La tensión por la política migratoria y la protección de la infancia ha vuelto a desencadenar un duro enfrentamiento en la Asamblea de Extremadura. El director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia de la Junta de Extremadura, Eliseo Fernández (Vox), ha calificado este viernes como una “política suicida y autodestructiva” el sistema de reparto e incremento de plazas para la acogida de menores migrantes no acompañados procedente de territorios con sobreocupación como Ceuta o Canarias.

En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada y portavoz socialista de Servicios Sociales, Soraya Vega, sobre el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de menores, el alto cargo del Ejecutivo autonómico ha advertido de que la Junta se opondrá a esta medida con “todos los medios políticos y legales” a su alcance. “Debemos resistir con todas las herramientas a nuestra disposición”, ha aseverado Fernández.

El director general ha elevado el tono contra el Ejecutivo central, al que ha tildado de “gobierno corrupto, mafioso y despótico”, así como de “traidores y colaboracionistas con la invasión”. Asimismo, se ha referido a la situación en la ciudad autónoma afirmando que Ceuta “está ocupada por una orden de invasores al servicio de una potencia extranjera, de Marruecos”, reprochando al Grupo Socialista que se preocupe “más por los invasores que por los españoles que están sufriendo las consecuencias de este ataque”.

Fernández ha defendido la postura del Gobierno regional sosteniendo que el reparto de menores “no es una cuestión jurídicamente pacífica” al existir un recurso de inconstitucionalidad formalmente admitido promovido por Extremadura y otras comunidades autónomas. En esta línea, ha garantizado que la Junta “no aceptará en silencio cualquier decisión” y ha avanzado que darán la batalla “en cada paso: en los tribunales, en el Gobierno y en las calles”.

El PSOE acusa a la Junta de incumplir la ley por “racismo”

Por su parte, la portavoz socialista Soraya Vega ha evitado entrar al trapo de lo que ha definido como un “circo” y ha acusado al alto cargo de acudir a la sede de la soberanía extremeña a “amenazar e insultar al resto de grupos”. Vega ha instado a Fernández a acudir a los juzgados si considera que existen delitos y ha vuelto a exigir a la Junta que aclare si piensa cumplir la legislación de protección a la infancia.

“La Junta no acoge menores migrantes por racismo, no por falta de recursos. Le guste más o menos la ley al vicepresidente o a la señora Guardiola, la tienen que cumplir”, ha denunciado la parlamentaria del PSOE, que ha criticado la “deshumanización insoportable” que demuestra el Ejecutivo al referirse a niños y niñas en situación de vulnerabilidad en términos de “invasores” o “menas”.

Vega ha argumentado que Extremadura cuenta en la actualidad con “los presupuestos más altos de la historia” y ha revelado que la consejería competente “está dejando por ejecutar 25 millones de euros”, por lo que ha descartado que la negativa responda a un problema presupuestario o de capacidad de infraestructuras: “Es un problema exclusivo de voluntad política y de racismo”, ha sentenciado, recordando que la atención a la crisis en Ceuta —donde se agolpan un quinientos menores— representa “el verdadero patriotismo, que es ayudar a otras regiones cuando lo necesitan”.

Incoherencias en el seno del Ejecutivo autonómico

El choque parlamentario se produce solo dos días después de que el propio vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (también de Vox), reconociese públicamente que Extremadura ha acogido a menores migrantes durante los meses de verano en cumplimiento de los cauces habituales, si bien precisó que ninguno de ellos procedía de las últimas llegadas masivas registradas en la frontera ceutí.

Esta disparidad de pronunciamientos evidencia las contradicciones internas y el endurecimiento del discurso de los consejeros y altos cargos del ala de Vox en el Gobierno extremeño, que insisten en formalizar su rechazo frontal a la solidaridad interterritorial fijada por la normativa nacional en materia de infancia.

Los micrófonos del Parlamento de Asturias han pillado este viernes, durante la última jornada del Debate de Orientación Política, a Gonzalo Centeno, diputado de Vox, mandando “a tomar por el culo” al presidente de la Junta General del Principado, el socialista Juan Cofiño.

Fue, según informa Europa Press, después de la intervención que hizo la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé para defender las propuestas de resolución de su grupo, cuando Centeno reclamó al presidente de la Junta intervenir por alusiones y por “la imputación de un delito a su grupo parlamentario”, ya que Tomé había cerrado su intervención acusando a Vox de “vulnerar los Derechos Humanos”.

Cofiño le negó el turno de palabra y amenazó con expulsarle del hemiciclo si tenía que volver a llamarle al orden.  En ese momento, los micrófonos abiertos del Parlamento captaron al parlamentario diciendo “vaya a tomar por culo por ahí”. Las palabras de Centeno se escucharon en el hemiciclo y también en la retransmisión de la sesión.

Lo ocurrido hizo que, antes de iniciarse el turno de votaciones, Juan Cofiño invertiniera para pedir respeto a todo el parlamento y dirigirse de manera específica al diputado de Vox.

“Yo respeto a todo el mundo, a todos los señores y señoras diputados y a todos los grupos políticos de esta Cámara, a todos, sin excepción, porque considero que todos tienen idéntica legitimación de origen. Ustedes también, los han elegido asturianos. No les he faltado al respeto, ni personalmente ni como grupo, nunca. Ni en público ni en privado”, manifestó Cofiño.

A pesar de visitar este jueves la localidad de Alovera, uno de los municipios de la provincia de Guadalajara que se nutre de las aguas del Sorbe, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no se refirió a la petición de más agua procedente de este río que ha realizado el Canal de Isabel II, que depende administrativamente del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Un “silencio” que ha sido criticado este viernes por el secretario de Análisis y Estudios Estratégicos del PSOE de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, quien ha señalado que Feijóo tuvo ayer la “oportunidad” de hablar del Sorbe y, sin embargo, no habló de él pese a que hay quien “tiene intención de esquilmarlo”.

Y lo mismo que pasa con el Sorbe, ha indicado, “pasa con el Tajo” del que ha criticado que los ‘populares’ “tampoco dicen nada”, como tampoco hablan “ni del Guadiana, ni del Júcar, ni del Segura”, ha añadido.

Tampoco se pronunció sobre el trasvase Tajo-Segura

No es la primera vez que el líder nacional del PP elude pronunciarse en materia de agua en una visita a Castilla-La Mancha.

Durante su reciente visita a la Feria de Albacete, Feijóo no se pronunció sobre las declaraciones del presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, quien en una entrevista para el medio La Verdad, aseguró que su gobierno pondrá “todas las trabas a las reglas del trasvase hasta que Feijóo sea presidente y las retire”, refiriéndose así a la modificación prevista por el Gobierno de España del actual sistema que permite derivar agua desde la cabecera del río Tajo (entre Cuenca y Guadalajara) hacia el río Segura y distribuirla en las provincias de Alicante, Murcia y Almería.

Las declaraciones de López-Miras sí fueron respondidas por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que criticó que la estrategia murciana pase por esperar “hasta que lleguen los suyos, solos o en compañía” y ha advertido de que, en ese escenario, “definitivamente el Tajo pierda toda esperanza”.

El Partido Popular de Guadalajara se ha mostrado este viernes, por primera vez, crítico con la petición del Canal de Isabel II para aumentar la concesión de agua del río Sorbe para abastecimiento urbano de Madrid.

Un mes después de que saliera a la luz que la entidad madrileña, que depende administrativamente del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, había hecho una solicitud a la Confederación Hidrográfica del Tajo para disponer de 50.000 millones de litros extra del Sorbe -lo que doblaría la actual demanda hídrica sobre el río, según señalan grupos ecologistas-, y después de que en primera instancia la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos (PP), se mostrase abierta a la colaboración con Madrid para “garantizar el consumo humano”, el Ayuntamiento de Guadalajara ha hecho público que Guarinos ha remitido tres cartas al Gobierno de España solicitando “prioridad” para las necesidades de abastecimiento de su ciudad y de los 44 municipios integrados en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe.

En las misivas, dirigidas al presidente del Gobierno de España, a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, la alcaldesa defiende que “cualquier autorización o modificación de aprovechamientos en el sistema del Sorbe debe supeditarse, de manera prioritaria, a la garantía del abastecimiento actual y futuro de Guadalajara y de los 44 municipios integrados en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe”.

Asimismo, solicita que esta garantía quede acreditada mediante un estudio técnico actualizado que contemple las previsiones de crecimiento demográfico, residencial, agropecuario, industrial y económico del territorio.

Una postura similar ha sido trasladada también este viernes en rueda de prensa por el PP de Guadalajara, que ha animado a la Diputación Provincial a personarse en el procedimiento abierto y a presentar alegaciones ante la Confederación Hidrográfica del Tajo en defensa del agua del Sorbe.

PSOE: “Guarinos dice sí a la concesión, pero con consumo preferente”

Estas son las primeras críticas que llegan desde el PP contra las intenciones del Canal de Isabel II. Hasta el momento, la única reacción de los ‘populares’ se había producido pocos días después de conocerse la noticia, cuando Guarinos se mostró partidaria de que el Canal de Isabel II y la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) “colaborasen” para alcanzar los acuerdos necesarios que permitieran el consumo humano. Algo que veía “absolutamente necesario”.

Estas declaraciones fueron criticadas por Alberto Rojo, concejal socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, quien acusó a Guarinos de “querer regalar agua a Madrid” y poner en riesgo a la provincia. Rojo también ha reaccionado hoy a las cartas de Guarinos, de las que ha criticado la alcaldesa no “haya dejado ya lugar a dudas, en el pleno de hoy, de que no va a tener ningún problema en regalarle nuestra agua a la Comunidad de Madrid”. El concejal ha calificado de “trampa” las misivas, en la que dicen “sí a la concesión, pero con consumo preferente”.

Más recientemente, el secretario general de PSOE Guadalajara, Pablo Bellido, afeó al Partido Popular su postura, acusándole de “plegarse a esa estrategia en detrimento de Guadalajara”, algo que considera una “traición” a la provincia. Y pidió explícitamente a Ana Guarinos que “defienda los intereses de Guadalajara en lugar de actuar al servicio de la dirección regional del PP”.

Bellido, además, calificó de “paradoja” que la regidora de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), -que también preside la Mancomunidad de Aguas del Sorbe- sea a la vez consejera dominical en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha que lidera el socialista Emiliano García-Page ha mostrado esta semana su negativa a que se aumente la concesión de agua del río Sorbe.

Fue a través de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que explicó que el Ejecutivo regional está elaborando un informe técnico para manifestar su rechazo a la solicitud del Canal de Isabel II: quiere obtener una concesión de agua de 50 hm3 al año. Este documento lo presentará “próximamente” ante la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

“No nos sobra ni una gota de agua. Estamos elaborando desde el punto de vista técnico la respuesta que va a ser desfavorable, como ya lo fue en el año 2017, y como lo seguirá siendo en tantas como peticiones se hagan, mientras no se cubran todas las necesidades de la provincia de Guadalajara”, afirmó Gómez en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

El PSOE de Cantabria ha criticado el “timo millonario” del Gobierno autonómico (PP) con el proyecto para instalar una piscina de olas en Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte), una iniciativa privada que pone el patrimonio natural “único” de la región “a merced de los intereses particulares y el negocio y la especulación de unos pocos”.

“Lo que para el PP y Buruaga es un proyecto estrella, para los demás es una estafa”, ha enfatizado este viernes la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, en rueda de prensa, en la que ha acusado a los 'populares' de tratar de impulsar un proyecto privado con un “enorme impacto ambiental y paisajístico”.

Quiñones ha advertido de este “macroproyecto turístico que se plantea sobre suelo rústico” y para cuyo impulso el Gobierno cántabro pretende utilizar un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) sin explicar “dónde esta el interés general en una iniciativa privada de estas características”. La portavoz ha subrayado que este tipo de planeamiento solo encaja para proyectos empresariales estratégicos y esta piscina de olas “no alcanza el umbral de 50 millones de inversión exigido ni acredita los 100 empleos requeridos para este tipo de proyectos”.

Inversión transformadora “en Albacete o Ciudad Real”

“Sería una inversión transformadora en Albacete o Ciudad Real, lejos del mar, pero no a menos de cinco kilómetros de nuestra costa. Una piscina de olas artificial al lado de la mayor piscina natural es una estafa”, ha remarcado la portavoz socialista, que ha considerado que el Ejecutivo tiene que dar “muchas explicaciones” sobre este proyecto.

Quiñones ha apuntado que los 'populares' tampoco han dado respuesta a una pregunta “fundamental” en torno a este proyecto y que es de dónde saldrán los recursos hídricos para su abastecimiento, más cuando el propio Gobierno del PP ha alertado este mismo verano de la sequía y la escasez de agua en Cantabria.

Y, en tercer lugar, ha pedido una estimación realista de usuarios porque la documentación aportada de este proyecto apunta a 4,8 millones de usuarios potenciales cuando actualmente en Cantabria hay “aproximadamente 120.000 residentes y visitantes vinculados directamente al surf”.

“Cantabria no necesita más anuncios ni proyectos presentados como estrellas que son inviables y tienen un enorme impacto ambiental y paisajístico, ni tampoco necesita que el PP siga destrozando el litoral y las zonas rurales, convirtiendo todo en pasto de especulación y en un bien de mercado para el mejor postor”, ha espetado la socialista.

Por ello, ha rechazado el “relato eufórico” sobre este proyecto del consejero de Fomento, Roberto Media, en el Parlamento, con el que, a su juicio, “ha demostrado que lo único que tiene el PP a estas alturas de legislatura son prisas por hacer anuncios porque van a ir a las urnas sin nada que ofrecer a los cántabros más allá de haber gestionado la herencia recibida del anterior Gobierno”.

En este sentido, Quiñones ha apuntado que Buruaga anunció en junio esta iniciativa privada en el Debate del Estado de la Región porque “no tenía nada más que contar”, pero solo fue “humo” porque “la realidad administrativa es muy distinta” y evidencia que, aunque los 'populares' consiguiesen impulsar este proyecto, “no vería la luz como pronto hasta 2030”.

“Nuestra tierra necesita menos anuncios y más realidades”, ha insistido la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, que ha reivindicado que los socialistas quieren para Cantabria “proyectos de futuro, empleo, deporte y que el surf siga creciendo pero con planificación, transparencia y respeto por el territorio y nuestros espacios naturales”.

Buruaga “se entrega a la derecha extrema”

Por otro lado, la portavoz socialista ha lamentado que la actual presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, ha demostrado que se “entrega a la derecha extrema que representa Miguel Tellado” y ha pasado de estar “escondida y de perfil” para intentar “salir del paso sin hacer ruido” a “abrazarse a los insultos y las mentiras”.

“Solo habla para atacar a la oposición en vez de para defender sus políticas”, ha denunciado Quiñones, que ha criticado que Buruaga “no defiende sus políticas e inversiones porque más allá de destrozar los servicios públicos y ralentizar el crecimiento de la economía y el empleo, no está haciendo nada”.

La socialista también ha criticado la utilización de los 'populares' de la situación de Ceuta y que “llamen invasores a niños y niñas de 10 años”. “Es indecente su racismo y es indecente que, en vez de trabajar en la defensa de la convivencia y la solidaridad, lo único que haga es insultar, mentir y engañar a los cántabros”, ha manifestado.

En este sentido, Quiñones ha reivindicado que “todos y todas estamos con Ceuta”. “Unos haciendo inversiones y buscando soluciones a un problema migratorio sin precedentes y otros como ella utilizando a Ceuta como llama de la crispación”, ha concluido.

El fiscal pide 19 y 17 años de cárcel para los dos jóvenes, vinculados a Falange Española, que pusieron un cóctel explosivo casero en la sede del PSOE de Cantabria mientras se desarrollaba un acto sobre memoria histórica el pasado 25 de abril. Uno de ellos es hijo de la alcaldesa del Partido Popular del municipio cántabro de Bezana, Carmen Pérez.

El ministerio fiscal añade al presunto delito de fabricación de aparatos explosivos y de alteración mediante violencia el derecho de reunión de las 50 personas que se encontraban presentes, otros dos. Uno de ellos por atentado a la autoridad -en el acto estaban una directora general del Gobierno de España, diputados y concejales- y otro por las lesiones ocasionadas a una de las personas asistentes.

Según el relato del escrito de acusación, ambos jóvenes -mayores de edad y sin antecedentes penales- se habían puesto de acuerdo para fabricar dos artefactos “corrosivos e irritantes” y utilizarlos para atentar en la sede del PSOE en Cantabria. Para ello, previamente uno de ellos había investigado en Internet como elaborarlos.

El día de los hechos elaboraron dos artefactos conocidos como Coctel MacGyver con ácido clorhídrico, papel de aluminio de uso casero y dos garrafas. Uno de ellos entró, con la cabeza cubierta y ocultando parcialmemte el rostro, a la sede del PSOE de Cantabria en la calle Tres de Noviembre de Santander y depositó -detrás de la silla de la última fila ocupada por una de las asistentes al acto- las dos garrafas con una nota manuscrita con la inscripción “Frente a mentiras revanchistas, PSOE Satanás”. Después, se marchó corriendo.

Una de las asistentes al acto las sacó fuera de la sede y explotaron 25 segundos después en la calle. La fiscalía apunta que ese coctel casero puede provocar lesiones graves en la piel y en los ojos, e irritar las vías respiratorias.

El fiscal considera que los hechos están motivados por la ideología de los acusados, “quienes tienen contacto con ideologías radicales contrarias a la convivencia democrática y, en todo caso, contrarias a la opción política y democrática defendida por el Partido Socialista Obrero Español”, precisa. Como así corrobora la nota introducida en una de las garrafas.

El cara a cara entre el líder del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, y la presidenta María Guardiola ha estado marcado por el intento de la oposición de señalar al Ejecutivo por la delegación de la defensa de la PAC en la Junta de Castilla y León.

Con más de 568 millones de euros anuales en juego, Sánchez Cotrina ha tachado la decisión de “bochorno” y ha exigido a la jefa del Ejecutivo que aclarase si respaldó o si tan siquiera conocía la cesión de la portavocía de los intereses extremeños.

Lejos de explicar la ausencia de un representante propio o argumentar los motivos de esa delegación, Guardiola ha optado por esquivar la cuestión central. La presidenta no ha respondido a la pregunta sobre Castilla y León y ha preferido cambiar el terreno de juego mediante un alud de datos.

Para neutralizar las críticas, la presidenta ha desplegado un balance financiero encabezado por 28 millones de euros para amortiguar los estragos de la lluvia en la cereza y los efectos de la lengua azul. A esta partida ha sumado 8,5 millones de euros en liquidez para el olivar y el viñedo de secano golpeados por la sequía, así como otros 7 millones de euros para paliar la enfermedad hemorrágica epizootica (EHE), asumiendo además el Ejecutivo autonómico el coste íntegro de las vacunas ganaderas, ha recordado.

En el tramo final, el líder socialista ha vuento a afear que la pregunta clave quedara en el aire, alertando de que la falta de explicaciones coincide con problemas estructurales como la caída del 30% en la producción de tomate o la incertidumbre del olivar tradicional.

Guardiola ha dado por concluido el intercambio pidiendo “rigor y honestidad” a la bancada socialista y acusándoles de intentar empañar la gestión con “mentiras”, pasando página sin detallar las razones de la delegación en la cumbre de la PAC.

La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a tumbar el intento de reapertura por parte de la representación legal de Pedro Sánchez y el PSOE de la causa por la lona que colocó HazteOir frente al Congreso llamando “corrupto” al presidente del Gobierno. Primero fue un juzgado de instrucción el que archivó la causa, decisión que confirmó la instancia superior, la misma que ahora desestima el incidente de nulidad presentado por las acusaciones frente a la propia decisión de la Sección Sexta.

El auto de los magistrados no entra en el fondo del asunto al tratarse de resolver un incidente de nulidad. Los argumentos jurídicos que expone se concretan en que los recurrentes acudieron a la citada fórmula cuando “lo que realmente se ha pretendido es interponer una especie de recurso de súplica para que el tribunal valore si él mismo ha incurrido en algún tipo de error, error que no se observa”, según se recoge el auto de la Sección Sexta al que ha tenido acceso elDiario.es.

Los jueces de la instancia superior resuelven que el PSOE y Sánchez debían haber acudido a la vía procesal, en lugar de presentar un incidente de nulidad, si consideran que el tribunal incurrió en “falta de motivación” al rechazar las diligencias de investigación propuestas. Los magistrados advierten que los recurrentes, además, han dejado “transcurrir el plazo y el trámite previsto para solventar este tipo de situaciones”.

El PSOE y Sánchez también apelaban a la nulidad porque no se habían practicado las diligencias solicitadas antes de dictar el archivo, tales como tomar declaración a HazteOir, la incorporación de un “reportaje fotográfico” sobre los hechos o valorar la “persistencia de la campaña”. La Sección Sexta responde que el derecho a solicitar cuantas diligencias consideren las partes “no es absoluto” y que no implica que deban ser aceptadas.

La decisión de la Sección Sexta es adoptada con el acuerdo de la Fiscalía que, tal y como destacan los jueces, razonó que si el juzgado había considerado “penalmente irrelevantes los hechos”, la práctica de las diligencias no aportarían nada.

Cuando se decidió el archivo, el juez argumentó que la acción de HazteOir era una “crítica de contenido político” que “no promueve la violencia ni incita un discurso de odio”. En la misma línea, la Audiencia Provincial consideró que en la lona “no se aprecia la finalidad de insultar” sino la de “expresar una crítica política amparada por la libertad de expresión”. También destacó que, en su opinión, no existía “incitación a la violencia ni discurso de odio”.

La lona que colgó el 19 de mayo de 2025 la asociación ultracatólica, que ejerce la acusación popular en casos relacionados con el Gobierno y la familia del presidente, hacía referencia a las causas judiciales como la de Koldo García o las que afectan a la esposa y el hermano de Sánchez. Los bomberos retiraron la lona de madrugada por orden de un juez tras la petición de medidas urgentes del PSOE.

La decisión venía fraguándose desde hace meses, pero se ha consumado ahora tras el voto unánime de la asamblea de Izquierda Unida (IU) para abandonar el gobierno de coalición que mantenía con el PSOE en Avilés. La pérdida de confianza y los “incumplimientos” de los acuerdos del pacto son las principales causas alegadas para oficializar la ruptura.

La alcaldesa, Mariví Monteserín, ha lamentado la marcha de IU del equipo de gobierno porque, bajo su prisma, estaba dando buenos resultados y formaban en su opinión “un equipo sólido”; una visión que no compartía su socio que pasará a partir de ahora a la oposición junto con Podemos, sus socios en Cambia Avilés.

Reparto de competencias

Mariví Monteserín anunciará a lo largo de la jornada de hoy, jueves, el reparto de competencias que hasta ahora asumían los dos concejales de IU, Agustín Medina y Ana Solís.

La salida del equipo de gobierno de IU deja al PSOE en minoría, con nueve concejales; el mismo número de ediles que tiene el PP principal partido de la oposición.

Una ruptura anunciada

La asamblea de IU se reunió ayer, miércoles, para abordar este tema y aprobó por unanimidad su salida del equipo de gobierno.

“Vamos a ser una oposición constructiva, pero hay temas en los que vamos a ser inflexibles con todo lo que estaba en el acuerdo de gobierno, empezando por el Plan de Barrios y otros temas como el de la limpieza de las fundaciones”, ha explicado Agustín Medina.

Los “incumplimientos”

IU ha culpado al PSOE de la falta de cumplimiento de varios compromisos incluidos en el pacto de gobierno, entre los que cita la municipalización del servicio de limpieza de las fundaciones municipales, la gestión del aparcamiento del Centro Niemeyer o los planes de empleo.

La Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Avilés también analizó el nuevo escenario que se abre y que, según han asegurado fuentes del partido, afrontan “con serenidad, responsabilidad y determinación, convencidos de que el Ayuntamiento tiene capacidad para seguir funcionando con normalidad y, sobre todo, para seguir dando respuesta a las necesidades de la ciudadanía y avanzando en los proyectos que Avilés tiene en marcha”.

El pulso en el seno del Gobierno por las políticas de vivienda, revitalizado el pasado miércoles a raíz del desahucio de Maricarmen, se recrudece. El impacto mediático del desalojo de la mujer de 87 años, que fue sacada por la fuerza de su casa de Madrid, propiedad de un fondo buitre, ha forzado al Ejecutivo a moverse y ha reactivado las negociaciones para poner en marcha un decreto de medidas para paliar la crisis de acceso a un techo, con la idea de aprobarlo el próximo martes. Pero Sumar considera que ese paquete no es suficiente, y el ala minoritaria del Ejecutivo exigió este jueves que el Consejo de Ministros de la semana que viene expropie el piso de Maricarmen al fondo que es titular del mismo y se lo ceda a su antigua inquilina.

La mayor parte de los ministros de Sumar, incluida la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se coordinaron desde primera hora del jueves para plantear esta reivindicación. La propia Díaz, en sus redes sociales, planteó que “sí o sí” el Consejo de Ministros del próximo martes “debe aprobar la expropiación de la vivienda de Maricarmen y un paquete para congelar los alquileres”. También hizo lo propio la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, que espetó que “después de un año negociando” con el fondo buitre, “se acabó el tiempo”. En términos similares se expresó el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y fuentes de su departamento explican que Sumar ha trasladado al PSOE por escrito su propuesta.

“El Gobierno de España no puede permitir que el interés especulativo de un fondo buitre prevalezca sobre el interés general”, plantean estas fuentes de Derechos Sociales, que aseguran que “la recuperación de la casa de Maricarmen será, además, un mensaje para el resto de actores económicos respecto a la determinación del Ejecutivo por la defensa del derecho a la vivienda”. “Ante la negativa a negociar del fondo, el único camino ahora es la expropiación de la vivienda”, insisten estas fuentes.

A primera hora de la mañana, los ministros de Cultura, Ernest Urtasun, y Sanidad, Mónica García, no se habían pronunciado, aunque el primero sí difundió en sus redes sociales el mensaje de Bustinduy exigiendo la expropiación del inmueble. García, por su parte, mantuvo en la tarde del miércoles un intercambio de reproches con el ministro de Transportes, Óscar Puente, compañero suyo en el Consejo de Ministros por parte del PSOE, que criticó a la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por dar “lecciones de izquierdismo” a los socialistas.

“No es a Ada a quien hay que pedir cuentas sobre la insufrible situación de la vivienda que venimos años denunciando. Con unas derechas que han impedido cualquier avance y un mercado especulativo feroz, es importante no confundirnos de adversario”, pidió la ministra de Sanidad, a quien Puente respondió que es Colau quien se equivoca de adversario. El ministro de Transportes no solo se enzarzó con García, sino que lleva desde la tarde del miércoles criticando el supuesto “adanismo” de la izquierda a la izquierda del PSOE e insultando con términos como “infantiles” y “berdadera hizquierda” (sic) a cuentas que defienden al espacio político con el que comparte Gobierno.

Además de los ministros de Sumar, otros socios, tanto de la alianza Sumar como de los partidos que apoyan al Gobierno en el Congreso, también pidieron la expropiación del inmueble y el realojo en el mismo de Maricarmen. Es el caso de Compromís, que por boca de su diputado Alberto Ibáñez exigió la incautación del piso y, en caso de que no se produzca, la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. “Siguiente paso: socializar las casas que los fondos buitre han arrebatado al pueblo. Basta ya”, denunció Ibáñez.

El PSOE de Cantabria ha acusado a la presidenta autonómica, la 'popular' María José Sáenz de Buruaga, de “mentir” sobre la derivación de pacientes al Hospital de Santa Clotilde y ha insistido en “depurar” responsabilidades en el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Así lo ha expresado en un comunicado la portavoz de los socialistas cántabros, Ainoa Quiñones, tras las declaraciones de la jefa del Ejecutivo regional en las que ha reconocido que el correo de un funcionario sobre cómo derivar pacientes a dicho centro “nunca debió enviarse” y se trata de un “error reconocido, explicado, rectificado y corregido”.

También aseguró que no existe “ninguna orden, decisión política e instrucción” para sacar de las listas de espera a aquellos que se nieguen a ser atendidos en Santa Clotilde y afirmó que la polémica es una “manipulación” en torno al convenio singular para “tapar” la responsabilidad el Gobierno central (PSOE-Sumar) en el conflicto médico.

Además, la presidenta lamentó “profundamente” la más mínima “incertidumbre, inquietud, molestia que esto ya ha podido generar a un paciente”.

Al respecto, Quiñones ha señalado que “los únicos que quieren desviar la atención son el Partido Popular y el Gobierno de los recortes y privatizaciones que Buruaga preside”, a la que ha acusado de “estar mintiendo a la ciudadanía”.

“Buruaga sabe perfectamente que no fue un error, que era una decisión política para poner en marcha un proyecto piloto en Cantabria de lo que ya hacían Ayuso o Mazón en Madrid o Valencia”, ha enfatizado.

De este modo, ha insistido en que “no era un error” y sí “una decisión política”. “Era un proyecto piloto como los responsables sanitarios indicaban con instrucciones muy precisas en los correos electrónicos enviados a los profesionales de los hospitales”, ha censurado.

Para Quiñones, la presidenta cántabra “debe estar fumando en pipa viendo una vez más como su consejero de Salud, César Pascual, evidencia con decisiones y hechos lo que el PP quiere esconder: el deterioro progresivo y paulatino de la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada con megaconciertos millonarios como el de Santa Clotilde, por 256 millones de euros”.

En este sentido, ha indicado que la instrucción “está dada desde abril” y, por tanto, no se sabe “cuántos pacientes han sido derivados, cuántos se han negado y cuántos siguen callados por miedo a ser expulsados del sistema de listas de espera”.

Además, la portavoz del PSOE cántabro ha denunciado que también existe “un miedo creciente entre los profesionales sanitarios a los que se exige tomar medidas que van en contra de su propio criterio como son estas derivaciones a un hospital privado, y que muchas veces acatan por miedo a represalias”.

La vivienda ha protagonizado la sesión de las Cortes de Castilla y León de este miércoles, con una moción socialista rechazada por PP y Vox y una Proposición No de Ley impulsada por el PP para pedir al Gobierno de España que frene la tramitación del proyecto de Real Decreto que pretende regular las subvenciones directas a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado.

Los grupos parlamentarios del PP y Vox han rechazado este miércoles una moción en materia de vivienda planteada por el PSOE ante las Cortes de Castilla y León, donde los socialistas han denunciado la “inexistencia” de políticas de acceso a la vivienda, mientras que los partidos de la coalición de gobierno han defendido sus medidas en esta materia.

Ha sido la procuradora socialista Ana Casado quien ha defendido la moción ante el pleno de las Cortes, donde ha acusado a la Junta de carecer de una política propia de vivienda, de permitir al Ayuntamiento de Valladolid limitar el acceso a las viviendas públicas a víctimas de violencia de género y de mantener 16 años de “incumplimientos”.

El PSOE cree que PP y Vox “gestionan la inercia”

“Dejen de gestionar la inercia y empiecen a ejercer las competencias que tienen”, ha pedido Casado, quien ha lamentado que la Junta únicamente se limite a tramitar los fondos europeos y estatales que llegan para fomentar el acceso a la vivienda.

Le ha replicado la procuradora del PP María del Carmen Sánchez, quien ha considerado que el PSOE parte del “error de fondo” de pensar que la única solución a los problemas de acceso a la vivienda es la suya, cuando el modelo planteado por el Gobierno central genera “más dificultades de acceso y más tensión en el mercado”.

Sánchez ha asegurado que los fondos destinados por la Junta a esta materia han aumentado y la previsión es pasar de 6 millones de euros procedentes del Plan Estatal de Vivienda a los 37,8 millones para actuaciones para promover vivienda pública en propiedad y en alquiler.

La procuradora del PSOE ha replicado que son 39 años gobernando con competencias exclusivas en materia de vivienda, sin que se observe una política propia: “¿Dónde está? Si no quieren la nuestra, desarrollen la suya”, ha planteado.

Sí han respaldado con su voto esta iniciativa los parlamentarios de la UPL, cuya procuradora Rosa María Quintanilla ha denunciado una “absoluta falta de planificación”, y el procurador de Soria Ya, Ángel Ceña, quien, sin embargo, ha acusado a PP y PSOE de no cumplir sus anuncios en materia de construcción de vivienda pública: “Si lo cumplieran no habría sitio en España para construirlas”, ha ironizado, convencido de que se necesitan “llaves en mano y menos anuncios”. Por su parte, el representante de Por Ávila, Pedro Pascual, se ha abstenido en la votación y no ha intervenido en el debate.

En contra del Decreto del Gobierno

En la votación de la Proposición No de Ley, el PP ha sumado el apoyo de Vox, Por Ávila y Soria Ya, mientras que el PSOE ha votado en contra al considerar que la propuesta estaba “repleta de falsedades” y la UPL se ha abstenido.

En su exposición inicial, el exconsejero y actual portavoz adjunto el Grupo Popular, José Luis Sanz Merino, ha argumentado que la intervención de precios del alquiler que promueve la normativa estatal es perjudicial para el propio mercado de la vivienda y para el acceso de los ciudadanos a la compra o al alquiler.

El PP cree que “discrimina” a las comunidades no tensionadas

Además, ha señalado que el hecho de que el proyecto de Real Decreto prime a las autonomías que han declarado zonas tensionadas con la entrega de hasta 90 millones de euros “discrimina” a otras como Castilla y León, que no han utilizado esa herramienta prevista en la ley estatal, al considerarla errónea.

En este sentido, la iniciativa aprobada reclama que esos 90 millones se incorporen al Plan Estatal de Vivienda y sean repartidos entre todas las autonomías, no solo entre las que hayan declarado zonas tensionadas, lo que permitiría a Castilla y León acceder a unos 4,8 millones, según el cálculo realizado por Sanz Merino.

Le ha dado la réplica el procurador del PSOE Daniel de la Rosa, convencido de que no había “por dónde coger” la Proposición No de Ley del PP porque busca una “utilización partidista de las instituciones” para “confrontar con el Gobierno”, pese a que la decisión de no declarar zonas tensionadas ha sido tomada por la Junta.

El PSOE ve posibles zonas tensionadas

De la Rosa ha sostenido que la declaración de zonas tensionadas sí está funcionando allí donde se ha usado esta herramienta y ha añadido que, con los criterios existentes, la Junta podría hacerlo en ciudades como Salamanca, Burgos, Segovia, Valladolid, Soria, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Ávila y León. “Ustedes y solo ustedes han impedido que Castilla y León pueda recibir casi 5 millones de euros”, ha zanjado el procurador socialista.

La vuelta de Veganzones

En el caso de Vox, el exconsejero y actual portavoz adjunto, Mariano Veganzones, ha tomado la palabra por primera vez tras su regreso al Parlamento y ha considerado que el debate de esta iniciativa tiene que ver con una “nueva fechoría de la cloaca socialista para pagar a sus socios” de Cataluña, País Vasco y Navarra, a donde irán, según su cálculo, 80 de los 90 millones de euros que figuran en el reparto del Ministerio.

Veganzones ha propuesto al PP incorporar otros tres aspectos a la iniciativa para derogar la ley estatal, suprimir las zonas tensionadas y reformar la normativa de suelo y vivienda, además de defender el concepto de “prioridad nacional” porque la vivienda “no llega para todos” y hay que “ordenar la cola” para primar a quien haya “nacido, estudiado y cotizado aquí”.

La portavoz de UPL, Alicia Gallego, ha reconocido que se trata de un tema “importantísimo”, aunque ha lamentado que el PP plantee esto y a la vez forme un gobierno del que desaparece la Consejería de Vivienda que existía en el anterior, y a la vez mantenga una normativa autonómica que data de 1990.

En su réplica a los grupos, Sanz Merino ha rechazado las enmiendas de Vox porque “desviarían el foco” de lo planteado y ha insistido en que el Gobierno no puede “discriminar” a las comunidades que no hacen “seguidismo” de las políticas del Ministerio, entre las que ha incluido a Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE.

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha reclamado este miércoles al Gobierno que incluya el Real Decreto Ley de Vivienda en el orden del día del próximo Consejo de Ministros, previsto para el martes 29 de septiembre. La petición llega el mismo día en que se ha ejecutado el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en el mismo piso del distrito madrileño de Retiro.

“El martes tiene que ir el Real Decreto Ley de Vivienda al Consejo de Ministros. El PSOE no puede seguir dilatándolo más”, ha defendido García en sus redes sociales. García ha añadido, además, que “PP, Junts y Vox no pueden volver a votar en contra”. 

La dirigente de Más Madrid ha vinculado la aprobación de la norma con casos como el de Maricarmen y ha reclamado que no vuelva a producirse un desalojo en circunstancias similares. “Ni más Maricarmen desahuciadas ni más dueños de fondos buitre haciendo de nuestros derechos su ley de la jungla”, ha señalado García. 

El desahucio de Maricarmen se ha producido este miércoles después de varias horas de resistencia frente al portal de la vivienda. La Policía Nacional ha desplegado numerosos efectivos para despejar el acceso al inmueble y apartar a los manifestantes que trataban de impedir la entrada de la comisión judicial. Finalmente, Maricarmen ha abandonado la vivienda junto a los servicios sociales. 

El conflicto se remonta a la venta del edificio en el que reside, por la que la nueva propiedad comunicó su intención de elevar el alquiler. La situación desembocó en un procedimiento judicial para poner fin al contrato de renta antigua de Maricarmen, que mantiene desde que heredó el arrendamiento de su madre. La mujer lleva 71 años viviendo en el mismo piso del distrito de Retiro y actualmente paga 500 euros mensuales, pero la empresa propietaria reclama ahora un nuevo alquiler de más de 2000 euros, una cantidad que supera la pensión que recibe. 

El Ministerio de Vivienda ha defendido durante los últimos meses la necesidad de encontrar una solución para personas vulnerables en situaciones similares y ha pedido a las administraciones madrileñas que intervengan en el caso de Maricarmen.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha responsabilizado a la Comunidad de Madrid de la situación y ha defendido que el Gobierno ha tratado de intervenir para evitar el desalojo. “Cuando nosotros intentamos hacer todo eso, hay gente que está trabajando en la dirección contraria”, ha señalado Rodríguez. 

La reivindicación de García se produce después de que el Congreso rechazara en abril un decreto impulsado por Sumar que incluía, entre otras medidas, una prórroga de determinados contratos de alquiler de la que podía haberse benefciado Maricarmen, y un límite del 2% a las actualizaciones de renta. La petición de Mónica García queda ahora pendiente de la decisión del Consejo de Ministros.

Los grupos parlamentarios del PP y de VOX han vetado las comparecencias de expertos para analizar la futura Ley de creación del Consejo LGTBI de Cantabria. Los diputados de ambas formaciones han unido sus votos en la Comisión parlamentaria que tramita la norma para impedir que se escuche al presidente presidente de ALEGA (Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria), del presidente del Consejo de la Juventud de Cantabria y de la coordinadora de ACCAS-Asociación Ciudadana Cántabra Anti Sida y presidenta de CESIDA-Coordinadora estatal de VIH y sida.

Estas comparecencias han sido solicitadas por el PSOE, mientras que el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) no propuso ningún nombre.

En la misma sesión, la Comisión si aprobó comparecencias de expertos para otro proyecto de ley para modificar la Ley de Derechos y Servicios Sociales. Los diputados dieron el visto bueno a citar en el Parlamento a ocho profesionales para debatir el asunto. Al PRC solo le aprobaron uno de los ocho nombres que propuso y al PSOE cinco de 35.

La tramitación de cualquier ley en el Parlamento de Cantabria incluye la participación de expertos sobre el tema. Se conoce como comparecencias. Los grupos parlamentarios proponen nombres de personas relacionadas con la cuestión a debatir, se negocian en la Comisión y se hace un calendario para que expliquen su parecer sobre la futura normativa y respondan a las preguntas de los diputados.

“No tiene sentido aprobar una ley para dar voz al colectivo y, al mismo tiempo, silenciar durante su tramitación parlamentaria a personas que pueden aportar conocimiento, experiencia y propuestas”, reprochan los socialistas en un comunicado.

La iniciativa de crear este Consejo LGBTI partió del propio Gobierno autonómico del Partido Popular que lo anunció como “una iniciativa que refuerza el compromiso del Ejecutivo con la igualdad, la no discriminación y la participación social”. No obstante, según los socialistas, ya parte “de una tramitación que no escucha a sectores relevantes”.

Pero, en realidad, era una obligación que ya llevaba tres años de retraso cuando se planteó. Una cuestión legal que estaba pendiente para completar el desarrollo efectivo de la Ley de Cantabria de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales, en vigor desde diciembre de 2020. Ese texto ya preveía la creación de este instrumento de participación y consulta.

La ley LGTBI de Cantabria establecía que el proyecto de ley de creación del Consejo se debía remitir al Parlamento en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la norma. Es decir, debía haber llegado a la Cámara en diciembre de 2022 como plazo máximo.

El Consejo nace con la voluntad de ser “un órgano estable de representación, consulta y colaboración entre la Administración y la sociedad civil en todas aquellas políticas que afectan a los derechos del colectivo LGTBI” -apuntan desde el Gobierno de la presidenta Buruaga- “consolidando un marco institucional más inclusivo”.

Miembros de la Comisión parlamentaria

La Comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Parlamento de Cantabria está formada por cuatro diputados del Partido Popular -Álvaro Aguirre (presidente), Alejandro Liz, Yolanda García y Alfonso García-, los regionalistas Teresa Noceda y Ana Obregón, los socialistas Joaquín Gómez y Nórak Cruz; Armando Blanco, en representación de Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio que también en origen fue elegido diputado por ese mismo grupo parlamentario.

Lo que ha sucedido ayer en el Parlamento de Cantabria no es -según el PSOE- una situación aislada. Los socialistas sostienen que el PP ha actuado de la misma forma durante la tramitación de la Ley de Vivienda, la Ley de Juventud o la Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar, “bloqueando la mayoría de las comparecencias propuestas por la oposición de la mano de Vox”.

“No lo elegí. Tuve miedos, dudas y quise esconderme, a veces desaparecer”, relataba el diputado socialista Lázaro Azorín en el Congreso de los Diputados cuando contaba su experiencia descubriendo su homosexualidad de adolescente. Después de esta frase, en la señal de vídeo de la Cámara Baja, se puede escuchar revuelo entre los Diputados, que se giran para mirar hacia las bancadas de atrás. La portavoz del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, ha acusado a Vox de haber gritado “deberías haberlo hecho” cuando Azorín hablaba de pensar en quitarse del medio. Justo después del momento de tensión, Azorín se ha dirigido directamente a los diputados de la formación de Santiago Abascal: “Yo, señorías de Vox, no soy un problema. Y mi familia, tampoco”.

Según ha contado el diputado en la Cadena Ser, el autor de esos gritos homófobos fue el diputado Joaquín Robles, que después negaba haberlo dicho: “No sé qué oyeron pero yo no dije nada de eso”, apuntó a la prensa cuando le preguntaron. El diputado de Vox, según ha apuntado Azorín, es además profesor de Filosofía en un instituto de Murcia: “No sé qué mensajes mandará a sus alumnos. Si les transmite que es una buena idea que queramos desaparecer, pero hablar de suicidio con los datos que tenemos es terrible. Los discursos están aumentando en este país y ellos son los que los están alimentando”, ha añadido el socialista.

“Qué asco de España construye Feijóo con estos salvajes”

Montse Mínguez ha atacado a Alberto Núñez Feijóo recordando que el Partido Popular gobierna con Vox en ciertas comunidades autónomas: “Qué asco de España construye Feijóo con estos salvajes”, ha sentenciado en su perfil de X. La cuneta oficial del PSOE también ha subrayado esta relación con la extrema derecha y ha exigido “que no se olvide”.

Los hechos han sucedido el pasado martes durante el debate de una proposición no de ley presentada por Podemos sobre el proyecto de la Ley de Familias, cuya tramitación está bloqueada en fase de enmiendas desde 2024.

Entre las medidas planteadas figuran el reconocimiento de la diversidad familiar, la ampliación de la protección social a distintos modelos de familia y la compensación económica de los cuidados a personas dependientes mediante una prestación vinculada al salario mínimo interprofesional.

Durante el debate, la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz ha asegurado que dicha ley pretende “abolir la familia tradicional”. “Para ustedes la familia tradicional es una institución represiva, racista y heterosexista. Quieren abolir la feminidad y la masculinidad. Pretenden destruir el concepto de familia para redefinirla según sus dogmas ideológicos”, ha dicho Ruiz.

Por su parte, Azorín ha defendido la iniciativa y ha respondido a Ruiz que “la homosexualidad no es un caso ni una enfermedad”. “La homosexualidad no es una moda, es una realidad que forma parte de nuestra sociedad”, ha añadido el diputado socialista.

Hace ahora un año, el recomendable analista Curb escribía en su blog 'Las duras tablas' que “la anomalía Sánchez tiene hoy mucho más potencial transformador que un pequeño grupo parlamentario de izquierda para convencidos en medio de la restauración reaccionaria”. Curb venía a decir con apesadumbrado realismo que, más allá de las “nacionalidades históricas”, capaces aún de decidir el desempate electoral, no existe en la izquierda estatal otra fuerza que el “sanchismo”, en torno al cual y frente al cual se viene construyendo en las dos últimas legislaturas toda la política de nuestro país. En este último año, es verdad, el sanchismo ha sufrido un notable desgaste, pero eso solo ha revelado que a su izquierda no hay más que un erial que, como la playa de Ítaca, algunos dirigentes fingen arar sin convicción para tratar de evitar su participación en la guerra de Troya. Un sanchismo debilitado expone con inquietante claridad, sí, la impotencia de nuestra izquierda transformadora.

Contra el sanchismo se acumulan las fuerzas combatientes: muchos jueces, muchos medios de comunicación, dos partidos políticos virtualmente mayoritarios, una parte del PSOE y, en el exterior, EEUU e Israel, sin mencionar -como ha demostrado la crisis de Ceuta- a algunos gobiernos europeos. A ellas hay que añadir a Podemos, la única organización española de izquierdas -diminuto aguijón- que ha sabido proteger a sus cuatro votantes, consciente de que para no desaparecer tiene que facilitar la llegada de la ultraderecha; no es que sepa “inevitable” un gobierno Vox-PP; es que evitarlo supondría sin duda asumir su marginalidad definitiva y su más que probable extinción. Nuestra España difícil no es el Berlín de Die Linke ni la Francia de Melenchon ni el New York de Mamdani, donde décadas de deserción socialdemócrata permiten ahora una radicalización de la izquierda frente a la radicalidad oscura del fascismo. España es el único país de Europa (probablemente del mundo) donde la socialdemocracia no ha muerto o no del todo. Su tímida supervivencia se llama sanchismo, una anomalía cuya excepción planetaria, al mismo tiempo que frena a la ultraderecha, impide la articulación de una alternativa transformadora a su izquierda. Podemos se propone de manera impostada e irresponsable como esa alternativa en un contexto en el que -lo sabe- el único camino para no sucumbir al mal es apoyar un bien mediocre.

Vamos a llamar PSOE a las políticas de vivienda del gobierno, al aplazamiento del cierre de Almaraz, al abandono de los saharauis, etc; es decir, a todas aquellas medidas económicas y sociales coherentes con la tradición del partido desde 1982. Y vamos a llamar sanchismo a las pequeñas conquistas obtenidas contra corriente -o consentidas- en materia laboral, de protección social, de género; y también a esas decisiones en política exterior que, retóricas o no, han provocado el rechazo real de EEUU e Israel y han señalado a España como reserva espiritual de los Derechos Humanos (y como gobierno “radical” en un mundo salvaje). Cuando hablamos de apoyar al sanchismo no hablamos de apoyar al PSOE, ni siquiera de apoyar a Sánchez; hablamos de apoyar y extender esa “anomalía” de la que hablaba Curb hace un año. El papel de Sumar en el gobierno era justamente ese: el de evitar que el PSOE y Sánchez devoraran el sanchismo. 

El problema es que el sanchismo, como bien mediocre en un mundo amenazado, no puede defenderse ya en esos términos. Sánchez, acosado por casos verdaderos y casos fabricados de corrupción, mitad caballo mitad hurón, ha acabado por recular y ponerse a la defensiva. Da la impresión, como sostiene Esteban Hernández en un reciente artículo, de que empieza a ceder a la tentación de salvar sencillamente los muebles; es decir, de salvar electoralmente a su partido, sin entender que no hay regreso posible al bipartidismo y que, como insiste siempre Curb, un gobierno PP-Vox transformaría sin vuelta atrás las reglas del juego. En cuanto a Sumar y afines, no han sabido utilizar la prórroga obtenida en julio de 2023. Han actuado como si esa prórroga fuera indefinida o como si no fuera posible ya frenar a la ultraderecha. Así que no se han preparado ni para ganar las elecciones ni para perderlas. Ahora es ya demasiado tarde para las dos cosas. 

 O no.

Confieso que no me interesan nada los nuevos enredos de la izquierda. Sigo con perezoso fastidio las propuestas de Irene Montero, los apremios de Maíllo, las declaraciones de Urtasun. Nuevas reyertas pueden hacer nuevos daños, pero ningún acuerdo entre ellos va a ser decisivo. A muchos nos da ya igual quién se presente con tal de que no desaparezca electoralmente el espacio a la izquierda del PSOE. No porque queramos que gane las elecciones y gobierne sino porque solo una representación robusta de la izquierda puede lograr que gane y gobierne de nuevo el sanchismo. Es demasiado tarde (y no hay condiciones) para inventar el Mamdani del futuro; lo único que se puede hacer es apañar otra vez un tinglado que, al mismo tiempo, parezca nuevo. Como no hay ni tiempo ni mimbres, solo se puede aspirar a una novedad electoral. El propio Esteban Hernández sugería esa fórmula que algunos hemos propuesto ya para el Senado: la de que todos los partidos que no puedan obtener diputados en una circunscripción se retiren en favor de una candidatura común pactada también con Sánchez. En un momento de derrota de los partidos y de cansancio del electorado, este es quizás el único “relato” (y no el de la Unidad a hachazos) que resultaría, por ganador, estimulante y movilizador.

En las condiciones dadas, solo existe esa disyuntiva: o sanchismo o nada. Si el PSOE y la izquierda no se la toman en serio, el PSOE estará eligiendo la irrelevancia; la izquierda la desaparición. 

El Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) ha registrado una batería de enmiendas en el Parlamento de Canarias a la proposición no de ley (PNL) que el Partido Popular llevará a la Cámara regional para rechazar la elaboración de listados ideológicos de periodistas y defender la libertad de prensa, tras la polémica por la filtración de un documento con nombres de profesionales clasificados por su ideología.

Entre esas enmiendas los socialistas proponen señalar a responsables políticos con un nuevo punto que busca la condena institucional directa de declaraciones hechas por diputados nacionales de Vox (Manuel Mariscal y José María Figaredo) mediante el uso de metáforas violentas respecto a la corporación pública RTVE. El PSOE argumenta que este tipo de discursos “minan el marco de convivencia y propician la cobertura ideológica a la violencia contra los y las profesionales de la información”.

La PNL del Partido Popular responde a la lista elaborada por el departamento de Comunicación del Ministerio del Interior con breves perfiles de decenas de participantes en tertulias de televisión y radio que incluía su tendencia política y otras cuestiones como su posición respecto de las Fuerzas de Seguridad o con asuntos de actualidad, según ha reveló El Confidencial. El listado se elaboró en el seno del departamento de Comunicación y fuentes del mismo explicaron a elDiario.es que nunca salió de ese ámbito ni se utilizó para ejercer presión alguna sobre las composiciones de las tertulias o el trabajo de los periodistas que aparecen en el mismo. Se trató, según las mismas fuentes, de incorporarlo al “seguimiento de medios” que tiene encomendado dicha sección. “Fue para consumo del propio departamento”, aseguraron.

Cabe recordar que el Gobierno de Canarias, con el PP y CC, ha emprendido una transformación en la Radio Televisión pública de Canarias eliminando el Consejo de Informativos e imponiendo al ente público un “comisario político” elegido por el propio Gobierno canario: César Toledo, que fue jefe de prensa del grupo parlamentario del PP en Canarias hasta que lo despidieron por grabar a diputados de ese partido y otros sin su consentimiento.

En concreto, el Grupo Socialista ha presentado cuatro enmiendas a la PNL de los populares, dividas en dos grandes ejes de acción política y posicionamiento institucional.

Por un lado, los socialistas buscan condenar “firmemente” las agresiones, amenazas e insultos que sufren los periodistas cuando cubren actos o manifestaciones multitudinarias.

Otra de las enmiendas busca apoyar a la televisión pública para dar un respaldo explícito a los trabajadores tanto de la televisión autonómica como del centro territorial de RTVE Canarias.

La iniciativa insta también de forma vinculante al Gobierno canario a cumplir tres principios de libertad de prensa. Por un lado, la no discriminación, asegurando que ningún periodista sufra un trato diferente, veto o clasificación por su línea editorial o por ejercer una posición crítica ante la gestión del Gobierno canario.

Por otro lado, neutralidad institucional, garantizando el acceso a la información, las convocatorias oficiales y las relaciones de comunicación de manera equitativa e idéntica para todos los medios.

Asimismo, el PSOE busca evitar elaborar listados de periodistas basados en criterios ideológicos o políticos, salvo que exista una habilitación legal expresa y se respeten en todo caso los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la normativa de protección de datos.

Y por último, garantizar los derechos laborales de la plantilla de Radiotelevisión Canaria y de sus empresas públicas y, en particular, en el procedimiento de fusión que deberá operar como consecuencia de la aplicación de la disposición adicional primera de la Ley 6/2026, de 24 de julio, de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La diputada del PP Rebeca Paniagua, en declaraciones a los medios de comunicación este pasado lunes, aseguró que espera contar con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a la iniciativa porque, según ha recalcado, “no se trata de partidos”, sino del derecho de los ciudadanos a recibir información.

“Las preguntas se tienen que hacer, por muy incómodas que resulten”, ha afirmado Paniagua, quien ha defendido que el periodista está para “fiscalizar al poder” tanto con preguntas incómodas como favorables.

Paniagua ha considerado “gravísimo” que se haya filtrado un documento con nombres de periodistas con mención a su ideología y ha cuestionado con qué finalidad se pudo elaborar un documento de estas características con el membrete de un ministerio, pese a las explicaciones dadas por Interior.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha acusado este martes al PSOE de ser “el partido más mentiroso y traicionero que ha tenido esta tierra”, en respuesta a las críticas de la portavoz socialista, Nira Fierro, quien le ha reclamado que se implique en los acuerdos que necesita Canarias.

Durante una sesión de control en el Parlamento de Canarias, Fierro se ha referido así al rechazo del PP al nuevo modelo de financiación autonómica, que supondrá que las Islas reciban 1.300 millones de euros más del Estado al año. Aunque según el propio Gobierno canario el acuerdo es bueno para las Islas y sería una mala noticia que no saliera aprobado en el Congreso de los Diputados, el PP dice respaldarlo en Canarias pero, previsiblemente, votará en contra en Madrid. Y no es la primera vez que ocurre algo así: ya sucedió también con el decreto para la gratuidad de las guaguas, las bonificaciones para La Palma y la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para descongestionar los centros de menores migrantes en las Islas, cuando el PP dijo apoyarlo en las Islas pero lo rechazó en Madrid.

Fierro ha cuestionado también a Domínguez por sus declaraciones de la semana pasada en las que afirmó que los socialistas eran “los responsables de la muerte en el mar”, en referencia a las personas migrantes que intentan llegar al archipiélago en cayuco.

La portavoz socialista ha dicho que, utilizado esa misma fórmula, habría que atribuir a Domínguez responsabilidades sobre distintos indicadores sociales de Canarias, entre ellos el incremento de las muertes en las urgencias del Hospital Universitario de Canarias, las personas fallecidas mientras esperaban prestaciones de dependencia, los jóvenes que han tenido que volver a vivir con sus padres y el aumento del abandono escolar temprano.

Fierro ha insistido en preguntar al vicepresidente si puede confirmar que los diputados del PP de Canarias votarán a favor en el Congreso del nuevo sistema de financiación autonómica y le ha acusado de representar a un partido que “traiciona permanentemente los intereses de esta tierra”. Precisamente por no haber conseguido que el PP respalde en Madrid lo que apoya en Canarias es por lo que Fierro, en diversas ocasiones, ha acusado a Domínguez, que es presidente del PP de Canarias, de no pintar “nada” en el Ejecutivo regional, ya que, además, los populares se han ausentado de negociaciones con el Estado relevantes para Canarias.

Domínguez ha replicado que el discurso de Fierro sobre su papel en el Ejecutivo autonómico ha cambiado: “¿Usted no decía que yo no pintaba nada en el Gobierno? ¿Usted la semana pasada no decía que el Partido Popular y que el vicepresidente no pintaban nada en el Gobierno y ahora soy responsable de todo?”, ha dicho, obviando que ella usaba un símil al usado por él para acusar al PSOE de las muertes en el mar.

El vicepresidente ha asegurado que se ha implicado, se implica y seguirá implicándose “por Canarias” y que “siempre va a estar Canarias por delante de todo”.

Asimismo, ha acusado al PSOE de haber perjudicado la imagen de Canarias en distintos casos y ha mencionado expresamente el denominado caso Mediador, la compra de mascarillas durante la pandemia y la situación del exministro José Luis Ábalos.

También ha reprochado a los socialistas que, cuando el presidente de Canarias convocó a los grupos para abordar el decreto canario, se levantaran y dieran “un portazo”. “Dígame una sola vez que yo haya dado un portazo. Una. Dígame una vez que yo le haya dado la espalda. Una. Dígame una vez que no haya conversado. Una”, ha insistido.

Domínguez ha defendido que, pese a sus discrepancias con el Gobierno central, ha apoyado al Ejecutivo de Canarias en materias como inmigración y financiación autonómica y ha emplazado a Fierro a hacer lo mismo, obviando que el PSOE sí ha votado en el Congreso lo mismo que el Gobierno canario.

Este martes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica las declaraciones anuales de rentas, bienes y actividades de los diputados y diputadas en el Parlamento de la comunidad autónoma.

Según estos datos, el que más cobra es el presidente de las Cortes regionales Pablo Bellido, quien recibe algo más de 101.700 euros, por su cargo en el Parlamento regional y su condición de diputado, y declara además intereses bancarios de algo más de seis euros. También una hipoteca de casi 60.000 euros, un saldo medio en las cuentas bancarias que supera los 69.000 euros o un seguro de vida por valor de 60.000.

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez declara cobrar de las Cortes de Castilla-La Mancha casi 81.000 euros y dice tener un saldo medio en sus cuentas bancarias de algo más de 21.000 euros, además de un préstamo bancario de más de 158.000 euros.

Ana Isabel Abengózar, presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, declara algo más de 83.000 euros en ingresos entre su sueldo como diputada, la indemnización que recibe por su condición de diputada y las dietas. También declara un préstamo de más de 37.000 euros. Entre sus posesiones un inmueble de tipo industrial en Alcázar de San Juan, del que es propietaria al 50% o un saldo medio en sus cuentas bancarias de 45.000 euros.

Carolina Agudo, la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, declara cerca de 81.000 euros por su condición de diputada y la indemnización que recibe por este cargo o un pequeño dividendo de poco más de seis euros en Eurocaja Rural. Con esta entidad declara un préstamo hipotecario de casi 440.000 euros y un saldo medio en sus cuentas de casi 30.000 euros. También refleja que es concejala en Valmojado (Toledo), un puesto por el que declara no cobrar.

El presidente del Grupo Parlamentario Vox David Moreno declara recibir como diputado casi 82.000 euros, en una cifra que incluye gastos de locomoción, además de otros 2.608 euros por el arrendamiento de una nave. También declara participación en la empresa Mittos Contract dedicada a la venta de sillones o camas en Talavera de la Reina, de la que cesó como administrador en 2023. En aquella ciudad es primer teniente de alcalde, aunque no detalla sueldo alguno por este puesto. Además, declara un saldo medio en las cuentas bancarias de 3.760 euros.

El PSOE de Palma portarà al ple de l'Ajuntament una proposta per exigir la “dimissió immediata” de la gerent de l'Hospital Universitari Son Espases, Cristina Granados, o que el Govern balear procedeixi al seu cessament. Els socialistes justifiquen la seva petició en l'increment de les llistes d'espera, els problemes de saturació a Urgències, el deteriorament de les condicions laborals de les plantilles i el que qualifiquen de “pèssima” gestió pressupostària i assistencial.

La iniciativa, anunciada aquest dilluns pel PSOE de Palma, reclama també un increment “significatiu” del finançament destinat als centres de salut de la capital i la posada en marxa d'un pla de xoc “urgent” a Son Espases. Els socialistes plantegen a més que es garanteixi un termini màxim de 48 hores per obtenir cita amb el metge de família o el pediatre als centres de salut de Palma i que els Punts d'Atenció Continuada (PAC) disposin de personal suficient per alleujar la pressió sobre les Urgències hospitalàries.

La regidora socialista Elena Navarro ha qüestionat que hi hagi pacients que hagin d'esperar més de sis mesos per ser operats i ha assenyalat que, malgrat l'increment del pressupost de Son Espases, les llistes d'espera han augmentat i s'han produït episodis de saturació a Urgències. També ha denunciat una reducció de l'activitat quirúrgica i l'externalització de serveis.

“És inacceptable estar més de sis mesos en llista d'espera perquè t'operin”, ha afirmat Navarro, que ha reclamat reforçar les plantilles i reduir les demores. La proposta municipal sosté així mateix que la sanitat pública s'ha de mantenir al marge d'un procés de “privatització, externalització i desmantellament” de serveis.

Les crítiques del PSIB se sumen a les de Més per Mallorca, la diputada de la qual Marta Carrió va denunciar la setmana passada l'increment de les llistes d'espera des de l'inici de la legislatura i va demanar a la consellera de Salut, Manuela García, que destituís la gerent de Son Espases.

Segons les dades exposades llavors per Carrió, 17.540 persones esperaven una operació a Balears i 90.670 esperaven una consulta amb un especialista. En el cas concret de Son Espases, Més va xifrar en 2.695 l'increment de pacients pendents d'una intervenció en un any, fins a assolir un augment del 17%. També va assenyalar que el nombre de pacients pendents d'una consulta especialitzada havia augmentat en 11.849 persones, un 14,7%, en el mateix període.

Carrió va desvincular aquestes dades de la vaga mèdica i va sostenir que les llistes ja havien augmentat entre 2024 i 2025. La consellera García va respondre que les llistes d'espera continuen sent una prioritat per al Govern i va atribuir part de la situació a la vaga nacional de metges. García va defensar a més la gestió de Son Espases i va afirmar que, malgrat l'augment de població, els temps mitjans d'espera s'havien reduït en determinats indicadors.

La petició de cessament es produeix enmig de les crítiques abocades sobre la gerència arran de la sortida, des de l'arribada de Granados a l'hospital el setembre de 2023, de prop d'una quinzena de càrrecs de responsabilitat, entre ells la directora d'Infermeria, Natalia Vallés, i el director de Gestió i Serveis Generals, José Antonio Visedo, a més de quatre responsables del Servei d'Atenció a l'Usuari que van sortir en pocs mesos. Una successió de relleus que ha alimentat les crítiques dels sindicats i de professionals del centre sobre el clima intern de la gerència.

El Govern, no obstant això, ha tancat files amb la gerent. El portaveu de l'Executiu, Antoni Costa, va assegurar que Granados compta amb “tot el suport” de la Conselleria de Salut, l'IB-Salut i el Govern i va afirmar que considera que està fent “una bona gestió”. Costa va atribuir la sortida de la directora d'Infermeria a “qüestions estrictament personals”. Quatre dies després, la consellera Manuela García va tornar a donar-li suport públicament: “L'avala la seva gestió”, va manifestar.