Jesús Bel (Zaragoza, 1964) lleva toda su vida adulta metido en una cárcel. Pero no como delincuente, sino como párroco. Es miembro de la Orden Mercedaria, que se dedica a los cautivos y, desde que se ordenó sacerdote ha dedicado su tiempo a los presos. Tanto es así, que vive en un piso en el que acogen a presos que se encuentran en permiso penitenciario y comparte techo, plato y conversaciones con ellos. Sean católicos o no.

Ha pasado por cárceles de Lleida y de València. También fue el párroco de la Modelo cuando la cerraron. Pero eso fue justo cuando volvió de Venezuela, donde pasó 24 años en la cárcel de Maracaibo, considerada una de las más peligrosas de Latinoamérica. “Cuando volví a España, me parecía un colegio mayor”, bromea el padre Bel, que muestra en su teléfono un videoclip del grupo de rap Los Catedrátikos, grabado en esa cárcel donde estaba destinado. Mira la pantalla y va contando las armas que los reos muestran orgullosos ante las cámaras. “Era terrible, aunque a mí me respetaban”, cuenta.

Hace décadas de eso y ahora es el referente espiritual de la cárcel de Can Brians, que se ha convertido en noticia porque será el centro penitenciario que el Papa León XIV ha escogido visitar durante su estancia en España. Bel está “en una nube” y quiere aprovechar la llegada del pontífice para derribar prejuicios y evidenciar las carencias de un sistema que, dice, no sirve para prevenir la delincuencia.

¿Qué hace un cura en la cárcel?

Es el encargado de toda acción de la Iglesia y de atender al preso que lo solicite. Pero no nos cerramos a entrar en una conversación con cualquiera, sea creyente o no.

¿De qué habla con los presos?

La cárcel rompe mucho. Estoy en una prisión de preventivos, de gente que está a la espera de un juicio y que tiene mucho miedo. Son personas que pensaban que se comían el mundo, que lo dominaban todo. Y, de repente, van presas y el mundo se acaba. Tienen una vulnerabilidad muy profunda y mucha necesidad de contar con alguien que escuche sin juzgar.

¿Hay muchos creyentes en la cárcel?

Muchos, la verdad. Más que en la calle. Los porcentajes de asistencia a las misas son más altos entre la población presa. Cuando se cae todo, uno tiende a mirar hacia arriba y empiezan a salir intereses que antes no tenían porque estaban metidos en otras cosas.

¿Los presos tienden a sentirse abandonados por Dios?

Hay muchas personas que, para pedir ayuda, necesitan estrellarse muchas veces y muy profundamente. Cuando todo se derrumba, lo primero que aflora es la rebeldía porque los seres humanos tenemos la tendencia a buscar culpables fuera de nosotros. Y el culpable que más aguanta es el de arriba. “Si Dios me quisiera, yo no estaría aquí”. Bueno, igual tú tienes algo que ver con estar aquí, ¿no?.

Pero la cárcel pone a todo el mundo en su lugar, a veces de una manera demasiado dura, y la gente acaba reflexionando. Muchos que habían renegado, acaban en misa.

¿La fe aguanta un proceso penitenciario?

Es la que lo hace sobrellevable. La fe es el alimento de la esperanza y, si la esperanza se pierde, ya no queda nada. Pero no hablo sólo de la fe en Dios, sino también en uno mismo y en las propias posibilidades. Los creyentes decimos que la razón por la que alguien que ha caído en lo más profundo puede volver a creer en sí mismo es porque sabe que Dios sigue creyendo en él.

¿Y los que no creen?

También necesitan fe. El que cree, la tiene enfocada de manera más clara y directa, pero el que no cree en nada todavía puede creer en sí mismo. La fe no es exclusiva del cristianismo, es algo fundamental para no abandonarse.

En menos de un mes tendrán la visita del Papa. ¿Cómo recibió la noticia?

Estamos como en una nube, felices porque el hecho de que venga el Papa hará que el mundo ponga la mirada en la realidad de la cárcel y en esas personas que están al margen, de las que nunca nadie se acuerda. Y, cuando se acuerdan, nunca es para desearles lo mejor. Él les visibilizará y eso les ha dado un subidón de alegría. Les desborda saber que están en el corazón del Papa. Y a nosotros también: lo estamos preparando lo mejor que sabemos y podemos.

En la cárcel cabe todo el mundo, pero no todos los problemas deberían ser tratados en la cárcel

¿Qué mensaje espera que el Papa pueda lanzar al mundo para que cambie la visión que tiene la sociedad sobre los presos y las cárceles?

La pastoral penitenciaria nunca justificará el delito porque es malo y punto. Ahora bien, cuando conoces las historias de los presos, la ausencia de cariño, de familia y arraigo, y los maltratos que han sufrido... Insisto, el delito no se justifica, pero se entiende por qué han ido por el mal camino. Delinquir nunca es la solución, pero no sé qué habría hecho yo en su situación.

Aunque esto no aplica para todos los presos ni todos los delitos, sí los hay que son más víctimas que delincuentes. En la cárcel cabe todo el mundo, pero no todos los problemas deberían ser tratados en la cárcel.

¿Dice, pues, que la cárcel no es la mejor manera de pagar por un delito?

No. La pastoral penitenciaria lleva 40 años defendiendo la justicia restaurativa, porque ni la cárcel ni la justicia punitiva sirven para resolver nada. Sólo castigan el delito; llevan a alguien a la cárcel por algo que ha hecho, pero no resuelven el por qué lo ha hecho. La gente no se hace mejor a base de castigos y represiones.

Las vidas destrozadas pueden ser restauradas, pero sólo con aquello que no tuvieron: amor y comprensión. El Evangelio dice que el mal sólo se puede vencer con el bien. Si lo atacas con mal, el mal crecerá.

Los presos catalanes llevan años denunciando malas condiciones y malos tratos en las cárceles. ¿Qué le cuentan?

El control se consigue con disciplina, que puede ser mayor o menor. Y hay internos que la toleran más que otros. El reglamento penitenciario está muy bien para que todo funcione como la seda, pero no para permitir que nadie piense que las cosas podrían ser de otra manera. El preso entra en una maquinaria que lo modela al estilo de la cárcel. Por eso, cuando se sale, toda lo que se ha trabajado para la rehabilitación no da el fruto que se esperaba.

¿Qué cambiaría de la cárcel?

Haría que mirara más hacia afuera. La cárcel no resuelve el problema ni lo evita. Simplemente sirve para aislar a una persona que ha cometido un delito y estar tranquilos un rato. Pero luego va a salir y no sabemos si mejor o peor. La justicia punitiva no resuelve. La restaurativa, en cambio, estudia por qué alguien ha llegado al punto de delinquir y busca resolver el problema en origen, no sus consecuencias.

En todas las prisiones hay problemas y abusos que no se pueden controlar porque el preso tendrá que demostrar sus acusaciones y es muy difícil demostrar nada en la cárcel

Me gustaría insistir: ¿Le han llegado quejas de los presos relativas a malos tratos en las cárceles?

La disciplina no gusta a nadie y es verdad que puede ser un poco fuerte en determinados momentos. Eso puede llevar, por el lado del funcionario, a cometer abusos y, por el lado del preso, a percepciones un tanto extremas.

En todas las prisiones hay problemas y abusos que no se pueden controlar porque el preso tendrá que demostrar sus acusaciones y es muy difícil demostrar nada en la cárcel. En cualquier caso, los internos se quejan de todo: de la comida, del trato, de que el abogado no les va a ver o de que hay muchos internos para cada profesional.

¿Son quejas legítimas?

En cierto modo sí. Lo que falta, sobre todo, son profesionales. Cuando la custodia se hace con falta de personal, a veces, se tiende a evitar situaciones de colapso con técnicas que pueden llevar a un cierto maltrato.

Sí creo que hay un deseo de la administración de erradicar los abusos, los maltratos y las torturas en las cárceles. Es cierto que se dan, pero también es cierto que no es lo común… Bueno, yo es que he estado en cárceles muy extremas, como la de Maracaibo, en Venezuela y lo que he visto en un lugar y en otro no tiene nada que ver. Aunque es verdad que no debería relativizar tanto.

Un día, un recluso me hizo una reflexión que se me quedó grabada. Se quejaba de la comida y yo le dije que no lo hiciera, porque él, al menos, comía tres veces al día, mientras que en Venezuela, con suerte, se comía una. Y me dijo que él también vivía en una jaula, aunque la suya fuera de oro.

¿Qué es más difícil de conseguir, el perdón de la sociedad o el perdón de Dios?

El perdón de Dios es instantáneo. La respuesta de Dios al pecado, y el delito es pecado, es el perdón. El pecado nos puede parecer algo muy místico, pero para nada: es mucho más común de lo que uno piensa. El pecado es la avaricia que lleva a alguien a atracar, disfrazado de necesidad.

El perdón de la sociedad es otra cosa. Pero, al final, el que cuesta más de conseguir es el perdón de uno mismo. La sociedad condena muy fácilmente, por eso los sistemas penitenciarios restrictivos son los que tienen más éxito. La sociedad tiende a rechazar al delincuente, pero la persona es mucho más que el delito que ha cometido.

Dice que el pecado de la avaricia lleva al robo. Pero muchas veces el robo viene de la necesidad, y eso no es pecado. ¿Tendemos a moralizar los delitos?

Cuando hablo de pecado, hablo de la transgresión. Y eso no es justificable. Personas con la misma historia pueden tener respuestas distintas: frente a la necesidad, la solución no siempre es robar.

Pero hay robos que sí están motivados sólo por avaricia y no por necesidad.

Sí, y son distintos. Y cada cual debe reflexionar de acuerdo a su historia. Si no, creamos el mito de Robin Hood, que se hizo bueno porque ayudaba a los pobres, pero la motivación que le llevaba a robar estaba dentro del esquema de pecado.

¿Robin Hood era pecador?

Sí.

¿El pecado tiene graduaciones?

Naturalmente. Jamás será lo mismo el robo por avaricia que el motivado por necesidad. De hecho, Santo Tomás dice que, en caso de necesidad, todos los bienes son comunes. Por eso, el robo por necesidad es un pecado mínimo al lado del que está motivado por la avaricia, que es uno de los pecados arrolladores: quien lo sufre, nunca tiene suficientes posesiones, poder y placer. Y se mete en una espiral que lleva a toda clase de delitos.

Hay muchos tipos de delitos en la cárcel. Pero yo jamás le preguntaré a alguien por qué está preso. Puedo llevar años hablando con él sin saber qué ha hecho. A mí no me corresponde juzgar; eso es cosa de un juez, que aplicará la ley para una sentencia ajustada. Pero claro, todo depende del dinero que tengas: si puedes permitirte un buen abogado, seguramente la ley te beneficiará más.

Haré de abogada del diablo, si me permite el juego de palabras: Hemos quedado en que un robo motivado por el pecado de la avaricia es mucho peor que uno motivado por la necesidad. Pero, a su vez, es posible que quien roba por avaricia se pueda permitir un mejor abogado y, por tanto, tenga una condena menor que quien lo hace por necesidad. ¿Dónde deja eso la justicia divina? ¿No debería Dios ayudar al más vulnerable?

La justicia divina ya se ha aplicado perdonándolos a ambos. Si uno de ellos pasa más tiempo que otro en la cárcel, eso ya nos corresponde a nosotros. Dios no se tiene que meter en todos y cada uno de nuestros asuntos.

Pero se podría esperar de Dios que hubiera ideado algún tipo de sistema para que el pobre no fuera el más castigado.

Dios ya nos ha dado las herramientas para que nosotros seamos justos.

¿Y lo somos?

No. ¡Y así nos va! [Risas]. Tenemos las herramientas para fomentar sistemas más justos que eviten que se tenga que robar para comer. Pero si ambos tenemos dos manzanas y tú quieres cuatro, pues te vas a llevar las dos que son mías… Y eso no es culpa de Dios. No es justo que le culpemos de lo que no hemos sabido hacer bien nosotros. Pero es cierto que, teniendo esas herramientas, si las hubiéramos sabido usar, habría gente que jamás habría tenido que delinquir.

¿Cree en la reinserción?

Hay personas que sabes, desde el momento que cruzan la puerta, que reincidirán porque el contexto que les llevó a delinquir no se ha quebrado. Siguen siendo lo que eran. Se necesita mucho apoyo y comprensión para reinsertarte. Pero el sistema no siempre colabora.

Cuando existía el subsidio de excarcelación [que quedó substituido por el IMV], este no se cobraba hasta tres o cuatro meses después de salir de la cárcel. ¿Por qué? Pues porque no se podía tramitar hasta que el preso dejaba de depender de la prisión. Y claro, hasta que se formalizaba, eran meses sin ayuda para comer, dormir o vestir. Y hubo mucha gente que volvió a robar. No puedes abrir las puertas de la cárcel y echar a alguien a la realidad sin más.

¿Es por eso que crearon este hogar mercedario? ¿Cómo funciona?

Es nuestra manera de aportar un granito de arena. Damos acogida a los presos que no tienen arraigo o familia y les damos la oportunidad de tener una salida más sosegada. Cuando tienen permisos, sean permisos ordinarios, libertad condicional o tercer grado, los pasan e esta casa y van teniendo un contacto paulatino con la sociedad. Aquí tienen un ambiente tranquilo donde pueden acometer los siguientes pasos sin ansiedad porque, no nos engañemos, es difícil encontrar vivienda y trabajo si vienes de la cárcel.

Hay muchos prejuicios y estereotipos relacionados con todo lo que tiene que ver con la seguridad, como el que relaciona migración con delincuencia.

No hay ninguna relación entre una cosa y la otra. Y es muy injusto que se meta a todos los migrantes en el mismo saco. Claro que habrá algunos que no hayan aprovechado bien su estancia y cometan delitos, pero no son ni mucho menos la mayoría. Creo que tendría que haber un poco más de cultura de acogida, porque no vienen a fastidiarnos la vida a nosotros, sino que vienen huyendo de situaciones extremas. No es por caer en el tópico, pero España también tuvo que migrar una vez para buscar un futuro.

Muchas de las personas que tienen esos discursos lo hacen ondeando la bandera del catolocismo. Como párroco, ¿qué le parece esta instrumentalización de la religión?

Están equivocados. El Evangelio habla de acogida, no de exclusión. Es más, hay un texto en específico, Evangelio de San Mateo capítulo 25, que habla del Juicio Final. Las preguntas de ese examen están ahí y dice que, cuando llegue el final de los tiempos, Dios separará al rebaño y a unos les dirá: “Venid, benditos, porque tuve hambre y me disteis de comer. Y tuve sed y me distéis de beber. Y estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Y era forastero y me acogisteis”. Si un cristiano ha leído eso, no puede señalar y criminalizar a un extranjero. ¿Qué Evangelio lee quien rechaza al inmigrante? Me lo tendrán que explicar.

¿Cree que los líderes de la extrema derecha católica suspenderían el examen del Juicio Final?

Tendrán que poner más interés en prepararlo bien si no quieren suspender, sí. Aunque están a tiempo. Concepción Arenal, que fue una gran criminóloga, tenía una frase muy bonita que, además, estaba en la puerta de entrada en la Modelo: “Odia el delito y compadece al delincuente”. Ni más ni menos.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha nombrado a Jesús Martín nuevo director del Centro Penitenciario de Cuenca tras la jubilación de Jesús Javier Mora, quien ha sido su director desde 2023.

Jesús Martín, salmantino y graduado en Derecho, ingresó en la Administración Penitenciaria en el Cuerpo de Ayudantes en 1991, desempeñando diversas funciones en los centros penitenciarios de Ocaña II, Tenerife y Valencia, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Cuenca.

En 2020 promocionó al Cuerpo Especial y estuvo destinado en la prisión de Teruel. Sus siguientes destinos fueron las subdirecciones de Régimen del Centro Penitenciario de Cuenca y del Centro de Inserción Social de Valencia en 2021. Dos años después asumió la subdirección de Seguridad del Centro Penitenciario de Valencia hasta la actualidad.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que cinco funcionarios de vigilancia han sufrido diversas “heridas, hematomas, magulladuras y torceduras” derivadas de una intervención durante la mañana de este lunes en el centro penitenciario de Ocaña I (Toledo).

Desde el sindicato exponen que el suceso ha tenido lugar en el módulo de enfermería de este centro penitenciario cuando un interno “se negó de manera persistente, activa y vehemente a que los servicios sanitarios le administrasen el tratamiento pautado bajo indicación médica. A pesar de las reiteradas órdenes impartidas tanto por los funcionarios presentes como por los jefes de servicio, el interno mantuvo en todo momento una actitud desafiante, agresiva y de absoluta resistencia”.

Apuntan que el estado de alteración del interno ha propiciado que fuese “necesaria” la actuación coordinada de ocho funcionarios de vigilancia procedentes de otros módulos del centro.

“El interno, que se encontraba en ese momento dentro de su celda, recibió a los trabajadores con una fuerte resistencia física. Tras varios minutos de intensa pugna los funcionarios lograron reducirlo aplicando los protocolos de actuación establecidos y el personal sanitario pudo administrarle el tratamiento”, explican desde CSIF.

Aseguran que “como consecuencia directa del enfrentamiento” cinco funcionarios han resultado lesionados.

Desde CSIF exponen que este interno en concreto “ha protagonizado durante su estancia en Ocaña I diversos episodios de conflictividad e inadaptación al régimen ordinario de vida penitenciaria, mostrando conductas agresivas y alteraciones regimentales en distintas ocasiones”. Por este motivo, el sindicato solicita formalmente el traslado del interno en una conducción especial y directa “a un centro penitenciario mejor preparado para el control y tratamiento de internos de estas características”.

Reivindican la “falta de protección jurídica” de los empleados penitenciarios

CSIF lamenta “la falta de protección jurídica que continúan sufriendo los empleados públicos penitenciarios” en el ejercicio de sus funciones, al “no ser reconocidos todavía como agentes de la autoridad pese al elevado riesgo y exposición permanente que asumen diariamente”.

Explican que en España solo existen dos Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios, situados en Alicante y Sevilla, “lo que provoca que muchas enfermerías de centros penitenciarios terminen funcionando como auténticos ‘psiquiátricos encubiertos’, sin los medios especializados suficientes para hacer frente a este tipo de perfiles especialmente conflictivos y complejos”.

CSIF también señala que “la semana pasada se produjo un incidente en Ocaña II durante el recuento de los internos, y en mayo del pasado año se produjo en Ocaña I una pelea multitudinaria entre internos en el que un funcionario resultó herido”. Sl sindicato apunta que, “a pesar de que no son trasladados a medios, los episodios violentos en los centros penitenciarios son muy frecuentes”.

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia dirigida al Departamento de Bienestar Social del Gobierno de Aragón para que, una vez estudiadas las necesidades de las personas excarceladas y los recursos existentes, valore la posibilidad de adoptar o impulsar las actuaciones precisas –en coordinación con las instituciones centrales del Estado– con el fin de favorecer su reinserción y evitar situaciones de exclusión social.

La actuación se produce tras la queja presentada por una coordinadora de entidades sociales que trabajan en los centros penitenciarios de Zuera y Daroca (Zaragoza), que alertó de las consecuencias derivadas de la supresión del subsidio de excarcelación a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2024.

La sustitución de esta prestación por el ingreso mínimo vital genera un período de carencia económica que puede extenderse de los dos meses habituales hasta doce o incluso dieciocho meses, dado que muchas personas privadas de libertad no pueden cumplir los requisitos exigidos para acceder al IMV –entre otros, la constitución de una unidad de convivencia con seis meses de antelación, la vida laboral mínima, el empadronamiento previo o la tramitación telemática–.

El Departamento de Bienestar Social y Familia informó a la institución de que la gestión del IMV corresponde a la Administración General del Estado y que las personas excarceladas pueden solicitar la Prestación Aragonesa Complementaria si cumplen los requisitos establecidos. Asimismo, señaló que la supresión del subsidio de excarcelación fue una decisión del Gobierno de España y que es este quien debe asumir la responsabilidad de corregir sus consecuencias.

La Justicia de Aragón reconoce que las cuestiones relativas a la regulación estatal del IMV son competencia del Defensor del Pueblo, al que ya se remitió la queja en su momento.

Sin embargo, en el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de acción social, considera oportuno que el Gobierno de Aragón analice la situación de este colectivo y estudie qué actuaciones adicionales podrían adoptarse en coordinación con el Estado para cubrir el período de desprotección económica que atraviesan estas personas a su salida de prisión, con el fin de facilitar su reinserción social y laboral y evitar su caída en circuitos de exclusión social.

Los padres de los tres menores -dos gemelos de 8 años y un niño de 10- que durante cuatro años permanecieron autoconfinados sin contacto alguno con el exterior en un chalé de la zona rural de Oviedo, bautizada por el operativo policial que los liberó como 'la casa de los horrores', han sido condenados por la Audiencia Provincial de Asturias por su responsabilidad penal en sendos delitos de violencia psiquica habitual en el ámbito familiar y abandono de familia.

El matrimonio ha sido absuelto del delito de detención ilegal que le atribuían la Fiscalía y la acusación particular ejercitada por la Letrada del Menor de la administración del Principado de Asturias.

Las penas impuestas

El tribunal de la Sección Segunda ha impuesto al alemán Cristian S., de 53 años, y a su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad -alemana y estadounidense-, una pena individual de dos años y cuatro meses de cárcel por el delito de violencia psíquica habitual en el ambito familiar, a la que se suma otra condena de seis meses de prisión por el delito de abandono de familia.

Los magistrados han condenado igualmente al matrimonio a la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento durante tres años y cuatro meses, y le prohíbe aproximarse a los menores a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de estudio o cualquier otro que frecuenten durante tres años y cuatro meses.

Una indemnización

A esta condena añaden otra pena de privación a la tenencia y porte de armas durante cuatro años y seis meses y, en concepto de responsabilidad civil, la Sala cifra el pago de una indemnización para cada uno de los tres menores de 30.000 euros.

Las dos acusaciones solicitaban penas mucho más duras para el matrimonio. Así, la Fiscalía y la acusación particular interesaban sendas penas para cada miembro de la pareja de 25 años y 4 meses de cárcel.

El miedo “insuperable”

La sentencia, notificada este lunes, echa por tierra las argumentaciones de Christian S., y Melissa A.S., quienes a través de sus abogados defensores, Elena González y Javier Guillermo Muñoz Pereira, respectivamente, pedían la libre absolución al sostener que la pareja sentía “un miedo insuperable” a que contrajeran el Covid–19 y estaba convencida de que la mejor solución era el autoconfinamiento familiar.

En su alegato final, durante el turno de última palabra en el juicio, en la sesión celebrada el pasado 19 de marzo, los padres aseguraron que ellos “querían lo mejor para los niños” y creían que no estaban cometiendo delito alguno por aislarlos del mundo exterior para que no contrajeran enfermedad alguna, ya que ellos tenían covid persistente y no querían que sus hijos tuvieran también secuelas.

Durante su declaración ante los magistrados de la Sección Segunda incluso se mostraron muy receptivos a colaborar con la administración del Principado, que tiene actualmente a los tres hermanos acogidos en un centro tutelado, para seguir las pautas que fueran necesarias de cara a un futuro reagrupamiento familiar.

Los menores, en un centro tutelado

Desde la administración autonómica se intentó que los menores pudieran ser acogidos por algún familiar directo para que no se perdiera el arraigo. Contactaron con los abuelos, que residen en Estados Unidos (EEUU). Al conocer lo ocurrido, se desplazaron hasta Asturias y mantuvieron encuentros con los menores. Sin embargo, no podían hacerse cargo de ellos, por lo que a día de hoy continúan en un centro tutelado.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, ha constatado la buena evolución de los menores. La Dirección General de Infancia y Familias asumió en el ámbito de sus competencias de protección de menores la custodia de los tres menores a instancias de la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Adaptados a la nueva vida

“Los menores se encuentran en acogimiento residencial en uno de los centros dependientes del Principado, donde se les está garantizando su mayor bienestar”, ratificó la consejera.

Los niños tratan de sobrellevar esta separación de sus padres y adaptarse a esta nueva vida junto a otros menores supervisados por un equipo multidisciplinar de profesionales en un entorno muy diferente. Inicialmente han tenido que aprender incluso el idioma, ya que toda la familia se relacionaba en inglés e incluso en el juicio los padres declararon con intérprete.

Cuatro años de aislamiento

Su imagen actual nada tiene que ver con la que se encontraron el 28 de abril de 2025 los policías locales que accedieron a la vivienda familiar y que ellos mismos describieron como un entorno de condiciones infrahumanas, con pañales manchados tirados por el suelo, escombros y excrementos. De hecho, a pesar de su edad, los menores que siempre iban provistos de tres mascarillas, aún usaban pañales y estaban sin escolarizar.

Durante los cuatro años que duró el autoconfinamiento, entre los meses de diciembre y abril de 2025, la familia se movía por el interior de la casa sin apenas hacer ruido, prácticamente a oscuras, sin televisión, ni conversaciones o juegos infantiles que pudieran despertar las sospechas de los vecinos.

La perplejidad de los vecinos

Solo el padre estaba empadronado en la vivienda y todos los pedidos de alimentos y otros productos que precisaran para el día a día eran adquiridos a través de internet y recogidos por Christian S., por lo que la sorpresa para los vecinos de la zona, al comprobar que durante todo ese período de tiempo habían residido en su interior cinco personas fue mayúscula, según ellos mismos explicaron a elDiario.es Asturias.

El matrimonio llegó a Asturias en octubre de 2021 y alquiló un chalé individual a escasos metros del convento de las Carmelitas Descalzas, donde viven monjas de clausura. Apenas hay una decena de casas más en los alrededores por lo que a priori parecía el entorno perfecto para pasar desapercibido.

Las sospechas de una vecina

Y así ocurrió hasta que a una de las vecinas le pareció haber visto movimiento en una de las ventanas de la viviendas y finalmente lo puso en conocimiento del Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu. Su llamada activó todo el operativo policial que desembocó en la detención del matrimonio y la liberación de los tres hermanos. Tras comparecer en el juzgado de instrucción, los padres de los tres menores fueron trasladados hasta el Centro Penitenciario de Asturias, donde permanecen ingresados desde abril de 2025.

La Policía Local llegó a manifestar su perplejidad no solo al ver el estado de los menores y el estado de la casa donde han estado autoconfinados durante cuatro años, sino también por ver las reacciones de los hermanos al salir al exterior. Los propios agentes indicaron que los niños, nada más ver el jardín, empezaron a “respirar profundamente” e incluso uno de los menores llegó a sorprenderse al tocar la hierba “como si fuera la primera vez que lo hacía”.

La expectación mediática

El juicio contra el matrimonio se celebró el pasado mes de marzo. El tribunal acordó que la vista oral se celebrara a puerta cerrada, lo que no restó un ápice de expectación mediática, ya que incluso se desplazaron hasta la sede de la Audiencia Provincial de Asturias en Oviedo periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión y de productoras tanto de Asturias, como de Galicia, Madrid e incluso de Alemania y Luxemburgo.

Tanto a la entrada como a la salida de cada sesión del juicio, las defensas reiteraron que no existía una “casa de los horrores”, como describió la Policía Local de Oviedo/Uviéu la vivienda familiar por la escena que se encontraron durante la intervención.

Las interpretaciones

Los abogados Javier Guillermo Muñoz Pereira y Elena González consideraron que el caso debería haberse llevado desde un principio a través de la vía asistencial y mantuvieron durante todo el proceso que la vía penal no era la adecuada.

“No hay ninguna casa de los horrores. Eso no existe aquí. Lo que ha habido es una situación de aislamiento voluntario. Una familia que no ha abandonado a sus hijos, sino todo lo contrario. Se ha volcado en sus hijos de una manera quizá extravagante o heterodoxa, lo podríamos llamar, pero desde luego no criminal”, aseveraron.

Una vez examinado con detalle el caso, los magistrados de la Audiencia Provincial de Asturias han llegado a la convicción de que el matrimonio incurrió en un delito de abandono de familia y de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar en una sentencia que no es firme.

La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a una mujer a cuatro años de prisión por un delito de lesiones con instrumento peligroso y deformidad, tras lanzar un vaso de cristal al rostro de otra mujer en una discoteca de Logroño durante la madrugada de Año Nuevo de 2024.

La sentencia considera probado que la acusada, en el momento de los hechos de 27 años de edad, golpeó de forma sorpresiva a la víctima, de 33 años, con un vaso de cristal en el interior de la discoteca “Macao”, causándole diversas heridas en la cara, nariz, labio superior y párpado izquierdo. Según recoge la sentencia, la condenada “en un momento determinado y sin mediar razón alguna que justificara tal acción, fue a buscar un vaso de cristal que a continuación arrojó directamente y con fuerza contra la cara de la víctima”.

Como consecuencia de la agresión, la víctima precisó tratamiento médico y quirúrgico con varios puntos de sutura y tardó 109 días en curar. Además, le han quedado diversas cicatrices permanentes en el rostro, valoradas por el tribunal como perjuicio estético moderado, así como secuelas psicológicas derivadas de un trastorno por estrés postraumático.

La Sala fundamenta la condena en las declaraciones coincidentes de la víctima, de varios testigos presenciales y del propietario del establecimiento, quienes relataron que la acusada lanzó deliberadamente el vaso contra la cara de la perjudicada desde corta distancia y con fuerza suficiente para romper el cristal al impactar.

El vaso de cristal, “un instrumento peligroso”

El tribunal destaca que el vaso de cristal utilizado constituye un “instrumento peligroso” conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, debido a su capacidad lesiva y al riesgo generado por su utilización directa contra el rostro de la víctima.

Asimismo, la resolución judicial aprecia la existencia de deformidad al considerar que las cicatrices faciales son visibles, permanentes y alteran de forma relevante la armonía estética del rostro. La sentencia subraya que estas secuelas afectan a zonas especialmente visibles de la cara y que una eventual cirugía estética no elimina la consideración jurídica de deformidad.

La Audiencia rechaza igualmente aplicar una atenuante por consumo de alcohol solicitada por la defensa al no existir prueba suficiente de que la acusada tuviera afectadas sus capacidades en el momento de los hechos.

Además de la pena de prisión, la condenada deberá indemnizar a la víctima con 45.260 euros por las lesiones y secuelas sufridas. En ejecución de sentencia se valorarán los gastos del Seris, que también deberá abonar. La sentencia, que no es firme por haber sido recurrida ante el TSJ de La Rioja, acuerda también la sustitución de parte de la pena por la expulsión de la acusada del territorio nacional a su país de origen durante seis años, una vez cumplida la mitad de la condena o acceda al tercer grado o libertad condicional.

Los trabajos por recuperar la memoria de quienes sufrieron las represalias de la dictadura franquista siguen saliendo a la luz. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Cuenca suma ahora a sus 13 fancines memorialistas y dos libros, una nueva publicación: ‘Memorias de un exterminio planeado: Huete, Tarancón y Uclés’.

Este libro, que se presenta el próximo viernes, día 8 de mayo, en la Biblioteca Municipal de Luis Rius de Tarancón, nace del trabajo de casi 22 años de recopilación de material documental y de la colaboración de personas de muy diferentes latitudes.

La edición, ilustrada por Diana Abellán, dispone además, de unos códigos QR para ver y escuchar “a quienes sufrieron la victoria golpista contar su experiencia en primera persona”.

Según apunta la ARMH, a través de su pluma y de su voz, este libro recoge los testimonios de quienes pasaron por las prisiones y campos de concentración de la provincia de Cuenca.

Versos y relatos

“Los versos agrestes jornaleros o el relato de las celdas del nacionalcatolicismo victorioso recorren la sinuosa ruta de la memoria que busca sortear la senda del olvido”, apunta el colectivo. Todos ellos tienen el común los centros de detención de Caracenilla, Villarrubio, la Peraleja y Barajas de Melo, los del partido judicial de Huete y Tarancón, así como la Prisión Central Monasterio de Uclés.

En la asociación afirman no haber tocado “ni una coma” de estos relatos del “ensañamiento cotidiano” que sufrieron estas personas por parte de la dictadura franquista.  

Destacan que se trata de un tema muy complejo que “no resiste simplezas argumentales equidistantes”, planeadas también, que “buscan desde su creación por la propaganda fascista, velar los hechos históricos que estas memorias nos cuentan”. En el libro, por último, un anexo documental refuerza los testimonios donado.

Una red que operaba en Asturias tenía escondido un auténtico arsenal de armas que acaba de ser intervenido por la Policía Nacional en un operativo en el que han sido detenidas cinco personas como presuntas integrantes de la organización.

Los registros han permitido incautar 53 armas de fuego, entre las que había un subfusil de guerra, bastones-pistola y bastones-estoque que ocultaban en su interior mecanismos de disparo o armas blancas, además de 9.000 cartuchos de distintos calibres, componentes esenciales para la fabricación de las armas, pólvora, así como 10.000 euros en efectivo.

Pero no era el único material intervenido. Además, los agentes localizaron en los registros domiciliarios varias piezas del Patrimonio Histórico Artístico como monedas romanas y objetos egipcios.

Las vigilancias al cabecilla

No obstante, la investigación aún se mantiene abierta ya que las actuaciones policiales no se han dado por concluidas para el total esclarecimiento de los hechos destapados en la que ha sido denominada como “Operación Storages”.

La Jefatura Superior de Policía de Asturias llevaba detrás de este grupo desde el pasado mes de agosto, cuando los agentes comenzaron a someter a vigilancias al considerado como principal cabecilla. Se trata de un vecino de Gijón/Xixón que disponía de un trastero en el barrio de Laviada que, según los investigadores, utilizaba como taller clandestino para fabricar, reparar, modificar y distribuir las armas de fuego.

Ocho meses de pesquisas

A este operativo policial se asignaron policías de las Brigadas de Información de Oviedo/Uviéu y Gijón/Xixón, en una actuación coordinada con la Comisaría General de Información.

A lo largo de los ocho meses de pesquisas, los agentes constataron que el principal investigado, que cuenta con antecedentes por hechos similares, permanecía largos periodos en el interior del local, donde empleaba maquinaria especializada, como torno profesional y equipos de soldadura industrial.

Los proveedores y los clientes

En estas vigilancias se pudo comprobar que realizaba la recarga de cartuchería metálica, para la que disponía de herramientas específicas, así como de pólvora y vainas. A través de estos seguimientos también se constató que se dedicaba a la compraventa de munición “al margen de los cauces legales establecidos”, señalan desde la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

Como resultado de la investigación, se logró identificar a varios proveedores y clientes de este entramado. Con autorización judicial del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón/Xixón, se practicaron nueve registros domiciliarios en las localidades de Oviedo/Uviéu y Gijón/Xixón.

Piezas del Patrimonio Histórico Español

En los registros, los agentes intervinieron un total de 53 armas de fuego, cerca de 9.000 cartuchos de distintos calibres, pólvora, componentes esenciales para la fabricación de armas y diversas armas prohibidas, además de 10.000 euros. Entre el material incautado destaca un subfusil de guerra, así como bastones-pistola y bastones-estoque, que ocultan en su interior mecanismos de disparo o armas blancas.

Además, en uno de los registros realizados en Gijón/Xixón se localizaron diversas piezas que podrían estar integradas en el Patrimonio Histórico Español, entre ellas ánforas, lámparas de aceite, monedas de época romana, puntas de flecha y objetos de origen egipcio y precolombino. El origen de estos efectos se encuentra actualmente en investigación.

Los delitos imputados

Tras la detención de los cinco investigados, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional del principal implicado.

A los detenidos se les imputa su presunta autoría en delitos de tráfico de armas, depósito de armas, depósito de armas de guerra, depósito de municiones, tenencia de explosivos y tenencia ilícita de armas prohibidas.

La Junta de Castilla y León investiga el supuesto “acoso y hostigamiento laboral” que han denunciado dos profesores de la cárcel de Dueñas, en Palencia, según unos escritos de la Dirección Provincial de Educación fechados a 30 de marzo a los que ha tenido acceso elDiario.es. La situación ha llegado a tal punto que han tenido que cogerse la baja médica por ansiedad. Los docentes presentaron en febrero dos denuncias ante la Inspección de Trabajo contra Educación. Denuncias que han sido ampliadas en cinco ocasiones: protestan por una situación límite en la que domina la imposición, se les ha prohibido el uso de teléfonos móviles, inspeccionado sus armarios, desautorizado y despreciado en público y frente a los presos e interrogado a sus alumnos sobre su rendimiento, entre otros.

Estos profesores de la cárcel cargan contra la Inspección educativa, a la que acusan de no haber actuado con suficiente agilidad. También han pedido amparo al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para que evalúen “el entorno laboral existente”. Tras las denuncias, el 6 de abril se ha constituido la Comisión de Estudio y Análisis de Violencia Interna en el Trabajo. Instituciones Penitenciarias se ha abstenido de hacer comentarios porque es una competencia de Educación.

Los docentes denuncian que el inspector de Educación, R. P., ha encubrierto la situación desde hace años. Recientemente acudió a la unidad y amenazó explícitamente con abrir un expediente disciplinario ante cualquier nueva queja: “Mi paciencia tiene un límite. Hoy se ha terminado. Cualquier queja que tenga, alguien que me denuncie lo que sea, lo siguiente va a ser un expediente disciplinario”, manifestó el inspector de Educación ante los docentes, según ha podido comprobar elDiario.es.

Un inspector cuestionado

Ahora, temen que la Administración tome represalias, puesto que su proyecto de continuidad podría suspenderse o no renovarse dada la actitud del inspector de Educación, que insinuó que lo que movía a los profesores era la “frustración”, algo que ellos niegan. “Yo entiendo que haya gente que tenga alguna frustración, lo puedo respetar porque esperaba algo y no lo ha obtenido. Puedo aguantar la negativa a la autoridad que hay de determinadas personas, pero aquí se viene a trabajar, a cumplir las normas y se ha acabado y no hay más discusiones. Y cuando no hay consenso, porque no hay forma de ponerse nadie de acuerdo, las decisiones las tomaré yo”, expresó el inspector de Educación, que el año pasado presidió la Comisión de Evaluación que decidía la renovación de la directora del CEIP El Cruce de Castilla, en Venta de Baños. El juez ve indicios de que se hayan cometido unos delitos de falsedad documental y usurpación de funciones públicas, por lo que ha entregado el caso al Juzgado de lo Penal.

El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Palencia ha anulado la resolución del centro venteño y ha resuelto que la denegación de la renovación no fue conforme a derecho. El juez también ha considerado que el inspector trató de “manipular” a los miembros del Consejo Escolar y “mediatizar lo que se aprobase”. Este trabajador público actuó e intervino en sesiones a pesar de que había sido formalmente recusado días antes.

“Metemierda y manipulador”

En septiembre de 2025 entró una nueva directora, que empezó a aplicar modos “intimidatorios” e incluso les advirtió que podía apartarlos del centro. A principios de este año, la coordinadora llegó a insultar a uno de los profesores —“metemierda y manipulador”—, según consta en las denuncias. Al día siguiente, obligó a este mismo profesor a vaciar su armario personal mientras profería acusaciones como que 'nadie le quería' o que le despedían “de todos los sitios”. “Lejos de reconducir la situación, el gestor académico justificó la actuación de la coordinadora y se dirigió posteriormente a una compañera y a mí, reprochándonos que ”no podíamos estar así“, pese a que no habíamos generado conflicto alguno y nos encontrábamos en ese momento impartiendo clase en un aula de la planta baja con alumnado”, señala la denuncia ante Inspección.

Otra docente denuncia también que la coordinadora ha entrevistado a sus alumnos del módulo 9 —el de los presos de régimen cerrado— para fiscalizar su labor docente a sus espaldas y ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil porque la coordinadora intentó quitarle el móvil durante una reunión.

El equipo docente de la prisión cuenta con cinco trabajadores, además del coordinador. Aunque no de manera jerárquica, la directora de la cárcel también es una figura importante. La denuncia ante Inspección señala que la directora de la cárcel reconoció que había “problemas existentes” desde hacía varios meses, pero que se habían “pasado por alto”, lo que había sido un “craso error”.

Denuncia por comentarios vejatorios, sin respuesta

Una de las profesoras informó a Inspección en noviembre de 2024 de que había sufrido “comentarios vejatorios y de connotación sexual” del anterior coordinador del centro, incluso amenazas, pero no recibió ninguna respuesta concreta sobre el protocolo de prevención de riesgos psicosociales ni se abrió una investigación formal ni se evaluó su riesgo. Tampoco se adoptaron medidas preventivas, según denuncia la víctima, que dice haber sufrido un “señalamiento” dentro del centro.

El profesor que denuncia ahora a Inspección señala que cuando vio que una compañera suya estaba siendo “víctima de una situación de acoso continuado” por el excoordinador. “Se me trasladó desde el primer momento que existía una compañera ”problemática“ y que el profesorado debía unirse para apartarla del centro. Tras más de un mes de convivencia profesional, pude constatar que ella estaba siendo víctima de una situación de acoso continuado por parte del entonces coordinador de la unidad, que se prolongaba desde hacía más de dos años”, señala en su escrito.

“Marginación profesional”

Independientemente de esta situación, los dos estaban trabajando para presentarse al equipo directivo del CEPA San Jorge de Palencia —al que está adscrita la unidad educativa de la cárcel de Dueñas—, hasta que, durante el verano, se les sugirió que iban a quedarse fuera del proyecto. Denuncian que esta exclusión se ejecutó “sin comunicación previa, sin notificación formal y sin ninguna justificación o explicación por escrito”. A pesar de sus escritos, nunca obtuvieron una respuesta formal ante lo que consideran una “marginación profesional”.

Este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Álava el juicio contra J.R., presunto asesino de una mujer de 32 años en Vitoria en el año 2023. La víctima era su pareja y en el momento de los hechos se encontraba embarazada de mellizos. El presunto agresor, que tenía al menos dos denuncias en Castellón y otra más en Torremolinos por violencia machista contra la mujer y contaba con una orden de alejamiento que había sido quebrantada, le asestó 13 cuchilladas delante de su hija de tres años, a la que dejó junto al cuerpo sin vida de su madre sin agua ni comida, a la que encontraron 20 horas más tarde de lo sucedido en el día de las elecciones municipales y forales.

La Fiscalía solicita 45 años de prisión para el acusado: 25 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con agravante de parentesco y motivos de género; ocho años de prisión por cada uno de los dos delitos de aborto con agravante de parentesco, por la muerte de los mellizos y cuatro años de cárcel por delito de abandono de un menor. Además, solicita que indemnice con 500.000 euros a la hija de ambos y con 250.000 euros al padre de la víctima, así como la retirada de la patria potestad respecto a la niña.

Las acusaciones también solicitan 45 años de prisión al considerar que asestó las 13 cuchilladas a la mujer, lo hizo “con intención de matarla” y era “plenamente consciente de sus actos”. En el caso de la menor, las acusaciones lamentan que como consecuencia del impacto emocional sufrido por aquella traumática experiencia, presenta secuelas psicológicas que se traducen en dificultades de socialización, retraso en el lenguaje y afectación emocional “significativa”.

Por el contrario, la defensa reclama la libre absolución, puesto que argumenta que cuando la acuchilló el acusado sufría una “desconexión brusca de la realidad”, en un “episodio disociativo” o “automatismo zombi”. El juicio, con Tribunal del Jurado, se alargará hasta al próximo 15 de mayo y contará con las declaraciones de más de 40 testigos, además de técnicos, agentes y peritos.

Los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 2023, cuando J.R. presuntamente asestó 13 cuchilladas a la que era su pareja en un apartahotel de la capital alavesa. Según informó el Departamento de Seguridad tras el suceso, la pareja se alojó en enero con un nombre falso en el apartahotel, algo que llamó la atención del propietario y, al llamar a la Ertzaintza para comunicárselo, se percataron de que había un expediente de violencia de género abierto por la Policía Nacional y una orden de alejamiento interpuesta por un juzgado de Torremolinos que estaba siendo quebrantada.

Debido a estas informaciones, el por aquel entonces vicelehendakari y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, realizó una comparecencia de urgencia en la que explicó que “la Ertzaintza en ese momento entrevistó a la mujer y esta confirmó que había un expediente de violencia de género, pero que no se sentía agredida ni en peligro, por lo que quería mantener la relación y que la orden de alejamiento desapareciese”.

Después de aquello, según confirmó Erkoreka, “no se tiene más contacto” con la pareja, que “desaparece del escenario vitoriano” hasta el 18 de mayo, donde se le vuelve a entrevistar a la mujer, no obstante, Erkoreka confesó “no tener constancia” de si se realizaron entrevistas al presunto asesino, ya que “la fuente primordial de información en este caso fue la víctima” y, al ser preguntado que por qué no fue detenido por haber quebrantado al menos en dos ocasiones la orden de alejamiento, respondió que no tenía ese dato. “En mayo la víctima vuelve a asentir que el quebrantamiento de la orden de alejamiento es consensuado y que su pareja no generaba miedo en ella”, detalló Erkoreka, sobre la segunda entrevista que le realiza la Ertzaintza a la mujer cuando esta regresa a Vitoria.

La mujer, que se encontraba registrada en el hotel otra vez con un nombre falso, quedó para comer con su familia el día del suceso, pero al no aparecer, sus familiares acudieron al apartahotel y hallaron el cuerpo sin vida y, junto a él, la menor hija de ambos. Según las investigaciones realizadas por la Ertzaintza a partir del visionado de imágenes del apartahotel, Erkoreka confirmó que el culpable del asesinato “podría ser él [haciendo referencia a la pareja] por una serie de movimientos que se detectan, aunque no con claridad”. A partir de ahí las indagaciones realizadas en las horas siguientes del suceso llevaron a concluir que el presunto asesino habría abandonado Euskadi esa misma tarde, pudiendo ser interceptado y detenido por la Guardia Civil cuando viajaba en un taxi por la AP-68 a la altura de la provincia de Zaragoza. Desde entonces permanece en prisión.

La actuación de la Ertzaintza suscitó grandes críticas y un cambio en el protocolo a raíz de este caso. Erkoreka llegó a manifestar que “no es fácil proteger a una víctima que no se percibe en peligro” otras Fuerzas de Seguridad del Estado dejaron claro que quebrantar una orden de alejamiento dictada por un juzgado es delito, por mucho que la víctima a la que se busca proteger consienta o facilite el acercamiento del agresor. Además, la mujer figuraba como víctima de “riesgo extremo” en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen, pero la Ertzaintza rebajó su calificación a “riesgo bajo”. Al parecer, los archivos de la Policía Nacional del sistema VioGen y los de la Ertzaintza del sistema EVA no estaban conectados. También falló la propia valoración que efectuó la Ertzaintza sobre el caso. 

Por ello, desde aquel caso la valoración que hace la Ertzaintza nunca baja de la consideración que trae de otras comunidades, al menos en un primer momento y ahora la Ertzaintza asume la orden de detener siempre a quien incumple la orden de alejamiento por mucho que la víctima consienta el acercamiento.

Los tres integrantes de una banda especializada en robos con fuerza elegían siempre como víctimas a los empresarios de origen asiático. Vigilaban todos sus movimientos cuando se encontraban en los polígonos industriales donde tenían sus almacenes y, una vez que ya les tenían en su punto de mira, controlaban sus lugares de residencia y los horarios en los que sus domicilios se encontraban vacíos para ejecutar sus acciones delictivas.

Banda itinerante

Agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Asturias han detenido a dos hombres y una mujer de origen colombiano por su presunta pertenencia a esta organización en un operativo bautizado como “Soja”.

La intervención policial se llevó a cabo este pasado domingo cuando la Policía Nacional detectó a miembros de la organización en la comunidad autónoma. Tras su detención, los tres presuntos miembros de la red han ingresado en el Centro Penitenciario de Asturias, según ha confirmado la Jefatura Superior a eldiario.es Asturias.

Vigilaban los polígonos

La Policía ha destacado el alto grado de especialización de esta banda a la hora de seleccionar a sus víctimas.

“Siempre elegían a empresarios de origen asiático. Para ello, utilizaban los polígonos industriales como 'caladeros' donde localizar sus almacenes y someter a los propietarios a vigilancias discretas. De este modo, lograban determinar la ubicación de sus residencias particulares y los horarios en los que las viviendas se encontraban vacías”, corroboran desde la Jefatura Superior.

Los objetos preferidos por la red

Los asaltos se producían en horario diurno. En el momento de su arresto, los agentes intervinieron diversos teléfonos móviles, grandes sumas de dinero en efectivo, joyas y relojes de valor.

Los detenidos están vinculados al asalto de dos viviendas en la localidad de Lugones (Siero), cuyos propietarios comparten vínculos familiares y tienen su sede laboral en un polígono del municipio de Llanera.

En uno de los domicilios lograron sustraer dinero y efectos personales, mientras que en el segundo solo llegaron a causar daños en la puerta de acceso sin conseguir entrar.

La colaboración ciudadana

En el registro del vehículo utilizado por los delincuentes, la Policía Nacional localizó e intervino diversas herramientas y llaves empleadas para violentar cerraduras, así como guantes y otras prendas utilizadas para evitar ser identificados.

La Policía Nacional ha destacado que la colaboración ciudadana y las medidas de seguridad preventivas instaladas en las fincas —como sistemas de videograbación de alta resolución y contratación de conserjes— resultaron imprescindibles para el esclarecimiento de los hechos.

El 'apagón' eléctrico que sumió en la oscuridad al país el 28 de abril de 2025 fue el día elegido para llevar a cabo un operativo policial en Oviedo para liberar a tres menores -dos gemelos de 8 años y su hermano de 10- que permanecían recluidos en el domicilio familiar desde hacía cuatro años, sin contacto alguno con el mundo exterior, por el miedo insuperable de sus padres a que contrajeran el Covid. Ambos progenitores sufrían las secuelas del covid persistente y la vida de la familia transcurría de puertas para adentro.

Un año después, la situación ha cambiado radicalmente. Los menores viven tutelados por la Administración del Principado de Asturias, separados de sus progenitores, que fueron detenidos y permanecen ingresados en prisión y a la espera de que la Audiencia Provincial de Asturias emita la sentencia que decida su futuro.

“Solo querían lo mejor para los niños”

El 19 de marzo fue otra fecha señalada. Mientras otras familias celebraban la festividad del día del padre, el alemán Christian S., de 53 años, y su esposa la norteamericana con nacionalidad alemana Melissa A.S., de 48 años, intentaban llevar al ánimo del tribunal que le juzgaba en Oviedo en su alegato final que su intención nunca fue perjudicar a sus hijos porque “solo querían lo mejor para ellos”.

Era la frase, pronunciada en el turno de última palabra, con la que se ponía colofón a un juicio, desarrollado a lo largo de varias sesiones, donde pudieron escuchar las versiones aportadas por policías, forenses, educadores, psicólogos, psiquiatras que les dibujaban una realidad muy diferente a su perspectiva personal.

Autoconfinados en su propia casa

Su casa familiar era calificada como “el chalé de los horrores”, el mismo nombre con el que fue bautizado por los responsables policiales que participaron en la liberación de los menores y la detención de los padres y recogido por los medios de comunicación.

Una imagen muy diferente a la que dibujaban los abogados Javier Guillermo Muñoz Pereira, que ejercitó la defensa de Melissa A.S., y Elena González, que representó a Christian S.

La versión de las defensas

Para los abogados defensores, ni los padres eran unos monstruos, ni la casa era un “chalé de los horrores” llena de escombros y excrementos, ni los niños estaban “secuestrados”.

Los letrados admitían que se trataba de una “familia normal con un comportamiento anómalo que tomó una serie de decisiones, seguramente equivocadas y erróneas, pero no criminales”, por lo que desde un principio se decantaron por buscar una solución desde el área social y no penal.

La horquilla

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que dejó visto para sentencia la vista oral del juicio, aún no ha hecho pública la resolución que se mueve en una horquilla muy amplia que va desde los 25 años y cuatro meses de cárcel que solicitan la Fiscalía y la Letrada del Menor, Patricia Arce, que ejercita la acusación particular, y la absolución que interesan los abogados defensores.

La operación policial

La operación policial se desarrolló el 28 de abril de 2025, a las 14.30 horas. En el interior de la casa, ubicada en la zona rural de Oviedo/Uviéu, no se oían ruidos, ni nada hacía presagiar que había una familia dentro. Algo habitual desde hacía cuatro años, ya que los menores apenas hacían ruido y no había movimiento de puertas para afuera para no levantar sospechas entre un vecindario, ajeno a lo que ocurría.

Tres mascarillas superpuestas

Una tranquilidad que, en cuestión de minutos, cambió por completo a raíz de que una de las vecinas expusiera en el Ayuntamiento sus sospechas de que en alguna ocasión había visto movimiento dentro de la casa, lo que llevó a preparar un operativo de vigilancia discreto.

Finalmente, se preparó un operativo de intervención que se puso en marcha el día 28 de abril de 2025, coincidiendo con el 'apagón' eléctrico que dejó a oscuras el país. Cuando los agentes de la Policía Local se acercaron a la puerta, les recibió el padre que iba, según fuentes policiales, “con un aspecto desaliñado y descalzo”. Les pidió que se pusieran mascarillas y accedió a que entraran. En ese momento, pudieron ver a la madre y a los niños que iban con pañales. Toda la familia llevaba la cara cubierta con tres mascarillas.

La reacción de los menores

La Policía Local confirmó, horas después, que los cinco miembros de la familia vivían en condiciones higiénico-sanitarias deplorables y los menores estaban sin escolarizar. Un detalle que llamó especialmente su atención fue el hecho de que los menores, al salir al jardín, “tocaron la hierba y respiraron profundamente”. En ese instante, tuvieron la sensación de que ni siquiera habían salido al exterior.

Los niños se están adaptando a su nueva realidad en un centro dependiente de la Administración del Principado, una vez que la familia más próxima no ha podido hacerse cargo de ellos, aunque las defensas de los padres piden que se intente una futura reagrupación familiar.

Cuando se cumple un año de esta actuación policial, aún se está a la espera de que toda la situación se reconduzca, pero el futuro más inmediato de la familia estará supeditado al resultado de la sentencia que dicten los magistrados de la Audiencia Provincial de Asturias.

Montserrat González y Triana Martínez, madre e hija condenadas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco en mayo de 2014, serán trasladadas desde la cárcel de Asturias, donde cumplen condena actualmente, a la cárcel de Alcalá Meco, en Madrid.

El traslado, solicitado por las presas, ya ha sido concedido y se llevará a cabo en fechas próximas, según han confirmado a EFE fuentes judiciales.

La madre, que confesó el crimen, fue condenada a veintidós años de cárcel como autora material, y su hija Triana a veinte años como cooperadora necesaria al ser consideradas culpables del asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco, por parte de un jurado popular.

Triana se apunta a un máster

La petición de cambio de prisión se debe a criterios laborales y académicos, puesto que Triana Martínez, ingeniera de comunicaciones, ha expresado su deseo de realizar un máster en el área de la ingeniería aeroespacial.

Las mismas fuentes han precisado que Triana Martínez, que ya disfruta de permisos penitenciarios desde hace casi un año, ve en la capital de España más oportunidades laborales de cara al fin de su condena.

Montserrat aspira a un permiso

Además, la madre, Montserrat González, confía que en el nuevo destino pueda obtener alguno de los permisos penitenciarios que le han negado en numerosas ocasiones desde el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo, han precisado las mismas fuentes.

Montserrat González y Triana Martínez se trasladarán a Alcalá Meco después de haber pasado por las cárceles de Asturias, de Villahierro, en León, y de Villanubla, en Valladolid, en las que fueron consideradas internas conflictivas.

Un documental

Actualmente Triana Martínez sale de prisión entre tres y cuatro días cada mes en virtud del permiso que le fue concedido el pasado noviembre después de catorce negativas a las solicitudes realizadas por parte de su abogado desde 2022, que a su madre se le sigue negando.

Ambas condenadas han participado en un documental en el que hablan por primera vez desde la cárcel y que la plataforma HBO Max estrenará el próximo 12 de mayo, el día del asesinato a tiros en plena calle de Isabel Carrasco, del que se cumplen doce años este 2026.

El documental lleva por título 'Desde la celda. Crimen en León' y desde HBO Max España ya se está 'alimentando' el interés a través de la expresión “Ya conoces el crimen, ahora escucha su versión”, donde madre e hija pasan a convertirse en las reclusas protagonistas de su propia vida, como se puede apreciar en el siguiente post difundido en el perfil de la plataforma en la red social X.

Un crimen “casi perfecto”

Durante el juicio, el crimen llegó a calificarse como de “casi perfecto” de no ser por un testigo, un policía jubilado, que siguió a la autora de los disparos hasta su detención a los pocos minutos de cometerse.

Precisamente en ese juicio Monserrat González confesó el crimen y afirmó que había matado a Isabel Carrasco y que volvería a hacerlo porque “la había tomado con su hija”, a la que había echado de la Diputación donde tenía un puesto interino como ingeniera de comunicaciones y estaba cercenando sus aspiraciones políticas, ya que pretendía hacer carrera en el PP.

La frase incriminatoria de la asesina

“Era su vida o la de mi hija”, afirmó rotunda y retadora en el juicio, en el que no mostró ningún signo de arrepentimiento.

Madre e hija fueron condenadas al ser consideradas culpables por parte de un jurado popular, al igual que Raquel Gago, una agente de Policía Local que también participó en el crimen, quien ocultó el arma durante más de treinta horas y que ya disfruta del tercer grado.

Moisés murió en una celda de aislamiento de la prisión Las Palmas II (en Juan Grande, en el sur de la isla de Gran Canaria) sobre la una de la tarde del 9 de noviembre de 2023. El recluso, de 41 años, llevaba tres días quejándose de fuertes dolores. El médico del centro penitenciario le había dado paracetamol, convencido de que se trataba de dolores musculares. Su sufrimiento quedó documentado en las grabaciones de seguridad que la familia ha logrado recabar. “Se desmayó en dos ocasiones”, cuenta su hermana Ángeles. 

El facultativo anotó en su informe que el interno estaba “fingiendo un desvanecimiento” y “alterando el orden”. Moisés fue conducido a una celda de aislamiento. Horas después, falleció. La autopsia desveló que había sufrido un infarto de miocardio. “Si se le hubiese tratado, mi hermano estaría vivo”, dice Ángeles. El caso se judicializó y ya hay escritos de acusación. La familia del recluso y la Fiscalía piden para el médico que lo atendió cuatro años de cárcel, seis de inhabilitación para ejercer la profesión y una indemnización de cerca de un millón de euros. Instituciones Penitenciarias figura como responsable civil subsidiario.

Dos años después de la muerte de Moisés en Gran Canaria, otro recluso falleció en el centro penitenciario Tenerife II. Ocurrió el 21 de diciembre de 2025. Según recoge una denuncia presentada por la asociación Adepres (Asociación de Derecho Penitenciario Rebeca Santamalia) al Defensor del Pueblo a partir del testimonio de una persona “allegada” al fallecido, el preso solicitó asistencia a finales de noviembre con síntomas “de una gran congestión”. Su requerimiento “no fue atendido” y los síntomas “se fueron agravando con los días”, expone el escrito.  

La noche del 19 de diciembre tocó el timbre de alarma “sin ser atendido”, por lo que reclusos de celdas contiguas “empezaron a dar golpes y gritos pidiendo auxilio”. La escena se repitió un día después. Siempre según la denuncia, entre la activación de la alarma y la activación de los funcionarios pasaron cuatro horas. A la mañana siguiente, el preso fue trasladado en silla de ruedas desde su celda hasta el servicio médico, donde falleció. 

La queja incide en el perfil de vulnerabilidad del preso fallecido, una persona migrante sin apenas redes de apoyo en el exterior, y en “los antecedentes de desatención médica” en el centro penitenciario y solicita que se averigüen las circunstancias de la muerte y el grado de cumplimiento del Protocolo de Minnesota, una guía de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar de forma independiente las muertes potencialmente ilícitas. Fuentes del Defensor del Pueblo han confirmado a este periódico que la queja ha sido admitida y está “en trámite”, pero evitan dar más información por la confidencialidad del expediente. 

Dos tercios de las plazas médicas vacantes

Esos “antecedentes de desatención médica” que señala la queja apuntan a una crisis estructural en la atención sanitaria en las prisiones canarias. Las cifras son demoledoras. Según los datos facilitados a este periódico por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en las cárceles del Archipiélago apenas están cubiertas 11 de las 30 plazas de médicos que, según los sindicatos, están contempladas en las plantillas. Casi dos tercios de los puestos están vacantes. 

Uno de los casos más llamativos es el de Las Palmas II, uno de los centros donde se produjeron los fallecimientos. Solo tiene una plaza cubierta, la de subdirector médico, que además realiza las consultas a través de telemedicina, según señalan portavoces de los sindicatos Acaip-UGT y CCOO. En la otra cárcel de Gran Canaria, Las Palmas I (Salto del Negro), hay ahora cuatro facultativos gracias a “incorporaciones recientes”, señala Laura Rodríguez, miembro de la Ejecutiva Nacional de CCOO Prisiones y destinada en Canarias. Óscar Raluy, de Acaip-UGT, precisa que la prisión “ha soportado momentos sin médico”. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) prevé diez plazas.

Tenerife II (La Esperanza) cuenta en la actualidad con tres médicos para atender a más de un millar de presos. El Defensor del Pueblo, en el ejercicio de sus funciones como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, visitó el centro por última vez en octubre de 2022 y advirtió del “déficit crítico de personal médico”. 

En aquel momento, el puesto clave de subdirección médica se encontraba vacante (ahora está cubierto) y había cinco facultativos, de los que dos “estaban a punto de jubilarse”. Ese informe detectó que ni siquiera se garantizaba el material médico necesario para que los internos controlaran enfermedades previas. Así, detectaron a diabéticos sin aparatos para controlar la glucemia y el caso de un interno al que, al entrar en prisión, se le retiró el dispositivo de ayuda respiratoria que usaba en el exterior. Según los libros de registro, la asistencia a demanda estaba limitada a un máximo de diez internos al día, con demoras de unos veinte días para pedir una nueva cita. “Nosotros siempre atendemos las indicaciones del Defensor del Pueblo”, señalan fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias. 

Los recursos médicos de las cárceles canarias se completan con dos facultativos en la prisión de Lanzarote y uno de La Palma. El Centro de Inserción Social de Tenerife no tiene. 

“La falta de médicos se ha institucionalizado”, advierte Óscar Raluy, trabajador penitenciario y delegado de Acaip-UGT. “El modelo preventivo ha muerto. Ahora solo se atiende lo urgente, no hay tiempo para otra cosa”, señala. Ante la escasez de médicos, la presión asistencial recae sobre el personal de enfermería. Según denuncia Laura Rodríguez, estos profesionales se ven abocados a tomar decisiones “para las que no están preparados”, lo que les obliga a ejercer bajo una “grave indefensión jurídica”. 

Canarias sigue sin asumir su competencia

Todas las fuentes consultadas coinciden en situar el origen de esta crisis en el incumplimiento de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. En su disposición adicional sexta, esta normativa ordenó la transferencia de los servicios sanitarios dependiente de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas, con el objetivo de “lograr su plena integración en los servicios de salud autonómicos”. 

La ley daba un plazo máximo de 18 meses para ejecutar el traspaso. Han transcurrido 23 años desde entonces y solo Euskadi, Catalunya y Navarra han asumido formalmente estas competencias. Joaquín Leyva, portavoz nacional de Acaip-UGT, sitúa este bloqueo como uno de los principales factores para explicar la crisis de la sanidad penitenciaria, ya que, según explica, durante años “no se dotaron los servicios médicos” ni se renovó al personal de Instituciones Penitenciarias ante la expectativa de una transferencia de competencias que en la mayoría de las comunidades sigue sin llegar. 

Organizaciones como Rehoyando, en Gran Canaria, u Orahan, en Tenerife, han comenzado a movilizarse para exigir el efectivo traspaso de las competencias a las comunidades autónomas y la dignificación de la atención sanitaria dispensada a la población reclusa. 

Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, aseguran que su determinación de transferir las competencias a Canarias “es clara” y achacan la parálisis a una “falta de voluntad política por parte de quien tiene que recibirla”. La Consejería canaria de Sanidad no ha contestado a las preguntas de este periódico. 

Para los sindicatos, este bloqueo en el traspaso se explica por dos razones: la falta de “voluntad política” y una cuestión económica. Laura Rodríguez (CCOO) sostiene que las comunidades no quieren estas competencias “por el gasto que genera”. La representante sindical define el escenario actual como un “negocio” para las comunidades autónomas. Cuenta que cuando un recluso tiene que ser excarcelado y trasladado a un hospital, el Servicio Canario de Salud (SCS) factura unos gastos a la administración estatal que, en caso de asumir la asistencia directa de los precios, ya estarían cubiertos. 

Detalla que “el traslado en ambulancia son 80 euros por trayecto”, las consultas externas rondan los 150 euros o que un parto “cuesta 4.000 euros”. Según la información de la que dispone CCOO, el gasto sanitario anual en una prisión grande (como las dos de Gran Canaria o la de Tenerife II) se sitúa alrededor de los 625.000 euros. El gasto total farmacéutico es de 415.000 euros, indica la portavoz sindical. 

Las comunidades autónomas se quejan de que Instituciones Penitenciarias no les paga por atender a los reclusos. Rodríguez señala que esa deuda es consecuencia directa de no haber asumido las competencias que le corresponden desde 2003. “Si se hubiera cumplido la ley desde el minuto uno no habría esa deuda y si seguimos esperando a transferir las competencias se seguirá generando más deuda”, sostiene la representante de CCOO. 

Una visión que comparte Joaquín Leyva (Acaip-UGT), quien cuestiona la inacción de comunidades como Canarias: “No sabemos si es un problema financiero, de organización o simplemente un problema político que no se quiere resolver”. 

La brecha salarial que ahuyenta a los médicos

A la desidia autonómica para asumir la sanidad en las prisiones se suma la falta de incentivos para atraer y retener profesionales. “No hay médicos en prisiones porque cobran menos”, resume de forma tajante Rodríguez, que precisa, a modo de ejemplo, que los facultativos del SCS cobran alrededor de un 35% más por hora de guardia que los de Instituciones Penitenciarias. La portavoz de CCOO añade que las diferencias salariales pueden rondar los 1.000 o 1.500 euros al mes “dependiendo de las guardias y los centros”. 

“En el Estado, a nivel general, es la administración que menos paga a los facultativos”, redunda Joaquín Leyva. A los peores salarios, el representante de Acaip-UGT añade las limitaciones que tienen los facultativos de Instituciones Penitenciarias para ejercer en la sanidad privada o tener otros trabajos complementarios. “No es ya que cobren menos de por sí, sino que, además, no pueden incrementar de ninguna manera sus retribuciones”. 

La salud mental

Los sindicatos sostienen que los principales damnificados de estas carencias son la población reclusa y la plantilla de las cárceles. Leyva incide en que la escasez de médicos dificulta la detección temprana de patologías, con especial gravedad en el caso de las enfermedades mentales. El portavoz sindical explica que el ingreso en prisión suele actuar como un “estresor” que “desenmascara” patologías psiquiátricas latentes que, al no ser detectadas a tiempo por un médico, acaban produciendo brotes que “a menudo” derivan en agresiones entre internos o hacia los propios trabajadores. 

El último informe del Defensor del Pueblo sobre la prisión de Tenerife II constató que casi el 63% de los internos estaba bajo tratamiento con psicofármacos. Los centros penitenciarios no disponen de psiquiatras propios en la plantilla. Solo se programan visitas de profesionales externos a los centros “una o dos veces al mes”, según los sindicatos. El Defensor del Pueblo advierte de que, al no haber psiquiatras ni psicólogos clínicos, los programas de atención a la enfermedad mental no funcionan de forma adecuada. Los reclusos “no tienen una intervención especializada, sino un control basado en la farmacoterapia”. Ante la falta de un diagnóstico claro, muchos internos “descompensados” acaban siendo clasificados en módulos de “conflictivos”. 

Leyva señala que la figura del médico es, además, “un requisito legal indispensable” para la aplicación de medidas disciplinarias. “Tú no puedes aislar a un preso que está violento si no hay una supervisión médica”, dice el portavoz de Acaip, que también subraya el perfil del paciente recluso, que suele requerir mayor atención que la población general debido a la alta prevalencia de problemas graves derivados de afecciones o enfermedades como la diabetes o la hepatitis.

El centro de la ciudad de Murcia alberga un emblema histórico que, tras años de incertidumbre y diversas amenazas de desaparición, resurge hoy con una identidad renovada y vibrante. Este imponente edificio de estilo neomudéjar, que albergó la antigua prisión provincial, fue inaugurado originalmente en junio del año 1929 y cerró definitivamente sus puertas en 1981. Tras varias décadas de silencio administrativo e intentos de demolición, el inmueble ha sido rehabilitado para convertirse en el Centro de Cultura Contemporánea Cárcel Vieja. Esta transformación representa un hito en la recuperación del patrimonio local, devolviendo a los murcianos un espacio social cargado de memoria. 

La estructura original se ha mantenido fiel a su esencia, permitiendo que la arquitectura dialogue con los nuevos lenguajes artísticos actuales. Lo que antes fue un lugar de confinamiento es ahora un punto de encuentro luminoso para la cultura, abierto y participativo para todos. Murcia apuesta así por un modelo de gestión cultural que integra la historia en la vida cotidiana de su comunidad. La fisonomía del edificio destaca por su característica disposición arquitectónica en planta de cruz, un diseño que permite la creación de estancias separadas y patios ajardinados. 

El proyecto no solo busca restaurar el ladrillo y el mortero, sino también eliminar cualquier barrera física, horaria o generacional existente. Los espacios están concebidos como territorios relacionales donde conviven la contemplación, la conversación y la experimentación cultural activa. Se ha puesto especial énfasis en la fluidez social y el diálogo abierto, transformando los antiguos muros en mediadores de encuentros. La rehabilitación se ha realizado con una profunda voluntad de escucha urbana y una sensibilidad arquitectónica excepcional. Este esfuerzo técnico asegura que el legado del siglo pasado sea el motor del desarrollo artístico del presente.

El centro cultural se define como un ecosistema vivo que trasciende el concepto tradicional de museo estático para ser algo mucho más ambicioso. No se plantea únicamente como un contenedor de actividades, sino como un laboratorio urbano donde el arte contemporáneo se vive y se comparte. Un espacio que busca ser un lugar transitable donde encontrarse o simplemente tomar un café. La filosofía del centro integra múltiples facetas de la cultura, desde las artes plásticas hasta el pensamiento contemporáneo y la sociología. También hay lugar para disciplinas como la economía, el urbanismo, el medio ambiente y la defensa activa del patrimonio. Se busca generar una visión cosmopolita que actúe como mediadora cultural entre los distintos sectores creativos de la región. El objetivo es establecer relaciones sólidas con otros centros de similares características en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga. De esta forma, la Cárcel Vieja se consolida como un referente cultural de libertad de usos y convivencia.

La programación actual se organiza a través de diez ciclos temáticos que abarcan una pluralidad de lenguajes y expresiones artísticas muy diversas. Uno de los pilares es el ciclo denominado Reencuentros, una serie de conversaciones públicas que fomentan la escucha activa generacional. Estas charlas, coordinadas por expertos en diversas materias, exploran ámbitos como el diseño, la moda, la literatura, el cine y la fotografía. Por otro lado, la plataforma Monoton se ha trasladado desde el Cuartel de Artillería para centrarse en el arte sonoro. Este espacio especializado ofrece conciertos de música experimental y sesiones dedicadas a la escucha crítica de vanguardia para el público. También destaca el ciclo de cine Sin Título, que propone una experiencia cinematográfica rigurosa donde el nombre de la película es una sorpresa. 

Se trata de iniciativas que buscan atraer a creadores, investigadores, comisarios y agentes culturales de todo el panorama artístico nacional. Cada mes, la oferta cultural se renueva para mantener un diálogo constante con las tendencias globales más innovadoras. La innovación del centro reside en el uso creativo de espacios no convencionales que sorprenden gratamente al visitante en cada rincón. El ascensor del edificio, por ejemplo, ha sido intervenido por el proyecto No-Muzak para ofrecer experiencias de escucha inesperadas. En este espacio mínimo se suceden propuestas que van desde la arqueología sonora hasta la creación contemporánea más puntera. El patio central se convierte periódicamente en un lugar habitable gracias al ciclo sonoro conocido como En Bucle. Allí, los asistentes pueden disfrutar de obras de compositores clásicos y modernos mientras transitan por el corazón del edificio. 

Por su parte, el ciclo Lo que se mueve utiliza pantallas situadas en zonas de tránsito para exhibir videoarte internacional. El objetivo es que la obra artística sea capaz de activar una experiencia íntima o crítica sin necesidad de monumentalidad. Incluso la cafetería del centro participa activamente con el ciclo Raíz, centrado en la gastronomía y el territorio. Esta estrategia permite que la cultura sea accesible y dinámica en cada metro cuadrado del histórico inmueble.

Plensa, un éxito

La reciente apertura del Módulo II ha marcado un antes y un después en la proyección internacional de la ciudad de Murcia. Este nuevo espacio expositivo ha sido inaugurado con la exposición Materia Interior del reconocido artista internacional Jaume Plensa. La muestra reúne quince piezas escultóricas desarrolladas desde la década de los noventa. El recorrido invita a una experiencia inmersiva que explora la interacción entre el cuerpo, la palabra y el espacio humano. El éxito ha sido rotundo, superando el récord de mil visitas diarias durante sus primeros quince días de apertura. Este hito confirma que la ciudad está plenamente preparada para acoger propuestas culturales de primer nivel mundial hoy. La exposición de Plensa no es solo un evento aislado, sino el inicio de una programación ambiciosa y estable. De esta manera, el centro se posiciona como una institución de referencia en todo el sureste español actualmente. La respuesta del público reafirma el acierto de convertir este antiguo penal en un espacio vital.

El impacto de la Cárcel Vieja va más allá de lo meramente artístico, influyendo positivamente en el tejido social y económico local. Y es que se busca dinamizar la zona y atraer a un turismo cultural interesado en propuestas contemporáneas de gran valor. La colaboración con festivales como Animal Sound o el IBAFF demuestra el carácter abierto y sinérgico de la institución. El espacio funciona como un potente altavoz para iniciativas que ya forman parte del tejido activo murciano. Todo ello contribuye a crear una identidad urbana moderna, culta y profundamente orgullosa de su patrimonio.

“Un hombre perdió mucho peso y tenía la tripa visiblemente hinchada, le recetaron Nolotil como si fuesen gases. Finalmente era metástasis”. Se trata de uno de los testimonios recogidos en el informe 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', elaborado por la campaña Salud y Libertad, que busca visibilizar y denunciar la situación de vulneración de derechos que sufren las personas presas en materia de atención médica. La presentación del informe se enmarca en una serie de actos y actividades que han culminado este domingo 19 de abril con la vigésimotercera edición de la Marcha contra la macrocárcel de Zuera, que este año centra su mensaje en la desatención sanitaria dentro de prisión. En el parking de la cárcel de Zuera se han celebrado distintas charlas, cuenta cuentos, comida popular, dos conciertos… Mientras, Radio Hawai emitía en directo para las personas que se encuentran al otro lado de los muros.

El informe pone la lupa en las cárceles de Aragón, con testimonios recogidos en las instalaciones de Zuera y de Daroca, pero contextualiza una problemática que arrastra el sistema penitenciario español. La falta de médicos se presenta como uno de los principales agravantes de la situación sanitaria en los centros penitenciarios. Este déficit, tal y como recoge el documento, hace que muchas de las consultas se realicen por videoconferencia, con las limitaciones que eso conlleva, o que el personal de enfermería se vea obligado a realizar tareas ajenas a su competencia. También supone que enfermedades infecciosas —con una incidencia más alta en prisión que en la población general— reciban una atención insuficiente, que se restrinja el acceso a determinados tratamientos o que se produzca un retraso o ausencia de diagnóstico.

Una serie de deficiencias que se ven reflejadas en los testimonios que aparecen en el informe: “Te duele algo o estás mal y te dan solo paracetamol e ibuprofeno sin ver lo que tienes o qué te duele”. “Me rompí la pierna y los médicos de aquí me decían que era un esguince, a la hora me sacan al hospital y tenía el peroné roto y como aquí no se me revisaba no tuve rehabilitación y ahora tengo el pie con dolores”. “A otra persona, ante la falta de movilidad, le diagnosticaron ciática y recetaron Nolotil, finalmente era esclerosis múltiple”. Otros testimonios recogen como en caso de urgencias son los propios presos quienes tienen que llevar al paciente en camilla al médico del centro.

Competencia sanitaria y falta de médicos

Aragón cuenta con tres centros penitenciarios en Zuera, Daroca y Teruel. Según el informe, en 2024 Zuera acogía a 1.310 personas y contaba con un médico —de una plantilla teórica de nueve plazas disponibles—. Ese mismo año, en Daroca había cinco vacantes de siete plazas médicas para una población de unas 330 personas y en Teruel había un solo médico (de dos plazas) para unas 200 personas. A nivel nacional, en diciembre de 2025, solo estaban cubiertas 152 plazas (30% del total) para una población reclusa de 47.000 personas (en las Comunidades Autónomas no transferidas).

Preguntados por esta información, según Instituciones Penitenciarias actualmente en Zuera hay tres médicos, tres enfermeros y cinco auxiliares de enfermería. En Daroca hay tres médicos, siete enfermeros y tres auxiliares. Mientras que en Teruel no hay médicos, sino un servicio de guardias telemáticas, tres enfermeros y tres auxiliares. “La institución penitenciaria no es ajena a lo que ocurre fuera, hay una falta de médicos de familia y nosotros no somos ajenos a esa realidad”, dicen desde Instituciones Penitenciarias, y recuerdan que la atención especializada, y en concreto psiquiatría, corresponde a las comunidades autónomas.

Una de las principales causas de esta situación es que la competencia sanitaria dentro de las prisiones recae sobre el Ministerio de Interior y no sobre los servicios autonómicos de salud, por lo que la atención primaria se lleva a cabo por parte de Instituciones Penitenciarias, mientras que la atención especializada sí que se presta a través del Sistema Nacional de Salud. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 instaba a las comunidades autónomas a transferir y a asumir las competencias sanitarias en prisión, lo que facilitaría la cobertura de las plazas médicas vacantes dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, más de 20 años después, esto solo sucede en Cataluña, el País Vasco y Navarra.

Esta falta de médicos en prisión también podría explicarse, en parte, debido a tres motivos: al salario inferior de los profesionales de prisión en comparación a la media del sector sanitario, a que los centros penitenciarios están alejados de las ciudades —lo que dificulta la conciliación— y al entorno de trabajo —que puede derivar en situaciones complejas—; tal y como explicaba el abogado penitenciario David Burgos durante una de las mesas redondas sobre salud y prisiones celebradas el pasado 11 de abril en el Centro Joaquín Roncal, enmarcada dentro de las actividades previas a la marcha.

“La cárcel enferma”

Desde la campaña 'Salud y Libertad' denuncian también la opacidad y falta de acceso para obtener información sobre la situación sanitaria en las cárceles, lo que dificulta la realización de un estudio preciso sobre esta realidad. Para realizar el informe, hicieron llegar por carta o por “boca a boca” cuestionarios a personas encarceladas en Zuera y Daroca. Del total de personas encuestadas, el 47,1% declara que su estado de salud era bueno antes de entrar a la cárcel, mientras que, en comparación, el 67,6% refiere que su estado de salud ha empeorado desde su entrada.

“La cárcel enferma”, es una de las principales conclusiones del 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', que también pone el foco en la salud mental de las personas presas. A la falta de médicos, se suman las quejas respecto a la calidad de la alimentación recibida, así como las condiciones de salubridad e higiene en celdas sin grifos, en las que aparecen cucarachas y ratas, con un sistema de ventanas que no permite la ventilación de las celdas (en el caso de Zuera) y que “ha llegado a suponer un aumento de síntomas ansiosos”.

El informe también recoge el testimonio de una enfermera que trabajó en la Consulta General del Ramón y Cajal, donde se realizaba la atención especializada de pacientes que llegaban de prisión. Relata un caso concreto de abandono que debería haber sido atendido de manera prioritaria: “Recuerdo un caso de un paciente que llegó con la cara totalmente deformada por la patología que le afectaba. No era algo que hubiera sucedido de un día para otro, sino que había sido un proceso largo en el que nadie había tomado medidas salvo cuando empezó a afectarle en su día a día. Esta situación se debería haber atendido de manera prioritaria pero el paciente nos dijo que llevaba años conviviendo con esto”. La enfermera relata como el “acompañamiento” continuo realizado por las autoridades complica la denuncia por parte de los pacientes de la inacción en su salud y como el hecho de estar esposados durante la consulta dificulta su exploración médica.

“En ningún momento me sentí cómoda en aquellas consultas y no por culpa de los presos sino por lo indigno que me parecía el trato que recibían constantemente y por saber que esas personas sufrían todas esas vulneraciones de sus derechos día tras día, poniendo en peligro su vida y su salud”, concluye.

Los sindicatos de funcionarios de prisiones llevan años reivindicando la jornada de 24 horas. Aseguran que mejora la relación con el preso y descienden los conflictos. Por el contrario, varios informes internos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y diversos expertos en derecho penitenciario alertan de los efectos perjudiciales que una jornada de este tipo puede tener tanto para los trabajadores como para los internos. Otras fuentes cercanas a la Administración penitenciaria denuncian que la reclamación de los representantes de los trabajadores solo es una excusa para poder disfrutar del máximo de días libres seguidos, una exigencia que se les podría conceder en favor de la paz social entre los sindicatos y la propia Administración.

Desde el franquismo no opera en España esta jornada de 24 horas, a excepción de los meses de emergencia sanitaria provocada por la Covid. El último centro en volver al horario habitual ha sido la prisión de Zaballa (Araba), el 1 de abril de este año. Joaquín Leiva, portavoz de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip-UGT), defiende que en los meses en los que funcionaron con este turno en 2020 “se evidenció un descenso en los conflictos entre internos y en las incidencias con ellos en el turno de noche”.

Según apunta este sindicalista, ese fue el resultado de la continuidad de los funcionarios de prisiones del turno de día con el turno de noche. Los datos que manejan desde Acaip-UGT, quienes aseguran que han sido aportados por Instituciones Penitenciarias, reflejan que en 2020 se dieron 4.333 agresiones entre internos, frente a las 5.367 agresiones del mismo tipo reflejadas en 2025. Sobre las agresiones a trabajadores penitenciarios, cifran en 176 las que se dieron en 2020, frente a las 529 de 2025. 

Los expertos enfatizan la falta de realidad en los datos, pues en 2020 los presos se encontraban el mayor tiempo del día en sus celdas. Asimismo, Cristina Rodríguez Yagüe, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), precisa que “la interrupción del contacto con el exterior redujo la entrada de drogas en prisión, una de las principales fuentes tanto de sobredosis como de la conflictividad entre internos”.

Exigen un proyecto piloto

Leiva reitera que el turno de 24 horas establece una continuidad en el servicio que favorece que “el seguimiento del interno sea infinitamente mejor”, y lo compara con los horarios con los que trabajan los bomberos y sanitarios. Precisamente, este último colectivo lleva meses movilizándose y yendo a la huelga para terminar con las guardias de 24 horas, tanto por razones de calidad asistencial con el paciente por la falta de descanso como por conciliación personal y familiar. 

Jorge Vilas, responsable nacional de CSIF Prisiones, precisa que este turno es “beneficioso” para todas las partes de la institución. Desde su punto de vista, que un funcionario que ha trabajado a lo largo del día también lo haga por la noche posibilita que conozca lo sucedido durante su jornada para así poder atajar de la mejor manera posible cualquier incidente nocturno.

Este representante sindical añade que la instauración del turno de 24 horas no solo acarrearía una mejora económica en los trabajadores, que se ahorrarían “muchos desplazamientos”, sino que este aspecto también mejoraría su conciliación. Ante las posturas que indican que este horario repercute negativamente en la calidad del servicio, Vilas quita peso al cometido de sus compañeros y responde que “por la noche los funcionarios solo vigilan que no pase nada”. Por ello, exige que en España se desarrolle un proyecto piloto para ver claramente las consecuencias del horario que proponen.

Informes de Instituciones Penitenciarias lo desaconsejan

Esa exigencia que enuncia Vilas llegó por primera vez hace unos tres años a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Fue entonces cuando sus diferentes unidades emitieron un informe posicionándose. En uno de ellos, dejaron por escrito que “las jornadas de trabajo de 24 horas abonan el camino de un modelo de organización securitario y donde los procesos de bunkerización se consolidarán y se saldrá de la cabina para intervenir en un conflicto, no para observar preventivamente, no para organizar sesiones terapéuticas o una actividad cultural”, según el documento al que ha tenido acceso elDiario.es.

El mismo informe recoge que “no se alcanza a ver ningún aspecto positivo que para la población reclusa pueda tener acumular 24 horas de trabajo” y que “valorar el régimen horario del personal penitenciario debe tener como primer objetivo el mejor cumplimiento de los fines de esta institución”.

Otro de los informes emitidos señala que en noviembre de 2022 hasta 12 países de la Unión Europea respondieron sobre su realidad con las jornadas de 24 horas en el funcionariado de prisiones. Las conclusiones generales subrayaron que “las jornadas largas de trabajo tienen consecuencias negativas en la interrelación con las personas privadas de libertad, dado que el estrecho contacto con ellas conlleva agotamiento y estrés”. La valoración global de este turno fue “negativa”, incluso por los estados que la utilizan. 

Las conclusiones de este documento valoran que el sistema penitenciario español es el instrumento para reeducar y reinsertar socialmente a las personas condenadas a penas y medidas privativas de libertad. Este cometido se ve perjudicado “por la realización de una jornada de trabajo que, alargándose durante 24 horas, se empobrece enormemente, por el agotamiento y el estrés que el propio horario conlleva”.

Agotamiento físico, emocional y mental

Las expertas también se oponen a la medida. Rodríguez, la catedrática de Derecho Penal, reconoce que este turno tiene “difícil encuadre” en la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales vigente. Más allá de eso, no recomienda la jornada de 24 horas por la exigencia del cometido de los funcionarios de prisiones que, “mantenida de forma sostenida en el tiempo, puede dar lugar a situaciones de desgaste y estrés continuado que acaben en agotamiento físico, emocional y mental”, en sus propios términos.

Asimismo, incide en que otro posible efecto negativo que puede provocar este horario es su impacto en el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar de la plantilla. “La realización de jornadas de 24 horas impide la conciliación familiar y esto es algo que afectaría tanto a hombres como a mujeres. Y, no nos engañemos, en una sociedad en la que todavía gran parte de la carga familiar recae desigualmente en las mujeres, el establecimiento de jornadas de 24 horas puede perjudicar más a las funcionarias”, apunta la catedrática.

En cuanto al argumento de que con esta jornada se puede conocer mejor al recluso, Rodríguez asevera que “este tipo de relación resulta más difícil de sostener en situaciones de agotamiento, fatiga o burnout, a las que pueden conducir turnos de trabajo de 24 horas”. Y añade: “Ello puede provocar un deterioro de esa interacción positiva con las personas privadas de libertad, dando lugar a la aparición de mayores conflictos y, en último término, a un recurso más frecuente a la respuesta disciplinaria como vía de solución”.

Similar es lo que opina Xabier Etxebarria, profesor de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid y antiguo director general de Ejecución Penal del Gobierno vasco: “Es evidente que un trabajador penitenciario cansado no va a hacer bien su trabajo con turnos tan largos, al igual que no lo haríamos ninguno en nuestros puestos de trabajo”. También critica que para las personas presas no exista un funcionariado de vigilancia de referencia. “Estas personas no pueden establecer una relación con ellos porque cambian constantemente de turno y luego desaparecen incluso semanas”, sostiene este especialista.

Aceptar las 24 horas para conseguir la paz social

No volver a trabajar varias jornadas después de realizar seguidos el turno de mañana, tarde y noche es el motivo principal que ven fuentes internas de la Administración penitenciaria para que los sindicatos exijan la jornada de 24 horas. Si se admitiera su reclamación, trabajarían 40 horas en dos días, y descansarían cinco. Es decir, trabajarían al año 92 días, a los que habría que descontar vacaciones y asuntos propios. “Es obvio que estarían menos días reales de trabajo en el centro, lo que impide una continuidad en la actividad laboral. Además, no sería un servicio continuo, sino que dentro del turno de 24 horas se estarían pagando ocho horas de descanso, que es lo que marca la legislación laboral”, enfatizan estas fuentes.

Al igual que lo recogido en los informes, estas voces defienden que las jornadas de 24 horas en las prisiones son “un atavismo, propio de un sistema penitenciario que pivotaba sobre la seguridad, heredado del franquismo y que incide en un modelo de organización securitario, en una labor de vigilancia pasiva o estática”. De esta forma, reconocen que instaurar estos turnos “supondría volver a un modelo organizativo superado y contrario al nuevo enfoque de seguridad dinámica que impera nacional e internacionalmente, dificultando el establecimiento de relaciones interpersonales positivas entre el personal y las personas privadas de libertad”.

A pesar de los dictámenes que desaconsejan el turno de 24 horas en los funcionarios de prisiones, algunos integrantes de la Secretaría General temen que la Administración lo acepte para contentar a los sindicatos. Según remarcan, el temor proviene de la postura “tibia” que parece tener Instituciones Penitenciarias ante una cuestión de tal relevancia y la “falta de firmeza” ante esta reivindicación sindical, ya que entienden que “no se puede priorizar la paz social con las organizaciones sindicales al cumplimiento de nuestra finalidad constitucional”.

Por ello, consideran que acceder a un proyecto piloto supondría un retroceso difícil de reconducir en el futuro. “Es un cambio de paradigma contrario al espíritu de la Ley Orgánica General Penitenciaria que no ha sido cuestionado hasta la fecha en los más de 40 años de vigencia y que va en contra de los criterios y estándares internacionales”, concluyen.

Desde Instituciones Penitenciarias no han respondido a las cuestiones planteadas por elDiario.es. Sin embargo, sí han apuntado que las veces en que se ha evaluado la jornada laboral de 24 horas “se ha considerado no beneficiosa para el servicio público”. Según agregan, “si se vuelve a plantear, se estudiarán todos los elementos que se incluyan en dicha reivindicación, como en cualquier otra propuesta de las organizaciones sindicales”. 

Eso es lo que ha hecho el mismo Vilas por parte de CSIF Prisiones, que el pasado 13 de marzo solicitó que se convocara con carácter urgente el Grupo de Trabajo de Jornada y Horarios de la Mesa delegada de Instituciones Penitenciarias, en la que está representada la Administración y los sindicatos, además de Acaip-UGT y CSIF, CC. OO., CIG y ELA, quienes también apoyan la medida.

Un hombre ha pasado 13 meses en prisión acusado de un delito de agresión sexual, por el que la Fiscalía y la acusación particular pedían para él una pena de 14 años de cárcel, y el mismo día del juicio abandonó en libertad la sede de la Audiencia Provincial de Asturias porque el tribunal de la Sección Tercera no ha dado credibilidad al testimonio de la víctima.

Los magistrados creen que la mujer, que ha sido diagnosticada de esquizofrenia, se inventó la denuncia, ya que su declaración se caracteriza por “la falta de consistencia y lógica”.

La acogió en su casa

La denunciante tiene 23 años, pero los médicos valoraron que su mentalidad responde a la de una persona de unos “15 ó 16 años” con un grado de discapacidad reconocido administrativamente del 66%.

Debido a la mala relación que mantenía con su familia, la joven se fue a vivir con una amiga y en mayo de 2024, tras discutir con ésta, abandonó la vivienda que ambas compartían y fue acogida en su domicilio por el acusado, donde permaneció hasta febrero de 2025, en que dejó la casa y le denunció por agresión sexual.

De la denuncia, a la cárcel

El hombre ingresó como preso preventivo en el Centro Penitenciario de Asturias donde ha permanecido hasta que el pasado mes de marzo la Audiencia Provincial de Asturias decretó su puesta en libertad el mismo día del juicio, al que había entrado esposado y custodiado policialmente.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular interesaron para él la imposición de una pena de 14 años de cárcel, su inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, remuneradas o no, que conllevasen contacto regular y directo con personas menores de cinco años superior a la duración de la pena de prisión que finalmente le fuera impuesta.

A estas peticiones sumaban una medida de libertad vigilada durante nueve años y una orden de alejamiento a menos de 300 metros de la víctima durante 15 años y el pago de una indemnización a ésta de 25.000 euros.

La prueba médica

El abogado defensor, Manuel Vicente Vallina Rodríguez, solicitó su libre absolución al negar que su representado fuera autor de delito alguno.

Los magistrados de la Sección Tercera han dado más credibilidad a la tesis de la defensa, entre otras razones porque ni los facultativos del servicio de Ginecología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que examinaron a la mujer, ni el médico forense que la reconoció apreció síntoma alguno de agresiones sexuales.

Comentarios en redes sociales

La Sala tampoco ha visto posible que fuera el mismo acusado quien subiera a la red social instagram unas declaraciones donde se reconocía como “el violador”.

El tribunal recoge en la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, que en la fecha de la creación de su perfil, el acusado estaba ya en prisión provisional por lo que, argumenta, “en todo caso la derivación de esa manipulación informática es que se trataba de exponer al procesado como el violador, es decir, de perjudicarlo”.

Igualmente ha descartado que la denunciante sufriera problemas psicológicos si, tal y como ella relató, los supuestos episodios de agresiones sexuales se hubieran producido, puesto que señaló que “se prolongaron en el tiempo, durante nueve meses, e intensos al ser prácticamente a diario”.

La sentencia absolutoria

En este caso concreto, se remiten al informe médico forense que exponía que el estado anímico y emocional de la mujer era de “tranquilidad” y “sin preocupación por lo relatado/acontecido”.

A la vista de todas estas circustancias, los magistrados decretaron su puesta en libertad tras declarar su libre absolución.

El Grupo de Protección y Atención Ciudadana de la Comisaría de Elizondo de la Policía Foral ha interceptado, en tres intervenciones recientes, un total de 56 kilos de droga y ha detenido a siete personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Las operaciones han sido realizadas en la  N-121-A y su entorno, “un eje de paso para los grupos especializados en el tráfico de drogas y estupefacientes hacia la Unión Europea”.

En una de las intervenciones, los agentes de la Comisaría de Elizondo abordaron durante una patrulla en un turno de noche a un vehículo con dos ocupantes que levantó “sus sospechas”. El coche, matriculado en Alicante, hizo “el amago de detenerse”, pero de forma “brusca” huyó cuando los agentes se acercaron. En ese momento, comenzó una persecución hasta la localidad de Sunbilla, lugar en el que uno de los ocupantes escapó del turismo con una maleta. A estos agentes se les unieron otros efectivos que buscaron a los dos hombres por las orillas del Bidasoa y sus rutas cercanas (Vía Verde). A uno de ellos lo localizaron en un parque de Santesteban, aunque “emprendió una nueva huida a la carrera”. Tras una noche de persecuciones, y con el apoyo de efectivos de Pamplona, los dos fugitivos, dos varones de 21 y 23 años, fueron encontrados en la misma localidad con sus ropas mojadas. El vehículo también fue localizado en Santesteban y la maleta que portaban contenía 49 kilos de hachís y 7 de marihuana. Las autoridades judiciales decretaron con posterioridad el ingreso de prisión de ambos detenidos.

En otra operación, se interceptó por la mañana una furgoneta durante un control rutinario de los agentes de la comisaría baztanesa. Aunque en un principio solamente había tres ocupantes, en la inspección del vehículo apareció un cuarto tumbado entre unos cojines. Todos ellos mostraban una “actitud nerviosa y esquiva”. De hecho, uno de ellos arrojó al exterior una bolsa de polvo blanco y en los cacheos a otro le encontraron en el bolsillo 2.000 euros y a un tercero diferentes dosis de marihuana. Cuando se le realizó un registro “minucioso” del vehículo, junto a otra patrulla, se ecnontró una mochila escondida con 10.000 euros y 175 gramos de una sustancia pulverulenta (compatible con cocaína). los cuatro ocupantes fueron detenidos por un presunto delito de tráfico de drogas.

En una tercera intervención, realizada durante la tarde, los agentes detectaron a alta velocidad a un vehículo cuyo conductor tenía un amplio “historial”. Ante “el nerviosismo mostrado por el joven en el momento” de ser parado por la patrulla, se le practicó un registro en el que se encontraron 207 gramos de speed en el maletero del coche. Fue detenido también por un delito contra la salud pública.

La vía “es un territorio de paso que los agentes de la Policía Foral conocen y controlan en el día a día, para luchar contra este fenómeno criminal”. La Comisaría de Elizondo, pero también unidades del resto de comisarías, en especial las unidades de seguridad ciudadana y de investigación criminal, “atesoran una práctica operativa y judicial que se traduce en controles, conocimiento del entorno y de las prácticas criminales, lo que les conduce” a resultados estos.

El indulto que el Consejo de Ministros concedió este martes a las sindicalistas conocidas como 'Las seis de La Suiza' ha sido acogida por el grupo Sofitu que, desde el inicio del conflicto laboral ha sido el punto de apoyo y de movilización contra su ingreso en prisión, con un doble sentimiento: por un lado, “con alegría por las compañeras” que no tendrán que regresar a dormir al Centro Penitenciario de Asturias, pero también con la sensación de que “la lucha no acaba aquí”.

La noticia, adelantada ayer por Infolibre y confirmada por elDiario.es en fuentes del Gobierno, era ratificada esta mañana por la ministra Elma Saiz quien, al término del Consejo de Ministros corroboró que se había concedido el indulto para las seis personas condenadas por haber participado en acciones sindicales contra la política laboral de la pastelería La Suiza de Gijón.

La portavoz del Gobierno explicó, en rueda de prensa, que el indulto se ha aceptado porque “recoge una demanda del Gobierno de Asturias” y cuenta con el apoyo de “fuerzas sindicales y políticas”, según informó Íñigo Aduriz.

La satisfacción de Yolanda Díaz

La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ya se había comprometido en el verano de 2025 con las seis sindicalistas de la CNT en trasladar la propuesta de indulto al Consejo de Ministros durante la visita que realizó a Asturias el año pasado, aludía a esta concesión a través de las redes sociales.

Yolanda Díaz mantiene su convicción de que “hacer sindicalismo no es delito”, como ha venido reivindicando desde que tuvo conocimiento de la condena de las seis sindicalistas que apoyaron a una compañera que denunció haber sido víctima en un caso de acoso laboral y sexual.

A continuación, reproducimos el post publicado en X donde se muestra especialmente orgullosa de formar parte del Gobierno.

Desde que se inició el proceso judicial y se  conoció la sentencia  condenatoria el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha defendido la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras, ante una condena que califica como “inapropiada en una democracia”.

La defensa de sus derechos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sostuvo ya en su visita a Asturias su compromiso por lograr que la libertad de las sindicalistas condenadas fuera una realidad: “Defender los derechos de las y los trabajadores no es delito”, incidió la ministra.

La titular de Trabajo insistió en que “nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales. El sindicalismo es esto, la fuerza colectiva. Hoy 'Las Seis de la Suiza' dejan de tener una carga injusta que nunca merecieron. Hoy el Gobierno se pone del lado de los derechos laborales, del derecho a la protesta y de las reivindicaciones más básicas. Hoy es un día de orgullo”, ha reivindicado Yolanda Díaz.

Movilizaciones

Por otro lado, varios colectivos sociales, sindicales y políticos participarán mañana, día 1 de abril, en una rueda de prensa que ha convocado la Intersindical Asturiana, integrada por los sindicatos SUATEA, Sindicato Ferroviario e ISA, a las 12:00 horas, en el Conseyu de la Mocedá de Gijón/Xixón donde sus representantes valorarán de forma más detallada todo el proceso desde sus inicios hasta la actualidad.

Esta convocatoria ha sido organizada por el grupo de apoyo junto con los sindicatos que han venido impulsando movilizaciones y acciones de apoyo en defensa de las seis sindicalistas condenadas en Asturias. No obstante, las concentraciones en varios puntos del país han sido constantes convocadas por los sindicatos, especialmente CNT.

Evitar la criminalización

Desde la Intersindical Asturiana se valora este indulto como “un paso importante, pero también como una muestra de la necesidad de seguir defendiendo los derechos sindicales y evitar la criminalización de la protesta laboral”.

Integrantes del grupo de Sofitu aseguran que se sienten “muy contentas de que nuestras compañeras hayan recuperado su plena libertad, un hecho que celebramos”.

“La acción sindical está en entredicho”

Sin embargo, consideran que este procedimiento y su posterior ingreso en prisión no debieron haber ocurrido nunca y explican las razones que les lleva a reiterar esta afirmación: “A nuestras compañeras se las ha condenado y criminalizado por haber ejercido sus derechos. A día de hoy, con la jurisprudencia sentada por este caso, la acción sindical está en entredicho y el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación también”.

El indulto es, en su opinión, el resultado de la solidaridad, el apoyo mutuo, la lucha y la unidad de clase.

Otros casos

“Será solamente desde lo colectivo y la lucha como podremos dejar un mundo nuevo a las generaciones venideras. No podemos olvidarnos -añaden- de los diferentes casos de represión que aún siguen activos en el Estado español, persiguiendo y encarcelando a quienes osan enfrentarse a la explotación, la injusticia o el fascismo”.

El grupo de apoyo a 'Las seis de la Suiza' va a realizar una asamblea abierta el próximo día 8 de abril, en la que informará con más detalle sobre el proceso.

“Hoy es un día alegre, pero la lucha no acaba aquí. Las consecuencias de este caso hay que seguir afrontándolas”, reconoce.

Las reacciones

Las reacciones ante el indulto han sido numerosas y las redes sociales se han hecho eco de la noticia como suele ser habitual con comentarios contrapuestos en función de las ideologías de los usuarios: con satisfacción por parte de aquellos que están convencidos de que la medida de gracia se ha concedido por la injusticia que representaba su ingreso en prisión por “hacer sindicalismo en Asturias” o con mensajes de odio de personas -en la mayoría de los casos amparados en el anonimato- que sostienen que se trata de solo una campaña de la izquierda y se dedican a insultar a los periodistas y a sus medios.

La condena

Las seis personas vinculadas al sindicato CNT fueron condenadas a una pena de tres años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la Administración de Justicia cometidos en el año 2016.

El Tribunal Supremo (TS) desestimó, en junio de 2024, las alegaciones de las defensas y ratificaron la condena en una sentencia donde sostuvieron que las seis sindicalistas cometieron actos de hostigamiento y presión hacia el propietario de la pastelería 'La Suiza' y contra su familia que fueron el detonante para que echara el cierre al negocio ubicado en Gijón.

El caso, conocido como 'Las seis de La Suiza', movilizó a los sindicatos y a los partidos de izquierdas que se sumaron a una manifestación en Gijón, apenas un par de días antes de la deliberación de la Sala, donde se exigió la libre absolución de los condenados.

La ratificación del Supremo

Representantes y militantes de CCOO, UGT, CSI, CGT, SUATEA, Intersindical Asturiana y LCT, así como de Podemos, IU, Sumar, Verdes-Equo, Andecha Astur, Aína, PCTE y Anticapitalistas, participaron en la manifestación. “Hacer sindicalismo no es delito” fue no solo un eslogan para la marcha de apoyo, sino que se convirtió en un lema de su lucha.

Sin embargo, la sentencia condenatoria, que previamente había sido confirmada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, el 31 de marzo de 2022, fue ratificada por el alto tribunal.

Embarazada

Según los hechos declarados probados, el 15 de junio de 2016 la acusada O.P.R. avisó a su pareja sentimental F.S.D. para que acudiera a buscarla a su trabajo para llevarla al hospital ya que se encontraba embarazada y tenía una amenaza de aborto.

F.S.D. se presentó en la pastelería “muy alterado” y llamó a voces al propietario. Según la sentencia, seguidamente propinó un puñetazo a un armario congelador del local, lo que motivó la denuncia del empresario por daños y amenazas en su local.

La presión

A raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, la empleada dejó su trabajo y contactó con el sindicato CNT, donde denunció su situación. Según el fallo a continuación se concertó con las acusadas “para iniciar una campaña de presión sobre el empleador y su familia para que cediera a sus pretensiones económicas”.

Entre otros actos, la sentencia confirmada detallaba la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.

Los recursos

La CNT anunció la interposición de recursos en todas las instancias posibles, “a nivel español y europeo”, para que se haga justicia con este caso que supone un ataque al trabajo sindical que ha calificado como “terrible”.

“Somos incómodos para el sistema. Nuestro ámbito es la calle y lo que no podemos hacer es renunciar a ella. Forma parte de nuestro ADN y es lo que vamos a seguir haciendo. Las compañeras no van a estar solas en ningún momento, y aunque creemos que esta sentencia es un bombazo al sindicalismo, seguiremos estando del lado de las trabajadoras”, aseguró a elDiario.es Asturias Erika Conrado, secretaria general de CNT, en una primera valoración nada más conocer la sentencia del Supremo.

Prisión e indulto

Las seis sindicalistas ingresaron en el Centro Penitenciario de Asturias el 10 de julio de 2025. El magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón/Xixón, Lino Mayo, que las había condenado en primera instancia, había dictado auto de prisión sin esperar a la resolución de la petición de indulto o el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el recurso de revisión de su caso.

Ocho meses después de su encarcelamiento, el Consejo de Ministros ha aprobado su indulto.