La Inspección de Trabajo ha emitido el informe definitivo en el que concluye que las lesiones por inhalación de humo sufridas por seis funcionarios el pasado 9 de diciembre de 2025 en el centro penitenciario de Zaballa en Álava fueron “consecuencia directa de graves deficiencias preventivas imputables al Gobierno vasco”, según ha informado ELA en un comunicado. Un interno que prendió fuego al colchón, lo que generó una gran cantidad de humo.

El informe actual, según ha subrayado el sindicato, establece “una clara relación causa-efecto entre las omisiones de la Administración y el accidente laboral”. Según detalla el documento, durante la intervención de emergencia provocada por el incendio de una celda, el personal interviniente “carecía por completo de la formación, información e instrucciones necesarias para afrontar una situación de tal gravedad”, recoge Europa Press.

Además, según ha destacado ELA, “la autoridad constató que el día del siniestro el sistema sonoro de detección de incendios se encontraba completamente desconectado”. La resolución es el resultado directo de una denuncia interpuesta por ELA, ha señalado el sindicato, para advertir, sin embargo, que se trata de “un escenario recurrente”, porque “son ya varias las intervenciones previas de la Inspección de Trabajo que han obligado formalmente al Gobierno vasco a adoptar medidas correctoras en materia de seguridad”.

Todo ello, ha afirmado ELA, evidencia un modelo de gestión preventiva que “pone en riesgo constante la vida de tanto de la plantilla como de las personas usuarias. ELA ha denunciado la ”falta de voluntad política y económica“ del Gobierno vasco, que ”no invierte en los recursos necesarios para atajar el problema“.

Ante “la gravedad de los incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, ELA ha explicado que la Inspección de Trabajo ha dictado una propuesta de requerimiento inmediato para que el Gobierno vasco “evalúe, forme individualmente y equipe de manera urgente a todo el personal”.

De forma paralela, el organismo ha dictado una propuesta de recargo de prestaciones económicas derivadas de la incapacidad temporal contra el Gobierno vasco para las personas trabajadoras afectadas. Esta medida, ha precisado el sindicato, penaliza económicamente a la Administración por “su responsabilidad directa en un accidente laboral derivado de una falta crónica de medidas de seguridad” que ELA, según ha asegurado, lleva años denunciando. Por todo ello, ELA ha exigido una inversión urgente en recursos preventivos y ha advertido al Gobierno vasco de que, “si no actúa de inmediato”, iniciará un calendario de movilizaciones en los centros de trabajo y activará la vía judicial para “depurar responsabilidades políticas”.

Un tribunal de Israel ha paralizado el plan del Gobierno para poner cocodrilos en un foso alrededor de la prisión de Ketziot, en el sur del país, no por atentar contra los derechos humanos de los miles de palestinos que están encarcelados en ese lugar, sino por vulnerar el bienestar de los animales.

El Gobierno está excavando el foso –con un presupuesto de 7 millones de dólares– con base en una idea del ministro de Seguridad Nacional, el colono y exconvicto Itamar Ben Gvir, que dice emular el modelo 'Alligator Alcatraz', el centro de detención migratoria del sur de Florida, para apresar a “terroristas de Hamás”.

“Que todos los terroristas sepan que quien aterrorice a nuestra gente acabará durmiendo entre cocodrilos”, dijo la semana pasada la ministra israelí de Protección del Medio Ambiente, Idit Silman, del Likud (partido del primer ministro Benjamín Netanyahu). A su lado, Ben Gvir exclamó: “En Oriente Medio, los que mandan tienen que ser estrictos, así funcionan las cosas”.

El Tribunal de Distrito de Jerusalén ha suspendido temporalmente el proyecto tras una petición de urgencia presentada por la organización israelí Let the Animals Live ('Dejad a los Animales Vivir'). La abogada Hagit Gluska, del departamento legal de Let the Animals Live, ha dicho a EFE que “el espectáculo” de los dos ministros, que acudieron a la prisión la semana pasada, responde a “fines electorales”, dos meses y medio antes de los comicios generales del 27 de octubre.

Cocodrilos del Nilo

A falta de un plan desglosado que detalle el número de cocodrilos, las condiciones, la profundidad del foso o cómo se entrenaría a los guardias, desde el sector animalista asumen que, de acometerse, los reptiles procederían de Hamat Gader, la principal reserva de cocodrilos en cautividad, localizada en los Altos del Golán ocupados por Israel desde 1967.

Esa reserva es un complejo privado, inaugurado en 1977, que custodia unos cuarenta reptiles (principalmente cocodrilos del Nilo, pero también caimanes y cocodrilos del Ganges) que siguen siendo objeto de atracción turística.

La apelación que ha paralizado el proyecto señalaba, entre otros puntos, que ejecutarlo supondría “riesgo para los animales, la seguridad pública y el medio ambiente”.

En su fallo, el juez Avraham Rubin, del Tribunal de Distrito de Jerusalén, argumenta que la suspensión temporal está justificada porque “las alegaciones sobre el daño que se preveía para los cocodrilos merecen una investigación”.

“Nuestro análisis no identificó ningún modelo profesional a nivel mundial que hiciera uso de cocodrilos como parte de un sistema de seguridad en centros penitenciarios”, detalla a EFE en un comunicado la Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel, organismo público en coordinación con el Ministerio de Protección del Medio Ambiente.

Pese a ello, la ministra Silman reclasificó al cocodrilo del Nilo de especie protegida a animal salvaje en cautividad, lo que allanó el camino para introducirlo en el sistema de fosos.

“Han construido canales muy estrechos y pequeños, pero estos cocodrilos crecen durante toda su vida. Pueden llegar a los 5 metros y a los 300 o 400 kilos de peso. Son muy agresivos, no solo con los humanos, sino con cualquier animal e incluso entre ellos”, según Hagit Gluska, del departamento legal de Let the Animals Live.

“Deshumanización” de los presos palestinos

Respecto al trato de los palestinos presos en esa cárcel, desde Let the Animals Live insisten en que su cometido es únicamente velar por los derechos animales.

Sin embargo, el abogado Amnon Keren, de la Clínica para la Justicia Ambiental y la Protección de los Derechos de los Animales (Universidad de Tel Aviv), cree que “se trata de una mala decisión para todos los implicados”. “Escuchando lo que dicen estos ministros, no hay nada que pueda apoyar. Solo busca provocar daño”, dice Keren, quien colabora con los animalistas para este caso.

El proyecto se enmarca en el deterioro de las condiciones de los presos palestinos en las cárceles israelíes desde octubre de 2023, con el comienzo del genocidio en Gaza. Desde entonces, han aumentado las denuncias de tortura, abuso sexual, inanición o hacinamiento extremo. La Comisión de Asuntos de los Detenidos y Exdetenidos de la Autoridad Palestina ha documentado la muerte de 91 palestinos en cárceles israelíes desde 2023.

Según datos de ese organismo, en las cárceles israelíes hay unos 10.000 detenidos palestinos, 3.500 de ellos bajo detención administrativa, es decir, encarcelados sin cargos formales ni una fecha de juicio.

“El proyecto refleja perfectamente la deshumanización de los presos palestinos que Ben Gvir ha promovido desde octubre de 2023 y su sed de venganza”, afirma una fuente de la Comisión de Asuntos de los Detenidos y Exdetenidos de la Autoridad Palestina.

La madre biológica de Miranda M.M., de cinco años, ha alegado en el juzgado que su intención inicial no era sustraer a la menor del punto de encuentro del centro de la administración del Principado de Asturias, donde se llevaba a cabo una visita supervisada por una educadora, pero decidió escapar con la niña cuando le comunicaron que se despidiera de ella ya que “no iba a volver a verla porque la iban a dar en adopción”.

Su alegato no ha convencido a la Fiscalía que solicitó ante la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Oviedo/Uviéu, plaza número 3, su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La petición fiscal ha sido acogida y la mujer ya se encuentra ingresada en el Centro Penitenciario de Asturias.

La Fiscalía apreció la existencia de riesgo de fuga y consideró que la medida de internamiento era necesaria para proteger los bienes de la niña, a la que se considera que “se ha ocasionado una alteración en su estabilidad física y psíquica”.

La alerta ante posibles altercados

Poco después de su traslado a prisión, la abuela materna alertó a los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado de que estaba siendo víctima de amenazas por parte de la familia paterna. Según su versión, acusaban a la familia materna de “no haber sabido esconder bien a la niña”.

Agentes de la Guardia Civil se desplegaron por el poblado donde el pasado viernes fue localizada la menor, para prevenir posibles incidentes, si bien a última hora no se habían registrado altercados.

El rapto y la detención del padre

La menor permanecía en paradero desconocido desde el pasado mes de abril cuando los padres biológicos acudieron al punto de encuentro fijado por la administración regional para visitar a la niña. En el transcurso de la visita, de forma totalmente inesperada, la educadora fue empujada y los progenitores abandonaron de forma precipitada el centro llevándose con ellos a la niña.

A lo largo de estos casi cuatro meses se ha llevado a cabo una intensa búsqueda de la menor y su imagen ha sido difundida en carteles por la asociación SOS Desaparecidos.

Entre otras actuaciones, el padre fue detenido acusado de su presunta participación en la desaparición de la niña. En un primer momento, él culpó a la madre biológica de ser la presunta autora del rapto. Posteriormente, el hombre fue puesto en libertad.

El arresto de la madre y un hermano

En un operativo policial especial desplegado el pasado viernes en el poblado fue localizada la menor, tras un registro caseta a caseta. En una de ellas estaba la niña junto a su madre biológica y un hermano, también menor de edad.

En este vídeo que reproducimos a continuación, difundido por la Policía Nacional, se puede ver el operativo desplegado en el poblado ubicado en las inmediaciones del Polígono de Silvota, donde ha sido localizada la menor.

La investigación ha corrido a cargo de integrantes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Oviedo/Uviéu, que ha contado con la colaboración de unidades de la Jefatura Superior de Asturias y de los Servicios Centrales de la Policía Nacional.

La coordinación permanente con el órgano judicial, la Fiscalía de Menores y la Consejería de Servicios Sociales del Principado de Asturias ha sido clave para garantizar la protección de Miranda.

El 'boicot' a la investigación

Fuentes policiales han confirmado que la familia biológica de la menor ha estado entorpeciendo continuamente las labores de investigación.

Tras ser detenida, la madre pasó a disposición judicial y desde ayer se encuentra ingresada en la cárcel de Asturias. Su hijo ha pasado este lunes a disposición de la Sección de Menores de la Fiscalía y, en principio, “va a quedar bajo la supervisión de dos de sus abuelos mientras se tramita el procedimiento”, según ha confirmado un portavoz de la Fiscalía asturiana.

El estado de la niña

El abogado José Manuel Álvarez, que ejercita la defensa de la madre, ha asegurado que su representada nunca tuvo intención de secuestrar a su hija y que su reacción se debió al temor de no volver a verla después de que le anunciaran que iba a ser dada en adopción.

Miranda llevaba conviviendo 18 meses con una familia de acogida cuando fue sustraída del punto de encuentro. La defensa de la madre sostiene que el mismo atestado policial recoge que al ser localizada presentaba buen estado de salud.

Riesgo de fuga

Distinta versión aprecia la Fiscalía que pidió el ingreso en prisión de la madre por varias circunstancias: por un lado, en la existencia de riesgo de fuga de la mujer, dado lo elevado de la pena que se le podría imponer, en caso de condena, en principio por un delito recogido en el artículo 225 bis del Código Penal que castiga al progenitor que, sin causa justificada, sustrae a su hijo menor de edad, sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo del procedimiento, así como para proteger los bienes de la menor a la que, según su criterio, se le ha ocasionado “una alteración en su estabilidad física y psíquica”.

El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa ha pedido a España reforzar su política de tolerancia cero frente a los malos tratos tras recoger denuncias de agresiones a internos en las prisiones andaluzas de Algeciras, Huelva y Puerto III.

El informe, elaborado tras una visita realizada en 2025 a centros penitenciarios, comisarías y un centro de internamiento de menores, recoge testimonios de internos que aseguran haber recibido bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con porras por parte de funcionarios de prisiones, presuntamente en zonas sin cámaras de videovigilancia.

El CPT reconoce que el número de denuncias por malos tratos ha disminuido de forma notable en las cárceles de Madrid VII y Sevilla II desde sus anteriores inspecciones, pero considera que la situación sigue siendo preocupante en los tres centros andaluces mencionados (Algeciras, Huelva y Puerto III) y reclama medidas para erradicar estas prácticas.

También expresa su inquietud por las quejas de uso excesivo de la fuerza durante detenciones y traslados a comisaría, algunas de ellas respaldadas por pruebas médicas, y critica que los registros con desnudo integral sigan practicándose con frecuencia de manera irrespetuosa y excesivamente intrusiva.

Este organismo de expertos del Consejo de Europa recoge asimismo denuncias de malos tratos y uso excesivo de la fuerza contra menores por parte de vigilantes de seguridad privada en el centro de internamiento Vicente Marcelo Nessi, de Badajoz, y recomienda reforzar la supervisión y formación de ese personal, además de sustituir el aislamiento disciplinario para menores de 18 años por otras medidas.

Frente a esta situación, pide que de forma clara se transmita al personal penitenciario un mensaje de “tolerancia cero” y recomienda que se refuerce su formación en técnicas de desescalada, se mejoren los reconocimientos médicos y la documentación de lesiones, y se garanticen investigaciones efectivas e independientes de todas las denuncias.

En cualquier caso, el organismo valora positivamente las condiciones de vida de la mayoría de los internos en régimen ordinario y destaca la oferta de actividades educativas, laborales y de tratamiento destinadas a favorecer su reinserción.

El Gobierno español ha respondido con un extenso y detallado informe en el que aborda punto por punto las críticas del CPT y asegura que cualquier abuso físico o verbal contra personas privadas de libertad “no es admitido” y que estos hechos son perseguidos por las vías disciplinarias y penales correspondientes.

El Ejecutivo defiende que desde 2021 funciona un protocolo específico para prevenir y actuar ante posibles malos tratos, que incluye la supervisión de los centros, la investigación de las denuncias y la comunicación de los casos a los juzgados.

Además sostiene que se han reforzado los controles internos mediante entrevistas confidenciales de los internos con los servicios de inspección y los canales de denuncia, que no pasan por la dirección del centro penitenciario.

En su respuesta, el Gobierno español también afirma que los partes médicos cuentan con sistemas de registro que permiten documentar las lesiones y su evolución, y que policías y guardias civiles reciben formación continua en derechos humanos y uso proporcional de la fuerza.

Asimismo recuerda la existencia desde 2022 de la Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos para supervisar posibles vulneraciones cometidas por las fuerzas de seguridad.

Si las paredes de la antigua cárcel de mujeres de Alcalá hablasen, podrían contar más de un siglo de historia. Por ella, pasaron las presas más famosas, las delincuentes más reconocibles del siglo XX y, además, la mayoría de luchadoras antifranquistas a partir de los años 50, coincidiendo con el cierre de la cárcel de Segovia. Sin embargo, estos muros, que encapsulan como pueden tales episodios de la memoria femenina, están a punto de colapsar. En los años 80, tras vaciarse por completo de presas, el Estado cedió el edificio a la universidad de la ciudad cervantina, la cual solo tiró abajo una parte del edificio para levantar la facultad de documentación. El resto, como si de una broma pesada se tratara, sigue cayéndose poco a poco ante la atenta mirada de historiadores y archiveros impotentes.

Entre ellos están Pilar Lledó Collada y Fernando García Manzanero, que abren las puertas de la entonces cárcel a elDiario.es. Dicen recibir con los brazos abiertos el nuevo proyecto que se ha anunciado para darle una nueva vida al edificio histórico, añadido en 2023 en la lista roja de patrimonio de Europa Nostra como peligro extremo de pérdida. La idea del Ministerio de Cultura, según anunció hace unas semanas, es levantar en su interior el nuevo Archivo Nacional de Movimientos Sociales. Algo que los historiadores, en cambio, miran con recelo porque es “muy improbable” que culmine: “Esto no se arregla en unos meses”.

La cárcel de mujeres de Alcalá de Henares (Madrid), bautizada como La Galera, fue a principios de siglo XX la prisión central femenina del Estado y, a mediados de los 50, comenzó a albergar a la mayoría de las conocidas como ‘irredentas’, tal y como denominó el historiador Ricard Vinyes a las presas políticas que lucharon contra el régimen franquista y que sufrieron, hasta desembocar en Alcalá, un terrible “turismo carcelario”. En esta prisión, las antifranquistas estaban mezcladas con las presas comunes, sufrían hacinamiento y explotación laboral y su rutina impuesta rezumaba el cariz religioso que tuvo el correccional para mujeres desviadas que fue la original Galera, aprovechado por el nacionalcatolicismo de la dictadura. Tanto era así que las funcionarias de prisiones compartían potestades con las hermanitas de la caridad.

La mayoría de ellas empezaron su pena en Ventas, pero luego pasaron por Málaga, Guadalajara, Segovia y un montón de cárceles, hasta que acabaron aquí

Importantes mujeres como Juana Doña, María Salvo, Manolita del Arco o Soledad Real finalizaron su pena en el edificio que actualmente está al borde del derrumbe. “La mayoría de ellas empezaron su pena en Ventas, pero luego pasaron por Málaga, Guadalajara, Segovia y un montón de cárceles, hasta que acabaron aquí”, explica la historiadora Pilar Lledó Collada. La mayoría de los testimonios sobre lo que vivieron dentro de la cárcel lo conocemos gracias al trabajo historiográfico que realiza Tomasa Cuevas, que, aunque nunca pisó la cárcel de Alcalá, cuando salió en libertad se dedicó a “recorrer España con un magnetófono” para que la experiencia de las presas antifranquistas no cayera en el olvido.

En la página 473 de su libro, una de ellas relata su experiencia al salir en libertad: “Recuerdo que solamente de ver las colas de los cines era algo que nos sublevaba; pensaba en los presos, en las compañeras que había dejado en las cárceles, en las gentes que a lo mejor fusilarían o que habían fusilado esa misma mañana, en las comisarías en que maltrataban a nuestros compañeros, y ver colas en las puertas de los cines era una cosa que no podía soportar. (...) Eran tantas las cárceles que había en aquella época, y tan llenas de presos, que no podía entender que no se luchara por ellos”.

Antes de la dictadura, la cárcel llevaba un siglo funcionando con algunas interrupciones. Las cárceles La Galera se fundaron en el siglo XVII por una monja y se concebían como correccionales femeninos para restaurar la moral católica dañada por el pecado. El edificio, tal y como hoy se puede ver, lo diseñó en 1882 el arquitecto Tomás Aranguren y su peculiar concepción para lo que luego sería la prisión, sobre todo su planta en forma de T, ya es en sí mismo un argumento para la conservación.

Eran tantas las cárceles que había en aquella época, y tan llenas de presos, que no podía entender que no se luchara por ellos

En ese momento, el correccional pasó a ser la prisión femenina central y uno de los primeros centros donde la reclusión de mujeres la motivaba tanto el factor religioso como la comisión de un delito tipificado en el Código Penal. “La importancia que tuvo este centro fue crucial en la historia de la reclusión femenina”, reivindica la investigadora Gema Martínez Galindo. Aunque la igualdad jurídica era algo todavía muy lejano pues, según incide Lledó, “los hombres a lo largo de la historia han sido condenados a trabajos fuera”, mientras la mujer “tenía que estar encerrada incluso cuando era castigada”. El trabajo femenino por excelencia, que perdurará hasta el cierre de la cárcel, es la costura.

El primer parón en la actividad penitenciaria de La Galera se produce con el intento de reforma de Victoria Kent que, recogiendo el guante de Concepción Arenal, considera obsoleto e inhumano el sistema del momento. Traslada a las presas a Ventas, pero la cárcel de Alcalá permanecerá vacía por poco tiempo por la aprobación de la ley de vagos y maleantes, la misma que luego aprovechará el franquismo para endurecer la represión de la disidencia y perseguir a homosexuales.

Con el estallido de la guerra civil se convertirá en una prisión masculina y no volverá a albergar exclusivamente a presas hasta 1955.

En los años 40, el edificio fue el centro neurálgico de la reclusión de “comunistas peligrosos” para el régimen, y estaba dirigido por el coronel Enrique Eymar del tribunal de represión de la masonería y el comunismo.

Desde el 1955 hasta 1978 pasaron cientos de presas políticas por la cárcel de la ciudad cervantina. En los años 60 comenzaron a llegar las guerrilleras capturadas. Las mujeres tuvieron una gran importancia en las guerrillas, sobre todo como sustentadoras familiares y como enlaces para pasar información, quedando muchas veces expuestas a las presiones de la Guardia Civil. Alrededor de 150 mujeres tomaron las armas.

“Ya que nadie les hacía caso, porque la gran historia del antifranquismo es una historia masculina, pues ellas al final tuvieron que buscar la forma de contar su propia historia”

Por Alcalá pasaron importantes guerrilleras como María Blázquez, Carmen Orozco, Esperanza Martínez, alias Sole, o Remedios Montero, alias Celia. En esta última se inspiraría más adelante Dulce Chacón para su obra maestra La voz dormida.

“Ya que nadie les hacía caso, porque la gran historia del antifranquismo es una historia masculina, pues ellas al final tuvieron que buscar la forma de contar su propia historia”, lamenta Lledó, quien destaca el libro publicado bajo un seudónimo por Juana Doña, Desde la noche y la niebla.

El peso de este edificio para la memoria colectiva no se ha tenido en cuenta para su conservación. “Lo que se ha hecho con los lugares de memoria es hacerlos desaparecer o transformarlos”, critica Lledó, que cuestiona por qué “no se ha considerado un patrimonio a guardar”. “En el caso de la cárcel de Alcalá, como no encontraban en qué transformarlo, simplemente dejaron pasar el tiempo a ver si acababa de caerse por completo”, añade.

Durante sus últimos años de actividad, la cárcel La Galera recluyó a algunas integrantes de ETA y las presas políticas se limitaron a unas pocas decenas en todo el centro. “El gran problema que tuvieron aquí las presas políticas es que nunca se les reconoció ese estatus (...) Las metían en un dormitorio común con todas las otras presas”, explica Lledó, a lo que su compañero el archivista Fernando García Manzanero añade: “Y solo dejaban pasar a la familia en tres ocasiones al año: el día de la Virgen de la Merced, el día de Reyes y el día de la Virgen del Carmen”.

Una de las últimas presas que pasaron por La Galera fue la cantante Elisa de la Serna quien, tras negarse a pagar tantas multas por desobediencia civil, acabó detenida. Durante su estancia compuso la canción ‘Celda 105 mirando al mar’. No sabemos si la ventana imaginaria por la que Elisa miraba al mar desde su celda se caería también si el edificio entero termina derrumbándose. O si el humor de Manuel de la Escalera seguirá sobrevolando el lugar donde esperaba cada noche que se lo llevaran para cumplir la pena de muerte. Lo que es evidente es que una parte de la memoria histórica se olvidaría bajo los escombros del edificio abandonado en el centro de Alcalá del que poca gente sabe el nombre.

Tras su etapa como consellera de Justicia, Gemma Ubasart (Castellar del Vallès, 1978) ha vuelto a la academia, pero no se ha encerrado en el despacho. Muestra de ello es el libro Contra el castigo (Bellaterra Edicions), un ensayo en el que Ubasart impugna y plantea alternativas a la ola de punitivismo que recorre platós de televisión y parlamentos y que ha impactado hasta en partidos progresistas.

En su libro hay números que llaman la atención: España tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas de la UE pese a que sus cifras de criminalidad son bajas. ¿Por qué?

El problema es la duración efectiva de las penas de prisión, que en el Estado llega a cuadruplicar la de los países nórdicos. Esto hace que haya 117,2 presos por cada 100.000 habitantes con una de las tasas de criminalidad, en especial de delitos graves, más baja de la Europa de los 15. Pasar más tiempo en la cárcel es más fácil en España que en países del entorno, y se debe a que el Código Penal está inflado.

Las propuestas políticas avanzan en la dirección contraria: crear más delitos y endurecer los ya existentes.

El Código Penal del 1995 ha crecido casi solo en una dirección: ha tipificado cada vez más delitos y ha endurecido las penas. En una obra de 2013, el catedrático José Luíz Díez Ripollés repasaba 25 reformas inflacionarias del Código Penal. El otro día, la magistrada Carme Guil me dijo que a día de hoy ya son 50. Además, la ejecución de las penas cada vez es más dura y dirigida hacia el internamiento.

Las subastas punitivas de los platós de televisión se trasladan al Parlamento y se endurece el Código Penal contra la evidencia científica

¿A qué se debe esta inflación del Código Penal? ¿Los políticos han querido resolver problemas sociales endureciendo penas?

Hay una mezcla de factores. Están los factores políticos, pero también económicos. Tanto de empresas de seguridad que necesitan crear un clima de miedo al robo y a la okupación para vender alarmas como medios de comunicación que priorizan los sucesos porque generan mucha audiencia.

Todo esto crea un caldo de cultivo favorable a la inflación del Código Penal, y hay que reducirlo. Las subastas punitivas de los platós de televisión se trasladan al Parlamento y se endurece el Código Penal contra la evidencia científica y todo el conocimiento empírico que nos dice que el aumento de penas no conlleva un desistimiento del delito.

¿De qué manera se puede revertir esta situación?

Desde que muere el dictador Francisco Franco hasta 2010 hay un crecimiento anual de las personas presas. En 2010, debido a la crisis económica, los gobiernos quieren ahorrar costes, también los carcelarios. Se produce entonces una pequeña reforma del Código Penal, centrada en los delitos contra la salud pública, que hace que la población penitenciaria se reduzca. No aumentó el delito ni hubo un rechazo ciudadano. De hecho, pasó casi desapercibido.

¿Solo la necesidad de ahorrar puede llevar a una deriva antipunitivista?

No. En realidad es un desafío para los actuales gobernantes. ¿Si en 2010 fue posible reducir la población penitenciaria para ahorrar, por qué no hoy, con una mayoría progresista y plurinacional y la evidencia empírica a favor? Con pequeñas reformas se podría reducir el impacto del encarcelamiento. Además, países como Francia, Reino Unido o Portugal también han llevado a cabo medidas para vaciar las cárceles.

No me sirve que la izquierda diga que no hay que dejar las políticas de orden solo a la derecha para terminar haciendo lo mismo que la derecha

Mencionaba la mayoría progresista, pero son el PSC en Barcelona y en Catalunya y el PSOE en Madrid quienes más apuestan por endurecer las penas. Lo hacen, según dicen, para no dejar el orden y la seguridad en manos de la extrema derecha.

No me sirve que la izquierda diga que no hay que dejar las políticas de orden solo a la derecha para terminar haciendo la misma política que la derecha. En la izquierda nos debemos plantear las cuestiones de seguridad y convivencia, pero con nuestra mirada, valores y perspectiva. A diferencia de la derecha, nos debemos basar en la evidencia empírica, que nos dice que un aumento de penas no nos lleva a una reducción de los delitos.

Si aumentando las penas se solucionaran los problemas sociales que llevan al delito, los estados de EE.UU. con pena de muerte no tendrían problemas. Y esto no ocurre, más bien ocurre lo contrario, pues en EE.UU. hay más delitos violentos que en España.

¿Cómo se tendría que concretar este Código Penal desinflado?

Hay un trabajo de política criminal a hacer, pero hay distintas vías: la de la tipificación, pero también la rebaja en la duración de las penas. Pero hay otra importante que es un terreno con campo para explorar: la ejecución de las penas. Hay muchas alternativas al internamiento en prisión que se pueden abordar, como el medio abierto, que tendría que ser una prioridad para la política penitenciaria del siglo XXI.

¿Qué efectos tiene en una persona pasar muchos años en prisión?

Afecta en muchas dimensiones: empeora la salud física y la mental, pero también dificulta la dimensión social. El encarcelamiento rompe lazos familiares, comunitarios y laborales, por lo que cuanto más tiempo se pasa en prisión más difícil es la reinserción. El internamiento prolongado dificulta los objetivos de reinserción y rehabilitación. La ejecución penal debe buscar alternativas al internamiento, como el medio abierto.

En el libro denuncia que la cárcel es la institución estatal que más personas con problemas de salud mental trata.

Esto es así y tiene un doble componente de injusticia. Por un lado, se usa una institución como la cárcel para tratar una enfermedad mental. Además, no es universal: las personas con problemas de salud mental que tienen una red o una familia pueden estar acompañadas, pero las que no la tienen son las perfectas candidatas para acabar en la cárcel. El número de internos con problemas de salud mental es muy importante.

Otro capítulo del libro está dedicado a los jueces. Además del término de moda, el ‘lawfare’, define el fenómeno de los ‘jueces combatientes’. ¿Tenemos muchos en España?

El juez combatiente es el juez que se erige en activista en lo que cree que es una defensa del Estado de Derecho, pero no lo es. A diferencia del ‘lawfare’, son jueces que actúan de forma autónoma, sin ser correa de transmisión de nadie. El ‘lawfare’ tiene que ver más con una disputa partidista que se traslada al juzgado, y se parece más a lo que ha ocurrido en América Latina.

Son dos fenómenos distintos y minoritarios dentro del poder judicial, pero que lastran todo el buen trabajo de la mayoría de la carrera. No somos tan distintos de otros países: Luigi Ferrajoli ya dibujó en los 70 el concepto de juez combatiente en Italia. Era el juez, ya fuera conservador o progresista, que se erigía como garante del Estado de Derecho y abría la puerta a la arbitrariedad en la lucha contra las organizaciones armadas de los años del plomo. En España este fenómeno se ha dado en los casos del denominado ‘entorno de ETA’, en el que se perseguía a entidades o medios de comunicación que habían actuado siempre de forma pública y legal, y se repite con la crisis independentista, con la idea de que había que salvar a España de romperse.

Sean jueces combatientes o ‘lawfare’, ¿España tiene un problema con algunos jueces?

Hay un problema con la selección y formación de jueces. Tenemos un proceso de selección de jueces basado en lo que se hacía en el siglo XIX y el mundo ha cambiado. Necesitamos perfiles de jueces adecuados a la actualidad. El magistrado emérito del Supremo Perfecto Andrés escribe que un juez tiene que ser un intelectual porque debe entender la complejidad social para poder dirimir los conflictos. La formación de los jueces tendría que ir en esta línea. La oposición memorística actual está pensada para un Estado del siglo XIX, pequeño, contenido, con pocos ministerios… La democratización en la selección y formación de jueces es uno de los retos del Poder Judicial.

Los jueces no serían el colectivo con menos resistencias a los cambios.

El Ministerio de Justicia ha impulsado propuestas modestas pero que mueven el barco hacia un rumbo de democratización, como las becas para nuevos jueces y fiscales, y parte del colectivo se lo ha tomado casi como una afrenta. Creo que las reformas para democratizar el acceso a la carrera no se tendrían que dejar para otra legislatura y que la mayoría progresista y plurinacional las tendría que apoyar.

España tiene un problema con la selección y formación de jueces

Otra de las tesis que desarrolla en el libro es que la izquierda no puede dejar la idea de libertad a la derecha. ¿Cómo se consigue?

La izquierda debe disputar la batalla por la libertad, la igualdad y la fraternidad y no puede renunciar a ninguna de las tres. Son necesarias y hay que leerlas en clave de siglo XXI: una igualdad que reconozca las diferencias y las interdependencias; una fraternidad que permita construir proyectos autónomos y colectivos y una libertad real, que no se puede dejar en manos de la derecha, y que sea sinónimo de no dominación y tenga en cuenta la complejidad de la vida en sociedad. La libertad como origen y bandera es algo que creo que debería estar en el centro.

¿Qué peso ha tenido su paso por la Generalitat como consellera de Justicia en lo que escribe en el libro?

Antes de ser consellera ya había trabajado en el análisis de políticas públicas y la criminología crítica, pero la experiencia como consellera me ha ayudado a poner varias piezas en su sitio y entender bien el funcionamiento de un gran departamento, además de adquirir nuevos conocimientos, como en el ámbito penitenciario.

En el libro escribe que el objetivo final tiene que ser “la abolición de la cárcel”. ¿Esto ya lo pensaba antes de ser consellera?

Sí. Tenemos que ser garantistas siempre y aspirar a una reducción del sistema penal. Esto quiere decir apostar por otra forma de resolver los conflictos, y no destinar tantos recursos a la policía, el internamiento o la judicialización constante de los problemas. Pero pensar en el abolicionismo como objetivo sin pensar en el mientras tanto no tiene sentido. Queremos un futuro sin cárceles, pero en el presente tienen que ser un espacio de dignidad, y hay que sumar todas las visiones humanistas para que así sea.

Queremos un futuro sin cárceles, pero en el presente tienen que ser un espacio de dignidad

¿Qué límites institucionales y políticos encontró durante su etapa como consellera para llevar a cabo alguna de sus propuestas?

Las instituciones tienen mucha dependencia del pasado, de las formas de hacer y un marco presupuestario y legislativo que condiciona, pero no quiere decir que no se pueda cambiar el rumbo. Reivindico la política, porque no es cierto que desde las instituciones no se puedan cambiar las cosas. Detrás de las instituciones tiene que haber un proyecto político que oriente a resolver los problemas y las situaciones injustas, y dentro de la institución hay que gestionar con excelencia. Tenemos que aprovechar cada pequeña brecha para hacerlo. Solo estuve dos años en la conselleria, pero creo que actué así.

Una de sus competencias era la Memoria Democrática. ¿Por qué al PSOE le cuesta tanto sacar a la Policía de la comisaría de Via Laietana donde torturaron a los opositores de la dictadura?

Creo que la Policía acabará saliendo de Via Laietana. Al PSOE le ha costado moverse en algunos temas de Memoria, y creo que hay una disputa con el Ministerio del Interior y resistencias corporativas, pero llega un momento que hay que poder vencerlas. No tiene demasiado sentido que se conmemoren los 50 años de la muerte de Franco, se apueste por las políticas de memoria y se mantenga a la Policía en Via Laietana.

Le tocó gestionar una huelga encubierta de funcionarios de prisiones en protesta por el asesinato de una trabajadora, pero que comportó vulneraciones de derechos de los presos. ¿Qué balance hace de lo ocurrido desde fuera de la política?

A ninguno ni ninguna de mis antecesores le tocó gestionar un suceso tan grave como el asesinato de Núria. Trabajamos para minimizar el riesgo de los trabajadores penitenciarios, sabiendo que el riesgo cero no existe. La restricción de derechos que sufrieron las personas internas agravó su vulnerabilidad, y creo que hicimos bien hablando claro y diciendo que se estaban vulnerando sus derechos.

Las prisiones, al igual que la sociedad, están compuestas por personas de distintos colectivos, siendo identificados como vulnerables o de “difícil reinserción” las personas migrantes, las personas que pertenecen a la comunidad gitana y las mujeres, quienes sufren un mayor estigma que los hombres cuando salen de prisión. Con el objetivo de explicar el trabajo específico en las cárceles con estos colectivos, las oportunidades de inserción y la multifactorialidad, Josune Carramiñana, responsable del programa de atención a mujeres en prisión Adap Elkartea, Alberto Ríos, de la asociación Gao Lacho Drom y responsable de programas en las cárceles con el colectivo gitano, y Brais Varela, responsable de programas de personas extranjeras en prisión de la Cruz Roja, se han reunido en el Curso de Verano de la EHU sobre inclusión sociolaboral en las prisiones de Euskadi.

Carramiñana ha comenzado su intervención contando casos reales de mujeres a las que han atendido desde que comenzaron en el año 1996. En su mayoría son mujeres que sufren un doble estigma de género una vez consiguen abandonar la prisión: por un lado, la discriminación por ser mujer, mientras que por el otro, la de haber sido reclusa, todo ello sumado a las cargas y responsabilidades familiares, que principalmente recaen en ellas. Así, suelen ser personas con múltiples vulnerabilidades, como la coexistencia de la pobreza, baja cualificación y, en muchas ocasiones, problemas de salud mental también derivados a la violencia de género.

“Tenemos el ejemplo de una mujer gitana que llega a la cárcel con 42 años y nos cuenta que desde que tenía nueve es violada sistemáticamente todas las noches por su padre. Con 12 dice que su padre la vende a un hombre 14 años mayor que ella, que la tiene encerrada en una habitación. Con esa persona tiene cinco hijos. Logra escaparse de la casa, pero empieza con adicciones y para pagarlas roba. Esta mujer, por suerte, acaba en prisión y es por suerte porque ahí comienza un proceso de inserción laboral. Empieza a trabajar en una empresa que colabora con la cárcel y que tiene mucha flexibilidad para ella. Cuando analizamos las dificultades del acceso al empleo, debemos hacerlo desde una perspectiva amplia, entendiendo que las barreras son múltiples, se entrecruzan entre sí”, ha explicado Carramiñaga.

Por ello, ha insistido en que “es importante contar con políticas y programas de reinserción con perspectiva de género”. “Las mujeres en prisión suponen solo el 7% de la población reclusa, por eso las cárceles están hechas por y para hombres. También es importante tener en cuenta que la mayoría de delitos provocados por mujeres no crean la peligrosidad que los provocados por hombres, ya que generalmente son delitos por pobreza, por supervivencia, por mantenimiento de la familia, hurtos, tráfico en cantidades pequeñas de drogas o impagos”, ha aclarado.

Nuestro reto es contribuir a que las personas salgan en mejores condiciones de las que entraron

En el caso de las personas migrantes, Brais Varela, responsable de programas de personas extranjeras en prisión de la Cruz Roja, ha explicado que dentro del programa en el que él trabaja, a lo largo de 2025 han acompañado a 655 personas extranjeras en las prisiones vascas, de 48 nacionalidades diferentes a las que, antes del proceso de reinserción laboral, ayudan con trámites administrativos como expedientes de Extranjería (a 45 personas), autorizaciones de trabajo (a 40 personas), trámites consulares (62 personas) y acompañamientos a 198 personas.

“Las personas que atendemos no llegan únicamente con una condena, llegan con una acumulación de vulnerabilidades previas que condicionan el proceso. Son perfiles de personas que vienen con situaciones administrativas inciertas, escasa red familiar y social y trayectorias migratorias complejas, además de vulnerabilidades acumuladas como la exclusión residencial, las barreras idiomáticas y problemas de salud física o mental. La prisión suele ser el último recurso del sistema penal, pero para muchas personas también es la última expresión de una exclusión social previa no resuelta. Tenemos a muchas personas que vienen de largas temporadas e incluso toda su vida sin tener un hogar, sin dormir bajo un techo. Personas que están acostumbradas a dormir en casas abandonadas en las que conviven con ratas y suciedad. Para todas ellas, por difícil que sea entenderlo, la prisión puede resultar una solución. Muchos incluso piden volver a la cárcel o no quieren salir y volver a enfrentarse solos al sistema. Por ello nuestro reto es contribuir a que las personas salgan en mejores condiciones de las que entraron”, ha asegurado.

“No se puede intervenir con las personas migrantes privadas de libertad desde una mirada penitenciaria clásica o habitual. Tienen una especificidad muy concreta por su situación migrante, por el proceso migratorio que tienen, por la situación administrativa que tienen, por la documentación o la ausencia de la documentación o ausencia de la red familiar o social. En el caso de estas personas, lo más importante es conseguir la documentación, porque la documentación es la puerta de acceso a todos los derechos. Sin documentación estás invisible civilmente, pero existes aunque quedas fuera de todos los sistemas”, ha destacado.

En el caso de las personas gitanas, Alberto Ríos, de la asociación Gao Lacho Drom y responsable de programas en las cárceles con el colectivo gitano, ha explicado que aunque la población gitana en Euskadi suponga el 0,9% de la población total, supone el 10% de las personas internas en las cárceles. “Las minorías étnicas tienen un acceso más restringido a los programas de rehabilitación, lo que agrava su posición ante las decisiones de clasificación o libertad condicional. Si no participas en los programas, no progresas. Si los programas no están adaptados, no pueden participar. Es una trampa circular que el propio sistema produce y que después atribuye la falta de motivación del recluso”, ha detallado.

Ríos ha destacado la desconfianza que de forma general tiene la población gitana hacia las instituciones. “No es algo que surja por un simple desconocimiento, por ignorancia. Esa desconfianza está vinculada a una larga historia de discriminación, exclusión y experiencias negativas con los organismos públicos. La educación que los expulsó, los servicios sociales que los controló, las fuerzas de seguridad que los persiguieron y la justicia que los trató de forma desproporcionada”, ha apuntado.

El diferente también tiene derecho a una respuesta por parte de la Administración que se ajuste a su idiosincrasia y a su cultura

Preguntado por este periódico por cómo lograr la inserción al mercado laboral de estas personas en un contexto de desconfianza a las instituciones, Ríos ha insistido en que es algo que se consigue “a través de facilitar la participación de los gitanos en todos los espacios de decisión que influyen en los programas de reinserción”. “No se puede pensar que la población mayoritaria debe hacer prevalecer su cultura y sus valores con respecto al resto. Es un trabajo que debemos hacer todos, también las personas que trabajamos en prisión. Debemos respetar al diferente y saber que el diferente también tiene derecho a una respuesta por parte de la Administración que se ajuste a su idiosincrasia, a su cultura, es la clave para esto. En el caso de las mujeres gitanas nos encontramos a menudo mucho empeño en que sigan un itinerario que podría cursar una mujer paya, que trabaje y que gane su dinero, pero dentro de las familias gitanas no es algo que siempre se encarrile bien, aunque sea algo que lo podamos buscar también nosotros”, ha aclarado Ríos.

Sobre esta cuestión, Carramiñana ha aportado que, desde su experiencia con mujeres gitanas, es importante “trabajar desde su cultura”. “No vamos como las 'súper payas' que te vamos a decir lo que está bien o está mal. Trabajamos con ellas desde esa cultura. Por eso el acceso al mercado laboral es más complicado para las mujeres porque también desde la cultura gitana está mejor visto que sean las encargadas del cuidado familiar, del cuidado de las personas mayores o los hijos a que vayan a trabajar. Esto lo trabajamos con ellas porque muchas veces ellas mismas lo ven de esa manera. Nosotras intentamos que vean que existe otra posibilidad además de dedicarse exclusivamente a los cuidados, que es la de trabajar, pero sin influenciar, desde el respeto a su cultura”, ha concluido.

En la actualidad hay 632 internos en las cárceles vascas que participan en los talleres de Aukerak, la agencia pública de derecho privado que persigue impulsar la inclusión sociolaboral de las personas privadas de libertad a través de formaciones tanto durante el cumplimiento de condena como en su transición a la vida en semilibertad o en la fase final de ejecución penal. Se forman para después trabajar en los talleres que empresas cuentan en las propias cárceles o en las empresas y fundaciones que cuentan con acuerdos con este programa. Se trata de un programa que comenzó tras el traspaso de la competencia de prisiones a Euskadi y, desde entonces, incluye cursos formativos para personas internas distintos para cada una de las cárceles, adecuándose a las peticiones de los mismos internos.

En el caso del centro penitenciario de Zaballa, en Álava, se ofrecen jardinería terapéutica, conducción de carretillas elevadoras, prevención de riesgos laborales, limpieza de superficies y atención sociosanitaria. En el centro penitenciario de Bizkaia, la cárcel de Basauri se ofrecen los mismos cursos, pero en lugar de atención sociosanitaria se incluye un curso de soldadura básica y otro de apoyo a la salud mental. Mientras que en el centro penitenciario de Gipuzkoa, ahora la nueva cárcel de Zubieta, incluye además peluquería. El Plan de Formación 2026-2027 cuenta con una inversión de 223.199 euros para este tipo de actividades. “Además de estos cursos tenemos a internos e internas que trabajan en las lavanderías y cocinas de los centros penitenciarios, donde realizan las comidas para el resto de internos. También contamos con una panadería en el centro penitenciario de Zaballa y desde ahí se elabora pan para los tres centros penitenciarios. Todo esto viene soportado con formación y acompañamiento. De esta manera, desde Aukerak se facilita la reinserción social y laboral de las personas vinculadas al sistema penitenciario vasco, dando oportunidades de formación, empleo y desarrollo profesional y personal”, ha explicado este miércoles Sofia Archeli Mesonero, directora del programa Aukerak durante el Curso de Verano de la EHU sobre inclusión sociolaboral en las prisiones de Euskadi.

Según ha aclarado, desde el programa no “miden” qué tipo de delitos han cometido los internos que participan en las formaciones, sino sus “capacidades, competencias y habilidades”. “Rescatamos lo positivo de las personas sin mirar qué delito han cometido”, ha insistido. Para llegar a ellas, estos deben ser evaluados por la Junta de Tratamiento, quien decide según las capacidades y el recorrido de cada uno de los presos a qué formación pueden acceder o a qué empleo se pueden dedicar. “Tenemos que generar igualdad de oportunidades para todas las personas que están en situación de privación de libertad respetando sus recorridos, sus tiempos, sus itinerarios. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que respetar lo que las Juntas de Tratamiento dentro de los centros penitenciarios marcan, porque no todos los internos están en disposición de poder trabajar o puede que para todos no sea lo prioritario pasar por el modelo de trabajo y formación”, ha aclarado.

La sociedad a veces tiene ese estigma hacia la población reclusa, pero tenemos que tener en cuenta que las personas reclusas van a salir en algún momento

Aricheli ha destacado que, lejos de los prejuicios que tiene la sociedad acerca de la población reclusa, esta puede servir de mano de obra para sectores en los que falten trabajadores. “La sociedad a veces tiene ese estigma hacia la población reclusa y piensa que si la han liado deben cumplir condena, pero tenemos que tener en cuenta que las personas reclusas van a salir en algún momento y nosotros tenemos que ver qué devolución social vamos a poder hacer a través de la reinserción de las personas. Y esto al final también se puede monetizar, porque son personas que tienen capacidades y competencias para poder trabajar, que no van a tener que solicitar ayudas sociales, que van a poder contribuir económicamente, que van a mover el mercado y sobre todo estamos en una situación en que ciertos puestos y ciertos nichos laborales falta mano de obra y nosotros, formando a las personas y haciendo un acompañamiento adecuado, podemos cubrir esos espacios y orientar a las personas hacia esos espacios en los que sabemos que el mercado laboral lo necesita”, ha puntualizado.

La directora de Aukerak ha detallado que algunos de los presos que han pasado por el programa han cobrado por primera vez una nómina en regla. “Hay internos que no habían visto una nómina en su vida, que no habían trabajado nunca de manera reglada. Esto es generar oportunidad, porque entrar en esa dinámica de trabajo y cobro y mantener una rutina nos da la garantía de que esa persona, cuando salga al exterior, pueda evitar esa reincidencia de la que tanto se habla. El trabajo productivo es una herramienta de reinserción, pero también de desarrollo personal, fortalecimiento de autoestima, adquisición de habilidades y reduce la discriminación”, ha explicado.

El trabajo productivo dignifica y, sobre todo, nos prepara para la salida inminente o no de las personas internas

Durante el primer año del programa pasaron por las distintas formaciones 431 internos, cifra que ha ido aumentando hasta los 632 actuales. No obstante, durante los próximos años buscan ampliar los cursos ofrecidos con las nuevas instalaciones de la cárcel de Zubieta. “Zubieta es mucho mayor que Martutene y nos va a permitir implementar otras empresas e incluso vamos a tener la necesidad de contratar más internos para los talleres, para lavandería y cocina, porque vamos a tener que lavar y cocinar para un mayor número de personas. El inicio siempre cuesta, pero según va madurando la entidad podemos ampliar la contratación. El trabajo productivo dignifica y, sobre todo, nos prepara para la salida inminente o no de las personas internas”, ha recalcado la directora, quien ha destacado en este sentido la labor de las empresas y del Tercer Sector, quienes contratan después a estas personas.

El Curso de Verano continúa este jueves con una mesa redonda en la que se abordarán las oportunidades de los colectivos considerados de “difícil inserción” con la participación de expertos en intervención con mujeres reclusas, colectivos de personas gitanas y colectivos de personas migrantes. “Dentro de los centros penitenciarios hay colectivos con situaciones de mayor vulnerabilidad y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Un centro penitenciario puede representar tranquilamente lo mismo que podemos encontrar en el exterior. Podemos encontrar a personas en situaciones económicas, familiares, sociales muy normalizadas en su contexto social, pero también situaciones de personas migradas en situación de falta de documentación, de situaciones complejas como la inserción laboral de población reclusa gitana o personas en situación de drogodependencia. Tenemos que trabajar siempre teniendo en cuenta la dignidad y el respeto hacia los colectivos y hacia las personas”, ha concluido.

El pasado 22 de junio se conoció que el Tribunal Supremo condenaba al exministro José Luis Ábalos a la pena de 24 años y tres meses de prisión. Ahora, justo un mes después de conocer la sentencia, quien fuera secretario de Organización del PSOE se dirige tanto al juez de Vigilancia Penitenciaria como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para denunciar que podría ser víctima de “represalias o de una sanción indirecta” en el centro penitenciario de Soto del Real.

En el escrito de queja dirigido por su defensa al juzgado, al que ha tenido acceso elDiario.es, se explica que el pasado 20 de julio estaba autorizada y programada una comunicación íntima entre el exministro y su actual pareja, un vis a vis, pero en el momento del acceso de la visitante al centro “un perro detector empleado por el servicio de seguridad realizó un marcaje sobre ella”. La defensa lamenta que como consecuencia exclusiva de ese marcaje se impidió la celebración de la comunicación. Y pone el foco en que esa negativa de acceso se acordó sin comprobación posterior alguna, puesto que no consta “que se ofreciera a la visitante la práctica de un cacheo en los términos legalmente previstos, ni que se realizara registro” en aras de confirmar la existencia de un objeto o sustancia prohibidos.

“La denegación se sustentó únicamente en un indicio (la reacción del animal), sin acreditación posterior”, abunda, para luego recordar que el reglamento penitenciario recoge que los internos tienen “derecho a comunicar con familiares y allegados, con respeto máximo a la intimidad”. Añade que el artículo 45 de esa norma regula el vis a vis y garantiza un mínimo mensual.

En este sentido, destaca que el reglamento solo contempla un único mecanismo de control corporal del visitante vinculado a la denegación de la comunicación: el cacheo y, por tanto, “no se contempla el marcaje de un perro detector como causa autónoma y suficiente para denegar el vis a vis”: “Es un indicio, no una prueba (...), y no acredita por sí sola la tenencia de sustancia u objeto prohibido ni, por tanto, la existencia de un impedimento real para la comunicación”.

Por otro lado, la defensa de Ábalos explica que se da una falta de motivación y de proporcionalidad por parte de la prisión para someter a su pareja al examen de perros policías porque “existían alternativas menos lesivas e igualmente eficaces, como el cacheo. Por ello, pide al juzgado que declare que la denegación de ese vis a vis vulneró sus derechos, que garantice que no lo pierde y puede celebrar esa comunicación, y que advierta a la administración penitenciaria de la ilegalidad de tal proceder, ”requiriéndole para que se abstenga de reiterarlo y para que, en lo sucesivo, cualquier limitación de las comunicaciones se adopte mediante resolución motivada“.

Por otro lado, en la carta dirigida a Grande-Marlaska le pide que investigue ese episodio porque considera que puede tratarse “de una posible represalia y sanción encubierta”. Cree que el ministro debe tomar cartas en el asunto porque los hechos son graves y, por tanto, debe intervenir.

La represalia por una entrevista

Al ministro, además de contarle el devenir temporal de ese episodio que acabó en marcaje, le explica que se produjo “en estrecha proximidad temporal con la difusión en medios de comunicación de una entrevista grabada” por su hijo Víctor Ábalos en relación con su situación. “Con el debido respeto, entiendo que la denegación pudo responder no a una razón real de seguridad, sino a una represalia por aquella difusión, operando en la práctica como una sanción encubierta. No lo afirmo de manera concluyente; precisamente por ello solicito que se investigue”, añade.

Considera que, de ser ciertas sus sospechas, se estaría ante una sanción impuesta “al margen del procedimiento disciplinario y de sus garantías —bajo la apariencia de una medida de seguridad—”. Esto, explica, sería “una desviación de poder” y por eso le pide al ministro que instruya a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y a sus servicios de inspección para que investiguen la actuación y esclarezcan “si respondió a una causa real de seguridad o si, por el contrario, encubrió una represalia”.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas por este periódico indican, sin entrar a hablar del caso concreto de Ábalos, que en las visitas se hacen controles con perros. Si uno de los canes hace un “marcaje lapa” porque huele o detecta una sustancia prohibida, es síntoma de que hay algo que no es correcto en esa visita y no se le permite entrar, añaden.

El término marcaje lapa hace referencia, según fuentes abiertas consultadas, a una técnica de adiestramiento canino pasivo que se utiliza principalmente por unidades caninas policiales y penitenciarias para detectar drogas. Se trata de una técnica idónea para este tipo de establecimientos porque el perro cuando detecta la sustancia solo se pega al foco exacto y lo señala con la trufa o la boca pero sin morder, rascar o romper.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado este martes al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que mantenga vigente la suspensión cautelar de la patria potestad, guarda y custodia sobre sus tres hijos menores al matrimonio que durante cuatro años -entre 2021 y 2025- aisló a los niños de todo contacto con el mundo exterior por temor al contagio del Covid.

En una comparecencia celebrada hoy ante los magistrados, la Fiscalía se ha posicionado a favor del mantenimiento de las medidas cautelares adoptadas por el juez instructor el 30 de abril de 2025 contra el alemán Cristian S., de 53 años, y su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad alemana y estadounidense.

Los padres, en libertad

La pareja abandonó la semana pasada el Centro Penitenciario de Asturias donde permaneció recluida desde su detención, en abril de 2025.

La Fiscalía solicitó esta mañana el mantenimiento de la medida cautelar en tanto en cuanto la sentencia no es firme y tras el anuncio hecho público ayer de que va a interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), según ha confirmado un portavoz a elDiario.es Asturias.

La condena y su revisión

Cristian S. y Melissa A.S. habían sido condenados el pasado mes de mayo por el tribunal de la Sección Segunda a una pena individual de dos años y diez meses de prisión por su autoría en un delito de violencia psíquica habitual y a sendas penas de seis meses de cárcel por otro delito de abandono familiar.

Sin embargo, el pasado 12 de julio, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), al analizar los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de la Audiencia absolvieron a los padres del delito de violencia psíquica habitual y mantuvieron el delito de abandono familiar. Esta circunstancia llevó a la puesta en libertad del matrimonio.

Una sobreprotección “mal entendida”

El alto tribunal argumentó su absolución sobre el primer delito en la falta de acreditación de que la pareja hubiera llevado a cabo “actos humillantes, castigos o un clima de terror en el hogar”.

Al contrario, la Sala sostuvo que tanto Cristian S. como su esposa Melissa A.S. ejercieron una reclusión familiar producto de una dinámica de “sobreprotección mal entendida” provocada por un temor intenso de la madre al contagio de la COVID-19 y el miedo posterior a que los servicios sociales les retirasen la custodia.

Esta era la misma línea argumental que mantuvieron los abogados defensores Elena González y Javier Guillermo Muñoz Pereira, quienes desde un principio se postularon en contra de que el caso se hubiera seguido por la vía penal.

Privados del derecho a la educación

Los magistrados del TSJA declararon la responsabilidad de los padres en un delito de abandono de familia por la falta absoluta de escolarización y el “ocultamiento social de los menores” que se vieron privados deliberadamente del derecho a la educación y a la posibilidad de relacionarse con terceras personas durante los cuatro años que permanecieron sin salir al exterior.

La Fiscalía del Principado había anunciado ayer su decisión de recurrir en casación la sentencia del alto tribunal asturiano ante el Tribunal Supremo al considerar que, en su caso, ha existido infracción de ley - al amparo de los artículos 847.1 a)- e infracción de precepto constitucional, al amparo de los artículos 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española (tutela judicial efectiva).

En un centro de acogida

El anuncio de la interposición del recurso y al no ser la sentencia firme, en la comparecencia de esta mañana en la Audiencia Provincial la Fiscalía ha reiterado su petición inicial de que los padres de los tres menores no recuperen la patria potestad y los menores sigan en un centro de la administración regional bajo la supervisión de los servicios sociales para garantizar su normal desarrollo que se vio afectado por el aislamiento durante los últimos cuatro años.

En su alegato final, durante el turno de última palabra en el juicio, en la sesión celebrada el pasado 19 de marzo, los padres aseguraron que ellos “querían lo mejor para los niños” y creían que no estaban cometiendo delito alguno por aislarlos del mundo exterior para que no contrajeran enfermedad alguna, ya que ellos tenían covid persistente y no querían que sus hijos tuvieran también secuelas.

Una decena de expertos y alumnos de Criminología de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) se han adentrado, dirigidas por la doctora investigadora del Instituto Vasco de Criminología, Gema Varona a la cárcel de Zubieta para conversar con una veintena de internos y tratar de entender qué les ha llevado a cometer los delitos por los cuales han sido condenados. La actividad, que desde hace cuatro años aborda temas distintos con personas internas en cárceles vascas, se ha realizado este viernes dentro del Curso de Verano de la EHU 'Criminología dentro y fuera de prisión: Cruce de caminos'.

Por motivos de confidencialidad y para asegurarse de que la conversación con los internos fuera honesta y sin miedos, este periódico no ha podido acceder al encuentro, no obstante, tras él, Varona ha explicado en qué se ha basado, los objetivos del mismo y las conclusiones a las que han llegado tras reunirse durante más de tres horas con 17 presos y 3 presas de la cárcel de Zubieta de entre 24 y 60 años. “Hemos realizado una dinámica de diálogo, un círculo en el que cada uno contaba por qué estaba ahí y su historia de vida. Lo han hecho con un objeto de palabra que se iban pasando unos a otros. Después, hemos hecho una dinámica creativa con plastilina para plasmar qué les había parecido y qué se llevaban de la actividad”, ha detallado.

“En un círculo de diálogo de estas características no es necesario hablar si uno no quiere. Todo se lleva a cabo desde el respeto y la confidencialidad. Es una conversación en la que sobre todo lo que queremos es que se escuche lo que el otro dice, no para justificarlo ni para compartirlo, sino simplemente para entender. No queríamos que detallasen nada sobre el delito cometido, sino que hablaran sobre las causas que les llevaron a cometerlo. Traumas en la infancia, en la adolescencia, la falta de recursos a lo largo de la vida, una gestión errónea de las emociones, malas compañías, querer obtener dinero fácil o discriminación han sido algunas de las razones aportadas”, ha confesado Varona.

No tiene nada que ver una malversación de fondos con una violación o un asesinato. Lo que nos importa en estas actividades es escuchar a las personas

Entre los asistentes también ha participado una persona que ha sido víctima de un delito que ha subrayado la “importancia de responsabilizarse a pesar de las estructuras injustas” que ha podido llegar a vivir la persona que comete el delito y cómo se puede prevenir que ocurra. “Los internos han dado mucha importancia a la conexión con las demás personas, a tener vínculos que les hagan que pertenecen a algo, que se les valora. Ha habido diferentes opiniones porque en realidad lo que nos interesaban eran sus propias percepciones sin tener que personalizar, aunque alguno lo haya hecho”, ha indicado la experta.

Según ha destacado, estudiar e investigar la comisión de un delito es complejo dependiendo de qué es lo que se haya hecho. “No tiene nada que ver una malversación de fondos con una violación o un asesinato. Lo que nos importa en estas actividades es escuchar a las personas y, en mi caso, llevar a los estudiantes para que rompan los estereotipos que se tienen respecto a las personas que han podido cometer un homicidio o tráfico de drogas. Nosotros estudiamos comportamientos delictivos de personas de carne y hueso, son humanos como nosotros y pueden haber cometido algo horrible, pero no debemos deshumanizarlos porque si lo hacemos no vamos a entender cuáles han sido las razones que les han llevado a cometer los delitos. Y repito que entender no es compartir ni justificar”, ha recalcado.

Hemos sacado temas de violencia de género que son muy difíciles de abordar, algo que también sabemos por las investigaciones que hemos realizado

Durante el encuentro han tratado de que la conversación fuera cómoda y participativa, pero también han encontrado puntos de desencuentro o cuestiones que han sido más complicadas de abordar con los internos, sobre todo las relacionadas con la violencia machista. “Hemos sacado temas de violencia de género que son muy difíciles de abordar, algo que también sabemos por las investigaciones que hemos realizado. La normativa internacional interna obliga a tener programas específicos de violencia de género con personas que la han ejercido, pero muchas veces es complicado por lo que llamamos en Criminología como técnicas de neutralización de la culpa o la desvinculación moral selectiva. Estas cuestiones hacen pensar que incluso quienes cometen este tipo de delitos son más víctimas que autores. Por eso es importante que en prisión haya recursos y preparación suficiente y también apoyo a las personas funcionarias porque realizan un trabajo muy complejo para poder ayudar al cambio de estas personas. El cambio no es fácil, la sociedad piensa que porque se les haya privado de libertad y se les haya metido en prisión van a reflexionar y cambiar y muchas veces es al revés, porque de manera más o menos irracional los internos pueden llegar a sentirse víctimas del sistema”, ha lamentado Varona.

Para la experta lo importante es que “la sociedad entienda que el objetivo de la prisión debe ser que no se vuelva a cometer ningún delito y que las personas internas aprendan algo estando dentro de prisión”. “Se trata de que cuando salgan respeten, por eso hay que entender cuáles son los problemas que tienen y responder de la manera menos dañina posible porque el coste de estar en prisión no es solamente una privación de libertad, también tiene una afectación en familias y en la propia sociedad”, ha concluido Varona quien no descarta volver a repetir un encuentro similar el año que viene.

El juicio contra una mujer reclusa acusada de un delito contra la salud pública al ser sorprendida con droga durante un cacheo en la cárcel se ha saldado con 18 meses de prisión y 20 euros de multa. Además, se suspende la pena de prisión por 3 años con la condición de que no cometa delito.

Así ha concluido la 'vistilla' celebrada este lunes en la Audiencia Provincial de La Rioja. En concreto, el Fiscal solicitaba para ella 3 años y 6 meses de cárcel y 79 euros de multa.

El escrito al que ha tenido acceso Europa Press narra unos hechos que sucedieron el 5 de marzo de 2025. Ese día, a las 16,00 horas, funcionarios de prisiones entraron en la celda del módulo dos en la que se encontraba la acusada con la finalidad de cachearle, ante las sospechas de poseer sustancias estupefacientes.

Allí le intervinieron un papel de plata con una sustancia, que la acusada estaba manipulando y que tenía con la intención de proporcionársela a terceras personas. Tras su análisis en el Laboratorio la sustancia intervenida, resultó ser 0,09 gramos netos de cocaína con una pureza del 90,3 por ciento, que hubiera alcanzado en el mercado ilícito el valor de 26,29 euros.

SORPRENDIDO CON DROGA EN SU VEHÍCULO

Este lunes también ha tenido lugar otra vistilla para llegar a una conformidad para un hombre de 36 años acusado de un delito contra la salud pública al traficar con anfetaminas en Logroño. Finalmente se ha conformado con 3 años de cárcel -el Fiscal pedía 4 años- y una multa de 200 euros.

Los hechos se produjeron el 21 de octubre de 2025, a las 12,40 horas, cuando el acusado circulaba por la Avenida de Zaragoza de Logroño, llevando a bordo un envoltorio de plástico de color negro precintado con una pasta de color blanca con un peso de 17,75 gramos que resultó ser anfetamina y que se encontraba dispuesto para su difusión.

El peso bruto analizado alcanza los 7,46 gramos y neto de 6,07 gramos de anfetamina, sustancia que causa un grave daño a la salud, con una riqueza de 65,7 por ciento. Dado que el precio en el mercado ilícito de la anfetamina asciende a 19,90 euros el gramo, el total intervenido asciende a 181,493 euros.

DROGA EN CALAHORRA

Finalmente también se ha saldado de conformidad la vistilla contra una persona acusada de un delito contra la salud publica al traficar con anfetamina en Calahorra. Si bien el Fiscal pedía en su escrito cuatro años y tres meses de cárcel, finalmente se ha saldado con tres años de prisión y 1.200 euros de multa.

Todo ello para unos hechos que se produjeron el 22 de abril de 2024 cuando el acusado se encontraba en la calle Pilarte de la ciudad de Calahorra, portando en el interior del bolsillo izquierdo de su chaqueta un pequeño bulto envuelto en papel de regalo azul, que contenía la inscripción 'felicidades' y que escondía un paquete de tabaco cerrado con cinta adhesiva.

Este a su vez contenía una bolsa termosellada de pequeño tamaño que con polvo de anfetamina, con el propósito de venderla a una tercera persona, lo que no pudo llevar a cabo gracias a la intervención de una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba en la zona desempeñando labores de seguridad ciudadana y que procedió a aprehender al investigado la referida sustancia tras observar en él una actitud sospechosa.

Debidamente analizada, la anfetamina aprehendida reveló un peso total de 26',86 gramos y una pureza media 11 por ciento, teniendo un precio de venta en el mercado ilícito de 1.172,17 euros.

El Ministerio Fiscal pide nueve años de cárcel para un hombre de 58 años, por un delito de homicidio en grado de tentativa al intentar matar con un hacha a otro que le recriminó el uso despectivo de términos para dirigirse a los andaluces. Le pide una indemnización de 10.975 euros por las lesiones, secuelas y daños morales, así como un alejamiento de la víctima de 10 años.

El juicio se desarrollará este martes 14 de julio, a las 10,00 horas, en la Audiencia Provincial de La Rioja. El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, narra unos hechos que se produjeron el 20 de septiembre de 2024, a las 16 horas, al finalizar ambos, acusado y víctima, su trabajo en unas bodegas de Calahorra.

Una vez concluido su trabajo se subieron en un vehículo, y el acusado comenzó a realizar manifestaciones despectivas hacia las personas de origen andaluz, afirmando que: “todos los andaluces y malagueños eran mala gente”. Ante ello, la víctima respondió que él era andaluz y malagueño y que todos no eran iguales. A raíz de ello se inició una discusión entre ambos.

En el transcurso de la misma, el acusado se dirigió a una caseta situada en la nave, de donde cogió un hacha, y, acto seguido se dirigió a la víctima, quien ya había bajado del vehículo. En ese momento, el acusado, actuando con ánimo de acabar con la vida de éste, alzando el brazo con el hacha en actitud amenazante, se dirigió a él diciéndole “te voy a matar”, sin llegar a golpearlo. Ante ello, la víctima, empuñando unas tijeras que llevaba para el desarrollo de su trabajo, le dijo: “me vas a dar, pues venga, estoy a tu merced”, momento en el que el acusado le asestó un golpe con el hacha en la cabeza, impactando en la zona lateral/occipital.

Acto seguido, se subieron nuevamente al vehículo y se dirigieron al hospital de Calahorra, donde a las 16,19 horas se bajó la víctima para ser atendido, dirigiéndose el resto de ocupantes a realizar la compra a un supermercado.

Como consecuencia de estos hechos, el perjudicado sufrió lesiones consistentes en lesión parietal, levemente curvada que se origina en borde superior de pabellón auricular de seis centímetros de longitud, que presenta sutura. Tales heridas requirieron para su curación tratamiento médico-quirúrgico consistente en quince puntos de sutura y analgesia, necesitando para su sanación quince días de perjuicio moderado.

Como secuelas presenta cicatriz de cinco-seis centímetros en región parieto-occipital derecha, que quedará cubierta por cabello valorado como un perjuicio estético de tres puntos. Además, tuvo un perjuicio personal particular por intervención quirúrgica consistente en sutura de la herida con anestesia local.

El acusado ingresó en prisión provisional por esta causa mediante auto de fecha 23 de septiembre de 2024.

Para el fiscal, estos hechos constituyen un delito de homicidio en grado de tentativa por el que pide al acusado nueve años de prisión, diez años de alejamiento de la víctima a 1.000 metros, y 10.975 euros de indemnización.

El fiscal pide tres años y medio de cárcel para una mujer por un delito contra la salud pública en modalidad de sustancia que causa grave daño a la Salud. La mujer era reclusa de la prisión de Logroño cuando al ser cacheada le fue encontrada droga con la que quería traficar en el centro penitenciario. Le reclaman también 79 euros de multa.

El juicio se desarrolla este lunes, 13 de julio, a las 12,15 horas, en la Audiencia Provincial, si bien antes se enfrenta a una 'vistilla' - para ver si se puede llegar a un acuerdo de conformidad, que en caso de no ser así derivaría en señalamiento de juicio-.

El escrito al que ha tenido acceso Europa Press narra unos hechos que sucedieron el 5 de marzo de 2025. Ese día, a las 16,00 horas, funcionarios de prisiones entraron en la celda del módulo dos en la que se encontraba la acusada con la finalidad de cachearle, ante las sospechas de poseer sustancias estupefacientes.

Allí le intervinieron un papel de plata con una sustancia, que la acusada estaba manipulando y que tenía con la intención de proporcionársela a terceras personas. Tras su análisis en el Laboratorio la sustancia intervenida, resultó ser 0,09 gramos netos de cocaína con una pureza del 90,3 por ciento, que hubiera alcanzado en el mercado ilícito el valor de 26,29 euros.

Para el fiscal estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en modalidad de sustancia que causa grave daño a la Salud por el que le pide tres años y medio de cárcel, así como una multa de 79 euros.

El Ministerio Fiscal pide tres años y medio de cárcel para una mujer de 67 años, por un delito tráfico de drogas al llevar cocaína y heroína a su hijo a la prisión de Logroño. Además, le exige una multa de 1.000 euros.

Los hechos, a los que ha tenido acceso Europa Press, se juzgarán este lunes 13 de julio, a las 11,15 horas, si bien se desarrollará previamente una 'vistilla' para ver si se puede llegar a un acuerdo de conformidad, que en caso de no ser así derivaría en señalamiento de juicio.

Se juzga como la acusada el 21 de febrero de 2025 acudió a Centro Penitenciario de Logroño para visitar en régimen de 'comunicación especial' a su hijo interno, portando de forma consciente y voluntaria diversas sustancias para entregarlas al mismo, que tras ser analizadas resultaron ser cocaína, heroína y pasta de cannabis.

El precio medio en el mercado ilícito de un gramo de cocaína era de 60 euros el gramo, un gramo de hachís era de 6,82 y un gramo de heroína era de 58,35 euros el total intervenido valorado en venta por kilogramos asciende a 485,69 euros.

Para el fiscal la acusada, es responsable en concepto de autora de un delito de tráfico de drogas (sustancia que causa grave daño a la salud), por el que le pide tres años y medio de cárcel y una multa de 1.000 euros.

El Gobierno ha activado los trámites para declarar Lugar de Memoria Democrática la antigua cárcel de Yeserías, situada en la calle Juan de Vera de Madrid. Se trata de uno de los principales centros de reclusión del franquismo, especialmente para mujeres presas políticas.

“Yeserías albergó a miles de presas republicanas durante la posguerra y es un símbolo de la represión franquista sobre las mujeres. Su declaración como lugar de memoria abre un proceso de reconocimiento oficial”, expone la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática publicada este viernes en el BOE.

Erigida en 1928 por el Ayuntamiento de Madrid como asilo de mendigos, esta destacada construcción neomudéjar experimentó una enorme reconversión después del golpe de estado franquista y la Guerra Civil. Desde 1938, operó como centro de detención y hospital. Tres años después, comenzó a llamarse prisión de Yeserías, por ser el yeso el material con el que más se trabajaba en esta antigua zona industrial del distrito de Arganzuela.

Hasta la clausura de la prisión de Ventas, a este recinto llegaban solo hombres. Poco a poco el género de las personas encarceladas se fue revirtiendo y en 1971 fue considerada exclsuivamente femenina. Muchas de sus internas llevan años pidiendo esta declaración, hasta el punto de que el pasado febrero organizaron una concentración en sus proximidades para exigirlo al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Cursaron una petición hace más de un año, pero en aquel momento no prosperó.

“Lo primero que me dijo un guardia civil es que menuda pinta traíamos las rojas. Yo había estado una semana en la Dirección General de Seguridad, torturada, sin poder lavarme, con el vestido descosido. Llegué a la sección de políticas y ahí estaban mis compañeras. Me recibieron, me apoyaron mucho, me dieron ropa y me escucharon. A partir de entonces, la estancia no fue tan dura, porque éramos muchas”, rememoraba en declaraciones a este periódico Rosa García Alcón, detenida el 24 de agosto de 2024 y trasladada a Yeserías el 1 de septiembre. Militante de la Federación Universitaria Democrática de España, recuerda cómo a su llegada el médico de la prisión se negó a poner en el informe que García Alcón presentaba numerosos hematomas en el cuerpo y un dislocamiento en el pie izquierdo.

La cárcel cerró sus puertas en 1991, hasta que en 1994 recuperó la actividad convertido en el centro de inserción social Victoria Kent. El espacio se dedica al seguimiento de liberados condicionales, aquellos que cumplen medidas alternativas a la privación de libertad y quienes están en tercer grado telemático, con una pulsera en el tobillo. Su uso volverá a cambiar en 2028, cuando se reconvertirá en la sede central de Instituciones Penitenciarias.

En torno a 300 internos cumplen su condena de forma presencial en el actual CIS Victoria Kent, donde hay hombres, mujeres y un pabellón para madres con hasta diez plazas. La mayor parte de ellos se han visto privados de libertad por delitos de violencia de género o contra la seguridad vial. Acuden a formaciones para potenciar su reeducación y reinserción y así evitar la reincidencia. Su estancia obligatoria es de mínimo ocho horas al día. Es decir, tienen que estar presentes en uno de los tres recuentos que se realizan cada jornada.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha dado un paso definitivo para blindar el valor histórico de uno de los epicentros de la represión del franquismo en Extremadura. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el inicio del procedimiento para declarar la antigua Prisión Provincial de Cáceres como Lugar de Memoria Democrática, al certificar que el emblemático complejo reúne “valores materiales, históricos, intangibles o simbólicos” de primer orden vinculados a la Guerra Civil y a la dictadura franquista.

La publicación de esta resolución implica de inmediato la anotación preventiva del edificio en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática. Esto supone, a efectos prácticos, la aplicación provisional de todo el régimen de protección integral contemplado en la ley estatal vigente, abriendo un periodo definitivo de tramitación de un máximo de 12 meses.

La historia de los muros de la prisión cacereña arrastra una profunda paradoja democrática. El penal comenzó a levantarse originalmente bajo el amparo de la Segunda República como un proyecto de modernización penitenciaria. Sin embargo, el estallido del golpe de Estado de julio de 1936 truncó por completo su naturaleza legal y el edificio pasó a ser un “importante centro de reclusión de opositores políticos, reales o supuestos, al nuevo Estado franquista en construcción”, según detalla textualmente el expediente ministerial.

De la represión en la Guerra Civil al horror del franquismo

Ante la falta de registros oficiales sistemáticos de la época, la documentación histórica rescatada revela que el hacinamiento y la violencia marcaron la rutina del recinto. Distintos expedientes penitenciarios cifran en unos 1.100 el número de personas recluidas solo en noviembre de 1937. Además, las investigaciones confirman que al menos 338 presos procedentes de las cárceles “vieja” y “nueva” de Cáceres fueron sacados de sus celdas para ser ejecutados antes de que concluyera la guerra en abril de 1939.

Entre las víctimas de la represión figura un nombre íntimamente ligado a la propia construcción del edificio: Antonio Canales González. Quien fuera alcalde de Cáceres e impulsor de la edificación del centro penitenciario durante el periodo republicano acabó siendo fusilado por las tropas franquistas el 25 de diciembre de 1937, en una ejecución masiva junto a otras 34 personas.

El uso de la cárcel de Cáceres como herramienta punitiva contra la disidencia no cesó con el fin de la contienda. El penal mantuvo su actividad durante toda la posguerra y reactivó su importancia política bien entrada la década de 1960. Durante esos años, las celdas llegaron a albergar a alrededor de 200 opositores activos al régimen dictatorial, en su inmensa mayoría militantes detenidos por su vinculación organizativa al Partido Comunista de España (PCE) y al sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

Para la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, el inmueble destaca por recoger “hechos de singular relevancia” vinculados directamente a “la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades”. Con esta declaración legal se busca, según el texto del acuerdo, “que el recuerdo de quienes fueron encarcelados en este lugar, o asesinados entre sus muros por su defensa de la libertad y la justicia, no se borre nunca de la historia”.

El Ministerio ha puntualizado que la declaración como Lugar de Memoria Democrática no interferirá ni alterará las actividades o el uso actual que se le da al edificio. No obstante, obligará por ley a incorporar medidas físicas e institucionales de identificación, señalización e investigación histórica. Las instalaciones contarán próximamente con placas, paneles informativos detallados y recursos audiovisuales destinados a explicar pedagógicamente a los visitantes el verdadero significado histórico del penal cacereño.

Este martes se han sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial dos acusados de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Ambos han reconocido haber explotado una plantación de marihuana en Agoncillo y han aceptado una sentencia de conformidad.

Uno de los acusados ha sido condenado a 6 años y 10 meses de prisión y multa de 330.563 euros por el delito de tráfico de drogas. El segundo de los acusados ha aceptado 3 años y 10 meses de prisión y multa de 111.468 euros, también por tráfico de drogas. 

Por el delito de defraudación de fluido eléctrico han sido condenados cada uno de ellos a 1.800 euros de multa. Además, deberán satisfacer una responsabilidad civil solidaria de 13.775 euros a favor de la compañía eléctrica defraudada. La suspensión de la pena se analizará y resolverá en ejecución de sentencia.

Según el escrito del Fiscal, los condenados actuaron de común acuerdo para instalar y explotar una plantación de marihuana en el sótano de un chalet ubicado en una finca rústica de Agoncillo. Uno de ellos había suscrito un compromiso de compraventa de la finca y el otro, aprovechando sus conocimientos de electricidad, habría realizado un enganche ilegal a la red para suministrar energía a la instalación, equipada con sistemas de iluminación, ventilación, climatización y control ambiental destinados al cultivo intensivo de cannabis.

La investigación se inició tras una información recibida por la Policía Nacional sobre la existencia de la plantación. Después de varias vigilancias, los agentes solicitaron autorización judicial para registrar la finca. En la entrada y registro practicados el 17 de enero de 2025 fueron intervenidas 888 plantas de marihuana, además de abundante material empleado para el cultivo y procesado de la droga.

Durante el registro también se localizaron distintas sustancias estupefacientes que, según la Fiscalía, estaban destinadas a su distribución, entre ellas cannabis, anfetamina, heroína y MDMA, así como más de dos kilogramos y medio de silicato utilizado presuntamente como sustancia de corte para adulterar drogas. El valor de las sustancias intervenidas en el mercado ilícito asciende a 82.640,68 euros, de acuerdo con el escrito de acusación.

El juicio contra una mujer acusada de agredir a otra en la Glorieta de Logroño se ha conformado con una pena de 3 años y 6 meses de prisión así como con 10 años de prohibición de aproximarse a menos de 200 metros a la víctima y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio. También ha sido condenada a indemnizarla con 6.658 euros en concepto de responsabilidad civil y a pagar los gastos ocasionados al SERIS, cuyo importe se determinará en la ejecución sentencia. La pena no ha sido suspendida porque la acusada se encuentra actualmente en prisión por otros hechos.

Así se ha saldado la sesión contra una mujer de 46 años, para quien el Fiscal solicitaba seis años de cárcel por un delito de lesiones con deformidad. La acusada ya había sido sentenciada anteriormente por delitos de lesiones.

Pelea en La Glorieta

Los hechos se produjeron a las 15,30 horas, del 4 de febrero de 2023. Ese día, la acusada inició una discusión con la víctima cuando ambas se encontraban en la Glorieta, cuando en un momento determinado y por causas desconocidas la acusada, con “ánimo de menoscabar la integridad física ajena”, se abalanzó sobre la víctima y le lanzó un cabezazo que le alcanzó en la boca.

Instantes después la consiguió tirar al suelo y continuó atacándola de multitud de formas distintas; mordiéndola en el antebrazo y muslo derecho, apretando con un dedo el ojo derecho con intención de arrancarlo, lanzándole multitud de puñetazos y patadas por diversas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, provocando que se chocara contra el suelo. Fruto de estas lesiones, la víctima tardó en curar 14 días, presentando una serie de secuelas físicas.

En el ámbito de este procedimiento, el Juzgado de Instrucción nº2 de Logroño dictó auto de fecha 05 de febrero de 2023, imponiendo a la acusada la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la mujer agredida, su domicilio, lugar de trabajo u otros que frecuente y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, directo o indirecto. Dichas sanciones estarán vigentes hasta que sean modificadas o dejadas sin efecto por resolución posterior.

¿Cómo es una cárcel sueca? El periodista, colaborador de elDiario.es, Óscar Gelis, ha estado en una de ellas, en la prisión de Rosersberg. El mobiliario no llama especialmente la atención… Lo que hace que se te pongan los pelos de punta es saber que, en poco tiempo, comenzarán a entrar en ellas niños y adolescentes. La medida fue una de las reformas más polémicas impulsadas por el Ejecutivo conservador que gobierna Suecia con el apoyo de la extrema derecha. Se trata de menores de edad a los que las bandas relacionadas con el tráfico de droga contactan a través de redes sociales para cometer todo tipo de delitos.

Es un fenómeno que nos sorprende que suceda en un país nórdico, por la imagen que siempre hemos tenido de países como Suecia. Pero, además, es un problema que comienza a extenderse más allá de sus fronteras. Lo analizamos con el experto en inteligencia criminal Andrés Rolandelli.

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