El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de asesinato a Nelson David Moreno Bolaños, acusado de la muerte de un hombre de 73 años en Bilbao en octubre de 2021 con el que contactó a través de una aplicación de citas. También ha considerado al acusado culpable del delito de estafa informática por unanimidad. El jurado no ha apreciado, sin embargo, la agravante de discriminación por orientación sexual, también por unanimidad. El jurado popular ha hecho público este viernes resultado de su deliberación que comenzó este miércoles tras finalizar en la Audiencia de Bizkaia la vista oral por el caso, que arrancó el 13 de mayo.

Tras escuchar el veredicto del jurado, el magistrado-presidente deberá decidir qué pena de cárcel dictará en una sentencia que se sumará a los 37 años de cárcel que debe cumplir Moreno Bolaños por condenas anteriores. Por su parte, la Fiscalía pidió 16 años por homicidio y estafa continuada, mientras que la acusación particular solicitó 30 años por asesinato y robo con violencia con agravante de reincidencia. La acusación popular ejercida por la Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, (Gehitu) solicitó casi 29 años de prisión por asesinato con alevosía con la agravante de discriminación por orientación sexual y estafa informática, mientras que la defensa pidió la libre absolución. En concepto de responsabilidad civil, las acusaciones demandaron entre 42.000 y 65.000 euros de indemnización para los familiares del fallecido, así como la reposición de 3.000 euros que el encausado habría transferido de la cuenta de la víctima a la suya.

En su informe, la representante del ministerio fiscal consideró “acreditado que, más allá de toda duda razonable, el acusado sí cometió los hechos y que, por lo tanto, es culpable de los delitos de los que se le acusa”. En este sentido, consideró acreditado que el acusado contactó con la víctima a través de una aplicación, acudió a su domicilio el 5 de octubre de 2021 y “con el ánimo de acabar con su vida y sin que pueda determinarse el modo, medio o forma empleada, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó a muerte”.

Según detallaron las partes, la víctima y el acusado habrían contactado a través de una aplicación de citas y habrían quedado en verse en el domicilio de la víctima. Para justificarlo contaron como prueba con la conversación entre ambos en la que acusado le envió un 'selfie'. La víctima, horas antes del encuentro, envió supuestamente un mensaje a un amigo con la foto enviada por el acusado y escribió a otros dos amigos para explicarles que esa tarde estaba ocupado y que se verían al día siguiente.

Así, el acusado llegó al domicilio de la víctima para llevar a cabo un encuentro sexual pactado previamente a las 20.20. Una vez allí, en el salón de la vivienda y por la espalda, presuntamente le practicó la técnica de estrangulamiento conocida como 'mataleón' provocándole la muerte. Después, realizó una primera transferencia bancaria desde el teléfono móvil de la víctima que fue confirmada con la entidad bancaria mediante una llamada y un mensaje de texto y una segunda transferencia de otros 1.000 euros confirmada a través de un mensaje de texto. Contando con el coste de las transferencias, el delito patrimonial asciende a 3.006 euros.

La agravante de reincidencia ha sido probada tras haber sido condenado el pasado junio de 2025 a 25 años de cárcel, 23 años de cárcel por un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito y a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia. Además, en noviembre de 2024, se le condenó a 10 años de cárcel por intento de homicidio de un hombre que logró escapar con el mismo modus operandi.

El ya condenado, más allá de por este delito, está siendo investigado por la muerte de un total de siete personas y el intento de homicidio de otras dos. Por el momento se han resuelto los procesos judiciales de uno de los intentos de homicidio y de dos de los asesinatos, contando este último. Los procedimientos restantes se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases.

Las claves del caso

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural.

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el que por aquel entonces era vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional. Desde entonces se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Basauri y acumula penas de 37 años de cárcel.

Este martes se ha celebrado la última sesión en la Audiencia Provincial de Bizkaia del juicio contra Nelson David Moreno Bolaños, acusado de la muerte de un hombre de 73 años en Bilbao en octubre de 2021. Tras el juicio, que comenzó el pasado 13 de mayo, tanto la Fiscalía como las acusaciones popular y particular han mantenido sus peticiones de cárcel. En el caso de la Fiscalía, 16 años por homicidio y estafa continuada, mientras que la acusación particular ha elevado a definitiva también su petición de 30 años por asesinato y robo con violencia con agravante de reincidencia.

La acusación popular ejercida por la Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, (Gehitu) también ha elevado a definitivas sus calificaciones y solicita casi 29 años de prisión por asesinato con alevosía con la agravante de discriminación por orientación sexual y estafa informática, mientras que la defensa ha pedido la libre absolución. En concepto de responsabilidad civil, las acusaciones demandan entre 42.000 y 65.000 euros de indemnización para los familiares del fallecido, así como la reposición de 3.000 euros que el encausado habría transferido de la cuenta de la víctima a la suya.

En la sesión de este martes se ha procedido a la reproducción de prueba documental y presentación de calificaciones finales e informes definitivos por las partes. En su informe, la representante del ministerio fiscal ha considerado “acreditado que, más allá de toda duda razonable, el acusado sí cometió los hechos y que, por lo tanto, es culpable de los delitos de los que se le acusa”. En este sentido, ha considerado acreditado que el acusado contactó con la víctima a través de una aplicación, acudió a su domicilio el 5 de octubre de 2021 y “con el ánimo de acabar con su vida y sin que pueda determinarse el modo, medio o forma empleada, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó a muerte”.

Según han detallado las partes, la víctima y el acusado habrían contactado a través de una aplicación de citas y habrían quedado en verse en el domicilio de la víctima. Para justificarlo cuentan como prueba con la conversación entre ambos en la que acusado le envió un 'selfie'. La víctima, horas antes del encuentro, envió supuestamente un mensaje a un amigo con la foto enviada por el acusado y escribió a otros dos amigos para explicarles que esa tarde estaba ocupado y que se verían al día siguiente.

Así, el acusado llegó al domicilio de la víctima para llevar a cabo un encuentro sexual pactado previamente a las 20.20. Una vez allí, en el salón de la vivienda y por la espalda, presuntamente le practicó la técnica de estrangulamiento conocida como 'mataleón' provocándole la muerte. Después, realizó una primera transferencia bancaria desde el teléfono móvil de la víctima que fue confirmada con la entidad bancaria mediante una llamada y un mensaje de texto y una segunda transferencia de otros 1.000 euros confirmada a través de un mensaje de texto. Contando con el coste de las transferencias, el delito patrimonial asciende a 3.006 euros.

El jurado está compuesto por siete hombres y cuatro mujeres. Este miércoles está previsto que se realice la entrega del objeto del veredicto al tribunal del jurado y, posteriormente, se retire para iniciar las deliberaciones, que se espera que se resuelvan en las horas posteriores. Además de si el acusado es culpable o no de la muerte de la víctima, y de si se trató de un asesinato o un homicidio, el jurado deberá evaluar también la agravante de reincidencia tras haber sido condenado el pasado junio de 2025 a 25 años de cárcel, 23 años de cárcel por un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito y a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia. Además, en noviembre de 2024, se le condenó a 10 años de cárcel por intento de homicidio de un hombre que logró escapar con el mismo modus operandi.

Otra de las cuestiones que deberá deliberar es si, como sostiene la acusación popular, existe una agravante de discriminación por orientación sexual debido a que, el acusado “seleccionaba a sus víctimas a través de aplicaciones para encuentros con hombres” y si se trató de un asesinato con alevosía. En este sentido, el abogado de la familia de la víctima, que ejerce la acusación particular, ha asegurado en su informe final que la defunción “es compatible con una muerte homicida” y, además, eleva la pena a asesinato con alevosía, porque el fallecido estaba “confiado, relajado y esperando una agradable velada”, lo que “evita cualquier tipo de respuesta”. “La posibilidad de defensa era nula dadas las circunstancias físicas de uno y otro”, ha añadido.

La defensa del acusado, por su parte, ha pedido la absolución argumentando que en este caso, hay “una alineación conveniente de piezas que han ido encajándose con ciertos esfuerzos de las acusaciones”, que “no han probado absolutamente nada”. El abogado de Nelson David Moreno Bolaños ha asegurado que su defendido “no quedó con la víctima, no estuvo en su casa ni le realizó ninguna maniobra conocida como 'mataleón'”, que el acusado “siempre ha declarado exactamente lo mismo” y ha admitido que “recibía tarjetas de crédito y sacaba dinero, que había terceras personas implicadas y que el no era la persona en ningún caso que mató o asesinó a nadie” porque “ni siquiera estuvo” con las víctimas. Sin embargo, no ha podido justificar cómo llegó el teléfono de la víctima al apartamento del acusado ni por qué la Ertzaintza en sus investigaciones no ha averiguado nada sobre los supuestos atacantes que asegura Moreno Bolaños que fueron los culpables, a los que llama Maracucho, JJ y Antoni pero de los cuales no sabe decir nada más que sus motes.

A diferencia de en procedimientos anteriores, el acusado no ha querido hacer uso de su derecho a la última palabra. Sí que habló, al comienzo del juicio, cuando aseguró que era miembro de una banda compuesta por otras personas que cometía únicamente delitos económicos y en ningún caso provocó la muerte a ninguna de las víctimas mediante la técnica 'mataleón'. En cuanto a la muerte del hombre por el que se le está juzgando desde el 13 de mayo en la Audiencia Provincial de Bizkaia, aseguró no conocerlo, no saber dónde se encuentra su casa y no haber chateado nunca con él. “No lo llamé, ni le envié mensajes, ni WhatsApp. No contacté con él”, contestó a preguntas de su abogado.

También señaló que la cuenta de la app por la que se entabló la conversación con la víctima la gestionaban otros miembros de la banda, de la que ya había hablado en procedimientos judiciales previos: Antoni, Maracucho y JJ. Según Moreno Bolaños, él sería el eslabón más débil de la banda, quien solamente se encargaba de ser el “tarjetero”, es decir, a quien le entregaban las tarjetas de crédito una vez sustraídas a las víctimas y él se encargaba únicamente de ir al cajero a retirar el dinero. Sin embargo, estos extremos fueron desmentidos en los dos procedimientos judiciales anteriores en los que se probó que en el primero de los casos, en el intento de homicidio, el acusado entró en la vivienda y atacó a la víctima, que consiguió huir, mientras que en el segundo, finalmente provocó la muerte de la víctima que no pudo escapar tras el ataque. Los acusados tienen derecho a mentir o a no contestar a preguntas.

El acusado, más allá de por este delito, está siendo investigado por la muerte de un total de siete personas y el intento de homicidio de otras dos. Por el momento se han resuelto los procesos judiciales de uno de los intentos de homicidio y de uno de los asesinatos. Los procedimientos restantes se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases.

Las claves del caso

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural.

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el que por aquel entonces era vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional. Desde entonces se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Basauri y acumula penas de 37 años de cárcel.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada y edil de 'Por La Rioja' ha emitido este lunes un contundente comunicado oficial para denunciar públicamente un ataque homófobo dirigido hacia su persona. Los hechos sucedieron durante las fiestas de la localidad, la pasada semana, pero ha sido este fin de semana cuando Óscar Reina ha interpuesto la denuncia ante la Guardia Civil.

Se trata de una enorme pintada en el emblemático Puente del Santo, en la que se señala directamente su apellido acompañado de insultos de carácter homófobo. El concejal ha querido dejar claro que, tras tres años de responsabilidad pública en los que ha asumido con normalidad “la crítica política y la discrepancia”, lo ocurrido estos últimos días supone “un salto cualitativo inaceptable”. “No estamos ante una crítica ni ante una opinión. Estamos ante un ataque personal con un componente discriminatorio evidente que vulnera gravemente la dignidad”, ha subrayado, incidiendo en que se trata de un acto deliberado que busca la humillación pública.

Asegura además, que no es la primera vez. “No es un hecho anecdótico ni aislado. Es un acto deliberado que busca señalar, degradar y humillar públicamente a una persona, traspasando todos los límites que una sociedad democrática debe preservar”, denuncia, “no estamos ante una crítica. No estamos ante una opinión. Estamos ante un ataque personal con un componente discriminatorio evidente que vulnera gravemente la dignidad, no solo de quien lo sufre directamente, sino de cualquier ciudadano que crea en el respeto y en la igualdad”.

Además del ataque personal, el primer teniente de alcalde ha recordado el profundo valor histórico, cultural y sentimental que el Puente del Santo tiene para todas las generaciones de calceatenses. “Dañarlo de esta manera es también faltar al respeto a nuestra historia y a nuestra identidad”, ha lamentado.

El edil ha hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva y a la firmeza institucional para frenar la radicalización en el espacio público: “Cuando el insulto sustituye al argumento y el odio se utiliza como herramienta, no se ataca únicamente a una persona: se erosiona la convivencia y se degrada la vida pública”, continúa. Apela, además, a la responsabilidad colectiva, a la firmeza en las instituciones y al compromiso dela sociedad para rechazar con matices este tipo de comportamientos.

Finalmente, el comunicado concluye con un mensaje rotundo en el que asegura que no va a consentir “que se normalice el señalamiento personal” y recuerda que la responsabilidad institucional no implica aceptar cualquier tipo de degradación. “Santo Domingo de la Calzada no puede ni debe identificarse con el odio, el insulto y la intolerancia. Defender el respeto no es una opción; es una obligación”, concluye.

Era cuestión de tiempo que las costuras del pacto de gobierno de PP y Vox en Extremadura empezaran a ceder bajo la presión de la carga ideológica. Los dos consejeros de extrema derecha en el Ejecutivo presidido por María Guardiola han rechazado firmar una declaración institucional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, que, no obstante, se ha aprobado con motivo del Día Internacional contra la LFTBIfobia este domingo.

Por mucho que desde el PP se insista en restar importancia a esta discrepancia y considerarla incluso “normal”, como hizo la portavoz de la Junta, Elena Manzano, el pasado martes, lo cierto es que no lo es porque de lo que estamos hablando es de derechos humanos. No se trata de un simple roce administrativo, es una divergencia de fondo sobre cómo se entiende la igualdad y la protección de las minorías en Extremadura, es asumir que compartes Gobierno con “quienes tiran a una papelera los derechos de las personas LGTBI” y enmascararlo bajo “el respeto a las diferencias ideológicas y las sensibilidades personales”.

Hay que reconocer que la tarea del PP y de Guardiola no es sencilla. Intenta gestionar dos visiones del mundo opuestas y mantener el equilibrio institucional con los derechos LGTBI, cuyo apoyo nadie puede poner en duda en Extremadura, mientras que Vox, desde el mismo Gobierno de la Junta, ha decidido marcar territorio con un discurso que busca desmantelar la especificidad de estas políticas de igualdad. La extrema derecha seguramente necesita agitar la bandera de la batalla cultural para no ser absorbida por la gestión institucional.

El vicepresidente de la Junta y líder regional de la formación ultra, Óscar Fernández Calle, ha recurrido a un argumento tan casposo como engañoso para defender el rechazo de su partido a suscribir una declaración contra la homofobia y a favor de los derechos LGTBI. Fernández Calle sostiene que la Constitución y el Código Penal ya nos defienden a todos. Por supuesto que es así, pero es una media verdad tramposa, un concepto un tanto rancio y una peligrosa simplificación.

Apelar a la igualdad formal para negar políticas específicas es como decir que no hacen falta leyes de violencia de género porque ya existe el delito de lesiones. O sostener que no hacen falta semáforos porque ya existe el derecho a la libre circulación. La protección general que cita el vicepresidente de la Junta de Extremadura ignora deliberadamente la realidad de quienes sufren una discriminación concreta por su orientación o identidad, también en nuestra comunidad. Si fuera suficiente, no asistiríamos a la persistente gravedad de los delitos de odio ni a la exclusión, ya estructural, que todavía sufren muchas personas por el simple hecho de ser quienes son.

Pero es que, además, Fernández Calle se ha referido a los derechos de las personas LGTBI como una cuestión de “tendencia sexual”, un término que la psicología y el derecho internacional ya han superado en favor de la orientación o la identidad. Al recurrir a ese concepto, ha dejado claro que, para Vox, la ley autonómica de protección de homosexuales, transexuales y bisexuales es, en el mejor de los casos, redundante y, en el peor, una imposición ideológica.

Es posible que haya que recordar a Vox que la democracia no consiste solo en no ser agredido, consiste en poder existir con plenitud y visibilidad. Si el PP de María Guardiola permite que su socio vacíe de contenido las leyes de Igualdad bajo el pretexto de que “ya estamos todos protegidos”, la primera gran discrepancia del Gobierno no será una anécdota, sino el principio de un retroceso.

En Extremadura no sobran leyes de igualdad, lo que sobra es usar la Constitución para blindar prejuicios e invisibilizar a quienes todavía hoy caminan con miedo por la calle.

El patio noble de la Asamblea de Extremadura ha sido el escenario este viernes del acto institucional con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Una jornada marcada por la reivindicación de la igualdad y la diversidad, pero también por las alertas de los colectivos sociales ante el repunte de los discursos de intolerancia y por la visible ausencia de Vox, socio del PP en el gobierno del Ejecutivo regional, que no ha asistido a la conmemoración.

Durante su intervención, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado su compromiso con el colectivo: “Extremadura os necesita libres y visibles”, ha manifestado, dirigiéndose especialmente a quienes “alguna vez han tenido miedo por ser, han bajado la voz o han atenuado sus gestos”.

Para respaldar este compromiso “con hechos”, Guardiola ha anunciado la próxima creación de una Comisión para la Erradicación de los Delitos de Odio, orientada a coordinar “de manera más eficaz” las respuestas institucionales y ofrecer un mejor acompañamiento a las víctimas. Asimismo, ha avanzado el impulso de una Comisión de Coordinación Educativa en Igualdad para garantizar “aulas libres de violencia y discriminación” donde los menores puedan desarrollarse sin temor.

La dura realidad de los colectivos: “No todos estáis”

El plano político ha compartido protagonismo con la crudeza de los datos aportados por los colectivos. La presidenta de la Fundación Triángulo, Silvia Tostado, ha advertido de que los discursos de odio no son inocuos y están calando con fuerza en los centros educativos. “En el último mes hemos atendido tres intentos de suicidio en la Fundación, el cuarto se consumó”, ha revelado, sentenciando que negar que la LGTBIfobia existe “es como decir que la Tierra es plana”.

Tostado también ha hecho alusión directa a la ausencia de los diputados de Vox. “No todos estáis y es importante mencionarlo”, ha señalado, lamentando que la situación social actual sea “un poquito peor” que en 2015, cuando la ley LGTBI extremeña se aprobó por unanimidad.

En esta misma línea se ha pronunciado Alba, una joven trans de 30 años cuyo testimonio personal ha sobrecogido a los asistentes. “Llega un momento en el que empiezas a pensar en quitarte del medio. El silencio no protege tanto. hablar da miedo, pero puede ser el principio de volver a encontrarte contigo mismo”, ha relatado.

Por su parte, la vicepresidenta de Extremadura Entiende, Sara Ramos, ha aprovechado la coincidencia con el Día Internacional de las Familias para exigir la plena validación de los modelos familiares LGTBI frente al estigma tradicional y ha reclamado un Pacto de Estado contra los delitos de odio “por encima de ideologías”.

Consenso institucional por una democracia plena

El acto, que estuvo conducido por la periodista Isabel Casilda y amenizado por la música de Marta Carretera Mayal, ha contado con la intervención del presidente de la Asamblea de Extremadura. Manuel Naharro, que ha apelado a la responsabilidad directa de las instituciones públicas para combatir cualquier exclusión. “La democracia solo es plena cuando todas las personas pueden vivir en libertad, sin miedo y con dignidad”, ha defendido, incidiendo en que nadie debería pedir permiso para ser quien es.

Con esta conmemoración, que recuerda la histórica eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la OMS en 1990, las principales instituciones extremeñas —a excepción de Vox— y la sociedad civil han cerrado filas para blindar los derechos conquistados y frenar el avance de la intolerancia en la región.

Defender los derechos del colectivo LGTBI no es un ejercicio retórico ni una causa que se active sólo en fechas señaladas. Es una responsabilidad cívica que también se expresa en las urnas, en el apoyo a proyectos políticos que garanticen la igualdad real y en la vigilancia constante frente a cualquier intento de recorte

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. No es una fecha simbólica más: recuerda que en 1990 la Organización Mundial de la Salud dio un paso histórico al retirar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Aquello supuso mucho más que un cambio técnico; fue una enmienda a siglos de prejuicio, una grieta en el muro de la estigmatización que nos permitió a millones de personas empezar a vivir sin el peso de ser consideradas “anormales”.

Pero conviene no caer en la complacencia. Los derechos conquistados no son irreversibles. No están blindados por ninguna ley natural, sino sostenidos por decisiones políticas, por consensos sociales que pueden avanzar… o retroceder. Basta observar lo que ocurre en distintos países para entender que lo que hoy parece firme mañana puede tambalearse si quienes legislan deciden mirar hacia otro lado, o peor aún, retroceder deliberadamente. La historia reciente ya nos ha enseñado que los discursos de odio pueden volver a ocupar espacios que creíamos superados.

Por eso, defender los derechos del colectivo LGTBI no es un ejercicio retórico ni una causa que se active sólo en fechas señaladas. Es una responsabilidad cívica que también se expresa en las urnas, en el apoyo a proyectos políticos que garanticen la igualdad real y en la vigilancia constante frente a cualquier intento de recorte. No se trata de ideología, sino de dignidad. Porque cuando se cuestionan los derechos de una minoría, en realidad se está debilitando el piso democrático de toda la sociedad.

En ese contexto, también las instituciones con enorme influencia moral tienen una oportunidad, y una responsabilidad, que no siempre aprovechan. Por interés o por conveniencia… El pontificado del Papa León XIV parece haber dejado pasar la ocasión de avanzar en un gesto claro hacia el reconocimiento del colectivo LGTBI. No se trataba de revolucionar la doctrina, sino de algo mucho más sencillo y profundamente humano: un mensaje inequívoco de respeto y cercanía. Su predecesor, el Papa Francisco, sin romper moldes, sin ser un revolucionario, sí supo abrir pequeñas ventanas de complicidad con frases que, para muchas personas, significaron un alivio después de décadas de silencio o condena. A veces, en determinados contextos, un gesto vale más que un convenio.

Porque en el fondo de todo esto hay una verdad sencilla que no admite matices: nadie, ni una institución, ni un gobierno, ni una mayoría social, tiene legitimidad para cuestionar la identidad o la sexualidad de otra persona. No es opinable. No es debatible. Es un derecho inherente a la condición humana. Y cuando se pone en duda, no solo se hiere a quienes forman parte del colectivo LGTBI, sino que se erosiona el principio mismo de libertad sobre el que se construyen nuestras sociedades.

El 17 de mayo no debería ser solo un día de memoria, sino también de alerta. Un recordatorio de lo que costó llegar hasta aquí y de lo fácil que sería perderlo si bajamos la guardia. Porque los derechos, como la dignidad, no se heredan: se defienden cada día.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha acogido este miércoles la primera sesión del tercer juicio con jurado contra Nelson David Moreno Bolaños, acusado en esta ocasión de un delito de asesinato consumado doblemente cualificado con alevosía y un delito de robo con violencia por el que la Fiscalía solicita para él 16 años de prisión, 13 por homicidio y tres más por estafa continuada con la agravante de reincidencia. La acusación particular, que representa a la hermana y la sobrina de la víctima, que tenía 73 años en el momento de su muerte, pide 25 años por delito de asesinato consumado y cinco años por robo con violencia y, por último, la acción popular, que representa la asociación de gais, lesbianas, transexuales y bixesuales del País Vasco (Gehitu) y solicita casi 29 años por un delito de asesinato doblemente agravado con alevosía con la agravante de discriminación por orientación sexual y estafa informática.

En concepto de responsabilidad civil, las acusaciones demandan entre 42.000 y 65.000 euros de indemnización para los familiares del fallecido, así como la reposición de 3.000 euros que el encausado habría transferido de la cuenta de la víctima a la suya.

El jurado, compuesto por siete hombres y cuatro mujeres, en sesiones que se prolongarán hasta el próximo miércoles, deberá evaluar también la agravante de reincidencia tras haber sido condenado el pasado junio de 2025 a 25 años de cárcel, 23 años de cárcel por un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito y a 2 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia. Además, en noviembre de 2024, se le condenó a 10 años de cárcel por intento de homicidio de un hombre que logró escapar con el mismo modus operandi.

El ministerio fiscal en su escrito provisional mantiene que el acusado contactó con la víctima a través de una aplicación, acudió a su domicilio el 5 de octubre de 2021 y “con el ánimo de acabar con su vida y sin que pueda determinarse el modo, medio o forma empleada, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó a muerte”. Según han detallado las partes, la víctima y el acusado habrían contactado a través de una aplicación de citas y habrían quedado en verse en el domicilio de la víctima. Para justificarlo cuentan como prueba con la conversación entre ambos en la que acusado le envió un 'selfie'. La víctima, horas antes del encuentro, envió supuestamente un mensaje a un amigo con la foto enviada por el acusado y escribió a otros dos amigos para explicarles que esa tarde estaba ocupado y que se verían al día siguiente.

Así, el acusado llegó al domicilio de la víctima para llevar a cabo un encuentro sexual pactado previamente a las 20.20. Una vez allí, en el salón de la vivienda y por la espalda, presuntamente le practicó la técnica de estrangulamiento conocida como 'mataleón' provocándole la muerte. Después, realizó una primera transferencia bancaria desde el teléfono móvil de la víctima que fue confirmada con la entidad bancaria mediante una llamada y un mensaje de texto y una segunda transferencia de otros 1.000 euros confirmada a través de un mensaje de texto. Contando con el coste de las transferencias, el delito patrimonial asciende a 3.006 euros.

Al igual que en el resto de procedimientos, Nelson David Moreno Bolaños, en su declaración, en la que tan solo ha respondido a preguntas de su abogado, ha tratado de presentarse como un miembro de una banda compuesta por otras personas que cometía únicamente delitos económicos y en ningún caso ha admitido haberle provocado la muerte a ninguna de las víctimas mediante la técnica 'mataleón'. En cuanto a la muerte del hombre por el que se le está juzgando desde este miércoles en la Audiencia Provincial de Bizkaia, ha asegurado no conocerlo, no saber dónde se encuentra su casa y no haber chateado nunca con él. “No lo llamé, ni le envié mensajes, ni WhatsApp. No contacté con él”, ha contestado a preguntas de su abogado, quien le ha preguntado que, si no le conocía, cómo era posible que tuviera su contacto guardado en el teléfono móvil y este ha asegurado no saber la respuesta.

También ha señalado que la cuenta de la app por la que se entabló la conversación con la víctima la gestionaban otros miembros de la banda, de la que ya había hablado en procedimientos judiciales previos: Antoni, Maracucho y JJ. Según Moreno Bolaños, él sería el eslabón más débil de la banda, quien solamente se encargaba de ser el “tarjetero”, es decir, a quien le entregaban las tarjetas de crédito una vez sustraídas a las víctimas y él se encargaba únicamente de ir al cajero a retirar el dinero. Sin embargo, estos extremos fueron desmentidos en los dos procedimientos judiciales anteriores en los que se probó que en el primero de los casos, en el intento de homicidio, el acusado entró en la vivienda y atacó a la víctima, que consiguió huir, mientras que en el segundo, finalmente provocó la muerte de la víctima que no pudo escapar tras el ataque. Los acusados tienen derecho a mentir o a no contestar a preguntas.

El acusado, más allá de por este delito, está siendo investigado por la muerte de un total de siete personas y el intento de homicidio de otras dos. Por el momento se han resuelto los procesos judiciales de uno de los intentos de homicidio y de uno de los asesinatos. Los procedimientos restantes se llevarán a cabo en distintos juzgados y se encuentran en distintas fases.

Las claves del caso

El mayo de 2022 salió a la luz el caso de un hombre que en 2021 presuntamente había intentado asesinar a varias personas con las que contactaba a través de una aplicación de citas. Las pocas informaciones que habían sido confirmadas en aquel momento apuntaban que se investigaba un único caso de presunto homicidio consumado con demostración de prueba toxicológica y positivo en GHB. Además de este, se investigaban otros dos casos de presunto homicidio en grado de tentativa, es decir, frustrados, y se había abierto una línea de investigación en tres fallecimientos más que, en ese momento estaban certificados como muerte natural.

Tras semanas de investigaciones, en las que se contó con el trabajo de otros cuerpos policiales tanto de España como de otros países, principalmente de América Latina, y en las que el que por aquel entonces era vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka y el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, realizaron varias comparecencias tratando de aclarar lo ocurrido, el sospechoso, al ver que su imagen estaba siendo distribuida por las redes sociales, se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la Ertzaintza en Irún. Días después el juez titular del el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, José María Eguia, decretó prisión provisional. Desde entonces se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Basauri.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, presidido por la popular María Guardiola, ha aprobado este martes una declaración institucional de apoyo al Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se celebra el próximo día 17, con la oposición de los dos consejeros de Vox que lo integran.

La consejera portavoz, Elena Manzano, ha informado de este asunto tras la segunda reunión del Gobierno de coalición PP-Vox después de la elección y toma de posesión de sus miembros. Manzano ha destacado que con esta declaración de Consejo de Gobierno la Junta de Extremadura expresa “su firme convicción de velar por los derechos de todas las personas, garantizando que ninguna orientación sexual, identidad o expresión de género sea cuestionada”.

“Creemos que la igualdad real no entiende de fronteras geográficas ni de distancias kilométricas y somos conscientes de que la visibilidad LGTBI en el entorno rural conlleva también desafíos específicos por ello”, ha añadido la asimismo consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social.

Además, ha dejado claro que con la declaración institucional aprobada el Gobierno extremeño se compromete a que “el amparo de la ley LGTBI llegue de forma efectiva a cada rincón de nuestra geografía” para garantizar “especialmente que vivir en un pueblo no sea motivo de aislamiento o de miedo, sino que sea un espacio de libertad plena para desarrollar cualquier proyecto de vida”. Se da la circunstancia de que la extrema derecha intentó derogar la ley extremeña hace un año, pero contó con el rechazó del PP, PSOE y Unodas por Extremadura.

Elena Manzano ha precisado que la declaración no es compartida por los dos partidos políticos que conforman el Consejo de Gobierno, pero que ambos asumen “las diferencias con normalidad”, creen en “la lealtad institucional” y en “el cumplimiento de los acuerdos alcanzados”. Esto implica, a su juicio, “respetar las diferencias ideológicas de ambos e incluso las sensibilidades personales de sus miembros” en un modelo de “convivencia política madura”.

Manzano ha destacado también que desde el Gobierno extremeño se seguirán impulsando “políticas públicas que consoliden a Extremadura como un territorio libre de odio”, por lo que este se manifestará “con firmeza” contra cualquier tipo de discriminación, ya sea por orientación sexual, identidad o expresión de género.

Preguntada por el clima con el que se ha desarrollado esta segunda región del Consejo de Gobierno, ha insistido en que este ha sido de “máximo respeto y máxima lealtad institucional”, en un ejemplo, ha dicho, de “máximo de entendimiento y de tesón”, de “trabajo y de esfuerzo para sacar a esta tierra del olvido y de la situación en la que la tenía inmersa el PSOE”.

“Nosotros sí tenemos muy claro para que hemos venido aquí; nosotros sí tenemos muy claro que es lo que nos han dicho los ciudadanos extremeños que hagamos y nosotros sí tenemos muy claro que la igualdad se va a seguir defendiendo, que las políticas de diversidad se van a seguir defendiendo”, ha añadido la portavoz tras recordar que esto mismo ya ha sido manifestado por la presidenta de la Junta, María Guardiola. 

España ha roto el dominio de Malta como mejor país de Europa para las personas LGTBI según el ranking que anualmente elabora ILGA, la mayor organización LGTBI a nivel internacional. El llamado Mapa Arcoíris, que se elabora desde 2009, evalúa las políticas y leyes de 49 países en torno a los derechos de lesbianas, gays, trans y bisexuales y, por primera vez, ha colocado a España en la primera posición desbancando así a Malta, el país que la ha ocupado desde hace una década.

ILGA, que agrupa a unas 600 organizaciones de toda la región, evalúa a los países en función de diferentes criterios y los clasifica en una escala del 0 al 100%. A España le ha adjudicado en esta edición un 89%, seguido muy de cerca por el hasta ahora territorio con mayor puntuación (88%). La cifra media para Europa es del 43% y del 52% para los países de la Unión Europea. “A medida que el orden internacional basado en normas se fractura y la democracia se ve presionada, la posición destacada de España demuestra que la valentía política sigue siendo la respuesta más eficaz”, apunta la entidad.

El ascenso de nuestro país en el ranking, que ha subido cuatro puestos, refleja “una combinación de logros” entre los que se encuentra la aprobación de la autodeterminación de género sin requisitos médicos unida a “nuevas protecciones legales”. El Gobierno, señala el mapa, “ha cumplido con los compromisos establecidos en las leyes LGTBI y Trans de 2023” porque ha adoptado planes y estrategias para la igualdad de derechos LGTBI. Además, apunta a la creación de la Autoridad para la Igualdad de Trato y No discriminación y la “plena implementación de la despatologización de las personas trans en el ámbito sanitario”.

ILGA señala el aumento de comunidades que cuentan con leyes autonómicas LGTBI –la última en sumarse ha sido Asturias–, pero no es ajena a los intentos de Vox y del PP de recortar o dejar sin efecto la legislación. La organización, sin embargo, se fija más en la respuesta del Gobierno central y concluye que ha llevado a cabo “una lucha decidida contra los intentos de la extrema derecha de desmantelar estas protecciones” mediante recursos ante el Tribunal Constitucional, que en los casos de Madrid y la Comunidad Valenciana ha suspendido cautelarmente varios artículos de las leyes impulsadas por las derechas.

Para Katrin Hugendubel, subdirectora de ILGA Europa, el primer puesto de España es “un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando un gobierno decide deliberadamente promover la igualdad en vez de retroceder”. La experta alude a un contexto global de “presión autoritaria” y destaca el “espíritu” del Gobierno central frente a esta ofensiva. “Por supuesto, aún queda mucho por hacer en España, pero esto nos recuerda que la valentía política es una elección”, añade la representante de la organización.

Aún así, el mapa de ILGA mide leyes y políticas públicas, pero no “la realidad vivida”, matiza el informe, que apunta a “la brecha” que existe en España “y en otros países” entre los avances legales y la experiencia cotidiana. Precisamente hace dos semanas el informe Estado del odio LGTBI reveló que el 54% de los encuestados ha sufrido agresiones, discriminación o acoso en el último año. Además, un 44% de la muestra aseguró haber sufrido violencia en entornos digitales mientras que el porcentaje de personas que percibe un aumento de la discriminación en los últimos años ha escalado varios puntos.

Avances y retrocesos

A España y Malta le siguen en el ranking Islandia, Bélgica y Dinamarca como el quinteto de países con mejor legislación LGTBI. Al otro lado de la tabla están Armenia, Bielorrusia, Turquía, Azerbaiyán y Rusia. Entre los “acontecimientos perjudiciales” para el colectivo LGTBI registrados en el último año está la nueva ley de propaganda anti-LGTBI de Bielorrusia “inspirada en la versión rusa” y que llega a contemplar sanciones penales. Italia ha bajado hasta el puesto 36 debido a los “bloqueos activos” del Gobierno de Meloni ante la legislación regional. Además, una nueva ley de seguridad promueve “restricciones sobre manifestaciones”, lo que podría afectar al Orgullo.

Turquía, en tercera posición por la cola, registra una “alarmante escalada” de intentos de revertir derechos, con proyectos de enmiendas legislativas en trámite, un recorte de la atención médica a personas trans, la disolución de una organización juvenil LGTBI y un “fuerte” aumento de las demandas penales contra activistas. Además, Portugal ha impulsado un proyecto de ley que puede “reducir drásticamente” la protección hacia las personas trans, según ILGA, mientras que en Eslovaquia se debaten enmiendas que restringen el reconocimiento parental “a una madre y un padre”.

En última posición sigue estando Rusia, donde “los ataques contra los derechos humanos de las personas LGTBI siguen intensificándose”, apunta la entidad, que subraya cómo las organizaciones que defienden sus derechos son designadas como “extremistas”, lo que “expone a quienes trabajan en ellas o colaboran con ellas importantes riesgos de responsabilidad penal”.

En el otro lado, hay varios avances que tienen que ver con los derechos de las personas trans: Albania, por ejemplo, ha subido dos puestos –hasta el nº 24– por aprobar una ley sobre discriminación por motivos de identidad de género u orientación sexual. República Checa y Letonia, por su parte, han dejado atrás la exigencia de que las personas trans tengan que pasar por cirugías genitales para poder modificar su sexo y nombre legal. Suecia (en el puesto 9) también ha dado luz verde a una nueva legislación sobre reconocimiento legal del género, una reforma “que es bienvenida”, pero que “continúa patologizando las identidades trans”, remarca ILGA.

La entidad celebra también los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que en 2025 dictaminó que los Estados miembro de la UE deben reconocer los matrimonios homosexuales celebrados en otros países comunitarios. También destaca la sentencia que hace un mes concluyó por primera vez que la ley antiLGTBI de Hungría vulnera el Derecho de la Unión Europea.

Este escenario marcado por avances y retrocesos lleva a Katrin Hugendubel a concluir que este año, el mapa de ILGA “cuenta dos historias a la vez”: una, la de países como España y otros que “eligen apoyar” a la comunidades LGTBI “en lugar de convertirlas en chivos expiatorios” y otra que, paralelamente, tiene que ver con “un peligro real y creciente que no se puede subestimar”, el del ascenso ultra que pone los derechos LGTBI en la diana.

Un home ha resultat ferit després de patir una agressió homòfoba aquest cap de setmana a Formentera.

Tal com ha denunciat l'associació Sa Clau de s'Armari, el succés es va produir en un carrer de vianants de Formentera quan la víctima s'havia aturat a fer-se una fotografia davant d'un cartell de l'obra de teatre Entrepares. En aquell moment, un vehicle amb dos ocupants va fer un intent d'atropellament per apartar-lo. Després de recriminar la maniobra, els suposats agressors van baixar del cotxe i, en adonar-se del contingut del cartell, van començar a insultar-lo amb expressions homòfobes -“i a més a més maricons”- abans de propinar-li una pallissa.

Segons l'entitat, l'atac va deixar la víctima amb lesions de consideració, incloent-hi hematomes, contusions i ferides al cap, que van requerir atenció mèdica urgent i fins i tot tractament posterior. Subratllen que no es tracta d'un altercat aïllat, sinó d'una agressió clarament motivada per odi cap a l'orientació sexual.

En la seva nota, Sa Clau de s’Armari reclama una resposta contundent per part de les institucions i exigeix que s’obri una investigació exhaustiva per identificar i detenir els responsables. Insisteix que aquest tipus de violència no pot quedar impune i demanen la implicació directa tant de les autoritats insulars com autonòmiques.

“Una agressió comesa al crit de 'i a més a més maricons' no és un simple altercat; és un clar i directe delicte d'odi”, asseveren des del col·lectiu, que fa una crida a la Fiscalia de Delictes d'Odi perquè actuï “amb fermesa i tracti aquest cas amb la gravetat que mereix”. “Instem la justícia a ser clara i contundent en l'aplicació de la llei perquè aquest fet no quedi sense el càstig adequat”, incideixen.

L'associació també demana una condemna pública unànime per part d'institucions, partits i societat civil, especialment en un context proper al Dia Internacional contra la LGTBIfòbia, atès que adverteix que aquest cas evidencia la necessitat urgent de reforçar les polítiques de prevenció i educació en diversitat: “Aquest lamentable succés demostra, malauradament, que el nostre projecte per prevenir i erradicar la LGTBIfòbia no només és necessari, sinó imprescindible. L'educació en la diversitat i el respecte és l'única via per esborrar l'odi al diferent dels nostres carrers”.

Rebuig institucional als fets

El cas ha provocat la reacció institucional tant del Govern balear com del Consell Insular de Formentera, que han condemnat el que ha passat i han traslladat el seu suport a la víctima.

La consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, ha qualificat els fets “d'absolutament intolerables” i ha subratllat que “no hi ha espai per a l'òdi a les Balears”. A més, ha insistit que qualsevol agressió per motius d'orientació sexual “interpel·la al conjunt de la societat”.

Des del Consell de Formentera han assenyalat que es tracta d'uns fets “absolutament incompatibles” amb els valors de l'illa i han expressat la seva voluntat de col·laborar per aclarir el que ha succeït i depurar responsabilitats.

Ambdues institucions han coincidit en la necessitat de reforçar la denúncia d'aquest tipus d'agressions i d'avançar en polítiques públiques que previnguin la LGTBI-fòbia i garanteixin la protecció de les víctimes.

Un hombre ha resultado herido tras sufrir una agresión homófoba este fin de semana en Formentera.

Tal como ha denunciado la asociación Sa Clau de s'Armari, el suceso se produjo en una calle peatonal de Formentera cuando la víctima se había detenido a hacerse una fotografía frente a un cartel de la obra de teatro Entrepares. En ese momento, un vehículo con dos ocupantes realizó un amago de atropello para apartarlo. Tras recriminar la maniobra, los supuestos agresores descendieron del coche y, al percatarse del contenido del cartel, comenzaron a insultarle con expresiones homófobas -“y encima maricones”- antes de propinarle una paliza.

Según la entidad, el ataque dejó a la víctima con lesiones de consideración, incluyendo hematomas, contusiones y heridas en la cabeza, que requirieron atención médica urgente e incluso tratamiento posterior. Subrayan que no se trata de un altercado aislado, sino de una agresión claramente motivada por odio hacia la orientación sexual.

En su nota, Sa Clau de s’Armari reclama una respuesta contundente por parte de las instituciones y exige que se abra una investigación exhaustiva para identificar y detener a los responsables. Insiste en que este tipo de violencia no puede quedar impune y piden la implicación directa tanto de las autoridades insulares como autonómicas.

“Una agresión cometida al grito de 'y encima maricones' no es un simple altercado; es un claro y directo delito de odio”, aseveran desde el colectivo, que hace un llamamiento a la Fiscalía de Delitos de Odio para que actúe “con firmeza y trate este caso con la gravedad que merece”. “Instamos a la justicia a ser clara y contundente en la aplicación de la ley para que este hecho no quede sin el castigo adecuado”, inciden.

La asociación también pide una condena pública unánime por parte de instituciones, partidos y sociedad civil, especialmente en un contexto cercano al Día Internacional contra la LGTBIfobia, toda vez que advierte de que este caso evidencia la necesidad urgente de reforzar las políticas de prevención y educación en diversidad: “Este lamentable suceso demuestra, desgraciadamente, que nuestro proyecto para prevenir y erradicar la LGTBIfobia no solo es necesario, sino imprescindible. La educación en la diversidad y el respeto es la única vía para borrar el odio al diferente de nuestras calles”.

Rechazo institucional a los hechos

El caso ha provocado la reacción institucional tanto del Govern balear como del Consell Insular de Formentera, que han condenado lo ocurrido y han trasladado su apoyo a la víctima.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha calificado los hechos de “absolutamente intolerables” y ha subrayado que “no hay espacio para el odio en Balears”. Además, ha insistido en que cualquier agresión por motivos de orientación sexual “interpela al conjunto de la sociedad”.

Desde el Consell de Formentera han señalado que se trata de unos hechos “absolutamente incompatibles” con los valores de la isla y han expresado su voluntad de colaborar para esclarecer lo sucedido y depurar responsabilidades.

Ambas instituciones han coincidido en la necesidad de reforzar la denuncia de este tipo de agresiones y de avanzar en políticas públicas que prevengan la LGTBI-fobia y garanticen la protección de las víctimas.

La madrugada del 3 de julio del 2021, en A Coruña, cuatro jóvenes golpearon a Samuel Luiz hasta matarlo. El suceso, por su trasfondo y su brutalidad, copó los titulares y la conversación de aquellas semanas: perplejidad, indignación e, incluso, algún intento de disimular las motivaciones homófobas de un asesinato cometido al grito de “maricón”.

Como ocurre en tantas otras tragedias, en el sitio donde asesinaron a Samuel se erigió pronto un altar espontáneo, compuesto por las pequeñas ofrendas que fueron dejando amigos y vecinos. También acudieron muchos desconocidos, como el escultor David Bestué, que viajó desde Barcelona movido por el horror que le causaba el crimen. Fruto de aquella pulsión, el artista acabaría realizando una obra: un monumento calculado y efímero que sería retirado por la brigada municipal apenas unas horas después de su colocación.

La historia la recoge en Samuel (Caniche, 2026), un libro a medio camino entre el ensayo visual, el cuaderno de campo y el catálogo, en el que Bestué se pregunta por la pertinencia del monumento en la contemporaneidad y si el arte sigue teniendo la capacidad articular la memoria colectiva en el espacio público. “Quizás”, escribe Bestué en la primera página del libro, “el único monumento posible es aquel que aparece por la necesidad que una persona o una comunidad siente por recordar algo, como acto de memoria y resistencia. […] Paradójicamente, en estos casos, la escultura en sí carece de importancia”.

¿Para qué sirve un monumento?

En un momento en el que el monumento se piensa más como algo que ha de ser derribado que como algo que debe construirse, ¿por qué pensar en uno para Samuel Luiz? “Me afectó que sucediese justo el primer o el segundo día que podíamos salir después de los confinamientos. Habían sucedido cosas muy graves durante la pandemia y quizás me encontraba en un estado vulnerable. Estábamos aislados y justo cuando puedes salir te matan, y con esa violencia. Me conmovió, como podían haberme conmovido casos anteriores y muchos otros posteriores, porque es un goteo que no se detiene”, explica el artista en conversación con elDiario.es.

“¿Qué haces con eso que te interpela? En un momento pensé: bueno, yo como artista tengo que responder con una escultura. Además, la escultura nace así en la antigüedad. Ante una ausencia, ante algo que desaparece hay que poner algo como sustitución”, añade.

A lo largo de Samuel, David Bestué relata este intento por “responder”, con un enfoque que va redefiniéndose y variando a medida que se distancia del momento del asesinato. El primer acercamiento, confiesa, fue hacer un libro sobre la vida del joven. “Incluso me planteé ir al juicio, como Carrère hizo con los atentados en Bataclan. Leía las crónicas y otras cosas que me podían servir de referencia, pero me di cuenta de que ni soy periodista ni escribo especialmente bien, así que si quería hacer algún tipo de homenaje debía ser desde mi propia práctica”, subraya.

En el libro quedan, sin embargo, algunos rastros de este primer propósito. Por ejemplo, varias fotos tomadas por el artista del lugar del asesinato y de las cárceles donde cumplen condena sus asesinos: “Al final, es hablar de cuerpos. Un cuerpo que está en un cementerio y otros cuerpos que están también detenidos en prisión, que no se pueden mover”.

El sentido del arte público

La investigación de Bestué se expande desde el suceso concreto hasta una indagación más amplia, centrada en qué y cómo se recuerda en el espacio público, y qué estrategias plásticas sirven para fijar esa memoria. Lo hace en un momento en el que el arte público está en retirada y en el que las pocas iniciativas que se producen en ese ámbito se orientan hacia estándares decimonónicos, como demuestra la estatua de Alatriste que prepara el Ayuntamiento de Cartagena o la dedicada a los últimos de Filipinas instalado recientemente en el madrileño barrio de Chamberí.

Cuando veo esos bancos pintados de colores pienso: ¿realmente sirven para algo? Pero funcionan como termómetro. Aunque nos parezcan tontos, fíjate cómo los destrozan

Daniel Bestué — Artista

En el intento de hacer una genealogía, en su libro aparecen santuarios y templos antiguos (por ejemplo, el ónfalo de Delfos, que señalaba “el ombligo del mundo”), meteoritos o conmemoraciones de la Guerra Civil. También otros más recientes, como los asociados a los muertos causados por la crisis migratoria, o las placas en recuerdo a Cristina “La Veneno” o a Sonia Rescalvo, mujer transexual asesinada en 1991.

“Son monumentos que no reflejan una identidad. Son lo más banal del mundo: una placa, el arcoíris, el triángulo invertido o el lazo rojo [símbolo de la crisis del sida]”, afirma el escultor. “Cuando veo esos bancos pintados de colores pienso: ¿realmente sirven para algo? Pero realmente funcionan como termómetro. Aunque nos parezcan tontos, fíjate cómo los destrozan. Llega Vox a un ayuntamiento y los manda repintar. Si eso genera problemas, imagínate lo que ocurriría con algo más complejo”, asevera.

“Cada cierto tiempo matan a alguien”, señala. En un libro anterior publicado en la misma editorial y dedicado al monasterio de El Escorial, el artista menciona un suceso contra unos chicos a los que pillaron teniendo relaciones homosexuales: “A uno lo quemaron. En este lugar de perfección en la tierra según Felipe II, sucede algo contra natura: algo que tiene que ser eliminado. Eso se me quedó en la cabeza. Tenemos una proyección ideal de lo que debe ser, y cuando algo se sale de ahí se lo elimina. Eso pasó con Samuel. Es alguien que tendría pluma, lo vieron en la calle y decidieron que eso no podía ser, que tenían que destruirlo”.

Bestué recuerda una triste retahíla de hechos similares: el asesinato de Lorca en los años 30 o el de Rescalvo en los 90. También el de Carlos Palomino, militante antifascista al que apuñalaron en el metro de Madrid en 2007. “Cada tanto tenemos a alguna de estas figuras y para mí es importante trabajar sobre ellas, para que lo que les ha sucedido no sea en vano. Para que de alguna manera sirvan de aviso de que, aunque parezca que todo está muy normalizado, sigue habiendo violencia”, apunta el artista. 

Hacia el final del libro se nos revela el monumento que Bestué erigió a la memoria de Samuel: una escultura que reproduce la estructura de un fémur, una tibia y un peroné, versión sintética de una Pietá, esa representación arquetípica de la madre sosteniendo al hijo muerto. Una anatomía que soporta. La pieza fue instalada en febrero del 2025 en lugar del asesinato, pero, al no contar con permisos, fue retirada por los servicios de limpieza.

Al escultor no le importó ese desenlace y admite que su acción (la de un desconocido, un artista barcelonés interpelado por un homicidio en Galicia) estaba “fuera de lugar”. “Desde hace unos años, el arte se ha vuelto muy educado. Hay cosas que parece que no puedes hacer y, al mismo tiempo, como artistas, nos encanta cuando la gente hace cosas ilegales. ¿Por qué no puedo hacer algo en la calle sin que me lo pidan?”, opina. 

Esta acción contrasta, sin embargo, con una de las ideas centrales del libro: la de la eficacia y el valor de la respuesta colectiva frente a la inoperancia de las decisiones individuales o verticales. Como ejemplo, el texto menciona que los monumentos populares que se erigieron tras los atentados del 11M están preservados en el Archivo Histórico Ferroviario mientras que el levantado en la estación de Atocha ha sido recientemente desmantelado. “Lo mío es algo individual, sin duda, pero si de alguna manera resuena o sirve para que haya cierto debate, pues bienvenido sea. Pero no puedo ir más allá”, dice el escultor.

¿Debería, entonces, el ayuntamiento dedicar un monumento a la memoria de Samuel Luiz? Bestué responde tajante: “Si eso llegara a suceder, la gente comenzaría a olvidar lo que le sucedió. La sociedad se tranquilizaría. ‘Ah, vale, ya está hecho, ya estamos todos de acuerdo’. Me parece más interesante el momento actual, en el que cierta gente pide un homenaje o se reúne cada año para reivindicarlo. Es preferible esa tensión. Que un friki que viene de fuera monte ahí una pieza una noche. Es mejor esa indefinición, que sea algo no resuelto, porque la violencia que causó esa muerte sigue ahí”.

25 años después de que Dolores Vázquez fuera condenada injustamente por el asesinato de Rocío Wanninkhof, ha sido homenajeada en un acto de reparación este lunes en Madrid. En el marco del Día de la Visibilidad Lésbica, que se celebra cada 26 de abril, el Ministerio de Igualdad ha entregado la Medalla de Promoción de los Valores de Igualdad a la mujer, que pasó 17 meses en la cárcel siendo inocente. El caso fue uno de los mayores errores judiciales de las últimas décadas, profundamente atravesado por el linchamiento mediático y los prejuicios lesbófobos. “Es un día muy especial para mí. Casi 26 años después me siento una persona distinta, sin olvidar, pero lo llevo mejor, mi vida la llevo mejor”, ha afirmado poco antes de entrar al acto.

Vázquez, que ha reconocido haber tenido miedo durante mucho tiempo a la prensa y que no suele hablar con los medios de comunicación, ha hecho unas declaraciones minutos antes del inicio del homenaje a los periodistas que le esperaban a las puertas. “Pasé un calvario que está ahí, pero ahora puedo usar palabras que antes no podía usar. Siempre recordaré este día como un día hermoso y lindo”. La mujer fue condenada en septiembre de 2001 por un jurado popular a 15 años de prisión, sin ninguna prueba y solo en base a supuestos indicios, pero el asesino real de Rocío era Tony Alexander King, que volvería a matar dos años después.

Vázquez ha hecho un repaso sobre los efectos que tuvo para ella lo ocurrido y ha reconocido que espera que “mucha gente” en el día de hoy “pueda entender que era y soy inocente”. La homenajeada ha reconocido que la condena le “destrozó” la “vida entera” y su profesión. Tuvo que dejar de trabajar y se fue a vivir a Reino Unido. “Si miro hacia atrás, veo que no podía ni salir a la calle. Durante tres años y pico no pude ni ir al INEM –el antiguo SEPE– a apuntarme como desempleada para seguir cotizando. No tengo pensión porque me faltaron dos años y dos meses. Recibo una ayuda”, ha afirmado.

La mujer ha contado que cuando salió de prisión lo pasó “muy mal” y que todavía hoy el sonido de los cerrojos de la prisión no le dejan dormir. “Salí muy enfadada con el mundo y con todos. Eso quedó ahí siempre pero lo superé y me siento muy bien. He perdonado hace muchos años porque comprendí que estar enfadada con el mundo me estaba volviendo una persona que no era yo. Estaba en un pozo y no salía. Todo por algo que no había hecho. Pero poco a poco lo fui superando. He aprendido a vivir y a querer”, ha dicho.

Aún así y pese al error judicial, Dolores nunca fue indemnizada. “Pienso que sí, que merezco una indemnización, pero no depende de mí”, ha dicho antes de lamentar que “pese a las calumnias” sobre una supuesta reparación dineraria, “no me han compensada en nada económicamente”. “Es el Gobierno el que tiene que decidir y con buena fe todo es posible”, ha añadido.

Presentado por la abogada Eva Pérez Nanclares, el acto ha comenzado con una actuación musical de Rocío Saiz y una mesa redonda en la que se ha abordado la cobertura mediática y la lesbofobia que guió el caso. En ella ha participado la activista Beatriz Gimeno, autora de La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa, 2008), la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTBI+) Paula Iglesias y Marta Redondo, profesora de Periodismo de la Universidad de Valladolid y experta en sensacionalismo mediático.

Acto seguido, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha hecho entrega a Dolores Vázquez de la medalla. “Es un acto de verdad, justicia y reparación. Se cometió una enorme injusticia contigo, un linchamiento social e institucional contra ti, contra tu persona. Es una vergüenza compartida”, ha afirmado la titular del departamento.

Vázquez ha agradecido en varias ocasiones el reconocimiento y, emocionada, ha querido dedicárselo a su familia y a las personas de su entorno que la apoyaron. “Lo recibo no para mí, sino para mi familia, mis sobrinas, mis hermanas, mi madre que ya no está y muchas amigas que han estado ahí y que venían por la noche a verme para que la prensa no los cogiera… Por todo el apoyo que he recibido, entonces y a lo largo de este tiempo”, ha apuntado. Tras recordar el impacto que lo sucedido tuvo para ella y retrotraerse a algunos de los momentos más duros, la mujer ha asegurado: “Es el tiempo de Dolores Vázquez, pero de Loli Vázquez también. Estoy orgullosa de mí misma”.

El caso

Dolores Vázquez había tenido una relación de pareja de varios años con Alicia Hornos, la madre de Rocío. Cuando la joven de 19 años desapareció, en octubre de 1999, ya no estaban juntas, pero eso sirvió a la Guardia Civil para atribuirle un supuesto móvil: vengarse de Alicia haciendo daño a su hija. Fue detenida el 7 de septiembre del año 2000 y desde entonces, mediáticamente comenzó a instalarse un discurso que presentaba a la acusada como una asesina despiadada. Casi cualquier cosa, fuera verdad o no, sirvió para apuntalar esta versión: se usó su físico y se la dibujó como una mujer fría, calculadora y vengativa.

Durante el acto, se ha recordado cómo la investigación de la Guardia Civil nunca recabó pruebas contra ella y montó la acusación en base a supuestos indicios, en algunos casos insostenibles. Los hechos que hacían dudar de la culpabilidad de Dolores Vázquez con claridad –su registro de llamadas desde casa en las horas de la desaparición, por ejemplo– nunca hicieron a la Guardia Civil abrir otras posibles vías de investigación y Dolores Vázquez fue condenada por un jurado popular.

Su abogado recurrió y en febrero de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitió una contundente sentencia que anulaba el fallo y ordenaba repetir el juicio por “falta de motivación”. El dictamen dejó claro que la condena se había basado en “indicios o inferencias” que ni siquiera los jueces dijeron poder conocer porque no habían sido plasmados con claridad. Vázquez salió de prisión y el juicio pendiente nunca se celebró porque en 2003 el verdadero asesino de Rocío Wanninkhof volvió a matar. Esta vez la víctima fue Sonia Carabantes, una joven de 17 años. Fue detenido un mes después, cuando se comprobó que el ADN del hombre estaba también en una colilla hallada en el lugar en el que había desaparecido Rocío cuatro años antes.

Estuvo en la cárcel 519 días por un asesinato que no cometió. Cuando su abogado, Pedro Apalategui, iba a ver a Dolores Vázquez a la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) y se anunciaba por la megafonía de prisión para que ella acudiera, otras reclusas gritaban “bollera”, “lesbiana” y “asesina” desde sus celdas. Aún no había sentencia, pero ya estaba escrito injustamente que Vázquez, natural de la localidad gallega de Betanzos, había matado a Rocío Wanninkhof, una joven de 19 años desaparecida el 9 de octubre de 1999 cerca de Mijas. Dos años después, un jurado popular la condenó sin pruebas tras una investigación plagada de errores y un linchamiento mediático sin precedentes.

Pero Dolores Vázquez no había matado a Rocío, que era la hija de su expareja, Alicia Hornos. El autor real del crimen fue Toni Alexander King, un británico residente en la Costa del Sol con un largo historial delictivo, autor de varias agresiones sexuales y que mató a Sonia Carabantes en agosto de 2003. Dolores, sin embargo, quedó marcada por lo ocurrido, un caso paradigmático de error judicial agravado por la presión mediática y los prejuicios sociales. El estigma era tal que, aún ya declarada inocente, se fue a vivir fuera de España. Nadie le pidió perdón.

Este lunes, Dolores estará en Madrid para recibir de la mano del Ministerio de Igualdad la Medalla de Promoción de los Valores de Igualdad, tal y como adelantó elDiario.es. Se tratará de un acto de homenaje y reparación con el que el Gobierno quiere reconocer el daño que sufrió y condenar la lesbofobia que atravesó el caso aprovechando que este domingo es el Día de la Visibilidad Lésbica. Durante el encuentro, habrá una mesa redonda con distintas especialistas, entre ellas Beatriz Gimeno, autora de La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa, 2008).

El libro es un exhaustivo análisis de cómo la lesbofobia y la misoginia fueron clave en la condena de Dolores Vázquez y la convirtieron en una asesina pese a ser inocente. “Difundieron una imagen de mí que no era yo. Era como si lo dieran por hecho, que era culpable y ya, no había nada más. Yo no tenía ni voz ni palabra”, decía ella en el documental de HBO Dolores, la verdad sobre el caso Wanninkhof, estrenado en 2021 y en el que, por primera vez, la mujer rompía su silencio. En uno de los capítulos, aseguraba que, tras lo ocurrido, su vida cambió para siempre y lo perdió “todo”.

“Fue un caso paradigmático y clarísimo. Se usaron todos los estereotipos atribuidos tradicionalmente a las lesbianas contra ella, desde el análisis de su físico a su supuesta personalidad. Se la masculinizaba y se decía que era desagradable, celosa, maltratadora y despiadada”, explica Gimeno, que en la introducción del libro escribe: “A Dolores Vázquez se la acusó, procesó y condenó por ser lesbiana y nada de lo que sucedió hubiera podido suceder de la misma manera de haber sido ella heterosexual”.

Dolores, Loli para sus allegados, fue detenida el 7 de septiembre del año 2000 y entró en prisión preventiva tras una investigación en la que casi desde el inicio tanto la Guardia Civil como la familia de Rocío apuntaron a que el culpable era alguien conocido y del entorno de la víctima. Desde entonces, los medios de comunicación y la investigación oficial construyeron el retrato de una mujer amenazante y vengativa, de carácter “frío”, “varonil” y “dominador”. Se difundieron bulos como que hacía kárate y corría –para justificar que ella sola habría podido arrastrar el cuerpo sin vida de la víctima– o interpretaron sus reacciones de entereza ante las cámaras como una falta de empatía.

Esta imagen llenó horas y páginas de televisión, agitada por la familia de Rocío y especialmente por su madre, con la que Dolores había tenido una relación de varios años. El móvil inventado que se difundió en los medios y también sostuvieron la Guardia Civil y la Fiscalía fue que habría actuado por venganza contra la hija de su expareja por supuestamente considerarla el motivo de la ruptura. Es lo que Gimeno denomina el arquetipo de la “mujer vampiro”, que retrató a la mujer como una lesbiana “depredadora” que controlaba y dominaba a la “víctima pasiva y femenina”, una teoría que la madre de Rocío también sostuvo con sus declaraciones en medios.

La entonces acusada mantuvo siempre su inocencia: repitió una y otra vez que aquella noche estuvo en casa cuidando de su madre y de la hija de su sobrina, y que solo salió a comprar tabaco.“

Condenada sin pruebas

Dolores Vázquez ingresó en prisión preventiva a pesar de que no había pruebas, solo indicios insostenibles. Entre ellos, estaba el hallazgo de dos fibras en el cadáver de Rocío que coincidía con el color y composición de una prenda encontrada en casa de Dolores. Esta supuesta evidencia fue anunciada a bombo y platillo en una rueda de prensa, pero luego el informe toxicológico admitió que esas fibras eran extremadamente comunes en el mercado. Tampoco se llegó a probar nunca que Dolores hubiera alquilado un coche de neumáticos pequeños que encajaran con las huellas halladas en la escena del crimen. Su Toyota era de ruedas anchas, por lo que la policía dedujo que debía haberse hecho con otro automóvil de alguna manera.

La investigación dio validez al testimonio de una vidente que aseguró que Dolores había acudido tiempo atrás y le había dicho que se vengaría de Alicia Hornos. También al de una exempleada que no hablaba español que afirmó que la había visto “apuñalar” una fotografía de Rocío. Pero no tuvo en cuenta los registros de llamadas telefónicas desde su casa, que aquella noche se produjeron a las 20.45, a las 22.34 y a las 23.17 –se calculó que Rocío había desaparecido sobre las 21.30–. Nada de ello sirvió para hacer dudar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de que quizá Dolores no había sido, a pesar de que no había ninguna prueba física, ni rastro de ADN ni testimonio que la situara en la escena del crimen.

Su abogado siempre denunció las deficiencias del proceso e intentó sacarla de prisión en varias ocasiones, pero el juez lo rechazó en todas ellas. Fue ahí cuando apareció el primer artículo crítico en prensa, firmado por el constitucionalista y hoy colaborador de este medio, Javier Pérez Royo, que en El País Andalucía denunció el uso que el magistrado estaba haciendo de la prisión provisional: “No solo no dispone de ni una prueba”, afirmaba después de llamar la atención sobre que los pasos del proceso “han ido siempre en la dirección de que no se confirmaban los indicios que inicialmente existían” contra Dolores.

A pesar de ello, siguió en la cárcel hasta la fecha del juicio, que se celebró del 3 al 17 de septiembre de 2001. Ese mismo mes, el jurado popular, convencido de su culpabilidad y alimentado por las teorías mediáticas, alcanzó su veredicto y Dolores Vázquez fue condenada injustamente a 15 años de prisión y al pago de una indemnización de 18 millones de pesetas.

Su defensa recurrió y, en febrero de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio apuntando a que el fallo “no plasmó las bases lógicas para construir la conclusión inculpatoria” hasta el punto de que las explicaciones incluidas “no cumplen la exigencia con respecto a la prueba de los hechos”. “En modo alguno puede reputarse suficiente la motivación del veredicto, insuficiencia que implica una clara indefensión para la acusada”, esgrimió el tribunal, que reprochó al magistrado no haber devuelto el acta al jurado o haber él mismo motivado la condena que firmó, cayendo así en un “incumplimiento legal” de su exigencia.

Esta sentencia acreditó que la condena no se basaba en “pruebas directas” sobre Dolores Vázquez sino en “una prueba indiciaria o de inferencias”, que añadió “ni siquiera podemos conocer, ya que no fueron debidamente reseñadas de forma alguna”. Tras el dictamen, Dolores Vázquez salió de la cárcel a la espera de una nueva fecha de juicio y, en este margen temporal, el verdadero asesino de Rocío volvió a matar. La víctima fue Sonia Carabantes, otra joven de 17 años desaparecida el 14 de agosto de 2003 en la localidad malagueña de Coín, muy cerca de Mijas. El ADN del británico estaba presente en las uñas de la chica y también en la colilla encontrada junto al cuerpo de Rocío Wanninkhof.

Ya entonces el exministro del Interior, Ángel Acebes (PP), compareció en una comisión del Congreso para dar explicaciones sobre la investigación llevada a cabo en el caso de Rocío. El ministro alabó la labor de la Guardia Civil, aseguró que hizo un trabajo “exhaustivo y profundo” y que fue liderado “por los mejores especialistas en la materia, hombres de repetidos éxitos y gran eficacia”. “Se trata de una de las investigaciones más complejas y esforzadas de las realizadas modernamente por la Guardia Civil”, defendió frente a una oposición que ya le reclamaba un 'perdón' para Dolores Vázquez.

Más de la mitad de las personas LGTBI han experimentado en el último año algún incidente de odio y rechazo por pertenecer al colectivo. Así lo revela un nuevo estudio presentado este jueves por la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), que en base a encuestas a 800 personas realizadas a inicios de 2026 por 40dB, dibuja una radiografía actual sobre la discriminación y violencia que siguen sufriendo quienes son LGTBI. A pesar de los avances en derechos de los últimos años, persisten y, a ojos de la FELGTBI+, también amentan las situaciones de rechazo en una especie de “paradoja social” sobre la que la organización quiere llamar la atención.

El informe Estado del odio 2026 destaca que un 54% de las personas del colectivo declaran haber sido víctimas de agresiones, acoso o discriminación, una “proporción significativa” que continúa enfrentándose a este tipo de ataques: un 36% aseguran haber sufrido acoso, seguido de la discriminación (29%) y agresiones físicas (22%). Sin embargo, no son situaciones que suelan producirse de forma aislada, sino que un gran número de encuestados declara haber sido víctima de más de una, alcanzando el 11% en el caso de quienes han experimentado las tres.

El objetivo del análisis es “mostrar la arquitectura del odio en cifras”, según apunta el estudio, que “refleja que los discursos de odio han encontrado grietas por las que calar en la sociedad” a pesar de que “la mayor parte de la sociedad rechaza la discriminación”. El informe, elaborado por la FELGTBI+ y el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) del CSIC, destaca una estabilización de los indicadores respecto a 2025, la edición anterior del informe, pero las cifras ya sufrieron un “gran aumento” ese año con respecto a 2024, lo que lleva a la organización a hablar de un fenómeno “en auge”.

Entre los incidentes calificados como acoso, se encuentran los insultos y trato degradante, que ha denunciado un 17% de los encuestados, seguido del aislamiento y rechazo (13%) y de las amenazas, chantaje o coacciones. El 6% asegura haber sufrido agresiones físicas leves como agarrones o empujones mientras que un 4% ha sido víctima de ataques de mayor intensidad. Por su parte, el 4 y el 5% declaran haber sufrido agresiones sexuales con violencia o con intimidación respectivamente. Un 9% asegura que se le ha negado el acceso a un derecho por ser LGTBI y un 7% dice haber experimentado un “trato desigual” en el trabajo por esta misma causa.

La violencia online

El informe pregunta por primera vez por la violencia en los entornos digitales, donde un 44% de las personas encuestadas asegura haberla sufrido. El estudio hace referencia a las características propias de las redes sociales y al contexto social y político para llamar la atención sobre un espacio que está reproduciendo “hostilidad” hacia la comunidad LGTBI. En parte, analiza la publicación, por la presencia y expansión en Internet “de comunidades que promueven discursos antifeministas o antiLGTBI”, así como la “articulación” de “respuestas colectivas” que pueden derivar en “hostigamiento coordinado”.

Los insultos constituyen la forma más frecuente de ataque a las personas LGTBI, algo que reporta un 18% de la comunidad, pero también el aislamiento y el rechazo (13%). Instagram es la red social que mayoritariamente señalan las víctimas como espacio en el que ocurrieron estos hechos, seguida de X y Facebook. Aún así, el estudio llama la atención sobre la posibilidad de que esta variable esté condicionada por el mayor o menor uso de cada una de las plataformas, aunque apunta a que Whatsapp, que es la más utilidada, concentra solo el 10% de los casos.

El informe analiza el perfil de las víctimas y apunta a que el rechazo y la discriminación no se distribuye de forma uniforme, sino que “afecta de forma más intensa a las personas en mayor situación de vulnerabilidad”, explica María Rodríguez, responsable de investigación de la FELGTBI+. Así, las personas trans son quienes reciben una mayor proporción del odio en todas sus manifestaciones, con datos como que el 52% de ellas han sufrido una agresión física en el último año, más del doble de la media del resto del colectivo.

El estudio también ahonda en el “efecto multiplicador” de la interseccionalidad que se traduce en datos como que tener una discapacidad eleva el riesgo de sufrir una de estas situaciones en unos 20 puntos porcentuales. Además, ser una persona racializada o pertenecer a alguna “minoría religiosa” hace que el acoso sufrido pase del 30% de media para quienes no pertenecen a estos grupos a un 70%. También las pesonas jóvenes y quienes viven en hogares de menos de 1.000 euros al mes tienen una mayor exposición a casi todas las formas de rechazo y exclusión.

Más allá de las experiencias personales, la investigación también ha analizado cuál es la percepción de la situación por parte de las personas LGTBI y concluye que la idea de que el odio ha aumentado se ha incrementado desde 2024. “En 2026, la tendencia hacia una creciente percepción de que la situación ha empeorado se acentúa”, señala el estudio, que apunta a una visión “negativa y pesimista” que es “generalizada” y extensiva tanto al acoso como a la discriminación o las agresiones físicas. En todos los casos, el porcentaje de personas que aseguran que la situación es peor supera al menos en 8 puntos a quienes lo dijeron en 2024, sobre todo en lo relativo al acoso: entonces, lo pensaba un 27% y ahora un 40%.

El Ministerio de Igualdad prepara un acto de homenaje a Dolores Vázquez, la mujer condenada injustamente en el año 2000 por el asesinato de Rocío Wanninkhof. La joven de 19 años había sido asesinada el 9 de octubre de 1999 cerca de Mijas (Málaga) y casi un mes después, su cuerpo aparecía desnudo y con varias puñaladas. La investigación se centró en la figura de Dolores Vázquez, expareja de su madre, que fue detenida y condenada sin pruebas. Pasó 17 meses en prisión. El caso dio un vuelco y la inocencia por la que clamó desde el principio quedó demostrada cuando cuatro años más tarde otra joven era asesinada por Toni King, el autor real de la muerte de Rocío.

El linchamiento mediático al que fue sometida Dolores, condenada mucho antes de que lo hiciera la sentencia, es considerado un ejemplo paradigmático de lesbofobia social e institucional. Varias voces han analizado cómo los medios de comunicación se basaron en prejuicios para construir una imagen de Dolores como culpable que influyó en la orientación del jurado popular que la condenó sin pruebas. De hecho, el juicio fue anulado en febrero de 2002 por “falta de motivación” y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó repetirlo, pero nunca llegó a celebrarse de nuevo.

26 años después de su condena, el Ministerio de Igualdad quiere reconocer institucionalmente el daño que vivió y por eso celebrará un acto “simbólico” de reparación el próximo 27 de abril en su sede en Madrid, según confirman fuentes del mismo. Durante el evento, que contará con la intervención de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el Ministerio entregará a Dolores Vázquez la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad. Según apuntan fuentes del departamento, también se ha invitado a otros ministros como Félix Bolaños, de Justicia, sin que aún haya recibido confirmación. El año pasado, en un homenaje en Betanzos (Galicia), su pueblo natal, Vázquez reclamó una petición de perdón por parte del Gobierno.

La construcción de la asesina

Dolores Vázquez fue detenida el 7 de septiembre del año 2000 y entró en prisión preventiva tras una investigación en la que casi desde el inicio tanto la Guardia Civil como la familia de Rocío Wanninkhof apuntaron a que el culpable era alguien conocido y del entorno de la víctima. Desde entonces, mediática y socialmente comenzó a instalarse un discurso que presentaba a la acusada como una asesina despiadada desvirtuando para eso todo tipo de elementos, desde su supuesta personalidad a su físico, dibujándola como una mujer fría, calculadora y vengativa.

El hecho de que Dolores Vázquez fuera lesbiana y hubiera tenido una relación con la madre de Rocío, Alicia Hornos, tuvo un papel clave en el caso, según han estudiado voces como la de la activista feminista y escritora Beatriz Gimeno, que analizó profundamente esta variable en La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa, 2008). En el libro, Gimeno hace un repaso por el tratamiento del caso y apunta a que Dolores Vázquez fue acusada, procesada y condenada por su orientación sexual “y nada de lo que sucedió hubiera podido suceder de la misma manera de haber sido heterosexual”.

El retrato de una mujer amenazante y masculinizada, con una gran fuerza –la suficiente para poder ella sola haber trasladado el cadáver de Rocío–, de carácter “frío” y “varonil” e incluso “dominador” llenó horas de televisión y páginas de periódicos con base en falsedades y exageraciones. Todo ello sirvió para convencer a la opinión pública, conmocionada por el caso, de que era culpable solo por “no encajar en los roles sexuales normativos” asociados a las mujeres, según ha escrito Gimeno. El móvil inventado para señalar a Dolores fue el de una mujer que se vengaba de la hija de su expareja por supuestamente considerarla el motivo de la ruptura con Alicia Hornos.

La familia de Rocío también sostuvo esta versión y con este convencimiento generalizado y erróneo, el juicio comenzó en la Audiencia Provincial de Málaga el 3 de septiembre de 2001. Sin pruebas y una acusación fiscal centrada en desacreditar personalmente a la mujer, un jurado popular que no fue unánime –dos personas votaron por su absolución–, la condenó a 15 años de prisión y al pago de una indemnización de 18 millones de pesetas. Ella siempre negó los hechos e insistió una y otra vez en que el único momento en que salió de casa aquella noche fue para comprar tabaco y tirar la basura.

La anulación de la condena

No hubo ninguna prueba física ni rastro de ADN ni testimonio que situara a Dolores Vázquez en la escena del crimen, pero una suma de supuestos indicios –entre ellos, su caracterización como una mujer celosa y violenta– sirvieron para condenarla. Su defensa recurrió y en febrero de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio apuntando a que el fallo “no plasmó las bases lógicas para construir la conclusión inculpatoria” hasta el punto de que las explicaciones incluidas “no cumplen la exigencia con respecto a la prueba de los hechos”.

La sentencia determinó que el jurado popular condenó a la mujer sin explicar suficientemente su motivación, sin detallar “debidamente” los elementos que había tenido en cuenta. Frente a eso, el fallo afea al juez que debía haber devuelto el acta del veredicto al jurado y, de no hacerlo, estaba obligado él mismo a argumentar la condena que firmó, cosa que no hizo incurriendo en un “incumplimiento legal” de su exigencia. El tribunal insistió también en que la condena no fue producto de pruebas directas, sino de “inferencias o indicios” que “ni siquiera podemos conocer” porque no se reseñaron “debidamente”.

Dolores salió de la cárcel a la espera de un nuevo juicio, pero en este tiempo, Tony Alexander King asesinó a Sonia Carabantes. Su ADN estaba presente en las uñas de la joven y también en un cigarrillo encontrado junto al cuerpo de Rocío Wanninkhof. El británico fue condenado a 35 años de cárcel por el asesinato de Carabantes y a 20 por el de Wanninkhof. Dolores Vázquez había estado 519 días en la cárcel por error judicial. Después de lo ocurrido y ya en libertad, se fue a vivir fuera de España.

Un comerciant del mercat de Pere Garau, a Palma, ha denunciat haver estat víctima d'una agressió homòfoba presumptament a mans d'altres comerciants del mateix recinte. “Li han fotut la vida”, ha expressat un amic de la víctima en donar a conèixer els fets a les xarxes socials, on explica que els agressors van començar a propinar-li cops i insults per la seva orientació sexual, proferint expressions com “maricó”. L'afectat ja ha interposat denúncies per aquests fets.

“Que en ple 2026 ocorri això és intolerable”, subratlla el missatge, que indica que els fets ja estan denunciats “i en mans dels jutges”. Amb tot, recrimina que, “tot i la condemna que els puguin imposar”, no “es pot permetre que aquesta gent continuï treballant al mateix lloc que el Miquel”.

En la seva publicació, l'amic de la víctima insisteix que “no s'hauria de permetre que aquestes males bèsties continuïn treballant ni estiguin a prop de la persona a la qual odien i a la qual han donat una pallissa. Cal aconseguir que a aquesta gent els facin fora d'allà i cal fer que tothom sàpiga qui són”. Així mateix, assevera que els suposats agressors “menjen pernil” i són “mallorquins” del municipi d'Algaida.

L'agressió ha generat una onada de rebuig al barri. Aquest dimarts, desenes de persones s'han concentrat al mercat de Pere Garau per mostrar el seu suport al venedor i condemnar la violència. A l'acte han estat presents la regidora municipal d'Igualtat, Lourdes Roca, i el de Mercats, Llorenç Bauzá, que han condemnat els fets, que han condemnat els fets. Davant la seva gravetat, l'Ajuntament de Palma suspendrà de manera cautelar la possibilitat que el presumpte autor de l'agressió dugui a terme l'activitat de venda en mercats municipals.

En concret, l'àrea municipal de Mercats ha elaborat un informe basat en l'atestat emès per la Policia Local de Palma. D'acord amb aquest document, i atès que el lloc en què l'agressor exerceix la venda pertany a un altre titular, aquest serà reubicat al mercat com a mesura preventiva. Un cop finalitzin les diligències policials, el Consistori avaluarà si cal adoptar altres mesures addicionals que puguin afectar altres persones implicades.

Durant la concentració, ambdós regidors han traslladat personalment a la víctima el suport de l’equip de govern i de l'Ajuntament, i s'han posat a la seva disposició per a tot allò que pugui necessitar, tal com ha assenyalat la corporació local en un comunicat. En aquest sentit, Bauzá ha mostrat el seu “suport total” a l'home agredit i ha condemnat “rotundament qualsevol acte d'odi o discriminació”, subratllant que es tracta de fets “que no tenen cabuda en una societat democràtica, diversa i inclusiva, i que no representen la ciutadania de Palma”.

Així mateix, el Consistori ha remarcat la importància de denunciar qualsevol agressió o conducta discriminatòria com a pas fonamental per a la seva erradicació i ha reafirmat el seu compromís amb una Palma inclusiva i lliure d’odi.

L'Ajuntament suspèn d'activitat el presumpte agressor

Per la seva banda, representants de Més per Palma, que també han participat en la protesta, han denunciat la gravetat del que ha ocorregut, recriminant que l'agressió ha deixat seqüeles físiques i un “profund impacte psicològic” en una persona “respectada i volguda” al barri. Així mateix, el partit ecosobiranista ha instat l'Ajuntament a posar en marxa protocols eficaços contra les agressions homòfobes en espais públics. “Quan una persona és agredida per la seva orientació sexual, parlem d'un atac a tota la societat”, ha advertit la portaveu de la formació, Neus Truyol, que ha exigit una resposta institucional “ferma i sense excuses”.

Truyol també ha carregat contra l'equip de govern del PP, al qual ha acusat de prioritzar la defensa de “símbols franquistes com el monolít de sa Feixina” davant la protecció de les persones que pateixen violència per la seva identitat sexual.

En aquesta línia, la coordinadora de Podem Illes Balears ha expressat “fàstic i ràbia davant una altra agressió homòfoba” a Palma: “Tot el nostre suport al venedor del mercat de Pere Garau que ha estat agredit al crit de 'maricón'. Cap agressió sense resposta. No donarem ni un pas enrere”. Així mateix, des del PSIB-PSOE han manifestat que Palma “no pot tolerar cap agressió homòfoba” com la del mercat de Pere Garau. “Tot el nostre suport a la víctima. No està sola. Volem una ciutat on tothom pugui viure amb llibertat i sense por. Davant l'odi, més unitat, més fermesa i més orgull”, han manifestat a través d'un missatge en X.

Es dóna la circumstància que, a finals del passat mes de març, un professor de l'IES Baltasar Porcel (Andratx) va patir un atac de caràcter homòfob per part d'estudiants del mateix i d'un altre centre, un episodi que, segons van advertir des del claustre, no és aïllat, sinó reflex d'un problema més ampli en l'àmbit educatiu, en afectar també a altres sectors i àmbits socials.

Un comerciante del mercado de Pere Garau, en Palma, ha denunciado haber sido víctima de una agresión homófoba presuntamente a manos de otros comerciantes del mismo recinto. “Le han jodido la vida”, ha expresado un amigo de la víctima al dar a conocer los hechos en redes sociales, donde explica que los agresores comenzaron a propinarle golpes e insultos por su orientación sexual, profiriendo expresiones como “maricón”. El afectado ya ha interpuesto denuncia por estos hechos.

“Que en pleno 2026 ocurra esto es intolerable”, subraya el mensaje, que indica que los hechos ya están denunciados “y en manos de los jueces”. Con todo, recrimina que “a pesar de la condena que les puedan meter”, no se puede permitir que esta gente siga trabajando en el mismo sitio que Miquel“.

En su publicación, el amigo de la víctima insiste en que “no se debería permitir que estas malas bestias sigan trabajando ni estando cerca de la persona a la que odian y a la que le han pegado una paliza. Hay que conseguir que a esta gente la echen de ahí y hay que hacer que todo el mundo sepa quiénes son”. Asimismo, asevera que los supuestos agresores “comen jamón” y son “mallorquines” del municipio de Algaida.

El Ayuntamiento suspende de actividad al presunto agresor

La agresión ha generado una oleada de rechazo en el barrio. Este martes, decenas de personas se han concentrado en el mercado de Pere Garau para mostrar su apoyo al vendedor y condenar la violencia. En el acto han estado presentes la regidora municipal de Igualdad, Lourdes Roca, y el de Mercados, Llorenç Bauzá, quienes han condenado los hechos, ante cuya gravedad el Ayuntamiento de Palma suspenderá de forma cautelar la posibilidad de que el presunto autor de la agresión lleve a cabo la actividad de venta en mercados municipales.

En concreto, el área municipal de Mercats ha elaborado un informe basado en el atestado emitido por la Policía Local de Palma. De acuerdo al informe, y dado que el puesto en el que el atacante ejerce la venta pertenece a otro titular, éste será reubicado en el mercado como medida preventiva. Una vez finalicen las diligencias policiales, el Consistorio evaluará si es necesario adoptar otras medidas adicionales que puedan afectar a otras personas implicadas.

Durante la concentración, ambos concejales han trasladado personalmente a la víctima el respaldo del equipo de gobierno y del Ayuntamiento y se han puesto a su disposición para lo que pueda precisar, tal como ha señalado la corporación local en un comunicado. En este sentido, Bauzá ha mostrado su “apoyo total” al denunciante y ha condenado “rotundamente cualquier acto de odio o discriminación”, subrayando que se trata de hechos “que no tienen cabida en una sociedad democrática, diversa e inclusiva, y que no representan a la ciudadanía de Palma”.

Asimismo, el Consistorio ha subrayado la importancia de denunciar cualquier agresión o conducta discriminatoria como paso fundamental para su erradicación y ha reafirmado su compromiso con una Palma inclusiva y libre de odio.

“Profundo impacto psicológico”

Por su parte, representantes de Més per Palma, quienes también han participado en la protesta, han denunciado la gravedad de lo ocurrido, recriminando que la agresión ha dejado secuelas físicas y un “profundo impacto psicológico” en una persona “respetada y querida” en el barrio.

Asimismo, el partido ecosoberanista ha instado al Ayuntamiento a poner en marcha protocolos eficaces contra las agresiones homófobas en espacios públicos. “Cuando una persona es agredida por su orientación sexual, hablamos de un ataque a toda la sociedad”, ha advertido la portavoz de la formación, Neus Truyol, quien ha exigido una respuesta institucional “firme y sin excusas”. Truyol también ha cargado contra el equipo de gobierno del PP, al que ha acusado de priorizar la defensa de “símbolos franquistas como el monolito de sa Feixina” frente a la protección de las personas que sufren violencia por su identidad sexual.

En esta línea, la coordinadora de Podem Illes Balears ha expresado “asco y rabia ante otra agresión homófoba” en Palma: “Todo nuestro apoyo al vendedor del mercado de Pere Garau que ha sido agredido al grito de 'maricón'. Ninguna agresión sin respuesta. No daremos ni un paso atrás”. Asimismo, desde el PSIB-PSOE han manifestado que Palma “no puede tolerar ninguna agresión homófoba” como la del mercado de Pere Garau. “Todo nuestro apoyo a la víctima. No está sola. Queremos una ciudad donde todo el mundo pueda vivir con libertad y sin miedo. Ante el odio, más unidad, más firmeza y más orgullo”, han manifestado a través de un mensaje en X.

Se da la circunstancia de que, a finales del pasado mes de marzo, un profesor del IES Baltasar Porcel (Andratx) sufrió un ataque de carácter homófobo por parte de estudiantes del mismo y de otro centro, un episodio que, según adviertieron desde el claustro, no es aislado, sino reflejo de un problema más amplio en el ámbito educativo, al afectar también a otros sectores y ámbitos sociales.

Ibrahima tenía 12 años cuando su padre decidió que debía hacerse “más hombre”. Lo llevó a trabajar en la pesca, convencido de que el esfuerzo físico corregiría lo que familia veía como una desviación. “Nunca me gustó. Yo quería otra vida, pero no tenía elección”, recuerda hoy desde Francia en una conversación con elDiario.es.

Creció en Senegal en una familia profundamente religiosa, marcada por la figura de un padre imán y por un entorno donde cualquier diferencia era castigada. En el barrio lo molestaban, lo señalaban y lo reducían a un insulto que ni siquiera entendía. En casa, la violencia era una constante. “Mi hermano mayor me golpeó varias veces, incluso una vez en el mar, donde pensé que iba a morir”, relata. Desde muy joven, Ibrahima comprendió que su identidad no tenía espacio en el mundo que lo rodeaba. 

Años después, en 2020, fue detenido junto a otros hombres acusados de “actos contra natura”. Pasó tres meses en prisión en condiciones extremas, hacinado con decenas de personas, sin poder dormir y bajo amenazas constantes y agresiones de otros reclusos. “Pensé que no iba a salir de allí”, dice. Hoy vive en Francia, adonde llegó en 2024, intentando reconstruir una vida atravesada por la violencia. 

Su historia no pertenece al pasado, es el presente de Senegal. En marzo de 2025, la Asamblea Nacional aprobó una reforma del Código Penal que pena con hasta diez años de prisión las relaciones entre personas del mismo sexo y criminaliza cualquier forma de “promoción” de la homosexualidad. La norma amplía la persecución de activistas, organizaciones y cualquier persona que defienda los derechos LGTBI, e introduce sanciones económicas que pueden alcanzar los 15.000 euros, equiparando la homosexualidad a delitos como la zoofilia o la necrofilia.

Una ola que recorre parte de África

Senegal no es una excepción. De los 65 países que criminalizan la homosexualidad en el mundo, 33 están en África. En los últimos años, el continente ha vivido un endurecimiento acelerado de este tipo de legislaciones, en una dinámica que combina política interna, presión social y redes e influencias internacionales. 

Uganda se convirtió en 2023 en el epicentro de esta regresión al aprobar una de las leyes más duras del mundo, con penas que incluyen la cadena perpetua e incluso la pena de muerte en casos de “homosexualidad agravada”. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de abusos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y campañas de persecución social.

En Burkina Faso, la reforma de 2025 llega en un contexto de inestabilidad política crónica, con golpes de Estado recientes, presencia de grupos yihadistas y un Estado cada vez más debilitado fuera de la capital. En ese escenario, el endurecimiento de las leyes anti-LGTBI empuja al colectivo hacia la clandestinidad. 

El Parlamento de Ghana ha aprobado nuevas restricciones en una ley cuya versión anterior fue aprobada en 2024, pero no llegó a entrar en vigor al no recibir el respaldo del entonces presidente Nana Akufo-Addo. Su sucesor, John Dramani Mahama, en el poder desde enero de 2025, sí ha mostrado apoyo a la iniciativa. 

La huella de la derecha cristiana estadounidense

Tanto Senegal como otros países del continente africano comparten un elemento común denominador: la influencia de redes ultraconservadoras occidentales en esta ola legislativa contra el colectivo homosexual. 

En Senegal, la red And Samm Jikko Yi, clave en la presión para endurecer la ley, mantuvo contactos desde 2024 con MassResistance, una organización estadounidense con sede en Massachusetts que considera la homosexualidad una amenaza para la salud pública. MassResistance no es un actor marginal. En Estados Unidos ha impulsado campañas contra el matrimonio igualitario y los derechos de las personas trans, y forma parte de un entramado más amplio de organizaciones que exportan una agenda ultraconservadora a nivel internacional. 

Desde la llegada de la Administración Trump en Estados Unidos, el clima político en el país ha reforzado las redes de ultraconservadores. De hecho, según Reuters, el caso de Senegal es el primer caso documentado de un grupo estadounidense ayudando a sacar adelante una ley anti-LGTBI en África desde la vuelta al poder de Donald Trump. 

Según la agencia, esta organización asesoró a actores senegaleses en estrategias de movilización, comunicación y presión política para impulsar la reforma legal. Este tipo de colaboración incluye desde el diseño de campañas hasta el intercambio de materiales ideológicos y jurídicos. 

No somos nosotros los que amenazamos la economía ni la seguridad del país

Ibrahima

El caso de Senegal no es aislado. En Ghana, la misma organización ha participado en el debate legislativo y ha colaborado con activistas locales, mientras que otras plataformas como Family Watch International o CitizenGO, fundada por la asociación española HazteOir han organizado conferencias, financiado campañas y trabajado directamente con líderes políticos y religiosos en distintos países africanos, como han destapado algunas informaciones periodísticas. En los últimos años, investigaciones por parte de organizaciones como Open Democracy han documentado que desde 2007 al menos una veintena de grupos ultraconservadores cristianos estadounidenses han destinado decenas de millones de dólares a organizaciones africanas en contra de las personas LGTBI.

Este entramado se articula en torno a lo que algunos investigadores denominan el movimiento transnacional “pro-family”, una red global que exporta marcos legales, discursos y estrategias políticas. Aun así, la paradoja es evidente. Mientras desde África los discursos oficiales insisten en que la homosexualidad es una imposición occidental, parte de la ofensiva contra los derechos LGTBI también lo es. 

Además, el recorte de la financiación internacional de Estados Unidos a través de la suspensión del programa USAID ha llevado a la reducción de programas considerados “sociales o divisivos”, sobre todo en el ámbito de la salud pública. En Senegal, la prevalencia del VIH es del 0,3% en la población general, pero alcanza hasta el 49% entre hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres en algunas zonas de Dakar. A partir de ahora, la criminalización del colectivo dificulta el acceso a tratamiento y prevención, empujándolos a la clandestinidad. 

Crisis, desgaste político e instrumentalización de la moral

La aprobación de la ley no puede entenderse sin el contexto económico y político que atraviesa Senegal. El país vive una situación financiera crítica. Tras años de gestión opaca, la deuda pública ha superado las cifras oficiales, superando el 100% del Producto Interior Bruto, lo que ha obligado al Gobierno a hacer frente a pagos urgentes a acreedores internacionales para evitar el default. El peso de la deuda consume ya más de la mitad de los ingresos del Estado. 

Las consecuencias son visibles: becas estudiantiles impagadas, recortes en servicios públicos y un sistema universitario tensionado que han provocado protestas recurrentes. En febrero de 2026, la muerte del estudiante Abdoulaye Ba durante una intervención policial en una protesta por el retraso de becas volvió a poner de relieve la fragilidad del modelo. El caso de Abdoulaye no es un caso aislado; al menos seis estudiantes han muerto en contextos similares en los últimos 25 años. 

Este clima de tensión se combina con un desempleo juvenil persistente y una creciente frustración de los jóvenes, que fueron clave en la llegada al poder de los actuales líderes del país, Bassirou Diomaye Faye y Ousmane Sonko en 2024. Ambos encarnaban una promesa de ruptura con el sistema anterior y, dos años después, esa promesa se enfrenta a sus límites.

En este contexto, la ley contra la homosexualidad aparece como una herramienta política de bajo coste y alto rendimiento simbólico. “Hay muchos problemas más importantes en Senegal”, apunta Ibrahima a elDiario.es. Desde su experiencia, la cuestión LGTBI ha sido utilizada como sustituto de esas respuestas que no llegan. “No somos nosotros los que amenazamos la economía ni la seguridad del país”, insiste. 

El propio calendario refuerza esta lectura. La aprobación de la ley coincidió con un momento de alta presión financiera sobre el Estado y un aumento de las críticas internas. Dentro del propio Gobierno, la medida también cumple una función de posicionamiento. Mientras Faye adopta una posición más institucional, centrada en la gestión económica, Sonko, por su parte, y como principal impulsor de la ley, refuerza su liderazgo apelando a los “valores africanos” y la soberanía cultural. 

Para Ibrahima, es una lógica clara: “Se está utilizando a las personas homosexuales para distraer a la población”. A su juicio, el Gobierno busca demostrar que cumple sus promesas en un terreno simbólico, aunque no lo haga en lo económico. “Quieren decir que han hecho algo, aunque no sea lo más importante”.

“Cuando me detuvieron me encontré con que el fiscal era homófobo, pero mi abogado, también. Ahora ese mismo abogado se ha convertido en un diputado de la Asamblea Nacional y ha apoyado iniciativas políticas anti LGTBI. Está claro que no tienes a nadie que te defienda”, concluye. 

Ekain Perrino, el joven de Basauri que en junio de 2021 sufrió una agresión homófoba, valora que en la sentencia conocida este miércoles que condena a pena de prisión de hasta dos años y a multas a los once acusados de agredirle física y verbalmente por su orientación sexual se haya considerado el delito de odio, pero cree la condena “absolutamente insuficiente” y “esperaba más”.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a dos años de cárcel a diez acusados y a otro a un año y dos meses por la agresión homófoba física y verbal “en manada” a este joven de Basauri el 6 de junio de 2021. Les impone estas penas por un delito de odio que cometieron con un “atentado furibundo” en una especie de “jauría” que golpeaba a la víctima “brutalmente” al grito de “maricón”, informa Europa Press. Además de la condena de prisión, les impone multas que suman los 1.710 euros, prohibición de comunicación y aproximación a la víctima, y deberán indemnizarle de forma conjunta y solidaria con 6.000 euros por daño moral y otros 350 euros en concepto de responsabilidad civil.

En declaraciones a EiTB, recogidas por Europa Press, el joven ha dicho que esperaba “una condena justa, no como la que ha habido”, que es “insuficiente, de risa” porque “dos años de cárcel es como no pedir nada porque no van a entrar”. “A esa gente nadie les denuncia y, al final, se van a librar”, ha lamentado, para asegurar que lo que menos le interesaba es el dinero. “Lo que queríamos era que saliesen todos condenados y eso lo hemos conseguido, pero la indemnización es un poco de risa porque con esa indemnización mis padres no tienen para pagar lo que se han gastado en mí en estos años y lo que queda”, ha afirmado.