Dos Consejos de Ministros extraordinarios en los dos primeros viernes de campaña. Pedro Sánchez pisa el acelerador del Ejecutivo en plena recta final para las elecciones generales del 29 de noviembre y duplicará el número de cónclaves ministeriales para impulsar la agenda legislativa más social. Después de aprobar este martes un paquete de medidas con beneficios a la dependencia y a familias monomarentales, la idea de Moncloa es que esos anuncios se multipliquen de aquí al 29N como contraste a la política de recortes que aseguran los socialistas que esconden bajo el brazo PP y Vox.

“Son muchas las cosas que tenemos pendientes y que queremos aprobar, y todas son importantes para la vida de la gente. Nosotros prometimos que gobernaríamos hasta el último día antes de las elecciones y esta es la prueba”, explican en Moncloa, donde se sacuden como pueden las acusaciones de electoralismo y oportunismo político y se aferran a la idea de que son “medidas muy diferentes” y de que “no caben todas”, y por eso la duplicidad de consejos de ministros.

Por el momento, en las filas del Ejecutivo se guarda silencio sobre el contenido de esas medidas, cuyo anuncio tendrá un impacto evidente en una campaña electoral marcada, entre otras cosas, por la contraposición de modelos económicos y sociales. En dejar patente ese contraste se vuelcan los socialistas en busca de la movilización de la izquierda, a la que el Gobierno alerta de que la partida que se juega en las urnas tiene en juego un retroceso real por la amenaza de la derecha y la extrema derecha de derogar buena parte de lo construido en los últimos ocho años.

En la rueda de prensa de este martes, el ministro Pablo Bustinduy fue el encargado de presentar medidas sociales por un valor total de casi 1.800 millones de euros. Por una parte, un real decreto-ley para “reconocer a las familias monomarentales y monoparentales y reforzar su protección social”. Se trata de una partida de más de 820 millones de euros al año que beneficiará a un total de 760.000 familias y en torno a tres millones de personas.

Además, en un segundo decreto, el Gobierno aprobó el blindaje del sistema de dependencia mediante una inversión histórica de 7.240 millones de euros para 2027. Una partida que tiene como fin que la Administración General del Estado asuma el 50% de la financiación total del sistema para “consolidar el cambio hacia un nuevo modelo de cuidados”.

Lo que se mantiene en el aire, por el momento, es el indulto al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos en base a una supuesta filtración de datos personales de la que fuera pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que en realidad nunca se probó. La decisión política del Ejecutivo de aplicar el indulto es clara, aunque fuentes gubernamentales aseguran que lo que está en el aire es el momento y que queda por decidir si ese indulto, del cual aún se espera informe del ministerio fiscal, se lleva a cabo en un Consejo de Ministros anterior a las elecciones o ya posterior al 29N y con el Gobierno en funciones.

El salario mínimo o la ley de nacionalidad saharaui

Aunque el Gobierno no concreta demasiado sobre cuáles serán las medidas que se aprobarán en las próximas fechas, la semana pasada el Ministerio de Trabajo confirmó que entre ellas se encontrará la subida del salario mínimo interprofesional, que además experimentará un aumento que previsiblemente se situará por encima de la inflación: de un 5,3%. Ese porcentaje supone situar el sueldo mínimo en 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas, 65 euros al mes más que donde se ubica el umbral actualmente.

Además, el departamento que lidera la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz tiene entre ceja y ceja la aspiración de aprobar antes del final de la legislatura la nueva normativa para reforzar el control del registro horario. Tras varios aplazamientos, la idea de Trabajo y de Economía era aprobar en septiembre un decreto para endurecer este mecanismo, que las empresas están obligadas a aplicar, y convertirlo en digital e interoperable por la Inspección de Trabajo. Pero dos meses después no ha habido novedades al respecto.

Otra norma que también se encuentra entre las que tiene pendientes el Gobierno es la que serviría para conceder la nacionalidad española a los saharauis que tenían DNI español en 1977, un año después de la retirada de España como potencia colonizadora del Sáhara. La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Tesh Sidi, también candidata del Frente Amplio por Madrid a las elecciones generales, volvió a exigir este martes que esa ley se apruebe por decreto, dado que recibió luz verde del Congreso el pasado septiembre y pasó al Senado para su aprobación definitiva, pero decayó a pocas semanas de su puesta en marcha a causa de la convocatoria electoral y la disolución de las Cortes.

Si el Gobierno aprueba dicho decreto, la Diputación Permanente del Congreso —el órgano reducido que mantiene en funcionamiento la Cámara Baja en los periodos en los que esta está disuelta— tendría que convalidarlo en el plazo de un mes, al igual que ocurrirá con los decretos de dependencia y de familias monomarentales aprobados este martes. El Ejecutivo cuenta con los apoyos suficientes para sacar adelante los textos en el órgano y, de hecho, el debate y la votación de estos decretos le permitiría poner en un brete a PP, Vox y Junts en plena recta final de la campaña.

La diputada del Grupo Parlamentario socialista Nira Fierro ha acusado este martes al vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez (PP), de “tragar” con la política migratoria del PP porque Vox “le está comiendo la tostada” y trata a las isla como “una colonia”, y este la ha retado a ir a El Hierro y explicar cómo el Gobierno central “está matando a Canarias” con su “abandono absoluto”, pese a que este mismo martes el Gobierno central ha declarado la emergencia migratoria y ha anunciado un refuerzo de los recursos policiales y ayudas para los comercios herreños.

Las discrepancias entre ambos se han puesto de manifiesto a raíz de que Nira Fierro preguntase a Domínguez en el Parlamento regional si sus decisiones son compatibles con el interés general de Canarias ya que, ha dicho, pertenece a un partido, el PP, que “traiciona permanentemente” los acuerdos mayoritarios en favor de las islas. Se refiere, entre otras cuestiones, al voto negativo del PP a modificar la Ley de Extranjería para que los menores migrantes no acompañados puedieran salir de las Islas hacia otras comunidades autónomas cuando los servicios de acogida estuvieran saturados.

Según Fierro, es especialmente “sangrante” su forma de tratar el asunto migratorio al no parar de exigir al Gobierno de España, mientras votan en contra de las propuestas “y ponen palos en la rueda”.

El PP quiere convertir a Canarias “de facto” en una cárcel para inmigrantes mientras Domínguez “no dice ni pío” y la gente de El Hierro, ha proseguido, necesita respuestas pero al vicepresidente “le preocupa bastante poco la inmigración, lo único que le preocupa es que aquellos de allí (en alusión a Vox) le están comiendo la tostada”.

Fierro ha recordado que el PP inició la legislatura votando en contra de la reforma del Artículo 35 de la Ley de Extranjería, destinada a facilitar que otras comunidades autónomas acojan a menores migrantes llegados a Canarias.

También ha señalado que los populares se oponen a la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica que, según ha expuesto, supondría 1.300 millones de euros adicionales para el Archipiélago.

En este sentido, ha subrayado que ambas decisiones contradicen acuerdos respaldados por una mayoría parlamentaria en Canarias, en los que el PP y Vox se han situado en contra. “Feijóo dice y usted traga”, ha resumido, denunciando la falta de autonomía política de Domínguez frente a la dirección de su partido.

La presidenta del Grupo Socialista ha destacado la respuesta migratoria y la situación de las islas que soportan una mayor presión de llegadas, especialmente El Hierro, y ha acusado al PP de reclamar al Gobierno de España medidas y recursos mientras rechaza instrumentos para distribuir la acogida entre las comunidades autónomas.

Fierro ha criticado las declaraciones de Feijóo, en las que afirmó que no trasladaría el problema migratorio al resto de la Península, y ha afirmado que esa posición dejaría a Canarias sin una respuesta solidaria del Estado y agravaría la situación de territorios como El Hierro, reprochando a Domínguez que no haya respondido.

La diputada socialista se ha referido a la reunión celebrada en Moncloa para abordar la situación migratoria y ha señalado que El Hierro “necesita respuestas”.

En esta línea, ha cuestionado la participación del vicepresidente canario en la búsqueda de soluciones y ha sostenido que sus declaraciones se han centrado más en confrontar con el PSOE que en resolver el problema.

Fierro ha rechazado las afirmaciones que atribuyen a los socialistas responsabilidad por las muertes en el mar y ha criticado las propuestas de cierre de fronteras en el Atlántico y el uso de expresiones como “invasión”.

Asimismo, ha advertido de que ninguna estrategia política puede situarse por encima del derecho internacional ni de los derechos de los menores migrantes. “Ni usted ni su partido están por encima de los derechos de cualquier ser humano, haya nacido donde haya nacido”, ha afirmado.

Fierro ha puesto otro ejemplo de lo que considera subordinación de los intereses canarios a las decisiones de la dirección estatal del PP, como las candidaturas al Senado.

Según Fierro, Domínguez había planteado un candidato de Tenerife y la dirección nacional modificó esa propuesta para situar a una persona de León como candidato popular por la isla, cuestionando que esa decisión permita representar las prioridades de Tenerife.

Para la diputada socialista, esta sucesión de decisiones transmite una imagen de Canarias tratada como un territorio sin capacidad para decidir sobre sus intereses. “Nos tratan como una auténtica colonia”.

Además, ha emplazado a Domínguez a explicar qué lugar ocupan las necesidades del Archipiélago cuando entran en conflicto con las instrucciones de la dirección nacional de su partido.

Réplica de Domínguez

Manuel Domínguez ha replicado que es el mar el que se traga la vida de las personas porque el presidente Pedro Sánchez, según él, “no actúa”, al tiempo que ha acusado a Fierro de ser “sumisa” al jefe del Gobierno porque “han tirado la toalla” y lo único que hacen es “esperar en la orilla a quien consiga llegar”.

Cabe señalar que mientras Domínguez hacía estas declaraciones se celebraba en Madrid la comisión interministerial para abordar el repunte migratorio en El Hierro. De dicha reunión, a la que ha asistido el presidente canario, han salido diferentes acuerdos con el Gobierno central que pasan por un refuerzo sanitario y policial y ayudas por valor aproximado de un millón de euros para los sectores económicos más afectados en La Restinga, en El Hierro.

“Yo me niego a resignarnos”, ha advertido el vicepresidente canario, para quien el Gobierno central debió haber pedido el Frontex y dejar de invertir en países terceros si no cumplen con los acuerdos para el retorno de inmigrantes irregulares y no lo ha hecho.

Y “¿con qué cara me habla usted de El Hierro?”, ha interpelado a Fierro, a la que ha conminado a ir a La Restinga y hablar con los vecinos que “caminan sobre el fango arriba de la escollera y están cerrando empresas”, según él.

“Lo que estamos viviendo es un absoluto abandono, están matando a Canarias pero Pedro Sánchez no hubiese actuado de igual manera si esto hubiese sucedido en Cataluña, entonces habría habido contundencia”, ha opinado Manuel Domínguez. 

El martes pasado le atropelló todo al Ojo. De entrada, la dimisión de Óscar Puente, anunciada esa misma tarde. El exministro eligió, como esperábamos, lo mejor para el partido y para Pedro Sánchez, con una campaña electoral al doblar la esquina. Y lo hizo, nos contó, por dignidad. Bien dicho. Para qué entrar en detalles. Buena baza para confrontar con el PP, Angrois en la memoria y la Dana de Valencia -¡ay, esa peste de Mazón!‐ todavía en la piel. Baza arrancada al argumentario de Feijóo y su púgil preferido, ese espantaviejas que responde al nombre de Miguel Tellado, quita que te aplasto, por más que sigan repitiendo las mismas tontunas: una dimisión indigna la de Puente, ha dicho el gran líder. Ya ven. Una broma pesada.

Y, por supuesto, también le pilló al Ojo a destiempo, como era obvio, la debacle de Trump, aleluya, aleluya, que cada uno cargue con la suya. Es una derrota tremenda, espectacular, que nos deja, sin embargo, una gran duda, a la vista de las primeras reacciones del monstruo naranja: ¿más búnker, más fanatismo, más caos, o habrá entendido que los ciudadanos yanquis ya no le quieren, ni a él ni a sus políticas criminales? Por lo pronto, todo va mal, como el ascenso en la Casa Blanca de esa fiera corrupia que es Steven Miller. Pero nos hemos divertido mucho, es verdad, con el ridículo de la nominación fallida de un estrepitoso luchador de esa variedad de lucha, pura bazofia, que practican por aquellos pagos para ser su jefe de comunicación, y que el quebrantahuesos ha rechazado de manera ostentórea, qué ridículo cósmico. Era una broma, dice ahora el gran perdedor de las midterm. Además de todo el salvajismo que nos ha demostrado Trump, el corrupto, ¿estará perdiendo la chaveta el hortera presidente fanático del oro?

Pero que nadie se altere que la vida española, tan inquieta, recupera poco a poco su indignidad y estulticia habitual. Del PP o de Vox, al galope a lomos de los muertos de Urda y largando las mismas barbaridades contra Sánchez y el PSOE, incansables en su único objetivo: echar a Sánchez. No podían faltar en esta bacanal de juergas sin freno las apariciones estelares de estos jueces que tanto apreciamos, por su impoluta neutralidad, por supuesto, bien escoltados por los recios integrantes de la UCO, siempre a sus órdenes. Como setas. Tienen unos y otros, además, un fino olfato para detectar los momentos importantes, tal que una llamada a las urnas, que ya se sabe que el que pueda hacer, que haga. Y ahí se apunta, siempre en campaña, la prensa de la caverna, todo un chollo eso del chófer del presidente, puro bulo. ¿Y qué más da, si eso sirve en esta guerra santa? A Sánchez le hacen retirar un vídeo con el Guernica. ¿Y quién retira esos actos preelectorales de togas y uniformes? 

Jamás logramos que esa justicia, tan tuerta como este Ojo, pero más bien en visión contraria, imprima el mismo criterio y la misma velocidad, qué menos, a los asuntos que afectan a la derecha patria como el que emplean para mirar hacia la izquierda. Hartos estamos de los Aldama y otros personajes del mismo jaez, siempre impunes ante unos jueces de maza tronante contra unos y guante de seda para otros, cómo vamos a enchironar a este benemérito ciudadano, que nos ha llenado la Sala de mentiras e infamias como elefantes, pero que nos sirve para dar en las espinillas a las izquierdas. Y Montoro, y el novio de Díaz Ayuso ahí siguen, en el limbo.

Tenemos ahora una muestra bien dibujada, con contornos bien delineados y hasta con papeles: Eduardo Inda. Un cuarto de millón, que no es pelo de cochino, ha dedicado el factótum de OKdiario -hay facturas en manos de un juez- para pagar la defensa de Koldo García. Y nos preguntamos: ¿de dónde saca, pá tanto como destaca, el insigne periodista y lenguaraz tertuliano de ese ilustre ufólogo a la par que experto analista político, Iker Jiménez? Una vergüenza que los medios de la brigada acorazada jamás van a denunciar en sus páginas, ni siquiera mencionarlo, siempre tan rigurosos y amantes de la verdad. Já. Unas risas. 

Esperemos a ver qué prueba nos ofrece el presidiario Koldo García, que los lectores entenderán que confiemos más bien poco en la palabra del aguerrido cuate de José Luis Ábalos, ya le vale a los socialistas, pero su acusación de que el entonces abogado del PP, Alberto Durán, intentó comprarle por un millón, aún más pasta, para inventarse falacias contra Sánchez y su esposa, es de una gravedad intolerable. Algún juez, algún fiscal, alguna organización tipo Manos Limpias, Abogados Cristianos o Iustitia Europa, ¿van a iniciar acciones para esclarecer el caso? ¿Se citará a dicho abogado a declarar en algún juzgado, quizá a los responsables del partido presuntamente pagador? Esto es: ¿tendrá Núñez Feijóo que dar explicaciones en sede judicial de semejante atropello a la democracia y a la decencia? El Ojo, anhelante, espera la rápida actuación de los señores togados, sin duda escandalizados en este mismo momento por la probable existencia -por ahora, sólo posible- de tan grave delito. 

Por lo demás, la campaña, tontamente llamada precampaña, se mueve por los derroteros habituales, ahora un poco alterados por acontecimientos imprevistos. Este miércoles, por ejemplo, una convocatoria de huelga general que ya veremos cómo se desarrolla ante un incierto éxito de la llamada. Movimiento inédito de los sindicatos en vísperas de unas elecciones generales. Tampoco acabamos de comprender contra quién se convoca. ¿Contra este Gobierno? ¿Una advertencia hacia la dura alianza PP y Vox? ¿Contra todo un sistema injusto y degradado? Es verdad que siempre hay razones para la protesta porque siempre hay injusticias flagrantes en el capitalismo, y bueno es que la ciudadanía muestre su enfado cósmico de manera pública y civilizada. Habrá guerra de cifras. Ni lo duden.

Pero en esta campaña, 2026, hay que destacar un nuevo protagonista: la proliferación de programas en televisiones, nuevas y viejas, entrando a saco en la actualidad política, tanto da si el programa era de variedades, chistes y bullicio, como si se trataba de fantasmas, ovnis y aparecidos. Se multiplican las horas de tertulia, aunque desgraciadamente no el número de tertulianos en la misma proporción, lo que causa un efecto demoledor en los televidentes, que ven cómo el comentarista X está diciendo lo mismo sobre el mismo hecho, en uno, dos, tres y hasta cuatro programas distintos en cadenas diferentes. Qué tíos y qué tías, qué resistencia. Incluso los líderes de máximo nivel no rehúyen platós más bien incómodos, que hay que arrancar votos de las mismísimas piedras. 

Pero siempre entre tanta palabra, hay algún destello que llama la atención. Uno mira el saco de carbón y de pronto, allá en un rincón, brilla un pequeño cristalillo, que no diamante. Tampoco exageremos. Alguien en los corrillos madrileños ha rescatado la extraña pamema de un posible acuerdo PP-PSOE para impedir que llegue Vox al Gobierno. La nueva versión de este clásico se articula de la siguiente manera. Veámoslo paso a paso. El PP barre el 29N. El PSOE se queda por debajo de los cien diputados. El desastre sería tan grande para Pedro Sánchez, que humillado, dimitiría de todos sus cargos. Ante esta situación, volverían los socialistas buenos -de Felipe González a Page- a dirigir el partido una vez superada la aberración Sánchez y, en consecuencia, sería más que factible una gran coalición de los dos partidos institucionales, lo que liberaría a la derecha dizque moderada de tener que atarse la soga de Abascal al cuello, cosa que han asumido tan contentos en las comunidades autónomas. Orden, amigos, orden. El mundo ya habrá encontrado su equilibrio y los ciudadanos españoles la felicidad. Música de arpas y acompañamiento de alegres campanillas. Qué dulces mentiras que nos inventamos para perdurar, cantaba Pablo Milanés, y Calderón de la Barca ya había dicho siglos antes que los sueños, sueños son. 

Puestos a ensoñaciones, al Ojo se le ocurre otra: PSOE, 146; Frente Amplio, 12; Esquerra, 7; Bildu, 6; PNV, 5, Podemos, 2, etcétera. Sumen y ya verán. Recuerden la cifra mágica para la mayoría: 176. Cierto: también aquí nos encajan las palabras de Pablo.

A votar. A votar. A votar. 

Adenda. Decíamos antes del grosero Eduardo Inda, bien saben de su catadura moral el Ojo y el Catavenenos, soldado heroico de la fiel infantería, ese equipo sincronizado cuya sarnosa producción se ha recogido en Los 300 insultos más feroces (de la prensa) contra Pedro Sánchez. Parecía que ya se había agotado el catálogo de improperios, pero la reina del vermú y emperatriz de los áticos ha encontrado uno nuevo: “es un maltratador”. Caramba, no se nos había ocurrido. Así que aceptamos el envite y sumamos la propuesta de Díaz Ayuso a la ya conocida lista de lindezas contra Sánchez, no exhaustiva, que aparece en el libro citado:

“Tirano, sátrapa, psicópata, autócrata, sin escrúpulos morales, hipócrita, ladrón, vil, ególatra, corrupto, el jefe de la banda, chulo, surgido de los burdeles, inmoral, indecente, traidor a la patria, mosca cojonera, idiota, desalmado, imbécil, lagartija, bárbaro, Atila, negrero, sinvergüenza sin escrúpulos, depravado, golfo, granuja, inmoral, rata, indigente mental, pasto de presidio, delincuente, gánster y, por supuesto, hijo de puta”.

Y ahora, ya lo saben, maltratador.

Han pasado tantas cosas y, pese a todo, continuamos existiendo. Escaneo la vida con una precisión científica y me resigno a descartar su componente poético, vaya a ser que se me olviden las enseñanzas de María Zambrano y, entonces, algo acabe por desmoronarse. Esta semana cogí varios trenes regionales en Andalucía para comprobar que las estaciones de Sevilla y Córdoba presentan un aspecto fantasmal, sin apenas viajeros: las autoridades competentes van a solicitar ayudas con el fin de salvar la hostelería y seguir fomentando el turismo, pero la cultura –que sufre cancelaciones diarias de eventos, menores ventas y reducción de público en espectáculos– calla por el horror de unos muertos que nunca afectan a los bares. País de cerveceo y reservas hoteleras, Vox sabe perfectamente qué hacer con la cultura, mientras las izquierdas parecen desdeñar esta deflagración y sobrevivimos a base de buena voluntad y sacrificios inhumanos. Nunca una tierra se dedicó tanto al ocio de sol y playa, de patrimonio vendido, desde que Franco descubrió la fórmula y luego los demás siguieron. Ay, qué atrevimiento rogar una reformulación del modelo económico, a no tan alta velocidad, aunque aún funcional. Confieso que los trayectos lentos me han hecho reflexionar sobre nuestro mundo habitable, y dar alguna cabezada en asientos mullidos y avejentados de los de antes, si no suena algún móvil. Pero han pasado más cosas.

La victoria de Lula nos provocó cierta esperanza, hasta desvendar los entresijos de una campaña masiva en redes promovida por André Janones, el experto en WhatsApp que se reapropió de los símbolos nacionales, de Dios y la familia para imprimir un giro al resultado de la primera vuelta y azuzar el voto a favor de la izquierda. Sin él, tal vez el gigante americano estaría ahora gobernado por el hijo de un golpista encarcelado, el mismo hijo que ahora goza de acogida en su universo trumpista. Con él –Janones–, triunfó la lógica de la legalidad por los pelos, a la vera de un octogenario a quien le tocará gobernar en un ambiente hostil, de la mano de un parlamento derechizado.

Faltó poco para lo peor, pero las cosas se suceden a su ritmo acelerado, y en Estados Unidos también han mudado las tornas a pesar de los cepos impuestos por el poder ejecutivo. El partido demócrata arrasó en las elecciones de medio mandato y ahora controla las dos cámaras: Congreso y Senado; no tardarán en aflorar comisiones de investigación que cuestionen el enriquecimiento reciente del presidente, sus incursiones bélicas y veleidades autoritarias, pero Trump podrá seguir aprobando órdenes ejecutivas y movilizando agencias federales según su capricho. El ICE –la policía migratoria responsable de varias muertes– no parará su actividad; la ausencia de sanidad pública, principal motivo de bancarrota entre la ciudadanía, persistirá en su ahondamiento del daño social; y dudo que regresen derechos caducados, como el aborto a nivel federal, que se derogó en 2022. En otras palabras: lo que la gente ha perdido estos años validará el grosor de su pérdida porque, cuando se consolidan los vacíos, es muy difícil volver a llenarlos de garantías colectivas. La era de reparar no es la de construir, y ahí el reloj juega en contra de nosotros mismos.

Y, ¿en España? Han pasado muchas cosas. La ruptura de los partidos progresistas a la izquierda del PSOE amasará su papilla electoral gracias a la Ley D’Hondt. Quienes confían en la remontada se toparán de bruces con que solo los países que han experimentado el dolor (ultra)derechista en sus carnes han sabido reaccionar, pero tal vez no el nuestro, donde la cura se impuso frente a la herida porque ésta sangraba de lejos.

Y tampoco puede decirse que el ejercicio programático o el discurso público de los que parten con todas las encuestas en contra estén siendo ejemplares: en la era de la superación de 1,5 grados de calentamiento global, cuya frontera se prometió no cruzar en el Acuerdo de País, apenas se habla de cambio climático, pese a las danas y los incendios devastadores del verano pasado. Ya no hace calor; las alertas en los móviles –tan criticadas, al principio, desde los sectores más reaccionarios–, funcionan; la UME, creada por Zapatero –¡ah!, ¿no era sólo el presidente de las joyas?–, acude al rescate, y nada importa que nos hallemos en riesgo de desertificación y la mortalidad europea haya ascendido a varias decenas de miles debido a las temperaturas extremas. Les mando un saludo a los bomberos, desaparecidos de la escena mediática y aún tan necesarios.

Así que han pasado tantas cosas que escribirlas suena superficial; al fin y al cabo, podría hacerlo la IA. Éste es el resumen matizado por el vagón de un ferrocarril ralentizado, e igualmente plagado de extranjeros: el señor que ocupa el asiento aledaño –he espiado su pasaporte– es holandés; me dice thank you cuando bajo el reposabrazos y le retiro mi mochila de los pies; nadie querría interrumpir su experiencia española. Las azafatas se aburren ante el disminuido número de bebidas que sirven, ya sin cafetería.

Yo insisto en contar olivos a través de la ventanilla conforme recuerdo que se ha intervenido el precio a la baja del aceite, pero fue imposible efectuar la misma acción respecto al precio al alza de los alquileres. Miro mi calendario, lleno de borrones: no hay trabajo sin trenes y quizás me venga bien descansar mientras me preparo psicológicamente para el 29N, pues están pasando tantas cosas, inimaginables, irracionales, algunas de cariz alegre; otras, espantosas, que puede abrirse un margen para lo imposible. Por si acaso, ya hemos organizado una cena frente al conteo de sufragios; entre el vino y el tejido amistoso esperamos seguir narrando lo que ocurre o debería haber sucedido. Botón verde, presione usted ahí, que hemos llegado a destino.

La mayoría de los votantes socialistas aprueba la gestión realizada por el Gobierno ante el grave accidente de tren de Urda (Toledo) en el que el pasado 28 de octubre murieron 69 personas. Un 57% de quienes el 23J votaron al PSOE considera que la reacción del Ejecutivo tras la tragedia ferroviaria fue “buena” o “muy buena”, frente al 38% que la juzga como “mala” o “muy mala”, según la encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es realizada entre el 2 y el 5 de noviembre, que también recoge, por tanto, la reacción del electorado a la dimisión del ya exministro Óscar Puente, que se produjo el día 3.

Entre el total de los encuestados, un 63% rechaza la gestión del Gobierno frente a un 32% que la apoya.

En Sumar, los votantes que valoran de forma positiva la gestión del Gobierno del accidente de Urda son un 50%, frente a un 47% que la rechaza. En cambio, los votantes de PP y Vox dan un contundente suspenso a la labor del Ejecutivo a raíz del siniestro. El 90% de quienes hace tres años votaron a los populares creen que la actitud del Ejecutivo ha sido “mala” o “muy mala”, un porcentaje que crece hasta el 92% en el caso de quienes el 23J votaron a la extrema derecha.

Ateneo del Dato también ha preguntado en su encuesta sobre si los ciudadanos han cambiado su actitud ante las generales a raíz del accidente de Urda. Un 52% de los ciudadanos asegura que el siniestro les ha dado “más ganas de ir a votar”, frente a un 10% que dice que la tragedia le ha quitado las ganas de depositar su voto el 29N y un 36% que sostiene que lo ocurrido no le influye en sus intenciones de acudir a sus colegios electorales.

Los votantes de Vox son los que aseguran estar más movilizados tras el accidente, frente a los de Sumar, que son los que en un mayor porcentaje apuntan a que no les ha influido el siniestro a la hora de tener más o menos ganas de ir a votar. El 75% de los encuestados que el 23J votaron a Vox acudirán a las urnas con más determinación ante la crisis ferroviaria, mientras un 5% de esos electores dice que se le han quitado las ganas de votar y un 17% al que no le influye.

En el caso de los votantes del PP, un 69% irá a votar con más ganas que antes del accidente, un 5% se siente desmovilizado y un 25% dice que la tragedia no le ha influido en su actitud ante el 29N. El 47% de quienes el 23J votaron al PSOE siente un mayor impulso de introducir la papeleta ante el siniestro de Urda, frente a un 47% que sostiene que no ha cambiado de posición sobre si ir o no a las urnas dentro de tres semanas y un 10% que cree que el choque de los trenes le “quita las ganas de votar”.

El electorado de Sumar, la marca en la que concurrieron las fuerzas del espacio confederal en 2023 y que incluía a Podemos, es el que menos apelado se siente tras el accidente de Urda. Solo un 39% dice que irá a votar “con más ganas” a raíz del siniestro, frente a un 53% que dice que lo sucedido no le influye en sus intenciones de acudir a las urnas y un 7% que cree que la tragedia le ha quitado las ganas de depositar su papeleta.

La primera entrega de la encuesta de Ateneo del Dato, publicada este lunes, refleja cómo el apoyo electoral al PSOE crece a pesar del accidente de tren de Urda y la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes a consecuencia de la tragedia. Los socialistas crecerían en un punto respecto al sondeo anterior, fechado el 25 de octubre. La subida no afecta, sin embargo, a la distancia entre bloques –de casi 14 puntos– ni trastoca la mayoría absoluta de las derechas. El PP continúa siendo la fuerza más votada y junto a Vox alcanza el 50,1% de los apoyos, frente al 36,2% que suman PSOE, el Frente Amplio y Podemos.

Pedro Sánchez es el preferido para seguir siendo presidente del Gobierno aunque con un porcentaje del 26% de los encuestados. El 23% prefiere a Feijóo, un 19%, a Abascal y un 13%, al dirigente de ERC Gabriel Rufián. Ada Colau e Irene Montero son mencionadas como las favoritas para estar al frente del Ejecutivo solo por un 3% de los ciudadanos en ambos casos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado este lunes que “hay pruebas de que puede haber evidencias para iniciar una investigación” sobre el presunto soborno a Koldo García por parte del PP para que difundiera falsedades contra el propio jefe del Ejecutivo y su entorno. En una entrevista en La Séptima, Sánchez ha recordado la factura que evidencia el pago de la editora de Okdiario a la abogada del exasesor de José Luis Ábalos de 264.000 euros.

“Hay una factura de un medio de comunicación digital para pagar la defensa de Koldo García”, ha recalcado Sánchez. “Es un hecho. Eduardo Inda pagó para difamar a mi mujer, para difamar a mi hermano y no solo difamando, mintiendo a la gente”, ha dicho. Para el presidente del Gobierno, todo esto “es un hecho grave”.

“A ver, la corrupción que hemos sufrido, la real, porque luego está la ficticia, la real, nosotros hemos actuado con total contundencia y a mí me produce asco la corrupción. Yo soy una persona que a lo largo de mi carrera política he tratado, allí donde he estado, de regenerar las instituciones, de respetar las instituciones, de respetar también el juego legítimo que tiene la oposición, de plantear sus propuestas, pero siempre desde el respeto, desde el respeto formal y también desde la regeneración democrática”, ha defendido Sánchez. “Nosotros hemos respondido con total contundencia, cueste lo que cueste y caiga quien caiga”, ha insistido.

Justo después, ha hecho mención a la supuesta reunión que mantuvo Koldo García con el abogado del PP en el que este le habría planteado la posibilidad de pagarle por difundir falsedades sobre el Gobierno. “Hemos visto por desgracia al Partido Popular reconociendo que se han reunido con personas que han difamado no solamente al Gobierno, sino a mi persona y a mi mujer, simplemente para hacer daño”, ha denunciado.

“Me parece que al final lo que demuestra es que mientras nosotros hemos expulsado la corrupción, el Partido Popular la ha comprado. Y esto es muy grave. Y esto también creo que nos lleva a unos comicios el próximo 29 de noviembre en los que una reivindicación de la buena política frente a la mala educación es necesaria plantear a partir del 29 de noviembre, si no antes, un debate mucho más respetuoso entre adversarios políticos que evite la polarización en la que estamos y la deshumanización del adversario político como algunos de nosotros estamos sufriendo”, ha continuado.

“Volveremos a reeditar una mayoría de progreso”

Respecto a los comicios, Sánchez se ha mostrado optimista. “Yo tengo mucha confianza en mi país. Yo creo que este es un país de esperanza. Es un país donde la gente se ha movilizado por unas pensiones dignas, las mujeres se movilizan el 8 de marzo por sus derechos, los trabajadores han peleado mucho por tener una reforma laboral que les ha traído derechos, los jóvenes se han manifestado no solamente por la emergencia climática, sino también por el reconocimiento del Estado de Palestina y el fin del genocidio. Por tanto, muchos de estos avances hoy están puestos en cuestión por la involución que representan el Partido Popular y Vox”, ha alertado.

El aún jefe del Ejecutivo cree que “va a haber una movilización histórica que de lejos va a superar el 70% de la participación de 2023”. “Y, por tanto, al igual que ha ocurrido en Estados Unidos o que ha ocurrido también en Brasil, y también en 2023 en España, volveremos a reeditar una mayoría de progreso en el Parlamento que nos permita cuatro años más de avance”, ha remachado.

También ha criticado la campaña del PP porque, a su juicio, desde la convocatoria electoral en Génova 13 “hay tres verbos que conjugan: sacrificar, derogar y desmantelar”. “Bueno, hoy hasta incluso el señor Feijóo se despacha diciendo que la huelga general es un disparate”, ha añadido. “No, no. La huelga es un derecho de los trabajadores y trabajadoras. Lo que es un disparate es poner en cuestión el derecho de los trabajadores y trabajadoras a hacer la huelga. Por cierto, una huelga que no va contra nadie, va contra uno de los principales problemas que tiene nuestra sociedad y que exige del compromiso de todas las instituciones, que es el acceso a la vivienda”, ha apuntado.

La huelga “dice mucho de nuestro país”

“Yo lo respeto, no me pronuncio sobre ello, pero esto dice mucho de nuestro país”, ha asegurado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su entrevista en La Séptima. Sin querer aclarar si apoya el paro, una postura que sería inédita en un jefe del Ejecutivo, Sánchez sí ha celebrado “que la ciudadanía se movilice en cuanto a cuestiones positivas como el derecho a la vivienda o a los derechos sociales”. También ha defendido los dos decretos de vivienda tumbados por PP, Vox y Junts en el Congreso así como la construcción de más vivienda. “Pero vivienda protegida”, ha dicho.

Respecto a las decisiones del Tribunal del Supremo sobre la llamada 'ley de nietos' y de la anulación de parte del derecho de españoles a votar el 29N, Sánchez ha sido tajante: “Yo no puedo estar de acuerdo con esta resolución, no entra en el fondo, pero suspende de hecho el derecho al voto, que es un derecho fundamental, el de la participación política de un ciudadano español”, ha denunciado.

También ha defendido que la Ley de Memoria Democrática “lo que hace es resarcir de una deuda moral e histórica” de la democracia “con aquellos que tuvieron que verse en el exilio como consecuencia de que eran perseguidos por, su opinión política, su compromiso político, su forma de pensar o su forma de sentir”. Sánchez ha recordado que “es una ley que está en vigor desde el año 2022, que en las últimas elecciones generales esas personas votaron y que en el voto exterior ganó el PP, no ganó el PSOE”.

Ante las políticas y propuestas de las derechas, Sánchez ha denunciado que “no solamente se está poniendo en duda y tratando de recortar el derecho al aborto, suprimir la ley de muerte digna, las bajas laborales, abrir en canal el debate sobre el sistema público de pensiones o las políticas de género. Es que ahora también están poniendo en cuestión hasta incluso el derecho al voto de gente que tiene todo ese derecho a ejercer el voto y que, además, lo ha ejercido”.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, viajará a Canarias el próximo sábado 21 de noviembre para participar en dos actos de campaña electoral en Tenerife y Gran Canaria, según ha anunciado este lunes el PSOE de Canarias.

La formación socialista ha avanzado a través de sus redes sociales que Sánchez participará a las 11.00 horas en un acto en Tenerife y, posteriormente, se desplazará a Gran Canaria, donde está prevista otra convocatoria a las 17.30 horas.

Por el momento, el partido no ha informado de los lugares concretos en los que se celebrarán ambos actos.

La visita se produciría en el segundo fin de semana de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, que comenzará oficialmente a las 00.00 horas del viernes 13.

Sánchez tiene previsto abrir la campaña de su partido el jueves 12 con un acto en Sevilla. EFE

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Daniel Fernández, ha denunciado “la falta de iluminación” en numerosas calles y espacios públicos de la ciudad y ha exigido al Ayuntamiento (PP) que ponga en marcha una revisión integral del alumbrado.

“En Santander llega el invierno, anochece a las seis y media de la tarde y parece que alguien ha decidido apagar la ciudad. Da igual que vivas en el centro o en un barrio. Hay calles en las que apenas se ve por dónde caminas”, ha denunciado este lunes en un comunicado.

El dirigente socialista ha señalado que esta situación afecta directamente a la seguridad de los peatones, especialmente a las personas mayores, y genera una sensación de “inseguridad” que podría evitarse con un mantenimiento adecuado del alumbrado.

Así, ha opinado que “no es normal que en una ciudad como Santander tengas que ir mirando al suelo para no tropezarte o que haya personas que eviten determinadas calles porque no están suficientemente iluminadas”, y ha enfatizado que “no estamos hablando de una carretera perdida”, sino de calles por “las que pasamos todos los días”, ha afirmado.

Como ejemplo, Fernández ha mencionado la propia Plaza del Ayuntamiento, uno de los lugares más céntricos y transitados de Santander, donde la iluminación resulta “insuficiente cuando cae la noche”.

Al hilo, el portavoz socialista ha incidido en que en mayo el equipo de Gobierno anunció la instalación de 108 nuevos puntos de luz en 29 emplazamientos de Santander, lo cual “está muy bien”. Sin embargo, ha afirmado que los vecinos “no necesitan contar farolas”, sino que “alumbren”.

Por este motivo, el PSOE llevará al próximo Pleno una iniciativa para exigir una revisión integral del alumbrado público, que permita identificar las calles con iluminación insuficiente, comprobar el funcionamiento de las luminarias y corregir las deficiencias detectadas. “Una ciudad bien iluminada no es un lujo ni una cuestión secundaria, sino una obligación básica de cualquier Ayuntamiento”, ha dicho, lo que ha unido a una urbe “segura”.

Finalmente, el portavoz socialista ha criticado que el Gobierno municipal “siga sin resolver problemas básicos de mantenimiento mientras anuncia continuamente nuevos proyectos”.

“La alcaldesa, Gema Igual, habla mucho del Santander del futuro, pero lleva diez años sin resolver los problemas del Santander de hoy. La limpieza, las aceras, los parques y ahora también la iluminación. No podemos aspirar a ser una ciudad moderna mientras nuestros vecinos tienen que caminar a oscuras”, ha concluido.

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha reivindicado “el sello y la firma” del Partido Socialista en el centro logístico del Llano de La Pasiega frente al PP de María José Sáenz de Buruaga que “puso muchos obstáculos” a este proyecto estratégico para la comunidad pero que “hoy se sube al carro”.

“Hemos visto en estos meses a la señora Buruaga hacerse muchas fotos en este centro logístico, pero esta obra no se entendería sin lo que hemos hecho a lo largo de los años desde el PSOE”, ha enfatizado Casares este lunes en una visita a La Pasiega junto al número 2 de la candidatura de los socialistas cántabros al Congreso, Eduardo Magaldi; la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Ainoa Quiñones, y el secretario general del PSOE en Piélagos, Javier Luis Tomás Fernández.

El líder socialista ha criticado que el PP de Cantabria, durante su etapa actual en el Ejecutivo autonómico, “se suba al carro de un proyecto que nosotros dejamos en marcha y que la historia nos recuerda que fueron muchos los obstáculos que el Partido Popular puso intentando hacer todo lo posible para que este centro logístico no viese la luz”.

Frente a ello, ha enfatizado la “apuesta estratégica” del PSOE por este proyecto en el que los socialistas “seguimos trabajando para que sea una realidad como ya hicimos” desde el Gobierno regional en coalición con el PRC.

“Dejamos adjudicadas las obras en mayo de 2023, después de haber hecho toda la tramitación del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) para hacerlo posible”, ha recordado Casares, que ha puesto en valor el “apoyo decidido” en todos los pasos de la entonces alcaldesa de Piélagos, la socialista Verónica Samperio.

Y ha reivindicado la “contribución decidida” y el “apoyo fundamental” del Gobierno de Pedro Sánchez para materializar este proyecto estratégico para Cantabria con la aportación de 22 millones de euros en dos anualidades, a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 y 2023.

Un apoyo que se mantiene con la reciente firma del convenio para la construcción y gestión de la estación intermodal de La Pasiega, para la que el Gobierno de España, a través de Adif, aportará 31 millones de euros, ha destacado Casares.

Y también ha destacado “otra actuación estratégica” del Gobierno de España en La Pasiega como es la creación de una subestación eléctrica que, además, se va a repotenciar respecto a la previsión inicial, pasando de 50 a 300 megavatios, para dar cobertura a las necesidades energéticas de las empresas industriales que se instalen.

“El PSOE y el Gobierno de España ha hecho los deberes en este polígono industrial. Este centro logístico no se entendería sin el Partido Socialista y el Partido Popular lo único que se ha hecho es dejarse llevar y subirse a la inercia de lo que ya estaba programado”, ha añadido Casares.

En este sentido, se ha preguntado “qué está haciendo el actual Gobierno del PP en Cantabria cuando nada se sabe de una sola empresa que quiera instalarse o que haya formalizado algún contrato o reserva de suelo en este polígono industrial” y ha mostrado su “preocupación” ante ello. Así, ha insistido en que “el PSOE ha hecho todo para que esto sea una realidad y el PP poco está haciendo con este centro logístico”.

“Verdadero interés público”

El secretario general del PSOE ha recordado que este proyecto estratégico para Cantabria se impulsó a través de un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) y ha reivindicado que los socialistas desde el Gobierno regional impulsaron proyectos con “verdadero interés público” frente a los “pelotazos urbanísticos del PP”.

“Este proyecto de interés para la comunidad autónoma lo hicimos con un PSIR, como también se hizo el Hospital Tres Mares en Reinosa, el Parque Científico y Tecnológico en Santander, el parque empresarial del Besaya en Reocín o el polígono industrial de Los Tánagos en Val de San Vicente. Todos esos sí eran verdaderos proyectos de interés regional y público para el desarrollo económico y empresarial y la generación de empleo en Cantabria”, ha remarcado.

Y ha reprochado que el PP de Buruaga haya “desvirtuado totalmente la figura del PSIR” para “pelotazos urbanísticos” como el macrocomplejo hotelero con una piscina de olas gigantes en Ribamontán al Monte o el proyecto 'Bosques de Santander' “para hacer hoteles, centros comerciales o viviendas de lujo” en el barrio Rucandial en Santander.

“Está clara la diferencia entre hacer un PSIR para hacer avanzar a Cantabria o, como está haciendo el PP, para llenar los bolsillos de unos pocos”, ha enfatizado el líder socialista, que ha señalado que sobre eso también “decidimos los españoles y los cántabros el próximo 29 de noviembre: entre un Gobierno y un partido, el PSOE, que quiere el desarrollo de Cantabria o un PP que solo piensa en n los intereses de unos pocos y en el negocio privado”.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará La Rioja este viernes 13 de noviembre para participar en un acto de campaña con la militancia y los simpatizantes socialistas de la comunidad. La cita se enmarca dentro de la agenda de actos políticos de la formación para reforzar su presencia en el territorio riojano.

El encuentro tendrá lugar en la localidad de Arnedo, uno de los núcleos clave del Valle del Cidacos, a partir de las 17:00 horas. El escenario elegido por la organización es el Frontón Municipal de la localidad, situado en la Avenida de la Cruz Roja, número 9, donde se prevé una amplia concurrencia de cargos públicos y bases del partido.

Con este desplazamiento, la dirección federal del PSOE busca arropar a la agrupación autonómica en un momento de necesaria movilización, ya que en La Rioja, el cuarto escaño está en juego y podría jugarse en muy pocos votos hacia el PSOE o hacia Vox.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este lunes [9] en el Parlamento de Canarias su enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027, solicitando formalmente al Gobierno de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) la devolución de unas cuentas que considera “antisociales, tramposas, regresivas e incapaces de dar respuesta a los problemas reales de las islas”.

El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, sostiene que el Presupuesto de 2027 supone “la certificación de una legislatura perdida” y “la constatación de un Gobierno agotado, sin proyecto y sin capacidad para afrontar los grandes problemas de Canarias”. A su juicio, CC y PP “han convertido cuatro años de abundantes recursos públicos en una oportunidad histórica desperdiciada”.

“No estamos ante unos presupuestos pensados para mejorar la vida de la gente, sino ante unas cuentas que dan la espalda a Canarias, tramposas y no responden a las necesidades reales de nuestra tierra. Son unos presupuestos que no están a la altura de los grandes desafíos que tenemos por delante y que desperdician las extraordinarias oportunidades que ha tenido esta comunidad autónoma durante la legislatura. Clavijo y el Partido Popular han optado por blindar los privilegios fiscales de quienes más tienen, mientras miles de familias siguen sin poder acceder a una vivienda digna y Canarias pierde la oportunidad de transformar su modelo económico y construir un futuro más próspero y sostenible”, denuncia Franquis

Franquis advierte que el proyecto presupuestario “consolida un modelo de Gobierno que destina más esfuerzos a mantener su aparato político que a preparar el futuro de Canarias” y defiende que la enmienda a la totalidad “no es un gesto político, sino la exigencia de retirar unas cuentas que agravan las desigualdades y dan la espalda a las necesidades de la ciudadanía”. “Cuando se dispone de más recursos y, sin embargo, se recorta la inversión pública, el problema no es la financiación: es la incapacidad política para gestionar los recursos y ponerlos al servicio de la mayoría social”, subraya.

Por su parte, el portavoz de Hacienda y Presupuestos del Grupo Socialista, Manuel Hernández, advierte de que las cuentas prevén 13.209 millones de euros de gasto no financiero, pero, lejos de reforzar la transformación de la economía, aumentan un 11,27% el gasto corriente y desploman la inversión presupuestada en 452,2 millones, un 21,45%. La inversión prevista para 2027 será incluso 111 millones inferior a la de 2023, pese al fuerte aumento de los recursos durante la legislatura.

“Es un disparate económico y una irresponsabilidad política: mientras la economía canaria se desacelera y el propio Gobierno prevé un crecimiento de apenas el 1,1% en 2027, CC y PP recortan precisamente las inversiones que deberían preparar el futuro del Archipiélago”, señala Hernández.

Hernández denuncia, además, la falta de credibilidad fiscal de unas cuentas elaboradas tras los incumplimientos de la regla de gasto en 2024 y 2025, las advertencias de la AIReF y el reconocimiento, en la propia documentación del Ejecutivo, de una necesidad de financiación del 0,33% del PIB para 2026. “No hay rigor, no hay planificación y no hay proyecto económico. Solo una huida hacia delante que acabará pagando la ciudadanía”, afirma.

Presupuesto alternativo “realista y viable”

Frente a este “fracaso presupuestario”, el Grupo Socialista presenta una alternativa “seria, financiada y socialmente útil”, capaz de movilizar más de 535 millones de euros adicionales mediante tres vías: 132,3 millones de ahorro por una gestión más eficiente, 393,1 millones de mejora de la capacidad fiscal y 10 millones de financiación adicional para vivienda vinculada a las zonas de mercado residencial tensionado.

El PSOE propone adelgazar una estructura política “disparatada” y recortar gastos prescindibles en publicidad, propaganda, asistencias técnicas, honorarios externos y actos institucionales, además de mejorar la eficiencia del gasto farmacéutico. Hernández recuerda que, desde 2023, el programa de asistencia técnica y política al presidente ha crecido un 259% y el de apoyo al vicepresidente, un 103%.

“Gobernar es decidir a quién se protege. CC y PP han preferido engordar el aparato político y alimentar su maquinaria de propaganda antes que construir viviendas, modernizar los servicios públicos o impulsar la investigación. Nosotros proponemos exactamente lo contrario”, subraya.

Una reforma fiscal progresiva frente a los “privilegios”

La enmienda plantea una reforma fiscal progresiva para redistribuir la riqueza sin cargar el esfuerzo sobre las rentas medias y bajas. Incluye eliminar la bonificación del 99% en Sucesiones y Donaciones para las rentas altas del archipiélago, con una previsión de 30 millones; modificar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con 46 millones adicionales; mejorar la recaudación asociada al IGIC en 8 millones, y evitar una deflactación lineal del IRPF que supondría renunciar a 34,1 millones y que beneficia a quienes más tienen.

También propone implantar un impuesto sobre las estancias turísticas, exento para los residentes canarios, que permitiría recaudar unos 285 millones de euros anuales para proteger el territorio, mejorar los espacios turísticos, combatir el cambio climático y reforzar la capacidad de los ayuntamientos.

Para Hernández, “es indecente que un Gobierno que presume de récords turísticos renuncie a que parte de esa riqueza contribuya a afrontar las necesidades de Canarias y, al mismo tiempo, siga regalando ventajas fiscales a los patrimonios más altos”. El portavoz recuerda, además, que CC y PP acaban la legislatura sin cumplir su promesa electoral de reducir el tipo general del IGIC del 7% al 5%.

Vivienda, educación y servicios públicos frente al “abandono”

La vivienda constituye una prioridad central de la alternativa socialista, con 135,6 millones de euros adicionales: 100 millones para construir viviendas públicas y adquirir suelo e inmuebles; 25,6 millones para activar los complementos de vivienda de la Renta Canaria de Ciudadanía, y 10 millones para ayudas al alquiler y al alquiler joven.

“La emergencia habitacional retrata como ninguna otra el fracaso de Clavijo y el PP”, denuncia Hernández. El Gobierno reduce en cinco millones sus fondos propios al Instituto Canario de la Vivienda, mientras la aportación del Estado aumenta en 45 millones y los remanentes de financiación afectada del instituto alcanzan una previsión de 49,5 millones. “Tienen recursos, pero ni los ejecutan ni utilizan las herramientas legales para contener los alquileres. Su inacción no es inevitable: es una decisión política”, añade.

La propuesta socialista refuerza también la educación y los estudios superiores con 70 millones adicionales: 50 millones para infraestructuras educativas, la atención a la diversidad, las enseñanzas de 0 a 3 años y la recuperación de ayudas y auxiliares para alumnado con necesidades específicas; 10 millones para las universidades públicas, 10 millones para las universidades públicas, y otros 10 millones para apoyar al estudiantado universitario y de Formación Profesional Superior con becas y material académico.

En paralelo, plantea 30 millones para I+D+i; 10 millones para economía verde y azul; 5 millones para la implantación de camas elevables en el sector turístico; 10 millones para políticas de empleo; 40 millones para sector primario, agua, seguridad y emergencia climática; 40 millones para bienestar social y nuevas plazas residenciales de dependencia; 5 millones para cultura; 20 millones para infraestructuras y equipamientos sanitarios, y 5 millones para planes de accesibilidad.

La enmienda recupera, además, una deducción autonómica para corregir la desigualdad, dotada con 82,4 millones de euros, y con beneficios de entre 125 y 225 euros para contribuyentes con rentas bajas y medias, según sus ingresos. “El presupuesto de CC y PP protege los privilegios; el nuestro protege a las personas”, resume Hernández.

Cuentas responsables para dejar atrás “una legislatura perdida”

Hernández defiende que la devolución del proyecto permitiría al Gobierno presentar unas cuentas distintas, con prioridades acordes a las necesidades de las islas, y en paralelo reforzar la prestación de los servicios públicos esenciales. “La irresponsabilidad no es pedir que se devuelvan unas malas cuentas; la irresponsabilidad sería aprobarlas sabiendo que condenan a Canarias a seguir perdiendo oportunidades”, sostiene.

“Esta enmienda demuestra que sí hay alternativa: más vivienda pública, mejor educación, inversión productiva y fiscalidad justa. Canarias necesita dejar atrás cuatro años de despropósitos presupuestarios y abrir una etapa de progreso e igualdad”, concluye Hernández.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha advertido este lunes de que su partido no permitirá recortes en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y ha defendido la continuidad del cultivo del tabaco dentro de esta financiación europea para salvaguardar el empleo y la economía en las comarcas tabaqueras del norte de Cáceres.

Durante una visita a la cooperativa Tabacoex y a las instalaciones de Deltafina en Rosalejo, el dirigente socialista ha señalado que las propuestas impulsadas por la derecha en el marco europeo ponen en riesgo la viabilidad de explotaciones de las que dependen directamente cerca de 900 familias de la zona, recordando que la inclusión de este cultivo en la PAC fue un logro histórico impulsado por el anterior gobierno de Guillermo Fernández Vara.

Para garantizar el futuro del sector, Cotrina ha trasladado dos reivindicaciones fundamentales a la industria y a las administraciones. Por un lado, ha reclamado asegurar la disponibilidad de mano de obra para las campañas de cultivo y recolección mediante procesos de regularización extraordinaria de personas migrantes que ya se encuentran en el país. Por otro lado, ha rechazado de forma tajante el etiquetado genérico, defendiendo que los mercados deben poder distinguir y poner en valor la calidad diferenciada del tabaco extremeño. En este sentido, ha recordado que el partido ha presentado mociones en los ayuntamientos desde finales de octubre para blindar la actividad ante las próximas citas electorales.

Respaldo a la huelga general y arranque de campaña

En paralelo a la visita en Rosalejo, el portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha comparecido en Mérida para formalizar el apoyo de la formación a la huelga general de ámbito estatal convocada para este próximo miércoles, 11 de noviembre.

González Andrade ha enmarcado esta movilización como una protesta orientada a la defensa de los derechos de la ciudadanía, la subida de salarios, la revalorización de las pensiones y la búsqueda de soluciones efectivas al problema de la vivienda y la sanidad pública. El posicionamiento socialista coincide con el arranque de la campaña electoral de cara a los comicios autonómicos del 29 de noviembre, unos comicios que, según los socialistas, servirán para elegir entre dos modelos de país y de gestión pública contrapuestos.

El PP ha aceptado la nueva propuesta del PSOE ante el veto de los de Añberto Núñez Feijóo a un debate electoral en RTVE. Este lunes, los socialistas planteaban la posibilidad de que fuera la Academia de Televisión la encargada de organizar esos debates de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre. Y a última hora de la tarde, los populares han aceptado “con la participación en el diseño de las direcciones de campaña de los diferentes partidos políticos”.

Cuando apenas quedan unas semanas para que se celebren los comicios, el Partido Popular continúa con su 'no' a un debate electoral en la televisión pública. Así lo confirmaron este mismo viernes fuentes del partido, que quiere que tanto los 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Feijóo y los debates a cuatro, también con Santiago Abascal y con Ada Colau, sean en “televisiones privadas”. El motivo que argumentan es que “a diferencia de la pública, son capaces de garantizar la neutralidad”.

Los de Pedro Sánchez apostaban por que al menos uno de los encuentros —el 'cara a cara' o el debate a cuatro— se celebrara en RTVE, “mientras que un segundo debate pueda ser organizado por uno de los grandes grupos de comunicación privados”, añaden. “Cabe recordar que es en las televisiones públicas autonómicas donde sistemáticamente elige el Partido Popular asistir a los debates electorales. Moreno Bonilla debate en Canal Sur y Díaz Ayuso en Telemadrid. Todos los dirigentes del PP respetan la institucionalidad de debatir en la televisión pública menos Núñez Feijóo”, critican fuentes del partido.

Ante este veto, el PSOE proponía “formalmente” esta mañana la participación de La Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión para organizar los encuentros. “Esta fórmula garantiza una señal neutral y abierta para que todos los medios de comunicación que lo deseen puedan emitir libremente”, añaden las mismas fuentes. Esto ya sucedió para los debates de las elecciones de 2015 y de 2019.

Según ha explicado el PP en un comunicado, el secretario general del PP ha llamado a la portavoz de campaña del PSOE, Rebeca Torró y “le ha insistido en la necesidad de facilitar la organización de debates entre candidatos” en Atresmedia y Mediaset, algo que, se´gun el PP, la dirigente socialista ha rechazado. “Ante la imposibilidad de convencerla de la no idoneidad de vetar a los grupos privados, y en el ánimo de poder ofrecer a los españoles espacios en los que confrontar ideas y programas, el PP acepta que los debates sean organizados por la Academia de televisión, con la participación en el diseño de las direcciones de campaña de los diferentes partidos políticos”, han zanjado

Mientras, el equipo de campaña de Feijóo sigue sin aclarar si aceptará la invitación de 'La Revuelta', programa al que sí que irá finalmente Santiago Abascal este mismo lunes.

Podemos se ha mostrado a favor de la propuesta de PSOE sobre la participación de la Academia de Televisión. “Pensamos que es la mejor opción”, han subrayado fuentes de la organización, que se ofrecen a participar “desde mañana mismo” en los trabajos necesarios para que se produzca el debate.

Asimismo, la formación morada considera que tanto Frente Amplio como la candidata de Podemos, Irene Montero, deben estar presentes en dicho debate y se muestran convencidos de que “esta vía abre la puerta para que Irene Montero pueda participar”, una opción que Atresmedia había descartado. “Confiamos en que el resto de partidos no obstaculicen la celebración de un debate plural y nos ponemos a disposición del equipo de la Academia de Televisión para articular nuestra participación en el debate”, concluyen dichas fuentes.

El secretario general del PSOE, Javier García, se ha referido este lunes a la liberalización de la AP-68 y lo ha descrito como un “acontecimiento histórico” porque la gratuidad de la autopista “ha sido durante décadas una reivindicación histórica del tejido social y de las formaciones políticas riojanas y, por fin, será ya una realidad”.

García ha recordado que la AP-68 “iba a quedar libre en 2011, pero una decisión política, tomada en el año 2000 por el Partido Popular en el Gobierno de España, con el señor Aznar al frente, y con el Partido Popular en el Gobierno de La Rioja, con el señor Sanz al frente, prorrogó la concesión de esta infraestructura hasta 2026” Y ha sido un Gobierno del PSOE en el Estado “el que ha tomado la iniciativa de que la concesión se ha acabado”.

El líder de los socialistas ha señalado que la liberalización de la autopista “viene acompañada de una planificación que tiene un objetivo muy claro; que cuando esta autopista esté libre de peaje, se convierta en una infraestructura permeable y que vertebre el territorio”. Se trata de “contar con una vía de alta capacidad gratuita que sirva como eje clave de conexión de La Rioja”.

Por eso, “se han venido planificando una serie de enlaces a lo largo del tramo de la futura autovía”. Y esto, ha añadido García, “va a representar uno de los cambios más importantes para la movilidad de La Rioja en las últimas décadas con un nuevo modelo de movilidad más eficiente, con importantes beneficios para los ciudadanos”.

Es decir, “aquí no solo hay una decisión política de dejar libre la autopista, hay también un trabajo de planificación para que esta vía sea absolutamente permeable al territorio riojano”. Esto también significa “un ahorro para las familias y más competitividad para nuestras empresas”. Javier García ha afirmado que desde que gobierna Pedro Sánchez “estamos asistiendo al mayor ciclo inversor del Estado en La Rioja en materia de infraestructuras”.

Es pronto para saber qué impacto puede causar en el electorado el terrible accidente de Urda y su gestión por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez. Hay que dejar que el tiempo sedimente la valoración. Resulta claro que ha parado la campaña, pero no está tan cierto como parecía que la haya roto. 

Los populares querían que la campaña girase hasta el 29N sobre las responsabilidades políticas de la tragedia, pero ya no quieren porque la dimisión de Óscar Puente y su ejemplar ejecución les ha dejado buscando la manera de evitar dar más explicaciones de su largo historial de evitación de responsabilidades políticas por tragedias, desde Angrois a la Dana. Reanudar la campaña en Valladolid parecía mejor idea hace unos días que ahora. Adiós al perfil de gestor, de vuelta a las orgías y las saunas, Alberto. 

El triángulo del amor bizarro que parecen formar Koldo, OKDiario y el PP ha venido a ponerles a la defensiva en otro asunto donde llevaban varios cuerpos de ventaja: las llamadas cloacas. Mantuvo el PP varias veces durante la legislatura que había que elegir entre mafia y democracia, pero resulta que la mafia andaba por cerca de su casa y pagada con dinero público. 

La campaña del amor socialista ahora es la campaña del no todos somos iguales. Una cosa es que Puente haya hecho lo que tenía que hacer y otra cosa distinta es que eso sea un mérito que deba ser recompensado. Ya dijo Santo Tomás que la virtud nunca puesta a prueba no es virtud. La necesidad no es lo mismo que la virtud. 

A los socialistas no les interesa una elección donde el dilema sea escoger entre quién dimite y quién no lo hace cuando las cosas salen mal y el dolor nos golpea. A los socialistas únicamente les vale una campaña donde el dilema sea derechos o motosierra. Sin embargo, hay algo que les une a ambos: ninguno de los dos grandes parece especialmente cómodo en el terreno de la discusión sobre la gestión ferroviaria. 

A Vox todo le da igual porque ellos han venido a jugar y no les afecta lo que pase, pues ellos únicamente tienen una modelo de campaña y se resume en la idea fuerza de mandar a alguien a la cárcel. Por eso no pararon ni con los muertos y por eso Santiago Abascal va con escolta de casting a la Revuelta. Porque ellos van a lo que van: a lo suyo; sus votantes solos son un instrumento. 

Era un plan sin fisuras mientras Vox subía flotando en la ola de la marea ultra que venía a comerse el mundo. Cuanto más callados estaban mejor les iba. Pero las olas que vienen a cambiar el mundo ya no son lo que eran. Ahora algo van a tener que hacer por ellos mismos para acreditar sus méritos, tras las victorias de Lula en Brasil y los demócratas en las 'midterms' con candidatos y candidatas a quienes Donald Trump deportaría sin dudar.

A la izquierda del PSOE la cosa va con calma, seguramente para no romper nada más. A veces parece como si estuvieran convencidos de que disponen de todo el tiempo del mundo para arreglar sus cosas y a sus votantes no les importará seguir esperando otro rato más. Será por tiempo que no tienen.

El apoyo electoral al PSOE crece a pesar del accidente de tren de Urda (Toledo) en el que murieron 69 personas y la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes a consecuencia de la tragedia. La encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es realizada entre los días 2 y 5 de noviembre –la tragedia se produjo el 28 de octubre y Puente dimitió el 3 de este mes– refleja que los socialistas crecerían en un punto respecto al sondeo anterior, fechado el 25 de octubre. La subida no afecta, sin embargo, a la distancia entre bloques –de casi 14 puntos– ni trastoca la mayoría absoluta de las derechas. El PP continúa siendo la fuerza más votada y junto a Vox alcanza el 50,1% de los apoyos, frente al 36,2% que suman PSOE, el Frente Amplio y Podemos.

Los populares logran el 31,5% de los votos, cuatro décimas por encima que en la encuesta anterior. Los de Alberto Núñez Feijóo crecen, pero el electorado no se ha movido masivamente a su favor ante su estrategia agresiva contra el Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez, al que exigen que dimita –tras pedir la cabeza de Puente y conseguir su salida– a apenas tres semanas de las elecciones del 29N. El PSOE, que se mantiene en la segunda posición, pasa del 27,6% de los sufragios que recogía el sondeo de finales de octubre al 28,6% actual.

Los bloques de izquierda y derecha se mantienen, no obstante, a 13,9 puntos de distancia (una décima más) porque mientras crecen PP y PSOE se da a la vez la caída de los principales aliados de los dos grandes partidos en sus respectivos espectros ideológicos. Vox, que había registrado un notable ascenso en los últimos meses, es el partido que más baja y pasa del 19,8% al 18,6%. Cae, por tanto, 1,2 puntos. La formación de la extrema derecha fue la única que no interrumpió la campaña por la tragedia de Urda.

Por la izquierda, el Frente Amplio también cae del 6,8% del sondeo anterior al 6,1% actual. Y Podemos pasa del 2,7% de la encuesta del 25 de octubre al 1,5% actual, 1,2 puntos menos. Si se suman los apoyos de estas dos fuerzas políticas se llega al 7,6% de los votos, muy lejos del 12,33% que obtuvieron en las generales de 2023, cuando concurrieron juntos bajo la marca de Sumar. La izquierda alternativa no se ve beneficiada, por tanto, por la posible crítica ciudadana que podría haber suscitado la actuación del PSOE ante el accidente ferroviario, la salida de Puente y la asignación de las competencias de Transportes al vicepresidente económico, Carlos Cuerpo.

Pedro Sánchez es el preferido para seguir siendo presidente del Gobierno aunque con un porcentaje del 26% de los encuestados. El 23% prefiere a Feijóo, un 19%, a Abascal y un 13%, al dirigente de ERC Gabriel Rufián. Ada Colau e Irene Montero son mencionadas como las favoritas para estar al frente del Ejecutivo solo por un 3% de los ciudadanos en ambos casos. Llama la atención que un 16% de los votantes del PP prefiere que presida el Gobierno Abascal, aunque un 72% opta por Feijóo.

Además, un 14% de los votantes del PSOE prefiere como presidente a Rufián antes que a Sánchez (al que menciona como preferido el 57% de los votantes socialistas) y entre quienes en 2023 votaron a Sumar el presidenciable favorito es el portavoz de ERC. Lo menciona el 32% de los electores de esa izquierda alternativa, frente al 19% que señala a Sánchez, el 18% que prefiere a Colau y el 11% que opta por Montero.

La valoración de los líderes políticos deja una primera conclusión: la opinión de “muy mala” es la preferida por los encuestados en el caso de todos los candidatos a la Presidencia del Gobierno. El más rechazado es Santiago Abascal, al que dan esa nota un 44,6% de los ciudadanos, seguido de la dirigente de Podemos Irene Montero (40,5%), Pedro Sánchez (40,4%), Ada Colau (35,4%) y Feijóo (30,3%).

Si se suman los porcentajes de quienes tienen una opinión “mala” o “muy mala” de cada líder, la peor parada es Montero, que suma un 65,9% de valoraciones negativas, seguida de Colau (58,8%), Abascal (58,7%), Sánchez (58%) y Feijóo (56,6%). En cambio, Sánchez es el que recibe un mayor porcentaje de valoración positiva. El 41% de los encuestados tiene una valoración “buena” o “muy buena” del candidato del PSOE a la reelección, frente al 40,2% de Feijóo, el 38,9% de Abascal, el 34,1% de Colau y el 29,7% de Montero.

Los votantes más fieles son los de Vox. El 95,2% de los ciudadanos que en las últimas generales, las de 2023, votó al partido de Santiago Abascal lo volvería hacer ahora y solo un 1,8% se marcharía al PP. En el caso de quienes el 23J optaron por los populares el 76,8% mantendría el sentido del voto, pero el 13,5% se iría a Vox y un 3,1%, al PSOE.

Respecto a los votantes socialistas repetiría el 70,5%, si bien el 8,3% elegiría ahora la papeleta del PP, el 7,1%, la de Vox y el 4,8%, la de Frente Amplio. En cuanto a los votantes que hace tres años votaron a Sumar, que entonces incluía a Podemos, ahora el 38% votaría al Frente Amplio, el 13,5% se iría al PSOE y un 11,1% optaría por Podemos.

Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento en Bilbao a “votar en masa” el 29N contra la “involución” que representa PP y Vox. “La única frontera que tenemos entre el avance en derechos y la involución se llama el voto. Apelo a ese voto masivo para ser de nuevo un ejemplo para el mundo”, ha señalado. “Hagamos de nuevo historia”, ha dicho, recordando que el “mundo mira ahora a España” después del freno a la ultraderecha que se ha conseguido en otros procesos electorales como en Estados Unidos o en Brasil“. ”Votemos en masa para cuatro años más de gobierno progresista“.

Sánchez ha recalado este domingo en Bilbao en su tercer acto de precampaña tras el accidente ferroviario de Urda. El viernes arrancó en Valencia, el sábado continuó en Tarragona y ha cerrado en la capital vizcaína un intenso fin de semana con un auténtico baño de masas. El presidente ha llenado una de las salas del Palacio Euskalduna de Bilbao con unas 2.200 personas y decenas de ellas han hecho cola en la calle por la falta de aforo. Euskadi ha dado buenos resultados al PSOE en las últimas elecciones generales. En las de 2023 el PSE-EE ganó en votos, por delante del PNV. Por eso, han sido constantes las llamadas de Sánchez y de los socialistas vascos que han participado en el acto a movilizar el voto y convertir Euskadi de nuevo en un baluarte socialista.

Precisamente Sánchez ha aprovechado que Euskadi ha sido escenario del comienzo de movimientos sociales como el de los pensionistas y sus movilizaciones semanales y de las mujeres en la huelga feminista, para anunciar varias reformas de la Constitución en la próxima legislatura, si es de nuevo presidente del Gobierno, claro, y blindar a través de la Carta Magna la revalorización de las pensiones, y el derecho al aborto. Además, se ha comprometido a que el Salario Mínimo Interprofesional “subirá todos años”, y ha insistido en la necesidad de que conseguir “una mayoría amplia” tanto en el Congreso como en el Senado para seguir en la senda del progreso.

Vestido con la camiseta roja con el lema “la fuerza de la gente”, que le han dado a su llegada al escenario, además de promesas de futuro, Sánchez ha realizado un listado de los logros de su Gobierno, entre los que ha citado, además de la subida del SMI, el incremento en los permisos de paternidad, las ayudas a la dependencia, las becas, la propia revalorización de las pensiones, el 'no' a la guerra o ser de los primeros en reconocer en el ámbito internacional el genocidio de Gaza. Frente a ello, ha contrapuesto a la derecha y ultraderecha que significan PP y Vox. “Tenemos a un Feijóo que dice que si gobierna se acabaron las listas de música en Spotify” ha ironizado recordando unas palabras del líder del PP. “Eso es preocuparse por lo importante, es política de Estado, eso es un canto a la alegría”. “Feijóo no es más triste porque no quiere”, ha dicho. Y ha cargado contra el presidente del PP por decir que formar una coalición con Vox no dependería de él: “No insulte a la inteligencia de la gente”, ha dicho.

También ha criticado que el presidente del PP no quiera ir a la televisión pública y que el líder de Vox, Santiago Abascal para acudir al programa 'La Revuelta' haya exigido que no haya el público habitual del programa. “¿Estos se van a atrever a decirle a Trump que no destinan el 5% del PIB a armamento? ¿O que están contra la guerra de Irak o contra el genocidio de Gaza? Estos tragarán con cualquier cosa”, ha señalado. “Tenemos que votar con fuerza para tener un gobierno valiente y que lo que pasa en España se decida en España”.

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Bizkaia y portavoz en el Congreso, Patxi López, se ha mostrado convencido de que “ganarán por goleada” a “los propagadores de odio, a los que se creen que somos el enemigo abatido” y ha criticado que se haya perseguido a Sánchez desde el comienzo de la legislatura. “Todo lo que hemos soportado, con todo lo que nos han atacado, con todo lo que nos han insultado, amenazado e incluso agredido, a los socialistas, pero especialmente a ti y a tu familia, a Begoña, a tu núcleo más cercano, no has dejado ni un solo día de trabajar por la gente que más lo necesitaba en este país”, ha dicho López, que ha asegurado que bajo el mandato de Sánchez España es “el país más digno de la humanidad”.

Pese a ello, el portavoz socialista ha asegurado que ellos cuentan “con algo que es mucho más poderoso” con lo que “no contaban, la fuera de la gente”, algo que “no es solo nuestro eslogan, es algo que existe y ha existido siempre”. Para López, se trata de “la fuerza de las mujeres que salieron y salen a la calle a luchar por la igualdad, de esos jubilados que todos los lunes en Bilbao salían a exigir pensiones dignas, de los jóvenes que pelean contra especuladores y fondos buitre porque quieren tener su propio proyecto de vida, esas miles y miles de personas que salen a la calle a defender la sanidad y la educación”. “Somos gente que no nos resignamos”. “No estamos dispuestos a que venga nadie a quitarnos nuestros derechos, no queremos que nadie venga a proponernos un retroceso de más de 40 años en este país”, ha señalado.

De igual forma, el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, que también se ha puesto la camiseta con el lema de partido, ha dado las gracias a las “miles de personas que abarrotan el Palacio Euskalduna y a las que no han podido entrar”. “Esto no es un mitin, es una marea socialista que nos va a llevar al Gobierno de España. Andueza ha recordado que el 29N ”se elige entre muros o puentes, privilegios o derechos, miedo o ilusión, el pasado o el futuro“ que ha resumido en ”el PP y Vox, o el Partido Socialista, no hay empate posible: o retrocedemos, o avanzamos“, ha señalado.

Andueza, ha pedido en el acto en el que también ha intervenido la candidata a la alcaldía de Bilbao, Nora Abete, “que nadie se despiste ni se confunda” porque la derecha “dice una cosa y lo quiere hacer es otra”. Ha ironizado en este sentido con que es necesario y “diccionario 'Feijóo-castellano' para hacer la traducción. Y si Feijóo dice, por ejemplo, ”el sistema de pensiones va a petar porque es insostenible“, la traducción es ”que quieren pensionistas sin pensiones“, o si dice ”ser feminista porque me crie con más mujeres que hombres“, la traducción es ”van a eliminar el Ministerio de Igualdad, van a negar la violencia machista y la violencia vicaria, van a eliminar las oficinas de atención y las ayudas a las víctimas, van a derogar la ley del aborto. Os quieren cautivas y sometidas“ ha señalado”.

Frente a ello, ha considerado que Miguel Tellado no necesita traducción, y ha recordado que recientemente en Gipuzkoa, el líder popular pidió el voto para Vox, ya que ese territorio es uno en los que el PP no presenta candidatos al Senado en virtud del pacto con Abascal. “Por si alguien tiene alguna duda: votar al PP es votar a Vox. Y nosotros no vamos a abrir esa puerta. ¡Nosotros, la vamos a cerrar! ¡Y la vamos a cerrar con votos socialistas!”.

El PSOE de Cantabria ha denunciado “un nuevo incumplimiento” del Gobierno autonómico (PP) con las obras de la carretera CA-500 entre el Alto de Laredo y Seña, que es “ya el cuarto y eleva el retraso de los trabajos a nueve meses”.

Así lo ha criticado este domingo en un comunicado su portavoz parlamentario, Mario Iglesias, quien ha lamentado que el consejero de Fomento, Roberto Media, “tampoco” haya cumplido el último compromiso que dio el 21 de septiembre a preguntas de los socialistas en el Parlamento, donde señaló que las obras “terminarían en un máximo de cuatro semanas”.

Iglesias ha incidido en que los trabajos comenzaron el 9 de agosto de 2024 con un plazo de ejecución de 18 meses, “por lo que deberían haber finalizado en febrero de 2026”. Desde entonces, ha denunciado, la Consejería ha ido ofreciendo una sucesión de plazos sobre los que “ha incumplido cuatro veces su palabra”.

“Primero se dijo que estaría en plazo, después que acabaría sí o sí el 30 de junio, a continuación que sería en septiembre y después en octubre”, ha relatado el socialista, que ha añadido que en todas esas ocasiones su grupo ha ido advirtiendo a los 'populares' de la “imposibilidad” de que cumplieran, al tiempo que ha llevado el asunto en reiteradas ocasiones a la Cámara para exigir respuestas.

De este modo, ha aseverado que el Grupo Parlamentario se lo “advirtió” en septiembre y “volvió a tener razón”. “Dijimos que el plazo anunciado por el Gobierno era difícil de cumplir y que bastaba con acercarse a la obra para comprobar su estado. El consejero respondió comprometiéndose a terminarla en cuatro semanas y, una vez más, ha incumplido su palabra”, ha señalado Iglesias.

También ha criticado que los vecinos de Seña “hayan tenido que soportar tal sucesión de compromisos incumplidos” por parte del Ejecutivo del PP, cuando llevan viviendo “una pesadilla durante meses”, afectados por accesos “precarios a sus casas, desvíos de las rutas escolares, pinchazos y reventones y el deterioro de sus vehículos por el estado del firme”.

Por ello, el socialista ha exigido al titular de Fomento que “deje de anunciar fechas de finalización que después no cumple y ofrezca un calendario realista y definitivo”, además de explicar las causas de los “continuos” retrasos y del “incremento” del presupuesto.

“Los vecinos llevan demasiado tiempo sufriendo las consecuencias de esta obra, con molestias que se prolongan mes tras mes. No necesitan otra promesa ni otra fecha para una inauguración, necesitan que la carretera esté terminada de una vez”, ha concluido.

Óscar Puente pilló al Partido Popular el martes con el paso cambiado en la Diputación Permanente del Congreso. Después de una sesión de cuatro horas en la que explicó de forma detallada la gestión posterior al accidente de tren de Urda, presentó la dimisión. Fue una forma de prestar un último servicio al partido. El PSOE no se podía permitir una campaña electoral en la que la continuidad de Puente en el Gobierno permitiera al PP recordarlo en cada mitin. 

Fue una decisión inevitable. Los dos accidentes de la alta velocidad en menos de un año no le dejaban otra opción. De lo contrario, el concepto de responsabilidad política habría perdido todo valor. Como escribí, Puente era el máximo responsable político de la red ferroviaria. Todas las medidas de seguridad habían sido decididas o conservadas por él y su equipo. Algo falló en el centro de control de Atocha para que una persona permitiera al maquinista del AVE continuar la marcha a velocidad normal y que nadie se diera cuenta durante 17 minutos de que podía producirse una catástrofe. 

No soy muy partidario de elogiar de forma desmesurada a los políticos que presentan su dimisión cuando asumen la responsabilidad por un error que quizá no han cometido ellos, pero que ha ocurrido bajo su mando. Pero no se puede negar que Puente decidió sacrificarse por una cuestión de principios y como servicio a su partido y a las ideas que defiende. El PSOE no se podía presentar en la campaña con esta carga y pretender que los votantes habrían olvidado la muerte de 69 personas. 

El PP contaba con que Puente no dimitiría. Creía que le beneficiaría que el ministro siguiera en el cargo. Luego, lo ha presentado como un gesto teatral. “Todo forma parte de un teatro y un circo”, dijo Ester Muñoz. La misma portavoz del PP que intentó colar la mentira de que Ana Mato asumió su responsabilidad al dimitir “tras la crisis del ébola”. Falso. Lo hizo para salvar a Rajoy tras aparecer implicada, por culpa de su marido, en las maniobras de la Gürtel. Este es el nivel de la política actual. Si te descuidas un segundo, te sueltan una pieza de ficción que no está hecha con inteligencia artificial. Un producto de la capacidad humana de vender mentiras en beneficio propio.

Este fin de semana, se reanudan los mítines después de que los partidos políticos se hayan tomado un tiempo para ver cómo debían reanudarlos. Desde el primer momento, el PSOE ha utilizado un argumento que el mismo Puente empleó el día de su dimisión. “No es cierto que todos seamos iguales”, dijo. Pedro Sánchez también lo mencionó de inmediato. 

En el mitin de Valencia del viernes, Sánchez se refirió a las críticas que el PP ha dirigido a Puente, primero por no dimitir y después por hacerlo: “¿Sabéis por qué? Porque el ejemplo de dignidad y de ejemplaridad que ha ejercido Óscar Puente ellos jamás lo practican”. Diana Morant elogió a gritos al exministro y los asistentes empezaron a aplaudir y corear el nombre de Puente. Sánchez se levantó a aplaudir, pero con gesto serio, como si no fuera la imagen que más conviene al partido en estos momentos.

El primero que piensa que ese recurso puede ser efectivo es Alberto Núñez Feijóo. Cómo será la cosa que llegó a decir estos días que se había mostrado “crítico” con la gestión de Carlos Mazón en el día de la dana de Valencia. Fue tan crítico con Mazón que al día siguiente de la tragedia dijo sentirse “orgulloso” de él por estar dando la cara, que le había informado “en tiempo real” de lo que estaba pasando (¿desde el Ventorro?), que viajó a Alicante para abrazarle, que envió a Tellado a Valencia para apoyarle, que dijo en público que había hecho un gran trabajo y que tardó un año en pedir su dimisión hasta que la situación era insostenible. Y que pactó con él mantenerle aforado con el escaño del Parlamento valenciano. 

Una crítica demoledora la que Feijóo hizo a Mazón. Solo un poco más y acaba eligiéndole como candidato a español del año. Su intención era mantenerlo en la presidencia de la Comunidad Valenciana hasta poco antes de las elecciones o hasta que tuviera un candidato en condiciones para sustituirle. Cuando los familiares de las víctimas le insultaron en el funeral oficial, se dio cuenta de que la situación era insostenible. Hasta ese momento, el PP se negó a considerar su renuncia. “La dimisión de Mazón es algo personal”, había dicho Ester Muñoz.

Siempre es igual con el PP. Si hay un alto cargo del partido implicado en la gestión de una catástrofe, la responsabilidad política no existe.

Los 242.000 euros de Eduardo Inda

La noticia apareció en varios medios en junio de este año: la UCO sospecha que el PSOE pagó la defensa de Ábalos y Koldo gracias a la intervención de Leire Díez. Se basaba en conjeturas y algunos comentarios de la exmilitante socialista. Eso llevó a que el juez de la Audiencia Nacional no autorizara a Leticia de la Hoz, la que fue la última abogada de Koldo García, la que le defendió en el juicio del Tribunal Supremo, a publicar quién le había pagado la minuta. Cuando ha podido hacerlo, se ha desvelado una de las últimas incógnitas en relación al caso Ábalos y el intento del PP de utilizarlo para que se condene al PSOE. En otras palabras, conseguir que Koldo siguiera los pasos de Aldama.

Fue la empresa editora de Okdiario la que pagó los 242.000 euros (IVA incluido) que costó la defensa de Koldo. Hay dos facturas que lo prueban, además de las transferencias de dinero. El concepto está claro: “Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García”. El primer pago se hizo después de que Okdiario publicara una entrevista con Koldo en la que este lanzaba insinuaciones sobre Sánchez y su entorno. “Escuché a Sánchez decir que su suegro aportaba 100.000 euros para las primarias”. “Se hizo pitufeo en las primarias con inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos”.

No aportaba ninguna prueba, pero era materia prima muy jugosa para los titulares del medio que dirige Eduardo Inda, que troceó la entrevista en varias entregas. Había que rentabilizar el dinero que había pagado, una práctica habitual en los medios sensacionalistas. Es lo que llevan haciendo toda la vida los tabloides británicos.

Para terminar de redondear la historia, Koldo García envió un audio a la Cadena SER para contar que Alberto Durán, el abogado que ha llevado los casos en los que el PP se ha personado en los tribunales, le ofreció pagar sus gastos de defensa y un millón de euros a cambio de facilitar información contra el Gobierno. Durán desmintió después haber hecho algo así. El dinero tenía que llegar a través de la empresa de Okdiario. “Eduardo Inda era el pagador del PP”, alega Koldo. Las únicas pruebas existentes sobre ese pago se acababan de conocer con la difusión de las facturas hecha por la abogada De la Hoz, pero no hay nada sobre ese millón.

Las entrevistas en Okdiario no ofrecieron ningún titular dramático que fuera decisivo en el juicio, pero lo cierto es que al menos sirvieron para abonar los gastos de abogados. Alguien confiaba en que Koldo tirara de la manta, como se dice en estos casos, y lo que ofreció no fue nada del otro mundo, más allá de la sospecha de que alguien estaba pagando a Koldo, lo que ahora está confirmado. 

El PP puede decir, como ya ha hecho, que Koldo es un preso condenado a una larga pena de prisión y que, por tanto, no se le puede creer. No eran tan selectivos cuando salió la entrevista en Okdiario. Varios dirigentes del PP, incluido Feijóo, dieron como hecho incontestable lo que el exasesor de Ábalos dijo sobre la campaña de Sánchez en las primarias socialistas. 

Aunque algunos medios de la derecha han hecho lo posible para no contar nada del asunto del pago de la defensa de Koldo, al final Eduardo Inda tuvo que hablar del tema en el programa Horizonte, de Iker Jiménez, en el que es tertuliano habitual. “Esto es un montaje”, dijo. Se quejó de que Sánchez dé más credibilidad a Koldo que “a un periodista honrado como yo” (aquí tenían que haber puesto risas enlatadas en el programa). Contó que el acuerdo con Koldo era para hacer “una serie, un libro y una película”. Solo le faltó decir que la película la iba a protagonizar Tom Cruise.

La entrevista se hizo poco antes de que Ábalos y Koldo tuvieran que comparecer ante el juez. Todo el mundo daba por hecho que iban a ingresar en prisión. A ver cómo puedes hacer una película con el protagonista encarcelado. ¿Con marionetas y muchos efectos especiales? Es una explicación delirante y a pesar de eso Okdiario amenaza con querellarse contra eldiario.es por sus informaciones, que se basan en las facturas que pagó el medio de Inda y en el audio que Koldo García envió a la SER.

Hay que preguntarse por qué Inda pagó 242.000 euros al recibir una factura de una abogada que describía el motivo como honorarios y gastos de asesoría jurídica cuando él solo pretendía financiar “una serie, un libro y una película”. Eduardo Inda Productions, la magia de la ciencia ficción al servicio del periodismo de garrafón. 

El PSOE ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral contra la presidenta de Cantabria y líder del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, al considerar que los anuncios económicos que ha realizado y los actos que ha protagonizado en las últimas semanas como jefa del Ejecutivo autonómico, utilizando medios públicos y recursos de la Administración regional para su difusión en plena precampaña de las elecciones generales del 29N, incumplen la ley, por lo que han reclamado al organismo regulador que le imponga una sanción y la multa correspondiente, que puede ir de 300 a 3.000 euros.

En un escrito firmado este pasado viernes por el secretario de Organización del PSOE de Cantabria, Agustín Molleda, y dirigido a la Junta Electoral de Cantabria, los socialistas califican de “electoralista” una serie de intervenciones realizadas en las últimas semanas por Buruaga y su Gobierno, ya que, según denuncian, “forman parte de una campaña de venta de logros y gestión de esta institución, vulnerando los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral, de neutralidad y pudiendo incidir de manera directa en el sentido del voto de los electores en las elecciones generales del 29 de noviembre”.

Estos hechos, según la denuncia presentada por el PSOE y consultada por elDiario.es, pueden infringir el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que dispone que “desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”.

La prohibición alcanza a todos los poderes públicos —estatales, autonómicos o locales—, cualquiera que sea el proceso electoral convocado, por lo que afectaría a la presidenta de Cantabria aunque no sea candidata el 29N y la votación sea de ámbito nacional.

Cuatro actos en cuestión

En concreto, el PSOE señala a Buruaga por cuatro actos celebrados entre el 8 y el 29 de octubre de 2026, es decir, con el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria electoral anticipada que realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya firmados y publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que podrían contravenir la ley electoral. Acostumbrada al mutismo y a protegerse de los periodistas durante toda la legislatura con convocatorias sin preguntas, que han sido incluso denunciadas oficialmente por el Colegio de Periodistas de Cantabria, la presidenta autonómica se ha lanzado a la contienda electoral en las últimas semanas con una serie de comparecencias que ahora están en cuestión por utilizar el altavoz institucional para uso partidista.

Así, el primero de estos actos tuvo lugar el pasado 9 de octubre de 2026, cuando María José Sáenz de Buruaga realizó una visita institucional con motivo del inicio de las obras del nuevo centro de salud de Polanco, financiadas por la Consejería de Salud. En dicho acto estaban presentes varias autoridades públicas, con cobertura de diferentes medios de comunicación, y fue difundido oficialmente por el Gobierno de Cantabria mediante nota de prensa, acompañada de fotografías institucionales.

A preguntas de los periodistas, la presidenta de Cantabria realizó una extensa intervención de contenido “claramente electoralista y partidista”, según el PSOE, criticando al Gobierno de España y defendiendo que el Partido Popular “es la única alternativa política el próximo 29 de noviembre”, lo que se podría incluso entender como una “velada petición de voto fuera del periodo establecido”, añadiendo además su implicación personal al máximo nivel en la campaña electoral para las próxima elecciones generales. “Tenemos la oportunidad de terminar con uno de los periodos más negros de la historia democrática reciente de este país y Sánchez se va a ir del Gobierno con mentiras, con manipulación, con daño, con frentismo, con ruido y con crispación”, llegó a decir Buruaga.

Además, el 16 de octubre de 2026, Buruaga presentó 'Cantabria Alquila' en la sala de prensa de la sede del Gobierno de Cantabria, un proyecto destinado a incorporar viviendas vacías al alquiler asequible mediante garantías de cobro a los propietarios y concesión de subvenciones públicas. Este acto tuvo carácter institucional y se refería a un programa “no operativo”, solo en fase de borrador del decreto, “lo que es llamativo y plantea la duda de si era necesario un acto de esa naturaleza para ello, o se reconvirtió a un acto con contenido claramente electoralista por el periodo temporal elegido para la presentación del mismo”, señalan desde el PSOE.

Durante la comparecencia, la presidenta no se limitó a describir el funcionamiento del programa, sino que hizo balance de resultados de gestión el Ejecutivo autonómico y comparó su política de vivienda con la del Gobierno de España y con el anterior Ejecutivo regional conformado por el PRC y el PSOE.

De nuevo, el 27 de octubre de 2026, la presidenta del Gobierno de Cantabria, junto al consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros (PP), presentaron una segunda reforma fiscal, prevista para el ejercicio 2027. Además de los anuncios de las novedades de esa reforma fiscal para el año siguiente, a lo largo de la comparecencia se realizó una venta de logros de su gestión con el PP en el poder y críticas al modelo fiscal del Ejecutivo central, todo ello desde la sede del Gobierno y con todos los medios públicos a su disposición.

El anuncio incluyó una deflactación del 5% de la tarifa autonómica del IRPF, mínimos personales y familiares, nuevas deducciones, ampliación de incentivos fiscales en vivienda, beneficios a la inversión empresarial y reducción del impuesto sobre trasmisiones patrimoniales. Según Buruaga, beneficiaría a más de 246.000 contribuyentes y supondría un ahorro estimado de 25,2 millones de euros.

“Las medidas que se presentaban estaban en una fase muy inicial, debían incorporarse al proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas y a los Presupuestos de Cantabria de 2027, por lo que aún parece más claro el matiz electoralista de dicha rueda de prensa, ya que en la fecha del acto eran propuestas pendientes de tramitación parlamentaria y el Gobierno autonómico no disponía de mayoría absoluta para aprobarlas por sí solo”, refleja la denuncia del PSOE ante la Junta Electoral.

Tras ello, al día siguiente, el 28 de octubre de 2026, la presidenta del Gobierno cántabro, junto con la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), visitaron la residencia de 'La Caridad' en Santander para anunciar la rebaja de copagos de atención a la dependencia. “No solo del anuncio, sino también del formato del propio acto, puede deducirse el matiz claramente electoralista, con la utilización de medios y recursos públicos, de la presidenta de Cantabria”, reitera el PSOE ante la Junta Electoral.

En su visita anunció una reducción del 20% en los copagos de residencias concertadas, centros de día y ayuda a domicilio, prevista para enero de 2027. Asimismo, anunció un incremento del 20% en las prestaciones por cuidado en el entorno familiar y una mejora del importe de referencia de la ayuda a domicilio hasta 20 euros por hora.

“No estamos ante una información institucional neutra sobre la convocatoria, que es lo único que el artículo 50.1 de la LOREG permite a los poderes públicos y únicamente a los que han convocado el proceso, sino ante un discurso de campaña, en el que la presidenta pone en valor los logros conseguidos desde que ella llegó a la Presidencia de la Comunidad Autónoma en 2023”, concluye el PSOE, para quien la denuncia realizada “no trata de cuestionar la tramitación de nuevos programas de vivienda, las nuevas medidas fiscales o en materia de dependencia, sino la utilización de sus actos de presentación para introducir balances y valores favorables a la gestión del Ejecutivo”.