Una banda azul de pavimento antideslizante recorre las calles de pizarra como un hilo rojo de Ariadna, esa guía que en el mito de Teseo permitía orientarse dentro del laberinto, y que en Pescueza acompaña a quienes ya no pueden confiar en su equilibrio. Se trata, sin duda, de una importante intervención urbana, pero también de un gesto de ternura colectiva, una estrategia organizada para evitar la dependencia y la soledad. En esta localidad cacereña, la vejez ha dejado de ser la antesala de la institucionalización —ese traslado forzoso a una residencia de mayores que rompe los vínculos, desarraiga y convierte el final de la vida en un proceso de separación— para convertirse en el eje de un modelo asistencial que ha devuelto vida, empleo y esperanza a un municipio que se negaba a desaparecer ante la impasividad imperante de las instituciones que siguen aferradas a modelos asistenciales más rígidos y centralizados. Menos humanos.

Y es que envejecer sin abandonar el propio hogar es el corazón del proyecto que ha transformado este pequeño pueblo del Valle del Alagón, donde apenas viven 151 personas y más del 60% supera los 60 años. Aquí, la respuesta al envejecimiento no ha sido desplazar a las personas a las residencias geriátricas más cercanas, sino adaptar el propio entorno para que puedan seguir viviendo donde siempre han vivido, con dignidad, autonomía y la compañía elegida, la que siempre han tenido, dando fondo y forma a este laboratorio de humanidad y demostrando que cuidar también es innovar.

Ese cambio de rumbo en la dinámica de cualquier localidad se materializó en el programa 'Quédate con nosotros', gestionado por la Asociación Amigos de Pescueza, nacida en 2011 con una idea sencilla pero radical: que nadie tenga que marcharse de su pueblo ni siquiera de su casa por hacerse mayor. Desde entonces, Pescueza ha tejido un sistema de cuidados que combina urbanismo adaptado, servicios asistenciales profesionales, participación vecinal y una ética clara: cada persona decide cómo quiere ser cuidada. Aquí no se prohíbe nada. Quien quiere ir a pescar, va. Quien quiere participar en talleres, participa. La libertad no se negocia para que la vida pueda seguir siendo vida y no un sucedáneo. Y para no caer en la temible infantilización que sufren la mayoría de las personas mayores.

A cielo abierto

Y es que Pescueza ha convertido su casco urbano en una especie de residencia a cielo abierto. Pasamanos en las fachadas, viviendas adaptadas, calles accesibles y servicios de proximidad que permiten que vecinos de más de 90 años sigan haciendo vida en su pueblo. Porque el modelo va mucho más allá de la intervención urbana. Se articula en torno a una plataforma integral de servicios que cubre necesidades sociales, sanitarias y emocionales: un Centro de Día municipal con atención sanitaria y actividades socioculturales; un Centro Residencial con una Unidad de Convivencia para diez personas, donde la vida se organiza como en un hogar; ayuda a domicilio y teleasistencia reforzada con sensores de movimiento y sistemas de televigilancia que permiten actuar rápido sin arrancar a nadie de su hogar; talleres de envejecimiento activo, ocio, formación y actividades comunitarias; asistencia jurídica, apoyo en gestiones y acompañamiento emocional; servicios cotidianos como transporte al médico en un coche eléctrico, compras o visitas a otras localidades; e incluso iniciativas que conectan el pueblo con el resto del mundo, como el intercambio de cartas con alumnado de un centro educativo francés.

Todos estos protocolos humanizados se sostienen con el enfoque de Atención Integral Centrada en la Persona, que prioriza la autonomía, respeta los ritmos individuales y rechaza cualquier forma de sujeción física o química. En Pescueza, cuidar es un acto de garantía de derechos, no un simple mecanismo de control.

Pero quizás y por si todo esto fuera poco, lo más interesante y esperanzador es que el proyecto funciona porque todo el pueblo se ha implicado. La Asociación Amigos de Pescueza, con 125 socios y 10 voluntarias y voluntarios, trabaja junto al Ayuntamiento, un equipo profesional de 15 personas —psicología, enfermería, terapia, animación sociocultural, auxiliares— y el apoyo de la Junta de Extremadura, la Diputación y Obra Social Caixa. La corresponsabilidad es la clave: aquí nadie se siente solo porque nadie cuida solo, ni es cuidado solo. La comunidad participa, decide, acompaña. El cuidado se convierte en un asunto global y estructural. Si alguien quiere vivir en su casa y sólo ir a comer con otras personas, se puede. Si quiere que le lleven la comida a casa, también. A cada persona, según sus deseos y necesidades.

Referente de gestión pública

Lo que resulta evidente es que el compromiso y la humanidad no son conceptos abstractos, sino valores encarnados por personas con nombres y apellidos: Cristina Iglesias, Agustina Fernández y José Vicente Granado.

Lo que hace unos años comenzó como una apuesta arriesgada y una visión de futuro dentro del ayuntamiento se ha convertido hoy en un auténtico referente de gestión pública que atrae la atención de todo el país. Este proyecto innovador, lejos de limitarse a una simple reforma local, ha trascendido por completo las fronteras del municipio, transformando de manera positiva la dinámica institucional de la localidad. En la actualidad, sus calles y dependencias municipales viven un constante ir y venir de delegaciones oficiales, técnicos y representantes que llegan con un propósito claro: comprender, aprender y replicar una fórmula de éxito que está revolucionando la gestión del bienestar social y el desarrollo económico.

Para comprender plenamente la magnitud de esta iniciativa, Cristina Iglesias se encarga de desglosar la realidad actual y el día a día de un modelo que ya está completamente consolidado. Según explica Iglesias, el verdadero éxito del proyecto no se mide únicamente en cifras o en indicadores técnicos, sino en el cambio profundo que ha experimentado la calidad de vida en el municipio. Detalla cómo las familias se han beneficiado directamente de los nuevos servicios, cómo se ha dinamizado la economía local y de qué manera se ha logrado fijar población, devolviendo el optimismo a las calles. Para ella, el mayor logro ha sido demostrar que un pueblo puede ser sinónimo de vanguardia y modernidad, logrando que los propios vecinos y vecinas se sientan orgullosos de un sistema público que funciona y que se ha convertido en el auténtico corazón de la comunidad.

Sin embargo, para entender este presente tan brillante es imprescindible viajar al pasado, un capítulo que Vicente Granado rememora con la precisión de quien vivió el nacimiento de una idea desde la absoluta nada. Cuando Granado ocupaba el sillón de la alcaldía (PSOE), lo que hoy genera admiración nacional era solo un boceto cargado de incertidumbres. Según relata el exregidor, el proyecto se puso en marcha en un contexto complejo, caracterizado por la escasez de recursos y el escepticismo inicial de quienes veían la propuesta como algo utópico o demasiado ambicioso para las capacidades del municipio. Granado recuerda aquellas primeras reuniones a puerta cerrada, los intensos debates técnicos para encajar las piezas legales y las largas jornadas dedicadas a tocar puertas en otras administraciones en busca de una financiación que no siempre era fácil de conseguir.

El inicio del proyecto requirió, en palabras del propio exalcalde, una enorme dosis de valentía política y firmeza para no dar marcha atrás ante los primeros obstáculos presupuestarios. Fue bajo su mandato cuando se diseñó la estrategia original, se gestionaron las primeras e imprescindibles subvenciones y se firmaron los convenios pioneros que sirvieron de cimientos. Granado rememora con especial viveza el momento en que se colocó la primera piedra, tanto física como simbólica, de un engranaje que buscaba romper con la inercia del estancamiento local. Para él, sembrar esa semilla requería una visión que superara los réditos políticos inmediatos, y ver hoy que aquel esfuerzo inicial ha florecido de esta manera es la mayor recompensa a los desafíos que marcaron el comienzo de todo.

La consolidación y el crecimiento de este modelo han alcanzado tal envergadura que la agenda institucional del Ayuntamiento se ha visto completamente reconfigurada. En la actualidad, tanto Cristina Iglesias como Vicente Granado trabajan codo con codo junto a la actual alcaldesa, Agustina Fernández, formando un equipo de anfitriones que personifica la continuidad, el relevo y el compromiso institucional del municipio. La expectación que genera su modelo de gestión es tan alta que, prácticamente todos los meses, este equipo se encarga de recibir a comitivas venidas de todos los puntos de la geografía española, coordinando agendas para dar respuesta a una demanda de información que no para de crecer.

Estas visitas abarcan un amplio espectro de la sociedad y la política nacional. Por un lado, alcaldes y alcaldesas de otras localidades de España recorreren el municipio buscando soluciones sostenibles y eficaces aplicables a sus propios territorios, especialmente aquellos que luchan contra la despoblación. Por otro lado, portavoces de diversas asociaciones sectoriales se suman a estos encuentros, atraídos por las sinergias público-privadas y la innovación social que el proyecto ha sabido estructurar de manera pionera. El nexo común entre todos los que viajan hasta la localidad es un diagnóstico idéntico: coinciden en que lo que se ha construido aquí es el verdadero camino a seguir para asegurar el porvenir de sus propias regiones, estudiando sobre el terreno un modelo que ya consideran la hoja de ruta del siglo XXI para garantizar el desarrollo sostenible de sus pueblos y mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos y vecinas.

Mejores números

Y gracias a estas personas y otras más, los resultados son más que visibles. Más de sesenta personas han sido atendidas en los distintos servicios, se han creado trece empleos directos en un municipio con escasa población activa y, tras años sin registrar nacimientos, han vuelto a nacer criaturas en el pueblo. La soledad no deseada se ha reducido y la calidad de vida general ha mejorado. En un territorio marcado por la despoblación, Pescueza ha invertido la lógica: reforzar los cuidados como infraestructura básica, no solo como política social, sino como política de territorio.

Y luego están los nombres realmente importantes, los de las protagonistas de esta historia. Herminia Sansón, a sus 87 años, es el alma y la voz del centro de día de Pescueza, convirtiéndose de forma natural en la encargada de atender a los medios de comunicación y responder con soltura a todo lo que le preguntan. Aunque es totalmente independiente, se levanta sola a las siete de la mañana y no necesita cuidados especiales, decidió acudir al centro porque a lo único que le teme es a la soledad, una realidad que aprendió a sobrellevar tras quedar viuda hace 24 años y sufrir la dolorosa pérdida de un hijo. Su casa está en la misma calle del centro, lo que le permite ir y venir a su antojo para disfrutar de actividades como el bingo o la lectura, una de sus grandes pasiones que practica con devoción y sin necesidad de gafas. Herminia, que vivió durante décadas en Barcelona trabajando duro en la limpieza de colegios, despachos y peluquerías, mantiene allí a su única hija; sin embargo, ha encontrado en sus vecinas y en el centro de día a su otra familia. Su vitalidad es tan desbordante que cada fin de semana se va sola a pescar durante un par de horas, aguantando de pie como nadie y regresando al pueblo para repartir peces entre todos, demostrando que la edad es solo un número cuando se tienen ganas de vivir y compartir.

Mientras Herminia es entrevistada, Julián, que no suelta la mano de su pareja Agustina, se ríe y asegura que nunca ha visto a nadie aguantar tanto tiempo de pie como ella. Aun así, él también quiere presumir de su buen estado de forma, recordando que cada día coge su coche para desplazarse y hacer recados. Tiene 94 años y su mujer 96. Casi toda su vida la pasaron en el País Vasco, pero decidieron volver a su pueblo tras jubilarse porque, como dice Julián, la tierra es la tierra. Agustina no tiene ganas de hablar pero la mano suave y arrugada de Julián, le guía por la vida.

Ausencia de marco legal

Sin embargo, no todo es idílico y el proyecto se mueve siempre en un terreno incierto. La falta de un marco legal que reconozca figuras como la del 'pueblo-residencia' obliga a esta iniciativa a competir en desigualdad con el modelo tradicional de residencias geriátricas. En España, el sistema de dependencia se sigue articulado en torno a prestaciones económicas y plazas residenciales, con escaso desarrollo de alternativas comunitarias en entornos rurales. La sostenibilidad del modelo pasa por adaptar la normativa y garantizar una financiación estable que no penalice la innovación social en el medio rural. Desde el municipio se denuncia la falta de un respaldo institucional global y permanente, lo que dificulta consolidar y ampliar el sistema que tiene más que demostrado su éxito.

El futuro del proyecto también depende de implicar a las generaciones intermedias —especialmente entre los 35 y los 65 años— y de consolidar una red profesional formada en este enfoque holístico humanista. Pescueza no está sola: municipios como Romangordo, en la misma provincia cacereña o Boltaña en Huesca, son algunos de los ejemplos que han comenzado a explorar modelos similares en un país que envejece y se vacían sus pueblos. Mientras tanto, Pescueza continúa desarrollando su propuesta, vinculando cuidados, empleo y vida comunitaria. El Festivalino, considerado el festival musical más pequeño del mundo y que ha celebrado su XIX edición en abril, forma parte también de esa estrategia: cultura, cuidados y territorio como herramientas contra el abandono.

Enmienda a la totalidad

Lo que está en juego en Pescueza va más allá de un modelo asistencial. Es una enmienda a la totalidad a la forma en que se han organizado los cuidados en España durante décadas. Frente a un sistema que ha tendido a externalizar la vejez, trasladándola a residencias, muchas de ellas en manos de grandes operadores, este lugar en el mundo plantea que envejecer en casa no es un privilegio, sino un derecho que debe ser garantizado desde lo público y desde lo cercano. La experiencia interpela directamente a las políticas públicas: ¿deben los cuidados organizarse en torno al mercado o en torno a la comunidad?; ¿es más eficiente concentrar o redistribuir?; ¿qué papel deben jugar los pequeños municipios en la arquitectura del Estado del bienestar?

En Pescueza, la respuesta ya está en marcha. No se trata solo de evitar que la gente se marche, sino de construir condiciones para que quedarse sea posible. En un país que envejece y se vacía, cuidar pasa necesariamente por atender pero también por decidir qué modelo de sociedad queremos desarrollar y sostener. Y aquí, en este rincón de Cáceres, esa decisión ha tomado forma de calles y casas adaptadas, puertas abiertas y vidas que continúan donde nacieron: En este último hogar a cielo abierto. Con la dignidad, respeto y cariño que se merecen todas y cada una de las personas que habitan esta tierra.

La inauguración el próximo mes de diciembre de dos centros de atención a la infancia (CAI) en Vallecas, uno para compilar declaraciones de riesgo y otro en apoyo al que ya existe, enfila la privatización de un servicio que actualmente cuenta con doce instalaciones de este tipo, de las que solo tres son todavía de gestión pública directa, al menos en su horario de mañana.

El Ayuntamiento de Madrid anunció esta semana que prepara estas dos nuevas instalaciones para “ampliar los recursos dirigidos a la intervención social con menores” en desamparo o riesgo grave, según se explicó en un comunicado. Y que también prepara un contrato de gestión privada para el resto, que podría vaciar de trabajadores públicos. Los números 1, 2 y 3, que cubren los distritos de Centro, Arganzuela, Ciudad Lineal y Usera, tienen en su plantilla a funcionarias que pasarán a uno de los nuevos centros, el que se dedicará exclusivamente a evaluar situaciones de riesgo social en menores. Es decir, aquellas cuya gravedad no implique separarlos de su familia.

Aunque el cambio es inminente –debe efectuarse antes de acabar el año–, tanto las trabajadoras públicas de estos recursos como sus representantes sindicales hablan de un “oscurantismo total”. La responsable de Servicios Sociales en Comisiones Obreras, Carmen Lara, denuncia que una decisión así se haya tomado “sin consultarlo antes con las partes” y, además, la considera una “pésima noticia” por “privatizar un servicio público” a expensas de los empleados.

“Sabemos que el Ayuntamiento reunió hace poco a las tres directoras de los CAI con gestión pública y les planteó esta posibilidad, la de una externalización. Aunque todo ha sido verbalmente. Lo único que ha quedado por escrito, y a lo que podemos agarrarnos, es al comunicado oficial del lunes, que es la única confirmación real que tenemos”, destaca Lara, que afirma haberse enterado de la decisión precisamente con esa nota. No le ha pillado de sorpresa: hace más de un año desde que empezaron a “oír rumores” sobre el tema, e incluso enviaron distintos escritos al departamento municipal responsable, el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad: “Nunca hemos obtenido respuesta”.

Un servicio a menores que ya era obligatorio

Por el momento, y a falta de nuevas noticias, la portavoz sindical admite no cerrarse a ningún escenario hasta que la situación se aclare. Hasta ahora, el gobierno de Almeida ha dado algunas pinceladas de lo que ocurrirá en diciembre. La idea es incorporar a “más profesionales” y añadir “procedimientos garantistas” que hasta ahora no se cubrían, dirigidos a niños y adolescentes cuyo cuidado en el hogar sea, o haya sido, negligente. En ningún momento se especifica que esta ampliación de la plantilla vaya a estar contratada directamente por la administración y, de hecho, esas garantías añadidas a las que también se alude en el anuncio llevan siendo obligatorias desde hace tres años, cuando se incluyeron en la ley autonómica 4/2023 de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia.

A preguntas de este periódico, desde el área municipal de Políticas Sociales confirman que el personal funcionario de la red de CAI “seguirá siendo el mismo y manteniendo el mismo puesto”, aunque todos se trasladarán al centro exclusivo para declaraciones de riesgo en menores; y recuerdan que este modelo de gestión indirecta “ya existía en gobiernos anteriores, incluyendo al de Ahora Madrid” con Manuela Carmena. También remarcan que el personal de los tres centros actualmente públicos reciben apoyo de otro programa de atención a la infancia en el entorno familiar, delegado en una empresa privada.

Aun así, las empleadas públicas que hoy trabajan en sus centros dicen ver demasiada letra pequeña. “Es cierto que a nosotras también nos perjudica, porque tendremos que cambiar de oficina para irnos a otro distrito y el Ayuntamiento va a asumir una competencia nueva [la declaración de riesgo con menores] que es farragosa, de la que aún no se nos ha informado por escrito”, destacan empleadas consultadas por Somos Madrid, que han preferido mantener su nombre en el anonimato. Actualmente, todas son funcionarias en los tres primeros CAI.

Las funcionarias tenemos una seguridad externa, sueldos más altos y condiciones estables que nos permite afrontar mejor ese día a día y centrarnos en el servicio público. Con una empresa privada, lo que importa es el negocio

El cambio les afecta directamente, pero insisten en que el gran damnificado es el servicio municipal de atención a la infancia. “Es sangrante”, opina una de las trabajadoras, para la que una externalización casi completa de la red supone una merma de su calidad. “Atender a menores en situaciones vulnerables no es fácil, y a veces afecta a tu propia salud mental. Las funcionarias públicas estamos más protegidas que el resto de los centros, porque nuestros sueldos son más altos y las condiciones, más estables. Es una seguridad externa que te permite afrontar mejor ese día a día y centrarte en tu desempeño público. Pero, con una empresa privada, lo que importa siempre es el negocio”, resuelve.

Pérdida de derechos laborales que influye en el servicio

También desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid (COTS) se han posicionado al respecto. “Siempre hemos mostrado nuestra preocupación por las consecuencias que la privatización de un servicio pueda tener sobre la ciudadanía”, mantienen desde el órgano colegiado, que aglutina a los profesionales del sector que ejercen en la región. En este sentido, valoran “positivamente” la ampliación de recursos o el aumento de profesionales, pero reiteran sus suspicacias respecto a la “progresiva externalización de la intervención especializada en materia de protección infantil”. “El interés superior de los niños se debe orientar no solo con resoluciones administrativas, sino también desde el modelo organizativo y de gestión de los recursos públicos”, añade el COTS, con una advertencia: “La privatización puede provocar que la responsabilidad pública se diluya y que, consecuentemente, también se devalúen sus garantías para la infancia”.

A su juicio, esto golpea directamente a la atención final y, concidiendo con los argumentos de CCOO, incide “de forma clara” en “la estabiliza de los profesionales que la prestan”. Consideran que trabajar para una empresa privada a través de una subcontrata implica más “rotación, precariedad, discontinuidad de equipos, pérdida del vínculo y desequilibrios entre recursos”, por lo que el personal debe desempeñarse entre “peores condiciones laborales y con unos márgenes económicos que repercuten en los recursos humanos”.

En base a lo que se conoce de momento, el Ayuntamiento de Madrid quiere que los 13 CAI –una vez se abran los nuevos– mantengan “las mismas funciones que hasta ahora”; labores como la atención social individualizada en familias con menores en situación de riesgo social o desamparo, el apoyo y seguimiento en familia extensa (cuando la red de parientes no incluye al padre o la madre y la forman abuelos, tíos o hermanos), así como otras acciones de prevención al maltrato y soporte técnico al resto de recursos. “No sé si eso puede hacerse sin la seguridad de una gestión pública”, dudan desde la plantilla, que compara el anuncio sobre la ampliación de la red con “un caballo de Troya”, en referencia al mito griego.

Privatizar la “aldea de Asterix y Obelix”

Además, las funcionarias de los Servicios Sociales, como es habitual en la administración, han superado un proceso de oposición que les acredita profesionalmente para el puesto que ocuparán. “Hemos trabajado con personal de otros CAI privados y sabemos que hay excelentes profesionales, pero también contratos más baratos a gente con poca experiencia, y casos en los que no se rellenan todos los datos obligatorios cuando se tramita una solicitud”, asegura, siempre según su versión, este grupo de trabajadoras.

El consistorio ha detallado que abrir un nuevo espacio ordinario de atención a la infancia contribuirá a “repartir la carga asistencial del centro que presenta el mayor volumen de trabajo en este momento”: el CAI 4, cubre a los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. De esta forma, esa sede continuará atendiendo a las familias en Puente de Vallecas mientras que el futuro centro número 13 asumirá la mitad de sus gestiones, absorbiendo el servicio en Villa de Vallecas.

En el anuncio de esta semana, también se hace mención al contrato para la gestión de los nuevos centros. El área municipal del ramo ya está redactando los pliegos para sacarlos a licitación y abrir un concurso entre las empresas interesadas. Hasta ahora, el resto de la red externalizada la dominan compañías como Grupo 5, la Asociación Centro Trama (en este caso, una ONG) o la Fundación Diagrama. En octubre de 2023, la organización Camenor (Centro de Apoyo al Menor y a la familia) obtuvo un contrato de servicios con nueve lotes para la atención en los CAI de Madrid. El presupuesto base de licitación rozó los siete millones de euros. “La gestión pública en tres centros para menores ha sido como la aldea de Asterix y Obelix: un reducto frente a la externalización. Así que lo vivimos con pena”, sentencian desde su plantilla.

“Todas las informaciones parten de una denuncia falsa. No hay demanda contra mí, así que todo cae por su propio peso”. Yolanda Estrada se ha zafado así de las preguntas y reproches de la oposición en un tenso pleno de la Junta de Chamartín, en el que Más Madrid, PSOE y Vox habían solicitado una comparecencia de la concejala presidenta del distrito que versara específicamente sobre las acusaciones por acoso laboral.

“La oposición se ha puesto de acuerdo para que yo aclare lo que un medio ha publicado. Algo absurdo, pues solo el medio podrá aclararlo. Me piden explicaciones por lo que se ha publicado rayando la difamación”, sostiene Estrada en su primera explicación pública sobre este asunto, después de que Somos Madrid informara el pasado 22 de abril acerca de dos denuncias por acoso laboral a las que este periódico ha tenido acceso.

Una se presentó el 23 de marzo ante los Juzgados de lo Social, dirigida contra la coordinadora del distrito Alicia Gregorio, y otra once días antes en la Inspección de Trabajo, en ese caso contra Estrada, Gregorio y el director general de Función Pública del Ayuntamiento, Juan José Blázquez (en su caso por “dejación de funciones”). Ambas describen un ambiente “hostil” con “hostigamiento”, “trato vejatorio”, “episodios de llantos” o “ceses indiscriminados”.

Para Estrada, en cambio, son ella y Gregorio las víctimas de una “campaña de difamación”: “Esto es un acoso económico y social. La víctimas somos esta persona [señalando a su coordinadora] y yo. En un estado de derecho, quien acusa tiene la obligación legal de demostrarlo. En una democracia, el honor es un derecho fundamental que nadie debe amenazar por intereses personales. Todas las informaciones publicadas por ese medio parten de una denuncia falsa. No hay demanda contra mí, así que todo lo demás cae por su propio peso. Le dan el pábulo de quien pretende enriquecerse desde un anonimato corrupto”.

La edil ha enumerado diversos documentos que, afirma, acreditan que no ha recibido requermiento judicial alguno. No ha aclarado si la Junta tiene constancia de la denuncia elevada a la Inspección de Trabajo, ni si Gregorio (sentada a su izquierda durante toda la sesión) tampoco ha sido notificada acerca del procedimiento judicial. Tampoco ha apuntado que la notificación podría producirse una vez sea admitida a trámite.

Ha llegado a comparar su situación con la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “ha sido demandado por acoso laboral y prácticas irregulares por la exresponsable de la Internacional Socialista”. Para Estrada, el líder del Ejecutivo “es libre para tomar la decisión que considere oportuna ante esa acción, que ha sido callarse”. Por contra, dice, en su caso “el periodista publica una noticia falsa y sin la demanda estoy expuesta con indefensión a una exposición mediática”. Adelanta además que no volverá a ofrecer explicacionens públicas sobre este asunto.

“A pesar de ello hemos respondido en el Ayuntamiento y a pesar de ello han continuado con el hostigamiento. Con una demanda, yo podría defenderme y presentar una querella por denuncia falsa. Pero como no existe entramos en un terreno diferente al de la Justicia. Estamos ante una bazofia moral y ética, un terreno en el que Mar Barberán y Enma López se sienten cómodas”. Estrada ha pasado entonces a una espiral de descalificaciones y ataques rescatados de la hemeroteca hacia las portavoces en Chamartín de Más Madrid y PSOE, respectivamente. También contra Vox, al que ha afeado “ponerse del lado de los comunistas”.

Un repaso a la actualidad y la hemeroteca de la oposición para eludir las acusaciones

“Desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde, defendemos una mayor transparencia”, afirma Estrada. “Es el PP quien garantiza la normalidad institucional frente a un Gobierno que en una legislatura no tramita unos Presupuestos, que según el Tribunal de Cuentas ha desviado dinero de fondos europeos a gastos corrientes [maniobra amparada por la Comisión Europea], que hace política exterior en función del despacho del presidente o que tiene a su mujer imputada por cuatro delitos”, ha enumerado la concejala. Ha reprochado a López que no condene las palabras de María Jesús Montero, que calificó de “accidente laboral” la muerte de dos guardias civiles mientras perseguían unas narcolanchas. “Nosotros defendemos a todos los empleados públicos, también esos guardias civiles o los jueces que el PSOE ataca”, ha aseverado, mientras la bancada socialista le echaba en cara usar el dolor de los fallecidos en servicio.

Estrada ha pasado luego a atacar a Más Madrid, no sin antes sugerir que si López “ha recibido algún sobre haría bien en reconocerlo”. En sus ataques al principal partido de la oposición, la edil se ha retrotaído al juicio contra Rita Maestre por su protesta en una iglesia para indicar que aunque finalmente no fue condenada el juez tachó su actuación de “irrespetuosa”. Estrada ha pasado después a arremeter contra sus “amigos de Bildu, que se defienden matando” e incluso contra Mónica Oltra. Finalmente, ha reprendido a Vox por “enfrentarse a todo el mundo: al PP, a la Iglesia católica y hasta entre ellos”.

La concejala, en las listas de Almeida aunque integrante la pasada legislatura del grupo del PP en la Asamblea de Madrid que lidera Isabel Díaz Ayuso, ha dedicado especial atención a dos puntos de las informaciones que han causado en ella un especial enfado. En primer lugar, su tortuosa relación con los vecinos del entorno del Santiago Bernabéu: “He mantenido 15 reuniones con vecinos, convocadas por mí o por terceros. Dejando mi número o llamando puerta a puerta, como hago con cualquier sector de Chamartín”.

Pero sobre todo se ha mostrado molesta con un aspecto recogido en una de las denuncias: el cese de la persona que precedió a Alicia Gregorio cuando el afectado por la destitución padecía una situación oncológica. “La falseded de algo tan vil demuestra que esa orquesta de difamadores quiere retratarme como un monstruo, destruir mi imagen pública y moral”.

“Me asquea el uso de la salud y del cáncer para acabar conmigo. Yo he padecido dos cánceres, mi madre falleció de ello y mi padre también. ¿En qué momento un desaprensivo ha podido afirmar algo tan grave contra mí? Ser paciente oncológica no me exlcuye de ninguna responsabilidad, pero es repugnante lo que ha ocurrido. La gentuza detrás de esta cacería usa el cáncer para hacerme daño. No me conocen si piensan que su fango va a anularme. Intentan ensuciar mi ética y mi imagen público y personal. Esto demuestra quienes somos las personas acosadas”, ha rematado.

Hasta ahora, la edil no se había pronunciado sobre las acusaciones. Tan solo las había negado al Ayuntamiento, según trasladó la vicealcaldesa Inmaculada Sanz después de que estallara el caso. Sanz también detalló que el Consistorio no ha recibido denuncias o informaciones sobre el caso a través de los protocolos laborales municipales establecidos para ello. Pese a ello la denuncia contra la Inspección de Trabajo también se dirige contra Juan José Blázquez, director de Función Pública en el Gobierno de Almeida, por una presunta falta de actuación.

Este periódico ha recopilado testimonios de personas que han estado o están vinculadas laboralmente a la Junta y corroboran las actitudes descritas en las denuncias. “Está jodiendo vidas”, asegura una persona sobre el día a día con Estrada. “Yo he sufrido acoso”, reconocía otra. Todo ello mientras las plazas vacantes han aumentado en Chamartín y un programa educativo distrital de apoyo al alumnado con necesidades especiales no ha sido renovado.

La oposición, unida contra Estrada: “No vamos a institucionalizar la violencia”

Estrada trató de reconvertir la peticion de la oposición de un pleno extraordinario en uno más genérico sobre politicas de personal, aunque finalmente no logró hacer prevalecer su propuesta en la Junta de Portavoces. Enma López ha destacado que la edil “ha conseguido algo imposible en estos tiempos: unanimidad, ante unas informaciones tan graves como las que hemos conocido, por las cuales no podemos mantener la normalidad”.

“Todo el respeto a la presunción de inocencia, pero nada nos importa más que conocer la verdad. Leyendo las informaciones no nos extrañan por la violencia institucional que vivimos cada día en estos plenos y en el distrito. Si eso hace en público, ¿qué no hará en privado? Hay asociaciones que han dejado de venir ante sus faltas de respeto. Me duele y me pregunto si no deberíamos haber dicho basta a sus formas mucho antes. Espero todas las explicaiones, si las acusaciones son ciertas, si lo sabía y lo ocultó, si las condiciones de los empleados públicos son las adecuadas. Queremos respuestas y responsabilidades. Estamos defendiendo el respeto de esta Junta y este Ayuntamiento porque son dos instituciones que merecen estar a la altura”, ha dicho López en una encendida intervención que ha acabado con aplausos (y con Estrada recordando que no está permitido aplaudir en los plenos).

Mar Barberán ha cuestionado que Estrada intentase imponer un debate sobre plazas vacantes, aunque a este respecto ha apuntado que “diez ceses sin explicaciones en tres años son demasiados”. Tras ello, ha apuntado que “si algo permite la excelencia en el trabajo es un buen cima laboral, cosa que sé de primera mano porque he trabajado diez años en recursos humanos”. “Hay funcionarios que han dicho cosas muy fuertes, que hablan de un entorno laboral intimidatorio, degradante y hostil. De trato vejatorio, humillaciones y faltas de respeto. Que como chilla, te encoge. Son cosas ante las que no se puede poner de perfil y ante las que debe al menos pedir perdón. No vamos a normalizar el insulto, sería institucionar la violencia”.

Estrada ha contestado esas aseveraciones manteniendo que la oposición “ha venido al espectáculo” y a plantear una acusaciones que, a su juicio, impiden debatir “otros asuntos que interesan más a los vecinos”. Todo ello después de fundar su defensa en alusiones a la política nacional o a sucesos ocurridos hace décadas. Para la vocal vecina del PSOE Carolina Sánchez ha sido la propia concejala presidenta quien ha quedado en evidencia: “Se ha hecho usted un Florentino Pérez”, ha zanjado.

En vísperas de unas nuevas elecciones andaluzas, hay una cuestión que quizá debería ocupar un lugar mucho más central en el debate público: cómo construir un sistema fiscal justo para el siglo XXI. Porque hablar de impuestos no es únicamente hablar de recaudación, es también hablar del modelo de sociedad que queremos sostener, sabiendo que sin justicia fiscal no puede haber verdadera justicia social. 

Sin embargo, aún seguimos escuchando mensajes simplistas, como el que sostienen las posiciones más conservadoras: “El dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”, buscando exclusivamente justificar una bajada de impuestos, de lo que sea y cómo sea. La frase funciona porque apela a algo emocional e inmediato. Nadie quiere pagar más impuestos. Pero la afirmación es profundamente engañosa.

El dinero no desaparece cuando se pagan impuestos, se transforma en hospitales, escuelas, carreteras, universidades, dependencia, investigación científica, pensiones, bomberos o transporte público. La verdadera pregunta no es si el dinero está mejor en un bolsillo privado o público, sino qué cosas esenciales solo existen cuando las financiamos colectivamente. 

Y precisamente ahora, cuando afrontamos desafíos enormes –el cambio climático, la crisis de vivienda, la desigualdad creciente o la irrupción de la inteligencia artificial–, resulta urgente abrir un debate serio sobre nuestros sistemas fiscales. Porque seguimos sosteniendo gran parte del Estado social sobre las rentas del trabajo, mientras muchas grandes fortunas, herencias, rentas del capital y ganancias especulativas, disfrutan de una tributación más reducida y, por falta de control, de mecanismos de elusión fiscal a través de sociedades patrimoniales y grandes dosis de ingeniería fiscal. 

Ninguna empresa genera riqueza sola: toda actividad económica depende de infraestructuras públicas, educación, sanidad, estabilidad institucional, seguridad jurídica e investigación financiada colectivamente

En enero de 2024, más de 200 millonarios y multimillonarios de distintos países, ninguno de España, instaban a los líderes políticos, reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos, a que los “ultrarricos” pagaran más impuestos. Advertían que la desigualdad había alcanzado un “punto de inflexión” que amenazaba la estabilidad económica, social y ecológica. Resulta significativo que incluso parte de las élites económicas comprendieron algo que muchos discursos políticos siguen negando: no puede haber sociedades estables con desigualdades ilimitadas. 

También conviene desmontar otra idea profundamente arraigada: la de que la riqueza la crea exclusivamente el empresario individual y que el Estado es poco más que un obstáculo. Economistas como Mariana Mazzucato han explicado hasta qué punto esta visión es falsa. Ninguna empresa genera riqueza sola. Toda actividad económica depende de infraestructuras públicas, educación, sanidad, estabilidad institucional, seguridad jurídica e investigación financiada colectivamente. 

Muchas de las tecnologías que hoy utilizan las grandes empresas surgieron de décadas de inversión pública. Ningún negocio podría prosperar sin carreteras, universidades, tribunales, trabajadores formados o sistemas de salud sostenidos con impuestos. Incluso la investigación básica que hace posibles muchos avances tecnológicos, rara vez es rentable a corto plazo y por eso suele asumirla el Estado. De ahí que resulte tan paradójico demonizar los impuestos, mientras se disfruta constantemente de los bienes públicos que estos financian.

El problema actual ya no es solo la desigualdad de renta, sino sobre todo la desigualdad de riqueza

Todo esto obliga además a replantear la fiscalidad en una sociedad profundamente transformada por la tecnología. La inteligencia artificial amenaza con destruir o precarizar millones de empleos. Si seguimos financiando el bienestar colectivo casi exclusivamente mediante cotizaciones sobre salarios, nos dirigimos hacia una contradicción evidente: menos empleo estable y menos ingresos públicos, mientras aumenta la riqueza generada por automatización, plataformas digitales y grandes corporaciones tecnológicas. 

La cuestión de fondo es relativamente sencilla: si la productividad crece gracias a la inteligencia artificial, ¿quién se beneficiará realmente de esa riqueza? 

Por eso, cada vez más se hace necesario, trasladar parte de la carga fiscal desde el trabajo hacia la riqueza acumulada, las grandes herencias, las rentas del capital, las actividades especulativas, penalizar la especulación inmobiliaria y la vivienda vacía, la turistificación, incentivar empresas de economía social y favorecer actividades compatibles con el sostenimiento de la vida y del medio ambiente. 

El problema actual ya no es solo la desigualdad de renta, sino sobre todo la desigualdad de riqueza. El informe Takers Not Makers de Oxfam Intermón señalaba que el 60% de la riqueza de los multimillonarios proviene de herencias, monopolios o conexiones políticas. El economista Thomas Piketty lleva años advirtiendo del regreso de un “capitalismo patrimonial”, en el que la riqueza heredada pesa mucho más que el mérito o el trabajo, quebrando así el principio de igualdad de oportunidades que justifica la intervención pública y desmontando también todos los discursos relativos a la meritocracia. 

Apenas se habla de gravar la especulación, de fiscalidad verde redistributiva, de impuestos sobre grandes plataformas tecnológicas o de incentivar fiscalmente actividades que generen impacto social positivo

Merece también especial atención la propuesta de la Economía del Bien Común, que plantea utilizar la fiscalidad para incentivar conductas éticas: premiar empresas que reduzcan emisiones, mejoren condiciones laborales o generen valor social. 

Sin embargo, si uno observa las propuestas fiscales de los principales partidos andaluces, el debate sigue moviéndose casi exclusivamente entre rebajas fiscales generales, bonificaciones patrimoniales o promesas de eficiencia administrativa, es decir, gestionar mejor lo existente, evitando afrontar cuestiones más profundas.

Mientras las derechas insisten sobre todo en bajar impuestos como fórmula automática de crecimiento económico, las izquierdas suelen limitarse a defender mayores niveles de gasto social sin desarrollar todavía una reforma fiscal verdaderamente adaptada a desafíos como la automatización, la desigualdad patrimonial o la crisis ecológica. Apenas se habla de gravar la especulación, de fiscalidad verde redistributiva, de impuestos sobre grandes plataformas tecnológicas o de incentivar fiscalmente actividades que generen impacto social positivo. 

El contraste con algunas innovaciones europeas resulta evidente. No hablamos de utopías. En Europa ya existen experiencias que apuntan hacia una fiscalidad más moderna y alineada con los retos actuales. Los países nórdicos como Suecia, Dinamarca y Noruega combinan impuestos progresivos sobre el patrimonio con fuertes sistemas de bienestar y una fiscalidad ambiental avanzada, especialmente a través de impuestos al carbono y políticas de transición ecológica financiadas públicamente. 

Podría beneficiarme de una bajada de impuestos, pero prefiero un sistema que garantice sanidad, educación y protección social para todos

Lo que sí resulta difícilmente justificable es que en pleno territorio europeo sigan existiendo auténticos paraísos fiscales de facto como Irlanda, Luxemburgo o Suiza, mientras dentro de España algunas comunidades autónomas compiten rebajando impuestos a grandes patrimonios y generando desigualdades arbitrarias. 

No hace mucho, en una entrevista, la periodista Julia Otero se expresaba en los siguientes términos: “Aunque a mí personalmente me iría mejor pagar menos impuestos, voto en contra de mis intereses porque creo en los servicios públicos y en una sociedad más justa. Podría beneficiarme de una bajada de impuestos, pero prefiero un sistema que garantice sanidad, educación y protección social para todos”.

Sus declaraciones son admirables porque entiende que votar no consiste únicamente en calcular ventajas individuales, sino en pensar qué sociedad permite vivir con dignidad al conjunto de la ciudadanía. 

Lo que resulta más difícil de comprender es por qué tantas personas, especialmente trabajadoras, terminan votando también en contra de sus propios intereses, apoyando a partidos que acaban aplicando políticas que no les benefician ni económica ni socialmente.

La Federación de Entidades Vecinales de Sevilla se ha reunido en la mañana de este viernes con la candidata número dos de Por Andalucía al 17M, Alejandra Durán, con el objetivo de reforzar los servicios públicos. En este encuentro, las organizaciones han exigido mejoras públicas en materia de vivienda, educación, cultura o deporte en los barrios de la capital andaluza, a lo que Durán se ha comprometido a “dar respuesta porque así nos lo reclaman desde el terreno”. 

Este encuentro ha tenido como enfoque principal la vivienda, donde se les pone una “alfombra roja a los especuladores” para que “sea un negocio”, asegura Durán. Desde Por Andalucía aseguran que es importante cuidar el modelo urbanístico y que tenga como fin “proteger la zona natural de Sevilla”. Actualmente, insisten en “que el modelo urbanístico destruye nuestros barrios, destruye nuestro patrimonio natural y nuestros espacios culturales y deportivos”.

Por otro lado, Durán ha indicado que “también urge reforzar los servicios de atención primaria en nuestros barrios, los servicios de dotaciones tanto de educación pública, como garantizar el derecho al deporte o a cultura que no se está garantizando en los barrios sevillanos”

Nuevo modelo urbanístico

Por ello, la candidata número dos por Sevilla de Por Andalucía propone “hacer una ley de vivienda propia, derogar la ley que está en vigor, y cumplir la ley estatal, que lo que hace es declarar zona tensionada a 333 municipios, entre los que se encuentra Sevilla capital y muchos otros municipios de la provincia”. Además, la candidata añade que esta ley tiene como objetivo que “la vivienda sea un derecho”.

Según las cifras del padrón de habitantes del Ayuntamiento de Sevilla, el casco antiguo sevillano ha perdido casi 4.000 habitantes desde el año 2012. Mientras tanto, zonas limítrofes crecen, como el distrito Este, con 7.595 empadronados más, y Bellavista-La Palmera, con 3.301. Además, otros distritos cercanos al casco antiguo como Triana o Macarena han perdido 3.226 y 1.246 personas empadronadas respectivamente. 

Para frenar este éxodo de personas del centro de la ciudad a otros barrios periféricos, Por Andalucía plantea “un parque de vivienda pública de alquiler social, para que no supere el 30% de la renta”, así como “poner fin a la turistificación y la gentrificación que se está viviendo en muchos barrios de Sevilla, especialmente en el casco antiguo”.

El DNI de Daniel Fernández indica que es originario de Potes, donde vivió hasta la adolescencia, pero nació en Santander. Su vida ha estado vinculada a la capital de Cantabria y al Partido Socialista: tiene 41 años y comenzó a militar con 17 años en Juventudes Socialistas, un año después, en el PSOE, y ejerce de concejal en el Ayuntamiento desde hace once años, actualmente como portavoz municipal y secretario general del partido a nivel local. De su abuelo lebaniego le viene la afición por los bolos, aunque los símiles que utiliza mientras habla son más bien futboleros.

Lleva 23 años en las filas socialistas, pero defiende que en la política se entra y se sale: “No creo que sea un trabajo para 40 años”. En la rueda de prensa de su candidatura como secretario general de su partido en Santander, en 2025, habló de un proyecto “transformador”. Hoy habla de “un proyecto continuista” respecto del que dejó el actual delegado del Gobierno en Cantabria y líder socialista a nivel autonómico, Pedro Casares, de quien fue su secretario de Organización en su etapa municipal y de cuya Ejecutiva forma parte como responsable de Acción Electoral. Dice que la gente le conoce, pero se fía más de lo que percibe que de las encuestas.

En su perfil público de Facebook pone que es de Potes, pero en su perfil del Ayuntamiento, que nació en Santander. ¿De dónde es usted?

Son dos realidades. Nací en Santander, en la Residencia que estaba en la calle Santa Lucía, donde ahora hay un centro de mayores. Pero después viví en Potes hasta los 14 o 15 años. En el DNI pone que nací en Potes, no sé muy bien por qué razón lo hicieron así en el Registro Civil.

De vez en cuando hace cierta reivindicación de Liébana. En su discurso político como concejal habla de Santander, pero ¿en qué aspectos de su perfil personal se ve lo lebaniego?

Se ve en la parte más social. Soy medio lebaniego y medio andaluz porque mi padre es de Jaén y toda mi familia paterna es de allí. Tengo esa mezcla de persona sociable; tengo esa parte andaluza y lebaniega de don de gentes y de hablar hasta con las piedras, como me dice mi mujer.

¿Y de ahí viene también su afición a los bolos?

La relación con los bolos viene de mi abuelo, 'Sein' Gómez, que era muy conocido en Liébana. Jugaba mucho mejor que yo. Me crié con él y los fines de semana iba a todas las boleras de Cantabria. El amor por los bolos viene de ahí. Cuando vine a Santander, fui a la escuela de Toño Gómez en Cazoña y ahí aprendí. Ahora sigo jugando con el Grupo Ateca en la Liga de Aficionados.

Lleva 23 años en el PSOE, pero es abogado y empleado de banca en excedencia. ¿Cuánto tiempo desarrolló esa parte de trabajo no político?

Ejercí como abogado casi 12 años. Ahora estoy como no ejerciente porque era incompatible con la Portavocía en el Ayuntamiento de Santander. También estuve cuatro años trabajando en el Banco Santander y llevo 11 años en excedencia forzosa por cargo público. Allí está mi puesto laboral y volveré cuando termine mi vida pública o política.

¿Pero tiene intención de dejar la política?

A la política se entra y se sale. Requiere mucho esfuerzo y energía para estar pendiente las 24 horas del día de la actualidad y de los vecinos; eso es un desgaste. Si alguien quiere hacer una labor política bien hecha, no creo que sea un trabajo para 40 años. Lo normal es que se entre, se salga y se trabaje en lo privado.

Ha pasado casi un año desde que asumió la Secretaría General del PSOE de Santander. ¿En qué se ve el “proyecto transformador” que dijo —en la rueda de prensa de presentación de su candidatura— que traía respecto a los 12 años que estuvo Pedro Casares?

Estamos siguiendo un proyecto continuista, ya que yo era el secretario de Organización de Pedro Casares. Hemos metido algunas cosas un poco más modernas, como grupos de trabajo que permiten la participación de gente progresista ajena a las siglas; también pusimos en marcha el Ágora, un espacio de diálogo mensual con la militancia y simpatizantes. Estamos tratando de estar más en la calle y dando un impulso diferente a las redes sociales: hoy tengo algo más del doble de seguidores de los que tenía Pedro Casares; ese impulso se ve en la visibilidad del proyecto.

¿Cómo mide su popularidad a pie de calle? ¿Se percibe como un político conocido?

Soy más conocido de lo que era en 2023. Las redes sociales y los medios tradicionales repercuten en el grado de conocimiento de una persona. En la calle noto que la gente me para y me comenta preocupaciones o mensajes negativos, pero se nota que soy más conocido. De todas formas, ser conocido no garantiza votos. Por ejemplo, en Vox no se conoce a sus candidatos pero las siglas sí, y han tenido resultados fantásticos en otros lugares.

Me preocupa que que la gente trabajadora en Santander piense que Vox, que es un partido de extrema derecha que aboga más por el interés de los poderosos, va a hacer políticas a su favor

Menciona Vox... ¿Le preocupa que le reste votos en las próximas elecciones locales?

Me preocupa el crecimiento de un partido que aboga por limitar derechos y que gente obrera en Santander haya comprado discursos fáciles a problemas complejos. En Santander pasaron de uno a tres concejales en 2023, los datos los tenemos y puede verse reflejado en un pequeño aumento o un gran aumento en 2027. A mí me preocupa que la gente trabajadora en Santander piense que Vox, que es un partido de extrema derecha que aboga más por el interés de los poderosos, va a hacer políticas a su favor. También debería preocupar a la señora Gema Igual, porque un gran caladero de votos de Vox está en el Partido Popular.

Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es su hoja de ruta hasta 2027?

Debemos pisar la calle y entender los problemas de los ciudadanos para plantear soluciones. El estandarte serán la vivienda y los servicios públicos. Mucha gente se tiene que ir de Santander por el precio y la falta de oferta de alquiler, que el Ayuntamiento del Partido Popular no ha querido regular. Les ha dado incluso una moratoria para que aquellos que incumplen el Plan General sigan pudiendo prestar el servicio de alquiler turístico. Eso impide que haya viviendas en régimen de alquiler. El Cabildo, que es la zona más antigua, sigue siendo un solar vacío, lleno de ratas y plumeros, abandonado, que provocó la muerte de tres personas. Santander es una ciudad que está más pensada para el turista que para la gente que vive aquí. Y nosotros lo que queremos es pensar en políticas que faciliten la vida para la gente que vive en Santander: no solo la vivienda, sino también prestar unos servicios públicos de calidad, en limpieza, basuras, policía... acordes a los impuestos que pagamos.

Limpieza y basuras son servicios que están privatizados en Santander. ¿Su propuesta pasa por remunicipalizar los servicios externalizados?

La remunicipalización de servicios públicos en Santander es fundamental para prestar un servicio mejor y ahorrar el beneficio empresarial que ronda el 6%. Algunos servicios no se pueden remunicipalizar ahora por las hipotecas del Partido Popular; por ejemplo, el contrato de basuras se externalizará de nuevo por 10 años y la indemnización sería salvaje. Pero hay margen en el servicio de aguas, que termina ahora tras 25 años de privatización, y en parques y jardines, que termina al final de la siguiente legislatura. Los servicios gestionados directamente son de mayor calidad, como se ha visto en León, Torrelavega o Valladolid, donde se remunicipalizaron los servicios de aguas o de basuras y la calidad se ha visto reflejada.

Sobre la vivienda, que dice que es su otra prioridad, ¿qué datos tiene el PSOE de inmuebles vacíos en Santander?

Santander tiene unas 70.000 viviendas de primer uso, 20.000 segundas residencias y unas 2.000 viviendas vacías, es decir, sin consumo de agua en dos años, que es la forma de medirlo. No puede haber 2.000 viviendas vacías cuando hay tanta necesidad. Hay que dar alicientes o aplicar el palo y la zanahoria mediante bonificaciones o duplicando el IBI y la tasa de basuras. También son problemáticas las viviendas de uso turístico.

Santander tiene unas 70.000 viviendas de primer uso, 20.000 segundas residencias y unas 2.000 viviendas vacías

¿Cuántas viviendas de uso turístico hay en la ciudad?

Hay unas 2.000 licencias, pero muchas son ilegales. Con el Plan General en la mano, solo podrían ser turísticas aquellas con acceso independiente, que son apenas unas 300. Si se aplicara la normativa estrictamente, muchas pasarían al alquiler permanente. Hoy en Idealista apenas hay 800 viviendas en alquiler; si se duplica la oferta, bajará el precio.

¿Por qué no se aplica el Plan General de Ordenación Urbana en este caso?

Es una respuesta que debe dar el Partido Popular. Se amparan en la normativa autonómica de turismo, pero esta no impide cumplir el PGOU municipal. Parece que no les interesa aplicarlo para no perder votos de esos propietarios. Además del PGOU, en Santander no se cumplen las ordenanzas de terrazas, ruidos o recogida de excrementos de perros. Las ordenanzas están bien, pero no se hacen cumplir.

¿Serviría declarar zonas tensionadas en Santander?

Claro. Vitoria lo ha hecho en todo el municipio. Nosotros lo hemos reclamado para Santander, al menos por barrios. Si no utilizas tus competencias ante un problema de esta magnitud, no estás corrigiendo la situación.

Dice que Santander es una ciudad para turistas. ¿Desde cuándo empezó a notar ese enfoque?

Con el cambio de Alcaldía —en 2016— llegó una concejala de turismo a dirigir la ciudad. Esa es su vocación: es una alcaldesa de turismo que solo piensa en los visitantes y en una postal bonita, dejando abandonado el resto de la ciudad. Sus políticas no están orientadas a la vida de los santanderinos, sino a poner a Santander en el mapa turístico. Santander debe ser un lugar para vivir.

¿Cómo describe al electorado de Santander? ¿Es una ciudad conservadora?

Santander es una ciudad muy centrada y tremendamente conservadora en el ámbito municipal. En las elecciones generales de 2017 ganó el PSOE, lo que indica que hay un porcentaje importante de progresistas. El PP gana en las municipales por el bajísimo porcentaje de participación en barrios trabajadores. Hay que corregir eso para que la gente entienda que su voto cuenta. Es una ciudad con mentalidad conservadora que prefiere mantener lo que hay por miedo a que lo que venga sea peor.

Santander es una ciudad muy centrada y tremendamente conservadora en el ámbito municipal. Es una ciudad con mentalidad conservadora que prefiere mantener lo que hay por miedo a que lo que venga sea peor

¿Una ciudad “centrada” no es un eufemismo?

Bueno, es que al decir centrada quiero referirme a que no está dentro de los extremos, está en la centralidad. Si queremos utilizar otra palabra, está en la centralidad. Y además es conservadora en ese de tratar de mantener lo que hay, porque igual lo que viene es peor. Creo que ese es un error. Creo que ese es un error de una ciudad, como digo, con una mentalidad conservadora. A veces vienen cosas para cambiar a mejor y Santander debe cambiar a mejor.

Habla de errores, ¿qué errores ha cometido el PSOE?

También nosotros tenemos nuestra parte de culpa, que no habremos sabido dar con la tecla de que la gente se ilusione con un proyecto progresista para Santander. Yo creo que aquí es un cúmulo de circunstancias. Es una red clientelar la que tiene el Partido Popular durante tantísimos años, es evidente y la conoce todo el mundo en la ciudad. Al fin y al cabo, cuando alguien gobierna tantos años tiene un sentido del cortijo, de entender que esto es su patio y su casa y que ellos hacen y deshacen a su antojo y esa percepción también se traslada fuera. Además, tienen todo ese margen de dar determinados regalitos a la gente para tenerla contenta: las entradas de toros de todos los años, las comidas o las fiestas que hacen en determinados barrios de forma gratuita. Es ese pan y circo de Roma llevado al año 2026 y que el Partido Popular de alguna manera sigue manteniendo.

Algún error habrán podido cometer desde el PSOE para no saber convencer al electorado...

Trasladar el proyecto de una manera mucho más clara. Creo que nosotros tenemos un proyecto muy interesante para Santander y no hemos sabido trasladarlo porque después vas por la calle, hablas con la gente y te llegan y te dicen: “Pero, ¿qué propuesta nos haces?”. Hemos vendido nuestro proyecto a lo largo y ancho de la ciudad, pero no hemos sabido tener un altavoz lo suficientemente importante como para que esas medidas lleguen. Creo que hemos querido hacer una ciudad para la gente de Santander con servicios públicos de calidad, y eso es algo tan generalista quizás que no acaba de aterrizar en el suelo.

¿Puede dar la impresión de que da igual PSOE de Santander que PSOE de cualquier otra ciudad de España? ¿pPuede haber un problema ahí frente al éxito que percibe usted en Vox, aunque no se conozca a sus concejales?

El crecimiento de Vox no se refiere a las políticas concretas, se debe a las consignas simples del líder a nivel nacional, el 'caudillo' Abascal, que es el que ahora dirige en exclusiva ese partido, que da respuestas a conceptos que la gente puede entender como problemáticos como la inmigración, que son consignas simples, que mucha gente compra y vota en el municipio, pensando que están votando a Abascal. De alguna manera, creo que falta un cierto grado de conocimiento por parte de la ciudadanía de diferenciar en qué terreno de juego está depositando el voto en cada ocasión: no es lo mismo votar en las municipales que en las autonómicas, que en las nacionales o que en las europeas. Y sin embargo, una gran parte del electorado acude a votar en sintonía nacional en todos los lados. Y a mí me pasó en las de 2023: la gente por la calle me decía: 'que te vote Txapote' y Txapote no votaba en Santander... Es verdad que eso está llevando a que, en los municipios, se vote pensando más en el Gobierno de España, o en Pedro Sánchez, que en Santander y en Daniel Fernández; igual que en Abascal, en vez de en Laura Velasco; o en Feijoó, que en la señora Igual. No hemos sabido llevar el balón al terreno de juego correcto.

Ha sido muy crítico con la alcaldesa de Santander por el colapso de la pasarela de El Bocal en la que fallecieron seis personas. En materia de seguridad, ¿qué ha cambiado para sea usted más crítico también con la Demarcación de Costas?

Mi postura no ha cambiado públicamente: como portavoz dije desde el principio que nosotros íbamos a reclamar las responsabilidades, estuviesen donde estuviesen. Sigo pensando que la máxima responsabilidad es la de garantizar la seguridad porque hubo una llamada 24 horas antes donde se dijo con claridad que eso se iba a caer y 24 horas después se cayó y ahí había una responsabilidad del mantenimiento. La falta de mantenimiento es la consecuencia de que se cayese, pero la seguridad es una garantía que se tenía que haber ejecutado por parte del Ayuntamiento en el mismo momento en el que se recibe la llamada. Por eso he sido tan crítico con la alcaldesa y lo seguiré siendo porque la seguridad es una competencia estrictamente municipal y ella es la jefa de la Policía Local. Los que venimos del ámbito privado sabemos perfectamente que cuando un trabajador comete un error, lo cometerá el trabajador, pero las consecuencias las paga el jefe. Esto es como en el fútbol. En el fútbol puedes tener mal resultado, pero el que paga los platos rotos es el entrenador, no el jugador que falla el penalti. Y por lo tanto, creo que la alcaldesa aquí ha querido escurrir el bulto y ponerse una pátina de víctima. Y aquí las víctimas son las familias de todos los pobres chavales que fallecieron en el accidente y que lo hicieron porque el Ayuntamiento recibió una llamada y no actuó. Dicho esto, ¿habrá consecuencias también respecto a la competencia del mantenimiento? Por supuesto. Pero es que la competencia del mantenimiento también tiene un matiz que es importante. La alcaldesa decía: 'No, es que no hemos recibido la obra.' Y eso es tramposo porque me gustaría que la alcaldesa explicase o nos diese documentación de todas las obras que se hayan hecho en Santander por parte de otras instituciones y que se le hayan cedido la ciudad y que nos diga dónde están las actas de recepción. Y respondo yo a la misma pregunta que hago: ninguna. Los propios funcionarios del Ayuntamiento nos han dicho que no se hacen actas de recepción de las obras de otras instituciones públicas, que solo se hacen actas de recepción de las obras de entidades privadas que después pasan al Ayuntamiento. Por lo tanto, la alcaldesa aquí está trampeando mucho y está haciéndose la víctima cuando sabe perfectamente que la competencia de seguridad es suya. Mucho me temo que la de mantenimiento también acabará determinándose que es suya o, al menos, compartida. En cualquiera de los casos, no podrá decir que aquí no tiene ninguna competencia. La seguridad es 100% y la de mantenimiento yo creo que al 50%. Pero la obra es evidente que estaba terminada porque la estaba poniendo en valor, la estaba anunciando. Si tú consideras que esa obra no está hecha, lo que tendrías que hacer era haberla clausurado, como ha cerrado, por cierto, gran parte de la ciudad durante estas semanas; haberla precintado como ha hecho con el resto de puntos críticos, que son muchos.

Lo reformulo: ¿La semana del 20 de abril no cambió la táctica del PSOE respecto a la Demarcación de Costas?

No, no. Lo que pasa es que lo que ha cambiado es la información que ha venido del Juzgado de Instrucción. Esa información nos permite señalar ya algún responsable adicional. La alcaldesa era un ejemplo clarísimo y ahora la fase de instrucción nos ha permitido determinar que hay un jefe de Demarcación de Costas, que ha estado gestionando ese organismo con todos los colores políticos, que también tendrá alguna responsabilidad respecto a la ejecución de esa obra, pero eso es lo que nos ha permitido conocer la fase de instrucción del juzgado.

Usted tiene otra función menos conocida por el electorado: es responsable de Acción Electoral del PSOE en Cantabria, ¿en qué está trabajando de cara a las autonómicas?

Estamos trabajando en lograr candidaturas reconocibles y bien valoradas en los 102 municipios de Cantabria. En un pueblo es más fácil saber quién es conocido que en una ciudad de 170.000 habitantes. Queremos gente que pueda gobernar con criterio y conocimiento. Estamos celebrando asambleas abiertas comarcales para explicar el proyecto y atraer a gente que aún no se ha afiliado.

¿Cómo se atrae al electorado en Cantabria frente a problemas como la vivienda y el turismo?

Cantabria tiene problemas también en el sector primario y de despoblación. Hay que buscar medidas que permitan a la gente volver al medio rural con facilidades tecnológicas, de empleo y vivienda. El Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) plantea pueblos nutridos de residentes de verano; nosotros queremos una Cantabria diferente. Su política de turistificación y la ley del suelo permiten viviendas alejadas del núcleo rural para uso turístico. Nosotros queremos una comunidad para la gente que la viva, trabaje y esté cómoda en ella.

El concejal del Río Tajo, Medioambiente y Deportes de Toledo, Rubén Lozano, ha dado a conocer el calendario y los horarios de las piscinas de verano que abrirán sus puertas entre el 1 de junio y el 6 de septiembre y entre las 12.00 de la mañana y las 20.30 horas de la tarde, ampliándose el cierre hasta las 21.00 horas los sábados y los domingos.

Además, ha recordado que se podrá acceder a las instalaciones con entradas individuales, que pueden reservarse con 48 horas de antelación, y a través de bonos de 15 baños y abonos de temporada, que saldrán a la venta el próximo 13 de mayo. Los precios tanto en las entradas individuales como en los bonos se mantienen en los 40,70 euros para los adultos, y en los 23,50 euros el bono infantil (menores de 15 años) y mayores de 65 años.

Asimismo, el concejal ha presentado la temporada de verano de actividades deportivas, con un incremento tanto en el número de plazas como en la oferta de actividades “con el objetivo de facilitar el acceso al deporte y al ocio saludable a un mayor número de toledanos” y que incluirán aquagym, fútbol, GAP, pádel, natación o el programa de mayores activos entre otros.

El PSOE pide fragmetar el pago de abonos

De su lado, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado la implantación de medidas que faciliten el acceso a las piscinas municipales durante el verano, especialmente para los colectivos más vulnerables. Entre sus propuestas destaca la posibilidad de fraccionar el pago de los abonos de temporada, así como la creación de espacios habilitados para el consumo de alimentos propios dentro de las instalaciones.

El concejal socialista José Carlos Vega ha trasladado estas iniciativas en el Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal celebrado este miércoles, subrayando que las altas temperaturas convierten las piscinas en “una herramienta sociosanitaria de primera necesidad”.

En este sentido, Vega ha planteado que los abonos --actualmente fijados en 104,55 euros para adultos y 207,85 euros para familias-- puedan abonarse de forma fraccionada. “Hay familias que no pueden afrontar un pago único de esta cuantía. El Ayuntamiento puede habilitar mecanismos que garanticen el cobro sin generar un impacto económico inmediato”, ha señalado.

Otra de las propuestas que ha hecho el Grupo Municipal Socialista es la creación de espacios habilitados dentro del recinto como merenderos de libre acceso. “Muchas familias no pueden asumir los precios de los bares de las piscinas y no deberían verse obligadas a abandonar el recinto para poder comer”, ha explicado el edil.

En relación con estos servicios, el PSOE también ha criticado el modelo de explotación de los bares en las piscinas municipales, denunciando que los precios actuales no son accesibles para todos los usuarios. Por ello, propone que las futuras licitaciones --salvo en los contratos ya vigentes-- incluyan precios tasados, priorizando el servicio público frente a criterios recaudatorios.

Hay un dogma que se repite con tanta frecuencia que ha acabado pareciendo sentido común: lo privado es eficiente, lo público es un despilfarro. Es una afirmación que no resiste el contraste con los datos, pero que ha servido durante décadas para justificar la externalización sistemática de servicios esenciales que se financian con dinero público y que afectan directamente a la vida de los andaluces.

En Andalucía, servicios como la limpieza de centros sanitarios y educativos, la atención domiciliaria a personas dependientes, los comedores escolares o el mantenimiento de infraestructuras públicas están mayoritariamente en manos de empresas privadas que cobran un margen de beneficio —entre el 15% y el 25% del contrato— por ser intermediarias entre el dinero público y el trabajador que presta el servicio. Ese margen no genera ningún valor para el ciudadano. Solo enriquece al intermediario.

La evidencia europea es contundente. El sistema sanitario público del Reino Unido gasta el 9,8% del PIB en salud y obtiene una esperanza de vida de 81,3 años. Estados Unidos, con un modelo mayoritariamente privado, gasta el 16,8% del PIB y obtiene 78,9 años. Más del doble de gasto, peores resultados. Los países nórdicos tienen los mejores sistemas educativos del mundo con gestión 100% pública. Finlandia, Dinamarca y Suecia lideran todos los índices de calidad de vida precisamente porque sus servicios esenciales están directamente gestionados por la administración, sin intermediarios que se lleven parte del presupuesto.

La externalización tiene además costes ocultos que raramente aparecen en los argumentarios de quienes la defienden. El diseño de pliegos, los procesos de licitación, la supervisión de contratos, la gestión de incumplimientos y las renegociaciones pueden suponer entre el 10% y el 15% adicional del presupuesto. A eso se añade la alta rotación de personal —entre el 30% y el 40% anual en muchos servicios externalizados en Andalucía— que deteriora directamente la calidad: en atención a personas dependientes, en educación, en sanidad, la continuidad del profesional que atiende a una persona no es un lujo. Es la base misma de la calidad del servicio.

La propuesta de internalización progresiva de servicios esenciales en Andalucía no es ideología. Es una decisión de eficiencia organizativa perfectamente amparada por la legislación vigente. La Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconocen expresamente la libertad de las administraciones para determinar la forma de gestión más adecuada de sus servicios. No hay obligación de externalizar. Hay libertad de elegir el modelo más eficiente socialmente. El Tribunal Supremo, en sentencia de mayo de 2019, ha ratificado expresamente la legitimidad de la reversión de servicios externalizados.

Quienes argumentan que la gestión pública genera rigidez laboral olvidan que la estabilidad del profesional es precisamente lo que genera calidad en servicios donde la relación de confianza entre el trabajador y el ciudadano —el médico, el cuidador, el educador— es el núcleo del servicio mismo

Los servicios prioritarios para iniciar este proceso son claros: limpieza de centros sanitarios y educativos, atención domiciliaria a dependientes, comedores escolares, mantenimiento de infraestructuras públicas y servicios auxiliares sanitarios. En conjunto, representan en Andalucía una bolsa de más de 24.000 puestos de trabajo que hoy se prestan en condiciones de alta precariedad y que podrían transformarse en empleo público estable, con derechos plenos y con carrera profesional real.

El proceso debe ser gradual y ordenado: auditoría real de los costes de externalización en cada servicio, identificación de los contratos prioritarios, calendario de reversión respetando los contratos vigentes sin renovarlos, y subrogación automática del personal con reconocimiento de antigüedad, mejora salarial media del 15-20% por equiparación a convenios públicos y acceso a la formación continua y la carrera profesional. Este proceso ha sido aplicado con éxito en municipios de varias comunidades autónomas y en decenas de ayuntamientos españoles en los últimos años.

Hay también una dimensión territorial que en Andalucía resulta especialmente relevante. Las empresas privadas priorizan zonas rentables y tienden a descuidar zonas rurales o barrios con menos capacidad de presión. La gestión pública garantiza el mismo nivel de servicio en todo el territorio, sin discriminación por rentabilidad comercial. En los municipios del interior andaluz, en las comarcas con riesgo de despoblamiento, eso no es un detalle menor: es con frecuencia la diferencia entre tener servicios de calidad o no tenerlos.

Quienes argumentan que la gestión pública genera rigidez laboral olvidan que la estabilidad del profesional es precisamente lo que genera calidad en servicios donde la relación de confianza entre el trabajador y el ciudadano —el médico, el cuidador, el educador— es el núcleo del servicio mismo. Y quienes argumentan que no hay dinero para financiar la internalización olvidan que ese dinero ya existe: es el que hoy se destina a pagar los márgenes empresariales, los costes de transacción y la gestión de los incumplimientos contractuales.

Andalucía puede y debe tomar esta decisión con claridad. No como medida ideológica, sino como apuesta por la eficiencia real, por la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos y por la dignidad de los trabajadores que los prestan. Es lo que hacen los países europeos más avanzados. Y es lo que Andalucía merece.

Las plazas de personal municipal sin cubrir en la Junta de Chamartín han ido aumentando a lo largo del actual mandato, en medio de un clima laboral que algunos trabajadores califican de “entorno insostenible” y que ha derivado en una denuncia por acoso laboral contra su concejala presidenta, Yolanda Estrada. Las vacantes llegaban a 37 en marzo de 2023 (última relación de puestos de trabajo previa al aterrizaje de la edil) y pasaron a 48 en marzo de 2026, según los documentos a los que ha accedido Somos Madrid a partir del portal de datos del Ayuntamiento de Madrid. Estas vacantes son mayores que las de distritos con una plantilla similar, como Salamanca o Centro.

La falta de un 30% más de trabajadores es especialmente llamativa al excluir los polideportivos, que operan con mayor autonomía respecto a la Junta de distrito y donde además se ha llevado a cabo un proceso de estabilización para cubrir puestos. En ellos, las vacantes se han reducido desde las 13 de hace tres años a las siete con fecha del pasado 31 de marzo. Dejando a un lado estas unidades deportivas, las plazas sin ocupar se han disparado con Yolanda Estrada al frente de Chamartín, de 24 hasta alcanzar las 41 en marzo de 2026 (un 70% más).

Las áreas con mayor deterioro son el servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana, que pasa de siete a once vacantes, y la secretaría de Distrito Chamartín, con plazas sin cubrir que se duplican, de dos a cuatro (y con una mayoritaria proporción de interinos en las que están ocupadas). Los ceses en los departamentos citados están recogidos en la denuncia por acoso laboral a la que ha tenido acceso este periódico, cuyos detalles se publicaron hace unos días.

“Menos y peores servicios”

Esta falta de personal se traduce en “menos y peores servicios”, opina el portavoz de Más Madrid en la Junta de Chamartín, David Penado. De hecho, la propia denuncia contra Estrada y los otros dos altos cargos del Gobierno de Almeida presentada ante la Inspección de Trabajo recoge el “deterioro del servicio público” como uno de los motivos del requerimiento, además del “acoso laboral institucional” y los “riesgos psicosociales”.

Los testimonios recopilados por este medio sugieren que la situación de Chamartín afecta a los recursos humanos de la Junta y, con ello, a la efectividad de los servicios que debe acometer: “No hay personal funcionario que quiera venir a Chamartín, salvo la gente que tenga mucha necesidad. Se ha corrido la voz. Están quedando plazas desiertas, cubiertas por interinos de otras administraciones o gente de la Oficina para el Empleo. Eso provoca que las cosas tarden más en hacerse, que haya que estar pendientes constantemente para arreglar y corregir”.

“Antes de Estrada éramos un equipo supercoordinado, ahora cada vez más lo compone gente nueva y sin experiencia. Es alguien que va arrasando, que no entiende que estamos para servir al ciudadano. Lo hacíamos bien, simplemente no le hemos caído bien. Aunque ni siquiera nos ha conocido”, expone una persona que ha estado laboralmente vinculada al organismo distrital.

El primer distrito en el que decae el servicio de refuerzo escolar

Desde 2015, la Junta de Distrito Chamartín ofrecía un programa de refuerzo educativo enfocado al alumnado con dificultades de aprendizaje; estudiantes de Educación Infantil y Educación Primaria del distrito que no cumplen los requisitos para que se les considere como de necesidades especiales, pero con dificultades que interfieren en su proceso educativo. Sin embargo, este curso 2025-2026 el servicio se interrumpió “sin previo aviso a las familias que lo utilizaban y a pesar de que en junio se les dijo que las actividades se reanudarían en octubre”, traslada Penado en declaraciones a este diario.

“En el pleno de marzo, desde Más Madrid pedimos que la Junta de Distrito de Chamartín tomase las medidas necesarias para que se volviese a prestar con la mayor brevedad posible, asegurando la continuidad del mismo; pero el PP votó que no”. En dicho pleno, Penado contaba cómo las familias no han podido ni siquiera consultar o recuperar los informes de quienes prestaban ese servicio, ya que el teléfono de contacto municipal habilitado para estas comunicaciones quedó inoperativo.

En la actualidad, solo cuatro de los 21 distritos de Madrid no ofrecen este servicio, alguno análogo o actividades de carácter similar. De esos cuatro, Chamartín es el único en el que ha decaído después de ponerse previamente en marcha. La última licitación se produjo en 2021, con Sonia Cea como concejala presidenta de Chamartín y ya dentro de un Gobierno de Almeida. Se hizo mediante una adjudicación prorrogable en 2023, la cual recibió luz verde ya con Estrada en la Junta. Esta prórroga concluyó en julio, sin que el servicio fuese renovado o sacado de nuevo a concurso.

Este periódico ha consultado fuentes municipales para conocer los motivos por los que no promovió la renovación o la posible incidencia en ello del aumento de plazas vacantes entre el personal, sin recibir respuesta por el momento. En el citado pleno la portavoz adjunta del PP en Chamartín, Ana Ballesteros, argumentaba que “las competencias municipales en materia educativa son limitadas y complementarias a las de la Comunidad de Madrid, que tiene competencias plenas y ha implementado medidas especializadas de diagnóstico, recuperación y tratamiento en todos los centros del distrito”. Y añadió: “Hemos pasado de una ayuda concentrada en dos centros a establecer un sistema que se puede prestar en todos los del distrito”. Penado contestó a esta afirmación con una pregunta: “¿Si han mejorado el servicio con esta reforma como es posible que familias que lo recibían ahora lo hayan dejado de recibir?”.

Una denuncia que recoge “trato vejatorio”

La denuncia presentada el pasado 12 de marzo en la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid presenta “un entorno laboral intimidatorio, degradante y hostil” en la Junta de Chamartín. Está dirigida contra la concejala presidenta del distrito de Chamartín, Yolanda Estrada (que llegó a estar imputada en la trama Gürtel por su etapa como concejala en Pozuelo de Alarcón), y otros dos altos cargos del Ayuntamiento. La concejala ha negado los hechos, según trasladó la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que afirma además que el Ejecutivo de Cibeles no tiene constancia documental alguna de la denuncia, ni se han elevado escritos similares en los organismos municipales habilitados para este tipo de cuestiones.

La documentación a la que ha tenido acceso este periódico acredita que la denuncia a Inspección de Trabajo derivó en una segunda ante los Juzgados de lo Social de Madrid, ante la “inacción” de la entidad de control laboral. Este último escrito incorpora el sello oficial de la Junta de Chamartín y centra las acusaciones en la coordinadora general del distrito, Alicia Gregorio Arroyo. Solicita “medidas cautelares urgentes” para “evitar la continuidad del daño y la agravación de sus consecuencias”, ante unos hechos que “vulneran derechos fundamentales como la integridad moral, la dignidad en el trabajo o la salud laboral”.

La denuncia desarrolla a lo largo de veinte páginas un “deterioro progresivo y grave del clima laboral” que se remonta a la llegada de Estrada a la Junta Municipal de Chamartín, en junio de 2023. Desde entonces, se ha generado “un entorno insostenible, con consecuencias graves para la salud de los trabajadores como episodios de ansiedad, crisis nerviosas y llantos en los puestos de trabajo”.

Estrada ha ejecutado “nueve ceses de funcionarios” en menos de tres años (el último de ellos en febrero), una cifra que fuentes consultadas por este diario elevan a once. A ello hay que sumar las bajas laborales (la más reciente data del 13 de febrero según la denuncia), cinco de ellas de larga duración, y al menos cuatro solicitudes de reasignación en otros puestos fuera del distrito. Esta última cantidad se refiere a las especificadas en el escrito judicial, aunque las mencionadas fuentes sostienen que hasta “16 personas se han ido voluntariamente”.

Dichas peticiones de traslado buscarían, según el denunciante (que obra “con reserva de identidad” por “un temor real, fundado y objetivable a represalias laborales”), escapar de “conductas constitutivas de acoso laboral” que se habrían recrudecido desde el nombramiento de una nueva coordinadora del distrito en septiembre de 2024. El documento atribuye a Alicia Gregorio, mano derecha de Estrada, “humillaciones, trato vejatorio, gritos y descalificaciones públicas del trabajo de funcionarios en reuniones o en presencia de otros empleados”. Pero la lista de acusaciones es extensa: amenazas sobre el mantenimiento del puesto, restricciones de permisos con efectos en la conciliación, coacciones para firmar documentos administrativos para no sufrir represalias profesionales, vigilancia fuera del horario laboral o prohibición de comunicar fuera de la Junta de Chamartín todas estas situaciones.

La denuncia apunta asimismo que el nombramiento de Gregorio estuvo precedido por el cese del anterior coordinador del distrito mientras este “se encontraba en situación de enfermedad oncológica”. Aunque para entonces la situación era ya difícil y se habían producido destituciones, según el denunciante fue esta sustitución la que elevó el acoso a “extremos absolutamente insostenibles” y a ambiente generalizado de “miedo, presión y sumisión entre los trabajadores”. Por ello, solicita como medidas cautelares y urgentes “el cese inmediato de las conductas descritas”, “la limitación o suspensión de funciones de supervisión directa de Alicia Gregorio” o “requerir al Ayuntamiento de Madrid para que de forma inmediata evalúe los riesgos psicosociales en la Junta de Chamartín”.

Esta instancia llega después de una primera remisión del caso ante la Inspección de Trabajo de Madrid, con un documento al que también ha podido acceder este periódico. La escalada tiene lugar porque “no se ha personado ningún Inspector de Trabajo ni consta la apertura de actuaciones inspectoras”, circunstancias que hacen “necesaria” la “intervención judicial urgente”.

Este primer requerimiento cita expresamente diez posibles testigos entre el personal y concreta que las conductas han desembocado en “episodios reiterados de estrés laboral grave, crisis emocionales en el puesto, bajas médicas por ansiedad o agotamiento psicológico”. Pero es especialmente reseñable que incluye una tercera persona identificada como “responsable”, además de Estrada y Gregorio, que da cuenta de cómo el caso habría llegado previamente a manos del Ejecutivo municipal.

Se trata de Juan José Blázquez, director general de Función Pública del Ayuntamiento. Un alto cargo en el Gobierno de Almeida que depende directamente de la concejala de Economía, Hacienda e Innovación, Engracia Hidalgo. La denuncia a la Inspección de Trabajo le achaca que, “en su condición de responsable de la función pública municipal”, tenía “conocimiento de los hechos denunciados y los ceses producidos”. Todo ello “sin que conste la adopción de medidas eficaces para prevenir o corregir la situación”.

Fuentes del área liderada por Hidalgo afirman que “la Inspección de trabajo no ha requerido nada al Ayuntamiento de Madrid relacionado con un supuesto caso de acoso laboral de la concejala de Chamartín a un empleado público”. Puntualizan que “cuando hay una denuncia de la Inspección, el inspector lo comunica y se le dan las explicaciones pertinentes tras recabar la información”. Apostillan que “tampoco en Prevención de Riesgos Laborales ni en el Comité de Seguridad y Salud consta nada relacionado con este asunto”. “Si hablamos de acoso laboral, lo habitual en el Ayuntamiento es solicitar la activación del protocolo aspecto que tampoco se ha producido. Tampoco consta que se haya planteado ninguna solicitud de intervención por parte de la Unidad de Conflictos en ese ámbito. Estos dos últimos supuestos son las vías que se utilizan cuando se detecta un problema de existencia de conflictos o acoso”, informan.

Testimonios que corroboran las aptitudes: “Yo he sufrido acoso”

Con este diario han conversado personas que han estado vinculadas laboralmente a la Junta de Chamartín y corroboran el “trato vejatorio” por parte de Yolanda Estrada, así como las actitudes previamente descritas. “Lo primero que preguntó era a quién podía cesar o rebajar”, asegura una de ellas. “Yo he sufrido acoso. Ha hecho polvo mi carrera y mi dedicación”, cuenta. Añade que si no lo ha denunciado es por su falta de confianza en las garantías del proceso: “Sé que a nivel interno estas cosas no van a ningún sitio, pero esta persona conmigo se ha ensañado”. En su caso centra ese “acoso” en la propia Estrada, aunque precisa que Alicia Gregorio “ejecuta las órdenes”.

Otra persona que atiende a este medio coincide en este deterioro del ambiente provocado por Estrada: “Todo le parece mal sin conocer nada ni saber nada. Tuerce el gesto y solo busca cosas negativas, sin escuchar, sobre todo si te pone la cruz por cosas tan subjetivas como que no le guste cómo miras”, expone. “En un momento dado empezó a puentearme, preguntaba cosas personales sobre mí a administrativos que estaban bajo mi responsabilidad. Al final me cesaron sin valorar mi gestión. El argumento es que había quejas sobre mí, cuando pude comprobar en el sistema de reclamaciones que eso no es así. También fue una cuestión de edadismo”.

Miembros de la plantilla cesados, los que podían serlo al ocupar plazas singularizadas, han acabado en puestos que en muchos casos comportan una menor retribución económica. A otros “les ha degradado del cargo, les ha recortado el complemento de productividad o directamente se lo ha quitado”. “Está jodiendo vidas”, lamenta sobre la situación en la Junta Municipal desde la llegada de Estrada. Todo ello ya antes de que asumiera la coordinación del distrito Alicia Gregorio, a la que tacha de “alma gemela” de la concejala: “Es la voz de su amo. Ya era horrible e indigno solo con Estrada, ahora con dos mucho peor”. Precisa además que el cese del coordinador anterior fue “completamente arbitrario” y se debió a “algo que no gustó a la concejala en una reunión con vendedores de los puestos alrededor del Bernabéu”.

Además de los ceses, los traslados y las bajas médicas, este testimonio da cuenta de situaciones especialmente delicadas entre quienes continúan trabajando en la Junta, como la de una mujer “humillada día tras día que está aguantando hasta su jubilación”. Las “faltas de respeto” se repiten incluso “con sus propios asesores”, sobre todo con los que le atribuye el Partido Popular. Cada concejal de distrito suele contar con uno que designa personalmente y otro que coloca el partido. Por este segundo puesto habrían pasado “tres personas en tres años”. “Estrada es lo peor que me he encontrado en la administración. Es muy zafia, pero como chilla te encoge”, concluye, antes de alertar sobre la dejadez del resto del Ejecutivo de Almeida: “Lo sabe todo el Ayuntamiento y toda la corporación, pero ahí sigue”.

“El sistema no funciona para protegernos. Es anónimo, pero si señalas cosas acaban llegando a ti”, apostilla una de las fuentes que conversa con Somos Madrid, todas ellas de manera anónima ante el temor a represalias. “Al final es tu palabra contra la de la otra persona y ante el acosador quien tiene más que perder es el trabajador”. Y a veces también los ciudadanos.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha calificado de “poco humanas” las declaraciones de la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, sobre el impacto de la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo central, y ha considerado que “debería arrepentirse” de las mismas.

García Espada había advertido de un posible aumento de la presión asistencial en el Servicio Extremeño de Salud derivado de este proceso, que podría beneficiar a unas 3.000 personas en la región. Frente a ello, Quintana ha defendido que se trata de “ciudadanos que viven en España y que podrán trabajar”, y ha criticado la “estigmatización” de este colectivo.

“Son ciudadanos que viven en España y que podrán trabajar, y en este sentido la petición continua a la Delegación del Gobierno es que se precisan empleados para determinados sectores y estigmatizar humanamente a estas personas…”, ha señalado en declaraciones a los medios.

El delegado ha subrayado además que el refuerzo de personal en las oficinas que atenderán a los beneficiarios de la regularización será “el número que haga falta”, y ha confiado en que Extremadura no sea una de las comunidades con mayores dificultades en este proceso. “Hay que poner el esfuerzo necesario para hacerlo todo bien”, ha añadido, al tiempo que ha destacado el papel de las ONG y asociaciones que trabajan con población migrante.

Quintana ha realizado estas declaraciones antes de asistir a un minuto de silencio a las puertas de la Delegación del Gobierno en recuerdo de las últimas víctimas mortales por violencia de género en el país.

Por su parte, el PSOE de Extremadura ha calificado de “indignas” las palabras de la consejera y ha denunciado que suponen “un ejemplo más” del “desgobierno” que, a su juicio, impera en la comunidad autónoma. Los socialistas han recordado que Extremadura lleva meses sin un gobierno efectivo tras las elecciones de diciembre.

En una nota de prensa, el PSOE considera que de las declaraciones de García Espada “emana un trato deshumanizado hacia las personas migrantes”, al vincular su regularización administrativa con un supuesto riesgo para la sostenibilidad del sistema sanitario público. Asimismo, critica que se traslade a la ciudadanía “una imagen distorsionada que puede generar miedo e inquietud”.

Los socialistas sostienen además que estas manifestaciones buscan desviar la atención de los datos de listas de espera sanitaria publicados recientemente por el Ministerio de Sanidad y denuncian que se pretenda “maquillar una gestión deficiente señalando a colectivos vulnerables como responsables de problemas estructurales”.

En este contexto, el PSOE se pregunta “qué tipo de desgobierno encabeza la presidenta Guardiola” si considera que la incorporación de unas 3.000 personas puede provocar el colapso del sistema sanitario. También plantea interrogantes sobre el impacto futuro de proyectos industriales como la gigafactoría prevista en Navalmoral de la Mata, que implicaría la llegada de unas 2.500 personas a la zona.

Frente a esta visión, los socialistas defienden que el proceso de regularización no supone la llegada de nuevas personas, sino el reconocimiento de derechos a quienes ya residen en Extremadura. “No representan un problema, sino una oportunidad”, concluyen, al considerar que contribuirán a generar riqueza, fijar población y construir futuro en la región.

El martes 14 de abril la plantilla Txinzer ha cumplido 100 días de huelga indefinida. Este miércoles, el comité de la empresa pública, dependiente de los ayuntamientos de Irún y Hondarribia, ha declarado ante los medios que alcanzar esta cifra evidencia el “no querer resolver el conflicto”. Asimismo, advierte de que la falta de “avances en la negociación” ya está generando consecuencias en los servicios públicos de ambos municipios.

Alaitz Egiazabal, presidenta del comité de empresa, afirma que el conflicto se origina en un “deterioro de las condiciones laborales” prolongado en el tiempo. En comparación con otros servicios públicos similares, señala que los trabajadores acumulan “veinte puntos de pérdida de poder adquisitivo”. Según explica, el salario de un subcontratado ronda los 33.000 euros anuales, el de un trabajador interno los 28.000, mientras que la nueva propuesta lo reduciría a 26.000 euros.

La brecha salarial, añade Egiazabal, se triplica entre directivos y operarios, lo que considera una muestra “de un modelo claramente clasista” en la empresa. A ello se suma la falta de reconocimiento de la labor de los operarios, sin tener en cuenta la “toxicidad, peligrosidad y penosidad” de muchos puestos.

Seis meses antes de convocar la huelga, el comité intentó negociar sin éxito con la empresa. Ante la falta de avances, recurrieron al sindicato ELA y, desde el 5 de enero, los trabajadores se encuentran en huelga, que desde el 6 de febrero es indefinida. ELA ha denunciado a la empresa ante la Inspección de Trabajo y ha interpuesto una demanda en el juzgado de lo social por esquirolaje, es decir, por sustituir a trabajadores en huelga. La Constitución Española recoge en su artículo 28.2 el derecho fundamental a la huelga, que prohíbe esta práctica. Egiazabal ha señalado que el día anterior conocieron la sustitución de un miembro del comité de huelga.

La presidenta describe “una estrategia clara” por parte de la empresa: “reuniones sin contenido, calendarios abiertos, sin propuestas y dilación constante”. Reclama “decisiones políticas” y sostiene que existe una solución “sobre la mesa que supone menos de un 1%” del presupuesto de Txinzer para 2026. Insiste en que la empresa busca “alargar para descargar” mientras “intenta trasladar una imagen de normalidad que no existe”.

Las consecuencias del conflicto ya son visibles en Hondarribia, donde la atención pública y el Garbigune permanecen cerrados. Tampoco se están limpiando los depósitos de agua ni la red de alcantarillado, ni se realizan mantenimientos preventivos. Además, más de 24.000 hogares han recibido un recibo de agua incorrecto debido a la implantación de un nuevo sistema, lo que ha generado perjuicios económicos. Egiazabal advierte de que, si la situación continúa, podrían producirse daños en las instalaciones, malos olores y la aparición de ratas y cucarachas.

El pasado 24 de marzo, el Ayuntamiento de Errenteria inauguró GÜ Harreragunea, un servicio de acogida para nuevos vecinos del municipio. Bajo el lema ‘Herri bat denon etxe, Errenteria te acoge’, GÜ ofrece orientación sobre la localidad, adaptándose a las necesidades y preferencias de cada persona. Durante seis meses funcionará como prueba piloto.

El servicio se basa en el manual de acogida del Gobierno vasco, Harrera Ehundu, y en el protocolo municipal elaborado en 2025. Además, ha incorporado aportaciones de distintos agentes sociales para definir su funcionamiento y contenidos. Entre ellos se encuentra SOS Racismo, que colabora directamente con la oficina a través de la trabajadora social Maïmouna Fofana Sangare.

Las personas interesadas en solicitar una cita deben hacerlo a través del correo gu@errenteria.eus o del teléfono 943 449 596, mediante llamada o mensaje por WhatsApp o Telegram. Otra opción es mediante un cita presencial en la Oficina de Atención Ciudadana ZU!. Las citas en GÜ pueden durar hasta una hora y media, especialmente en el caso de familias, y se atienden de 9:00 a 13:00 horas los lunes, miércoles y viernes, y de 15:00 a 19:00 horas los martes y jueves.

La trabajadora social de GÜ explica a este medio que prepara una carpeta con información sobre el municipio antes de cada cita. Fofana selecciona todos o algunos de los quince folletos disponibles en función del perfil de cada persona. Estos materiales recogen información básica sobre entidades de Errenteria que trabajan en ámbitos como empleo, vivienda, educación, salud, convivencia, sostenibilidad, cultura, igualdad, servicios sociales o participación ciudadana.

Una vez en la oficina, la persona, junto a su familia, si es el caso, es recibida por Fofana en un espacio reducido pero acogedor, “siempre buscando que estén cómodas”. Cuenta con una zona habilitada para menores, con juegos y libros que les distraen durante la cita. La oficina se encuentra en la planta baja del edificio Joxepa Antoni Araberri Anitzenea, donde comparte espacio con SOS Racismo, Lau Haizetara y Xenpelar Bertso Eskola.

Durante la cita, se entregan los folletos informativos y se amplía la información según los intereses de cada vecino. Fofana explica que, por ejemplo, si una persona muestra interés por el deporte, se le facilita información “sobre los bonos de los polideportivos”. Además, se agenda una segunda cita para asegurar el seguimiento y comprobar que la información ha sido asimilada.

Para mejorar el servicio, Fofana trabaja en reforzar la conexión con las entidades locales. Señala a este medio que su objetivo es lograr una “mayor coordinación entre todas las asociaciones” y facilitar el acceso de las personas a sus servicios. Cuando no atiende citas, mantiene reuniones con estas entidades para garantizar una buena acogida y mantenerse actualizada.

El servicio también aborda las posibles barreras lingüísticas. Las citas pueden realizarse en castellano, euskera, francés, árabe, inglés o ucraniano. Para ello, el Ayuntamiento ha habilitado el sistema de traducción en vivo con Dualia. Fofana contacta con el servicio “a través de un número telefónico”, introduce el código del idioma requerido y es conectada con una persona intérprete.

En esta fase piloto, GÜ recopila datos tanto de las personas atendidas como de los procesos del servicio. Fofana señala que, una vez finalizado este periodo, se buscará adaptar el funcionamiento a las necesidades detectadas, revisando aspectos como fichas, horarios o ampliación de prestaciones.

A Emiliano García-Page no le ha gustado especialmente la primera de las medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner en marcha para paliar la consecuencias de la guerra en Irán. Concretamente, ha mostrado sus reservas sobre la bajada del IVA de los combustibles al 10%. El motivo: considera que puede ser “una amenaza directa” a la financiación de las prestaciones sociales de las comunidades autónomas, a las que, según ha dicho, se destina el 58% de la recaudación de este tipo de tributos.

El presidente de Castilla-La Mancha ha defendido que su Gobierno trabaja con “planificación” para mantener la estabilidad en la comunidad autónoma, pero que, por el contrario, nunca ha vivido un momento en el que le esté “costando tanto” que “alguien en Madrid se pare un minuto a reflexionar y a discutir sobre los problemas del medio y del largo plazo”.

“La emergencia es permanente, ahora lo vemos muy claro con la guerra en Irán, pero es que si no es la guerra, son las escandaleras y, si no es eso, es el debate político o la ausencia de presupuestos”, ha añadido. Page justifica su reflexión en “no hay un debate sereno sobre casi nada”.

Ha dicho estar pendiente de lo que apruebe este viernes el Consejo de Ministros en relación con la emergencia por la guerra de Irán, pero como adelanto, ha querido hacer hincapié en que si se habla de impuestos, los gobiernos autonómicas no son “una administración cualquiera”. “Ya lo vimos con Ucrania. En ese caso, la bajada de ingresos nos supuso, por las decisiones tomadas sin consultar a la autonomía, más de 400 millones de euros”.

Puede suponer una aminoración de recursos a las autonomías

Por eso ha puesto el foco en el IVA, al afirmar que cuando se habla del impuesto sobre carburantes, el 58% de la recaudación es para las autonomías. Y así, ha alertado de que si se toman medidas conforme a la premisa de “yo invito, pero pagan otros”, eso significa que las decisiones pueden “afectar claramente a la financiación de la sanidad, de la educación y del estado del bienestar”.

“Puede suponer una aminoración de recursos a las autonomías como consecuencia de la guerra de Irán, cuando la decisión es estatal y tendría que ser una financiación pura del Estado central”, argumenta. Advierte por ello que la bajada del impuesto se repercute en las autonomías, y será “una amenaza directa a la financiación de la sanidad, de la educación y de las prestaciones sociales”.

Para Emiliano García-Page, nadie está cayendo en la cuenta de la situación de las autonomías, con “un retraso monumental” en su sistema de financiación. “Y, sin embargo, sin comerlo ni beberlo, nos podemos encontrar con un problema financiero muy considerable del que ni siquiera se está hablando”.

Ha dicho que no quiere “complicar” el debate, pero insistiendo que se aprueben medidas “en la esfera nacional”. “De lo contrario, lógicamente, podemos interiorizar la crisis y que tenga además un efecto más corrosivo y más expansivo en España si eso termina repercutiendo en nuestra sanidad, en nuestra educación, en nuestras prestaciones sociales”, ha concluido.

Tras la desaparición de la Unión Soviética, la política y el debate público en buena parte de las democracias occidentales ha experimentado un desplazamiento sostenido hacia la derecha y, más recientemente, en la última década, hacia la extrema derecha. No se trata solo de un giro electoral, sino de algo más profundo: una reconfiguración del marco de lo decible, lo pensable y lo políticamente viable.

La ventana de Overton —ese espacio simbólico que delimita qué propuestas son consideradas aceptables en un momento histórico— se ha escorado de tal manera que medidas que hace no tanto formaban parte del repertorio normal de la política democrática hoy aparecen como radicales, ingenuas o directamente inviables.

Este fenómeno no puede explicarse únicamente por el ascenso de partidos conservadores y de extrema derecha. Su raíz es estructural y cultural. Durante décadas, el capitalismo y el neoliberalismo han operado como sentido común dominante, naturalizando determinadas premisas: la primacía del mercado, la desconfianza hacia lo público, la reducción de derechos sociales a costes presupuestarios, la normalización de la desigualdad, o la conversión de problemas políticos en supuestas inevitabilidades técnicas. Cuando un marco así se consolida, no necesita imponerse por la fuerza: opera por exclusión, desplazando fuera del campo de lo razonable cualquier alternativa que lo cuestione.

La ideología neoliberal se ha convertido así como el agua para el pez. De la misma forma que un pez, en una fábula animada, no se percataría de vivir inmerso en un ambiente diferente al resto de las especies, los seres humanos tampoco solemos caer en la cuenta de que vivimos sumergidos en el modelo capitalista del que somos parte y en el que nos hemos ido socializando y que ha ido construyendo nuestra forma de pensar y comprender la realidad que nos rodea.

Es como la parábola de la rana hervida: si ponemos una rana en una olla de agua hirviendo, inmediatamente saltará de la olla intentando salir. Pero si ponemos la rana en agua a temperatura ambiente, y no la asustamos, se queda tranquila. Cuando la temperatura se eleva de 21 a 26 grados, la rana no hace nada, e incluso parece pasarlo bien. A medida que la temperatura aumenta, la rana está cada vez más aturdida, y finalmente no está en condiciones de salir de la olla. Aunque nada se lo impide, la rana se queda allí y termina cocinándose.

El rango de ideas socialmente aceptables

La ventana de Overton, término formulado por Joseph P. Overton, analista del think tank estadounidense Mackinac Center for Public Policy, en la década de 1990, es un concepto de teoría política que describe el rango de ideas consideradas socialmente aceptables en el debate público en un momento determinado. Las propuestas que se sitúan dentro de esa “ventana” pueden ser defendidas por responsables políticos sin que su carrera resulte dañada; las que quedan fuera son vistas como radicales, impensables o inaceptables.

Esta ventana ordena las ideas según su grado de legitimidad pública: de “impensable” progresivamente pasará a ser “radical”, de ahí a convertirse en “aceptable”, para, a continuación, pasar a considerarse como “sensata”, para avanzar hasta llegar a ser “popular” y finalmente a “integrarse” y legislarse en la política pública vigente. El cambio puede ser gradual o acelerado mediante crisis, marcos discursivos estratégicos o “normalización” mediática. 

Propuestas que, en un momento, se consideraban extremas pueden volverse debatibles, si se presentan comparativamente frente a opciones aún más radicales. O bien, propuestas que estaban asumidas y formaban parte del acervo común, acaban considerándose impensables, implanteables en un contexto social cuyo marco epistemológico, social, cultural y político se ha desplazado de tal forma que las ha marginado u olvidado.

Aunque no es una teoría formal con validación empírica robusta, pues no deja de simplificar la complejidad de la opinión pública, sirve como modelo heurístico en ciencias sociales y estudios del discurso para analizar procesos de normalización de ideologías neofascistas, capitalistas y neoliberales en la sociedad.

Se ha convertido así una ideología, la neoliberal, en una teología, lo cual refuerza la inculcación al racionalizarla, al convertirla en un conjunto sistemático de mantras, de frases hechas, repetidas insistentemente hasta configurarla como la única realidad plausible. A través de los medios de comunicación, que destacan idénticas informaciones y ocultan otras; mediante los discursos políticos y publicitarios reiterados, las normas y costumbres en que nos socializamos y que nos presionan a asimilar un determinado modelo de consumo, de expectativas, deseos y esperanzas; a través de los contenidos y las enseñanzas que se nos transmiten en la educación formal, desde infantil a la universidad, para enseñarnos a competir, “emprender” o asumir el mercado como forma de relación entre las personas; a través de las redes sociales, los videojuegos y las películas made in Hollywood y Netflix, que muestran una visión muy concreta de quiénes son los héroes y los villanos, dónde está el bien y dónde el mal, quiénes son los “nuestros” y cuáles son los enemigos.

Propuestas que hasta hace poco eran defendidas por partidos socialdemócratas, verdes o incluso conservadores moderados —como el fortalecimiento de los servicios públicos— hoy son presentadas como irrealistas, populistas o económicamente suicidas

Todo nuestro entorno social y educativo contribuye a crear, mantener, justificar y sostener este pensamiento único. Un pensamiento, una visión que ya no necesita ni siquiera justificación o argumentación para su defensa. Los disidentes, los “divergentes”, no dejan de ser minorías periféricas, consideradas exaltadas, incluso denominadas radicales antisistema, pero que el sistema es capaz de integrar en su seno como “contestación”, mientras no afecte, por supuesto, a los núcleos centrales del modelo.

El resultado es revelador. Propuestas que hasta hace poco eran defendidas por partidos socialdemócratas, verdes o incluso conservadores moderados —como el fortalecimiento de los servicios públicos, la propiedad pública de sectores estratégicos, la fiscalidad progresiva ambiciosa, la desmilitarización progresiva del mundo, la reducción del tiempo de trabajo o la desmercantilización de derechos básicos y los bienes comunes como la educación, la sanidad, etc.— hoy son presentadas como irrealistas, populistas o económicamente suicidas. No porque hayan perdido coherencia o respaldo empírico, sino porque el marco de interpretación se ha desplazado.

Un ejemplo claro es el del Estado social. Tras la crisis financiera de 2008, y de nuevo durante la pandemia, se asumió de forma relativamente transversal que la intervención pública era indispensable para sostener la cohesión social y la propia economía. Sin embargo, ese consenso fue efímero. En cuanto la urgencia disminuyó, el discurso dominante regresó con fuerza: austeridad, disciplina fiscal, contención del gasto. Hoy, plantear una expansión sostenida del gasto público en sanidad, educación o cuidados vuelve a ser tachado de irresponsable, incluso cuando los indicadores sociales muestran deterioro y desigualdad crecientes. Lo que ha cambiado no son los datos, sino el umbral de legitimidad del debate.

El desplazamiento del marco convierte una discusión legítima en una quimera, no por falta de argumentos, sino porque el imaginario económico aceptable se ha estrechado

Algo similar ocurre en el ámbito laboral. Hace apenas unos años, la reducción de la jornada laboral sin merma salarial o la participación de los trabajadores y trabajadoras en la gestión y beneficios de la empresa, eran propuestas discutidas en foros sindicales, académicos y parlamentarios, apoyada por investigación y experimentos piloto. Hoy, en muchos contextos, vuelve a ser presentada como una amenaza a la competitividad, pese a que la digitalización permitiría avanzar en esa dirección. El desplazamiento del marco convierte una discusión legítima en una quimera, no por falta de argumentos, sino porque el imaginario económico aceptable se ha estrechado.

Este corrimiento hacia la derecha no es neutro ni espontáneo. Ha sido activamente impulsado por aparatos mediáticos, think tanks, lobbies empresariales y actores políticos que han logrado fijar los términos del debate. Conceptos como “libertad”, “eficiencia” o “modernización” han sido resignificados para funcionar casi exclusivamente en clave de desregulación, privatización y reducción de lo público. En paralelo, nociones como “igualdad”, “redistribución” o “derechos sociales” han sido asociadas a gasto excesivo, rigidez o dependencia. Así, la ventana no solo se mueve: se inclina, favoreciendo sistemáticamente unas posiciones frente a otras.

La consecuencia más preocupante es que este desplazamiento limita la imaginación política. Cuando determinadas propuestas se expulsan del debate, incluso fuerzas que podrían defenderlas optan por la autocontención. Se produce entonces un efecto de retroalimentación: los partidos moderan sus programas para no parecer “extremos”, esa moderación refuerza la idea de que no hay alternativas, y esa supuesta ausencia de alternativas justifica nuevas renuncias. La derecha extrema y la extrema derecha no necesitan ganar las elecciones para ganar la batalla cultural del marco ideológico; le basta con definir los límites de lo posible.

En este contexto, la emergencia de la extrema derecha cumple una función esencial en esta guerra cognitiva, en la disputa por el marco y el relato. Sus posiciones abiertamente reaccionarias actúan como ancla desplazadora: frente a ellas, propuestas conservadoras duras aparecen como razonables, y posiciones socialdemócratas clásicas pasan a ser etiquetadas como “izquierda radical”. El debate se reordena, no en torno a soluciones a los problemas sociales, sino en torno a un eje identitario y punitivo que desplaza la atención de las causas estructurales de la desigualdad. De nuevo, la ventana se mueve, pero siempre en la misma dirección. Y vemos así como partidos conservadores, socialdemócratas, ecologistas e incluso de izquierda acaban compitiendo en Europa por ver quién propone medidas más duras de exclusión y expulsión de migrantes incluso a países donde nunca han estado, a lugares con los que no tienen ningún vínculo.

No obstante, este proceso no es irreversible. La historia muestra que los marcos hegemónicos pueden resquebrajarse cuando las contradicciones se acumulan y cuando actores sociales y políticos logran articular relatos alternativos consistentes. La clave no está solo en proponer medidas concretas y “radicales”, que también obliguen a repensar lo impensable, sino también en reconstruir el marco desde el que se evalúan. Lo que hoy parece inviable puede volver a ser pensable si se cuestionan las premisas que lo hacen aparecer como tal.

Desplazar la ventana de Overton hacia los derechos humanos y el bien común exige en definitiva disputar el sentido común en esta batalla pedagógica por el marco cultural e ideológico. Implica recordar que muchas de las conquistas sociales fueron, en su momento, tachadas de utópicas o peligrosas. Implica también asumir que la moderación permanente en un contexto de marco escorado a la ultraderecha no conduce al centro, sino a una derechización progresiva del propio centro. Cuando el terreno de juego está inclinado, avanzar hacia la igualdad no es radicalidad: es, sencillamente, un intento de recuperar equilibrio democrático. Debemos afrontar de forma radical esta batalla cultural y política que se está librando en el nivel más profundo: el de los límites de lo imaginable. 

La digitalización de los servicios públicos en España ha transformado la manera en que los ciudadanos interactúan con las administraciones. Cada vez son más las gestiones que pueden realizarse de forma remota, desde consultar datos personales hasta hacer seguimiento de expedientes, sin necesidad de desplazarse a oficinas físicas. En este contexto, la aplicación Mi Carpeta Ciudadana se ha consolidado como una herramienta clave, centralizando en un único espacio la información y los trámites que los usuarios necesiten.

Con la actualización de 2026, la plataforma refuerza su utilidad al incorporar nuevas funciones y mejoras que facilitan la consulta de documentos, la gestión de alertas y la interacción con distintos organismos. La aplicación, disponible en versión web y móvil, ofrece un acceso seguro a datos personales y expedientes, permitiendo a los usuarios revisar información educativa, laboral, sanitaria o de vivienda, entre otros apartados.

Qué es Mi Carpeta Ciudadana y para qué sirve

Mi Carpeta Ciudadana es un espacio personal que centraliza la relación de los ciudadanos con las administraciones públicas. Permite consultar datos personales, gestionar citas previas, recibir notificaciones pendientes y seguir el estado de los expedientes en tramitación. A través de la aplicación, se puede acceder a información sobre educación, empleo, prestaciones, salud, vivienda, vehículos, documentación personal y transparencia administrativa, así como enviar sugerencias o comunicarse con los organismos públicos.

El acceso a la plataforma se realiza mediante el sistema de autenticación Cl@ve, que incluye Cl@ve Permanente, certificados electrónicos y DNI electrónico. Esta identificación garantiza que únicamente el titular de los datos pueda acceder a su información, ofreciendo seguridad y confidencialidad. Una vez autenticado, el usuario puede configurar opciones de acceso biométrico para agilizar futuras consultas y gestiones, haciendo la experiencia más cómoda y rápida.

Novedades de Mi Carpeta Ciudadana en 2026

La actualización de 2026 de Mi Carpeta Ciudadana incorpora nuevas funcionalidades que permiten a los usuarios gestionar información y trámites de manera más completa. Entre las novedades confirmadas se encuentran:

Estas funciones refuerzan la utilidad de la plataforma como un punto centralizado para la interacción digital con la Administración, ampliando el número de gestiones disponibles y facilitando la consulta de información relevante para los ciudadanos.

Trámites ya disponibles antes de la actualización

Antes de la actualización, Mi Carpeta Ciudadana ya ofrecía un amplio conjunto de gestiones que permiten a los ciudadanos acceder a información y documentos oficiales de manera centralizada, evitando desplazamientos innecesarios. La aplicación organiza los servicios en menús y categorías, con secciones específicas para educación, vivienda, trabajo, salud, situación personal, vehículos, ciudadanía y transparencia.

En educación y formación, los usuarios pueden consultar sus expedientes académicos y descargar justificantes de titulaciones universitarias y no universitarias, formación sanitaria especializada, matrículas universitarias y certificaciones de becario. Además, es posible obtener un certificado como formador o alumno del Instituto Nacional de Administración Pública.

La sección de vivienda concentra información sobre inmuebles y parcelas en propiedad, permite acceder a los datos de domicilio registrados en el padrón y consultar el histórico de municipios donde ha residido el ciudadano. También se pueden descargar certificaciones catastrales y documentos complementarios multilingües de la Unión Europea.

En el apartado de trabajo y prestaciones, los usuarios pueden revisar su vida laboral completa, consultar el historial de empleos recientes, acceder a prestaciones sociales y de desempleo, y ver datos relacionados con empleados públicos, como afiliación y prestaciones de Muface, pensiones de clases pasivas, registros de opositores y acceso al Registro Central de Personal. Esta sección permite también descargar documentos y justificantes para cada uno de estos trámites.

En cuanto a salud y asuntos sociales, la aplicación facilita el acceso a la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud, al estado de la Tarjeta Sanitaria Europea y a la información sobre grado de discapacidad o dependencia reconocidos. Los certificados correspondientes pueden descargarse directamente desde la plataforma.

La sección de situación personal y familiar incluye la posibilidad de obtener certificados de nacimiento, antecedentes penales o ausencia de los mismos, título de familia numerosa, reconocimiento como víctima de terrorismo, y documentación sobre obligaciones tributarias, residencia legal y pruebas de nacionalidad o lengua española. También se pueden descargar justificantes para deportistas de alto nivel y verificar la ausencia de prohibiciones de juego.

En vehículos y transporte, los usuarios pueden consultar sus datos de conductor y saldo de puntos, así como información de vehículos a su nombre, incluyendo embarcaciones profesionales y de recreo. Se pueden descargar certificados que acrediten estos datos y acceder a titulaciones marítimas.

La categoría de ciudadanía permite comprobar el estado de documentos de identidad, pasaportes y certificados electrónicos, así como consultar el censo continuo. Por su parte, la sección de transparencia ofrece un registro de los intercambios de información entre administraciones públicas durante los últimos 30 días, permitiendo al ciudadano supervisar cómo se comparten sus datos con distintos organismos.

A Xunta vén de anunciar en Fitur hai apenas unhas semanas o futuro Camiño do litoral, o ambicioso proxecto de unir os 1.300 quilómetros da costa galega a través dun itinerario que se poderá percorrer a pé ou en bicicleta. A iniciativa non aparece acompañada polo de agora nin de medidas ambientais robustas, nin de estudos de impacto transparentes. Pero acaso alguén quere informarse sobre esas minucias nunha feira internacional de turismo? Aquilo tiña que ser unha festa, non un mitin ecoloxista. Quizais por iso, a titular de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, preferiu insistir na presentación á prensa en Madrid —onde se non?— en que “Galicia é Camiño; Galicia é litoral; Galicia é calidade”. A falta de articulación no discurso e o lema de chiringuito —de praia, pero tamén político— parecen feitos á mantenta para o ton irónico deste artigo, pero créanme, o mellor de todo isto é que non tiven que inventar nada, todo está na nota de prensa que a web oficial da Xunta ofrece sobre o acto. No mesmo texto, nin rastro da preocupación pola presión —directa ou indirecta— sobre ecosistemas fráxiles como areais, dunas, ou tramos xa degradados polos procesos erosivos. Brillan tamén pola súa ausencia as referencias á saturación dos servizos ou o posible descontento da veciñanza afectada.

Os dous millóns de euros proxectados como orzamento inicial —aínda que escasos, ninguén dubida de que a cantidade se poida ampliar tratándose de explotación turística— están pensados para o investimento directo no acondicionamento das infraestruturas. Toca a uns 1.600 euros por quilómetro. Non dá nin para medio ano de viaxes entre Santiago e A Coruña pola AP-9. Pero todo se andará. Este novo camiño sen apóstolo trae ademais baixo o brazo unha aplicación móbil: a APP Conecta litoral, que guiará ás viaxeiras e viaxeiros a través dun sendeiro que —cito textualmente— “representa a materialización de Galicia Calidade”. Fíxense que son palabras maiores. Iso non o pode dicir nin a app do Sergas.

Mais non vaian pensar que este é un camiño ideado unicamente para a xente que vén de fóra, para os turistas que xentrifican —coa axuda dos particulares e o amparo das institucións— as vilas da nosa costa e a súas cidades. Diso nada, porque por se todo o anterior non fose suficiente, o Camiño do litoral, anuncia a Xunta, servirá para “vertebrar territorio”. Lendo isto, e como rapaz do interior da Costa da Morte, imaxino que —a pé ou en bicicleta— esta nova atracción turística traerá consigo ao rural servizos básicos de sanidade, educación e transporte. Que fará que pasen máis buses de liña e que estes veñan cargados de persoal sanitario, peóns agrícolas, profesorado, xente con gana de quedar. Que reactivará a economía dos concellos menos densamente poboados. Que acabará coa soidade non desexada. Imaxino, si, que iso é o que entende a Xunta por vertebrar un país, por conectalo e dotalo de cohesión. Pero se cadra non. Que saberei eu que nunca quixen ser conselleiro de nada.

Hai exactamente un ano, a mesma Ángeles Vázquez reivindicaba Galicia como “refuxio climático natural” en Fitur para “atraer visitas en calquera época do ano”. Prometía “confort, seguridade e descanso” para os visitantes. A min, a insistencia da persoa á fronte das políticas medioambientais e contra o cambio climático da Xunta por estar nunha feira turística faime sospeitar cousas, pero non direi cales. Pola contra, preguntareime aquí se Vázquez coñece o significado exacto de “refuxio climático”. Se sabe o que é un refuxiado. Se desexa para a cidadanía galega ese status: refuxiados dentro do seu propio país, do seu territorio espoliado.

Nunca esquecerei o slogan de Feijóo nas eleccións autonómicas do 2020: Galicia, Galicia, Galicia. Así, sen máis. Tres veces. Coma quen o pronuncia ás escuras fronte ao espello do baño e despois bota a correr con medo de que se lle aparece unha rapaza morta ou o diaño. Unha lenda urbana. Que é Galicia para o Partido Popular? E o litoral para Ángeles Vázquez? Que todos vivimos dentro dunha marca —a identidade (aínda máis a colectiva) é un concepto demasiado complexo e perigoso segundo os poderes fácticos— é algo que xa asumín no caso galego e no de parte do estranxeiro. Sei que esa é unha dinámica que nos excede como pobo. Pero aínda así, non deixa de arrepiarme que Galicia sexa “calidade”. Que cada vez que Galicia é calidade, non deixe de ser conflito, desigualdade, precariedade, abandono, eucaliptos, terra queimada, parque eólico, falta de cobertura —móbil e sanitaria—, casas sen xente, xente que morre soa. Poden o decorado e a propaganda substituír a realidade? Poden anular ou silenciar as preocupación reais das persoas que habitan un lugar e o conforman? Vertebrar non é trazar unha liña azul sobre o contorno dun mapa. Deste lado nós e do outro o océano. Un lugar para ser visto e non vivido. Galicia, Galicia, Galicia. Para quen é o país que pronunciades?

Una concentración a las puertas de la residencia de mayores 'La Granadilla', en Badajoz, con participación de representantes de CCOO, trabajadores y familiares de usuarios, ha querido poner de manifiesto es jueves las carencias de esta instalación, que sufrió un incendio el pasado domingo, y reclamar que se acometan mejoras.

El responsable del Sector de Administración Autonómica de CCOO, José Sánchez, ha explicado a los medios que es necesario afrontar todos los desperfectos existentes en la residencia, unas actuaciones que, en su opinión, “hubieran evitado el incendio”.

Entre las deficiencias detalladas se encuentran elementos eléctricos como enchufes “sobrecargados” o un equipo electrógeno, que ha dejado de funcionar tras las últimas borrascas, así como fallos que se producen en los sistemas de alarma o antihumo, que, según trasladan los trabajadores, “no sonaron” el domingo, solo el sistema externo de protección instalado para evitar que los usuarios dejen el centro.

Otro de los “graves problemas” es la necesidad de aumentar la plantilla del centro, algo que también ocurre en el resto de la red del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad).

Ha incidido en que en el momento del incendio solo se encontraban tres personas trabajando y que la suerte fue que este hecho se produjo a las 19:00 horas y había familiares que ayudaron a los trabajadores.

También se ha solicitado que se informe con urgencia y transparencia sobre las causas del incendio, que según policía y bomberos que podría haberse producido “por un problema eléctrico o por alguna colilla o un elemento similar”.

El representante sindical ha insistido en que “los trabajadores hicieron todo lo que pudieron, incluso empleados que libraban y que se desplazaron al centro al enterarse del incendio, conscientes de las carencias de esta dotación”, mientras que familiares de usuarios también pusieron “su granito de arena” con el objetivo de evitar males mayores. 

La Plataforma de Movilización de Interinos e Interinas de Educación de La Rioja ha criticado este miércoles que “la Consejería de Educación de La Rioja lleva 12 años sin realizar ninguna modificación sustancial en la Orden de Interinos” y aseguran no descartar ningún tipo de acción futura “si la negociación no avanza en las líneas propuestas”. “Si es necesario, se convocará una huelga”, advierten.

En la Plataforma señalan que, tras reabrir la negociación en Mesas Sectoriales de Educación que comenzaron el pasado mes de octubre, las reformas propuestas por la Administración demuestran, a su juicio, “poca intención por mejorar las condiciones laborales de los y las interinas de La Rioja”.

Por ello, exigen “jornadas parciales no obligatorias y la eliminación de los tercios de jornada, que nos condenan a vivir de manera precaria, muy por debajo del SMI, es esencial recordar que La Rioja es la única comunidad autónoma en la que los tercios de jornada son obligatorios, y en algunas CCAA ni siquiera existen estos tercios”. “Queremos que la Administración nos escuche: no aceptamos que se nos premie con puntos extra a cambio de vivir en la precariedad”, añaden al respecto.

A ello suman la exigencia de “la continuación del nombramiento en verano a partir de 165 días trabajados, no pedimos nada nuevo, es un derecho que se eliminó en la crisis del 2010 y que exigimos recuperar”, señalando que “en este punto, el trabajo debe ser conjunto entre la Consejería de Educación y la Delegación de Hacienda”.

Apuntan que “hasta ahora, para disponer de la continuación del nombramiento en verano, los interinos e interinas deben incorporarse en el mes de octubre a su puesto de trabajo y estar hasta el 30 de junio sin interrupciones en el contrato”.

La Administración “propone alargar la toma de posesión al 5 de octubre en el curso 2026/2027 y al 10 de octubre en el curso 2027/2028, con una única interrupción del contrato posible de 3 días naturales”, una propuesta, aseguran los interinos, que “nos hace pensar que la Administración no está tomando en serio nuestras reivindicaciones”.

“Debemos cuidar de la calidad de la educación pública de nuestra comunidad y, para ello, también debemos cuidar de sus docentes. Obligados a vivir en la precariedad, en una profesión que parece haber perdido su dignificación, viviendo con la angustia de estar siempre disponibles para la Administración, tan lejos de casa como sea y por sueldos irrisorios”, subrayan.

Actualmente, “las y los docentes interinos ocupan más del 40% de la plantilla de la educación pública no universitaria en La Rioja”, por lo que recalcan que son “un pilar fundamental de la misma”, e insiten en una idea: “Si paramos, el sistema educativo de nuestra comunidad cae”.

Hace unos años que cerré por última vez la puerta del aula. Lo hice con el corazón intacto y la satisfacción de quien ha habitado su vocación hasta el último minuto. Ser maestra no ha sido para mí un empleo de ficha y nómina; ha sido una forma de estar en el mundo. Me despedí de mis alumnos habiéndome mantenido al día de cada innovación, abrazando los cambios pedagógicos y tecnológicos con la misma curiosidad que ellos, porque siempre entendí que para enseñar hay que tener la humildad de no dejar nunca de aprender.

Me he dejado la piel en la enseñanza pública, defendiéndola como el único espacio donde la igualdad de oportunidades deja de ser un eslogan para convertirse en una realidad tangible.

Sin embargo, al entregar las llaves de mi clase, me he topado con una paradoja social tan absurda como dolorosa que afecta a toda mi generación: parece que, al dejar de pasar lista -o de producir en cualquier oficio, sea físico o intelectual-, el sistema ha decidido que hemos dejado de tener voz, criterio o visión de futuro.

Este fenómeno tiene un nombre clínico, 'edadismo', pero su práctica es pura violencia simbólica. Se nos intenta reducir a la invisibilidad bajo la etiqueta de “clases pasivas”, como si una vida dedicada a formar ciudadanos o a levantar un país pudiera desconectarse del compromiso social por el mero hecho de cumplir años.

Como maestra jubilada, mujer feminista y progresista, me niego a aceptar este guion. Mi jubilación no es un silencio; es un cambio de frecuencia.

El edadismo es, posiblemente, la última gran frontera de la discriminación que nuestra sociedad democrática debe derribar. Es una miopía sistémica que nos descarta en todos los frentes: en la Sanidad, donde la infantilización sustituye al respeto a nuestra autonomía; en la Brecha Digital, donde se nos etiqueta como “analfabetos” por omisión, y, en muchos casos, no es así; en la Cultura, donde la obsesión por la juventud borra nuestros rostros; y en la Política, donde se nos ve como objetos de asistencia y no como sujetos de liderazgo, a pesar de poseer la memoria histórica necesaria para proteger las libertades que hoy tanto flaquean.

Mi papel hoy es el de una 'maestra de guardia': alguien que observa el presente con la agudeza que da la experiencia y que levanta la voz por quienes el sistema pretende silenciar

No me he jubilado para ver pasar la vida desde el banquillo. Mi vocación de maestra me obliga, ahora más que nunca, a seguir en la brecha denunciando que este descarte es un error pedagógico y social imperdonable. Sigo aquí para demandar servicios públicos dignos, porque sé lo que cuesta construirlos y lo fácil que es destruirlos desde un despacho. Mi papel hoy es el de una “maestra de guardia”: alguien que observa el presente con la agudeza que da la experiencia y que levanta la voz por quienes el sistema pretende silenciar.

Utilizo mi libertad recobrada para decir alto y claro que tenemos muchísimo que aportar. Mi jubilación no es el final de mi magisterio, es el comienzo de mi activismo más maduro y combativo a favor de toda una generación. Porque una maestra nunca deja de creer en el progreso. Y yo, hoy, me declaro en rebeldía contra la invisibilidad.

La jubilación no es un silencio; es un cambio de frecuencia. Y hago un llamamiento a todos las personas jubiladas: no aceptéis el rincón de la quietud. No permitáis que decidan por vosotros. La única forma de frenar este descarte es ocupando el espacio público y alzando la voz.La jubilación no es el silencio; es un cambio de sintonía.

Hago un llamamiento a cada jubilado: no aceptéis el rincón de la quietud. No permitáis que el mundo decida por vosotros ni que os dicte dónde termina vuestro horizonte, ni que os hablen como a personas desvalidas.

La única forma de frenar este descarte sistemático es invadiendo el espacio público y haciendo que nuestra voz retumbe donde otros esperan silencio.

Nuestra lección no ha terminado; apenas ha cambiado de escenario. Obligad al mundo a escuchar:

Identificad y destruid los prejuicios: confrontad con asertividad absoluta tanto las propias dudas como la mirada sesgada del resto.

Exigid respeto, no condescendencia: no toleréis términos infantiles, apodos despectivos ni ese tono paternalista que intenta anular vuestra autoridad.

Conquistad el puente intergeneracional: conectad, enseñad y aprended, pero jamás desde la periferia.

Denunciad el edadismo: señalad cada injusticia y cada exclusión con nombre y apellido.

No os retiréis del mundo, reclamadlo. Que vuestra presencia sea el recordatorio constante de que la edad no es una resta, sino un poder acumulado. Alzad la voz hasta que el silencio de los que nos quieren invisibles sea lo único que se escuche. ¡Haceros presentes, ahora y siempre!

El diputado regional Miguel González de Legarra ha recordado que “primero denunciamos la opacidad económica de la Fundación para la Transformación de La Rioja, la ausencia de cuentas auditadas, el incumplimiento de las leyes de transparencia, el abuso sistemático de contratos menores y la falta absoluta de resultados tras dos años y medio de gestión del Gobierno de Gonzalo Capellán”. Después, “alertamos sobre las contrataciones del personal a través de procesos sin convocatoria pública, sin publicidad, sin concurrencia, vulnerando los principios de mérito y capacidad, incumpliendo incluso el propio protocolo interno de la Fundación y con conflictos de intereses evidentes por parte del gerente”. Y hoy “hablamos directamente de sueldos, de dinero público, de privilegios salariales y de decisiones que, a nuestro juicio, vulneran de forma clara la Ley de Presupuestos de La Rioja”.

González de Legarra ha explicado que la Ley de Presupuestos “limita claramente los incrementos salariales para todos los empleados públicos, incluidos también los de todos los trabajadores del sector público”. Sin embargo, en la Fundación para la Transformación de La Rioja “hemos podido comprobar que, en 2024, se aplicaron subidas salariales que la Ley no permite”. Porque la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2024 “establecía con claridad que no se pueden aplicar incrementos salariales superiores a lo fijado por el Estado que, para ese año quedó fijado en un 2%”.

Sin embargo, ha añadido el diputado socialista, “si revisamos los salarios del responsable de Proyectos y del responsable Jurídico de la Fundación para la Transformación, comprobamos que el primero pasó de cobrar 30.726,78 euros en el mes de enero a cobrar 39.701,15 euros en junio, un incremento de 8.974,37 euros, mientras que el responsable Jurídico pasó de cobrar 30.726,78 euros en enero a cobrar 36.716 euros en el mes de junio, un incremento de 5.989,22 euros”.

Miguel González de Legarra ha dicho que “estamos ante incrementos que superan el 29% en el primer caso, y que casi alcanza el 20% en el segundo, cuando el límite legal de incremento estaba fijado en un máximo del 2%”. Se trata, además, de incrementos “que se aplican en la mitad del ejercicio, sin ningún tipo de explicación pública y, lo que es más grave, sin ningún tipo de cobertura legal conocida”.

González de Legarra ha afirmado que estas subidas salariales “no solo están prohibidas por la Ley de Presupuestos, tampoco se encuentran contempladas en el presupuesto de la Fundación”. Es posible, ha comentado el diputado socialista, que el PP “intente justificar todo esto diciendo que se produce como consecuencia de la fusión entre la Fundación para la Transformación con la Fundación del Envase y el Embalaje”. Pero la cronología “es clara y desmonta ese argumento, ya que la fusión se aprueba el 27 de agosto de 2024 y la delegación de poderes es del 17 de septiembre, mientras que las subidas salariales se produjeron en abril”.

Miguel González de Legarra ha asegurado que “aquí hay decisiones discrecionales que se toman en mitad del ejercicio presupuestario, vulnerando de manera flagrante la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma y sin cobertura presupuestaria por parte de la Fundación”. Una Fundación que “debería ser una herramienta al servicio del interés general, pero a la que han convertido en un chiringuito”. El diputado socialista ha afirmado que el silencio del Gobierno sobre este asunto “no deja de ser un reconocimiento implícito de que lo denunciado por parte del PSOE es cierto”. Y los responsables “tienen nombres y apellidos; Gonzalo Capellán, Alfonso Domínguez, Belinda León y Arturo Colina”.