El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha pedido al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, no dejar “la silla vacía” de Castilla y León en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el próximo jueves, cuando abordará la situación de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta.

Carlos Martínez ha reclamado a Mañueco que “recoja la tumbona y la toalla y se venga de las vacaciones” para dirigir la Comunidad autónoma en vez de que sea “Vox y ”la extrema derecha“ la que marque la agenda de la política autonómica en la materia.

El líder de los socialistas castellanos y leoneses se ha referido a la “crisis humanitaria y de seguridad” que se ha vivido en Ceuta y, frente a ella, el planteamiento de la Junta de Castilla y León ha sido el de hacer “una deserción de sus responsabilidad” al anunciar que no acudirán al encuentro entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas del próximo jueves.

Ha argumentado que si Mañueco es contrario a la ley de inmigración tiene que defender esa postura “precisamente en la conferencia sectorial” y, del mismo modo, ese es el marco para que diga si “discrepa de cuál va a ser redistribución de fondos, los mecanismos de financiación o cualquier otra circunstancia”.

“La respuesta no puede ser la deserción de sus responsabilidades, la respuesta no puede ser dejar la silla vacía ante un drama como éste”, ha declarado Carlos Martínez, que, además, ha hecho hincapié en que luego Castilla y León no puede pedir “colaboración y solidaridad” de otros territorios en materia de cohesión entre comunidades, cuando luego no ejerce esa cohesión dentro del Estado español ante una situación como la de Ceuta.

Por ello, ha pedido a Mañueco que asuma sus responsabilidades y acuda a la conferencia sectorial para defender los intereses de Castilla y León para “no pasar la vergüenza” de los últimos meses en los que la Comunidad tampoco ha acudido a otras sectoriales.

Carlos Martínez ha realizado estas declaraciones este lunes por la tarde en Fariza (Zamora), donde ha realizado una visita a la zona afectada por el incendio forestal de Fermoselle.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha Sergio Gutiérrez ha criticado este lunes las distintas 'varas de medir' de PP y Vox en relación a los incendios, según quién gobierne.

El dirigente socialista se ha referido a los fuegos activos en las provincias de Niebla (Huelva) y de Navas de San Antonio (Segovia) este lunes. “Si esto mismo que pasa en Andalucía o en Segovia, estuviera pasando en Castilla-La Mancha (como ya ocurrió) estarían los dirigentes del PP y VOX pidiendo más medios, nivel 3, la UME y los cascos azules…”

Gutiérrez aludía así a la petición que realizaba, de forma insistente, el PP castellanomanchego el pasado mes de julio para que el Gobierno de Castilla-La Mancha solicitase la activación del nivel 3 (emergencia nacional) en el incendio que se declaró en La Mierla.

Reclamaron la posible activación del nivel 3 “para conseguir todos los medios posibles”, aunque en aquel momento el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, aclaró que estar en ese nivel de emergencia “no supone más medios”, sino un cambio en la dirección del operativo de extinción. Ocurrió con el incendio en la Sierra Oeste de Madrid, cuando la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso pidió al Gobierno de España que se hiciera cargo la gestión de aquel incendio, y extendió la emergencia nacional a los incendios de Burgohondo (Ávila) y Almorox (Toledo).

Hoy el vicepresidente primero, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, del PP, ha dicho que el fuego declarado en Niebla (Huelva) está “fuera de capacidad de extinción” y sostiene que “no es por falta de medios, sino por su propio comportamiento”.

Desde Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez cree que “es muy doloroso comprobar como tenemos, en Castilla-La Mancha, a la peor derecha en los peores momentos, cuando en vez del hombro arriman el ascua a su interés”.

El dirigente socialista ha deseado “mucho ánimo a todos los que luchan contra el fuego sean del partido y del lugar que sean”.

El secretario general del PSOE Canarias y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, formalizará el próximo 31 de agosto su candidatura para volver a optar a la Presidencia del Gobierno de Canarias en las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

Torres hará oficial su candidatura durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE Canarias que se celebrará ese día en Santa Cruz de Tenerife y que marcará el inicio del nuevo curso político de los socialistas canarios. En este encuentro está previsto, además, aprobar el calendario de primarias que regirá el proceso de designación de la candidatura socialista al Ejecutivo autonómico.

El PSOE Canarias activa el proceso de primarias con la mirada puesta en mayo de 2027

Ese mismo día, el PSOE Canarias celebrará un acto con alcaldes socialistas y, posteriormente, un encuentro con cargos públicos y militantes, con el objetivo de dar comienzo al proceso electoral dentro del partido y a las tareas de movilización orgánica.

Los socialistas canarios afrontan esta nueva etapa con el objetivo de “volver a ganar la confianza mayoritaria” de la ciudadanía, algo que, según destaca el partido, “ha ocurrido en todos los procesos electorales convocados en Canarias desde 2017”, tanto en las elecciones autonómicas como en las generales y europeas.

Para ello, el PSOE Canarias asegura que seguirá apostando por un proyecto “reconocible y con un liderazgo claro”, centrado en el fortalecimiento de los servicios públicos, con especial atención a la sanidad, la educación, las políticas sociales y el acceso a la vivienda.

A esta línea sumará, según los socialistas, el impulso de un modelo de crecimiento económico que combine creación de empleo, cohesión social e igualdad de oportunidades.

El PSOE Canarias afronta así el inicio del proceso electoral convencido de que “representa la única alternativa” para el Gobierno de Canarias y con la intención de construir una propuesta política “amplia, participativa, ilusionante y preparada” para afrontar con garantías los principales retos del archipiélago durante la próxima legislatura.

Hay imágenes que no necesitan interpretación. Las fotografías publicadas por distintos medios no son una anécdota: son una bomba jurídica. En ellas aparecen el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y el abogado Javier Gómez Bermúdez compartiendo vinos y cañas en una terraza del centro de Madrid. No se trata de un encuentro casual. Según los reportajes, ambos se reúnen prácticamente a diario, durante tres o cuatro horas, acompañados en ocasiones por la pareja del juez. Y lo hacen mientras Pedraz instruye la causa en la que la clienta de Gómez Bermúdez está imputada: la trama de hidrocarburos, un fraude millonario del IVA con ramificaciones políticas de primer nivel.

La escena, repetida día tras día, constituye, en términos estrictamente jurídicos, un evidente conflicto de intereses. La Ley Orgánica del Poder Judicial es clara: la amistad íntima entre un juez y un abogado que interviene en su procedimiento es causa de abstención y, si no se produce, la de recusación. No es una cuestión estética. Es una cuestión de neutralidad judicial y de confianza pública.

La incompatibilidad es evidente: el juez Pedraz instruye el caso donde está imputada Carmen Pano; su abogado es Gómez Bermúdez; y ambos mantienen una relación social estrecha, documentada en prensa: reuniones diarias, sobremesas, vinos y cañas. Esto no es una imprudencia. Es una contaminación directa del procedimiento.

Con lo que estamos viendo, nadie puede sorprenderse si la neutralidad judicial parece negociarse entre vinos. La justicia no solo debe ser imparcial: debe parecerlo. Y aquí no lo parece. Ni remotamente.

La justicia no puede ser amiga de nadie. Mucho menos del abogado de una imputada. Y muchísimo menos cuando esa imputada ha confesado, aunque no acreditado, haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE para financiar campañas electorales. La apariencia de imparcialidad no está dañada: está arrasada.

Su declaración forma parte de una trama que ya ha provocado que el PP solicite elevar la causa al Tribunal Supremo por la implicación del exministro José Luis Ábalos. Estamos ante un procedimiento con impacto político directo y consecuencias penales potencialmente devastadoras. En ese contexto, la imagen de juez y abogado compartiendo ocio de forma habitual no solo erosiona la apariencia de imparcialidad: la pulveriza.

La jurisprudencia es inequívoca: la apariencia importa tanto como la realidad. El Tribunal Supremo ha reiterado que la imparcialidad judicial no se mide únicamente por la ausencia de influencia real, sino por la apariencia objetiva de independencia. La pregunta no es si Pedraz y Gómez Bermúdez son amigos. La pregunta es si un ciudadano razonable puede pensar que lo son. Y la respuesta, a la vista de los hechos, es evidente.

Existe además un riesgo real de nulidad y de intervención de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, hoy en día con dudosa credibilidad. Si algunas de las partes presentan una recusación, y sería plenamente justificable, la Sala deberá decidir si la relación entre ambos compromete la imparcialidad del juez. Si lo estima, Pedraz será apartado de la causa. Si no lo estima, la sombra de duda seguirá proyectándose sobre todo el procedimiento. Y la existencia de esta relación podría afectar incluso a la validez de diligencias ya practicadas. En casos de alta sensibilidad institucional, la nulidad no es un escenario remoto: es una posibilidad real.

Otra causa que aparece es la instrumentalización de la UCO y la UDEF y que agrava el problema. En este caso, la UCO y la UDEF están siendo utilizadas como instrumentos por jueces enfrentados entre sí. Entre los policías les llaman “servir a jueces díscolos”. Yo lo digo más claro: cuando las unidades policiales de élite dejan de responder al interés general y pasan a responder a la estrategia de un magistrado, la justicia pierde su neutralidad y el Estado de Derecho se resiente.

El conflicto entre la UCO, que trabaja para Pedraz en el caso Leire Díez, y la UDEF, que trabaja para Moreno en el caso Koldo, no es técnico. Es estructural. Dos jueces investigan materia idéntica: movimientos económicos del PSOE. Dos unidades policiales ejecutan diligencias que se solapan. Y todo ello ocurre sin coordinación institucional, sin control y sin una resolución clara de competencia.

Cuando la justicia se convierte en un tablero donde cada juez mueve “su” unidad policial como si fuera una pieza propia, la ciudadanía pierde confianza. Y sin confianza, no hay justicia. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debe intervenir. El CGPJ debe actuar. La situación actual ha llevado al descrédito de las unidades policiales, hoy convertidas en vectores del descrédito judicial.

Se pide a gritos la necesidad de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para impedir que cada juez actúe como “centro autónomo” sin control institucional. Las unidades policiales deben volver a ser lo que siempre debieron ser: instrumentos del Estado, no de los jueces.

La Audiencia Nacional no puede permitirse que uno de sus magistrados aparezca cada tarde en una terraza con el abogado de una persona imputada en su propio juzgado. No puede permitirse que esa relación sea pública, reiterada y fotografiada. No puede permitirse que la ciudadanía piense que la justicia se negocia entre vinos y cañas. La independencia judicial es un pilar del Estado de Derecho. Las imágenes publicadas lo resquebrajan.

Este es un caso que exige una respuesta institucional inmediata. La relación entre Pedraz y Gómez Bermúdez no es un detalle pintoresco. Es un problema estructural que afecta a la credibilidad de la instrucción, a la confianza en la Audiencia Nacional de la que no anda sobrada y a la integridad del proceso penal.

Lo dicho, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debe actuar. Las partes deben valorar la recusación. Y el Consejo General del Poder Judicial no puede mirar hacia otro lado.

La justicia no admite amigos. Y menos aún entre un juez y el abogado de una imputada.

La exmilitante del PSOE Leire Díez ha reclamado a la Audiencia Provincial de Madrid que permita investigar si miembros de la Guardia Civil buscaron su nombre en bases de datos reservadas o hicieron seguimiento de sus reuniones con un comandante imputado en el ‘caso Koldo’ antes de que se abriese ninguna causa judicial contra ella. Así consta en el recurso que su defensa ha presentado contra la decisión del juez de Madrid Arturo Zamarriego de negar estas diligencias al considerarlas “inútiles”.

La abogada de Leire Díez, Eva Bejarano, sostiene que el rechazo del juez Zamarriego vulnera de forma flagrante el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Díez está siendo investigada tanto en este juzgado de Madrid como en la Audiencia Nacional por su supuesta participación en una trama conspiranoica que trabajó para frenar investigaciones judiciales y que buscó extender su influencia a la Guardia Civil, cuyos mandos están detrás de algunas de las causas que atañen al entorno del partido y del Gobierno.

Los mensajes y audios intervenidos revelan los intentos de la trama presuntamente dirigida por el ex ‘número tres’ del PSOE Santos Cerdán y Leire Díez por desacreditar o inquietar el trabajo de jueces, fiscales o policías. Es un extremo que evidencia también la intensa agenda de reuniones que esta última mantuvo con personajes muy variopintos a partir de abril de 2024, cuando Santos Cerdán le encargó desplegar una estrategia que tenía un plan dual. Por un lado, neutralizar las citadas causas judiciales. Y, por otro, destapar a la “policía patriótica” en la época del PP para mostrar cómo sus oscuras maniobras tuvieron a Pedro Sánchez como blanco y reforzar así su posición política.

La exmilitante sostiene, sin embargo, que esas reuniones formaban parte de una investigación periodística y que el caso se ha construido sobre grabaciones ilegales, manipuladas, cortadas y modificadas de conversaciones privadas en un despacho de abogados junto a miembros de las fuerzas de seguridad, con el único fin de desprestigiarla.

Para sustentar esa tesis, su defensa reclama a la Audiencia Provincial de Madrid que permita solicitar que el Delegado de Protección de Datos de la Guardia Civil aporte un registro detallado de cualquier consulta o búsqueda efectuada con los términos “Leire” o “María Leire Díez Castro” (y sus variantes), especificando la dirección IP de acceso, la fecha, los términos utilizados y la identidad del funcionario responsable.

También, que el instituto armado aporte cualquier informe, acta o dación de cuentas que obre en su poder sobre las reuniones que Leire Díez mantuvo los días 10 y 16 de marzo de 2025 con Rubén Villalba, un comandante que permanece imputado en el caso Koldo por facilitar teléfonos seguros a la trama del empresario Víctor de Aldama, del asesor Koldo García y del exministro José Luis Ábalos.

El PSOE de Extremadura ha acusado este viernes al vicepresidente de la Junta y líder regional de Vox, Óscar Fernández Calle, de protagonizar un “periplo de la vergüenza” por diferentes televisiones nacionales para defender la negativa del Gobierno autonómico a la acogida de menores migrantes.

En un comunicado, los socialistas consideran “muy graves y profundamente vergonzosas” las declaraciones realizadas por Fernández Calle, especialmente después de que haya asegurado que se opondrá “por tierra, mar y aire” al reparto de menores y que empleará todos los medios políticos, administrativos y jurídicos a su alcance para impedir su llegada a Extremadura.

“Estamos hablando de menores, de niños y niñas que necesitan protección. No son ‘inmigrantes ilegales’, como pretende hacer creer el Ejecutivo regional. Son menores con derechos y la obligación de las administraciones es protegerlos”, sostiene el PSOE extremeño.

La formación socialista considera especialmente preocupante que un vicepresidente de la Junta anuncie una batalla contra el cumplimiento de la ley mientras asegura que actuará “dentro de la ley”.

“Un Gobierno no puede decidir qué leyes cumple y cuáles no. La Junta de Extremadura tiene la obligación de proteger a los menores, sean españoles o extranjeros, y no puede convertir el cumplimiento de la legalidad en una cuestión ideológica”, señala el comunicado.

Críticas a Guardiola por su acuerdo con Vox

El PSOE también dirige sus críticas hacia la presidenta de la Junta, María Guardiola, a quien responsabiliza de la situación política en Extremadura. Los socialistas consideran “muy triste” que su “ambición” por mantenerse en el Gobierno haya llevado a la región hasta este escenario.

En este sentido, el PSOE afirma que Extremadura, a la que define como una tierra “solidaria, acogedora y de oportunidades para quienes tuvieron que marcharse”, se encuentra ahora “abochornada por un Gobierno que criminaliza a menores y utiliza la inmigración para alimentar la confrontación política”.

Los socialistas extremeños también reprochan a Fernández Calle que dedique la jornada a participar en programas de televisión de ámbito nacional para defender la posición de Vox en lugar de centrarse, a su juicio, en los problemas de la comunidad autónoma.

“Mientras Extremadura necesita soluciones a problemas reales, su vicepresidente se marcha de plató en plató a hacer propaganda de Vox y a proyectar una imagen de nuestra tierra que no representa lo que somos”, sostiene el PSOE.

La formación concluye que esta situación es consecuencia directa del acuerdo de gobierno entre el PP y Vox en Extremadura: “Ese es el precio de que la señora Guardiola haya decidido gobernar con Vox; que Vox marque el discurso y la imagen de Extremadura”.

El concejal del Grupo Municipal del PSOE, Iván Reinares, ha asegurado que los técnicos municipales “están desmontando las garantías de Conrado Escobar sobre la adjudicación sin publicidad ni sorteo público de 104 viviendas de protección oficial en Logroño”. En comparecencia de prensa, el edil socialista ha desvelado que “los técnicos municipales están ahora requiriendo a las promotoras el cumplimiento de sus obligaciones, exigiendo expresamente la información necesaria para asegurar que el proceso de selección de los compradores ha respetado la ley”.

Reinares ha criticado a Escobar y a la concejala del ramo por “atreverse a asegurar que todo estaba bien y que el proceso era legal” mientras que los “funcionarios son quienes están solicitando pruebas”, apunta el socialista que añade que “si los técnicos se ven ahora obligados a exigir las pruebas de los adjudicatarios, queda demostrado que el Gobierno de Escobar mintió a los logroñeses para tapar su dejación”, asevera.

Asimismo, el concejal socialista ha señalado que “ninguna promotora ha contestado a los técnicos sobre el proceso de selección, por lo que los expedientes siguen vacíos de explicaciones”. Estas 104 viviendas adjudicadas se han hecho “sin publicidad y sin sorteo”, algo que exige la Ley de Vivienda regional, ha recordado Reinares. El concejal del PSOE ha subrayado que “la vivienda protegida no es un favor que se otorga por gracia empresaria ni un terreno para la improvisación política”, y ha exigido “transparencia real”.

Por último, Reinares ha explicado que el PSOE “seguirá siendo vigilante” ante un Gobierno de Escobar “que va de desastre en desastre”, y ha indicado que “de momento dejarán que los servicios municipales sigan su curso de requerimientos aplicando las medidas que marca la ley ante el desatendido cumplimiento del Gobierno de Escobar”.

El PP acusa al PSOE de "confundir deliberadamente"

Los populares han respondido a las acusaciones del PSOE lamentando que vuelvan “a confundir deliberadamente los procedimientos ordinarios de control administrativo con una supuesta irregularidad”. Y es que aseguran que los técnicos municipales están haciendo “exactamente lo que corresponde: requerir a las empresas adjudicatarias la documentación necesaria y exigirles el estricto cumplimiento de las condiciones recogidas en el pliego”. Así, el PP de Logroño explica que “los requerimientos son una herramienta habitual de comprobación en cualquier procedimiento sujeto a control público. No demuestran que se haya producido un incumplimiento, sino precisamente que existen mecanismos de supervisión y cautela para garantizar que las empresas cumplen todas sus obligaciones”.

Por todo ello, desde las filas populares aseguran que la pretensión del concejal socialista, Iván Reinares, es “postularse para relanzar su carrera política dentro del desordenado PSOE de Logroño que sigue sin candidato”.

El PSPV-PSOE vol deixar arrere la imatge de les conferències de partit plenes de discursos interminables, votacions de ponències i militants tancats durant tot un cap de setmana. L’equip de Diana Morant prepara per als dies 19 i 20 de setembre una convenció política inspirada en les grans trobades del Partit Demòcrata nord-americà: un esdeveniment concebut tant per a presentar un programa de govern com per a convertir el llançament de la líder socialista en un acte polític, cultural i mediàtic a la Universitat d’Alacant.

La música, els espais temàtics, la presència d’activistes i influenciadors de l’esquerra alternativa i una programació paral·lela oberta a persones alienes a l’organització compartiran protagonisme amb els debats interns. L’objectiu no és únicament aprovar un document polític, expliquen fonts del partit, sinó escenificar un temps nou per al PSPV i començar, de facto, la campanya cap a les eleccions autonòmiques del 2027.

Criden l’atenció algunes de les figures convidades, ja que en alguns casos són dones que han militat en espais situats a l’esquerra dels socialistes. És el cas de la jutgessa i exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena, Cristina Almeida o Glòria Marcos, excoordinadora general d’Esquerra Unida del País Valencià. A més, també hi haurà cares conegudes de la televisió, com Sarah Santaolalla, o la influenciadora Elena Reinés.

Després d’aquesta posada en escena arribarà la conferència pròpiament dita. Els documents interns als quals ha tingut accés elDiario.es dibuixen una estructura molt allunyada de l’organització clàssica per àrees de gestió. La direcció ha optat per ordenar el debat al voltant de cinc grans preguntes que, segons planteja el partit, resumeixen les principals preocupacions de la ciutadania: si podrà accedir a la sanitat quan la necessite; si podrà continuar vivint al seu barri o al seu poble malgrat el preu de l’habitatge; si tindrà una faena digna; si les institucions respondran davant d’una nova emergència com la dana, i si la Comunitat Valenciana continuarà sent una societat oberta, plural i orgullosa de la seua identitat.

A partir d’aquestes qüestions s’articularan cinc grans blocs: “Viure bé”, dedicat a la sanitat i les cures; “Viure ací”, centrat en l’habitatge, la joventut i l’equilibri territorial; “Prosperar”, sobre ocupació i transformació econòmica; “Protegir la terra, protegir la vida”, que abordarà la gestió de la dana, el canvi climàtic i l’aigua, i “Educació, drets i orgull valencià”, concebut com l’espai per a debatre sobre educació, igualtat, cultura i autogovern.

La intenció de la direcció socialista és que cadascun d’aquests eixos tinga una doble utilitat. D’una banda, servirà per a elaborar un document polític breu que fixe el diagnòstic i les prioritats del programa amb què Diana Morant concorrerà a les eleccions del 2027. De l’altra, estructurarà els debats de la conferència, amb espais per a incorporar aportacions d’agrupacions locals, experts i organitzacions socials.

Però el canvi més visible estarà fora de les sales de debat. Davant del format habitual de les conferències polítiques del PSOE, el PSPV vol que la programació oficial convisca amb activitats paral·leles dirigides a persones que ni tan sols formen part de l’organització. La direcció pretén obrir el partit a perfils procedents del món de la cultura, l’activisme social, l’associacionisme i l’ecosistema digital progressista, amb l’objectiu de convertir la conferència en un espai de trobada amb una esquerra més àmplia que l’estrictament socialista.

El PSPV també mostrarà múscul de la seua presència en la direcció federal del partit i en el Govern. Així, participaran amb les seues pròpies ponències la secretària d’Organització del PSOE, Rebeca Torró; el ministre d’Hisenda, Arcadi España, i la delegada del Govern i candidata a l’Alcaldia de València, Pilar Bernabé.

El PSPV-PSOE quiere dejar atrás la imagen de las conferencias de partido repletas de discursos interminables, votaciones de ponencias y militantes encerrados durante un fin de semana. El equipo de Diana Morant prepara para los días 19 y 20 de septiembre una convención política inspirada en los grandes encuentros del Partido Demócrata estadounidense: un evento concebido tanto para presentar un programa de gobierno como para convertir el lanzamiento de la líder socialista en un acontecimiento político, cultural y mediático en la Universidad de Alicante.

La música, los espacios temáticos, la presencia de activistas e influencers de la izquierda alternativa y una programación paralela abierta a personas ajenas a la organización compartirán protagonismo con los debates internos. El objetivo no es únicamente aprobar un documento político, explican fuentes del partido, sino escenificar un nuevo tiempo para el PSPV y comenzar, de facto, la campaña hacia las elecciones autonómicas de 2027.

Llaman la atención algunas de las estrellas invitadas, puesto que en algunos casos son mujeres que han militado en espacios a la izquierda de los socialistas. Es el caso de la jueza y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, Cristina Almeida o Gloria Marcos, ex coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià. Además, también habrá caras conocidas de la televisión, como Sarah Santaolalla, o la influencer Elena Reinés.

Tras esa puesta en escena llegará la conferencia propiamente dicha. Los documentos internos a los que ha tenido acceso elDiario.es dibujan una estructura muy alejada de la organización clásica por áreas de gestión. La dirección ha optado por ordenar el debate alrededor de cinco grandes preguntas que, según plantea el partido, resumen las principales preocupaciones de la ciudadanía: si podrá acceder a la sanidad cuando la necesite; si podrá seguir viviendo en su barrio o en su pueblo pese al precio de la vivienda; si tendrá un empleo digno; si las instituciones responderán ante una nueva emergencia como la dana; y si la Comunitat Valenciana seguirá siendo una sociedad abierta, plural y orgullosa de su identidad.

A partir de esas cuestiones se articularán cinco grandes bloques: 'Viure bé', dedicado a la sanidad y los cuidados; 'Viure ací', centrado en la vivienda, la juventud y el equilibrio territorial; 'Prosperar', sobre empleo y transformación económica; 'Protegir la terra, protegir la vida', que abordará la gestión de la DANA, el cambio climático y el agua; y 'Educació, drets i orgull valencià', concebido como el espacio para debatir sobre educación, igualdad, cultura y autogobierno.

La intención de la dirección socialista es que cada uno de esos ejes tenga una doble utilidad. Por un lado, servirá para elaborar un documento político breve que fije el diagnóstico y las prioridades del programa con el que Diana Morant concurrirá a las elecciones de 2027. Por otro, estructurará los debates de la conferencia, con espacios para incorporar aportaciones de agrupaciones locales, expertos y organizaciones sociales.

Pero el cambio más visible estará fuera de las salas de debate. Frente al formato habitual de las conferencias políticas del PSOE, el PSPV quiere que la programación oficial conviva con actividades paralelas dirigidas a personas que ni siquiera forman parte de la organización. La dirección pretende abrir el partido a perfiles procedentes del mundo de la cultura, el activismo social, el asociacionismo y el ecosistema digital progresista, buscando convertir la conferencia en un espacio de encuentro con una izquierda más amplia que la estrictamente socialista.

El PSPV también mostrará músculo de su presencia en la dirección federal del partido y en el Gobierno. Así, participarán con sus propias ponencias la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; el ministro de Hacienda, Arcadi España, y la delegada del Gobierno y candidata a la alcaldía de València, Pilar Bernabé.

El PSOE de Gran Canaria ha aprobado por unanimidad solicitar a la Comisión Ejecutiva Regional la convocatoria de las elecciones primarias del partido en noviembre para elegir las candidaturas al Cabildo de Gran Canaria y a las alcaldías de los siete municipios de la isla donde este proceso interno está contemplado por la normativa socialista. La decisión marca el inicio del calendario de primarias con vistas a la designación de los candidatos para los próximos comicios municipales e insulares.

El acuerdo, adoptado en una reunión convocada por el secretario general insular, Sebastián Franquis, con la participación de representantes de los municipios en los que se celebrarán primarias, han respaldado “de forma unánime” la propuesta de desarrollar un calendario común para todas las instituciones implicadas, según ha informado el PSOE grancanario en nota de prensa.

Franquis ha señalado que este acuerdo “refleja la madurez y la cohesión” del PSOE de Gran Canaria, ya que ha apuntado que el proceso se afronta “desde la unidad, convencidos de que la participación de la militancia fortalece” las candidaturas y “permite llegar mejor preparados” a las elecciones municipales e insulares de 2027.

La solicitud ha sido trasladada a la Secretaría Regional de Organización del PSOE Canarias, en cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comité Federal del PSOE el pasado 27 de junio, que aprobó la convocatoria y el calendario de las elecciones primarias para la designación de las candidaturas a las elecciones municipales y autonómicas previstas para el 23 de mayo de 2027.

Las candidaturas se celebrarán para elegir la candidatura del PSOE al Cabildo de Gran Canaria, así como a las alcaldías de Agüimes, Gáldar, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana y Telde.

El secretario general insular ha destacado que las primarias constituyen uno de los principales instrumentos de participación democrática del PSOE y uno de los elementos que mejor definen el funcionamiento interno de la organización.

Así ha subrayado que las primarias “refuerzan” la legitimidad de quienes encabezan las candidaturas, “favorecen el debate de ideas, garantizan la transparencia en los procesos de selección y sitúan a la militancia en el centro de las decisiones”.

Franquis ha destacado que “son una de las grandes fortalezas” del PSOE como organización democrática.

Las Palmas de Gran Canaria y Arucas fuera del calendario

De momento, ha apuntado que Las Palmas de Gran Canaria y Arucas, ambos municipios, quedan “por el momento” fuera de este calendario, ya que se tratan de ayuntamientos gobernados por alcaldes socialistas que pueden optar a la reelección.

Añade que, de acuerdo con la normativa federal del PSOE, los actuales alcaldes disponen hasta el 8 de octubre para comunicar oficialmente si concurrirán nuevamente como candidatos. En caso de optar a la reelección, no procederá la celebración de primarias, salvo que concurran los supuestos excepcionales previstos en la normativa del partido.

Y es que, explica, el sistema de primarias del PSOE combina la participación directa de la militancia con un procedimiento reglado de presentación de precandidaturas, recogida de avales, campaña informativa y votación, garantizando un proceso abierto, transparente y con “todas las garantías democráticas” para la elección de las personas que encabezarán las candidaturas socialistas.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete ha presentado una iniciativa para frenar de manera definitiva la implantación de un macrovertedero de residuos de amianto en el término municipal.

Esta semana la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado el anuncio por el que se inicia el periodo de información pública relacionado con la solicitud de la autorización ambiental integrada y del estudio de impacto ambiental del proyecto.

El portavoz socialista, José González, ha anunciado que ya ha solicitado formalmente y por escrito al alcalde, Manuel Serrano, la convocatoria de la Junta de Portavoces con el objetivo de incluir en el orden del día del próximo Pleno Ordinario, fijado para el 27 de agosto, y con los informes técnicos pertinentes, el debate y votación de un acuerdo plenario de no conformidad respecto a la tramitación de la evaluación de impacto ambiental de este proyecto.

La iniciativa empresarial se ha planteado en el paraje La Castra, y prevé la construcción de nueve vasos de almacenamiento de desechos de amianto procedentes de diversos puntos de la provincia de forma progresiva, con capacidad para cerca de 300.000 toneladas. “La operativa contemplada supondría el tránsito diario de seis camiones de cinco toneladas divididos en dos rutas de acceso al término municipal”, explican los socialistas.

El concejal José González considera que “existen sobradas razones y motivos de tipo social, económico y medioambiental para rechazar y no respaldar este tipo de proyectos que tan sólo aportan inseguridad, intranquilidad y la alteración de nuestro modo de vida y de nuestro medio ambiente”.

La iniciativa del Grupo Municipal Socialista se apoya en el nuevo marco normativo de Castilla-La Mancha, tras la reciente entrada en vigor de la Ley 5/2026, de 16 de julio, que ha modificado la Ley de Evaluación Ambiental autonómica para reforzar la autonomía local, exigiendo de forma obligatoria un certificado de conformidad del Pleno de la Corporación para poder continuar con la tramitación de cualquier expediente de impacto ambiental.

El ayuntamiento tiene “capacidad de decisión definitiva”

El portavoz socialista ha destacado que este cambio legislativo otorga al Consistorio una “capacidad de decisión definitiva”.

“Esta facultad de adoptar un acuerdo de no conformidad en nombre de toda la ciudadanía no sólo permite manifestar el rechazo, sino que se convierte en un instrumento clave para que la voluntad del Ayuntamiento y de la ciudadanía sea el principal elemento para decidir qué tipo de desarrollo económico e industrial queremos para Albacete”, ha explicado González Martínez, añadiendo que si en el Pleno de agosto se alcanza ese acuerdo de no conformidad, “el procedimiento quedará finalizado”.

También ha apelado a la unidad de la Corporación para ofrecer “certidumbre a los vecinos y vecinas” y actuar con la misma determinación con la que ya se intervino en el pasado frente a otras iniciativas perjudiciales para el municipio. “Este es el camino que debe seguir el Ayuntamiento para aportar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía, como ya hizo este Consistorio con el proyecto de la planta de biogás, que se paralizó por la unanimidad municipal y ante el que el Grupo Municipal Socialista presentó una moción de rechazo que fue aprobada”, ha comentado José González, refiriéndose a una iniciativa planteada en octubre de 2024 y que se frenó a tráves de la oposición del ayuntamiento albaceteño.

Para concluir, el portavoz del Grupo Municipal Socialista ha señalado que “confiamos en que Manuel Serrano pase de las palabras a los hechos, y más allá de un titular improvisado defienda los intereses de la ciudadanía”.

La portavoz del PP dice que “llegan tarde”

La portavoz del Grupo Popular, Rosa González de la Aleja, ha respondido asegurado que “el PSOE llega siempre tarde, mal y a veces nunca”, afirmando que “pasó con la planta de biogás y ahora con la de amianto”.

Se ha dirigido al concejal socialista para recordar que “en el día de ayer el alcalde anunció públicamente, ante los medios de comunicación, que el Ayuntamiento iba a plantear todas las acciones políticas, sociales, técnicas e institucionales necesarias para evitar su instalación, como la celebración de un Pleno”.

En este sentido, ha pedido al portavoz socialista que opte por “la unidad y el consenso en temas que afectan directamente al bienestar de los ciudadanos”, como la planta de amianto, “en lugar de ir por su cuenta con la única intención de colgarse medallas políticas que no le corresponden y apropiarse de anuncios que no son suyos”.

González de la Aleja opina que “los socialistas quedaron retratados con el proyecto del biogás, al ocultar las gestiones e impulsarlo, y ahora pretenden redimir sus penas proponiendo cosas ya anunciadas y que están en marcha”.

“Nos resulta curioso que los socialistas del Ayuntamiento quieran darnos ahora lecciones cuando fueron ellos los que dejaron el proyecto de la planta de biogás en un estado avanzado para su instalación”, en la pasada legislatura, cuando gobernaba el PSOE. “Fue el Partido Popular, con Manuel Serrano al frente, quien lo paró en Romica”, ha recordado la edil.

En su opinión, el portavoz del PSOE “solo busca la notoriedad que ni su partido le da, ya que no preguntan por él ni en las encuestas”.

Hoy la edil insiste en que el PP rechazará el macrovertedero de amianto. “El equipo de Gobierno actuará con determinación, firmeza y contundencia, avalado por criterios urbanísticos y medioambientales, para impedir la instalación de esta planta de amianto en Albacete”, ha zanjado.

El Auditorio Municipal del municipio toledano de Sonseca pasará de llevar el nombre del Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela, a llamarse Auditorio Reyes Católicos, salvo que la decisión se revierta.

El cambio se planteaba en el último pleno municipal, a propuesta del equipo de Gobierno que conforman PP y Vox, con el rechazo del Grupo Municipal Socialista que cree que “no responde a un reconocimiento de la historia o del patrimonio local, sino que es una decisión de carácter ideológico”. También lo rechaza IU.

El PSOE se ha dirigido a la alcaldesa, la 'popular' Victoria Martín de San Pablo, y le pide que “rectifique” la medida, al no contar con el preceptivo respaldo necesario en el Pleno. Advierte el grupo municipal socialista que, de no dar marcha atrás, acudirá a los tribunales.

Los socialistas recuerdan que el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones establece un procedimiento específico para modificar la denominación de edificios o espacios públicos. Dicho procedimiento exige una “mayoría cualificada” para su aprobación.

Entienden que los hechos “podrían ser constitutivos de un posible delito de prevaricación administrativa, previsto en el artículo 404 del Código Penal, si finalmente se acreditara que se dictó una resolución arbitraria siendo plenamente consciente de su ilegalidad”.

En su opinión, “lo que no puede hacer un alcalde es cambiar las reglas del juego democrático cuando el resultado no le favorece. Si para conseguir un acuerdo es necesario incumplir el Reglamento municipal y alterar el procedimiento establecido, ya no estamos ante una simple discrepancia política, sino ante unos hechos de enorme gravedad que deben ser esclarecidos y, en su caso, depurados por los tribunales”, concluyen los socialistas.

La “advertencia” de la Secretaría del Ayuntamiento

En el Pleno donde se aprobó la medida, no estuvieron varios concejales del PSOE. Tampoco comparecieron los concejales de IU, quienes en un comunicado previo explicaron que la razón era, precisamente, no debatir ni facilitar la aprobación del cambio de nombre. “La propuesta está basada en el odio, el sectarismo, el revanchismo y la mediocridad”, aseguran, además de no tener intención “de reconocer el legado histórico de los Reyes Católicos o su relación con Sonseca”. De hecho, ya existe una avenida principal que lleva su nombre.

“La secretaria municipal advirtio durante la propia sesión, que no se alcanzaba la mayoría exigida por el Reglamento para proceder a la votación del cambio de nombre”, añaden desde el PSOE.

La propuesta está basada en el odio, el sectarismo, el revanchismo y la mediocridad

IU Sonseca

Y es que, dicen, “la normativa municipal establece que, en primer lugar, debe intentarse la aprobación por unanimidad de los 17 concejales de la Corporación. En caso de no alcanzarse, únicamente puede celebrarse una segunda votación si están presentes, al menos, 12 concejales y el acuerdo obtiene un mínimo de nueve votos favorables”.

El PSOE remarca que, pese a esa advertencia, “la alcaldesa, de manera antidemocrática y pueril, decidió modificar sobre la marcha la tramitación del asunto, transformando la propuesta de Alcaldía en una moción de urgencia que fue sometida a una votación distinta a la prevista en el Reglamento de Honores y Distinciones”.

El nombre salió adelante con los votos favorables de los concejales del Partido Popular y de VOX.

La alcaldesa, de manera antidemocrática y pueril, decidió modificar sobre la marcha la tramitación del asunto, transformando la propuesta de Alcaldía en una moción de urgencia que fue sometida a una votación distinta a la prevista en el Reglamento de Honores y Distinciones

PSOE Sonseca

Los socialistas creen que la actuación del equipo de gobierno tuvo “presuntamente como única finalidad eludir deliberadamente las mayorías reforzadas exigidas por la normativa municipal, alterando el procedimiento legalmente establecido para conseguir la aprobación del cambio de denominación”.

El PP habla de “preocupante actitud antidemocrática” de PSOE e IU

Desde el PP dice que PSOE e IU tuvieron una “premeditada y concertada estrategia” de no acudir al Pleno municipal “ para que la votación fuera válida”, en un comunicado. Dan por hecho que el acuerdo no lo fue, pero acusan a la oposición de “intentar pervertir la mayoría absoluta que ostentan PP y Vox” , con una “manifiesta y preocupante actitud antidemocrática”.

Les tachan también de “ruin y lamentable actitud” y justifican que tienen la mayoría absoluta (nueve concejales de un total de 17) y creen que con esa “mayoría cualificada” anuncian que “en cualquier momento” se llevará la propuesta de nuevo a Pleno.

Justifican el cambio recordando que la propuesta ya se llevó a otro pleno municipal en 2024. “En aquel entonces no hubo acuerdo, desmintiendo así que sea una imposición política de otro partido como afirma el PSOE” y de paso asegura que “imposiciones y cesiones las suyas a IU durante los últimos 25 años”.

Vox no se ha pronunciado al respecto, al menos no por la misma vía que lo han hecho el resto de grupos municipales (a través de las redes sociales), con un intercambio de comunicados.

El PP afea también que el nombre del Auditorio Nelson Mandela se aprobó en 2014 en un gobierno de coalición del PSOE e IU y que se hizo a través “de una de una simple moción del Grupo Municipal de IU, cuya propuesta recoge una sola línea, sin ningún tipo de procedimiento administrativo y sin tener en cuenta el reglamento de honores y distinciones de la Villa de Sonseca” .

En 2024 el nombre de Nelson Mandela salió de una de una simple moción del Grupo Municipal de IU, cuya propuesta recoge una sola línea, sin ningún tipo de procedimiento administrativo y sin tener en cuenta el reglamento de honores y distinciones de la Villa de Sonseca

PP Sonseca

Ellos también dicen que “fue una designación absolutamente ideológica ya que dicha figura no tiene ninguna relación con Sonseca ni con su historia, como exige este reglamento”.

Piden la nulidad del pleno y la dimisión de la alcaldesa

Mientras tanto, el Grupo Socialista ha anunciado que solicitará que el próximo Pleno declare la nulidad de pleno derecho del acuerdo por el que se aprobó el cambio de nombre, al considerar que fue adoptado prescindiendo del procedimiento previsto en el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones.

Los socialistas consideran que, “con independencia de las responsabilidades jurídicas que puedan derivarse de estos hechos, la alcaldesa debería presentar su dimisión de manera inmediata”. Argumentan en su petición el hecho de que haya “quebrantado la confianza que debe presidir el ejercicio de la máxima responsabilidad institucional del Ayuntamiento”.

El PSOE de Cantabria ha pedido la paralización del proceso para crear un puesto de alta dirección en Cantur “a dedo y por la puerta de atrás”. “Una convocatoria de una plaza de alta dirección convocada el 31 de julio, con solo seis días para presentarse y que no exige ni titulación ni ninguna experiencia ni en recursos humanos ni en dirección de empresas es una plaza que tiene nombre y apellidos”, ha denunciado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Ainoa Quiñones.

“La falta de transparencia es el primer signo de quienes quieren crear una red clientelar por la puerta de atrás”, ha reprochado.

La empresa pública Cantur dependiente de la Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria ha publicado una convocatoria de selección de empleo para contratar un director efectivo de Operaciones y Talento, un perfil de alta dirección de nueva creación que se suma al organigrama cuyas funciones coinciden en su mayoría con las que en teoría ya realiza la directora, Inés Mier. Para optar a la plaza solo hay un plazo de seis días y no se pide ninguna titulación.

Para Quiñones, “el Gobierno del Partido Popular vuelve a demostrar que no tiene ningún interés en gobernar para mejorar la vida de los cántabros, recortando permanentemente los servicios públicos mientras engorda de cargos públicos a dedo su organigrama”.

“Las prioridades de Buruaga y el PP no son las prioridades de Cantabria”, ha criticado la portavoz de los socialistas cántabros, que ha considerado que Cantur “ya acumula en tres años demasiados escándalos, destituciones y cambios de personal para seguir ahondando en el deterioro de esta empresa pública”.

Para Quiñones, “Cantur se ha convertido para el PP en el canal desde donde colocar a todos sus amiguetes y la convocatoria de esta plaza en pleno verano, sin margen para presentarse y con unos criterios de selección tan poco rigurosos es una muestra más de ello”.

Para los socialistas cántabros, “este turbio proceso para crear una plaza innecesaria en Cantur exige explicaciones en el Parlamento y la retirada del procedimiento”.

“Si el PP no quiere manchar el nombre de Cantur y seguir deteriorando el buen nombre de una empresa pública referente para el sector turístico regional lo único que puede hacer es paralizar este despropósito de proceso de selección a dedo”, ha señalado.

Por último, Ainoa Quiñones ha afirmado que el Gobierno del PP “no puede permitirse un escándalo más”. “Están dinamitando el buen nombre de las instituciones y empresas públicas de esta tierra con sus políticas caciquiles”, ha concluido.

Silencio del gobierno, defensa del PP

“El PSOE vuelve a mentir: no se crea ningún puesto nuevo en Cantur, ni aumenta el gasto público”, ha respondido el diputado autonómico del Partido Popular, Alejandro Liz.

El portavoz de Turismo ha explicado que la convocatoria pública para cubrir la dirección ejecutiva de Operaciones y Talento no corresponde a la creación de un nuevo cargo “sino a la adaptación del puesto que hasta ahora ocupaba la dirección de Recursos Humanos”. Por tanto, ha dicho, “se actualiza su denominación y se amplían sus funciones para dar respuesta a los grandes proyectos estratégicos que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ya está desarrollando”.

El portavoz de Turismo también ha desmentido que esta reorganización tenga impacto económico. “Es rotundamente falso que suponga un incremento del gasto público. No se crea ninguna plaza nueva y, por tanto, no existe ningún aumento de la masa salarial”, ha subrayado.

El PSOE ha reclamado explicaciones en las Cortes de Castilla y León sobre los motivos por los que la Junta de Castilla y León no movilizó a los bomberos del Ayuntamiento de Zamora para las labores de extinción del incendio de Fermoselle (Zamora).

El procurador socialista Iñaki Gómez ha querido conocer, en una batería de preguntas presentada en el Parlamento autonómico, los motivos por los que no se activó el que es “el mayor cuerpo profesional de bomberos de la provincia” pese a que el Ayuntamiento ofreció su presencia “desde el primer momento”, ha asegurado Gómez en un comunicado.

Gómez ha lamentado que el operativo del incendio, que obligó a evacuar catorce localidades y confinar otras dos, además de afectar a viviendas naves ganaderas y otras edificaciones, no utilizase los medios de la capital zamorana para colaborar en la extinción, algo que ha señalado que es “difícilmente comprensible”.

En cambio, según ha recordado sí se incorporaron al operativo medios procedentes de otras provincias, de otras comunidades autónomas e incluso recursos internacionales, como efectivos procedentes de Serbia y Bosnia y aviones de extinción de Turquía.

“Cuando hay un incendio de esta magnitud, la prioridad debe ser utilizar todos los recursos disponibles para proteger a las personas y sus bienes”, ha apuntado Gómezm que ha recordado que los bomberos de Zamora estaban preparados para intervenir y se ofreció su incorporación al operativo “desde el primer momento”.

Por ello, ha pedido a la Junta una “explicación transparente” sobre la gestión del operativo y sobre los criterios que llevaron a prescindir de unos medios que podían actuar de forma inmediata en la defensa de los núcleos de población amenazados.

Entre las preguntas formuladas, figuran las de cuándo tuvo conocimiento el Ejecutivo autonómico del ofrecimiento realizado por el Ayuntamiento de Zamora, qué órgano decidió no activar esos efectivos y cuáles fueron los criterios técnicos u operativos que justificaron esa decisión.

Asimismo, ha solicitado conocer si se valoró destinarlo a la protección de viviendas, naves agrícolas y otros bienes amenazados en las localidades afectadas.

La iniciativa también reclama información detallada sobre qué medios procedentes de otras provincias, comunidades autónomas o países fueron solicitados, a qué hora se pidió su incorporación y cuándo comenzaron a operar.

Además de preguntar expresamente si la Junta considera que utilizó todos los recursos disponibles para proteger a la población y si asume alguna responsabilidad por no haber movilizado a los efectivos de Zamora.

“Yo soy el accionista mayoritario”. Con esas palabras definió su posición política Fernando Clavijo en diciembre de 2016 ante la que era su socia y vicepresidenta, la socialista Patricia Hernández, en los momentos en los que se quebraba el pacto entre Coalición Canaria y el PSOE tras un buen ramillete de desencuentros. Hernández trataba de hacer ver al por primera vez presidente de la autonomía que no debía estar conduciendo de la manera que lo hacía, es decir, imponiendo a su socio decisiones que no se habían discutido en el seno del Gobierno y, lo que es peor, puenteando a los consejeros y consejeras socialistas haciendo valer su condición de líder del partido con más diputados en la cámara regional.

Clavijo no puede presumir ahora de tener más diputados que nadie porque en 2023 le ganó el PSOE, pero sí puede recordar a su socio, el Partido Popular, un día sí y el otro también, que tiene cuatro más y que sigue siendo, por tanto, el accionista mayoritario del cortijo. Y ya sabe el PP, porque la política canaria está plagada de antecedentes estrambóticos, que si los populares se ponen flamencos, Clavijo es capaz de echarlos y ponerse a gobernar con el apoyo del PSOE, partido en el que hay algunos dirigentes bastante predispuestos.

Teóricamente debería estar siendo bastante incómodo mantener un Gobierno como el canario, con dos partidos que solo parecen estar de acuerdo en que hay que permanecer juntos, sea como sea, porque no es que haya frío ahí fuera, sino que se avecina temporal en 2027 y no es bueno estar desguarnecido cuando se produzca.

Por eso el PP ha aguantado con estoicismo el desplante del presidente Clavijo con el modelo de financiación autonómica, pactado a espaldas de la consejera de Hacienda, Matilde Asian, y del mismísimo vicepresidente del Ejecutivo, Manuel Domínguez, que ya sabemos que pinta poco, pero que tiene su corazoncito.

Aunque se haya tratado de ocultar, Domínguez ni siquiera se personó en el último Consejo de Gobierno, o al menos no llegó a tiempo para la foto de rigor, con lo que al hombre le gusta una fotografía.

Su consejera de Hacienda, que lo es también de toda Canarias, optó por pedirse dos días de vacaciones, los pasados martes y miércoles, de modo que no tuviera que pasar el mal trago de acudir a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera a votar a favor de lo que su partido quiere que se vote en contra. Es de esperar que los dos días le sean descontados efectivamente de sus vacaciones, porque de lo contrario estaríamos ante un flagrante caso de absentismo laboral, de esos que anda denunciando con pésima fortuna el presidente nacional de su partido.

Resultó de tal envergadura la ruptura de Canarias con el consenso pepero y, por lo tanto, la jugada de los ministros España y Torres, que el partido de Feijóo pidió con urgencia la desconvocatoria de la reunión porque habría dado lugar a un problema interno en el partido ante la evidencia de que el nuevo sistema va a sacar a algunas autonomías como la valenciana o la andaluza del agujero de financiación que vienen sufriendo desde hace años.

No es la primera gran discrepancia entre estos dos socios tan bien avenidos. La migración lleva años provocando serias tiranteces por la posición del PP de negarse a aplicar la ley y asumir los cupos de acogida de menores migrantes no acompañados que corresponden a cada autonomía. Manolo Domínguez dice que hace lo que puede, que viene a ser exactamente nada, para convencer a sus colegas de otros territorios para que se dejen de zarandajas, mientras se recrudece tanto dentro de su partido como en su socio natural, Vox, el discurso antimigratorio con todas sus derivadas racistas y de odio.

La fuerza del socio débil

Pero volviendo a Canarias, el accionista mayoritario del cortijo sigue exprimiendo a su gusto la debilidad actual que presenta el PP y lo que se le viene encima. Las encuestas siguen insistiendo en que el partido de Núñez Feijóo va a sufrir un llamativo estancamiento en Canarias, cuando no un retroceso a manos de Vox, tanto en las generales como en las autonómicas del año que viene. Y esa tormenta hay que enfrentarla desde dentro de las instituciones pagando el precio que sea, incluido el de la humillación y el puenteo al que se le viene sometiendo.

Clavijo, por su parte, conoce esa debilidad del PP y por eso la explota tan descarnadamente. Se le ha abierto una pequeña fisura por la isla de La Gomera, a pesar de la estrecha amistad que sigue teniendo con Casimiro Curbelo, pero está convencido de que puede aguantar lo que queda en el convento sin necesidad de mayores crisis que las ya vividas.

Porque si fuera a aplicar la plantilla que Coalición Canaria ha aplicado en otras ocasiones, hace ya tiempo que debía haber dado puerta al PP. Es bueno recordar que a Jerónimo Saavedra lo echó de la presidencia del Gobierno su vicepresidente, Manuel Hermoso, por unos comentarios godos de Carlos Solchaga sobre la reforma del REF. Y que a Patricia Hernández el mismísimo Clavijo se vio obligado a destituirla tras varios desplantes relacionados con el déficit sanitario (que el presidente intentó gestionar puenteando el consejero de entonces) y por el reparto del famoso Fondo de Desarrollo de Canarias a través de los cabildos, lo que condujo incluso a que los consejeros socialistas se levantaran y se mandaran a mudar en medio de un consejo de gobierno para no tenerlo que votar en contra.

Nos queda un final de legislatura que vendrá cargado de gestos como el que esta pasada semana protagonizó desde sus escaños en la oposición el PP en Telde. Lejos de abordar asuntos tan importantes para la ciudadanía como la grave contaminación que sufre el litoral de ese municipio por la política negligente del consistorio, los concejales populares elevaron al pleno una moción reclamando la dimisión de Pedro Sánchez. Sólo votaron a favor de esa iniciativa los concejales del grupo proponente y los de Vox. Se van configurando las futuras alianzas.

Diez semanas después de que trascendiera la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, la afirmación sigue pesando sobre los más 11 millones de españoles que depositaron hace dos décadas su confianza en el político socialista para dirigir el país: “líder” de una trama de tráfico de influencias. El último auto del juez José Luis Calama, dictado el pasado jueves, no mueve un ápice la acusación: “La investigación sitúa en su núcleo una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes”.

Esta última resolución judicial, dictada al límite de que arranque el mes inhábil en los juzgados, dista de ser una buena noticia para Zapatero. El juez accede a la petición de la UDEF de la Policía para acceder a más de sesenta cuentas bancarias de Zapatero, su familia, su secretaria, Julio Martínez –socio y colaborador– y de un buen número de sociedades por las que habría pasado el flujo de fondos de origen ilícito con el fin de hacer perder su auténtico rastro.

La consecuencia primera es que la práctica de la diligencia se alargará durante meses en un caso que ya prometía prolongarse años desde que arrancó. Pero además, el escrito judicial va perfilando las acusaciones y señalando a los protagonistas de la presunta trama corrupta. De la panoplia de indicios que describían los primeros informes de la UDEF sobresalían por sospechosos aquellos relacionados con los ingresos de las sociedades de Zapatero y, sobre todo, de sus hijas. Ahora, esos indicios se van concretando.

De Whathefav, la pequeña empresa de marketing de sus hijas, el juez señala ahora que “es la principal receptora de fondos del entorno societario de Julio Martínez Martínez”, justo por detrás del propio expresidente. “Recibe 242.423 euros desde Análisis Relevante; 20.993 euros desde Agropecuaria Lucena y 18.150 euros desde Pickashop; además de 561.440 euros procedentes de Inteligencia Prospectiva”, a la que describe como una sociedad instrumental dedicada a introducir fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital simuladas.

En realidad el magistrado sigue dando por acreditado, de forma indiciaria, lo que atribuye la UDEF a las hijas del expresidente. En un informe de mayo, la Policía describía a Whathefav como un instrumento para “generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”. Se trataría, añaden los policías, de una empresa pantalla cuyo verdadero fin sería recibir los fondos “directamente de los clientes de la red organizada”, así como de los generados por la propia red“. ”Se erigiría como un centro de distribución de flujos económicos“, escriben los policías.

La otra sombra de sospecha reside en esos clientes que menciona la Policía, empresarios de los que se desconoce la actividad que les relacionaba con la empresa de las hijas y del expresidente y que, sin embargo, aportan abundantes fondos a sus cuentas bancarias. Al frente de todos ellos, tres empresas: Plus Ultra, Análisis Inteligente y Softgestor.

“La investigación sitúa en su núcleo una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes –Plus Ultra [a través de Análisis Relevante], Inteligencia Prospectiva y Softgestor–, que retribuirían tales servicios mediante contratos de asesoría simulados, permitiendo justificar pagos cuyo destino real serían José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas”, recoge el citado auto, con fecha de este miércoles, 29 de julio.

El contacto con Plus Ultra, Julio Martínez, dio un giro al caso el pasado 20 de julio al anunciar que colaboraría con la justicia en su declaración del día siguiente. En un escrito no exento de confusión atribuía a Zapatero toda la responsabilidad de la trama, pero al tiempo se refería a trabajos de “asesoría” y no mencionaba el tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea y otras mediaciones. Tampoco aclaraba si Zapatero se llevó el 50% del 1 que él pactó con Plus Ultra por el rescate de la aerolínea.

A las pocas horas, los ya dimitidos presidente y CEO de Plus Ultra hacían lo propio con otro escrito en el que ya recogían una mención expresa a que pagaron con el convencimiento de que Zapatero intercedería por el rescate y que, incluso, este les trasladó personalmente que haría gestiones, sin llegar nunca a saber si lo hizo realmente. Tanto Julio Martínez Sola como Roberto Roselli declararán el próximo mes de septiembre.

El último auto del juez destaca por situar en el lugar que antes se intuía a Inteligencia Prospectiva, una sociedad que según la ONIF no tenía actividad y que, sin embargo, era el principal pagador de las hijas de Zapatero, junto a Análisis Relevante, por trabajos desconocidos. Entre 2020 y 2025, la empresa de las hijas de Zapatero ingresó 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón. En ese periodo, la sociedad mueve más de 2,6 millones de euros en sus cuentas pese a la ausencia de negocio. Por tanto, más del 21% de esos flujos de dinero fueron a parar a la empresa de las hijas del expresidente.

En la declaración ante el juez, Zapatero dijo que Alba y Laura Rodríguez podrán dar explicaciones de sus trabajos y sobre la realidad de estos, si es que fuera así, en unas declaraciones que se esperan para septiembre. En una reciente entrevista en TVE, el expresidente añadió: “Mis hijas han hecho su trabajo. Todo eso va a quedar acreditado, sustanciado, y hombre, deberíamos de tener prudencia en general, ¿no?”.

El peso de las joyas

Y mientras se acerca el decisivo mes de septiembre para la causa judicial cada día desgasta más a Zapatero el asunto de las joyas encontradas en una caja fuerte durante el registro de su oficina. A la valoración inicial de entre 30 y 50.000 euros que hizo su entorno se superpuso el peritaje de una prestigiosa joyería, a la que el juzgado encargó la tasación: 1,3 millones de euros.

Zapatero pidió tiempo para recuperar la memoria de esas joyas, hablando con colaboradores y haciendo averiguaciones sobre su propio pasado, pero diez semanas después siguen sin conocerse ni su origen ni el valor que les concede el expresidente. Consciente de la polémica alrededor de las joyas, Zapatero dijo la semana pasada en Televisión Española que eran regalos “sin uso ni destino”, apiladas junto a otras joyas de la familia y que, por supuesto, un peritaje de parte someterá “a contradicción” el valor que se les ha otorgado.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó este jueves pasado abrir una pieza separada para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pueda indagar en hasta 80 cuentas bancarias. Muchas de ellas están vinculadas a personas ya imputadas en la causa conocida como caso Leire Díez en la que se investiga a una presunta trama que habría buscado “desestabilizar” causas judiciales que afectaban tanto al PSOE como al entorno familiar del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Pero hay seis cuentas que están a nombre de la formación socialista, algo relevante porque hasta la fecha no consta como investigada en la causa.

Si bien fuentes de la investigación consultadas por elDiario.es indican que esta decisión no tiene por qué suponer un paso decisivo para una eventual imputación del partido como persona jurídica, otras fuentes tienen claro que esa petición de información es, de hecho, abrir una investigación al PSOE. En cualquier caso, la realidad es que la UCO, que estaba en el punto de mira de la trama y cuya actuación en diferentes casos ha sido criticada por miembros de la formación política, podrá examinar las cuentas del partido presidido por Pedro Sánchez para buscar el rastro o las posibles conexiones entre Ferraz y la canalización de fondos hacia la exmilitante socialista Leire Díez. Los investigadores sospechan que ella, en coordinación con el ex número tres del partido Santos Cerdán lideraron esa operación para acabar con causas abiertas, como la del hermano del presidente, ahora condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de cooperación en la prevaricación de otros funcionarios.

Con el paso dado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ya son dos los magistrados de ese tribunal especial que han puesto el foco en las cuentas de la formación socialista. El otro es Ismael Moreno, quien en 2025 acordó abrir una pieza separada del caso Koldo que permanece secreta para indagar en los pagos en metálico de la formación. Quiere saber si pudo ser una vía para el blanqueo de fondos provenientes de comisiones ilegales. En ese caso, el juez solicitó a la formación esos gastos y los documentos en los que se soportan los mismos del periodo comprendido entre 2017 y 2024.

El juez Pedraz detalla ahora en su auto cada una de las cuentas concretas a las que se debe acceder y avisa de que lo que no tenga nada que ver con los hechos investigados debe ser expurgado antes de incluirlo en la causa. Las fuentes jurídicas consultadas lamentan que el magistrado no ciña la diligencia a requisar datos de las fechas exactas cuando se produjeron los hechos. Pero tanto el magistrado como la Fiscalía acotan que la información que se interesa de las cuentas está “exclusivamente circunscrita al periodo de enero de 2024 hasta la actualidad” en el caso del PSOE y de 2022 a la actualidad en el caso del exdirigente socialista Gaspar Zarrías.

En cualquier caso, en su resolución el magistrado lo que sostiene es que es necesario analizar esas cuentas para obtener un nuevo atestado de la UCO que se centre en los pagos que habrían recibido los miembros de esa presunta trama procedentes del PSOE, y las posibles canalizaciones de fondos de los abogados investigados, Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, y de la consultora del exdirigente socialista Gaspar Zarrías hacia la figura de Leire Díez.

Pedraz señala que el objeto de abrir esa pieza es “permitir que los datos sensibles económicos sean utilizados por la UCO para elaborar el informe”. Considera que de esta forma se evita “el traslado abierto y su íntegro volcado” en la pieza principal, lo que provocaría “su pública difusión, algo que se torna imposible de controlar”. “Una vez elaborado el oportuno informe se procederá al expurgo de toda la documentación que se haya recabado y que resulte inútil para la instrucción de la causa y finalizado dicho expurgo podrá procederse a su íntegro volcado en las actuaciones”, advierte.

El informe de Fiscalía

El juez tomaba esta decisión después de que el pasado 1 de junio así lo pidiera la UCO en un atestado. Entonces, Pedraz requirió a la unidad que concretara las cuentas bancarias de los investigados que se tuvieran identificadas como relacionadas con los pagos efectuados en relación con los hechos investigados. En ese oficio policial se dejaba constancia de que la exmilitante socialista “habría promovido el pago con cargo a los fondos del partido de honorarios correspondientes a los letrados Oliver y Teijelo, que en realidad eran un canal para recibir ella misma fondos”.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción secundaba la petición de la UCO. En el informe del Ministerio Público al respecto se explica que por los movimientos dinerarios de la consultora de Zarrías hacia Leire Díez y por los pagos de la formación a esa empresa, se puede “colegir sin dificultad que la canalización de los fondos habría tenido como origen el PSOE, siendo su destinatario final Leire Díez”. Cifraba esas cantidades en 16.000 euros (pagados entre junio y septiembre de 2024) y los cruza con los emolumentos pagados por el PSOE a Zaño Consultores en esos meses aproximadamente y que ascendían 36.300 euros más IVA.

Anticorrupción, para fundamentar la medida, explicaba también que la exmilitante recibió transferencias de una mercantil del abogado Ismael Oliver por un importe de 27.225 euros. Y recuerda que esa misma cantidad salió de las arcas del PSOE en dirección a mercantiles interpuestas vinculadas con Oliver.

Por otro lado, el Ministerio Público recalcaba que la UCO deja constancia de que Leire Díez “habría promovido el pago con cargo a los fondos del partido de los honorarios correspondientes a los dos abogados investigados (Ismael Oliver y jacobo Teijelo)”. Y consideraba que ambos fueron empleados “como instrumento para canalizar fondos”. En el caso de Teijelo consideran que desde el PSOE se le habría pagado tanto los honorarios como cantidades que debían llegar a un tercero. La Fiscalía recordaba que constan pagos de la formación a ese letrado por valor de 125.000 euros. “Dichos fondos, según se ha podido comprobar a la vista de la documentación remitida por el PSOE, tendrían su procedencia en la cuenta (...) titularidad del partido, la misma utilizada para efectuar los pagos a la mercantil de Gaspar Zarrías.

A esos pagos que son investigados, la Fiscalía sumaba otros: los que recibió el medio Crónica Libre –vinculado en su creación con Leire Díez– a través de un mecanismo urdido por los investigados para que recibiera fondos del partido, 18.125 euros, en concepto de 'Campaña Partido Socialista Obrero Español PSOE Elecciones Europeas 2024'.

El Ministerio Público recordaba que de lo investigado “se habría llegado a la indiciaria conclusión de que, a través del secretario de organización, Santos Cerdán, el PSOE habría puesto a disposición del citado grupo su infraestructura logística y financiera, posibilitándose diferentes reuniones orgánicas (...), sufragándose la movilidad y alojamiento de sus diferentes miembros, y lo que es más relevante, financiándose la actividad presuntamente delictiva de los dirigentes y partícipes, a través de sociedades interpuestas”.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha criticado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, por gobernar “a golpe de sonrisa” cuando lo que se requiere son “respuestas políticas”.

“La sonrisa molesta” a quienes están trabajando a 40 grados en una obra, a quienes espera 14 días para ser atendidos por su médico de cabecera o a los docentes a los que se les prometió la homologación salarial durante la campaña electoral, ha aseverado a modo de ejemplo este viernes en Mérida, donde ha ofrecido un balance de los primeros cien días del Ejecutivo popular.

En rueda de prensa, ha aseverado que “Extremadura no se puede gobernar a golpe de sonrisa”, en alusión a la estrategia comunicativa del Ejecutivo autonómico, y ha defendido que la región necesita “seriedad, rigor y empatía” para afrontar los problemas en materia de sanidad, educación, vivienda, empleo y dependencia.

Así, ha aseverado que 810 personas han fallecido durante el primer semestre del año mientras esperaban una prestación del sistema de atención a la dependencia mientras los cereceros del norte de Extremadura reciben “una sonrisa” como respuesta tras perder su cosecha por las lluvias torrenciales al inicio de la campaña.

En materia de vivienda, ha criticado la intención de la Junta de recurrir el nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con 210 millones de euros, al considerar que esos recursos contribuirían tanto a facilitar la emancipación juvenil como a impulsar el sector de la construcción.

“A los jóvenes les gustan las redes sociales, les gusta el TikTok, por supuesto, pero también les gusta vivir bien, también les gusta tener un hogar, también les gusta poder pagar una hipoteca” pero, “la única respuesta que están encontrando en la Junta de Extremadura es una sonrisa en TikTok”, ha manifestado.

Ha lamentado además que Vox, al que los populares se refirieron como “los matones de la clase” en precampaña electoral, esté hoy representado en el Ejecutivo, por lo que a su juicio no vale con que Guardiola se ponga “detrás de las pancartas” en defensa de la igualdad y del colectivo LGTBI cuando tiene a este partido sentado en el Consejo de Gobierno.

Durante su comparecencia, Sánchez Cotrina ha hecho también balance de sus propios cien días como secretario general del PSOE de Extremadura en los que, ha recordado, ofreció a la presidenta de la Junta “diálogo permanente” y siete propuestas políticas, ofreciendo el apoyo a los presupuestos autonómicos si aprobada estas y echaba a Vox del Gobierno.

“Recibí un no por respuesta”, ha lamentado el líder socialista, quien ha reivindicado “normalidad democrática” y ha considerado que la presidenta de la Junta no está aprovechando las oportunidades que se le presentan, como los fondos del sistema de financiación autonómica que ha rechazado “cuando vamos a recibir la mayor cantidad de recursos económicos que tiene la historia de nuestra región”.

No obstante, ha reconocido algunas actuaciones positivas del Gobierno autonómico, como la disposición de los medios del Infoex para colaborar en incendios declarados en otras comunidades autónomas y la concesión de las Medallas de Extremadura al futbolista Pedro Porro y al activista por los derechos LGTBI José María Núñez.

El exdirigente socialista Gaspar Zarrías, investigado en el caso Leire Díez, ha lamentado que el juez haya aceptado la petición tanto de la UCO como de la Fiscalía Anticorrupción de acceder y estudiar once cuentas vinculadas con él, y apunta a que se está ante una diligencia “prospectiva, absurda y sin fundamento”. Recuerda, además, que previamente tanto el magistrado Santiago Pedraz como el Ministerio Público no consideraron necesario profundizar en hasta 80 cuentas -tituladas seis de ellas por el PSOE- ciñendo el análisis a las “empleadas para efectuar los pagos a Leire Díez, que es el único objeto de investigación”.

En el recurso presentado por la defensa de Zarrías, al que ha tenido acceso elDiario.es, se explica que en lo relativo al exdirigente andaluz, “se vio implicado en estas actuaciones únicamente por haber empleado a esta señora en el año 2024” y, por tanto, “no hay ningún otro hecho que se le reproche”. Cabe recordar que el juez sospecha que los 16.000 euros que le abonó a la exmilitante entre junio y septiembre de 2024 pudieron ser fondos canalizados a través de su consultora por el PSOE.

El letrado recuerda que, según obra en el sumario de la causa, de las cuentas relacionadas con Gaspar Zarrías “únicamente por una de ellas, abierta en el BBVA, habían transitado los fondos abonados a Leire Díez”. “El resto de las cuentas no habrían recibido cobros ni realizado pagos vinculados con los hechos objeto de investigación ni hay datos que las relacionen con los mismos”, explica.

Señala así que “no hay motivo alguno para que el tribunal haya cambiado de criterio” y pida ahora información sobre todas sus cuentas. “Es verdaderamente alarmante, porque -la UCO- informa de la potencia prospectiva de una actuación que busca sencillamente mirarlo todo a ver si se encuentra algo”.

Por otro lado, indica que le genera una “sensación de desconcierto y sorpresa” cuando ve que “sin justificación alguna” se altera el marco temporal de los extractos bancarios que solicita la UCO para incluir en su caso particular todos los movimientos desde enero de 2022, cuando para el resto de investigados y para el PSOE se acota a los movimientos que van de enero de 2024 a la actualidad. “¿Cuál será la razón oculta tras esta sutil maniobra? Se ignora. Estamos en la pura indefensión”, lamenta.

Esta alteración, a su juicio, confirma que la finalidad de esta diligencia policial, a la cual se ha avenido finalmente el juzgado, “no es conocer el destino de los pagos canalizados en 2024 (para lo cual no es precioso conocer los movimientos de 2022) sino extender la prospección y el escrutinio a nuevos hechos y nuevas transferencias, intentando que la instrucción cristalice, tras estas diligencias prospectivas, en otras investigaciones de aventura, cada vez más lejos de aquellos hechos que motivaron la apertura de la causa”.

Fue el pasado jueves cuando el magistrado firmó un auto por el que, en el marco de la causa en la que investiga una presunta trama que buscó desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban tanto al PSOE como al entorno del presidente del Gobierno, acordaba abrir una pieza separada económica para que se analicen hasta 80 cuentas bancarias para buscar pagos que habrían recibido los miembros de esa red procedentes del PSOE y las posibles canalizaciones de fondos de los abogados investigados hacia la figura de Leire Díez.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga una presunta trama que buscó desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban tanto al PSOE como al entorno del presidente del Gobierno ha dado un paso más en la instrucción al abrir una nueva línea de investigación para centrarse en los pagos que habrían recibido los miembros de esa red procedentes del PSOE y las posibles canalizaciones de fondos de los abogados investigados hacia la figura de Leire Díez.

En un nuevo auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado Santiago Pedraz acuerda esa nueva pieza separada económica en el caso Leire Díez y autoriza a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso a unas 80 cuentas bancarias, seis de ellas vinculadas al PSOE, y el resto a otros investigados. En concreto, ordena a una decena de bancos que faciliten información de cuentas tituladas por el exdirigente Gaspar Zarrías y por los letrados investigados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.

Señala que el objeto de abrir esa pieza es “permitir que los datos sensibles económicos sean utilizados por la UCO para elaborar el informe”. Considera que de esta forma se evita “el traslado abierto y su íntegro volcado” lo que provocaría “su pública difusión, algo que se torna imposible de controlar”. “Una vez elaborado el oportuno informe se procederá al expurgo de toda la documentación que se haya recabado y que resulte inútil para la instrucción de la causa y finalizado dicho expurgo podrá procederse a su íntegro volcado en las actuaciones”.

El juez toma esta decisión después de que el pasado 1 de junio así lo pidiera la UCO en un atestado. Entonces, Pedraz requirió a la unidad que concretara las cuentas bancarias de los investigados que se tuvieran identificadas como relacionadas con los pagos efectuados en relación con los hechos investigados. En ese oficio policial se dejaba constancia de que la exmilitante socialista “habría promovido el pago con cargo a los fondos del partido PSOE de honorarios correspondientes a los letrados Oliver y Teijelo, que en realidad eran un canal para recibir ella misma fondos.

Pedraz dicta el auto después de que la Fiscalía Anticorrupción también se lo solicitara. En el informe del Ministerio Público, al que también ha tenido acceso este medio, se explica que, por ejemplo, por los movimientos dinerarios de la consultora de Zarrías hacia Leire Díez y por los pagos de la formación a esa empresa, se puede “colegir sin dificultad que la canalización de los fondos habría tenido como origen el PSOE, siendo su destinatario final Leire Díez”.