Nelson David Moreno, en prisión ya por varios asesinatos de hombres en Bilbao, suma su quinta condena, de 19 años, a la que se ha llegado sin necesidad de celebrarse el juicio que estaba previsto arrancar el 19 de octubre por haberse llegado a un acuerdo entre todas las partes, defensa, acusación popular, acusación particular y Fiscalía. Para perpetrar este homicidio, cometido en 2021 y cuya víctima fue un concejal de IU en Berango, Koldo Martínez, el acusado siguió el mismo esquema de los anteriores por los que ya está condenado: concertar el encuentro a través de una app de citas y también el robo a la víctima. La novedad en este caso está en que la sentencia reconoce la agravante de la discriminación por la orientación sexual.

En concreto, se reconoce probado que a través de la aplicación Wapo y del contacto mantenido en ella, el acusado seleccionó a su víctima “en razón de su orientación sexual, haciéndole creer que tenía interés en mantener un encuentro sexual con él en el domicilio de este y siendo su orientación sexual homosexual el elemento diferenciador que determinó que el acusado le seleccionara para perpetrar los delitos”. Es decir, considera que los hechos se produjeron “dentro de un contexto de discriminación, donde el acusado seleccionó y cometió el ataque contra la víctima movido por un prejuicio contra su orientación sexual homosexual”. Así, el 2 de septiembre de 2021 el acusado se personó en el domicilio de la víctima con el pretexto de mantener un encuentro sexual, “pero con la finalidad real de acabar con su vida y hacerse con sus pertenencias, en razón de la orientación sexual de la víctima”.

En la sentencia se indica que el acusado ocasionó a la víctima “una insuficiencia respiratoria que le causó la muerte, sin que pueda determinarse el modo, medio o forma empleados” y que, con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito, llevó a cabo varios traspasos de la cuenta bancaria de la víctima a la suya y se apoderó de varios objetos que vendió posteriormente. El importe total de las operaciones ilícitas y el valor de los bienes sustraídos ascendieron a 1.309 euros.

Tras el acuerdo se impone al acusado una pena de 13 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena como autor de un delito de homicidio consumado. Por el delito consumado de robo con violencia en casa habitada la pena de cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Como autor de un delito de estafa por uso fraudulento de tarjeta la pena suma un año y nueve meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Es decir más de 19 años. Además, se condena al acusado a hacerse cargo de las costas y diversos pagos por responsabilidad civil a los familiares, en concreto, 15.000 euros a cada uno de los ocho hermanos de la víctima por los daños morales causados y a los herederos en 1.309 euros por las cuantías indebidamente obtenidas.

La principal novedad en esta quinta sentencia radica que en que se reconoce la agravante por orientación sexual. En concreto, concurre la circunstancia agravante contemplada en el artículo 22.4º del Código Penal consistente en la comisión del delito por discriminación relativa a la orientación sexual de la víctima en relación con todos los delitos. También se tiene en cuenta la circunstancia agravante contemplada en el artículo 22.8º del Código Penal consistente en la reincidencia en relación con el delito continuado de estafa por uso fraudulento de tarjeta.

Esta es la segunda condena de las cinco que acumula a la que se ha llegado sin tener que celebrarse el juicio, es decir, a través de un acuerdo tras reconocer los hechos. La anterior fue el pasado 18 de septiembre. La Audiencia Provincial de Bizkaia condenó a Nelson David Moreno a un total de 18 años, 9 meses y un día de prisión por delitos de asesinato y estafa en relación con la muerte de un hombre en julio de 2021 en Bilbao. La sentencia se dictó 'in voce' durante un juicio a puerta cerrada, con ha ocurrido en este último caso este viernes, después de que las partes llegaran a una conformidad ratificada por el acusado, que cuenta con otras tres condenas por asesinato, una en grado de tentativa, por matar o intentar matar a otros tres varones y por las que ya está en prisión. Le quedan por delante dos juicios más.

El Tribunal de Instancia número 2 de Plasencia ha acordado la apertura de juicio oral contra la concejala del PP en el Ayuntamiento de Plasencia, Belinda Martín, por delitos de odio e injurias derivados de unos comentarios publicados en septiembre de 2024 en un periódico digital contra otro militante del PP y excompañero en el Gobierno municipal. El auto, fechado el pasado 1 de octubre, señala a la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Cáceres como el órgano competente para la celebración del juicio y la emisión de la sentencia.

Los hechos investigados se centran en las publicaciones vertidas bajo el seudónimo 'Estherlatacho', las cuales, según recogió la jueza instructora en el auto de transformación de las diligencias previas, estaban dirigidas contra Luis Domingo Díaz, jefe de Recursos Humanos del Servicio Extremeño de Salud (SES) en Plasencia. De acuerdo con las pesquisas judiciales, dichos mensajes habrían sido redactados con el propósito explícito de menoscabar la integridad moral del afectado y denigrar su dignidad por razón de su orientación sexual.

En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal solicita para la edil una pena de dos años de prisión por un delito contra la integridad moral, junto con una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con el denunciante durante un período de tres años. Asimismo, la Fiscalía reclama que se le impida la creación de perfiles en periódicos digitales durante dicho plazo y fija una indemnización de 5.000 euros en favor del perjudicado.

Por su parte, la acusación particular reclama 18 meses de prisión y una multa de diez meses a razón de 20 euros diarios por un presunto delito de odio, solicitando además la inhabilitación especial para el desempeño de actividades educativas durante tres años. De forma subsidiaria, plantea una condena por un delito de injurias graves con publicidad con una multa de nueve meses, a lo que suma la acusación por un presunto delito de lesiones por el que pide un año y tres meses de cárcel, fijando la responsabilidad civil en una indemnización de 60.000 euros.

En el mismo auto de apertura de juicio oral, la jueza ha decretado el mantenimiento de la acusada en situación de libertad provisional y le ha requerido el depósito de una fianza de 8.450 euros para responder de las posibles responsabilidades económicas que se deriven del procedimiento judicial.

La Fiscalía de Madrid ha anunciado la apertura de diligencias contra Iñaki Angulo, youtuber con más de 600.000 suscriptores, por sus comentarios homófobos sobre el futbolista del Betis, Héctor Bellerín, durante un directo. La investigación, que analiza un posible delito de odio, acumula la denuncia de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte junto con un centenar de personas que también presentaron una acusación penal contra él.

“Hay un tío que se pinta las uñas y que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea maricón encubierto, que es rojo, que vota socialismo, no voy a decir su nombre. Y 'elle', vamos a llamarle 'elle' para que esté contento, 'elle' ha parado a Vinicius solo”, afirmó entre otras cosas el ahora investigado. Se refirió al futbolista como “ese que se pinta las uñas, que quiere moros en todos los sitios menos en su casa, que solo lee libros de mujeres... y que, insisto, se pinta las uñas”. “Ese tío, tres años antes, va Vinicius y, sin bajarse del autobús, le provoca una amarilla que no hubieran sacado, la fuerza un penalti y se lo come”, prosigue Angulo que también aprovechó para cargar contra Vinicius. “Veía ir a ‘elle’ contra Vinicius y no sabía quién era el maricón”, aseguró.

El Ministerio Público madrileño ha decidido abrir diligencias y ahora tiene seis meses para decidir si archiva el caso o si lleva a Angulo ante los juzgados de la Plaza de Castilla para que sea imputado por un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Iñaki Angulo presenta su canal como “el más grande del mundo sobre el Real Madrid” e hizo estos comentarios sobre el futbolista catalán en un directo con motivo del partido entre el Betis y el Real Madrid de la cuarta jornada de Liga que acabó con victoria para los locales en el Benito Villamarín. “Es un maricón que se pinta las uñas y se lo comía al hombre de los 160 millones de euros”, dijo sobre el choque entre el bético y Vinicius.

L'Ajuntament de Palma, governat pel PP amb el suport de Vox, ha decidit distingir Alberto Juan Llaneras, un dels policies locals que van vexar una excompanya i posteriorment regidora de Podem, Sonia Vivas, i que van ser condemnats per coaccions amb unes penes confirmades pel Tribunal Suprem. També distingirà Antonio Garcías, un altre agent de la Policia Local condemnat per torturar un detingut en dependències policials. Tots dos rebran la Creu al Mèrit Policial amb distintiu verd, una condecoració que reconeix actuacions meritòries i contribucions al prestigi de la institució.

Les distincions honorífiques van ser aprovades aquest mes pel ple municipal, tal com ha informat Diario de Mallorca i ha confirmat elDiario.es a partir de la documentació incorporada a la seu electrònica municipal. Malgrat les reiterades consultes d'aquest diari, l'Ajuntament no ha facilitat informació sobre l'acord ni sobre els mèrits concrets que justifiquen la concessió de les distincions a tots dos funcionaris.

De manera genèrica, la proposta es fonamenta en l'article 131 del Reglament de condecoracions, que preveu la concessió d'aquest reconeixement a aquells que dirigeixin o executin amb èxit serveis d'especial dificultat o rellevància, demostrin una dedicació i un compliment exemplar de les seves funcions, desenvolupin una tasca prolongada en favor de la dignificació i el prestigi de les policies locals i de la defensa dels drets i les llibertats públiques, o duguin a terme projectes i treballs professionals o científics rellevants que contribueixin al prestigi de la institució.

La distinció als dos policies arriba anys després que la Justícia acredités greus actuacions policials i condemnés tots dos agents en procediments diferents. En el cas de Llaneras, el Tribunal Suprem va confirmar el gener de 2021 la pena que li havia estat imposada en primera instància: un any i tres mesos de presó per un delicte de coaccions. Juntament amb ell, va ser condemnat un altre company, Rafael Puigrós Rosselló, a qui es van imposar tres anys i cinc mesos de presó per coaccions, denúncia falsa i fals testimoni.

La sentència del Suprem va posar fi a una batalla judicial iniciada el 2016 que va treure a la llum alguns dels episodis més durs i espinosos dels que van transcendir en el marc del que es va conèixer com a cas Cursach. L'exagent de policia va decidir portar als tribunals el maltractament continuat que denunciava patir per la seva orientació sexual. La seva denúncia va passar a formar part de les múltiples línies d'investigació en què es va dividir l'anterior macrocausa, que, en essència, va centrar la instrucció en una presumpta trama policial d'extorsions i tractes de favor destinada a salvaguardar els negocis del magnat de l'oci nocturn Bartolomé Cursach. Tant l'empresari com nombrosos policies locals van ser finalment absolts, després d'una instrucció durament qüestionada pel jutge i el fiscal que els van investigar.

Llaneras, no obstant això, va ser un dels agents que sí que van acabar condemnats en una de les línies d'investigació. La sentència del Suprem va considerar provat que tant ell com el seu company van convertir l'actitud homòfoba en una forma habitual de relacionar-se amb Vivas, aleshores agent de la Policia Local, a qui humiliaven i menyspreaven amb insults, burles sobre la seva orientació sexual, gestos obscens i mofes en la seva presència. Ho van fer, segons la resolució, “moguts pel seu odi i menyspreu a la seva condició homosexual”.

La sentència també relata les conseqüències psicològiques que l'assetjament va provocar en Vivas, així com les escenes d'assetjament i escarment que va patir després de denunciar els fets. Segons l'alt tribunal, els agents van intentar, fins i tot, que l'exagent perdés la seva plaça a la Policia Local. Tot i que els tribunals van considerar acreditat el caràcter homòfob de les vexacions, no van poder condemnar els agents pel delicte contra la integritat moral perquè els fets havien prescrit. Sí que van ser condemnats per coaccions.

D'altra banda, la Sala Penal va estimar parcialment els recursos de cassació interposats pels dos policies, fet que va comportar l'anul·lació de la pena accessòria d'inhabilitació per exercir com a policies durant el temps de la condemna. A parer dels magistrats, no existia una relació directa entre l'exercici del càrrec i el delicte comès. Sobre aquesta qüestió, el Suprem va considerar que les coaccions dels acusats, tot i que estaven directament vinculades a uns fets anteriors que havien tingut lloc en l'exercici de les seves funcions com a agents de policia —i malgrat que aquestes funcions fins i tot n'haguessin facilitat la comissió—, no estaven relacionades “amb una estricta actuació professional”.

El policia que va agredir un detingut

Per la seva banda, Garcías, l'altre policia que serà condecorat, rebrà la distinció una dècada després que el Suprem confirmés la seva condemna per una agressió a un detingut als calabossos de la caserna de Sant Ferran, seu de la Policia Local de Palma. Els fets van tenir lloc el maig de 2011 i van quedar enregistrats per les càmeres de seguretat de les dependències policials, tal com va informar Diario de Mallorca.

La decisió de l'Ajuntament es produeix en un context d'homenatges i distincions institucionals a policies i funcionaris que van ser investigats en el marc del cas Cursach. El passat 17 de setembre, el Consistori va celebrar a la caserna de Sant Ferran un acte d'homenatge i desgreuge als agents i treballadors municipals que van ser investigats i, en alguns casos, processats i finalment exonerats en la causa. La cerimònia, presidida per l'alcalde, Jaime Martínez, va incloure el lliurament de medalles i diplomes en reconeixement a la seva “dignitat professional”.

Aquests homenatges arriben després d'anys de reivindicacions dels agents i funcionaris perquè el Consistori assumís institucionalment el perjudici que, segons sostenen, van patir durant les investigacions.

El Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, ha decidido condecorar a Alberto Juan, uno de los policías locales que vejaron a una excompañera y posteriormente concejal de Podemos, Sonia Vivas, y que fueron condenados -con penas confirmadas por el Tribunal Supremo- por coacciones. También distinguirá a Antonio Garcías, otro agente de la Policía Local condenado por torturar a un detenido en dependencias policiales. Ambos recibirán la Cruz al Mérito Policial con distintivo verde, una condecoración que reconoce actuaciones meritorias y contribuciones al prestigio de la institución.

Las distinciones honoríficas fueron aprobadas este mes por el pleno municipal, tal como ha informado Diario de Mallorca y ha confirmado elDiario.es a través de la documentación incorporada en la sede electrónica municipal. Pese a las reiteradas consultas de elDiario.es, el Ayuntamiento no ha facilitado información al respecto ni los méritos concretos que justifican la concesión de los reconocimientos a ambos funcionarios.

De forma genérica, la propuesta se fundamenta en el artículo 131 del Reglamento de condecoraciones: la concesión de este reconocimiento se contempla para quienes dirijan o ejecuten con éxito servicios de especial dificultad o relevancia, demuestren una dedicación y un cumplimiento ejemplar de sus funciones, desarrollen una labor prolongada en favor de la dignificación y el prestigio de las policías locales y la defensa de los derechos y libertades públicas, o realicen proyectos y trabajos profesionales o científicos relevantes que contribuyan al prestigio de la institución.

La distinción a los dos policías llega años después de que la Justicia acreditara graves actuaciones policiales y condenara a ambos agentes en distintos procedimientos. En el caso de Llaneras, el Tribunal Supremo confirmó en enero de 2021 la pena que le fue impuesta en primera instancia: un año y tres meses por un delito de coacciones. Junto a él fue condenado otro compañero, quien fue castigado con tres años y cinco meses de cárcel por coacciones, denuncia falsa y falso testimonio. 

La sentencia del Supremo fue el desenlace de una batalla judicial que se inició en 2016 y sacó a relucir los episodios más arduos y espinosos de cuantos trascendieron en el marco del que se conoció como caso Cursach. La exagente de policía decidió llevar a los tribunales el continuo maltrato al que denunciaba estar sometida por su orientación sexual. Su denuncia pasó a formar parte de las múltiples líneas de investigación en las que se desgajó la anterior macrocausa, que, en esencia, centró su instrucción en una presunta trama policial de extorsiones y tratos de favor dirigida a salvaguardar los negocios del magnate de la noche Bartolomé Cursach. Tanto el empresario como numerosos policías locales fueron finalmente absueltos tras una instrucción duramente cuestionada por parte del juez y del fiscal que los investigaron.

Llaneras, sin embargo, fue uno de los agentes que sí acabó condenado en una de aquellas líneas de investigación. La sentencia del Supremo consideró probado que tanto su compañero como él convirtieron su actitud homófoba en una forma habitual de relacionarse con la entonces agente, a la que humillaban y menospreciaban con insultos, burlas sobre su orientación sexual, gestos obscenos y las mofas en su presencia. Lo hicieron, según la sentencia del Supremo, “movidos por su odio y desprecio a su condición homosexual”. La resolución del Supremo relata la afectación psicológica que provocó en Vivas el hostigamiento sufrido y las escenas de acoso y escarmiento que vivió una vez denunciados los hechos. Según el Alto Tribunal, los agentes intentaron, incluso, que la ex agente perdiera su plaza en la Policía Local.

Aunque los tribunales dieron por acreditado el carácter homófobo de las vejaciones, no pudieron condenar a los agentes por delito contra la integridad moral porque los hechos habían prescrito. Sí fueron condenados por coacciones.

Por otro lado, la Sala de lo Penal estimó de forma parcial los recursos de casación interpuestos por los dos policías en lo que suponía la anulación de la pena accesoria de inhabilitación que se les impuso para el empleo de policía durante el tiempo de la condena. A juicio de los magistrados, no existía una relación directa entre el ejercicio de su cargo y el delito cometido. Al respecto, el Supremo consideró que las coacciones de los acusados, aunque estaban vinculadas directamente con unos acontecimientos anteriores que habían tenido lugar en el ejercicio de sus funciones como agentes de policía -y aun cuando facilitaron la comisión de los hechos por los que han sido condenados-, no se relacionaban “con una estricta actuación profesional”.

El policía que agredió a un detenido

Por su parte, Garcías, el otro policía que será condecorado, será reconocido una década después de que el Supremo confirmara su condena por una agresión a un detenido en los calabozos del cuartel de Sant Ferran, sede de la Policía Local de Palma. Los hechos ocurrieron en mayo de 2011 y quedaron grabados por las cámaras de seguridad de las dependencias policiales, tal como informó en su momento Diario de Mallorca.

La decisión del Ayuntamiento se produce en un contexto de reconocimientos institucionales a policías y funcionarios que fueron investigados en el marco del caso Cursach. El pasado 17 de septiembre, el Ayuntamiento celebró en el cuartel de Sant Ferran un acto de homenaje y desagravio a los agentes y trabajadores municipales que fueron investigados y, en algunos casos, procesados y finalmente exonerados en la causa. La ceremonia, presidida por el alcalde, Jaime Martínez, incluyó la entrega de medallas y diplomas en reconocimiento a su “dignidad profesional”. Los homenajes llegan después de años de reclamaciones de los agentes y funcionarios para que el Consistorio asumiera institucionalmente el perjuicio que, sostienen, sufrieron durante las investigaciones.

La 'coach' Elena Lorenzo se sentará en el banquillo de los acusados por las terapias de conversión con las que prometió revertir la homosexualidad y lo hará con varias peticiones de cárcel para ella. La Fiscalía ha solicitado que sea condenada a dos años y medio de prisión por un delito de odio mientras que la acusación popular, ejercida por la Asociación Española Contra las Terapias de Conversión, eleva esa cantidad hasta los tres años y medio de presidio añadiendo delitos de intrusismo profesional y publicidad fraudulenta. Lorenzo está acusada de difundir este tipo de contenidos y cobrar por sus servicios a base de “difamar y estigmatizar” al colectivo LGTBI en sus cursos, publicaciones y entrevistas.

Lorenzo se presenta como una 'coach' que desde hace más de una década trabaja con personas que “han decidido profundizar en su identidad personal” porque “experimentan atracción hacia personas de su mismo sexo” y “desean vivir su heterosexualidad plenamente”. La puerta de entrada a un torrente de artículos, entrevistas y ofertas de cursos en las que la homosexualidad se presenta como una patología derivada de “heridas”. Desde la “ausencia de vínculo con su referente masculino” hasta la “excesiva vinculación” de un niño con su madre o, directamente, el abuso sexual. “La homosexualidad no es una enfermedad”, dijo en una ocasión, pero sí un conjunto de experiencias que han llevado al “quiebre” de una persona y que se puede curar. “Su re-integración es posible”, según Lorenzo.

Sus afirmaciones se tradujeron en un proceso sancionador por parte de la Comunidad de Madrid que arrancó con una multa de 20.000 euros, pero terminó con una sentencia favorable que anuló el castigo por defectos formales. Pero poco después un juzgado de la Plaza de Castilla abrió una investigación penal contra ella y el caso, tres años después de la apertura de diligencias, se encuentra a las puertas de juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Después de que los tribunales confirmaran el procesamiento de Elena Lorenzo, las acusaciones han presentado sus escritos en los que piden cárcel y multas para la 'coach' por hasta tres delitos distintos.

Tanto el fiscal delegado de delitos de odio de Madrid, Ángel Guzmán, como la Asociación Española Contra las Terapias de Conversión, coinciden en acusar a Lorenzo de un delito contra los derechos fundamentales por el que la Fiscalía pide dos años de prisión y multa de 4.320 euros, cantidad que la acusación eleva hasta dos años y medio de presidio y multa de 36.000 euros. Pero la Asociación añade otros dos delitos al futuro juicio: intrusismo, por el que pide otra multa añadida de 57.600 euros, y un tercer ilícito de publicidad fraudulenta con un año más de prisión.

Los dos escritos de acusación, que ha podido examinar elDiario.es, recorren años de publicaciones de Lorenzo y concluyen que sus cursos a 80 euros la hora buscando revertir la homosexualidad no solo fueron un ejemplo de homofobia sino un peligro para el colectivo. Según el fiscal, la 'coach' tuvo por objetivo “difamar y estigmatizar” a la población homosexual a través de “perjuicios y estereotipos”, de forma “segregadora y denigrante” y hablando “sin ningún rigor científico”, entre otras cosas, del inexistente “TOC homosexual”.

La Asociación que combate este tipo de terapias –cuya penalización está siendo tramitada en el Parlamento– incide en su escrito en que Lorenzo promociona desde 2014 sus servicios para “modificar la orientación sexual”, con mensajes “denigrantes” y cambiando el lenguaje de sus páginas a otro más aséptico para esquivar sanciones y denuncias. La acusada, incluso, trasladó todo su contenido a otra página web a pesar de la orden judicial de retirarlo y tardó años en hacerlo desaparecer de forma efectiva. Su objetivo, resume esta asociación, era “difundir y publicar mensajes sobre la orientación sexual homosexual de carácter discriminatorio, denigrante, desacreditante y/o menospreciante de esta sexualidad”.

Un crowdfounding para la 'coach'

La acusación popular plantea que sus condenas sean más altas por dos delitos que no incluye la Fiscalía: intrusismo y publicidad fraudulenta, al entender que no tiene ningún título que permita ofrecer ningún tipo de tratamiento y que, además, actuó “con ánimo de engañar a los consumidores para que contrataran sus servicios”, haciendo creer que la homosexualidad se puede “sanar”. Saúl Castro, abogado y presidente de la Asociación que ejerce esta acusación, explica a elDiario.es su opinión sobre la publicidad fraudulenta: “La finalidad de esta web es promocionar sus servicios de coaching, sanar supuestas heridas que produciría la homosexualidad, y no solo es imposible sanar unas heridas que no existen sino que cualquier práctica que tenga esa finalidad entraña un riesgo”.

También justifica su acusación por intrusismo laboral. “Ha reconocido que no tiene ninguna titulación que le permita ofrecer ningún acompañamiento terapéutico o clínico. Ella dedica una sección entera a hablar del TOC, que es una enfermedad diagnóstica que por normativa tiene que llevar a cabo una persona con estudios oficiales en el ámbito de la salud mental, cosa que no tiene ella. Se presenta en el mercado como una persona que puede ofrecer servicios terapéuticos y se refiere a sus clientes como pacientes. Está desempeñando unas facultades que le estarían vedadas”.

En cuanto a este delito, la propia Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una sentencia que puede servir de precedente, confirmando seis meses de cárcel a una 'coach' espiritual ubicada en Boadilla del Monte que, según los tribunales, ofrecía tratamientos sin tener ningún tipo de colegiación como psicóloga.

Castro también explica que Elena Lorenzo, tal y como puede comprobarse en distintos medios de comunicación y mensajes, ha puesto en marcha una colecta para conseguir 16.000 euros con los que pagar su defensa. “Lo que no vamos a permitir es que la investigada obtenga un enriquecimiento a raíz de las consecuencias que conllevar cometer violencia contra las personas LTGBI, lo vamos a poner en conocimiento del tribunal en el momento procesal oportuno y modificaremos las conclusiones para que no se quede con ni uno de estos euros que está recaudando, queremos que la sanción económica sea proporcional”.

“No lo elegí. Tuve miedos, dudas y quise esconderme, a veces desaparecer”, relataba el diputado socialista Lázaro Azorín en el Congreso de los Diputados cuando contaba su experiencia descubriendo su homosexualidad de adolescente. Después de esta frase, en la señal de vídeo de la Cámara Baja, se puede escuchar revuelo entre los Diputados, que se giran para mirar hacia las bancadas de atrás. La portavoz del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, ha acusado a Vox de haber gritado “deberías haberlo hecho” cuando Azorín hablaba de pensar en quitarse del medio. Justo después del momento de tensión, Azorín se ha dirigido directamente a los diputados de la formación de Santiago Abascal: “Yo, señorías de Vox, no soy un problema. Y mi familia, tampoco”.

Según ha contado el diputado en la Cadena Ser, el autor de esos gritos homófobos fue el diputado Joaquín Robles, que después negaba haberlo dicho: “No sé qué oyeron pero yo no dije nada de eso”, apuntó a la prensa cuando le preguntaron. El diputado de Vox, según ha apuntado Azorín, es además profesor de Filosofía en un instituto de Murcia: “No sé qué mensajes mandará a sus alumnos. Si les transmite que es una buena idea que queramos desaparecer, pero hablar de suicidio con los datos que tenemos es terrible. Los discursos están aumentando en este país y ellos son los que los están alimentando”, ha añadido el socialista.

“Qué asco de España construye Feijóo con estos salvajes”

Montse Mínguez ha atacado a Alberto Núñez Feijóo recordando que el Partido Popular gobierna con Vox en ciertas comunidades autónomas: “Qué asco de España construye Feijóo con estos salvajes”, ha sentenciado en su perfil de X. La cuneta oficial del PSOE también ha subrayado esta relación con la extrema derecha y ha exigido “que no se olvide”.

Los hechos han sucedido el pasado martes durante el debate de una proposición no de ley presentada por Podemos sobre el proyecto de la Ley de Familias, cuya tramitación está bloqueada en fase de enmiendas desde 2024.

Entre las medidas planteadas figuran el reconocimiento de la diversidad familiar, la ampliación de la protección social a distintos modelos de familia y la compensación económica de los cuidados a personas dependientes mediante una prestación vinculada al salario mínimo interprofesional.

Durante el debate, la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz ha asegurado que dicha ley pretende “abolir la familia tradicional”. “Para ustedes la familia tradicional es una institución represiva, racista y heterosexista. Quieren abolir la feminidad y la masculinidad. Pretenden destruir el concepto de familia para redefinirla según sus dogmas ideológicos”, ha dicho Ruiz.

Por su parte, Azorín ha defendido la iniciativa y ha respondido a Ruiz que “la homosexualidad no es un caso ni una enfermedad”. “La homosexualidad no es una moda, es una realidad que forma parte de nuestra sociedad”, ha añadido el diputado socialista.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a Nelson David Moreno Bolaños a un total de 18 años, 9 meses y un día de prisión por delitos de asesinato y estafa en relación con la muerte de un hombre en julio de 2021 en Bilbao. La sentencia es firme y se ha dictado 'in voce' durante un juicio que se ha celebrado este viernes a puerta cerrada, después de que las partes hayan llegado a una conformidad que ha sido ratificada por el acusado, quien cuenta con otras tres condenas por asesinato, una en grado de tentativa, por matar o intentar matar a otros tres varones.

En principio, la vista oral, con jurado popular, estaba fijada en la Audiencia de Bizkaia a partir del 21 de septiembre pero finalmente ha quedado anulado tras la conformidad entre las partes. Ha sido condenado por este caso a un total de 18 años, 9 meses y un día de prisión por delitos de asesinato y estafa. La sentencia, tras el acuerdo de las partes (acusación particular, popular, defensa y Ministerio Fiscal), es firme y recoge que el 27 de julio de 2021 el acusado acudió al domicilio de la víctima en Bilbao y acabó con su vida, informa Europa Press.

Además, el TSJPV ha informado de que, con el propósito de obtener un beneficio patrimonial, se apoderó de varias tarjetas de la víctima, con las que realizó diversos pagos en días posteriores, así como de otros objetos, entre ellos un teléfono móvil y un reloj que vendió posteriormente.

La Audiencia de Bizkaia le ha condenado como autor de un delito de asesinato consumado para facilitar la comisión de un delito posterior en concurso medial con un delito de robo con violencia en casa habitada a la pena de 17 años de prisión. También le ha impuesto una pena de un año, nueve meses y un día de prisión como autor de un delito continuado de estafa por uso fraudulento de tarjeta con la agravante de reincidencia. Además, ha fijado que el acusado indemnice con una serie de cantidades por los daños morales ocasionados a la familia de la víctima, en concreto, a la madre con 50.000 euros; con 15.000 euros a cada uno de sus cinco hermanos, y con 3.000 euros a cada uno de los dos sobrinos del fallecido.

También tendrá que afrontar otras indemnizaciones por las cantidades indebidamente obtenidas por la estafa. El acusado ha mostrado su conformidad y todas las partes han desistido de recurrir esta sentencia, que es firme. Con esta nueva resolución judicial, el acusado suma cuatro condenas por asesinato, tres consumados y una por intento. De ellas, tres ya son firmes.

Nelson David M.B., al que se le atribuyen dos intentos de asesinato y la muerte de cinco hombres, con los que habitualmente contactaba a través de una aplicación de citas de homosexuales para robarles, se encuentra en prisión cumpliendo condena de 25 años y medio por asesinato con alevosía, robo y estafa a un varón el 17 de octubre de 2021 -condena confirmada por el Tribunal Supremo en una sentencia hecha pública el pasado 8 de junio-, y por otro asesinato en grado de tentativa de otra víctima el 17 de diciembre de 2021.

Además, también está condenado a dos años y tres meses de cárcel por estafa continuada tras sacar dinero y realizar compras por más de 6.300 euros de una tarjeta cuyo titular había muerto. El Tribunal Constitucional ha ordenado reabrir las investigaciones en torno a este caso después de que fueran archivadas por un juzgado de Bilbao al no haber signos de violencia en el cadáver, localizado en su domicilio de la capital vizcaína.

Asimismo, el pasado mes de agosto la Audiencia de Bizkaia le condenó a 24 años de cárcel por asesinar a un varón de 73 años con el que había quedado a través de una aplicación de citas y, tras su crimen, transferir a su cuenta bancaria 3.000 euros con el móvil de la víctima.

Otro juicio en octubre

El procesado volverá a enfrentarse a otro juicio del 19 al 27 de octubre por otro crimen cometido el 2 de septiembre de 2021. Las acusaciones considera que ese día, tras haber contactado por teléfono con la víctima, acudió a su domicilio con el fin de acabar con su vida y, sin que se pueda determinar el modo y los medios empleados, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó la muerte.

Mientras estuvo en su compañía en la vivienda, y antes de que el hombre falleciera y sin su consentimiento, utilizó el teléfono de este para acceder a la aplicación de banca mediante la identificación biométrica, e hizo un traspaso a su cuenta de 1.300 euros. Además, se realizó tres bizum de 500 euros cada uno. También se apropió del móvil del fallecido y, tras resetearlo, lo vendió por 70 euros a un amigo, además de apoderarse de una pulsera tipo esclava de la víctima.

Un vídeo grabado accidentalmente en el que se oye a un policía municipal de Carcasona (sur de Francia), afiliado del partido de Marine Le Pen, la Agrupación Nacional (RN), y a sus compañeros haciendo duros comentarios racistas, homófobos y sexistas causó este miércoles una fuerte indignación en Francia.

El vídeo, desvelado por el diario Midi Libre y ampliamente divulgado por otros medios y en las redes sociales este miércoles, es un extracto de unos 5 minutos que proceden de una grabación involuntaria de unas 6 horas tomada por la cámara corporal de patrulla del propio agente en noviembre de 2025.

Las imágenes captan la actuación de un equipo de cuatro agentes y, de ellos, el jefe de la patrulla es el autor de la mayor parte de los comentarios de odio, aunque algunos de sus colegas también profieren opiniones parecidas, sobre todo racistas.

La cámara registró, entre muchos otros ejemplos similares, cómo utilizaban habitualmente términos despectivos como “moritos”, cómo se equiparaba a migrantes con animales o cómo hablaban de “poner en la picota a Macron y a todos los maricones”, en referencia al presidente francés, Emmanuel Macron.

A las mujeres se refieren en las conversaciones con términos despectivos como “cabronas” y se defienden también teorías conspiranoicas como que la primera dama, Brigitte Macron, es en realidad una persona trans.

De acuerdo a Midi Libre, las imágenes circulaban en el seno de la comisaría de Carcasona desde finales de 2025 y eso había hecho que el jefe de patrulla interpusiera una denuncia por violación de su privacidad.

La Fiscalía ordena suspender a los policías

La Fiscalía de Carcasona ha ordenado suspender al grupo de policías tras abrir una investigación.

En un comunicado, el Ministerio Público señaló que el vídeo pone de manifiesto hechos “susceptibles de ser tipificados como difamación contra (...) un grupo de personas por razón de su origen”.

La Fiscalía ordenó activar “las disposiciones de los artículos (...) que permiten suspender y posteriormente retirar la habilitación de los policías municipales implicados que no respeten las condiciones de honorabilidad vinculadas a sus funciones”.

Por su parte, el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, anunció que ha pedido a la inspección general de la administración que efectúe un control a la policía municipal de Carcasona.

Este miércoles, la difusión pública de las imágenes motivó reacciones políticas muy numerosas, incluido desde el partido de Le Pen (favorita en las encuestas para las elecciones presidenciales de 2027), que condenó los incidentes y anunció la exclusión del jefe de patrulla del partido, así como su expulsión como integrante voluntario de su servicio de seguridad.

“La Agrupación Nacional condena con la mayor firmeza estas declaraciones, penalmente punibles, que van en contra de los valores que defiende nuestro movimiento”, aseguró el bloque en un comunicado.

Tras la difusión de ese mensaje, el alcalde de la localidad, Christophe Barthès (de la AN), compareció también ante la prensa para asegurar que se tomarán “sanciones a la altura de la gravedad de los hechos”, que todos los implicados han sido suspendidos y que los comentarios son “para vomitar”.

El primer edil apuntó a la responsabilidad del anterior equipo municipal de UDF (centro-derecha), ya que aunque el principal implicado del vídeo policial fuera afiliado de su partido, el bloque no gobernó en Carcasona hasta la victoria en las municipales del pasado marzo.

Anteriormente, en un comunicado emitido por la mañana, el Ayuntamiento había aducido también que las grabaciones procedían de una cámara sustraída y que eso sembraba dudas sobre su recuperación.

De “absolutamente inaceptables” tachó los comentarios la ministra delegada de Igualdad, Aurore Bergé, quien en declaraciones a la radio RMC este miércoles sostuvo que constituyen un delito.

Por otro lado, Carole Delga, la presidenta socialista de la región de Occitania, donde se encuentra Carcasona, manifestó sentir “vergüenza” y pidió que se adopten sanciones porque llevar uniforme es “servir a la República, no ensuciarla”.

“Así sería una Francia gobernada por el RN. Odio desinhibido y fomentado, incluso allí donde se espera justicia y seguridad”, criticó por su parte el ex primer ministro Gabriel Attal, uno de los candidatos centristas a suceder a Macron en el Elíseo en 2027.

“Hay un tío que se pinta las uñas y que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea maricón encubierto, que es rojo, que vota socialismo, no voy a decir su nombre. Y 'elle', vamos a llamarle 'elle' para que esté contento, 'elle' ha parado a Vinicius solo”. Estas palabras fue las que usó el creador de contenido Iñaki Angulo, que cuenta con más de 600.000 suscriptores en un canal dedicado al Real Madrid en YouTube y Twitch, para describir el partido que jugó el viernes Hector Bellerín, futbolista del Betis, contra el club blanco y que se saldó con derrota de los de José Mourinho.

Los comentarios, claramente homófobos, no terminaron aquí. “Ese que se pinta las uñas, que quiere moros en todos los sitios menos en su casa, que solo lee libros de mujeres... y que, insisto, se pinta las uñas. Ese tío, tres años antes, va Vinicius y, sin bajarse del autobús, le provoca una amarilla que no hubieran sacado, la fuerza un penalti y se lo come”, prosigue Angulo que también aprovechó para cargar contra Vinicius. “Veía ir a ‘elle’ contra Vinicius y no sabía quién era el maricón”, aseguró.

Ante estas palabras y el revuelo generado a lo largo de la jornada del sábado, la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, que también preparó una querella contra la Federación de Fútbol y Pérez Llorca por el regalo de entradas para la final del Mundial, ha anunciado que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el youtuber.

El responsable de esta entidad, Miguel Galán, ha explicado a través de su cuenta de X que las expresiones de Ángulo contra Bellerín podrían constituir un “presunto delito de odio”. “La jurisprudencia es clara. El Tribunal Supremo ha declarado que el término ‘maricón’ incorpora objetivamente una connotación de menosprecio vinculada a la orientación sexual, ‘expresión de homofobia’ frente a las injurias con agravante de discriminación”, detalla.

Según Galán, al haberse difundido por internet estas declaraciones “ante una audiencia masiva” se trata de “un delito público, perseguible de oficio”. “La libertad de expresión no ampara el discurso de odio”, continúa el responsable de esta asociación que señala que podría constituir un delito de odio con una condena de prisión de seis meses a dos años y multa.

Horas antes de conocerse esta denuncia, una de las voces más relevantes que se pronunciaron contra las palabras de Iñaki Ángulo fue el futbolista Borja Iglesias. Excompañero de Bellerín y jugador del Celta de Vigo aseguró que las declaraciones del youtuber son una “barbaridad” y una “vergüenza”: “Lo que estoy seguro es que no es la primera vez que suelta burradas de este estilo”

Ante el revuelo generado y antes incluso del anuncio de la denuncia, Iñaki Angulo grabó un vídeo en sus redes sociales para disculparse, aunque a su manera. Sin mencionar ni una sola vez a Bellerín o a Vinicius, afirmó que estaba “avergonzado” y pidió perdón “a todo el mundo que se haya podido sentir ofendido” o “si alguien se ha dado por aludido”.

Tras repetir esta frase unas cuatro veces en un vídeo de poco menos de tres minutos, detalló que ha borrado las partes de su directo con estos ataques homófobos. El youtuber enmarcó sus insultos homófobos a “un contexto muy particular que intenta ser gracioso y que tiene de todo menos gracia”.

“Fue un error en un contexto de mucha frustración que vivimos ahora”, detalló al tiempo que apuntó que “no quería hacer daño a nadie”. “Derrapé, se me fue, no pienso nada de lo que digo. Es ofensivo. Toca aprender y reflexionar y asumir las críticas que puedan venir”, concluyó.

La festividad de San Tiburcio en el municipio cántabro de El Astillero se ha visto empañada por un episodio de violencia homófoba. Un joven llamado Erix ha denunciado ante la Guardia Civil de Suances haber sido víctima de una agresión, primeramente verbal y posteriormente física, la madrugada del viernes al sábado, alrededor de las 04:00 horas, cuando se retiraba del lugar junto a una amiga.

Según el relato de la víctima, los hechos comenzaron cuando un joven de entre 17 y 19 años le pidió un cigarrillo. Tras entregárselo, otros integrantes del grupo reprocharon al individuo que le pidiera tabaco, señalando que este era “homófobo”. Seguidamente, el propio joven reconoció que lo era porque en su casa lo habían criado así y que “así tienen que ser las cosas”. “Muchísimas gracias por el cigarro, pero soy homófobo porque en mi casa me han criado así”, fue la frase exacta que relata haber escuchado el agredido.

Erix y su amiga intentaron alejarse hacia su domicilio para evitar el conflicto, pero parte del grupo comenzó a lanzarles insultos homófobos como “maricón”. La joven se giró para recriminarles su actitud y, de inmediato, cuatro jóvenes se abalanzaron sobre Erix. Aunque logró repelerlos inicialmente mediante empujones, un quinto individuo no identificado le roció directamente espray de pimienta en los ojos.

El uso del gas irritante, sumado a que la víctima llevaba lentillas, le provocó una quimosis e intensa quemadura que se prolongó durante más de tres horas. Fue auxiliado de inmediato por su amiga y por un joven marroquí que se encontraba en la zona. Este último colaboró activamente buscando botellas de agua para tratar de calmar la irritación ocular y, posteriormente, acompañándolos al centro de salud.

Tras recibir la primera asistencia por parte de la Policía Local —quienes tomaron nota de lo ocurrido y abandonaron el lugar— y ser atendido en el servicio médico de El Astillero, el agredido fue derivado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, para descartar lesiones oculares graves. Al día siguiente, formalizó la denuncia ante la Guardia Civil de Suances.

En los días posteriores, se han difundido bulos por redes sociales atribuyendo la agresión a un grupo de origen magrebí. La víctima ha desmentido tajantemente estas informaciones: “Es completamente falso, era un grupo de españoles. Para más inri, el único chaval que me ayudó era marroquí”.

La investigación para identificar a los responsables continúa abierta a cargo de las fuerzas de seguridad, aunque se ve dificultada por la falta de cámaras de videovigilancia en el punto donde ocurrieron los hechos. Por ello, se ha solicitado la colaboración ciudadana.

Por su parte, Erix ha agradecido el apoyo recibido por parte de la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de El Astillero, que han emitido un comunicado conjunto manifestando su condena absoluta y señalando que ante estos actos no se puede mirar hacia otro lado. Asimismo, la asociación ALEGA (Asociación de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales de Cantabria) ha contactado con el agredido para ofrecerle asistencia legal y psicológica.

Finalmente, el joven destaca el respaldo masivo recibido: “Un montón de gente se ha volcado, tanto amigos y familiares como personas que no conozco, para darme su apoyo y, sobre todo, para dar visibilidad al tema, que es lo más importante a día de hoy”.

Un joven ha denunciado ser víctima de una agresión homófoba ocurrida esta madrugada durante la primera jornada de las fiestas de San Tiburcio de El Astillero, hecho que han condenado “rotundamente” desde la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento en un comunicado conjunto difundido en redes sociales.

Según fuentes consultadas por Europa Press, la víctima habría recibido comentarios homófobos que habría contestado, tras lo cual, le habrían rociado con gas pimienta.

La Comisión de Fiestas, organizadora de los eventos, ha condenado este ataque “absolutamente incompatible con los valores de convivencia, respeto y diversidad” que quiere para la festividad y el municipio, y ha traslado todo “su apoyo y cariño” al joven agredido, así como “un fuerte abrazo ante una situación tan dolorosa e injusta”.

Tanto la Comisión como el Consistorio han hecho un llamamiento a la ciudadanía para mostrar “un rechazo unánime” frente a cualquier manifestación de odio o discriminación.

“Lamentablemente, ese tipo de hechos siguen produciéndose, especialmente en espacios de ocio que deberían ser lugares seguros para todas las personas”, han manifestado. En este sentido, han aseverado que “nada justifica una agresión homófoba” y que “no se puede normalizar ni mirar hacia otro lado ante estos comportamientos”.

Por último, ambos han abogado por que las calles y las fiestas “deben ser espacios seguros”, donde todas las personas “puedan disfrutar con libertad, dignidad y seguridad, independientemente de su orientación sexual o identidad”. “Ningún delito de odio debe quedar impune”, han concluido. Las fiestas de San Tiburcio comenzaron este viernes y concluirán este domingo.

La Policia Nacional ha detingut un home a Palma per suposadament assetjar, insultar i amenaçar-ne un altre per la seva orientació sexual.

Segons ha indicat la Prefectura en un comunicat, al voltant de les 11.30 hores del passat dimecres, agents del Grup d'Atenció al Ciutadà (GAC) de la Policia Nacional van ser requerits pel 091 perquè es dirigissin a un establiment situat al districte Oest, on segons el requeridor era víctima d'amenaces i insults per part d'un home.

Un cop al lloc, diverses patrulles del GAC es van entrevistar amb un home que regenta un local i que va explicar als agents que des del passat mes de febrer era víctima d'insults i amenaces per part d'un home d'avançada edat. L'home es personava a les portes del seu negoci proferint insults i amenaces contra ell per la seva orientació sexual.

El jove va mostrar les denúncies interposades contra aquesta persona, afegint que en un primer moment el presumpte autor únicament li insultava per la seva orientació sexual, encara que en els últims mesos s'havia tornat més agressiu, amenaçant-lo i intentant accedir per la força al negoci.

El jove va mostrar un vídeo en què s'observava el presumpte autor al negoci amenaçant-lo i dient-li “quan et vegi al carrer et mataré, quan surtis et rebentaré...”, tot acompanyat d'insults homòfobs.

Mentre una patrulla realitzava les gestions amb la víctima, una altra patrulla va fer diverses batudes pels carrers adjacents al local, localitzant un home les característiques del qual coincidia amb les del presumpte autor, per la qual cosa va ser interceptat en aquell moment.

Els agents van interrogar el presumpte autor sobre els fets informats i denunciats pel jove, negant en tot moment aquest la seva autoria. Finalment, un cop identificat, els agents el van arrestar com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces, un delicte d'odi i contra la llibertat de les persones, per ser després traslladat fins a dependències policials.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Palma por supuestamente acosar, insultar y amenazar a otro por su orientación sexual.

Según ha indicado la Jefatura en un comunicado, sobre las 11.30 horas del pasado miércoles, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policial Nacional fueron requeridos por el 091 para que se dirigieran a un establecimiento situado en el distrito Oeste, donde según el requirente estaba siendo víctima de amenazas e insultos por parte de un varón.

Una vez en el lugar varias patrullas del GAC se entrevistaron con un varón que regenta un local y que explicó a los agentes que desde el pasado mes de febrero estaba siendo víctima de insultos y amenazas por parte de un varón de avanzada edad. El hombre se personaba en las puertas de su negocio profiriendo insultos y amenazas contra él por su orientación sexual.

El joven mostró las denuncias interpuesta contra esta persona, añadiendo que en un primer momento el presunto autor únicamente le insultaba por su orientación sexual, aunque en los últimos meses se había vuelto más agresivo, amenazándole y tratando de acceder por la fuerza al negocio.

El joven mostró un video en el que se observaba al presunto autor en el negocio amenazándole y diciéndole “cuando te vea en la calle te voy a matar, cuando salgas te voy reventar...”, todo acompañado de insultos homófobos.

Mientras una patrulla realizaba las gestiones con la víctima, otra patrulla dio varias batidas por las calle adyacentes al local, localizando a un varón cuyas características coincidían con las del presunto autor por lo que fue interceptado en ese momento.

Los agentes interrogaron al presunto autor sobre los hechos informados y denunciados por el joven, negando en todo momento este su autoría. Finalmente una vez identificado, los agentes lo arrestaron como presunto autor de un delito de amenazas, un delito de odio y contra la libertad de las personas, para ser después trasladado hasta dependencias policiales.

Varias jóvenes de 14 años han denunciado este fin de semana una agresión homófoba en Benialí (Alicante). Según ha publicado Levante-EMV, tres jóvenes de entre 17 y 16 años agredieron a un grupo de cinco chicas durante las fiestas locales, al percatarse de que dos eran pareja.

Las jóvenes sufrieron varias heridas y acudieron con sus familiares a la Guardia Civil a interponer la denuncia. Según relata el entorno de las menores al citado diario, los tres chicos las increparon a gritos de “bolleras”, “mariconas” o “viva Franco”. Las menores respondieron, como también un vecino de la zona, pero cuando este se ausentó comenzó la agresión física.

Los vecinos se han concentrado este domingo contra la agresión, y el Ayuntamiento de Vall de Gallinera, al que pertenece Benialí, ha emitido un comunicado en el que “traslada todo nuestro apoyo y solidaridad a las personas que hayan podido sufrir estas actitudes, y reafirmamos nuestro compromiso con una Vall de Gallinera diversa, inclusiva, respetuosa y libre de LGTBIfobia”.

Un tribunal de A Coruña ha condenado a un año de cárcel y al pago de una multa de 240 euros a un hombre que amenazó y tocó los pechos a una mujer que paseaba con su compañera sentimental por un parque de la ciudad. El magistrado aplica una agravante de discriminación por orientación sexual en el caso, dado que concluye que el condenado intuyó “por el aspecto o el comportamiento que entre sí desplegaban las dos mujeres, que la orientación de ambas era homosexual” y exteriorizó su aversión personal, tras lo que agarró los pechos de una de ellas y dijo: “Vete de aquí, que te huele la boca a coño” y “qué pena que no te huela a polla”.

La sentencia, de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de A Coruña, plaza 3, considera probado que, el 23 de noviembre de 2024, hacia las 20.00 horas, la víctima y su pareja paseaban con unos perros en el Parque Europa de A Coruña. Pasaron cerca de un grupo de tres personas que bebían cerveza en un banco y una de ellas (el acusado) las increpó por llevar allí a los animales. Añade que el hombre se fue enfureciendo y, “con sus facultades disminuidas por los efectos del alcohol”, les dijo que las iba a apuñalar a ellas y a los perros.

El juez da por acreditado que el hombre percibió la orientación homosexual de las mujeres, manifestó su rechazo y agarró los pechos de una de ellas mientras la empujaba y profería expresiones homófobas. La versión del acusado, añade la sentencia, quedó “desvirtuada” por la coherencia de los testimonios de la víctima y su pareja y por la falta de credibilidad del testigo que le era favorable al sospechoso.

El juez considera que el hombre cometió un delito leve de amenazas, por el que impone una multa de 240 euros, y otro de agresión sexual, por lo que lo condena a un año de prisión. Aplica la atenuante de embriaguez y la agravante de discriminación homófoba. La sentencia, contra la que cabe recurso, también le prohíbe al hombre comunicarse con la víctima o acercarse a menos de 300 metros durante tres años y el pago de una indemnización de 3.000 euros por el daño moral.

“Oriol, ¿cómo te lo hiciste para explicar a tus padres que eres gay?”. Con esta pregunta homófoba ha respondido el concejal y portavoz de Vox en Sant Cugat (Barcelona), Jordi Guirado, a un usuario de Instagram.

No ha sido el único insulto homófobo. Guirado se ha enzarzado con varios usuarios que le han hecho comentarios contra la selección en una publicación en la que el cargo público reprochaba al Ayuntamiento de Sant Cugat, de Junts, que no haya instalado una pantalla gigante para seguir la final del Mundial.

Con frases tipo “Menudo Marlaskón estás hecho” o “¿Desde cuando empezó usted a notar la tendencia homosexual que tiene?”, Guirado ha ido respondiendo a diversos usuarios en su red social.

Guirado también ha frivolizado con la salud mental al recomendar a otros usuarios que doblaran la medicación. Este periódico se ha puesto en contacto con Vox para ofrecer la posibilidad de comentar esta publicación pero no ha obtenido respuesta.

Los primeros insultos homófobos fueron escritos durante la madrugada del sábado. El domingo por la mañana, las respuestas del concejal a los comentarios contra su publicación ya cambiaron de tono: “¡Muchas gracias por su apoyo, feliz fin de semana!”, contestó a diversos usuarios.

El grupo musical Maruxak ha denunciado haber sufrido “una agresión homófoba” en Pamplona el pasado 7 de julio durante las fiestas de San Fermín. “Estas agresiones siguen existiendo y son reales”, han lamentado a través de un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

En el escrito, el grupo explica que en la madrugada del 7 de julio, “hacia las tres de la mañana”, dos hombres comenzaron a “molestar” a las integrantes del grupo y a otras dos personas a grito de “putos maricones”. Además, según añaden les lanzaron “botellas de cristal”.

Cierran el comunicado haciendo un llamamiento a “crear espacios seguros”. “Está en nuestras manos”, aseguran. “Vamos a cuidarnos entre nosotras”.

Maruxak es un grupo travesti fundado en Pamplona en el año 2019 conocido por sus espectáculos en los que combinan el folclore con géneros como el pop y el techno. Está compuesto por ocho artistas y en el año 2024 actuaron en los conciertos de los Sanfermines organizados por el Ayuntamiento de Pamplona.

Las calles de Madrid han vuelto a llenarse este sábado con motivo del Orgullo LGTBI. A pesar del calor, la multitudinaria manifestación ha sacado de casa a decenas de miles de personas —un millón, según los organizadores— que desde primera hora de la tarde ya se agolpaban en el paseo que separa Atocha de Colón, donde ha culminado pasadas las 21.00 horas. Banderas arcoíris, pancartas, música y un ambiente que acostumbra a mezclar lo festivo y reivindicativo convierten la cita en toda una declaración de intenciones frente a la ola reaccionaria global que amenaza los derechos LGTBI.

Bajo el lema “¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia”, la manifestación ha empezado a andar pasadas las 19.00 de la tarde. En la pancarta de cabecera caminaban Paula Iglesias y Ronny de la Cruz, presidentes de la Federación Estatal LGTBI+ y de COGAM, junto a figuras como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la ministra de Sanidad, Mónica García, la comisionada de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán, el ministro Óscar López y personalidades LGTBI de diferentes partidos, entre ellos Víctor Gutiérrez, del PSOE, o Carla Antonelli, de Más Madrid.

La cantante Zahara o el actor Raúl Tejón también encabezaban la protesta en una edición en la que, tras los bloques de las organizaciones en defensa de los derechos LGTBI marchaban un total de 47 carrozas, algunas de empresas, también de partidos políticos y otras de distintos colectivos sociales.

Antes, los colectivos que cada año organizan la protesta han querido dejar claras las intenciones: “Los derechos no están grabados en piedra y no vamos a permitir que nos los quiten”, ha dicho Ronny de la Cruz, presidente de COGAM, poco antes del inicio de la marcha.

El activista ha recordado que el Orgullo “nació para ser incómodo y molestar” y ha afeado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, su “falta de respeto” hacia la movilización. “Es increíble e insoportable. Un año más nos ha decepcionado con su campaña institucional. Le pedimos a él y a todas las fuerzas que aspiran a gobernar el Ayuntamiento que el año que viene convoque acto institucional oficial”.

Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, ha afeado al Partido Popular su abstención a la ley que convierte en delito las terapias de conversión. “Demuestra de qué lado de la historia está”, ha apuntado la activista, que ha afirmado que la sociedad española “va a frenar el odio” que, a su juicio, enarbola la ola reaccionaria global. “Hoy vamos a llenar las calles de Madrid para seguir reivindicando nuestros derechos y celebrando nuestra existencia porque celebrarla es también un acto revolucionario”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha criticado al Partido Popular que no haya votado a favor de ninguna de las leyes estatales en materia LGTBI que se han tramitado desde hace dos décadas: “Que no nos engañen, aquí ha habido quienes desde el primer momento hemos votado leyes que reconocen derechos y quienes siempre han votado en contra y han recurrido al Tribunal Constitucional todos los avances”, ha afirmado antes de comenzar la manifestación en Madrid.

La titular de Igualdad ha reivindicado la cita como “una gran fiesta de la ciudadanía” y ha celebrado que España haya sido elegida por la asociación internacional ILGA como el mejor país europeo para las personas LGTBI. “Hoy celebramos lo que somos: un país diverso e inclusivo”, ha dicho recordando que “venimos de una dictadura” en la que las leyes perseguían a las personas homosexuales y trans.

Con el “A quien le importa” de Alaska, la marcha ha partido pasadas las 19.00 horas de su punto de inicio, donde cientos de personas abarrotan los márgenes de la riada arcoíris en la que cada año se convierte la cita.

Tras la pancarta de cabecera, decenas de colectivos, organizaciones, sindicatos, partidos políticos y personas a título individual venidas de toda España marchan por los derechos LGTBI. Entre ellos está Andrés, un chico de 25 años que ha venido desde Burgos específicamente para asistir al Orgullo: “A defender nuestros derechos”, dice tajante. “Aquí en Madrid es diferente, pero en España hay muchas ciudades y pueblos en los que no se puede vivir con la misma libertad”, asegura.

Irina, Camila y Lisa han venido al Orgullo porque consideran que el colectivo LGTBI sufre aún altas tasas de rechazo y discriminación. “Sigue habiendo acoso, lesbofobia y transfobia”, señala Irina, que se define como bisexual y pansexual. La joven lamenta que la ultraderecha “esté yendo contra las personas migrantes” y cree que ese es motivo también para estar aquí: “Todas las diversidades están incluidas en esta bandera”, afirma señalando a la insignia arcoíris con la que ha venido.

Frente a ola que amenaza los derechos LGTBI asegura que “no vamos a dejar que nos digan cómo tenemos que ser” y pronostica que el colectivo LGTBI “seguirá luchando y gritando”. En este contexto, le preocupan especialmente los niños y niñas, que, asegura, “deben poder crecer con libertad”.

“Queremos ser libres y con derechos”, dice su amiga Camila, que lleva los colores de la bandera arcoíris pintada en ambas mejillas. La joven ha salido este sábado al Orgullo “para expresar cómo soy” y “sentirme libre por mi forma de ser”, sostiene.

La variedad de organizaciones y colectivos que marchan en el Orgullo es seña de identidad de la movilización, convertida en una expresión de diversidad. Entre ellos está la Comunidad Cristiana LGTBI de Madrid (Crismhom), que lleva una pancarta propia que reza “20 años de fe, Orgullo y comunidad”.

Los miembros del grupo entonan lemas y portan pancartas que defienden la convivencia entre la religión y la identidad LGTBI y reclaman derechos en la Iglesia Católica: “Ames a quien ames, Dios te ama”, “Jesús nunca excluyó a nadie” o “La Iglesia también es LGTBI”, claman.

En otra zona de la manifestación, Susana y Angy son amigas y han venido por primera vez al Orgullo de Madrid, al que conocen por “ser uno de los más importantes del mundo”. Ellas son colombianas y nunca antes habían tenido la oportunidad de asistir: “Hay que estar en la calle para defender nuestros derechos. Es lindo ver cómo miles de personas salen para mostrar su diversidad”, apunta la primera mientras mira a su alrededor.

Como para ellas, para muchas personas, esta es la primera movilización LGTBI a la que asisten. Otras llevan ya décadas marchando en una protesta que por primera vez salió a las calles de Barcelona en 1977, con una España recién salida de la dictadura. “Desde hace casi 50 años hay personas que han decidido salir a las calles para dejar de ser discriminadas y apaleadas. Un día más, volvemos a salir recordando su valentía y recogemos y ampliamos sus reivindicaciones”, ha mencionado Ronny de la Cruz, presidente de COGAM, poco antes de que diera comienzo la movilización.

Niños, niñas y familias LGTBI también se manifiestan en este Orgullo para reivindicar igualdad real. “Mi familia es igual aunque tenga dos mamás”, claman los integrantes de Galehi, la Asociación de Familias LGTBI.

Marian y Almudena tienen dos mellizos de ocho años que corretean a su alrededor. “Los derechos cuesta mucho conseguirlos y es muy fácil que nos los quiten”, dice la primera, que alude al “auge de la extrema derecha” y al riesgo de la situación actual. “Con el odio que están generando es muy fácil que alguien nos diga que no somos una familia, cuando somos una como otra cualquiera”.

Almudena coincide y asegura que salir a la calle sigue siendo necesario porque “hay gente que quiere que volvamos a perder derechos y eso no se puede consentir”. “Para dar voz a todo eso estamos aquí”, zanja.

Entre los asistentes al Orgullo hay una inmensa mayoría de personas LGTBI pero también las hay que no pertenecen al colectivo pero ven importante estar aquí. Es el caso de Blanca y Juan, que tienen dos hijos de 9 y 11 años y han venido desde Almería para enseñarles lo que es. “En casa trabajamos mucho la diversidad, que está bien que cada uno pueda ser lo que quiera o vestirse como desee. Hay cosas que les llaman la atención y preguntan y yo creo que es importante que tomen conciencia de estos temas”, afirma Blanca.

Leticia es una de las miembros de la batucada Batuka Tuka, que ha venido desde Palencia para animar la manifestación. La mujer reconoce la importancia del Orgullo por “la diversidad que representa” y lo ve especialmente necesario en “zonas vaciadas” como las que hay en Castilla y León. Leticia no pertenece al colectivo, pero ha venido para “apoyar al movimiento”.

“Mientras dependa de la suerte, hay que seguir viniendo”. Con esas palabras explica Daniel las razones que hay detrás de haber asistido en familia al Orgullo este año. Pero el motivo principal se llama Yeray y es su hijo de 19 años, que es trans. “Es necesario desde el momento en que no pueden vivir con la normalidad de otras personas”, explica. Su hijo, dice, “está teniendo suerte en su día a día”, pero “me fastidia tener que hablar de suerte”. “Al final sus derechos dependen mucho de con quién se encuentran y mientras dependa de eso hay que seguir visibilizando”, sostiene con una camiseta que reza “Los derechos trans son derechos humanos”.

Finalmente, a su llegada a la plaza de Colón, el manifiesto leído por los colectivos organizadores ha apuntado contra la “ola reaccionaria” y ha defendido que, frente a ella, la comunidad LGTBI no mostrará “ni miedo ni silencio”.

“Vivimos un momento decisivo. Nos encontramos ante una ofensiva organizada contra nuestros derechos”, han afirmado al tiempo que denuncian que la ofensiva ultra “cuestiona nuestras identidades” y “nos señala como amenazas”. “Quieren devolvernos al armario, pero respondemos con Orgullo. Frente al odio respondemos con memoria y resistencia. Porque nuestros derechos son derechos humanos y no se negocian”, han clamado.

Las razones para visibilizarse y reivindicar este Orgullo han cristalizado en varios informes publicados en las últimas semanas. Aunque las encuestas apuntan a altos niveles de aceptación al colectivo LGTBI en España, conviven con rechazo y discriminación. Es algo de lo que son conscientes quienes pertenecen al colectivo, pero no solo: un 75% de la población ha presenciado ataques físicos y verbales hacia ellos, según el CIS. Según el informe 'Estado del Odio 2026', los avances en derechos caminan paralelamente al rechazo, que en los últimos años ha encontrado “grietas por las que calar en la sociedad”. El sondeo reveló que el 54% de las personas LGTBI habían sufrido discriminación o rechazo en el último año.

Es “un guion reaccionario” que se pensaba superado. Así define ILGA Mundo, la mayor organización LGTBI a nivel global, la ofensiva contra los derechos de gays, bisexuales, lesbianas y trans que la ultraderecha ha desplegado en los últimos años y que está teniendo éxito en diferentes ámbitos. Si bien durante años el ascenso de este discurso fue visto como una amenaza, los retrocesos se palpan ya y se concretan en un patrón común replicado en varios países.

Con la vista puesta en ello, el movimiento LGTBI ha salido a la calle este Orgullo en todo el mundo para reivindicar sus derechos. En España, el colofón a las manifestaciones críticas y las organizadas en decenas de pueblos y ciudades desde el 28 de junio será este sábado en Madrid, en la marcha estatal que reúne a gente de todo el país y que este año llevará por lema “¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia”.

ILGA monitorea desde hace casi cinco décadas el estado de los derechos LGTBI en el mundo y en sus últimos análisis advierte de que, tras una época marcada por los avances y la consolidación de libertades, surgen intentos coordinados de ponerles freno. “Cada vez más, los líderes y movimientos autoritarios intentan controlar lo que ocurre con nuestros cuerpos y cómo nos movemos por el mundo. Después de décadas en las que se reconocieron de manera decisiva las vidas de las personas queer, el avance está desacelerándose y, en algunos países, incluso retrocediendo”, explica la directora ejecutiva de la asociación, Julia Ehrt.

En 2025, el número de países que consideran delito ser homosexual aumentó por primera vez en una década: mientras Santa Lucía derogó la legislación que penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo, Níger y Burkina Faso las aprobaron por primera vez en su historia. Además, Trinidad y Tobago revirtió el dictamen de 2018 que despenalizaba la homosexualidad y volvió a declararla ilegal. En 1990, el año en que la OMS dejó de clasificarla como enfermedad, 114 países miembros de la ONU la criminalizaban, ahora son 65, uno más que un año antes.

La inclusión de las identidades LGTBI en el Código Penal es la punta del iceberg y se entrelaza con la reacción a los avances en países de Europa, América Latina y Estados Unidos, en los que la extrema derecha aumenta su poder e influencia social y política. A pesar de que las legislaciones que reconocen derechos no se han detenido, ILGA apunta a un contexto internacional que camina “a dos velocidades”, con territorios que avanzan y otros que frenan en seco.

La hoja de ruta

La estrategia, sin embargo, ya no es la de cuestionar explícitamente la homosexualidad. En sociedades con altos niveles de aceptación social, el modus operandi es otro: las organizaciones internacionales describen una hoja de ruta que tiene que ver con “desplazar el debate de la igualdad” hacia la “protección de los menores” o los “valores familiares” presentando como amenaza, por ejemplo, la educación en diversidad. Estas políticas y discursos suelen limitar la visibilidad pública del colectivo, restringir el reconocimiento legal o familiar y presentar las leyes LGTBI como un producto de la agenda ideológica de la izquierda.

“En los gobiernos que han cambiado de posición hacia la ultraderecha hemos visto este tipo de iniciativas. Ya no son tan directas, pero tienen consecuencias. La tendencia es sembrar desconfianza, usar informaciones falsas contra la evidencia científica y difundir narrativas que buscan atacar la educación sexual argumentando que lo que induce es a la manipulación o que busca sexualizar a los niños”, explica desde Colombia Cristina Rosero, abogada del Centro de Derechos Reproductivos en su filial en América Latina.

La experta reconoce que tras la victoria del ultra Abelardo de la Espriella en Colombia, el último país en sumarse a la lista de los ganados por la ultraderecha, hay “preocupación” por lo que puede venir. “Ha hecho declaraciones en las que parece inclinarse por limitar derechos. En su programa no hay ninguna iniciativa relacionada con prevenir la homofobia y la transfobia o mejorar la vida de las personas LGTBI, pero además ha afirmado su intención de retirar a Colombia de los espacios regionales de derechos humanos que son clave. Estaremos vigilantes”, señala.

En Chile, el ultraconservador José Antonio Kast no tardó ni un mes desde que asumió la presidencia en tomar una decisión en este sentido: decidió no respaldar la declaración de derechos LGTBI de la Organización de Estados Americanos (OEA). En Argentina, Javier Milei ha impulsado reformas en la pionera Ley de Identidad de Género con el objetivo de vetar los tratamientos —habitualmente bloqueadores hormonales— que suelen utilizar los adolescentes trans. ILGA advierte de un “empeoramiento de las condiciones de vida” de las personas LGTBI en el país. Además, Nayib Bukele prohibió a finales de 2025 el uso de la “x”, la “e” o el “todos y todas” en las escuelas.

Si hay un colectivo que se ha convertido en foco recurrente del discurso y las iniciativas de la extrema derecha es el de las personas trans, a las que “se ataca obsesivamente con los mismos argumentos trillados que se utilizaron contra lesbianas, gays y bisexuales durante décadas”, apunta Julia Ehrt. En Reino Unido, el Tribunal Supremo ha dictado que las mujeres trans no entran en la categoría legal de “mujer” y en Hungría, el expresidente Víktor Orban vetó el reconocimiento legal del género. En Portugal, los partidos de derechas junto a los ultras de Chega han iniciado los trámites para recortar la ley trans del país.

Leyes que se reproducen

Paradigmática es la situación en Estados Unidos, donde “un número sin precedentes de leyes antitrans se están considerando en todo el país”, apunta ILGA. La Corte Suprema ha decidido avalar que los nuevos pasaportes muestren el sexo asignado al nacer y el pasado marzo anuló la prohibición de las terapias de conversión en menores. Según Amnistía Internacional, durante el segundo mandato de Donald Trump se presentaron 616 proyectos de ley antiLGTBI, de los cuales 74 fueron aprobados. El presidente, además, ha firmado órdenes destinadas a “restablecer la verdad biológica”, definiendo el sexo como “una clasificación inmutable: hombre o mujer” y ha recortado programas gubernamentales de atención a personas LGTBI.

Los límites a la visibilidad LGTBI en el espacio público son otra de las puntas de lanza de la ofensiva. Su máxima expresión son las llamadas “leyes antipropaganda” que, a imitación de la rusa, rigen en Hungría y recientemente se han aprobado en países como Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Eslovaquia, Georgia, Kazajistán y Rumania. La presión se incrementa en otros países como Italia, Francia y Alemania, donde los programas de educación sobre igualdad y diversidad “han sido cuestionados públicamente o restringidos”, señala la organización en su último informe anual.

En España, el discurso de Vox también se ha centrado en criminalizar la formación LGTBI en las aulas y en intentar vetar, en ocasiones con la aquiescencia del PP, los símbolos arcoíris y actos públicos. Los recortes de las leyes LGTBI y Trans en la Comunidad Valenciana y en Madrid se han producido en un escenario marcado por los pactos entre las derechas —el último, en Andalucía, no menciona al colectivo LGTBI—, que en ocasiones han arrastrado a los populares en la batalla ideológica en la que la ultraderecha enmarca este tipo de normas. Tanto Vox como el PP mantienen recurrida en el Tribunal Constitucional la Ley Trans y han prometido que la derogarán si gobiernan.

Sin embargo, el retroceso no es solo cosa de legislación y se filtra más allá. Según el informe que acaba de hacer público la consultora LLYC con motivo del Orgullo, el apoyo público a la diversidad ha sufrido “un repliegue general”. Tras analizar 15 millones de noticias, 202 millones de mensajes en X y contenidos de 12 países, el trabajo concluye que la cobertura mediática sobre temas LGTBI ha caído a un ritmo del 10% trimestral desde 2023. Además, desde entonces, las empresas que cuentan con políticas de inclusión son un tercio menos y los mensajes en X de apoyo al colectivo se han reducido a la mitad. Por el contrario, el discurso de odio digital, afirma la consultora, “se ha disparado” un 38%.