El diputado regional José Ángel Lacalzada ha alertado sobre “la nefasta gestión presupuestaria y financiera del Gobierno de La Rioja”. En concreto, el diputado ha señalado que La Rioja “cerró 2025 con un déficit público del 0,54% del PIB, lo que se traduce en 64 millones de euros”. Pero esto no es nuevo, según ha dicho Lacalzada, en lo que va de legislatura, La Rioja “ha cerrado todos los ejercicios con déficit, lo que deja un agujero fiscal acumulado de 128 millones de euros”.

Por otra parte, el diputado socialista ha recordado que el Banco de España ha publicado que la deuda de La Rioja “se sitúa en el primer trimestre de este año en 1.880 millones de euros, lo que supone un incremento de 201 millones de euros respecto al último trimestre del año pasado”. Es decir, La Rioja “ha aumentado su deuda pública en tres meses en más de 2,2 millones de euros al día, la comunidad donde más se ha incrementado la deuda”.

José Ángel Lacalzada ha asegurado que, con estas cifras, “es evidente que Alfonso Domínguez es el consejero de la deuda y el déficit”. Y, también, para el PSOE, “es evidente que el PP gestiona mal”. “Si lo comparamos con el mandato anterior, el del Partido Socialista, el déficit fue en los cuatro años de 10 millones de euros, y el aumento de la deuda pública de 24 millones de euros”, ha destacado, recordando que todo esto “gestionando una pandemia”. El diputado socialista ha afirmado que en 3 años el Gobierno del Partido Popular “ha dejado el triple de deuda y doce veces más de déficit que la etapa del PSOE”.

Lacalzada ha recordado, además, que el Gobierno de España “está entregando a La Rioja la mayor cantidad de recursos económicos de la historia del sistema de financiación autonómica”. En 2026, nuestra comunidad “va a recibir 1.462 millones de euros, 276 millones de euros más desde que gobierna Capellán”.

El diputado socialista ha dicho que el verdadero problema del Gobierno del PP “es la pérdida de recursos públicos por aplicar el populismo fiscal, ya que La Rioja va a dejar de ingresar más de 200 millones de euros durante estos cuatro años por la eliminación o bajada de impuestos a aquellos que menos lo necesitan”. Esta rebaja de impuestos “anticipa los recortes de los servicios públicos del futuro”, ha dicho Lacalzada.

Así las cosas, ahora mismo La Rioja “se encuentra entre las regiones que menos aportan a la buena marcha de la economía española”. También ha dicho Lacalzada, que La Rioja es “la última comunidad autónoma en reducción del desempleo el último año”. “Desde que Gobierna Capellán ha caído el número de autónomos mientras que en España aumenta, La Rioja está entre las comunidades con peor índice de producción industrial y cifra de negocios en la industria y caen las exportaciones”. “Y está a la cola de España en confianza empresarial este segundo trimestre de este año”, ha concluido el diputado socialista.

El pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado este viernes --con la abstención del PP y el rechazo de Vox-- la moción del de apoyo al colectivo LGBTI que, con motivo del Orgullo, ha presentado el Grupo Municipal Socialista. El texto, entre otras cuestiones, recoge la colocación de la bandera arcoíris en el Consistorio.

“A pesar de que el alcalde está haciendo lo posible por no ponerla pidiendo un informe, pedimos que se cumpla el acuerdo adoptado en el pleno y se ponga”, ha dicho la concejala del Grupo Socialista María Díaz, que ha recordado que el Tribunal Supremo ha avalado hasta en dos ocasiones la colocación de la bandera arcoíris durante la celebración del Orgullo en edificios públicos.

“No hay ningún impedimento legal para poner o bien la bandera o bien una pancarta”, ha insistido la edil del PSOE, grupo mayoritario en el Ayuntamiento de Talavera, que ha pedido al equipo de Gobierno, formado por PP y Vox, reafirmar su compromiso con las personas LGTBI, condenar la discriminación y los discursos de odio, colaborar con las asociaciones que trabajan cada día sobre el terreno y proteger a quienes todavía “sufren insultos, rechazo o agresiones por el simple hecho de ser quienes son”.

La concejala de Sanidad y Discapacidad, Julia González, ha lamentado que los ediles socialistas no hayan aceptado una enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular, que “no cuestiona la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, ni los derechos de las personas LGTBI, ni la necesidad de condenar cualquier forma de intolerancia, discriminación, acoso o violencia”.

Tras asegurar que con su texto, los 'populares reafirmaban su compromiso “con la dignidad de todas las personas, la igualdad de trato, la libertad individual y la no discriminación” y condenaba “cualquier manifestación de intolerancia, acoso o violencia” hacia el colectivo, ha explicado que la diferencia entre ambas propuestas se encontraba en el uso de banderas o símbolos en los espacios oficiales del Ayuntamiento. Es el argumento que mantienen tanto Vox como el PP en su negativa.

“Los edificios municipales representan a todos los vecinos y el compromiso institucional con la igualdad puede y debe expresarse de muchas maneras, pero siempre respetando la legalidad vigente, la objetividad y la neutralidad institucional que corresponden a una administración pública”, ha defendido.

Mientras, el PP sí apoya la “prioridad nacional” de Vox

Lo que sí ha apoyado el PP es la moción de Vox que instaba a los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha a implantar el principio de “prioridad nacional”.

La viceportavoz del equipo de Gobierno, la 'popular' Gelen Delgado, ha justificado su apoyo por “la inacción y la falta de planificación del Gobierno de España” en materia de inmigración “sin dotar a los ayuntamientos de la financiación ni de las herramientas técnicas necesarias para hacer frente a esa demanda”.

Delgado ha asegurado que la presión que soportan los servicios sociales municipales “no se resuelve con discursos ideológicos”, sino exigiendo al Gobierno de España una financiación local suficiente y una política migratoria responsable.

“Debemos priorizar de forma legal, transparente y ponderada a aquellos ciudadanos que demuestren un arraigo histórico y una contribución previa o continuada al sostenimiento de nuestra comunidad local”, ha añadido la edil del PP, que ha destacado que el texto de Vox “busca garantizar el equilibrio social y económico de Talavera”.

El portavoz del Grupo Municipal Vox ha vuelto a acusar a los inmigrantes de “tensionar” los servicios públicos y del “deterioro de la seguridad ciudadana”, hasta de “la quiebra de las condiciones básicas de orden y convivencia”.

Hoy el PP ha apoyado pedir al Ejecutivo central acabar con el proceso de regularización de inmigrantes en situación irregular, y establecer la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, los servicios públicos y los programas de vivienda, y a la “remigración”- es decir expulsar- a aquellos extranjeros que, según el texto aprobado, “no contribuyan con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional”.

El acuerdo contempla también derogar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras sin residencia legal en España.

En el debate de este punto del pleno, el portavoz del PSOE, José Gutiérrez ha arremetido contra Vox, por presentar mociones para desviar la atención de los problemas que hay en la ciudad, que “rozan la xenofobia y la discriminación” solo buscan “meter su discurso para que no se hable de lo que realmente pagan los ciudadanos y no está funcionando hoy en día”.

En la anterior jornada del Debate del estado de la Región de Murcia el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, trató de tapar el sol con el dedo. Poco o nada se dijo de los frentes abiertos que asolan la Región, y mucho de promesas a futuro. El presidente bordeó la actualidad regional a golpe de propuestas y partidas presupuestarias. Pero, este viernes, la oposición le ha obligado a meterse de lleno en la actualidad regional.

“Ayer faltó sobre todo la verdad. En concreto, la verdad sobre el asunto más grave al que se ha enfrentado la sanidad pública regional en los últimos años, la trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud”, le ha reprochado la diputada socialista, Carmina Fernández. En la jornada anterior, el jefe del Ejecutivo regional eludió hacer referencia alguna de las prótesis vasculares, que ha dejado un agujero en las arcas regionales de unos 6,9 millones de euros y trece investigados. Se limitó a brindar su “respaldo” al manifiesto firmado este miércoles por los profesionales sanitarios de la Arrixaca: “[Los sanitarios] piden respeto y piden que se depuren las responsabilidades de las personas investigadas y acusadas por la justicia”.

“Esto es un fraude que no se queda en un despacho, ha entrado en los quirófanos”, ha recordado la parlamentaria del PSRM-PSOE. López Miras no ha logrado convencer a sus adversarios políticos de que el fraude fue meramente económico, y que ninguna prótesis caducada llegó a implantarse en los pacientes. Una labor que ya tuvo que llevar a cabo la consejera de Salud en su comparecencia de la semana pasada.

El Ejecutivo ha insistido en que ningún político estuvo involucrado en la trama, y que desde Salud actuaron bajo los cauces de autocontrol establecidos. Pese a esto, la cabeza del anterior consejero, Juan José Pedreño, rodó. Lo hizo discretamente, bajo el paraguas de una remodelación del Consejo de Gobierno. Su salida vino acompañada de la sustitución de la consejera de Agricultura, Sara Rubira, por el exalcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía.

“Isabel Ayala era la gerente del Servicio Murciano de Salud, mientras se producían estos hechos. La máxima responsable del organismo en el que fallaron los controles sobre el material sanitario y presidía el órgano técnico que evaluaba y homologaba las prótesis y los implantes”, ha recordado la socialista.

El presidente ha recibido un último varapalo antes del debate, un informe del Tribunal de Cuentas que apunta a “graves desajustes financieros y presupuestarios” en el ejercicio de 2023 en la Región. En concreto, señaló una “sobrevaloración constante” del Ejecutivo, que calculó el resultado presupuestario de ese año en 306 millones positivos, cuando realmente el año se cerró con un saldo negativo de 131,2 millones de euros. El Tribunal de Cuentas apuntó a que el desajuste se debe principalmente a la falta de cobertura de las pérdidas ordinarias del Servicio Murciano de Salud (SMS), valoradas en 432,5 millones de euros en ese año. “Ayer no se explicó el déficit de 3.724.000.000 de euros que arrastra el Servicio Murciano de Salud, consecuencia de su nefasta gestión. Todos los años presupuestan 900 millones de gastos menos del que al final ustedes ejecutan”, ha reprochado la diputada socialista.

Vox: “El Gobierno regional tiene los bolsillos rotos”

El portavoz del grupo parlamentario de Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha comenzado su intervención pidiendo la dimisión del presidente de la nación, Pedro Sánchez, por “indecente, corrupto y traidor”, al tiempo que le ha acusado de “adulterar las próximas elecciones generales” a través del actual proceso de regularización. Después de su diatriba contra el Ejecutivo central, el de Abascal ha señalado que en lo que a gestión se refiere, “el PP es lo mismo que Pedro Sánchez, pero de color azul”.

Alpañez ha denunciado que el Gobierno regional ha incumplido tanto las mociones aprobadas en la Asamblea Regional como el pacto que alcanzó con Vox para los presupuestos de 2025. “La sombra de la mala gestión se alarga sobre su gobierno”, ha señalado el portavoz en referencia al escándalo de las prótesis que sacude la sanidad murciana.

En lo que respecta a la deuda regional, el representante de Vox en el Parlamento murciano ha dicho que el Gobierno de López Miras tiene “los bolsillos rotos”. “El descontrol nos está llevando a duplicar la deuda en diez años de siete mil millones de euros a 14 mil millones”.

También cuestionó el hecho de que se hubieran aumentado las exportaciones “en casi todos los sectores industriales”, cuando lo que han subido han sido los precios de los productos. “Su triunfalismo choca con la realidad de la calle”, ha apuntado. En lo que respecta a la vivienda, el portavoz de Vox ha ofrecido un acuerdo inmediato si el PP asume la condición de la “prioridad nacional”.

Alpañez ha puesto en duda igualmente las cifras ofrecidas por el Gobierno regional en lo que se refiere al turismo y ha comparado la llegada de los turistas extranjeros a otras comunidades autónomas frente a la Región: mientras que Catalunya recibe 20 millones de turistas foráneos al año; la Comunitat Valenciana, unos 12 millones; o Andalucía, alrededor de 14; la Región de Murcia solo acoge un millón.

“La recuperación del Mar Menor es perfectamente compatible con la competitividad del campo, siempre que se evite la entrada de vertidos de agua dulce y fecal a través de infraestructuras”, ha advertido Alpañez, quien ha pedido la “interconexión de todas las cuencas con trasvases solidarios”. También ha exigido “situar a la familia en el centro de toda acción de gobierno”. “Tenemos que romper las banderas de la resignación”, ha concluido.

Podemos: “Seis años de saqueo de la sanidad pública”

Desde el Grupo Mixto la diputada de Podemos, María Marín, ha reprochado también el silencio de López Miras en la jornada anterior alrededor del escándalo de las prótesis vasculares: “Dio usted en esta Cámara un espectáculo indecente. Ayer hubo un clamoroso silencio en su intervención. Ni una palabra sobre la trama de las prótesis. Solo tenía que decir una: perdón por haber permitido durante seis años el saqueo de la sanidad pública”.

Ha recordado que el fraude de las prótesis solo fue posible porque el Servicio Murciano de Salud “lleva años ignorando las advertencias del Tribunal de Cuentas”: “Nosotras fuimos las primeras en dar la voz de alarma en julio de 2024, después de publicarse un contundente informe del Tribunal de Cuentas”.

“El hospital privado al que se derivaban estas operaciones es el hospital Quirónsalud del barrio del Infante en Murcia. Otra vez el grupo Quirón asociado a la corrupción del PP. Señor López Miras, ya sabemos los negocios que se trae su jefa la señora Ayuso con el grupo Quirón”, ha apuntado Marín. “Fuera Quirón, fuera el grupo Ribera. Fuera los mercaderes del templo de la sanidad pública”, ha exigido.

Lo de las prótesis no ha sido el único escándalo sanitario de este año en la Región de Murcia. Un informe demoledor de Alianza por la transparencia, calidad y equidad en el cribado de cáncer de mama detectó un retraso “evitable” en el 10% de los diagnósticos de cáncer de mama en Murcia. El por entonces consejero, Pedreño, despachó el documento asegurando que el informe estaba “politizado”: “Usted anunció el año pasado la presentación del primer Plan Oncológico de la Región de Murcia. Desde entonces lo único que hemos conocido son las denuncias de la Alianza por la Transparencia en el cribado del cáncer de mama y también por los retrasos en el cribado del cáncer de colon en Cieza, graves irregularidades que ya están costando vidas”, ha reprochado Marín.

En materia de educación, la diputada morada ha afeado a López Miras que “recicle” el Plan de Climatización: “Es un refrito del Plan de Eficiencia Energética y Adaptación Bioclimática que ya anunció en 2019. Llevamos seis años de mentiras”.

“En esta tierra uno de cada cinco jóvenes está condenado al fracaso escolar y al abandono educativo temprano. En toda su intervención usted no mencionó este problema”, ha apuntado. “Usted ayer prometió la ampliación de los mismos centros educativos que el año pasado. La construcción de las mismas carreteras. El mismo plan de choque contra las listas de espera”, ha enumerado.

Antelo: “El PP se deja manipular por los intereses de Vox”

López Miras ha tenido que escuchar la intervención de su antiguo socio de gobierno, el antiguo líder de Vox, José Ángel Antelo, ahora en la bancada del Grupo Mixto. Antelo ha urgido a que se materialice el Decreto de la Vivienda en la Región: “Es espantoso que el PP se deje manipular por los intereses de Vox”.

Ha defendido el Trasvase Tajo-Segura, y ha exigido la creación de un Plan Hidrológico Nacional: “Creo que el agua desalada no es la solución, debe llegar a través de un trasvase”. También ha cuestionado por qué la modificación de la Ley del Mar Menor no está aprobado. Se trata de un punto de las negociaciones presupuestarias del anterior año fiscal entre PP y Vox, que nunca llegó a materializarse: “Proteger el Mar Menor no quiere decir que haya que perseguir, socavar o poner fin a ningún sector”, ha afirmado en alusión al sector agrícola.

Por último, ha afeado el “déficit de infraestructuras” de la Región de Murcia: “La infraestructura del aeropuerto de Cartagena está hecha para cuatro millones de pasajeros. A día de hoy sigue con menos pasajeros que el Puerto de San Javier”.

Segado: “Vamos a seguir defendiendo el trasvase con uñas y dientes”

“Lo que sucede en la Región de Murcia no es ajeno a lo que sucede en el resto de España”, han sido algunas de las primeras palabras que ha pronunciado el portavoz del grupo parlamentario popular, Joaquín Segado, en la segunda jornada del debate del Estado de la Región y, a partir de ahí, ha basado la mayor parte de su intervención de 45 minutos en las críticas a la corrupción del Gobierno central. Al delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, le ha afeado el hecho de que “hace poco más de un año vino Santos Cerdán a darle su bendición en Cartagena como secretario general”, mientras que no le ha escuchado denunciar “con claridad” los casos de corrupción que acechan al antiguo secretario de Organización del PSOE.

También ha denunciado Segado que “la corrupción también hizo su parada en esta tierra” cuando el antiguo ministro de Transporte, José Luis Ábalos, “se llevó presuntamente una mordida de más de medio millón de euros por la estación del AVE de Murcia”. El portavoz del PP en el Parlamento murciano ha requerido a Lucas que “pida perdón porque su padrino y el señor Ábalos han robado dinero de los ciudadanos de esta tierra”.

“Lo único que le importa al socialismo en esta tierra es defender a Pedro Sánchez para seguir en su sillón”, ha zanjado. La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, también ha recibido su rapapolvo, ya que Segado ha señalado que su intervención en este debate ha consistido en “insultos constantes durante 22 minutos”.

Segado ha echado en cara a los socialistas haber votado en contra “del blindaje del trasvase” y ha negado que el agua procedente de las plantas desaladoras pueda sustituir a la que llega a través de esta infraestructura. “Vamos a seguir defendiendo el trasvase con uñas y dientes”, ha afirmado el portavoz popular frente a la reforma de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura aprobada por el ministerio de Transición Ecológica que reducirá los caudales trasvasables hasta en un 40% en 2027 al aumentar los caudales ecológicos mínimos de este río.

Por último, el portavoz del PP en la Asamblea ha congratulado a Alpañez por decidirse a aprobar conjuntamente la ley de vivienda. “Desbloquear por fin una ley: esa es la forma responsable de gobernar del PP”, ha afirmado Segado, al tiempo que ha alentado a Vox a repetir la jugada con los presupuestos regionales.

El Gobierno de Castilla-la Mancha está trabajando “para poner en marcha en los próximos meses una línea de ayuda por hectárea para los cultivadores de azafrán porque creemos que es fundamental que nuestro apoyo se constate en una realidad” y así lo ha explicado hoy el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

Este anuncio sucede pocas horas después de que la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Senado rechazara ayer jueves una iniciativa del Grupo Socialista para reforzar la protección, promoción y competitividad del Azafrán de La Mancha con Denominación de Origen Protegida presentada por la senadora por Albacete Amparo Torres y que, tras su debate, fue rechazada por la mayoría absoluta del PP, junto con Vox, sumando 10 votos a favor y 18 en contra

El consejero ha señalado hoy que este apoyo del Ejecutivo de García-Page contrasta con lo que sucedió ayer en el Senado donde los grupos del Partido Popular y de VOX votaron en contra de una moción del Partido Socialista de apoyo a este cultivo “que para Castilla-La Mancha, no siendo de grandes extensiones, sí tiene una reseña histórica que hace que nos sintamos orgullos de un cultivo que, además, tiene un nivel de calidad tremendo”, ha dicho Julián Martínez Lizán. Para el responsable regional, lo que pasó en la sesión de ayer “es prácticamente surrealista” y ha zanjado la cuestión afirmando que “se equivocan no apoyando en estas circunstancias el cultivo del azafrán”.

“Sabemos que es un cultivo condicionado a muchos factores, pero se merecen que les podamos ayudar en lo que podamos para poder seguir desarrollando esa actividad”, ha continuado.

Negociaciones PAC

En declaraciones a la prensa antes de inaugurar una cooperativa de pistachos en Madridejos, el consejero también ha valorado que ayer el Congreso refrendase el apoyo al Gobierno para defender una PAC fuerte, con un Marco financiero Plurianual fijo, con precios constantes que respondan a la necesidad que tiene el campo europeo, en este caso el español, de mantener con un presupuesto suficiente y con normativa adecuada al momento actual.

Este hecho “refrenda el trabajo que desde el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas venimos haciendo” desde la unanimidad en la defensa del interés agropecuario del territorio nacional en Europa y “queremos agradecer que esa unión sea la que nos marque el camino”.

En cuanto a la reunión que se mantiene hoy el Ministerio de Agricultura con las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) para abordar el mantenimiento de las ayudas al sector agrario con el fin de paliar los efectos de la guerra, el consejero la ha valorado como “una cuestión lógica” y ha continuado asegurando que la interlocución con el sector y con las comunidades autónomas es “bastante fluida” para atender a las demandas que puedan plantear el sector y las regiones.

Y ha asegurado que “en Castilla-La Mancha también lo hemos hecho con un documento único por parte de las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias que refleja las necesidades e inquietudes de Castilla-La Mancha” relacionadas con la próxima PAC. En ese sentido, ha deseado que en las reuniones que se producen a nivel ministerial, como la de hoy, “se vayan encauzando la necesidad de un presupuesto adecuado al momento para la PAC”, pero también de normativa y de una gobernanza que desarrolle una buena política agraria europea, en la que se consolide la soberanía alimentaria, la salud de las personas, la sostenibilidad y sobre todo que garantice la continuidad y la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado 339 enmiendas parciales a los presupuestos generales de Extremadura (PGEX) para 2026 que mueven 700 millones de euros, dirigidas a fortalecer los servicios públicos fundamentales, recuperar la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el diálogo con los agentes sociales y económicos.

En declaraciones a los medios tras el registro de las enmiendas, la portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, ha indicado que el montante que movilizan puede parecer 'pecata minuta' en relación al presupuesto global pero “lo importante es la intencionalidad” de las mismas. Así, ha incidido en que las enmiendas “priorizan” la cooperación al desarrollo, educación, sanidad y, sobre todo, la necesidad de recuperar la concertación social con sindicatos y patronal, cuyo papel reconoce la Constitución española y que han sido “fundamentales para apuntalar la región que hoy conocemos”.

Gil Rosiña ha admitido que “no tendrán visos ninguna de salir adelante porque la izquierda no tiene los votos suficientes en el Parlamento”, para subrayar: “hay debates que se pierden en el Parlamento pero que se ganan en la calle y la ciudadanía”.

En este sentido, ha defendido que las propuestas del Grupo Socialista recogen “el sentir de la calle”, entre las que ha mencionado un plan de choque dotado con 250 millones de euros para rescatar la Atención Primaria de salud, que en estos momentos está “prácticamente en colapso” en Extremadura, donde te dan cita hasta para “14 días” con el médico de familia.

Otra propuesta pasa por implantar el primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años en todos los pueblos de Extremadura “de una manera paulatina y progresiva”, algo que piden “los alcaldes de todos los signos políticos” y una necesidad en el mundo rural “no solo desde la perspectiva pedagógica y educativa, sino también en cuanto a todo lo que significa poder conciliar”.

La portavoz del grupo ha recordado que el líder de los socialistas, Álvaro Sánchez Cotina, hizo la enmienda a la totalidad de “una Extremadura mejor, con servicios públicos fortalecidos y, sobre todo, una Extremadura que quiera entenderse, que quiera hablarse y que quiera mirarse a los ojos”. “No se puede gobernar contra la gente. Este es un Gobierno sectario, que excluye, racista, xenófobo y fascista. Por eso quiere eliminar la manera de gobernar Extremadura que hemos conocido”, ha apostillado.

Al respecto, ha añadido que “no hubiera sido posible tener la Extremadura que tenemos si los Gobiernos no hubieran tenido la posibilidad de concertar con los agentes sociales y económicos, con la ciudadanía, con la sociedad civil organizada”.

A preguntas de los medios sobre la aprobación por el Congreso de los Diputados de una moción del PP para instar al presidente Pedro Sánchez a que se someta a una cuestión de confianza, ha dicho que se trata de un instrumento jurídico y constitucional que forma parte de la “normalidad democrática” pero ha pedido que “no amaguen y lo hagan”.

“Nosotros, los socialistas, presentamos hace unos años, cuando fuimos una oposición en la Asamblea de Extremadura, una moción de censura, la perdimos, pero luego la ganamos en la calle; por tanto, con absoluta normalidad democrática”, ha manifestado. 

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha rechopracho que el presidente de la comunidad murciana, Fernando López Miras, ha convertido el Debate sobre el Estado de la Región se ha convertido en “un simple tablón de anuncios”: “Da promesas que sirven para ocupar titulares durante unas horas, pero que después nunca se materializan”.

“Estamos ante un Gobierno Regional agotado, que se puede definir con tres palabras: abandono, parálisis y mentiras. Tengo 37 años y, desde que tengo uso de razón, llevo escuchando los mismos problemas en la Región”, ha apuntado.

Lucas ha hecho estas declaraciones tras la intervención del presidente regional, Fernando López Miras la primera sesión del Debate del Estado de la Región: “Hoy hemos asistido, una vez más, a un ejercicio de ciencia ficción, a una intervención que describe una Región de Murcia que solo existe en la cabeza de López Miras”.

En este sentido, ha indicado que, después de más de tres décadas de gobiernos del Partido Popular, se sigue hablando de las mismas necesidades y arrastrando los mismos problemas. “Da la sensación, o eso pretende, de que López Miras acaba de llegar, pero lleva ya nueve años al frente de la Presidencia de la Comunidad Autónoma”.

“Nueve años en los que ha sido incapaz de resolver estos problemas, sin construir ninguna vivienda pública, suspendiendo clases por la falta de aulas climatizadas; nueve años poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía y de los propios bomberos por falta de medios, y aumentando las listas de espera en sanidad; nueve años que terminan con el mayor escándalo en la historia de nuestra Región: la trama de las prótesis”, ha remarcado.

Al hilo, ha afirmado que López Miras ha perdido una magnífica oportunidad para dar explicaciones y, sobre todo, para pedir perdón a los ciudadanos y ciudadanas de la Región, pero no ha dado ni una explicación, ni una disculpa, ni un gesto de empatía. “Ha demostrado, una vez más, que no está a la altura”.

“Después de nueve años como presidente de nuestra Región, cabe hacerse una pregunta. ¿Por qué será recordado López Miras? ¿Por la sopa verde del Mar Menor? ¿Por los más de 400 altos cargos que se saltaron el protocolo de vacunación en la pandemia? ¿O por la trama de las prótesis?”.

Lucas ha insistido en que los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia merecen mucho más, y ha trasladado un mensaje de esperanza: “Estamos preparados para abrir una nueva etapa en la Región de Murcia, para sustituir la parálisis por la acción y cambiar la resignación por la ilusión, para construir, entre todos, una Región de Murcia con más justicia social, con más calidad de vida y con más oportunidades. Somos la alternativa y seremos el futuro gobierno de la Región de Murcia”.

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la ley de la AP-9 para transferir la gestión y la titularidad de la vía a Galicia, que continuará su tramitación parlamentaria hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno central. Solo PP y Vox han votado en contra.

El origen de la ley surge del Parlamento de Galicia, aunque se desbloqueó hace unas semanas gracias al acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar para incluir no solo la gestión sino también la titularidad de la vía a la Xunta de Galicia.

El nuevo texto que surgió tras el acuerdo dio pie a una proposición de ley orgánica, que sigue ahora su tramitación en el Senado hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre Xunta y Gobierno central.

La polémica reside en que la Xunta de Galicia y el PP se quejan de que esta nueva ley no respeta la literalidad de la norma que salió consensuada del Parlamento de Galicia, por lo que los populares han tratado de revertir este asunto a través de enmiendas, que finalmente han sido rechazadas.

Durante el debate de la ley en el pleno del Congreso, el PSOE, Sumar y el BNG han celebrado la aprobación de esta “reivindicación histórica”, mientras que Vox ha reprochado al PP que, bajo su punto de vista, haya “comprado” el marco de los nacionalistas.

Además, Sumar y BNG han coincidido en reclamar además que la AP-9 puede ser “libre de peajes” para conseguir todas las aspiraciones relativas a esta vía gallega.

¿Qué dice el acuerdo entre PSOE, Sumar y BNG?

Aunque los socialistas habían presentado una enmienda que evitaba la titularidad, el nuevo texto pactado sitúa como objetivo de la ley “la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia”.

Para ello, se determina que la Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.

Dicha propuesta de acuerdo deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, empezando por la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista.

También concretará como se materializa la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, conforme a la normativa general de carreteras y a los pliegos que rigen la concesión; así como la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9.

Asimismo, abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, “singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria”; y para la redacción y aprobación de convenios, o addendas a los actuales.

Repercusiones económicas

Además, según el texto pactado, la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia y con los limites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del traspaso.

En la misma línea, las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma. El acuerdo de la transferencia deberá establecer “la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados”.

¿Cuándo asumirá la Xunta los costes?

En cuanto a la Xunta, asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, “todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso”.

Finalmente, las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión quiera promover la comunidad autónoma no podrán afectar a los compromisos económicos previstos y “cualquier decisión que suponga un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga”.

El abogado Jacobo Teijelo, investigado por pertenecer al grupo de Leire Díez dedicado supuestamente a atacar a jueces, fiscales y guardias civiles, ha negado que ordenara o participara en cualquier actividad ilegal y ha explicado que su contrato con el PSOE responde a la necesidad del partido de un análisis prospectivo de las causas judiciales que le afectaban. El abogado ha aludido, ante el juez Santiago Pedraz, a la “prospectiva sentimental de las causas”, una técnica inaugurada en Estados Unidos y que se sirve de las resoluciones dictadas por los magistrados en el pasado para predecir por dónde pueden discurrir sus decisiones en el futuro.

Teijelo ha situado el inicio de su relacion con el PSOE en el otoño de 2024, a partir de dos hechos concretos: la información acerca de que Vox se había reunido con altos mandos de la Guardia Civil –él ya defendía a un oficial imputado en el caso Hidrocarburos– y a un auto del juez Leopoldo Puente que permitía, según ha dicho, investigar a José Luis Ábalos, pese a estar aforado. El letrado Teijelo se ha detenido en la figura de Puente y en el hecho de que fuera el ponente de la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Tribunal Supremo contra la Ley de Amnistía.

La comparecencia de Teijelo como investigado ha estado repleta de interrumpciones. Las primeras han surgido cuando el juez Pedraz ha interrumpido al abogado durante su referéncia a Leopoldo Puente y le ha dicho que esa explición no era motivo de su interrogatorio.

La UCO estableció en un informe que el PSOE había pagado a este letrado al menos tres facturas por un importe conjunto de 125.000 euros al PSOE entre enero y marzo de 2025. Otras dos facturas eran objeto de debate. La UCO las cifraba en 53.000 euros y corresponderían a abonos de abril y mayo de 2025. La Guardia Civil añadía que “no existe constancia entre la documentación aportada por el PSOE” de las citadas facturas.

Los socialistas remitieron un escrito al juez en el que adjuntaban el burofax que enviaron al letrado en el que le comunicaban que ponían fin a la relación de prestación de servicios suscrita y en el que le informaban de que no abonarían las cantidades “por no constar a la organización la naturaleza, contenido ni beneficiario” de los trabajos legales. 

Este jueves, ante Pedraz, el abogado Teijelo ha dicho que comenzó a ejercer por aquellas fechas la defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que la gerente del partido le rechazó esas facturas porque el número tres del partido, que le había contratado, ya no ocupaba el cargo. Y ha subrayado, según las fuentes presentes en la declaración que nunca pagó nada a Leire Díez ni a nadie del dinero que recibió de la formación socialista. También ha dicho que nunca recibió fondo alguno de Díez y que ella se le acercó como una ciudadana más, para hacerle algunas consultas, y que nunca se presentó como “enviada del PSOE”.

Según el sumario del caso, Teijelo habría participado supuestamente en el desarrollo de la línea que buscaba atacar causas de hidrocarburos para así intentar lograr nulidades en el caso Koldo. Consta en la causa una conversación entre Leire Díez y Vicente Fernández de enero de 2025 en la que se apunta que esa vía se debía seguir “por orden del One”. Teijelo participó en la reunión con un empresario huido y otras personas en la que Leire Díez asegura que quiere ver “muerto” al teniente coronel de la UCO Antonio Balas.

A este respecto, Teijelo ha asegurado que conversaciones incorporadas a la causa fueron obtenidas de forma ilegal y, por tanto, serían nulas. A este respecto ha dicho que fue grabado por un periodista y otra persona vinculada al CNI.

Las visitas a la Fiscalía, dentro de la normalidad

En la providencia de citación de Teijelo, Pedraz explicaba que tomaba la decisión de citarle después de haber recibido contestación de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre las reuniones que se mantuvieron con investigados –hubo dos encuentros de Leire Díez y Teijelo con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE, Diego Villafañe–. Teijelo ha dicho este jueves que no recordaba que Leire le hubiera acompañado y que, si lo hizo, en ningún caso fue en calidad de abogada porque en la sede de la Fiscalía General hay que identificarse como letrado para hablar.

En cualquier caso, Teijelo ha ironizado con el hecho de que llame la atención de que un abogado tenga reuniones con fiscales, algo que ha dicho, “ocurre todos los dias”. “Si en un lugar reciben a todo el mundo es en la Fiscalía General”, ha asegurado. Para referirse al trato habitual entre defensas y fiscales ha aludido al caso del abogado de Alberto González Amador y su intercambio de correos con el fiscal de Delitos Económicos que llevaba el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

En repetidas ocasiones, Teijelo se ha negado a hablar de conversaciónes abogado-cliente recurriendo al secreto profesional. Y eso afectaba, según ha dicho, al PSOE, a personas del partido, y a la propia Leire, con la que ha reconocido no llegó a firmar acuerdo alguno.

Otro de los enfrentamientos con Pedraz se ha extendido a la fiscal. Teijelo ha pedido saber de qué delitos se le acusa. El juez no ha sabido responder y la fiscal, Elena Lorente, ha dicho que no es el momento procesal para detallarlo. En ese momento, Teijelo ha esgrimido el auto de un juzgado de Madrid en el que se archiva la causa contra él por su supuesta participación en la misma trama que ahora se investiga en la Audiencia Nacional. Teijelo ha advertido a Pedraz que le están “confundiendo” con esta causa.

Al término de la declaración, Teijelo se ha dirigido a los medios y ha advertido de que con su imputación “se está cuestionando el secreto profesional y el derecho de todas las personas a que nadie escuche lo que habla con su abogado”. “No son solo los abogados los que están siendo perseguidos y especialmente los abogados que desempeñan defensa del Partido Socialista, sino que se está persiguiendo el derecho de la gente a que le defienda un abogado”, ha añadido.

El secretario general del PSOE extremeño, Alvaro Sánchez Cotrina, entendería y animaría que los agentes sociales “salgan a la calle” contra los recortes en las partidas recogidas en los presupuestos de 2026 si no se consigue revertirlo por la “vía oficial” que son las enmiendas parciales.

Sánchez Cotrina ha hecho estas declaraciones con motivo de las reuniones que está manteniendo con los principales agentes sociales y económicos de la región, a quienes ha trasladado el compromiso de presentar enmiendas para revertir el recorte del 50 por ciento que el gobierno de María Guardiola pretende aplicar a las asignaciones destinadas al diálogo social y a la concertación.

El dirigente socialista, que ha precisado que él no quiere ser “el líder de la posición que está todo el día detrás de la pancarta”, si reconoce que lo que se le ha ofrecido es “pelearlo vía oficial en la Asamblea de Extremadura, llegar hasta el final e intentar debatir las enmiendas y conseguir acuerdos”. No obstante, si no se consigue entiende que “ni uno solo de los sindicatos y tampoco la patronal puede descartar salir a la calle, porque no van a salir a la calle porque aumenten el 50 por ciento de los recursos económicos, lo hacen por la defensa de los derechos de los trabajadores”.

“Si ellos no lo hacen, desde luego que le animaremos a salir”, ha remarcado Cotrina, que está convencido de que “la gente al final se remanga por las cosas del comer y si sus trabajadores y sus afiliados le están diciendo que pierden derechos como consecuencia de este choque frontal con el gobierno, pues estoy convencido que se verán en las calles”.

Cotrina ha criticado que la respuesta de la Junta de Extremadura a lo que ha aportado los agentes sociales y la patronal sea “darle un hachazo presupuestario del 50 por ciento” y ha explicado que le están proponiendo a sindicatos y patronal lo que ya se le planteó a la presidenta de la Junta, que es “que ”eche a Vox del gobierno“ y poner encima de la mesa una propuesta que recupere la totalidad de la confianza en el diálogo social”.

Si embargo, como cree que no lo va a aceptar lo que harán es presentar enmiendas consensudas con sindicatos y con la patronal para recuperar ese diálogo social.

Cotrina también ha avanzado que aunque será mañana cuando se informe de las enmiendas parciales que el PSOE presentará a las cuentas de 2026, serán unas 300, basadas en los siete grandes acuerdos que le presentaron a Guardiola. “No estamos hablando de enmiendas al peso sino que tienen que ver con la vida de la gente y hacer su vida más fácil” ha dicho el dirigente socialista. 

El calor en los colegios de Logroño llegará al pleno municipal en forma de moción. El grupo municipal socialista ha propuesto una batería de medidas para garantizar el confort térmico en los centros educativos de Logroño. Propuestas para hacer frente a las altas temperaturas que la comunidad educativa ha sufrido estos días “con episodios de más de 30 grados perjudicando la atención y el aprendizaje de las niñas y niños” ha apuntado la edil socialista Esther Espinosa.

Y entre esta batería de medidas destacan una como la más importante. “La realización urgente de una auditoria climática en todos los centros educativos de la ciudad para conocer las demandas energéticas y determinar las medidas correctoras necesarias” que garanticen “el confort térmico y la eficiencia energética”, ha apuntado su compañero, Álvaro Foncea quien ha explicado la necesidad de tener una coordinación con el Gobierno de La Rioja “para elaborar un Plan Plurianual de Inversiones destinado a la modernización de los centros, priorizando el uso de materiales de construcción sostenibles, técnicas de refrigeración natural, aislamiento de fachadas y cubiertas, y la instalación de sistemas de energías renovables”.

Refugios climáticos

Además, el concejal ha propuesto “dar continuidad a lo que se hizo en la pasada legislatura” estableciendo un protocolo para que los centros educativos, una vez adaptados, “puedan abrirse durante los periodos vacacionales y episodios de calor extremo como espacios sociales” y que actúen “como refugios climáticos”.

En la moción presentada por el PSOE también se precisa la importancia de consignar en los presupuestos municipales una partida plurianual vinculada a este Plan de Adaptación Climática, buscando la cofinanciación a través de fondos europeos (FEDER, MRR) y convenios con el Gobierno de La Rioja.

Asimismo, se insta al Gobierno regional a reforzar la inspección de trabajo y a flexibilizar el horario y el calendario educativo ante las altas temperaturas. Una iniciativa que el Grupo Socialista ha registrado para su debate en el próximo Pleno con el fin de que “el curso que viene los centros educativos estén mejor preparados ante el calor”, ha concluido Esther Espinosa.

El entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha mostrado su malestar en las últimas horas por la aportación íntegra de sus agendas y conversaciones privadas con su secretaria Gertrudis Alcázar al procedimiento judicial, y su posterior publicación, sin que haya existido un expurgo previo por parte de la UDEF. Es decir, sin que se haya descartado el material que no está vinculado con la investigación y que forma parte de la esfera privada del expresidente y de la trabajadora. 

El Gobierno ha expresado su “preocupación” por la “creciente frecuencia con que se producen filtraciones de información en el seno de causas judiciales en curso”. “Se trata de información que no guarda relación con el objeto de las investigaciones y que vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas”, insisten fuentes del Gobierno sobre los mensajes intervenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal dentro de la investigación al expresidente en el marco del 'caso Plus Ultra'.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho que es “un hecho gravísimo y escandaloso”. “Venimos de una condena al fiscal general del Estado por una filtración de extremos que eran de absoluto interés público”, ha criticado, en referencia al comunicado de la Fiscalía para desmentir la desinformación que difundió el entorno de Ayuso sobre el pacto que ofreció la pareja de Ayuso.

Gabriel Rufián lo ha calificado de “barbaridad” que pasa en España “desde hace mucho tiempo y aquí no pasa nada”. “Yo si algún día voy a juicio por lo que sea, sé que se va a filtrar en algún digital de derechas, por lo que sea”, ha dicho en los pasillos del Congreso.

La defensa del expresidente socialista está estudiando la filtración de sus agendas durante los años 2024 y 2025, y de los mensajes con su secretaria Gertrudis Alcázar. “Saben que yo no soy objetivo, creo que deberíamos regular la figura del expresidente, el límite o la frontera entre la influencia, la asesoría y el tráfico de influencias. Creo que Zapatero debería dar explicaciones, ya tarda”, ha subrayado Gabriel Rufián.

Desde el PSOE también han cargado contra esa difusión porque son, en su mayoría, mensajes privados: “Filtrar WhatsApps y agendas privadas ajenas a una causa judicial no es información: es una cacería incompatible con las garantías que exige una democracia”, han afirmado. Al respecto, fuentes de Ferraz han asegurado que se trata de un “escándalo mayúsculo” y han defendido que la mayoría del material difundido no tiene relación con los hechos investigados, lo que “genera indefensión y desborda los límites que deben proteger cualquier actuación judicial”.

El secretario general del PSOE extremeño, Alvaro Sánchez Cotrina, ha pedido este jueves a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que si aún no lo ha hecho ponga a disposición del Gobierno de España todos los medios de urgencia y emergencia que tenga la comunidad para ayudar a los afectados por el terremoto que ha sacudido Venezuela.

En declaraciones a los medios, ha aprovechado para expresar “todo el respeto, todo el afecto y todas las sensibilidades el PSOE” y también para mandarle “un mensaje claro” a Guardiola de que “la cooperación internacional también es esto, también es poner a disposición del Gobierno de España todos los medios”.

A su juicio, de este modo se contribuye a la paz y al desarrollo en países “en tiempos muy convulsos y sobre todo en emergencias como la que estamos viviendo porque también nos gusta que nos ayuden cuando nos vemos en esas”. 

Alberto Núñez Feijóo tiene prisa. En algunas semanas, parece tranquilo y a la espera de que el progresivo desgaste del PSOE le conceda una fácil victoria en las próximas elecciones. En otras, se revuelve rabioso y apuesta por el juego sucio. Estas últimas son ya las más frecuentes. “Las Cámaras no son una red social en la que competir con zascas y palabras gruesas”, dijo al llegar a Madrid en 2022. En un acto interno del PP en 2023 lamentó que el Parlamento se haya convertido en “un show del insulto permanente y la crispación constante”. Ese Feijóo no existe desde hace tiempo o quizá siempre estuvo ahí con un disfraz a la medida de las circunstancias.

El miércoles lo tenía muy fácil ante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, unos días después de conocerse la sentencia de José Luis Ábalos a 24 años de prisión por corrupto. Podía haber consumido su tiempo leyendo frases de la sentencia, unidas a otras relacionadas con la investigación a Zapatero, joyas incluidas. Pero eso ya no es suficiente para él. Cree que los votantes de derecha lo quieren envuelto en la rabia con espuma saliéndole por la boca al denunciar la maldad intrínseca de Sánchez. Sufre al pensar que le puedan tachar de blando, de político amanerado que no da la talla en la jungla del poder en Madrid.

Por tanto, no le vale con resaltar las lógicas diferencias ideológicas con la izquierda ni aprovechar las investigaciones por corrupción que implican a los socialistas. Tiene que convertir la política en algo personal, en destacar que su gran rival es alguien que lleva consigo el mal olor de la podredumbre, incluso desde antes de entrar en política. En su primera intervención, llamó a Sánchez “el yerno de las saunas” por los establecimientos propiedad del padre de Begoña Gómez, ya fallecido. Lo ha hecho en varias ocasiones en esta legislatura.

Después, siguió golpeando en el mismo clavo: “A mí no me ha financiado la carrera ningún magnate de la prostitución”. El PP pasó hace tiempo de no querer meterse en el tema hasta afirmar que el suegro había financiado las primarias que Sánchez ganó a pesar de que para entonces ya había abandonado el negocio.

Feijóo cayó aún más bajo cuando utilizó al padre de Patxi López con el fin de afear su intervención anterior al portavoz socialista: “Señor Patxi López, si se levanta su padre y ve lo que hace usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás”. Se desconoce cómo el líder del PP puede saber lo que pasaría por la cabeza de alguien que falleció en 1992 y a quien presumiblemente no conoció.

Eduardo López Albizu fue obrero de siderúrgica y sindicalista de UGT durante el franquismo, por lo que fue detenido y desterrado a Almería. Como dirigente del PSOE, participó en 1974 en el Congreso de Suresnes. A todo eso se refirió López en su respuesta: “Para que acepte que el señor Feijóo hable de mi padre, tendría que nacer tres veces. Una por las veces que le dieron de hostias en las comisarías de este país, otra por las veces que estuvo encarcelado, y otra por el destierro que tuvo que soportar por defender la libertad”. Siguió hablando para referirse a Manuel Fraga y su etapa de ministro franquista: “El fundador de su partido, del que el señor Feijóo dice siempre que fue su heredero orgulloso, formaba parte del Gobierno de la dictadura que le torturó, que le encarceló, que le desterró y que fusilaba a la gente de este país”.

Los diputados del PSOE se pusieron en pie para aplaudir a su portavoz. Los del PP habían hecho lo mismo, algunos de ellos rugiendo con entusiasmo, cuando Feijóo se refirió al “magnate de la prostitución”.

Después del PP, fuentes de la dirección del partido quisieron explicar el ataque personal contra Patxi López. Su argumento es que aparentemente lo saben todo sobre López Albizu y conocen lo que diría si viviera ahora. Ciertamente, suena algo sobrenatural. “El padre de Patxi pertenecía a ese PSOE al que Pedro Sánchez desprecia”, dijeron, dando por hecho que hubiera estado en contra de negociar con Bildu. Y luego la amenaza: “Que se acostumbren. No les vamos a dejar pasar una”.

Está claro que no dejaron pasar las menciones de Sánchez a Marcial Dorado (“le recomiendo que beba agua y que se ponga crema si este verano utiliza también algún yate para dar una vuelta por las rías de Galicia”). A estas alturas, es dudoso que tenga mucho efecto político hablar de la antigua amistad de Feijóo con el que era un muy conocido contrabandista gallego de tabaco que terminó siendo condenado por una operación de blanqueo de dinero en favor de un grupo de narcotraficantes.

Cuando se supo de la relación entre ambos en 2013 parecía imposible que Feijóo pudiera sobrevivir como presidente de la Xunta. En países como Estados Unidos y Gran Bretaña, su carrera política habría acabado en ese mismo momento. Es obvio que Galicia no es lo mismo. Las fotos de Feijóo y Dorado en el yate del segundo en 1995 dieron lugar a explicaciones del líder del PP muy poco creíbles sobre sus vacaciones juntos –“creo que no fui a Andorra, no lo sé, recuerdo que había nieve”–, pero el control del PP de la política y los medios de comunicación gallegos fue suficiente para protegerle.

Sánchez podría haber aprovechado su comparecencia para pedir perdón por la confianza que tuvo en Ábalos durante tantos años y por haberle nombrado ministro. Fue cuando estaba en el Gobierno cuando Ábalos cometió los delitos por los que ha sido condenado. Excepto un breve comentario (“lo lamento, pido perdón”) al explicar a Gabriel Rufián las normas contra la corrupción que su Gobierno puso en marcha después, no se explayó ni dio ninguna solemnidad a la vergüenza por pasar por este trago. Lo máximo a lo que llegó fue a compartir con Rufián “su indignación y frustración” y a decir después que “tampoco somos infalibles”.

La comparecencia solo era un mal trago por el que tenía que pasar. El portavoz de Esquerra le dijo que parecía que se había presentado en el hemiciclo a dar explicaciones sobre la corrupción del PP, de la que había dado numerosos ejemplos. Pero no fue ningún dirigente del PP ni de otro partido los que nombraron a Ábalos y luego a Santos Cerdán.

Sánchez fracasó a la hora de convencer a sus socios. Rufián hizo su discurso más duro contra el Gobierno y dejó claro que resistir sólo porque la alternativa del PP y Vox es peor se ha convertido en un argumento inútil. “¿Qué diríamos si hubieran encontrado un millón y medio de euros en joyas en la casa de Aznar, de Feijóo o de Ayuso?”, preguntó, al referirse a Zapatero. Sánchez no tuvo respuesta para esa pregunta. No la tiene porque Zapatero aún no ha encontrado la manera de explicar cómo aparecieron en su caja fuerte.

Por lo que dicen el PNV y Junts, no tienen ninguna intención de apoyar una moción de censura. Eso no significa que crean que el Gobierno está vivo. La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, definió su situación con estas palabras: “Está nadando su último largo si es que no le vacían antes la piscina”.

A Feijóo le encantaría llevarse toda el agua. De momento, se conforma con orinar en la piscina. Esa es su gran contribución al debate político.

Las cifras del caso que ha motivado un registro en el Ayuntamiento de Soria y siete detenciones, entre ellas la de la concejala de Turismo, no parecen la clave. Desde 2020 a la actualidad, los contratos municipales a Biosfera Soria SL, la empresa en la que la concejala de Turismo ahora apartada tuvo un 33% de participación, suman 287.349,75 euros, y los de la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, 126.178,04 euros. . Los contratos son en general muy parecidos: actividades para niños en verano que fomenten la conciliación, aulas micológicas o atención al público en parques y espacios naturales.

La Operación Fuentona, nombre también de un impresionante espacio natural y recurso turístico y que está directamente relacionado con los protagonistas del caso, basa la investigación no en lo que se ha cobrado, sino en el quién. Yolanda Santos que este miércoles, tras declarar ante el juez que instruye el caso, dejó el PSOE, nunca ocultó haber estado vinculada a la empresa. De hecho, puede comprobarse en el portal de Turismo de la Junta de Castilla y León, donde aparece como ponente de un congreso que se celebró en 2023. Lo que se sospecha es que Santos habría tenido como testaferro a otra política, alcaldesa de un pequeño municipio, y que le compró, no se sabe si ficticiamente, las participaciones cuando pasó a ser concejala del Ayuntamiento en 2019.

Desde el PSOE argumentan que si se siguió contratando a la empresa es porque es una de las mejores de Soria. Y también de las pocas. Todo son contratos menores. Así, el Ayuntamiento adjudicó varias veces a Biosfera Soria la gestión de la “Lonja Soria” dentro de las instalaciones del Mercado Municipal sito en la Plaza Bernardo Robles, por importes de 10.285, 12.342 y 16.940 euros, entre los años 2020 y 2021. Hay también contratos bianuales de actividades de verano para niños que permitiesen la conciliación durante los veranos de 2021 y 2022 por algo más de 26.000 euros por año, en 2023 y 2024 por 44.742, 89 euros, y varios contratos de algo más de 15.000 euros por atención al público en un espacio natural.

No solo se consiguieron contratos con el Ayuntamiento de Soria. También con la Junta de Castilla y León (gobernada entonces por PP y Vox) a través de la Fundación Patrimonio Natural, que le adjudicó para 2024 y 2025 la gestión de un aula divulgativa por 91.442,15 euros, algo que ya había hecho en 2023 por 34.735,89 euros.

La investigación se centrará en seguir el rastro del dinero. Yolanda Santos está en libertad provisional, con la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Su situación es la misma que la de los otros cinco detenidos el martes. Nada se sabe de la situación procesal de la séptima detención que se produjo el miércoles.

Con el sumario declarado secreto, tan solo se conoce oficialmente que se investigan hechos presuntamente constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La concejala de Medio Ambiente, Turismo y Comercio de Soria, Yolanda Santos Grandes (PSOE), detenida en una investigación sobre supuestas irregularidades en el Ayuntamiento, ha presentado su dimisión irrevocable, renunciando tanto a su acta en el consistorio como a su militancia en la formación política. Santos se encuentra en libertad provisional después de haber declarado durante toda la mañana ante el juez. Sobre ella gira una investigación, dirigida por el Juzgado número 3 y la Fiscalía de la Audiencia Provincial, que permanece bajo secreto de sumario y que analiza posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

La ya exconcejala ha justificado este paso argumentando estrictas razones de responsabilidad personal e institucional. El PSOE había pedido la suspensión cautelar de militancia y la apertura de un expediente informativo.

Según explica la propia Santos en un comunicado, su principal objetivo en este momento es evitar cualquier tipo de perjuicio reputacional o político tanto al Ayuntamiento de Soria como al Partido Socialista, organizaciones a las que ha agradecido la confianza depositada en ella durante su trayectoria. En sus propias palabras, considera que apartarse de la primera línea es la decisión más prudente en la situación actual.

“Quiero dejar constancia de que mantengo plena tranquilidad y absoluta confianza en la Justicia, en su trabajo y en que todo se esclarecerá con el tiempo y con las garantías que corresponden en un Estado de Derecho”, subraya el texto remitido a los medios de comunicación.

En el mismo comunicado, la ya exconcejala ha mostrado su total disposición a colaborar con las autoridades en todo lo que legalmente proceda. Asimismo, ha solicitado de manera expresa que se respete el desarrollo de las actuaciones judiciales. También ha pedido el máximo respeto para todas las personas afectadas por esta situación y para sus respectivas familias.

La intervención, que se saldó inicialmente con un total de seis detenidos, dos en Madrid y los otros cuatro en Soria, realizó registros durante 12 horas en el Ayuntamiento de Soria, en las áreas de Hacienda, Comercio y Turismo y Alcaldía, y en dos viviendas particulares.

Una de las playas más salvajes y hermosas de la isla de Tenerife se encamina a su tercer verano cerrada, sin que se pueda disfrutar de sus aguas abierta al océano ni de su arena negra volcánica.

Es lo que ha denunciado el Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, que ha puesto sobre la mesa este miércoles el incumplimiento por parte del grupo de gobierno -Coalición Canaria y Partido Popular- de los acuerdos alcanzados tras el debate celebrado en diciembre de 2025 sobre la situación de la playa de Los Patos y el conjunto del paraje de El Rincón, en La Orotava.

El consejero socialista Javier Rodríguez Medina ha criticado que, transcurridos más de seis meses desde aquel debate, no se haya producido ningún avance efectivo para facilitar la reapertura de la playa, que permanece cerrada desde diciembre de 2023.

“Lo más grave ya no es solo que no hayan cumplido nuestra propuesta inicial. Lo más grave es que los compromisos que asumieron entonces han quedado en papel mojado. No se ha producido ningún avance, no se han iniciado expedientes administrativos y comenzamos un verano más, el tercero, con Los Patos cerrada”, lamentó Rodríguez Medina.

El Grupo Socialista recuerda que en diciembre ya advirtió del riesgo de que el cierre se cronificara ante la ausencia de una hoja de ruta clara, un calendario de actuaciones y compromisos concretos por parte del gobierno insular. Seis meses después, considera que aquella preocupación estaba plenamente justificada.

“Han pasado dos veranos completos desde el cierre de la playa, se inicia el tercero, y seguimos exactamente en el mismo punto. No existe una planificación pública conocida, no se han impulsado los trámites necesarios y nadie es capaz de explicar cuándo podrá volver a abrirse este espacio tan importante para la ciudadanía y para quienes visitan la isla”, señaló el consejero socialista.

Rodríguez Medina considera especialmente preocupante que no se hayan iniciado los procedimientos administrativos necesarios para avanzar hacia una solución. “Cuando ni siquiera se ponen en marcha los expedientes, resulta imposible plantear plazos o expectativas razonables. Lo que vemos es una absoluta falta de impulso político”, afirmó.

Un nuevo verano sin respuestas

“Mientras miles de personas buscan espacios de baño y disfrute del litoral, el gobierno insular sigue sin ofrecer respuestas ni avances. Los Patos forma parte de la identidad de Tenerife y no puede quedar condenada indefinidamente al abandono por la inacción de las administraciones”, indicó Rodríguez Medina.

El Grupo Socialista insiste en que El Rincón dispone de instrumentos de gobernanza específicos y de un marco jurídico consolidado para coordinar actuaciones entre las distintas administraciones implicadas, por lo que considera injustificable la falta de progresos registrados durante este tiempo.

Por ello, el PSOE de Tenerife exige al Cabildo que informe públicamente sobre las actuaciones realizadas desde diciembre de 2025, detalle los expedientes iniciados y establezca una hoja de ruta clara que permita avanzar hacia la reapertura segura de la playa de Los Patos.

“No podemos permitir que el cierre se convierta en una situación permanente. La ciudadanía merece transparencia, planificación y soluciones. Lo que no puede seguir habiendo son excusas y promesas incumplidas”, concluyó Javier Rodríguez Medina.

El PSOE de Extremadura ve “vergonzoso” que el Gobierno de María Guardiola haya sido incapaz de sacar una declaración unánime con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI y ha dejado claro que cuando el PP pacta con Vox los derechos de este colectivo “están en riesgo”.

El secretario de Movimientos Sociales, Diversidad y LGTBI del PSOE de Extremadura, Federico González, ha puesto de relieve que su partido sale a la calle para celebrar esta conmemoración “con un mensaje claro y contundente: más orgullo y menos odio”. Para González, el hecho de que pleno siglo XXI una institución plenamente democrática como la Junta de Extremadura sea incapaz de sacar una declaración unánime contra la homofobia “no es ninguna anécdota”. A su juicio, se trata, por el contrario, de “una anomalía democrática y un síntoma preocupante de hacia dónde nos quieren llevar determinados acuerdos políticos”.

El dirigente socialista ha destacado que los derechos del colectivo LGTBI “se defienden también eligiendo con quien se gobierna” y ha considerado una “contradicción evidente” gobernar “de la mano de quienes cuestionan derechos, atacan políticas de igualdad y niegan las discriminaciones que sigue sufriendo a día de hoy el colectivo, para luego pretender apropiarse de la bandera del Orgullo”.

“No se puede gobernar con Vox por la mañana y hacerse una foto con la bandera arcoiris por la tarde”, ya que eso “tiene consecuencias muy graves en la vida de las personas LGTBI”, ha manifestado Federico González.

Además, ha insistido en que “la igualdad y la diversidad no admiten medias tintas: o se defienden los derechos del colectivo con hechos y políticas concretas, o se pacta con quienes quieren recortarlos y cercenarlos. Las dos cosas a la vez son totalmente incompatibles”, ha especificado.

En ese sentido, ha recordado que María Guardiola utilizó a las personas LGTBI para “fabricarse un perfil de personaje de derecha moderna” y tras declarar que no podía dejar entrar en su gobierno a Vox, le ha entregado “todo en bandeja, incluso lo más preciado de nuestras vidas, nuestros derechos”.

En su opinión, el PP extremeño “se ha comportado como el casero más hipócrita y ruin”, ya que, tras prometer que “nuestra casa era un lugar es seguro para vivir, hoy no solo le ha entregado las llaves de nuestro piso a la extrema derecha, sino el control del edificio y el dinero de nuestros impuestos”.

El PSOE de Extremadura, que participará en las movilizaciones y actos organizados en la región con motivo del Día Internacional del Orgullo, está presentando estos días en los ayuntamientos extremeños una moción para defender los derechos LGTBI, para que cada consistorio “se retrate” y también para destacar la importancia de los municipios en la lucha contra la LGTBI-fobia y la transfobia.

González ha destacado que la bandera arcoiris “no es la bandera de ningún partido, es la bandera de la libertad, de la igualdad, de la diversidad, de los derechos y representa los valores democráticos que debería unirnos a todos y a todas desde Extremadura”.

El representante socialista ha puesto de relieve los avances conseguidos por el colectivo de la mano de gobiernos del PSOE, como el matrimonio igualitario hace 20 años, pero ha advertido de que “ningún derecho es irreversible”, mientras proliferan en España y en Extremadura los delitos de odio.

Por ello, en su opinión, es más necesario que nunca “el apoyo unánime de instituciones y partidos políticos” para “trabajar cada día en consolidar los derechos y las libertades y para hacer de este país y de esta región un lugar mejor donde vivir”. 

El caso Mediador entra en su recta final después de que la Fiscalía haya presentado su escrito de acusación ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, solicitando la apertura del juicio oral contra esa trama de corrupción que operó entre mediados de 2020 y 2021 y que ya celebró un primer juicio con duras condenas para una parte de los encausados.

El Ministerio Fiscal pide 13 años de cárcel para el mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte; once para el que fuera director general de Ganadería del Gobierno canario, Taishet Fuentes, y ocho para su tío, Bernardo Fuentes, conocido como tito Berni, que era diputado nacional del PSOE en el momento de los hechos, aunque dimitió al ser descubierto. A todos ellos se les acusa de pertenencia a organización criminal para cometer delitos como cohecho y estafa, además de otros que no recaen en todos los acusados. Además, el fiscal pide dos años de cárcel y la suspensión de empleo o cargo público para el exgeneral de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, al que se acusa de cohecho y tráfico de influencias por usar su posición para ofrecer contratos en África a cambio de comisiones. 

Las peticiones de cárcel se extienden también a los siguientes empresarios:

M. Á. R. G. (administrador de Hispano Robysa): 10 meses de prisión en total y sendas multas; A. M. G. (Biogranja Montesdeoca) 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación para obtener subvenciones públicas por 6 años y 10 años de inhabilitación para cargo público; E. B. R. y M. I. R. E. (matrimonio de empresarios de Mec Suministra): 3 años y 6 meses de prisión, 6 años de inhabilitación para obtener subvenciones y 10 años de inhabilitación para cargo público; J. S. S. E. y M. I. S. C. (Asesoramiento y Servicios de Drones SL): padre e hija imputados por cohecho tras realizar múltiples transferencias al entorno del mediador y pagar billetes de avión a cambio de contratos amañados. Afrontan 3 años y 3 meses de prisión cada uno, además de 6 años de inhabilitación para recibir ayudas públicas o contratar con el sector público; M. M. P. S. (empresario): acusado de cohecho tras pagar un banquete de 7.800 euros y servicios de prostitución en Madrid para ganarse el apoyo de los políticos de la red. Se solicita para él 1 año de prisión.

Así operaba la trama

La trama, encabezada por Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador, se dedicaba a captar a empresarios a cambio de prebendas, comisiones y el posterior desvío de fondos o favores políticos, recuerda el escrito del Ministerio Fiscal.

Al frente de esta organización criminal se situaba un núcleo delictivo con un reparto de funciones muy claro: el exdiputado nacional del PSOE por la provincia de Las Palmas Juan Bernardo Fuentes Curbelo, su sobrino y exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes Gutiérrez durante el pacto de las flores, y el intermediario Antonio Navarro Tacoronte, conocido popularmente como el Mediador. 

Según el escrito del Ministerio Fiscal, la trama utilizaba la influencia de sus cargos públicos para ganarse la confianza de empresarios de los sectores agrícola, ganadero y de energías renovables. Para convencerlos de la “seriedad” de los negocios ilícitos, los acusados organizaban visitas guiadas al Congreso de los Diputados y a las dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid.

Una vez captados, los empresarios debían abonar un peaje inicial, que habitualmente consistía en una transferencia de 5.000 euros a las cuentas de la Asociación Deportiva Vega Tetir, en Fuerteventura, club presidido por el propio Juan Bernardo Fuentes Curbelo y que servía como tapadera. 

Posteriormente, los pagos se diversificaban mediante transferencias a cuentas de familiares o personas del entorno de Antonio Navarro Tacoronte para borrar el rastro del dinero. El fiscal destaca en su escrito que una parte importante de estas comisiones se destinaba a costear comidas, hoteles y servicios de prostitución para el disfrute de los principales encausados, gastos que eran sufragados directamente con las tarjetas de la red de intermediación. 

Las peticiones de pena, al detalle

Estas son al detalla las penas que solicita Ministerio Fiscal por el caso Mediador:

Juan Bernardo Fuentes Curbelo (exdiputado del PSOE): Se le solicitan 8 años de prisión (6 por un delito continuado de cohecho y 2 por pertenencia a grupo criminal) , además de 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público. 

Taishet Fuentes Gutiérrez (exdirector general de Ganadería del Gobierno canario): Afronta una petición total de 11 años de prisión (6 por cohecho, 2 por grupo criminal y 3 por un delito continuado de estafa), junto con inhabilitaciones que suman más de 20 años. 

Antonio Navarro Tacoronte (el Mediador): El Fiscal solicita para él 13 años de prisión al considerarlo cooperador necesario y autor de múltiples delitos, incluyendo cohecho (6 años), grupo criminal (2 años), estafa (3 años), falsedad en documento mercantil (1 año) y tráfico de influencias (1 año). 

Álvaro de la Bárcena Argany. (Exviceconsejero del Sector Primario): Se le acusa de un delito continuado de prevaricación administrativa por exonerar conscientemente de las sanciones a empresas de la trama. El Fiscal solicita 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. 

Estefanía Margarita González Núñez, jefa de Servicio de la Dirección Técnica de Ganadería. Acusada de prevaricación administrativa tras modificar la gravedad de un expediente sancionador (de grave a leve) para forzar su prescripción. Se solicitan 10 años de inhabilitación especial.

El empresario A B. P.: Se le acusa de un delito de cohecho para lo que se le solicita la pena de un año de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la vigencia de la pena.

M. Á. R. G. (Administrador de Hispano Robysa): Tuvo un papel activo dando cobertura al Mediador mediante la emisión de facturas ficticias para blanquear las dádivas. Se le acusa de falsedad en documento mercantil y cohecho. Al aplicársele una atenuante analógica muy cualificada por colaborar con la justicia (aportó sus equipos informáticos), su pena se reduce a 10 meses de prisión en total y sendas multas. 

A. M. G. (Biogranja Montesdeoca): Acusado de cohecho, inductor de prevaricación y falsedad mercantil. Recurrió a la trama para librarse de devolver una subvención y afrontar una multa. Se solicitan 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación para obtener subvenciones públicas por 6 años y 10 años de inhabilitación para cargo público. 

E. B. R. y M. I. R. E. (Matrimonio de empresarios de Mec Suministra): Acusados de cohecho e inducción a la prevaricación tras pagar a la trama para destrabar una subvención retenida de 100.000 euros y evitar sanciones. Para cada uno se piden 3 años y 6 meses de prisión, 6 años de inhabilitación para obtener subvenciones y 10 años de inhabilitación para cargo público. 

J. S. S. E. y M. I. S. C. (Asesoramiento y Servicios de Drones S.L.): Padre e hija están acusados de cohecho tras realizar múltiples transferencias al entorno del Mediador y pagar billetes de avión a cambio de contratos amañados. Afrontan 3 años y 3 meses de prisión cada uno, además de 6 años de inhabilitación para recibir ayudas públicas o contratar con el sector público. 

M. M. P. S. (Empresario): Acusado de cohecho tras pagar un banquete de 7.800 euros y servicios de prostitución en Madrid para ganarse el apoyo de los políticos de la red. Se solicita para él 1 año de prisión. 

El PSOE de La Rioja denuncia la falta de respuesta del Gobierno regional con las familias y el alumnado de la zona de Cervera del Río Alhama. En concreto, se refieren a estudiantes de Cervera, de Igea, Rincón de Olivedo y Grávalos que, tras finalizar la educación secundaria obligatoria, necesitan transporte escolar para poder continuar sus estudios, libremente elegidos, de Formación Profesional y de bachiller en Calahorra.

Esta situación afecta a 14 jóvenes que desean matricularse en distintos Ciclos Formativos y en Bachiller de Artes, impartidos en Calahorra y que, “a pocos días de que finalice el plazo de matrícula previsto para este viernes, continúan sin conocer si podrán disponer de un servicio de transporte que les permita acceder a los estudios que han elegido”. Por esta razón, los socialistas hablan de “incertidumbre”, más aún cuando “a principios del mes de marzo, las familias trasladaron formalmente a la Consejería de Educación una propuesta para resolver esta situación”. Sin embargo, “cuatro meses después, y a falta de dos días para que acabe el plazo de matrícula, el Gobierno de La Rioja sigue sin ofrecer una respuesta a estas familias”.

Tachan de “inaceptable que la administración autonómica permanezca impasible mientras 14 estudiantes ven condicionado su futuro académico por una cuestión que es de exclusiva competencia pública”. Y recuerdan que “el acceso a la educación no puede depender del lugar de residencia, ni de la capacidad económica de las familias para asumir los desplazamientos diarios”. Y, en este caso, “la falta de transporte escolar está vulnerando el principio de igualdad de oportunidades, algo especialmente grave cuando afecta al alumnado de la zona rural porque los jóvenes de la zona de Cervera del río Alhama tienen exactamente el mismo derecho que cualquier otro estudiante riojano a elegir libremente su formación y acceder a los ciclos formativos que mejor se adapten a sus intereses y expectativas profesionales”.

Por todo ello, los socialistas exigen al Gobierno de La Rioja que “actúe de manera inmediata y dé respuesta a las familias afectadas y habilite las soluciones de transporte necesarias para que estos 14 estudiantes puedan iniciar sus estudios de formación profesional en Calahorra el próximo curso en condiciones de igualdad”. Y recuerdan que “el diseño de las rutas de transporte escolar está orientado en la actualidad, prácticamente en exclusiva hacia Alfaro, lo que impide que numerosos estudiantes puedan acceder a la oferta educativa existente en Calahorra”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado este miércoles “soluciones y respuestas” ante los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno, al advertir de que en política “una cosa es culpable y otra cosa es responsable”.

Así se ha pronunciado, a preguntas de los medios de comunicación, tras inaugurar la 64 edición de la Feria Nacional del Campo (Fercam) en Manzanares, después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, haya comparecido en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones por los casos de corrupción en el seno de su Ejecutivo y de su partido.

García-Page ha señalado que desconoce “lo que sabe” el jefe del Ejecutivo central y ha asegurado que tiende a pensar “que la gente es buena por naturaleza”.

En este sentido, ha recordado que España es “un estado de derecho” en el que no se puede presumir “que la gente es delincuente por definición”.

El presidente castellanomanchego ha defendido que los casos de corrupción responden a “una minoría muy minoritaria”, aunque ha admitido que ese tipo de comportamientos “afean el conjunto”.

“No tengo ninguna duda de que al presidente del Gobierno le repugna la corrupción”, ha afirmado.

No obstante, García-Page ha insistido en que la política exige algo más que determinar responsabilidades penales. “En política nos exigen los ciudadanos soluciones y respuestas”, ha señalado, antes de remarcar que “culpables son los corruptos” y que la responsabilidad política debe abordarse en otro plano.

La Junta regional pide al PP verbalizar su condena a los casos de su partido

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha expresado el “rechazo y condena” del Ejecutivo autonómico ante cualquier forma de corrupción en el PSOE. Por otro lado ha pedido a la expresidenta regional María Dolores de Cospedal y al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, que también “verbalicen” su condena ante los casos de corrupción en su partido, justo en el día en que ha declarado como acusado en la Audiencia Nacional por el caso Kitchen quien fuera asesor de Cospedal, Andrés Gómez Gordo.

A preguntas de los periodistas por su valoración sobre la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Pleno del Congreso de los Diputados celebrado este miércoles, Padilla ha expresado la repulsa del Gobierno regional ante los casos de corrupción del PSOE, “pero esto no se lo estoy diciendo solamente a Pedro Sánchez, se lo estoy diciendo también a la oposición”, ha recalcado.

“Efectivamente, hay que condenar cualquier tipo de corrupción que nos indigne, y la que viene del Partido Socialista incluso nos tiene que cabrear aún más, pero no es el momento de contar quién tiene más políticos en la cárcel porque no es de lo que se trata si no queremos que la ciudadanía pase de unos y de otros”, ha aseverado.

Así, ha pedido al Partido Popular la misma “dureza y contundencia” con sus propios casos de presunta corrupción, y ha recordado que quien fuera asesor de María Dolores de Cospedal mientras ostentaba la presidencia de Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Gordo, ha declarado este miércoles como acusado en la Audiencia Nacional por el juicio del Caso Kitchen.

“Espero que la contundencia y dureza que tiene el PP con los casos de corrupción que afectan al PSOE la exprese también para los suyos con la misma repugnancia que nosotros, y que tanto la expresidenta Cospedal como el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, verbalicen públicamente y condenen las actuaciones que parece que hizo el asesor de Cospedal bajo su mandato, que tienen que ver con un caso muy feo de espionaje y de las cloacas del PP”, ha concluido.