“Un hombre perdió mucho peso y tenía la tripa visiblemente hinchada, le recetaron Nolotil como si fuesen gases. Finalmente era metástasis”. Se trata de uno de los testimonios recogidos en el informe 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', elaborado por la campaña Salud y Libertad, que busca visibilizar y denunciar la situación de vulneración de derechos que sufren las personas presas en materia de atención médica. La presentación del informe se enmarca en una serie de actos y actividades que han culminado este domingo 19 de abril con la vigésimotercera edición de la Marcha contra la macrocárcel de Zuera, que este año centra su mensaje en la desatención sanitaria dentro de prisión. En el parking de la cárcel de Zuera se han celebrado distintas charlas, cuenta cuentos, comida popular, dos conciertos… Mientras, Radio Hawai emitía en directo para las personas que se encuentran al otro lado de los muros.

El informe pone la lupa en las cárceles de Aragón, con testimonios recogidos en las instalaciones de Zuera y de Daroca, pero contextualiza una problemática que arrastra el sistema penitenciario español. La falta de médicos se presenta como uno de los principales agravantes de la situación sanitaria en los centros penitenciarios. Este déficit, tal y como recoge el documento, hace que muchas de las consultas se realicen por videoconferencia, con las limitaciones que eso conlleva, o que el personal de enfermería se vea obligado a realizar tareas ajenas a su competencia. También supone que enfermedades infecciosas —con una incidencia más alta en prisión que en la población general— reciban una atención insuficiente, que se restrinja el acceso a determinados tratamientos o que se produzca un retraso o ausencia de diagnóstico.

Una serie de deficiencias que se ven reflejadas en los testimonios que aparecen en el informe: “Te duele algo o estás mal y te dan solo paracetamol e ibuprofeno sin ver lo que tienes o qué te duele”. “Me rompí la pierna y los médicos de aquí me decían que era un esguince, a la hora me sacan al hospital y tenía el peroné roto y como aquí no se me revisaba no tuve rehabilitación y ahora tengo el pie con dolores”. “A otra persona, ante la falta de movilidad, le diagnosticaron ciática y recetaron Nolotil, finalmente era esclerosis múltiple”. Otros testimonios recogen como en caso de urgencias son los propios presos quienes tienen que llevar al paciente en camilla al médico del centro.

Competencia sanitaria y falta de médicos

Aragón cuenta con tres centros penitenciarios en Zuera, Daroca y Teruel. Según el informe, en 2024 Zuera acogía a 1.310 personas y contaba con un médico —de una plantilla teórica de nueve plazas disponibles—. Ese mismo año, en Daroca había cinco vacantes de siete plazas médicas para una población de unas 330 personas y en Teruel había un solo médico (de dos plazas) para unas 200 personas. A nivel nacional, en diciembre de 2025, solo estaban cubiertas 152 plazas (30% del total) para una población reclusa de 47.000 personas (en las Comunidades Autónomas no transferidas).

Preguntados por esta información, según Instituciones Penitenciarias actualmente en Zuera hay tres médicos, tres enfermeros y cinco auxiliares de enfermería. En Daroca hay tres médicos, siete enfermeros y tres auxiliares. Mientras que en Teruel no hay médicos, sino un servicio de guardias telemáticas, tres enfermeros y tres auxiliares. “La institución penitenciaria no es ajena a lo que ocurre fuera, hay una falta de médicos de familia y nosotros no somos ajenos a esa realidad”, dicen desde Instituciones Penitenciarias, y recuerdan que la atención especializada, y en concreto psiquiatría, corresponde a las comunidades autónomas.

Una de las principales causas de esta situación es que la competencia sanitaria dentro de las prisiones recae sobre el Ministerio de Interior y no sobre los servicios autonómicos de salud, por lo que la atención primaria se lleva a cabo por parte de Instituciones Penitenciarias, mientras que la atención especializada sí que se presta a través del Sistema Nacional de Salud. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 instaba a las comunidades autónomas a transferir y a asumir las competencias sanitarias en prisión, lo que facilitaría la cobertura de las plazas médicas vacantes dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, más de 20 años después, esto solo sucede en Cataluña, el País Vasco y Navarra.

Esta falta de médicos en prisión también podría explicarse, en parte, debido a tres motivos: al salario inferior de los profesionales de prisión en comparación a la media del sector sanitario, a que los centros penitenciarios están alejados de las ciudades —lo que dificulta la conciliación— y al entorno de trabajo —que puede derivar en situaciones complejas—; tal y como explicaba el abogado penitenciario David Burgos durante una de las mesas redondas sobre salud y prisiones celebradas el pasado 11 de abril en el Centro Joaquín Roncal, enmarcada dentro de las actividades previas a la marcha.

“La cárcel enferma”

Desde la campaña 'Salud y Libertad' denuncian también la opacidad y falta de acceso para obtener información sobre la situación sanitaria en las cárceles, lo que dificulta la realización de un estudio preciso sobre esta realidad. Para realizar el informe, hicieron llegar por carta o por “boca a boca” cuestionarios a personas encarceladas en Zuera y Daroca. Del total de personas encuestadas, el 47,1% declara que su estado de salud era bueno antes de entrar a la cárcel, mientras que, en comparación, el 67,6% refiere que su estado de salud ha empeorado desde su entrada.

“La cárcel enferma”, es una de las principales conclusiones del 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', que también pone el foco en la salud mental de las personas presas. A la falta de médicos, se suman las quejas respecto a la calidad de la alimentación recibida, así como las condiciones de salubridad e higiene en celdas sin grifos, en las que aparecen cucarachas y ratas, con un sistema de ventanas que no permite la ventilación de las celdas (en el caso de Zuera) y que “ha llegado a suponer un aumento de síntomas ansiosos”.

El informe también recoge el testimonio de una enfermera que trabajó en la Consulta General del Ramón y Cajal, donde se realizaba la atención especializada de pacientes que llegaban de prisión. Relata un caso concreto de abandono que debería haber sido atendido de manera prioritaria: “Recuerdo un caso de un paciente que llegó con la cara totalmente deformada por la patología que le afectaba. No era algo que hubiera sucedido de un día para otro, sino que había sido un proceso largo en el que nadie había tomado medidas salvo cuando empezó a afectarle en su día a día. Esta situación se debería haber atendido de manera prioritaria pero el paciente nos dijo que llevaba años conviviendo con esto”. La enfermera relata como el “acompañamiento” continuo realizado por las autoridades complica la denuncia por parte de los pacientes de la inacción en su salud y como el hecho de estar esposados durante la consulta dificulta su exploración médica.

“En ningún momento me sentí cómoda en aquellas consultas y no por culpa de los presos sino por lo indigno que me parecía el trato que recibían constantemente y por saber que esas personas sufrían todas esas vulneraciones de sus derechos día tras día, poniendo en peligro su vida y su salud”, concluye.

Los sindicatos de funcionarios de prisiones llevan años reivindicando la jornada de 24 horas. Aseguran que mejora la relación con el preso y descienden los conflictos. Por el contrario, varios informes internos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y diversos expertos en derecho penitenciario alertan de los efectos perjudiciales que una jornada de este tipo puede tener tanto para los trabajadores como para los internos. Otras fuentes cercanas a la Administración penitenciaria denuncian que la reclamación de los representantes de los trabajadores solo es una excusa para poder disfrutar del máximo de días libres seguidos, una exigencia que se les podría conceder en favor de la paz social entre los sindicatos y la propia Administración.

Desde el franquismo no opera en España esta jornada de 24 horas, a excepción de los meses de emergencia sanitaria provocada por la Covid. El último centro en volver al horario habitual ha sido la prisión de Zaballa (Araba), el 1 de abril de este año. Joaquín Leiva, portavoz de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip-UGT), defiende que en los meses en los que funcionaron con este turno en 2020 “se evidenció un descenso en los conflictos entre internos y en las incidencias con ellos en el turno de noche”.

Según apunta este sindicalista, ese fue el resultado de la continuidad de los funcionarios de prisiones del turno de día con el turno de noche. Los datos que manejan desde Acaip-UGT, quienes aseguran que han sido aportados por Instituciones Penitenciarias, reflejan que en 2020 se dieron 4.333 agresiones entre internos, frente a las 5.367 agresiones del mismo tipo reflejadas en 2025. Sobre las agresiones a trabajadores penitenciarios, cifran en 176 las que se dieron en 2020, frente a las 529 de 2025. 

Los expertos enfatizan la falta de realidad en los datos, pues en 2020 los presos se encontraban el mayor tiempo del día en sus celdas. Asimismo, Cristina Rodríguez Yagüe, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), precisa que “la interrupción del contacto con el exterior redujo la entrada de drogas en prisión, una de las principales fuentes tanto de sobredosis como de la conflictividad entre internos”.

Exigen un proyecto piloto

Leiva reitera que el turno de 24 horas establece una continuidad en el servicio que favorece que “el seguimiento del interno sea infinitamente mejor”, y lo compara con los horarios con los que trabajan los bomberos y sanitarios. Precisamente, este último colectivo lleva meses movilizándose y yendo a la huelga para terminar con las guardias de 24 horas, tanto por razones de calidad asistencial con el paciente por la falta de descanso como por conciliación personal y familiar. 

Jorge Vilas, responsable nacional de CSIF Prisiones, precisa que este turno es “beneficioso” para todas las partes de la institución. Desde su punto de vista, que un funcionario que ha trabajado a lo largo del día también lo haga por la noche posibilita que conozca lo sucedido durante su jornada para así poder atajar de la mejor manera posible cualquier incidente nocturno.

Este representante sindical añade que la instauración del turno de 24 horas no solo acarrearía una mejora económica en los trabajadores, que se ahorrarían “muchos desplazamientos”, sino que este aspecto también mejoraría su conciliación. Ante las posturas que indican que este horario repercute negativamente en la calidad del servicio, Vilas quita peso al cometido de sus compañeros y responde que “por la noche los funcionarios solo vigilan que no pase nada”. Por ello, exige que en España se desarrolle un proyecto piloto para ver claramente las consecuencias del horario que proponen.

Informes de Instituciones Penitenciarias lo desaconsejan

Esa exigencia que enuncia Vilas llegó por primera vez hace unos tres años a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Fue entonces cuando sus diferentes unidades emitieron un informe posicionándose. En uno de ellos, dejaron por escrito que “las jornadas de trabajo de 24 horas abonan el camino de un modelo de organización securitario y donde los procesos de bunkerización se consolidarán y se saldrá de la cabina para intervenir en un conflicto, no para observar preventivamente, no para organizar sesiones terapéuticas o una actividad cultural”, según el documento al que ha tenido acceso elDiario.es.

El mismo informe recoge que “no se alcanza a ver ningún aspecto positivo que para la población reclusa pueda tener acumular 24 horas de trabajo” y que “valorar el régimen horario del personal penitenciario debe tener como primer objetivo el mejor cumplimiento de los fines de esta institución”.

Otro de los informes emitidos señala que en noviembre de 2022 hasta 12 países de la Unión Europea respondieron sobre su realidad con las jornadas de 24 horas en el funcionariado de prisiones. Las conclusiones generales subrayaron que “las jornadas largas de trabajo tienen consecuencias negativas en la interrelación con las personas privadas de libertad, dado que el estrecho contacto con ellas conlleva agotamiento y estrés”. La valoración global de este turno fue “negativa”, incluso por los estados que la utilizan. 

Las conclusiones de este documento valoran que el sistema penitenciario español es el instrumento para reeducar y reinsertar socialmente a las personas condenadas a penas y medidas privativas de libertad. Este cometido se ve perjudicado “por la realización de una jornada de trabajo que, alargándose durante 24 horas, se empobrece enormemente, por el agotamiento y el estrés que el propio horario conlleva”.

Agotamiento físico, emocional y mental

Las expertas también se oponen a la medida. Rodríguez, la catedrática de Derecho Penal, reconoce que este turno tiene “difícil encuadre” en la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales vigente. Más allá de eso, no recomienda la jornada de 24 horas por la exigencia del cometido de los funcionarios de prisiones que, “mantenida de forma sostenida en el tiempo, puede dar lugar a situaciones de desgaste y estrés continuado que acaben en agotamiento físico, emocional y mental”, en sus propios términos.

Asimismo, incide en que otro posible efecto negativo que puede provocar este horario es su impacto en el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar de la plantilla. “La realización de jornadas de 24 horas impide la conciliación familiar y esto es algo que afectaría tanto a hombres como a mujeres. Y, no nos engañemos, en una sociedad en la que todavía gran parte de la carga familiar recae desigualmente en las mujeres, el establecimiento de jornadas de 24 horas puede perjudicar más a las funcionarias”, apunta la catedrática.

En cuanto al argumento de que con esta jornada se puede conocer mejor al recluso, Rodríguez asevera que “este tipo de relación resulta más difícil de sostener en situaciones de agotamiento, fatiga o burnout, a las que pueden conducir turnos de trabajo de 24 horas”. Y añade: “Ello puede provocar un deterioro de esa interacción positiva con las personas privadas de libertad, dando lugar a la aparición de mayores conflictos y, en último término, a un recurso más frecuente a la respuesta disciplinaria como vía de solución”.

Similar es lo que opina Xabier Etxebarria, profesor de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid y antiguo director general de Ejecución Penal del Gobierno vasco: “Es evidente que un trabajador penitenciario cansado no va a hacer bien su trabajo con turnos tan largos, al igual que no lo haríamos ninguno en nuestros puestos de trabajo”. También critica que para las personas presas no exista un funcionariado de vigilancia de referencia. “Estas personas no pueden establecer una relación con ellos porque cambian constantemente de turno y luego desaparecen incluso semanas”, sostiene este especialista.

Aceptar las 24 horas para conseguir la paz social

No volver a trabajar varias jornadas después de realizar seguidos el turno de mañana, tarde y noche es el motivo principal que ven fuentes internas de la Administración penitenciaria para que los sindicatos exijan la jornada de 24 horas. Si se admitiera su reclamación, trabajarían 40 horas en dos días, y descansarían cinco. Es decir, trabajarían al año 92 días, a los que habría que descontar vacaciones y asuntos propios. “Es obvio que estarían menos días reales de trabajo en el centro, lo que impide una continuidad en la actividad laboral. Además, no sería un servicio continuo, sino que dentro del turno de 24 horas se estarían pagando ocho horas de descanso, que es lo que marca la legislación laboral”, enfatizan estas fuentes.

Al igual que lo recogido en los informes, estas voces defienden que las jornadas de 24 horas en las prisiones son “un atavismo, propio de un sistema penitenciario que pivotaba sobre la seguridad, heredado del franquismo y que incide en un modelo de organización securitario, en una labor de vigilancia pasiva o estática”. De esta forma, reconocen que instaurar estos turnos “supondría volver a un modelo organizativo superado y contrario al nuevo enfoque de seguridad dinámica que impera nacional e internacionalmente, dificultando el establecimiento de relaciones interpersonales positivas entre el personal y las personas privadas de libertad”.

A pesar de los dictámenes que desaconsejan el turno de 24 horas en los funcionarios de prisiones, algunos integrantes de la Secretaría General temen que la Administración lo acepte para contentar a los sindicatos. Según remarcan, el temor proviene de la postura “tibia” que parece tener Instituciones Penitenciarias ante una cuestión de tal relevancia y la “falta de firmeza” ante esta reivindicación sindical, ya que entienden que “no se puede priorizar la paz social con las organizaciones sindicales al cumplimiento de nuestra finalidad constitucional”.

Por ello, consideran que acceder a un proyecto piloto supondría un retroceso difícil de reconducir en el futuro. “Es un cambio de paradigma contrario al espíritu de la Ley Orgánica General Penitenciaria que no ha sido cuestionado hasta la fecha en los más de 40 años de vigencia y que va en contra de los criterios y estándares internacionales”, concluyen.

Desde Instituciones Penitenciarias no han respondido a las cuestiones planteadas por elDiario.es. Sin embargo, sí han apuntado que las veces en que se ha evaluado la jornada laboral de 24 horas “se ha considerado no beneficiosa para el servicio público”. Según agregan, “si se vuelve a plantear, se estudiarán todos los elementos que se incluyan en dicha reivindicación, como en cualquier otra propuesta de las organizaciones sindicales”. 

Eso es lo que ha hecho el mismo Vilas por parte de CSIF Prisiones, que el pasado 13 de marzo solicitó que se convocara con carácter urgente el Grupo de Trabajo de Jornada y Horarios de la Mesa delegada de Instituciones Penitenciarias, en la que está representada la Administración y los sindicatos, además de Acaip-UGT y CSIF, CC. OO., CIG y ELA, quienes también apoyan la medida.

Un hombre ha pasado 13 meses en prisión acusado de un delito de agresión sexual, por el que la Fiscalía y la acusación particular pedían para él una pena de 14 años de cárcel, y el mismo día del juicio abandonó en libertad la sede de la Audiencia Provincial de Asturias porque el tribunal de la Sección Tercera no ha dado credibilidad al testimonio de la víctima.

Los magistrados creen que la mujer, que ha sido diagnosticada de esquizofrenia, se inventó la denuncia, ya que su declaración se caracteriza por “la falta de consistencia y lógica”.

La acogió en su casa

La denunciante tiene 23 años, pero los médicos valoraron que su mentalidad responde a la de una persona de unos “15 ó 16 años” con un grado de discapacidad reconocido administrativamente del 66%.

Debido a la mala relación que mantenía con su familia, la joven se fue a vivir con una amiga y en mayo de 2024, tras discutir con ésta, abandonó la vivienda que ambas compartían y fue acogida en su domicilio por el acusado, donde permaneció hasta febrero de 2025, en que dejó la casa y le denunció por agresión sexual.

De la denuncia, a la cárcel

El hombre ingresó como preso preventivo en el Centro Penitenciario de Asturias donde ha permanecido hasta que el pasado mes de marzo la Audiencia Provincial de Asturias decretó su puesta en libertad el mismo día del juicio, al que había entrado esposado y custodiado policialmente.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular interesaron para él la imposición de una pena de 14 años de cárcel, su inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, remuneradas o no, que conllevasen contacto regular y directo con personas menores de cinco años superior a la duración de la pena de prisión que finalmente le fuera impuesta.

A estas peticiones sumaban una medida de libertad vigilada durante nueve años y una orden de alejamiento a menos de 300 metros de la víctima durante 15 años y el pago de una indemnización a ésta de 25.000 euros.

La prueba médica

El abogado defensor, Manuel Vicente Vallina Rodríguez, solicitó su libre absolución al negar que su representado fuera autor de delito alguno.

Los magistrados de la Sección Tercera han dado más credibilidad a la tesis de la defensa, entre otras razones porque ni los facultativos del servicio de Ginecología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que examinaron a la mujer, ni el médico forense que la reconoció apreció síntoma alguno de agresiones sexuales.

Comentarios en redes sociales

La Sala tampoco ha visto posible que fuera el mismo acusado quien subiera a la red social instagram unas declaraciones donde se reconocía como “el violador”.

El tribunal recoge en la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, que en la fecha de la creación de su perfil, el acusado estaba ya en prisión provisional por lo que, argumenta, “en todo caso la derivación de esa manipulación informática es que se trataba de exponer al procesado como el violador, es decir, de perjudicarlo”.

Igualmente ha descartado que la denunciante sufriera problemas psicológicos si, tal y como ella relató, los supuestos episodios de agresiones sexuales se hubieran producido, puesto que señaló que “se prolongaron en el tiempo, durante nueve meses, e intensos al ser prácticamente a diario”.

La sentencia absolutoria

En este caso concreto, se remiten al informe médico forense que exponía que el estado anímico y emocional de la mujer era de “tranquilidad” y “sin preocupación por lo relatado/acontecido”.

A la vista de todas estas circustancias, los magistrados decretaron su puesta en libertad tras declarar su libre absolución.

El Grupo de Protección y Atención Ciudadana de la Comisaría de Elizondo de la Policía Foral ha interceptado, en tres intervenciones recientes, un total de 56 kilos de droga y ha detenido a siete personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Las operaciones han sido realizadas en la  N-121-A y su entorno, “un eje de paso para los grupos especializados en el tráfico de drogas y estupefacientes hacia la Unión Europea”.

En una de las intervenciones, los agentes de la Comisaría de Elizondo abordaron durante una patrulla en un turno de noche a un vehículo con dos ocupantes que levantó “sus sospechas”. El coche, matriculado en Alicante, hizo “el amago de detenerse”, pero de forma “brusca” huyó cuando los agentes se acercaron. En ese momento, comenzó una persecución hasta la localidad de Sunbilla, lugar en el que uno de los ocupantes escapó del turismo con una maleta. A estos agentes se les unieron otros efectivos que buscaron a los dos hombres por las orillas del Bidasoa y sus rutas cercanas (Vía Verde). A uno de ellos lo localizaron en un parque de Santesteban, aunque “emprendió una nueva huida a la carrera”. Tras una noche de persecuciones, y con el apoyo de efectivos de Pamplona, los dos fugitivos, dos varones de 21 y 23 años, fueron encontrados en la misma localidad con sus ropas mojadas. El vehículo también fue localizado en Santesteban y la maleta que portaban contenía 49 kilos de hachís y 7 de marihuana. Las autoridades judiciales decretaron con posterioridad el ingreso de prisión de ambos detenidos.

En otra operación, se interceptó por la mañana una furgoneta durante un control rutinario de los agentes de la comisaría baztanesa. Aunque en un principio solamente había tres ocupantes, en la inspección del vehículo apareció un cuarto tumbado entre unos cojines. Todos ellos mostraban una “actitud nerviosa y esquiva”. De hecho, uno de ellos arrojó al exterior una bolsa de polvo blanco y en los cacheos a otro le encontraron en el bolsillo 2.000 euros y a un tercero diferentes dosis de marihuana. Cuando se le realizó un registro “minucioso” del vehículo, junto a otra patrulla, se ecnontró una mochila escondida con 10.000 euros y 175 gramos de una sustancia pulverulenta (compatible con cocaína). los cuatro ocupantes fueron detenidos por un presunto delito de tráfico de drogas.

En una tercera intervención, realizada durante la tarde, los agentes detectaron a alta velocidad a un vehículo cuyo conductor tenía un amplio “historial”. Ante “el nerviosismo mostrado por el joven en el momento” de ser parado por la patrulla, se le practicó un registro en el que se encontraron 207 gramos de speed en el maletero del coche. Fue detenido también por un delito contra la salud pública.

La vía “es un territorio de paso que los agentes de la Policía Foral conocen y controlan en el día a día, para luchar contra este fenómeno criminal”. La Comisaría de Elizondo, pero también unidades del resto de comisarías, en especial las unidades de seguridad ciudadana y de investigación criminal, “atesoran una práctica operativa y judicial que se traduce en controles, conocimiento del entorno y de las prácticas criminales, lo que les conduce” a resultados estos.

El indulto que el Consejo de Ministros concedió este martes a las sindicalistas conocidas como 'Las seis de La Suiza' ha sido acogida por el grupo Sofitu que, desde el inicio del conflicto laboral ha sido el punto de apoyo y de movilización contra su ingreso en prisión, con un doble sentimiento: por un lado, “con alegría por las compañeras” que no tendrán que regresar a dormir al Centro Penitenciario de Asturias, pero también con la sensación de que “la lucha no acaba aquí”.

La noticia, adelantada ayer por Infolibre y confirmada por elDiario.es en fuentes del Gobierno, era ratificada esta mañana por la ministra Elma Saiz quien, al término del Consejo de Ministros corroboró que se había concedido el indulto para las seis personas condenadas por haber participado en acciones sindicales contra la política laboral de la pastelería La Suiza de Gijón.

La portavoz del Gobierno explicó, en rueda de prensa, que el indulto se ha aceptado porque “recoge una demanda del Gobierno de Asturias” y cuenta con el apoyo de “fuerzas sindicales y políticas”, según informó Íñigo Aduriz.

La satisfacción de Yolanda Díaz

La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ya se había comprometido en el verano de 2025 con las seis sindicalistas de la CNT en trasladar la propuesta de indulto al Consejo de Ministros durante la visita que realizó a Asturias el año pasado, aludía a esta concesión a través de las redes sociales.

Yolanda Díaz mantiene su convicción de que “hacer sindicalismo no es delito”, como ha venido reivindicando desde que tuvo conocimiento de la condena de las seis sindicalistas que apoyaron a una compañera que denunció haber sido víctima en un caso de acoso laboral y sexual.

A continuación, reproducimos el post publicado en X donde se muestra especialmente orgullosa de formar parte del Gobierno.

Desde que se inició el proceso judicial y se  conoció la sentencia  condenatoria el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha defendido la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras, ante una condena que califica como “inapropiada en una democracia”.

La defensa de sus derechos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sostuvo ya en su visita a Asturias su compromiso por lograr que la libertad de las sindicalistas condenadas fuera una realidad: “Defender los derechos de las y los trabajadores no es delito”, incidió la ministra.

La titular de Trabajo insistió en que “nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales. El sindicalismo es esto, la fuerza colectiva. Hoy 'Las Seis de la Suiza' dejan de tener una carga injusta que nunca merecieron. Hoy el Gobierno se pone del lado de los derechos laborales, del derecho a la protesta y de las reivindicaciones más básicas. Hoy es un día de orgullo”, ha reivindicado Yolanda Díaz.

Movilizaciones

Por otro lado, varios colectivos sociales, sindicales y políticos participarán mañana, día 1 de abril, en una rueda de prensa que ha convocado la Intersindical Asturiana, integrada por los sindicatos SUATEA, Sindicato Ferroviario e ISA, a las 12:00 horas, en el Conseyu de la Mocedá de Gijón/Xixón donde sus representantes valorarán de forma más detallada todo el proceso desde sus inicios hasta la actualidad.

Esta convocatoria ha sido organizada por el grupo de apoyo junto con los sindicatos que han venido impulsando movilizaciones y acciones de apoyo en defensa de las seis sindicalistas condenadas en Asturias. No obstante, las concentraciones en varios puntos del país han sido constantes convocadas por los sindicatos, especialmente CNT.

Evitar la criminalización

Desde la Intersindical Asturiana se valora este indulto como “un paso importante, pero también como una muestra de la necesidad de seguir defendiendo los derechos sindicales y evitar la criminalización de la protesta laboral”.

Integrantes del grupo de Sofitu aseguran que se sienten “muy contentas de que nuestras compañeras hayan recuperado su plena libertad, un hecho que celebramos”.

“La acción sindical está en entredicho”

Sin embargo, consideran que este procedimiento y su posterior ingreso en prisión no debieron haber ocurrido nunca y explican las razones que les lleva a reiterar esta afirmación: “A nuestras compañeras se las ha condenado y criminalizado por haber ejercido sus derechos. A día de hoy, con la jurisprudencia sentada por este caso, la acción sindical está en entredicho y el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación también”.

El indulto es, en su opinión, el resultado de la solidaridad, el apoyo mutuo, la lucha y la unidad de clase.

Otros casos

“Será solamente desde lo colectivo y la lucha como podremos dejar un mundo nuevo a las generaciones venideras. No podemos olvidarnos -añaden- de los diferentes casos de represión que aún siguen activos en el Estado español, persiguiendo y encarcelando a quienes osan enfrentarse a la explotación, la injusticia o el fascismo”.

El grupo de apoyo a 'Las seis de la Suiza' va a realizar una asamblea abierta el próximo día 8 de abril, en la que informará con más detalle sobre el proceso.

“Hoy es un día alegre, pero la lucha no acaba aquí. Las consecuencias de este caso hay que seguir afrontándolas”, reconoce.

Las reacciones

Las reacciones ante el indulto han sido numerosas y las redes sociales se han hecho eco de la noticia como suele ser habitual con comentarios contrapuestos en función de las ideologías de los usuarios: con satisfacción por parte de aquellos que están convencidos de que la medida de gracia se ha concedido por la injusticia que representaba su ingreso en prisión por “hacer sindicalismo en Asturias” o con mensajes de odio de personas -en la mayoría de los casos amparados en el anonimato- que sostienen que se trata de solo una campaña de la izquierda y se dedican a insultar a los periodistas y a sus medios.

La condena

Las seis personas vinculadas al sindicato CNT fueron condenadas a una pena de tres años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la Administración de Justicia cometidos en el año 2016.

El Tribunal Supremo (TS) desestimó, en junio de 2024, las alegaciones de las defensas y ratificaron la condena en una sentencia donde sostuvieron que las seis sindicalistas cometieron actos de hostigamiento y presión hacia el propietario de la pastelería 'La Suiza' y contra su familia que fueron el detonante para que echara el cierre al negocio ubicado en Gijón.

El caso, conocido como 'Las seis de La Suiza', movilizó a los sindicatos y a los partidos de izquierdas que se sumaron a una manifestación en Gijón, apenas un par de días antes de la deliberación de la Sala, donde se exigió la libre absolución de los condenados.

La ratificación del Supremo

Representantes y militantes de CCOO, UGT, CSI, CGT, SUATEA, Intersindical Asturiana y LCT, así como de Podemos, IU, Sumar, Verdes-Equo, Andecha Astur, Aína, PCTE y Anticapitalistas, participaron en la manifestación. “Hacer sindicalismo no es delito” fue no solo un eslogan para la marcha de apoyo, sino que se convirtió en un lema de su lucha.

Sin embargo, la sentencia condenatoria, que previamente había sido confirmada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, el 31 de marzo de 2022, fue ratificada por el alto tribunal.

Embarazada

Según los hechos declarados probados, el 15 de junio de 2016 la acusada O.P.R. avisó a su pareja sentimental F.S.D. para que acudiera a buscarla a su trabajo para llevarla al hospital ya que se encontraba embarazada y tenía una amenaza de aborto.

F.S.D. se presentó en la pastelería “muy alterado” y llamó a voces al propietario. Según la sentencia, seguidamente propinó un puñetazo a un armario congelador del local, lo que motivó la denuncia del empresario por daños y amenazas en su local.

La presión

A raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, la empleada dejó su trabajo y contactó con el sindicato CNT, donde denunció su situación. Según el fallo a continuación se concertó con las acusadas “para iniciar una campaña de presión sobre el empleador y su familia para que cediera a sus pretensiones económicas”.

Entre otros actos, la sentencia confirmada detallaba la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.

Los recursos

La CNT anunció la interposición de recursos en todas las instancias posibles, “a nivel español y europeo”, para que se haga justicia con este caso que supone un ataque al trabajo sindical que ha calificado como “terrible”.

“Somos incómodos para el sistema. Nuestro ámbito es la calle y lo que no podemos hacer es renunciar a ella. Forma parte de nuestro ADN y es lo que vamos a seguir haciendo. Las compañeras no van a estar solas en ningún momento, y aunque creemos que esta sentencia es un bombazo al sindicalismo, seguiremos estando del lado de las trabajadoras”, aseguró a elDiario.es Asturias Erika Conrado, secretaria general de CNT, en una primera valoración nada más conocer la sentencia del Supremo.

Prisión e indulto

Las seis sindicalistas ingresaron en el Centro Penitenciario de Asturias el 10 de julio de 2025. El magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón/Xixón, Lino Mayo, que las había condenado en primera instancia, había dictado auto de prisión sin esperar a la resolución de la petición de indulto o el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el recurso de revisión de su caso.

Ocho meses después de su encarcelamiento, el Consejo de Ministros ha aprobado su indulto.

Efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han detenido a un vecino de Caudete, de 37 años de edad, el cual no regresó al centro penitenciario de la localidad alicantina de Villena, donde se encontraba cumpliendo condena, tras disfrutar un permiso.

Además de ello, a esta persona le figuraban cuatro señalamientos de búsqueda, detención e ingreso en prisión y otro de búsqueda, detención y personación decretados por distintos juzgados, emitidos con posterioridad a su no reingreso en el centro penitenciario.

La Guardia Civil de Caudete tuvo conocimiento de que un vecino de esa localidad no había acudido al centro penitenciario alicantino de Villena donde se encontraba cumpliendo condena tras el disfrute de un permiso, pudiendo residir, junto con su pareja, en una vivienda que habría sido ocupada ilegalmente en la localidad caudetana.

A raíz de dicha información, la Guardia Civil comprobó la veracidad de los hechos y que la ocupación ilícita de la vivienda se había realizado con el objetivo de residir en ella de forma permanente, dada la intención del detenido de no regresar a prisión tras el permiso y ocultarse en ella de forma permanente.

A partir de ese momento, se realizaron vigilancias discretas en las inmediaciones de dicha vivienda, pudiendo observar cómo esta persona llevaba una vida normal junto con su pareja sentimental, si bien no abandonaba en ningún momento el inmueble para evitar su detención.

Reclamado por varios juzgados

La Guardia Civil comprobó cómo esta persona se encontraba reclamada por varios juzgados, figurándole hasta cuatro señalamientos de búsqueda, detención e ingreso en prisión y uno de búsqueda, detención y personación en sede judicial. Esta persona, además de peligrosa, ha sido detenida en numerosas ocasiones por delitos contra el patrimonio, violencia de género, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

Finalmente, la Guardia Civil estableció un dispositivo operativo para proceder a su detención, y con la pertinente autorización judicial se procedió a la entrada en la vivienda donde se refugiaba, resultando detenido y trasladado hasta dependencias de la Guardia Civil de Caudete para la instrucción de las pertinentes diligencias.

En el dispositivo operativo establecido por la Guardia Civil para acceder a la vivienda y detener a esta persona intervinieron efectivos de los Puestos de Caudete, Montealegre del Castillo, Fuente-Álamo y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic).

Las diligencias policiales instruidas por los diferentes delitos, junto con la persona detenida, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, en funciones de guardia de la localidad albaceteña de Almansa, que ha entendido de las actuaciones.

Las seis sindicalistas condenadas a una pena individual de tres años y medio de prisión por el Tribunal Supremo (TS) y conocidas como 'Las seis de la Suiza' han sido indultadas nueve meses después de su ingreso en prisión.

La noticia ha sido adelantada por Infolibre y confirmada por elDiario.es a través de fuentes del Gobierno.

El Consejo de Ministros, que tendrá lugar mañana, martes, aprobará esta medida de gracia que ha sido reclamada por colectivos sociales, sindicales y políticos desde que se hizo firme la condena de cárcel; un respaldo público que fuentes cercanas a las seis sindicalistas han agradecido en su nombre.

Para sus vidas personales es una alegría, aseguran fuentes familiares que agradecen los apoyos sociales, políticas, sindicales y de miles de personas que se sumaron espontáneamente a las numerosas movilizaciones que se realizaron desde que se tuvo conocimiento de la condena y posterior ingreso en prisión de las seis sindicalistas que ha sido muy importante para ellas

Un 'chute' de energía

La noticia de su indulto ha sido un 'chute' de energía. Personalmente, están “muy contentas” por ellas y sus familias, aunque han reconocido que, como colectivo, entienden que a estas alturas ninguna persona debería cumplir una condena de cárcel por ejercer sindicalismo.

“Para sus vidas personales es una alegría”, aseguran a este diario fuentes familiares que aseguran que los apoyos sociales, políticos, sindicales y de miles de personas que se sumaron espontáneamente a las numerosas movilizaciones que se realizaron desde que se tuvo conocimiento de su condena y posterior ingreso en prisión ha sido muy importante para ellas.

En tercer grado

Las sindicalistas esperan con impaciencia que mañana, martes, el Consejo de Ministros ratifique el indulto que les permitirá salir en libertad y no tener que regresar, como ahora, a dormir al CIS de la cárcel asturiana.

O.P. R., R.B.C.C., B.G.P., J.C.C., M.C.B.T. y H.A.G.P. están actualmente cumpliendo el tercer grado en el Centro Penitenciario de Asturias tras haber tenido que ingresar el pasado mes de julio en prisión para cumplir su condena, accediendo a continuación al régimen de semilibertad.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se había reunido en Asturias con las condenadas y ya les había anunciado que llevaría este tema para su deliberación ya que “hacer sindicalismo no es delito”.

Solidaridad con una compañera

Las seis sindicalistas ahora indultadas habían participado en actos en protesta delante de una pastelería denominada ‘La Suiza’, situada en la Avenida de Shultz, en Gijón/Xixón, en solidaridad con una compañera que había sido despedida. Siete años después de iniciadas las movilizaciones, las sindicalistas, una vez que ya esté firmado el indulto, habrán saldado toda su deuda con la justicia.

Los hechos por los que han sido condenadas se remontan a los años 2016-2017. En junio de 2016, una trabajadora embarazada de la pastelería La Suiza solicitó la baja por riesgo de aborto tras un altercado entre su pareja y el empresario.

La denuncia

La empleada denunció haber sido víctima de acoso laboral y sexual, mientras el dueño del negocio presentó una denuncia contra su pareja por amenazas y daños en el local.

Posteriormente, la empleada pidió en 2017 el asesoramiento jurídico de la CNT tras denunciar sus malas condiciones laborales aduciendo que en su trabajo le encargaban tareas que ponían en riesgo su embarazo. Al mismo tiempo relató que era víctima también de un presunto caso de acoso sexual.

El equipo de acción sindical se puso en contacto con la empresa para pactar la salida de la trabajadora, pero el empresario se negó a mantener cualquier tipo de reunión, por lo que el sindicato convocó varias concentraciones ante sus instalaciones en las que participaron las seis personas condenadas para mostrar su repulsa por la actitud del propietario hacia la empleada.

“No empleamos violencia”

Eldiario.es Asturias compartió sus impresiones con tres de las personas condenadas en julio de 2024. En esa conversación, ellas advertían que se habían limitado a defender a una trabajadora que sufría un presunto caso de acoso, sin que en sus protestas emplearan la violencia, ni causaran daños.

Era especialmente relevante que esas concentraciones contaban con el respaldo de la autorización expresa que había concedido la Delegación del Gobierno en Asturias para su celebración.

Fuerza y entereza

En estas concentraciones participaban vecinas y vecinos, representantes sindicales y de partidos de izquierdas y paradójicamente en esa época ostentaba el cargo de delegado del Gobierno Gabino de Lorenzo, el que fuera alcalde de Oviedo por el Partido Popular (PP) entre 1991 y 2012.

En 2021, el juez de lo Penal 1 de Gijón, Lino Mayo, condenó a las seis sindicalistas O.P. R., R.B.C.C., B.G.P., J.C.C., M.C.B.T. y H.A.G. por su participación en las movilizaciones a una pena de tres años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia.

El magistrado sostenía que los propietarios se vieron abocados al cierre del negocio por la campaña de hostigamiento que se llevó a cabo con estas acciones.

La causa ha seguido un largo periplo judicial. La sentencia condenatoria fue recurrida a varias instancias: del juzgado pasó a la Audiencia Provincial de Asturias y posteriormente al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), al Tibunal Supremo (TS) y al Tribunal Constitucional (TC). Pero los recursos fueron decayendo uno a uno.

La Audiencia y el Tribunal Supremo

En 2023, la defensa presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, alegando vulneración de derechos fundamentales.

En junio de 2024, el Supremo confirmó la condena. La sentencia del Supremo incidía en que las protestas fueron “coercitivas” y que provocaron el cierre del negocio. 

El tribunal considera que las acciones excedieron el ejercicio legítimo de la libertad sindical y la libertad de expresión. Las seis sindicalistas condenadas recibieron “con coherencia y dignidad” la sentencia que las ponía a un paso de la cárcel.

El recurso ante el Constitucional

La defensa presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que también fue desestimado. Con esta decisión, se agotaban las vías judiciales en España. La CNT anunció entonces que llevaría el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo.

Un total de 22 organizaciones sindicales de todo el Estado han presentado en el Ministerio de Justicia del Gobierno de España una petición de indulto a las seis condenadas, lo que no conlleva arrepentimiento.

La petición de indulto

Además, el Gobierno del Principado de Asturias aprobó también formalmente la solicitud de indulto, alegando razones humanitarias y personales. 

El Ayuntamiento de Gijón no debatió la petición de indulto por el veto de los partidos de derecha del consistorio: Foro, PP y Vox.

Sin embargo, el mayor apoyo llegaba procedente del propio Gobierno central. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se reunía con las condenadas en Oviedo y declaraba: “El sindicalismo es un derecho, no un delito. Nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales”.

Ese mismo mes, el juez Lino Rubio Mayo rechazaba la petición de suspensión de la condena, a pesar del respaldo de la Fiscalía. Argumentaba que no existía arrepentimiento por parte de las condenadas, ya que fue el sindicato CNT quien abonó la indemnización.

Ingreso en prisión

El 9 de julio, el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón decretaba el ingreso inmediato en prisión de las seis personas condenadas. Al día siguiente, las seis se presentan voluntariamente en el Centro Penitenciario de Asturias para cumplir la condena.

Su internamiento se producía en régimen abierto en un centro de inserción social anexo a la cárcel. En un comunicado, afirmaban: “Actuamos con coherencia y dignidad. Apoyamos a una trabajadora en situación de vulnerabilidad. Estábamos haciendo algo que es un derecho”.

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, reiteró su compromiso de intentar que el indulto llegue cuanto antes. Una declaración de intenciones que llegará mañana a su aprobación en el Consejo de Ministros y con él acabará “la pesadilla” de las seis sindicalistas condenadas.

Reacciones sociales y políticas

Sin embargo, a pesar de que el indulto no llegaba entonces, la respuesta social era inmediata. En Gijón, Madrid y otras ciudades, miles de personas se manifestaban bajo el lema “Hacer sindicalismo no es delito”. Más de 22 sindicatos —entre ellos CCOO, UGT, CGT, CSI, SUATEA y la propia CNT— han respaldado la petición de indulto.

También han secundado la petición de indulto partidos como Sumar, IU, Podemos, EH Bildu y el PSOE. El colectivo de apoyo Sofitu ha sido rotundo: “El Estado español tiene desde hoy a seis sindicalistas presas por ejercer derechos que tanto costó conseguir”.

El apoyo de Rodrigo Cuevas

El caso de Las seis de La Suiza ha generado una alianza sindical inédita y ha reabierto el debate sobre la criminalización de la protesta laboral. Entre tanto, las condenadas han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El apoyo de personas con gran proyección por sus profesiones o su carisma ha sido constante y uno de los últimos que se ha sumado ha sido el polifacético artista asturiano, Rodrigo Cuevas.

El pasado jueves, durante su participación en el programa de televisión 'La Revuelta' que dirige David Broncano, Rodrigo Cuevas mostró a cámara uno de sus regalos: una camiseta donde reclamaba la puesta en libertad de 'Las seis de La Suiza'. Un testimonio gráfico que quedó recogido en esa imagen difundida por el programa de TVE a través de la red social X.

A partir de mañana, su deseo será ya una realidad con la aprobación del indulto.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Asturias que juzgó y condenó a Natalio Grueso, ex director general del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, ubicado en Avilés, a una pena de ocho años de cárcel y a su inhabilitación absoluta para contratar con las administraciones públicas o entidades del sector público durante ocho años, ha emitido un informe desfavorable a la petición de indulto instada por el cantautor catalán Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, y a la que se adhirieron otras 70 personas.

Los magistrados de la Sección Tercera consideran que no concurren motivos de “equidad, justicia o conveniencia” que hagan aconsejable su concesión.

La fuga, penaliza

Eldiario.es Asturias ha accedido al informe donde la Sala estima que la fuga que protagonizó el ex director general para eludir su ingreso en prisión debe jugar en su contra a la hora de obtener esta medida de gracia.

En este informe, el tribunal se opone a la concesión de un posible indulto al mantener que “ni se ha producido actuación del penado, ni ingreso voluntario en Centro Penitenciario, que le hagan acreedor del beneficio solicitado”.

Al expediente tramitado, del que se dio traslado a las partes, se incorporaron tanto un informe de conducta de la Delegación del Gobierno en Madrid como un informe negativo del Ministerio Fiscal.

“No cumple los requisitos de la ley”

La Fiscalía argumenta que Natalio Grueso no cumple los requisitos establecidos en la Ley de 18 de junio de 1870 por la que se establecen las reglas para el ejercicio de la gracia del indulto.

Entre otras razones, aduce que no ha estado a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena, una de las excepcionalidades recogidas en la legislación para ser susceptible de ser indultado.

La huida del país

Natalio Grueso huyó del país al ser confirmada su condena por el Tribunal Supremo (TS) por su autoría en un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial mercantil y oficial y un delito continuado societario.

Durante más de dos años permaneció fugado de la Justicia a raíz de que el alto tribunal declarara la firmeza de la sentencia condenatoria y se decretara su inmediato ingreso en prisión.

Busca y captura

En la causa consta que el ex director general del Niemeyer se sustrajo a la acción de la Justicia hasta en dos ocasiones.

“En el Procedimiento Abreviado se dictó con fecha 14 de septiembre de 2018 auto acordando su prisión provisional comunicada y sin fianza ante la imposibilidad de citarle para el acto del juicio, habiendo estado privado de libertad desde el 18 de septiembre hasta el 24 de octubre de 2018”, señala la Audiencia Provincial.

“En ejecución de sentencia se emitió orden requisitoria de busca, detención e ingreso en prisión con fecha 9 de agosto de 2023 para la ejecución de la pena privativa de libertad. Dicha orden -añade- se mantuvo en vigor hasta la detención del penado por las Fuerzas de Seguridad de la República Portuguesa en virtud de Orden Europea de Detención y Entrega, y su puesta a disposición de las autoridades españolas”.

Localizado y detenido en Portugal

Como medida cautelar, se le había retirado el pasaporte por lo que había dos opciones: por un lado, podría haber huido a un país donde no hiciera falta este tipo de documentación o bien que se hubiera refugiado en un país donde estuviera utilizando un pasaporte con identidad falsa.

La duda se resolvió el pasado mes de diciembre cuando fue localizado y posteriormente detenido en la localidad portuguesa de Olhão, un pueblo costero situado en la región del Algarve, en el extremo sur del país luso, tal y como adelantó este periódico.

A continuación reproducimos el vídeo que fue difundido, en diciembre de 2025, por la Guardia Civil, donde se puede apreciar cómo Natalio Grueso estaba haciendo vida normal, ajeno a la operación policial que se iba a poner en marcha minutos después para su arresto.

Unas imágenes que también se publicaron a través del perfil oficial del instituto armado, entre otros, en este post de la red social X.

De la cárcel de Badajoz a la de Aranjuez

Natalio Grueso mostró su deseo de que el cumplimiento de los ocho años de cárcel se realizara en una prisión de Madrid, ya que alegó a las autoridades portuguesas que es “en la capital española donde se encuentra su vida personal”.

Tras su entrega a las autoridades españolas, fue trasladado al Centro Penitenciario de Badajoz y actualmente se encuentra internado en el Centro Penitenciario Madrid VI Aranjuez, donde cumple la pena de prisión con fecha de inicio 15 de diciembre de 2025 y cumplimiento el 25 de octubre de 2033.

El impacto de la gestión

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, encabeza la petición de indulto a la que se han adherido 70 personas de diversos ámbitos culturales nacionales e internacionales que consideran que la condena impuesta al ex gestor cultural es “desproporcionada”.

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, encabeza la petición de indulto a la que se han adherido 70 personas, entre otros el cineasta Woody Allen. Consideran que la condena impuesta al ex gestor cultural del Niemeyer es desproporcionada

La indemnización

Entre otras razones, alegan que Natalio Grueso ya había abonado la indemnización de 78.819 euros; cantidad en la que los tribunales de justicia cuantificaron el delito de malversación de caudales.

“Un perjuicio ciento de veces menor que el impacto derivado de la gestión global realizada por Don Natalio -exponen- si consideramos solamente el valor de marca internacional generado, según una consultora especializada, o las derivadas del incremento de afluencia turística derivado de las actividades culturales llevadas a cabo una vez inaugurado el Centro Niemeyer”.

Adhesiones a la medida de gracia

El escrito con la petición de indulto se presentó en 2023 ante la División de Derechos de Gracia y otros derechos de la Subsecretaría de Justicia, en Madrid, y va acompañado de otro documento que está respaldado, entre otras personalidades del mundo cultural, por el director de cine estadounidense Woody Allen, artistas como India Martínez, Juan Echanove o Aitana Sánchez-Gijón y el exministro Manuel Pimentel

En el documento se adjuntan las firmas, entre otros, del exembajador de España en los Emiratos Árabes y exembajador en Nicaragua Manuel Piñeiro, el entonces presidente del Patronato del Centro Niemeyer durante cuyo mandato se produjeron los hechos Manuel Ángel Díaz y el exdirector del Banco de Inglaterra, Robert Morrison Gibb Brown.

Artistas nacionales e internacionales

Entre los artistas “de reputación nacional e internacional” citan expresamente a los cantantes Ana Belén, Víctor Manuel y Javier Gurruchaga, el actor Pedro Ruíz, el presidente de la Asociación de Intérpretes Luis Cobos, el director del estudio de arquitectura Niemeyer Jair Rojas, así como a varios periodistas de los principales grupos de comunicación del país.

Entre otros aspectos, se destaca en estos escritos que prácticamente todos los espectáculos que se programaron con motivo de las funciones que desarrollaba en la Fundación Niemeyer consiguieron una aceptación popular que “desbordó todas las previsiones”.

La proyección del Niemeyer

Entre otras, se cita expresamente cómo la labor de promoción y difusión que llevó a cabo durante su etapa logró la participación de figuras “de la categoría mundial de Brad Pitt, Kevin Spacey, Paulo Coelho, Jessica Lange, Paco de Lucía, Bárbara Hendricks y Yo Yo Ma . Entre sus logros se incluye la presentación del programa de Educación de la ONU, el encuentro del G8 de la cultura y estrenos mundiales de películas y obras teatrales, entre otras actividades.

Otro apartado con el que justifican el indulto es, en opinión de los firmantes, el papel de la Fundación como productora de contenidos, un capítulo donde Natalio Grueso tuvo un papel destacado con la exposición “Luz” del director de cine Carlos Saura, en este caso por su faceta como fotógrafo, o la obra de la bailaora y premio Princesa de Asturias de las Artes María Pagés dedicada a Óscar Niemeyer y el Ricardo III de Sam Mendes, en colaboración con otros productores de diversos países.

Los magistrados declararon probado que durante su etapa, desde 2006 hasta 2012, Natalio Grueso generó gastos ajenos a los fines de la Fundación Niemeyer en el tiempo que duró su relación laboral, disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, "como si de su propiedad fueran", en detrimento de la Fundación Niemeyer

Los hechos probados

La sentencia declaró como hechos probados que Natalio Grueso, que permaneció en el cargo de director general desde 2006 hasta 2012, generó gastos ajenos a los fines de la Fundación Niemeyer durante todo el tiempo que duró su relación laboral, “disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, como si de su propiedad fueran, en detrimento de la Fundación Niemeyer”.

El coacusado José María Vigil, exagente de Viajes El Corte Inglés, al que le unía una relación de amistad, ocultó gastos de desplazamientos y estancias hoteleras de familiares y allegados con facturas falsas o alteradas a nombre de trabajadores de la Fundación Niemeyer o por conceptos ficticios, según consta en la sentencia del alto tribunal.

Las penas impuestas

El Tribunal Supremo ratificó la pena de ocho años de prisión impuesta en 2020 a Natalio Grueso, los dos años de cárcel al exsecretario de la Fundación, José Luis Rebollo, por delito continuado societario, y rebajó de siete años y seis meses a seis años de prisión la condena a José María Vigil por los delitos de malversación, falsedad y estafa.

La exmujer de Natalio Grueso, Judith Pereiro, y el exjefe de Producción del Centro Niemeyer, Marc Martí, que también fueron juzgados en este procedimiento, habían sido absueltos por la Audiencia Provincial de un delito continuado de malversación en concepto de cómplice y un delito de malversación respectivamente.

“O te arrepientes o te vas a morir aquí”. Con estas palabras se dirigió supuestamente a la presa del GRAPO María José Baños, de 61 años, un funcionario de tratamiento penitenciario de Murcia II (Campos del Río) donde cumple condena, relata al otro lado del teléfono su abogada Alejandra Matamoros. “Son conscientes de su delicado estado de salud, de lo mal que está, de que no puede prácticamente moverse y de que no tiene fuerzas ni para acudir a las comunicaciones familiares; no la quieren soltar y le queda menos de un año para cumplir condena”. Cuenta tajante Matamoros, su abogada desde hace dos años y letrada también de Marcos Martín Ponce, pareja de María José, igualmente preso del GRAPO en el mismo penal y en huelga de hambre desde hace diez días para exigir la hospitalización y libertad provisional de su mujer.

Baños, de una familia murciana emigrada a Francia, fue condenada por su participación en actividades terroristas vinculadas al GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) en 2002. Aunque pasó por distintos penales españoles desde 1992 al año 2000. Como ella relata en una carta fue entre rejas donde entró en contacto con presos políticos. “A primeros de mayo de 2001 me incorporé en un comando de los GRAPO, plenamente consciente, orgullosa y convencida”, escribe. En 2002 fue detenida en Vitoria por integración en banda terrorista. 

Diagnosticada de VIH “en estado avanzado” junto con una trombocitopenia crónica (recuento bajo de plaquetas), desnutrición calórica severa, claudicación intermitente grave (enfermedad arterial), hepatitis C y otras patologías, según la plataforma que pide su liberación, “se le está retirando medicación de forma arbitraria y sin ofrecer ninguna explicación médica”, aseguran en un comunicado desde PRES.O.S., que ha lanzado un manifiesto de apoyo firmado ya por más de medio centenar de artistas para denunciar lo que entienden como “una negación sistemática de sus derechos básicos”. Entre los firmantes se encuentran nombres como los de Javier Bardem, Luis Tosar, Nacho Vegas, Willy Toledo o Pablo Hasel.

María José arrastra estos problemas de salud, “desde hace décadas; el VIH se lo detectaron hace más de veinte años y durante el tiempo que ha pasado en la cárcel se le han ido sumando otras patologías”, cuenta Alejandra Matamoros. “El problema es que en la cárcel de Campos del Río, y en otras en las que ha estado, no recibe siempre el tratamiento médico adecuado y ha pasado muchos periodos sin medicación”.

Negligencia o “práctica deliberada”

Cuando pasa en “repetidas” ocasiones, apunta, “empiezas a creer que no es una negligencia, sino una práctica deliberada”. La última vez que sucedió, anota, fue hace menos de un año “después de que la Audiencia Nacional nos denegara la libertad condicional por falta de arrepentimiento; se quedó dos semanas sin las pastillas para el corazón”.

“Se pasa el día en la celda, casi todo el tiempo en la cama; no puede caminar más de 300 metros sin cansarse”, relata Alejandra. Hace dos semanas tuvieron que hospitalizarla en la enfermería de Campos del Río “y suministrarle suero, porque tenía las constantes vitales muy bajas”. Una situación, el estado de salud de Baños, “acreditada por informes médicos en los que se le concede un 69 por ciento de discapacidad”.

Entre las peticiones de su defensa y su entorno, y que han motivado la huelga de hambre de su marido, Marcos Martín Ponce, “pedimos que pueda acudir al hospital para que le hagan revisiones más exhaustivas y revisen su medicación, lleva un año sin ir y en este tiempo ha empeorado mucho”. Ponce, que se encuentra en su décimo día de huelga de hambre, ha perdido ya seis kilos. “No está consumiendo absolutamente nada sólido, ni líquido, salvo agua; ni toma suplementación ni vitaminas de ningún tipo”, apunta Alejandra Matamoros al tiempo que recuerda que “lo máximo que aguanta el cuerpo humano sin comer son entre 40 y 60 días”.

María José “ha estado en un estado muy crítico”, se queja su abogada quien añade que “ni siquiera” la dejaron ver a su cliente cuando estuvo ingresada: “Me personé para visitarla a ella y a Marcos, pero no me dejaron; es cierto que no había horario de visita, pero era un motivo de urgencia”. No es, argumenta, el procedimiento habitual y fue “ridículo” y “notoria” la vulneración de sus derechos. “Me pidieron que acreditara la urgencia de la visita cuando sabían perfectamente que mi cliente estaba ingresada en la enfermería”

“También pedimos que si la trasladan lo hagan en un vehículo medicalizado y no en uno policial, en el que tiene que ir atada por detrás para cumplir los protocolos, los espacios son muy reducidos y los trayectos pueden durar hasta dos horas; demasiado para una mujer que no puede ni caminar”.

“No estamos pidiendo nada fuera de lo normal, la medida de gracia lo prevé en el reglamento si se han cumplido al menos las tres cuartas partes de la condena y ha habido buen comportamiento” y, según su abogada, cumple ambos requisitos.

La falta de arrepentimiento

La defensa de Baños ha pedido la libertad condicional por su situación médica, “pero tuvimos que solicitar previamente la progresión de grado y la junta se lo denegó por falta de arrepentimiento; la cuestión es que estamos reclamándolo por motivos humanitarios”, insiste.

Según Matamoros, Baños se encuentra anímicamente “muy mal” y está “muy preocupada porque sabe que en cualquier momento su cuerpo puede volver a colapsar y volver a la enfermería”.

Además del manifiesto firmado por representantes del mundo de la cultura, otro medio centenar de firmas del ámbito jurídico y médico se han unido a las reclamaciones del entorno de María José Baños. “Se le ha denegado el tercer grado y la libertad condicional, no por razones de peligrosidad, riesgo de reincidencia o criterios médicos, sino exclusivamente por motivos de arrepentimiento ideológico”, señalan en su manifiesto. Una postura que, según escriben, “vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 3, al someterla a un trato inhumano y degradante, el artículo 2, al generar un riesgo real para su vida, y el 8, al impedirle afrontar el deterioro de su salud en condiciones de dignidad”.

Suspensión de la privación de libertad por enfermedad

Según la instrucción 06-2018 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, hay dos supuestos para tramitar la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por enfermedad muy grave. El primero de ellos hace referencia a la existencia de un riesgo inminente y muy claro para la vida del interno. En ese caso, el procedimiento es directo. El médico que evalúa la situación clínica del paciente, si considera que la enfermedad es muy grave e incurable con peligro patente para la vida del interno, traslada la información al director del centro penitenciario, y de ahí pasa al juzgado de vigilancia penitenciaria para resolver el expediente.

En el segundo supuesto, en el que no hay un riesgo tan inminente pero sí un padecimiento incurable, el médico responsable comunica la situación al director del centro penitenciario y en la junta de tratamiento se estudia si concurren los requisitos que han de darse para obtener el tercer grado, indispensable para iniciar el expediente de libertad condicional.

A este respecto, la abogada Alejandra Matamoros señala que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos “entiende que con que haya enfermedad incurable, que cause sufrimiento en la cárcel es posible la excarcelación”.

Coincide María Molina, abogada penalista de la Asociación Libre de Abogados: “A Baños se le denegó la progresión al tercer grado por falta de arrepentimiento ideológico, pero no está recogido en la ley; se pide la excarcelación en base al artículo 80.4 del Código Penal, que está pensado para proteger la dignidad de la persona y la vida”. Al estar “tan grave de salud”, continúa la penalista, “el mejor entorno para cubrir sus necesidades no es una institución penitenciaria, donde no se le van a poder dar todos los tratamientos que necesita”.

La magistrada titular del Tribunal de Instancia de Tineo ha dictado un auto de prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 58 años que fue detenido ayer por agentes de la Guardia Civil acusado de haber asestado una puñalada en el costado a su cuñado, de 53 años, en el concejo asturiano de Allande.

Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), ha confirmado este viernes a elDiario.es Asturias que en principio las diligencias se han abierto por su presunta autoría en un delito de homicidio en grado de tentativa y otro delito por el quebrantamiento de una condena de un Tribunal de Instancia gallego que tenía vigente.

Del juzgado a la cárcel de Asturias

Estas dos calificaciones se realizan inicialmente, sin perjuicio de que pudieran modificarse a lo largo de la instrucción. 

El hombre, que pasó a primera hora de esta mañana a disposición judicial, ingresará en el Centro Penitenciario de Asturias.

El apuñalamiento

Los hechos ocurrieron a las 00.20 horas de ayer en un domicilio de Pola de Allande, cuando la víctima iba a recoger enseres y pertenencias de su hermana, víctima de violencia de género, y fue apuñalado con un arma blanca.

El herido fue trasladado en un primer momento hasta el Centro de Salud de Grandas de Salime y posteriormente fue derivado al hospital de Jarrio, en Coaña, para ser atendido por los facultativos.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de tres años de cárcel impuesta a un subinspector de Policía Nacional por intentar agredir sexualmente en un bar de Madrid a otra agente que era su subordinada en la comisaría en la que trabajaban. El Alto Tribunal rechazó el pasado noviembre el recurso de la defensa del subinspector y consideró probados los hechos. El agresor entró la semana pasada en prisión, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. 

El Supremo rechazó su recurso por falta de interés casacional. Esto es, porque sus alegaciones no requerían un pronunciamiento para unificar doctrina. Esa decisión convierte en firme la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que consideró probado que el subinspector abordó a la agente en prácticas dentro del baño de un bar con los pantalones bajados e intentó forzar que le hiciera una felación.

El subinspector fue condenado a tres años de prisión por un delito de agresión sexual en grado de tentativa, la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante ocho años y el pago de una indemnización de 7.550 euros por daño moral. 

Las sentencias del caso revelan que varios policías compañeros del condenado testificaron para intentar desacreditar a la víctima y hacer creer a los jueces que había denunciado para poder ser considerada víctima de violencia de género y así poder elegir destino. El TSJM, que revisó la sentencia de la Audiencia Provincial, rechazó la existencia de “ánimo espurio” en la denuncia. Consideró que era “una torticera imputación de aprovechamiento de recursos puestos al servicio de protección de las víctimas”, que fue desmentida, además, por el hecho de que la mujer permaneció finalmente destinada en Madrid.

“Espero, princesa, que esté todo bien”

Los hechos se remontan a noviembre de 2020. Ambos ejercían como policías nacionales en una comisaría de la capital. Él era subinspector y, por tanto, superior de la joven que en ese momento estaba en fase de prácticas tras salir de la academia. Ese día, la agente se iba a su casa, pero su superior la invitó a ir con él y otros dos policías a un bar cercano a tomar algo después del trabajo.

El intento de agresión se produjo en el aseo del local. La víctima se estaba lavando las manos cuando el condenado se acercó a ella con los pantalones bajados, le obligó a tocarle el pene, intentó besarla y trató de obligarle a realizarle una felación. La víctima empujó al subinspector, consiguió “zafarse” de él y volvió a la mesa con sus compañeros. Diez minutos más tarde salió del local y llamó llorando a su pareja, contando lo que había sucedido.

Siguiendo el consejo de su pareja, la mujer se marchó del local y llamó a su madre, a la que también le relató lo que le había pasado. La siguiente llamada fue a su prima, que también es policía nacional, y que la acompañó a presentar una denuncia a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM). Cuando se encontraba esperando en dependencias policiales, la víctima recibió una llamada del agresor. Ella no contestó y él le mandó el siguiente mensaje: “Espero princesa que esté todo bien”, que acompañó con dos emoticonos de besos y un corazón.

“Plena credibilidad” de la víctima

El caso estuvo casi cuatro años bajo investigación en un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid hasta que la Audiencia Provincial lo condenó a tres años de cárcel. Esa resolución fue ratificada por el TSJM y, ahora, declarada firme por el Supremo, lo que ha implicado la entrada en prisión del agresor. 

Los tribunales han dado en este caso “plena credibilidad” al relato de la denunciante, debido a la “coherencia del relato”, así como a la “persistencia en la incriminación”, que son requisitos que exige la jurisprudencia. Además, han constatado que su declaración estaba corroborada por la declaración de su madre, su pareja y su prima, a quienes llamó inmediatamente y que dieron en cuenta del estado emocional en el que se encontraba. 

Los jueces también han tenido en cuenta otras cuestiones, como el hecho de que ambos coincidieron en el baño y los informes periciales médicos y psicológicos que acreditan que la víctima sufrió un cuadro de ansiedad agudo y de síntomas compatible con el trastorno por estrés postraumático.

Durante el proceso, el ahora condenado en firme negó los hechos, alegó falta de pruebas y acusó a la víctima de denunciarle en falso para ser considerada víctima de violencia machista y conseguir un traslado a su ciudad natal que, de otra manera, no habría logrado. También impugnó las conclusiones de los citados informes periciales. 

Durante el proceso varios agentes declararon contra la víctima, dando a entender que ella era quien buscaba cercanía con su superior para lograr trato de favor. “Era ella la que iba detrás del jefe”, dijo uno de los policías. “Se pegaba al subinspector”, dijo otra. Según sus compañeros, la víctima “no rendía” y “no tenía ganas de trabajar” y tenía “intereses espurios” al denunciar “porque quería obtener una plaza en su ciudad natal”, algo “imposible” para un recién llegado “salvo en los casos de víctimas de delitos contra la libertad sexual”. Ese traslado nunca se produjo. 

Cruzar el umbral de una prisión no supone solo la pérdida de la libertad ambulatoria. En Extremadura, como en la mayoría del resto de comunidades de España, implica el inicio de una “doble condena” dictada por una desigualdad estructural que no entiende de muros. El sistema penitenciario, lejos de ser un espacio de reinserción neutro, funciona como un engranaje diseñado históricamente para hombres donde la mujer es, a menudo, una figura casi invisible.

Así lo denuncia la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX), poniendo el foco en la discriminación persistente y las graves carencias que sufren las internas en la región y que se dio a conocer en unas jornadas del Partido Feministas al Congreso (PFAC) en Cáceres.

Las cifras más recientes, actualizadas a 5 de febrero de 2026 por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, confirman una realidad abrumadora. En los centros dependientes de la Administración General del Estado, de las 51.518 personas privadas de libertad, solo 3.613 son mujeres. Representan apenas el 7% del total, frente a un censo masculino de 47.905 internos.

Esta minoría numérica se traduce en una exclusión sistémica. “Las mujeres ocupan una posición de segunda dentro del sistema”, advierte Elena Alfageme Ramos, educadora social de ADHEX. Según explica, la arquitectura y el funcionamiento de las cárceles suelen ignorar las necesidades biológicas, sociales y psicológicas de la población femenina.

El mapa penitenciario es el primer síntoma: de las decenas de prisiones estatales, solo dos son centros exclusivos para mujeres: Madrid I y Ávila, donde cumplen condena 593 internas. Las 3.020 restantes se ven obligadas a habitar módulos femeninos incrustados en cárceles de hombres o en los escasos módulos mixtos existentes. Esta convivencia bajo un modelo masculino implica, en la práctica, peores espacios, actividades reducidas y un control de movimientos más asfixiante.

Extremadura: el castigo del desarraigo

En Extremadura, la situación se reproduce con precisión quirúrgica. A fecha de 11 de febrero de 2026, la región cuenta con 61 mujeres presas (incluyendo a quienes cumplen en semilibertad): 31 adscritas al Centro Penitenciario de Cáceres y 30 al de Badajoz.

Al no existir centros exclusivos ni unidades de madres en la comunidad autónoma, el sistema empuja a estas mujeres a una encrucijada cruel. Si tienen hijos menores de tres años, deben ser trasladadas a centros como el de Sevilla para no ser separadas de ellos, perdiendo el contacto con su entorno extremeño. Si deciden quedarse cerca de sus familias en la región, deben renunciar a la crianza directa, dejando a los menores bajo acogimiento familiar o institucional.

En el Centro Penitenciario de Cáceres, las 31 mujeres conviven en un único espacio sin una clasificación criminológica real. Mientras los hombres son divididos por edad, peligrosidad o comportamiento, ellas comparten módulo independientemente de su perfil. Esta falta de segregación mezcla trayectorias incompatibles, derivando en conflictos y una participación casi nula en actividades formativas.

El espejo del patriarcado y la salud en paréntesis

Para ADHEX, la prisión es un reflejo intensificado de la sociedad global patriarcal. El perfil de la mujer presa en Extremadura está atravesado por la vulnerabilidad: ocho de cada diez son madres y el 80% han sido víctimas previas de violencia de género. Además, la tasa de analfabetismo cercana al 49% y la sobrerrepresentación de mujeres gitanas y extranjeras añaden más capas de exclusión.

Uno de los puntos más críticos es la desatención sanitaria, especialmente en Cáceres. Pese a haber cinco plazas médicas presupuestadas, actualmente solo hay un facultativo a media jornada para toda la población reclusa. La ausencia de psiquiatras en plantilla y la falta de atención ginecológica especializada —pese a las recomendaciones del Consejo de Europa— vulneran derechos básicos. Alfageme cita el caso de “María” (nombre ficticio), interna de 39 años con historial de maltrato que solo recibe apoyo psicológico de forma puntual “cuando lo necesitaría de manera constante”.

Hacia la perspectiva de género: la respuesta institucional

En este escenario de precariedad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias defiende un cambio de paradigma iniciado en 2019 tras un análisis integral de las necesidades de las reclusas. Este proceso se consolidó en 2021 con una orden de servicio que busca impregnar toda la ejecución penal de una perspectiva feminista real.

La Administración ha comenzado a aplicar nuevos protocolos de ingreso que, por primera vez, tienen en cuenta la historia personal de las internas. Según ha confirmado el Gobierno a preguntas de elDiario.es Extremadura, las entrevistas iniciales incorporan ahora preguntas específicas sobre situaciones de violencia machista, experiencias de prostitución o responsabilidades de maternidad, y todo el lenguaje administrativo se ha revisado para adoptar fórmulas inclusivas. Esta perspectiva se extiende también a los programas de tratamiento, rediseñados para romper con los roles de género tradicionales y actualizar procedimientos especialmente sensibles, como el protocolo de prevención del suicidio.

Asimismo, se ha fomentado la creación de espacios de convivencia común para normalizar la vida en prisión y evitar el aislamiento de las mujeres. Actualmente, el sistema cuenta con 22 unidades terapéuticas mixtas para el tratamiento de adicciones y 8 módulos de respeto mixtos. Todo este despliegue está supervisado por el Departamento de Igualdad, creado en mayo de 2021 con el mandato de evaluar que el acceso a la formación y al trabajo sea equitativo y no perpetúe la infrarrepresentación femenina por ejemplo en ciertos talleres.

Pese a este despliegue normativo, desde ADHEX se insiste en que la “neutralidad” del sistema sigue siendo su mayor injusticia. Mientras la atención médica especializada y el fin del desarraigo geográfico no sean una realidad palpable en los módulos de Badajoz y Cáceres, la reinserción será, para estas 61 mujeres, poco más que una declaración de intenciones. El reto para este 2026 no es solo actualizar los protocolos, sino garantizar que la prisión deje de ser ese espacio ciego que castiga doblemente a quien ya llega golpeada por la desigualdad. Es obvio, que se está en el camino, pero solo eso, porque la meta se vislumbra aún bastante lejana y llena de obstáculos para las mujeres privadas de libertad y de tantos otros derechos básicos que deberían estar garantizados.

La literatura y el arte como vía de escape, de resistencia, como forma de generar debate y de cuestionar lo establecido. Repensar los modelos. Hay un poco de utopía detrás de la editorial Transmuros, perteneciente al colectivo con el mismo nombre, que busca defender los derechos de las personas encarceladas en Aragón, pero cabe preguntarse qué lucha por los derechos civiles y políticos no ha sido utópica a lo largo de la historia.

Nadie habla, o muy pocos lo hacen, de los derechos de los presos en nuestro país. “Las personas que están dentro de prisión tienen unos derechos y hay muchos de esos derechos que no se están cumpliendo. Es importante que los muros de la prisión no nos oculten lo que está ocurriendo dentro”, dice Alejandro Rubio, uno de los miembros fundadores de Transmuros, colectivo heterogéneo al que pertenecen, entre otros, estudiantes, profesores de universidad, personas que han estado encarceladas o familiares de presos.

El director de la organización, Francisco Javier Aijón Vázquez, conoce bien esta problemática: “A la semana de entrar me dijeron una frase muy dura: ‘Tienes que tener en cuenta que cuando entras los derechos se te quedan en la puerta’. Hasta ese punto tienen interiorizado que no son ciudadanos a nivel del resto de los españoles”. Más conocido como Javitxu y uno de los 6 de Zaragoza, pasó 491 días en la cárcel.

Transmuros nació en 2025 casi como un ejercicio de memoria histórica con la presentación de un pódcast, realizado en colaboración con la antigua ASAPA (Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos/as en Aragón), sobre las instituciones de encierro y los movimientos de resistencia a las mismas desde la transición a la actualidad. El primer episodio, publicado en dos partes, trata sobre el Patronato de Protección a la mujer durante la Transición y sobre la lucha de las mujeres en la antigua Cárcel de Torrero en los años 80. 

Literatura carcelaria

De esa colaboración surgió la idea de la editorial y otras vías de trabajo con el objetivo de crear espacios de diálogo sobre el sistema de justicia penal y sus consecuencias. Desde un principio pensaron elaborar fanzines en tres líneas diferentes: reedición de fanzines carcelarios antiguos, edición de fanzines actuales y elaboración de fanzines informativos sobre el sistema penal (para personas que no han tenido contacto con el sistema penal puedan conocer sus derechos ante cualquier incidente).

Con esto en mente, Rubio recordó que, para la elaboración del pódcast, buscando en los archivos de AFAPE (Asociación de Familiares y Amigos de Presos/as y Expresos/as) —asociación precedente a ASAPA—, encontró dos fanzines realizados por familiares de presos y expresos en el año 83 —titulados 'Libertad 0' y 'Libertad 1'— y otro realizado por presos de la Cárcel de Torrero en el 86 —titulado 'Esto no es Hawai'—. “Fue autogestionado, autoeditado dentro de la clandestinidad, y su objetivo era doble, la comunicación intramuros, pero también la comunicación extramuros, el contar sus historias”, explica Rubio. También recordó que un compañero de Transmuros le había hablado de 'El Butron', otro fanzine inédito hecho por un preso que murió en el año 89 sin llegar a publicarlo, por lo que decidieron reeditarlo mediante un proceso manual y artesanal. 

De esta forma, el pasado mes de enero, el colectivo organizó un evento en el que presentaron la editorial y esos cuatro fanzines. El acto, y la idea de la editorial, llegó a oídos de Daniel Pont, el que fuera cofundador de la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha), con quien han empezado a colaborar para localizar distintos fanzines carcelarios realizados en los años 80, 90 y 2000 en toda España. La idea, de cara al futuro, es reeditarlos y hacer una exposición itinerante por todo el país.

Desde Transmuros son conscientes de que el arte ayuda a esas personas privadas de libertad, que muchas veces no cuentan con apoyo familiar por su situación personal o porque se trata de personas migrantes. “Cosas como la literatura, la poesía, el poder dibujar… y que ese arte lo vean otras personas; es una motivación extra para aguantar una situación tan dura como es la prisión”, reflexiona Javitxu. Por ello, están trabajando para promover un concurso intramuros en tres disciplinas: poesía, relatos e ilustración. “Es una de las cosas que tenemos en mente para que la población reclusa pueda hacer otra cosa que estar en el patio mirando, viéndolas venir”, dice el joven, y explica que dependen, en parte, de la administración de la propia cárcel para poder llevar a cabo esta iniciativa.

Unas palabras que recuerdan a este poema de Marcos Ana, preso político español que fue detenido en 1939 y pasó 23 años ininterrumpidos en la cárcel, donde escribió poemas que traspasaron los muros y llevaron su nombre al mundo:

“Mi vida,

os la puedo contar en dos palabras:

Un patio

y un trocito de cielo

por donde a veces pasan

una nube perdida

y algún pájaro huyendo de sus alas“.

Apoyo directo

La editorial no es el fin último de Transmuros —de hecho, es posterior a su creación—, sino que es una más de las vías de trabajo que llevan a cabo. El colectivo busca reducir la exclusión de las personas presas. Para ello, han realizado distintas acciones de apoyo directo, como una campaña de recogida de calcetines, “lo primero que suelen pedir las personas presas cuando llega el invierno son calcetines”, explica Rubio; y de libros, “de los últimos cinco años, es lo que se nos ha pedido”. También están creando una plataforma junto a distintos colectivos de la ciudad de Zaragoza para tratar la situación sanitaria dentro de las prisiones.

Otra de las patas de la organización, son los acompañamientos a las personas que han salido de la cárcel para ayudarlos con trámites burocráticos, entre otros, pero sobre todo para que puedan volver a sentirse personas: “Consiste en tener una relación humana con alguien y echarle una mano en lo que puedas (…). Yo, al menos, a la persona que estoy haciendo acompañamiento la considero mi amigo”, dice Rubio. 

Transmuros busca crecer y llegar a la sociedad civil. Para ello, prepara nuevos actos y eventos, como la presentación del segundo episodio del pódcast el próximo 28 de febrero que lleva por nombre: “Presos en la transición: una historia de represión, resistencia y lucha”; o un evento sobre personas trans y prisión para antes de verano. También están trabajando en dos libros sobre experiencias vitales de personas encarceladas.

Los tres hermanos -dos gemelos de 8 años y un niño de 10- que permanecieron recluidos durante cuatro años en un chalé a las afueras de Oviedo, sin contacto con el exterior, por el temor de sus padres a que contrajeran el Covid-19, y fueron liberados el pasado mes de abril por agentes de la Policía Local, se están recuperando poco a poco de las secuelas sufridas. Las condiciones infrahumanas del domicilio y el estado deplorable en el que se encontraban los menores, descalzos, con tres mascarillas, en pañales pese a su edad y viviendo entre escombros y excrementos llevó a los policías a describir la vivienda como “el chalé de los horrores”.

Sus abuelos maternos, que inicialmente se trasladaron a Asturias y mantuvieron contacto con los niños, tras la separación de sus progenitores que permanecen ingresados en el Centro Penitenciario de Asturias, han regresado a Estados Unidos y ya no se encuentran en la comunidad autónoma.

Desde su liberación, los niños se encuentran alojados en régimen de acogimiento en un centro dependiente del Principado. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno de Asturias, Marta del Arco, ha asegurado que no se contempla conceder su tutela a los abuelos.

Las opciones

Una de las principales opciones que se barajan es que los menores pudieran estar en acogida temporal si hubiera una familia que reuniera los requisitos, ya que en principio se descarta una posible adopción.

Inicialmente se pensó que dada la corta edad de los niños, este largo encierro podría acarrearles secuelas con el paso del tiempo y, según ha confirmado la consejera, es exactamente lo que ha sucedido: “Están trabajando de una manera muy intensiva con los niños, tanto el personal educador como los psicólogos, porque realmente lo necesitan”, ha corroborado.

El Principado estudió las posibilidades de que los abuelos fueran quienes asumieran la custodia de sus nietos, una vez que el juzgado había retirado la patria potestad a sus padres, pero no es la opción más viable, dado que ya han regresado a su país de residencia.

La alerta de una vecina

Los tres niños fueron liberados el pasado 28 de abril por agentes de la Policía Local que se trasladaron al domicilio, tras la llamada de una vecina a los servicios sociales de la capital asturiana que trasladó su inquietud ante la sospecha de que en el chalé pudiera estar residiendo una familia.

La mujer solo había visto a un hombre, pero creía que se podría dar la circunstancia de que no fuera el único habitante de la casa porque a veces había escuchado voces de niños pero nunca los había visto en el jardín y creía que no iban al colegio. Las escasas veces que veía al padre era, según su testimonio, cuando salía a la puerta para recoger los pedidos de comida, algunas veces muy voluminosos para una sola persona.

La vecina alertó entonces al Servicio de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Oviedo de una situación que “le pareció sospechosa”, según han explicado fuentes policiales.

La investigación policial

Las primeras vigilancias policiales sobre el chalé, ubicado a 1,9 kilómetros de distancia de la capital asturiana, comenzaron el 14 de abril y los agentes pudieron comprobar que “se movía una cortina en el piso superior cuando el hombre recogía un pedido”, lo que venía a constatar que había más personas en el interior. Con estos datos se solicitó una reunión con la Fiscalía de Menores y se dictó una orden para proceder a la identificación de las personas que pudieran estar viviendo ahí.

El lunes, 28 de abril, se desplegó un importante operativo policial y de servicios sociales en torno a la vivienda. Al llegar, les recibió el padre que iba, según fuentes policiales, “con un aspecto desaliñado y descalzo”. Les pidió que se pusieran mascarillas y accedió a que entraran. En ese momento, pudieron ver a la madre y a los niños, todos ellos provistos de tres mascarillas en la cara, y constataron el estado de insalubridad de la vivienda y las condiciones infrahumanas en las que se encontraban los menores, que aún usaban pañales.

Una familia autoconfinada

En el domicilio, según confirmaron a elDiario.es Asturias fuentes policiales, solo estaba censado el padre, el alemán Christian S., de 53 años, mientras que oficialmente no figuraban ni la madre, la estadounidense Melisa A.S, de 48 años y que también tiene la nacionalidad alemana, ni los tres hijos.

Los menores pese a haber superado los ocho años seguían llevando pañales. Los gemelos dormían en cunas y su hermano mayor en una cama pequeña. Aunque los menores estaban sin escolarizar, sus padres habían habilitado un aula en el domicilio familiar.

Los tres hermanos quedaron a cargo de las trabajadoras sociales del Equipo de Recepción y Valoración de la Dirección General de Infancia y Familia de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado.

La reacción de los menores

Los policías que intervinieron en esta operación resaltaron la reacción de los tres hermanos al salir al exterior de la vivienda. Lo primero que hicieron fue “respirar profundamente” e incluso uno de los menores llegó a sorprenderse al tocar la hierba del jardín “como si fuera la primera vez que lo hacía”.

Entre tanto, los padres eran detenidos y trasladados a dependencias policiales. Tras ser puestos a disposición judicial, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo decretó su ingreso en prisión por riesgo de fuga, al carecer de todo arraigo en España, y ante la necesidad de dar protección a las víctimas y evitar una reiteración delictiva.

Detención y prisión

El Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo se había hecho cargo del procedimiento después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, que había asumido la causa en un principio al estar de guardia el 30 de abril, se inhibiera a su favor.

La Fiscalía solicitó a la magistrada que ratificara la prisión provisional que había acordado previamente la guardia del juzgado número 3, así como que se mantuviera en este momento, y sin perjuicio de lo que resulte de las diligencias de instrucción que se practiquen, la calificación para ambos acusados de su presunta autoría en los delitos de abandono de menores, maltrato psicológico habitual así como un posible delito de detención ilegal.

La necesidad de proteger a los menores

La magistrada siguió el criterio del Ministerio Fiscal, al entender que no se habían modificado las circunstancias que habían sido valoradas por el Juzgado de Instrucción número 3 para acordar el ingreso en prisión.

Por ello, dictó un auto donde ratificaba la prisión provisional de ambos acusados al estimar que existía aún el riesgo de fuga, dado que ambos carecen de todo arraigo en España, además de la necesidad de protección de las víctimas y la de evitar una reiteración delictiva.

Su desplazamiento a Oviedo

La familia vivió en Alemania, país natal del marido, hasta 2021. A finales de ese año, el padre Christian S. alquiló a través de una agencia inmobiliaria un chalé en el pueblo de Toleo, una tranquila zona rural de Oviedo, situada a la falda del Naranco y a 1,9 kilómetros del centro urbano.

Los cinco miembros de la familia se trasladaron a la vivienda y la vida de los tres niños cambió radicalmente. A partir de su desplazamiento a Asturias, el miedo a contraer el covid les aisló del mundo exterior. Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue la obsesión de la familia por llevar puestas hasta tres mascarillas para evitar contagios.

Sin pisar la calle

Ni los niños, ni la madre volvieron a pisar la calle. Solo el padre salía unos minutos a la puerta de entrada para recoger los pedidos de comida o la correspondencia. Christian S. trabajaba en Alemania dando clases de Filosofía y cuando llegó a Asturias teletrabajaba como asesor de Recursos Humanos.

Aunque los vecinos de las casas más cercanas e incluso las monjas del convento de las Carmelitas Descalzas, situado enfrente del domicilio de la familia, habían visto en alguna ocasión a los repartidores con paquetes voluminosos de comida, no llegaron nunca a sospechar que en ese chalé vivía una familia.

La perplejidad de los vecinos

La estupefacción de los vecinos fue generalizada cuando trascendió públicamente la noticia de que los agentes de la Policía Local de Oviedo habían accedido a la vivienda y detenido al matrimonio.

Entre tanto, la administración regional se hacía cargo de los tres hermanos que eran internados en un centro de menores. Previamente, fueron sometidos a un primer examen médico en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde se comprobó que físicamente “estaban bien”, según indicaron fuentes cercanas a la investigación.

Su vida dio de nuevo un vuelco con su liberación. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar ha explicado que se está trabajando “intensamente” con los tres menores para que puedan superar sus secuelas y reintegrarse a la vida normal, si es posible, con una familia de acogida temporal.

El nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa, el de Zubieta, realizará finalmente su apertura “entre los meses de mayo y junio”. Contará con 475 plazas: 360 para hombres, 40 para mujeres y 75 más para régimen abierto y otras modalidades. Se trasladarán al centro los 339 encarcelados de Martutene (230 en régimen cerrado y el resto cumpliendo pena con otras modalidades) y una cantidad desconocida de personas en Zaballa, la cárcel con más población reclusa de las de Euskadi. El plan permitirá vaciar Martutene, donde se prevé ya la construcción de 400 viviendas protegidas cuando se demuela el viejo edificio, y rebajar el tensionamiento que ha tenido la red penitenciaria vasca desde la transferencia de Prisiones, en 2021.

La construcción de Zubieta, con un presupuesto de casi 39 millones, acumula retrasos. El actual consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, cuando era delegado de Gobierno de España aventuró en la Cadena Ser que esperaba que la construcción del nuevo penal estuviese culminada a finales de 2023 y poder realizar su apertura en 2024. Dos años más tarde, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, del PSE-EE, es quien ha anunciado el ansiado cambio, que debería estar completado antes del verano.

La cárcel la construye el Estado. Es parte del acuerdo de transferencia. Se cedió el penal de Gipuzkoa en activo, el de Martutene, pero el Gobierno central se comprometió a completar el nuevo que estaba planificado y a entregarlo a su finalización al Gobierno vasco, que tendrá que devolver el antiguo, que será derribado para que revierta en viviendas para la ciudad de Donostia. San José ha confirmado que, en los próximos días, el organismo estatal SIEPSE -que se encarga en España de las obras de cárceles y comisarías- comenzará la “transferencia del inmueble”.

Esto puede provocar “obras menores” para terminar de ajustar los sistemas e instalaciones del centro. La consejera considera la apertura de Zubieta como un “hito clave” para la “implementación del modelo vasco” en sus cárceles. Lo ha considerado como “humano y eficaz” por su interés en preparar “a las personas para volver a convivir en la sociedad” tras haber cumplido sus penas. 

Estas cárceles albergan, por ejemplo, a exmiembros de ETA, como Garikoitz Azpiazu, 'Txeroki', a quien se le aprobó recientemente la semilibertad. La consejera ha comentado ser “consciente” sobre cómo las decisiones que toma su departamento “generan dolores en las víctimas”. Ante ello, ha reiterado el respeto que tiene el Gobierno vasco “con el estado de derecho y riguroso en la aplicación, y con el cumplimiento del ordenamiento jurídico”. Ese respeto debe ser el motor de todas “las instituciones, los poderes públicos y medios de comunicación a ser especialmente rigurosos con la verdad”, para evitar “acrecentar” el dolor de las víctimas. También han sido controvertidos los recientes pasos a tercer grado de cuatro exdirigentes del PNV condenados por corrupción, Alfredo de Miguel, Aitor Tellería, Koldo Ochandiano y Xabier Sánchez Robles.

Demolición de Martutene y la construcción de viviendas protegidas

Junto a la consejera San José, se encontraba el consejero de Vivienda. Itxaso ha explicado el trabajo que están realizando para llevar a cabo la demolición de la cárcel de Martutene, cuyo coste ronda en los 4 millones de euros. Se espera que Visesa, del Gobierno vasco, y Casa47, sociedad del Gobierno español, se coordinen para el derribo, con el permiso del Ayuntamiento de Donostia.

Itxaso ha alegado que el plan evitará que el “espacio quede inutilizado por años”. Esto se debe a que, tras la demolición, se planea la construcción de un nuevo barrio entre el Ayuntamiento, Visesa y Casa47. Se desea construir 400 viviendas protegidas para “la clase media donostiarra” y también ofrecer alojamientos dotacionales. El consejero ha agradecido “el trabajo coordinado” entre los departamentos para “acompasar todos los trabajos”. Es la primera vez desde 1981 en que el Estado promueve vivienda protegida en Euskadi.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, del PSOE, también acompañó a los consejeros. Ha mostrado su apoyo al plan que explicaba Itxaso, afirmando que “uno de los problemas más importantes que tiene España, sin duda alguna, es la vivienda”. Espera que todo se pueda llevar a cabo “lo antes posible” y que este “reinicio” de acciones conjuntas, entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España, “pueda ser el comienzo de otras muchas”.

Las trabajadoras -ya que casi en su totalidad son mujeres- del único centro de menores penitenciario de Euskadi, el recurso de Ibaiondo, en Zumarraga, van a protagonizar este miércoles, 11 de febrero, una protesta frente a la sede del Gobierno vasco para denunciar el “empeoramiento” de sus condiciones laborales. Lo harán antes de que se celebre una mesa de negociación entre el comité de empresa, compuesto por los sindicatos ELA, LAB y CCOO y, por parte del Ejecutivo vasco, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y las direcciones de Empleo Público y Relaciones Laborales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, áreas de las que dependen los convenios laborales de estas trabajadoras.

Según critican las trabajadoras, la última propuesta del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y a través de la cual partirá la negociación de este miércoles, muestra un “retroceso” en cuanto a condiciones laborales. “En 2023, el Comité acudió al Parlamento Vasco en busca de apoyo ante el envejecimiento de la plantilla y el deterioro de las condiciones laborales. Tras tres años el Gobierno vasco no ha tomado medidas, provocando que la situación sea aún peor. La nueva propuesta entregada por el Departamento de Justicia para el centro de Ibaiondo, no solo ignora las propuestas presentadas por los sindicatos, sino que propone una merma sustancial de las condiciones laborales que pone en peligro la salud del personal”, reconocen.

En este sentido, explican que el informe de riesgos psicosociales elaborado a finales de 2021 identificó “factores críticos con riesgo elevado o muy elevado, que provocan constantes situaciones de estrés, cargas de trabajo excesivas y desgaste psicológico-emocional”. “La falta de soluciones de Gobierno vasco está generando un aumento significativo en el número de bajas laborales de origen psicológico”, reconocen.

Aroa es una de las cerca de 65 trabajadoras que forman parte de la plantilla de Ibaiondo. Según detalla a este periódico, en estos momentos hay 38 menores internados en cinco módulos diferentes. En cada uno de los módulos, hay 10 educadoras sociales, cinco coordinadoras, dos trabajadoras sociales y dos psicólogas. Además, en el centro hay personal administrativo y de seguridad que cuenta con otras condiciones laborales. “Lo que pedimos es que la negociación parta de una base que sea justa. Tenemos jornadas semanales de 47 horas, con 12 horas seguidas por la noche y no contamos con acompañamiento psicológico después de las agresiones que sufrimos, que son frecuentes. Nos gusta nuestro trabajo, pero somos conscientes de que no es un trabajo que podamos hacer a los 60 años, por lo que solicitamos unos permisos por edad”, defiende Aroa, que a sus 46 años lleva 20 trabajando como educadora en Ibaiondo.

A pesar de que se trata de un centro de menores, algunos de los internos pueden llegar a tener hasta 23 años, según la fecha en la que fue impuesta su condena o declarado su internamiento. Por ello, uno de los módulos del centro es específico para mayores de edad. “Muchos se encuentran en una situación en la que ellos mismos piden ir a la cárcel porque aquí lo único que podemos hacer es contenerles emocionalmente, pero hay casos en los que los chavales pasan por episodios, problemas de adicciones, medicaciones psiquiátricas, descontrol, violencia y nosotras hacemos lo que podemos. En el centro tratamos de que tengan una vida cotidiana, tenemos aulas, talleres, actividades, dinámicas, desayunamos con ellos, comemos y cenamos, somos las que estamos con ellos las 24 horas del día. Nos gusta nuestro trabajo, pero consideramos que las condiciones que tenemos deberían ser mejores”, exige la trabajadora.

Los sindicatos denuncian que la plantilla se enfrenta a condiciones especialmente duras: nocturnidad, festivos, turnicidad, jornadas de hasta 47 horas semanales, imposibilidad de conciliación familiar o por causas relacionadas con la edad, carga psicológica, peligrosidad... Según sostienen desde el comité de empresa, esta situación se arrastra desde la legislatura anterior. Durante años, las reuniones con el Gobierno vasco se saldaron con respuestas evasivas como “se va a valorar, se va a estudiar”, hasta que al final del mandato la administración trasladó que “no iban a tomar decisiones que cayeran en el siguiente equipo de Gobierno”, lamentan los sindicatos, tras recordar que las trabajadoras del centro desarrollan “una labor educativa imprescindible” para la reinserción de menores y jóvenes sometidos a medidas privativas de libertad por delitos graves.

Desde el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco explican que “se está negociando el acuerdo de condiciones de trabajo” y que, desde su departamento, están presentes en la mesa de negociación de este miércoles “para que se tengan en cuenta las necesidades” del sector, pero consideran que la decisión final corresponde a las direcciones de Empleo Público y Relaciones Laborales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.

El empresario Javier F.D., de 70 años, ha admitido este martes en la Audiencia Provincial de Asturias que abusó sexualmente de cuatro menores de edad -dos parejas de hermanos- con edades entre 10 y 17 años, a los que conocía por la amistad que mantenía con sus padres al ser clientes habituales de sus establecimientos de hostelería ubicados en el concejo de Langreo.

A pesar de que ha reconocido explícitamente la comisión de tocamientos, masturbaciones y que les mostraba videos de contenido pornográfico, por los que ha asumido penas que suman cinco años de cárcel, eludirá su entrada en prisión al no superar de forma individual cada pena impuesta los dos años y condicionar su ingreso al abono de sendas indemnizaciones de 30.000 euros a dos de las víctimas, ya que otras dos ya fueron resarcidas económicamente.

Gritos de “pederasta”

El hostelero entraba esta mañana a la sede de la Audiencia para ser juzgado a puerta cerrada por delitos continuados de abuso sexual que, tras la reforma penal, se encuadrarían actualmente en los delitos de agresión sexual. La Fiscalía solicitaba para él penas que ascendían a ocho de cárcel, mientras que la acusación particular elevaba su petición a 12 años de prisión.

Tras comparecer ante los magistrados de la Sección Segunda y asumir su responsabilidad en las imputaciones, el acusado abandonaba la sede judicial en libertad acompañado de su abogado tras sellar un acuerdo muy beneficioso para él. A su salida, un grupo de familiares le increpaba al grito de “pederasta”.

Evitar la cárcel

Algunas de las víctimas no se atrevían a verbalizar lo que ocurría cuando se quedaban a solas con el hostelero, bien en el local que regentaba, en el interior de su vehículo o en un restaurante también de su propiedad. Temían que fuera “intocable” y que no les creyeran si denunciaban, según llegaron a exponer a elDiario.es Asturias tras la detención del hostelero.

La Fiscalía asturiana ha anunciado hoy que se pronunciará sobre la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, es decir, sobre la posibilidad de que el acusado no ingrese en prisión, una vez que éste haya satisfecho las responsabilidades civiles.

Dos parejas de hermanos

La Fiscalía sostiene que el acusado abusó de dos hermanos, que actualmente tienen 31 y 21 años, y de otros dos hermanos que cuentan hoy en día con 23 y 20 años.

Según el relato fiscal, cuando el menor de los dos primeros tenía entre 10 y 15 años, entre los años 2014 y 2019, el acusado le empezó a dar regalos para ganarse su confianza y aprovechaba cuando se quedaba a solas con él para cometer los abusos sexuales.

Uno de los delitos admitidos prescribió

Cuando estaba a punto de cumplir los 16 años, este adolescente fue consciente de que esos comportamientos no eran adecuados, por lo que, según la acusación pública, “decidió poner fin a los mismos”.

Sin embargo, presentó la denuncia el 5 de enero de 2024, cuando ya habían transcurrido más de diez años desde su mayoría de edad, por lo que los hechos se consideraron prescritos.

La minoría de edad de las víctimas

Ni la amistad con los padres, ni la minoría de edad de los cuatro niños impidieron al acusado mantener los mismos comportamientos sexuales. Hoy ha reconocido sin ambages todo el relato fiscal y se ha comprometido a pagarles una indemnización por el daño moral ocasionado. Se ha comprometido ante el tribunal a pagar 30.000 euros al joven que le denunció y cuyos hechos están declarados prescritos, así como a su hermano. Los otros dos hermanos ya habían sido indemnizados previamente.

Una cuantía económica que le ha valido no solo para eludir la prisión, sino que incluso ha jugado a su favor al serle aplicada la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de reparación del daño.

La condena

Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó penas que suman cinco años de prisión (dos años por uno de los delitos y 1 año y 6 meses por cada uno de los otros dos), con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, y prohibición de aproximación a las víctimas, a sus domicilios, lugares de trabajo u otros que frecuenten, así como de comunicar con ellas por cualquier medio, todo ello durante tres años.

Además, se le ha impuesto la medida de libertad vigilada durante seis años por cada uno de los tres delitos de abusos sexuales continuados.

La sección sindical del Centro Penitenciario de Huelva de CSIF y Acaip-UGT han advertido de un “grave altercado” producido el pasado viernes 30 en el centro penitenciario de Huelva a raíz de un amotinamiento de decenas de presos y “la agresión a los funcionarios que trataban de abortarlo” en el módulo cuatro. Sin embargo, fuentes penitenciarias han matizado que el altercado se ha saldado sin heridos.

En concreto, las mencionadas fuentes, consultadas por Europa Press, han precisado que “no ha habido ningún motín” y que “no se ha perdido el control”, al tiempo que han indicado que “unos internos se han opuesto a que se los llevaran a aislamiento”. Pese a que “ha habido que usar la fuerza física”, han concretado que no hay heridos tras el incidente.

En cambio, CSIF Huelva ha relatado en un comunicado que un preso “ha agredido brutalmente a otro interno residente, necesitando asistencia sanitaria por heridas” durante el traslado de un “interno conflictivo” a uno de los módulos habilitados para este tipo de reclusos. Ante esta situación, critica la “inseguridad imperante” en el centro penitenciario.

Barricada con mesas y sillas

Por su parte, Acaip-UGT ha señalado en una nota que los hechos se iniciaron “cuando un interno agredió violentamente a otro con el objetivo de forzar su traslado a un módulo concreto”, momento en el que los funcionarios de servicio “procedieron a trasladar al agresor al módulo de aislamiento”.

Posteriormente, según ha apostillado el sindicato, varios internos del módulo al que el agresor pretendía ser trasladado “reaccionaron de forma violenta, llegando a levantar una barricada con mesas y sillas en la sala de día, desde donde increparon y amenazaron a los funcionarios”, y han cifrado entre diez y doce los internos que mantuvieron “una actitud claramente violenta y desafiante”.

A raíz de lo sucedido, los sindicatos exigen una clasificación interior de la población reclusa acorde a su comportamiento, así como el traslado y dispersión de los internos protagonistas del suceso, aparte de un procedimiento sancionador actualizado y contundente con los incumplimientos normativos y la condición de agentes de la autoridad para los funcionarios. También, requieren más formación específica y medios para los trabajadores.

El Parlament de Catalunya ha aprobado este jueves la reforma para que los funcionarios de prisiones tengan la condición de agentes de la autoridad, equiparándolos con los Mossos d'Esquadra. Se trata de una proposición de ley del PSC que ha recibido el voto favorable de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana. Por su parte, ERC, Comuns y CUP habían presentado una enmienda a la totalidad conjunta, que ha sido rechazada. Estos grupos consideran la medida un “retroceso” y han alertado de que “no aportará ninguna solución” a los centros penitenciarios. La iniciativa, tramitada por el procedimiento de lectura única, nació a raíz del asesinato de Núria López, cocinera en prisión de Mas d'Enric, a manos de un interno.

Concretamente, la reforma aprobada consta de un artículo único que reconoce la condición de agentes de la autoridad al personal funcionario y directivo de los centros penitenciarios que trabajan en funciones de régimen interior. El objetivo, según el texto, es “dar seguridad y protección jurídica” a estos trabajadores. También recoge la obligación de la Generalitat de indemnizarlos en caso de lesiones y daños materiales en el ámbito de su trabajo, siempre que no haya dolo o negligencia.

En representación del PSC, la diputada Judit Alcalá ha defendido que se trata de una iniciativa “muy necesaria, rigurosa y profundamente responsable, que no nace de la improvisación ni del ruido, sino de la realidad de nuestro sistema penitenciario, la experiencia acumulada en los centros y el diálogo constante con los trabajadores”.

Por parte de Junts, el diputado Francesc de Dalmases ha sostenido que “las cárceles deben ser el espacio donde (los internos) adquieran hábitos y habilidades sociales para insertarse”. Por eso, ha añadido que “deben ser espacios seguros, de convivencia, de rehabilitación e inserción”, y que “los funcionarios son una figura clave en este mapa”.

El diputado del PPC justificó el voto favorable, pero lamentó que la reforma es insuficiente. “Ahora mismo, la cocinera Núria López, asesinada en Mas d'Enric, no tendría la condición de agente de la autoridad”, ha puesto de ejemplo. También ha citado a otros casos como un monitor de un taller de manualidades que puede recibir una agresión, o un monitor deportivo.

El diputado de Vox Sergio Macián también la consideró poco ambiciosa, y afirmó que se debe dotar a los trabajadores con armas de coerción. Y se ha dirigido al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, a quien ha advertido de que, “mientras no ponga remedio al límite que se vive en las cárceles catalanas, con medidas concretas y tangibles, usted y su equipo serán responsables de las agresiones que sufran”.

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha entrado en el cuerpo a cuerpo con el banco izquierdo. “Lo que pretendemos no es dar más bienestar a violadores y ladrones, señora Balsera, sino mejorar las condiciones laborales y la seguridad de quien custodia y retiene a todos estos malhechores”, respondió a la diputada de ERC Ana Balsera.

ERC, Comuns y CUP, en contra

Justamente Ana Balsera ha alertado de que la reforma aprobada este jueves “no es la solución” y que no se trata de enfrentar a funcionarios contra internos. En este sentido, la diputada republicana lamentó que esta “ampliación de poder puede generar más problemas y conflictos que los que pretende resolver”.

En la misma línea, el diputado de los Comuns Andrés García Berrio ha señalado que “considerar a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad puede tener consecuencias negativas en el día a día de los centros”. Y remachó: “Hay muchos más riesgos que posibles beneficios”.

Por último, el diputado de la CUP Xavier Pellicer se ha amparado en entidades de derechos humanos para indicar que la medida “sólo generará más impunidad y vulneraciones de derechos”. Denunció que “responde únicamente a presiones corporativistas y no aportará ninguna solución a las cárceles catalanas”.

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco ha denegado el traslado al módulo de mujeres solicitado por un hombre preso condenado a 21 años de prisión por intentar asesinar a su pareja después de que el interno formalizara recientemente su cambio de género y de nombre en el Registro Civil. Según confirman fuentes de Prisiones, la solicitud ha sido rechazada por haber sido condenado por un delito de extrema violencia contra su pareja, encuadrado dentro de la violencia de género. Se trata de una decisión adoptada para “garantizar la seguridad y la convivencia en el entorno penitenciario, en aplicación estricta de la normativa vigente”, indican las mismas fuentes.

Desde el año 2023, el Gobierno vasco cuenta con una instrucción sobre igualdad de trato y no discriminación de las personas transexuales en el ámbito penitenciario, basada en la ley vasca de reconocimiento de derechos de este colectivo. Esta normativa establece que las personas privadas de libertad deben ser tratadas conforme a su identidad de género, y permite solicitar el ingreso en módulos o centros correspondientes al género con el que se identifican, sin necesidad de requisitos médicos o quirúrgicos.

Sin embargo, la instrucción recoge excepciones claras, ya que la Junta de Tratamiento debe valorar cada caso de forma individual, teniendo en cuenta la actividad delictiva, el historial penal y, de forma específica, si la persona ha sido condenada por delitos de violencia de género o delitos sexuales contra mujeres o menores. Este último caso es el que corresponde al interno que en un primer momento ingresó en la prisión de Basauri y, después, fue trasladado al centro penitenciario de Zaballa.

Según recoge la sentencia, publicada el pasado 13 de junio de 2024, el ya condenado a 21 años y cuatro meses de cárcel, trató de quemar a su pareja en una lonja en Bilbao en la madrugada del 30 de abril de 2022. El tribunal consideró probado que el procesado actuó con “ánimo de matar” a la mujer para “asegurarse de que no iba a delatarlo ante la Ertzaintza o ante el juzgado” por su presunta implicación en otro hecho delictivo donde ambos figuraban como investigados. Para ello, la Audiencia de Bizkaia estimó acreditado que el procesado “utilizó una sustancia acelerante vertida directamente sobe la víctima” a la que prendió fuego mientras ella estaba acostada causándole “gravísimas quemaduras en el tercio superior de su cuerpo, fundamentalmente en el rostro”. Además, el fuego causó importantes daños materiales en la lonja, donde vivía la pareja y que carecía de cédula de habitabilidad, y en viviendas anexas y elementos comunes del edificio.

La versión que el condenado manifestó durante el proceso y el posterior juicio fue que se trataba de un intento de suicidio, sin embargo, el tribunal rechazó la versión del procesado de un posible intento de suicidio de la víctima y consideró que se “desmiente claramente” esta hipótesis con base en los informes periciales y médicos analizados durante el juicio, entre otras pruebas. No obstante, el tribunal no encontró “justificación suficiente” para la apreciación de la circunstancia de agravante de género. “Se ha establecido como probado que el procesado llevó a cabo ese atentado contra la vida” de la mujer “a fin de protegerse de cualquier incriminación que pudiera partir de cualquier declaración de la víctima en otro procedimiento” y es “evidente que la tesis de la comisión del hecho contra ella por el hecho de ser mujer pierde consistencia”, aclara la sentencia. No obstante, la Audiencia de Bizkaia sí que apreció la atenuante analógica simple de alteración psíquica con base en el informe médico forense que identificó en el procesado rasgos de un trastorno de personalidad y la existencia de un “menoscabo leve” de sus capacidades cognitivas y volitivas.

Por todo ello, el tribunal condenó al hombre a 18 años de cárcel como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa en concurso ideal con un delito de incendio con riesgo para la vida o integridad física de las personas, con la agravante de parentesco y la atenuante analógica simple de alteración psíquica. También le impuso dos años y cuatro meses de cárcel y una multa de doce meses con cuota diaria de seis euros como autor de un delito contra la Administración de Justicia que castiga al que con violencia o intimidación intente influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal.

Asimismo, fijó un año de cárcel y una multa de doce meses con una cuota diaria de seis euros por un delito de descubrimiento de secretos del artículo 197.1 del Código Penal ya que el procesado “se apoderó del móvil de la víctima prácticamente a la vez que atentaba contra su vida (…) accedió a información contenida en él (…) sin proceder en ningún momento a la devolución del terminal”. La sentencia dicta además una indemnización a la víctima con 600.000 euros por las “graves” lesiones y secuelas físicas y psíquicas causadas a esta y 93.329 euros a la dueña de la lonja y otros 90.793 euros a la comunidad de propietarios del inmueble por los daños ocasionados. Además, se fijó la prohibición de que el hombre se comunique o acerque a la mujer a menos de 500 metros durante 28 años y se le impuso una libertad vigilada de cinco años tras el cumplimiento de la pena de cárcel.