un papel relevante en cuestiones económicas y de seguridad.

Asimismo, el portavoz socialista ha tirado del Evangelio de Mateo, en el versículo 23.7 para criticar a Vox: “Ustedes maestros de la ley fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera tan hermosos lucen, pero por dentro están llenos de muertos y de inmunditos”. “Así, ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad”.

El socialista ha ironizado con el que el PP de Castilla y León le iba a hacer “poco caso” a Núñez Feijóo al pedir suspender el tratado y apoyar la PNL de Vox. El líder 'popular' envío este jueves, según ha publicado elDiario.es, un mensaje a todos los presidentes autonómicos de su partido para imponer un “mando único comunicativo” ante la escalada de la crisis política dentro del Gobierno por Ceuta y la desclasificación de documentos de diferentes servicios de inteligencia.

Pocas horas después, Isabel Díaz Ayuso se saltó la indicación al tildar de “traidores” y aseguró que si ella fuera presidenta del Gobierno habría “roto relaciones con Marruecos”. Ahora también se suma el PP de Alfonso Fernández Mañueco, que aunque no se ha pronunciado como su colega de Madrid, el voto de su formación en Castilla y León marca la posición de su feudo.

Hierro: “No hay que ametrallarlos. Eso lo hacían ustedes en el 36”

Mientras Hierro defendía la necesidad de proteger las fronteras, desde la bancada socialista le han interrumpido con una alusión irónica a si había que “ametrallar” a los menores. “No hay que ametrallarlos. Eso lo hacían ustedes en el 36”, ha respondido el portavoz de Vox, antes de insistir en que lo que debía hacer el Gobierno era “defender las fronteras” y reprochar a Pedro Sánchez que se hubiera “ido de vacaciones” durante la crisis de Ceuta.

Hierro ha acusado además a los socialistas de no condenar lo ocurrido en los términos planteados por Vox, mientras que el portavoz del PSOE, Carlos Martínez, ha acusado al partido de Santiago Abascal de buscar “incendiar las calles” por un puñado de votos.

El PP culpa a Marruecos “por acción o por omisión”

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Leticia García, ha defendido que su partido no acepta una relación “sumisa” con Marruecos y ha reclamado una relación basada en la “igualdad” y la “lealtad”.

García ha responsabilizado al Gobierno de la situación vivida en Ceuta y ha acusado a Sánchez de no actuar pese a conocer, según ha asegurado, lo que podía ocurrir. La portavoz popular también ha defendido que Marruecos no se ha comportado como un “socio fiable” y ha exigido el retorno de quienes hayan entrado ilegalmente en territorio español.

El PP y Vox han coincidido en sacar adelante la petición al Gobierno central de la suspensión del tratado que regula buena parte del marco de amistad y cooperación entre España y Marruecos. Además, García ha criticado al Gobierno por centrarse en hacer creer “que Marruecos no tiene nada que ver con este asalto”, cuando “es culpable por acción o por omisión”.

La propuesta también ha contado con los votos del Grupo Mixto. Alicia Gallego, de UPL, ha respaldado la iniciativa y ha criticado duramente la actuación del Gobierno durante la crisis de Ceuta, aunque ha planteado algunas modificaciones relacionadas con la referencia a distintos territorios de soberanía española.

Por Ávila también ha apoyado la propuesta. Su procurador, Pedro Pascual, ha defendido que la unidad de España y la Constitución están “por encima de todo” y ha calificado de “nefasta” la actuación del Gobierno ante la situación vivida en Ceuta.

Desde Soria ¡YA!, Ángel Ceña ha expresado igualmente su respaldo a Ceuta y a la defensa de la soberanía española, aunque ha aprovechado el debate para reclamar al PP y a Vox la misma intensidad en la defensa de las necesidades de Soria y en la lucha contra los desequilibrios territoriales.

Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, presentó su dimisión este jueves. Según los documentos secretos desclasificados este miércoles por el Ejecutivo, Sanz fue quien recibió un mensaje de WhatsApp de un miembro del CNI un día antes de la entrada masiva en Ceuta en el que le advertía de la existencia de grupos en redes sociales alentando el colapso de la frontera.

Gonzalo Sanz puso en conocimiento al delegado del Gobierno su decisión de dimitir de este puesto de confianza en un escrito en el que argumenta “razones personales y familiares”, según el documento al que ha tenido acceso EFE. No obstante, aclara que el motivo fundamental de la dimisión es la “evidente incompatibilidad entre su afirmación de que la información de mensajería escrita que se transmitió por el CNI el día 29 de julio fue transmitida por mi persona al propio delegado ese mismo día” y las declaraciones del delegado del Gobierno en distintos medios “en las que afirma no haber recibido información” por su parte.

En la comunicación que recibió se hacía referencia al número de seguidores que tenían los grupos que estaban difundiendo dicha convocatoria, y que estaban alojados en Facebook. “En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h”, se lee en esos mensajes. “Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono”, se añade.

El pasado miércoles, tras conocer los papeles, el delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, aseguró que no fue conocedor de las conversaciones que mantuvo el CNI con su jefe de Gabinete. Pérez Triano, que descartó dimitir, redujo ese aviso a un “intercambio informal” e insistió en que él “no sabía nada”, tampoco de la llamada de once minutos posterior entre este cargo y un agente de los servicios de Inteligencia. Gonzalo Sanz dice ahora que no fue así.

El hasta ahora jefe de gabinete ha explicado que ha tomado la decisión de renunciar a “su puesto eventual”, si bien ha precisado que lo hace “sin la más mínima acritud hacia el delegado porque sabe que desde Delegación del Gobierno se ha trabajado de forma denodada para lograr acciones por parte del Gobierno central desde el primer minuto”.

Gonzalo Sanz ocupaba el puesto desde febrero de 2025 después de que anteriormente hubiera realizado funciones de asesor en la Delegación del Gobierno y en los últimos tiempos estaba ejerciendo las labores de control de la Operación Paso del Estrecho (OPE), entre otras funciones.

Mientras, el Delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, se aferra a su cargo e insiste en que no fue informado de los avisos del CNI que llegaron el día 29 de julio a su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz. En un comunicado, la Delegación asegura que fue Triano quien le exigió la dimisión a su ‘número 2’, que finalmente se ha hecho oficial este viernes después de la desclasificación de documentos que ha sacado a la luz una conversación de whatsapp y otra telefónica entre Sanz y un miembro de los servicios de inteligencia.

El Delegado del Gobierno vuelve a negar, además, que su cargo de confianza le informara de esas conversaciones, algo que ha asegurado Gonzalo Sanz en su nota de dimisión. “La Delegación del Gobierno en Ceuta confirma que Gonzalo Sanz ha presentado su dimisión como jefe de Gabinete del delegado del Gobierno, tal y como le fue solicitado ayer por el propio delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano”. Y reitera que “no tuvo conocimiento, antes del 30 de julio, ni del contenido del mensaje de WhatsApp intercambiado entre el jefe de Gabinete y un miembro del CNI, ni de la existencia o contenido de la llamada telefónica mantenida entre ambos”.

Una trenza a medias. Un pelo desenfadado que añora el cuidado. Una joven maquillada para ocultar la tristeza. Una madre que mira a su hija correr colina abajo y que, como madre, también la regaña. Un padre que camina todos los días de la mano de sus dos hijos para buscar un lugar donde ducharse y comer, si es que les dejan, porque esa posibilidad depende de la presencia de cordones militares en la zona, que en ocasiones impiden su salida a otras zonas de la ciudad.

Decenas de niños y mujeres, algunas embarazadas, malviven desde hace semanas en condiciones de insalubridad y sin apenas atención a las puertas de dos centros de acogida estatales en Ceuta, donde esperan desde hace 15 días un techo bajo el que dormir.

Hind, de 23 años, está tumbada sobre una montaña de mantas improvisada y bajo la lona que resguarda de posibles lluvias. Enseña sus piernas y brazos con marcas de picaduras de mosquitos. “Hace unos días vimos una serpiente, también hay escorpiones. Por las noches no dormimos del miedo”, explica a este medio. La joven cruzó a Ceuta a nado el pasado 30 de julio y, aunque es originaria de Casablanca, tenía claro que debía de salir de su ciudad, y de Marruecos, como fuera.

“Nos dijeron que podíamos entrar a dormir en el recinto que han preparado en el centro ecuestre. Muchas de las chicas lo consiguieron. Nosotras no y aquí estamos desde hace 15 días

Joven de 23 años originaria de Casablanca

La joven trabajaba como maquilladora y asegura que la vida se ha encarecido y que el salario que recibe no es suficiente para poder vivir. Huye del maltrato recibido por su hermano, cuenta, pero no se siente protegida: “Cuando mi hermano se enteró de que tenía novio, me pegaba todos los días”, relata. En su móvil, un álbum esconde fotografías de las agresiones, sus pesadillas, y que titula: ‘Violencia familiar’.

“Nos dijeron que podíamos entrar a dormir en el recinto que han preparado en el centro ecuestre. Muchas de estas chicas (señala a algunas que bajan del centro con un collar azul sobre sus cuellos) lo consiguieron. Nosotras no y aquí estamos desde hace 15 días. Sin noticias”, explica la joven de Casablanca.

El Ministerio de Inclusión, del que depende el centro destinado a mujeres gestionado por la ONG Sur Acoge así como el CETI, no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre las razones que hacen que decenas de mujeres y menores se encuentren a las puertas de dos centros estatales sin apenas atención.

Yamilla (nombre ficticio) arrastra un carro lleno de mantas y ropa que ha ido encontrando por la calle a lo largo del último mes. Tiene 75 años y acaba de llegar a este punto de Ceuta para buscar cobijo. “¿Sabes dónde puedo encontrar cartones?”, pregunta a una de las mujeres más jóvenes que se encuentran acampadas. Le señalan que al final de la cuesta, la anciana la baja y, al poco tiempo, vuelve cargada con los cartones que serán su cama.

Su hijo se llama Mohammed y no ha vuelto a verlo ni a saber nada de él desde el pasado 30 de julio, el día que ambos cruzaron a nado hacia Ceuta. “Nos separamos , no lo he vuelto a ver y desde entonces ya no sé nada de él”, explica entre lagrimas. Yamilla no tiene teléfono móvil para contactarle y, cuando se le ha ofrecido uno, apenas recuerda el número de teléfono de su hijo. “Lo tenía anotado en un papel, pero se me mojó”, explica.

Niños, niñas y algún bebé en camino

Amina tiene cuatro años y es de Tetuán. Corre detrás de Oumar, otro niño de 6 años, alrededor de las tiendas de campaña y hogares improvisados mientras que su tía y su padre la observan. “¿Cómo puede vivir así una niña como Amina?”, dice su padre. Todos cruzaron juntos el pasado 30 de julio y los motivos no se alejan de la imagen que tienen la gran mayoría sobre su país natal. “En los últimos años, todo se ha puesto muy difícil. No hay trabajo, los salarios son bajos, las escuelas están llenas y en los hospitales no nos atienden”, explica el padre. Ahmed baja todos los días a la playa del Trampolín para coger una de las bolsas que reparten cada tarde con comida.

Amina y Oumar no son los únicos niños ni bebés. Samira, de 28 años, habla con pena de su hija, de cuatro años, que dejó en Castillejos para buscar una vida mejor para ella. También para el bebé que está en camino. “Me quedé embarazada poco antes de cruzar a Ceuta”, explica. “Si estas son las condiciones en las que voy a ser madre de un bebé, prefiero no serlo. Pensábamos que íbamos a vivir en mejores condiciones”, añade. Su pareja sigue en Marruecos y, mientras ella habla, suena su teléfono. “Es él”, dice, tímidamente, mientras se aparta del bullicio.

Si estas son las condiciones en las que voy a ser madre de un bebé, prefiero no serlo. Pensábamos que íbamos a vivir en mejores condiciones

Joven de 28 años, embarazada

Saida es una mujer divorciada y está sentada con Mohammed, su hijo de 14 años. Ella trabajaba como vigilante de seguridad en complejos residenciales y eventos. “Trabajaba desde las 10:00 de la noche hasta las 12:00 de la mañana y no me pagaban más de 10 euros al día. He pasado muchas noches lejos de mi hijo para luego traer a casa poco dinero”, cuenta.

Entre testimonios, varias jóvenes terminan por no soportar las condiciones en las que llevan viviendo desde hace más de un mes. Una de ellas se desmaya frente al equipo de vigilancia que trabaja en los alrededores del CETI. Ningún miembro del centro de acogida las atiende, son las periodistas presentes en la zona quienes llaman a una ambulancia. A media mañana, otra también cae desplomada en el suelo.

“Está temblando, no responde. ¡Llamad a una ambulancia!”, chilla su hermano mientras salpica agua sobre la cara de su hermana. Tras la llegada de los servicios sanitarios, que trasladan a la joven al hospital, un grupo de ellas permanecen sobre la misma acera. “Lleva días comiendo muy poco. Nos traen comida, nos falta agua, pero ella está triste y muchas veces no quiere ni levantarse para comer. Solo duerme”, cuenta una de ellas.

Anoche llegaron los militares y no nos dejan subir ni bajar. No podemos salir de aquí. Solo nos dejan bajar a la playa del Trampolín si vamos al reparto de Cruz Roja

Mujer marroquí, madre de un hijo de 14 años

“¿Qué va a pasar con nosotras?” es la pregunta que más se repite entre las decenas de mujeres que esperan en este punto de Ceuta. Cuando asoma un cámara de un medio de comunicación, un periodista, un trabajador de una organización humanitaria o un simple curioso, la pregunta retumba dentro de cada tienda, sobre las aceras y en sus pensamientos. Algunas siguen desde sus móviles el directo que un compañero hace a escasos metros de ellas. No quieren perderse ni un ápice de la escasa información que están recibiendo.

38 días después de la entrada masiva de personas a Ceuta, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, visitó el centro ecuestre donde están alojadas muchas de las menores que entraron en Ceuta. “A nosotras, que estamos en la puerta, esperando, ni nos miró”, explica la joven Hind, unos días después de la visita.

Desde entonces, el panorama no solo ha cambiado, sino que ha empeorado. Las mujeres siguen en los mismos puntos y bajos las mismas lonas, pero ahora viven en una cárcel a cielo abierto. “Anoche llegaron los militares y no nos dejan subir ni bajar. No podemos salir de aquí. Solo nos dejan bajar a la playa del Trampolín si vamos al reparto de Cruz Roja”, explica una de las jóvenes mientras abraza a su hijo de 14 años.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha ido un paso más allá en sus críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, con motivo de la crisis de Ceuta. Tras varios días en los que ha mantenido un discurso contra el racismo y la intolerancia al tiempo que también hablaba de “invasión”, hoy ha decidido arremeter de forma más dura contra el Ejecutivo central. Ha dicho que este último tiene que “espabilar” porque se puede convertir en la “segunda gran mentira de la democracia” como ocurrió con los atentados del 11 de marzo de 2004.

Con motivo de la desclasificación del material del Gobierno sobre esta cuestión, Page no ha dudado en interpretar que se trata de “uno de los grandes desastres de gestión” de la legislatura y que como Moncloa no apremie, la situación sería similar a la del mayor atentando terrorista en España. “La primera o segunda gran mentira”, ha dicho.

“Ya tuvimos una (mentira) muy clara cuando todo el pueblo español se convenció del tema de la guerra y de la autoría de los atentados del 11M. Eso es un ejemplo del libro”, ha afirmado el presidente castellanomanchego en una entrevista en Onda Cero. Es más, ha añadido que si Gobierno central no quiere que la gestión de Ceuta se convierta “en un chollazo enorme para la extrema derecha”, debe “darse prisa”, porque la imagen que se traslada de esta crisis es que está “en la fase en la que toda España se crea que la mentira se ha elevado a la categoría de dogma”.

Los informes desclasificados muestran la existencia de comunicaciones sobre el paulatino incremento de llegadas de personas a nado y de convocatorias en redes sociales para el día 30 de julio, pero no alertas sobre la magnitud de lo que finalmente se produjo, con la entrada de más de 70.000 personas. El día previo a los hechos, el CNI mantuvo una conversación por WhatsApp con el jefe del gabinete del delegado del Gobierno y con la UCE-3 de la Guardia Civil y envió una nota informativa a Marruecos sobre la convocatoria en redes para el día siguiente. Lo que sostiene el Ejecutivo es que esa conversación informal por mensajería instantánea en ningún caso puede equipararse a una alerta o a un informe de los servicios de inteligencia que nunca existió. “Un organismo que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva no lo comunica por mensajería instantánea: lo eleva. Esa es su responsabilidad y su competencia”, valoraron este miércoles desde Moncloa.

Se estudiará “en las facultades de Ciencias Políticas”

“En las facultades de Ciencias Políticas se estudiará como es exactamente el ejemplo de lo que no hay que hacer, de cómo no abordar una crisis”, ha criticado.

En este punto, ha puesto un ejemplo de lo que él sí considera una buena gestión, la del excanciller alemán Gerhard Schröder, que se enfrentó a unas “inundaciones tremendas” en Alemania. “Se puso las botas katiuskas y se puso él mismo a sacar agua y a desescombrar y ganó las elecciones, le dio la vuelta a las encuestas y se puso al frente de la crisis”, ha relatado.

García-Page también ha señalado que “muchos” deben tener “grandes problemas de comprensión lectora” a la hora de leer los informes del CNI. De hecho, ha calificado al servicio de inteligencia como “uno de los mejores servicios de información que hay en el mundo”, citando también la labor de la Guardia Civil y la Policía Nacional y, aunque ha admitido que puede haber “errores”, ha apelado a cuidar la imagen de estas instituciones y velar por ellas.

Ha sido en este punto cuando ha reprochado al Gobierno su “dinámica de no tener culpa de nada”, que le lleva a “una dinámica un tanto esquizofrénica políticamente hablando”.

La realidad es que, desde el primer momento, todos visualizamos que el Gobierno tomaba nota de que había sido una invasión

Así, el presidente castellanomanchego se ha preguntado que si no hubo ningún tipo de informe, a “quién le tiene que pedir explicaciones el pueblo español”, para después señalar que si hubo informes “moderados”, la clave, a su juicio, es si “se hizo algo, mucho, o no se hizo nada”.

Sobre la posición del Gobierno respecto a Marruecos, Emiliano García-Page ha reconocido que Pedro Sánchez, en sus primeras palabras tras la crisis, se refirió a “una violación de la integridad territorial española de la frontera”, cuando Ceuta “solo tiene frontera con Marruecos”. “La realidad es que, desde el primer momento, todos visualizamos que el Gobierno tomaba nota de que había sido una invasión”, ha insistido.

Finalmente, ha resumido su posición frente a la gestión del Ejecutivo, considerando que “lo que es verdaderamente importante es que, o aciertas en el diagnóstico o tienes claro y asumes lo que ha pasado o es muy difícil prometer soluciones”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió hace semanas que el CNI sí había avisado el día previo de la entrada a nado de migrantes en Ceuta y apuntó que “los servicios operan y actúan de muchas maneras”: “No hace falta que sean informes manuscritos”, añadió. La desclasificación de documentos sobre la crisis que vive la ciudad autónoma ha permitido comprender a lo que se refería Robles en ese momento. El CNI mantuvo una conversación por escrito con el jefe del gabinete del delegado del Gobierno y con la UCE-3 de la Guardia Civil ese día, además de sendas llamadas, y envió una nota informativa a Marruecos sobre la convocatoria en redes para el día siguiente.

Lo que sostiene el Ejecutivo es que esa conversación informal por mensajería instantánea en ningún caso puede equipararse a una alerta o a un informe de los servicios de inteligencia. “En ningún momento el CNI envió una comunicación formal a su cadena de mando ni miembro alguno del Ejecutivo. Un organismo que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva no lo comunica por mensajería instantánea: lo eleva. Esa es su responsabilidad y su competencia”, argumentaban este miércoles. E insistían en que esas convocatorias en redes sociales eran conocidas, igual que el incremento de las llegadas en las semanas previas.

Estas son las tres comunicaciones del CNI correspondientes al día previo a la llegada de decenas de miles de personas a Ceuta:

Conversación del miércoles 29 iniciada a las 11:18 con Delegación del Gobierno:

CNI: (envío pantallazo Happy Fnideq con el texto: Algunas fuentes y medios locales informan sobre un acuerdo preliminar entre Marruecos y España que permitiría la devolución de un grupo de migrantes que actualmente reside en el centro de refugio en la ciudad de Ceuta a Marruecos. Hasta ahora, no se ha emitido ningún anuncio oficial que confirme los detalles de este acuerdo o su alcance, por lo que las noticias permanecen pendiente de la confirmación de las autoridades pertinentes.)

CNI: Buenos días

CNI: Esta es un perfil de RRSS de Castillejos

CNI: Hay algo en firme???

13:52

CNI: En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h.

CNI: Aprovechando fiesta del trono y q sus FCS estarán liados

CNI: Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores

CNI: Para q te hagas a la idea del alcance de la difusión

Delegación: Sus rilas

21:34

Delegación: Llamada (11 minutos)

El delegado del Gobierno, Pérez Triano, dijo ayer desconocer por completo el contenido de esa llamada con su jefe de gabinete. Este jueves ha dicho ese diálogo fue sobre “la situación” en la ciudad esos días y “la presión migratoria”, pero no aportó “nada nuevo”.

Conversación del miércoles 29 a las 13:53 con la unidad UCE-3 (Jefatura de Información) de la Guardia Civil:

CNI: Llamada sin respuesta

CNI: XXXX te llamo por la situación de Ceuta.

CNI: Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono

CNI: Tenemos varios grupos en Fb y WahtsApp incentivando estas entradas.

13:59

UCE-3:Llamada perdida

UCE-3: XXXXXX perdóname que todo este tema me ha cogido fuera y no lo tengo fácil para arreglar.

UCE-3: Estos días están XXXX que ha estado unos meses fuera y también XXXXXX

UCE-3: Me puedes llamar a mí también

14:41

UCE-3: Llamada (7minutos, 38 segundos)

Nota informativa del CNI del miércoles 29 a las 18:26 a los servicios de inteligencia marroquíes DGST y DGED

“Se agradece su inestimable y continua colaboración en este asunto”, escribió el 29 de julio un miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español a los servicios de inteligencia marroquíes DGST y DGED. En el texto, las autoridades españolas aseguran que “en días recientes se ha tenido conocimiento de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta, tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono”. Esta es la nota informativa íntegra:

La lectura del material desclasificado por el Gobierno permite concluir que todos los servicios de Información españoles coinciden en que la sentencia del Tribunal Supremo sobre las entradas irregulares a nado fue uno de los motivos de la entrada de migrantes a Ceuta por esa vía los días 30 y 31 de julio pasados. El mismo día en que se conoció el sentido del fallo, el 8 de julio, la Guardia Civil elaboró una nota en la que advertía de su “efecto llamada” y ya proponía cuatro medidas para contener sus efectos.

El Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil elaboró ese día una “nota de despacho”, un informe interno para ser elevado en la cadena de mando. El objeto de la nota era advertir a la Dirección General de la Guardia Civil de las “relevantes consecuencias operativas” que la sentencia iba a tener para el instituto armado en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La nota explica brevemente la relevancia del fallo, en el sentido de que a partir del mismo los migrantes buscarán la vía marítima para acceder a territorio español. El fallo del Supremo establecía que al no disponerse en el agua de elementos disuasorios el acceso a nado escapaba de los requisitos que establece la Ley para la devolución ‘en caliente’.

“Esta situación previsiblemente incrementará la presión migratoria sobre ambas ciudades, al consolidarse una diferencia de tratamiento entre quienes intentan acceder a través de las vallas fronterizas y quienes lo hacen por vía marítima. Ello puede generar un efecto llamada hacia las entradas a nado, modalidad que ya presente una elevada dificultad para su detección e interceptación temprana”, recoge la nota desclasificada por el Gobierno.

Los expertos del instituto armado proponían a la Dirección General reforzar su servicio marítimo provincial en Ceuta, al igual que el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). En su nota de dos folios incidían en la necesidad de contar con elementos que permitieran anticiparse a una llegada masiva. Para ello proponían “potenciar los sistemas tecnológicos” de vigilancia que, junto a los medios marítimos y terrestres, permitieran avisar cuanto antes a las autoridades marroquíes y “reducir los riesgos para la vida e integridad” de los migrantes.

En cualquier caso, la Guardia Civil ya valoraba el día del fallo que el Gobierno debía impulsar una “modificación legislativa” para que se pudiera aplicar la devolución ‘en caliente’ a los ingresados por vía marítima de igual forma que los que acceden a España de forma irregular por la frontera terrestre.

El 30 de julio, cuando la entrada de inmigrantes en Ceuta a nado ya es masiva, el CNI emite un informe en el que asegura que, desde la sentencia del Supremo ha “incentivado” la entrada a nado “desde comienzos de julio”.

“A lo largo del mes de julio, los nadadores que lograron llegar a tierra o ser recogidos por embarcaciones de salvamento españolas, al ver que no eran devueltos por las autoridades españolas difundían sus logros en redes sociales, amplificando la difusión del cambio provocado por la decisión judicial y generando con ello un efecto llamada exponencial a lo largo de los días 22-27 de julio”, dice textualmente el informe del CNI.

“Se entienden como consecuencia directa de la sentencia”

El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) habla de la afluencia de migrantes como “consecuencia directa” del fallo. “Los intentos de acceso se entienden como consecuencia directa de una sentencia del TS español del 29JUN26, publicada el 08JUL26, en la que se establecía que los accesos a nado a territorio nacional no eran susceptibles de generar rechazos en frontera. Esto supone, en la práctica, una decisiva limitación de acción a las FCSE españolas”, recoge el informe emitido a las 13:00 horas del día 30.

La Policía también menciona la sentencia del Alto Tribunal en sus informes. Horas antes de la entrada, el 29 de julio, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras habla de “las posibles consecuencias” de la sentencia de Supremo, sumado a la celebración del Día de Trono en Marruecos (por el precedente que ocurrió en 2018) y la información procedente de redes sociales. A partir de ellos plantea varios escenarios donde varía el riesgo y la probabilidad.

La tesis del “efecto llamada” fue la explicación que los responsables del Ministerio del Interior recibieron de sus homólogos marroquíes cuando les telefonearon en las primeras horas de la crisis.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra la Ley 1/2026, de 15 de abril, por la que se habilita a la Comunidad de Madrid para ejercer la acción popular en determinados ámbitos. Esta ley, anunciada por el Gobierno de Ayuso el pasado mes de enero, buscaba perseguir judicialmente protestas como la que se organizó contra el genocidio en Israel en Madrid y que obligó a terminar la última etapa de la Vuelta Ciclista a España antes de tiempo.

En concreto, la normativa habilita a la Comunidad de Madrid para ejercer la acción popular en procesos penales por delitos de especial gravedad en tres ámbitos específicos: medio ambiente e incendios, patrimonio histórico-artístico y desórdenes públicos que afecten a espectáculo.

Según informa el TC en un comunicado, ha acordado además suspender la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, después de que el Gobierno invocara en su demanda el artículo 161.2 de la Constitución. La suspensión tiene efectos desde el 16 de julio de 2026, fecha en la que se interpuso el recurso, para las partes del proceso, mientras que para terceros surtirá efecto desde el día en que se publique la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El recurso plantea que la norma madrileña podría vulnerar el artículo 149.1.6ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación procesal. La admisión a trámite del recurso no supone un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, que deberá ser resuelto posteriormente por el Pleno del Tribunal Constitucional.

La ley madrileña regula la habilitación de la Comunidad de Madrid para ejercer la acción popular en determinados ámbitos, una cuestión cuya constitucionalidad deberá determinar ahora el Tribunal Constitucional. La admisión a trámite del recurso no supone un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, que deberá ser resuelta por el Pleno del Tribunal Constitucional.

La Comunidad de Madrid defiende que que quiere ejercer la acusación “contra pirómanos”

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que la Comunidad de Madrid seguirá defendiendo su intención de ejercer la acción popular en determinados procedimientos y ha asegurado que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) al respecto es “un puro trámite”.

El consejero ha insistido en que la Comunidad ya ejerce como acusación popular en casos de violencia contra la mujer y ahora quería hacerlo también “contra pirómanos que provocan fuegos en los bosques”, aquellos que atentan contra el patrimonio o que causan incidentes como los de La Vuelta.

“Tendrá que explicar el señor Sánchez por qué no quiere que las comunidades autónomas protejamos a las mujeres o por qué no quiere que las comunidades autónomas podamos proteger el patrimonio natural o también el patrimonio histórico-artístico que es lo que habilita esa ley. En cualquier caso la admisión a trámite es un acto de puro trámite”, ha indicado.

“Por supuesto, yo voy a contar con José Luis [Rodríguez Zapatero], como he contado siempre en las campañas electorales”. Con esas palabras ha contestado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ser preguntado en TVE por Esther Palomera sobre si invitará al expresidente Zapatero a la campaña electoral de las generales de 2027 pese a estar imputado por su presunta mediación en el rescate de Plus Ultra.

Tras recalcar que “la campaña electoral será en 2027”, Sánchez ha querido dejar claro que “tanto la trayectoria como el legado de Zapatero” son “muy importantes para el PSOE y para España”. “Defendemos su presunción de inocencia. Yo creo en José Luis Rodríguez Zapatero”, ha insistido, ante las preguntas tanto de Palomera como de Jesús Cintora. El presidente del Gobierno ha recordado que “hay partidos y medios que creen a personajes” como el empresario Víctor de Aldama, “que llegó a decir que había hecho de chófer” del propio Sánchez. “¿Se le da credibilidad a un delincuente y no a un representante público que tiene todo el derecho a defenderse?”, se ha preguntado.

Sánchez ha asegurado, además, no temer una imputación del PSOE en esa misma causa de Plus Ultra que se investiga en la Audiencia Nacional. “No sé si nos imputarán o no, pero le puedo asegurar que no hay financiación ilegal del PSOE”, ha añadido.

Gran parte de la entrevista en el programa Mañaneros 360 de TVE se ha centrado en dos temas candentes de la actualidad como la decisión del Tribunal Supremo del martes de anular cautelarmente el derecho al voto de los españoles nacionalizados a través de la conocida como 'ley de nietos' y la crisis por la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el pasado 30 de julio.

“No estamos a favor ni compartimos la resolución del Supremo”, ha remarcado Sánchez, que ha recordado que la decisión cautelar trastoca la ley de memoria democrática que dio la ciudadanía a los familiares de los exiliados por la Guerra Civil y la dictadura. El presidente del Gobierno ha acusado a las partes que solicitaron esa suspensión del derecho a voto (Vox y Iustitia Europea), pero también al PP de querer “cercenar los derechos de ciudadanía” de españoles, “como hicieron obligándoles a exiliarse”.

El “cuestionamiento de los regímenes democráticos” por parte del PP

A continuación, Sánchez ha recordado que la ley que ahora ha cuestionado el Supremo “lleva en vigor desde 2022” y que “en 2023 hubo unas elecciones generales en las que el PP ganó en el voto exterior”. Así, se ha preguntado “por qué el PP hoy cambia de posición” sobre una ley que lleva años en vigor. “El denominador común es el cuestionamiento de los regímenes democráticos”, ha concluido. El jefe del Ejecutivo ha acusado a las derechas de lanzar por ellos “bulos” sobre supuestos “pucherazos” en esa estrategia de la ultraderecha mundial. Sánchez, en todo caso, ha negado que haya un “choque” institucional entre poderes del Estado y se ha limitado a señalar que lo que existe es una “discrepancia en la lectura de determinadas leyes que se están aprobando en las Cortes”.

Ante lo sucedido en Ceuta, la única autocrítica que ha verbalizado ha consistido en pedir unos servicios de inteligencia más “sofisticados” para poder prever movimientos en redes sociales como los que considera el origen de la crisis alentando la entrada masiva el 30 de julio. “Tenemos que invertir mucho más en el control y el perímetro de la frontera”, ha añadido, antes de reclamar también “infraestructuras de acogida de mayor envergadura”. Se ha presentado, además, como el “presidente que más ha ido a Ceuta” en democracia. “He estado al pie del cañón, hemos estado desde el principio en la crisis de Ceuta”, ha dicho frente a las críticas por su estancia en Lanzarote en agosto, cuando la crisis se prorrogó.

También ha negado cualquier intento de complacer a Marruecos por no responsabilizarle directamente de lo sucedido en la frontera. “Se me podrán criticar muchas cosas, pero he puesto en marcha una política exterior coherente y respetuosa con el derecho internacional”, ha añadido, en alusión a su postura frente a Donald Trump o a la hora de denunciar el “genocidio” de Gaza. “Este Gobierno nunca acepta ningún chantaje porque no tenemos nada que ocultar”, ha dicho, además de recordar que este mismo miércoles “se conocerán todos los papeles y documentos” que el CNI y las Fuerzas Armadas publicaron en agosto sobre Ceuta tras su desclasificación aprobada en el Consejo de Ministros.

Sánchez sí ha adelantado que se trata de “informes de situación” y ha asegurado que, en base a esos documentos, su conclusión es que “los días previos al 30 y 31 de julio se registró un ligero pico en el número de llegadas a nado”. “Pero hablamos de cientos, no de 70.000”, ha señalado. “No se previó en absoluto la llegada masiva de tantos migrantes”, ha zanjado. Y preguntado por una posible visita del rey, Sánchez ha afirmado que “hoy Ceuta necesita del arrope y del cariño de todas las instituciones”, por lo que es “más necesario que nunca que el jefe del Estado visite Ceuta y Melilla”. “Estamos trabajando en fechas próximas”, se ha limitado a señalar, sin concretar más.

“Máxima confianza” en la investigación judicial sobre Ceuta

Sí ha recalcado que tiene la “máxima confianza” en la justicia al ser preguntado por la investigación abierta por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ante la crisis en Ceuta. Sí ha recordado que es “un hecho objetivo” que Tardón fue concejala dentro de la candidatura del PP en el Ayuntamiento de Madrid. “Ese es un hecho objetivo, pero evidentemente no está reñido el compromiso político coyuntural de una persona con las labores de jueza”, ha respondido. Después ha afirmado que por parte del Gobierno “no hay nada que ocultar” y, por tanto, tienen “máxima confianza” en el proceso.

También ha pedido Sánchez “solidaridad por parte de las comunidades autónomas” a la hora de acoger a menores migrantes, aunque hasta ahora el Gobierno había descartado desplazarlos de Ceuta a la Península. “No descartamos ninguna opción, estamos priorizando la reubicación en Ceuta. El PP si realmente está interesado en resolver y contribuir a la solución de Ceuta le pido más solidaridad y responsabilidad. En este tipo de crisis se necesita altura de Estado. Les pido que arrimen el hombro, que critiquen lo que quieran pero arrimen el hombro”, ha señalado.

En defensa de la gestión del Gobierno, Sánchez ha insistido en que la alternativa a dejar pasar a los más de 70.000 migrantes que se avalanzaron en la frontera hubiera sido “liarse a tiros”. “¿En qué situación estaríamos hoy si la respuesta no hubiera sido la que se dio?”, se ha preguntado. También ha considerado “normal y cotidiano” que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se reuniera con el rey y otros mandos militares para hablar de Ceuta, tal y como desveló el martes la Casa Real.

El “aticazo” de Ayuso

Sánchez, además, ha pedido al líder del PP que exija “responsabilidades” a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la polémica compra del ático de Chamberí. “Entiendo que el señor Feijóo tenga dificultades en hacer lo que hizo el señor Casado, porque vio cuál fue la consecuencia. El señor Feijóo tiene que exigirle a la señora Ayuso responsabilidades”, ha dicho. El presidente ha repasado cronológicamente los hechos y ha dicho que, aunque él no es “detective”, los “indicios” apuntan a que el inmueble era para uso personal de Ayuso. Entre ellos, ha mencionado la puesta en venta en Idealista de su vivienda con González Amador, la entrevista en la que Feijóo contó que ya conocía desde hace meses la intención de hacer un traslado a una oficina por las obras en Sol y la visita al ático de la propia Ayuso.

“Yo creo que son demasiadas huellas que claramente nos indican que a la señora Ayuso se le ha pillado con el carrito de los helados. Quería vivir en Chamberí, no en un ático, en un aticazo, porque son 400 metros, porque además otro de los indicios, que yo creo que es una huella bastante incontestable, es el hecho de que esa vivienda no tenía licencia para oficina, sino para un uso residencial”, ha añadido.

Han pasado tres semanas desde que dos terremotos de magnitud 4,8 sacudieron Granada en apenas cuatro días y pusieron a prueba a una ciudad acostumbrada a convivir con los seísmos. El enjambre sísmico continúa, aunque los temblores ya no forman parte de la conversación cotidiana como lo hicieron a mediados de agosto. Pero para algunos vecinos del Zaidín, el terremoto sigue estando muy presente.

Hay familias que todavía no han podido regresar a sus viviendas, personas que duermen en casas de familiares y vecinos que aseguran seguir sin saber cuándo podrán volver a entrar en sus casas o qué ocurrirá con unos edificios que ya arrastraban problemas desde mucho antes de que la tierra comenzara a moverse. A la espera de que las reparaciones y las posibles soluciones integrales se concreten, la Junta de Andalucía ha aprobado este martes un paquete de siete millones de euros para las incidencias ocasionadas por la serie sísmica entre el 14 de agosto y el 7 de septiembre.

En la avenida de Dílar, en la calle Navarra y en otros puntos de Santa Adela-La Cruzada, las grietas y los daños han convertido el regreso a casa en una incógnita. Algunos vecinos reclaman informes técnicos por escrito que determinen si sus viviendas son seguras; otros miran hacia un proyecto de renovación urbana que lleva décadas pendiente y que ahora vuelve a aparecer como una posible solución para los edificios más deteriorados. Mientras tanto, Ayuntamiento de Granada, Junta de Andalucía y Gobierno central reivindican las medidas adoptadas y las ayudas activadas, y la oposición municipal reclama más rapidez y coordinación. Tres semanas después, el terremoto puede haberse alejado de las calles, pero para quienes siguen fuera de sus casas, la emergencia todavía no ha terminado.

En otros puntos del área metropolitana, la situación sí ha empezado a desbloquearse. El Ayuntamiento de Las Gabias autorizó este pasado lunes el realojo de las 206 viviendas del Residencial San Francisco II, que habían sido desalojadas preventivamente durante el episodio sísmico. Los vecinos pudieron regresar a sus domicilios a partir de las 16.00 horas, una vez finalizadas las obras provisionales de emergencia y realizadas las correspondientes comprobaciones técnicas.

Los trabajos concluyeron el pasado viernes y durante el fin de semana los técnicos elaboraron los informes que certificaban la seguridad de la actuación provisional. El caso de Las Gabias muestra así una evolución diferente a la de algunos edificios del Zaidín: allí el desalojo ha podido quedar resuelto tras las obras de emergencia y la certificación técnica, mientras que en Granada capital todavía hay vecinos que continúan fuera de sus viviendas y reclaman saber qué actuaciones deben acometerse y cuándo podrán regresar.

Vecinos desalojados

Uno de ellos es Luismi, vecino de la avenida de Dílar 33, uno de los edificios afectados por problemas estructurales. Lleva fuera de su vivienda desde el pasado 15 de agosto y se ha tenido que trasladar temporalmente a casa de su hija. Cinco días después de abandonar su domicilio, asegura que le ofrecieron la posibilidad de acudir a un albergue, pero desde entonces no ha recibido, según relata, nueva información sobre cuándo podrá volver. Tiene una cita prevista para este miércoles, 9 de septiembre, pero hasta entonces la incertidumbre continúa: “Sigo fuera de mi casa, nadie se ha puesto en contacto conmigo y estamos en una absoluta incertidumbre”.

La situación no solo le ha obligado a cambiar de domicilio. Luismi asegura que todavía tiene enseres dentro del edificio y que no puede acceder a ellos por el peligro existente. “Tenemos enseres todavía dentro de ella y no nos dejan sacarlos todavía por peligro”, explica. El vecino describe también el impacto que está teniendo la situación sobre quienes permanecen fuera de sus casas: “Tenemos ansiedad, miedo y un absoluto desamparo”.

El caso de Dílar 33 no es aislado. Antonio Ruiz, presidente de la Asociación de Vecinos Zaidín-Vergeles, explica que desde los terremotos han visitado junto al Ayuntamiento distintos pisos afectados y han hablado con residentes desalojados. Entre los edificios que considera necesario estudiar se encuentra precisamente el número 33 de la avenida de Dílar, además de otros inmuebles de las calles Bernarda Alba y Navarra. La asociación y el Consistorio, señala, están estudiando la posibilidad de buscar acuerdos con promotores privados para abordar una renovación integral y construir viviendas nuevas en aquellos edificios que presenten peores condiciones.

“No es seguro que se vaya a acometer eso”, reconoce Ruiz, que explica que una actuación de ese tipo requiere tiempo. Por eso plantea una solución en dos velocidades: reparar lo necesario para que los vecinos puedan volver cuando los técnicos determinen que es seguro y, paralelamente, estudiar una intervención de mayor alcance en los edificios cuya situación haga poco razonable limitarse a reparar los daños. “Aunque se llegara a un acuerdo para hacer una reparación integral, hace falta tiempo, porque eso no se hace de un día para otro”, apunta.

En la calle Navarra, Esther vive una situación similar. Su edificio, situado en la zona de Santa Adela-La Cruzada y construido, según explica, en los años cincuenta, sufrió daños con los terremotos. Tras los primeros seísmos acudieron bomberos, Protección Civil y voluntarios, pero la vecina asegura que no había recibido la visita de un técnico cualificado que explicara a los residentes el estado del inmueble. Hasta que, recientemente, vio a un técnico municipal en el edificio, se acercó a él y, según su relato, este le comunicó que había que actuar y que podía ser necesario desalojar a los vecinos de la parte izquierda.

“¿No han venido todavía? No, aquí seguimos”, relata Esther. El problema, añade, es que esa valoración no se ha trasladado a los vecinos por escrito. “Estamos reclamando que nos den los informes por escrito”, explica. Para los residentes, contar con una documentación técnica que determine el estado de sus viviendas resulta especialmente importante ante las distintas valoraciones que están recibiendo.

La vecina asegura que el mismo día coincidió en el edificio con un perito del Consorcio de Compensación de Seguros, cuya valoración, según su relato, consideraba los daños leves. Esther teme que una indemnización insuficiente no permita a comunidades con vecinos trabajadores y pensionistas afrontar una reparación que puede requerir una derrama elevada. “Una derrama, a lo mejor, no la pueden poner y el edificio ni se puede arreglar”, sostiene.

Por eso Esther cree que en algunos casos puede resultar más razonable recuperar el proyecto de renovación urbana de Santa Adela-La Cruzada que arrastra el barrio desde hace años. “Hay edificios que están para tirarlos”, afirma. Su propuesta pasa por recuperar aquel proyecto y construir viviendas nuevas y sismorresistentes para los vecinos que necesitan una vivienda digna.

La reivindicación no es nueva. Irene, otra vecina del Zaidín, sitúa el origen del problema en el plan de renovación de Santa Adela y La Cruzada desarrollado entre 2000 y 2005, que contemplaba la demolición y renovación de numerosas viviendas antiguas del barrio. Según explica, más de dos décadas después la transformación sigue lejos de completarse y hubo además un parón entre 2008 y 2022. Los terremotos de agosto han vuelto a poner sobre la mesa, a su juicio, la vulnerabilidad de algunos de esos edificios. “¿Cómo pueden hacer que las personas regresen a sus casas, les pidan que arreglen unos muros de carga que ya están convertidos en arena, y decirles que vuelvan a vivir dentro de su casa?”, plantea. Y lanza una pregunta que resume una de las principales preocupaciones de los vecinos: “¿Qué seguridad proporcionas tú a la gente para que vivan esas viviendas?”.

El Ayuntamiento pide calma

El Ayuntamiento de Granada llama a la calma y sostiene que la respuesta sobre la seguridad de los edificios se está realizando mediante un protocolo específico. Según el Consistorio, los técnicos municipales inspeccionan o reevalúan cada inmueble y las actuaciones se planifican diariamente dando prioridad a las situaciones de mayor riesgo. Cuando un edificio es considerado seguro, los vecinos pueden permanecer o regresar; cuando se determina un desalojo preventivo, Urbanismo comunica la decisión a la Policía Local, que identifica a las personas afectadas y comprueba si cuentan con una alternativa habitacional. Servicios Sociales realiza después el seguimiento de las familias y el Ayuntamiento ofrece alojamiento de emergencia a quienes lo necesiten.

El Consistorio asegura haber realizado 1.289 inspecciones o reevaluaciones de edificios en dos fases: 706 en la primera y 583 en la segunda. También señala que mantiene un dispositivo permanente de evaluación e intervención y que desde el primer momento reforzó Bomberos, Policía Local, Protección Civil, Urbanismo, Limpieza y mantenimiento. En el propio Zaidín, el Ayuntamiento puso en marcha una Oficina de Información y Asesoramiento en el Centro Cívico, en colaboración con el Colegio de Abogados de Granada. Según sus datos, cerca de 1.800 personas han sido atendidas mediante citas individuales y grupales. También se incorporó atención psicológica, con unas 200 personas atendidas, y se habilitaron plazas de alojamiento de emergencia en Inturjoven para las personas desalojadas.

Es precisamente en este punto donde las versiones de los vecinos y la Administración presentan uno de los principales contrastes. Mientras el Ayuntamiento asegura que existe desde el inicio una solución habitacional para los desalojados y un protocolo para garantizar el seguimiento de cada familia, vecinos como Luismi aseguran que siguen esperando información concreta sobre su regreso a casa.

La oposición municipal considera insuficiente la respuesta. La portavoz socialista, Raquel Ruz, reclama a la alcaldesa, Marifrán Carazo, “certezas, coordinación y rapidez” y sostiene que algunos residentes reciben informaciones diferentes dependiendo del servicio o profesional al que consulten. El PSOE propone que se establezca un plazo máximo de una semana para que las familias dispongan de un informe técnico escrito que determine si pueden permanecer en sus viviendas o deben desalojarlas.

“Ahora mismo no puede ocurrir que una familia reciba informaciones diferentes dependiendo de con quién hable”, denuncia Ruz. La portavoz socialista reclama además que, si los técnicos municipales no son suficientes para cumplir esos plazos, el Ayuntamiento contrate arquitectos y otros profesionales de forma extraordinaria. También considera que los informes son necesarios para tramitar las reclamaciones e indemnizaciones correspondientes ante el Consorcio de Compensación de Seguros y reclama más apoyo presencial para los afectados que tienen dificultades con la administración electrónica. El PSOE extiende la misma crítica a los centros educativos del barrio. El concejal Jacobo Calvo asegura que en los colegios “no tienen ningún papel escrito” y que las evaluaciones se están gestionando telefónicamente, por lo que reclama que los informes técnicos sobre las infraestructuras escolares estén concluidos antes del 10 de septiembre, coincidiendo con la vuelta a las aulas.

El Ayuntamiento rechaza esa imagen de falta de respuesta y reivindica que ha estado pendiente de la situación desde el primer día, también mediante reuniones con vecinos y otras administraciones que, según el Consistorio, no siempre se han hecho públicas. Además de las actuaciones de emergencia, el equipo de gobierno destaca como medida económica propia la bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para las reparaciones de daños causados por los terremotos en viviendas habituales y establecimientos donde se desarrolla una actividad económica. Para el resto de inmuebles afectados, la bonificación será del 50%.

Ayudas de la Junta

A la espera de que las reparaciones y las posibles soluciones integrales se concreten, la Junta de Andalucía ha aprobado este martes un paquete de siete millones de euros para las incidencias ocasionadas por la serie sísmica entre el 14 de agosto y el 7 de septiembre. Las ayudas, dirigidas a entidades locales, podrán financiar actuaciones de reparación, reforzamiento, consolidación, rehabilitación, restauración y reposición de infraestructuras e instalaciones dañadas, además de otros gastos vinculados a esas actuaciones. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene previsto anunciar este miércoles nuevas medidas durante su visita a Granada.

El Gobierno central, por su parte, sostiene que las entidades locales pueden recurrir ya al Real Decreto 307/2005 para financiar actuaciones urgentes, como el apuntalamiento de edificios y las medidas necesarias para permitir el realojo. La Subdelegación del Gobierno señala además que durante este mes de septiembre se declarará a los municipios afectados como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil, con el objetivo de complementar las ayudas a particulares y entidades locales.

La propia Subdelegación sitúa otra pieza clave en el Consorcio de Compensación de Seguros. Según la información facilitada, el organismo ha movilizado a 250 peritos de toda España y ha recibido ya más de 49.000 solicitudes de indemnización por daños. La cifra engloba las solicitudes recibidas por los daños derivados de estos episodios sísmicos, sin que el dato permita determinar por sí mismo cuántas corresponden a los edificios afectados del Zaidín.

Mientras las administraciones ponen en marcha ayudas y dispositivos, en el barrio persiste otra pregunta: cuánto tiempo puede prolongarse la espera. Para quienes viven en edificios antiguos y dañados, no siempre se trata simplemente de reparar una grieta. Hay comunidades que tienen que conocer el alcance real de los daños, saber qué parte de la intervención corresponde al seguro y determinar si pueden asumir económicamente las obras. Y hay vecinos que, como Luismi, ni siquiera pueden entrar todavía en su casa para recoger sus pertenencias.

Servicios desbordados

La emergencia también dejó al descubierto las dificultades de los servicios encargados de atenderla. Guadalupe Gutiérrez, gestora de emergencias del 112 Andalucía en Granada y delegada sindical, relata que el volumen de incidencias desbordó ampliamente la capacidad habitual del Centro de Coordinación. En condiciones normales, explica, se gestionan alrededor de un centenar de incidencias por turno, mientras que durante los terremotos llegaron a superar las mil en algunos turnos. El 18 de agosto, entre las 10:37 y las 15:00 horas, calcula que entraron entre 700 y 900 casos.

Según su testimonio, en uno de los momentos más críticos solo había dos personas trabajando presencialmente en Granada y una tercera conectada desde Jaén. También denuncia demoras en la incorporación de refuerzos y problemas con la aplicación informática utilizada para gestionar las emergencias. Algunas incidencias, asegura, llegaron a acumular esperas cercanas a las dos horas antes de ser aceptadas y trasladadas al operativo correspondiente.

Gutiérrez desvincula esas demoras de la actuación de los trabajadores: “La plantilla hizo todo lo humanamente posible, pero era materialmente imposible atender de manera simultánea semejante volumen de llamadas e incidencias con el personal disponible”. Su denuncia es que los terremotos pusieron de manifiesto carencias que, según sostiene la representación sindical, ya existían antes de la emergencia y que afectan al dimensionamiento de la plantilla, la carga de trabajo y los medios disponibles.

El terremoto, por tanto, ha dejado de ser para la mayoría de Granada una cuestión de temblores constantes y carreras a la calle. En zonas como el Zaidín sigue teniendo una dimensión mucho más concreta. Es la de una familia que duerme en casa de un hijo, la de unos vecinos que esperan un informe que determine si pueden regresar, la de una comunidad que no sabe si podrá afrontar una reparación y la de un barrio que vuelve a mirar hacia un proyecto de renovación que lleva décadas pendiente. Para ellos, el seísmo no terminó cuando dejó de temblar el suelo. Terminó -o terminará porque el enjambre sísmico no ha finalizado aunque sea menos perceptible- cuando puedan volver a abrir la puerta de su casa con la certeza de que pueden quedarse.

El año judicial arranca de nuevo bajo un clima de máxima tensión entre el Gobierno y una parte de los jueces. La decisión del Tribunal Supremo de frenar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo abre un nuevo frente al Ejecutivo en un momento especialmente sensible: la víspera del acto de arranque del curso en los tribunales que preside cada año el rey Felipe VI ante un despliegue de togas y autoridades.

El veredicto de los jueces tendrá posiblemente unos efectos electorales limitados, dado que el porcentaje de nacionales españoles residentes en el extranjero que votan en las elecciones generales habitualmente apenas supera el 7% del total. Pero da vuelo y argumentos jurídicos a las teorías conspirativas de la derecha y la extrema derecha sobre un supuesto plan del Gobierno para alterar los resultados de las urnas al engordar el censo a través de la ley que ha otorgado de momento la nacionalidad a 306.000 descendientes. Y, sobre todo, suma un nuevo episodio al capítulo de choques entre el Gobierno y el Poder Judicial apenas días después del encontronazo por el famoso informe policial sobre Ceuta.

En una breve intervención ante los medios en el Senado, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, admitió este martes que en el Ejecutivo “no comparten” la decisión y reclamó al Supremo que dé “prioridad” a este asunto y resuelva sobre el fondo antes del próximo ciclo electoral. El tribunal adelantó este martes el fallo, todavía no se conocen los argumentos de los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo para paralizar de forma cautelar la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por la ley de nietos salvo que acrediten que son descendientes de exiliados. Está previsto que los autos que sustentan esta decisión se notifiquen en los próximos días.

La ley que establece el derecho a la nacionalidad a descendientes de españoles represaliados del franquismo fue aprobada el 5 de octubre de 2022 sin que la derecha del PP y la ultraderecha de Vox dijeran una palabra contra esta medida tras 15 meses de tramitación parlamentaria. Ha sido cuatro años después, al calor de un acuerdo de la Junta Electoral Central del pasado julio que declinaba intervenir sobre el modo en que se conceden las nacionalidades y sobre la aplicación del censo, cuando ambos partidos alentaron el bulo de un supuesto pucherazo electoral.

El asunto llegó al Supremo de la mano de Vox y del partido extraparlamentario Iustitia Europa, un habitual de la acusación popular en diferentes causas de trascendencia pública. Su tesis es que una instrucción de octubre de 2022 del Ministerio de Justicia realiza una “interpretación expansiva” de esa norma al establecer que basta con acreditar con documentación que el antepasado —progenitor o abuelo— salió de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 para que se presuma la condición de exiliado que exige la ley para acceder a la nacionalidad.

En realidad, esa instrucción es similar a otra dictada en 2008, después de que la primera ley de memoria reconociera el derecho a obtener la nacionalidad española a los hijos de exiliados y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Durante la vista, la Abogacía del Estado defendió que suspender provisionalmente las nuevas altas automáticas privaría de forma masiva de un derecho reconocido en la Constitución Española a miles de ciudadanos.

La interpretación de la amnistía

Aunque con una envergadura mucho más limitada, el freno del derecho al voto de los descendientes de españoles evoca otras decisiones del Supremo que han cuestionado iniciativas del Ejecutivo. El asunto más patente fue la ley de amnistía, una norma que ha soliviantado como ninguna otra a los jueces conservadores, mayoritarios en la carrera y en la cúpula judicial.

Pese a la claridad de la ley que ya cuenta con el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Alto Tribunal capitaneó las maniobras judiciales para impedir su aplicación. Los jueces de la Sala de lo Penal fabricaron una interpretación sobre la malversación para excluir de la ley a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, sus dos primeros potenciales beneficiarios.

El Supremo interpretó que esos altos cargos debían haber pagado de su bolsillo los gastos del referéndum y, por tanto, se habían ahorrado ese dinero incrementando su patrimonio. Sus delitos se declararon no amnistiables. Y así continúan a la espera de si el Tribunal Constitucional corrige esta decisión el próximo otoño tras avalar la constitucionalidad de la norma en junio del año pasado.

Además, meses antes de que esa norma fuera aprobada de forma definitiva, esos mismos magistrados de la Sala de lo Penal habían llegado incluso a imputar al expresident de la Generalitat por terrorismo, uno de los delitos no amnistiable según la ley pactada con Junts a cambio de la investidura. Esa vía fue anulada por culpa de los errores en la instrucción del juez Manuel García Castellón, quien incumplió los plazos de prórroga en la investigación.

Esta última decisión del Supremo sobre el voto exterior otorga, además, una nueva victoria en los tribunales a Vox, quien se ha convertido en un actor habitual en las causas que afectan al Gobierno o al entorno del presidente. Junto a otras organizaciones ultras como Manos Limpias o HazteOír, el partido de extrema derecha obtuvo su primer gran espaldarazo en la cúspide de la judicatura con la condena al ex fiscal general del Estado por la filtración de información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Con esa condena, también cuestionada por el Ejecutivo, el Supremo avaló la estrategia emprendida por la derecha política y judicial para que el entonces fiscal general fuera llevado al banquillo antes que el propio empresario, investigado desde 2024. En la apertura judicial de hace un año, Álvaro García Ortiz estaba a punto de ser juzgado por revelación de secretos. El acto se celebró también en medio de una tensión creciente derivada de su presencia institucional en un acto que se celebra en el mismo edificio que apenas unas semanas acabó acogiendo el juicio contra él.

Este jueves será su sucesora, Teresa Peramato, quien comparezca por primera vez para dar cuenta de la memoria de la institución. También será el tercer discurso solemne de apertura del año judicial de la presidenta del Supremo y del Poder Judicial, Isabel Perelló, alineada con posiciones muy corporativistas y poco dadas a la autocrítica. Este martes, nueve vocales progresistas del órgano le pidieron por carta que no se limite en su discurso a “presentar cifras o a trasladar responsabilidades a otras instituciones”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el llamado Decreto Canarias que incluye medidas fiscales para la reconstrucción de La Palma como la bonificación del 60% del IRPF para residentes entre 2022 y 2026 y una partida de 100 millones de euros para cubrir principalmente la pérdida rentabilidad de agricultores y ganaderos y la construcción de obras.

El decreto, expuesto en rueda de prensa por el ministro de Hacienda, Arcadi España, y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, implica también una moratoria para los agricultores de los tres municipios afectados por la erupción (Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte) que habían solicitado préstamos y no computar las subvenciones del Posei para fijar los rendimientos netos de los autónomos -se aplicarán ingresos de 2019 y no de 2020-.

Igualmente, y junto a otras siete comunidades, se le permitirá a Canarias utilizar 600 millones del superávit de 2025 a inversiones sostenibles en 2026 y 2027, caso de las relacionadas con la vivienda.

El Ejecutivo ha regulado la norma para permitir a las comunidades autónomas con una deuda sobre PIB inferior al 12,4% -a cierre de 2025- destinar esos superávit presupuestarios de ejercicios anteriores, a inversiones que no computarán a efectos del cumplimiento de la regla de gasto -en lugar de destinar esos recursos a reducir deuda, como marca ahora la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria-.

El Gobierno publicará este miércoles “todos” los documentos e informes de los que dispuso entre los días 1 de julio y 1 de agosto en relación a la crisis migratoria que se produjo en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, cuando accedieron a la ciudad autónoma de manera irregular más de 70.000 personas. Así lo aseguró este martes la ministra portavoz, Elma Saiz, que explicó que la documentación se podrá consultar en la web de la Moncloa y que cifró en cerca de una cuarentena el número de informes que se pondrán a disposición de la ciudadanía.

“No tenemos nada que ocultar”, aseguró Saiz al ser preguntada por si se publicarán todos y cada uno de los documentos que obraban en posesión del Gobierno en los días previos a la entrada masiva de Ceuta. La ministra portavoz aseguró que, desde que la semana pasada el presidente Pedro Sánchez anunciara la publicación de estos informes, el Ejecutivo se ha dedicado a “anonimizar” los textos, un trabajo con cierta “enjundia” que explicaría por qué no se han puesto antes a disposición de la ciudadanía.

Saiz prometió también publicar otros documentos que obren en poder del Gobierno en relación a la crisis de Ceuta si “aparecieran” y tuvieran “relevancia”. “En caso de que afectaran a la seguridad nacional, se informará de los mismos ante la comisión de secretos” del Congreso, planteó la portavoz. Por ende, ninguno de los textos que se pondrán este miércoles a disposición de toda la ciudadanía tiene relación con cuestiones de seguridad nacional, lo que complica la posibilidad de que alguno de ellos señale a la eventual responsabilidad de Marruecos en la crisis. El ala socialista del Ejecutivo mantiene que no dispone de información que le permita señalar al reino alauí, una lectura de la que se ha desmarcado Sumar.

Asimismo, Saiz afirmó que el Ejecutivo pretende “combatir a quienes pretenden promover la desinformación y difundir bulos”. El blanco de esas críticas era el PP y, más concretamente, su líder, Alberto Núñez Feijóo, que en los últimos días ha evidenciado su desconfianza ante la publicación de los documentos y que este mismo martes se mostró convencido de que estarán “recortados”. “Haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y en colocarse al lado del Gobierno con responsabilidad y con prudencia”, espetó Saiz, que exigió a Feijóo que deje de “abrazar las teorías cospiranoicas o la desinformación”. “Para devolver la normalidad a Ceuta y para solucionar esta crisis es imprescindible la colaboración entre administraciones”, sostuvo.

Saiz concretó que los informes que se desclasificarán este miércoles —a una hora aún por determinar, aunque fuentes de la Moncloa aseguran que será después de la entrevista a Sánchez en TVE, fijada para las 11.00 horas— proceden mayoritariamente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Estas fuentes explican que entre la documentación que se desclasificará también se incluirán las comunicaciones que mantuvieron diferentes departamentos y agencias en relación a la crisis de Ceuta durante los días en los que tuvo lugar la entrada masiva e irregular.

Este sábado una periodista vivió lo que tantos otros reporteros han sufrido estas últimas semanas: los insultos y amenazas de algunos de los manifestantes. Solo por hacer su trabajo, solo por acercarse a una persona negra, Gabriela Sánchez (enviada especial de elDiario.es a Ceuta) fue increpada y violentada. La paradoja llega cuando descubrimos que el chico con el que se había acercado a hablar ni tan siquiera era migrante. Era un chico inglés. Eso sí, era negro.

¿Qué nos cuenta que en un territorio tan diverso como Ceuta, donde más del 40% de la población es musulmana, reaccione de esta manera? Probablemente, este caso nos sirve para entender el caldo de cultivo que lleva tiempo cociéndose en Ceuta y en otras partes de España. Tratamos de entender lo que está pasando con la propia Gabriela Sánchez.

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Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es.

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 200.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

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Los controles policiales impuestos este verano por el Gobierno de Italia a los pasajeros procedentes de España, es una de las derivadas de la crisis migratoria de Ceuta. Esta decisión, que Giorgia Meloni tomó unilateralmente y que el Gobierno Español replicó en respuesta, supone una restricción en lo que conocemos como Espacio Schengen, una de las claves que definen lo que es la Unión Europea.

Con María Ramírez, corresponsal Internacional de elDiario.es, hoy nos paramos en esa palabra, Schengen, que lleva con nosotros más de 30 años. ¿Qué significa exactamente? Sabemos que tiene que ver con la circulación libre de la gente por Europa, pero… ¿eso no ocurre en toda la Unión Europea, por qué necesitamos ese nombre de… Espacio Schengen? ¿De dónde sale? ¿Qué tiene que ver con Ceuta?

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“Quiero dar las gracias a los ceutíes por lo que han soportado, por la serenidad con la que han respondido y por haber demostrado, una vez más, que Ceuta puede ser un ejemplo de convivencia incluso en los momentos tan complejos como los que estamos viviendo”. Así cerró el jueves el presidente Pedro Sánchez una de las comparecencias parlamentarias más delicadas en uno de los momentos más difíciles de sus ocho años de Gobierno. Fueron más de seis horas en el Congreso para responder a un mes de vértigo, con Ceuta golpeada por una entrada masiva de inmigrantes que dejó al Ejecutivo sin respuesta en pleno inicio de vacaciones. Seis horas de debate parlamentario que evidenciaron la soledad del capitán del barco ante la tormenta perfecta.

Solo 36 horas antes de esa cita clave en el Congreso, una información adelantada por El Español sobresaltó al presidente y a medio gobierno. Un informe policial enviado a la jueza que investigaba lo ocurrido el 30 de julio en Ceuta apuntaba supuestamente a Marruecos como promotor de la entrada masiva de inmigrantes con la perversa intención de colapsar la frontera y los servicios sociales de la ciudad autónoma.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no sabía nada del informe y se movilizó ante un hecho que dejaba en ridículo al Ejecutivo español. Fue la madrugada más tensa tras un mes de sobresaltos casi diarios. “Estaban indignados y preocupados”, cuenta a elDiario.es una fuente próxima al Ejecutivo y conocedora de aquella situación. “Les estaban haciendo dudar y su preocupación no era tanto que aquella información policial complicara las relaciones con Marruecos, sino que habría que declarar poco menos que una guerra. Si hay un informe que tiene una prueba sólida, un mensaje, una llamada telefónica, algo que implique a un ministro del Gobierno marroquí en la organización o planificación de la entrada masiva de inmigrantes, te cambia la política exterior de este país para los próximos diez años”.

Entre la inquietud y la ignorancia, Sánchez, Marlaska y el resto de dirigentes del Ejecutivo que vivieron ese momento intentaron buscar una interpretación tranquilizadora. Alguien comentó que la información de El Español era incompleta. Que todo podía quedar, como al final ocurrió, en un informe policial sin pruebas definitivas y sin conclusiones claras. El documento, que conocieron horas después, no incluía ninguna afirmación sobre la participación directa del Gobierno de Marruecos en los hechos, pero hablaba de la posible connivencia de gendarmes marroquíes.

“Pero que diez agentes estuvieran en ello, como señalaba el informe, incluso demostrándose con pruebas de fuentes abiertas, no evidencia que el Gobierno de Marruecos ordenase, planificase o indujese la entrada masiva”, insisten fuentes del Ejecutivo. “El problema es de una complejidad extraordinaria pese a lo que cuenten supuestos expertos, porque cuando se producen los hechos el rey Mohamed VI está celebrando el Día del Trono a solo unos kilómetros de la frontera mientras decenas de miles de marroquíes cruzan la frontera gritando 'viva España' y repudiando al régimen marroquí. Vaya una manera de celebrar el Día del Trono promoviendo esta huida de sus compatriotas a suelo español”, ironiza un miembro del Ejecutivo de Sánchez.

El ministro del Interior intentó en aquella madrugada tensa del 2 de septiembre conocer todos los detalles del documento policial que podía dejar en papel mojado la intervención que el presidente Sánchez preparaba para su comparecencia en el Congreso. Fernando Grande-Marlaska difundió una carta que había enviado a su director general de la Policía pidiéndole explicaciones. “Pero fue imposible saber nada a esas horas porque ni siquiera el DAO [Director Adjunto Operativo] de la Policía había visto el papel”, explican fuentes próximas al Ministerio del Interior. “No hay providencia o al menos no la hemos visto. Nos dijeron que la jueza había dado una orden verbal por teléfono para prohibir informar a los superiores sobre el informe que había pedido”.

Sánchez acudió más tranquilo al Parlamento. Defendió la gestión de su Gobierno e hizo equilibrios para no responsabilizar a Marruecos de lo que él mismo denominó como una “violación a la integridad territorial de España”. Sus explicaciones no convencieron a nadie. Recibió insultos y descalificaciones desde la derecha y la ultraderecha, críticas sin matices de sus socios parlamentarios y duros reproches desde los partidos a la izquierda del PSOE. Todos le acusaron de “pusilánime” por evitar un mínimo reproche al país de Mohamed VI. “Por responsabilidad”, explican dirigentes próximos a Sánchez consultados por elDiario.es, “un presidente del Gobierno no pueda traspasar ciertas líneas ni lanzar según qué acusaciones contra otro país aunque ello implique quedarse solo frente a todo el arco parlamentario”. Y Sánchez no traspasó esas líneas. “El Gobierno de España no se puede permitir especular y acusar a un Gobierno extranjero sin pruebas”, insisten.

En el Palacio de La Moncloa son conscientes de que manejan una posición perdedora, porque la mayoría ve la mano de Marruecos tras los graves sucesos del pasado 30 de julio cuando más de 70.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta con el beneplácito de la gendarmería marroquí.

“No se trata de taparlo. El Gobierno nunca ha dicho tajantemente que Marruecos sea inocente por lo ocurrido”, explica otro alto cargo del Ejecutivo. “No hay pruebas sólidas y los hechos constatados son de cooperación. El retorno del 90% de los que entraron el 30 de julio y regresaron un día después fue posible gracias a la cooperación de Marruecos tras una llamada del Gobierno”, explica.

Sánchez bajó del atril cabizbajo mientras la bancada del PSOE le aplaudía puesta en pie. Cuando segundos después la presidenta del Congreso dio por concluida la sesión, el presidente se fue directo hacia Ángel Víctor Torres, el ministro elegido para ejercer el mando único encargado de lidiar con la crisis en Ceuta. Abandonaron el hemiciclo juntos, conscientes del amargo trago parlamentario pero decididos a mantener que, sin pruebas, un Gobierno no puede acusar a otro de hechos tan graves como los que propiciaron la entrada de más de 70.000 personas en un solo día a una ciudad de unos 80.000 habitantes.

La “permisividad” que se atribuye a las fuerzas marroquíes y que acreditan las imágenes de la entrada masiva que se pudo ver en las televisiones de todo el mundo no es suficiente para responsabilizar a Marruecos. “Si tuviera pruebas de esa conducta”, explica otro dirigente socialista, “el Gobierno habría tenido que llamar directamente a la OTAN ante el riesgo prácticamente inevitable de un conflicto armado”.

Sin avisos previos, pero “Robles defiende a su gente”

“Lo sabía y lo tapó. Es un traidor”. La cantinela con la que PP y Vox zarandean a Sánchez desde hace semanas resonó en el Congreso. La entrada de decenas de miles de personas en la ciudad autónoma pilló por sorpresa al Gobierno. Los servicios de inteligencia no alertaron de esa posibilidad. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), se puso en contacto en los días previos a la crisis con Diego Rubio, jefe de Gabinete de Sánchez, para alertarle de una creciente presencia de menores extranjeros en la localidad, consciente de que la ley no permite su expulsión, como en el caso de los mayores, y sus servicios estaban colapsados.

“Rubio se lo comunicó a Marlaska, que adoptó las decisiones policiales pertinentes. Pero en ningún caso Vivas, por mucho que cuenten, alertó sobre lo que venía. Ni mucho menos. Su gran preocupación eran los menores, de su falta de capacidad para atenderlos”, señala otra fuente del Ejecutivo.

Para apuntalar la idea de que no existían avisos previos de lo que venía, Sánchez anunció en el Congreso que desclasificará y facilitará todos los informes de esos días. Margarita Robles, ministra de Defensa, no aplaudió el anuncio del presidente. Alguien quiere ver los síntomas de un desencuentro irremediable. “El CNI”, cuentan desde el Ejecutivo, “no alertó sobre esa entrada masiva. Y el presidente es comprensivo con esa situación porque tampoco lo hicieron los servicios de inteligencia europea. Si un servicio extranjero conoce que ese ataque se va a producir, está obligado a informar a España. Nadie nos informó”.

Sánchez siempre apoyó la versión de su ministro del Interior frente al relato de la ministra de Defensa. “Margarita Robles estuvo en todo momento difundiendo una media verdad porque eso le permitía defender a su CNI. Siempre cierra filas con su gente. Pero Sánchez le adelantó que iba a hacer en el Congreso el anuncio de los dosieres para demostrar que nadie les avisó de la entrada masiva de inmigrantes y ella estuvo de acuerdo. Su actitud de no aplaudir cuando se produjo el anuncio no es muy distinta a la que mantiene en otras ocasiones. No le gusta ir al Congreso”, señalan fuentes parlamentarias. De hecho, Robles se ha borrado la próxima semana de las sesiones de control del Congreso y del Senado con dos decenas de preguntas de la oposición sobre la crisis de Ceuta. Algunas debía responderlas la ministra de Defensa y le tocarán a sus compañeros.

El 30 de julio era jueves y Sánchez tenía una cita el viernes en la sede del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desde la que se coordinan los trabajos para la extinción de incendios. El fuego en Madrid estaba casi controlado y se había retirado el nivel 3. Pero esa tarde del 30 de julio se desencadena en Ceuta una crisis de seguridad nacional porque han entrado decenas de miles de personas y Sánchez habla por teléfono con los ministros de Interior y de Defensa. Podría haber convocado un Consejo de Seguridad Nacional, pero en su lugar decide visitar Ceuta a la mañana siguiente.

“Se va a un territorio invadido, según los términos utilizados por Vox, donde no sabíamos exactamente qué pasaba. Algunos le dijeron que tuviera prudencia porque en Ceuta había decenas de miles de inmigrantes que habían cruzado la frontera. Pero el presidente habló el día anterior con Vivas, y el jefe del Ejecutivo ceutí le transmite la gravedad de la situación”.

Pese a la entrada de decenas de miles de inmigrantes, Interior informó al presidente que durante la noche no se produjeron incidentes graves en las calles de la ciudad autónoma. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llamó a su homólogo marroquí para pedirle que abriera la frontera y facilitara el regreso de decenas de miles de personas. “Marruecos se asustó como nosotros y aceptó”, señala una fuente del Ejecutivo. “Ese es el gran éxito y por eso no podemos culpar a Marruecos. ¿Nos pudo engañar? Sí, pero lo que nos transmitieron es que vino una riada de gente y no la pudieron parar, al igual que no la podíamos parar nosotros”.

“No fuimos conscientes de cuánta gente se quedaba”

La decisión de Sánchez de viajar el sábado al mediodía a Lanzarote para pasar las vacaciones en La Mareta —un gesto polémico y cuestionado a derecha a izquierda— fue un error de cálculo, cuentan fuentes del Gobierno. “No fuimos conscientes, porque no se veían, de cuánta gente se quedaba”, explican. Al constatar que había salido la mayor parte de los migrantes, el Gobierno consideró que se enfrentaba a “una crisis migratoria” como las de otras ocasiones, con unas 1.500 personas en la ciudad autónoma. “La sensación es que iban a salir todos. De ahí el comentario que escribe Óscar Puente en X. Pero había mucha gente escondida en el bosque y durante esa noche entre 1.000 y 1.500 niños fueron recogidos en casas de ceutíes. Al día siguiente solo se veía gente en la playa del Trampolín”.

Ese error de cálculo cogió a Sánchez de vacaciones. Su equipo remarca que La Mareta es una residencia oficial que cuenta con todas las medidas de seguridad y tecnológicas necesarias para estar presente en las conferencias telemáticas que hagan falta. Sánchez se mantuvo en contacto estrecho en todo momento con su equipo y tuvo decenas de llamadas diarias con Marlaska, Robles, la ministra de Migraciones, Elma Saiz o el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cuentan desde el entorno del presidente.

Los alojamientos agrietan la relación con Vivas

La comunicación fue fluida con Vivas, aunque los roces con el presidente ceutí se agudizaron cuando el Gobierno, muy tarde, comenzó a buscar alojamientos provisionales ante los miles de migrantes que se habían quedado en Ceuta. Fue un tira y afloja constante que produjo encuentros muy tensos con el Ejecutivo ceutí, que bloqueaba la ubicación de los migrantes en los lugares que le proponía el Gobierno.

Sánchez convocó el 25 de agosto el Consejo de Seguridad Nacional e invitó, algo inaudito hasta esa fecha, al presidente de Ceuta. Vivas se plantó en esa reunión y reprochó a los presentes que en el listado aprobado por el Gobierno sobre los futuros espacios para alojar a los migrantes estaban diversos polideportivos de Ceuta. Sánchez respondió: “No te preocupes. No se habilitará ninguna ubicación sin el acuerdo de la ciudad autónoma”.

El rechazo de Vivas es aceptado por todos. “Pero y si mañana graniza o diluvia en Ceuta, ¿dónde metemos a esas personas?”, se pregunta un alto cargo ministerial. “Habrá que buscar un sitio con techo”.

Ese mismo día, el presidente de Ceuta proclamó poco menos que se encadenaría a un polideportivo —“a mí y a los que vengan conmigo nos tendrán que sacar de los polideportivos”, declaró— antes que dejar que se utilicen para acoger a inmigrantes. “Y eso”, opina un dirigente del Gobierno que conoció aquellos hechos, “es la cerilla en el bidón de gasolina que provoca los altercados más serios que hemos vivido, que provoca que un grupo de vecinos impida que la Cruz Roja, en el reparto de alimentos de las siete de la tarde, entregue comida a los migrantes en uno de los tres puntos habilitados”.

Sánchez, explica, ya se había comprometido en persona con Vivas para que todos los nuevos alojamientos serían acordados previamente con el Ejecutivo autónomo, como finalmente ocurre aunque con nuevos contratiempos.

El Consejo de Administración del Puerto de Ceuta se reunió el viernes para tratar la cesión de terrenos en el muelle de Poniente donde instalar los campamentos de acogida de inmigrantes. Solo votaron a favor los cuatro representantes del Gobierno central en ese organismo. Los 11 vocales elegidos por la ciudad autónoma, entre ellos el presidente del Puerto, los sindicatos, la cámara de comercio y los empresarios, rechazaron ceder esos espacios. Un nuevo obstáculo que complicaba la gestión de la crisis. Finalmente el sábado el Gobierno decidió tomar el control del muelle de forma unilateral, pese al rechazo de Vivas, para poder levantar allí los alojamientos para los migrantes.

“La derecha, y es muy lamentable, no quiere que se normalice la situación en Ceuta y va a poner todo tipo de obstáculos para que podamos solucionar los problemas generados en esta crisis”, vaticina un miembro del Gobierno.

El rey Felipe y la inoportunidad de una visita a Ceuta

La misma tarde del 30 de julio que Sánchez decidió visitar la ciudad autónoma tras hablar con Vivas y con sus ministros sobre la entrada masiva de inmigrantes, su gabinete informó a Casa Real sobre las intenciones del presidente. Fuentes del Ejecutivo sostienen que en esa conversación y tras conocer que Sánchez se iba a desplazar a Ceuta al día siguiente Casa Real sugirió que “cuando sea oportuno” el monarca podría visitar Ceuta. “Ni anuncian que van a visitarla ni piden ir a visitarla. Pero, ¿era oportuno? Obviamente no. Ellos saben que la última vez que ocurrió, en 2007, hubo una crisis diplomática. ¿Es el momento de añadir otra crisis diplomática? La Casa Real sabía que no podían ir”, explican a elDiario.es fuentes del Ejecutivo.

El choque soterrado entre instituciones se agrava con la reunión que el rey mantiene en el Palacio de Marivent (en Palma) con el presidente Vivas. No tanto por la visita sino por la información que trasladaron algunos medios en aquel momento. Fuentes socialistas sospechan que la Casa Real comentó a algunos periodistas que si el rey iba a recibir a Vivas en Marivent y no había acudido a Ceuta pese a las dificultades que atravesaba la ciudad autónoma era porque Sánchez se lo había prohibido. OKDiario tituló así: “El Rey Felipe quiso ir a Ceuta en plena invasión pero Sánchez se lo prohibió”, atribuyendo la información a fuentes de toda solvencia. “Esa información era mentira”, señala un alto cargo de Moncloa.

A la búsqueda de autor

A la espera de que la investigación policial y judicial avance, el Gobierno enmarca lo ocurrido en la influencia de las nuevas tecnologías y los mensajes difundidos a través de las mismas. Moncloa sí cree que hay un responsable, pero aún no sabe quién es y tratará de que los servicios secretos españoles se formen más en el análisis de esas redes sociales.

Sánchez y su equipo confían en que pronto se consiga un alojamiento digno para las personas que aún deambulan por Ceuta, se aceleren las repatriaciones y la crisis amaine.

¿Cómo interpreta Pedro Sánchez lo que sucedió en Ceuta? Lo deducimos de las palabras que utiliza: la metáfora no es un adorno retórico sino una herramienta cognitiva. Conocemos la realidad a través de ella. No hay una Ceuta literal, sino que nos viene dada en función de las metáforas que usemos.

Las metáforas son como riadas (otra metáfora): arrastran piedras y lodo en forma de implicaciones. Si un medio lo califica de “avalancha” alude a una fuerza de la naturaleza; “invasión” o “asalto” nos sitúan en el contexto bélico; “entrada” o “cruce” tratan de equipararlo a un simple proceso. La metáfora trae el significado. Y nos indica cómo repartir responsabilidades. Si ha habido una “invasión” hay un culpable, Marruecos. Esta es la tesis de la derecha. Pero, ¿cuál es la del Gobierno?

Para averiguarlo me senté a identificar las metáforas del presidente sobre Ceuta. En su intervención en el Congreso oí sobre todo la palabra “cruce”, la que sugiere un procedimiento administrativo propio de un lugar fronterizo. Pero no quería limitarme a mi impresión, así que copié íntegra en Claude la transcripción de su discurso. Pronunció “entrada” 17 veces; cruce, 15; llegada, 10. En cambio, “avalancha” aparece una vez, y en boca ajena; “asalto”, ninguna. Domina de forma abrumadora el campo semántico neutro-administrativo.

Lo más espinoso de las metáforas es que ponen a trabajar no solo a nuestro cerebro, sino a todo el cuerpo. Cuando oigo “avalancha” se activa en mí el miedo a ser sepultada. Si oigo “invasión”, me alerta el temor a ser vulnerada en mi integridad. Es un combate que libra nuestro cerebro reptiliano, antes de que seamos conscientes. Esgrimir datos es una batalla perdida. Y el campo semántico de lo neutro-administrativo produce muchos datos y poco significado.

Nadie es inocente. Unas semanas antes Feijóo aseguró que “la ley del menor no se puede aplicar”, porque no está pensada para supuestos de “invasión u ocupación de ciudadanos de otro país”. Como se ve, no es un mero debate semántico.

Cada palabra hace un trabajo: si lo llamas invasión, legítimas la lógica de la defensa armada de una frontera. Si lo llamas “avalancha”, no tiene sentido disparar, es una catástrofe natural sin responsables. Si lo llamas “cruce” o “entrada”, el único responsable de que funcione el procedimiento administrativo en el que ubicas el problema es, lógicamente, la Administración.

La metáfora predetermina la atribución de responsabilidad: el Gobierno puede jurar que Marruecos no es responsable, pero entonces tiene que decirnos quién lo es. Una de las razones por las que no se entendió al presidente es porque el 31 de julio nos dijo que se trató una “violación de la integridad territorial” (campo semántico de la defensa-securitario). En un mes la guerra devino burocracia. No lo entendimos bien.

La inmigración hay que gestionarla también en términos discursivos. La derecha y la ultraderecha lo tienen claro, culpan al migrante de todos los problemas: la vivienda, los bajos salarios, la delincuencia, todo. La izquierda dice que no es culpa de la inmigración, pero no nos explica quién es responsable. Es exactamente el razonamiento que hizo el presidente en el Congreso: Marruecos no es responsable, y nadie lo es. Hay un expediente abierto. Punto.

Decir que la ley del menor no se aplica a los invasores es un mensaje cruel, pero es una toma de posición política clara. Hablar de “flujo” nos sugiere un gobierno que está rellenando papeles. No se trata de eslóganes, sino de la metáfora con la que queremos que la gente entienda lo que está pasando. Si no tienen ninguna, cogerán la de la invasión, porque está disponible y se entiende.

Ceuta es ahora mismo la frontera ardiente donde estallan todas las contradicciones de las políticas migratorias europeas. Para ganar el debate político hay que explicar lo que sucede. El terror de los gobiernos estriba en que explicarlo implicaría reconocer que externalizar los controles fronterizos a terceros les da un enorme poder sobre nuestras políticas.

Quienes dicen “avalancha” y quienes dicen “cruce” no están diciendo lo mismo con distinto tono: están viendo dos realidades. Renunciar a hablar políticamente equivale a presentarse en chanclas a combatir en el campo de batalla preferido por la ultraderecha.