La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido este jueves incoar expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el vídeo que publicó el lunes en sus redes y que fue grabado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. El máximo organismo electoral considera que la grabación, en la que Sánchez reivindicaba el espíritu del Guernica de Pablo Picasso “podría haber vulnerado la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la LOREG y la limitación a la obtención gratuita de medios proporcionados por las Administraciones Públicas fuera del período de campaña electoral prevista en el artículo 53 de la misma Ley”.

Así, la JEC admite una denuncia presentada por el PP y acuerda requerir a Sánchez “para que proceda a retirar el vídeo denunciado de los perfiles en redes sociales en los que haya sido difundido y se abstenga de realizar actuaciones durante el período electoral que pudieran implicar un aprovechamiento de los medios públicos de los que dispone por razón de su cargo”.

Además, le lanza esta advertencia: Recordar a la Presidencia del Gobierno y al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía el deber de neutralidad institucional exigible durante el período electoral y la prohibición de utilizar las instalaciones y recursos públicos para la realización de actuaciones de contenido electoralista“.

En el vídeo, Sánchez invocó al espíritu del “No a la guerra” para presumir haber mantenido los mismos principios en todos los conflictos bélicos acaecidos en los últimos años en el mundo y de hacerlo “sin dobles raseros”. Sánchez aparece en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía frente al célebre al Guernica de Picasso, una obra de arte que a su juicio representa “qué sucede cuando la barbarie se impone a la razón”.

El segundo expediente de la precampaña

Además, Sánchez quiso poner de relieve todas las veces en la que España ha tenido que defender en los últimos tiempos sus principios ante las guerras, “pese a las enormes presiones”. “Durante estos años, España ha defendido que ninguna guerra es inevitable, que ninguna vida vale menos que otra y que mirar hacia otro lado no debería ser nunca una opción”, proclama el jefe del Ejecutivo, quien ha subrayado que esta posición se ha defendido no sólo en Europa sino también en el resto del mundo.“ Y no ha sido fácil', confiesa.

En este contexto, el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno garantiza en el vídeo que España va a seguir defendiendo “una idea muy sencilla, pero muy poderosa: ”la convivencia“ porque, concluye, ”juntos somos más fuertes“ y porque ”hasta en los momentos más oscuros“ siempre se impone ”la luz de nuestros valores“.

El de este jueves es el segundo expediente que acumula Sánchez en la precampaña. El pasado día 15 la Junta Electoral Central le abrió otro al considerar que “determinadas manifestaciones realizadas” en la rueda de prensa del 6 de octubre posterior al Consejo de Ministros, justo un día después de anunciar el adelanto electoral, “podrían haber vulnerado la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la LOREG y el deber de neutralidad política que deben respetar los poderes públicos durante los períodos electorales”.

Ante el accidente ferroviario producido hoy por el choque entre dos trenes en la localidad de Urda, en Toledo, en la línea del AVE Madrid- Sevilla, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha decidido reforzar el juzgado número dos del tribunal de instancia de Orgaz, que ha asumido las diligencias para la investigación del siniestro.

Fuentes de este departamento han informado a este periódico de que para facilitar y agilizar las actuaciones y la investigación de lo sucedido se ha autorizado económicamente el refuerzo de la jueza titular del mencionado juzgado, con otros cuatro jueces: la jueza número uno de ese Tribunal y tres jueces de los tribunales de instancia de Toledo y Alcázar de San Juan. Este último, es coordinador experto en catástrofes.

Además, se ha aprobado una comisión de servicios para el desplazamiento a Urda del fiscal superior, a petición de la Fiscalía General del Estado, y se ha reforzado con cinco letrados de la Administración de Justicia (LAJ) la actuación de las dilegencias, incluida la secretaria coordinadora de Toledo.

A todo ello se suma la activación de cuatro oficinas ante mortem: son espacios habilitados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en colaboración con médicos forenses durante catástrofes o sucesos con víctimas múltiples. En concreto, se han actividado las de Madrid, Toledo, Córdoba y Sevilla (para la obtención de ADN y ofrecer apoyo psicológico a familiares), que contarán con médicos forenses y profesionales de los equipos técnicos.

Más forenses para el Instituto de Medicina Legal de Toledo

Por su parte, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Toledo también activó esta mañana el protocolo de actuación en grandes catástrofes. En este momento, 12 forenses del IMLCF de Toledo, 12 forenses del IMLCF de Ciudad Real y una forense del IMLCF de Cuenca están activados para trabajar en el proceso de autopsias.

Está previsto también el desplazamiento de tres facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid para apoyar en la recogida de muestras de ADN y en el envío para su análisis.

Las mismas fuentes indican que la oficina general del Registro Civil de Toledo asumirá la tramitación de los asuntos ordinarios de la oficina de Orgaz para que esta pueda dedicarse a las actuaciones derivadas del accidente.

El Ministerio, a través del secretario de Estado de Justicia, ha estado “desde el momento del accidente” en contacto permanente con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, el Consejo General del Poder Judicial y el magistrado coordinador desplazado, y continúa a disposición “para autorizar más refuerzos si fuera necesario”.

Piden a los familiares de desaparecidos que vayan a las comandancias de la Guardia Civil

En otro orden de cosas, el portavoz de la Guardia Civil en la zona cero del siniestro ferroviario que se ha saldado con 68 fallecidos en la localidad toledana de Urda, Ramón Cuevas, ha enfatizado la importancia ahora de que los familiares de primer grado “vayan a los centros de denuncia instalados” en las cuatro comandancias de Guardia Civil para denunciar las desapariciones “lo más pronto posible”.

Ha recalcado la ideoneidad de que sea “un familiar de primer grado”, ya que al poner la denuncia “se tomará una muestra de ADN” que será lo más compatible posible al del familuar buscado.

Tras recordar que los centros de la calle Batalla del Salado de Madrid, el de la comandancia de Toledo, el de Sevilla y el de Córdoba son los que se han puesto a disposición de los familiares, ha insistido en la importancia de esas muestras de ADN para poder “cotejar” la información. Del mismo modo, ha pedido a los seres queridos de las posibles víctimas que “no acudan al lugar de los hechos” y que dejen trabajar a los servicios de emergencia.

La mano derecha de la reconstrucción para pilotar una nueva reconstrucción. El número dos del Comisionado de la dana, Roger Llanes, será desde este martes el nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana tras el cese de Pilar Bernabé, que deja la representación del Ejecutivo para encabezar la lista del PSOE por Valencia para las elecciones del 29N.

Llanes pilotará la representación del Ejecutivo en Valencia, que deberá centrarse en la reconstrucción de las comarcas afectadas por la dana Adam (La Safor y La Marina Alta), un trabajo que conoce bien. En 2025 fue designado como subdirector general de la Oficina de Relaciones Institucionales del Comisionado especial para la reconstrucción de la dana de octubre de 2024, aunque tras la última reestructuración pasó a dirigir la Oficina, con Zulima Pérez a la cabeza. Junto a Pérez, coordinó el grupo de expertos para la reconstrucción, la primera piedra de este comisionado. Ha sido el encargado de trabajar mano a mano con alcaldes y asociaciones de víctimas y damnificados.

El representante socialista forma parte del núcleo de miembros del Gobierno de Ximo Puig que ha ido incorporándose al Gobierno central. Llanes llegó al departamento entonces dirigido por José María Ángel y después junto a la comisionada, Zulima Pérez, o el ministro de Hacienda, Arcadi España, antes en el departamento de Política Territorial con Ángel Víctor Torres. La hornada de cargos de confianza del expresidente Puig se consolida en el Ejecutivo central.

Ingeniero agrónomo por la Universitat Politécnica de València, Llanes acumula más de 30 años de experiencia en la Administración Pública como funcionario o representante institucional. Es un gran conocedor del campo valenciano y de su modelo territorial, ya que fue responsable de agricultura en la Generalitat Valenciana y encargado de estas políticas en el PSPV. Pasó por todos los niveles de la Administración autonómica antes de ser el número dos de la conselleria de Agricultura: técnico, director general y secretario autonómico.

En concreto, el nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana formó parte del Gobierno del Botánico, encabezado por Ximo Puig, desde la firma del pacto con Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida en 2015. Fue nombrado director general de Agricultura y en 2020 elevado a secretario autonómico del mismo ramo, tras la salida de Francisco Rodríguez Mulero por desavenencias con la entonces consellera de Compromís, Mireia Mollà. En medio de estas disputas, intentó encauzar acuerdos con la vertiente más ecologista de la consellería.

Dos consejeros del Gobierno de Canarias presentaron fuera de plazo su declaración de bienes y otros dos no consignaban ninguna actuación en sus agendas públicas, según uno de los dos informes sobre prevención de la corrupción que ha presentado este lunes en comisión parlamentaria el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco.

El informe sobre el estatuto de los altos cargos, que examina documentación de 2024 y 2025, recoge que los consejeros de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, y de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, superaron el plazo de tres meses para presentar sus declaraciones de bienes y las entregaron tras varios requerimientos.

En cuanto a los consejeros que en las fechas en que se elaboraron estos informes no publicaban sus agendas son los titulares de Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, y de Sanidad, Esther Monzón.

La falta de transparencia en las agendas no afectaba solo a los dos consejeros, sino que se extiende a 94 de los 158 altos cargos autonómicos, entre ellos varios titulares de viceconsejerías y de direcciones generales.

“La agenda es un instrumento básico para el control del conflicto de intereses”, alertó Pedro Pacheco durante la presentación en la comisión parlamentaria de los dos informes de recomendaciones preventivas, uno sobre la integridad institucional de la administración autonómica y otro sobre el estatuto de altos cargos.

La Audiencia cuestiona además que en las agendas de los altos cargos no hay un criterio uniforme y algunas entradas se limitan a desplazamientos o tareas propias del puesto, pero no permiten conocer con quién se reúnen los responsables públicos ni qué asuntos tratan.

Sobre las declaraciones de bienes, Pacheco precisó que los altos cargos en general cumplen con la obligación de presentarlas y los incumplimientos fueron finalmente corregidos a lo largo del informe.

Según señala la Audiencia de Cuentas en el informe sobre el estatuto de los altos cargos, la normativa canaria de 1997 ha quedado obsoleta y entre otras medidas se reclama concretar las restricciones y las autorizaciones para trabajar en actividades privadas después del cese en el puesto, así como una verificación de su cumplimiento.

Otra de las recomendaciones es establecer al menos dos acciones anuales obligatorias de formación ética, ya que según la información facilitada a la Audiencia, solo 18 altos cargos habían recibido formación con estos contenidos en 2024, sin que se acreditara su asistencia.

No hay códigos éticos, de conducta o de buen gobierno

En cuanto al cumplimiento de la paridad de sexos, el informe señala que en el conjunto de los 158 altos cargos analizados, había 95 hombres y 63 mujeres, aproximadamente un 60% y un 40%.

Sin embargo, existía una mayoría masculina muy marcada en las viceconsejerías, además de desequilibrios por departamentos, de manera que en Agricultura había ocho hombres y dos mujeres y en Bienestar Social, cuatro hombres y diez mujeres.

En cuanto al informe sobre la integridad institucional de la administración autonómica, la Audiencia de Cuentas de Cuentas advierte de que “queda mucho por hacer”, ya que no existe una estrategia global, coordinada y dotada de personal para una prevención efectiva del fraude y la corrupción.

Las actuaciones preventivas se concentran en las exigencias para el manejo de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero no hay códigos éticos, de conducta o de buen gobierno de alcance general más allá de esa financiación comunitaria.

La Audiencia reprocha, además, el retraso en más de quince meses para establecer un canal protegido para los informantes de posibles irregularidades o que solo tres de las dieciocho sociedades públicas revisadas tuvieran un canal interno de denuncias adaptado a las exigencias legales.

Pacheco señaló, además, que sigue pendiente la creación de un canal externo de información ante una autoridad independiente, al que puedan acudir los informantes. 

La Junta Electoral Central ha abierto expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que “determinadas manifestaciones realizadas” en la rueda de prensa del 6 de octubre posterior al Consejo de Ministros, justo un día después de anunciar el adelanto electoral, “podrían haber vulnerado la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la LOREG y el deber de neutralidad política que deben respetar los poderes públicos durante los períodos electorales”.

A juicio de la Junta Electoral, que atiende así parcialmente sendas denuncias presentadas por PP y SALF, en esa rueda de prensa en la Moncloa Sánchez “no se limitó a informar sobre el contenido de los reales decretos leyes aprobados, sino que introdujo manifestaciones valorativas relativas a la actuación de su Gobierno, a los partidos de la oposición y a la necesidad de obtener una nueva mayoría parlamentaria”. En concreto, el máximo organismo electoral se refiere a frases en las que el jefe del Ejecutivo presumió de su gestión. “Con esa forma de hacer política, y ahí están los resultados económicos, en términos de empleo y también de desigualdad, hemos sacado adelante nada más y nada menos que 33 leyes, 43 reales decretos ley y dos reformas constitucionales en esta legislatura”, dijo Sánchez.

“Y es que en 2018 la hucha de las pensiones estaba en 5.000 millones de euros y hoy la hucha de las pensiones está en 20.000 millones”, fue otra de las frases que rechaza la Junta Electoral. “Yo creo que este gobierno ha hecho mucho durante estos últimos ocho años por la vivienda”, dijo también el presidente, que añadió: “Hemos multiplicado por ocho los presupuestos. Hemos también dado a las comunidades autónomas 7.000 millones de euros para que construyan más vivienda protegida”.

Asimismo, la Junta Electoral considera que Sánchez “realizó apreciaciones críticas sobre los partidos de la oposición”. El presidente del Gobierno denunció, por ejemplo, que en el último Pleno del Congreso “no solamente decayeron los reales decretos ley, sino que también cayeron las caretas de los grupos parlamentarios”. “Y ahí está el PP, ahí está por supuesto Vox, lo que pasa es que a Vox no le meto en la ecuación porque no entiendo que hagan política, es otra cosa”, añadió.

Finalmente, la Junta Electoral considera que Sánchez “vinculó las medidas anunciadas con la necesidad de obtener una nueva mayoría parlamentaria”. “Necesitamos una mayoría más rotunda, más contundente, si queremos llegar más lejos y queremos llegar antes en la respuesta a la crisis de la vivienda”, dijo Sánchez.

Para el organismo electoral “estas manifestaciones, consideradas en su conjunto, exceden de la exposición objetiva de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros, al incorporar referencias a los logros de la acción gubernamental, valoraciones críticas sobre otras formaciones políticas y alusiones a la necesidad de obtener una mayoría parlamentaria más amplia en las elecciones convocadas”. “El presidente del Gobierno puede defender su posición política y criticar las de otras formaciones, pero durante el periodo electoral no puede hacerlo prevaliéndose de los medios públicos de los que dispone en razón de su cargo”, zanja.

El Gobierno asume ya que es imposible cumplir en tiempo y forma el mandato del Tribunal Supremo sobre la ley de nietos. La decisión de los jueces supone revisar los expedientes de más de 160.000 descendientes de represaliados que accedieron a la nacionalidad a través de esa norma y a los que el Alto Tribunal pide sacar del censo para las próximas elecciones, cuenten o no con documentos que acrediten el exilio de sus antepasados.  

Fuentes del Ministerio de Justicia cifran en alrededor de 76.000 los expedientes que tienen formato electrónico y que figuran en el registro civil informatizado, lo que facilita su revisión para determinar si aportaron documentos del exilio de sus antepasados y, por tanto, sí tendrían derecho al voto. Se trata de quienes accedieron a la nacionalidad a partir de mediados de 2024. 

Sin embargo, hay otros 80.000 expedientes físicos que se encuentran en los archivos de los diferentes consulados y que, además, pueden estar mezclados con otros tipos de expedientes de Registro Civil. En este caso, la criba debe hacerse a mano, lo que hace prácticamente “imposible” que se pueda realizar en un espacio de tiempo tan breve, afirman estas mismas fuentes. 

En apenas dos semanas, entre el 24 y el 30 de octubre, la Oficina del Censo Electoral tiene que remitir a los electores la documentación para poder votar. Para no quedarse fuera de esos envíos, los consulados tendrían que localizar y certificar en apenas diez días esos miles de expedientes.

Este martes, un portavoz del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó al elDiario.es que, hasta el momento, ningún consulado ha remitido a la Oficina del Censo Electoral (OCE) —el órgano encargado de la formación del censo— las certificaciones necesarias para poder discriminar a los electores y levantarles la suspensión cautelar. 

En sus autos, el Alto Tribunal distingue entre dos formas de acceso a la nacionalidad. Por un lado, quienes aportaron documentos del exilio de sus antepasados. Y, por otro, quienes se acogieron a la instrucción que daba por exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955 y sobre la que el Supremo ha lanzado sospechas de que puede ser irregular.

De acuerdo a esos autos, el primer grupo sí puede votar. Pero la decisión que han tomado los jueces es suspender preventivamente el sufragio de todos. Y dejar en manos de los consulados la tarea de cribar unos expedientes que, en más de la mitad de los casos, no están digitalizados. 

El Consejo de Ministros ha aprobado en su sesión de este martes el Real Decreto por el que se contempla la concesión directa de subvenciones para financiar el transporte público colectivo metropolitano en distintas regiones, entre ellas Canarias, para el año 2026.

De esta manera, el Estado transferirá al Gobierno de Canarias 47,5 millones de euros de subvención para financiar la gratuidad del transporte colectivo en el archipiélago durante el ejercicio 2026, cuantía que es la misma que ya se aprobara en su momento para el año anterior, según ha precisado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Además de para el transporte colectivo en Canarias, el Real Decreto también concede fondos para financiar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia.

“El transporte regular de viajeros de estas áreas metropolitanas o insulares se caracteriza por un importante volumen de población afectada, gran intensidad de desplazamientos, la participación de varias administraciones en su gestión y la afectación de su funcionamiento sobre la actividad económica general y de diversos sectores”, ha destacado el Ministerio.

Este departamento recuerda que el transporte público tiene carácter de servicio público esencial por su incidencia “notable” en cómo se desarrolla la vida en estos territorios, pero también en las actividades económicas, profesionales o sociales.

“Atender las necesidades de movilidad de un volumen significativo de población justifica esta financiación, que contribuye al funcionamiento ordinario de este servicio público esencial”, ha concluido el Ministerio.

Desde que este Real Decreto entre en vigor, los beneficiarios tendrán un plazo de diez días hábiles para presentar sus solicitudes y el resto de la documentación requerida, y la resolución de concesión de estas ayudas tendrá un plazo máximo de 45 días.

Quizá hay cosas que funcionan demasiado bien. Pienso, concretamente, en el capitalismo y en la democracia liberal. Hablamos de un sistema económico y un sistema político íntimamente relacionados, aunque el primero pueda existir sin el segundo, y el segundo dependa del primero para existir. Abundan las quejas sobre ambos. Y, sin embargo, creo que ambos, para la desgracia colectiva, cumplen sus objetivos fundamentales mejor que nunca. Simplemente, maximizan sus recursos.

El verbo “maximizar” parece indispensable para definir lo que viene ocurriendo en lo que llevamos de siglo XXI.

Veamos. El capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada y en el libre mercado. Su objetivo es el beneficio, es decir, la extracción del máximo rendimiento en cada inversión de capital. Su dinámica consiste en la asignación de recursos a través del mercado (oferta y demanda) y tiende de forma natural, pese a lo que digan quienes hoy se definen como libertarios, al oligopolio y al monopolio.

El actual capitalismo está cerca de alcanzar la plenitud. Los beneficios de las grandes empresas nunca habían sido tan altos ni su capitalización tan desmesurada. Nvidia, que diseña y comercializa chips y sistemas informáticos (y depende de Taiwan Semiconductor Manufacturing para la fabricación de sus productos) vale en Bolsa casi seis billones de dólares: más de lo que producen en un año el Reino Unido o España.

En cuanto a la tendencia al oligopolio, es más realidad que tendencia: un puñado de tecnoligarcas, desde Elon Musk hasta Jeff Bezos, poseen las plataformas tecnológicas de las que depende la economía mundial.

Como resulta evidente, el capitalismo es ajeno a las cuestiones sociales. Contra lo que suele suponerse, la pauperización de grandes sectores de la población mundial no le afecta: da igual que pocos puedan adquirir una vivienda urbana, mientras casi todos sigan adquiriendo, por ejemplo, teléfonos móviles y aplicaciones, y las viviendas (pocas) sigan vendiéndose a unos pocos: en el capitalismo financiero, casi liberado de cargas fiscales, lo que sobra es el dinero.

Corresponde a la política “domar” en lo posible al capitalismo con limitaciones legales y fiscales. No puede decirse que cumpla la tarea con éxito. Más bien al contrario. Pero es que, como decíamos, la democracia liberal depende del capitalismo.

Lo que ha hecho la política, y más en concreto las democracias liberales (los sistemas políticos considerados como más justos y eficientes), ha sido adaptarse al capitalismo rampante y copiar sus métodos. Es decir, “maximizarse”.

Podríamos afirmar que las democracias liberales, empezando por la estadounidense y pasando por casi todas las demás, España incluida, se han zambullido en el populismo. Podríamos afirmarlo si el término “populismo”, como el término “terrorismo” y otros, no hubiera fallecido hace tiempo por sobredosis de polisemia.

La democracia liberal tiene como objetivo garantizar la representación y los derechos de los ciudadanos. Ya conocen las condiciones: elecciones por sufragio universal, igualdad ante la ley, propiedad privada, libertad de expresión, protección de las minorías y separación de poderes.

A veces olvidamos que la democracia liberal es, como cualquier otro sistema, un mecanismo para la obtención y el mantenimiento del poder. Eso resulta esencial. En nombre de quien le otorga legítimamente el poder (una mayoría entre los ciudadanos que se molestan en votar y en delegar la soberanía popular a un grupo de representantes), el dirigente de una democracia liberal contemporánea busca maximizar su poder mediante todos los recursos a su alcance. Igual que una empresa busca maximizar sus beneficios.

La separación de poderes es la primera víctima. Fijémonos en el caso español. El Parlamento, que representa la voluntad popular, busca extender su representatividad a la judicatura (recuérdese quién elige a los miembros del Consejo General del Poder Judicial). Lógico, ¿no? Como consecuencia, la alta judicatura adopta (cada vez con menos escrúpulos) las coloraciones y los intereses de los partidos políticos parlamentarios.

A su vez, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, que emana del Parlamento, se siente legitimado para imponerse a ese mismo Parlamento. ¿No es el Gobierno el delegado final de la voluntad popular? ¿Acaso no ha recibido el mandato electoral de utilizar al máximo su poder, dentro de los límites legales?

Una vez emprendida esa senda, que en la práctica impugna a Montesquieu y su idea de la separación de poderes, resulta relativamente fácil demoler otra de las condiciones de la democracia liberal: la protección de las minorías. En Estados Unidos ya lo está sufriendo una minoría, la procedente de la inmigración. En España puede ocurrir lo mismo en poco tiempo.

Sobre la igualdad ante la ley basta con señalar la evidencia de que se mantiene en el ámbito de las aspiraciones.

En último extremo, la democracia liberal evoluciona hoy, en nombre de la eficiencia y la “maximización”, a un sistema de representación de la mayoría que garantiza la alternancia (dentro de un orden), la propiedad privada, el libre mercado, los derechos humanos básicos (no todos y no siempre) y la libertad de expresión (que pierde relevancia cuando los medios para difundir esa expresión se concentran en pocas manos).

Todo lo que estorbaba a la economía y a la política (la visión a largo plazo, el consenso, el respeto, las formas, los conceptos mismos de “verdad”, “libertad” o “justicia”) desaparecen. La eficacia del poder se impone sobre lo demás. 

En una época cada vez más lejana, y durante un breve período de tiempo, las personas más buscadas del planeta no eran los CEO que hoy controlan la inteligencia artificial, sino los de algunas farmacéuticas. En plena pandemia del covid-19, dependía de estas compañías que hubiera o no vacunas que devolvieran el mundo a la normalidad. En octubre de 2020, estos fármacos entraban en una fase decisiva: la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) empezaba a evaluar las de AstraZeneca/Oxford y Pfizer/BioNTech, mientras Moderna completaba el reclutamiento de pacientes para su ensayo clínico en fase III. Seis años después, ¿qué ha sido de estas tres empresas? ¿Qué nos dicen sobre la evolución del sector farmacéutico desde entonces?

Para la investigadora en políticas farmacéuticas del Instituto de Medicina Tropical de Amberes (Bélgica), Belén Tarrafeta, lo que más ha cambiado desde 2020 es la percepción que se tiene de los medicamentos. Tras la pandemia “el medicamento ha dejado de verse únicamente como un producto sanitario y comercial y ha pasado a considerarse también un bien estratégico, relacionado con la seguridad, la soberanía nacional o regional y la autonomía”, afirma Tarrafeta. “Esta nueva mirada está cambiando la geopolítica en torno al medicamento”.

Cuatro farmacéuticas —Pfizer, BioNTech, Moderna y Sinovac— llegaron a ganar 90.000 millones en 2021 y 2022, según un informe del Centro para la Investigación de las Corporaciones Multinacionales SOMO publicado en febrero de 2023. No fue el caso de AstraZeneca, que anunció que vendería su vacuna sin ánimo de lucro: el análisis confirmó que “como mucho” obtuvieron “beneficios reducidos”.

Las empresas inflaron los precios —que fueron aumentando entre 2020 y 2022— y se beneficiaron de los llamados “acuerdos de compra anticipada”, a pesar de haber recibido miles de millones de dólares en financiación pública

El informe también concluía que las empresas inflaron los precios —que fueron aumentando entre 2020 y 2022— y se beneficiaron de los llamados “acuerdos de compra anticipada”, a pesar de haber recibido miles de millones de dólares en financiación pública. Como resultado, el acceso a las vacunas no fue equitativo entre países.

Sin embargo, para Tarrafeta fue otra farmacéutica, Sanofi, la que inició los recelos que llevaron a la búsqueda de una mayor seguridad y soberanía. “Cuando [esta empresa] era todavía una de las favoritas en la carrera por desarrollar una vacuna, su CEO en Estados Unidos anunció que las primeras dosis serían para ese país. El hecho de que una multinacional francesa pudiera dejar atrás a Europa fue lo que despertó a [el presidente de Francia] Emmanuel Macron y catalizó la puesta en marcha del mecanismo europeo de compras conjuntas, con sus múltiples tropiezos”.

“A pesar de los vaivenes de aquellos meses, en Europa terminó consolidándose sobre todo el relato del éxito científico y político”, dice Tarrafeta, una visión de la historia que considera “muy parcial” debido a que la cronología de los acontecimientos a escala mundial “fue bastante menos gloriosa”. Por otro lado, asegura que el Sur Global no hizo la misma lectura, al ver que “unos pocos países acumulaban contratos suficientes para vacunar varias veces a toda su población, mientras otros no tenían acceso, numerosos países de renta media accedían a precios más elevados que el Norte Global o bajo condiciones completamente abusivas”.

Desde África a Europa, los países tomaron buena nota de todo esto. “De esa experiencia salen varios de los grandes cambios que estamos viendo ahora”, asegura Tarrafeta.

Estas transformaciones pueden resumirse en tres: en África, la búsqueda de una mayor soberanía productiva; en Europa, la búsqueda de una mayor seguridad del suministro y una menor dependencia del exterior; y en América, la estrategia de Trump para que Estados Unidos no pague por los medicamentos precios superiores a los de otros países. Hoy podemos analizarlas a través de algunas de las farmacéuticas que más dieron que hablar durante la pandemia: Moderna, AstraZeneca y Pfizer.

Moderna: continúan las vacunas de ARNm, pero no en África

“En África, la fabricación local de vacunas y medicamentos ha pasado de ser una aspiración bastante marginal a convertirse en una prioridad política continental”, explica Tarrafeta. “Ya no se habla solamente de construir fábricas, sino también de regulación, transferencia tecnológica, personal cualificado, financiación, compras y creación de una demanda suficiente para que esa producción sea viable”.

Los ambiciosos esfuerzos se han topado con dificultades importantes. En 2022, Moderna anunció sus planes para construir una fábrica de vacunas de ARNm en Kenia, con una inversión de 500 millones de dólares que permitiría suministrar hasta 500 millones de dosis anuales al continente. Dos años después, en 2024, la farmacéutica informaba de que había “pausado” el proyecto ante la caída en la demanda de las vacunas contra la covid-19.

La tecnología de ARNm tiene un potencial milmillonario y Moderna sigue apostando por ella, solo que de momento lejos de África y con enfermedades que ya no sean la covid-19. A finales de agosto de 2026 la empresa, junto con Merck, comunicó mediante una nota de prensa el éxito preliminar del ensayo en fase III de su vacuna personalizada contra el melanoma.

Sus acciones se dispararon un 177% tras el anuncio y hoy su capitalización bursátil roza los 80.000 millones de dólares, menos de la mitad de los más de 180.000 que llegó a valer en el momento álgido de la pandemia. “Es algo importante para Moderna, que ha estado buscando un plan de negocio sostenible después de que la vacunación contra la covid-19 no se convirtiera en un requisito anual para la mayoría de la población”, resumía a la perfección el Financial Times, que consideraba que el frenesí inversor tiene más que ver con el potencial del mercado de las vacunas contra el cáncer que con unos resultados preliminares y con letra pequeña.

AstraZeneca: el plan de Trump para que Europa pague más

La estrategia de Trump de aplicar precios de “nación más favorecida” pretende que Estados Unidos no pague más por los fármacos de lo que lo hacen otros países comparables. “Esto puede tener un impacto sobre el precio de los medicamentos innovadores en todo el mundo”, advierte Tarrafeta. En su opinión, “esta política refleja que el poder de las compañías farmacéuticas para fijar y negociar los precios, que hasta ahora apenas se cuestionaba en determinados ámbitos, empieza a resultar incómodo incluso para los países que tradicionalmente lo aceptaban”.

AstraZeneca ha hecho gala de ese poder durante las negociaciones con Trump. Fue una de las farmacéuticas que presionaron a Reino Unido posponiendo o cancelando inversiones para que el Gobierno aumentara el gasto en los medicamentos. En su caso, anunció que pausaría una inversión de 200 millones de libras para expandir sus operaciones en Cambridge. Una vez se alcanzó un acuerdo para elevar el presupuesto, la compañía anunció que retomaría sus inversiones por valor de 300 millones de libras.

El pacto, anunciado el 1 de diciembre de 2025, implicaba que Reino Unido rebajaría el umbral de costoefectividad con el que evalúa qué medicamentos vale la pena pagar. En otras palabras, el país gastaría más al financiar fármacos que antes hubiera descartado. El primer ejemplo fue el de un fármaco de AstraZeneca contra una forma rara de cáncer de mama, Enhertu, cuya aprobación fue anunciada el mes pasado después de que el organismo responsable de la decisión (NICE, por sus siglas en inglés) lo rechazara en 2024.

AstraZeneca fue el ‘patito feo’ de la pandemia: la EMA terminó retirando su autorización de comercialización en 2024 a petición de la propia empresa, que ya no la fabricaba

Algunos investigadores se han preguntado de dónde saldrá el dinero extra que conlleva el acuerdo. “Asignar 9.000 millones de libras adicionales a nuevos medicamentos significa que habrá 9.000 millones de libras menos disponibles para otros servicios sanitarios del NHS”, aseguraba el profesor titular de Economía de la Universidad de York, James Lomas. Y advertía: “Desviar recursos a esta escala provocaría pérdidas sustanciales en la salud de la población”.

Todo este poder de presión fue posible pese a que la vacuna de AstraZeneca fue el ‘patito feo’ de la pandemia: la EMA terminó retirando su autorización de comercialización en 2024 a petición de la propia empresa, que ya no la fabricaba. Sin embargo, y a diferencia de Moderna y Pfizer, la farmacéutica no notó el fin de la emergencia sanitaria. En 2026 sus acciones alcanzaron máximos históricos por su presencia en mercados como los muy lucrativos fármacos contra enfermedades raras. Estos últimos suponen una parte importante de su cartera: en 2025 representaron el 16% de sus 58.000 millones de dólares de ingresos, que esperan aumentar a 80.000 para 2030.

Pfizer: el intento de los fármacos antiobesidad

El comportamiento de Pfizer fue de los más criticados durante la pandemia. Por ejemplo, Tarrafeta recuerda que “llegaron a exigir a los gobiernos que renunciaran parcialmente a su inmunidad soberana y ofrecieran determinados activos públicos como garantía para cubrir posibles indemnizaciones relacionadas con las vacunas”.

La empresa también tuvo que comparecer en el Parlamento Europeo en 2022 para dar explicaciones sobre las irregularidades en los acuerdos de las compras de vacunas y el llamado escándalo de los SMS, por el que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había estado negociando una segunda tanda de vacunas con el CEO de la empresa por este canal y a un precio superior que el de la primera.

La vacuna de Pfizer había sido la más vendida, con 35.000 millones de dólares de beneficios netos en 2021 y 2022 según el análisis de SOMO. En 2023 la situación ya había cambiado. Hoy Pfizer es cuestionada por los inversores debido a las caídas en las ventas de las vacunas de la covid-19 y a la falta de nuevos productos. Esto, pese a que ha intentado introducirse en el sector de los fármacos contra la obesidad mediante la compra de la startup Metsera por 10 000 millones de dólares a finales de 2025.

“Hay que felicitarles por la vacuna contra la covid-19, pero, más allá de eso, no hay mucho más que permita destacar realmente una línea de I+D exitosa”, comentaba al Financial Times un gestor de fondos de valor.

Sin embargo, la Unión Europea no olvidó la dependencia creada con Pfizer durante la pandemia y ha tomado cartas en el asunto. “[En Europa] se empieza a asumir que comprar siempre al precio más bajo puede generar cadenas de suministro extremadamente frágiles”, comenta Tarrafeta al respecto de las reformas en la legislación farmacéutica europea. “La compra pública ya no debería valorar únicamente el precio, sino también la diversificación de proveedores, la seguridad del suministro y la localización de determinadas capacidades productivas”.

Isabel Díaz Ayuso está preparada para dar la “batalla”. En esos términos bélicos habla ella misma sobre la próxima cita electoral, las generales del 29 de noviembre, la gran lucha contra su verdadero enemigo: Pedro Sánchez. Para ello intentará replicar durante las próximas semanas de campaña una receta que no es nueva, poniendo en duda la legitimidad del presidente del Gobierno, sacando a pasear el bulo del fraude electoral y recuperando su ya conocido “comunismo o libertad”. Se trata de una estrategia que en anteriores ocasiones le aseguró el éxito en las urnas.

Fue este lunes cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid dio el pistoletazo de salida oficial a la precampaña. Lo hizo acompañada de diferentes personalidades y también de algunos de sus compañeros de partido, que aplaudían y jaleaban las declaraciones de su líder sobre la fecha de las votaciones. Ahí adelantó que lo que se iba a librar el próximo mes de noviembre era una “vieja batalla” en uno de los “momentos más delicados de la democracia”. Ya durante esa misma intervención, apenas unos minutos después del anuncio, Ayuso comenzó a desempolvar el fantasma del fraude. “Le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”, dijo.

La polémica ya estaba servida. Otra vez. Y el foco, desviado. Un foco que durante los meses de verano había estado puesto en el escándalo por la compra del ático de Chamberí de su Gobierno y el intento posterior de venta, y, más tarde, por la crisis de vivienda y el desahucio de Maricarmen, la anciana a quien echaron de su casa a la fuerza con 87 años y que ha acabado falleciendo esta misma semana. Pero ahora ya las preguntas para la presidenta no eran sobre nada de eso, sino que giraban en torno a unas nuevas encendidas declaraciones poniendo en duda la fiabilidad del sistema electoral. Una estrategia que ya había utilizado previamente.

La politóloga Anna López lo analiza: “Intenta volver a colocar la campaña en un terreno emocional donde Sánchez ya no es un simple adversario político, sino alguien contra quien movilizarse y defenderse”, asegura, en declaraciones a elDiario.es. Ahí, durante ese desayuno informativo de principios de semana, Ayuso volvió a repetir eso de que el presidente del Gobierno estaba “obsesionado con ella” porque durante el anuncio de las elecciones, Sánchez hizo referencia a que gobiernos del PP habían “comprado áticos y privatizado hospitales”. Pero parece que esto va en ambas direcciones, porque la propia Ayuso plagó su intervención de referencias al socialista, equiparándolo a Nicolás Maduro y dudando de su legitimidad.

“Cuestionar el sistema electoral puede servir para movilizar a un electorado muy politizado, pero también desplaza la conversación de los problemas materiales de los ciudadanos”, reflexiona la experta. Es decir, que puede que no sea tan buena idea dejar que en este caso la baronesa vuelva a imponerse.

Ayuso empieza la carrera para las elecciones generales como terminó la de 2023. Entonces cerró la campaña entre acusaciones a Pedro Sánchez de intentar un “pucherazo”. “Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo”, dijo, con el visto bueno de Alberto Núñez Feijóo que se situó “como un afilado más” en la Comunidad de Madrid. Ese año también el PP nacional sacó a pasear las acusaciones de un supuesto fraude electoral. Ahora, después de estas nuevas acusaciones, Borja Sémper salió a defender el sistema de voto por correo como un “sistema garantista”.

Parecía que la fórmula cambiaba esta vez, hasta que el líder de los populares extendió las dudas sembradas por la líder madrileña: “He sido presidente de Correos, confío en los carteros, no en los directivos”, dijo. “El PP tiene que construir un mensaje nacional coherente, por eso es significativo que Feijóo haya terminado entrando en el marco de dudas sobre Correos. Esto genera una tensión dentro del propio partido” porque Ayuso, una vez más, intenta imponer su marco y erigirse como la eterna opositora real al presidente del Gobierno desde la Comunidad de Madrid.

Dos años antes, en 2021, planteó como su eje de campaña una de sus dicotomías más famosas: o comunismo o libertad. O Venezuela o España. Unas proclamas que para Anna López no están desgastadas: “Siguen teniendo una función comunicativa muy clara, simplificar la elección y convertirla en un plebiscito contra Sánchez. El problema es que cuanto más se repite el esquema, más difícil es que genere novedad y Ayuso lleva construyendo su identidad política alrededor de esa dicotomía”. La politóloga explica que se trata de presentar una elección como dos opciones incompatibles, pero el problema es que ahora entran otros factores en juego, como la vivienda, la inmigración o los servicios públicos.

La oposición permanente a Sánchez

Otra de las viejas estrategias que recupera, si es que alguna vez dejó de utilizarla, es la de chocar contra el Gobierno central y Sánchez continuamente. En la última entrevista de la política madrileña en el programa Horizonte de Cuatro llegó a decir que se había “colado un dictador en el sistema”. Esa confrontación lleva años asegurándole éxitos, ya que se entiende que es la única que se 'atreve' a plantar cara al presidente. Pero ahora las tornas pueden haber cambiado también con esto.

“Hay una paradoja”, explica Anna López, “Ayuso necesita las elecciones generarles para volver a ocupar el centro de la conversación nacional, pero llega después de un verano políticamente complicado que seguirá generando titulares”. Este mismo jueves, el Tribunal de Cuentas ha acordado escuchar tanto a la Fiscalía como a la Comunidad de Madrid para decidir si abren diligencias por el ático comprado por el Gobierno de Ayuso. Pero no solo eso. El conflicto en Sol, con cientos de personas acampando desde hace días y movilizaciones en las calles por el derecho a una vivienda digna, le complica también la jugada. “La coloca ante un problema que es muy difícil de resolver únicamente con confrontación”, asegura la politóloga. “Por eso su reacción ha sido convertir también Sol en un conflicto político contra Sánchez”.

¿Por qué ese ataque constante si en mayo se celebrarán los comicios autonómicos? “Aquí aparece el principal incentivo de Ayuso: mantiene una posición propia dentro del PP, ella no se presenta a las generales, pero sí puede intentar condicionar el marco en el que Feijóo compite porque Ayuso tiene una marca muy reconocible y un electorado propio dentro del espacio popular. La campaña nacional será también una competición por quién defiende qué significa ser oposición al PSOE. No es solo por votos, es por quién consigue imponer el marco”. Y ahí la presidenta autonómica echará el resto para sortear la sombra del ático, la presión de los manifestantes y volver a ganar esa “vieja batalla”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha concedido una entrevista a elDiario.es en la que ha defendido que las elecciones del 29 de noviembre serán un plebiscito entre “derechos o recortes”. También ha criticado que la derecha ataque a la acampada de Sol por el derecho a la vivienda: “Están en esa vieja máxima de Fraga Iribarne: la calle es mía. La calle es de todos. No deja de ser curioso que a cada avance social haya habido un insulto por parte de la derecha”.

Estas son algunas de las frases que ha dejado la entrevista:

“El bulo del voto por correo es por miedo a perder las elecciones”

Sánchez ha rechazado las acusaciones de la derecha sobre el voto por correo: “ No solamente hay miedo a perder, sino también un intento claro de recortar el derecho al voto de millones de trabajadores”.

“No descarto el indulto al fiscal general”

Preguntado por un posible indulto a Álvaro García Ortiz, el líder del Ejecutivo ha afirmado no está cerrado y que están estudiando ahora mismo todas las leyes y medidas que nos han quedado pendientes para ver la factibilidad de poder aprobarlas bien en Diputación Permanente o bien por parte del Gobierno en su condición de Poder Ejecutivo.

Sánchez, tras las críticas de Jeff Bezos al plan de vivienda: “Me pregunto por qué estos oligarcas se posicionan en contra de debates que les quedan lejos”

“Me pareció de particular interés que el chef José Andrés en Twitter se posicionara en contra de las medidas de vivienda por intervencionistas. Venía a decir que lo que se necesita es construir más. Permítame el sarcasmo: no habíamos caído en ello. Pero bueno, Twitter aguanta todo”.

A Aznar, tras profetizar la Tercera República si gobierna: “Que esté tranquilo y que no se excite”

“Lo que le digo a Aznar es que esté tranquilo, que no se excite, que lo que queremos es que se cumpla el artículo 47, que es el derecho al acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos y ciudadanas”.

“Mi compromiso es que no se va a producir ningún desahucio en lo que queda de legislatura”

Ha defendido como “legítimo” que el Gobierno gobierne “hasta el último día de las elecciones”: “Mi compromiso es que no se va a producir ningún desahucio en lo que queda de legislatura”.

Rechaza “cualquier tipo de politización del dolor” tras la muerte de Maricarmen

“Creo que la política precisamente está para responder a ese dolor”, ha respondido tras el fallecimiento de Maricarmen dos semanas después de su desahucio.

“España necesita más avances sociales y menos insultos de la derecha”, propone Pedro Sánchez en su primera entrevista tras convocar elecciones. El presidente y candidato socialista recibió a elDiario.es a las 12:30 del miércoles en la sede del PSOE en Ferraz. Tras el fallecimiento de Maricarmen, Sánchez accedió a ampliar esta entrevista con varias preguntas sobre una muerte que ha conmocionado a la sociedad española. Esa parte de la entrevista se grabó el jueves: aquí puedes ver ambos vídeos completos. 

“Hay que intervenir”, insiste Sánchez sobre la vivienda. El presidente plantea estas elecciones como una disyuntiva: “O derechos o recortes”, “o la gente o los fondos buitre”. Se muestra preocupado ante la posibilidad de una injerencia extranjera en las elecciones, “y no solamente de naciones, sino también de actores no estatales”. Sobre el dueño de Amazon Jeff Bezos, que apoyó en redes las críticas a sus medidas de vivienda, Sánchez se pregunta “por qué estos oligarcas se posicionan en contra de debates que les quedan un poco lejos”. También rechaza las acusaciones de la derecha sobre el voto por correo: “Este bulo, y se les ve en la cara, es por miedo a perder las elecciones”.

¿Qué sintió al conocer la muerte de Maricarmen?

Pena, por supuesto. Tristeza. Y mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor y es lo que hemos hecho, con la aprobación y esperemos la convalidación del decreto que prohíbe precisamente desahucios como el que sufrió Maricarmen.

Maricarmen falleció en el hospital a las dos semanas de ser desahuciada. Otras personas, como es el caso de Olga en Hospitalet, se suicidan tras verse forzadas a dejar su casa. ¿Considera que son víctimas de un sistema injusto?

Sin duda. Este sistema tiene una parte de injusticia, sobre todo con los fondos buitre que mercantilizan el derecho a la vivienda que está reconocido en nuestra Constitución. Por eso creo que es tan importante lo que hemos aprobado en el Consejo de Ministros: definir qué es un fondo buitre. En muchas ocasiones la derecha y la ultraderecha tratan de enfrentar al pequeño propietario con el inquilino. Y es al contrario: tenemos que defender los derechos de los pequeños propietarios, de los inquilinos y, por supuesto, enfrentarnos a los fondos buitre, que lo que quieren es la especulación y el enriquecimiento frente al derecho a la vivienda.

Tras la muerte de Maricarmen, muchos manifestantes protestaron frente al Congreso. Entre otros cánticos, también gritaban: “¿Dónde está el Gobierno progresista?” ¿Qué les responde?

Que el Gobierno progresista está con su causa social, que está también en resolver el problema de la vivienda. Y de hecho, creo que dimos una respuesta pronta a esta cuestión con los dos decretos que aprobamos este pasado martes y que están ya en vigor, evitando desahucios.

Feijóo pide que no se haga campaña con la muerte de Maricarmen, mientras el PP veta un minuto de silencio en la Asamblea de Madrid y Almeida permanece sentado en el minuto de silencio en el Ayuntamiento. ¿Se puede pedir que esta muerte quede fuera del debate político?

Sin duda. Un minuto de silencio no es de un partido político o de un determinado colectivo. El minuto de silencio siempre es una representación del dolor que expresa el conjunto de la sociedad. Es bueno que no se politice el dolor. Lo que hay que hacer es reivindicar la política para que no se produzca ese dolor.

Antes de ser desahuciada, Maricarmen le responsabilizó expresamente a usted junto a Ayuso y Almeida. Es verdad que ustedes aprobaron después un decreto que hubiese evitado ese desahucio, pero ¿en qué falló su Gobierno? ¿No se pudo aprobar antes?

Maricarmen lo que nos hizo es un llamamiento a todas las instituciones públicas para evitar los desahucios a personas vulnerables, como es su caso. Esta cuestión la hemos intentado plantear al Congreso en reiteradas ocasiones a lo largo de estos más de tres años de legislatura. Desafortunadamente sin el apoyo del bloque conservador, que ha sido muy taxativo en contra de evitar desahucios a personas vulnerables.

Mi compromiso es que no se va a producir ningún desahucio en lo que queda de legislatura

Usted justifica el adelanto electoral por el bloqueo parlamentario, pero tampoco se han aprobado los Presupuestos en toda la legislatura. ¿Por qué ese bloqueo era compatible con seguir gobernando y el rechazo a los decretos obliga a convocar elecciones?

Es cierto, no hemos aprobado los Presupuestos. Pero con los Presupuestos con los que actuamos hemos logrado un crecimiento récord: más del triple de la zona euro. Estamos concentrando la creación del 85% del total de empleo dentro de la zona euro. Además, hemos reducido a mínimos históricos la desigualdad en nuestro país, aunque sigue siendo uno de los principales problemas. Desde el punto de vista presupuestario, creo que hemos cumplido con los objetivos. 

En segundo lugar, hemos aprobado 78 iniciativas legislativas entre las cuales están dos reformas de la Constitución. Creo que ha sido una legislatura fructífera. Pero a diferencia de la anterior, donde aprobamos la primera ley de la democracia sobre la vivienda, en esta ha habido un bloqueo por parte de una mayoría conservadora que ha entendido que los desahucios son poco menos que desalojos que se tienen que producir. Eso ha generado una contestación social, contraria a la realidad del Parlamento. Y si el Parlamento da la espalda a la ciudadanía, la ciudadanía tiene todo el derecho a reclamar la respuesta a lo que está demandando, que es una intervención contundente del mercado de la vivienda.

¿La presión de la calle ha hecho cambiar al PSOE su posición sobre la vivienda? ¿Se han atrevido a tomar medidas más osadas por las manifestaciones?

Nosotros hemos tenido siempre un mensaje muy claro. Necesitamos hacer del artículo 47 de nuestra Constitución lo que es: un derecho, una realidad. Hoy desgraciadamente no lo es.

¿Dónde está la dificultad? Primero, en gobiernos autonómicos del Partido Popular con Vox y en ayuntamientos también, que se niegan por razones ideológicas a aplicar la intervención en el mercado de la vivienda que habilita la ley de vivienda. Y dos, un Parlamento que se niega a regular y a intervenir en el mercado de la vivienda, en aquellos aspectos donde efectivamente es disfuncional. 

Esta es la realidad que nos hemos encontrado durante estos tres años largos de legislatura y por eso he convocado las elecciones: porque necesitamos una mayoría parlamentaria progresista para hacer esa intervención en el mercado de la vivienda. La disyuntiva es: o derechos o recortes. O gente, o los intereses de los fondos buitre: los intereses de aquellos que miran las cosas desde arriba, desde los áticos.

¿Es usted partidario del alquiler indefinido y de que los propietarios indemnicen a los inquilinos al acabar el contrato o ha publicado este decreto en el BOE porque se lo exigía Sumar?

No, yo creo que es un debate necesario que tenemos que dar y que es pertinente porque existe en otras partes de Europa. Es verdad que es un debate avanzado para el estado actual del debate en España, pero el Gobierno y el Partido Socialista lo apoyan también. 

¿Lo va a llevar el PSOE en el programa electoral?

Sí, vamos a llevar unas medidas de vivienda potentes y en ese asunto, por supuesto, el Partido Socialista estará. No solo hemos congelado los precios del alquiler al 2%, sino que también prohibimos los desahucios y extendimos ese escudo social hasta más allá de la pandemia y la crisis de Ucrania. 

El Gobierno ha planteado este debate en las Cortes Generales no una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces: en multitud de ocasiones. Hemos intentado regular el alquiler de temporada, hemos intentado proteger a las personas vulnerables víctimas de los desahucios, como fue el caso de Maricarmen. Desgraciadamente, los gobiernos autonómicos del PP y de Vox y los ayuntamientos se han negado. Creo que es hora de que el Parlamento se parezca más a la calle y no a quienes viven en los aticazos.

¿Las medidas a favor de los inquilinos van en contra de los caseros? ¿Le preocupa que haya caseros que voten al PSOE que se puedan enfadar con estos decretos?

Esa es una falacia de la derecha y la ultraderecha, porque el pequeño propietario tiene en casa a sus hijos y sus hijas: a potenciales inquilinos que no pueden emanciparse por el precio del alquiler. Creo que el decreto guarda el equilibrio entre la defensa del pequeño propietario y los inquilinos. Y sobre todo, marca la diferencia entre cuáles son los intereses que defendemos nosotros frente a los fondos buitre y los especuladores. 

¿Llevar a la Diputación Permanente unos decretos que antes fueron rechazados por el Parlamento es un fraude democrático, como critica la derecha? ¿O es una forma legítima de aprobarlos?

Es legítimo. El Gobierno va a seguir gobernando hasta el último día de las elecciones. Mi compromiso es que no se va a producir ningún desahucio en lo que queda de legislatura. Y aspiro a una mayoría parlamentaria más amplia, progresista, para que en la próxima legislatura tampoco haya desahucios y se respeten los derechos de personas como Maricarmen. 

¿Apoya usted la huelga general por la vivienda? Dice su número dos en el partido, María Jesús Montero, que es una huelga contra la oposición.

Es evidente que toda esta movilización de la gente es en contra de los fondos buitre, a favor de una persona vulnerable que es desalojada precisamente por un fondo buitre… Es producto de una contestación ante un Parlamento que dice ‘no’ a una demanda legítima de solidaridad, de empatía. Esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.

El derecho a la huelga general está reconocido en nuestra Constitución. Y me parece llamativo que lo cuestionen aquellas fuerzas políticas como el PP y como Vox que se manifestaron contra leyes que aún no existían, como la amnistía. Algunas de esas concentraciones han devenido en actos vandálicos y violentos contra mi partido que, por cierto, no contaron con el reproche ni el rechazo de la oposición: ni del PP ni, por supuesto, de Vox. Ahora están criticando el ejercicio de un derecho constitucional.

Ese ataque a las acampadas diciendo que son violentas... ¿Qué opina de esas críticas de la derecha?

Están en esa vieja máxima de Fraga Iribarne: la calle es mía. La calle es de todos. Mientras sea pacífico, como se están manifestando, pues tienen todo el derecho a hacerlo. Se están movilizando precisamente por causas sociales y eso creo que dice mucho del país que somos: un país que quiere seguir avanzando en términos sociales. No deja de ser curioso que a cada avance social haya habido un insulto por parte de la derecha. España necesita más avances sociales y menos insultos de la derecha.

Usted ha recordado las veces en que su partido ha intentado vetar los contratos de alquiler temporales, pero esto es una posibilidad que permitió la ley de vivienda y que en su momento ya fue cuestionada. ¿Fue un error haber dejado esa puerta abierta? 

Es que tenemos que regularlo, hay que intervenir. Por eso no nos basta con repetir una mayoría parecida a la que tenemos en estas Cortes. Necesitamos una mayoría más amplia para resolver el problema de la vivienda: un Parlamento que se parezca más al clamor de la calle. 

Por mucho poder y dinero que tengan esos fondos y las terminales políticas en el Parlamento de esos fondos, que son el Partido Popular y Vox, no hay nada en democracia más fuerte que el voto de la gente. Si las urnas se llenan, habrá ganado la calle. Pero si las urnas se vacían, pues ganarán aquellos que mueven los hilos.

En el último programa electoral del PSOE, en 2023, se comprometían a construir 183.000 viviendas públicas para alquiler en esta legislatura. ¿Cuántas se han construido?

Estamos en construcción o en proceso de construcción en torno a 124.000 viviendas. Hemos rehabilitado más de 500.000 viviendas y, en conjunto, vivienda protegida más vivienda de libre mercado, estamos hablando de que estamos por encima de las 900.000 viviendas en construcción o ya construidas, que es el máximo desde la crisis financiera. 

Todo lo que está sucediendo en el debate sobre la vivienda es muy parecido a lo que pasó desde la crisis financiera. Entonces hubo movilizaciones en contra de la reforma laboral que hizo el Partido Popular, en contra de la reforma de las pensiones, en contra de la congelación del salario mínimo interprofesional. Tardamos más de diez años en llevar al Parlamento y aprobar la reconstrucción del Pacto de Toledo. Tardamos muchos años en aprobar el impuesto a las grandes energéticas, el impuesto a la banca, el impuesto a las grandes fortunas. Lo hicimos gracias a mayorías progresistas y es evidente que hay élites a las que no les gusta que les pongan un impuesto.

Si se fija, al final hay siempre una movilización social, hay una solución que plantean esa movilización social y las fuerzas progresistas, y siempre hay un obstáculo: un bloqueo de mayorías conservadoras. Eso es lo que se rompió en 2018, en 2019, en 2023, y tiene que volver a romperse en 2026. Necesitamos una mayoría progresista si queremos la solución al mercado de la vivienda.

¿Se siente traicionado por Junts tras su rechazo al decreto de vivienda?

No quiero entrar tampoco a… porque en el balance general ha habido cosas positivas que ha aportado esa fuerza política y el resto. Por ejemplo, aprobar algo tan importante como es el decreto de Irán, que crea un escudo social ante el shock energético que implica esta guerra ilegal.

Lo que no he entendido es que hayamos negociado, hayamos llegado a un acuerdo sobre beneficios fiscales que son muy positivos para los propietarios o sobre los fondos buitre y que posteriormente hayan votado en contra. Al menos si hubieran permitido tramitar con su abstención el proyecto de ley, hubiéramos podido negociar. Pero en esta cuestión es evidente que Junts está más cerca del PP y de Vox que del resto de fuerzas políticas del arco parlamentario.

¿Por qué cree que cambiaron de idea?

No lo sé. Eso tendrán que preguntárselo a ellos. Lo que tengo muy claro es que la cuestión de los desahucios, la intervención del mercado de la vivienda, ha sido siempre un elemento de discrepancia importante entre el Gobierno de coalición progresista y esta fuerza política.

¿Cuándo fue la última vez que habló por teléfono con Carles Puigdemont? 

Nunca he hablado con él.

La principal asociación de jueces, conservadora, sostuvo que la ley de amnistía supondría el fin del Estado de Derecho. Después de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la justicia europea avalando esta ley, ¿cree que aquella advertencia era un análisis jurídico o una posición política?

Yo siempre dije que en un Estado democrático como el nuestro todos los colectivos tienen derecho a manifestarse y fijar posición. Pero también dije que nuestro Estado de Derecho tiene espacios, instituciones a los cuales recurrir. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional han dicho que la ley de amnistía es una ley constitucional, acorde con la normativa europea. El Tribunal de Justicia europeo ha dicho algo más importante y es que las leyes de amnistía se han aplicado en todas las democracias del continente europeo para solucionar crisis políticas, de convivencia y de cohesión. El TJUE dijo textualmente que las leyes de amnistía son el instrumento precisamente para lograr esa reconciliación. 

Las consecuencias y las implicaciones políticas de la ley de amnistía están ahí. Hay una sociedad en Catalunya más cohesionada, una sociedad que vive la discrepancia desde el respeto y desde la convivencia. Y por cierto, una Catalunya que gracias a la acción del president Salvador Illa hoy es una de las principales locomotoras económicas y generadoras de empleo de todos los territorios de España.

La ley de amnistía fue de las primeras que acordó en este Gobierno y ha sido la última en aplicarse por la exótica interpretación sobre la malversación que hacía el Supremo y que ahora ha corregido el Constitucional. ¿Cree que fue un simple debate jurídico o cree que el Supremo trató de torpedear a este Gobierno?

En eso no entro. Respeto al Poder Judicial. Insisto: es una buena noticia. Como decía en un análisis Enric Juliana, ya todos estamos dentro. Y eso hace mejor nuestra democracia. No lo hacíamos por un partido o por una persona, lo hacíamos por la gente de Cataluña. Y es la gente de Cataluña la que de manera mayoritaria ha respaldado estas medidas porque quería pasar página. Y creo que cuando una democracia se muestra generosa y pone en valor la integración, no la exclusión, pues es cuando demuestra su poder y se fortalece. Nuestro país es un país mejor gracias también a esta ley.

Pero en 2023, antes de las elecciones, usted no defendía la amnistía.

Pero yo dije dos cosas al respecto. Reconocí efectivamente que no la había defendido durante la campaña, tenía dudas, como las tuve también con los indultos. Pero también es cierto, como dije entonces, que había que hacer de la necesidad virtud en dos cuestiones. La primera, teníamos que resolver definitivamente el drama que vivimos en 2017 y para eso servía la amnistía. Y en segundo lugar, la amnistía también abría las puertas a una legislatura de un Gobierno de coalición progresista. 

¿Qué quiere que le diga? Este Gobierno de coalición progresista ha consolidado derechos y libertades durante estos últimos tres años, como hizo durante los cinco años previos, y lo quiere seguir haciendo durante los próximos cuatro años.

Al final, creo que la disyuntiva, como siempre, es esa. En estas horas que llevamos de precampaña ya hemos visto cuáles son los intereses que defienden la derecha y la ultraderecha. Ya están abriendo la puerta a la privatización de las pensiones en nuestro país, vinculándolas con la productividad, diciendo que son insolventes. Y ya escuchamos al jefe de la oposición, al señor Feijóo, hablar de que las bajas laborales son como un cáncer. Yo lo veo claro: estas elecciones van de o derechos o recortes, de avance social o de involución. Y en esa disyuntiva estoy convencido de que habrá una mayoría de españoles y españolas que se movilizarán.

¿Ha habido corrupción en el PSOE, lawfare contra el PSOE o ambas cosas a la vez?

Ha habido una corrupción real. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. Y ha habido ficción y un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha, claramente vinculadas con partidos políticos como PP y Vox, que han traspasado todas las líneas rojas y han entrado de lleno en tratar de perseguir judicialmente a, en mi caso, David y Begoña, y, en el caso del PSOE, a toda la organización. Ya sabemos cuál es la campaña del PP: tratar de desmovilizar a la gente para que no vaya a votar con insultos y la judicialización de la política. Y nosotros no vamos a entrar en ese registro.

Ha habido corrupción real. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. También ficción y un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha que han traspasado todas las líneas rojas

¿Cuándo volverá la normalidad a Ceuta?

Da la sensación de que ha sido hace mucho tiempo, pero fue el 30 y 31 de julio. Estamos a principios de octubre y ya estamos reubicando a muchos de estos migrantes. En la última semana han sido nada más y nada menos que 900 los migrantes que han retornado a Marruecos. Ceuta volverá a la normalidad con el apoyo del Gobierno y pese a los intentos de la oposición de cronificar esta crisis.

¿En qué estado está la investigación que anunció su Gobierno sobre las agresiones de militares a migrantes en Ceuta?

Se está investigando por parte de las Fuerzas Armadas. Quiero poner en valor su trabajo para garantizar la convivencia y la seguridad. Y, en segundo lugar, si se han producido esos hechos, pues lógicamente no pueden quedar impunes.

Siendo usted secretario general, el PSOE llevó al Constitucional las devoluciones en caliente que aprobó el PP para Ceuta y Melilla. Ahora su Gobierno se plantea endurecerlas. 

No estamos endureciendo, al contrario. Estamos colaborando con las ONG en todo lo que tiene que ver con el triaje, la filiación y las solicitudes de protección internacional. Lo he dicho siempre.

Me refiero al proyecto de decreto que tenían en marcha.

Lo que queremos es acortar desde el punto de vista administrativo algunos pasos, pero desde luego no recortar los derechos que tienen todas las personas, también los migrantes, para solicitar esa protección internacional. Este Gobierno ha demostrado con la regularización que no es incompatible la fortaleza de un Estado de Derecho con la protección y la dignidad de los seres humanos. 

¿Ha sido solidario a la hora de afrontar esta crisis Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta?

En 2021 y en 2026 vivimos crisis semejantes. La actitud de Vivas en 2021 es completamente diferente a la de 2026 y yo creo que es porque ahora mismo está más pendiente de lo que diga Génova que de resolver el problema en las calles de Ceuta.

Vivas está más pendiente de lo que diga Génova que de resolver el problema en las calles de Ceuta

¿Marruecos es un aliado, a pesar de haber utilizado en el pasado la presión migratoria contra España o de las evidencias sobre el posible uso de Pegasus contra usted y su Gobierno? 

La política de Marruecos y la relación bilateral es calificada de estratégica. Lo es porque cooperamos en muchos ámbitos, como en seguridad y lucha contra el terrorismo. Hay una diáspora marroquí muy importante aquí, como también muchos españoles viviendo allí. Hay una relación de proximidad que supera lo geográfico. En esa relación bilateral hay elementos en los que podemos discrepar, pero siempre desde el ánimo constructivo y no desde la confrontación. La españolidad de Ceuta y de Melilla siempre ha sido un elemento incuestionable por parte del Gobierno. Hemos exigido medidas e investigaciones a Marruecos, pero eso no significa que tengamos que romper las relaciones como quiere el Partido Popular.

Con la información que tienen hoy, ¿siguen sin saber qué pasó?

Hay algo que trasciende a la especulación que se ha vivido en muchos de los debates de los medios y es toda la dimensión de las redes sociales y de la tecnología como una herramienta para movilizar. El hecho cierto e incontestable es que las de Ceuta y de Melilla son fronteras donde existe una desigualdad en términos de oportunidades y de renta per cápita evidente. Esa tensión migratoria siempre va a existir. 

Tenemos que hacer tres cosas: reforzar nuestras fronteras, dar respuesta humanitaria a esta crisis y reforzar esa relación bilateral, sin perjuicio de que podamos tener elementos de discrepancia. Lo que no creo que sea inteligente es que Europa rompa su relación estratégica con Marruecos. Eso me suena un poco también a lo que ha hecho Feijóo con Francia. Hombre, yo creo que un tratado de guerra, pues, entiendo que se vote en contra, ¿pero un tratado de amistad con el principal socio económico que tiene España, que es Francia? 

¿Lo ocurrido con el tratado de amistad con Francia es el ejemplo perfecto de hasta qué punto ha sido imposible llegar a acuerdos en esta legislatura?

Es el ejemplo también de la interpretación que hacen PP y Vox de la política exterior. Yo he escuchado al señor Aznar decir que lo de Ceuta es consecuencia de la postura del Gobierno frente al genocidio en Gaza. ¿Qué es lo que está pretendiendo decir? ¿Que para que no suframos crisis tenemos que tragar con violaciones flagrantes de los derechos humanos?

Hay que recordar que el jefe de la oposición y el jefe del partido de la ultraderecha han dicho que estarían dispuestos a utilizar de una u otra manera la fuerza ante la llegada masiva de personas civiles a la frontera de Ceuta. Es que hoy no estaríamos hablando –que ya es bastante lamentable la situación y dramática– de 141 muertos. Estaríamos hablando de muchos más.

Su Gobierno ha jugado un importante papel en la política internacional, muy crítico con la guerra de Irán, con el genocidio en Gaza. ¿Le preocupa que haya injerencias extranjeras en nuestra campaña electoral?

Sí, y no solamente de naciones, sino también de actores no estatales. 

¿A qué se refiere?

Me pareció de particular interés que el chef José Andrés en Twitter se posicionara en contra de las medidas de vivienda por intervencionistas. Venía a decir que lo que se necesita es construir más. Permítame el sarcasmo: no habíamos caído en ello. Pero bueno, Twitter aguanta todo. Yo respeto al chef José Andrés, pero no solamente hay que construir vivienda y aumentar la oferta, tenemos que hacer mucho más. Esa es la filosofía de la ley del suelo, que nos llevó a la burbuja inmobiliaria, que luego nos llevó a la crisis y al rescate de la banca que hizo Rajoy. 

¿Qué es lo interesante de ese comentario? Que Jeff Bezos, el CEO de Amazon, dijo: “Estoy completamente de acuerdo”, Y yo me pregunto por qué estos oligarcas se posicionan en contra de debates que les quedan un poco lejos. No solamente por lejanía geográfica, porque esta gente no es que viva en aticazos: esta gente quiere vivir en Marte. Con eso lo digo todo. Yo entiendo que a lo mejor a Jeff Bezos no le gusta la regulación que nosotros hemos planteado sobre los centros de datos porque tienen que consumir energía renovable para que no se aumente el precio de la electricidad a los hogares, gestionar eficientemente el agua o que haya soberanía en los datos por parte de España. Pero para eso está un gobierno democrático.

¿Cómo valora el cuestionamiento por parte del PP al voto por correo?

El bulo del voto por correo, y se les ve en la cara, es miedo a perder las elecciones.

¿Un intento de justificar el resultado si pierden y poner en cuestión la legitimidad del próximo gobierno?

Eso sin duda. Pero hay un elemento adicional: la gente que ejerce su derecho al voto por correo suele ser gente currante: que ese domingo está trabajando en una cafetería o un restaurante, que tiene que abrir su pequeño negocio o tiene que hacer una mudanza. No solamente hay miedo a perder, sino también un intento claro de recortar el derecho al voto de millones de trabajadores.

Es lo mismo que ha pasado con la ley de memoria democrática. Le pido encarecidamente al Supremo que resuelva antes de estas elecciones el derecho al voto de esas 400.000 personas que lo han ejercido desde 2023, que es el tiempo que lleva en vigor esta ley. Que han votado en 2023, en 2024, en 2025 y no lo van a poder hacer en estas elecciones generales. Eso sí es alterar el censo. Son españoles y la condición de ser español incluye también el ejercicio del voto.

¿El Consejo de Ministros va a aprobar el indulto para el fiscal general del Estado antes de las elecciones?

Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes y medidas que nos han quedado pendientes para ver la factibilidad de poder aprobarlas bien en Diputación Permanente o bien por parte del Gobierno en su condición de Poder Ejecutivo.

¿No lo descarta?

No lo descarto.

No descarto el indulto al fiscal general

¿Cuántas veces en estos ocho años ha pensado en tirar la toalla, además de la conocida en la que usted se dio cinco días de reflexión?

Soy muy consciente de que nos insultan y nos atacan no porque yo me llame Pedro Sánchez, sino porque subimos el salario mínimo, revalorizamos las pensiones, plantamos cara a los fondos buitre y le decimos ‘no’ al 5% de la OTAN en gasto en defensa. Y porque decimos ‘no’ a la guerra en Ucrania y en Irán y ‘no’ al genocidio en Gaza. 

La reflexión que yo me hago es la siguiente: si con un gobierno en minoría hemos logrado crecer como nunca, ¿qué no seremos capaces de hacer si ese Gobierno tiene una mayoría parlamentaria progresista en las Cortes?

¿Quién va a ser su número dos en las elecciones? En las anteriores fue Nadia Calviño.

No le puedo dar todas las respuestas, pero ya lo irá conociendo.

¿Y va a repetir en las listas la ministra de Defensa? ¿Cómo es su relación con ella? Se ha publicado que es tensa.

Margarita Robles lleva acompañándome desde 2014 o 2015. Es una extraordinaria ministra de Defensa a la que tengo no solamente una alta consideración política, sino también una amistad personal. Los ministros, evidentemente, tendrán las puertas abiertas para ser candidatos al Congreso si ellos así lo estiman.

Si no logra revalidar el Gobierno, ¿seguirá usted al frente del PSOE en la oposición?

No contemplo otra opción que seguir gobernando. Es más, yo veo el ambiente, la ilusión y la ambición que se ha generado en la izquierda. Y veo a una derecha muy desorientada que se resume en tres ‘erres’: recortes, resentimiento –de ahí los insultos y el mal perder que tienen– y, finalmente, la reacción. Su proyecto es de involución para nuestro país y ya lo estamos viendo. Hay razones de sobra para revalidar el Gobierno de coalición con una mayoría parlamentaria más amplia de la que tenemos.

Si gana las elecciones, ¿su partido nos llevará a la Tercera República como profetiza José María Aznar?

Lo que le digo a Aznar es que esté tranquilo, que no se excite, que lo que queremos es que se cumpla el artículo 47, que es el derecho al acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Y que si quiere que se cumpla la Constitución de la A a la Z, del primero al último de los artículos, que le pida a sus gobiernos autonómicos del PP con Vox que apliquen la ley de vivienda y que se comprometan a la intervención de un mercado que necesita claramente de la intervención de lo público.

La entrevista completa a Pedro Sánchez:

Parte 1

Parte 2

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en la mañana de este lunes que disolverá las Cortes y convocará elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. La noticia, que ya se anticipaba desde el pasado viernes, cuando PP, Vox y Junts tumbaron en el Congresto los dos decretos de vivienda, ha provocado diversas reacciones en los partidos políticos en Canarias. La mayoría de ellos ve con buenos ojos este adelanto electoral.

Estas han sido las reacciones más destacadas:

El PSOE “está preparado” para el 29N

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias (PSOE), ha asegurado que su partido está “preparado” para concurrir a los comicios generales del 29 de noviembre “y seguir mejorando la vida de la gente” y, respecto a su posible presencia en una lista al Congreso, recalca que ella ya estuvo en Madrid.

Tras presentar una promoción de 115 viviendas para alquiler asequible financiada por el Ayuntamiento que preside, la exministra de Sanidad ha manifestado que el propósito de su partido de cara a esta cita con las urnas “será convencer a la ciudadanía para que vuelva a apoyar un gobierno de progreso para seguir mejorando la vida de la gente”.

Preguntada por la idoneidad del momento que Sánchez ha escogido para disolver las Cortes, ha dicho que “si él lo considera, nosotros también lo consideramos” porque “puede ser una ventana de oportunidad”.

Rosa Dávila (CC): “Es acertado”

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, de Coalición Canaria, ha calificado de “acertado” que se convoquen Elecciones Generales ya que el presidente era “incapaz” de gobernar, tal y como, según ella, quedó demostrado el viernes en el Congreso al decaer la convalidación de los decretos de Vivienda.

Dávila ha valorado que “la gente pueda hablar” tras el “fracaso” de los decretos de vivienda y un Ejecutivo que no puede gobernar desde hace “mucho tiempo” cuando se trata del “mayor problema que existe en este momento en toda España”.

La presidenta y también secretaria de Organización de CC en Tenerife, cree que es “absolutamente necesario darle la voz a la ciudadanía”, poniendo sobre la mesa la importancia que tienen unas Generales para las islas pues hay que atender la “singularidad” del territorio, como se ha demostrado con la gratuidad del transporte público o la posible limitación de la adquisición de viviendas por parte de extranjeros.

“Esto va a seguir siendo una reivindicación, las medidas que se tengan que adoptar por cualquier gobierno tienen que estar adaptadas a los territorios”, ha indicado.

Dávila ha insistido en que es “positivo” que “la democracia se ponga por delante y que los ciudadanos puedan hablar” para que al frente del país haya un “Gobierno estable que dé respuesta a las necesidades que tiene el conjunto de la ciudadanía española y tenga en cuenta la realidad diferenciada que tiene Canarias”.

NC: Se celebrarán en una situación “preocupante” para la democracia

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, de Nueva Canarias, cree que la convocatoria de elecciones “era presumible”, pero ha lamentado que se celebrarán “en una situación, en Europa y en España también, preocupante para la democracia” por el avance de la ultraderecha. Porque “estamos hablando de cinco o seis países europeos donde la ultraderecha puede llegar al poder, incluso, en algunos lugares, con mayoría suficiente como para modificar la constitución”, lo cual supone una amenaza “para los valores que hemos defendido siempre”, ha argumentado Antonio Morales.

Ha insistido en plantear que celebrar elecciones en esa coyuntura “es una situación preocupante, y así la debemos afrontar”.

El PP: “Por fin”

El PP de Canarias ha publicado un tuit en X con el siguiente mensaje: “Por fin Sánchez ha dejado de secuestrar la voluntad de los españoles. Por fin podremos tener un Gobierno dedicado a gobernar y no a defender a la corrupta familia del presidente. Por fin dejaremos atrás este periodo tan oscuro para la democracia española”.

ASG: “Una nueva etapa”

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha tildado como “acertada” la decisión de Pedro Sánchez, al considerar que la actual situación en el Congreso dificulta la conformación de mayorías capaces de dar estabilidad a la acción política.

Curbelo señaló que el escenario parlamentario de los últimos meses evidencia la necesidad de abrir una “nueva etapa”. “La convocatoria de Elecciones Generales por parte del presidente del Gobierno me parece una decisión acertada, entre otras razones, porque se ha roto cualquier posibilidad de mayorías parlamentarias”, afirmó.

El líder de ASG expresó su confianza en que la cita con las urnas permita configurar un Congreso con mayor capacidad para alcanzar acuerdos y afrontar los principales desafíos del país.

“Ojalá a partir del día 29 de noviembre se pueda construir en nuestro país una mayoría parlamentaria más sólida, que sea capaz de trabajar por los intereses de los ciudadanos y no por los intereses de los partidos”, manifestó en una nota remitida por el grupo parlamentario.

Drago: “Es una irresponsabilidad”

Drago Canarias, sin embargo, considera que la decisión de adelantar las elecciones generales “es una irresponsabilidad” y responde a “un ardid del PSOE para minimizar su suelo electoral”. “La convocatoria anticipada de elecciones supone una irresponsabilidad y un incumpliento flagrante de las propias y repetidas declaraciones del presidente del Gobierno, que afirmó en numerosas ocasiones que las elecciones generales serían en la fecha prevista legalmente”.

El partido que lidera Alberto Rodríguez remarca que, en su caso, afrontará los comicios “como sus órganos democráticamente elegidos decidan, sin presión, injerencia ni tutela alguna de fuerza política, menos aún de fuerzas alejadas de la obediencia canaria”.

Drago acusa al PSOE de tomar la crisis de la vivienda “como pretexto”, porque considera que hace tiempo que pudo haber adoptado desde el Gobierno decisiones “para garantizar que ni en el Estado ni en Canarias se sufrieran un rosario de desahucios como los vividos en 2025 y en este 2026”, obviando que fue el Congreso, con los votos de PP, Vox y Junts el que tumbó el último escudo social para evitarlos.

Una vez que Pedro Sánchez ha decidido este lunes convocar un Consejo de Ministros extraordinario para adelantar las elecciones al 29 de noviembre y disolver las Cortes, toda la actividad parlamentaria queda supeditada a la Diputación Permanente del Congreso. Ese será el órgano que deberá convalidar o no los nuevos decretos de vivienda que el Gobierno tiene previsto aprobar este martes y, por tanto, un día después de que se disuelvan tanto la Cámara Baja como el Senado.

Con la composición del Congreso de la XVI Legislatura que está a punto de finalizar existen mayorías diferentes en el Pleno y en la Diputación Permanente. En el Pleno, la única manera de conformar mayorías que tenía hasta ahora el Gobierno dando por hecho el 'no' sistemático de PP y Vox para sus propuestas era sumando a los votos de PSOE y Sumar –que gobiernan en coalición desde 2023– a los del resto de fuerzas de izquierda y las nacionalistas e independentistas. El pasado viernes los decretos de vivienda no contaron con ese apoyo porque Junts se descolgó en el último momento y tumbó los textos, propiciando además que Sánchez decidiera adelantar las elecciones.

Sin embargo, en la Diputación Permanente el Gobierno no necesita a Junts para lograr más 'síes' que 'noes' a sus iniciativas. El máximo órgano de decisión del Congreso fuera del periodo de sesiones está formado por 68 diputados, además de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Como en el Pleno, la principal fuerza política es el PP, que cuenta con 27 representantes; el PSOE tiene 25, Sumar y Vox cuentan con seis, respectivamente, y ERC, PNV, Junts, EH Bildu y Grupo Mixto tienen uno cada uno. En este último caso, la que representa a ese grupo es Ione Belarra, de Podemos.

A diferencia del Pleno, en el caso de la Diputación Permanente los decretos pueden ser convalidados con la suma de PSOE, Sumar, PNV y el resto de fuerzas de izquierda, que alcanzan los 35 votos, frente al bloque de PP, Vox y Junts, que alcanza 34.

Los precedentes

A la Diputación Permanente le corresponde “velar por los poderes de la Cámara cuando esta no está reunida”. “Cumple un papel de sustituto del Pleno del Congreso para que determinadas y especiales funciones no queden desatendidas cuando el Congreso haya sido disuelto o haya expirado su mandato”, señala el Congreso en su propia web. Es el caso, por tanto, de la convalidación de los decretos-leyes dictados por el Gobierno o, en un caso extremo, “la información, autorización y declaración, según los casos, de los estados de alarma, excepción y sitio.” Sus miembros se distribuyen en forma proporcional entre los distintos grupos parlamentarios, para reflejar la composición de la Cámara.

Existen precedentes en los que la Diputación Permanente ha sido la encargada de convalidar reales decretos leyes aprobados por el Gobierno una vez disueltas las cámaras y en un periodo preelectoral como el actual. Lo que nunca ha sucedido es que sean decretos similares o idénticos –está por ver su redacción en el Consejo de Ministros de mañana– a los rechazados apenas unos días antes por el Pleno, como es previsible que ocurra con los textos sobre vivienda.

En abril de 2019, solo unos días antes de las generales, la Diputación Permanente convalidó seis decretos que el Ejecutivo había aprobado una vez disueltas las Cortes. En concreto, ese órgano dio luz verde a un texto sobre medidas urgentes en materia de alquiler, el que amplió el permiso de paternidad, otro que aumentó los límites de superávit de las instituciones, uno más que recuperó el subsidio para desempleados de larga duración desde los 52 años y los de la estiba y un acuerdo con Reino Unido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado este lunes las elecciones generales para el 29 de noviembre después de que el viernes el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda del Ejecutivo, y en medio de una crisis sin precedentes, con la Puerta del Sol y muchas otras plazas del Estado llenas de personas que exigen soluciones a los problemas de los alquileres y para acceder a la compra de casas. Estas son algunas de las frases más importantes de la declaración de Sánchez:

-España se ha convertido en la economía que más crece y que más empleo crea de toda la Unión Europea.

-Hemos aprobado medidas valientes para impulsar el derecho constitucional al acceso a la vivienda.

-Nos hemos esforzado por construir un mejor mundo para nuestros compatriotas y también para el resto de la humanidad.

-Otras fuerzas parlamentarias han sabido ver más allá de sus diferencias para construir acuerdos en beneficio de la mayoría social.

-Sé que en parte de esa mayoría social hoy hay insatisfacción. Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos.

-Nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto y es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir.

-Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites

-Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.

-Los españoles y españolas tenéis que decidir si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.

-Vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar.

Queridos ciudadanos y ciudadanas,

Como saben, hace más de tres años, las urnas y el Congreso de los Diputados decidieron volver a apostar por un Gobierno de coalición progresista.

Lo hicieron para que España siguiese avanzando por la senda de transformación, ambición y justicia social que ha venido recorriendo desde el año 2018.

Lograrlo no ha sido fácil.

En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas y navegar una coyuntura internacional muy difícil, marcada por decisiones unilaterales como las tensiones comerciales, las crisis energéticas y el regreso de la guerra en Europa y Oriente Medio.

Hemos tenido que trabajar con un Congreso muy bronco en el que –absurdamente– muchos confunden “pactar” con “renunciar” y “bloquear” con “vencer.”

Hemos tenido que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero que quieren seguir controlando nuestro país.

Y hemos tenido también que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra democracia. Una oposición sin sentido de Estado que no ha parado de cuestionar la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país, y de usar su poder autonómico para boicotear políticas buenas para la gente de a pie.

Nosotros hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que construyeran vivienda e invirtieran en sanidad, para que construyeran viviendas. Y ellos han comprado áticos y privatizado hospitales.

Aun así, a pesar de todas estas dificultades y hostilidades, el Gobierno de coalición progresista no ha dejado de trabajar. Y, con él, España no ha dejado de avanzar.

A lo largo de estos tres años, nuestro país se ha convertido en la economía que más crece y más empleo crea de toda la Unión Europea. El poder adquisitivo de nuestros ciudadanos y ciudadanas ha aumentado el triple que en Francia y en Alemania. Y nuestros niveles de desigualdad y pobreza, que continúan siendo altos, han caído al mínimo desde que existe serie histórica que la registra.

Con esfuerzo y diálogo, hemos logrado ampliar las becas, los permisos de maternidad y paternidad, las ayudas a la dependencia, y la cartera del servicio del Sistema Nacional de Salud.

Y también hemos puesto en marcha una modernización profunda de nuestra industria a través de la culminación de los fondos europeos, de los fondos llamados Next Generation.

Hemos abordado uno de los principales problemas que tenía nuestro país, que era el escaso desarrollo de la transformación energética y, por tanto, la transición ecológica, hasta lograr que más de la mitad de nuestra energía proceda de fuentes renovables.

Hemos aprobado medidas valientes para impulsar el derecho constitucional al acceso a la vivienda. Y nos hemos negado a sacrificar nuestro Estado del Bienestar en el altar del 5%.

En definitiva, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles y españolas.

Y, al mismo tiempo, en la medida de nuestras posibilidades, nos hemos esforzado por construir un mundo mejor para nuestros compatriotas y también para el resto de la humanidad. Apoyando a Ucrania, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros. Denunciando a genocidas cuando otros callaban.

Combatiendo a los tiranos, a los tecno-oligarcas y también a los especuladores que quieren destruir el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas para agrandar sus bolsillos.

Duplicando nuestra ayuda a la cooperación internacional mientras otros presumían de recortarla con su motosierra o en ese altar militar del 5% del PIB.

Todo esto ha hecho a nuestro país, ha convertido a España en un referente mundial de paz, feminismo y prosperidad. Y nos ha permitido cosechar los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales que ha tenido un gobierno democrático en nuestro país. Los mejores.

Y esto no es una exageración. Tampoco es una opinión. Es un hecho, es un dato contrastable que ha sido posible gracias a la entrega de millones de trabajadores y trabajadoras, también de los trabajadores autónomos y por supuesto de los empresarios y empresarias de nuestro país.

También ha sido posible gracias a la generosidad de otras fuerzas parlamentarias –a las cuales quiero agradecérselo en primera persona–, que han sabido ver más allá de sus diferencias para construir acuerdos en beneficio de la mayoría social.

Y ha sido posible también gracias a esa mayoría social que ha sacado lo mejor de sí misma en cada crisis que hemos tenido que abordar.

Sé que en parte de esa mayoría social hoy hay insatisfacción. Sé que les indigna ver cómo sus intereses son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos. Sé también que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto.

Es verdad que aún quedan muchas injusticias que corregir. Muchas metas sociales que conquistar. Y muchos problemas que resolver, sobre todo en el ámbito de la desigualdad, los servicios públicos y del acceso a la vivienda.

Pero lo cierto es que, para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente.

Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad debemos movilizarnos y lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales, y seguir transformando España.

Por eso, tras informar, como corresponde, al Jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.

Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para sí mismos y para su país.

Ahora depende de vosotros y vosotras.

Basta examinar el horizonte para entender que el mundo se asoma a una época compleja, de transformación, de transición. Una época de mucha tensión. De emergencia climática. De cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial, muy disruptivos.

Una época, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades.

Los españoles y las españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella. Y también qué papel queréis que España juegue en ella.

Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna. O deseáis que España siga siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.

Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando.

Si preferís tener un Gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social. O preferís entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos ocho años, para beneficiar a los de siempre, a una minoría privilegiada.

Yo confío en mis compatriotas. Porque sé que sois un pueblo valiente y solidario, que se crece ante los desafíos y que no tenéis reparos en ser los únicos o los primeros en moveros para estar en el lado correcto de la historia.

Por eso vamos a dejarnos la piel. Para trabajar para mereceros vuestra su confianza. Para ilusionar. Y para volver a ganar.

Muchas gracias.

Y el desahucio de Maricarmen terminó en elecciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes el adelanto de la convocatoria electoral de las generales para el próximo 29 de noviembre, tal y como adelantó elDiario.es, después de reflexionar durante el fin de semana con su equipo sobre la posibilidad de dar un golpe de efecto en mitad de la ola de movilizaciones por la vivienda que recorre el país.

“Sé que a una mayoría social le indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos. Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchos problemas que resolver en los ámbitos de la desigualdad de los servicios públicos y del acceso a la vivienda, pero para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente para acometer en profundidad las reformas pendientes. Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría más amplia”, ha dicho el presidente.

“Debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría progresista mucho más amplia con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España”, ha proseguido el presidente, que ha informado esta mañana a primera hora al jefe del Estado, Felipe VI, de la disolución de las Cortes.

Sánchez ha dibujado un horizonte electoral trascendental para el devenir del país respecto a lo que dictaminen las urnas el 29 de noviembre. “El mundo se asoma a una época muy compleja de transformación, de emergencia climática, de cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial, muy disruptivos. Una época, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella”.

Durante su declaración institucional en las escalerillas de la Moncloa ha convertido por momentos su comparecencia en el primer mitin electoral para arremeter contra “la peor oposición que ha conocido este país” y para dibujar la dicotomía de la oferta electoral que se avecina. “Tenéis que decidir si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando. Si preferís tener un Gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos ocho años para beneficiar a los de siempre, a una minoría privilegiada”.

“Yo confío en mis compatriotas”, ha proseguido, “porque sé que sois un pueblo valiente y solidario, que se crece ante los desafíos y que no tenéis reparo en ser los únicos o los primeros en moveros para estar en el lado correcto de la historia. Por eso, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos tu confianza, para ilusionar y para volver a ganar”.

La otra decisión adoptada es volver a aprobar en Consejo de Ministros el contenido de los dos decretos tumbados el pasado viernes por la mayoría de derechas que conforman PP, Junts y Vox. En concreto, esos decretos serán aprobados de nuevo este martes. La idea de Pedro Sánchez es que esas medidas vuelvan a entrar en vigor de manera inmediata, tras ser derogadas en la Cámara Baja, para que impidan que situaciones como las de Maricarmen se conviertan en un auténtico goteo de desahucios de personas vulnerables durante las próximas semanas. Y de paso, que la convalidación parlamentaria de esos decretos se convierta esta vez en el acto central de una precampaña que se espera que gire en torno a la vivienda.

Porque la intención, en este caso, es apurar el plazo legal de 30 días establecido para la convalidación de un decreto del Gobierno en el Parlamento. Algo que, con las Cortes ya disueltas, tendrá lugar en la reunión de la Diputación Permanente, el órgano parlamentario competente para velar por los poderes de una cámara cuando esta está ya disuelta o no se encuentra en periodo de sesiones.

Se da la circunstancia, además, de que con la actual composición del Congreso existe una mayoría diferente en el Pleno y en la Diputación Permanente, donde al Gobierno no le haría falta el apoyo de Junts. En cualquier caso, no es seguro que grupos parlamentarios como el PNV refrendaran un movimiento parlamentario claramente táctico, aunque amparado por la ley.

El Gobierno ya barajaba todos los escenarios desde que se confirmó el jueves a última hora que Junts —con quien se había negociado el primero de los decretos— tumbaría el plan de vivienda en el Congreso, aunque desde ese mismo día la opción principal fue la llamada a las urnas. Sánchez se dio el fin de semana para tomar el pulso a las calles tras el fracaso de unos textos que, entre otras medidas, incluían una protección frente a los desahucios. Un punto de inflexión que gran parte del Consejo de Ministros veía como la única oportunidad política del Gobierno y el conjunto de la izquierda para salir a pedir el voto con alguna posibilidad de éxito.

El movimiento de Sánchez provoca también un terremoto en el espacio de la izquierda confederal, que todavía no tiene candidato. Los cuatro partidos que componen Sumar se han visto obligados a acelerar y este domingo pusieron nombre al futuro proyecto: Frente Amplio. En dos semanas, el próximo 17 de octubre, han convocado un acto de “lanzamiento del Frente Amplio y su hoja de ruta”, en el que también se hará público quién lo capitaneará, casi dos semanas después de que arranque la cuenta atrás para que se pongan las urnas.

El martes por la noche se celebró la cena anual de la patronal Pimec. Casi 1.000 empresarios y representantes de la mayoría de instituciones y partidos catalanes. Muchas de las conversaciones y preguntas versaron sobre los decretos de vivienda. La presentadora del acto, micro en mano, fue interpelando a los distintos políticos que asistían al evento. Cuando le tocó el turno a Míriam Nogueras, la portavoz de Junts ya abrió la puerta a rechazar ambos decretos. El segundo se daba por descontado, pero la cuestión era qué votarían al primero.

En los corrillos con representantes empresariales, Nogueras les pidió también ayuda para que a Junts le fuese más fácil explicar su posición, según confirman a elDiario.es fuentes presentes en el acto, celebrado en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Pimec, en una interpretación inicial, había valorado positivamente “la orientación de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para facilitar el acceso a la vivienda, incentivar el alquiler asequible y ampliar la oferta”. Pero, al mismo tiempo, esta organización empresarial, una de las más moderadas, reclamó que el conjunto de las medidas garantizase seguridad jurídica, viabilidad económica y “un aumento efectivo de la oferta”. Además, advirtió del riesgo de generar incertidumbre y de que acabase poniéndose menos vivienda en el mercado.

Hubo posicionamientos menos diplomáticos y mucho más duros con los decretos del Gobierno. Las Cámaras de la Propiedad de Catalunya alertaron de que podían “agravar” el problema. También insistieron en que, en su opinión, se estaba abonando una “mayor inseguridad jurídica”. Este sector, siempre próximo al tradicional entorno convergente, entiende que las medidas que finalmente no han prosperado trasladaban a los propietarios responsabilidades que corresponden esencialmente a las administraciones públicas.

En una línea parecida, el colegio de Administradores de Fincas Barcelona-Lleida, cuya representante más conocida es la exconsellera y exdiputada Lourdes Ciuró, considera que la mayor parte de las medidas actuaban sobre el parque de alquiler existente, sin impulsar suficiente vivienda nueva ni ampliar de manera efectiva la oferta pública y asequible.

Como siempre, la patronal más tajante fue Foment. A los argumentos esgrimidos por el resto de representantes empresariales, su presidente, Josep Sánchez Llibre, añadió que los decretos pretendían “socializar” la propiedad privada: “Es la propiedad de miles de personas físicas que durante muchos años han ahorrado para tener un complemento de su pensión a través de una vivienda de alquiler”.

Junts, que no solo por la presión de las plazas, pero también por ella, negoció el primer decreto con el Gobierno, constató pronto que los sectores que le son más afines electoralmente, aquellos que se erigen como representantes de los llamados pequeños propietarios, rechazaban ambos textos. Además, a diferencia de otras formaciones, sus votantes no están en esas protestas de la calle.

El partido fue endureciendo su discurso tras conocerse el contenido de los decretos, pese a que el Gobierno los había dividido en dos para asegurarse de que votaría al menos uno de ellos, el que incluía las propuestas que habían negociado. Incluso en las filas de los independentistas decían que el primero era “el decreto de Junts”. Pero Nogueras y otros diputados expresaron su enfado por no haber tenido hasta horas después los dos decretos, empezaron a deslizar que algunas de las medidas no eran las acordadas y atribuyeron los cambios a la influencia de Sumar y el resto de “ideologías extremas”.

“Queremos ver la letra pequeña”, “lo estamos analizando”, se limitaban a señalar. La palabra que empezaron a repetir fue “decepción” y, a partir de ahí, el discurso fue escalando cada vez más.

Fuentes de Junts confirman que también sus alcaldes les hicieron llegar el rechazo a los decretos. Uno de los argumentos es que eran “inaplicables” y apelaban, como las patronales, a la falta de seguridad jurídica para los propietarios.

Los diputados en Madrid eran de los más duros en el rechazo y Jordi Turull optó por convocar una reunión telemática, en la que Puigdemont no participó porque solo asiste a las permanentes o a las más reducidas. Sirvió para certificar el ‘no’ que se ha confirmado este viernes en el Congreso. “Un decreto en el que sale el nombre de ‘Maricarmen’ no es un decreto, es un artículo de opinión”, critican en el partido.

El Gobierno estaba convencido hasta el jueves por la tarde de que Junts no tumbaría ambos decretos, pero a media tarde empezó a cundir el pesimismo.

Los argumentos que se esgrimieron en la reunión telemática de los posconvergentes, en la que el rechazo a los decretos se adoptó por unanimidad, fueron los que Nogueras repitió en la tribuna del Congreso. Según su interpretación, los fondos buitre podrían seguir especulando y desahuciando y los pequeños propietarios tendrían que asumir el coste de proteger a los inquilinos vulnerables.

En la comparativa entre los decretos presentados por el Gobierno y el texto alternativo que le entregó este viernes en el Congreso, lo más destacable es que los de Puigdemont proponen recortar el decreto de vivienda a favor de los caseros y acelerar los desalojos de okupas. En esta información se pueden leer las diferencias entre ambos documentos.

Con la propuesta de Junts queda claro que la principal objeción no era que el decreto del Gobierno se quedase corto, como afirmó Nogueras desde la tribuna, sino que, en su opinión, se excedía.

En su defensa del pequeño casero, las prórrogas extraordinarias pasarían a ser voluntarias, favorecidas solo con incentivos fiscales, y la prohibición de los desahucios de familias vulnerables afectaría solo a los grandes tenedores. Una de sus rectificaciones más destacables es que es partidario de no regular el alquiler de temporada, el gran agujero por el que gran cantidad de pisos han dejado de estar al alcance de muchos vecinos de las grandes ciudades.

La opinión de sus votantes

Sus votantes no son inmunes a la crisis de la vivienda. Según el último sondeo del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), es el principal problema para los electores de la mayoría de los partidos catalanes: para un 62% en el caso de la CUP, un 53% en los Comuns, un 38% en los del PSC, un 34% en ERC y un 20% en los de Junts. Entre los votantes de Aliança y Vox, la principal inquietud es la inmigración.

El azar quiso que Junts tuviera que tomar la decisión sobre los decretos, quizás la más trascendente de este final de legislatura, un 1 de octubre, nueve años después del de 2017. Un tiempo en el que el partido, como el conjunto de la sociedad catalana, ya no tiene la independencia como principal preocupación política. Pasados los años del procés, Junts es hoy un partido que trata de posicionarse con claridad en la derecha, con un discurso de corte liberal en lo económico y cada vez más duro en cuestiones como la inmigración o la delincuencia.

La cúpula de la formación es muy consciente de que ya no se disputa la mayoría de los votos con ERC, como ocurría hace una década, sino con Aliança, una formación de extrema derecha que en materia de vivienda está muy cómoda con el mismo discurso que Vox. Los ultras independentistas se han pasado la semana acusando a los de Puigdemont de estar vendidos al PSOE.

Junts es, por tanto, un partido de ideología liberal-conservadora, con un electorado que se sitúa hacia la derecha, que tiene importantes vínculos con las patronales y que se disputa los apoyos con formaciones instaladas en la extrema derecha. Pero aún hay una razón más para que opten por no aprobar nada que llegue del Gobierno: se han sentido engañados en la negociación que mantenían en Suiza y, desde hace cerca de un año, han llegado a la conclusión de que les resta aparecer junto a Sánchez. Y eso, como ya alertaron hace meses, no cambiará cuando regrese Puigdemont.

Pocas horas después de que el Congreso de los Diputados tumbara con los votos de PP, Vox, Junts y UPN los decretos de vivienda, más de un millar de personas se han manifestado contra el “negocio” de la vivienda por las calles del Casco Viejo de Pamplona. Convocadas por el Sindicato Socialista de la Vivienda y por la red de sindicatos de vivienda de Euskal Herria (EHES) han coreado consignas como 'rentistas empresarios nos roban el salario' o 'no al negocio de la vivienda', en una movilización que ha arrancado en la plaza del Castillo y ha finalizado en la plaza Consistorial.

La manifestación, completamente silenciosa y sin gritos ni consignas en el recorrido, ha comenzado en la plaza del Castillo de Pamplona, donde desde las 18.00 horas la red de sindicatos de vivienda de Euskal Herria había convocado una asamblea abierta. “Un beso de la hostia a Maricarmen”, entonaba una mujer para después arengar a “la gente joven” a coger las cosas “por el mango” porque si no van a “estar jodidos”.

Las medidas planteadas por el Ejecutivo central, sin embargo, eran consideradas insuficientes para los convocantes ya este miércoles, que criticaban “al Gobierno del PSOE” por no presentar “medidas urgentes”, como “como la suspensión de todos los desahucios o la bajada de los precios de alquiler”. “Muchos titulares, pero pocos cambios reales y la mayoría son temporales”, critican desde una de las plataformas convocantes de la manifestación. Un mensaje que han ratificado este viernes por la tarde en la plaza del Castillo.

“Todo esto, nosotros llevamos reivindicando durante meses y durante años”, ha afirmado Ohiane Idoate, portavoz en la movilización de la red de sindicatos de vivienda de Euskal Herria tres horas después de no haber salido adelante en el Congreso (con los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts) los dos decretos de vivienda que el pasado martes aprobó el Consejo de Ministros. Ante la decepción, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidirá este fin de semana si adelanta las elecciones generales.

La manifestación ha sido convocada por la red de sindicatos de vivienda de Euskal Herria (EHES) y el autodenominado Mugimendu Sozialista (Movimiento Socialista de Euskal Herria, compuesto por organizaciones disidentes de la izquierda abertzale como GKS). Organizaciones locales como Haritu pidieron adherirse desde el anuncio de la convocatoria el pasado jueves. También se han unido Gazte Komunistak y el sindicato ELA y CNT, tal y como han ido publicando los mismos en redes sociales a lo largo de este viernes.

“Saldremos a la calle en las capitales de Hego Euskal Herria [Vitoria, Bilbao, Donostia y Pamplona] contra la especulación y para luchar por una vivienda garantizada a todas las personas”, anunciaron el pasado de 30 septiembre los convocantes. “La vivienda debería ser un derecho garantizado en la misma medida que la sanidad o la educación”, reclamaban. El “principal obstáculo para conseguirlo” el negocio que se realiza con los inmuebles, que hace que pertenezcan “a unos pocos”. En el comunicado, además de señalar a “los fondos buitre”, que “hacen imposible el acceso a la vivienda para cada vez más personas”, también pusieron el foco en las “empresas constructoras, entidades bancarias o propietarios que con 10 viviendas en alquiler”, pues a su juicio “se enriquecen a costa de los trabajadores”.

En ese sentido, en la rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicaicón tras la sesión del Gobierno de Navarra, la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, anunció que el Ejecutivo foral se encuentra negociando con fondos buitre la compra de 600 viviendas que perdieron la protección oficial. “Nos repatea porque es pagar dos veces por un mismo bien, pero pensamos en las familias”, declaró la consejera, que avanzó que se disponía de 22 millones de euros de los presupuestos del 2027, así como “parte del superávit” del ejercicio anterior.

Gazte Komunistak es la segunda concentración a la que acude esta semana, pues ya se manifestó el pasado 29 de septiembre a las 19.00 horas frente a la Delegación del Gobierno en Navarra, tras no poder manifestarse el mismo lunes, para “denunciar las limitaciones de las instituciones a la hora de brindar soluciones reales para la clase trabajadora” ante el problema de la vivienda. A esta convocatoria se unió la red de sindicatos de vivienda de Euskal Herria, que a su vez realizó concentraciones en las tres capitales de las provincias de Euskadi.

Por su parte, Ernai, juventudes de EH-Bildu, no se ha adherido y ha “convocado concentraciones” por “el derecho a la vivienda” en varias localidades de Euskadi y de Navarra el lunes 5 de octubre, aunque no se incluyen las capitales de provincia.

El sindicato LAB tampoco ha acudido, al menos de forma oficial, y ha llamado a reunirse el día 3 de octubre al mediodía en la Plaza Merindades de Pamplona para denunciar, según han publicado en sus redes sociales, el desahucio de Marise (una mujer de 80 años) y pedir “al Gobierno de Navarra que expropie las viviendas en poder de los fondos buitres”. Ambas organizaciones de la izquierda abertzale se movilizarán también el 17 de octubre a las 17.30 para reclamar “una vivienda digna”.

Mientras en el Congreso de los Diputados se debatían y votaban los dos decretos de vivienda, fuera miles de personas protestaban y reclamaban que los aprobasen. Han sido los votos en contra de Junts, PP y Vox los que han impedido que salgan adelante ambas normas, impulsadas por el Gobierno tras la presión social y el desahucio de Maricarmen.

Estas son las mejores fotos de la jornada: