Más de la mitad de las personas LGTBI han experimentado en el último año algún incidente de odio y rechazo por pertenecer al colectivo. Así lo revela un nuevo estudio presentado este jueves por la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), que en base a encuestas a 800 personas realizadas a inicios de 2026 por 40dB, dibuja una radiografía actual sobre la discriminación y violencia que siguen sufriendo quienes son LGTBI. A pesar de los avances en derechos de los últimos años, persisten y, a ojos de la FELGTBI+, también amentan las situaciones de rechazo en una especie de “paradoja social” sobre la que la organización quiere llamar la atención.

El informe Estado del odio 2026 destaca que un 54% de las personas del colectivo declaran haber sido víctimas de agresiones, acoso o discriminación, una “proporción significativa” que continúa enfrentándose a este tipo de ataques: un 36% aseguran haber sufrido acoso, seguido de la discriminación (29%) y agresiones físicas (22%). Sin embargo, no son situaciones que suelan producirse de forma aislada, sino que un gran número de encuestados declara haber sido víctima de más de una, alcanzando el 11% en el caso de quienes han experimentado las tres.

El objetivo del análisis es “mostrar la arquitectura del odio en cifras”, según apunta el estudio, que “refleja que los discursos de odio han encontrado grietas por las que calar en la sociedad” a pesar de que “la mayor parte de la sociedad rechaza la discriminación”. El informe, elaborado por la FELGTBI+ y el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) del CSIC, destaca una estabilización de los indicadores respecto a 2025, la edición anterior del informe, pero las cifras ya sufrieron un “gran aumento” ese año con respecto a 2024, lo que lleva a la organización a hablar de un fenómeno “en auge”.

Entre los incidentes calificados como acoso, se encuentran los insultos y trato degradante, que ha denunciado un 17% de los encuestados, seguido del aislamiento y rechazo (13%) y de las amenazas, chantaje o coacciones. El 6% asegura haber sufrido agresiones físicas leves como agarrones o empujones mientras que un 4% ha sido víctima de ataques de mayor intensidad. Por su parte, el 4 y el 5% declaran haber sufrido agresiones sexuales con violencia o con intimidación respectivamente. Un 9% asegura que se le ha negado el acceso a un derecho por ser LGTBI y un 7% dice haber experimentado un “trato desigual” en el trabajo por esta misma causa.

La violencia online

El informe pregunta por primera vez por la violencia en los entornos digitales, donde un 44% de las personas encuestadas asegura haberla sufrido. El estudio hace referencia a las características propias de las redes sociales y al contexto social y político para llamar la atención sobre un espacio que está reproduciendo “hostilidad” hacia la comunidad LGTBI. En parte, analiza la publicación, por la presencia y expansión en Internet “de comunidades que promueven discursos antifeministas o antiLGTBI”, así como la “articulación” de “respuestas colectivas” que pueden derivar en “hostigamiento coordinado”.

Los insultos constituyen la forma más frecuente de ataque a las personas LGTBI, algo que reporta un 18% de la comunidad, pero también el aislamiento y el rechazo (13%). Instagram es la red social que mayoritariamente señalan las víctimas como espacio en el que ocurrieron estos hechos, seguida de X y Facebook. Aún así, el estudio llama la atención sobre la posibilidad de que esta variable esté condicionada por el mayor o menor uso de cada una de las plataformas, aunque apunta a que Whatsapp, que es la más utilidada, concentra solo el 10% de los casos.

El informe analiza el perfil de las víctimas y apunta a que el rechazo y la discriminación no se distribuye de forma uniforme, sino que “afecta de forma más intensa a las personas en mayor situación de vulnerabilidad”, explica María Rodríguez, responsable de investigación de la FELGTBI+. Así, las personas trans son quienes reciben una mayor proporción del odio en todas sus manifestaciones, con datos como que el 52% de ellas han sufrido una agresión física en el último año, más del doble de la media del resto del colectivo.

El estudio también ahonda en el “efecto multiplicador” de la interseccionalidad que se traduce en datos como que tener una discapacidad eleva el riesgo de sufrir una de estas situaciones en unos 20 puntos porcentuales. Además, ser una persona racializada o pertenecer a alguna “minoría religiosa” hace que el acoso sufrido pase del 30% de media para quienes no pertenecen a estos grupos a un 70%. También las pesonas jóvenes y quienes viven en hogares de menos de 1.000 euros al mes tienen una mayor exposición a casi todas las formas de rechazo y exclusión.

Más allá de las experiencias personales, la investigación también ha analizado cuál es la percepción de la situación por parte de las personas LGTBI y concluye que la idea de que el odio ha aumentado se ha incrementado desde 2024. “En 2026, la tendencia hacia una creciente percepción de que la situación ha empeorado se acentúa”, señala el estudio, que apunta a una visión “negativa y pesimista” que es “generalizada” y extensiva tanto al acoso como a la discriminación o las agresiones físicas. En todos los casos, el porcentaje de personas que aseguran que la situación es peor supera al menos en 8 puntos a quienes lo dijeron en 2024, sobre todo en lo relativo al acoso: entonces, lo pensaba un 27% y ahora un 40%.

El Ministerio de Igualdad prepara un acto de homenaje a Dolores Vázquez, la mujer condenada injustamente en el año 2000 por el asesinato de Rocío Wanninkhof. La joven de 19 años había sido asesinada el 9 de octubre de 1999 cerca de Mijas (Málaga) y casi un mes después, su cuerpo aparecía desnudo y con varias puñaladas. La investigación se centró en la figura de Dolores Vázquez, expareja de su madre, que fue detenida y condenada sin pruebas. Pasó 17 meses en prisión. El caso dio un vuelco y la inocencia por la que clamó desde el principio quedó demostrada cuando cuatro años más tarde otra joven era asesinada por Toni King, el autor real de la muerte de Rocío.

El linchamiento mediático al que fue sometida Dolores, condenada mucho antes de que lo hiciera la sentencia, es considerado un ejemplo paradigmático de lesbofobia social e institucional. Varias voces han analizado cómo los medios de comunicación se basaron en prejuicios para construir una imagen de Dolores como culpable que influyó en la orientación del jurado popular que la condenó sin pruebas. De hecho, el juicio fue anulado en febrero de 2002 por “falta de motivación” y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó repetirlo, pero nunca llegó a celebrarse de nuevo.

26 años después de su condena, el Ministerio de Igualdad quiere reconocer institucionalmente el daño que vivió y por eso celebrará un acto “simbólico” de reparación el próximo 27 de abril en su sede en Madrid, según confirman fuentes del mismo. Durante el evento, que contará con la intervención de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el Ministerio entregará a Dolores Vázquez la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad. Según apuntan fuentes del departamento, también se ha invitado a otros ministros como Félix Bolaños, de Justicia, sin que aún haya recibido confirmación. El año pasado, en un homenaje en Betanzos (Galicia), su pueblo natal, Vázquez reclamó una petición de perdón por parte del Gobierno.

La construcción de la asesina

Dolores Vázquez fue detenida el 7 de septiembre del año 2000 y entró en prisión preventiva tras una investigación en la que casi desde el inicio tanto la Guardia Civil como la familia de Rocío Wanninkhof apuntaron a que el culpable era alguien conocido y del entorno de la víctima. Desde entonces, mediática y socialmente comenzó a instalarse un discurso que presentaba a la acusada como una asesina despiadada desvirtuando para eso todo tipo de elementos, desde su supuesta personalidad a su físico, dibujándola como una mujer fría, calculadora y vengativa.

El hecho de que Dolores Vázquez fuera lesbiana y hubiera tenido una relación con la madre de Rocío, Alicia Hornos, tuvo un papel clave en el caso, según han estudiado voces como la de la activista feminista y escritora Beatriz Gimeno, que analizó profundamente esta variable en La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa, 2008). En el libro, Gimeno hace un repaso por el tratamiento del caso y apunta a que Dolores Vázquez fue acusada, procesada y condenada por su orientación sexual “y nada de lo que sucedió hubiera podido suceder de la misma manera de haber sido heterosexual”.

El retrato de una mujer amenazante y masculinizada, con una gran fuerza –la suficiente para poder ella sola haber trasladado el cadáver de Rocío–, de carácter “frío” y “varonil” e incluso “dominador” llenó horas de televisión y páginas de periódicos con base en falsedades y exageraciones. Todo ello sirvió para convencer a la opinión pública, conmocionada por el caso, de que era culpable solo por “no encajar en los roles sexuales normativos” asociados a las mujeres, según ha escrito Gimeno. El móvil inventado para señalar a Dolores fue el de una mujer que se vengaba de la hija de su expareja por supuestamente considerarla el motivo de la ruptura con Alicia Hornos.

La familia de Rocío también sostuvo esta versión y con este convencimiento generalizado y erróneo, el juicio comenzó en la Audiencia Provincial de Málaga el 3 de septiembre de 2001. Sin pruebas y una acusación fiscal centrada en desacreditar personalmente a la mujer, un jurado popular que no fue unánime –dos personas votaron por su absolución–, la condenó a 15 años de prisión y al pago de una indemnización de 18 millones de pesetas. Ella siempre negó los hechos e insistió una y otra vez en que el único momento en que salió de casa aquella noche fue para comprar tabaco y tirar la basura.

La anulación de la condena

No hubo ninguna prueba física ni rastro de ADN ni testimonio que situara a Dolores Vázquez en la escena del crimen, pero una suma de supuestos indicios –entre ellos, su caracterización como una mujer celosa y violenta– sirvieron para condenarla. Su defensa recurrió y en febrero de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio apuntando a que el fallo “no plasmó las bases lógicas para construir la conclusión inculpatoria” hasta el punto de que las explicaciones incluidas “no cumplen la exigencia con respecto a la prueba de los hechos”.

La sentencia determinó que el jurado popular condenó a la mujer sin explicar suficientemente su motivación, sin detallar “debidamente” los elementos que había tenido en cuenta. Frente a eso, el fallo afea al juez que debía haber devuelto el acta del veredicto al jurado y, de no hacerlo, estaba obligado él mismo a argumentar la condena que firmó, cosa que no hizo incurriendo en un “incumplimiento legal” de su exigencia. El tribunal insistió también en que la condena no fue producto de pruebas directas, sino de “inferencias o indicios” que “ni siquiera podemos conocer” porque no se reseñaron “debidamente”.

Dolores salió de la cárcel a la espera de un nuevo juicio, pero en este tiempo, Tony Alexander King asesinó a Sonia Carabantes. Su ADN estaba presente en las uñas de la joven y también en un cigarrillo encontrado junto al cuerpo de Rocío Wanninkhof. El británico fue condenado a 35 años de cárcel por el asesinato de Carabantes y a 20 por el de Wanninkhof. Dolores Vázquez había estado 519 días en la cárcel por error judicial. Después de lo ocurrido y ya en libertad, se fue a vivir fuera de España.

Un comerciant del mercat de Pere Garau, a Palma, ha denunciat haver estat víctima d'una agressió homòfoba presumptament a mans d'altres comerciants del mateix recinte. “Li han fotut la vida”, ha expressat un amic de la víctima en donar a conèixer els fets a les xarxes socials, on explica que els agressors van començar a propinar-li cops i insults per la seva orientació sexual, proferint expressions com “maricó”. L'afectat ja ha interposat denúncies per aquests fets.

“Que en ple 2026 ocorri això és intolerable”, subratlla el missatge, que indica que els fets ja estan denunciats “i en mans dels jutges”. Amb tot, recrimina que, “tot i la condemna que els puguin imposar”, no “es pot permetre que aquesta gent continuï treballant al mateix lloc que el Miquel”.

En la seva publicació, l'amic de la víctima insisteix que “no s'hauria de permetre que aquestes males bèsties continuïn treballant ni estiguin a prop de la persona a la qual odien i a la qual han donat una pallissa. Cal aconseguir que a aquesta gent els facin fora d'allà i cal fer que tothom sàpiga qui són”. Així mateix, assevera que els suposats agressors “menjen pernil” i són “mallorquins” del municipi d'Algaida.

L'agressió ha generat una onada de rebuig al barri. Aquest dimarts, desenes de persones s'han concentrat al mercat de Pere Garau per mostrar el seu suport al venedor i condemnar la violència. A l'acte han estat presents la regidora municipal d'Igualtat, Lourdes Roca, i el de Mercats, Llorenç Bauzá, que han condemnat els fets, que han condemnat els fets. Davant la seva gravetat, l'Ajuntament de Palma suspendrà de manera cautelar la possibilitat que el presumpte autor de l'agressió dugui a terme l'activitat de venda en mercats municipals.

En concret, l'àrea municipal de Mercats ha elaborat un informe basat en l'atestat emès per la Policia Local de Palma. D'acord amb aquest document, i atès que el lloc en què l'agressor exerceix la venda pertany a un altre titular, aquest serà reubicat al mercat com a mesura preventiva. Un cop finalitzin les diligències policials, el Consistori avaluarà si cal adoptar altres mesures addicionals que puguin afectar altres persones implicades.

Durant la concentració, ambdós regidors han traslladat personalment a la víctima el suport de l’equip de govern i de l'Ajuntament, i s'han posat a la seva disposició per a tot allò que pugui necessitar, tal com ha assenyalat la corporació local en un comunicat. En aquest sentit, Bauzá ha mostrat el seu “suport total” a l'home agredit i ha condemnat “rotundament qualsevol acte d'odi o discriminació”, subratllant que es tracta de fets “que no tenen cabuda en una societat democràtica, diversa i inclusiva, i que no representen la ciutadania de Palma”.

Així mateix, el Consistori ha remarcat la importància de denunciar qualsevol agressió o conducta discriminatòria com a pas fonamental per a la seva erradicació i ha reafirmat el seu compromís amb una Palma inclusiva i lliure d’odi.

L'Ajuntament suspèn d'activitat el presumpte agressor

Per la seva banda, representants de Més per Palma, que també han participat en la protesta, han denunciat la gravetat del que ha ocorregut, recriminant que l'agressió ha deixat seqüeles físiques i un “profund impacte psicològic” en una persona “respectada i volguda” al barri. Així mateix, el partit ecosobiranista ha instat l'Ajuntament a posar en marxa protocols eficaços contra les agressions homòfobes en espais públics. “Quan una persona és agredida per la seva orientació sexual, parlem d'un atac a tota la societat”, ha advertit la portaveu de la formació, Neus Truyol, que ha exigit una resposta institucional “ferma i sense excuses”.

Truyol també ha carregat contra l'equip de govern del PP, al qual ha acusat de prioritzar la defensa de “símbols franquistes com el monolít de sa Feixina” davant la protecció de les persones que pateixen violència per la seva identitat sexual.

En aquesta línia, la coordinadora de Podem Illes Balears ha expressat “fàstic i ràbia davant una altra agressió homòfoba” a Palma: “Tot el nostre suport al venedor del mercat de Pere Garau que ha estat agredit al crit de 'maricón'. Cap agressió sense resposta. No donarem ni un pas enrere”. Així mateix, des del PSIB-PSOE han manifestat que Palma “no pot tolerar cap agressió homòfoba” com la del mercat de Pere Garau. “Tot el nostre suport a la víctima. No està sola. Volem una ciutat on tothom pugui viure amb llibertat i sense por. Davant l'odi, més unitat, més fermesa i més orgull”, han manifestat a través d'un missatge en X.

Es dóna la circumstància que, a finals del passat mes de març, un professor de l'IES Baltasar Porcel (Andratx) va patir un atac de caràcter homòfob per part d'estudiants del mateix i d'un altre centre, un episodi que, segons van advertir des del claustre, no és aïllat, sinó reflex d'un problema més ampli en l'àmbit educatiu, en afectar també a altres sectors i àmbits socials.

Un comerciante del mercado de Pere Garau, en Palma, ha denunciado haber sido víctima de una agresión homófoba presuntamente a manos de otros comerciantes del mismo recinto. “Le han jodido la vida”, ha expresado un amigo de la víctima al dar a conocer los hechos en redes sociales, donde explica que los agresores comenzaron a propinarle golpes e insultos por su orientación sexual, profiriendo expresiones como “maricón”. El afectado ya ha interpuesto denuncia por estos hechos.

“Que en pleno 2026 ocurra esto es intolerable”, subraya el mensaje, que indica que los hechos ya están denunciados “y en manos de los jueces”. Con todo, recrimina que “a pesar de la condena que les puedan meter”, no se puede permitir que esta gente siga trabajando en el mismo sitio que Miquel“.

En su publicación, el amigo de la víctima insiste en que “no se debería permitir que estas malas bestias sigan trabajando ni estando cerca de la persona a la que odian y a la que le han pegado una paliza. Hay que conseguir que a esta gente la echen de ahí y hay que hacer que todo el mundo sepa quiénes son”. Asimismo, asevera que los supuestos agresores “comen jamón” y son “mallorquines” del municipio de Algaida.

El Ayuntamiento suspende de actividad al presunto agresor

La agresión ha generado una oleada de rechazo en el barrio. Este martes, decenas de personas se han concentrado en el mercado de Pere Garau para mostrar su apoyo al vendedor y condenar la violencia. En el acto han estado presentes la regidora municipal de Igualdad, Lourdes Roca, y el de Mercados, Llorenç Bauzá, quienes han condenado los hechos, ante cuya gravedad el Ayuntamiento de Palma suspenderá de forma cautelar la posibilidad de que el presunto autor de la agresión lleve a cabo la actividad de venta en mercados municipales.

En concreto, el área municipal de Mercats ha elaborado un informe basado en el atestado emitido por la Policía Local de Palma. De acuerdo al informe, y dado que el puesto en el que el atacante ejerce la venta pertenece a otro titular, éste será reubicado en el mercado como medida preventiva. Una vez finalicen las diligencias policiales, el Consistorio evaluará si es necesario adoptar otras medidas adicionales que puedan afectar a otras personas implicadas.

Durante la concentración, ambos concejales han trasladado personalmente a la víctima el respaldo del equipo de gobierno y del Ayuntamiento y se han puesto a su disposición para lo que pueda precisar, tal como ha señalado la corporación local en un comunicado. En este sentido, Bauzá ha mostrado su “apoyo total” al denunciante y ha condenado “rotundamente cualquier acto de odio o discriminación”, subrayando que se trata de hechos “que no tienen cabida en una sociedad democrática, diversa e inclusiva, y que no representan a la ciudadanía de Palma”.

Asimismo, el Consistorio ha subrayado la importancia de denunciar cualquier agresión o conducta discriminatoria como paso fundamental para su erradicación y ha reafirmado su compromiso con una Palma inclusiva y libre de odio.

“Profundo impacto psicológico”

Por su parte, representantes de Més per Palma, quienes también han participado en la protesta, han denunciado la gravedad de lo ocurrido, recriminando que la agresión ha dejado secuelas físicas y un “profundo impacto psicológico” en una persona “respetada y querida” en el barrio.

Asimismo, el partido ecosoberanista ha instado al Ayuntamiento a poner en marcha protocolos eficaces contra las agresiones homófobas en espacios públicos. “Cuando una persona es agredida por su orientación sexual, hablamos de un ataque a toda la sociedad”, ha advertido la portavoz de la formación, Neus Truyol, quien ha exigido una respuesta institucional “firme y sin excusas”. Truyol también ha cargado contra el equipo de gobierno del PP, al que ha acusado de priorizar la defensa de “símbolos franquistas como el monolito de sa Feixina” frente a la protección de las personas que sufren violencia por su identidad sexual.

En esta línea, la coordinadora de Podem Illes Balears ha expresado “asco y rabia ante otra agresión homófoba” en Palma: “Todo nuestro apoyo al vendedor del mercado de Pere Garau que ha sido agredido al grito de 'maricón'. Ninguna agresión sin respuesta. No daremos ni un paso atrás”. Asimismo, desde el PSIB-PSOE han manifestado que Palma “no puede tolerar ninguna agresión homófoba” como la del mercado de Pere Garau. “Todo nuestro apoyo a la víctima. No está sola. Queremos una ciudad donde todo el mundo pueda vivir con libertad y sin miedo. Ante el odio, más unidad, más firmeza y más orgullo”, han manifestado a través de un mensaje en X.

Se da la circunstancia de que, a finales del pasado mes de marzo, un profesor del IES Baltasar Porcel (Andratx) sufrió un ataque de carácter homófobo por parte de estudiantes del mismo y de otro centro, un episodio que, según adviertieron desde el claustro, no es aislado, sino reflejo de un problema más amplio en el ámbito educativo, al afectar también a otros sectores y ámbitos sociales.

Ibrahima tenía 12 años cuando su padre decidió que debía hacerse “más hombre”. Lo llevó a trabajar en la pesca, convencido de que el esfuerzo físico corregiría lo que familia veía como una desviación. “Nunca me gustó. Yo quería otra vida, pero no tenía elección”, recuerda hoy desde Francia en una conversación con elDiario.es.

Creció en Senegal en una familia profundamente religiosa, marcada por la figura de un padre imán y por un entorno donde cualquier diferencia era castigada. En el barrio lo molestaban, lo señalaban y lo reducían a un insulto que ni siquiera entendía. En casa, la violencia era una constante. “Mi hermano mayor me golpeó varias veces, incluso una vez en el mar, donde pensé que iba a morir”, relata. Desde muy joven, Ibrahima comprendió que su identidad no tenía espacio en el mundo que lo rodeaba. 

Años después, en 2020, fue detenido junto a otros hombres acusados de “actos contra natura”. Pasó tres meses en prisión en condiciones extremas, hacinado con decenas de personas, sin poder dormir y bajo amenazas constantes y agresiones de otros reclusos. “Pensé que no iba a salir de allí”, dice. Hoy vive en Francia, adonde llegó en 2024, intentando reconstruir una vida atravesada por la violencia. 

Su historia no pertenece al pasado, es el presente de Senegal. En marzo de 2025, la Asamblea Nacional aprobó una reforma del Código Penal que pena con hasta diez años de prisión las relaciones entre personas del mismo sexo y criminaliza cualquier forma de “promoción” de la homosexualidad. La norma amplía la persecución de activistas, organizaciones y cualquier persona que defienda los derechos LGTBI, e introduce sanciones económicas que pueden alcanzar los 15.000 euros, equiparando la homosexualidad a delitos como la zoofilia o la necrofilia.

Una ola que recorre parte de África

Senegal no es una excepción. De los 65 países que criminalizan la homosexualidad en el mundo, 33 están en África. En los últimos años, el continente ha vivido un endurecimiento acelerado de este tipo de legislaciones, en una dinámica que combina política interna, presión social y redes e influencias internacionales. 

Uganda se convirtió en 2023 en el epicentro de esta regresión al aprobar una de las leyes más duras del mundo, con penas que incluyen la cadena perpetua e incluso la pena de muerte en casos de “homosexualidad agravada”. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de abusos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y campañas de persecución social.

En Burkina Faso, la reforma de 2025 llega en un contexto de inestabilidad política crónica, con golpes de Estado recientes, presencia de grupos yihadistas y un Estado cada vez más debilitado fuera de la capital. En ese escenario, el endurecimiento de las leyes anti-LGTBI empuja al colectivo hacia la clandestinidad. 

El Parlamento de Ghana ha aprobado nuevas restricciones en una ley cuya versión anterior fue aprobada en 2024, pero no llegó a entrar en vigor al no recibir el respaldo del entonces presidente Nana Akufo-Addo. Su sucesor, John Dramani Mahama, en el poder desde enero de 2025, sí ha mostrado apoyo a la iniciativa. 

La huella de la derecha cristiana estadounidense

Tanto Senegal como otros países del continente africano comparten un elemento común denominador: la influencia de redes ultraconservadoras occidentales en esta ola legislativa contra el colectivo homosexual. 

En Senegal, la red And Samm Jikko Yi, clave en la presión para endurecer la ley, mantuvo contactos desde 2024 con MassResistance, una organización estadounidense con sede en Massachusetts que considera la homosexualidad una amenaza para la salud pública. MassResistance no es un actor marginal. En Estados Unidos ha impulsado campañas contra el matrimonio igualitario y los derechos de las personas trans, y forma parte de un entramado más amplio de organizaciones que exportan una agenda ultraconservadora a nivel internacional. 

Desde la llegada de la Administración Trump en Estados Unidos, el clima político en el país ha reforzado las redes de ultraconservadores. De hecho, según Reuters, el caso de Senegal es el primer caso documentado de un grupo estadounidense ayudando a sacar adelante una ley anti-LGTBI en África desde la vuelta al poder de Donald Trump. 

Según la agencia, esta organización asesoró a actores senegaleses en estrategias de movilización, comunicación y presión política para impulsar la reforma legal. Este tipo de colaboración incluye desde el diseño de campañas hasta el intercambio de materiales ideológicos y jurídicos. 

No somos nosotros los que amenazamos la economía ni la seguridad del país

Ibrahima

El caso de Senegal no es aislado. En Ghana, la misma organización ha participado en el debate legislativo y ha colaborado con activistas locales, mientras que otras plataformas como Family Watch International o CitizenGO, fundada por la asociación española HazteOir han organizado conferencias, financiado campañas y trabajado directamente con líderes políticos y religiosos en distintos países africanos, como han destapado algunas informaciones periodísticas. En los últimos años, investigaciones por parte de organizaciones como Open Democracy han documentado que desde 2007 al menos una veintena de grupos ultraconservadores cristianos estadounidenses han destinado decenas de millones de dólares a organizaciones africanas en contra de las personas LGTBI.

Este entramado se articula en torno a lo que algunos investigadores denominan el movimiento transnacional “pro-family”, una red global que exporta marcos legales, discursos y estrategias políticas. Aun así, la paradoja es evidente. Mientras desde África los discursos oficiales insisten en que la homosexualidad es una imposición occidental, parte de la ofensiva contra los derechos LGTBI también lo es. 

Además, el recorte de la financiación internacional de Estados Unidos a través de la suspensión del programa USAID ha llevado a la reducción de programas considerados “sociales o divisivos”, sobre todo en el ámbito de la salud pública. En Senegal, la prevalencia del VIH es del 0,3% en la población general, pero alcanza hasta el 49% entre hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres en algunas zonas de Dakar. A partir de ahora, la criminalización del colectivo dificulta el acceso a tratamiento y prevención, empujándolos a la clandestinidad. 

Crisis, desgaste político e instrumentalización de la moral

La aprobación de la ley no puede entenderse sin el contexto económico y político que atraviesa Senegal. El país vive una situación financiera crítica. Tras años de gestión opaca, la deuda pública ha superado las cifras oficiales, superando el 100% del Producto Interior Bruto, lo que ha obligado al Gobierno a hacer frente a pagos urgentes a acreedores internacionales para evitar el default. El peso de la deuda consume ya más de la mitad de los ingresos del Estado. 

Las consecuencias son visibles: becas estudiantiles impagadas, recortes en servicios públicos y un sistema universitario tensionado que han provocado protestas recurrentes. En febrero de 2026, la muerte del estudiante Abdoulaye Ba durante una intervención policial en una protesta por el retraso de becas volvió a poner de relieve la fragilidad del modelo. El caso de Abdoulaye no es un caso aislado; al menos seis estudiantes han muerto en contextos similares en los últimos 25 años. 

Este clima de tensión se combina con un desempleo juvenil persistente y una creciente frustración de los jóvenes, que fueron clave en la llegada al poder de los actuales líderes del país, Bassirou Diomaye Faye y Ousmane Sonko en 2024. Ambos encarnaban una promesa de ruptura con el sistema anterior y, dos años después, esa promesa se enfrenta a sus límites.

En este contexto, la ley contra la homosexualidad aparece como una herramienta política de bajo coste y alto rendimiento simbólico. “Hay muchos problemas más importantes en Senegal”, apunta Ibrahima a elDiario.es. Desde su experiencia, la cuestión LGTBI ha sido utilizada como sustituto de esas respuestas que no llegan. “No somos nosotros los que amenazamos la economía ni la seguridad del país”, insiste. 

El propio calendario refuerza esta lectura. La aprobación de la ley coincidió con un momento de alta presión financiera sobre el Estado y un aumento de las críticas internas. Dentro del propio Gobierno, la medida también cumple una función de posicionamiento. Mientras Faye adopta una posición más institucional, centrada en la gestión económica, Sonko, por su parte, y como principal impulsor de la ley, refuerza su liderazgo apelando a los “valores africanos” y la soberanía cultural. 

Para Ibrahima, es una lógica clara: “Se está utilizando a las personas homosexuales para distraer a la población”. A su juicio, el Gobierno busca demostrar que cumple sus promesas en un terreno simbólico, aunque no lo haga en lo económico. “Quieren decir que han hecho algo, aunque no sea lo más importante”.

“Cuando me detuvieron me encontré con que el fiscal era homófobo, pero mi abogado, también. Ahora ese mismo abogado se ha convertido en un diputado de la Asamblea Nacional y ha apoyado iniciativas políticas anti LGTBI. Está claro que no tienes a nadie que te defienda”, concluye. 

Ekain Perrino, el joven de Basauri que en junio de 2021 sufrió una agresión homófoba, valora que en la sentencia conocida este miércoles que condena a pena de prisión de hasta dos años y a multas a los once acusados de agredirle física y verbalmente por su orientación sexual se haya considerado el delito de odio, pero cree la condena “absolutamente insuficiente” y “esperaba más”.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a dos años de cárcel a diez acusados y a otro a un año y dos meses por la agresión homófoba física y verbal “en manada” a este joven de Basauri el 6 de junio de 2021. Les impone estas penas por un delito de odio que cometieron con un “atentado furibundo” en una especie de “jauría” que golpeaba a la víctima “brutalmente” al grito de “maricón”, informa Europa Press. Además de la condena de prisión, les impone multas que suman los 1.710 euros, prohibición de comunicación y aproximación a la víctima, y deberán indemnizarle de forma conjunta y solidaria con 6.000 euros por daño moral y otros 350 euros en concepto de responsabilidad civil.

En declaraciones a EiTB, recogidas por Europa Press, el joven ha dicho que esperaba “una condena justa, no como la que ha habido”, que es “insuficiente, de risa” porque “dos años de cárcel es como no pedir nada porque no van a entrar”. “A esa gente nadie les denuncia y, al final, se van a librar”, ha lamentado, para asegurar que lo que menos le interesaba es el dinero. “Lo que queríamos era que saliesen todos condenados y eso lo hemos conseguido, pero la indemnización es un poco de risa porque con esa indemnización mis padres no tienen para pagar lo que se han gastado en mí en estos años y lo que queda”, ha afirmado.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a penas de dos años de prisión y multas de hasta 2.700 euros a diez de los once acusados de la agresión homófoba en Basauri en 2021 a Ekain Perrino. En el caso de uno de ellos, la pena de cárcel es de 14 meses y 1.710 euros de multa al apreciarse en él la atenuante de anomalía psíquica por una discapacidad intelectual leve. Además, a todos ellos se les impone prohibiciones de comunicación y aproximación a la víctima y deberán indemnizarle de forma conjunta y solidaria con 6.000 euros por daño moral y otros 350 euros en concepto de responsabilidad civil. No obstante, en España, una condena de dos años o menos permite generalmente evitar la cárcel sin antecedentes penales, aunque la suspensión no es automática y queda sujeta a la decisión del juez.

Tras el juicio, celebrado a principios de marzo, el tribunal estima probado que el joven fue objeto de un ataque físico y verbal, “en manada”, con una “indudable significación homófoba y discriminatoria”, que no provino de un “mero acaloramiento” sino que tuvo un “claro ánimo de exclusión” por razón “únicamente de su orientación sexual”.

“Estaba en un parque con mi pareja y amigos sobre las dos de la madrugada y uno de los agresores se dirigió a mí diciéndome que me fuera del lugar, que le iba a contagiar y que le doy asco. Le contesté que si le molestaba mi presencia se fuera él. Al poco rato me agredieron por la espalda, me tiraron al suelo y se me echaron todos encima. Me quedé inconsciente y seguían pegándome al grito de 'puto maricón' y 'esto te pasa por maricón de mierda', me protegí como pude”, sostuvo la víctima, Ekain Perrino durante su declaración.

Según detalló el joven, que en el momento de los hechos tenía 23 años, tras lo ocurrido ha padecido además de la violencia física, secuelas psicológicas como ansiedad y depresión. “He estado varias veces en centros psiquiátricos, voy a la psicóloga todas las semanas y sigo en tratamiento. Sigo sintiendo temor al encontrarme con estas personas por el pueblo. Aunque hayan pasado cinco años todavía me afecta anímicamente lo ocurrido”, aseguró, mientras que las defensas de los acusados se limitaron a argumentar que “decir maricón no es delito de odio”.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 6 de junio de 2021 en un parque de Basauri. Según se recoge en la resolución, la víctima fue conminado a marcharse del lugar por los acusados porque “les iba a contagiar y les daba asco” y ante su negativa, el grupo le rodeó y, “actuando de forma conjunta y guiados con el ánimo de atentar contra la integridad física ajena”, le propinaron patadas y golpes por todo el cuerpo, al tiempo que, con “evidente ánimo de menospreciar, humillar y menoscabar su integridad moral y su dignidad por razón de su orientación sexual”, proferían expresiones de “maricón”, “esto te pasa por ser un maricón de mierda” y “sarasa”, entre otras.

El joven sufrió varias lesiones que necesitaron para su sanación una sola asistencia médica; así como un trastorno adaptativo ansioso reactivo con síntomas postraumáticos asociados por el que precisó de un tratamiento médico especializado. El tribunal concluye que ha existido prueba de cargo suficiente para condenar a los once acusados con base en la declaración de la víctima, a la que otorga “credibilidad y verosimilitud”, y a las corroboraciones periféricas que han existido de su relato, entre ellas las declaraciones de testigos de los hechos que coinciden en lo esencial entre sí y con el testimonio de este.

Además, los magistrados recuerdan que la víctima reconoció a todos los encausados en el plenario “sin ninguna duda como el grupo de personas que llevó a cabo” la agresión en su contra y precisan que las “alegaciones, excusas o coartadas” de los acusados son “bastante” inverosímiles y huérfanas de “todo atisbo de credibilidad”.

El tribunal afirma que los insultos empleados antes y durante la agresión física son de una “indudable significación homófoba y discriminatoria” y “responden al discurso del odio según el cual determinadas personas o colectivos no merecen consideración o respeto”. Añade que su intensidad y reiteración no permite concluir que esos insultos derivasen de un “mero acaloramiento” sino que tuvo un “claro ánimo de exclusión (…) por razón únicamente de su orientación sexual”. La víctima “vio gravemente menoscababa su integridad moral, su dignidad, viéndose obligado a vivir una experiencia de suma humillación, vejación, descrédito y menosprecio por la sola razón de su orientación sexual absolutamente intolerable y enmarcable en el resultado exigido por el delito de odio”.

En este sentido, la Audiencia vizcaína recuerda que en los delitos de odio el sujeto activo ha de actuar con conocimiento y voluntad de cometer el hecho típico (dolo) pero solo es responsable penalmente si la conducta se realiza por un motivo de exclusión o discriminación contra determinado grupo o alguno de sus integrantes (motivación), como estima que sucede en este caso.

El tribunal reconoce que la “levedad” de la agresión se debió al “rápido fin del ataque colectivo, que no duró más que unos minutos ante la inmediata intervención de multitud de personas que se encontraban en el lugar y que impidieron sin lugar a duda un resultado lesivo de mayor gravedad”. Al mismo tiempo estima acreditado que el trastorno adaptativo ansioso sufrido por la víctima fue una consecuencia directa de ese “furibundo atentado” homófobo sufrido “en manada”, en “un espacio público, en presencia de una gran cantidad de personas y de forma absolutamente inesperada”, un hecho que justifica además su reparación moral.

En relación con la coautoría, el tribunal concluye que todos son responsables de los delitos imputados en concepto de autor porque “todos golpearon, todos profirieron expresiones homófobas convirtiéndose, dado su número, en una suerte de ‘jauría’ que golpeaba con brutalidad a la víctima al grito de ‘maricón’, ‘esto te pasa por maricón’” y mantiene que concurre la agravante de abuso de superioridad en la ejecución del delito leve de lesiones y no en el delito de odio al ser inherente a su comisión.

La Audiencia vizcaína rechaza, sin embargo, que se pueda apreciar alevosía en la agresión y también las circunstancias eximentes o atenuantes solicitadas por las defensas de legítima defensa, reparación del daño causado y dilaciones indebidas. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó este martes que los estados no pueden prohibir las llamadas 'terapias de conversión' para cambiar la orientación sexual o la identidad de género de menores, una práctica considerada como tortura por la ONU.

El alto tribunal justificó su decisión en base a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de religión, expresión, prensa y reunión.

“La Primera Enmienda constituye un escudo contra cualquier intento de imponer la ortodoxia en el pensamiento o la expresión en este país”, escribió el juez Neil Gorsuch en nombre de la mayoría del tribunal.

La decisión, que se tomó por ocho votos a favor, solo contó con la oposición de la jueza progresista Ketanji Brown Jackson.

El fallo es una respuesta a la prohibición a las terapias de conversión que había fijado Colorado, uno de los 20 estados que han vetado esa práctica.

Técnicamente, la decisión del Supremo no anula la ley de Colorado, que sigue en vigor, pero envía el asunto a tribunales inferiores que muy probablemente fallarán en el mismo sentido.

En 2019, Colorado promulgó una ley que prohibía a los profesionales de la salud mental realizar cualquier práctica o tratamiento, incluyendo la terapia verbal, que intente cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona.

Los infractores se enfrentan a multas de hasta 5.000 dólares (unos 4.300 euros) y pueden ser suspendidos del ejercicio de su profesión o perder el permiso.

La terapia de conversión, favorecida por algunos conservadores religiosos, busca que los menores homosexuales se identifiquen como heterosexuales y que los niños trans encajen en el género al nacer.

Esta práctica está desacreditada por organizaciones médicas y las investigaciones científicas han demostrado que la terapia de conversión es ineficaz e incluso puede ser peligrosa, generando problemas de salud mental.

El Proyecto Trevor, una organización dedicada a prevenir el suicidio en los jóvenes del colectivo LGTBI, advirtió que el fallo del Supremo es un “trágico paso atrás”.

En cambio, el grupo religioso First Liberty Institute celebró la decisión, al considerar que no se debe “censurar” la libertad de los profesionales.

El claustre de l’IES Baltasar Porcel (Andratx) ha manifestat el seu “rebuig més contundent” i una “profunda indignació” després de l’atac de caràcter homòfob patit recentment per un dels seus docents, un episodi que, segons adverteixen, no és aïllat, sinó reflex d’un problema més ampli en l’àmbit educatiu, en afectar també altres sectors i àmbits socials.

D’acord amb la informació recollida per elDiario.es, els fets es varen originar arran de la creació d’un compte fals a Google Classroom per part d’alumnes del mateix centre, amb la participació d’estudiants del CC Ramon Llull d’Andratx. Des d’aquest perfil es varen difondre continguts ofensius dirigits al professor, incloent-hi imatges de caràcter sexual, de genitals i joguines sexuals, a més de missatges i insults que feien referència directa a la seva identitat, vulnerant greument la seva dignitat.

El cas es va conèixer dimecres passat i, poques hores després, la directora del centre va presentar una denúncia davant la Guàrdia Civil. Per la seva banda, el professor afectat també va decidir emprendre la mateixa acció. Ja dijous, l’institut va reunir d’urgència el claustre i va activar una investigació interna per tal d’identificar els alumnes presumptament implicats. Així mateix, en el moment en què el professorat —vestit amb roba de color negre— es fotografiava per mostrar el seu suport al company, alguns dels estudiants presumptament implicats responien amb actituds de burla.

A través d’un manifest sota el lema “Quan ataquen a un, ens ataquen a tots”, el claustre subratlla que aquest tipus d’episodis no són excepcionals. “No és un fet aïllat. Des de fa temps venim patint insults, amenaces i faltes de respecte que han acabat per convertir-se en quelcom quotidià”, denuncien. En aquest sentit, afirmen que aquesta situació posa de manifest una preocupant normalització de la manca de respecte en l’entorn educatiu.

El comunicat també subratlla la dimensió col·lectiva del problema. Segons el claustre, les manifestacions d’odi —ja siguin homòfobes, racistes, xenòfobes o masclistes— no només afecten la víctima directa, sinó que soscaven els principis bàsics de convivència i respecte en una societat democràtica. En aquesta línia, els docents sostenen que la problemàtica transcendeix més enllà del seu institut i que es reprodueix en altres centres educatius i àmbits socials, fet que apunta a un fenomen estructural. Per això, consideren insuficient una condemna puntual i reclamen una resposta sostinguda en el temps basada en una major conscienciació social.

Finalment, el claustre exigeix a les institucions competents mesures “clares, fermes i eficaces” que garanteixin la protecció de les víctimes i combatin qualsevol forma de discriminació. Així mateix, reiteren el seu suport al professor afectat i reafirmen el seu compromís amb una educació fonamentada en el respecte, la diversitat i la dignitat. “L’atac a un company és un atac a tots. Avui ha estat ell, però demà pot ser qualsevol, fins i tot l’alumnat”, lamenten, insistint que la convivència dins i fora de les aules “no és negociable”.

El Departament d'Inspecció Educativa de la Conselleria d'Educació i Universitats ja té coneixement de la situació i ha activat els protocols corresponents. Aquest mateix dilluns, un inspector ja s'ha desplaçat al centre educatiu per a avaluar la situació, segons Europa Press.

Existeix el telèfon 028 per a atendre les persones víctimes de LGTBIfòbia durant les 24 hores del dia tots els dies de l'any, així com el telèfon Arcoíris per a víctimes de delictes d'odi i discriminació.

El claustro del IES Baltasar Porcel (Andratx) ha manifestado su “rechazo más contundente” y una “profunda indignación” tras el ataque de carácter homófobo sufrido recientemente por uno de sus docentes, un episodio que, según advierten, no es aislado, sino reflejo de un problema más amplio en el ámbito educativo, al afectar también a otros sectores y ámbitos sociales.

De acuerdo con la información recabada por elDiario.es, los hechos se originaron a raíz de la creación de una cuenta falsa en Google Classroom por parte de alumnos del propio centro, con la participación de estudiantes del CC Ramon Llull de Andratx. Desde ese perfil se difundieron contenidos ofensivos dirigidos al profesor, incluyendo imágenes de índole sexual, de genitales y juguetes sexuales, además de mensajes e insultos que aludían directamente a su identidad, vulnerando gravemente su dignidad.

El caso se conoció el pasado miércoles y, pocas horas después, la directora del centro presentó una denuncia ante la Guardia Civil. Por su parte, el profesor afectado también decidió emprender la misma acción. Ya el jueves, el instituto reunió de urgencia al claustro y activó una investigación interna para tratar de identificar a los alumnos presuntamente implicados. Asimismo, en el momento en que el profesorado —ataviado con ropa de color negro— se fotografiaba para mostrar su apoyo al compañero, algunos de los estudiantes presuntamente implicados respondían con actitudes de burla.

A través de un manifiesto bajo el lema “Quan ataquen a un, ens ataquen a tots”, el claustro subraya que este tipo de episodios no son excepcionales. “No es un hecho aislado. Desde hace tiempo venimos sufriendo insultos, amenazas y faltas de respeto que han acabado por convertirse en algo cotidiano”, denuncian. En este sentido, afirman que esta situación pone de relieve una preocupante normalización de la falta de respeto en el entorno educativo.

El comunicado también subraya la dimensión colectiva del problema. Según el claustro, las manifestaciones de odio —ya sean homófobas, racistas, xenófobas o machistas— no solo afectan a la víctima directa, sino que socavan los principios básicos de convivencia y respeto en una sociedad democrática.

En esta línea, los docentes sostienen que la problemática trasciende más allá de su instituto y que se reproduce en otros centros educativos y ámbitos sociales, lo que apunta a un fenómeno estructural. Por ello, consideran insuficiente una condena puntual y reclaman una respuesta sostenida en el tiempo basada en una mayor concienciación social.

Finalmente, el claustro exige a las instituciones competentes medidas “claras, firmes y eficaces” que garanticen la protección de las víctimas y combatan cualquier forma de discriminación. Asimismo, reiteran su respaldo al profesor afectado y reafirman su compromiso con una educación fundamentada en el respeto, la diversidad y la dignidad.

“El ataque a un compañero es un ataque a todos. Hoy ha sido él, pero mañana puede ser cualquiera, incluso el alumnado”, lamentan, insistiendo en que la convivencia dentro y fuera de las aulas “no es negociable”.

El Departamento de Inspección Educativa de la Conselleria de Educación y Universidades ya tiene conocimiento de la situación y ha activado los protocolos correspondientes. Este mismo lunes, un inspector ya se ha desplazado al centro educativo para evaluar la situación, según Europa Press.

Existe el teléfono 028 para atender a las personas víctimas de LGTBIfobia durante las 24 horas del día todos los días del año, así como el teléfono Arcoíris para víctimas de delitos de odio y discriminación.

Esta mañana se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial un acusado de humillar y discriminar a dos integrantes del colectivo LGTBI. El acusado ha aceptado 1 año, 7 meses y 15 días de prisión por delito cometido con ocasión del ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas reconocidos en la Constitución, por lesionar la dignidad de las personas por motivos discriminatorios en razón de su orientación sexual.

El acusado, vecino de Logroño, ha reconocido los hechos y deberá pagar una multa de 1.890 euros y una indemnización de 1.000 euros a cada una de las dos víctimas en concepto de responsabilidad civil. 

La sentencia también le impone la medida de alejamiento a menos de 200 metros de las víctimas, así como la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio durante 3 años. También estará inhabilitado para ejercer profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por 4 años, 7 meses y 15 días.

El Tribunal ha concedido la suspensión de la pena privativa de libertad con la condición de que no vuelva a delinquir por un periodo de tiempo de 2 años y abone la multa y la responsabilidad civil impuestas en sentencia. Las víctimas denunciaron en 2024 que estaban recibiendo mensajes humillantes y discriminatorios por su orientación sexual a través de las redes sociales por parte del acusado.

Uno de los mensajes que el acusado envío desde su cuenta de Instagram y que se recoge en el escrito de calificación del Fiscal dice lo siguiente:  “El día que empiece a correr sangre en Europa por una rebelión, os garantizo que seréis los primeros en caer; algún día, más pronto que tarde, cuando la gente estalle y salga a la calle a cortar cabezas, acordaos que estaré en primera fila y a por los primeros que iré, seréis vosotros el día que Europa reviente, no seré yo el único que vaya arrancando cabezas, pero sí, me pido las vuestras….así seré yo lo último que veáis en vuestras miserables vidas; y ese día, cuando llegue, lo que te he dicho esta mañana, me encargaré yo mismo de arrancarte la cabeza, de momento me abstengo de hacer nada por las leyes…pero pido que haya un día de purga, sólo uno..; el día que haya una purga o que haya una revuelta nacional, ahí estaré en primera fila, con la catana preparada y bien afilada”.

“Lo odiaba”, afirma Tony Powell en una tarde de primavera en Los Ángeles al recordar su pasado como futbolista profesional del Bournemouth y el Norwich en la década de 1970, cuando ocultaba su homosexualidad. Powell tiene 78 años y ahora vive en un mundo muy diferente al de entonces, cuando era un hombre casado, padre de dos hijas pequeñas y nombrado mejor jugador de la temporada del Norwich en 1979.

Powell no es un hombre expresivo y, tras haberse visto obligado a ocultar su verdadera identidad durante décadas, no hace alarde del dolor que padeció. Pero hay una nota de dolor en su acento inglés, que permanece intacto tras 45 años en Estados Unidos. “Solo quería ser quien soy, pero en aquella época no era buena idea salir del armario”.

A Powell y a mí se nos une Robbie Rogers, el exinternacional estadounidense que jugó brevemente en el Leeds y el Stevenage en la temporada 2012-13. Rogers es 40 años más joven que Powell, pero, como hombre gay y exfutbolista profesional, comprende ese sentimiento con dolorosa claridad. Hace 13 años este mes, Rogers y yo realizamos su primera entrevista para un periódico después de que él saliera del armario en una publicación en las redes sociales unas semanas antes.

Rogers mira a Powell y le dice: “Lo mantuve en absoluto secreto. Tenía mucho miedo de que se supiera, de perder el control y de que la gente empezara a cotillear en el vestuario. Quería salir del armario y contar un secreto muy íntimo primero a mi familia y a las personas que quiero, y no que saliera en las noticias”.

Powell y Rogers pertenecen a un grupo muy reducido de futbolistas masculinos que han jugado profesionalmente en Inglaterra y han tenido el valor de salir del armario como gais. Justin Fashanu fue el primero en hacerlo, en 1990, y fue compañero de Powell en el Norwich entre 1978 y 1981. Powell, defensa central, disputó 275 partidos con el Norwich, mientras que Fashanu jugó 103 partidos con el club y marcó 40 goles. Dice que Fashanu era “un futbolista muy bueno y un tipo realmente agradable”.

Fashanu jugó 11 partidos con la selección inglesa sub-21, pero sus aspiraciones internacionales se vieron truncadas por los rumores que circulaban a su alrededor. En agosto de 1981, cuando Powell se marchó a Estados Unidos, Fashanu acababa de convertirse en el primer futbolista negro en alcanzar el millón de libras después de que Brian Clough lo fichara para el Nottingham Forest. Fashanu disputó 32 partidos de liga con el Forest, pero solo marcó tres goles y Clough lo llamó “maldito maricón”.

Jugó en varios clubes de muchos países, entre ellos Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Escocia, pero Fashanu se sentía avergonzado de su sexualidad. Salió del armario en el diario The Sun en octubre de 1990 y la reacción le marcó profundamente. Su hermano John, miembro del equipo del Wimbledon que ganó la FA Cup en 1988, lo llamó “paria”. Justin nunca se recuperó del abuso que sufrió y, tras retirarse en 1997, se quitó la vida en mayo de 1998.

Empezaron a decir cosas que me asustaron, como lo asqueroso que sería que un hombre gay se duchara con nosotros

Rogers, como el segundo hombre en salir del armario en Inglaterra mientras jugaba al fútbol profesional, subraya los vínculos entre Powell, Fashanu y él mismo. Dirigiéndose a Powell, dice: “Tony, no sé si te lo he contado alguna vez, pero yo estaba en el Leeds cuando me enteré por primera vez de lo de Justin. En la tele, junto a una foto de Justin, había una pregunta: '¿Habrá algún día otro futbolista gay?'”.

“Los demás jugadores y yo estábamos almorzando y empezaron a decir cosas que me asustaron, como lo asqueroso que sería que un hombre gay se duchara con nosotros. Eso me hizo darme cuenta de que este no es un mundo en el que pueda ser yo mismo y seguir compitiendo”.

¿Le dijo Rogers algo a sus compañeros de equipo?: “Me mantuve callado. Aunque tenía algunos amigos íntimos en el Reino Unido, no tenía a nadie en el mundo del fútbol con quien compartir ese secreto. Me sentía un poco solo”.

¿Sintió Powell esa misma soledad en el Norwich?: “A veces, sí”, afirma. “Parecía que no había nadie con quien hablar. Fue difícil”.

Rogers cuenta que, en el Leeds: “Leí sobre Justin. Era increíblemente inspirador, pero también muy trágico. No quería acabar como él. Quería tener una vida plena en la que no tuviera que vivir en secreto. Tony jugó contigo, así que los tres tenemos una conexión muy interesante, ya que tú y yo vivíamos a dos manzanas el uno del otro”.

Después de que Rogers saliera del armario, sintiéndose orgulloso y querido por su familia, regresó a Estados Unidos y jugó en el LA Galaxy. La mayoría de los días pasaba por delante del Holloway Motel, en Santa Monica Boulevard, en West Hollywood, sin darse cuenta de que otro futbolista gay vivía en aquel motel en ruinas. Rogers ha colaborado ahora en la producción de un conmovedor e importante largometraje documental sobre Powell: 'The Last Guest at the Holloway Motel'.

Simplemente no se acepta. No puedes ser futbolista profesional y gay

Powell siguió un camino diferente, tanto física como emocionalmente, al de Rogers. Viajó a Estados Unidos a principios de la década de 1980 para continuar su carrera. Salió del armario en un país nuevo, abandonó a su familia en Inglaterra y cortó toda relación con ellos, de modo que no tuvieron ni idea de dónde estaba durante 35 años. Tomó esa drástica decisión porque estaba convencido de que su familia lo rechazaría si se enteraban de la verdad sobre su sexualidad.

“Cuando llegué a Estados Unidos fue como liberarme en muchos sentidos”, afirma. Pero siguió ocultando su sexualidad mientras jugaba en el San José Earthquakes y el Seattle Sounders. “Simplemente no se acepta. No puedes ser futbolista profesional y gay”. ¿Cómo le hace sentir hoy esa cruda realidad?: “Es triste que alguien no pueda ser él mismo”.

Cuando se le pregunta por qué acabó viviendo en West Hollywood, responde: “Porque era un barrio gay. La gente va a West Hollywood porque se siente segura. Se mudan de lugares donde sufren acoso a otros donde pueden vivir libremente”. Powell pasó 25 años en el Holloway Motel, primero como gerente y luego como su último inquilino antes de que cerrara y se convirtiera en un alojamiento temporal para personas sin hogar el pasado mes de septiembre. «Lo echo de menos», dice Powell con nostalgia. “Era un lugar divertido”.

Al principio era un cortometraje, el retrato de un gerente de motel que regentaba un edificio abandonado mientras lo desalojaban, y luego se convirtió en otra cosa

Ramiel Petros, el joven cineasta que codirigió el documental junto a Nick Freeman, me cuenta cómo conocieron a Powell: “Solía salir a pasear cuando me acababa de mudar aquí y, cada vez que pasaba por delante del motel, veía a un desconocido en el balcón de lo que parecía un edificio abandonado. Se sentaba allí, doce horas al día, con una copa de vino en la mano y el portátil delante”.

“Siempre parecía serio y malhumorado, y yo pensaba: 'Quizá esté escribiendo una novela o luchando contra la ciudad para salvar este precioso motel gótico'. Pero solo estaba viendo el Arsenal o buscando el resultado del Norwich”.

Petros y Rogers se ríen, pero Powell permanece impasible. El director se pone más serio: “Nick y yo estábamos pensando en un nuevo proyecto y dije: 'Este hombre parece interesante. ¿Por qué no hablamos con él?'. Así que estamos en la calle gritando: 'Oye. ¿Quién eres?'. Al cabo de un rato dijo: 'Fui futbolista profesional cuando era más joven. Búscalo'. Nosotros dijimos: 'Vale, viejo loco, yo también jugué al fútbol'”.

“Entonces buscamos a Tony Powell en nuestros ordenadores y, sí, había sido futbolista. Encontramos fotos y, ¡guau!, ahí estaba este hombre con una preciosa melena. Al principio era un cortometraje, el retrato de un gerente de motel que regentaba un edificio abandonado mientras lo desalojaban, y luego se convirtió en otra cosa. Tony no dijo inmediatamente: 'Soy gay', pero estábamos en West Hollywood y yo ya me lo imaginaba”.

Rogers fue uno de los productores a los que se dirigieron Petros y Freeman. “No conozco a ningún futbolista gay”, afirma Rogers, “así que, en parte, se trataba de querer conocer a Tony y poder conectar con alguien con quien pudiera identificarme”.

La película se vuelve aún más conmovedora cuando, con la ayuda de los directores, Powell se reencuentra con sus dos hermanas y su hermano en Inglaterra. Esas emotivas escenas quedan plasmadas en la cámara, pero, como es comprensible, las hijas de Powell, que habían quedado tan marcadas por su desaparición, decidieron no aparecer en el documental. “Fue bonito”, dice Powell sobre la reconciliación con sus hijas. “Se mostraron comprensivas y nuestro amor mutuo seguía ahí, incluso después de todo lo que habían pasado”.

Hablan por Internet y sus hijas lo visitaron en San Diego. Como muestra el documental, ha sido aún más fácil volver a conectar con sus hermanas, Denise y Jane. “Me sorprendió bastante lo rápido que conectamos”, dice Powell, “y fue especial verlas porque, cuando estás separado durante tanto tiempo, ni siquiera sabes si siguen vivas”.

¿Han hablado en detalle sobre por qué desapareció?: “La verdad es que no. El pasado es el pasado”.

Al escuchar nuestra conversación, Rogers comenta: “Una de las mejores cosas de este documental, aparte de haber creado una película preciosa, es que Tony ahora tiene una relación auténtica con sus hijas y sus hermanas. Estamos muy orgullosos de ello”.

Petros se dirige a Powell y le hace una pregunta sencilla: “Tony, ¿estás orgulloso de la película?”. Por supuesto», responde Powell.

Mientras ve imágenes antiguas de Match of the Day en las que aparece Powell, Rogers comenta: “Me impresionó mucho su habilidad técnica y su faceta defensiva, con esas entradas duras. En el fútbol moderno es más habitual encontrar jugadores muy técnicos que defienden muy bien. Él tenía eso y, al ver sus entrevistas, se le veía muy sereno y con el carisma de un líder nato”.

Antiguos compañeros del Norwich, como Mick McGuire, elogian a Powell en el documental calificándolo de “Sr. Fiable”, alguien “duro como una roca” y dotado de “valentía y compromiso”. También lo recuerdan como una persona “cariñosa” fuera del terreno de juego.

Esa ternura quedó patente años más tarde, cuando perdió a David Castro, el amor de su vida, de quien Powell dice que era “un tipo muy especial”. David contrajo el VIH, que derivó en sida, y Powell lo cuidó en casa, en lugar de permitir que muriera en un centro de cuidados paliativos. Rogers afirma: “Hay compañeros con los que jugué que se preocupan por todo el mundo. Tuve esa sensación con Tony, al verlo en el Norwich y por la forma en que habla de Justin Fashanu. Así que escuchar su historia de amor con David, y cómo lo cuidó, fue realmente emotivo”.

Al parecer, David era un gran bailarín, pero Powell, con su habitual seriedad, afirma: “En el fútbol tenía un pie izquierdo y un pie derecho. En el baile, tenía dos pies izquierdos”.

Sin embargo, su empatía le llevó a ayudar a Erica, una mujer transgénero que era su subdirectora en el motel, a aceptarse a sí misma. Powell cuenta que, antes de la transición de Erica, “ella pensaba que yo iba a volverme contra ella como todos los demás. Pero somos muy buenos amigos y le dije que seguía siendo la persona con la que me encantaba estar. Ella tuvo el valor de salir del armario”.

Me ha entristecido un poco que otros futbolistas no hayan podido salir del armario

Todavía parece casi imposible que un futbolista gay salga del armario en la Premier League. Rogers dice: “Me gusta tanto el fútbol que me levanto temprano por la mañana para ver al Arsenal, pero mi marido, Greg, y yo llevamos años diciendo: '¿Cuándo saldrá del armario alguien más?'”.

“Una de las principales razones por las que salí del armario públicamente fue que quería intentar cambiar el fútbol para que los jóvenes gais pudieran ser ellos mismos. Pero he oído esto de diferentes personas a lo largo de los años: todo el mundo tiene demasiado miedo. Lo entiendo, así que no estoy diciendo que nadie sea cobarde. Pero me ha entristecido un poco que otros futbolistas no hayan podido salir del armario”.

¿Tiene Powell alguna esperanza real de que en los próximos años salga del armario algún futbolista gay en el fútbol inglés?: “La verdad es que no. Es demasiado difícil salir del armario y ser aceptado, sobre todo en la Premier League. En realidad, nada ha cambiado. Sigue siendo una liga homófoba”.

“Me hubiera encantado ser la primera persona en salir del armario como gay y seguir jugando, pero no sé qué acogida habría tenido por parte de la liga y de mis compañeros. No creo que eso sea posible. Pero solo nos queda esperar que las cosas cambien para los jugadores gais en el futuro”.

La Audiencia de Málaga ha condenado a un hombre por increpar a una mujer en medio de la calle en la capital malagueña con insultos y frases homófobas y despectivas con el fin de provocar la humillación de esta persona. Así, se le impone un año y cuatro meses de prisión y el pago de una indemnización a la víctima de 7.500 euros por un delito de odio.

Según los hechos declarados probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, todo ocurrió en abril de 2024, cuando la víctima estaba haciendo un descanso de su trabajo en un supermercado, sentada en un bordillo en una calle de la capital, y el acusado se le acercó.

Así, el hombre, “asumiendo que era lesbiana y sin motivo especial, comenzó a increparla” con expresiones despectivas e insultos, según la resolución, como “bollera de mierda, gorda”. A pesar de que la mujer le solicitó que cesará en su actitud, el procesado “siguió con sus ofensas” homófobas y también con expresiones amenazantes.

En un momento dado, el procesado se arrodilló a su lado y comenzó a darle golpes no demasiado intensos en la pierna, a la altura de la rodilla y, posteriormente, del muslo; mientras seguía con expresiones como “te voy a traer una amiga para que te pegue” y “no te quiero ver más por esta zona”; además de insultos.

“Todo ello con la intención de humillarla y de menoscabar su dignidad y por motivo de su rechazo hacia personas homosexuales”, dice la sentencia, en la que se precisa que la víctima fue la que tuvo que apartarlo e irse del lugar, pero que sufrió “una grave humillación que menoscabó su dignidad”.

Esto le ha generado momentos de ansiedad y temor a sufrir futuros ataques similares“, señala la Audiencia, que apunta en la resolución que la víctima ”refiere que sufre diversas secuelas vinculadas con situaciones de ansiedad e insomnio“.

Lesión de la dignidad y delito contra la integridad moral

Por estos hechos, se le condena por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas reconocidos en la Constitución en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios, en concurso con un delito contra la integridad moral.

Se aplica la circunstancia agravante de la orientación o identidad sexual y, además de la pena de prisión, se le impone una pena de multa de nueve meses con una cuota diaria de siete euros; es decir, el pago de la cantidad de 1.890 euros, y la prohibición de aproximarse a la mujer a menos de 500 metros o comunicarse con ella durante tres años.

También se le impone la inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, durante cuatro años y cuatro meses. Asimismo, por un delito leve de amenazas se le condena a dos meses de multa con cuota diaria de siete euros y alejamiento de otros seis meses más.

Además de estas penas de prisión, multa y alejamiento, la Audiencia se fija el pago de una indemnización por daños morales al considerar que “parece evidente que los hechos que se declaran probados han producido una afectación en la víctima” y se estima 7.500 euros como una cantidad “equitativa y ajustada”.

La Sala señala que todas las declaraciones, no solo de la víctima sino también de testigos, coinciden en que “los insultos, humillaciones y vejaciones” del acusado “se basaron sobre la orientación sexual de la víctima, con un relevante componente de exclusión social y con connotaciones en relación a las personas que pertenecen a ese colectivo”.

“El ataque se cometió por el simple hecho de ser lesbiana”

“En este caso el ataque se cometió por el mero y simple hecho de ser lesbiana y ese es el motivo de discriminación que concurre en el caso presente”, incide la Audiencia, que considera que no puede pretenderse, como sostienen la defensa y el acusado, que este desconocía por completo la orientación sexual de la víctima.

Se estima la circunstancia agravante de discriminación por homofobia: “La discriminación buscada por el acusado y proyectada sobre la víctima para ofenderla por su orientación sexual es manifiesta y por ello, no siendo la discriminación un elemento ínsito de los tipos objeto de condena, la agravante de dicha índole debe ser aplicada al acusado”, señala.

En cuanto a un delito de abuso sexual, del que también fue acusado, le absuelve al considerar el Tribunal que lo que pretendía era “más bien intensificar y acrecentar la vejación y humillación a la que estaba sometiendo a dicha mujer, profundizando en tal actitud de desprecio y degradación de la misma, actitud plenamente acreditada”.

Sí se le condena también por un delito leve de amenazas, por expresiones como “te voy a traer una amiga para que te pegue, no te quiero ver más por esta zona”, que se estiman probadas igualmente y que han generado “temor y privación de la tranquilidad y el sosiego en la víctima”.

Unas expresiones que “no son ambiguas y equívocas y que exceden claramente de la falta de educación y del necesario respeto y consideración que deberían presidir las relaciones personales”, integrando unas amenazas que siendo leves, “deben ser calificadas como delito leve”, concluye la sentencia.

El Fiscal solicita una pena de, al menos, dos años de cárcel para un hombre por insultar, discriminar y humillar a dos jóvenes por su orientación sexual a través de mensajes por Instagram. Pide también una indemnización de 3.000 euros para cada una de las víctimas por los daños morales causados.

Los hechos se juzgaran el próximo 18 de marzo en la Audiencia Provincial de La Rioja, a partir de las 09,30 horas. Según el delito por el que se le condene (el Fiscal plantea un delito cometido contra los derechos fundamentales o dos contra la integridad moral) el acusado se enfrenta a 2 años o a 2 años y 8 meses de cárcel.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 6 de agosto de 2024 cuando una de las víctimas se atrevió a denunciar al acusado de 24 años en el momento de los hechos porque “le enviaba mensajes degradantes a través de las redes sociales con la intención de ”humillarle y discriminarle por su condición sexual“. Ese día la víctima aseguró que el ahora procesado ”le mandaba tanto a él como a sus amigos, todos pertenecientes al colectivo LGTBI+, mensajes vejatorios e intimidatorios desde hacía tiempo“ y siempre con la misma intención. El acusado, en concreto, dirigía expresiones homófobas y les insultaba a través de redes sociales, por mensajes privados y por 'Stories (historias)' a través de Instagram.

Mensajes reiterativos con los que la víctima afirma que se sintió ofendida hasta el punto de temer por su integridad física.

Dos denuncias

Dos días después, el 8 de agosto de ese mismo año, un amigo de la primera víctima también denunció que el acusado le había escrito por Instagram con expresiones vejatorias. Esta persona también se sintió ofendida por los mensajes hacia su persona y hacia el colectivo en general y temía por su integridad física, “al punto de verse condicionado por temor a cruzarse con el acusado por la calle”.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito que lesiona la dignidad de personas por motivos discriminatorios por razón de su orientación sexual, ejecutado a través de Internet o mediante el uso de Tecnologías y en continuidad delictiva, al existir dos víctimas concretas u otro delito contra la integridad moral.

En el caso de condena por este delito procede imponer la pena de 2 años de prisión así como una multa de 12 meses con una cuota diaria de 8 euros y la imposibilidad de trabajar en el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre por un tiempo superior de 10 años al de la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia. Si por el contrario es acusado de los otros dos delitos contra la integridad moral, el Fiscal solicita 1 año y 4 meses de cárcel por cada uno de ellos. Además, no podrá acercase o comunicarse con las víctimas durante tres años.

El acusado deberá indemnizar por responsabilidad civil a los dos acusados con 3.000 euros a cada uno por los daños morales.

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por su presunta implicación en la agresión homófoba a un joven ocurrida en la madrugada del pasado domingo en el centro de Pontevedra. Así lo ha informado este miércoles el subdelegado del Gobierno en la provincia, Abel Losada.

Según ha explicado Losada –y recoge Europa Press–, los arrestados son el supuesto autor material de la agresión y otras dos personas que habrían colaborado “en diverso grado” en los hechos. Los tres detenidos pasarán a disposición judicial este mismo jueves. Con estas detenciones, ha señalado, el caso queda “en principio resuelto”.

La agresión se produjo alrededor de las 8:45 horas del domingo frente a un establecimiento de hostelería situado en la calle Doña Teresa, en pleno casco histórico de Pontevedra. De acuerdo con la denuncia presentada, la víctima se encontraba en la zona junto a una acompañante cuando un grupo de jóvenes, de unos 20 años, comenzó a increparlos presuntamente con insultos relacionados con su orientación sexual.

La testigo relató en un vídeo difundido en redes sociales que ambos estaban “tranquilamente, sin molestar a nadie” cuando comenzaron los insultos. Según su versión, los jóvenes les exigieron que abandonasen el lugar y la situación fue derivando en una actitud “cada vez más agresiva y claramente homófoba”.

Ante la escalada de tensión, la mujer decidió no responder a las provocaciones y aconsejó a su amigo que se marchara, mientras comenzaba a grabar lo ocurrido con su teléfono móvil. Siempre según su relato, varios de los jóvenes corrieron entonces tras la víctima y la golpearon hasta tirarla al suelo, causándole una fractura nasal.

El subdelegado del Gobierno expresó su deseo de que “todo el peso de la ley” recaiga sobre los responsables, siempre “respetando la presunción de inocencia y el resultado del procedimiento judicial que ahora se inicia”. Losada ha calificado el odio como “un problema gravísimo en nuestra sociedad” y ha afirmado que la violencia contra personas por su orientación sexual resulta “intolerable, rancia, zafia y condenable, no solo penal sino también socialmente”.

En este sentido, ha subrayado que la sociedad debe rechazar y castigar este tipo de comportamientos y también reprobar a quienes “alientan o disculpan” la violencia contra el colectivo LGTBI.

El subdelegado ha recordado además que Pontevedra es “una ciudad extraordinariamente segura”, aunque ha reconocido que, incluso en entornos tranquilos, pueden producirse “hechos puntuales que alteran la convivencia”. Por último, ha trasladado su “solidaridad y simpatía” a la persona agredida y a su entorno, y ha agradecido el trabajo de la comisaría de la Policía Nacional en la ciudad, que actuó con “prontitud y eficacia”, según ha destacado.

Los once acusados por una agresión homófoba el pasado 2021 en Basauri que desde este lunes se han sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Bizkaia han negado este miércoles, en la última sesión del juicio, que golpearan a la víctima, que en el momento de los hechos tenía 23 años y tras lo ocurrido ha padecido además de la violencia física, secuelas psicológicas como ansiedad y depresión, y que el motivo de dicha agresión fuera su orientación sexual. Durante su declaración, todos ellos -salvo uno que se ha acogido a su derecho a no declarar- han respondido solo a preguntas de su abogado y dos han confesado que se “enzarzaron” en una pelea, pero en cualquier caso provocada por la víctima, que se encontraba “muy nervioso”. También han negado los insultos que tanto la víctima como los testigos afirman que escucharon, tales como “eso te pasa por maricón de mierda”, “sarasa”, o “puto maricón”, entre otros. A preguntas de su abogado todos ellos han negado ser homófobos, argumentando incluso, tener “amigos homosexuales”.

“Los acusados no son homófobos, pueden ser algo toscos, alguno cafre, pero no homófobos. No consta denuncia previa por delito de odio ni comentarios en sus redes sociales en este sentido. No existe un origen del conflicto relacionado con su orientación sexual, sino una discusión en el contexto de un botellón. Ninguno de los testigos ha podido confirmar que se dijera otro insulto más allá de maricón de mierda. Llamar a alguien maricón carece de significado relacionado con delito de odio. Aunque los términos puedan parecer, en este caso no es delito de odio porque se producen por una reacción emocional incontrolada. Aunque haya insultos por parte de alguno de los acusados, al ser de forma puntual están descalificados como delito de odio. Lo único que se podría penar es la existencia de un delito de lesiones leves, debido a que las lesiones físicas argumentadas son leves. En el caso de las lesiones psicológicas como consecuencia de los hechos, consideramos que los ingresos en psiquiatría tienen un origen diferente y posterior a estos hechos”, ha argumentado la defensa de los acusados en su escrito final en la que ha solicitado la absolución de sus defendidos y, en el caso de que se considere que existen lesiones la pena sea correspondiente a un “delito leve de lesiones”.

Por su parte, el ministerio fiscal ha considerado “inverosímiles” los testimonios de los acusados que han asegurado que la víctima provocó la pelea e incluso que fue él quien atacó al resto. “No podemos entender cómo son ellos las víctimas de una agresión que no vio nadie y nadie dio parte de lesiones tras ella para ninguno de ellos, cuando la víctima cuenta con un parte con lesiones en la espalda y la cabeza”, ha detallado la fiscal, que ha sostenido que la víctima ha asegurado no conocer de antes a ninguno de los acusados y por tanto no parece tener motivos para mentir en sus declaración.

En el caso de las lesiones físicas, la fiscal ha considerado que “no es posible individualizar la agresión ni determinar cuántas patadas o puñetazos dio cada uno de ellos”, por lo tanto “todos ellos deben responderpor las lesiones” en las que puede que “no querían causar tanto daño, pero basta con el dolo de lesionar y se asumen los resultados aunque no sean pretendidos o buscados por el autor de los hechos”. En el caso de la agravante de homofobia ha indicado que esta es “obvia y evidente”.

Por último, la acusación particular ha considerado que “no se sostienen” los testimonios de los acusados. “No puede ser que haya un informe forense tan elocuente y ninguna de estas personas haya pegado. Tenemos el grupo agresor y debemos indicar cuál es la participación, pero tenemos el principio de la coautoría. No se logrará concretar que alguno de los participantes ejecutara la acción, pero tampoco resulta relevante decir de quién es la autoría siempre y cuando formen parte del grupo agresor”, ha argumentado alegando el caso del asesinato de Samuel Luiz, en el que también se trató de una agresión homófoba en grupo y abandono. “Ekain sufre una primera agresión, cae al suelo y después lo patean. Es imposible que haya tenido un resquicio mínimo de defensa. Son claras las secuelas que le ha generado ese hecho. En el siglo XXI que a una persona por su orientación sexual la pateen es algo que no puede ocurrir”, ha concluido el abogado de la víctima.

De esta manera, las partes han elevado a definitivas las calificaciones provisionales. La Fiscalía se ha ratificado en sus peticiones de tres años de cárcel por un delito de lesiones agravado por motivo de odio y orden de alejamiento por cinco años de diez de los acusados, que tenían entre 18 y 27 años en el momento de los hechos, mientras que rebaja la petición para uno de los acusados a 18 meses en aplicación de la eximente de incapacidad intelectual. La acusación particular pide las mismas penas por un delito de lesiones con la agravante de alevosía y otro de odio con concurso de un delito contra la integridad moral. Además, ha elevado de 10.500 a 12.500 euros en concepto de indemnización por daños morales y físicos. Por su parte, las defensas han pedido la libre absolución de los once, si bien subsidiariamente han planteado los hechos como un delito de lesiones leves. En cuanto a responsabilidad civil, proponen el pago de 530 euros por las lesiones tanto de carácter físico como psíquico.

El pasado lunes, cuando tuvo lugar la primera sesión del juicio, la víctima narró lo que recuerda de lo que sucedió. “Estaba en un parque con mi pareja y amigos sobre las dos de la madrugada y uno de los agresores se dirigió a mí diciéndome que me fuera del lugar, que le iba a contagiar y que le doy asco. Le contesté que si le molestaba mi presencia se fuera él. Al poco rato me agredieron por la espalda, me tiraron al suelo y se me echaron todos encima. Me quedé inconsciente y seguían pegándome al grito de 'puto maricón' y 'esto te pasa por maricón de mierda', me protegí como pude”. Según reconoció ante el tribunal, tras lo ocurrido ha padecido además de la violencia física, secuelas psicológicas como ansiedad y depresión e incluso varios intentos de suicidio. “He estado varias veces en centros psiquiátricos, voy a la psicóloga todas las semanas y sigo en tratamiento. Sigo sintiendo temor al encontrarme con estas personas por el pueblo. Aunque hayan pasado cinco años todavía me afecta anímicamente lo ocurrido”, aseguró.

Tras reconocer, “sin ningún tipo de duda, a todos” los acusados sentados en el banquillo, lamentó que se los ha tenido que cruzar en su “día a día por el barrio”. Además, declaró que, hasta el momento de la agresión, conocía a alguno de los presuntos agresores de vista pero no tenía “ninguna relación con ellos”. No obstante, ha asegurado que algunos de sus agresores conocían su orientación sexual porque uno de ellos era vecino del que era entonces su pareja sentimental. Por su parte, su expareja confirmó que conocía a cuatro de los acusados, ya que uno de ellos es su vecino y fue al mismo colegio de otros dos, donde en “varias ocasiones” a él también le llegaron a insultar por su orientación sexual. “Estas personas conocían perfectamente mi orientación sexual y nos han visto varias veces a E. y a mí”, explicó. Según detalló, cuando se enteró de que la que era su pareja estaba siendo golpeada fue corriendo y se abalanzó sobre su cuerpo, que yacía en el suelo y seguía recibiendo golpes. “Me tiré encima de él porque estaba en el suelo, inconsciente. Lo hice para protegerle. Si no llego a ir lo matan, lo hubiesen matado. Parecía que estaba muerto y seguían agrediéndole, incluso sin saber si estaba ya muerto seguían pegándole mientras le gritaban 'esto te pasa por ser un maricón de mierda'”, concluyó.

“Estaba en un parque con mi pareja y amigos sobre las dos de la madrugada y uno de los agresores se dirigió a mí diciéndome que me fuera del lugar, que le iba a contagiar y que le doy asco. Le contesté que si le molestaba mi presencia se fuera él. Al poco rato me agredieron por la espalda, me tiraron al suelo y se me echaron todos encima. Me quedé inconsciente y seguían pegándome al grito de 'puto maricón' y 'esto te pasa por maricón de mierda', me protegí como pude”. Es el testimonio de E.P, denunciante de una agresión homófoba el pasado 6 de junio de 2021 en Basauri durante el juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Bizkaia y por el que se juzga a once jóvenes.

Según sostiene el joven, que en el momento de los hechos tenía 23 años, tras lo ocurrido ha padecido además de la violencia física, secuelas psicológicas como ansiedad y depresión. “He estado varias veces en centros psiquiátricos, voy a la psicóloga todas las semanas y sigo en tratamiento. Sigo sintiendo temor al encontrarme con estas personas por el pueblo. Aunque hayan pasado cinco años todavía me afecta anímicamente lo ocurrido”, ha asegurado.

Tras reconocer, “sin ningún tipo de duda, a todos” los acusados sentados en el banquillo, ha lamentado que se los ha tenido que cruzar en su “día a día por el barrio”. Además, ha declarado que, hasta el momento de la agresión, conocía a alguno de los presuntos agresores de vista pero no tenía “ninguna relación con ellos”. No obstante, ha asegurado que algunos de sus agresores conocían su orientación sexual porque uno de ellos era vecino del que era entonces su pareja sentimental.

Durante la primera sesión del juicio, que se alargará hasta el 12 de marzo, ha testificado la víctima en primer lugar y ocho testigos, entre los que se encontraban amigas del joven que presenciaron los hechos y su pareja en aquel momento, además de los agentes de Policía municipal que llegaron en primer lugar al lugar.

El testimonio más desgarrador, además del de la propia víctima ha sido la de su expareja, quien ha confirmado que conocía a cuatro de los acusados, ya que uno de ellos es su vecino y fue al mismo colegio de otros dos, donde en “varias ocasiones” a él también le llegaron a insultar por su orientación sexual. “Estas personas conocían perfectamente mi orientación sexual y nos han visto varias veces a E. y a mí”, ha explicado. Según ha detallado, cuando se enteró de que la que era su pareja estaba siendo golpeada fue corriendo y se abalanzó sobre su cuerpo, que yacía en el suelo y seguía recibiendo golpes. “Me tiré encima de él porque estaba en el suelo, inconsciente. Lo hice para protegerle. Si no llego a ir lo matan, lo hubiesen matado. Parecía que estaba muerto y seguían agrediéndole, incluso sin saber si estaba ya muerto seguían pegándole mientras le gritaban 'esto te pasa por ser un maricón de mierda'”, ha señalado.

Otra de las jóvenes que ha declarado como testigo, que se encontraba con la víctima en el momento de los hechos, ha explicado que en su opinión, el desencadenante de la agresión fue que los supuestos agresores tenían un altavoz y ponían música y que el joven pidió una canción al grupo y “estaba bailando”. “Hicieron un gesto con las manos como diciendo que era un poco y E. pregunto ¿un poco qué? y le dijeron 'un poco maricón de mierda, sarasa' y más insultos homófobos”, ha reconocido.

Todas las personas que han testificado, incluida la víctima y los agentes de la policía, han coincidido en que en la agresión participaron más de 10 personas, algunas incluso han asegurado que la cifra se acercaba a las 20 personas. Uno de los agentes de la Policía ha declarado que cuando llegó al lugar de los hechos tras el aviso por parte de uno de los testigos, la víctima presentaba “contusiones y tenía los ojos hinchados”, pero estaba consciente. Los agentes fueron quienes llamaron a la ambulancia, que procedió al traslado del agredido al hospital.

La acusación particular pide tres años de cárcel para cada uno de los once acusados, que tenían entre 18 y 27 años en el momento de los hechos, por un delito de lesiones agravado por motivo de odio y orden de alejamiento por cinco años. La Fiscalía solicita las mismas penas, aunque rebaja la petición para uno de los acusados a 18 meses en aplicación de la eximente de incapacidad intelectual. Las acusaciones también solicitan una indemnización de 10.500 euros en concepto de daños morales.

La Ertzaintza ha detenido este domingo en Vitoria a tres menores de edad, dos de 17 años y uno de 16, por presuntamente haber agredido físicamente a dos chicos a los que han proferido también insultos de carácter homófobo.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos han sucedido alrededor de las seis de la mañana de este domingo, cuando varias dotaciones policiales han acudido al Casco Viejo de la capital alavesa al tener conocimiento de que dos personas habían sufrido una agresión.

Las víctimas, dos jóvenes, han informado a los agentes de que habían salido de un establecimiento de ocio de la zona de Coronación y, cuando se encontraban en las inmediaciones del Centro Cívico de Aldabe, han sido abordados por tres chicos que los han tirado al suelo y les han propinado varios puñetazos y patadas.

Según su declaración, mientras les golpeaban les habían proferido insultos en los que se aludía a su condición de homosexuales. Minutos más tarde, en la calle Siervas de Jesús, fueron localizados y arrestados los tres presuntos autores de esta agresión, dos menores 17 años y uno más de 16. Los detenidos quedarán a disposición de la Fiscalía de Menores una vez que se finalicen las diligencias policiales correspondientes.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la absolución del hombre que amenazó con “hacer heterosexual a hostias”, entre otras vejaciones homófobas, a un joven durante la celebración del Orgullo LGTBI en Barcelona en 2019. Los magistrados rechazan el recurso de la Fiscalía, que ya ha anunciado que quiere recurrir al Tribunal Supremo para intentar lograr la condena del acusado.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC confirma el razonamiento de la Audiencia de Barcelona que llevó a la absolución de los acusados (el hombre que profirió los insultos y el vigilante de seguridad del restaurante donde se produjeron, por no impedirlos) y descarta que fuera “arbitrario”, tal y como mantenía el Ministerio Público.

Los hechos se remontan al 2019. El joven estaba en el establecimiento que McDonalds tiene en la plaza Universitat, muy cerca de donde el Pride Barcelona celebraba del Orgullo LGTBI, cuando fue increpado por otro cliente. “Te voy a hacer heterosexual a hostias”, le llegó a amenazar el agresor. El vídeo de la agresión se viralizó rápidamente en las redes sociales.

“A mí que seas marica me da igual”, dijo el acusado, a lo que siguieron varias expresiones homófobas que la Justicia considera censurables en el plano moral, pero no delictivas: “Tápate que das vergüenza ajena y hay niños”; “luego nos escandalizamos a las mujeres que son violadas y matadas por vestir provocativas y tú eres un ejemplo que te puede pasar”; “mejor que lleves un guardaespaldas, porque ahora cuando salgas, te voy a dar tal hostia que la mariconería se te va a quitar (sic)”; “vamos fuera del local que voy a hacerte hetero a hostias, hoy es el día de las hostias, ¿quieres ver cómo te las suelto?”.

Según argumenta el TSJC, la Fiscalía “no ha justificado debidamente la falta de racionalidad” de la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que fundamentó la absolución en que el acusado había amenazado e insultado a la víctima por su forma de vestir y no por su orientación sexual. Además, el tribunal recordó que la Fiscalía no había acusado por delito leve de amenazas, por lo que no podía condenar al acusado por este tipo penal.

De esa conclusión discrepaba con contundencia el Ministerio Público, que la consideró “absolutamente arbitraria”, ya que la forma de vestir de la víctima era una forma de expresar su orientación sexual. La distinción entre ambas que hizo la sentencia, ahondó el recurso de la fiscal, resultaba “ajena a las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica”. La forma de vestir de la víctima era, precisamente, el reflejo del “móvil discriminatorio” y del delito de odio, según la fiscal. 

Para el TSJC, sin embargo, la discrepancia fiscal con la sentencia inicial no es motivo para corregirla, ya que la Audiencia de Barcelona sí razonó su absolución, al valorar que el acusado dijo en varias ocasiones que le “daba igual” la condición sexual del denunciante y que solo le reprendía “su forma de ir vestido”.

Lo que pretende la Fiscalía, concluye la sección del TSJC que revisa las sentencias, es que los magistrados “reevalúen” las pruebas del juicio, algo que “no resulta posible” en los recursos de apelación, que se deben centrar en si los razonamientos de la Audiencia fueron irracionales o si olvidaron alguna de las pruebas, algo que no se da en este caso.

El Ministerio Público pidió en el juicio 18 meses de cárcel por un delito de odio en concurso con otro contra la integridad moral para el hombre acusado de amenazar al joven así como nueve meses de prisión para el vigilante del McDonalds por no impedirla. Salvo giro de guion en el Supremo, el caso se quedará en la absolución.

El primer día de diciembre de 2016 un joven de 17 años se lanzó al vacío por la ventana de su casa en Vila-real. El análisis de su teléfono móvil desveló que había pasado sus últimas horas de vida siendo hostigado por WhatsApp: un hombre de más de 60 años que le había enviado más de un centenar de mensajes en los que le amenazaba con hacer saber a sus padres que había entrado en una aplicación de citas para homosexuales de Castellón e, incluso, que iba a denunciarle. El Tribunal Supremo acaba de rebajar de diez años a tres años y medio la condena que le impusieron los tribunales de la Comunitat Valenciana: entienden los jueces que el menor se quitó la vida “empujado por la presión” de las amenazas del hombre, pero tienen dudas sobre si el verdadero objetivo del condenado con sus mensajes era que llegara al suicidio.

La Policía tardó casi un año en analizar los mensajes del teléfono móvil que el chico llevaba en el bolsillo cuando se lanzó por la ventana de su casa. Pero el informe pericial reveló la información clave del caso: un hombre le había enviado 119 mensajes en apenas tres horas. Mensajes con amenazas claras y explícitas: “Tengo toda la conversación en el otro teléfono y lo voy a publicar. Te llevaré a los juzgados y mi abogado leerá tu conversación delante de tus papás. Por meterte en una página para mayores voy a arruinar a tus padres, menudo escándalo te voy a liar”; decía entre otras muchas amenazas.

La investigación nunca consiguió dilucidar exactamente qué había desencadenado los ataques de este sexagenario sobre este menor de 17 años pero el propio condenado llegó a reconocer, a lo largo del procedimiento, que poco antes habían hablado a través de una plataforma de contactos para hombres homosexuales en la provincia de Castellón. La familia del joven fallecido alegó en sus escritos lo que consideraban que había pasado: el chico se había echado atrás y el hombre, enfadado, empezó a mandarle mensajes amenazando con hacer pública una conversación sexual y, por ende, su orientación sexual.

El menor le envió mensajes pidiendo disculpas y pidiendo que no revelara nada a sus padres. En un momento dado fue muy explícito al explicar a su interlocutor que se pensaba quitar la vida. “Me suicido, voy a suicidarme”, dijo una hora antes de arrojarse por la ventana. La respuesta del condenado fue, según el Supremo, de “absoluta insensibilidad”: “Si te suicidas le dejarás el marrón a tus papás”. En su frenesí de mensajes amenazantes, siguió enviando comunicaciones al teléfono del joven una vez muerto, incluso fotos del Palacio de Justicia de València para hacerle creer que efectivamente le había denunciado, algo que no había sucedido.

Esas conversaciones previas que el acusado amenazaba con difundir nunca fueron encontradas y para la familia fueron la clave del suicidio del menor, tal y como se desprende de los mensajes que envió, rogando que no se revelaran. “Ante la imposibilidad de poder afrontar las consecuencias que conllevaría la publicación de su orientación sexual, el menor se vio totalmente superado por esta circunstancia, no encontrando otra salida más que el suicidio”, alegó el abogado de sus padres.

En un primer momento los tribunales de la Comunitat Valenciana optaron por imponerle una condena de 10 años de prisión, además de establecer indemnizaciones para sus padres y su hermano que suman 170.000 euros, por un delito de homicidio doloso. Tanto la Audiencia de Castelló como el Tribunal Superior de Justicia consideraron que el objetivo del acusado era provocar el suicidio del menor de edad y que sus palabras, tal y como dijeron en sus sentencias, fueron “el arma homicida” en este delito. Frases como “vas a llorar lágrimas de sangre delante de los jueces y de tus padres y que sepan el hijo que tienen” que, según dijo un jurado popular, empujaron intencionadamente al joven al suicidio.

El Tribunal Supremo, en una sentencia que ha podido examinar elDiario.es, ha decidido rebajar la condena a menos de la mitad, dejando la sanción penal en tres años y medio de prisión y manteniendo las indemnizaciones para los familiares del fallecido. Los jueces no ponen en duda que el adolescente se quitó la vida “por la presión” de las amenazas de su interlocutor, pero sí que el hombre fuera consciente de que con su torrente de mensajes agresivos estaba provocando el suicidio, o que ese fuera su objetivo. Una condena por imprudencia grave en concurso con lesiones y no una por homicidio doloso.

La “presión inaguantable” de los mensajes

A lo largo del proceso el acusado intentó desvincularse de los mensajes y las amenazas por varias vías. Una de ellas fue cuestionar la cadena de custodia del teléfono móvil desde su incautación tras el suicidio hasta su análisis en un informe forense de septiembre de 2017, cuando los agentes expusieron las amenazas a las que había estado sometido. En un momento dado llegó a afirmar que su identidad podría haber sido suplantada o que el joven fallecido fumaba porros y era acosado por otro hombre que no era él. También intentó ocultar a los tribunales que tenía antecedentes por abusos sexuales fechados en 2004.

El Supremo, como ya hicieron los tribunales valencianos antes, rechaza todos estos argumentos y confirma que es el responsable del suicidio del joven. Existe un “nexo causal innegable” entre los mensajes del hombre y el suicidio del menor. Se arrojó por la ventana, dice el tribunal, por la “presión inaguantable” de los mensajes que amenazaban con revelar conversaciones sexuales a su familia, una “persona atormentada que se ve acorralada ante una amenaza que le causa pavor”. El hombre, según deduce el Supremo de las conversaciones, “no solo no cede un milímetro sino que insiste en el plan mostrando una absoluta insensibilidad hacia sus quejas y súplicas”.

El chico, zanja el Supremo, optó por el suicido. “Sería insoportable vivir en ese escenario que se le anuncia y ve venir encima, y se arroja al vacío”, explican los jueces. Pero que su muerte fuera el objetivo del condenado, añade, no es la única hipótesis posible. Cita el “contexto” del episodio y el “nivel intelectual bajo y con habilidades escasas” del acusado para dar por válido que “no alcanzase a captar, no ya el contenido de los mensajes, sino su seriedad: que plasmasen que efectivamente su interlocutor estaba sopesando el suicidio, que sus manifestaciones fuesen exteriorización de una voluntad real”.

El cambio es crucial. El dolo que sí apreció el jurado popular de Castelló queda descartado y ya no es posible condenarle por homicidio doloso, cuyas condenas arrancan en los diez años de cárcel que le fueron impuestos en un primer momento. La nueva calificación, por un delito de homicidio por imprudencia grave en concurso con otro más de amenazas: tres años y medio de prisión, que implican su entrada obligatoria en la cárcel, además de mantener las indemnizaciones de la familia.

El tribunal cambia parte de los hechos probados: mantiene que el acusado era “plenamente sabedor de la angustia y del desasosiego que estaba produciendo en el menor, hasta el extremo de anunciarle que quería quitarse la vida” pero añade que no consta si “llegó a ser consciente de la probabilidad de que llevase a cabo ese propósito ni si llegó a aceptarlo, aunque en ese contexto debía haber ponderado esa posibilidad”.