Una decena de expertos y alumnos de Criminología de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) se han adentrado, dirigidas por la doctora investigadora del Instituto Vasco de Criminología, Gema Varona a la cárcel de Zubieta para conversar con una veintena de internos y tratar de entender qué les ha llevado a cometer los delitos por los cuales han sido condenados. La actividad, que desde hace cuatro años aborda temas distintos con personas internas en cárceles vascas, se ha realizado este viernes dentro del Curso de Verano de la EHU 'Criminología dentro y fuera de prisión: Cruce de caminos'.

Por motivos de confidencialidad y para asegurarse de que la conversación con los internos fuera honesta y sin miedos, este periódico no ha podido acceder al encuentro, no obstante, tras él, Varona ha explicado en qué se ha basado, los objetivos del mismo y las conclusiones a las que han llegado tras reunirse durante más de tres horas con 17 presos y 3 presas de la cárcel de Zubieta de entre 24 y 60 años. “Hemos realizado una dinámica de diálogo, un círculo en el que cada uno contaba por qué estaba ahí y su historia de vida. Lo han hecho con un objeto de palabra que se iban pasando unos a otros. Después, hemos hecho una dinámica creativa con plastilina para plasmar qué les había parecido y qué se llevaban de la actividad”, ha detallado.

“En un círculo de diálogo de estas características no es necesario hablar si uno no quiere. Todo se lleva a cabo desde el respeto y la confidencialidad. Es una conversación en la que sobre todo lo que queremos es que se escuche lo que el otro dice, no para justificarlo ni para compartirlo, sino simplemente para entender. No queríamos que detallasen nada sobre el delito cometido, sino que hablaran sobre las causas que les llevaron a cometerlo. Traumas en la infancia, en la adolescencia, la falta de recursos a lo largo de la vida, una gestión errónea de las emociones, malas compañías, querer obtener dinero fácil o discriminación han sido algunas de las razones aportadas”, ha confesado Varona.

No tiene nada que ver una malversación de fondos con una violación o un asesinato. Lo que nos importa en estas actividades es escuchar a las personas

Entre los asistentes también ha participado una persona que ha sido víctima de un delito que ha subrayado la “importancia de responsabilizarse a pesar de las estructuras injustas” que ha podido llegar a vivir la persona que comete el delito y cómo se puede prevenir que ocurra. “Los internos han dado mucha importancia a la conexión con las demás personas, a tener vínculos que les hagan que pertenecen a algo, que se les valora. Ha habido diferentes opiniones porque en realidad lo que nos interesaban eran sus propias percepciones sin tener que personalizar, aunque alguno lo haya hecho”, ha indicado la experta.

Según ha destacado, estudiar e investigar la comisión de un delito es complejo dependiendo de qué es lo que se haya hecho. “No tiene nada que ver una malversación de fondos con una violación o un asesinato. Lo que nos importa en estas actividades es escuchar a las personas y, en mi caso, llevar a los estudiantes para que rompan los estereotipos que se tienen respecto a las personas que han podido cometer un homicidio o tráfico de drogas. Nosotros estudiamos comportamientos delictivos de personas de carne y hueso, son humanos como nosotros y pueden haber cometido algo horrible, pero no debemos deshumanizarlos porque si lo hacemos no vamos a entender cuáles han sido las razones que les han llevado a cometer los delitos. Y repito que entender no es compartir ni justificar”, ha recalcado.

Hemos sacado temas de violencia de género que son muy difíciles de abordar, algo que también sabemos por las investigaciones que hemos realizado

Durante el encuentro han tratado de que la conversación fuera cómoda y participativa, pero también han encontrado puntos de desencuentro o cuestiones que han sido más complicadas de abordar con los internos, sobre todo las relacionadas con la violencia machista. “Hemos sacado temas de violencia de género que son muy difíciles de abordar, algo que también sabemos por las investigaciones que hemos realizado. La normativa internacional interna obliga a tener programas específicos de violencia de género con personas que la han ejercido, pero muchas veces es complicado por lo que llamamos en Criminología como técnicas de neutralización de la culpa o la desvinculación moral selectiva. Estas cuestiones hacen pensar que incluso quienes cometen este tipo de delitos son más víctimas que autores. Por eso es importante que en prisión haya recursos y preparación suficiente y también apoyo a las personas funcionarias porque realizan un trabajo muy complejo para poder ayudar al cambio de estas personas. El cambio no es fácil, la sociedad piensa que porque se les haya privado de libertad y se les haya metido en prisión van a reflexionar y cambiar y muchas veces es al revés, porque de manera más o menos irracional los internos pueden llegar a sentirse víctimas del sistema”, ha lamentado Varona.

Para la experta lo importante es que “la sociedad entienda que el objetivo de la prisión debe ser que no se vuelva a cometer ningún delito y que las personas internas aprendan algo estando dentro de prisión”. “Se trata de que cuando salgan respeten, por eso hay que entender cuáles son los problemas que tienen y responder de la manera menos dañina posible porque el coste de estar en prisión no es solamente una privación de libertad, también tiene una afectación en familias y en la propia sociedad”, ha concluido Varona quien no descarta volver a repetir un encuentro similar el año que viene.

El juicio contra una mujer reclusa acusada de un delito contra la salud pública al ser sorprendida con droga durante un cacheo en la cárcel se ha saldado con 18 meses de prisión y 20 euros de multa. Además, se suspende la pena de prisión por 3 años con la condición de que no cometa delito.

Así ha concluido la 'vistilla' celebrada este lunes en la Audiencia Provincial de La Rioja. En concreto, el Fiscal solicitaba para ella 3 años y 6 meses de cárcel y 79 euros de multa.

El escrito al que ha tenido acceso Europa Press narra unos hechos que sucedieron el 5 de marzo de 2025. Ese día, a las 16,00 horas, funcionarios de prisiones entraron en la celda del módulo dos en la que se encontraba la acusada con la finalidad de cachearle, ante las sospechas de poseer sustancias estupefacientes.

Allí le intervinieron un papel de plata con una sustancia, que la acusada estaba manipulando y que tenía con la intención de proporcionársela a terceras personas. Tras su análisis en el Laboratorio la sustancia intervenida, resultó ser 0,09 gramos netos de cocaína con una pureza del 90,3 por ciento, que hubiera alcanzado en el mercado ilícito el valor de 26,29 euros.

SORPRENDIDO CON DROGA EN SU VEHÍCULO

Este lunes también ha tenido lugar otra vistilla para llegar a una conformidad para un hombre de 36 años acusado de un delito contra la salud pública al traficar con anfetaminas en Logroño. Finalmente se ha conformado con 3 años de cárcel -el Fiscal pedía 4 años- y una multa de 200 euros.

Los hechos se produjeron el 21 de octubre de 2025, a las 12,40 horas, cuando el acusado circulaba por la Avenida de Zaragoza de Logroño, llevando a bordo un envoltorio de plástico de color negro precintado con una pasta de color blanca con un peso de 17,75 gramos que resultó ser anfetamina y que se encontraba dispuesto para su difusión.

El peso bruto analizado alcanza los 7,46 gramos y neto de 6,07 gramos de anfetamina, sustancia que causa un grave daño a la salud, con una riqueza de 65,7 por ciento. Dado que el precio en el mercado ilícito de la anfetamina asciende a 19,90 euros el gramo, el total intervenido asciende a 181,493 euros.

DROGA EN CALAHORRA

Finalmente también se ha saldado de conformidad la vistilla contra una persona acusada de un delito contra la salud publica al traficar con anfetamina en Calahorra. Si bien el Fiscal pedía en su escrito cuatro años y tres meses de cárcel, finalmente se ha saldado con tres años de prisión y 1.200 euros de multa.

Todo ello para unos hechos que se produjeron el 22 de abril de 2024 cuando el acusado se encontraba en la calle Pilarte de la ciudad de Calahorra, portando en el interior del bolsillo izquierdo de su chaqueta un pequeño bulto envuelto en papel de regalo azul, que contenía la inscripción 'felicidades' y que escondía un paquete de tabaco cerrado con cinta adhesiva.

Este a su vez contenía una bolsa termosellada de pequeño tamaño que con polvo de anfetamina, con el propósito de venderla a una tercera persona, lo que no pudo llevar a cabo gracias a la intervención de una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba en la zona desempeñando labores de seguridad ciudadana y que procedió a aprehender al investigado la referida sustancia tras observar en él una actitud sospechosa.

Debidamente analizada, la anfetamina aprehendida reveló un peso total de 26',86 gramos y una pureza media 11 por ciento, teniendo un precio de venta en el mercado ilícito de 1.172,17 euros.

El Ministerio Fiscal pide nueve años de cárcel para un hombre de 58 años, por un delito de homicidio en grado de tentativa al intentar matar con un hacha a otro que le recriminó el uso despectivo de términos para dirigirse a los andaluces. Le pide una indemnización de 10.975 euros por las lesiones, secuelas y daños morales, así como un alejamiento de la víctima de 10 años.

El juicio se desarrollará este martes 14 de julio, a las 10,00 horas, en la Audiencia Provincial de La Rioja. El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, narra unos hechos que se produjeron el 20 de septiembre de 2024, a las 16 horas, al finalizar ambos, acusado y víctima, su trabajo en unas bodegas de Calahorra.

Una vez concluido su trabajo se subieron en un vehículo, y el acusado comenzó a realizar manifestaciones despectivas hacia las personas de origen andaluz, afirmando que: “todos los andaluces y malagueños eran mala gente”. Ante ello, la víctima respondió que él era andaluz y malagueño y que todos no eran iguales. A raíz de ello se inició una discusión entre ambos.

En el transcurso de la misma, el acusado se dirigió a una caseta situada en la nave, de donde cogió un hacha, y, acto seguido se dirigió a la víctima, quien ya había bajado del vehículo. En ese momento, el acusado, actuando con ánimo de acabar con la vida de éste, alzando el brazo con el hacha en actitud amenazante, se dirigió a él diciéndole “te voy a matar”, sin llegar a golpearlo. Ante ello, la víctima, empuñando unas tijeras que llevaba para el desarrollo de su trabajo, le dijo: “me vas a dar, pues venga, estoy a tu merced”, momento en el que el acusado le asestó un golpe con el hacha en la cabeza, impactando en la zona lateral/occipital.

Acto seguido, se subieron nuevamente al vehículo y se dirigieron al hospital de Calahorra, donde a las 16,19 horas se bajó la víctima para ser atendido, dirigiéndose el resto de ocupantes a realizar la compra a un supermercado.

Como consecuencia de estos hechos, el perjudicado sufrió lesiones consistentes en lesión parietal, levemente curvada que se origina en borde superior de pabellón auricular de seis centímetros de longitud, que presenta sutura. Tales heridas requirieron para su curación tratamiento médico-quirúrgico consistente en quince puntos de sutura y analgesia, necesitando para su sanación quince días de perjuicio moderado.

Como secuelas presenta cicatriz de cinco-seis centímetros en región parieto-occipital derecha, que quedará cubierta por cabello valorado como un perjuicio estético de tres puntos. Además, tuvo un perjuicio personal particular por intervención quirúrgica consistente en sutura de la herida con anestesia local.

El acusado ingresó en prisión provisional por esta causa mediante auto de fecha 23 de septiembre de 2024.

Para el fiscal, estos hechos constituyen un delito de homicidio en grado de tentativa por el que pide al acusado nueve años de prisión, diez años de alejamiento de la víctima a 1.000 metros, y 10.975 euros de indemnización.

El fiscal pide tres años y medio de cárcel para una mujer por un delito contra la salud pública en modalidad de sustancia que causa grave daño a la Salud. La mujer era reclusa de la prisión de Logroño cuando al ser cacheada le fue encontrada droga con la que quería traficar en el centro penitenciario. Le reclaman también 79 euros de multa.

El juicio se desarrolla este lunes, 13 de julio, a las 12,15 horas, en la Audiencia Provincial, si bien antes se enfrenta a una 'vistilla' - para ver si se puede llegar a un acuerdo de conformidad, que en caso de no ser así derivaría en señalamiento de juicio-.

El escrito al que ha tenido acceso Europa Press narra unos hechos que sucedieron el 5 de marzo de 2025. Ese día, a las 16,00 horas, funcionarios de prisiones entraron en la celda del módulo dos en la que se encontraba la acusada con la finalidad de cachearle, ante las sospechas de poseer sustancias estupefacientes.

Allí le intervinieron un papel de plata con una sustancia, que la acusada estaba manipulando y que tenía con la intención de proporcionársela a terceras personas. Tras su análisis en el Laboratorio la sustancia intervenida, resultó ser 0,09 gramos netos de cocaína con una pureza del 90,3 por ciento, que hubiera alcanzado en el mercado ilícito el valor de 26,29 euros.

Para el fiscal estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en modalidad de sustancia que causa grave daño a la Salud por el que le pide tres años y medio de cárcel, así como una multa de 79 euros.

El Ministerio Fiscal pide tres años y medio de cárcel para una mujer de 67 años, por un delito tráfico de drogas al llevar cocaína y heroína a su hijo a la prisión de Logroño. Además, le exige una multa de 1.000 euros.

Los hechos, a los que ha tenido acceso Europa Press, se juzgarán este lunes 13 de julio, a las 11,15 horas, si bien se desarrollará previamente una 'vistilla' para ver si se puede llegar a un acuerdo de conformidad, que en caso de no ser así derivaría en señalamiento de juicio.

Se juzga como la acusada el 21 de febrero de 2025 acudió a Centro Penitenciario de Logroño para visitar en régimen de 'comunicación especial' a su hijo interno, portando de forma consciente y voluntaria diversas sustancias para entregarlas al mismo, que tras ser analizadas resultaron ser cocaína, heroína y pasta de cannabis.

El precio medio en el mercado ilícito de un gramo de cocaína era de 60 euros el gramo, un gramo de hachís era de 6,82 y un gramo de heroína era de 58,35 euros el total intervenido valorado en venta por kilogramos asciende a 485,69 euros.

Para el fiscal la acusada, es responsable en concepto de autora de un delito de tráfico de drogas (sustancia que causa grave daño a la salud), por el que le pide tres años y medio de cárcel y una multa de 1.000 euros.

El Gobierno ha activado los trámites para declarar Lugar de Memoria Democrática la antigua cárcel de Yeserías, situada en la calle Juan de Vera de Madrid. Se trata de uno de los principales centros de reclusión del franquismo, especialmente para mujeres presas políticas.

“Yeserías albergó a miles de presas republicanas durante la posguerra y es un símbolo de la represión franquista sobre las mujeres. Su declaración como lugar de memoria abre un proceso de reconocimiento oficial”, expone la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática publicada este viernes en el BOE.

Erigida en 1928 por el Ayuntamiento de Madrid como asilo de mendigos, esta destacada construcción neomudéjar experimentó una enorme reconversión después del golpe de estado franquista y la Guerra Civil. Desde 1938, operó como centro de detención y hospital. Tres años después, comenzó a llamarse prisión de Yeserías, por ser el yeso el material con el que más se trabajaba en esta antigua zona industrial del distrito de Arganzuela.

Hasta la clausura de la prisión de Ventas, a este recinto llegaban solo hombres. Poco a poco el género de las personas encarceladas se fue revirtiendo y en 1971 fue considerada exclsuivamente femenina. Muchas de sus internas llevan años pidiendo esta declaración, hasta el punto de que el pasado febrero organizaron una concentración en sus proximidades para exigirlo al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Cursaron una petición hace más de un año, pero en aquel momento no prosperó.

“Lo primero que me dijo un guardia civil es que menuda pinta traíamos las rojas. Yo había estado una semana en la Dirección General de Seguridad, torturada, sin poder lavarme, con el vestido descosido. Llegué a la sección de políticas y ahí estaban mis compañeras. Me recibieron, me apoyaron mucho, me dieron ropa y me escucharon. A partir de entonces, la estancia no fue tan dura, porque éramos muchas”, rememoraba en declaraciones a este periódico Rosa García Alcón, detenida el 24 de agosto de 2024 y trasladada a Yeserías el 1 de septiembre. Militante de la Federación Universitaria Democrática de España, recuerda cómo a su llegada el médico de la prisión se negó a poner en el informe que García Alcón presentaba numerosos hematomas en el cuerpo y un dislocamiento en el pie izquierdo.

La cárcel cerró sus puertas en 1991, hasta que en 1994 recuperó la actividad convertido en el centro de inserción social Victoria Kent. El espacio se dedica al seguimiento de liberados condicionales, aquellos que cumplen medidas alternativas a la privación de libertad y quienes están en tercer grado telemático, con una pulsera en el tobillo. Su uso volverá a cambiar en 2028, cuando se reconvertirá en la sede central de Instituciones Penitenciarias.

En torno a 300 internos cumplen su condena de forma presencial en el actual CIS Victoria Kent, donde hay hombres, mujeres y un pabellón para madres con hasta diez plazas. La mayor parte de ellos se han visto privados de libertad por delitos de violencia de género o contra la seguridad vial. Acuden a formaciones para potenciar su reeducación y reinserción y así evitar la reincidencia. Su estancia obligatoria es de mínimo ocho horas al día. Es decir, tienen que estar presentes en uno de los tres recuentos que se realizan cada jornada.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha dado un paso definitivo para blindar el valor histórico de uno de los epicentros de la represión del franquismo en Extremadura. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el inicio del procedimiento para declarar la antigua Prisión Provincial de Cáceres como Lugar de Memoria Democrática, al certificar que el emblemático complejo reúne “valores materiales, históricos, intangibles o simbólicos” de primer orden vinculados a la Guerra Civil y a la dictadura franquista.

La publicación de esta resolución implica de inmediato la anotación preventiva del edificio en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática. Esto supone, a efectos prácticos, la aplicación provisional de todo el régimen de protección integral contemplado en la ley estatal vigente, abriendo un periodo definitivo de tramitación de un máximo de 12 meses.

La historia de los muros de la prisión cacereña arrastra una profunda paradoja democrática. El penal comenzó a levantarse originalmente bajo el amparo de la Segunda República como un proyecto de modernización penitenciaria. Sin embargo, el estallido del golpe de Estado de julio de 1936 truncó por completo su naturaleza legal y el edificio pasó a ser un “importante centro de reclusión de opositores políticos, reales o supuestos, al nuevo Estado franquista en construcción”, según detalla textualmente el expediente ministerial.

De la represión en la Guerra Civil al horror del franquismo

Ante la falta de registros oficiales sistemáticos de la época, la documentación histórica rescatada revela que el hacinamiento y la violencia marcaron la rutina del recinto. Distintos expedientes penitenciarios cifran en unos 1.100 el número de personas recluidas solo en noviembre de 1937. Además, las investigaciones confirman que al menos 338 presos procedentes de las cárceles “vieja” y “nueva” de Cáceres fueron sacados de sus celdas para ser ejecutados antes de que concluyera la guerra en abril de 1939.

Entre las víctimas de la represión figura un nombre íntimamente ligado a la propia construcción del edificio: Antonio Canales González. Quien fuera alcalde de Cáceres e impulsor de la edificación del centro penitenciario durante el periodo republicano acabó siendo fusilado por las tropas franquistas el 25 de diciembre de 1937, en una ejecución masiva junto a otras 34 personas.

El uso de la cárcel de Cáceres como herramienta punitiva contra la disidencia no cesó con el fin de la contienda. El penal mantuvo su actividad durante toda la posguerra y reactivó su importancia política bien entrada la década de 1960. Durante esos años, las celdas llegaron a albergar a alrededor de 200 opositores activos al régimen dictatorial, en su inmensa mayoría militantes detenidos por su vinculación organizativa al Partido Comunista de España (PCE) y al sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

Para la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, el inmueble destaca por recoger “hechos de singular relevancia” vinculados directamente a “la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades”. Con esta declaración legal se busca, según el texto del acuerdo, “que el recuerdo de quienes fueron encarcelados en este lugar, o asesinados entre sus muros por su defensa de la libertad y la justicia, no se borre nunca de la historia”.

El Ministerio ha puntualizado que la declaración como Lugar de Memoria Democrática no interferirá ni alterará las actividades o el uso actual que se le da al edificio. No obstante, obligará por ley a incorporar medidas físicas e institucionales de identificación, señalización e investigación histórica. Las instalaciones contarán próximamente con placas, paneles informativos detallados y recursos audiovisuales destinados a explicar pedagógicamente a los visitantes el verdadero significado histórico del penal cacereño.

Este martes se han sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial dos acusados de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Ambos han reconocido haber explotado una plantación de marihuana en Agoncillo y han aceptado una sentencia de conformidad.

Uno de los acusados ha sido condenado a 6 años y 10 meses de prisión y multa de 330.563 euros por el delito de tráfico de drogas. El segundo de los acusados ha aceptado 3 años y 10 meses de prisión y multa de 111.468 euros, también por tráfico de drogas. 

Por el delito de defraudación de fluido eléctrico han sido condenados cada uno de ellos a 1.800 euros de multa. Además, deberán satisfacer una responsabilidad civil solidaria de 13.775 euros a favor de la compañía eléctrica defraudada. La suspensión de la pena se analizará y resolverá en ejecución de sentencia.

Según el escrito del Fiscal, los condenados actuaron de común acuerdo para instalar y explotar una plantación de marihuana en el sótano de un chalet ubicado en una finca rústica de Agoncillo. Uno de ellos había suscrito un compromiso de compraventa de la finca y el otro, aprovechando sus conocimientos de electricidad, habría realizado un enganche ilegal a la red para suministrar energía a la instalación, equipada con sistemas de iluminación, ventilación, climatización y control ambiental destinados al cultivo intensivo de cannabis.

La investigación se inició tras una información recibida por la Policía Nacional sobre la existencia de la plantación. Después de varias vigilancias, los agentes solicitaron autorización judicial para registrar la finca. En la entrada y registro practicados el 17 de enero de 2025 fueron intervenidas 888 plantas de marihuana, además de abundante material empleado para el cultivo y procesado de la droga.

Durante el registro también se localizaron distintas sustancias estupefacientes que, según la Fiscalía, estaban destinadas a su distribución, entre ellas cannabis, anfetamina, heroína y MDMA, así como más de dos kilogramos y medio de silicato utilizado presuntamente como sustancia de corte para adulterar drogas. El valor de las sustancias intervenidas en el mercado ilícito asciende a 82.640,68 euros, de acuerdo con el escrito de acusación.

El juicio contra una mujer acusada de agredir a otra en la Glorieta de Logroño se ha conformado con una pena de 3 años y 6 meses de prisión así como con 10 años de prohibición de aproximarse a menos de 200 metros a la víctima y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio. También ha sido condenada a indemnizarla con 6.658 euros en concepto de responsabilidad civil y a pagar los gastos ocasionados al SERIS, cuyo importe se determinará en la ejecución sentencia. La pena no ha sido suspendida porque la acusada se encuentra actualmente en prisión por otros hechos.

Así se ha saldado la sesión contra una mujer de 46 años, para quien el Fiscal solicitaba seis años de cárcel por un delito de lesiones con deformidad. La acusada ya había sido sentenciada anteriormente por delitos de lesiones.

Pelea en La Glorieta

Los hechos se produjeron a las 15,30 horas, del 4 de febrero de 2023. Ese día, la acusada inició una discusión con la víctima cuando ambas se encontraban en la Glorieta, cuando en un momento determinado y por causas desconocidas la acusada, con “ánimo de menoscabar la integridad física ajena”, se abalanzó sobre la víctima y le lanzó un cabezazo que le alcanzó en la boca.

Instantes después la consiguió tirar al suelo y continuó atacándola de multitud de formas distintas; mordiéndola en el antebrazo y muslo derecho, apretando con un dedo el ojo derecho con intención de arrancarlo, lanzándole multitud de puñetazos y patadas por diversas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, provocando que se chocara contra el suelo. Fruto de estas lesiones, la víctima tardó en curar 14 días, presentando una serie de secuelas físicas.

En el ámbito de este procedimiento, el Juzgado de Instrucción nº2 de Logroño dictó auto de fecha 05 de febrero de 2023, imponiendo a la acusada la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la mujer agredida, su domicilio, lugar de trabajo u otros que frecuente y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, directo o indirecto. Dichas sanciones estarán vigentes hasta que sean modificadas o dejadas sin efecto por resolución posterior.

¿Cómo es una cárcel sueca? El periodista, colaborador de elDiario.es, Óscar Gelis, ha estado en una de ellas, en la prisión de Rosersberg. El mobiliario no llama especialmente la atención… Lo que hace que se te pongan los pelos de punta es saber que, en poco tiempo, comenzarán a entrar en ellas niños y adolescentes. La medida fue una de las reformas más polémicas impulsadas por el Ejecutivo conservador que gobierna Suecia con el apoyo de la extrema derecha. Se trata de menores de edad a los que las bandas relacionadas con el tráfico de droga contactan a través de redes sociales para cometer todo tipo de delitos.

Es un fenómeno que nos sorprende que suceda en un país nórdico, por la imagen que siempre hemos tenido de países como Suecia. Pero, además, es un problema que comienza a extenderse más allá de sus fronteras. Lo analizamos con el experto en inteligencia criminal Andrés Rolandelli.

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El Ministerio Fiscal pide a V.M.G., seis años y medio de prisión por un delito de falsificación de moneda y otro de tráfico de drogas al ser sorprendida con billetes falsos y anfetaminas que iba a pasar a su expareja en un 'vis a vis' en la cárcel de Logroño.

La acusada se enfrente a una 'vistilla' - para ver si se puede llegar a un acuerdo de conformidad, que en caso de no ser así derivaría en señalamiento de juicio- por estos delito que se desarrollará el martes 30 de junio, a las 09,30 horas, en la Audiencia Provincial de La Rioja.

Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, V.M.G. a las 18,30 horas del 6 de enero de 2023 fue sorprendida y detenida previamente al 'vis a vis' que iba a mantener con su expareja portando “de forma consciente y voluntaria a sabiendas” papel moneda alterado y sustancias tóxicas para entregar en dicho lugar.

Efectuado el registro de la misma, se localizó oculto en la zona genital de la acusada billetes falsos; 15 billetes con valor facial de 20 euros y 18 billetes con valor facial de 10 euros, sumando un total de 480 euros; y siete pastillas con el anagrama 'N8' que contiene Naloxona sustancia no sometida a fiscalización y utilizada para tratar la dependencia a opioides y 0,65 bruto y de 0,24 gramos (peso neto), de una sustancia blanca que analizada resultó ser anfetamina.

Para el fiscal, estos hechos constituyen un delito de falsificación de moneda y otro de tráfico de drogas, por el que procede imponerle tres años y medio de cárcel, por el primero y tres años más, por el segundo. Además, le reclaman una multa de 495 euros.

José Luis Ábalos, el político, el ministro, el secretario de organización del PSOE: condenado a 24 años de prisión. Koldo García, su asesor: condenado a 19 años y 8 meses de prisión. Víctor de Aldama, el empresario corruptor: el gran triunfo de la sentencia del caso mascarillas. Sí, ha sido condenado a cuatro años de cárcel, pero el Tribunal Supremo le suspende la condena y no tendrá que devolver la gran parte de la mordida que ahora, se ha demostrado judicialmente, se llevó. 

Todo esto forma parte de un plan que él lleva preparando desde que saliera de prisión en noviembre de 2024. ¿Por qué ha sido tan beneficioso para él tirar de la manta? ¿Qué ha aportado a la investigación? De todo esto y de la lectura política que para el Gobierno supone la condena a Ábalos hablamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero. 

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Toni Chavero acaba de salir en libertad tras pasar 18 años en la cárcel. Se ve desnortado, envuelto por una realidad para la que no le prepararon, y arrastra una inestabilidad mental que aplaca, como puede, junto a sus padres. No siempre se tiene tanta suerte de tener un lugar al que ir una vez excarcelado. En esos casos, la burocracia que se impone en las organizaciones del tercer sector ralentiza unos procesos que no pueden esperar. Una vez fuera de prisión, el cuidado de esa persona no es competencia de Instituciones Penitenciarias.

Ahí aparecen esas otras entidades, paradójicamente las que gozan de menos subvenciones, para conseguir un espacio en el que el excarcelado pueda pasar sus primeros días, lo que puede llegar a crear algún conflicto si la persona presenta un deterioro cognitivo severo o algún problema de salud mental.

Ana Gordaliza, educadora social en la prisión de Valdemoro (Madrid), considera que “a veces la institución penitenciaria es el último depósito de todas las problemáticas sociales”. Dada su experiencia, sostiene que las cárceles llegan a albergar a “personas con trastornos mentales graves, incluso autistas”. Y el problema llega con la excarcelación definitiva: “Ahí vemos el cometido de la institución. Más allá de hacer cumplir la finalidad retributiva de la pena, también debe preparar para la reinserción y la gente lo que se encuentra a la salida es un desierto”, comenta esta profesional.

La maraña burocrática que trabajadoras como ella se afanan constantemente en superar para que las personas excarceladas puedan encontrar un lugar digno en el que rehacer su vida se ve torpedeada por la falta de recursos, competencia habitual de comunidades autónomas y ayuntamientos. “Hay gente que sale de la cárcel sin saber dónde va a dormir esa noche. Te ves en situaciones muy sangrantes, con personas muy vulnerables socialmente y sin ninguna respuesta”, sostiene la educadora de Valdemoro.

La gravedad aumenta cuando la persona sufre un deterioro cognitivo o padece algún problema de salud mental. “La prisión empieza a no ser el último, sino único recurso para ellos. Insisto en que la cárcel es el único lugar en el que siempre hay plaza y sin lista de espera”, confiesa la misma Gordaliza. La institución penitenciaria parchea esta realidad, pero saltan las costuras. “Personas con este deterioro tienen muchas dificultades para cumplir regimentalmente las normas, así que se ven en primer grado gran parte de su condena”, añade.

Como solución, esta experta propone sacar el tratamiento sanitario de estas personas a la red comunitaria de las comunidades autónomas, que no depende del Ministerio del Interior. Así, se facilitarían las derivaciones y el entrar en las listas de espera para una plaza en una residencia pública, por ejemplo. Además, ello permitiría dejar de tener una mirada tan focalizada en la retribución de la pena y más orientada en la incorporación de la persona en la sociedad que se encontrará.

Excarcelado e ingresado en un hospital en apenas horas

Lo que destaca Gordaliza tendría efectos concretos que podrían redundar en una mejora del proceso de excarcelación. No habla en abstracto. “Hace unos días, salió un hombre de 70 años que antes de ingresar vivía en su coche. Llegó a prisión con una cierta discapacidad leve diagnosticada, pero aquí comprobamos que de leve no tenía nada. Cuando hubo que ponerle en libertad, no tenía a dónde ir”, introduce la educadora social. Algunas empresas del tercer sector se ven obligadas a trabajar con una burocracia laberíntica impuesta por la Administración que no responde a tiempo a las necesidades. Por eso, en tantas ocasiones son las entidades más pequeñas, que no reciben tantas ayudas públicas, las que hacen el trabajo.

Encontraron una solución en la Asociación Pro Recuperación de Marginados (Apromar). Ingrid Muñoz, coordinadora del proyecto ‘Y después de la cárcel, ¿qué?’ de esta asociación, apunta que la situación de estos presos “es dramática desde el momento en que no están lo suficientemente atendidos en el centro penitenciario”. Fue en uno de los cinco pisos de acogida que Apromar tiene en Entrevías (Vallecas, Madrid) donde el hombre del que hablaba Gordaliza pasó sus primeras horas en libertad.

“Aquí llegan personas con trastorno de la personalidad no diagnosticado y con ciertas deficiencias que descubres a lo largo de su estancia o ves en la convivencia, pero normalmente no tienen un gran deterioro cognitivo”, asume Muñoz. Sin embargo, aquel día fue diferente. El hombre, por la tarde, defecó y lanzó sus heces por la ventana y estaba algo violento con sus compañeros de piso. Tras llamar al 112, fue ingresado en el hospital Infanta Leonor, de donde se escapó, y volvió a ser ingresado en el 12 de octubre.

“Nosotras hemos comprobado cómo la gente sale adelante cuando se le dan los recursos, y eso es lo que necesitamos, más recursos para poder atender a estas personas”, recalca la también psicóloga. Desde Apromar, donde intentan luchar contra los bulos que estigmatizan a la población presa, sostienen que estos casos suelen ser habituales.

Un informe de la Confederación Salud Mental España, publicado en 2022, ya concluía que “se han de poner en marcha urgentemente alternativas terapéuticas a los tratamientos punitivos, ya que vulneran los derechos humanos y resultan inútiles, porque no se consigue una reinserción real en la sociedad, sino más bien una entrada a una puerta giratoria alejada de la atención sanitaria”.

La red que te salva

Sucede con Toni Chavero, excarcelado hace unas semanas tras pasar casi 20 años en prisión. Un amigo le recibió a la salida del penal de Texeiro (A Coruña). Recuerda aquel momento con gran emoción. Las lágrimas brotan en sus ojos cuando dice que “debe ser un momento tristísimo salir y que no haya nadie, no tener arraigo”. Este madrileño de 55 años asegura que tener una red social fuerte “te puede salvar”. Y con salvar se refiere a no volver a caer en las drogas o tener que delinquir para sobrevivir.

Una vez libre, Chavero es consciente de cómo han disminuido sus facultades mentales en prisión. Ya no son solo los cambios a nivel social o tecnológicos, sino el estado de su salud: “Los únicos que me han ofrecido ir a un psicólogo han sido los Traperos de Emaús. Yo me he salvado por ellos y por mi red, porque siempre he estado metido en grupos de apoyo anarquistas y anticarcelarios”, determina.

Con este tipo de realidades conviven también desde la Asociación Solidarios para el Desarrollo, que trabaja tanto con personas en situación de calle como el colectivo de presos. Álvaro Crespo es el responsable de su programa ‘Cultura en Prisiones’: “Las conexiones entre el centro penitenciario y la sociedad funcionan con medios precarios. Hay personas que se quedan en un limbo de atención y que terminan en la calle por la falta de espacios a los que ir”, indica.

Este especialista en el sector admite que la institución penitenciaria ha afrontado un problema de salud mental entre los internos que “ya ha rebosado el vaso”. “La incidencia de problemas de salud mental entre las personas privadas de libertad puede triplicar a la de las personas del exterior”, cifra. El Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en Salud Mental, de la Confederación, apunta a que uno de cada tres presos ha sido diagnosticado de un trastorno mental. El Defensor del Pueblo también abordaba la problemática en su balance de 2025, donde señala el “problema estructural de la escasez de personal sanitario en prisión”.

Las dificultades para encontrar recursos

Instituciones Penitenciarias asegura a elDiario.es que ofertan programas formativos orientados a la población penitenciaria que los preparan para la libertad. Por otra parte, inciden en que su plantilla, entre la que se encuentran educadoras y trabajadoras sociales y psicólogos, “está orientada exclusivamente (por mandato legal) para intervenir con los internos mientras que se encuentran bajo” su “ tutela”.

Asimismo, detallan que “la excarcelación de las personas penadas se prepara desde los equipos técnicos, cuando las circunstancias lo requieren y especialmente en casos de personas con enfermedad mental”. Sin embargo, que lo requieran no significa que siempre lo permitan: “Los trámites a seguir en estas situaciones no los establece Instituciones Penitenciarias, sino los ayuntamientos y comunidades autónomas”.

Ante dicho extremo, añaden que “es innegable que hay serias dificultades de encontrar un recurso”. Por un lado, a la escasez existente, a nivel general de la sociedad, se unen las dificultades de ser personas que se encuentran cumpliendo una condena. Por otro lado, las profesionales no tienen un fácil acceso a los recursos comunitarios al pertenecer a diferentes administraciones, concluyen desde Instituciones Penitenciarias.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a un hombre a 8 años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y a una multa de 300 euros por un delito leve de lasiones, tras agredir el 12 de abril de 2025 en Leioa (Bizkaia) a dos compañeros de piso, a uno con una maza y una barra de uña de metal y al otro con aceite hirviendo de una sartén. El tribunal cree probada la intención del acusado de acabar con la vida de ambos y no ve “atisbo de credibilidad” en el testimonio del acusado cuando aseguró que su “otro yo” le dijo que acabara con ellos.

Según se recoge la sentencia en los hechos declarados probados, las agresiones se produjeron sobre las 9:30 horas del 12 de abril de 2025, cuando el acusado entró en la habitación de uno de sus compañeros de piso, y comenzó a golpearle con una maza de obra en la cabeza y después con una barra de uña de metal en la zona abdominal, según recoge Europa Press. También arrojó aceite de una sartén hirviendo sobre la cara y el cuello de otro compañero de piso por llamar a la Policía, al ver lo que estaba sucediendo.

El tribunal considera acusado autor de un delito de homicidio en grado de tentativa a 8 años de prisión y otro leve de lesiones a una multa de 300 euros, al estimar “acreditados” estos hechos en base a la prueba practicada en el juicio oral. Entre el acervo probatorio de cargo existente, ha destacado las declaraciones de las dos víctimas, en las que no se aprecia la existencia de “móviles de venganza, resentimiento o interés para perjudicar” al encausado. Además, esos testimonios han estado acompañados de datos de “corroboración externa”, entre ellos el relato de varios testigos presentes en el piso en el momento de los hechos que “coincidieron de forma casi absoluta” con lo narrado por las víctimas, y la declaración del primer agente de la Ertzaintza que accedió a la vivienda.

“El otro yo”

Frente a ello, la Audiencia de Bizkaia recuerda que la versión ofrecida por el acusado en la vista oral carece de “toda coherencia y base lógica presentando una rotunda orfandad de cualquier atisbo de credibilidad”. El procesado afirmó en el juicio que no se acuerda de lo sucedido ese día, que oía voces y que fue su “otro yo” el que le dijo que acabara con ellos, al tiempo que relató que en esa época consumía drogas. El tribunal rechaza la apreciación de la circunstancia de exención de responsabilidad criminal por anomalía o alteración psíquica aducida por la defensa y también las atenuantes por los mismos padecimientos, ya que los forenses que le examinaron entonces no objetivaron ninguna patología psiquiátrica aguda grave.

Además, el mismo día de los hechos se le tomaron muestras de orina y no se detectó ni alcohol ni otras sustancias como opiáceos, cocaína o cannabis. La sentencia destaca que en Osakidetza no constaban antecedentes psiquiátricos ni seguimientos por consumo/abuso de tóxicos previos a ese 12 de abril de 2025. De ello, tal como subraya el órgano judicial, “se obtiene la conclusión medicolegal de que no se puede acreditar que en el momento de los hechos el encausado tuviera alteradas sus capacidades cognitivas y/o volitivas”. Existencia de “dolo directo de matar”.

Por contra, considera probada la existencia de “dolo directo de matar” en la acción del acusado, ya que entró en la habitación de su compañero de piso, cuando este se encontraba vistiéndose y calzándose, portando instrumentos peligrosos (maza de obra y barra de metal), siendo conocedor de su potencialidad lesiva, y decidió hacer uso de estos golpeando a su víctima en zonas vitales, como la cabeza y la zona abdominal, mientras profería expresiones de 'te voy a matar'.

De hecho, esta víctima sufrió una fractura de bóveda craneal, así como múltiples fracturas costales y un derrame pleural “de letales consecuencias si no hubiera recibido tratamiento quirúrgico inmediato”. La otra víctima sufrió por su parte quemaduras de segundo grado superficial generalizadas en el rostro y de primer grado en el cuello. Además de la pena de prisión y multa, el tribunal fija que el acusado indemnice a sus víctimas con 6.000 y 1.500 euros, respectivamente, y le impone sendas medidas de prohibición de comunicación y aproximación a estas. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

La Audiencia Provincial de La Rioja ha confirmado íntegramente la sentencia dictada por la Plaza número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Logroño que condenó a dos hombres por un delito contra la salud pública y un delito leve de defraudación de fluido eléctrico relacionados con una plantación de marihuana localizada en una nave industrial de Santo Domingo de la Calzada.

La resolución desestima el recurso de apelación presentado por uno de los condenados y ratifica las penas impuestas, de tres años y tres meses de prisión, multa de 281.790 euros por el delito contra la salud pública, una multa adicional de 360 euros por la defraudación de electricidad y la obligación de indemnizar a la compañía suministradora por el perjuicio ocasionado.

Segú los hechos probados que se recogen en la sentencia, los acusados acondicionaron una nave industrial arrendada por uno de ellos para el cultivo intensivo de marihuana con destino a su distribución. En el interior instalaron diversos habitáculos equipados con sistemas de iluminación, ventilación, filtrado y control del crecimiento de las plantas, además de una zona destinada al procesado de la sustancia y otra para el almacenamiento de material relacionado con la explotación.

Durante la intervención de la Guardia Civil fueron localizados centenares de macetas, equipos de cultivo y más de 17,5 kilogramos de cogollos de cannabis ya secos y preparados para su venta, cuyo valor en el mercado ilícito habría superado los 112.000 euros. Asimismo, se constató la existencia de una conexión ilegal a la red eléctrica destinada a abastecer energéticamente la plantación.

En sus fundamentos jurídicos, la Audiencia rechaza la alegación de nulidad de actuaciones formulada por el recurrente al concluir que no existió vulneración del derecho de defensa ni indefensión alguna durante la celebración del juicio. 

La Sala destaca que la sentencia de instancia realizó un análisis detallado y razonado de todas las pruebas practicadas, incluidas las aportadas por la defensa, y concluye que los indicios existentes permiten atribuir a ambos acusados la explotación conjunta de la plantación. Entre esos indicios figuran el arrendamiento de la nave por uno de los condenados, las manifestaciones realizadas por el otro acusado ante los agentes, la infraestructura instalada para el cultivo y la coincidencia entre la droga localizada en distintos puntos de la nave y en los vehículos intervenidos.

La Audiencia también avala la valoración efectuada sobre la cantidad de cannabis incautada y rechaza el informe presentado por la defensa, al considerar más consistente y fiable la prueba practicada por los agentes actuantes y por los técnicos encargados de analizar la sustancia.

En relación con la defraudación de fluido eléctrico, el tribunal entiende acreditada la participación de ambos acusados al constatar que la plantación requería un elevado consumo energético, que la instalación eléctrica había sido manipulada para eludir el control del contador y que los condenados eran quienes se beneficiaban directamente de ese suministro irregular.

Por todo ello, la Audiencia Provincial confirma íntegramente la sentencia recurrida y mantiene las condenas impuestas por el Juzgado de lo Penal.

El Castillo de If fue levantado en un pequeño islote homónimo perteneciente al archipiélago de Frioul, frente a la costa de Marsella. Esta fortaleza inexpugnable nació bajo el reinado de Francisco I, quien reconoció la importancia estratégica del puerto tras el asedio de 1524 por el Sacro Imperio. El monarca buscaba una posición defensiva que evitara invasiones marítimas y protegiera los arsenales reales de una ciudad con alma independiente. La construcción masiva se situó en la ruta de acceso a la cala de Lacydon para garantizar un férreo control real sobre el próspero Mediterráneo.

Aunque la isla era conocida desde la Antigüedad por su abundancia de caza, no fue hasta 1516 cuando se proyectó la estructura militar. Los habitantes de Marsella, celosos de su autonomía, no colaboraron inicialmente en la obra, llegando a llamar al recinto como “la Malvoisine” por su imposición. A pesar de las reticencias locales, el castillo se terminó finalmente en 1531, cumpliendo su misión defensiva con gran éxito durante los ataques posteriores. En 1536, las defensas resultaron tan disuasorias que las tropas de Carlos V prefirieron intentar la toma de la ciudad por tierra firme.

Con el paso del tiempo, la función militar de centinela costero fue dejando paso a una nueva misión como temible e inviolable prisión de Estado. Rodeada por las olas del Mediterráneo y azotada por el viento Mistral, la fortaleza se convirtió en un lugar del que era imposible escapar con éxito. Los prisioneros que soñaban con la libertad debían romper cadenas, escalar altos muros y nadar más de un kilómetro entre corrientes traicioneras para huir. Esta fama de lugar siniestro e inexpugnable se forjó durante casi cuatro siglos, ganándose el apodo de la versión francesa de la isla de Alcatraz.

La vida dentro de los muros de If estaba marcada por una jerarquía brutal basada en el estatus y la riqueza de cada detenido. Los reclusos más humildes se hacinaban en los oscuros y húmedos “culs de tour”, donde la falta de luz y la suciedad reducían drásticamente la esperanza de vida. Por el contrario, aquellos con recursos podían alquilar las “pistoles”, habitaciones en las plantas superiores con chimeneas y ventanas que daban al mar. Estas dependencias, antiguas celdas de oficiales, permitían una estancia mucho más llevadera a cambio de pagos constantes de dinero a la guarnición.

El castillo acogió a una gran variedad de personajes históricos, desde opositores al régimen hasta protestantes perseguidos durante las sangrientas Guerras de Religión. Entre sus muros sufrieron cautiverio figuras como el marqués de Sade, el revolucionario Mirabeau o el célebre anarquista Auguste Blanqui, autor de “Ni Dieu ni Maître”. Incluso el general Kléber permaneció allí de forma póstuma, ya que Napoleón ordenó custodiar su cuerpo en la isla para evitar disturbios. Los grafitis grabados en el patio por republicanos y hugonotes son hoy testimonios mudos de aquellos largos años de cruel encierro.

La historia real de la prisión se fusionó irremediablemente con la ficción gracias a la pluma magistral del escritor francés Alejandro Dumas. En su inmortal novela “El conde de Montecristo”, el autor eligió este escenario infernal para encarcelar injustamente a su protagonista, el joven Edmond Dantès. La desesperación del personaje en las profundidades del castillo y su posterior amistad con el abate Faria otorgaron al lugar un halo legendario. A través de la literatura, el Castillo de If dejó de ser una simple roca militar para transformarse en un símbolo universal de la justicia y la venganza.

Atractivo literario

El impacto de la obra de Dumas fue tan profundo que la tradición popular comenzó a buscar las huellas de Dantès entre los muros reales. Aunque el héroe es un personaje ficticio, la prisión hoy exhibe celdas que rememoran su cautiverio y el túnel excavado para su fuga junto al abate Faria. El relato de cómo Edmond escapó oculto en la mortaja del abate fallecido se ha convertido en la historia más conocida vinculada a este islote. Gracias a esta narrativa, la fortaleza atrae a miles de entusiastas literarios que buscan el lugar donde se gestó la gran fortuna del futuro conde.

Declarado Monumento Histórico en 1926, el castillo es hoy uno de los puntos turísticos más visitados de Marsella y parte del Parque Nacional de las Calanques. Sus torres ofrecen panorámicas impresionantes del archipiélago de Frioul, de Notre-Dame de la Garde y de todo el litoral rocoso que rodea a la ciudad. Los visitantes pueden acceder mediante ferries desde el puerto viejo, siempre que las condiciones meteorológicas y el viento Mistral lo permitan. Así, el antiguo centinela de Francisco I sigue vigilando el Mediterráneo, ahora como un puente eterno entre la historia y la leyenda.

Cuando uno pasea por la calle Juan de Vera, en el madrileño barrio de Arganzuela, pocas cosas son las que le ayudan a conocer lo que sucedió, y todavía ocurre, tras esos muros. El actual centro de inserción social (CIS) Victoria Kent, antigua cárcel de Yeserías, alberga en su arquitectura neomudéjar casi un siglo de historia entre sus pabellones y antiguas celdas. De infraestructura algo deteriorada, a día de hoy los internos gozan de un régimen de semilibertad que les permite estar fuera del centro hasta 16 horas al día. A pesar de ser de los pocos enclaves utilizados por el franquismo para recluir a los y las disidentes que sigue en pie en la capital, desde el Gobierno central todavía no lo han declarado Lugar de Memoria Democrática.

Llamada así por ubicarse en una zona industrial en la que se trabajaba el yeso, la construcción erigida por el Ayuntamiento de Madrid en torno a 1928 tenía como destino ser un asilo de mendigos. De ella sobresalen seis pabellones en forma de ‘H’ con largos brazos dispuestos en parejas y paralelos a la calle Juana Doña que son de doble altura, con cubiertas inclinadas de teja curva. Entre los pabellones quedan espacios libres en forma de calle que se denominaban “patios”. En la segunda planta, los pabellones se conectan a través de un eje longitudinal, en forma de puente, sobre estos patios. Existe también un último pabellón, con un solo brazo, más corto que los anteriores.

El comienzo de la Guerra Civil tras el fracaso del golpe de Estado de julio de 1936 hizo que el asilo tuviera diversas funciones, entre ellas centro de detención y hospital, esta última a partir de 1938. En 1941, el centro comenzó a llamarse prisión de Yeserías. A ella arribaban únicamente hombres hasta que se cerró la cárcel de Ventas, cuando también empezaron a entrar mujeres. Tendrían que pasar varias décadas hasta que en 1971 la prisión fuera considerada femenina en exclusiva. Justos 20 años después se cerró y, ya en 1994, volvió a abrir sus puertas como CIS Victoria Kent.

Lo primero que me dijo un guardia civil es que menuda pinta traíamos las rojas. Yo había estado una semana en la Dirección General de Seguridad, torturada, sin poder lavarme, con el vestido descosido

Rosa García Alcón — Detenida en 1975

Los recuerdos franquistas

Una vez que se abre la primera puerta, se cruza un pequeño aparcamiento y se supera el control de seguridad, un pequeño jardín con floridos arbustos y cuidado césped da la bienvenida al visitante. Lo primero que se observa, un cartel con el artículo de la Constitución Española que garantiza que las penas de prisión y las medidas de seguridad deben orientarse fundamentalmente hacia la reeducación y reinserción social.

El día en que Rosa García Alcón ingresó en Yeserías no existía ese jardín, y mucho menos ese precepto constitucional. Detenida el 24 de agosto de 1975 y trasladada a la prisión el 1 de septiembre, esta militante de la Federación Universitaria Democrática de España, ligada al FRAP, recuerda cómo empezaba a anochecer cuando ingresó en la cárcel. “Lo primero que me dijo un guardia civil es que menuda pinta traíamos las rojas. Yo había estado una semana en la Dirección General de Seguridad, torturada, sin poder lavarme, con el vestido descosido”, rememora.

El médico de la prisión se negó a poner en el informe que García Alcón presentaba numerosos hematomas en el cuerpo y un dislocamiento en el pie izquierdo. “Llegué a la sección de políticas y ahí estaban mis compañeras. Me recibieron, me apoyaron mucho, me dieron ropa y me escucharon. A partir de entonces, la estancia no fue tan dura, porque éramos muchas”, explica la actual militante de la asociación de presos y presas represaliadas por el franquismo La Comuna.

El nombre de esta organización no es baladí. Algunas presas crearon su propia comuna entre rejas, donde compartían todo lo que tenían. García Alcón recuerda con angustia el 27 de septiembre de aquel año, cuando el franquismo fusiló por última vez: “Estuvimos con las dos últimas condenadas a muerte de la dictadura, María Jesús Dasca y Concepción Tristán. Fueron unos momentos trágicos”.

Además de estos dos nombres, el de miles de mujeres también han quedado impregnados en la historia de Yeserías, como la escritora y abogada Lidia Falcón, la activista y escritora Eva Forest, la dirigente del PCE y diputada Pilar Brabo y la actriz antifranquista Mari Paz Ballesteros.

La nueva vida en la España democrática

Según Instituciones Penitenciarias, en la actualidad 291 internos cumplen su condena de forma presencial en el CIS Victoria Kent, donde hay hombres, mujeres y un pabellón para madres con hasta diez plazas. La mayor parte de ellos se han visto privados de libertad por delitos de violencia de género o contra la seguridad vial. En este sentido, acuden a formaciones para potenciar su reeducación y reinserción y así evitar la reincidencia. Su estancia obligatoria es de mínimo ocho horas al día. Es decir, tienen que estar presentes en uno de los tres recuentos que se realizan cada jornada. La mayoría pasa la noche en el CIS, por lo que el horario habitual de entrada es de 23.00 horas hasta las 8.00 horas del día siguiente.

La prisión de Yeserías, recordada por muchos como set de rodaje de la película ‘Tacones lejanos’ de Pedro Almodóvar, no goza de cocinas propias. La comida llega desde la cárcel de Valdemoro, a las 13.00 horas y a las 19.00 horas. El desayuno se basa en algo de bollería y café. El comedor está en la planta baja del primer pabellón. Son mesas ancladas al suelo de ocho personas, con asientos sin respaldo y atornillados a las mismas mesas. Un sábado de mayo, los internos comieron pasta con pollo y patatas y cenaron verduras con hamburguesa y patatas. Al día siguiente, comieron cocido completo y pasta con carne de cerdo y cenaron verdura con pollo y patatas.

Esa planta la gobierna una gran sala de estar, rodeada de bancos incrustados a la pared, y en medio una pequeña televisión protegida por un cristal. Al lado está la biblioteca, cerrada con llave, también enrejada. La política marca que, si un usuario quiere algún libro, acuda a las bibliotecas municipales. Cerca pero ya en otro pabellón se ubica el archivo, con varias salas forradas de estanterías metálicas hasta el techo y donde pocas profesionales se afanan en digitalizar cientos de legajos amarilleados por el paso del tiempo. En ellos, miles de sentencias franquistas, entre las que se cuentan, por ejemplo, las de aquellos detenidos por luchar contra el régimen y las de aquellas presas por abortar, que motivan la consulta de historiadores.

Madres que cumplen prisión

La mayoría de los internos se encuentran en tercer grado. Es el estadio más avanzado de una condena hacia la libertad que llega cuando has cumplido la mayor parte de la pena. “Muchos lo piden porque tienen que cuidar de familiares o porque tienen un precontrato de trabajo que les vale como justificación de que quieren reinsertarse”, comenta una trabajadora que ha desempeñado sus funciones en el CIS durante unos meses.

En el centro hay trabajadora social, psicóloga, jurista y educadora, pero no equipo médico. Se entiende que, ante una necesidad sanitaria, el usuario acude al médico habitual del centro de salud. “Quienes están peor aquí son las madres porque la mayoría de presas que tienen hijos lo que intentan es que se quede algún familiar o allegado con ellos”, determina esta trabajadora que prefiere no dar su nombre.

En el caso concreto del CIS Victoria Kent, también se encargan de realizar el seguimiento a los liberados condicionales, aquellos que cumplen medidas alternativas a la privación de libertad y quienes están en tercer grado telemático, con una pulsera en el tobillo, que alcanzan las 105 personas.

Desde La Comuna han pedido el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que declaren el CIS Victoria Kent como Lugar de Memoria Democrática. La propuesta decayó ante el silencio de la cartera liderada por Ángel Víctor Torres a principios de febrero. “Aquí no solo estuvimos políticas, también había mujeres presas por abortar o ayudar a hacerlo, o por adulterio, o por ejercer la prostitución. Eso tiene que explicarse, que la gente entienda lo que ocurrió aquí para que no se olvide”, reclama García Alcón, quien dejó Yeserías atrás el 3 de diciembre de 1975 en libertad condicional tras abonar sus padres 30.000 pesetas.

El nuevo centro penitenciario de Donostia, en Zubieta, abrirá sus puertas este lunes, el 15 de junio. Sustituirá al viejo Martutene. Construido por el Estado y cedido ahora al Gobierno vasco, titular desde 2021 de las competencias de Prisiones en Euskadi, se publicita como un espacio en que la arquitectura y los equipamientos ayudarán a la apuesta por la reinserción social.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha hecho de guía este jueves a los medios de comunicación en las entrañas del nuevo centro penitenciario de Zubieta. La instalación, construida con una inversión de 45,5 millones de euros, contará con capacidad para más de 400 personas y dispondrá de una plantilla formada por 255 funcionarios..

La nueva cárcel señala que se busca un modelo “más humano”. Martutene se concibió en la dictadura, justo después de la Guerra Civil, y en Zubieta hay un frontón, biblioteca o módulo para madres, un añadido que solamente hubo en el viejo presidio hace unos pocos años. San José ha insistido en que “la seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar juntos”. Según ha explicado, el sistema penitenciario debe garantizar el cumplimiento de las penas y la protección de la sociedad, pero también ofrecer herramientas para que las personas presas puedan “reconstruir su proyecto de vida”.

Zubieta se ha levantado sobre una superficie de 80.714 metros cuadrados, casi el doble que Martutene, que ronda los 36.000. Sus instalaciones tienen un carácter “urbano”, hasta el punto de hacer sentir que se trata de “una pequeña ciudad”, según ha descrito Alfredo Gómez, director tanto del nuevo centro como antes de Martutene. El recinto cuenta con amplios espacios al aire libre, algunas zonas verdes y varios edificios muy luminosos por dentro distribuidos en seis módulos residenciales, además de áreas deportivas, culturales, sanitarias, de servicios básicos y de comunicaciones. Durante la visita, Gómez no ha evitado las comparaciones entre ambas cárceles, resumiendo el cambio como el paso “de un sistema de control y vigilancia a uno de reinserción social”.

Todos los módulos residenciales disponen en su planta baja de espacios comunes equipados con futbolín, mesa de ping-pong, televisión y patios abiertos. En la primera planta se ubican las celdas compartidas, donde dos personas conviven en una habitación con litera, escritorio individual y un pequeño baño. Cinco de los seis módulos están destinados a hombres y suman un total de 208 celdas.

El módulo femenino incorpora una singularidad respecto al resto: una unidad para madres ubicada en la segunda planta. En total, las mujeres dispondrán de 16 celdas, cuatro de ellas adaptadas para madres con hijos menores de tres años. Estas habitaciones se asemejan a pequeños apartamentos, con espacios diferenciados para el descanso y la convivencia con los bebés, además de baño privado. Las zonas comunes de esta planta presentan también una decoración más colorida que la del resto del centro.

Además de los espacios de ocio de los módulos residenciales, las personas internas dispondrán de instalaciones para cubrir necesidades básicas como la alimentación o la lavandería. En este mismo edificio se ubica el aula destinada a la formación profesional culinaria, la cual se asemeja al estudio del programa 'Masterchef'. San José ha confirmado que el centro ofrecerá programas en colaboración con Lanbide relacionados con la cocina, la peluquería, la construcción o los cuidados y el acompañamiento.

El área sanitaria es dos plantas. Las consultas de medicina general, psiquiatría y odontología ya están equipadas con material moderno. En la planta superior se encuentran siete habitaciones destinadas a aquellas personas internas que necesiten permanecer ingresadas durante la noche por motivos de salud. Esto está gestionado por Osakidetza.

Junto a la enfermería se sitúa el edificio de comunicaciones, donde los internos y sus visitantes acceden por entradas separadas. La planta baja está reservada para encuentros familiares, mientras que la superior alberga los vis a vis: dieciséis destinados a familiares y cinco de mayor tamaño para reuniones con abogados.

El centro dispone también de un amplio espacio deportivo y cultural. Además de una cancha polideportiva, un gimnasio aún no montado, y un frontón al aire libre, alberga un salón de actos destinado a eventos y representaciones teatrales. Las personas internas tendrán acceso asimismo a una biblioteca dotada de numerosos libros y una zona de estudio. Destaca también la presencia de murales y obras artísticas distribuidas por distintos puntos del recinto.

El próximo 15 de junio será inaugurado oficialmente el centro penitenciario de Zubieta. Tal y como se anunció en febrero, el traslado de las personas presas desde Martutene se realizará efectivamente a mediados de junio y, según ha explicado Gómez, se espera completar “en un día” durante la próxima semana. Pero sólo se ha cumplido el último de los plazos. Antes todo han sido retrasos.

Aunque el proyecto comenzó a gestarse en 2005, las obras no arrancaron hasta 2021. Inicialmente estaba previsto finalizar la construcción en 2023 y abrir las instalaciones en 2024. Dos años más tarde, la infraestructura que busca sustituir a Martutene se ha convertido finalmente en realidad. El viejo Martutene será derribado para dejar paso a viviendas en la ciudad con los precios más caros.

“Ya no solo es por la reinserción, ver algo de la calle nos viene muy bien”. José Manuel es uno de los 250 reclusos del Centro Penitenciario Madrid IV (Navalcarnero) que ha asistido este miércoles a la proyección de Sorda en el auditorio de la prisión. “En la cárcel tenemos siempre la misma rutina. Esta mañana me habría levantado, habría ido al gimnasio, habría estado trabajando, hacer cosas diferentes me encanta”, suma su compañero Fernando, que a las 9 de la mañana estaba también listo para ver la ópera prima de Eva Libertad, y posterior coloquio con su protagonista, Álvaro Cervantes.

La proyección del filme ha formado parte de la presentación del Programa de intervención audiovisual en entornos penitenciarios, desarrollado por la Academia de Cine junto a Instituciones Penitenciarias, que consta de una doble vía: la exhibición, tanto de cinefórums en distintas prisiones y la asistencia de reclusos a actividades organizadas en la sede de la propia Academia, así como la formación, a través de talleres creativos como captación profesional.

El primero de los cursos se impartirá a finales de junio en el Centro Penitenciario Picassent en Valencia, para formar como Auxiliar de Maquillaje y Peluquería durante tres semanas.

Los reclusos agradecen también la parte formativa, por permitirles imaginar u distinto y oficio una vez cumplan sus penas. “Nos da la perspectiva de hacer otra cosa en la calle”, comenta José Manuel. Porque además hay mucho cinéfilo entre los compañeros.

En su caso, siendo de los que tiene días de permiso en los que sale del recinto, reconoce que intenta aprovechar siempre que sale para ir al cine. Una oportunidad con la que no cuentan muchos de sus compañeros, y por ello ha disfrutado en especial de la proyección, al haber podido compartir con todos ellos la experiencia. Precisamente él es también uno de los que trabaja en la revista trimestral que llevan a cabo dentro del centro penitenciario. “Nos despeja la mente”, aplaude sobre esta iniciativa. “Nos encanta el cine”, coincide Alejandro.

Aplausos entre intervenciones

De los 650 reclusos que hay en Madrid IV, 250 de ellos se han sumado a la proyección, en la que muchos se han tenido incluso que sentar en el suelo para poder ver Sorda porque no quedaban asientos libres. Al acabar, los internos han aplaudido con ímpetu, y se les han concedido unos minutos de descanso para que tomaran el aire en el patio, momento que ha coincidido con la llegada de Álvaro Cervantes al centro. Al ver al intérprete, que se alzó con el Goya a Mejor actor revelación por su papel en el filme, varios de los presos se han acercado para darle la enhorabuena y las gracias por el largometraje.

“Es un gusto ver siempre una sala llena”, ha reconocido después el actor, ya de vuelta en el auditorio. La elección de Sorda para la actividad ha sido llevada a cabo de forma conjunta entre el departamento de Desarrollo e Investigación de la Academia de Cine y el Centro penitenciario, y su recibimiento ha sido conmovedor.

La película cuenta la historia de una pareja conformada por una mujer sorda y un hombre oyente, que deciden tener un hijo. El filme se convirtió en la primera película española protagonizada por una actriz sorda, Miriam Garlo, y representa las vicisitudes a las que se enfrentan en su día a día las personas con esta discapacidad, desde sus posibilidades laborales a cómo enterarse de si están llamando al timbre de la puerta de tu casa.

El intérprete ha compartido el aprendizaje que igualmente supuso para él participar en el largometraje, para el que aprendió lengua de signos. “Me di cuenta de que los oyentes hablamos mucho, lo cual implica escuchar poco”, ha reconocido sobre una de las primeras reflexiones que le surgieron al leer el primer tratamiento de guion, un año antes de rodar el largometraje.

Los reclusos han escuchado atentos, y se han lanzado a preguntarle más detalles sobre el tema, desde cómo se gestionó durante las grabaciones el hecho de que la protagonista fuera sorda o si por haber encarnado a la pareja de una mujer sorda, Cervantes sentía que había captado algo de la inteligencia emocional y mejorado su capacidad para “entender más allá de las palabras”. “El mundo no está hecho para las personas sordas”, ha señalado el actor como una de las conclusiones más evidentes que extrajo de su trabajo en el filme.

El cine contra el aislamiento, también en 'Sorda'

La directora del centro penitenciario, Noelia Jiménez Martínez, ha intervenido en el acto para recalcar la capacidad del cine para “trascender” y convertirse en una herramienta de “reflexión, diálogo y crecimiento personal”, algo especialmente útil dentro de la prisión. Miguel Ángel Vicente Cuenca, actual Director General de Ejecución Penal y Reinserción Social dentro de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha incidido en la importancia de un programa como este para “romper la rutina” de la prisión y tanto la cultura como el acceso a la misma son un derecho.

El responsable ha aprovechado la propia temática de Sorda para establecer un paralelismo entre el aislamiento que sufre la protagonista –y que tan bien refleja la película– por el hecho de ser sorda y el que experimentan los reclusos, así como “el aislamiento que suponen los prejuicios” que recaen sobre ellos. “En prisión muchas veces nos enmudecemos”, ha señalado, además de alabar el poder del cine para recordar a los internos que su tiempo “sigue teniendo un valor” y que su “capacidad de conmoción sigue intacta”.

“Las películas se completan siempre con el público y cada público es distinto. Y en este caso, el cine es transformador y tiene todo el sentido que estas proyecciones se den en centros penitenciarios para generar referentes”, ha afirmado Cervantes, tras finalizar la actividad. El actor ha mostrado su pleno apoyo al programa de la Academia de Cine, como vía para que “la sociedad no se olvide de las personas que están privadas de su libertad cumpliendo sus penas”, al tiempo que “para las que están en el centro tengan un contacto con la sociedad a través de los temas y las historias que les llegan a través del cine, que están reflejando la evolución social”.

El papa León XIV ha realizado uno de los actos de mayor simbolismo en su viaje a España. El pontífice ha visitado la cárcel de Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires, Barcelona), donde ha escuchado las breves palabras que le han dedicado dos internas, Montserrat López y Josefina.

“Nos alegra que esté aquí porque muchas veces nos sentimos olvidadas”, ha expresado, a escasos metros del pontífice, Montserrat López, que ha confesado a Robert Prevost que no siempre fue creyente.

“He experimentado la muerte de las personas que más quería, y me he enfrentado al silencio de Dios. No entendía por qué Dios se habia llevado a mi hijo, para mí era el culpable de todo, pero hoy pido perdón a Dios por todo”, ha aseverado López.

Josefina, la otra interna que ha hablado ante el Papa, ha señalado: “Aquí en la prisión no estoy sola, Jesús me da fuerzas y vida lo siento dentro de mí. Si no fuera asi no sé como habría podido soportar todo esto, pero esto pasará, retomaré mi vida y seguiré dando gracia a Dios”.

La parada en Brians 1 ha sido una de las sorpresas del viaje del Papa a España. Una visita anunciada a última hora, y que León XIV pidió expresamente. Es la primera vez que un Papa acude a una cárcel en España, aunque Robert Prevost ya había visitado un centro penitenciario en su viaje a Guinea del pasado abril.

“Los errores de la vida no determinan la identidad de una persona”, ha enfatizado el pontífice, que ha acompañado con sus palabras el simbolismo de una visita que es una forma de visibilizar a un colectivo, los presos y presas, a menudo olvidados por buena parte de la sociedad.

En la selección de los 80 presos que han acudido al auditorio de la cárcel para el acto con el Papa no se ha discriminado a nadie por el tipo de delito cometido, sino que se ha primado la antigüedad en la asistencia a la eucaristía, que en Brians se celebra el sábado y el domingo a cargo de los sacerdotes Jesús Bel (para los hombres) y Jesús Roi (mujeres).

El director de la cárcel de Brians 1, Jordi Pons, ha dado la bienvenida al Papa, y le ha explicado que los 80 presos y presas asitentes al acto, provinentes de los centros penitenciarios de Birans 1, Brians 2 y Wad Ras, “representan la comunidad cristiana de Catalunya”.

“Gracias por mirarnos con ojos de misercordia y por decirle al mundo que existimos, sufrimos y que queremos levantarnos y seguir adelante”, ha dicho el padre de Brians 1, Jesús Bel.

La quinta etapa del viaje del Papa a España, que sucede íntegramente en Catalunya, continuará con una agenda de marcado carácter religioso, simbólico y social: la visita al milenario monasterio de Montserrat, la iglesia de Sant Agustí del Raval de Barcelona, que atiende a colectivos vulnerables, y el plato fuerte de su viaje, la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.

Este miércoles acompañaban al Papa el president de la Generalitat, Salvador Illa, muy emocionado con el recibimiento de Catalunya ha dado al pontífice; el conseller de Justicia, Ramon Espadaler; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; y el obispo de Sant Feliú, Xabi Gómez, que desde hace años trabaja con las realidades de la migración y la marginación, y que ha sido uno de los impulsores de esta visita.

Tras escuchar los impactantes testimonios de las presas, el Papa ha lanzado un llamamiento al futuro, también, al que existe (porque existe) fuera de lo muros de la prisión. “Ser humano y ser cristiano no consiste en no equivocarse sino en crecer en la capacidad de convertirse, arrepentirse, enmendarse y, sobre todo, de reconciliarse y de perdonar”, ha subrayhado el pontífice.

“Los errores de la vida no determinan la identidad de una persona”, ha repetido León tras escuchar las palabras de Montse y Josefina, y el trabajo del padre Jesús Roi, el capellán del centro penitenciario. Ante ellos, el Papa ha recalcado uno de los mantras que van marcando su pontificado, el de la dignidad de toda persona, venga de donde venga, con sus heridas, su pasado y sus oportunidades.

“Todo ser humano es 'digno' por el mero hecho 'de haber sido querido, creado y amado por Dios'”, ha subrayado el pontífice, quien ha insistido en que “no existe ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada”.

Esta es, para León XIV, “una verdad consoladora que nos acompaña en todo momento y que nos recuerda cómo su amor misericordioso está siempre por encima de cuánto bien o mal hayamos hecho”, pero especialmente para aquellos que “lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís, además, a causa de vuestra actual condición”.

“Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona”, ha agregado, insistiendo en que “”en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones“.

“Hagamos espacio al Señor en nuestro corazón y busquemos su rostro. Dejémonos acompañar por su amor. Aferrémonos a Él, que nos invita continuamente a la esperanza y nos muestra un horizonte maravilloso que ninguna barrera física puede impedirnos alcanzar”, ha añadido el Papa, quien ha invitado a los reclusos y reclusas a “seguir soñando el sueño de Dios”, finalizó.

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