Una delegación del PSOE de La Rioja, con el Secretario General Javier García al frente, ha mantenido una reunión de trabajo con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva. En este encuentro se han abordado asuntos del máximo interés para La Rioja, como la trascendencia de las políticas europeas y de los fondos europeos, el futuro presupuesto de la Unión y el ‘efecto frontera’.

Javier García ha trasladado, además, a Ribera cuestiones como “la enorme importancia del sector primario para La Rioja”. El Secretario General del PSOE también ha compartido con Teresa Ribera “que La Rioja es una comunidad profundamente europeísta y que comparte todos y cada uno de los valores fundacionales de la Unión”.

Además, han podido comprobar los “efectos extraordinariamente positivos que los fondos europeos han tenido en nuestra tierra, fondos impulsados por el presidente Pedro Sánchez en Bruselas y que han sido cruciales para mantener el crecimiento en los momentos más delicados de la pandemia y en los años posteriores”. Y fondos “que el PP intentó boicotear”.

Así, Javier García ha recordado que a La Rioja “se le han asignado ya 555 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, fondos que, además, se captaron en su inmensa mayoría en el mandato anterior, con un gobierno regional del Partido Socialista”. Todo esto afecta a “un amplio abanico de actuaciones, como las infraestructuras, la movilidad sostenible, la industrialización, el modelo energético, la cohesión territorial, la digitalización, el comercio, la cultura o el fortalecimiento del estado del bienestar”.

El líder de los socialistas riojanos ha destacado, dentro de esos 555 millones asignados, actuaciones como “los 32,7 millones para la variante de Rincón de Soto, los 33,8 millones para la economía social y los cuidados o los más de 48 millones de euros para los planes de sostenibilidad turística”.

Y si hablamos de regadíos, García ha recordado que a La Rioja han llegado “37,5 millones de euros que benefician a más de 13.600 hectáreas que verán mejorada su eficiencia y sostenibilidad”. A todo esto “debemos añadir fondos para impulsar el entorno rural, la rehabilitación de edificios públicos o el fomento del autoconsumo”.

Marco financiero plurianual y ‘efecto frontera’ Javier García y Teresa Ribera han abordado, además, las prioridades del próximo marco financiero plurianual de la Unión, que se extenderá de 2028 a 2034. García le ha trasladado a Ribera “que las regiones no pierdan protagonismo en este marco financiero, evitando la recentralización de los fondos europeos”. Y es que hay corrientes en Bruselas “que proponen que los fondos europeos los gestionen directamente los Estados miembros, restando peso a las regiones”.

García le ha expuesto a Ribera que “nosotros, desde el PSOE de La Rioja, defendemos el Principio de Subsidiariedad”. Lo que queremos es que el nuevo Marco Financiero “mantenga la gestión regionalizada de los fondos de Cohesión y que estos no se vean recortados por las nuevas prioridades de Defensa o Seguridad europea”.

Y otra cuestión que se ha abordado en esta reunión es el ‘efecto frontera’ que La Rioja padece con respecto a País Vasco y Navarra, ya que Teresa Ribera tiene la cartera de Competencia en la Comisión. Javier García ha recordado que “este asunto tiene que abordarse desde las instituciones europeas”. Aquí, “tendríamos que trabajar como comunidad autónoma para que Europa reconozca una realidad singular para La Rioja en términos similares a los que recoge nuestro Estatuto de Autonomía”. El objetivo “debe ser que se autorice un régimen de excepciones en el ámbito del régimen de ayudas de Estado con el fin de poder impulsar nuestro desarrollo económico e industrial”. En definitiva, “lograr que la Comisión Europea autorice excepciones en las Ayudas de Estado para La Rioja”.

Comité de las regiones

La delegación socialista, además, ha visitado el Comité de las regiones y ha mantenido una serie de sesiones de trabajo con diferentes personalidades. Destaca la reunión con Jordi Harrison, Secretario General del Grupo del Partido Socialista Europeo en el Comité Europeo de las Regiones, y con Carmen Donate, integrante del Comité Económico y Social Europeo.

La agenda del PSOE de La Rioja continúa mañana en Bruselas con encuentros almás alto nivel con el gabinete del Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Christophe Hansen. También, Javier García mantendrá una reunión con Iratxe García, presidenta del grupo parlamentario de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, y con el eurodiputado riojano, César Luena.

El secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, Fran Díaz, ha criticado al presidente de la Diputación de Burgos y presidente del PP provincial, Borja Suárez, por no saber “separar cuestiones personales, mercantiles, políticas e institucionales”. Así lo ha manifestado este lunes desde Burgos, donde ha acudido para mantener una reunión de trabajo con el PSOE de Burgos de cara a las próximas elecciones municipales.

Según desveló hace unos meses elDiario.es, el Ayuntamiento de Burgos adjudicó, entre 2023 y 2025, doce contratos a una empresa propiedad de Borja Suárez, que también es concejal y todavía mantiene ambos cargos como accionista y concejal. Cuando se hizo pública esta contratación, Suárez y la alcaldesa burgalesa, Cristina Ayala (PP), pidieron un informe al secretario municipal que determinó que los contratos eran nulos y que Suárez debió elegir entre el acta o la mercantil.

Además, dos exsocios le acusan de repartirse dinero de la caja B de una empresa de eventos. El PSOE ha pedido en varias ocasiones el cese de Borja Suárez por el escándalo. El Ayuntamiento de Burgos pretende cerrar con un “protocolo” la incompatibilidad y los contratos nulos en los que ha incurrido su concejal, presidente de la Diputación y del PP provincial. Borja Suárez ha culpado a los técnicos muncipales de la situación, porque según él, debieron avisarle de que no podía tener más del 10% de una empresa y recibir contratos municipales, a pesar de que son normativas en vigor desde los años 80.

Fran Díaz ha abogado este lunes por que haya nuevos gobiernos locales y provinciales a partir de las elecciones municipales de 2027 que sean “distintos” al de Borja Suárez, un presidente “que tiene la indignidad de pasear por la comunidad autónoma con un caso de corrupción abierto por su gestión”. También ha reivindicado “escuchar” a los clades y concejales que “se parten la cara día a día” en todos los municipios de Burgos.

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha anunciado que el PSOE regional va a presentar una denuncia ante la Cámara de Cuentas para que se investigue el supuesto uso de fondos públicos por parte del PP, desde el Ayuntamiento de Ciudad Real, para financiar un Congreso europeo en esta ciudad.

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, Abengózar ha señalado que será la Cámara de Cuentas la que determine si ese uso de fondos públicos “se adecúa o no a la ley”, y ha criticado que, de primeras, lo que resulta “muy hipócrita” es la postura que está teniendo el PP, “dejando pasar algo tan importante por estar preocupado por otros asuntos”.

“Al PSOE nos parece que no es lo adecuado”, ha asegurado, incidiendo en “que no está bien que para el beneficio propio de los partidos políticos se utilice el dinero de la ciudadanía”.

Abengózar ha señalado el carácter “hipócrita” de los ‘populares’, que guardan un silencio “absoluto y cómplice” con todo aquello que les va sucediendo, “ya sea este último caso del Ayuntamiento de Ciudad Real, o el de la supuesta financiación a Vox desde los ayuntamientos que el PP gobierna con su socio”.

“Un silencio absoluto ante todo aquello que huele irregular y que viene por parte del PP”, ha criticado.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha criticado el “ruido” y “lío” en distintas materias que, a su juicio, ha provocado en una semana el nuevo Gobierno regional, cuyo seguimiento por parte de la oposición ha defendido: “Los derechos humanos no pueden esperar cien días”.

González Andrade ha respondido así a las críticas del PP por no dar los cien días de cortesía al nuevo Ejecutivo extremeño. “Ni tan siquiera a nosotros se nos había podido ocurrir que pudiese generar tantos problemas en tan poco tiempo”, ha señalado respecto al nuevo Ejecutivo de María Guardiola.

De esta forma, se ha referido a los “líos” que, en su opinión, existen en sanidad, educación, dependencia, en el campo y, “el más gordo”, en el acuerdo de Gobierno PP-Vox. “La presidenta Guardiola tuvo la posibilidad de elegir entre estabilidad y lío, entre moderación y ruido. Y aquí está el lío y aquí está el ruido”, ha expuesto.

Ha mencionado una protesta laboral del servicio de limpieza de los hospitales de Badajoz, que la Junta, ha asegurado González Andrade, dijo que era responsabilidad de la empresa “cuando es concesionaria”, por lo que pide al Gobierno extremeño que revise la concesión.

También se ha referido a la protesta del colectivo de enfermería familiar y comunitaria, sobre el que ha habido, a su juicio, una “discriminación negativa”, sin ofrecerles estabilidad laboral, ha apuntado a la vez que ha lamentado el “deterioro” de la atención primaria y la sanidad en la región.

En materia educativa, ha acusado a la Junta de “crear un problema donde no lo había”, con la supresión de la asignatura de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en Talayuela por “cuestiones ideológicas”, lo que hace “un daño gratuito a una población que ha sido referente multicultural”. En este sentido, ha pedido que se restituya el próximo curso y que la educación sea “inclusiva”.

La protesta de los técnicos de educación infantil (TEI) ante el aumento de ratios de alumnos por profesional, lo que implica, en opinión del portavoz socialista, “recortes” y una “derivación” hacia la educación privada de 0 a 3 años, es otro de los “líos” que ha criticado a la vez que ha defendido “más recursos” para la educación pública.

También ha reprochado a la Junta la bajada de la calificación del sistema de atención a la dependencia en Extremadura en el último año, con una calificación en 2025 de 2,3 puntos sobre 10, frente al 5,3 de 2024, según el Observatorio Estatal de la Dependencia, con 1.313 personas fallecidas en la región en lista de espera.

Asimismo, ha lamentado el “lío” en el campo extremeño, pues, “por primera vez”, los ganaderos extremeños “tendrán que costearse” la vacuna voluntaria contra la lengua azul por “una mala planificación y gestión”, lo que ha pedido sea gratuito. Así, se ha preguntado si la “desregulación” de este Gobierno es dejar a los ganaderos “huérfanos” y si el Ejecutivo “ahorra” en vacunas para “pagar” el “sobredimensionamiento de este Gobierno”.

Por último, ha vuelto a criticar que Guardiola no se haya referido a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que señala que “el Derecho de la UE no contempla la duración de la estancia en el territorio de un Estado miembro como un criterio para la concesión de las prestaciones” para los beneficiarios de protección internacional. “Ahora la presidenta Guardiola tiene que cumplir un acuerdo a sabiendas de que es ilegal”, ha expresado González Andrade.

El portavoz socialista ha reiterado que el PSOE hará un seguimiento del pacto “para que no afecte más a la vida de la gente y no se vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Por otro lado, ha reclamado a la Junta una evaluación de los daños a la cereza por las lluvias de este fin de semana para ver si son necesarias ayudas para el sector del norte de Extremadura.

La alcaldesa de Camarena (Toledo), Sonia Seseña (PP), señala que no considera presidente de Castilla-La Mancha a Emiliano García-Page: “Como no lo he votado, no le considero mi presidente”, declaraba durante el pleno ordinario celebrado el pasado jueves.

Desde el Grupo Municipal Socialista de la localidad denuncian su actitud y afirman que esas palabras constituyen “una grave falta de respeto institucional” y “una preocupante forma de entender la representación democrática y el papel de las instituciones”.

La declaración se produjo al término de la sesión plenaria, cuando la portavoz socialista preguntó por la formación y acreditación exigida para el lanzamiento de cohetes durante las fiestas locales, después de que el Ayuntamiento hiciera referencia en un bando municipal al cumplimiento de la normativa sobre artículos pirotécnicos. Sin responder a si las personas participantes contaban con la formación requerida, la alcaldesa desvió su intervención hacia el presidente regional y aseguró: “Yo es que como no lo he votado, no le considero presidente”.

Desde el PSOE de Camarena han expresado que cualquier representante público “debe respetar las instituciones con independencia del partido político que las gobierne”, del mismo modo que una alcaldesa “representa a todos los vecinos y vecinas del municipio, también a quienes no la votaron”.

Desde el PSOE señalan una actitud persistente

Los socialistas consideran además que esta situación no fue un episodio aislado, sino el reflejo de un pleno “marcado por las evasivas, los reproches y la falta de respuestas” por parte del equipo de Gobierno de Partido Popular y Vox ante distintas preguntas formuladas por la oposición relacionadas con las gradas del campo de fútbol, el transporte escolar, la limpieza municipal, la compra de un camión, las cámaras instaladas en dependencias municipales, la falta de material, los baños precintados del pabellón, los vertidos en el antiguo punto limpio o la seguridad en el lanzamiento de cohetes.

Asimismo, el PSOE de Camarena ha criticado que, ante preguntas concretas durante el ejercicio de su trabajo como oposición, miembros del equipo de Gobierno respondieran con expresiones como “siguiente pregunta” o “no te voy a decir nada”, además de comentarios irónicos por parte del teniente de alcalde de Vox, Esdras Alonso, que llegó a afirmar durante el pleno frases como “sois un chiste” o “seguimos escuchando chistes”.

Por todo esto, el Grupo Municipal Socialista ha exigido a la alcaldesa del PP y al teniente de alcalde de Vox “respeto institucional, educación democrática y respuestas claras a los vecinos y vecinas”. “Camarena merece un Gobierno que responda con datos y explicaciones, no con ironías ni evasivas, y que entienda que gobernar es representar a toda la ciudadanía”, han concluido.

Este medio se ha puesto en contacto con la Alcaldía del municipio, que ha declinado hacer comentarios.

Carlos Velázquez, presidente del PP de Toledo evita pronunciarse

El alcalde de Toledo y presidente del PP en la provincia Carlos Velázquez ha eludido pronunciarse este martes sobre las palabras pronunciadas por la alcaldesa 'popular' durante la sesión plenaria. A preguntas de los periodistas durante un acto en la capital, el dirigente político asegura “no haber escuchado” las afirmaciones de Sonia Seseña y ha comentado que “tampoco mi gente de prensa me ha dicho que me podían preguntar por eso”.

“Habría que ver el contexto en el que las ha dicho”, ha continuado en sus declaraciones. “Hablaré con la alcaldesa”, ha asegurado, sin valorar las palabras de la edil.

Todo listo para que esta misma semana los agitadores de extrema derecha Vito Quiles y Bertrand Ndongo reciban su primera sanción por su conducta en el Congreso. Fuentes parlamentarias dan por hecho que la Mesa de la Cámara Baja aprobará este miércoles retirar la acreditación de prensa a ambos activistas —que representan a los pseudomedios Periodista Digital y EDA TV— por un periodo máximo de tres meses, al haber quedado demostrados los hechos relatados en las dos primeras denuncias que se han instruido contra ellos. En concreto, la Mesa plantea sancionar a Quiles por haber grabado con su teléfono móvil en dos ocasiones en lugares en los que no está permitido y a Ndongo por torpedear a gritos una rueda de prensa de Sumar.

Diferentes fuentes explican que está previsto que el letrado del Congreso que ha instruido las investigaciones sobre los dos agitadores entregue esta semana a la Mesa —el órgano de gobierno de la Cámara— su informe jurídico. En dicho documento, el instructor señalará que, a su juicio, las conductas de Quiles y Ndongo que ha investigado son constitutivas de sendas infracciones graves del reglamento, penadas con la retirada de la acreditación por un periodo de entre 11 días y tres meses. Esa conclusión coincide con la que emitió en enero el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, un órgano que cuenta con representación de todos los grupos políticos y también de asociaciones de periodistas y de la dirección de comunicación del Congreso. De ser finalmente castigados, EDA TV y Periodista Digital no podrán enviar a otros activistas a sustituir a los sancionados.

En concreto, a Quiles se le ha investigado por dos denuncias presentadas por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) a finales de 2025, cuando el agitador grabó sin permiso tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en dependencias del Congreso de acceso restringido, ignorando su negativa a responder a sus argumentarios de extrema derecha disfrazados de preguntas. Posteriormente, el activista difundió estas grabaciones en sus redes sociales. Desde que se reformó en julio del año pasado —con el voto en contra de PP y Vox—, el reglamento del Congreso prohíbe expresamente “la grabación de imágenes o audios fuera de los espacios habilitados para ello o sin la preceptiva autorización o credencial” y “la publicación en medios y redes sociales de imágenes o audios obtenidos vulnerando lo dispuesto” en la normativa.

Por su parte, la denuncia que se ha instruido contra Ndongo la presentó Sumar en diciembre, unos días después de que el agitador interrumpiera una rueda de prensa de la portavoz parlamentaria de la formación, Verónica Martínez, y se enfrentara a gritos tanto con ella como con las responsables de prensa y varios periodistas que le recriminaron su actitud. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria estimó hace unos meses que la conducta de Ndongo, además de haber obstaculizado el desarrollo de la comparecencia, había implicado “una visible violencia verbal” sobre Martínez y también sobre la periodista a la que Ndongo no permitió hacer uso de la palabra que tenía concedida, “que fueron interpeladas de manera completamente inapropiada”.

Las fuentes consultadas explican que ambos procedimientos se han alargado tanto (cinco meses desde que fueron registradas las denuncias) porque el procedimiento que se estableció tras la reforma del reglamento del año pasado es muy garantista y se ha seguido con mucho celo. Tras registrarse las denuncias, la Mesa incoó los expedientes y dio traslado de los mismos al Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria para que emitiera su informe. Después comenzó la fase de instrucción, que es la que más se ha extendido: el letrado de las Cortes designado para llevarla ha dado amplios plazos de alegaciones a Quiles y Ndongo y, además, ha tenido que acreditar la existencia de pruebas suficientes para sancionar a los dos agitadores.

El objetivo, explican las fuentes consultadas, ha sido que el procedimiento sea impecablemente escrupuloso para evitar que, en el futuro, pueda ser tumbado por el Tribunal Supremo. Así ocurrió en 2019, cuando el Alto Tribunal anuló la expulsión temporal de un redactor de OK Diario que se coló sin permiso en el despacho de Irene Montero en el Congreso y publicó fotografías realizadas en el mismo. Entonces, el Supremo estimó su recurso ante la decisión de la Mesa de retirarle la acreditación por entender que esa actitud no estaba tipificada como infracción en el reglamento de la Cámara Baja, algo que no ocurre en esta ocasión, puesto que la reforma de la normativa el año pasado ya especificó tanto una serie de conductas prohibidas como un catálogo de sanciones para castigar su incumplimiento.

11 denuncias contra los ultras

Los dos expedientes sobre los que la Mesa emitirá un veredicto el próximo miércoles son tan solo una pequeña fracción de las denuncias que tienen pendientes los agitadores de extrema derecha. Desde que se aprobó la reforma del reglamento en julio, se ha dado trámite a un total de ocho denuncias contra Quiles y otras tres contra Ndongo, la última de ellas cursada esta misma semana por Sumar después de que el segundo llamara “idiota” a la portavoz adjunta de la formación, Aina Vidal, y la abordara a la salida del Congreso para impedirle acceder a un taxi. 

Fuentes parlamentarias, de hecho, no descartan que lo garantista del procedimiento que se ha diseñado para castigar este tipo de infracciones provoque la exoneración de los dos activistas en alguno de los procesos que tienen pendientes si no se puede acreditar la existencia de suficientes pruebas para castigarlos. Pero también señalan que ese supuesto, de producirse, únicamente revelaría la escrupulosidad con la que se ha diseñado el reglamento para no interferir con el derecho a la libertad de prensa.

En cualquier caso, la reiteración de estas conductas por parte de Quiles y Ndongo —que se juzgará en los próximos meses, a medida que vaya avanzando la instrucción del resto de los expedientes que tienen abiertos— es muy clara, y el reglamento establece que la comisión de tres o más infracciones graves en el periodo de un año se considerará una falta muy grave. Estas infracciones están castigadas con “una suspensión de la credencial de entre tres meses y un día a tres años o, en su caso, con la revocación definitiva de la credencial”.

La decisión que, con toda probabilidad, adoptará este miércoles la Mesa en base al informe del instructor también revelará la división política que provoca este asunto. PSOE y Sumar, víctimas directas del hostigamiento de Ndongo y Quiles —al igual que dirigentes de partidos como Podemos, ERC o EH Bildu—, tienen mayoría en el órgano que debe tomar la decisión sobre la sanción a los activistas ultras. Pero el PP, que está en minoría en la Mesa, lleva meses apoyando y financiando las prácticas de los agitadores, y parece muy complicado que vaya a votar a favor de su sanción.

La dirección popular no solo se ha negado a condenar el último episodio de acoso de Quiles contra Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, sino que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, se preguntó “quiénes son los que han tenido algún tipo de actitud violenta”. El propio Quiles, al día siguiente del episodio, utilizó el despacho de una diputada del PP para grabar un vídeo contra Sánchez y Gómez, un episodio denunciado ya por el PSOE. Además, el presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, invitó a Quiles a participar en su acto de cierre de campaña en las elecciones autonómicas del pasado febrero.

Cada día a la entrada y a la salida laboral, el 'Polígono' de Toledo donde confluyen trabajadores de empresas, funcionarios, usuarios del gigantesco hospital universitario y los vecinos y vecinas del barrio más poblado de la ciudad, se convierte en 'una ratonera' y se producen atascos impidiendo acceder y abandonar el lugar.

Antes de convertirse en alcalde, allá por 2023, Carlos Velázquez señalaba que iba a “acabar con el problema de los atascos y la falta de movilidad”. Fue una de sus promesas electorales, que inmortalizó incluso en un vídeo. “Nos tomamos muy en serio el problema de la falta de tiempo, de perder tiempo de nuestras vidas, en nuestros coches”, dijo. En aquel entonces culpaba a la que era rival y alcaldesa, Milagros Tolón.

Tres años después, los atascos en el Polígono siguen siendo los mismos, e incluso amenazan con crecer con los anuncios de construir más de 1.000 viviendas e incluso introducir una nueva variable: la segunda estación de AVE de la ciudad, para la línea Madrid-Lisboa.

Velázquez culpa al Ministerio de Transportes

En diciembre de 2025 se hacía público que el Ministerio de Transportes licitaba por casi 6 millones las obras de un tercer carril en la zona.

Sin embargo, el pasado mes de abril la adjudicación se retrasaba “por mejoras técnicas del pliego”, aunque desde Delegación del Gobierno de España exponían que la previsión es las obras comenzasen después del verano, en septiembre de 2026.

Este jueves, el alcalde de Toledo Carlos Velázquez aseguraba que hay en tramitación dos infraestructuras muy “importantes” para mejorar la movilidad de la ciudad. “Una prometida desde hace demasiados años que es el tercer carril y que, lamentablemente, está parado todavía a pesar de que el inicio de esas obras se anunciaron para noviembre del año 2022”. “Seguimos esperando ese tercer carril que uniría Santa Bárbara con el polígono y que sería muy importante”.

Después, otra infraestructura, que es el puente que comunicaría la autopista de peaje al final del barrio de Azucaica, ya entrando en el límite en término municipal con Mocejón, con la calle Ventalomar en el barrio del polígono. “Esta es una prolongación, una modificación del trazado de la A-40, que es también del Ministerio, y lamentablemente y por desgracia también va demasiado lenta”, ha censurado.

Por contra, exhibía su gestión municipal sobre movilidad. El vial que une el barrio de Azucaica con el barrio del Polígono --iniciativa municipal-- comenzó a dar sus primeros pasos en otoño del año 2023 y la semana pasada en la Comisión Regional de Urbanismo se informó favorablemente el Plan Especial de Infraestructuras. “Ya solo falta un requisito meramente formal que es la firma del consejero”, puntualizaba.

“Que diga que los atascos son por el tercer carril es lamentable”

La reacción del Gobierno de España sobre las palabras del alcalde llegaban por parte del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. Hoy ha lamentado que “Toledo no sea una prioridad” para Carlos Velázquez, y ha añadido que “es fácil siempre mirar para otro lado” con respecto a cómo se están gestionando los atascos en la ciudad.

“Es una pena que, con lo que es Toledo y lo que significa para nosotros, no sea la prioridad de su actual alcalde. Es para hacérselo pensar y quizá eso justifica la frustración y el desencanto de los toledanos”, ha expuesto.

En este sentido, Sabrido ha explicado que cuando Velázquez era candidato a la Alcaldía “se comprometió a que en un mes solucionaba los atascos del Polígono”. “Que ahora diga que los atascos son por el tercer carril es lamentable”, ha añadido.

El delegado ha defendido que el tercer carril es “un compromiso del Gobierno de España” para con la ciudad, recordando que “las obras se iniciarán inmediatamente” después de que pase el verano.

Y el Ayuntamiento... arremete contra Sabrido

Las reacciones a cuenta de los atascos han seguido hoy. El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Toledo, José Manuel Velasco, ha calificado de “falta de respeto y auténtica tomadura de pelo para los toledanos” que el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido vuelva a anunciar “por enésima vez” una nueva fecha para el inicio de las obras de las obras del tercer carril de la TO-23.

Velasco dice que el propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible suspendió el pasado 10 de abril 'sine die' la apertura de sobres del contrato para la reordenación y mejora de este acceso estratégico a la ciudad y al polígono industrial, una decisión motivada, según la resolución oficial firmada por la Subdirección General de Coordinación de la dirección general de Carreteras, por “motivos administrativos”.

“El señor Sabrido sabe perfectamente que este proyecto acumula años de retrasos, anuncios incumplidos y continuas demoras”, ha señalado Velasco, quien ha detallado que la aprobación provisional salió a información pública en julio de 2022 y que la aprobación definitiva no llegó hasta diciembre de 2023, “después se licitaron las obras, pero en abril volvieron a paralizar el procedimiento, la realidad es que el tercer carril lleva más de cuatro años en el horno mientras los toledanos siguen sufriendo atascos diarios”, ha denunciado.

Mientras, los atascos han vuelto a repetirse hoy en la carretera que une el barrio del Polígono con Toledo, en un tramo de unos seis kilómetros, donde además confluyen las conexiones con Madrid, Ciudad Real o Cuenca, sin solución inmediata a la vista.

El Grupo Municipal Socialista de Ciudad Real ha denunciado lo que considera “un escándalo” en la gestión del alcalde, Francisco Cañizares (PP), tras destinarse cerca de 4.500 euros de fondos del Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE) “a sufragar gastos relacionados con un acto del Partido Popular Europeo celebrado en la capital”.

La portavoz socialista, Sara Martínez, ha acusado al regidor de realizar “una utilización partidista y absolutamente vergonzosa del dinero público” y ha advertido de que “este asunto no termina aquí, porque el PSOE seguirá exigiendo explicaciones y responsabilidades políticas”, explican desde la formación política.

Según ha explicado Martínez en rueda de prensa, el Gobierno municipal habría cargado al Plan Estratégico del IMPEFE varias facturas vinculadas directamente a un encuentro político del Partido Popular Europeo. Entre los gastos asegura el PSOE “se encuentran 2.500 euros para la sonorización del acto, 1.820 euros destinados a una cena y otros 170 euros correspondientes a una visita cultural, alcanzando un importe cercano a los 4.500 euros”.

“No estamos hablando de dinero abstracto, sino de recursos públicos que salen de los impuestos de todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real y que deberían destinarse a generar empleo, apoyar al pequeño comercio, a autónomos y autónomas, a planes de formación y a oportunidades laborales para jóvenes y personas desempleadas”, ha lamentado Martínez.

El PSOE Santander ha registrado una solicitud de documentación en el Ayuntamiento para conocer los pagos, subvenciones, convenios o contratos publicitarios realizados a medios de comunicación y empresas de prensa escrita, digital, radio y televisión, así como a cualquier medio o creador de contenido similar durante los años 2023, 2024, 2025 y 2026.

El secretario general y portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández, ha fundamentado esta petición en que, según sostiene, “en los últimos meses estamos viendo una operación de blanqueamiento político de una alcaldesa agotada y sin proyecto de ciudad”.

Asimismo, el socialista ha criticado la presencia de Gema Igual “en los micrófonos de un pseudo medio de comunicación insultando a trabajadores municipales, permitiendo que se llame organización criminal a la Policía Local e intentando hacerse un traje a medida para salir del paso de la basura que invade su perfil político como las calles de la ciudad”.

El dirigente socialista ha defendido el periodismo como “una profesión cuyo objetivo es proporcionar a los ciudadanos información veraz, oportuna y contrastada”, al tiempo que ha mostrado su preocupación por el papel que desempeñan determinados “pseudo medios”.

En la solicitud registrada, el PSOE también reclama conocer el importe anual y el concepto de las partidas destinadas a publicidad institucional, suscripciones, convenios, etcétera.

“Cuando un medio vive del dinero público repartido por el PP, deja de fiscalizar al poder y empieza a actuar como una terminal política. Nosotros no vamos a callarnos. Queremos transparencia absoluta”, ha afirmado Fernández.

Por último, el socialista ha insistido en que Santander “está más sucia, más abandonada y más estancada que hace años por mucho dinero público que gasten en intentar maquillar el fracaso del PP” y ha añadido que “cada euro que se destina a propaganda es un euro que no va a mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Santander”.

El Parlamento de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves, con los votos del PSOE y el rechazo de PP y Vox, la Proposición de Ley de medidas urgentes en materia de acceso a la vivienda y suelo en la comunidad autónoma.

La propuesta que se ha debatido modifica la Ley 2/2002 que regula las diversas modalidades de viviendas de protección pública en Castilla-La Mancha. Las personas arrendadoras deberán depositar la fianza del alquiler ante la Administración pública, en el recién creado ‘Depósito de Fianzas’. Un depósito que será gratuito, sin intereses y se considerará un ingreso de Derecho Público de la Hacienda de Castilla-La Mancha.

La Consejería de Fomento dispondrá hasta el 80 por 100 del importe total de esos depósitos y reservará, al menos, el 20 por 100 restante para las devoluciones (urgentes) que procedan. Mientras se mantiene el contrato de alquiler ese dinero no permanecerá inmóvil.

Se destinará a inversiones para la promoción, construcción y rehabilitación de viviendas protegidas, a actuar en núcleos de población sujetos a un proceso de regeneración o renovación urbana, al fomento de la adquisición y de la promoción de vivienda de nueva construcción, a medidas de fomento del alquiler y políticas de fomento del derecho de acceso a la vivienda, a cooperar con los ayuntamientos para el impulso de actuaciones de rehabilitación, regeneración o renovación urbana y a otras cuestiones como como avales, garantías públicas y ayudas en general para mejorar el acceso a la vivienda.

Además, hay otro cambio relacionado en este caso con la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU) que se refiere al suelo de equipamiento público residencial destinado a “satisfacer las necesidades temporales de vivienda”, no solo para colectivos vulnerables, sino que se abre el abanico de posibles beneficiarios.

La vivienda dotacional pública es la que se construye sobre suelos de titularidad pública calificados urbanísticamente como sistema general o local de equipamientos. La norma permite la construcción de viviendas públicas de titularidad temporal mediante alquiler u otra fórmula temporal.

Se destinarán a residencia habitual de personas cuyo nivel de ingresos no les permita acceder a una vivienda a precio de mercado. De esta fórmula quedan excluidos los duelos dotacionales de titularidad privada, los destinados a zonas verdes y espacios similares.

PSOE: la ley supone “esperanza” para los jóvenes

El diputado toledano del PSOE Álvaro Toconar ha sido el encargado de presentar la Proposición de Ley destacando que la norma supone “esperanza” para el conjunto de la ciudadanía y, en particular, para los jóvenes.

También ha citado otra de las medidas planteadas y ya en vigor a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la región 2026: “Préstamos del 20% para hipotecas que no dan los bancos, a tipo cero a los jóvenes”, que recoge la norma o al hecho de que se habrá más suelo para construir vivienda. Son, decía, “dos medidas que no hacen daño a nadie, sino que vienen a proteger proyectos de vida de mucha gente joven”.

La modificación legislativa que hoy se ha presentado, decía, está redactada en “poco más de folio y medio” y así ha justificado el procedimiento de hoy en las Cortes regionales para tramitarla. Se ha producido mediante lectura única, con menos nivel de debate del habitual y sin la posibilidad de presentar enmiendas. “No es capricho, sino una decisión de los servicios jurídicos de la Cámara”, ha defendido.

Toconar aseguraba ante el plenario que la norma viene a “aportar soluciones y luz” y por eso ha pedido en varias ocasiones el apoyo a los diputados de PP y Vox. “Esta ley es mejor que las que se están aprobando en otras comunidades donde gobierna el PP con o sin el apoyo de Vox”. Por eso, añadía, ha confiado en que “no les parezca bien que la gente joven pague el 100% de la hipoteca en vez de ahorrarse el 20%”.

Después se ha referido a la medida para aportar suelo al mercado inmobiliario que permita construir vivienda, “sujeta a algún tipo de protección pública”. El diputado socialista ha apelado a la “intervención en el mercado no solo para quienes menos ingresos tienen, sino para la gente en general. Hoy muchos con una situación aceptable no pueden acceder a la vivienda”, recordaba.

También ha reivindicado “valentía política”, no con la fórmula de hacerlo “a voces” sino “con el consenso y la vanguardia que es lo que ofrecemos”. Ha insistido en este punto en pedir “unanimidad” en el Parlamento regional que han rechazado PP y Vox.

PP y Vox calcan argumentos para rechazar las medidas

El diputado de Vox y teniente de alcalde en Talavera de la Reina David Moreno ha criticado la forma de presentar la ley. “Es un acto de desprecio de estas Cortes al no permitir que se presenten enmiendas” y también ha cargado contra el “fondo” de lo que busca regular.

Ha calificado la ley de “engaño”. En su opinión, solo sirve al Gobierno regional “para sacar un titular” porque “no contiene ni una solo medida urgente ni eficaz para los jóvenes”. Moreno ha sugerido que se trata de una medida electoralista porque “Page ha incumplido sus compromisos. Anunció 50.000 viviendas que se rebajaron a 30.000 y después a 10.000. La realidad es que no han construido ni 1.000 en diez años”.

El diputado se ha preguntado por qué el Gobierno regional no incluyó estas medidas en la ley de acompañamiento de los Presupuestos regionales para 2026, recientemente aprobada. Cree que ha sido algo “intencionado” además de “oportunismo político”.

El diputado de ultraderecha ha llamado al presidente regional “Emiliano García-Fraude” durante su intervención. En su opinión, las medidas de su gobierno “no favorecen el acceso a la vivienda”.

En concreto ha rechazado que se “imponga” el depósito obligatorio de la fianza en el proceso de alquiler de la vivienda. “Es dinero privado que a ustedes no les pertenece.  La Junta podrá disponer del 80% de esos fondos que son privados, insisto”, ha comentado durante su intervención. “Pretenden financiarse con las fianzas depositadas por el arrendador”, ha criticado, mientras “la vivienda en Castilla-La Mancha sigue encareciéndose”.

En este punto ha aprovechado para colar la agenda de Vox con la manida “prioridad nacional” para los españoles frente a “los que acaban de llegar” y en su argumento ha llegado a mezclar vivienda con niños y niñas migrantes, durante su intervención parlamentaria.

La diputada del PP Carolina Agudo se ha mostrado también muy crítica, y ha utilizado el mismo argumento que Vox para rechazar la propuesta. Cree que esta ley “es una operación de ingeniería jurídica” que quiere “usar el dinero de las familias para financiarse”.

Ni Vox ni el PP han contado que la medida para que la fianza del alquiler sea depositada ante la Administración pública busca que quien pague el alquiler tenga ese dinero garantizado. Un depósito que será devuelto al finalizar el contrato de alquiler y mientras será utilizado por el Gobierno regional precisamente para implementar medidas relacionadas con la vivienda.

La diputada ‘popular’ también ha criticado que la norma busque “abrir una vía excepcional” para liberar más suelo y construir vivienda y que no se haya aprovechado para modificar la Ley de ordenación del territorio y la actividad urbanística (LOTAU) o de la Ley del Suelo. “El modelo del PSOE quiere invertir el orden de la construcción, primero se dota de servicios y luego se construye. Page quiere hacer lo contrario”.

En opinión Agudo el Gobierno regional “quiere avanzar hacia un modelo de control” mientras que “nosotros queremos un modelo de libertad y de protección de la propiedad privada”.

Como Vox, el PP tampoco cree que vaya a solucionar el problema de la vivienda. “Lo que definen como la esperanza de muchos jóvenes de Castilla-La Mancha es folio y medio”, decía, de una iniciativa de “papel mojado” y opina que “el Gobierno de Page solo sabe anunciar, pero no gestionar y no tiene ni idea de lo que hacer con las políticas de vivienda”.  

También, al igual que Vox, ha criticado la forma en la que se ha debatido esta proposición de ley que es, dice, “una auténtica chapuza”. Ha reivindicado el “derecho” de la oposición para enmendar leyes y ha asegurado que “esto no es política de vivienda” sino “un parche”.  

Agudo ha llegado a asegurar que la normativa que presenta es Gobierno regional es una “copia” de la propuesta presentada por el presidente del PP, Paco Núñez. “Pues no les queda otra que votar a favor”, ironizaba el diputado socialista, para negar a continuación que eso sea así.

Hernando a PP y Vox: “Abandonen el espíritu de trinchera”

Nacho Hernando ha cerrado el turno de intervenciones asegurando notar a los partidos de la oposición “un tanto rabiosos” para, a renglón seguido, pedir que abandonen “el espíritu de trinchera” y su apoyo a la construcción de vivienda. “Lo único que hacen ustedes es construir un muro”.

“Me dolería mucho que no apoyasen la ley y después estuvieran, en sus consultorías y asesorías, tramitado préstamos de tipo cero porque también se están oponiendo a la regularización de migrantes y luego vemos cómo concejales del PP en Escalona y en El Casar de Escalona la tramitan”. Por eso pedía “coherencia”.

“Va a dar la sensación cuando voten en contra, que votarán en contra de la gente joven y de que puedan disponer de unos préstamos tipo cero y de que los ayuntamientos, muchos de ellos gobernados por ustedes, puedan contar con aún más suelo que van a poder gestionar para ofertar más viviendas a sus vecinos y a sus vecinas”, argumentaba el consejero.

Después, ha afirmado que buscarán “dinero debajo de las piedras y no será a través de los impuestos” y ha rechazado las críticas a la nueva modificación legislativa.

“Tenía que ser una ley exprés y les digo por qué: estamos haciendo algo que no hace nadie en España” para paliar la problemática relacionada con la vivienda, defendía el consejero. “La homeopatía ya no funciona y hay que acudir a cirugía mayor”, comentó introduciendo una de sus habituales metáforas. En este punto ha afeado a PP y Vox que no se muestren predispuestos a pactar sobre el “principal problema social” que es la vivienda.

En su opinión, “tan urgente es esta ley que no nos vamos a esperar a que Europa despierte”. El consejero ha puesto sobre la mesa la necesidad de nuevos fondos europeos “para invertir en materia de vivienda lo que hay que invertir, que es mucho”. En su opinión, “el problema de la vivienda afortunadamente se resuelve con dinero”.

Ha defendido también que “en lugar de tener el dinero de las fianzas muerto de asco, queremos que el dinero retorne a las familias y no que duerma el sueño de los justos en una cuenta bancaria sin que nadie lo pueda usar y garantizando la liquidez. ¿Que se piensa usted, que soy el gestor de las cuentas de Vox? Soy infinitamente más responsable y transparente”, ironizaba.

Después ha justificado la necesidad de habilitar más suelo “porque el disponible ya se ha utilizado” y en este aspecto ha comentado que en la actualidad hay 18.300 visados de obra nueva y que el 20% de las viviendas tendrá algún tipo de protección. Ha citado en concreto 170 viviendas con protección pública que se construirán en Azuqueca de Henares (Guadalajara), en colaboración con el ayuntamiento.

No ha obviado el argumento de Vox sobre quién debe acceder antes a las viviendas. “Lo de la prioridad nacional… ¿Se imagina que aplicásemos el criterio en las Cortes de Castilla-La Mancha para los que acaban de llegar? Porque ustedes acaban de llegar y no me plantea ningún dilema. ¿O damos menos minutos de intervención en los debates para Vox porque acaban de llegar? ¿Es eso lo que plantean?”, preguntaba al partido ultra.

Ustedes hablan de prioridad nacional y quizá los demás podremos decir entonces que hay que dar prioridad a los demócratas porque esto es una democracia

Nacho Hernando — Consejero de Fomento

Hernando ha seguido insistiendo en esta cuestión. “Quizá los demás podremos decir entonces que hay que dar prioridad a los demócratas porque esto es una democracia. O que los que quieren eliminar las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales… a la cola. ¿Ven cómo es absurdo?”, preguntaba a Vox.“Nos diferenciamos en que yo sí defiendo los derechos humanos y la igualdad de oportunidades y ustedes todo lo contrario”.

Nacho Hernando ha pedido además “corregir el lapsus con el apellido del presidente”, al que el diputado de Vox había llamado ‘Emiliano García-Fraude’. “No creo que deban tener ese tipo de lenguaje soez y malsonante. Son ustedes de risita cobarde”, ha dicho, al “insultar” en el Parlamento regional.

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y a Coalición Canaria (CC), partido al que ambos pertenecen, de “alimentar el miedo, la confrontación y el rechazo social” ante la llegada a Tenerife del crucero afectado por un brote de hantavirus, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado formalmente la colaboración de España y de Canarias para gestionar la situación bajo estrictos protocolos sanitarios internacionales.

Raya ha considerado este jueves “profundamente irresponsable” que dirigentes de Coalición Canaria hayan impulsado un discurso político basado “más en la alarma y en el cálculo partidista que en la serenidad, la evidencia científica y la humanidad”.

“La OMS ha sido clarísima. Estamos ante una actuación basada en el Reglamento Sanitario Internacional, coordinada con expertos epidemiológicos y sustentada en un enfoque riguroso de salud pública. Lo que no puede hacer un gobierno serio es convertir una crisis humanitaria en una campaña de miedo”, afirmó.

La dirigente socialista recordó que el propio director general de la OMS ha remitido una comunicación oficial al Gobierno de España defendiendo el desembarco controlado de pasajeros y tripulación “por razones epidemiológicas y humanitarias”, señalando además que mantener a las personas confinadas a bordo incrementa riesgos médicos y psicológicos.

“Canarias está en el mundo. Somos un territorio que ha reclamado solidaridad internacional en momentos muy difíciles y no podemos proyectar ahora una imagen de rechazo, insolidaridad o histeria institucional ante personas que necesitan atención médica y protocolos sanitarios adecuados”, señaló.

Tamara Raya también defendió que el puerto de Granadilla, a donde se espera que arribe el buque este domingo, reúne precisamente las condiciones logísticas y operativas necesarias para desarrollar una actuación controlada, segura y con las máximas garantías sanitarias.

“Lo responsable no es alimentar bulos ni enfrentar a la población con personas enfermas o potencialmente expuestas. Lo responsable es seguir el criterio de los expertos, colaborar con las autoridades sanitarias internacionales y actuar con serenidad”, añadió.

La secretaria general del PSOE de Tenerife lamentó además que Coalición Canaria haya intentado presentar esta situación como “una imposición política del Estado”, cuando el propio ministro Ángel Víctor Torres ha explicado públicamente que la decisión responde a una comunicación oficial y vinculante de la OMS ante la incapacidad de Cabo Verde para gestionar la emergencia sanitaria.

“Hay momentos en los que un dirigente demuestra si está pensando en proteger a la ciudadanía o en explotar políticamente el miedo. Y desgraciadamente Coalición Canaria ha elegido el camino de la confrontación”, concluyó Tamara Raya.

La alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales, ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación para exigir que se ejecute el tramo 1 de la autovía RM-1, conocida como la autovía del Bancal. Morales ha denunciado “el abandono de nuestro municipio, que con 11.000 habitantes es uno de los peor conectados de la Región de Murcia”. Según la alcaldesa, no se trata de una reivindicación nueva ni improvisada: “Llevamos mucho tiempo esperando a que se revierta esta situación”. Y ha señalado directamente al Gobierno regional de Fernando López Miras. “Se trata de una infraestructura de titularidad regional, y cuya financiación compete al Ejecutivo murciano”.

La primera edila ha destacado que no disponer de acceso a la autovía “ha provocado que nuestra industria, nuestro tejido empresarial y nuestro pueblo no tengan las mismas oportunidades que otros territorios de nuestra Región”. Morales, que ha apuntado que cree “firmemente” en el trabajo conjunto de las administraciones, ha asegurado que “alza la voz” después de observar desde hace varios meses “que el Gobierno regional va a volver a abandonar el proyecto”.

“La RM1 finaliza en Zeneta y el siguiente tramo es el que conectaría a nuestro municipio; esa no ejecución nos mantiene aislados y no puede haber municipios que avancen a dos velocidades distintas”. Por eso, Morales ha denunciado la “dejadez” del Gobierno de López Miras, “que una vez más nos condena al retraso, el aislamiento y una red viaria deficiente”. Y ha exigido “un compromiso firme y claro y sin más dilaciones para que se establezca el orden establecido”.

Morales ha recordado que desde que es alcaldesa se ha reunido “con todos los consejeros de Fomento que han pasado por el Gobierno regional, que sí que reconoce que es una infraestructura necesaria pero que aun así sigue sin ejecutarse porque no existe un compromiso”.

En este sentido, ha concretado que el Gobierno de España declaró la autovía de interés general “para ayudar en esa financiación, pero esto no puede implicar un retraso en el tramo que nos afecta directamente”. Y ha reclamado “un calendario con fechas concretas y una asignación presupuestaria acorde a la infraestructura; no podemos ser el punto final olvidado de una autovía que otros sí que han visto avanzar”.

“Estamos limitados”

Morales ha puesto sobre la mesa también que “numerosas empresas se han reunido con nosotros para instalarse en Beniel pero al final no lo hacen porque no contamos con unas comunicaciones adecuadas, estamos limitados”. A esto, ha continuado, “le tenemos que sumar miles de desplazamientos diarios de trabajadores, estudiantes o transportistas por vías secundarias, saturadas, con mayores tiempos de recorrido y un incremento evidente del riesgo”. La infraestructura de la autovía “no es un lujo, sino una necesidad básica para nuestro desarrollo, seguridad vial y calidad vida de nuestros ciudadanos”.

En cuanto a las vías de titularidad regional, ha dicho la alcaldesa, “están en una situación de abandono, con firmes en mal estado, y no hablamos solo de falta de inversión, sino de seguridad”. Otra reivindicación histórica, ha concluido, “es la circunvalación que debería estar construida desde hace más de 20 años y sigue sin desbloquearse: hay estudios e informes y consenso social pero falta la voluntad política”.

El Grupo Municipal Socialista ha presentado un recurso de reposición contra la adjudicación directa del proyecto Distrito 7 en el complejo de Giesa y ha exigido a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que “rectifique en su error” y paralice el proceso. La portavoz socialista, Lola Ranera, ha calificado la decisión del Gobierno municipal como “contraria a la ley de contratos” y “nula de pleno derecho”.

El recurso se dirige contra el acuerdo aprobado el pasado 30 de abril, después de que quedara desierto el concurso público para la explotación del espacio audiovisual. El Ejecutivo optó entonces por continuar el procedimiento mediante adjudicación directa, una vía que el PSOE considera ilegal.

Según el escrito, “la regla general para el otorgamiento de concesiones administrativas […] es la previa licitación”, en régimen de concurrencia, tal y como establece la normativa estatal y autonómica . La adjudicación directa, añade, solo es posible en “circunstancias excepcionales, debidamente justificadas”, algo que los socialistas consideran que no se ha acreditado.

El recurso sostiene que el Ayuntamiento no ha motivado adecuadamente por qué se aparta de esa concurrencia pública y critica que se recurra a “motivos de interés general como única muletilla” para justificar la decisión . A su juicio, la falta de empresas interesadas no legitima la adjudicación directa, sino que evidencia que “es preciso revisar el modelo propuesto” y volver a licitar.

Además, el PSOE argumenta que, conforme a la legislación de contratos, tras un concurso desierto la vía adecuada sería un procedimiento negociado sin publicidad con varias empresas, no una adjudicación directa. “La circunstancia de que tan sólo haya habido una oferta (extemporánea) no puede equipararse a que tan sólo un empresario pueda prestar el servicio”, recoge el documento .

Por ello, advierte de que el acuerdo municipal podría incurrir en nulidad, al haberse adoptado “prescindiendo del procedimiento legalmente establecido”. Solicita también la suspensión cautelar del proceso para evitar “perjuicios al interés público y terceros” si la adjudicación continúa adelante .

“Una nueva chapuza” y un proyecto “fracasado”

Ranera ha asegurado que el recurso busca “dar una nueva oportunidad a Natalia Chueca para que rectifique en su error y arregle esta nueva chapuza por su nefasta gestión”, suspendiendo la adjudicación “a dedo” y garantizando “la concurrencia y el interés general”.

La portavoz socialista ha cargado además contra el proyecto Distrito 7, en el que se prevé invertir 20 millones de euros, al considerar que “hipoteca a la ciudad” y responde a un “capricho de Natalia Chueca”, no a una demanda vecinal. A su juicio, se trata de “un nuevo proyecto fracasado” que se suma a otros como el del Parque de Atracciones, y ha ironizado con que la Dirección General de Grandes Proyectos podría convertirse en una “dirección general de grandes proyectos fracasados”.

Ranera también ha subrayado que el concurso no logró atraer a empresas del sector audiovisual —“solo hubo una oferta y además fuera de plazo”— y que otros servicios del equipamiento, como la cafetería, han quedado desiertos.

En la misma línea, el concejal socialista Horacio Royo ha calificado lo ocurrido como un “sainete” fruto de “un acto de soberbia de la alcaldesa”, que ha optado por “huir hacia adelante mediante una adjudicación directa”. Royo ha defendido que, ante la falta de interés del sector, “cualquier Gobierno mínimamente prudente” debería “replantearse lo que ha venido haciendo” y ha instado a Chueca a “parar el proyecto, repensarlo y volverlo a hablar con los vecinos para retomar su propuesta”.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público al exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud (SCS) Francisco Javier González y al exdirector de la Gerencia de Atención Primaria Alejandro Rojo, respectivamente, por prevaricación en contratos menores en su etapa en el cargo hace dos legislaturas.

Lo resuelve así la Sala de lo Penal del TS en una sentencia que ratifica la pena impuesta en marzo de 2021 por la Audiencia Provincial de Cantabria tras el juicio celebrado un mes antes, y corroborada después, en enero de 2023, por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma.

Ahora, el alto tribunal coincide en que el que fuera subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del organismo sanitario cántabro incurrió en un delito continuado de prevaricación administrativa, por indebido fraccionamiento de contratos.

Rechaza así el recurso de casación interpuesto por González salvo en lo relativo a la condena en costas de la apelación, que se declaran de oficio (la Sala de lo Civil y Penal del TSJC desestimó íntegramente los recursos de ambos procesados y les impuso el pago de las costas procesales).

Por su parte, el que fuera director de la Gerencia de Atención Primaria condenado por prevaricación --no continuada, ya que su actuación se limitó a un único hecho, por el fraccionamiento de contrataciones de obras y servicios en el SCS-- desistió del recurso de casación después de formalizarlo.

“De manera reiterada y aprovechando idénticas oportunidades”

Según la sentencia del tribunal penal del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Leopoldo Puente, los hechos declarados probados evidencian que González, “en el ejercicio del cargo público que ostentaba, de manera reiterada y aprovechando idénticas oportunidades, resolvió promover la celebración de múltiples convenios, fraccionándolos indebidamente para refugiarse en el procedimiento más liviano que pudiera permitirle llevarlos a efecto”.

Con ese fin, añade la resolución, consultada por Europa Press, el exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del SCS “dictó las oportunas resoluciones administrativas, todas ellas enderezadas al fin perseguido, y con plena conciencia de su carácter arbitrario”.

González, con experiencia en la gestión económica administrativa, y Rojo, médico de profesión, desempeñaron sus cargos bajo el mandato de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad desde 2015 y hasta 2018, año en el que dimitieron -junto al entonces gerente del SCS, Julián Pérez Gil- al salir a la luz las presuntas irregularidades.

Fueron denunciadas por la jefa del Servicio de Contratación en aquel momento, y apreciadas en contratos menores para el mantenimiento y pintado de centros de salud y las obras de ampliación del Hospital Virtual de Valdecilla, así como en la compra de 22 ecógrafos para otros tantos ambulatorios, y en las asistencias técnicas a un consultor externo, Álvaro Sáez de Viteli, ya fallecido y al que la jueza instructora imputaba el mismo delito.

El Partido Popular, que ha ejercido la acusación particular, pedía 15 años de inhabilitación para cada uno, aunque fueron condenados por la Audiencia a 14 y 11 años, por prevaricación continuada y no continuada, pena confirmada primero por el TSJC y ahora por el Supremo, en una sentencia contra la que no cabe recurso y que por tanto es firme.

Ha sido muy comentado el último destrozo perpetrado, de momento, por los acuerdos entre el PP y Vox en las CCAA de Extremadura y Aragón. Me refiero a lo de la “prioridad nacional” a la hora de acceder a los servicios y ayudas públicas, pretendidamente endulzada con la milonga del “arraigo” del posible beneficiario. El disparate que contiene el referido acuerdo no es solo moral, legal, político, social y cultural, sino que atenta también al corazón de nuestra economía, en una palabra, al interés de España y de la ciudadanía española.

En principio, como ya se ha dicho con reiteración, supone un atentado flagrante a nuestra Constitución en sus principios fundamentales a la igualdad y la no discriminación, además de oponerse a lo dispuesto en la Ley de Extranjería. Hay que tener en cuenta que si bien el art.14 de la Constitución (CE) se refiere a los españoles, es precepto que conviene relacionar con el 13.1 CE, cuando señala que “Los extranjeros gozan en España de los derechos y libertades del Título I”, que incluye el art.14, sobre el derecho a la igualdad. Lógicamente, queda excluido el derecho al sufragio, exclusivo de los nacionales, salvo en las elecciones municipales, en las que pueden votar los ciudadanos de países de la UE. Por eso es una gran mentira cuando la Sra. Ayuso y otros afirman que la regularización de inmigrantes se ha hecho con el objetivo de cambiar el censo electoral a favor del gobierno. La legalización de ese medio millón de emigrantes es esencial para que no sigan trabajando en condiciones de esclavitud, con salarios de miseria y sin ningún derecho, como parecen desear las derechas. Lo asombroso es que Vox y el PP se hayan opuesto radicalmente, en contra del interés de España, a tal regularización, cuando la Iglesia y la patronal han estado a favor. Otra cosa es lo que digan las encuestas, en las que aparece que una parte considerable de la ciudadanía ve más aspectos negativos que positivos. Un resultado que, en mi opinión obedece, en gran parte, en la muy insuficiente explicación por parte del gobierno.

Sin embargo, no es menos grave que tal “prioridad” violente lo establecido en el Tratado de Lisboa respecto al principio de igualdad y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que tienen carácter jurídicamente vinculante al confirmar lo garantizado en el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En este sentido, de llevarse a la práctica el desatino de la “prioridad nacional”, el Estado español podría ser sancionado como lo han sido otros estados -por ejemplo, la Hungría de Orbán- por violación de la legislación europea.

Ahora bien, cuando se sostiene que no podrá cumplirse tal despropósito y, en consecuencia, será inane a efectos prácticos, se olvida que tiene consecuencias políticas, sociales y culturales graves, se lleve o no a la práctica. De entrada, porque anula la condición de ciudadanía -incluido el concepto de derechos humanos-, propio de las democracias, y lo sustituye por el de la identidad nacional excluyente, vigente en un pasado que no debe retornar. Me temo que el origen no está en la posición de la ultraderecha francesa del Frente Nacional del fallecido señor Le Pen y compañía. Por el contrario, se encuentra en la génesis del fascismo puro y duro, cuando los nazis de Hitler desgajaron una estrofa de un viejo himno alemán para la unificación del país en el siglo XIX y lo convirtieron en el emblema de la Alemania nazi. Esa estrofa decía: “Deutschland über Alles” -Alemania por encima de todo-, lo que es igual a los alemanes los primeros. Del fascismo pasó a los franceses de Le Pen con el “les français d’abord” -primero los franceses-, luego al “America First” -América primero- de Trump, y ahora a la “prioridad nacional” de Vox que el PP, irresponsablemente, ha asumido.

No obstante, de lo que se habla menos es de las consecuencias sociales y económicas que la aplicación de este principio podría llegar a tener. Por lo pronto, es un duro golpe a la inmigración. A nadie le gusta ser una persona o ciudadano de segunda, con los derechos mermados, y los inmigrantes son imprescindibles para sectores básicos de nuestra economía, como la construcción, la hostelería, el pequeño comercio, la logística, el cuidado de las personas, etc. Sin emigrantes la economía española se hundiría. De todas las maneras, no nos engañemos. A los inmigrantes se los rechaza porque la inmensa mayoría son pobres, ya que a los extranjeros ricos se les hace la ola y se les pone la alfombra roja, tengan la piel negra, los ojos rasgados o recen a Alá. Por eso, lo que impera en la mayoría de las derechas es el “raziclasismo”. Y conviene tener mucho cuidado porque de ahí a considerar a los inmigrantes “untermenschen” -infrahumanos-, como consideraban los nazis a los judíos y otras razas “inferiores”, hay un paso. Un paso que a veces se da en los estadios de fútbol cuando más de un descerebrado hace signos propios de los simios referidos a algún jugador cuya piel es diferente a la suya.

Por otra parte, ¿qué pensarán alrededor de tres millones de europeos que residen en España cuando se enteren de que son ciudadanos de segunda? ¿Qué atractivo puede tener España para atraer talento extranjero si se les dice que serán ciudadanos de segunda? ¿Qué impresión producirá en los cerca de 100 millones de turistas que vienen a España cuando caigan en la cuenta de que cruzando la frontera entran en un país que los considera de segunda categoría? ¿Seguirán teniendo asistencia médica igual que los españoles o se pondrá en duda por su falta de arraigo?, pues me da la impresión de que mucho arraigo no tienen, digo yo. ¿Imaginan ustedes qué sucedería si este principio de la prioridad de los españoles se implantase en toda España, como pretende Vox y aceptará, sin duda, el PP en caso de que ganasen las próximas elecciones? Habríamos pasado de la “prioridad nacional” al “disparate nacional” con un daño “nacional” desastroso. 

Se sostiene por algunos opinadores que es positivo que Vox entre en los gobiernos porque así se demostrará que no saben gobernar o gestionar y perderán posiciones. Es curioso cómo a veces se repite la historia, aunque los escenarios y actores sean diferentes. Lo mismo se dijo de los nazis antes de que llegaran al poder. El excanciller alemán de aquella época, el socialdemócrata Herman Müller, en una carta a su correligionario Otto Braun, ministro-presidente de Prusia, manifestaba su consternación al comprobar que miembros de su partido sopesaban que “había que permitir que la derecha y la extrema derecha entraran en el gobierno, incluidos los nazis, para que así puedan demostrar su incompetencia” (Johann Chapoutot en “Irresponsables”). Espero que entre nosotros a nadie se le ocurra tal dislate. Sin embargo, otros opinadores y políticos de las derechas defienden esos pactos afirmando que el PP tiene derecho a gobernar con Vox, al igual que el PSOE lo hace con Junts o con Bildu. Nadie discute que el PP pueda gobernar con quien decida o le plazca, pero como en tantas ocasiones esa comparación encierra una gran mentira. Que yo sepa no hay ministros de Junts o de Bildu en el Gobierno de España, ni consejeros de esos partidos en las CCAA donde gobierna el PSOE. Confundir apoyos parlamentarios, cuando les conviene a quienes apoyan, con formar parte del mismo gobierno es una manera de confundir y engañar al personal sufridor. ¡Será posible que no nos demos cuenta de lo que se nos viene encima!

El Gobierno de Castilla-La Mancha lleva años realizando una política de vivienda propia que no termina de asumir del todo los postulados del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero que tampoco se desvincula ni confronta con el Estado de manera absoluta. Ahora, ha decidido sumarse al nuevo Plan Estatal de Vivienda para recibir los 280 millones que le corresponden, pero para ello debe modificar sus políticas en vivienda pública.

Durante la primera legislatura de Emiliano García-Page, cuando gobernó con Podemos, llegó a redactarse el proyecto para una Ley de Vivienda propia de la comunidad autónoma, que se quedó para siempre en un cajón. Ahí lleva ocho años. Entre otras cuestiones, en ella se blindaba la vivienda pública y se establecía todo un compendio para ampliar a la oferta en la comunidad autónoma.

De esta forma, Castilla-La Mancha es, junto con la Comunidad de Madrid, las dos únicas comunidades autónomas sin ley de vivienda propia. Únicamente cuenta con una sobre vivienda protegida, que data de 2002. Asturias, Cantabria y Aragón tienen proyectos en trámite parlamentario muy avanzados. Pero el Gobierno de Page sigue sin mencionar normativa propia.

De hecho, el presidente castellanomanchego ha apostado por la tibieza en este sentido. Ha defendido fórmulas mixtas de colaboración entre el sector público y privado con proyectos como el 'Plan 10.000' y nunca ha llegado a ‘topar’ el precio de la vivienda en la comunidad autónoma. Sí ha gestionado todas las ayudas públicas del Gobierno de España destinadas a mejorar al acceso a la vivienda, con especial incidencia a las destinadas al alquiler para jóvenes.

Castilla-La Mancha no es de las comunidades autónomas con los precios más altos de alquiler y vivienda en España, pero hace un par de años que ya comienza a notar la escalada de precios, sobre todo en Toledo, Talavera de la Reina, Guadalajara y Albacete.

El último dato es muy reciente: el precio de la vivienda subió un 19% en esta región en el primer trimestre del presente año, hasta los 1.987 euros por metro cuadrado, según las tasaciones realizadas por la empresa de valoración inmobiliaria Tinsa. Y además, hay otro fenómeno creciente: los madrileños emigran a Castilla-La Mancha. Lo indican los datos relacionados con el padrón, la demanda de vivienda e incluso el incremento de la población escolar. Un ‘exilio’ que se concentra en particular en los dos grandes corredores en Toledo y Guadalajara, al límite con la Comunidad de Madrid.

Con todo este contexto, el pasado mes de abril, el Gobierno castellanomanchego confirmó que se sumará al recién presentado Plan Estatal de Vivienda aprobado del Ejecutivo central. Y al mismo tiempo, esta semana va a presentar su propia Estrategia regional de Vivienda. Ni rastro ni mención a una ley propia, como se intentó hace ocho años.

Resulta, por tanto, muy llamativo que ahora el Gobierno dé un giro a su política de vivienda pública. El Grupo Parlamentario Socialista, que tiene mayoría absoluta en las Cortes regionales, ha presentado una proposición de ley de medidas urgentes en materia de acceso a la vivienda y suelo de Castilla-La Mancha. Responde a la “necesidad de reforzar los instrumentos de intervención pública” en materia de vivienda “optimizando recursos ya existentes y orientándolos a garantizar el acceso”.

La propuesta incluye la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU) de la región de manera que se modifica el uso dotacional del suelo público residencial, destinado a satisfacer las necesidades temporales de vivienda.  

En la norma urbanística vigente, las viviendas dotacionales públicas están destinadas a demandantes con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre, es decir, a colectivos vulnerables.

Ingresos que no permiten “una vivienda a precio de mercado”

La propuesta socialista abre ahora el abanico: cambia esa frase incorporando que se destinarán, mediante alquiler, cesión o cualquier otra fórmula de tenencia temporal, a residencia habitual de personas “cuyo nivel de ingresos no les permita acceder a una vivienda a precio de mercado”. Es decir, va más allá de la situación de vulnerabilidad y contempla el acceso a vivienda pública para personas con rentas bajas.

Hay varias circunstancias determinantes para este cambio. El Plan Estatal de Vivienda contempla que Castilla-La Mancha reciba 280 millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). Esta cifra supone 205 millones más que la recibida en el plan 2022-2025. Pero para recibir esa cantidad, el Ejecutivo de Pedro Sánchez impone tres condiciones.

La primera es que las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) no pierdan su condición en unos años y estén blindadas para siempre. La segunda es que deberá compartir más datos sobre vivienda y facilitar información en tiempo real al Ministerio sobre los contratos de arrendamiento en el registro de fianzas, para conocer el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación y la evolución de la oferta de forma trazable y real.

Además, el Gobierno de Sánchez exigirá a las comunidades que cofinancien en un 40% este plan. Las comunidades podrán hacer frente a dicha aportación autonómica con los fondos europeos que reciban para las políticas de vivienda.

Otro factor determinante es que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, es castellanomanchega y mantiene muy buenas relaciones con el Gobierno de Page. Fue portavoz del Ejecutivo regional con José María Barreda y posteriormente alcaldesa de Puertollano (Ciudad Real). Pese las tensas relaciones entre Page y Pedro Sánchez, siempre ha recibido alabanzas por parte de ambos, y viceversa.

Es más, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha la ha eximido de toda responsabilidad en el fracaso del decreto de prórroga de los alquileres en el Congreso, responsabilizando a Sumar de forzar la votación sin contar con el respaldo de Junts.

Ahora, la colaboración del Ejecutivo de Page con el Ministerio de Vivienda parece tomar más fuerza. La mencionada ampliación del uso de vivienda pública más allá de los colectivos vulnerables, que previsiblemente aprobarán esta semana las Cortes regionales, es un guiño de la comunidad autónoma en ese sentido.

También lo es el hecho de que la propuesta de los socialistas castellanomanchegos incorpore el uso del fondo de fianzas, entre otras cosas para asumir el prometido aval del 20% a la compra. Es decir, Consejería de Fomento podrá disponer de hasta el 80% del importe total de los depósitos y reservará, al menos, el 20% las devoluciones que procedan.

El gasto con cargo al importe de las fianzas depositadas se destinará a inversiones para la promoción, construcción y rehabilitación de viviendas protegidas; a actuaciones directas en núcleos de población sujetos a un proceso de regeneración o renovación urbana; a actuaciones de fomento de la adquisición y de la promoción de vivienda de nueva construcción; y a medidas de fomento del alquiler y políticas de fomento del derecho de acceso a la vivienda.

Castilla-La Mancha, sin zonas tensionadas

De momento, y a la espera de la Estrategia Regional de Vivienda que el Gobierno castellanomanchego presenta este martes, la situación de la vivienda en la región tan solo cuenta con estos giros en las medidas autonómicas. No hay nada o casi nada a nivel local: ningún ayuntamiento de la comunidad autónoma ha pedido la declaración de 'zonas tensionadas' aunque la Consejería Fomento se ha mostrado dispuesta a estudiarlas.

Sí hay mociones aprobadas en los ayuntamientos de Azuqueca de Henares (Guadalajara) y en Cuenca para aprobar que se instauren estas zonas, pero aún no han cursado formalmente las solicitudes. En Cuenca, donde gobierna el PSOE, el Ayuntamiento ya cuenta con un informe de apoyo que detecta un riesgo “especial” de insuficiencia de oferta de vivienda para la población y que respalda la declaración de la localidad como zona de mercado residencial tensionado.

En Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y Talavera de la Reina gobiernan el PP y Vox, y en Albacete lo hace el PP en solitario. Ninguno de sus ayuntamientos ha manifestado intención alguna de realizar esta petición.

La Junta Electoral de Zona (JEZ) ha admitido la denuncia presentada por el PSOE contra la retirada de carteles electorales de su formación en Sevilla capital, en el marco de la campaña electoral de los comicios andaluces del próximo 17 de mayo.

Así lo ha confirmado este lunes el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, a preguntas de los periodistas, en una atención a medios junto al portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz.

El PSOE denunció este pasado domingo la retirada por parte del Ayuntamiento de Sevilla de carteles electorales del partido en diferentes zonas de la ciudad, algo que desde las filas socialistas tacharon de “muy grave y antidemocrático”.

Desde el Ayuntamiento, gobernado por José Luis Sanz (PP), se señaló que se había retirado cartelería de “todos” los partidos en diferentes zonas de la ciudad después de que la inspección de Alumbrado Público hubiera detectado banderolas que “ponen en riesgo la solidez estructural de los soportes de alumbrado y los pernos de anclaje de los basamentos, suponiendo un riesgo para los viandantes”.

24 horas para explicar los motivos

Este lunes, el también candidato número dos del PSOE al Parlamento por la provincia de Sevilla ha apuntado que “ha sido admitida la denuncia” que su partido presentó al respecto ante la Junta Electoral de Zona, desde donde “dan un plazo al Ayuntamiento de Sevilla de 24 horas para contestar”, según ha avanzado Recio.

De esta manera, desde el Consistorio tendrán que dar a la Junta Electoral “los motivos” por los que han retirado las banderolas, según ha abundado el 'número dos' de la candidatura socialista por Sevilla.

Por su parte, Antonio Muñoz ha indicado que a él no le “consta que se hayan retirado banderolas del Partido Popular” en Sevilla, y “tanto en redes” sociales “como en imágenes de las televisiones” lo que ha visto es la “retirada” de estos carteles de “partidos de izquierda, y del PSOE concretamente”, ha remachado el exalcalde de la ciudad.

La Comisión Permanente del PSOE extremeño ha designado a Isabel Gil Rosiña como portavoz del Grupo Parlamentario, el cual estará presidido por Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general de los socialistas.

Gil Rosiña fue consejera de Igualdad y Cooperación en la última legislatura del Gobierno de Guillermo Fernández Vara, portavoz del Ejecutivo extremeño entre 2015 y 2021 y portavoz del PSOE extremeño entre 2011 y 2015.

En la Portavocía adjunta estará Blanca Martín, expresidenta de la Cámara legislativa extremeña (2015-2026) y presidenta regional del PSOE entre 2021 y 2024.

La conformación del Grupo Parlamentario Socialista, que surge tras la celebración del congreso regional de este partido, ha sido dada a conocer este lunes por el portavoz de los socialistas extremeños, Manuel González Andrade, que ha sido muy crítico con el nuevo Gobierno extremeño, que “hablaba de austeridad y recortes de gasto”, pero “lo primero que ha hecho ha sido incrementar el número de altos cargos y de direcciones generales”.

“Es un Ejecutivo más caro para el bolsillo de los extremeños”, ha dicho el portavoz del PSOE, quien ha expresado su preocupación por el hecho de que las políticas de juventud, cooperación y migración recaigan “en las manos de Vox”.

También ha criticado “el parón institucional” de la Junta durante casi seis meses cuyas consecuencias, según ha detallado, ya se han visto en materia de empleo y financiación: “destrucción de puesto de trabajo y 1.300 millones de euros sin ejecutar”. “Estamos ante un Gobierno inoperativo e ineficaz que será el 'hazmerreir' de España”, ha dicho González Andrade.

El PP de Extremadura ha instado al PSOE a abandonar la “política del miedo” porque el acuerdo entre PP y Vox para la formación del gobierno se va a cumplir “respetando la ley” y le ha recriminado que su única actuación esté siendo “el ataque por el ataque”.

“Ni un gesto ha tenido de arrimar el hombro”, ha aseverado este lunes en rueda de prensa el portavoz del partido, José Ángel Sánchez Juliá, quien ha afirmado que lo único que hacen los socialistas es generar “ruido”.

En este sentido, ha afirmado que el comité jurídico anunciado por el PSOE para supervisar el acuerdo PP-Vox nace muerto porque “no va a tener nada que vigilar” dado que el pacto se materializará “respetando la ley” de acuerdo con los fechas de cumplimiento fijadas para cada uno de sus puntos.

Sánchez Juliá ha señalado que desde la elección de Álvaro Sánchez Cotrina como líder de los socialistas extremeños lo único que han hecho es “atacar” y exigir un rápido acuerdo entre populares y los de Abascal para después criticarlo cuando se ha alcanzado, lo mismo que ha ocurrido con la formación del nuevo Ejecutivo regoinal.

El portavoz del PP ha censurado la “agresividad constante” de los socialista frente a la “mano tendida” de la presidenta de la Junta, María Guardiola, al tiempo que ha criticado a quienes atacan el nuevo gobierno alegando que ello supone “atacar el voto de los extremeños”. A este respecto, Sánchez Juliá ha argumentado que el Gobierno “es el que pidieron los extremeños en las urnas” y está respaldado por el 60% de los diputados regionales.

Además, ha recordado que la hoja de ruta del nuevo Gobierno seguirá siendo impulsar el crecimiento económico y una bajada de impuestos para fortalecer de este modo los servicios públicos. Todos sus miembros, que tomaron posesión de su cargo el pasado jueves, vienen avalados por un trayectoria política y profesional y su vocación de servicio público, liderados por una presidenta que “da la cara” y reclama lo que se le debe históricamente a Extremadura, ha añadido.

Trabajará, ha subrayado, en base a un acuerdo que garantiza presupuestos autonómicos durante cuatro años, “salvaguardando la igualdad y la diversidad”, apostando por la continuidad de la central nuclear de Almaraz, contratando a más profesionales sanitarios y “mirando a los jóvenes con una apuesta por la vivienda”.

Joaquín Leguina fue el primer presidente de la Comunidad de Madrid, un cargo que ocupó entre 1983 y 1995. También ha sido el único presidente de la región del PSOE, aunque su simpatía con Isabel Díaz Ayuso le costó su expulsión del partido en 2022, tras haberla apoyado en las elecciones. Sin embargo, la Justicia condenó al PSOE por vulneración del derecho de asociación al entender que extendió más del tiempo razonable la suspensión cautelar de militancia de Leguina mientras tramitaba el expediente de expulsión del partido.

En una entrevista con El Mundo, Leguina ha reiterado que, aunque la Justicia obligase a readmitirle en el PSOE, sigue sin tragar a Pedro Sánchez. El que fue el primer presidente de la Comunidad de Madrid ha insistido en que le preocupa la situación económica de España, mientras Sánchez “sigue tirando de la cuerda y ha subido los impuestos”. Tampoco comulga con todas las iniciativas de su propio partido. En cuanto a la regularización de migrantes aprobada este mes de abril, Joaquín Legunia cree que en principio, “es positiva, pero como no llega a acuerdos con los Ayuntamientos se lo carga todo. Hace la ley y se lava las manos. ¿No se da cuenta de que es un proceso complejo del que el Estado no se puede apartar? Es un ejemplo que muestra la forma en que trabaja este Gobierno”.

Leguina piensa que la colaboración con las autonomías es importante porque, si no, “las cosas no funcionan y lo que funciona dejará de hacerlo”. En cuanto al sistema de salud de la Comunidad de Madrid, cree que “todo puede mejorar, pero no hay derecho a criticar a la sanidad madrileña, que además recibe a enfermos de toda España, sólo para atacar a Ayuso”.

Esta simpatía con la actual presidenta fue la que motivó su expulsión del PSOE en 2022, pero a él no le importa: “Me da igual. Si creo que Ayuso es una buena presidenta, voy a decirlo aunque moleste. Además, la justicia ha acabado dándome la razón”. Leguina, que aceptó el puesto que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid le ofreció para presidir la Cámara de Cuentas madrileña, no se considera un traidor de su propio partido.

Ha vuelto a señalar a Pedro Sánchez como culpable de su descontento con el Partido Socialista: “El que ha movido la línea ha sido él, llevándose el PSOE mucho más a la izquierda. Creo que la prueba es cómo está comiéndose una parte importante del electorado de la extrema izquierda. Por algo será. Es un error”. Leguina ha calificado la gestión de Sánchez como una “estrategia perdedora”.

Leguina “no habría exhumado” a Franco y rechaza el término de “extrema derecha” para Vox

Pero Joaquín Leguina sigue definiéndose como socialista aunque no simpatice con la figura de Sánchez como presidente del Gobierno: “Me lo considero y lo soy. Me echaron, pero gané el juicio y ahora mismo soy miembro del PSOE y pago mis cuotas. Aunque lo intenta, Sánchez no puede quedarse el partido para él solo”. A sus 84 años, y habiendo vivido gran parte de la historia moderna española, insiste en que el PSOE tuvo un papel importante en la Transición, aunque no fuera el principal motor para traer la democracia, en un proceso que “empujaron Carrillo, Tamames y otros cuantos comunistas junto a Suárez, Fraga, Verstrynge y otros que venían del franquismo”.

Leguina, aunque durante la entrevista con el citado medio defiende el papel de Adolfo Suárez y Fernando Abril Martorell en la Transición, cree que durante la democracia se hicieron cosas con las que tampoco comulga, como la exhumación de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. “Es verdad que él nunca quiso que le enterraran en el Valle de los Caídos, que fue una decisión de sus amigos, pero aun así yo no lo hubiera exhumado”, ha confesado Joaquín Leguina sobre Franco, “pero se ha creado ese ambiente que no deja en paz ni a los muertos”. Sobre Primo de Rivera, cree que “murió fusilado sin ninguna razón. Era amigo de Mussolini, vale, ¿pero qué había hecho de malo? Absolutamente nada. Estaba enterrado ahí y no tienes derecho a sacarlo. En este caso fueron sus familiares, pero presionados por la situación”.

Además, Leguina opina que “se exagera un poco” cuando se habla de extrema derecha al referirse a Vox. “Me cuesta mucho pensar que Santiago Abascal sea un tipo de extrema derecha”, ha añadido el expresidente autonómico.

“Yo soy proisraelí y no trago a Netanyahu, pero para Sánchez las dos cosas son lo mismo”

Joaquín Leguina vuelve a cargar contra el presidente del Gobierno durante la entrevista con el diario El Mundo. No considera a Pedro Sánchez socialista, pese a que sí se considera a sí mismo uno de ellos: “Me genera bastantes dudas. Es un oportunista que tira piedras todo el rato sin pensar en las consecuencias”. Leguina ha criticado las reacciones de Sánchez ante el Gobierno de Trump en Estados Unidos: “Si eres presidente del Gobierno tienes que tener cuidado con lo que dices porque te puede sacudir y hacerte daño no sólo a ti, sino a todo el país. Tu responsabilidad es el bien de los ciudadanos, no lucirte. Y luego está la manía que le ha cogido a Israel. Yo soy proisraelí y no trago a Netanyahu, pero para Sánchez las dos cosas son lo mismo”.

Mirando hacia el futuro, Leguina piensa en qué será del PSOE cuando se vaya Pedro Sánchez: “Igual acaba definitivamente con el partido”. Un partido con el que, según demuestra, no se siente ya tan representado, y confiesa que comparte esa visión con Felipe González: “Cuando ha dicho que no va a votar al PSOE, que yo tampoco, es porque lo siente en la cabeza y en el corazón. Está jodido, más que los demás”.