La Plataforma por la Escuela Pública de La Rioja ha cerrado filas con las movilizaciones educativas que se están desarrollando en diversos puntos del país, como Madrid, Asturias o la Comunidad Valenciana, y ha advertido de que mantiene abierta la vía de la protesta en la región. El colectivo —integrado por los sindicatos CCOO, STAR, STE-Rioja y UGT, los partidos PSOE e IU, y las asociaciones FapaRioja y Alternativa Universitaria— ha alertado del progresivo deterioro del sistema público regional frente al impulso de la enseñanza privada por parte del Ejecutivo autonómico.

Entre los principales motivos de denuncia, la plataforma señala medidas como la falta de creación de plazas públicas en el primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) en Logroño, la implantación de la zona única de escolarización, el 'cheque Bachillerato' o la concesión de nuevos ciclos formativos de Formación Profesional a entidades privadas. Asimismo, critican la autorización otorgada a la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) para impartir grados presenciales, un movimiento que consideran un ejemplo claro de favorecimiento del sector privado en detrimento de la oferta pública.

A este escenario se suma, según denuncian las organizaciones integrantes, una desinversión prolongada en las infraestructuras educativas de la comunidad. La falta de presupuesto para la construcción de nuevos colegios e institutos públicos, así como para la modernización y actualización de las instalaciones ya existentes, está obligando a los docentes y al alumnado a desarrollar su actividad diaria con medios y recursos crecientemente limitados, a pesar de la alta cualificación de los profesionales del sector.

Ante esta situación, la Plataforma por la Escuela Pública ha fijado como meta prioritaria que la inversión educativa alcance al menos el 7% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. Con este porcentaje, la comunidad educativa pretende garantizar una financiación suficiente que revierta el déficit de personal y equipamientos, situando a la enseñanza pública como el pilar fundamental del sistema educativo riojano y garantizando la igualdad de oportunidades para todo el alumnado.

Por otro lado, el colectivo ha querido mostrar su apoyo explícito a docentes y estudiantes ante la proliferación en redes sociales de cuentas dedicadas al ciberacoso conocidas como 'curis'. La plataforma califica de inaceptables estas prácticas basadas en la difusión no consentida de imágenes para humillar y ridiculizar a miembros de la comunidad escolar, por lo que exige a la Consejería de Educación la puesta en marcha inmediata de protocolos de prevención, medidas de protección eficaces y asistencia psicológica y legal a las víctimas.

Finalmente, las organizaciones firmantes han apelado a la sociedad riojana a sumarse a las concentraciones y protestas que se convoquen en la región en defensa de los servicios esenciales. En esta línea de movilización en la calle, el colectivo entiende que el personal del ámbito educativo y del resto del sector público tiene sobradas razones para sumarse a la convocatoria de Huelga General fijada para el próximo miércoles 11 de noviembre.

La Zona Joven de Casablanca continúa cerrada y sin actividad, sin que se haya habilitado una alternativa para los jóvenes del barrio. La Asociación de Vecinos Tomás Pelayo ha vuelto a reclamar explicaciones al Gobierno del PP en Zaragoza por la situación de un equipamiento que estaba destinado a ofrecer un espacio de encuentro, convivencia y participación juvenil. “Nuestra sorpresa y nuestra indignación es que no se le ha dado un uso alternativo a fecha de hoy”, explica Emilio Mendo, presidente de la entidad vecinal.

La decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de cerrar siete zonas jóvenes y concentrar parte de la programación juvenil en zonas como El Túnel y La Azucarera puso en cuestión el acceso de los jóvenes a espacios de encuentro en sus propios barrios. En el caso de Casablanca, el local permanece cerrado desde el verano de 2025 y la asociación asegura que todavía no conoce un proyecto concreto para las instalaciones. “Llevamos ya, este va a ser el segundo curso, que mantiene cerrada la zona joven”, explica Emilio Mendo.

La asociación tampoco recibió explicaciones cuando se produjo el cierre. Según relata su presidente, los vecinos se encontraron con la situación al regresar de las vacaciones de verano. “Nos fuimos de vacaciones en verano y a la vuelta nos encontramos con la zona joven cerrada. Esta fue nuestra sorpresa”, señala.

Tras las protestas, el colectivo recibió información sobre la posibilidad de destinar las instalaciones a un centro infantil de tiempo libre (CTL). Sin embargo, Emilio Mendo sostiene que esa posibilidad no se ha materializado. Además, añade que non van “sobrados de equipamientos públicos en este barrio para permitirnos estos lujos”.

Un espacio perdido sin una alternativa

La Zona Joven de Casablanca funcionaba como un lugar de encuentro para la juventud del barrio, con actividades organizadas. “En las zonas jóvenes, como su nombre indica, era un espacio de encuentro, de participación. Había monitores que organizaban actividades más o menos numerosas”, recuerda Emilio Mendo. Por ello, la entidad considera que antes de cerrar la zona, habría sido necesario estudiar las necesidades de los jóvenes y valorar posibles cambios en su programación. “Podríamos haber entendido un estudio de ver qué necesidades había y qué programación hubiera sido más interesante”, apunta.

A la pérdida de actividad se suma el valor que la asociación atribuye a la zona joven. Según explica Mendo, el local fue cedido al barrio por unos constructores durante el desarrollo de una urbanización cercana. “Realmente lo sentimos como un espacio muy nuestro”, afirma, en referencia a un lugar que la entidad considera parte del patrimonio comunitario de Casablanca.

Desde la asociación también han tratado de mantener el vínculo con los jóvenes del barrio a través de otras iniciativas. Tras el cierre, estuvieron en contacto con organizaciones que defendían estos espacios y durante la semana cultural de Casablanca, organizaron un festival para promocionar a jóvenes artistas. “El objetivo fue promocionar a gente joven, a artistas emergentes”, explica Mendo sobre una actividad que incluyó música y artesanía y que se celebró en el Parque de los Incrédulos. “Fue realmente un éxito”, indica.

Siete zonas jóvenes cerradas

El caso de Casablanca se sitúa en la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de cerrar siete zonas jóvenes de la ciudad: Casablanca, Arrabal, Parque Goya, La Jota, Santa Isabel, Valdefierro y Miralbueno. La medida generó críticas entre jóvenes y colectivos vecinales, que cuestionaron la falta de diálogo y alertaron de la pérdida de espacios de proximidad en los barrios.

El Gobierno municipal defendió una reorganización de la oferta de ocio juvenil y la concentración de actividades en equipamientos como El Túnel y La Azucarera. Sin embargo, el cierre de estos espacios abrió el debate sobre qué alternativas tendrían los jóvenes de los barrios afectados y cómo se cubrirían las necesidades que daban las instalaciones cerradas.

En Casablanca, la Asociación de Vecinos Tomás Pelayo sostiene que esa alternativa todavía no ha llegado. “Nuestro objetivo sería la reapertura de la zona joven, como no puede ser de otra manera. Por lo menos eso”, afirma Emilio Mendo.

Si finalmente no se recupera esa actividad, consideran necesario negociar una alternativa que responda a las necesidades del barrio. “Lo que no podemos permitirnos es el lujo de tener un espacio cerrado. Habrá que hablar, habrá que negociar, habrá que ver qué necesidades tiene este barrio para ocupar este espacio y darle un uso adecuado”, concluye.

George Lakoff lo explicó en No pienses en un elefante: quien define el lenguaje gana el debate, porque las palabras no solo comunican, construyen realidades. Y pocas realidades se construyen tan bien con conceptos como la fiscalidad. Cuando la derecha propone bajar impuestos habla de “aliviar la carga fiscal” o de “aflojar la asfixia”. Si los impuestos son una carga, quien la quita es un héroe y quien propone subirlos, un verdugo. Y desaparece del debate la idea de los impuestos como inversión compartida o sistema de solidaridad.

Pero la metáfora ya casi sobra. A pocas semanas del 29 de noviembre, Feijóo promete bajar el IRPF desde el primer año y bonificar el de los empleos jóvenes. Vox ha ido un paso más allá: ha lanzado un simulador que te pide tu sueldo y te dice cuánto cobrarías si gobernasen. Con 30.000 euros brutos al año, la herramienta calcula unos 360 euros más al mes: el IRPF pasaría de unos 4.970 euros anuales a unos 630. Se ha hecho viral en X en cuestión de horas. Ya no hay carga ni asfixia: hay un número, el tuyo, listo para compartir.

Lo que el simulador no enseña es la otra columna. No cuantifica la pérdida de recaudación, que se estima en decenas de miles de millones, ni detalla qué gasto público habría que recortar para cuadrar las cuentas. Y la cifra es válida solo dentro de los supuestos de la propia herramienta, no es una previsión de cómo quedaría tu economía. Tampoco te dice cuánto vale lo que ya recibes: la sanidad que usas, la escuela, la pensión de tus padres. El marco funciona porque muestra el beneficio personal y esconde el precio colectivo.

El PP lo practica en versión institucional. En el arranque de la precampaña, Feijóo anunció que su Gobierno pedirá sacrificios. Ante la polémica, su portavoz, Ester Muñoz, aclaró que no se refería a recortes, sino a que quien se esfuerza debe ser recompensado, por ejemplo con rebajas de impuestos a autónomos y pequeños empresarios. El vídeo de precampaña de Feijóo cierra con un lema: “España, tu esfuerzo merecerá la pena”. Hay una lógica implícita: si bajar impuestos es premiar a quien trabaja, mantenerlos o subirlos es castigarlo. Premio y castigo, mérito y penitencia: el marco de la carga, ahora con moral incluida. Y queda una pregunta sin responder: quien promete a la vez rebajas y sacrificios debería explicar qué servicios pagarán la factura.

Y el efecto se nota. El Barómetro Fiscal del IEF (datos de 2025) dice que el 35% de los jóvenes de 18 a 24 años cree que sin impuestos viviríamos mejor, y el 38% en la franja de 25 a 39, frente al 10% de los mayores de 65. Solo el 65% de los más jóvenes considera necesaria la Hacienda pública, frente al 89% de los mayores de 65, y el apoyo general (79%) es el más bajo de toda la serie.

La explicación no está solo en los datos económicos. Es cierto que muchos jóvenes tienen razones para estar frustrados: sueldos bajos, alquileres imposibles, precariedad y un horizonte de inseguridad permanente. Pero lo que no es cierto es que la causa de todo eso sea el IRPF o la cotización a la Seguridad Social. Lo que ha cambiado no es solo su situación objetiva, sino el marco mental desde el que interpretan la fiscalidad.

Y ese marco se construye cada día en el universo digital. En TikTok, Instagram, YouTube o X se repite que “trabajamos para el Estado”, que “si lo he conseguido solo, ¿por qué tengo que pagar más?”, que “el Estado castiga a los que se esfuerzan”, que “ser listo es irse a Andorra” o que “pagar impuestos es de tontos”. Un adolescente descubre antes un vídeo viral contra Hacienda que una explicación básica de cómo se financian las pensiones. Es un discurso antisocial que desprecia no solo los impuestos, sino la propia idea de lo común, y cala porque llega en el formato adecuado, con el tono adecuado, desde voces que los jóvenes consideran cercanas.

De ahí la batalla cultural. Si la izquierda no entra, la pierde. No basta con repetir que sin impuestos no hay Estado: hay que demostrarlo en los formatos y con las voces de esta era. Falta el simulador inverso: cuánto vale lo que ya recibes. Y falta empezar por la escuela: según un estudio de la Plataforma por la Justicia Fiscal de hace cinco años, el 92,9% de los jóvenes de 18 a 35 años reconocía no haber recibido formación sobre impuestos en las aulas.

Los impuestos serán uno de los ejes de la campaña del 29 de noviembre. PP y Vox han hecho de la rebaja fiscal su mensaje central, con simuladores, vídeos y promesas de recompensa, y con un lenguaje pensado para calar, sobre todo, entre los más jóvenes. La izquierda puede seguir discutiendo cifras o puede disputar el sentido: explicar qué se paga, qué se recibe y quién lo financia. Porque si perdemos la batalla de los impuestos entre los jóvenes, lo perderemos casi todo. No porque desaparezcan los impuestos, eso es una fantasía, sino porque desaparecerá la idea de que pagar entre todos es mejor que sobrevivir cada uno por su cuenta. Esa sí sería la verdadera derrota.

Pues sí, la esperanza del pueblo va en bicicleta. El destino lo tiene claro: la democracia, la justicia, la igualdad, la libertad, la inclusión, los derechos humanos (incluyendo el derecho a la vivienda), los servicios públicos (la educación pública, la sanidad pública, la atención a la población más vulnerable), la protección del medio ambiente, la memoria histórica, la paz, la cultura, la fraternidad, la sororidad…

La bicicleta de la esperanza del pueblo tiene dos ruedas. Una rueda es el activismo y los movimientos sociales. Son imprescindibles para avanzar en el camino. En ellos se debate, se analiza, se conversa y se hacen propuestas. Y lo que es más importante: la gente se conoce, interactúa, trabaja en red y teje nuevas realidades. Siempre hay problemas, lo sabemos. Experimentan fluctuaciones. Aparecen y desaparecen. Se desgastan. Todos los colectivos humanos experimentan conflictos. Pero constituyen la conciencia de la sociedad y la fuerza motriz que impulsa los cambios.

Por eso estamos francamente contentos de que, por ejemplo, se hayan creado, hace unos días, la Plataforma Albacete por el Derecho a la Vivienda y la Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha. Y por eso celebramos que plazas de toda España sigan ocupadas por personas de todas las edades que se rebelan contra el capitalismo depredador que nos quieren imponer como si no hubiese alternativa.

La bicicleta de la esperanza del pueblo necesita otra rueda para funcionar. Esa rueda está compuesta por los y las representantes políticos que, en el seno de las administraciones públicas (ayuntamientos, diputaciones, parlamentos regionales, Congreso…), defienden los valores arriba mencionados. A ellas y ellos se deben las iniciativas legislativas (mociones, ordenanzas, decretos, leyes…) que, al menos en ciertas ocasiones, permiten materializar las aspiraciones y las demandas de los movimientos sociales.

También las organizaciones políticas tienen pegas, por supuesto. A veces se instalan en las instituciones y se distancian de la calle. A veces pierden demasiado tiempo en estériles debates internos. A veces el tribalismo les conduce a una fragmentación autodestructiva y contraria a los intereses que dicen defender. A veces surgen personalismos que arrasan con todo, o con casi todo… Es decir, aquí nadie es perfecto, y si alguien se cree perfecto, que levante la mano y haga el ridículo. Pero estas organizaciones (de izquierdas, progresistas o como se les quiera llamar) son necesarias porque, claro, si en las plazas se reivindican los contratos de alquiler indefinidos, pero en el parlamento las derechas tienen mayoría y votan en contra, la bicicleta de la esperanza del pueblo se frena en seco y vuelca. Y las Maricarmenes de todo el mundo lloran desde el cielo o desde la tierra.

De manera que, para que las dos ruedas rueden, no queda más remedio que engrasar los engranajes de la bicicleta de la esperanza del pueblo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, mejorando la comunicación entre los movimientos sociales y las organizaciones políticas. Sentándose a hablar, tomando nota, adquiriendo compromisos… ¿Cómo? Favoreciendo que los y las activistas estén presentes en las asambleas y listas electorales de los partidos o coaliciones de izquierdas.

Nos consta que en muchas ocasiones ya es así porque las personas comprometidas participan en diversas causas justas, no en una sola. ¿Cómo? Impidiendo que los representantes políticos se perpetúen en los cargos mediante la limitación de mandatos y mediante la posibilidad periódica de revocarlos. ¿Cómo? Renunciando al sectarismo y a los personalismos. ¿Y cómo? Jo, pues yendo a votar. El voto es la cadena que une los piñones y el plato de la bicicleta de la esperanza del pueblo.

Por el contrario, la esperanza de las oligarquías, de los amos del mundo, de los ricachones de toda la vida, de quienes aceptan la desigualdad como algo natural, de quienes niegan los derechos humanos a los más pobres, de quienes quieren privatizar los servicios públicos, de quienes no dudan en destruir el planeta a cambio de obtener un beneficio económico, de quienes fomentan las guerras, de quienes siembran el odio (el racismo, la xenofobia, la LGTBIQ+fobia)… no va en bicicleta. Va en carroza, o en limusina, o en yate, como esos que fueron a reconquistar Ceuta botellín en mano. Son vehículos superlujosos, es cierto. Pero, como diría nuestro paisano José Mota, “no hagas cuentas”: no hay sitio para ti en ellos.

(*) El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Vanessa Pérez, Elías Rovira y Javier Sánchez.

Después de tres años en construcción, el segundo vestíbulo de la estación del Topo de Anoeta, en Donostia, se encuentra operativo desde este jueves. Con el periodo electoral, no existió ningún acto de inauguración, pero sí una concentración de una veintena de trabajadores de Euskal Trenbide Sarea (ETS, el gestor autonómico de infraestructuras ferroviarias). Debido a que la negociación del nuevo convenio colectivo de ETS está bloqueada, desde septiembre sus trabajadores se están movilizando para exigir una nueva propuesta.

Ya con veinte meses en negociación, el colectivo recibió una propuesta de la empresa pública calificada por los trabajadores como “insuficiente e inaceptable”. Según explican los trabajadores, no se recogen las mejoras de condiciones económicas y sociales que “necesita la plantilla”, compuesta de alrededor de 300 personas. Entre estas, un trabajador le ha destacado a este medio las mejoras salariales así como las sociales, refiriendo a flexibilidad horaria, teletrabajo y jubilación activa.

A esto se agrega que, entre nuevas estaciones, infraestructuras y servicios, “la carga de trabajo, responsabilidades y exigencias” han aumentado. Por esa razón exigen que su esfuerzo tenga un “reconocimiento real en el convenio”. Específicamente, le piden a la dirección de ETS mejorar su propuesta, reconocer su trabajo, aumentar la plantilla y mejorar las condiciones. Buscan tener una negociación “real para alcanzar un acuerdo”, mientras esto no sea así, el Comité Permanente realizará movilizaciones.

Mientras eso ocurría en las afueras del nuevo vestíbulo, dentro algunos trabajadores se encontraban realizando desde últimos retoques hasta mantenimientos. Los accesos desde el antiguo vestíbulo y del nuevo se encuentran operativos, con sus escaleras y ascensores respectivos.

El Gobierno vasco ha aprobado esta semana destinar al Ayuntamiento de Donostia 777.000 euros adicionales para reforzar el servicio alimentario dirigido a personas en situación de calle. Con esta inversión del Ejecutivo vasco, el programa Otorduak podrá atender a 100 personas más a través de establecimientos hosteleros de la ciudad que han aceptado colaborar con el Ayuntamiento.

La propuesta ha partido del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, dirigido por Nerea Melgosa. El objetivo de esta ayuda directa es ofrecer “una respuesta inmediata a una necesidad básica desde una perspectiva de derechos, entendidos de forma integral y favoreciendo que se ejerzan en un entorno normalizado”. El Gobierno vasco ha aclarado que la aportación es “adicional, temporal y evaluable” y que se utilizará exclusivamente para atender a las 100 nuevas personas, mientras que las 65 que ya recibían el servicio seguirán siendo responsabilidad del Ayuntamiento.

Esta no es la única ampliación que ha experimentado el programa Otorduak en los últimos meses. El pasado mes, el pleno del Ayuntamiento aprobó una partida adicional de 500.000 euros, hasta alcanzar los dos millones invertidos en los Servicios Sociales, para reforzar el programa tras la cancelación de las cenas solidarias de KAS a finales de julio, muy criticada. Con los 777.000 euros aportados ahora por el Gobierno vasco, la inversión destinada exclusivamente al servicio alimentario ascenderá a 1,27 millones de euros.

De esta forma, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento donostiarra “suman capacidades ante una realidad que requiere cooperación institucional”, pero sin redistribuir las responsabilidades de los Servicios Sociales, argumenta el Ejecutivo. Para el departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, garantizar la alimentación “es imprescindible, pero no constituye por sí sola la salida de una situación de sinhogarismo”.

Por ello, el departamento ha defendido que esta colaboración también busca facilitar “la vinculación con los servicios sociales, prevenga el aislamiento y evite la cronificación de la exclusión”. La medida llega además después del reciente desalojo de los pabellones de Herrera, donde unas 30 personas que se encontraban allí se vieron afectadas.

La empresa concesionaria del Transporte Sensible a la Demanda (TSD) de Almadén ha llegado a un acuerdo con los taxistas para incorporarlos al servicio, donde ha mediado el Gobierno de Castilla-La Mancha.

La empresa AISA y los taxistas de la zona de Almadén han llegado a un acuerdo para que estos operen prestando servicio dentro del nuevo modelo de Transporte Sensible a la Demanda que ha entrado en funcionamiento en Almadén este mes de septiembre.

Tras varias reuniones a tres bandas y con mediación de la Dirección General de Transportes, cinco taxistas han aceptado las condiciones ofrecidas por la empresa concesionaria para prestar el servicio.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha explicado que la normativa estatal impide a la Administración contratar directamente a los taxistas para prestar este servicio. Por ello, la legislación en materia de contratación pública exige que exista un único adjudicatario, es decir, una sola empresa responsable de la prestación del servicio. No obstante, ha precisado que esa empresa puede subcontratar a los taxistas de la zona, lo que ha permitido alcanzar un acuerdo “muy positivo” para los profesionales del taxi de Almadén.

En este sentido, Hernando ha avanzado que en la prestación del servicio participarán prácticamente todos los taxistas que han querido sumarse al proyecto y ha agradecido a la empresa concesionaria su disposición para “asumir las labores de coordinación”, actuando como elemento vertebrador de una iniciativa que, según ha subrayado, “se desarrolla de la mano de los taxistas de la región”.

Asimismo, Hernando ha valorado el acuerdo alcanzado entre la empresa concesionaria y los taxistas de la comarca, destacando que “es un ejemplo de cómo el diálogo y la colaboración permiten encontrar soluciones que benefician a todos y, sobre todo, a los vecinos y vecinas de nuestros pueblos” y ha incidido en que “este acuerdo demuestra la voluntad que siempre ha tenido el Gobierno regional de contar con los taxistas y solo era cuestión de terminar de materializar los acuerdos”.

Además, ha asegurado que “este ha sido siempre el modelo”, recordando que se trata de un sistema pionero a nivel europeo, reconocido y puesto en valor por distintas instituciones comunitarias. Además, ha destacado que ya funciona en Cuenca, en Campo de Montiel y en el resto de los servicios de transporte a la demanda impulsados por el Gobierno regional.

En este contexto, ha avanzado que “la legislatura terminará con una nueva batería de servicios de transporte a la demanda que se anunciarán en los próximos días durante el Debate sobre el Estado de la Región”.

Nuevo transporte sensible a la demanda en Almadén

El nuevo TSD que comenzó a operar el pasado 9 de septiembre, beneficia a nueve municipios de la zona y refuerza la conexión con Puertollano y las estaciones ferroviarias de Almadenejos y Guadalmez, en lo que supone un refuerzo de la movilidad de las zonas rurales del suroeste de la provincia de Ciudad Real y ampliar las oportunidades de acceso a servicios esenciales, sanitarios, educativos, administrativos y comerciales.

El Transporte Sensible a la Demanda funciona de lunes a viernes laborables entre las 7:00 y las 18:30 horas. Además, los domingos prestará servicio entre las 17:00 y las 19:00 horas para garantizar las conexiones con las estaciones ferroviarias de Almadenejos y Guadalmez.

Las reservas se realizan con una antelación mínima de 16 horas y pueden gestionarse tanto a través de la aplicación informática específica TD-Almadén como mediante un servicio de atención telefónica. El centro de atención telefónica estará operativo de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y los sábados, domingos y festivos de 15:00 a 18:00 horas.

Junto al transporte a la demanda, el contrato mantiene diferentes rutas regulares entre Chillón y Puertollano durante toda la semana, con servicios directos y paradas intermedias adaptadas a los distintos días laborables y fines de semana.

Se anunció en plena crisis de Barajas. Cuando el aeropuerto madrileño aún ocupaba titulares por los cientos de sintecho que se refugiaron allí, el Ayuntamiento de Madrid adjudicó la construcción de un albergue para personas sin hogar en El Cañaveral. En este joven barrio del Este de la capital la noticia no sentó bien: los vecinos salieron a la calle reclamando que se paralizara el nuevo centro, al menos, hasta que la administración resuelva otras cuentas pendientes en materia de transporte o infraestructuras.

Las obras arrancaron y se frenaron temporalmente, de golpe, pero no por las protestas vecinales: la empresa adjudicataria había incumplido el contrato y este se disolvió, así que aquel proyecto “de urgencia” tuvo que aplazarse y volver a ser licitado con más presupuesto, un segundo promotor y otro calendario. Hasta este otoño no llegará el nuevo plazo para su construcción.

La primera concesionaria fue FTC Obras y Energía, que ganó una adjudicación por valor estimado de casi ocho millones (7.956.347 euros) incluyendo IVA y con un plazo de seis meses para construir en número 21 de la calle Batalla de Salamina. Sin embargo, al concluir ese plazo el Ayuntamiento resolvió en una Junta de Gobierno de finales de febrero que era necesario disolver ese acuerdo debido a los retrasos acumulados. Unas semanas más tarde, el 6 de marzo, se anunció un nuevo contrato para culminar la obra. Esta vez cayó en manos de Vías y Construcciones SA, otra compañía integrada en el Grupo ACS de Florentino Pérez.

“Durante la primera ejecución de las obras se detectaron retrasos en la ejecución y se hicieron dos visitas, el 13 y el 26 de enero. Comprobamos que no existía actividad alguna y que la obra se encontraba en situación de abandono”, detalló a preguntas de los concejales la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Rodero, sobre las razones que llevaron a anular el antiguo contrato y delegar la continuidad del centro en otra empresa privada, sin apuntar el motivo de fondo que llevó a dejar la obra por parte de una compañía que mantiene numerosos contratos con administraciones públicas. La nueva empresa, Vías, se puso manos a la obra en el mes de marzo con siete meses de plazo.

En total, según confirman fuentes municipales, llegaron a ejecutarse 3,14 millones de euros por las obras efectuadas durante el primer contrato, lo que sumaría unos 12 millones aproximadamente en la cuenta total, sumando la cuantía adjudicada en el segundo. Además, a FTC Obras se le incautó la garantía obtenida. “La diferencia entre lo presupuestado al principio y el nuevo acuerdo viene dada, fundamentalmente, porque hubo que incorporar requerimientos específicos que hicieron las compañias de electricidad y agua”, sostienen desde el Área de Obras, a lo que explican que en prodecimientos de emergencia como este “no se exige la redacción ni la aprobación formal de un proyecto técnico antes de adjudicar y comenzar la obra, pues lo que se busca es una actuación inmediata. De momento, se mantienen las previsiones del otoño y aseguran que el centro estará listo ”antes de que acabe el año“.

Mientras que la ciudad se vaciaba por el verano y con los trabajos ya avanzados, García Rodero y su homólogo en Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, acudieron a visitar el futuro albergue. Ambos prometieron desde allí que el nuevo recurso proporcionará una “respuesta social ágil” a quienes lleven poco tiempo en situación de calle, tratando de prolongar la etapa lo menos posible. La idea es construir sobre 3.619 metros cuadrados de superficie en una parcela de casi 15.000 m², con capacidad para 176 personas en 12 módulos habitacionales, con cuatro cuartos cada uno y provistos de taquillas, repisas, enchufes, cerraduras electrónicas, aseos, duchas y una zona común.

Asimismo, el Ayuntamiento también ha detallado que dos de estos módulos se adaptarán para personas con movilidad reducida. En la resolución que consolida ese segundo contrato, la propia Vicealcaldía admitió que la ciudad sigue en “la misma situación de emergencia” que, en su día, llevó a licitar este centro en El Cañaveral: pese a la salida progresiva del colapso en Barajas, la necesidad aún “persiste” en el resto de la ciudad. A pesar de que el objetivo era continuar una obra ya empezada por el antiguo adjudicatario, este segundo intento se promocionó con más presupuesto y un plazo mayor.

Unos días después de que la Junta de Gobierno aprobara el nuevo contrato, tanto el PSOE como Vox en Vicálvaro –distrito de El Cañaveral– preguntaron por el proyecto al concejal-presidente de la zona, Ángel Ramos. Los primeros lo hicieron para cuestionar la paralización de un centro tramitado “de urgencia” y sugerir posibles irregularidades en el procedimiento; mientras que los segundos atacaron directamente su construcción y lo tildaron de “asentamiento”, preguntando si había medidas previstas para garantizar su compatibilidad con la “convivencia”.

“Responsabilidades políticas” o un problema de la empresa

El asunto sobrevoló instancias superiores una semana más tarde, cuando también los socialistas lo registraron en una comisión municipal de Obras y Equipamientos. La misma en la que Paloma García Rodero terminó explicando ante la oposición las razones que llevaron a paralizar el contrato. Aun con todo, el portavoz del PSOE Pedro Barrero sugirió un vínculo “privilegiado” entre el primer contratista y el Ayuntamiento, señalando otros proyectos municipales adjudicados a FTC Obras y que también había dejado colgados, como la promoción de casi 90 viviendas en Villaverde: “Cuando los problemas se repiten ya no es mala suerte, sino mala gestión o algo peor, favoritismo”.

Desde el salón de comisiones de la Casa de Cisneros, junto a la Plaza de la Villa, se habló de posibles “responsabilidades políticas” (más allá de las empresariales) en el tropiezo del albergue, que nació en respuesta a una situación de emergencia social. “La emergencia existió en el papel después de la llegada de 276 personas sin hogar, pero la gestión ha sido un fracaso”, determinó Barrero en su réplica a la responsable de Obras, recordando que el calendario inicial tenía previsto acabar los trabajos en marzo. Finalmente, el centro verá la luz unos siete meses más tarde.

Su inauguración, aunque tarde, vendrá también a culminar uno de los compromisos del área de Políticas Sociales, que aseguró para este 2026 una ampliación de la red hasta llegar a las 1.420 plazas para toda la ciudad. Actualmente son 1.250, sin contar las que aportará el futuro centro de El Cañaveral y de las que unas 370 son en viviendas públicas de la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo) o subcontratadas al mercado privado.

De conseguirlo, también zanjará un proyecto sacado adelante a trompicones que difícilmente aplacará todas las críticas que emanan desde colectivos sociales u ONG: más recursos, flexibilidad en los centros para brindar independencia a sus usuarios o una atención transversal pensada, sobre todo, para los nuevos perfiles que llegan a los albergues, ahora más jóvenes y a veces, con trabajo. Al fin y al cabo, el problema de la vivienda en la ciudad de la vivienda cara presiona para que muchos de los que nunca se vieron como vulnerables hoy no sepan donde vivir.

'Sucede Extremadura'. Ese es el lema que este año eligió la Junta de Extremadura para conmemorar el Día Oficial de Extremadura, ya saben ustedes que el día popular, el día que está en muchos corazones es el 25 de marzo. Un lema que, además de rendir homenaje al poeta y cantante más grande que ha parido esta tierra, Roberto Iniesta, nos ofrece una oportunidad que quizá el propio Gobierno de Extremadura no había previsto: hablar de lo que sucede realmente en Extremadura.

Porque sucede Extremadura. Y mucho.

Sucede que mientras la Junta se empeña en construir una postal de nuestra tierra a golpe de escaparate, propaganda y grandes titulares, hay una Extremadura que no sale en las fotografías oficiales. Una Extremadura que espera, que reclama, que se preocupa y que empieza a estar cansada de que le digan que todo va bien mientras sus problemas se hacen cada vez más grandes.

Sucede que nuestro sistema sanitario se deteriora. Que las listas de espera siguen situándonos entre las peores comunidades del país. Que faltan profesionales y que hay servicios que funcionan al límite. Sucede, por ejemplo, que en el Hospital de Mérida, el servicio de oncología está al límite para atender una enfermedad tan sensible y tan devastadora como es el cáncer. Y eso no es una estadística. Son personas. Son pacientes. Son familias que necesitan que su sistema sanitario esté a la altura cuando más lo necesitan.

Sucede también que nuestro medio rural afronta una nueva amenaza. Después de décadas soportando el expolio de nuestros recursos naturales para producir energía que además, desgraciadamente, termina beneficiando a otros, ahora quieren convertir Extremadura en territorio de plantas de biogás. Proyectos que se presentan como modernidad y progreso, pero que pueden suponer más presión sobre nuestros recursos, más contaminación y más cargas para nuestros pueblos.

Y sucede algo que resulta especialmente indignante: mientras nuestros servicios públicos se debilitan, este Gobierno decide perdonar impuestos a grandes multinacionales energéticas que llevan décadas haciendo negocio con los recursos de Extremadura.

Nos dicen que no hay dinero suficiente para reforzar la sanidad, para garantizar servicios públicos de calidad, para cuidar nuestros pueblos o para dar oportunidades a quienes quieren quedarse y construir aquí su proyecto de vida. Pero sí parece haberlo cuando se trata de aliviar la factura fiscal de quienes más tienen.

Sucede Extremadura.

Sucede una Extremadura que no quiere convertirse en la colonia energética de Europa. Que no quiere que sus tierras sean el lugar donde se acumulan los residuos o se instalan las industrias que otros no quieren tener cerca. Que quiere aprovechar sus recursos para generar riqueza aquí, empleo aquí y oportunidades aquí.

Sucede una Extremadura que quiere servicios públicos fuertes, pueblos vivos, agricultura y ganadería con futuro, una sanidad que no abandone a sus pacientes y una economía que no dependa de seguir poniendo nuestro territorio al servicio de intereses ajenos.

Y sucede, también, que Extremadura está cansada.

Cansada de la política entendida como postureo. De los actos cuidadosamente escenificados. De las fotografías. De las campañas de propaganda. De esa obsesión por construir una realidad paralela en la que todo parece funcionar mientras quienes viven aquí conocen perfectamente las grietas.

El pasado 7 de septiembre, cientos de personas se concentraron a las puertas del Teatro Romano de Mérida para reclamar otra cosa. Para decir que esta tierra no se resigna. Que hay otra manera de hacer política. Que queremos otro futuro.Y quizá eso sea, precisamente, lo más importante que sucede hoy en Extremadura. Que hay una Extremadura que no se resigna.

Una Extremadura que quiere oportunidades y no resignación. Que quiere desarrollo y no contaminación. Que quiere derechos y no propaganda. Que quiere servicios públicos y no recortes encubiertos. Que quiere que la riqueza que generan nuestros recursos se quede aquí y sirva para mejorar la vida de quienes viven aquí.

Por eso, este 8 de septiembre, nosotros y nosotras hemos querido hablar de lo que Sucede. 

Sucede Extremadura.

Sucede su gente. Suceden sus pueblos. Suceden sus problemas. Suceden sus luchas. Sucede su cansancio.

Pero también sucede su esperanza.

Porque Extremadura no está condenada a ser la tierra de la resignación. Puede ser la tierra de las oportunidades, de unos servicios públicos dignos, de un medio rural vivo y de un modelo de desarrollo que respete nuestro territorio y ponga en el centro a quienes lo habitan.

Y eso también sucede.

O, mejor dicho, eso está por suceder.

El programa de Transporte Sensible a la Demanda, que desarrolla el Gobierno de Castilla-La Mancha, echa a andar desde hoy en la comarca de Almadén.

El área estará compuesta por nueve municipios: Almadén, Chillón, Alamillo, Almadanejos, Guadalmez, Valdemanco, Saceruela Agudo y Gargantiel. El servicio, del que podrán beneficiarse los 11.400 habitantes de la comarca, se prestará de lunes a viernes laborables de 7:00 a 18:30 horas y los domingos de 17:00 a 19:00 horas, exclusivamente para las conexiones con las estaciones de ferrocarril de Almadenejos y Guadalmez.

Las reservas se efectuarán con una antelación mínima de 16 horas entre la solicitud de reserva y las 07:00 horas del día solicitado para efectuar el servicio. La configuración de la plataforma permite, en función de la elección del usuario, fijar horas concretas de salida o llegada al punto origen o destino respectivamente, o bien fijar un rango deseable, dentro del horario de servicio establecido.

Las reservas de los servicios de Transporte a la Demanda podrán realizarse a través de dos canales: la Aplicación informática TD – Almadén o a través del servicio de atención telefónica, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y los sábados, domingos y festivos de 15:00 a 18:00 horas. La tarifa máxima será de 0,1062 euros viajero/kilómetro con un importe mínimo fijado en 1,50 euros.

Para este servicio en la comarca se dispondrá de cinco vehículos de capacidad mínima de cinco plazas y de cinco conductores. Dado que la comarca cuenta con transporte regular, cabe señalar que el periodo de servicio se interrumpirá en los horarios donde este transporte regular pueda satisfacer la demanda.

“Cambiar la vida de la gente”

El vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, ha visitado la puesta en marcha de este servicio desde Chillón junto a la alcaldesa de la localidad, Manuela Escudero, y a la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández.

Caballero ha señalado que la inauguración oficial del nuevo servicio se celebrará en las próximas semanas, al tratarse de una actuación “de las que cambia la vida de la gente”, especialmente de aquellas personas con dificultades de movilidad. En este sentido, ha avanzado que el acto contará con la participación del presidente regional García-Page para conmemorar su puesta en marcha.

Mientras tanto, Caballero ha explicado que la visita realizada este primer día ha tenido como objetivo comprobar el correcto funcionamiento del servicio desde su inicio. Acompañado por la directora general de Transportes del Gobierno regional, Lucía Balmaseda; José Manuel Caballero ha puesto en valor que este es un compromiso cumplido del Ejecutivo del presidente García-Page con la comarca de Almadén y que permitirá la mejora de la movilidad.

Además, el vicepresidente segundo ha confirmado que la implantación de este programa en la comarca incluye además una mejora de la línea regular entre Chillón y Puertollano que hará más eficientes y accesibles las comunicaciones con este núcleo urbano. En este sentido, Caballero ha explicado que “donde antes sólo había una ida y una vuelta al día y los sábados ninguna expedición, ahora se incrementarán las frecuencias”.

Garantizar el derecho a la movilidad

El objetivo del Gobierno regional es, tal y como ha señalado, “mejorar la movilidad de los vecinos y vecinas de la comarca lo que favorecerá no solo el acceso a servicios básicos, como la sanidad y la educación para los que desde la Junta ya desarrollamos programas de transporte; sino que además permitirá impulsar el dinamismo comercial, cultural y de ocio e incluso las relaciones sociales y familiares entre municipios”.

Ha recordado que este programa, que el Gobierno de Castilla-La Mancha está implantando en zonas rurales de la región está siendo una “referencia europea” de movilidad sostenible y de lucha contra la despoblación. Caballero ha destacado la puesta en marcha de este nuevo servicio como una herramienta para garantizar “el derecho a la movilidad”, especialmente de las personas que viven en el medio rural y que encuentran más dificultades para desplazarse.

Igualmente ha puesto en valor que la movilidad facilita el ejercicio de otros muchos derechos, como el acceso a la atención sanitaria, la participación en actividades culturales, el disfrute del ocio o el mantenimiento de las relaciones familiares y sociales. Por ello, ha defendido la importancia de este servicio público, financiado con los impuestos de toda la ciudadanía, para que quienes lo necesiten puedan utilizarlo en condiciones de igualdad.

También ha señalado que esta iniciativa permitirá que las personas con discapacidad, problemas de movilidad o sin medios propios de transporte puedan desplazarse de forma “accesible, cómoda, rápida y barata”, evitando situaciones de aislamiento o la necesidad de asumir gastos adicionales. En este sentido, ha afirmado que el objetivo es que quienes viven en las zonas rurales “podamos disfrutar y tener los mismos derechos que los que viven en las zonas urbanas”.

Dedico estas líneas a Juan Carlos Rodríguez Ibarra

El odio siempre fue una cuestión de clase. Por eso, en este país y en cuantos comparten nuestro espectro cultural, el poder hegemónico castigó con violencia, persecución y muerte a quienes osaron desnudar las contradicciones de clase y torcer, en beneficio de las mayorías, una hegemonía sostenida por unos pocos a costa de toda la sociedad. Mi familia también pagó ese precio, y lo hizo con el vil asesinato de mi bisabuelo Porfirio en 1947, perseguido y ejecutado en el franquismo por el delito de defender la libertad, la igualdad y la justicia social: las mismas banderas que hoy algunos siguen queriendo arrancarnos de las manos.

Aquella herida marcó a mi familia materna para siempre, pero jamás nos rindió al odio, ni a la revancha, ni al rencor. Frente a quienes hoy querrían blanquear el franquismo, borrar la memoria o banalizar sus víctimas, nosotros respondemos con lo contrario: memoria que combate el olvido, que no traiciona a los asesinados y que se convierte en conciencia de clase para las generaciones que vinieron después. Eso hicieron los míos, y a mí me tocó crecer en una familia de trabajo y compromiso con nuestra tierra. El campo era nuestra forma de vida, y el orgullo de sentirnos parte de cada olivo, de cada animal, nos forjó hacia un futuro que solo fue promisorio porque el socialismo se atrevió a hacer, en paz, la revolución igualitaria más profunda que ha conocido este país: llevar la educación pública, la sanidad universal y la dignidad a quienes la oligarquía había condenado, generación tras generación, a la ignorancia y a la servidumbre. Que nadie lo dude ni lo relativice: eso fue y es revolucionario.

En mi caso, primero el Colegio Público Divino Maestro de Ahigal, luego la Universidad Laboral y después las Universidades Politécnicas de Extremadura y Madrid fueron mis caminos hacia el conocimiento. Eso sí, primero ayudaba en el campo cuando hacía falta y luego me sumaba a las clases: siempre, primero la tierra y la clase que la labra. Trabajé algunos años en Madrid, pero el paradigma real de aquella revolución aquí en Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, me susurraba al oído la necesidad de volver y de devolver a mi pueblo, a mi provincia y a mi gente todo lo que el socialismo me había proporcionado. Por eso regresé a servir desde lo público, a combatir desde la trinchera que me tocó contra una oligarquía que ayer sostuvo la dictadura y hoy sostiene a las derechas de siempre dispuestas, de nuevo, a desmantelar lo público, a privatizar lo común y a condenar al medio rural al abandono. Hoy también nos lo quieren imponer y hoy también, organizados, se lo vamos a impedir.

Extremadura es una tierra en la que crecer constituye un orgullo de clase: crecer sin odio, pero con memoria, con conciencia y con la firme vocación de defenderla desde lo público, sin complejos y sin concesiones al privilegio de unos pocos.

En el terreno de lo práctico, hacer política es tener en la cabeza lo que tiene que pasar y generar las condiciones para que pase. En nuestra tierra, hacer política socialista es afirmar sin titubeos que esta tierra va a dejar de vaciarse, que va a estar conectada por tren de alta velocidad y que va a producir la energía limpia que nos hará soberanos frente a los mismos oligopolios de siempre — y después no ceder hasta traducirlo en presupuestos, en reivindicaciones a ADIF, Red Eléctrica y quien haga falta, en proponer alianzas con las realidades territoriales que la componen y en la voluntad de no frenar ante ningún obstáculo técnico, ambiental o financiero que la derecha y/o sus intereses quieran poner en nuestro camino.

Y lo que va a pasar, les guste o no a quienes nos miran desde lejos y con condescendencia, es que dejaremos de ser las cifras del éxodo que otros usan para justificar el abandono, y se conviertan, de una vez y para siempre, en un lugar donde la gente tenga motivos —y derechos— para venir y quedarse.

“Si fessin una llar, un parc... Que la gent gran hi pugui venir, que hi posin pedals per fer exercici, bancs per prendre la fresca...”. Als seus 82 anys, Joana fa massa temps que espera el mateix que una bona part dels veïns de Son Sardina: un lloc públic on seure, reunir-se i fer vida de poble. En aquesta antiga barriada de Palma hi ha una plaça que fa anys que està dibuixada sobre el paper, però que mai no ha arribat a existir sobre el terreny. Allà, entre el nucli tradicional de cases i el creixement residencial dels darrers anys, l'Ajuntament va prometre un gran espai públic, un casal de barri i una biblioteca. Enguany, quan semblava que Cort estava finalment a punt de comprar-lo, el solar ja havia canviat de mans.

Can Pasquet, un solar de gairebé 2.000 metres quadrats situat al cor de Son Sardina, és per als veïns molt més que un terreny buit. És l'espai que fa anys que reclamen per trobar-se, organitzar activitats i disposar d'uns equipaments públics que ara estan dispersos o funcionen en locals que ni tan sols són municipals.

El 13 d'agost de 2025, el batle de Palma, Jaime Martínez (PP), va acudir a Son Sardina i va anunciar que Cort havia iniciat el procés per adquirir Can Pasquet. La intenció era construir-hi una plaça, un casal de barri i estudiar la possibilitat d'incorporar-hi un aparcament. L'anunci va generar una expectativa evident entre els veïns. La promesa, a més, no era nova: Can Pasquet feia anys que apareixia en els plans i les reivindicacions del barri, però la compra mai no havia arribat a formalitzar-se.

La inversió privada s'avança

Tanmateix, quan el passat 19 de febrer Cort va aprovar una modificació de despeses que reservava 237.976 euros per adquirir el solar, la finca va passar, tot just vuit dies després, a mans d'una promotora immobiliària constituïda tres anys abans, Polnavalón S.L., tal com figura en la documentació registral consultada per aquest diari. elDiario.es s'ha posat en contacte amb el seu administrador per conèixer els detalls de l'operació i el destí que preveu donar al solar, però aquest ha declinat fer declaracions.

Davant la reixa de Can Pasquet, Joana explica el problema des d'un punt de vista molt més senzill que qualsevol expedient urbanístic: l'actual casal de barri està situat en una primera planta i cal pujar-hi per les escales. “Com podem pujar si molts ja passam dels 80 anys?”, es demana. A l'altre costat de la tanca hi ha el solar que els veïns fa anys que reclamen com a futura plaça pública i on el batle va prometre, fa un any, construir un nou casal de barri i una biblioteca. A Son Sardina, lamenta Joana, “no hi ha res”. Hi ha un petit parc infantil a l'entrada del poble, però resulta insuficient. I el casal tampoc no dona resposta a les necessitats de la gent gran.

La seva preocupació no és només disposar d'un espai nou. Malgrat les incomoditats de l'actual casal, tem perdre'l com va succeir amb el local de majors del barri de Son Cladera, desallotjat a principis de juliol mentre desenes de persones participaven en un taller de memòria. El futur del centre comunitari i de la biblioteca està condicionat pel fet que tots dos equipaments funcionen actualment en un immoble adquirit el 2019 per una societat vinculada a un gran fons d'inversió internacional amb seu als Estats Units. L'Ajuntament reconeix que tots dos serveis s'ofereixen en locals arrendats i planteja traslladar-los a Can Pasquet si aconsegueix fer-se amb el solar. L'Associació de Veïnats també ha advertit del mal estat del casal actual, amb goteres, humitats i un terra de formigó.

Aquest diumenge, mentre queia la tarda sobre Son Sardina, Joana i altres veïns es concentraven davant el solar, convocats per l'Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga, per exigir que l'Ajuntament lluiti per la parcel·la i la posi a disposició del barri.

Un barri de 3.000 veïns sense espais públics

La importància de Can Pasquet s'entén millor en recórrer Son Sardina. El nucli conserva encara un marcat caràcter de poble malgrat formar part del municipi de Palma. El seu origen es remunta a l'època islàmica, vinculat a les antigues xarxes d'aigua i als molins de la zona, i entre els segles XVII i XIX es va consolidar com un petit nucli d'agricultors, jornalers i artesans. L'agricultura va ser durant segles la principal activitat fins que el creixement residencial va anar transformant progressivament el territori.

Aquest caràcter de poble continua sent una de les seves principals senyes d'identitat. Son Sardina està físicament separat del centre de Palma -gairebé cinc quilòmetres separen tots dos nuclis- i conserva una trama urbana de cases baixes, camins estrets i antigues possessions, envoltada per noves zones residencials i grans àrees de serveis com Son Castelló, Son Reus o la Universitat. Amb més de 3.000 habitants, manté també una intensa activitat associativa i festiva. Però aquesta vida comunitària topa amb una mancança: més enllà del col·legi i el centre de salut, el nucli no disposa d'una xarxa suficient d'espais públics municipals on desenvolupar-la.

Un deute pendent des dels anys vuitanta

Ho il·lustra a elDiario.es Antoni Marimón, veí del nucli i catedràtic d'Història Contemporània. Marimón resumeix el problema en una “falta crònica d'equipaments públics” malgrat la forta identitat comunitària de Son Sardina. L'absència d'espais de titularitat municipal dificulta que les associacions disposin de llocs on reunir-se, que la gent gran compti amb instal·lacions accessibles i que infants i joves tenguin zones de trobada.

L'historiador situa l'origen del problema urbanístic de Can Pasquet a començament dels anys vuitanta. Segons explica, el planejament d'aquella època ja preveia que els terrenys acabassin destinats a equipaments públics. El sistema previst era complex: la propietat havia de cedir el terreny a l'Ajuntament a canvi que s'hi permetés determinada edificació. Però el mecanisme mai no va arribar a executar-se. “Esperes i esperes i no s'arriba a complir”, resumeix Marimón.

El resultat ha estat una llarga successió de propietaris i oportunitats frustrades. Marimón assegura que el solar ha passat per “cinc o sis mans” des d'aleshores i que fins i tot altres governs municipals van intentar abordar-ne l'adquisició. El problema, explica, és que el sistema urbanístic previst inicialment no va arribar a funcionar. Ara, per primera vegada en anys, l'Ajuntament havia donat la impressió que l'operació estava encarrilada. El PP, de fet, va arribar a incloure en el seu darrer programa electoral la construcció de la plaça de Can Pasquet: “Invertirem a Son Sardina i farem realitat les peticions dels veïns”, exposava la formació.

En Genís, membre de l'Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga, introdueix una altra dimensió en la reivindicació: la dels joves que ja no poden quedar-se a viure al poble. Ell mateix n'ha hagut de marxar. En conversa amb aquest diari, explica que del grup d'una trentena de joves que participa habitualment en les festes de Son Sardina, amb prou feines en queden uns pocs que hi visquin. Molts han acabat traslladant-se a Palma o a altres municipis perquè consideren pràcticament impossible accedir a un habitatge al nucli si no disposen de terres, d'una casa familiar o d'una herència. “Si no tens preparat un milió per gastar, no et pots quedar”, afirma. Genís vincula aquesta expulsió progressiva de la població jove amb l'encariment de l'habitatge, l'especulació immobiliària i la turistificació de l'illa.

Per a ell, la reivindicació de Can Pasquet forma part d'alguna cosa més àmplia: quin tipus de poble vol continuar sent Son Sardina i si podrà conservar una vida comunitària pròpia mentre augmenta la pressió immobiliària.

L'agost de 2025, l'Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga ja alertava de la situació del terreny i del risc que acabàs en mans privades. L'entitat recordava que el Ple de Palma havia aprovat el maig de 2024, amb el suport del PP, instar l'equip de govern a adquirir els terrenys per construir-hi una plaça pública, després que les associacions del barri reclamassin també un casal. Malgrat el compromís municipal i les més de 1.000 signatures recollides en només quatre mesos, denunciava que l'Ajuntament no havia informat de cap avanç i mantenia un “silenci” que deixava en l'aire el futur del solar.

La preocupació va créixer quan a la parcel·la va aparèixer un cartell de Solvia anunciant-ne la venda. L'Assemblea advertia, a més, que el solar, tot i estar reservat en el Pla General per a espais lliures i equipaments, podia quedar exposat a promocions privades arran de la nova legislació urbanística aprovada aleshores pel Parlament. Reclamava així que Cort materialitzàs el compromís anunciat i impedís que Can Pasquet acabàs venut al millor postor, frustrant l'oportunitat de dotar Son Sardina d'una plaça i un casal públics.

Els anuncis de venda localitzats per aquest diari permeten posar xifres al valor que tenia aleshores el terreny al mercat. La parcel·la, anunciada amb una superfície de 1.751 metres quadrats, va arribar a oferir-se per 180.700 euros, a raó de 103 euros per metre quadrat. Un altre portal immobiliari situava el preu de venda en 210.000 euros. Són, en tot cas, preus d'oferta i no permeten determinar l'import pel qual es va tancar finalment la compravenda.

L'interès del solar no resideix únicament en la seva ubicació, sinó també en la seva situació urbanística. Com recorda Marimón, Can Pasquet arrossega des dels anys vuitanta una ordenació que mai no va arribar a executar-se i que ha anat canviant amb les successives revisions del planejament. L'aprovació del Pla General de 2023 i la posterior caiguda del Pla d'Ordenació Detallada han deixat l'àmbit en una situació d'incertesa sobre el seu futur urbanístic. Aquest escenari incorpora, a més, una variable econòmica rellevant: una eventual modificació del planejament que milloràs les condicions urbanístiques de la parcel·la i n'augmentàs l'aprofitament podria incrementar-ne de manera significativa el valor. No hi ha constància, però, que el nou propietari hagi iniciat cap tràmit en aquest sentit ni que aquesta possibilitat estigués darrere de l'adquisició.

L'Ajuntament assegura que lluitarà pel solar

Enmig d'aquesta incertesa, l'Ajuntament assegura que no ha renunciat al projecte. elDiario.es s'ha posat en contacte amb el Consistori, que remet a un comunicat recent en el qual, subratlla, des que l'alcalde va anunciar el seu compromís d'adquirir la parcel·la, l'Administració va iniciar les gestions pertinents amb l'entitat bancària llavors propietària de la mateixa.

El consistori explica que, des de llavors, treballa per trobar una solució i que actualment negocia amb el propietari per assolir un acord de compravenda. Si no fos possible, l'Ajuntament afirma que iniciarà el corresponent procediment d'expropiació. La intenció municipal és mantenir el projecte previst: un nou casal de barri i una biblioteca, una plaça pública i, com a possibilitat addicional, un aparcament que contribueixi a alleujar el dèficit d'estacionament de la zona. Cort assenyala, a més, que el disseny dels futurs equipaments es farà amb la participació de les associacions veïnals i les entitats del barri.

L'Ajuntament està negociant amb el propietari per arribar a un acord de compravenda. Si no fos possible, iniciarà l'expropiació

L'oposició també ha carregat contra la gestió de l'Ajuntament. El secretari general de l'Agrupació Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha reclamat explicacions i responsabilitats polítiques a l'equip de govern per la venda de Can Pasquet a una immobiliària i ha qüestionat que Cort no aconseguís tancar la compra del solar que havia anunciat. Per la seva banda, Més per Palma ha resumit la seva crítica en una frase: “Martínez ho va prometre. El PP ho ha deixat perdre”. El regidor Miquel Àngel Contreras sosté que el batle va generar “una expectativa davant tot Son Sardina” en anunciar una plaça, un casal de barri i un aparcament i considera que ara ha d'explicar per què el consistori no va arribar a adquirir el terreny.

El manifest llegit durant la concentració reclama que l'Ajuntament adquireixi immediatament el solar i posi en marxa el projecte de plaça i casal de barri. L'Assemblea Popular reivindica, a més, que aquests espais siguin de titularitat pública i que el seu disseny tengui en compte els projectes elaborats pels mateixos veïns. El missatge de fons és que Can Pasquet no és vist com un equipament més, sinó com una peça necessària per mantenir la vida comunitària de Son Sardina. Les entitats recorden que la manca d'espais municipals dificulta fins i tot l'organització de les festes i d'altres activitats associatives.

Després de dècades d'espera i d'una promesa municipal que va acabar coincidint amb la venda del solar a un particular, la pregunta que queda entre els veïns és ara quan arribarà, finalment, la solució. Per a l'Assemblea Popular, la resposta no admet més demores: “No és una necessitat ni una promesa: és un dret”.

“Si hicieran un hogar, un parque... Que la gente mayor pueda venir, que pongan pedales para hacer ejercicio, bancos para tomar el fresco...”. A sus 82 años, Joana lleva demasiado tiempo esperando lo mismo que gran parte de los vecinos de Son Sardina: un lugar público donde sentarse, reunirse y hacer vida de pueblo. En esta antigua barriada de Palma hay una plaza que lleva años dibujada sobre el papel, pero que nunca ha llegado a existir sobre el terreno. Allí, entre el núcleo tradicional de casas y el crecimiento residencial de los últimos años, el Ayuntamiento prometió un gran espacio público, un casal de barrio y una biblioteca. Este año, cuando parecía que Cort -como se conoce popularmente al Consistorio- estaba finalmente a punto de comprarlo, el solar ya había cambiado de manos.

Can Pasquet, un solar de casi 2.000 metros cuadrados ubicado en el corazón de Son Sardina, es para los vecinos mucho más que un terreno vacío. Es el espacio que llevan años reclamando para encontrarse, organizar actividades y tener unos equipamientos públicos que ahora están dispersos o funcionan en locales que ni siquiera son municipales.

El 13 de agosto de 2025, el alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), acudió a Son Sardina y anunció que Cort había iniciado el proceso para adquirir Can Pasquet. La intención era construir una plaza, un casal y estudiar la posibilidad de incorporar un aparcamiento. El anuncio generó una expectativa evidente entre los vecinos. La promesa, además, no era nueva: Can Pasquet llevaba años apareciendo en los planes y reivindicaciones del barrio, pero la compra nunca había llegado a formalizarse.

La inversión privada se adelanta

Sin embargo, cuando el pasado 19 de febrero Cort aprobó una modificación de gastos que reservaba 237.976 euros para adquirir el solar, la finca pasó, apenas ocho días después, a manos de una promotora inmobiliaria constituida tres años antes, Polnavalón S.L., tal como figura en la documentación registral consultada por este periódico. elDiario.es se ha puesto en contacto con su administrador para conocer los detalles de la operación y el destino que prevé dar al solar, pero éste ha declinado hacer declaraciones.

Frente a la verja de Can Pasquet, Joana habla del problema desde un punto de vista mucho más sencillo que cualquier expediente urbanístico: el actual casal de barri está en una primera planta y hay que subir por escaleras. “¿Cómo podemos subir si muchos ya pasamos de 80 años?”, se pregunta. Al otro lado de la valla está el solar que los vecinos llevan años reclamando como futura plaza pública. En Son Sardina, lamenta Joana, “no hay nada”. Tan solo un pequeño parque para los niños en la entrada del pueblo, pero resulta insuficiente. Y el casal actual tampoco resuelve las necesidades de los mayores.

Su preocupación no es únicamente disponer de un espacio nuevo. Pese a las incomodidades del actual casal, teme perderlo como sucedió con el local de mayores del barrio de Son Cladera, desalojado a principios de julio mientras decenas de personas participaban en un taller de memoria. El futuro del centro comunitario y de la biblioteca está condicionado por el hecho de que funcionan en un inmueble adquirido en 2019 por una sociedad vinculada a un gran fondo internacional estadounidense. El Ayuntamiento reconoce que ambos equipamientos están actualmente en locales arrendados y plantea trasladarlos a Can Pasquet si consigue hacerse con el solar. La Associació de Veïnats ya ha advertido además del mal estado del casal actual, con goteras, humedades y suelo de hormigón.

Este domingo, mientras la tarde caía sobre Son Sardina, Joana y otros vecinos se concentraban frente al terreno convocados por la Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga para exigir que el Consistorio luche por la parcela y la ponga a disposición del barrio.

Un barrio de 3.000 vecinos sin espacios públicos

La importancia de Can Pasquet se entiende mejor al recorrer Son Sardina. El núcleo conserva todavía un marcado carácter de pueblo pese a formar parte del municipio de Palma. Su origen se remonta a la época islámica, relacionado con las antiguas redes de agua y molinos de la zona, y durante los siglos XVII y XIX se consolidó como un pequeño núcleo de agricultores, jornaleros y artesanos. La agricultura fue durante siglos la actividad dominante hasta que el crecimiento residencial fue transformando progresivamente el territorio.

Ese carácter de pueblo sigue siendo una de sus principales señas de identidad. Son Sardina está separado físicamente del centro de Palma -casi cinco kilómetros lo separan ambas zonas- y mantiene una estructura urbana de casas bajas, caminos estrechos y antiguas posesiones, rodeada por zonas residenciales y grandes áreas de servicios como Son Castelló, Son Reus o la Universitat. Son Sardina cuenta con más de 3.000 habitantes y mantiene una intensa actividad asociativa y festiva. Pero esa vida comunitaria se desarrolla, más allá del colegio y el centro de salud, sin una red suficiente de espacios públicos municipales.

Una deuda pendiente desde los años ochenta

Lo ilustra, en declaraciones a elDiario.es, Antoni Marimón, vecino del núcleo y catedrático de Historia Contemporánea. Marimón resume el problema en una “falta crónica de equipamientos públicos” a pesar de la fuerte identidad comunitaria del barrio. La ausencia de espacios que sean realmente de titularidad municipal impide que las asociaciones dispongan de lugares donde reunirse, los mayores, de instalaciones accesibles, y los niños y jóvenes, de zonas de encuentro.

El historiador sitúa el origen del problema urbanístico de Can Pasquet a comienzos de los años ochenta. Según explica, el planeamiento de aquella época ya contemplaba que el espacio terminara destinado a equipamientos. El sistema previsto era complejo: la propiedad debía ceder el terreno al Ayuntamiento a cambio de que se permitiera determinada edificación. El mecanismo nunca llegó a ejecutarse. “Esperas y esperas y no se llega a cumplir”, resume el historiador.

La consecuencia ha sido una larga sucesión de propietarios y oportunidades frustradas. Marimón asegura que el solar ha pasado por “cinco o seis manos” desde entonces y que incluso otros gobiernos municipales intentaron abordar su adquisición. El problema, añade, es que el sistema urbanístico previsto no llegó a funcionar. Ahora, por primera vez en años, el Ayuntamiento había dado la impresión de que la operación estaba encarrilada. El PP llegó a incluir en su último programa electoral la construcción de la plaza de Can Pasquet: “Invertiremos en Son Sardina y haremos realidad las peticiones de los vecinos”, prometía la formación.

Mientras tanto, Genís, miembro de la Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga, introduce otra dimensión: la de los jóvenes que ya no pueden quedarse en la zona. Él mismo ha tenido que marcharse. En conversación con este periódico, cuenta que entre el grupo de unos 30 jóvenes que participa en las fiestas son Sardina apenas quedan unos pocos viviendo allí; muchos se han trasladado a Palma o a otros municipios porque consideran imposible acceder a una vivienda en el núcleo sin disponer de tierras, una casa familiar o una herencia. “Si no tienes preparado un milloncito para gastar, no te puedes quedar”, explica. Vincula esa expulsión de población joven al encarecimiento de la vivienda, la especulación y la turistificación.

Para él, la reivindicación de Can Pasquet forma parte de algo más amplio: qué tipo de pueblo quiere seguir siendo Son Sardina y si podrá conservar una vida comunitaria propia mientras aumenta la presión inmobiliaria.

En agosto de 2025, la Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga ya alertaba de la situación del solar de Can Pasquet y del riesgo de que acabara en manos privadas. Los vecinos recordaban que el pleno de Palma había aprobado en mayo de 2024, con el apoyo del PP, instar al equipo de gobierno a adquirir los terrenos para construir una plaza pública después de que las asociaciones del barrio reclamaran también un casal. La entidad denunciaba que, pese al compromiso municipal y a las más de 1.000 firmas recogidas en cuatro meses, el Ayuntamiento no había informado de ningún avance y persistía en un “silencio” que dejaba en el aire el futuro del solar.

La preocupación vecinal aumentó al aparecer en la parcela un cartel de Solvia que anunciaba su disponibilidad. La Assemblea advertía además de que el solar, pese a estar reservado en el Plan General para espacios libres y equipamientos, podía quedar expuesto a promociones privadas si Palma aplicaba la nueva legislación urbanística aprobada entonces por el Parlament. Los vecinos reclamaban así que Cort materializara su compromiso y evitara que Can Pasquet acabara vendido al mejor postor, frustrando la oportunidad de dotar a Son Sardina de una plaza y un casal públicos.

En anuncios localizados por este periódico, la parcela de 1.751 metros cuadrados llegó a ofrecerse por 180.700 euros, a razón de 103 euros por metro cuadrado, mientras que otro portal situaba el precio de venta en 210.000 euros. Apenas ocho días después de que el Ayuntamiento habilitase 237.976 euros para hacer frente a la adquisición, el solar acabó en manos privadas.

El interés del solar no reside únicamente en su ubicación, sino también en su situación urbanística. Como señala Miramón, Can Pasquet arrastra desde los años ochenta una ordenación que nunca llegó a ejecutarse y que ha ido cambiando con las sucesivas revisiones del planeamiento. La aprobación del Plan General de 2023 y la posterior caída del Plan de Ordenación Detallada han añadido incertidumbre sobre el futuro urbanístico del espacio. Esta circunstancia introduce una variable económica relevante: cualquier modificación futura que mejorase las condiciones urbanísticas de la parcela y aumentase su aprovechamiento podría incrementar de forma significativa su valor.

El Ayuntamiento asegura que peleará el solar

En medio de esta incertidumbre, el Ayuntamiento asegura que no ha renunciado al proyecto. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Consistorio, que remite a un comunicado reciente en el que, subraya, desde que el alcalde anunció su compromiso de adquirir la parcela, la Administración inició las gestiones pertinentes con la entidad bancaria entonces propietaria de la misma.

El Consistorio asegura que, desde entonces, trabaja para encontrar una solución y señala que actualmente está negociando con el propietario para alcanzar un acuerdo de compraventa. Si no fuera posible, el Ayuntamiento asegura que iniciará el correspondiente procedimiento de expropiación. La intención municipal es mantener el proyecto: un nuevo casal de barri y una biblioteca, una plaza pública y, como posibilidad adicional, un aparcamiento que contribuya a aliviar el déficit de estacionamiento de la zona. Cort asegura, además, que el diseño de los futuros equipamientos contará con la participación de las asociaciones vecinales y entidades del barrio.

El Ayuntamiento está negociando con el propietario para alcanzar un acuerdo de compraventa. Si no fuera posible, iniciará la expropiación

La oposición también ha cargado contra la gestión del Ayuntamiento. El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha reclamado explicaciones y responsabilidades políticas al equipo de gobierno por la venta de Can Pesquet a una inmobiliaria y ha cuestionado que Cort no lograra cerrar la compra del solar que había anunciado. Por su parte, Més per Palma ha resumido su crítica en una frase: “Martínez lo prometió. El PP lo ha dejado perder”. El regidor Miquel Àngel Contreras sostiene que el alcalde generó “una expectativa ante todo Son Sardina” al anunciar una plaza, un casal de barri y un aparcamiento y ahora debe explicar por qué el Consistorio no llegó a adquirir el terreno.

El manifiesto leído durante la concentración reclama que el Ayuntamiento adquiera inmediatamente el solar y comience el proyecto de plaza y casal. La Assemblea Popular reivindica además que estos espacios sean públicos y tengan en cuenta los proyectos elaborados por los propios vecinos. El mensaje de fondo es que Can Pasquet no se considera una infraestructura más. Las entidades recuerdan que la falta de espacios municipales dificulta incluso organizar las fiestas y las actividades asociativas. Los vecinos, después de décadas de espera y de una promesa que terminó coincidiendo con una venta privada, quieren saber cuándo. Porque, como resumía el manifiesto de la concentración, “no es una necesidad ni una promesa: es un derecho”.

El Campamento Dignidad nació en Extremadura en plena resaca de la crisis económica y financiera de 2008. Trece años después, las tiendas de campaña ya no ocupan las calles como entonces, pero algunas de las preguntas que dieron origen al movimiento siguen abiertas: qué ocurre cuando una familia no puede acceder a una vivienda, cuando una prestación no llega, cuando una persona sin hogar no puede empadronarse o cuando incluso cubrir una necesidad fisiológica se convierte en un problema. La actualidad ha devuelto al colectivo a uno de los escenarios donde comenzó una de sus principales batallas: la vivienda.

En Badajoz, Campamento Dignidad trabaja hoy para que se regularice la situación de diez familias que recuperaron viviendas vacías en el barrio de Suerte de Saavedra, antiguos inmuebles vinculados a la Guardia Civil que quedaron abandonados tras el traslado de los agentes. La Junta de Extremadura plantea actuar sobre esos inmuebles, pretende recuperar y rehabilitar parte de las viviendas, mientras las familias reclaman una alternativa habitacional antes de cualquier desalojo. Para el movimiento, el conflicto representa la continuidad de una reivindicación que atraviesa más de una década de actividad: que las viviendas vacías se utilicen para garantizar el derecho a un techo. “Estamos intentando que se legalice la situación de diez familias que recuperaron su vivienda en el barrio de Suerte de Saavedra”, explica Juan Viera, uno de sus portavoces históricos.

El origen del conflicto se encuentra en un conjunto de 90 viviendas que quedaron vacías tras la salida de la Guardia Civil del barrio. Primero quedaron bajo la titularidad del Ministerio del Interior y, con el paso del tiempo, la Junta de Extremadura asumió su gestión. En ese intervalo, cuando los inmuebles llevaban años abandonados, diez familias entraron a vivir en diez de esas casas. Viera recuerda aquel momento como el inicio de una reivindicación que no ha cesado: viviendas públicas sin uso frente a familias sin alternativa. Desde entonces, Campamento Dignidad ha defendido que esos inmuebles pasaran definitivamente a manos de la Administración autonómica y que se reconociera la situación de quienes ya los habitaban. “Empezamos la batalla para que, en primer lugar, las viviendas del Ministerio pasasen a la Junta de Extremadura y después que la Junta de Extremadura legalizara la situación de las familias”, resume.

Destino de los inmuebles

El movimiento cuestiona ahora el destino de parte de los inmuebles. Según Viera, la Junta ha habilitado 40 viviendas y las ha entregado a Cáritas para su gestión, mientras el colectivo reclama participar en las decisiones sobre la adjudicación. “La Junta de Extremadura ha habilitado y preparado 40 y no sabemos por qué se las ha entregado a Cáritas. Cáritas hará lo que le parezca con ellas. Nosotros estamos pidiendo participar en la decisión, en la concesión de esas viviendas”, afirma. La Junta ha planteado actuar sobre las viviendas pendientes y reservar diez para una actuación posterior, según la reconstrucción del colectivo. Las familias ocupantes reclaman que su situación sea tenida en cuenta antes de cualquier salida. Campamento Dignidad ha anunciado nuevas movilizaciones: “Tenemos el día 15 una movilización en Badajoz y seguiremos con ello para que se asignen por parte de la Junta de Extremadura las viviendas a estas familias”, avanza Viera.

El conflicto actual tiene una particularidad: la Administración autonómica también pretende que los inmuebles formen parte de la solución al problema de la vivienda, pero el desacuerdo está en quién debe acceder a ellos y qué debe ocurrir con quienes ya viven allí. Para Campamento Dignidad, la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas sociales de Extremadura. Desde sus primeros meses, el colectivo denuncia la contradicción entre promociones vacías y familias sin alternativa residencial. Durante los años más duros de la crisis señaló viviendas inacabadas, inmuebles de entidades financieras y promociones públicas sin uso. En Mérida, uno de los focos fue la urbanización Los Álamos; en Badajoz, Suerte de Saavedra se convirtió en uno de los escenarios más prolongados. Su posición se ha mantenido: aumentar el parque público, utilizar las viviendas vacías y garantizar que ningún desalojo deje a una familia sin alternativa. Viera considera que el problema continúa agravándose. “La cuestión de la vivienda es un problema fundamental ahora mismo en Extremadura y estamos haciendo todo lo que podemos”, sostiene.

La reivindicación enlaza con la evolución del mercado inmobiliario: la dificultad no afecta solo a personas sin ingresos, sino también a trabajadores con salarios insuficientes para afrontar los precios del alquiler. Campamento Dignidad ya advertía que el problema extremeño no era únicamente el precio, sino la insuficiencia del parque disponible para quienes no pueden competir en el mercado privado.

Sinhogarismo

La agenda del movimiento se ha ampliado desde aquellos primeros años. Uno de los nuevos frentes es el de las personas sin hogar. “En Mérida, en Cáceres y en las grandes localidades hay muchas personas sin hogar que viven en la calle, en los portales, debajo de las obras”, relata Viera. Pero el problema no termina con la falta de un techo: las personas que viven en la calle encuentran dificultades para acceder a espacios básicos de la vida cotidiana, entre ellos algo tan elemental como utilizar un aseo. “Cuando tienen necesidad fisiológica, en algunos restaurantes no les dejan entrar porque están estigmatizados por una circunstancia o por otra y en la calle, la Policía los multa. Entonces, ¿dónde van?”, plantea. De ahí surge una de las reivindicaciones más llamativas del movimiento: la instalación de aseos públicos gratuitos y accesibles. La demanda parte de una cuestión de dignidad, pero también de salud pública, convivencia e igualdad en el uso del espacio urbano. El colectivo considera que no basta con reclamar ciudades turísticas, accesibles y cuidadas si quienes viven en ellas en las condiciones más extremas no tienen siquiera un lugar donde cubrir sus necesidades fisiológicas. “Y no es solo por ellos, sino también por la cuestión turística. Tanto que hablan del turismo, pues que se preocupen por este tema”, señala Viera.

La reivindicación coloca en el debate una dimensión poco visible del sinhogarismo: no se trata solo de dónde duerme una persona, sino de cómo puede desarrollar las actividades más básicas de la vida cotidiana cuando no dispone de un espacio privado.

La escena que describe Viera —una persona sin hogar buscando un lugar donde simplemente poder orinar o asearse, recibiendo negativas en los bares y multas en la calle— revela hasta qué punto la ciudad puede volverse hostil cuando no se dispone de un espacio propio. La necesidad fisiológica, que en cualquier hogar se resuelve sin pensarlo, se convierte en un recorrido humillante y, a veces, sancionable. No es solo un problema de higiene o de salud pública: es la constatación de que la vida urbana está diseñada para quienes pueden pagar por cada gesto cotidiano. Campamento Dignidad insiste en que esta vulneración silenciosa de derechos básicos muestra la crudeza del sinhogarismo en su forma más íntima, allí donde la dignidad se juega en lo más elemental: poder ir al baño sin ser expulsado, señalado o castigado.

Empadronamiento

Otro frente abierto es el del empadronamiento. El colectivo acompaña a personas vulnerables ante los servicios sociales y denuncia especialmente las dificultades de quienes viven en la calle para figurar en el padrón municipal. “Estamos batallando para que se empadrone a la gente”, explica Viera. La inscripción padronal acredita la residencia y es esencial para acceder a prestaciones, servicios y derechos. El colectivo denuncia que algunas personas sin hogar permanecen sin empadronar. “Por ley es una obligación de los municipios, pero así y todo muchos municipios se oponen a empadronar a gente que vive en la calle”, sostiene. Campamento Dignidad mantiene este conflicto especialmente con el Ayuntamiento de Mérida. La consecuencia, según Viera, es una cadena de exclusión: “Si no tiene empadronamiento, pues no hay nada”.

Acompañamiento

El acompañamiento constituye una de las señas de identidad del movimiento desde su nacimiento. No se limita a convocar concentraciones: acompaña a familias ante los servicios sociales, participa en negociaciones y ayuda a personas vulnerables a realizar trámites. “Estamos acompañando a muchas familias a los servicios sociales, sobre todo de Mérida”, explica Viera. Ese papel no siempre resulta cómodo para las administraciones. El portavoz asegura que el colectivo ha encontrado dificultades para acompañar a familias en los servicios sociales municipales. “Tenemos problemas en los servicios sociales municipales cuando acompañamos a familias porque no nos dejan”, afirma. La presencia de una organización junto a una persona usuaria cambia la relación con la Administración: ya no acude sola, sino acompañada por un colectivo que conoce sus derechos y reclama explicaciones. Es una práctica heredada de los movimientos sociales surgidos durante la crisis hipotecaria y que Campamento Dignidad ha convertido en parte estable de su actividad.

Histórico

El movimiento nació el 20 de febrero de 2013 en Mérida. Personas desempleadas y demandantes de prestaciones sociales se concentraron ante las oficinas del Servicio Extremeño Público de Empleo y decidieron instalar allí un campamento para reclamar trabajo, protección social y una renta básica. La experiencia conectaba con el 15M y con las Plataformas de Afectados por la Hipoteca. La acampada se extendió a Plasencia, Almendralejo y Badajoz. Las tiendas se convirtieron en una imagen de la crisis social extremeña. Pero el movimiento no se limitó a permanecer en la calle: construyó una red de apoyo mutuo que combinaba protesta, acompañamiento y organización comunitaria. Su idea central era que las personas afectadas por la pobreza no fueran consideradas únicamente receptoras de ayudas, sino sujetos activos de las reivindicaciones.

La primera gran batalla política fue la renta básica. La Asamblea de Extremadura aprobó en mayo de 2013 la Ley 3/2013, de 21 de mayo, de renta básica extremeña de inserción, que reconocía un derecho subjetivo vinculado a requisitos económicos y a un Proyecto Individualizado de Inserción. La fecha requiere una precisión: la ley fue aprobada el 21 de mayo y publicada en el DOE el 23. El modelo estaba lejos de la renta básica defendida por el movimiento, que reclamaba una prestación universal, individual, incondicional y suficiente. La Administración articuló una renta mínima condicionada. Ahí apareció uno de los debates centrales: si la protección frente a la pobreza debe plantearse como una prestación asistencial sometida a condiciones o como un derecho económico universal.

Continúa el debate

La aprobación de la ley no puso fin a las movilizaciones. Campamento Dignidad denunció retrasos, obstáculos burocráticos y falta de recursos. La crítica se dirigió tanto al Gobierno del PP de José Antonio Monago como al Ejecutivo socialista de Guillermo Fernández Vara. El problema iba más allá del dinero disponible: se trataba de si una persona en situación de pobreza podía realmente ejercer el derecho reconocido. Las protestas se sucedieron y el movimiento reclamó más recursos para garantizar el pago de las prestaciones. La regulación ha cambiado desde entonces: la Renta Básica Extremeña de Inserción fue sustituida por otros modelos y hoy existe la Renta Extremeña Garantizada. Pero el debate sobre suficiencia, requisitos, burocracia y capacidad real de las prestaciones para sacar a una persona de la pobreza permanece.

La vivienda se incorporó pronto a la agenda. Campamento Dignidad acompañó a familias amenazadas por desahucios y señaló viviendas vacías. En Mérida puso el foco en promociones sin terminar; en Badajoz, en Suerte de Saavedra. El repertorio de acción fue directo: concentraciones, acampadas, ocupaciones reivindicativas, acompañamientos, encierros y protestas ante responsables políticos. El objetivo era desplazar al espacio público conflictos que habitualmente permanecían encerrados en expedientes administrativos o procedimientos judiciales. El movimiento asumió así una de las características fundamentales de los movimientos surgidos tras el 15M: transformar un problema individual en un conflicto colectivo.

También recurrió a los escraches. En 2013, varios integrantes protagonizaron acciones de señalamiento ante responsables políticos durante la tramitación de la renta básica. Uno de los episodios judicializados fue el escrache ante el domicilio del dirigente del PP Carlos Floriano. Los seis integrantes juzgados fueron absueltos. La estrategia generó una intensa controversia sobre los límites entre la protesta política y las conductas sancionables. El movimiento defendía la legitimidad de señalar a responsables políticos cuando consideraba que las instituciones no respondían a situaciones de emergencia social.

El episodio judicial más conocido fue la entrada de activistas en el Centro Territorial de TVE en Mérida el 11 de febrero de 2014 durante la emisión del informativo regional. Pretendían reivindicar los retrasos en la renta básica. La acción interrumpió la emisión y acabó en los tribunales. Las primeras diligencias hablaron de 19 detenidos, aunque el procedimiento que llegó al TSJEx quedó referido a 18 activistas. Nueve aceptaron una conformidad con una multa de 540 euros; los otros nueve rechazaron el acuerdo. Entre ellos estaba Eugenio Romero, posteriormente diputado de Podemos. El TSJEx condenó a los nueve a multas de 900 euros por desórdenes públicos. El Supremo confirmó la condena. La causa se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos del colectivo y en un ejemplo de la tensión entre la acción directa y la respuesta penal del Estado.

Nuevos retos

La actividad actual demuestra que Campamento Dignidad no se ha quedado anclado en 2013. La inflación, el encarecimiento de la vivienda, el sinhogarismo, la precariedad laboral, el acceso a los servicios públicos y la burocratización de las prestaciones han ampliado su agenda. En 2022, Viera denunciaba que la legislación de vivienda no abordaba suficientemente el problema extremeño y reclamaba utilizar viviendas vacías de entidades bancarias y organismos públicos para alquiler social. En 2023 volvió a situar la pobreza, las prestaciones sociales y la vivienda en el centro de las protestas. Y en 2026 el conflicto de Suerte de Saavedra demuestra que la vivienda sigue siendo una de sus principales líneas de actuación. RTVE recogía este mes la posición del colectivo en defensa de las familias y su petición de que no se produzcan expulsiones sin alternativa habitacional.

Existe además una dimensión asistencial que convive con la protesta. Viera recuerda la colaboración histórica con Cruz Roja y el reparto de alimentos que llegó a alcanzar cerca de 100.000 kilos anuales. El apoyo material constituye otra parte de la red construida por el movimiento. Pero para sus integrantes la ayuda directa no sustituye la reivindicación política: ambas se complementan. Se atiende una necesidad concreta mientras se denuncia la estructura que la provoca. Ese modelo —apoyo mutuo, acompañamiento y movilización— constituye una de las principales herencias del Campamento Dignidad.

Más de trece años después de aquella primera acampada, Campamento Dignidad sigue ocupando un espacio particular en la política social extremeña. No es una institución pública. No es una ONG asistencial convencional. Tampoco funciona exclusivamente como plataforma de protesta. Es una combinación de acompañamiento, denuncia, movilización, negociación y acción directa. Su historia permite observar la transformación de las demandas sociales en Extremadura: en 2013, el principal reclamo era una renta básica; después llegaron los desahucios y la vivienda; ahora se suman el sinhogarismo, el empadronamiento, el acceso a los servicios sociales, los aseos públicos, la atención administrativa y la defensa del parque público. La pregunta de fondo apenas ha cambiado: ¿qué ocurre cuando un derecho existe sobre el papel pero una persona no puede ejercerlo en la práctica?

En Suerte de Saavedra, diez familias esperan una solución mientras la Administración prepara viviendas públicas. En las calles de Mérida y Cáceres, personas sin hogar necesitan un lugar donde dormir, pero también un lugar donde hacer algo tan básico como utilizar un aseo. Y en los servicios sociales, Campamento Dignidad sigue acompañando a personas que intentan abrir la puerta de un sistema del que, en demasiadas ocasiones, se sienten expulsadas. “Nosotros nacimos en la batalla y siempre estamos ahí, en la batalla por las cuestiones sociales”, resume Viera. Trece años después, aquella batalla ya no tiene una sola tienda de campaña ni una única reivindicación: tiene diez familias esperando una vivienda, personas sin hogar buscando un baño, ciudadanos intentando empadronarse y una organización que sigue intentando convertir esas situaciones individuales en una cuestión colectiva. La acampada terminó, pero el conflicto social que la hizo posible, para Campamento Dignidad, todavía no.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la cesión gratuita de la propiedad del antiguo silo de almacenamiento de cereales de Porzuna al Ayuntamiento de la localidad con el objetivo de que el inmueble pueda seguir destinándose a usos, servicios, actividades e infraestructuras de carácter público y de interés general en beneficio de los vecinos y vecinas.

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha informado de esta cesión, que supone dar un paso más en la colaboración entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Porzuna. El inmueble, situado en la carretera de Los Cortijos, cuenta con una superficie aproximada de 6.900 metros cuadrados y está vinculado históricamente a la actividad agraria del municipio.

Blanca Fernández ha explicado que la Junta de Comunidades ya había cedido gratuitamente el uso del silo al Ayuntamiento de Porzuna en octubre de 2017, por lo que el Consistorio viene utilizando desde entonces las instalaciones para distintos servicios municipales.

Ahora, tras la solicitud formulada por el Ayuntamiento el pasado mes de junio, el Gobierno regional ha tramitado y aprobado la cesión de la propiedad en apenas dos meses.

Recursos públicos al servicio de la ciudadanía

“Con esta cesión reforzamos nuestro compromiso con Porzuna y con la colaboración institucional, porque queremos que los recursos públicos estén al servicio de los ciudadanos y que este inmueble pueda seguir acogiendo servicios que beneficien directamente a los vecinos y vecinas”, ha señalado la delegada de la Junta.

La representante del Ejecutivo autonómico ha subrayado que la decisión permite al Ayuntamiento disponer de plena propiedad sobre un inmueble que ya venía utilizando para atender distintas necesidades municipales y que, a partir de ahora, podrá seguir desarrollando y ampliando sus usos de acuerdo con las necesidades de la localidad.

En este sentido, el Consistorio de Porzuna ha venido destinando las instalaciones a cochera, almacén y báscula, además de albergar la sede del retén contra incendios, entre otros usos vinculados a la prestación de servicios de carácter público.

Campamento Dignidad sostiene que la residencia acumula deficiencias desde hace meses y que la falta de agua caliente es solo el episodio más grave de un conjunto de problemas que afectan al día a día de los mayores. Entre ellos, señalan la avería de la puerta de entrada, la inutilización completa de dos de los servicios sanitarios y otras incidencias que, según la asociación, dificultan el funcionamiento cotidiano del centro y generan preocupación entre residentes y sus familiares.

Un representante de las familias vinculado a la organización se reunió con la dirección de 'La Coronada' para trasladar las quejas y pedir que se actúe con la mayor rapidez posible. Según explica, algunas familias han optado por sacar temporalmente a sus mayores ante la imposibilidad de garantizar un aseo adecuado y la falta de una solución inmediata.

El SEPAD reconoce la avería en la caldera y asegura que la atención ha estado garantizada, aunque admite que la maquinaria actual no permite abastecer a todos los usuarios en las horas punta de aseo. El organismo explica que la caldera averiada es una instalación fabricada a medida para el sistema de climatización del centro, lo que está retrasando su sustitución. Como medida de urgencia, anuncia la instalación de termos eléctricos en las distintas plantas de la residencia esta misma semana.

La Junta sitúa la situación de 'La Coronada' en un contexto más amplio de falta de mantenimiento acumulado en los centros residenciales y defiende que el actual Ejecutivo está trabajando para revertirlo. Según los datos facilitados, a cierre de 2025 las inversiones en residencias ascendían a 18,4 millones de euros, el mayor nivel de ejecución en dos décadas. En el caso concreto de 'La Coronada', el proyecto de reforma —valorado en más de un millón de euros— ya está redactado y cuenta con aprobación técnica.

Isabel, pareja de uno de los residentes, asegura que cada vez es más difícil vivir en este centro y lamenta que su pareja se haya visto obligado a marcharse “porque no funciona nada, incluso la comida cada vez es peor”.

Campamento Dignidad en boca de su portavoz, Juan Viera, insiste en que la prioridad debe ser garantizar condiciones dignas, seguras y estables para las personas mayores y reclama que la Administración actúe “lo más rápidamente posible” para corregir las deficiencias que afectan al centro y a la calidad de vida de sus residentes.

La presión asistencial en las Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres ha desencadenado una nueva renuncia en el servicio: el responsable de los residentes ha decidido abandonar sus funciones docentes ante la imposibilidad de organizar con garantías las rotaciones, las guardias y la formación de los médicos en especialización, en un contexto marcado por la falta de disponibilidad efectiva de facultativos y un aumento sostenido de la demanda asistencial.

La renuncia se interpreta como una medida más de presión ante el escenario que atraviesan las Urgencias en las últimas semanas. La carga asistencial está alcanzando un nivel que dificulta no solo garantizar la cobertura de las guardias, sino también desarrollar adecuadamente la labor docente encomendada.

Por este servicio pasan cada año residentes de numerosas especialidades. El número varía en función de la planificación de cada ejercicio, pero la rotación por Urgencias forma parte de la formación de una parte importante de los médicos que se especializan en el hospital. La presión asistencial está haciendo cada vez más complicado compatibilizar la atención a los pacientes con la supervisión, la enseñanza y el seguimiento de los médicos en formación.

No se trata únicamente de un problema de organización interna. La falta de disponibilidad efectiva de facultativos está afectando también a una de las funciones esenciales de cualquier servicio hospitalario: formar a los futuros especialistas.

Una segunda renuncia en pocos días

La salida de esta responsabilidad se suma a la dimisión de la coordinadora de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres, que se hará efectiva el próximo 30 de septiembre y que fue adelantada por elDiario.es. La coordinadora decidió abandonar el cargo después de meses de advertencias sobre las dificultades para mantener la cobertura asistencial de los dos hospitales cacereños.

Son responsabilidades distintas, pero los profesionales sitúan ambas decisiones en el mismo contexto de presión asistencial y falta de disponibilidad suficiente de facultativos.

La nueva renuncia llega además cuando el Colegio Oficial de Médicos de Cáceres ha reclamado al Servicio Extremeño de Salud que adecue la dotación efectiva de médicos de Urgencias a la demanda real. La organización ha advertido de que la sobrecarga sostenida aumenta el riesgo de errores e incidentes relacionados con la seguridad clínica y ha reclamado garantías específicas para la supervisión de los residentes. El Colegio insiste en que la suficiencia de la plantilla no puede medirse únicamente por el número de plazas existentes, sino por los facultativos realmente disponibles para atender la demanda diaria.

38 facultativos en plantilla, pero una disponibilidad efectiva menor

La discrepancia entre plantilla y disponibilidad real está en el centro del conflicto entre los profesionales y el SES. Un informe técnico fechado el 19 de agosto establece que la plantilla orgánica de Urgencias está formada por 38 facultativos adjuntos. Sin embargo, los profesionales sostienen que esa cifra no refleja la capacidad real del servicio, debido a bajas laborales, reducciones de jornada, exenciones de guardias y plazas vacantes.

El informe cifra en torno a 32 los facultativos que mantienen la cobertura efectiva de los dos hospitales cacereños y advierte de la falta de sustitutos suficientes para cubrir vacaciones, permisos, licencias, actividades formativas e incapacidades temporales.

El SES defiende que Urgencias cuenta actualmente con 38 facultativos y que la asistencia está garantizada. La Administración ha anunciado además la incorporación de seis médicos de refuerzo para hacer frente a las necesidades del servicio. El Colegio de Médicos ha valorado estas medidas, aunque considera que todavía es pronto para determinar su eficacia.

Las Urgencias atienden cada vez a más pacientes

La presión asistencial se produce en un servicio cuya actividad no deja de crecer. Las Urgencias atendieron a 74.134 pacientes mayores de 14 años en 2023, 78.678 en 2024 y 81.012 en 2025, lo que supone un incremento del 9,27% en dos años. Hasta el 31 de julio de este año habían pasado por el servicio 47.378 pacientes, 465 más que en el mismo periodo de 2025.

Para los profesionales, el aumento de la demanda hace que no sea suficiente con contabilizar las plazas existentes en la plantilla. Lo determinante es cuántos facultativos están disponibles para cubrir las guardias y atender a los pacientes en cada momento. Y esta disponibilidad condiciona de manera directa la organización de los residentes: las rotaciones requieren planificación, turnos y supervisores presentes durante la actividad asistencial.

El problema trasciende las guardias

La renuncia del responsable de los residentes pone el foco en una consecuencia menos visible de la presión asistencial: las dificultades para mantener la actividad docente del servicio. Los médicos deben atender el incremento de pacientes, cubrir las ausencias de sus compañeros y garantizar que los residentes reciben la formación correspondiente a sus rotaciones bajo la supervisión adecuada.

El Colegio de Médicos ha insistido en esta cuestión al reclamar que la actividad de los residentes se ajuste a su nivel de competencias y respete el modelo de responsabilidad progresiva y supervisión.

La nueva dimisión vuelve a situar sobre la mesa la situación de las Urgencias cacereñas. Tras la salida anunciada de la coordinadora, la renuncia del responsable de los residentes, que fue comunicada al SES el mismo día, evidencia que el conflicto afecta también a la estructura organizativa y docente del servicio.

Mientras el SES defiende que la asistencia está garantizada y anuncia nuevos refuerzos, (entre cuatro y seis médicos) los y las profesionales reclaman que se tenga en cuenta la disponibilidad real de médicos y no únicamente la plantilla orgánica. El debate se centra ahora en si los refuerzos anunciados serán suficientes para aliviar la presión asistencial y permitir que Urgencias recupere, además de capacidad asistencial, el tiempo y los recursos necesarios para formar adecuadamente a sus residentes.

Los nuevos diagnósticos corresponden a tres varones y una mujer de 12, 15, 36 y 45 años de edad, localizados en los municipios pacenses de Don Benito y Santa Amalia y en la localidad cacereña de Zorita. De los cuatro pacientes, solo el residente en Zorita ha requerido hospitalización y se encuentra ingresado en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, según informó el SES en un comunicado.

Con estos cuatro nuevos casos, Extremadura mantiene cinco pacientes hospitalizados: tres en el Hospital de Don Benito, uno en el de Mérida y otro en el de Cáceres. Dos pacientes han recibido ya el alta, uno en el Hospital de Mérida y otro en el de Don Benito.

Extremadura lidera la incidencia nacional

Aunque Andalucía ha registrado 51 casos, la mayoría concentrados en la provincia de Sevilla, Extremadura presenta una tasa de incidencia muy superior: 1,99 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 0,58 de la comunidad andaluza. Esto significa que, en proporción a su población, Extremadura tiene más del triple de casos que Andalucía, una situación que reproduce lo ocurrido en 2025, cuando la región extremeña concentró 39 de los 45 casos detectados en España, el 87% del total, y las cinco muertes registradas ese año, principalmente en la comarca de La Serena-Vegas Altas.

El balance nacional sitúa en 72 los casos confirmados de virus del Nilo Occidental en España en lo que va de temporada 2026. Además de los 51 casos andaluces y los 21 extremeños, Canarias confirmó el 19 de agosto su primer caso histórico, marcando la expansión del patógeno al archipiélago. En Andalucía, 19 de los 51 pacientes permanecen ingresados y un hombre de 82 años falleció el 5 de agosto en Dos Hermanas, la primera muerte de la temporada.

Plan pionero de vigilancia de vectores

Ante esta situación, el SES ha activado un plan pionero de vigilancia de vectores que incluye, por primera vez, la monitorización de garrapatas y mosquitos Culex, principal transmisor del virus. El dispositivo cuenta con 10 trampas fijas, ocho en Don Benito y dos en Cáceres, además de una trampa móvil, operativas desde mediados de julio hasta finales de octubre.

Las autoridades sanitarias extremeñas recomiendan a la población seguir una serie de medidas para evitar la proliferación de mosquitos y las picaduras. Entre las más importantes, eliminar aguas estancadas vaciando platos bajo macetas, cubos, juguetes, bebederos de animales y neumáticos; mantener en buen estado piscinas, estanques y balsas con cloración adecuada; tapar recipientes con agua situados en el exterior; y limpiar canalones de tejados y desagües de patios.

En cuanto a la protección personal, el SES aconseja vestir ropa de colores claros que cubra la mayor superficie del cuerpo, con manga larga, pantalones largos y calzado cerrado; utilizar repelentes e insecticidas autorizados para uso público; evitar jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el cabello, que atraen insectos; instalar mosquiteras en puertas y ventanas; y apagar luces innecesarias durante la noche, ya que atraen mosquitos.

Síntomas y tratamiento

El virus del Nilo Occidental se transmite principalmente por la picadura de mosquitos infectados del género Culex. El 80% de las personas infectadas no desarrolla síntomas, pero quienes los presentan pueden experimentar fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolores musculares o articulares, náuseas, vómitos y, ocasionalmente, erupción cutánea. En casos graves, que representan menos del 1% de los contagios, el virus puede provocar complicaciones neurológicas como meningitis o encefalitis, que requieren hospitalización.

No existe un tratamiento antiviral específico ni vacuna autorizada para humanos. La atención médica se basa en medidas de soporte: reposo, hidratación, control de la fiebre y tratamiento de complicaciones neurológicas cuando son necesarias.

El cambio climático y las condiciones de humedad en zonas de arrozales y marismas favorecen la proliferación del mosquito Culex, principal vector de transmisión. Los expertos señalan que la escasa circulación del virus durante 2025 pudo reducir la inmunidad de las aves silvestres, principales reservorios del patógeno, lo que explicaría el repunte de casos graves detectados este verano. El año 2025 fue el peor registrado hasta la fecha, con 159 casos y 20 muertes en toda España, la mayoría concentradas en el suroeste peninsular.

La Junta de Extremadura ha abierto una segunda convocatoria de emergencia para el transporte escolar después de que en la primera, planteada para cubrir 356 rutas, solo se haya propuesto la adjudicación de 91 itinerarios. La nueva convocatoria, comunicada por la Consejería de Educación el jueves al filo de la medianoche, incorpora 20 rutas más y eleva un 5% los precios respecto a la primera contratación.

Las empresas disponen ahora hasta el domingo 23 de agosto a las 23.59 horas para presentar sus ofertas, en una nueva carrera contrarreloj para garantizar el transporte escolar cuando quedan menos de tres semanas para el inicio del curso, previsto para el 10 de septiembre.

La nueva convocatoria llega apenas unas horas después de que Educación comunicara, a las 21.37 horas del jueves, la propuesta de adjudicación de 91 de las 356 rutas incluidas en la primera emergencia. Eso significa que permanecen pendientes 265 itinerarios de aquella primera convocatoria.

En cualquier caso, la dimensión del problema sigue siendo considerable: la Administración tiene que resolver en cuestión de días la cobertura de cientos de rutas para garantizar que el servicio esté disponible desde el primer día de clase.

Una segunda convocatoria que llega antes de cerrar la primera

La publicación de la segunda convocatoria se produce mientras algunas empresas todavía estaban esperando conocer el resultado de la primera. El plazo para presentar ofertas a las 356 rutas iniciales terminó el pasado lunes, 17 de agosto, a las 12.00 horas. Sin embargo, uno de los transportistas consultados por elDiario.es asegura que hasta este jueves desconocía si había resultado adjudicatario de alguna de las dos rutas a las que había concurrido con sus vehículos.

La comunicación de las primeras propuestas de adjudicación llegó finalmente a las empresas este jueves por la noche.

El empresario considera que, antes de abrir nuevos procedimientos, la Administración debería facilitar el resultado completo de la primera convocatoria, incluyendo no solo las empresas adjudicatarias sino también los importes por los que se ha adjudicado cada itinerario. “Si a una ruta han ido tres empresas, queremos saber a quién se la han dado y por cuánto importe”, señala. A su juicio, disponer de esa información resulta fundamental para comprobar la transparencia del proceso y poder comparar las ofertas presentadas. “Todavía estamos esperando que nos digan si me han dado alguna de las dos a las que opté”, explica.

La publicación de una segunda convocatoria mientras todavía se estaban conociendo las adjudicaciones de la primera le genera desconcierto: “¿Cómo van a sacar la segunda convocatoria si todavía estamos esperando que nos digan las adjudicaciones de la primera?”.

Un 5% más de precio

Una de las novedades de la segunda convocatoria es que la Junta ha decidido incrementar un 5% los precios respecto a los establecidos en la primera. La subida se produce después de que los transportistas hayan advertido del incremento de sus costes, especialmente por el combustible, y de que parte del sector esperase conseguir una mejora superior en las sucesivas contrataciones de emergencia.

Otro empresario consultado sostiene que algunas empresas están esperando a las últimas convocatorias para presentar sus ofertas y tratar de conseguir mejores condiciones económicas. Según su versión, el sector aspira a obtener alrededor de un 10% adicional en las nuevas rutas.

Su argumento es que el año pasado las empresas lograron una mejora aproximada del 20% y que ahora pretenden volver a presionar a la Administración. “Hay gente no va a concursar hasta que vayan llegando los días porque quieren volver a apretarle a la Junta como el año pasado”, sostiene.

La Junta finalmente ha aplicado finalmente una subida del 5% en esta segunda convocatoria, por debajo de ese incremento del 10% que, según el empresario, algunas compañías estaban esperando.

La paradoja del acuerdo marco

Otro transportista también cuestiona las condiciones económicas que afrontan las empresas que sí participaron en el procedimiento ordinario. En su caso, asegura que tiene cuatro rutas adjudicadas dentro del acuerdo marco por un periodo de dos años. Los precios, afirma, son los establecidos en aquel procedimiento y los considera insuficientes.

El empresario sostiene que esas rutas quedaron vinculadas durante dos años a unos precios que considera “ridículos”, mientras que las empresas que no participaron en el procedimiento ordinario o que esperan a las contrataciones de emergencia pueden terminar consiguiendo mejores condiciones económicas: “Nos dieron el precio que salió en el acuerdo marco y estamos hablando de que ese precio es ridículo”, afirma.

A su juicio, esta situación penaliza a quienes siguieron el procedimiento ordinario frente a quienes esperan a las contrataciones de emergencia para negociar unas tarifas superiores.

“Lo que no hay derecho es que uno que se porta mal, para cobrar, vaya a conseguir un 30% más”, se lamenta, en referencia a su previsión de que las empresas que esperan a las nuevas convocatorias puedan acabar obteniendo mejoras de alrededor de un 30% acumulado.

El origen: un concurso paralizado por un anexo

La actual sucesión de contratos de emergencia tiene su origen en la paralización del procedimiento ordinario para adjudicar las rutas del próximo curso. Según explica el transportista, las empresas habían dispuesto de aproximadamente un mes para presentar sus ofertas cuando la Administración decidió anular el procedimiento por un problema relacionado con uno de los anexos.

La discrepancia, según su relato, estaba relacionada con la forma de calcular la antigüedad de los vehículos. En uno de los documentos se establecía que debían calcularla las propias empresas y en otro anexo el cálculo aparecía realizado de otra manera.

El empresario considera que el problema podía haberse resuelto mediante una subsanación sin necesidad de anular el procedimiento: “Una hora antes de que se acabe el tiempo dicen que se anula todo por un anexo”, recuerda. A su juicio, la Administración podría haber concedido unos días para corregir el documento y continuar con la contratación.

La paralización obligó a la Junta a recurrir a la contratación de emergencia para intentar garantizar las rutas desde el inicio del curso.

Más de 5.000 euros pendientes desde junio

A los problemas con la contratación se suma, según este transportista, el retraso en el pago de servicios que ya ha realizado. El empresario asegura que la Junta todavía le debe más de 5.000 euros correspondientes a dos rutas realizadas durante el mes de junio. Pero esta no sería la única cantidad pendiente. También reclama el pago de otro servicio de transporte individualizado que presupuestó inicialmente en unos 38.000 euros.

Se trata de lo que en el sector denominan un coste de servicio. Según explica, el procedimiento consiste en que el empresario presenta un presupuesto para un transporte determinado y posteriormente el servicio se factura directamente al colegio. En su caso, asegura que recibió inicialmente un presupuesto de unos 38.000 euros para un servicio que había realizado. Sin embargo, la Administración le indicó que debía facturar en principio unos 17.700 euros.

El empresario explica que el servicio correspondía al transporte de dos estudiantes. Según su relato, a una de ellas la Junta le habría asignado alrededor de 17.000 euros para el transporte, mientras que la segunda “ni siquiera aparecía” inicialmente en la documentación. El resultado, denuncia, es que a estas alturas del verano todavía mantiene una cantidad importante pendiente de cobro: “Vamos a empezar el curso y todavía me deben 5.000 y pico euros por un lado y casi 21.000 por el otro”, afirma.

Según el empresario, la explicación que ha recibido es que no hay dinero para pagar. Si la situación no se resuelve, asegura que en septiembre tendrá que acudir a la Administración educativa para reclamar el importe pendiente y hablar el responsable del área de Educación al que identifica como interlocutor de estos servicios en Cáceres.

Una nueva carrera hasta el domingo

La segunda convocatoria abre ahora un nuevo plazo de apenas unos días. Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta las 23.59 horas del domingo. La incógnita es cuántas compañías concurrirán con los precios ahora incrementados un 5% y cuántas de las rutas quedarán finalmente cubiertas.

El sector ya contempla la posibilidad de que algunas vuelvan a quedar desiertas y de que la Administración tenga que recurrir a una tercera convocatoria de emergencia a partir del lunes si no consigue cubrir todos los itinerarios.

Todo ello ocurre mientras el procedimiento ordinario continúa pendiente y cuando apenas quedan unas semanas para el inicio de las clases.

La situación deja sobre la mesa tres problemas simultáneos para la Administración educativa: resolver cientos de rutas que todavía no tienen empresa adjudicataria, garantizar que el transporte funcione desde el 10 de septiembre y afrontar las reclamaciones económicas de empresas que aseguran tener servicios ya realizados y todavía pendientes de cobro.

Para los transportistas, además, queda pendiente una cuestión de transparencia: conocer el resultado completo de las adjudicaciones, las empresas que han obtenido cada ruta y los precios por los que se han contratado los servicios.

La sucesión de procedimientos de emergencia, tras la paralización del concurso ordinario, mantiene así al sector pendiente de una nueva convocatoria que se resolverá prácticamente contra el reloj.

El Ayuntamiento de Ciudad Real informa a la ciudadanía que, con motivo de la próxima jornada festiva de la Octava, para garantizar una correcta gestión de la recogida de residuos en la ciudad, de manera extraordinaria no habrá servicio de recogida de basuras durante la noche del viernes 21 de agosto al sábado 22 de agosto por parte del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

Desde el consistorio se solicita la “colaboración” de vecinos para evitar depositar residuos en la vía pública durante ese periodo, contribuyendo así a mantener la limpieza y el buen estado de la ciudad.

El Ayuntamiento agradece de antemano la comprensión y cooperación de la ciudadanía ante esta “medida puntual”.