“Oriol, ¿cómo te lo hiciste para explicar a tus padres que eres gay?”. Con esta pregunta homófoba ha respondido el concejal y portavoz de Vox en Sant Cugat (Barcelona), Jordi Guirado, a un usuario de Instagram.

No ha sido el único insulto homófobo. Guirado se ha enzarzado con varios usuarios que le han hecho comentarios contra la selección en una publicación en la que el cargo público reprochaba al Ayuntamiento de Sant Cugat, de Junts, que no haya instalado una pantalla gigante para seguir la final del Mundial.

Con frases tipo “Menudo Marlaskón estás hecho” o “¿Desde cuando empezó usted a notar la tendencia homosexual que tiene?”, Guirado ha ido respondiendo a diversos usuarios en su red social.

Guirado también ha frivolizado con la salud mental al recomendar a otros usuarios que doblaran la medicación. Este periódico se ha puesto en contacto con Vox para ofrecer la posibilidad de comentar esta publicación pero no ha obtenido respuesta.

Los primeros insultos homófobos fueron escritos durante la madrugada del sábado. El domingo por la mañana, las respuestas del concejal a los comentarios contra su publicación ya cambiaron de tono: “¡Muchas gracias por su apoyo, feliz fin de semana!”, contestó a diversos usuarios.

El grupo musical Maruxak ha denunciado haber sufrido “una agresión homófoba” en Pamplona el pasado 7 de julio durante las fiestas de San Fermín. “Estas agresiones siguen existiendo y son reales”, han lamentado a través de un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

En el escrito, el grupo explica que en la madrugada del 7 de julio, “hacia las tres de la mañana”, dos hombres comenzaron a “molestar” a las integrantes del grupo y a otras dos personas a grito de “putos maricones”. Además, según añaden les lanzaron “botellas de cristal”.

Cierran el comunicado haciendo un llamamiento a “crear espacios seguros”. “Está en nuestras manos”, aseguran. “Vamos a cuidarnos entre nosotras”.

Maruxak es un grupo travesti fundado en Pamplona en el año 2019 conocido por sus espectáculos en los que combinan el folclore con géneros como el pop y el techno. Está compuesto por ocho artistas y en el año 2024 actuaron en los conciertos de los Sanfermines organizados por el Ayuntamiento de Pamplona.

Las calles de Madrid han vuelto a llenarse este sábado con motivo del Orgullo LGTBI. A pesar del calor, la multitudinaria manifestación ha sacado de casa a decenas de miles de personas —un millón, según los organizadores— que desde primera hora de la tarde ya se agolpaban en el paseo que separa Atocha de Colón, donde ha culminado pasadas las 21.00 horas. Banderas arcoíris, pancartas, música y un ambiente que acostumbra a mezclar lo festivo y reivindicativo convierten la cita en toda una declaración de intenciones frente a la ola reaccionaria global que amenaza los derechos LGTBI.

Bajo el lema “¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia”, la manifestación ha empezado a andar pasadas las 19.00 de la tarde. En la pancarta de cabecera caminaban Paula Iglesias y Ronny de la Cruz, presidentes de la Federación Estatal LGTBI+ y de COGAM, junto a figuras como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la ministra de Sanidad, Mónica García, la comisionada de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán, el ministro Óscar López y personalidades LGTBI de diferentes partidos, entre ellos Víctor Gutiérrez, del PSOE, o Carla Antonelli, de Más Madrid.

La cantante Zahara o el actor Raúl Tejón también encabezaban la protesta en una edición en la que, tras los bloques de las organizaciones en defensa de los derechos LGTBI marchaban un total de 47 carrozas, algunas de empresas, también de partidos políticos y otras de distintos colectivos sociales.

Antes, los colectivos que cada año organizan la protesta han querido dejar claras las intenciones: “Los derechos no están grabados en piedra y no vamos a permitir que nos los quiten”, ha dicho Ronny de la Cruz, presidente de COGAM, poco antes del inicio de la marcha.

El activista ha recordado que el Orgullo “nació para ser incómodo y molestar” y ha afeado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, su “falta de respeto” hacia la movilización. “Es increíble e insoportable. Un año más nos ha decepcionado con su campaña institucional. Le pedimos a él y a todas las fuerzas que aspiran a gobernar el Ayuntamiento que el año que viene convoque acto institucional oficial”.

Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, ha afeado al Partido Popular su abstención a la ley que convierte en delito las terapias de conversión. “Demuestra de qué lado de la historia está”, ha apuntado la activista, que ha afirmado que la sociedad española “va a frenar el odio” que, a su juicio, enarbola la ola reaccionaria global. “Hoy vamos a llenar las calles de Madrid para seguir reivindicando nuestros derechos y celebrando nuestra existencia porque celebrarla es también un acto revolucionario”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha criticado al Partido Popular que no haya votado a favor de ninguna de las leyes estatales en materia LGTBI que se han tramitado desde hace dos décadas: “Que no nos engañen, aquí ha habido quienes desde el primer momento hemos votado leyes que reconocen derechos y quienes siempre han votado en contra y han recurrido al Tribunal Constitucional todos los avances”, ha afirmado antes de comenzar la manifestación en Madrid.

La titular de Igualdad ha reivindicado la cita como “una gran fiesta de la ciudadanía” y ha celebrado que España haya sido elegida por la asociación internacional ILGA como el mejor país europeo para las personas LGTBI. “Hoy celebramos lo que somos: un país diverso e inclusivo”, ha dicho recordando que “venimos de una dictadura” en la que las leyes perseguían a las personas homosexuales y trans.

Con el “A quien le importa” de Alaska, la marcha ha partido pasadas las 19.00 horas de su punto de inicio, donde cientos de personas abarrotan los márgenes de la riada arcoíris en la que cada año se convierte la cita.

Tras la pancarta de cabecera, decenas de colectivos, organizaciones, sindicatos, partidos políticos y personas a título individual venidas de toda España marchan por los derechos LGTBI. Entre ellos está Andrés, un chico de 25 años que ha venido desde Burgos específicamente para asistir al Orgullo: “A defender nuestros derechos”, dice tajante. “Aquí en Madrid es diferente, pero en España hay muchas ciudades y pueblos en los que no se puede vivir con la misma libertad”, asegura.

Irina, Camila y Lisa han venido al Orgullo porque consideran que el colectivo LGTBI sufre aún altas tasas de rechazo y discriminación. “Sigue habiendo acoso, lesbofobia y transfobia”, señala Irina, que se define como bisexual y pansexual. La joven lamenta que la ultraderecha “esté yendo contra las personas migrantes” y cree que ese es motivo también para estar aquí: “Todas las diversidades están incluidas en esta bandera”, afirma señalando a la insignia arcoíris con la que ha venido.

Frente a ola que amenaza los derechos LGTBI asegura que “no vamos a dejar que nos digan cómo tenemos que ser” y pronostica que el colectivo LGTBI “seguirá luchando y gritando”. En este contexto, le preocupan especialmente los niños y niñas, que, asegura, “deben poder crecer con libertad”.

“Queremos ser libres y con derechos”, dice su amiga Camila, que lleva los colores de la bandera arcoíris pintada en ambas mejillas. La joven ha salido este sábado al Orgullo “para expresar cómo soy” y “sentirme libre por mi forma de ser”, sostiene.

La variedad de organizaciones y colectivos que marchan en el Orgullo es seña de identidad de la movilización, convertida en una expresión de diversidad. Entre ellos está la Comunidad Cristiana LGTBI de Madrid (Crismhom), que lleva una pancarta propia que reza “20 años de fe, Orgullo y comunidad”.

Los miembros del grupo entonan lemas y portan pancartas que defienden la convivencia entre la religión y la identidad LGTBI y reclaman derechos en la Iglesia Católica: “Ames a quien ames, Dios te ama”, “Jesús nunca excluyó a nadie” o “La Iglesia también es LGTBI”, claman.

En otra zona de la manifestación, Susana y Angy son amigas y han venido por primera vez al Orgullo de Madrid, al que conocen por “ser uno de los más importantes del mundo”. Ellas son colombianas y nunca antes habían tenido la oportunidad de asistir: “Hay que estar en la calle para defender nuestros derechos. Es lindo ver cómo miles de personas salen para mostrar su diversidad”, apunta la primera mientras mira a su alrededor.

Como para ellas, para muchas personas, esta es la primera movilización LGTBI a la que asisten. Otras llevan ya décadas marchando en una protesta que por primera vez salió a las calles de Barcelona en 1977, con una España recién salida de la dictadura. “Desde hace casi 50 años hay personas que han decidido salir a las calles para dejar de ser discriminadas y apaleadas. Un día más, volvemos a salir recordando su valentía y recogemos y ampliamos sus reivindicaciones”, ha mencionado Ronny de la Cruz, presidente de COGAM, poco antes de que diera comienzo la movilización.

Niños, niñas y familias LGTBI también se manifiestan en este Orgullo para reivindicar igualdad real. “Mi familia es igual aunque tenga dos mamás”, claman los integrantes de Galehi, la Asociación de Familias LGTBI.

Marian y Almudena tienen dos mellizos de ocho años que corretean a su alrededor. “Los derechos cuesta mucho conseguirlos y es muy fácil que nos los quiten”, dice la primera, que alude al “auge de la extrema derecha” y al riesgo de la situación actual. “Con el odio que están generando es muy fácil que alguien nos diga que no somos una familia, cuando somos una como otra cualquiera”.

Almudena coincide y asegura que salir a la calle sigue siendo necesario porque “hay gente que quiere que volvamos a perder derechos y eso no se puede consentir”. “Para dar voz a todo eso estamos aquí”, zanja.

Entre los asistentes al Orgullo hay una inmensa mayoría de personas LGTBI pero también las hay que no pertenecen al colectivo pero ven importante estar aquí. Es el caso de Blanca y Juan, que tienen dos hijos de 9 y 11 años y han venido desde Almería para enseñarles lo que es. “En casa trabajamos mucho la diversidad, que está bien que cada uno pueda ser lo que quiera o vestirse como desee. Hay cosas que les llaman la atención y preguntan y yo creo que es importante que tomen conciencia de estos temas”, afirma Blanca.

Leticia es una de las miembros de la batucada Batuka Tuka, que ha venido desde Palencia para animar la manifestación. La mujer reconoce la importancia del Orgullo por “la diversidad que representa” y lo ve especialmente necesario en “zonas vaciadas” como las que hay en Castilla y León. Leticia no pertenece al colectivo, pero ha venido para “apoyar al movimiento”.

“Mientras dependa de la suerte, hay que seguir viniendo”. Con esas palabras explica Daniel las razones que hay detrás de haber asistido en familia al Orgullo este año. Pero el motivo principal se llama Yeray y es su hijo de 19 años, que es trans. “Es necesario desde el momento en que no pueden vivir con la normalidad de otras personas”, explica. Su hijo, dice, “está teniendo suerte en su día a día”, pero “me fastidia tener que hablar de suerte”. “Al final sus derechos dependen mucho de con quién se encuentran y mientras dependa de eso hay que seguir visibilizando”, sostiene con una camiseta que reza “Los derechos trans son derechos humanos”.

Finalmente, a su llegada a la plaza de Colón, el manifiesto leído por los colectivos organizadores ha apuntado contra la “ola reaccionaria” y ha defendido que, frente a ella, la comunidad LGTBI no mostrará “ni miedo ni silencio”.

“Vivimos un momento decisivo. Nos encontramos ante una ofensiva organizada contra nuestros derechos”, han afirmado al tiempo que denuncian que la ofensiva ultra “cuestiona nuestras identidades” y “nos señala como amenazas”. “Quieren devolvernos al armario, pero respondemos con Orgullo. Frente al odio respondemos con memoria y resistencia. Porque nuestros derechos son derechos humanos y no se negocian”, han clamado.

Las razones para visibilizarse y reivindicar este Orgullo han cristalizado en varios informes publicados en las últimas semanas. Aunque las encuestas apuntan a altos niveles de aceptación al colectivo LGTBI en España, conviven con rechazo y discriminación. Es algo de lo que son conscientes quienes pertenecen al colectivo, pero no solo: un 75% de la población ha presenciado ataques físicos y verbales hacia ellos, según el CIS. Según el informe 'Estado del Odio 2026', los avances en derechos caminan paralelamente al rechazo, que en los últimos años ha encontrado “grietas por las que calar en la sociedad”. El sondeo reveló que el 54% de las personas LGTBI habían sufrido discriminación o rechazo en el último año.

Es “un guion reaccionario” que se pensaba superado. Así define ILGA Mundo, la mayor organización LGTBI a nivel global, la ofensiva contra los derechos de gays, bisexuales, lesbianas y trans que la ultraderecha ha desplegado en los últimos años y que está teniendo éxito en diferentes ámbitos. Si bien durante años el ascenso de este discurso fue visto como una amenaza, los retrocesos se palpan ya y se concretan en un patrón común replicado en varios países.

Con la vista puesta en ello, el movimiento LGTBI ha salido a la calle este Orgullo en todo el mundo para reivindicar sus derechos. En España, el colofón a las manifestaciones críticas y las organizadas en decenas de pueblos y ciudades desde el 28 de junio será este sábado en Madrid, en la marcha estatal que reúne a gente de todo el país y que este año llevará por lema “¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia”.

ILGA monitorea desde hace casi cinco décadas el estado de los derechos LGTBI en el mundo y en sus últimos análisis advierte de que, tras una época marcada por los avances y la consolidación de libertades, surgen intentos coordinados de ponerles freno. “Cada vez más, los líderes y movimientos autoritarios intentan controlar lo que ocurre con nuestros cuerpos y cómo nos movemos por el mundo. Después de décadas en las que se reconocieron de manera decisiva las vidas de las personas queer, el avance está desacelerándose y, en algunos países, incluso retrocediendo”, explica la directora ejecutiva de la asociación, Julia Ehrt.

En 2025, el número de países que consideran delito ser homosexual aumentó por primera vez en una década: mientras Santa Lucía derogó la legislación que penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo, Níger y Burkina Faso las aprobaron por primera vez en su historia. Además, Trinidad y Tobago revirtió el dictamen de 2018 que despenalizaba la homosexualidad y volvió a declararla ilegal. En 1990, el año en que la OMS dejó de clasificarla como enfermedad, 114 países miembros de la ONU la criminalizaban, ahora son 65, uno más que un año antes.

La inclusión de las identidades LGTBI en el Código Penal es la punta del iceberg y se entrelaza con la reacción a los avances en países de Europa, América Latina y Estados Unidos, en los que la extrema derecha aumenta su poder e influencia social y política. A pesar de que las legislaciones que reconocen derechos no se han detenido, ILGA apunta a un contexto internacional que camina “a dos velocidades”, con territorios que avanzan y otros que frenan en seco.

La hoja de ruta

La estrategia, sin embargo, ya no es la de cuestionar explícitamente la homosexualidad. En sociedades con altos niveles de aceptación social, el modus operandi es otro: las organizaciones internacionales describen una hoja de ruta que tiene que ver con “desplazar el debate de la igualdad” hacia la “protección de los menores” o los “valores familiares” presentando como amenaza, por ejemplo, la educación en diversidad. Estas políticas y discursos suelen limitar la visibilidad pública del colectivo, restringir el reconocimiento legal o familiar y presentar las leyes LGTBI como un producto de la agenda ideológica de la izquierda.

“En los gobiernos que han cambiado de posición hacia la ultraderecha hemos visto este tipo de iniciativas. Ya no son tan directas, pero tienen consecuencias. La tendencia es sembrar desconfianza, usar informaciones falsas contra la evidencia científica y difundir narrativas que buscan atacar la educación sexual argumentando que lo que induce es a la manipulación o que busca sexualizar a los niños”, explica desde Colombia Cristina Rosero, abogada del Centro de Derechos Reproductivos en su filial en América Latina.

La experta reconoce que tras la victoria del ultra Abelardo de la Espriella en Colombia, el último país en sumarse a la lista de los ganados por la ultraderecha, hay “preocupación” por lo que puede venir. “Ha hecho declaraciones en las que parece inclinarse por limitar derechos. En su programa no hay ninguna iniciativa relacionada con prevenir la homofobia y la transfobia o mejorar la vida de las personas LGTBI, pero además ha afirmado su intención de retirar a Colombia de los espacios regionales de derechos humanos que son clave. Estaremos vigilantes”, señala.

En Chile, el ultraconservador José Antonio Kast no tardó ni un mes desde que asumió la presidencia en tomar una decisión en este sentido: decidió no respaldar la declaración de derechos LGTBI de la Organización de Estados Americanos (OEA). En Argentina, Javier Milei ha impulsado reformas en la pionera Ley de Identidad de Género con el objetivo de vetar los tratamientos —habitualmente bloqueadores hormonales— que suelen utilizar los adolescentes trans. ILGA advierte de un “empeoramiento de las condiciones de vida” de las personas LGTBI en el país. Además, Nayib Bukele prohibió a finales de 2025 el uso de la “x”, la “e” o el “todos y todas” en las escuelas.

Si hay un colectivo que se ha convertido en foco recurrente del discurso y las iniciativas de la extrema derecha es el de las personas trans, a las que “se ataca obsesivamente con los mismos argumentos trillados que se utilizaron contra lesbianas, gays y bisexuales durante décadas”, apunta Julia Ehrt. En Reino Unido, el Tribunal Supremo ha dictado que las mujeres trans no entran en la categoría legal de “mujer” y en Hungría, el expresidente Víktor Orban vetó el reconocimiento legal del género. En Portugal, los partidos de derechas junto a los ultras de Chega han iniciado los trámites para recortar la ley trans del país.

Leyes que se reproducen

Paradigmática es la situación en Estados Unidos, donde “un número sin precedentes de leyes antitrans se están considerando en todo el país”, apunta ILGA. La Corte Suprema ha decidido avalar que los nuevos pasaportes muestren el sexo asignado al nacer y el pasado marzo anuló la prohibición de las terapias de conversión en menores. Según Amnistía Internacional, durante el segundo mandato de Donald Trump se presentaron 616 proyectos de ley antiLGTBI, de los cuales 74 fueron aprobados. El presidente, además, ha firmado órdenes destinadas a “restablecer la verdad biológica”, definiendo el sexo como “una clasificación inmutable: hombre o mujer” y ha recortado programas gubernamentales de atención a personas LGTBI.

Los límites a la visibilidad LGTBI en el espacio público son otra de las puntas de lanza de la ofensiva. Su máxima expresión son las llamadas “leyes antipropaganda” que, a imitación de la rusa, rigen en Hungría y recientemente se han aprobado en países como Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Eslovaquia, Georgia, Kazajistán y Rumania. La presión se incrementa en otros países como Italia, Francia y Alemania, donde los programas de educación sobre igualdad y diversidad “han sido cuestionados públicamente o restringidos”, señala la organización en su último informe anual.

En España, el discurso de Vox también se ha centrado en criminalizar la formación LGTBI en las aulas y en intentar vetar, en ocasiones con la aquiescencia del PP, los símbolos arcoíris y actos públicos. Los recortes de las leyes LGTBI y Trans en la Comunidad Valenciana y en Madrid se han producido en un escenario marcado por los pactos entre las derechas —el último, en Andalucía, no menciona al colectivo LGTBI—, que en ocasiones han arrastrado a los populares en la batalla ideológica en la que la ultraderecha enmarca este tipo de normas. Tanto Vox como el PP mantienen recurrida en el Tribunal Constitucional la Ley Trans y han prometido que la derogarán si gobiernan.

Sin embargo, el retroceso no es solo cosa de legislación y se filtra más allá. Según el informe que acaba de hacer público la consultora LLYC con motivo del Orgullo, el apoyo público a la diversidad ha sufrido “un repliegue general”. Tras analizar 15 millones de noticias, 202 millones de mensajes en X y contenidos de 12 países, el trabajo concluye que la cobertura mediática sobre temas LGTBI ha caído a un ritmo del 10% trimestral desde 2023. Además, desde entonces, las empresas que cuentan con políticas de inclusión son un tercio menos y los mensajes en X de apoyo al colectivo se han reducido a la mitad. Por el contrario, el discurso de odio digital, afirma la consultora, “se ha disparado” un 38%.

Miedo, frustración, cansancio, enfado, agotamiento… son algunas de las sensaciones que aparecen cuando se le pregunta a personas del colectivo LGTBIQ+ cómo perciben y cómo viven estos tiempos en los que, pese a los avances en derechos conseguidos en los últimos años, la ultraderecha crece e instala sus discursos de odio en parlamentos, en medios de comunicación y en la calle.

Este episodio está hecho de los testimonios, las experiencias cotidianas y las percepciones que nos han enviado oyentes como Miguel, Marta, Eva, Carlos, Cristian, Sabrina, Rafael, Alex, Leo, Adriana, Andrés, Claudia, Harold o David, entre otros.

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Asegura que “celebra” los derechos del colectivo LGTBI “allí donde gobierna” y sostiene que España “ha avanzado de manera ejemplar en derechos y convivencia”. Son algunos de los mensajes que el Partido Popular ha lanzado en los últimos días, en un intento por presentarse a sí mismo como garante de la comunidad LGTBI en pleno Orgullo. Lo que no menciona la formación de Alberto Núñez Feijóo es su amplio historial de votos en contra de todas las leyes estatales de protección al colectivo ni los recortes en las normas autonómicas o las ocasiones en que se ha dejado arrastrar por Vox en su batalla ideológica.

La primera manifestación la hizo el vicesecretario de Educación e Igualdad del partido, Jaime de los Santos, que se nombró “del PP y maricón” y dijo sentirse “muy orgulloso” de ambas, durante el debate en el Congreso para penalizar las terapias de conversión de homosexuales, bisexuales y trans. La ley salió adelante con los votos de todos los grupos excepto Vox y el PP, que se abstuvo. Según justificó después, lo hizo para “mejorar” el texto en el Senado, donde sigue tramitándose la norma que plantea cárcel para quien aplique estos métodos calificados de “tortura” por Naciones Unidas.

De los Santos convirtió su intervención en un elogio a presidentes y alcaldes del PP que, supuestamente, son punta de lanza en defensa del colectivo LGTBI. Entre ellos, José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid —“la capital del Orgullo con más de 30 años de gobiernos del PP”, dijo—; María José García Pelayo, la regidora de Jérez de la Frontera, donde la bandera arcoíris “lleva colgando 25 años”, o María José Catalá, de Valencia, que definió como “epicentro de la lucha por los derechos del colectivo”. ¿El motivo? Que la ciudad acoge el evento deportivo Gay Games, que los colectivos LGTBI llaman a boicotear por haber sido “vaciado de valores” y “servir” al pinkwashing.

A ello se sumó unos días después el manifiesto publicado el 28 de junio en el que el partido conservador afirma que el Orgullo “es memoria, presente y futuro”. “Memoria de quienes sufrieron incomprensión, rechazo, violencia o silencio por el simple hecho de ser ellos mismos. Presente de una sociedad española que ha avanzado de manera ejemplar en derechos y convivencia. Y futuro porque aún queda camino por recorrer para erradicar cualquier forma de discriminación o intolerancia”, añaden.

A pesar de sus votos

Se olvidan los populares de que ese avance en derechos ha sido posible a pesar de sus posicionamientos sobre las leyes que los han consagrado. El PP se opuso desde el principio a la reforma del Código Civil que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo, votó en contra en el Congreso —salvo Celia Villalobos— e hizo pinza con la Iglesia Católica para capitanear una guerra sin cuartel contra la norma que llevó a las calles a miles de personas en 2005. Bajo el lema “La familia sí importa”, obispos, dirigentes del PP y líderes de los sectores más ultracatólicos se oponían a los derechos de una parte de la población.

La cruzada no terminó con la aprobación de la ley. Los populares la recurrieron al Tribunal Constitucional “por desnaturalizar” el matrimonio y las declaraciones homófobas de sus representantes no cesaron. El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz aseguró que “la pervivencia de la especie no está garantizada” y varios diputados autonómicos y alcaldes llegaron a comparar el matrimonio homosexual con “la unión entre un perro y una señora” o definirlo como “una ley contra natura”. Era el mismo PP que, durante la tramitación de la norma, llevó al Senado al psiquiatra Aquilino Polaino, que defendió que a las personas LGTBI “se les puede ayudar con terapia reparativa”.

Cuando regresó a Moncloa, el partido dejó de cuestionar en público la ley, después de que la inmensa mayoría de la sociedad hubiera ido aceptándola sin mayor problema. A pesar de que las personas LGTBI siguen enfrentándose a rechazo y exclusión, la reciente encuesta del CIS sobre diversidad señala que para el 71% de la población el avance de sus derechos “beneficia a toda la sociedad” y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Sexual, la aceptación de las parejas LGTBI se ha duplicado en 16 años y alcanza ya al 88% de la ciudadanía.

Con el matrimonio igualitario a un lado del discurso —ni para celebrarlo ni atacarlo—, el PP ha centrado su batalla en los últimos años en la última legislación LGTBI aprobada a nivel estatal: la llamada Ley Trans. La norma, que también provocó una enorme brecha en el seno del Gobierno, del propio PSOE y del movimiento feminista, vio finalmente la luz en febrero de 2023. De nuevo, con el voto en contra de los de Feijóo, que han vuelto a echar mano del Tribunal Constitucional para recurrirla y que han prometido derogarla si llegan a gobernar.

Ya en 2007 el PP había rechazado la norma que hizo posible que las personas trans pudieran modificar su nombre y sexo legal sin necesidad de operarse, que era el requisito que se imponía entonces. Ahora, la ley permite que cambien sus datos sin pasar por tratamientos hormonales y un diagnóstico psicológico, las condiciones vigentes hasta la entrada en vigor de la Ley Trans.

El arrastre de Vox

Con el paso de los años, la derecha fue dejando atrás el debate sobre el matrimonio igualitario y el apoyo del PP a las leyes autonómicas LGTBI comenzó a ser desigual entre territorios, pasando a respaldarlas en algunos e incluso impulsarlas. La irrupción de Vox, sin embargo, cambió ese equilibrio. Aunque la extrema derecha evita cuestionar la orientación no heterosexual de forma explícita, utiliza otras direcciones para llegar al mismo destino y así ha convertido la derogación de las leyes LGTBI, la denuncia de la “ideología de género”, el “adoctrinamiento” en las aulas o el rechazo a los símbolos del Orgullo en una de sus principales banderas.

Es en este marco en el que el PP se ha visto condicionado, específicamente allí donde ha dependido de los votos de la ultraderecha para gobernar, lo que ha cristalizado en exigencias en esta materia en comunidades y ayuntamientos. Los pactos con la ultraderecha han soliviantado a los colectivos LGTBI por ser una formación que “desprecia” al colectivo, decían los asistentes hace unos días a la marcha del Orgullo de Mérida. A la protesta acudió la presidenta María Guardiola, que recibió gritos de “hipócrita”.

El PP lleva días repitiendo que los derechos LGTBI son “una línea roja” en las coaliciones de gobierno, pero hay ejemplos que apuntan en una dirección diferente.

En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, las derechas pactaron recortes a la Ley Trans autonómica: eliminaron los contenidos a la diversidad sexual y abrieron la puerta a que las terapias de conversión fueran voluntarias. También llegaron a acordar crear una sección específica para los libros LGTBI en las bibliotecas, a raíz de una propuesta de Vox a imagen y semejanza de la Hungría de Orbán. Detrás de estas medidas, la extrema derecha enarbola un discurso que dibuja a las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans como una amenaza para los niños y niñas.

En el ámbito de la visibilidad, varios ayuntamientos y comunidades gobernados por las derechas han vetado la colocación de banderas arcoíris en las fachadas de los edificios institucionales. En Madrid, Almeida se ha negado de forma reiterada a poner la insignia desde que está al frente del consistorio y ha reducido la representación simbólica al izado de una bandera en la plaza Pedro Zerolo sin apenas repercusión. También polémica ha sido la campaña municipal de este año, criticada por asemejarse a una por el “día del madrileño” por exhibir objetos castizos con los colores del arcoíris bajo el lema “Orgullosamente de Madrid”.

El veto a las banderas también ha ocurrido en otros ayuntamientos, como Valladolid o Guadalajara, donde el intento del PSOE se ha topado con la oposición de PP y Vox un año más. En Totana (Murcia), ambas formaciones no solo han pactado suprimir la colocación de la insignia, sino que han llegado este año más lejos y han suprimido todos los actos institucionales referentes al Orgullo.

En algunos casos, el PP ha impulsado cambios sin que mediaran negociaciones con la ultraderecha. Así ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso gobierna con mayoría absoluta. La presidenta ejecutó a finales de 2023 un recorte en las leyes LGTBI y Trans de la región, lo que fue visto por los colectivos y la oposición como el “primer retroceso” en materia LGTBI. ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, lo señaló como uno de los “pasos atrás” más relevantes. Ayuso, que en 2022 cargó contra tener que “aguantar” el Orgullo “todo el mes”, ha eliminado además del organigrama la Subdirección General de Igualdad LGTBI.

El Gobierno central del PSOE y Sumar ha reaccionado a las modificaciones de las legislaciones autonómicas con recursos ante el Tribunal Constitucional, que ya ha suspendido de forma cautelar varios de los artículos aprobados recientemente. A la espera de que se pronuncie definitivamente y tome también una decisión sobre la Ley Trans estatal tras los recursos de las derechas, los populares insisten: “Vamos a seguir luchando por los derechos de todos, queramos a quien queramos, seamos del colectivo o no”.

Haciendo honor a quienes hace 57 años se levantaron contra la represión policial en el pub neoyorkino de Stonewall Inn, el Orgullo Crítico ha vuelto, como cada 28 de junio, a tomar las calles de Madrid. Marcando distancia con el multitudinario Orgullo Estatal, que se celebrará el próximo 4 de julio, plataformas, asambleas, organizaciones y personas a título individual han marchado en la tarde de este domingo por el barrio madrileño de Carabanchel bajo el lema “¡Contra el capitalismo colonial, todas las desviadas a las barricadas!”.

La marcha ha querido recordar que el movimiento por los derechos LGTBI “nació en los márgenes” y ha denunciado que esta subversión histórica “ha sido secuestrada por las grandes marcas”, dicen sus impulsores en referencia al MADO, como se conoce al Orgullo que durante una semana se celebra en Chueca y los alrededores y que se organiza en colaboración con algunas empresas. Ante ello, reivindican una “liberación colectiva” en la que “el origen, el cuerpo, la productividad o el dinero” no decidan “nuestra calidad de vida”.

Bajo las altas temperaturas de la capital, el Orgullo Crítico se ha convertido en un símbolo de diversidad, en el que la interseccionalidad toma un papel clave: no solo reclaman derechos para el colectivo LGTBI, también para las personas racializadas o las infancias. Denuncian “el racismo, la misoginia y el capacitismo”, señalan el “genocidio” en Palestina y apuntan a la “degradación deliberada del espacio público”. La crisis de la vivienda es parte fundamental de sus reivindicaciones: “El MADO es un modelo de ciudad escaparate que consolida turistificación y gentrificación despojándonos de nuestros barrios cuando la vivienda nos está costando la vida”, señalan.

Antes de las 19.00, la hora de inicio de la protesta, ya se agolpan en el punto de inicio los manifestantes, que en tono alegre y reivindicativo, han ido uniéndose en grupos de amigos u organizaciones. Óscar, de 27 años, esperaba a que diera comienzo la protesta y a que “quizá en un rato” llegaran sus amigas. Acudió a la marcha con pantalón corto y un top que dejaba ver su tripa. “Es la primera vez que salgo con este look. Para mí es importante esta manifestación porque debemos tener el derecho a ser cómo somos. Fuera no me siento libre de poderme mostrar como realmente soy, siempre hay comentarios o miradas. Todavía hay muchas cosas que tienen que cambiar”, afirma.

Lo mismo pensaba Lola, que llevaba una bandera trans atada a la cintura. “Tenemos que reivindicar nuestra manera de estar en el mundo porque aún es difícil visibilizarse”, explica esta mujer trans de 46 años. Ella también ha salido a la calle para “demostrar la lucha y la fuerza” de un colectivo que es diana de la ofensiva ultraderechista a nivel global: “Me preocupa. Nosotras vivimos con una libertad que creo que a esta gente le molesta porque les hace mirarse a sí mismos. Les da rabia que no sigamos la norma porque ellos la siguen y tampoco son felices”, opina la mujer.

El Orgullo en los barrios

Un año más este Orgullo alternativo ha querido “descentralizar” la protesta y llevarla a un barrio del Sur de Madrid, en este caso Carabanchel. “Detrás de esas ventanas también hay lesbianas”, “detrás de esos balcones hay muchos maricones” o “detrás de esos portales también hay bisexuales”, entonaban los manifestantes mientras los ojos curiosos de los vecinos y vecinas se asomaban a las ventanas, la mayoría con el clásico toldo verde que pinta buena parte de los edificios madrileños. Algunos sacaban el móvil para grabar, otros apludían o saludaban y hay quienes pasaban de largo. “Abajo las fronteras, queremos más bolleras”, clamaban los asistentes.

Tras la pancarta de cabecera, han marchado diferentes bloques y colectivos. Le seguían las infancias trans y las personas racializadas. Detrás, un rótulo que reza “Frente a la deriva militarista, vicio y autogestión” con la que se manifiesta el bloque de personas bisexuales. Neru, es una de ellas: “Hay que seguir saliendo todos los años, no solo para reivindicar los derechos conquistados, sino para recordarnos que en cualquier momento podemos perderlos. Vivimos un auge militarista y de ultraderecha que nos pisa los talones y esto es una demostración de fuerza de que estamos aquí, no vamos a dar un paso atrás y seguiremos estando para defender nuestros derechos las veces que haga falta”.

Muchas personas jóvenes, pero también mayores y familias con sus hijos e hijas, avanzaban al ritmo de música y batucada en una riada teñida de los colores del arcoíris. Los llevaban pintados en las caras, en lazos en sus muñecas, en abanicos o en los calcetines. “Que viva la lucha del pueblo palestino”, gritaban al unísono. Neru destacaba la “interseccionalidad” de esta manifestación que es, como cree que debe ser “la lucha”. “Hay un trabajo institucional que está bien hacer, pero nosotras tenemos que seguir en la calle con las putas, las locas y las personas migrantes. No podemos conformamos, sino dar un paso adelante a por todo lo que nos falta por conseguir”, explica.

El pensamiento de que el masivo Orgullo que se celebra cada año el primer sábado de julio se ha “capitalizado” era compartido entre los asistentes. Claudia, que es cubana, observa esta “deriva” desde hace años. “Esta es una manifestación convocada desde las periferias y que huye del capital y los intereses monetarios que se lucran visibilizándonos”, asegura al tiempo que reconoce que espacio está “más alineado” con su identidad como “mujer migrada y bollera”.

Las personas LGTBI siguen enfrentándose en España a situaciones de rechazo y discriminación. Lo apuntan quienes pertenecen al colectivo, pero también lo ven quienes no: un 75% de la población española reconoce haber presenciado ataques físicos o verbales contra ellos o ellas, según la encuesta sobre diversidad sexual hecha pública el pasado jueves por el CIS. Más de la mitad, lo ha hecho “con frecuencia” en el último año. El informe ‘Estado del Odio 2026’, de la Federación Estatal LGTBI, apunta en la misma dirección y destaca que, junto a los avances en derechos, el rechazo ha encontrado en los últimos años “grietas por las que calar en la sociedad”. El 54% de las personas LGTBI encuestadas señalaba entonces que habían sufrido alguna situación de acoso o discriminación en el último año.

Esta se deja ver también en forma de terapias de conversión, una realidad que ha estado en el centro de la actualidad la última semana debido a que el Congreso ha aprobado la ley que convierte su práctica en delito y las castiga con penas de cárcel. “Me decían que tenía que sanar mi herida”, explicaba Iván León a este medio sobre la terapia religiosa que sufrió cuando tenía 17 años para intentar modificar su orientación homosexual.

La asociación de municipios vascos (Eudel) y el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco han presentado este viernes una guía para que los Ayuntamientos vascos ofrezcan “una respuesta integral y coordinada” y se “ordenen las actuaciones” cuando ocurren casos de discriminación racista, xenófoba, antigitana y LGTBIfóbica, siempre teniendo en cuenta que la víctima está en el centro.

La guía, bajo el nombre de 'Bidea Zabaldu' ('abrir el camino'), pone ejemplos de este tipo de ataques y la respuesta institucional que deben tener. Por ejemplo, un ataque clasificado como “moderado” pueden ser pintadas anónimas, insultos verbales privados o denegación de acceso a locales. En estos casos la guía contempla el borrado discreto de pintadas, la amonestación verbal privada al agresor o una mediación comunitaria. Si los ataques son considerados con un nivel de impacto “alto”, es decir, cuando ocurren campañas de hostigamiento a colectivos, agresiones físicas entre particulares, o ataques a propiedades, se recomienda la publicación de una noticia en la web/revista municipal o la aprobación de una declaración institucional en un plazo de 72 horas. Por último, frente a las agresiones con un nivel de impacto “muy alto”, la guía recomienda llevar a cabo una declaración institucional en un plazo de 72 horas y convocar una concentración ciudadana de repulsa al día siguiente.

Para esto último el documento adjunta ejemplos de declaración institucional de repulsa, para que los ayuntamientos tengan un modelo a seguir. Además, la guía recoge que “si los incidentes ocurren durante las fiestas patronales, se valorará suspender de forma parcial o total los actos programados” y que “las comunicaciones públicas y lemas se traducirán a los idiomas de los principales orígenes de la población extranjera local”. “Ante la presencia de medios de comunicación, el Ayuntamiento debe coordinarse con la Ertzaintza y el Gobierno vasco. La comunicación debe manifestar apoyo institucional y ciudadano a la víctima (respetando estrictamente su anonimato e intimidad), deslegitimar socialmente el motivo del odio (racismo, LGTBIfobia, etc.) responsabilizando únicamente al agresor y orientar a la ciudadanía hacia la convivencia basada en los derechos humanos”, añade el documento.

Cuando ocurre una agresión de este tipo, la guía insiste en que el ayuntamiento debe habilitar una vía de contacto confidencial y accesible (teléfono, correo, dirección) a través del área local más idónea, como servicios sociales o derechos humanos. Ese contacto debe funcionar de manera complementaria a la Policía Local o a la Ertzaintza. Si la víctima realiza una denuncia formalmente ante la Ertzaintza, esta lo notificará a la alcaldía en un plazo de 48 horas para valorar la respuesta social. Eso sí, se evaluarán los casos “especiales” es decir, si la víctima es menor de edad, se avisará “inmediatamente” a la Ertzaintza y si hay indicios de violencia de género o machista, se activan los mecanismos específicos para ese ámbito, que no están recogidos en esta guía. “Cuando el Ayuntamiento tenga conocimiento un incidente discriminatorio, activará la actuación propuesta correspondiente. Esta será diferente en cada caso en función de la voluntad de la víctima, la urgencia, situaciones específicas (como el interés superior de niños, niñas y adolescentes) y el impacto de los hechos”, añade el texto acordado.

Más allá de la atención a la víctima los ayuntamientos deberán notificar los casos formalmente aunque no haya denuncia oficial, bajo el consentimiento de la víctima para la realización de estadísticas. Además, se promueve la creación de espacios comunitarios y el uso de distintivos para agentes sociales que se formen y se comprometan activamente contra la discriminación y la constitución de “un órgano con representación política, técnica y policial que se reunirá al menos una vez al año para evaluar el protocolo y redactar una memoria de actividad”.

Esta guía ha sido presentada este viernes en Bilbao por la presidenta de Eudel, Esther Apraiz, y el director de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional, Txema Ezkerra, quienes han subrayado que la presentación del manual se lleva a cabo “en el marco del 28J, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+”. “Se trata de un estándar institucional para toda la sociedad vasca. Hablamos de racismo, xenofobia, antigitanismo y LGTBIfobia, pero hablamos sobre todo de qué tipo de país queremos ser. Euskadi quiere ser una comunidad que protege derechos, que no mira hacia otro lado y que transforma valores en políticas públicas”, ha indicado Ezkerra.

Según ha insistido el director de Diversidad, la guía “recuerda que esa realidad discriminatoria no puede encontrar indiferencia institucional”. “No puede encontrar silencio, no puede encontrar improvisación y tiene que encontrar ante todo una respuesta, por lo que el manual se ha elaborado como una herramienta útil para las instituciones locales vascas que quieren trabajar frente a esa discriminación”. Por ello ha explicado que el texto se dirige “sobre todo” a las personas que se enfrentan a la discriminación “en su vida cotidiana” que “son vecinos y vecinas de nuestro pueblo, son vascos y vascas, y tienen derecho a vivir con seguridad, con libertad, con dignidad y sobre todo con reconocimiento”.

Por su parte, Apraiz ha apuntado que 'Bidea Zabaldu' es un “compromiso con una sociedad más justa, más cohesionada y más democrática”, y ha precisado que se trata de ofrecer una “hoja de ruta”, ya que considera “fundamental que los ayuntamientos, mancomunidades y cuadrillas dispongan de criterios consensuados y herramientas comunes para prevenir, detectar y responder adecuadamente”. “Hace falta seguridad institucional. Por eso, desde los ayuntamientos, nos parece oportuno trasladar un mensaje claro: la diversidad forma parte de nuestros municipios y no podemos tolerar ningún tipo de incidente que dañe la convivencia y la libertad de las personas individual o colectiva”, ha defendido la presidenta de Eudel, que según ha señalado, “las ciudades y pueblos de Euskadi no son ajenos a conductas discriminatorias e incidentes de odio”, por lo que es necesario que los ayuntamientos “dispongan de criterios y herramientas comunes para prevenir, detectar y responder adecuadamente a estas situaciones que atentan contra la dignidad y la libertad de las personas”.

Sobre la guía, la presidenta de Eudel ha explicado que incorpora un modelo de protocolo municipal de actuación “que ofrece pautas para una respuesta integral y coordinada”, de modo que cada ayuntamiento “deberá identificar el servicio o el área más adecuada para recibir y canalizar estos casos”. “Aquí los ayuntamientos tenemos un papel fundamental como administración más cercana, porque tenemos que acompañar a la persona durante todo el proceso, facilitando el acceso a la información y a los recursos especializados y evitando situaciones de desorientación”, ha concluido.

La primera vez que Iván León acudió a una supuesta terapeuta fue por recomendación del sacerdote de su parroquia. Acababa de pasar de 1º a 2º de Bachillerato y atravesaba una etapa difícil: en casa las cosas no estaban del todo bien, su padre estaba en paro y a él le atravesaban las dudas sobre su futuro. Nunca había ido al psicólogo, así que cuando le dijeron que aquella persona podría ayudarle, le pareció bien. Lo que se encontró, sin embargo, no fue ninguna conversación a cerca de lo que le ocurría. La primera pregunta que le hizo la mujer es si salía con chicas, quiénes eran sus amigos o si hacía deporte.

Aquellas no eran preguntas inocuas. “Todo fue girando poco a poco hacia el porno, la masturbación, en si pensaba en chicos o chicas cuando lo hacía... Yo lo que supuestamente tenía que hacer era desarrollar mi masculinidad, que estaba dormida y por eso era inseguro. Me decía que tenía que hacer cosas de hombres. Nada de eso se sostenía, pero en aquel momento yo no lo vi”, cuenta Iván varios años después sobre lo que hoy sí nombra como “terapia de conversión” para personas LGTBI. En su caso, aquello se hacía llamar “itinerario” religioso y fue impartido en el Obispado de Alcalá de Henares (Madrid) bajo la dirección del polémico José Antonio Reig Plá.

Lo que vivió Iván fue una de las formas que han ido adoptando este tipo de métodos para modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas en los últimos años. Lejos de su imagen más reconocible —el encierro forzado o los intentos explícitos de “curar” la homosexualidad mediante tratamientos —, hoy parte de esas prácticas se dan en espacios disfrazados de “acompañamiento” emocional, espiritual o psicológico que comparten objetivo: 'reparar' algo que se presupone dañado.

“Hay un pensamiento compartido de que en España esto no ocurre, pero la realidad es que hay redes de personas hipermovilizadas actuando en la clandestinidad para modificar la orientación sexual o identidad de género. El problema es que sigue siendo una forma de violencia invisibilizada, que se produce de forma ajena al escrutinio público fundamentalmente en espacios religiosos o clínicos”, explica Saúl Castro, abogado de la Asociación contra las Terapias de Conversión.

Iván hace referencia al modus operandi: “El discurso se va filtrando gota a gota, hasta que acabas viendo la orientación sexual como algo traumático. El eje de todo era intentar sanar las supuestas heridas de la masculinidad a las que asociaban la homosexualidad, o como ellos lo llamaban 'atracción hacia el mismo sexo”, explica el joven, que apunta a que, en su caso, la supuesta terapeuta —bióloga de formación– le insistía en que su “problema” tenía que ver con la autoestima y la relación con los demás.

“A nivel físico no destacaba mucho, era más bien gordito, y me decía que mi herida era que en el fondo envidiaba a otros hombres que nunca llegaría a ser”, recuerda sobre las sesiones a las que estuvo acudiendo. Paralelamente, el obispado organizaba charlas o convivencias en las que se impartía esta doctrina, que tiene muchos puntos en común con el apostolado acogido en varias diócesis que el Ministerio de Igualdad ha propuesto sancionar con 75.000 euros. Su discurso atribuye también la homosexualidad a “heridas o traumas” de la infancia como abusos sexuales o carencias afectivas y promueve para las personas LGTBI un “retorno” a la heterosexualidad o vivir en castidad.

Los “límites difusos”

Este tipo de métodos han vuelto esta semana al centro de la actualidad después de que el Congreso haya dado el visto bueno, con el voto en contra de Vox y la abstención del PP, a la ley que los convierte en delito y que castiga con penas de cárcel a quienes los practiquen. La norma —que puede sufrir cambios ahora en el Senado— incluye finalmente que el consentimiento del afectado no impedirá perseguir penalmente estas prácticas, al entender que existe un fuerte condicionamiento por contextos de presión, vulnerabilidad o estigma.

Este ha sido uno de los puntos que ha provocado buena parte del choque político durante la tramitación, pero también todo lo que tiene que ver con cómo identificar hoy una terapia de conversión. La derecha ha intentado que solo sean delito las de “naturaleza coercitiva” y cuando no haya consentimiento de la víctima, algo que, de momento, ha sido rechazado por el pleno.

Durante el debate, Vox llegó a acusar al resto de grupos de querer “eliminar la posibilidad de que alguien pueda dudar de su homosexualidad” o meter en la cárcel a los sacerdotes a los que “los homosexuales acuden a pedir ayuda porque han decidido libremente que quieren vivir acorde a su fe”.

El alcance de las terapias de conversión ha sido analizado por el Experto Independiente de Naciones Unidas contra la discriminación LGTBI, que en un informe de 2020 concluye que siguen siendo una amenaza global basada en tres enfoques: médico, psicoterapéutico y religioso. El estudio denuncia que se han transformado en un “blanco móvil” para eludir las restricciones legales, de forma que los proveedores suelen “renombrar sus servicios o modificar estrategias de comunicación”. En este esfuerzo, la dimensión espiritual se ha vuelto clave: la ONU apunta a que los actores religiosos operan a menudo en un espacio “de límites difusos” pero igualmente dañinos.

“Normalmente, se camuflan más en este tipo de espacios de carácter religioso. Esto es lo que me he encontrado en consulta, lugares de culto en los que hay una apuesta clara a través de charlas, retiros, talleres y orientación de intentar que la persona no heterosexual se reconduzca”, coincide Paloma Salamanca, psicóloga experta en terapia de afirmación LGTBI.

Iván acabó en uno de ellos en 2014 porque, a pesar de que sus padres no eran religiosos, él sí participaba en la parroquia de su barrio. La captación, apunta, suele ser por diferentes vías. “Tengo constancia de que hay gente a la que se lo buscaban sus padres o familias y luego formas un poco más sutiles, que te proponen una ayuda por pasar una mala racha y acaba siendo una terapia de conversión. También había gente con problemas para aceptar la homosexualidad que acabó allí metida”, recuerda el joven, que tenía entonces 17 años y pasó otros cinco más en la diócesis rodeado del mismo discurso. Según el informe de la ONU, la inmensa mayoría de víctimas son jóvenes: el 80% tiene menos de 24 años.

Para Iván, una de las cosas más destacables es que al principio el ambiente era “muy propositivo y amigable” y apunta a lo que las voces expertas señalan como una “adaptación” de las terapias en los últimos años a través, entre otras cosas, de un nuevo lenguaje. “En un inicio el discurso es medianamente razonable, te hablan de desarrollar tu masculinidad, pero también de aprender a desarrollarte en la vida y lo venden como una ayuda y apoyo. En Alcalá jamás hablaban de curar la homosexualidad ni de esta como una enfermedad. Era más comprable”, afirma Iván.

“Tenía que confesar si me masturbaba”

Sin embargo, el abanico de conductas y prácticas “es muy amplio”, apunta Castro. En Valencia, el arzobispado suspendió la actividad de un centro de orientación familiar denunciado por intentar cambiar la homosexualidad mediante oraciones, actividad física y fármacos inhibidores del deseo sexual. La 'coach' Elena Lorenzo tendrá que sentarse en el banquillo por ofrecer cursos para “recuperar la heterosexualidad” y, en Navarra, el centro evangélico Vida Nueva, situado en Ciriza, está siendo investigado judicialmente por torturas, coacciones y explotación laboral tras la investigación de Newtral.

Varios testimonios acusan al centro de rehabilitación de grupo “sectario” y describen castigos ligados a tareas de limpieza, una férrea disciplina, vigilancia constante de su intimidad y comportamiento y prácticas que, según sus denuncias, buscaban moldearlas hacia una idea de “mujer decente”, es decir, heterosexual. El Gobierno navarro ha excluido al centro del registro de servicios sociales de la comunidad.

Mónica, que prefiere usar un nombre ficticio y es una de las denunciantes, salió de allí a los 22 años —ahora tiene 42— tras pasar una década ingresada por orden de su madre. Cuenta que, entre otras cosas, sufrió, el intento de conversión de su bisexualidad y también de su expresión de género masculina. “Un día me metieron en una sala y me dijeron que no me preocupara si empezaba a convulsionar o me salían espumarrajos por la boca porque eran los demonios saliendo. Lo que hicieron fue ponerme las manos por el cuerpo y orar largo rato para que supuestamente se fueran los demonios de la homosexualidad y la rebeldía”, afirma Mónica.

El discurso de la homosexualidad como algo negativo estaba presente de forma continua, según apunta. “Tenía que confesar si me masturbaba pensando en mujeres y me castigaban limpiando”, cuenta. En 2015, Mónica salió de allí. Preguntado al respecto, Vida Nueva niega los hechos y califica las acusaciones de “difamaciones” por parte de personas “resentidas” con el centro. Defiende que su función es la “acogida y rehabilitación” de personas en “exclusión social” y que con aquellas que no son heterosexuales “no se realiza ninguna terapia, tratamiento o programa para modificar su orientación”.

Las consecuencias de haber sufrido una terapia de conversión permanecen incluso años después, apuntan las voces expertas. Así lo remarca la ONU en su informe, en el que apunta a que los intentos de “patologizar y negar la existencia” de las personas LGTBI y “provocar autoodio” tiene efectos “profundos en su integridad y bienestar físicos y psicológicos”. Salamanca coincide: “A nivel de autoestima y legitimidad tiene un daño muy importante y se ven secuelas de tipo traumático. A estas personas al final les están empujando a ocultar o cambiar lo que son y desde ahí hay una afectación personal, social y familiar a todos los niveles”.

Iván reconoce que con los años ha podido “ir reconociendo” mucho de lo que vivió entonces y afirma que, tras salir, pensó que estaba mejor de cómo se encuentra ahora. “Me he dado cuenta de que muchos temas de autoestima o de formas de relacionarme vienen de ahí. Para ese discurso, las relaciones homosexuales siempre son de interés, de abuso y de poder así que, aunque no lo pienses de forma consciente, siempre está ahí esa amenaza. Según ellos, ser homosexual solo tenía dos caminos: o ser violentado toda la vida hasta acabar suicidándote o ser tú el corruptor de otros y tener una vida de miseria”.

La asociación Espacio Seguro ha denunciado una supuesta agresión homófoba a dos jóvenes en la madrugada del 24 de junio, en la celebración de la hoguera de San Juan en la capital burgalesa, cuando un grupo de cuatro jóvenes les persiguió al grito de 'maricones' y les asestó varios puñetazos en la cara, hechos que han sido ya denunciados ante la Policía Nacional, ha confirmado a EFE la Subdelegación del Gobierno.

De acuerdo con la denuncia pública realizada por Espacio Seguro, los hechos ocurrieron sobre las 3:30 de la noche de San Juan cuando las víctimas salían de la hoguera, en la barriada de San Juan Bautista, y otros cuatro jóvenes les persiguieron.

Tras ver que una de las víctimas sacó su móvil para grabar lo sucedido, el grupo supuestamente asestó varios puñetazos a ambos en la cara y la nuca, y uno de los chicos quedó inconsciente en el suelo y tuvo que ser asistido por los servicios sanitarios.

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado a EFE que existe una denuncia en la Policía Nacional presentada por los dos jóvenes, por una supuesta agresión homófoba, que se está investigación y los agentes trabajan para identificar a los supuestos autores.

Espacio Seguro denuncia un aumento de los discursos de odio, que está derivando en mayor número de agresiones verbales y físicas, y recuerda que cuentan con un servicio de apoyo jurídico y psicológico para las víctimas de la lgtbiqfobia, al tiempo que anima a la sociedad a contactar con la asociación cuando tengan conocimiento de una agresión.

Manifestación el domingo

La Asociación Espacio Seguro ha anunciado, además, que con motivo de la celebración este domingo 28 de junio del Día del Orgullo LGTBIQA+, en Burgos tendrá lugar una manifestación a las 20:00 organizada por la asociación junto con Euforia FTA y el Bloque Transfeminista Orgullosamente Combatives.

Bajo el lema 'El fascismo al armario. Barrios orgullosos contra el odio', la convocatoria partirá de la plaza del Cid para, tras recorrer las calles del centro, acabar en la plaza Mayor con la lectura de un manifiesto, en el que reivindicarán los derechos de las personas LGTBIQA+ y denunciarán el aumento de los discursos de odio.

El colectivo recuerda que Castilla y León sigue siendo la única comunidad autónoma sin una Ley LGTBI, y pide una atención sanitaria real, eficiente y sin listas de espera en el Hospital de Burgos para personas trans e intersex, además de garantizar el acceso a tratamientos hormonales y el fin de las intervenciones innecesarias en bebés intersexuales.

También ha reclamado educación pública e inclusiva, con protocolos de acompañamiento y formación a docentes para proteger a las infancias; y denuncian la precariedad y el riesgo de pobreza que expulsa a las personas LGTBIQA+, al tiempo que exigen políticas públicas que aseguren viviendas seguras.

O “abandonar” la homosexualidad para formar una familia heterosexual o vivir en castidad para siempre. Son las dos salidas a las que un apostolado religioso, que avalaron varias diócesis españolas, dirige a las personas LGTBI para renegar de su identidad. La iniciativa recorrió entre 2023 y 2024 iglesias y parroquias de la mano de testimonios que aseguraban haber dejado de lado su vida homosexual tras el “encuentro” con Jesús e incitaban al público a seguir sus pasos.

Tras la denuncia interpuesta a principios de año contra el apostolado, ahora el Ministerio de Igualdad acaba de acordar el inicio de un expediente sancionador con una propuesta de multa que suma 75.000 euros.

El dictamen, al que ha tenido acceso elDiario.es, considera que el proyecto incurre en una infracción muy grave tipificada en la Ley Trans y le acusa de “promoción” de métodos o terapias de conversión que tienen “por finalidad modificar la orientación, la identidad sexual o la expresión de género”. En su caso, el apostolado lo ha hecho a través de los eventos y también de material publicado en Internet en diferentes formatos. Preguntado al respecto, el Ministerio de Igualdad ha rechazado hacer declaraciones.

La sanción se dirige contra la impulsora del proyecto, a la que plantea imponer 45.000 euros de multa, y contra la empresa que sitúa como “distribuidora” y organizadora de los eventos, a la que quiere sancionar con 30.000 euros. Las charlas se celebraron en templos y centros religiosos vinculados a siete diócesis españolas y varios curas de la llamada “fachosfera católica” fueron señalados por acogerlas, pero el expediente no se dirige contra ninguna institución religiosa. Ahora, los acusados tendrán 15 días para hacer alegaciones y, en un máximo de seis meses, el Ministerio decidirá si impone finalmente la sanción.

El expediente apunta a la existencia de “una actuación sostenida, organizada y prolongada en el tiempo” dirigida a difundir un mensaje que presenta la homosexualidad “como una condición susceptible de cambio mediante prácticas de naturaleza religiosa”. El discurso se articula específicamente en diferentes formatos y es difundido “a través de testimonios personales y con la participación o apoyo de entidades eclesiásticas” dirigidos a personas LGTBI con el objetivo de “promover itinerarios” que se orientan al “abandono o la renuncia de su orientación sexual o su vida afectivo sexual”.

La propuesta de sanción llega en pleno debate sobre las terapias de conversión, después de que el Congreso haya aprobado este jueves la ley para llevarlas al Código Penal y convertirlas en delito con el voto en contra de Vox y la abstención del PP. Actualmente, están vetadas a la luz de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que es la norma que, según el Ministerio de Igualdad, ha vulnerado el apostolado tras ser denunciado el pasado mes de enero por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión.

El “retorno” a la cisheterosexualidad

El material analizado es un compendio de vídeos, artículos, entrevistas y charlas hechas públicas durante varios años en diferentes medios de comunicación y plataformas. La mayoría son canales católicos en los que la impulsora de la iniciativa conversa con otras personas sobre la finalidad del proyecto, en ocasiones con títulos como “Homosexualidad ¿se puede salir?”. Según ella misma explicó, su método está dirigido a quienes “quieran abandonar o dejar atrás este estilo de vida” y añadió que la mayoría “no se lo plantean” porque “se les ha inoculado que han nacido así y no van a salir”.

En otro momento, ella afirma que quienes supuestamente han dejado de ser homosexuales “retornan a una heterosexualidad” después de “sanar las heridas”. “Retornan al estado natural”, añade.

En general, el objetivo de las publicaciones es “la difusión del apostolado” y de documentales y testimonios asociados al mismo. Entre otros, está el documental difundido desde el año 2022 en distintas plataformas y que, según el expediente, “propone y promociona” un proceso de “retorno” a la cisheterosexualidad “de tipo religioso” mediante la castidad o el “acercamiento” a Dios.

El vídeo atribuye el origen de la identidad LGTBI a “experiencias traumáticas de la infancia”, como abusos sexuales, carencias afectivas, sentimientos de inferioridad o baja autoestima, así como a la influencia del entorno, los medios o “la normalización” de la diversidad sexual. En este marco, el documental incluye los testimonios de tres hombres que “pretenden evidenciar la posibilidad de modificar la orientación sexual” siempre que exista “un compromiso firme” con el objetivo de “desarrollar atracción hacia personas del sexo opuesto y conformar un proyecto vital de carácter heterosexual y familiar”.

A este ecosistema multimedia se le añade la más de una decena de eventos organizados en siete diferentes diócesis —Archidiócesis de Madrid y Barcelona y las Diócesis de Getafe, Sigüenza-Guadalajara, Valencia, Jérez de la Frontera y Málaga— coincidiendo con fechas cercanas al Orgullo. Los eventos, bajo títulos como “De la 'vida gay' a la vida en Cristo”, se dirigían sobre todo a jóvenes, familias y personas “con dudas” sobre su orientación o identidad sexual y en ellos participaron supuestos “exhomosexuales” que asociaban “experiencias de sufrimiento, rechazo, soledad y confusión personal” a su anterior identidad LGTBI.

Según consta en el expediente, la base de su discurso es que lograron modificar su orientación o identidad “tras un encuentro con Cristo y un proceso de carácter religioso”, de forma que presentaban esta supuesta modificación “como una transformación vinculada a la fe, la oración y el acompañamiento espiritual”. “En definitiva, se difundía la idea de que la homosexualidad o la identidad trans pueden superarse o modificarse mediante la práctica religiosa”, apunta el texto.

Una “estrategia organizada”

Todo lo analizado hace concluir a la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las personas LGTBI, organismo encargado del expediente, que los eventos “no constituyen actuaciones aisladas o meramente testimoniales” sino que formaron parte de una “estrategia organizada de divulgación” de mensajes y discursos “asimilables” a las terapias de conversión, “con capacidad de incidir en la dignidad, la integridad moral y el libre desarrollo de la personalidad de las personas destinatarias, especialmente en contextos de vulnerabilidad o conflicto personal”.

Uno de los encuentros fue celebrado en una parroquia de Ciempozuelos (Madrid), en el que participó un hombre que aseguró haber descubierto con médicos, psiquiatras y otros católicos “que lo que había provocado” su homosexualidad fueron “heridas y traumas”, por lo que decidió “dejar el mundo gay” y “ofrecerle” su castidad “a Dios”, algo que, afirmó entonces, “no es poca cosa después de tener un trastorno sexual”.

El apostolado al que propone sancionar el Ministerio de Igualdad ahora se reviste en todos sus vídeos e intervenciones públicas de “acompañamiento y apoyo”.

El grupo musical Fades ha denunciado una agresión LGTBfóbica durante un concierto en Vilassar de Mar (Barcelona) que les llevó a cancelar el espectáculo. La banda mallorquina explica en un comunicado que les lanzaron cubitos de hielo en hasta tres ocasiones, y que es la tercera vez en lo que va de gira que son víctimas de ataques de este tipo. 

Desde el grupo atribuyen esta y las anteriores agresiones a su identidad abiertamente queer, así como al hecho de hacer música en catalán y con discursos antifascistas. “Sufrimos el auge de la extrema derecha directamente por ser personas queer y defender la lengua y la cultura catalanas”, afirman en un comunicado emitido este miércoles.

El ataque en Vilassar de Mar fue el pasado martes, durante la verbena de Sant Joan. Hasta en tres ocasiones pararon el concierto porque les lanzaron cubitos de hielo desde el público. Al final, optaron por cancelarlo. “Es el tercer concierto de esta gira en el que sufrimos algún tipo de agresión por parte del público y solo llevamos 10”, se lamentaban. 

También han aprovechado el comunicado para denunciar las “amenazas” y el “odio generalizado” que reciben en redes sociales. “Todo este odio debemos reconvertirlo en fuerza para organizarnos y seguir ocupando espacios públicos”, han defendido.

En la misma línea, hace justo once meses y durante la fiesta mayor de Torelló (Barcelona), el grupo Svetlana denunció también que les lanzaron cubitos de hielo por parte de algunas personas del público.

Fades es un trío mallorquín de música pop y urbana creado en 2022, caracterizado por su reivindicación de la identidad queer, y que ha colaborado con artistas mallorquines y catalanes como Maria Hein, Maria Jaume o Svetlana. Ya en 2023 fueron denunciados por Vox tras un concierto en sa Vilanova por supuestamente “fomentar el odio” tras proferir grito de “fuera fascistas” y “fuera homófobos”.

El gol del siglo de Maradona, la mano de Dios y la ola en las gradas. Quizás por este orden el Mundial de 1986 es uno de los más recordados. No solo por el astro argentino, sino por la fiesta en las gradas. La conocida como “ola mexicana” no nació en México ni tampoco en un partido de fútbol. Pero si hubo un evento que la popularizó fue aquel Mundial, una celebración que se extendió rápidamente por los estadios de todo el planeta.

Pero la Federación Mexicana de Fútbol lleva casi una década luchando contra otra manifestación popular de las gradas de sus estadios (o de aquellos en los que juega su selección nacional). Y no es una manifestación de alegría, sino un descontento focalizado en un grito homófobo: “Eh, puto”.

En Brasil 2014, la FIFA ya advirtió a la federación mexicana por lo que se escuchó en las gradas cada vez que jugaba (y perdía o empataba) la selección. Cuando el portero contrario se disponía a sacar de puerta, arrancaba el runrún del “eh” alargado que concluía con el “puto” en cuanto golpeaba el balón. Es un grito similar al que también se ha escuchado en los estadios españoles durante años, pero que sustituía el “puto” por otro insulto con similar rima consonante. Aunque sin el tinte homófobo del adjetivo mexicano.

Ya en 2018, la FIFA multó a México con 10.000 dólares. Además de las sanciones económicas, la selección mexicana ha tenido que disputar encuentros con limitaciones de aforo e incluso con gradas clausuradas. Y la federación ha tenido que ir pagando multas prácticamente en cada competición internacional que ha disputado. Pero ahora no solo es dinero lo que se juega la selección, y más en su propio Mundial.

En el partido inaugural, en el Estadio Azteca, México ganó plácidamente a Sudáfrica por dos goles a cero, en un partido que bien podía haber acabado con un resultado mucho más abultado. La selección jugó bien y en la grada hubo mucha más fiesta que otra cosa. Nadie inició el lamentable grito homófobo. Este jueves, México venció a Corea del Sur por la mínima. Se clasificó a dieciseisavos con un partido pobre. La grada acabó en una fiesta, con el Canta y no llores que ya entonó contra Sudáfrica, pero durante el partido y conforme avanzaban los minutos sin que los aztecas marcaran la grada se impacientaba y abucheaba a los suyos. De momento, sin rastro alguno del “eh, puto”.

Como en lo que va de Mundial, la anfitriona aún no ha ido perdiendo, la Federación Mexicana teme lo que pueda ocurrir si la cosa se tuerce. La FIFA ya ha advertido que los árbitros tendrán que aplicar el protocolo antiviolencia y antirracismo. Al primer grito, el árbitro advertirá al delegado de campo de que eso no puede volver a ocurrir. Si se repite, ordenará a los futbolistas que se vayan a los vestuarios. Si se grita por tercera vez, se suspenderá el partido y se sancionará gravemente a la selección mexicana.

Para evitar llegar a ese extremo, México ha iniciado una campaña nacional, protagonizada por sus grandes futbolistas, desde el Memo Ochoa hasta Hugo Sánchez. Y que cuenta también con sus estrellas en México 86. 

En contraposición, la federación está reclamando a su afición que se comporte como hace cuatro décadas, cuando pusieron de moda la “ola mexicana”, y el país se presentó al mundo como un lugar especialmente alegre.

Una palabra con tintes homófobos desde 'El Quijote'

En México hay incluso informes universitarios sobre el motivo de este grito. El Jefe del Departamento de Psicología Básica, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), doctor Francisco José Gutiérrez Rodríguez, consideró que este grito es reflejo de una cultura machista enquistada en la sociedad de nuestro país.

 “El grito homofóbico tiene que ver con nuestra cultura, donde una de las formas para degradar a otro es feminizarlo. Hay elementos de misoginia. Llamarle a alguien homosexual es un insulto en medio de una cultura machista, pero para algunos representa un escape de las tensiones de la vida cotidiana”, agregó, en el fragor de la polémica durante el Mundial de 2018.

La Jefa del Departamento de Letras, doctora Patricia Córdova Abundis, explicó que las palabras obscenas forman parte del bagaje lingüístico de las comunidades y se utilizan en distintos contextos. En este caso, el grito tiene un significado idiomático, es decir, puede ser interpretado de distintas maneras entre los 500 millones de hablantes del español, e incluso en México tiene muchos significados. Algo similar a la palabra “chingada”.

“El ‘puto’ aparece en la segunda parte de El Quijote. Sancho Panza se sorprende porque en una corrida de toros, gritan eso, ‘¡puto!’. Otro personaje, Sansón Carrasco, le explica que eso se grita para decirles: ‘¡Hey, qué bien lo haces!’. Pero Sancho, que es el pensamiento no lingüístico, el pensamiento vulgar, lo toma como una ofensa. El letrado, el bachiller, le confirma que no es ofensa”, dijo Córdova Abundis.

La ola mexicana que nació en EEUU

Aunque en el ámbito del fútbol internacional se asocie directamente con México, la realidad es que la ola fue concebida y perfeccionada en los Estados Unidos unos años antes.

La autoría más respaldada y documentada pertenece a George Henderson, un animador profesional estadounidense conocido como Krazy George. A finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, Henderson se ganaba la vida asistiendo a estadios de diferentes deportes en Estados Unidos y Canadá para encender los ánimos del público con un tambor, una especie de Manolo el del Bombo a la americana. El 15 de octubre de 1981, durante un partido de béisbol de la Liga Americana entre los Oakland Athletics y los New York Yankees en California, logró lo que llevaba tiempo ensayando en partidos de hockey: que una sección entera de las gradas se levantara con los brazos en alto y se sentara justo cuando la sección de al lado hacía lo mismo. La onda expansiva visual dio la vuelta completa al estadio.

A principios de los años ochenta, la fuerte influencia de las transmisiones de deportes estadounidenses en los estados norteños de México hizo que los aficionados locales conocieran esta peculiar forma de animar (que muchas veces se asocia a triunfos aplastantes del equipo local o al aburrimiento de la grada). Los seguidores de los Tigres de la UANL y de los Rayados de Monterrey empezaron a replicarla de manera rudimentaria en el Estadio Universitario (conocido como El Volcán) y en el viejo Estadio Tecnológico.

Para 1984, empresas como Coca-Cola ya utilizaban la coreografía en campañas publicitarias locales (“La Ola de Coca-Cola”).

Dos años después, los estadios de México 86 se convirtieron en el escenario ideal: recintos monumentales, un clima festivo y, en ocasiones, partidos pausados o monótonos que empujaban a la grada a buscar entretenimiento por su cuenta.

Fue en el colosal Estadio Azteca de la Ciudad de México, ante más de 110.000 espectadores, donde la ola alcanzó su máxima expresión.

'Nature' llegó a estudiar cómo se forma

Pero la ola tiene su ciencia. En septiembre de 2002, la prestigiosa revista científica Nature publicó un artículo titulado Mexican waves in an excitable medium (Olas mexicanas en un medio excitable). El estudio fue liderado por los físicos Illés Farkas y Tamás Vicsek, de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest (Hungría), en colaboración con el investigador alemán Dirk Helbing.

Los científicos analizaron vídeos de 14 olas gigantes producidas en estadios de fútbol con capacidades superiores a los 50.000 espectadores. Al introducir esos datos en simulaciones informáticas, revelaron la “anatomía exacta” de la ola mexicana.

Para arrancar tiene que haber una especie de chispa inicial. No basta con que una persona intente iniciarla, pero tampoco hace falta una multitud. El estudio demostró que basta con un grupo cohesionado de solo 25 a 35 personas levantándose al unísono para desencadenar el efecto dominó en todo un estadio de 100.000 asientos.

Una vez que la ola se estabiliza, avanza a una velocidad sorprendentemente constante de 12 metros por segundo (lo que equivale a atravesar unas 20 butacas por segundo). Aunque parezca sencillo, no es fácil evitar que la ola se desmadre.

El frente de la ola (la cantidad de personas que están de pie al mismo tiempo en una sección) suele medir entre 6 y 12 metros de ancho, lo que equivale a unas 15 personas contiguas en estado “activo” simultáneamente.

El 75% de las veces, la ola gira en el sentido de las agujas del reloj (de izquierda a derecha desde el punto de vista del espectador). Los científicos atribuyeron esto a una ruptura espontánea de la simetría humana, influenciada por la lateralidad (la mayoría de la gente es diestra y tiende a mirar o reaccionar hacia la derecha) o por pura anticipación visual.

La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 25 años y medio de prisión a Nelson David Moreño Bolaños por delitos de asesinato, robo y estafa como autor de la muerte por estrangulamiento por el método del 'mataleón' de un hombre en Bilbao el 17 de octubre de 202. Es algo que ya declaró probado un tribunal del jurado de la Audiencia de Bizkaia y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y es solamente una de las muchas causas que tiene abiertas la misma persona.

El alto tribunal desestima íntegramente el recurso de casación del acusado contra la sentencia de segunda instancia, la del Tribunal Superior de Justicia. Así, Moreno Bolaños es condenado como responsable de un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito, en concurso medial con un delito de robo con violencia en casa habitada y de un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia.

La Audiencia Provincial de Bizkaia condenó en junio de 2025 a Nelson David Moreno Bolañps, acusado de la muerte de un hombre con el que se citó a través de una aplicación en Bilbao en 2021, a 23 años de cárcel por un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito y a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia, debido a que ya ha sido previamente condenado a 10 años de cárcel por intento de homicidio de un hombre que logró escapar con el mismo modus operandi. En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar con un total de 156.740 euros a los hermanos y herederos de la víctima.

Según los hechos probados, el ya condenado, sobre las 16:00 horas del día 17 de octubre de 2021, acudió al domicilio de la víctima situado en Bilbao, lugar donde, actuando con ánimo de acabar con su vida, o, en todo caso, asumiendo plenamente el riesgo y la consecuencia de muerte de aquel, procedió a estrangularle mediante una técnica letal de estrangulación antebraquial de presa carotídea conocida como ‘mataleón’ que hizo que este falleciera. El relato de la sentencia confirmada añade que “el acusado, siendo plenamente consciente de ello y queriéndolo, actuó de forma sorpresiva e inesperada prevaliéndose de la situación de confianza en la que se encontraba (la víctima) por la expectativa de mantenimiento de relaciones sexuales generada previamente por el acusado, lo que le situó en un estado de plena indefensión y, asimismo, empleó la técnica de estrangulación indicada determinando la pérdida de conocimiento de la víctima en un breve lapso de tiempo y su fallecimiento sin que pudiera oponer resistencia alguna y en un estado, igualmente, de plena indefensión”.

Asimismo, mató a la víctima con la finalidad de obtener acceso a sus datos y a su cuenta bancaria y llevar a cabo operaciones patrimoniales ilícitas a su favor, así como hacerse con sus bienes patrimoniales, dinero y tarjetas bancarias para la utilización posterior de estas en su beneficio, como así hizo a continuación, y también con la finalidad de dificultar el conocimiento de su participación en las operaciones patrimoniales ilícitas que llevó a cabo a continuación, extrayendo fondos de su cuenta bancaria y utilizando la tarjeta bancaria con la que realizó diversas extracciones y compras en comercios.

Según destaca la sentencia, dos pruebas periciales fueron fundamentales para declararle culpable: la primera, que el teléfono móvil prueba que el acusado estuvo en la vivienda y la segunda, la identificación de su voz cuando llamó a la entidad bancaria para hacerse con la clave de acceso a la banca digital del fallecido. Cuestiones que en todo momento fueron negadas por el ahora condenado.

Esa fue Moreno Bolaños se sentó en el banquillo acusado de un asesinato, pero no la última, puesto que existen otras investigaciones que le relacionan con la muerte de otros cinco hombres. Este mayo se ha enfrentado a otro juicio acusado de la muerte de un hombre de 73 años en Bilbao en octubre de 2021. Tras el juicio, del que aún no se conoce la sentencia, la Fiscalía pidió 16 años por homicidio y estafa continuada, mientras que la acusación particular elevó a definitiva su petición de 30 años por asesinato y robo con violencia con agravante de reincidencia. El jurado lo ha declarado culpable de asesinato por unanimidad.

Nelson David Moreno Bolaños, más allá de por este delito, está siendo investigado por la muerte de un total de siete personas y el intento de homicidio de otras dos. Por el momento se han resuelto los procesos judiciales de uno de los intentos de homicidio y de uno de los asesinatos. Los procedimientos restantes se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases. Está previsto que el entre el 21 y el 28 de septiembre se celebre un juicio por la muerte de un varón en la madrugada del 27 al 28 de julio de 2021 en Bilbao por el que el Ministerio Fiscal le acusa de delitos de homicidio, estafa continuada y hurto y otro juicio del 19 al 27 de octubre por la muerte de otro varón el 2 de septiembre de 2021 también en Bilbao, por el que, del mismo modo el Ministerio Fiscal le acusa de delitos de homicidio, estafa continuada y hurto.

Las claves del caso

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural.

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el que por aquel entonces era vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional. Desde entonces se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Basauri y acumula penas de 37 años de cárcel.

La 'coach' Elena Lorenzo se sentará en el banquillo acusada de un delito de odio por fomentar terapias de conversión para homosexuales. La Audiencia Provincial de Madrid, según ha podido saber elDiario.es, ha avalado el futuro enjuiciamiento de esta mujer al entender que las afirmaciones que hace en su página web y sus cursos sobre la homosexualidad pueden llegar a constituir un delito. La acusada, mientras tanto, defiende que sus expresiones han sido “malinterpretadas o sacadas de contexto” y que esta decisión no resuelve el fondo del asunto. Una web en la que se ofrecía para “recuperar la heterosexualidad” de sus clientes y ayudarlos a superar el inexistente “Trastorno Obsesivo Compulsivo Homosexual”.

Elena Lorenzo Rego se presenta como una 'coach de identidad' y en su página web presume de que lleva más de una década “trabajando” con hombres y mujeres que “experimentan atracción hacia personas de su mismo sexo y desean vivir su heterosexualidad plenamente”. Su nombre trascendió por primera vez en 2016 cuando fue denunciada ante la Comunidad de Madrid por promover, en esencia, terapias contra la homosexualidad. La multa de 20.000 euros que le impuso el ejecutivo regional tras años de procedimiento terminó anulada por defectos de forma pero, en paralelo, un juzgado abrió un proceso penal contra ella por delito de odio.

Fue la Asociación Española Contra las Terapias de Conversión la que llevó la página web de esta 'coach' a la Fiscalía de Madrid en 2023 al entender que había podido incurrir hasta en cuatro ilícitos del Código Penal. Además del delito de odio, la denuncia inicial planteó también la posibilidad de que hubiera incurrido en intrusismo profesional, un delito publicitario y otro de asociación ilícita. El Ministerio Público entendió que, al menos, podía ser acusada del primer delito por su forma de abordar la homosexualidad como algo a tratar desde el punto de vista patológico.

Tres años después de la apertura de diligencias y de que Lorenzo declarase varias veces como imputada la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado su auto de pase a procedimiento abreviado por un posible delito de odio. Los jueces, según ha podido comprobar este periódico, rechazan el principal argumento de la supuesta terapeuta para evitar el banquillo: que sus palabras e iniciativas sobre la homosexualidad no han sido bien entendidas. “Se han interpretado erróneamente sus afirmaciones”, explicaba en su recurso ahora rechazado.

La Audiencia Provincial de Madrid entiende que el caso de Elena Lorenzo debe zanjarse en un juicio y no de forma previa. Negar ahora que su página web constituya un delito de odio contra los homosexuales y archivar la causa de plano, dice el tribunal, sería prematuro y constituiría una “predeterminación” de la sentencia del caso. Desde la defensa de la 'coach' Elena Lorenzo apuntan, de hecho, a que la Audiencia Provincial no entra a valorar el fondo del asunto ya que el delito de odio es “esencialmente valorativo” y que tres de los delitos planteados por la acusación han sido descartados por el momento.

Terapias prohibidas por ley

El rechazo institucional a las denominadas “terapias de conversión” es transversal a las instituciones autonómicas, estatales e incluso europeas. El Parlamento Europeo lleva una década mostrando su condena “enérgica” contra este tipo de prácticas. Casi una decena de comunidades autónomas prohíben estas terapias bajo amenazas de sanción y, a nivel estatal, la Ley Trans y LGTBI aprobada en 2023 también las proscribe. Su promoción o práctica es considerada una infracción administrativa muy grave y acarrea multas de 10.0001 a 150.000 euros.

La Comunidad de Madrid, entonces gobernada por Cristina Cifuentes, fue la primera autonomía en aprobar una norma de protección al colectivo LGTBI que prohibía este tipo de prácticas. Una ley que dividió internamente al PP madrileño y que llegó en 2016. Elena Lorenzo Rego fue la primera persona denunciada, en aquel entonces por la asociación Arcópoli, por ofrecer este tipo de falsas terapias.

Su caso tardó años en tramitarse por parte de la Comunidad de Madrid y terminó con una sanción de 20.000 euros impuesta en 2019. Una multa que fue anulada poco después por defectos formales y que, según ha sabido elDiario.es, acaba de ser enterrada de forma definitiva por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En 2021 los jueces ya tumbaron la multa porque la Comunidad de Madrid pasó demasiado tiempo analizando el caso y vulneró los derechos de Lorenzo. Más recientemente los magistrados han rechazado la petición de la Asociación Española Contra las Terapias de Conversión de reabrir el expediente al entender que no están legitimados para pedirlo.

La causa contra Elena Lorenzo es el primer caso conocido de una supuesta terapeuta que ofrece un tratamiento contra la homosexualidad en llegar a juicio por la vía penal. Pero no es la única de estas terapias que ha sido denunciada públicamente, algunas de ellas incluso vinculadas a la Iglesia. Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es en 2019, el obispado de Alcalá de Henares ofreció cursos y legales y clandestinos para curar la homosexualidad. Unas prácticas que el ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso mantuvo impunes al no imponer ninguna sanción a pesar de que son prácticas prohibidas por la ley madrileña.

El año pasado la Asociación que ejerce la acusación popular en este caso también presentó una denuncia ante el Ministerio de Igualdad contra varias diócesis españolas que ofrecen este tipo de terapias de conversión. Diversos curas pertenecientes a la 'fachosfera católica' también han sido denunciados por participar en este tipo de terapias aún activas.

El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de asesinato a Nelson David Moreno Bolaños, acusado de la muerte de un hombre de 73 años en Bilbao en octubre de 2021 con el que contactó a través de una aplicación de citas. También ha considerado al acusado culpable del delito de estafa informática por unanimidad. El jurado no ha apreciado, sin embargo, la agravante de discriminación por orientación sexual, también por unanimidad. El jurado popular ha hecho público este viernes resultado de su deliberación que comenzó este miércoles tras finalizar en la Audiencia de Bizkaia la vista oral por el caso, que arrancó el 13 de mayo.

Tras escuchar el veredicto del jurado, el magistrado-presidente deberá decidir qué pena de cárcel dictará en una sentencia que se sumará a los 37 años de cárcel que debe cumplir Moreno Bolaños por condenas anteriores. Por su parte, la Fiscalía pidió 16 años por homicidio y estafa continuada, mientras que la acusación particular solicitó 30 años por asesinato y robo con violencia con agravante de reincidencia. La acusación popular ejercida por la Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, (Gehitu) solicitó casi 29 años de prisión por asesinato con alevosía con la agravante de discriminación por orientación sexual y estafa informática, mientras que la defensa pidió la libre absolución. En concepto de responsabilidad civil, las acusaciones demandaron entre 42.000 y 65.000 euros de indemnización para los familiares del fallecido, así como la reposición de 3.000 euros que el encausado habría transferido de la cuenta de la víctima a la suya.

En su informe, la representante del ministerio fiscal consideró “acreditado que, más allá de toda duda razonable, el acusado sí cometió los hechos y que, por lo tanto, es culpable de los delitos de los que se le acusa”. En este sentido, consideró acreditado que el acusado contactó con la víctima a través de una aplicación, acudió a su domicilio el 5 de octubre de 2021 y “con el ánimo de acabar con su vida y sin que pueda determinarse el modo, medio o forma empleada, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó a muerte”.

Según detallaron las partes, la víctima y el acusado habrían contactado a través de una aplicación de citas y habrían quedado en verse en el domicilio de la víctima. Para justificarlo contaron como prueba con la conversación entre ambos en la que acusado le envió un 'selfie'. La víctima, horas antes del encuentro, envió supuestamente un mensaje a un amigo con la foto enviada por el acusado y escribió a otros dos amigos para explicarles que esa tarde estaba ocupado y que se verían al día siguiente.

Así, el acusado llegó al domicilio de la víctima para llevar a cabo un encuentro sexual pactado previamente a las 20.20. Una vez allí, en el salón de la vivienda y por la espalda, presuntamente le practicó la técnica de estrangulamiento conocida como 'mataleón' provocándole la muerte. Después, realizó una primera transferencia bancaria desde el teléfono móvil de la víctima que fue confirmada con la entidad bancaria mediante una llamada y un mensaje de texto y una segunda transferencia de otros 1.000 euros confirmada a través de un mensaje de texto. Contando con el coste de las transferencias, el delito patrimonial asciende a 3.006 euros.

La agravante de reincidencia ha sido probada tras haber sido condenado el pasado junio de 2025 a 25 años de cárcel, 23 años de cárcel por un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito y a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia. Además, en noviembre de 2024, se le condenó a 10 años de cárcel por intento de homicidio de un hombre que logró escapar con el mismo modus operandi.

El ya condenado, más allá de por este delito, está siendo investigado por la muerte de un total de siete personas y el intento de homicidio de otras dos. Por el momento se han resuelto los procesos judiciales de uno de los intentos de homicidio y de dos de los asesinatos, contando este último. Los procedimientos restantes se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases.

Las claves del caso

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural.

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el que por aquel entonces era vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional. Desde entonces se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Basauri y acumula penas de 37 años de cárcel.

Este martes se ha celebrado la última sesión en la Audiencia Provincial de Bizkaia del juicio contra Nelson David Moreno Bolaños, acusado de la muerte de un hombre de 73 años en Bilbao en octubre de 2021. Tras el juicio, que comenzó el pasado 13 de mayo, tanto la Fiscalía como las acusaciones popular y particular han mantenido sus peticiones de cárcel. En el caso de la Fiscalía, 16 años por homicidio y estafa continuada, mientras que la acusación particular ha elevado a definitiva también su petición de 30 años por asesinato y robo con violencia con agravante de reincidencia.

La acusación popular ejercida por la Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, (Gehitu) también ha elevado a definitivas sus calificaciones y solicita casi 29 años de prisión por asesinato con alevosía con la agravante de discriminación por orientación sexual y estafa informática, mientras que la defensa ha pedido la libre absolución. En concepto de responsabilidad civil, las acusaciones demandan entre 42.000 y 65.000 euros de indemnización para los familiares del fallecido, así como la reposición de 3.000 euros que el encausado habría transferido de la cuenta de la víctima a la suya.

En la sesión de este martes se ha procedido a la reproducción de prueba documental y presentación de calificaciones finales e informes definitivos por las partes. En su informe, la representante del ministerio fiscal ha considerado “acreditado que, más allá de toda duda razonable, el acusado sí cometió los hechos y que, por lo tanto, es culpable de los delitos de los que se le acusa”. En este sentido, ha considerado acreditado que el acusado contactó con la víctima a través de una aplicación, acudió a su domicilio el 5 de octubre de 2021 y “con el ánimo de acabar con su vida y sin que pueda determinarse el modo, medio o forma empleada, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó a muerte”.

Según han detallado las partes, la víctima y el acusado habrían contactado a través de una aplicación de citas y habrían quedado en verse en el domicilio de la víctima. Para justificarlo cuentan como prueba con la conversación entre ambos en la que acusado le envió un 'selfie'. La víctima, horas antes del encuentro, envió supuestamente un mensaje a un amigo con la foto enviada por el acusado y escribió a otros dos amigos para explicarles que esa tarde estaba ocupado y que se verían al día siguiente.

Así, el acusado llegó al domicilio de la víctima para llevar a cabo un encuentro sexual pactado previamente a las 20.20. Una vez allí, en el salón de la vivienda y por la espalda, presuntamente le practicó la técnica de estrangulamiento conocida como 'mataleón' provocándole la muerte. Después, realizó una primera transferencia bancaria desde el teléfono móvil de la víctima que fue confirmada con la entidad bancaria mediante una llamada y un mensaje de texto y una segunda transferencia de otros 1.000 euros confirmada a través de un mensaje de texto. Contando con el coste de las transferencias, el delito patrimonial asciende a 3.006 euros.

El jurado está compuesto por siete hombres y cuatro mujeres. Este miércoles está previsto que se realice la entrega del objeto del veredicto al tribunal del jurado y, posteriormente, se retire para iniciar las deliberaciones, que se espera que se resuelvan en las horas posteriores. Además de si el acusado es culpable o no de la muerte de la víctima, y de si se trató de un asesinato o un homicidio, el jurado deberá evaluar también la agravante de reincidencia tras haber sido condenado el pasado junio de 2025 a 25 años de cárcel, 23 años de cárcel por un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito y a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia. Además, en noviembre de 2024, se le condenó a 10 años de cárcel por intento de homicidio de un hombre que logró escapar con el mismo modus operandi.

Otra de las cuestiones que deberá deliberar es si, como sostiene la acusación popular, existe una agravante de discriminación por orientación sexual debido a que, el acusado “seleccionaba a sus víctimas a través de aplicaciones para encuentros con hombres” y si se trató de un asesinato con alevosía. En este sentido, el abogado de la familia de la víctima, que ejerce la acusación particular, ha asegurado en su informe final que la defunción “es compatible con una muerte homicida” y, además, eleva la pena a asesinato con alevosía, porque el fallecido estaba “confiado, relajado y esperando una agradable velada”, lo que “evita cualquier tipo de respuesta”. “La posibilidad de defensa era nula dadas las circunstancias físicas de uno y otro”, ha añadido.

La defensa del acusado, por su parte, ha pedido la absolución argumentando que en este caso, hay “una alineación conveniente de piezas que han ido encajándose con ciertos esfuerzos de las acusaciones”, que “no han probado absolutamente nada”. El abogado de Nelson David Moreno Bolaños ha asegurado que su defendido “no quedó con la víctima, no estuvo en su casa ni le realizó ninguna maniobra conocida como 'mataleón'”, que el acusado “siempre ha declarado exactamente lo mismo” y ha admitido que “recibía tarjetas de crédito y sacaba dinero, que había terceras personas implicadas y que el no era la persona en ningún caso que mató o asesinó a nadie” porque “ni siquiera estuvo” con las víctimas. Sin embargo, no ha podido justificar cómo llegó el teléfono de la víctima al apartamento del acusado ni por qué la Ertzaintza en sus investigaciones no ha averiguado nada sobre los supuestos atacantes que asegura Moreno Bolaños que fueron los culpables, a los que llama Maracucho, JJ y Antoni pero de los cuales no sabe decir nada más que sus motes.

A diferencia de en procedimientos anteriores, el acusado no ha querido hacer uso de su derecho a la última palabra. Sí que habló, al comienzo del juicio, cuando aseguró que era miembro de una banda compuesta por otras personas que cometía únicamente delitos económicos y en ningún caso provocó la muerte a ninguna de las víctimas mediante la técnica 'mataleón'. En cuanto a la muerte del hombre por el que se le está juzgando desde el 13 de mayo en la Audiencia Provincial de Bizkaia, aseguró no conocerlo, no saber dónde se encuentra su casa y no haber chateado nunca con él. “No lo llamé, ni le envié mensajes, ni WhatsApp. No contacté con él”, contestó a preguntas de su abogado.

También señaló que la cuenta de la app por la que se entabló la conversación con la víctima la gestionaban otros miembros de la banda, de la que ya había hablado en procedimientos judiciales previos: Antoni, Maracucho y JJ. Según Moreno Bolaños, él sería el eslabón más débil de la banda, quien solamente se encargaba de ser el “tarjetero”, es decir, a quien le entregaban las tarjetas de crédito una vez sustraídas a las víctimas y él se encargaba únicamente de ir al cajero a retirar el dinero. Sin embargo, estos extremos fueron desmentidos en los dos procedimientos judiciales anteriores en los que se probó que en el primero de los casos, en el intento de homicidio, el acusado entró en la vivienda y atacó a la víctima, que consiguió huir, mientras que en el segundo, finalmente provocó la muerte de la víctima que no pudo escapar tras el ataque. Los acusados tienen derecho a mentir o a no contestar a preguntas.

El acusado, más allá de por este delito, está siendo investigado por la muerte de un total de siete personas y el intento de homicidio de otras dos. Por el momento se han resuelto los procesos judiciales de uno de los intentos de homicidio y de uno de los asesinatos. Los procedimientos restantes se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases.

Las claves del caso

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural.

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el que por aquel entonces era vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional. Desde entonces se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Basauri y acumula penas de 37 años de cárcel.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada y edil de 'Por La Rioja' ha emitido este lunes un contundente comunicado oficial para denunciar públicamente un ataque homófobo dirigido hacia su persona. Los hechos sucedieron durante las fiestas de la localidad, la pasada semana, pero ha sido este fin de semana cuando Óscar Reina ha interpuesto la denuncia ante la Guardia Civil.

Se trata de una enorme pintada en el emblemático Puente del Santo, en la que se señala directamente su apellido acompañado de insultos de carácter homófobo. El concejal ha querido dejar claro que, tras tres años de responsabilidad pública en los que ha asumido con normalidad “la crítica política y la discrepancia”, lo ocurrido estos últimos días supone “un salto cualitativo inaceptable”. “No estamos ante una crítica ni ante una opinión. Estamos ante un ataque personal con un componente discriminatorio evidente que vulnera gravemente la dignidad”, ha subrayado, incidiendo en que se trata de un acto deliberado que busca la humillación pública.

Asegura además, que no es la primera vez. “No es un hecho anecdótico ni aislado. Es un acto deliberado que busca señalar, degradar y humillar públicamente a una persona, traspasando todos los límites que una sociedad democrática debe preservar”, denuncia, “no estamos ante una crítica. No estamos ante una opinión. Estamos ante un ataque personal con un componente discriminatorio evidente que vulnera gravemente la dignidad, no solo de quien lo sufre directamente, sino de cualquier ciudadano que crea en el respeto y en la igualdad”.

Además del ataque personal, el primer teniente de alcalde ha recordado el profundo valor histórico, cultural y sentimental que el Puente del Santo tiene para todas las generaciones de calceatenses. “Dañarlo de esta manera es también faltar al respeto a nuestra historia y a nuestra identidad”, ha lamentado.

El edil ha hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva y a la firmeza institucional para frenar la radicalización en el espacio público: “Cuando el insulto sustituye al argumento y el odio se utiliza como herramienta, no se ataca únicamente a una persona: se erosiona la convivencia y se degrada la vida pública”, continúa. Apela, además, a la responsabilidad colectiva, a la firmeza en las instituciones y al compromiso dela sociedad para rechazar con matices este tipo de comportamientos.

Finalmente, el comunicado concluye con un mensaje rotundo en el que asegura que no va a consentir “que se normalice el señalamiento personal” y recuerda que la responsabilidad institucional no implica aceptar cualquier tipo de degradación. “Santo Domingo de la Calzada no puede ni debe identificarse con el odio, el insulto y la intolerancia. Defender el respeto no es una opción; es una obligación”, concluye.

Era cuestión de tiempo que las costuras del pacto de gobierno de PP y Vox en Extremadura empezaran a ceder bajo la presión de la carga ideológica. Los dos consejeros de extrema derecha en el Ejecutivo presidido por María Guardiola han rechazado firmar una declaración institucional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, que, no obstante, se ha aprobado con motivo del Día Internacional contra la LFTBIfobia este domingo.

Por mucho que desde el PP se insista en restar importancia a esta discrepancia y considerarla incluso “normal”, como hizo la portavoz de la Junta, Elena Manzano, el pasado martes, lo cierto es que no lo es porque de lo que estamos hablando es de derechos humanos. No se trata de un simple roce administrativo, es una divergencia de fondo sobre cómo se entiende la igualdad y la protección de las minorías en Extremadura, es asumir que compartes Gobierno con “quienes tiran a una papelera los derechos de las personas LGTBI” y enmascararlo bajo “el respeto a las diferencias ideológicas y las sensibilidades personales”.

Hay que reconocer que la tarea del PP y de Guardiola no es sencilla. Intenta gestionar dos visiones del mundo opuestas y mantener el equilibrio institucional con los derechos LGTBI, cuyo apoyo nadie puede poner en duda en Extremadura, mientras que Vox, desde el mismo Gobierno de la Junta, ha decidido marcar territorio con un discurso que busca desmantelar la especificidad de estas políticas de igualdad. La extrema derecha seguramente necesita agitar la bandera de la batalla cultural para no ser absorbida por la gestión institucional.

El vicepresidente de la Junta y líder regional de la formación ultra, Óscar Fernández Calle, ha recurrido a un argumento tan casposo como engañoso para defender el rechazo de su partido a suscribir una declaración contra la homofobia y a favor de los derechos LGTBI. Fernández Calle sostiene que la Constitución y el Código Penal ya nos defienden a todos. Por supuesto que es así, pero es una media verdad tramposa, un concepto un tanto rancio y una peligrosa simplificación.

Apelar a la igualdad formal para negar políticas específicas es como decir que no hacen falta leyes de violencia de género porque ya existe el delito de lesiones. O sostener que no hacen falta semáforos porque ya existe el derecho a la libre circulación. La protección general que cita el vicepresidente de la Junta de Extremadura ignora deliberadamente la realidad de quienes sufren una discriminación concreta por su orientación o identidad, también en nuestra comunidad. Si fuera suficiente, no asistiríamos a la persistente gravedad de los delitos de odio ni a la exclusión, ya estructural, que todavía sufren muchas personas por el simple hecho de ser quienes son.

Pero es que, además, Fernández Calle se ha referido a los derechos de las personas LGTBI como una cuestión de “tendencia sexual”, un término que la psicología y el derecho internacional ya han superado en favor de la orientación o la identidad. Al recurrir a ese concepto, ha dejado claro que, para Vox, la ley autonómica de protección de homosexuales, transexuales y bisexuales es, en el mejor de los casos, redundante y, en el peor, una imposición ideológica.

Es posible que haya que recordar a Vox que la democracia no consiste solo en no ser agredido, consiste en poder existir con plenitud y visibilidad. Si el PP de María Guardiola permite que su socio vacíe de contenido las leyes de Igualdad bajo el pretexto de que “ya estamos todos protegidos”, la primera gran discrepancia del Gobierno no será una anécdota, sino el principio de un retroceso.

En Extremadura no sobran leyes de igualdad, lo que sobra es usar la Constitución para blindar prejuicios e invisibilizar a quienes todavía hoy caminan con miedo por la calle.

El patio noble de la Asamblea de Extremadura ha sido el escenario este viernes del acto institucional con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Una jornada marcada por la reivindicación de la igualdad y la diversidad, pero también por las alertas de los colectivos sociales ante el repunte de los discursos de intolerancia y por la visible ausencia de Vox, socio del PP en el gobierno del Ejecutivo regional, que no ha asistido a la conmemoración.

Durante su intervención, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado su compromiso con el colectivo: “Extremadura os necesita libres y visibles”, ha manifestado, dirigiéndose especialmente a quienes “alguna vez han tenido miedo por ser, han bajado la voz o han atenuado sus gestos”.

Para respaldar este compromiso “con hechos”, Guardiola ha anunciado la próxima creación de una Comisión para la Erradicación de los Delitos de Odio, orientada a coordinar “de manera más eficaz” las respuestas institucionales y ofrecer un mejor acompañamiento a las víctimas. Asimismo, ha avanzado el impulso de una Comisión de Coordinación Educativa en Igualdad para garantizar “aulas libres de violencia y discriminación” donde los menores puedan desarrollarse sin temor.

La dura realidad de los colectivos: “No todos estáis”

El plano político ha compartido protagonismo con la crudeza de los datos aportados por los colectivos. La presidenta de la Fundación Triángulo, Silvia Tostado, ha advertido de que los discursos de odio no son inocuos y están calando con fuerza en los centros educativos. “En el último mes hemos atendido tres intentos de suicidio en la Fundación, el cuarto se consumó”, ha revelado, sentenciando que negar que la LGTBIfobia existe “es como decir que la Tierra es plana”.

Tostado también ha hecho alusión directa a la ausencia de los diputados de Vox. “No todos estáis y es importante mencionarlo”, ha señalado, lamentando que la situación social actual sea “un poquito peor” que en 2015, cuando la ley LGTBI extremeña se aprobó por unanimidad.

En esta misma línea se ha pronunciado Alba, una joven trans de 30 años cuyo testimonio personal ha sobrecogido a los asistentes. “Llega un momento en el que empiezas a pensar en quitarte del medio. El silencio no protege tanto. hablar da miedo, pero puede ser el principio de volver a encontrarte contigo mismo”, ha relatado.

Por su parte, la vicepresidenta de Extremadura Entiende, Sara Ramos, ha aprovechado la coincidencia con el Día Internacional de las Familias para exigir la plena validación de los modelos familiares LGTBI frente al estigma tradicional y ha reclamado un Pacto de Estado contra los delitos de odio “por encima de ideologías”.

Consenso institucional por una democracia plena

El acto, que estuvo conducido por la periodista Isabel Casilda y amenizado por la música de Marta Carretera Mayal, ha contado con la intervención del presidente de la Asamblea de Extremadura. Manuel Naharro, que ha apelado a la responsabilidad directa de las instituciones públicas para combatir cualquier exclusión. “La democracia solo es plena cuando todas las personas pueden vivir en libertad, sin miedo y con dignidad”, ha defendido, incidiendo en que nadie debería pedir permiso para ser quien es.

Con esta conmemoración, que recuerda la histórica eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la OMS en 1990, las principales instituciones extremeñas —a excepción de Vox— y la sociedad civil han cerrado filas para blindar los derechos conquistados y frenar el avance de la intolerancia en la región.