El Campamento Dignidad nació en Extremadura en plena resaca de la crisis económica y financiera de 2008. Trece años después, las tiendas de campaña ya no ocupan las calles como entonces, pero algunas de las preguntas que dieron origen al movimiento siguen abiertas: qué ocurre cuando una familia no puede acceder a una vivienda, cuando una prestación no llega, cuando una persona sin hogar no puede empadronarse o cuando incluso cubrir una necesidad fisiológica se convierte en un problema. La actualidad ha devuelto al colectivo a uno de los escenarios donde comenzó una de sus principales batallas: la vivienda.

En Badajoz, Campamento Dignidad trabaja hoy para que se regularice la situación de diez familias que recuperaron viviendas vacías en el barrio de Suerte de Saavedra, antiguos inmuebles vinculados a la Guardia Civil que quedaron abandonados tras el traslado de los agentes. La Junta de Extremadura plantea actuar sobre esos inmuebles, pretende recuperar y rehabilitar parte de las viviendas, mientras las familias reclaman una alternativa habitacional antes de cualquier desalojo. Para el movimiento, el conflicto representa la continuidad de una reivindicación que atraviesa más de una década de actividad: que las viviendas vacías se utilicen para garantizar el derecho a un techo. “Estamos intentando que se legalice la situación de diez familias que recuperaron su vivienda en el barrio de Suerte de Saavedra”, explica Juan Viera, uno de sus portavoces históricos.

El origen del conflicto se encuentra en un conjunto de 90 viviendas que quedaron vacías tras la salida de la Guardia Civil del barrio. Primero quedaron bajo la titularidad del Ministerio del Interior y, con el paso del tiempo, la Junta de Extremadura asumió su gestión. En ese intervalo, cuando los inmuebles llevaban años abandonados, diez familias entraron a vivir en diez de esas casas. Viera recuerda aquel momento como el inicio de una reivindicación que no ha cesado: viviendas públicas sin uso frente a familias sin alternativa. Desde entonces, Campamento Dignidad ha defendido que esos inmuebles pasaran definitivamente a manos de la Administración autonómica y que se reconociera la situación de quienes ya los habitaban. “Empezamos la batalla para que, en primer lugar, las viviendas del Ministerio pasasen a la Junta de Extremadura y después que la Junta de Extremadura legalizara la situación de las familias”, resume.

Destino de los inmuebles

El movimiento cuestiona ahora el destino de parte de los inmuebles. Según Viera, la Junta ha habilitado 40 viviendas y las ha entregado a Cáritas para su gestión, mientras el colectivo reclama participar en las decisiones sobre la adjudicación. “La Junta de Extremadura ha habilitado y preparado 40 y no sabemos por qué se las ha entregado a Cáritas. Cáritas hará lo que le parezca con ellas. Nosotros estamos pidiendo participar en la decisión, en la concesión de esas viviendas”, afirma. La Junta ha planteado actuar sobre las viviendas pendientes y reservar diez para una actuación posterior, según la reconstrucción del colectivo. Las familias ocupantes reclaman que su situación sea tenida en cuenta antes de cualquier salida. Campamento Dignidad ha anunciado nuevas movilizaciones: “Tenemos el día 15 una movilización en Badajoz y seguiremos con ello para que se asignen por parte de la Junta de Extremadura las viviendas a estas familias”, avanza Viera.

El conflicto actual tiene una particularidad: la Administración autonómica también pretende que los inmuebles formen parte de la solución al problema de la vivienda, pero el desacuerdo está en quién debe acceder a ellos y qué debe ocurrir con quienes ya viven allí. Para Campamento Dignidad, la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas sociales de Extremadura. Desde sus primeros meses, el colectivo denuncia la contradicción entre promociones vacías y familias sin alternativa residencial. Durante los años más duros de la crisis señaló viviendas inacabadas, inmuebles de entidades financieras y promociones públicas sin uso. En Mérida, uno de los focos fue la urbanización Los Álamos; en Badajoz, Suerte de Saavedra se convirtió en uno de los escenarios más prolongados. Su posición se ha mantenido: aumentar el parque público, utilizar las viviendas vacías y garantizar que ningún desalojo deje a una familia sin alternativa. Viera considera que el problema continúa agravándose. “La cuestión de la vivienda es un problema fundamental ahora mismo en Extremadura y estamos haciendo todo lo que podemos”, sostiene.

La reivindicación enlaza con la evolución del mercado inmobiliario: la dificultad no afecta solo a personas sin ingresos, sino también a trabajadores con salarios insuficientes para afrontar los precios del alquiler. Campamento Dignidad ya advertía que el problema extremeño no era únicamente el precio, sino la insuficiencia del parque disponible para quienes no pueden competir en el mercado privado.

Sinhogarismo

La agenda del movimiento se ha ampliado desde aquellos primeros años. Uno de los nuevos frentes es el de las personas sin hogar. “En Mérida, en Cáceres y en las grandes localidades hay muchas personas sin hogar que viven en la calle, en los portales, debajo de las obras”, relata Viera. Pero el problema no termina con la falta de un techo: las personas que viven en la calle encuentran dificultades para acceder a espacios básicos de la vida cotidiana, entre ellos algo tan elemental como utilizar un aseo. “Cuando tienen necesidad fisiológica, en algunos restaurantes no les dejan entrar porque están estigmatizados por una circunstancia o por otra y en la calle, la Policía los multa. Entonces, ¿dónde van?”, plantea. De ahí surge una de las reivindicaciones más llamativas del movimiento: la instalación de aseos públicos gratuitos y accesibles. La demanda parte de una cuestión de dignidad, pero también de salud pública, convivencia e igualdad en el uso del espacio urbano. El colectivo considera que no basta con reclamar ciudades turísticas, accesibles y cuidadas si quienes viven en ellas en las condiciones más extremas no tienen siquiera un lugar donde cubrir sus necesidades fisiológicas. “Y no es solo por ellos, sino también por la cuestión turística. Tanto que hablan del turismo, pues que se preocupen por este tema”, señala Viera.

La reivindicación coloca en el debate una dimensión poco visible del sinhogarismo: no se trata solo de dónde duerme una persona, sino de cómo puede desarrollar las actividades más básicas de la vida cotidiana cuando no dispone de un espacio privado.

La escena que describe Viera —una persona sin hogar buscando un lugar donde simplemente poder orinar o asearse, recibiendo negativas en los bares y multas en la calle— revela hasta qué punto la ciudad puede volverse hostil cuando no se dispone de un espacio propio. La necesidad fisiológica, que en cualquier hogar se resuelve sin pensarlo, se convierte en un recorrido humillante y, a veces, sancionable. No es solo un problema de higiene o de salud pública: es la constatación de que la vida urbana está diseñada para quienes pueden pagar por cada gesto cotidiano. Campamento Dignidad insiste en que esta vulneración silenciosa de derechos básicos muestra la crudeza del sinhogarismo en su forma más íntima, allí donde la dignidad se juega en lo más elemental: poder ir al baño sin ser expulsado, señalado o castigado.

Empadronamiento

Otro frente abierto es el del empadronamiento. El colectivo acompaña a personas vulnerables ante los servicios sociales y denuncia especialmente las dificultades de quienes viven en la calle para figurar en el padrón municipal. “Estamos batallando para que se empadrone a la gente”, explica Viera. La inscripción padronal acredita la residencia y es esencial para acceder a prestaciones, servicios y derechos. El colectivo denuncia que algunas personas sin hogar permanecen sin empadronar. “Por ley es una obligación de los municipios, pero así y todo muchos municipios se oponen a empadronar a gente que vive en la calle”, sostiene. Campamento Dignidad mantiene este conflicto especialmente con el Ayuntamiento de Mérida. La consecuencia, según Viera, es una cadena de exclusión: “Si no tiene empadronamiento, pues no hay nada”.

Acompañamiento

El acompañamiento constituye una de las señas de identidad del movimiento desde su nacimiento. No se limita a convocar concentraciones: acompaña a familias ante los servicios sociales, participa en negociaciones y ayuda a personas vulnerables a realizar trámites. “Estamos acompañando a muchas familias a los servicios sociales, sobre todo de Mérida”, explica Viera. Ese papel no siempre resulta cómodo para las administraciones. El portavoz asegura que el colectivo ha encontrado dificultades para acompañar a familias en los servicios sociales municipales. “Tenemos problemas en los servicios sociales municipales cuando acompañamos a familias porque no nos dejan”, afirma. La presencia de una organización junto a una persona usuaria cambia la relación con la Administración: ya no acude sola, sino acompañada por un colectivo que conoce sus derechos y reclama explicaciones. Es una práctica heredada de los movimientos sociales surgidos durante la crisis hipotecaria y que Campamento Dignidad ha convertido en parte estable de su actividad.

Histórico

El movimiento nació el 20 de febrero de 2013 en Mérida. Personas desempleadas y demandantes de prestaciones sociales se concentraron ante las oficinas del Servicio Extremeño Público de Empleo y decidieron instalar allí un campamento para reclamar trabajo, protección social y una renta básica. La experiencia conectaba con el 15M y con las Plataformas de Afectados por la Hipoteca. La acampada se extendió a Plasencia, Almendralejo y Badajoz. Las tiendas se convirtieron en una imagen de la crisis social extremeña. Pero el movimiento no se limitó a permanecer en la calle: construyó una red de apoyo mutuo que combinaba protesta, acompañamiento y organización comunitaria. Su idea central era que las personas afectadas por la pobreza no fueran consideradas únicamente receptoras de ayudas, sino sujetos activos de las reivindicaciones.

La primera gran batalla política fue la renta básica. La Asamblea de Extremadura aprobó en mayo de 2013 la Ley 3/2013, de 21 de mayo, de renta básica extremeña de inserción, que reconocía un derecho subjetivo vinculado a requisitos económicos y a un Proyecto Individualizado de Inserción. La fecha requiere una precisión: la ley fue aprobada el 21 de mayo y publicada en el DOE el 23. El modelo estaba lejos de la renta básica defendida por el movimiento, que reclamaba una prestación universal, individual, incondicional y suficiente. La Administración articuló una renta mínima condicionada. Ahí apareció uno de los debates centrales: si la protección frente a la pobreza debe plantearse como una prestación asistencial sometida a condiciones o como un derecho económico universal.

Continúa el debate

La aprobación de la ley no puso fin a las movilizaciones. Campamento Dignidad denunció retrasos, obstáculos burocráticos y falta de recursos. La crítica se dirigió tanto al Gobierno del PP de José Antonio Monago como al Ejecutivo socialista de Guillermo Fernández Vara. El problema iba más allá del dinero disponible: se trataba de si una persona en situación de pobreza podía realmente ejercer el derecho reconocido. Las protestas se sucedieron y el movimiento reclamó más recursos para garantizar el pago de las prestaciones. La regulación ha cambiado desde entonces: la Renta Básica Extremeña de Inserción fue sustituida por otros modelos y hoy existe la Renta Extremeña Garantizada. Pero el debate sobre suficiencia, requisitos, burocracia y capacidad real de las prestaciones para sacar a una persona de la pobreza permanece.

La vivienda se incorporó pronto a la agenda. Campamento Dignidad acompañó a familias amenazadas por desahucios y señaló viviendas vacías. En Mérida puso el foco en promociones sin terminar; en Badajoz, en Suerte de Saavedra. El repertorio de acción fue directo: concentraciones, acampadas, ocupaciones reivindicativas, acompañamientos, encierros y protestas ante responsables políticos. El objetivo era desplazar al espacio público conflictos que habitualmente permanecían encerrados en expedientes administrativos o procedimientos judiciales. El movimiento asumió así una de las características fundamentales de los movimientos surgidos tras el 15M: transformar un problema individual en un conflicto colectivo.

También recurrió a los escraches. En 2013, varios integrantes protagonizaron acciones de señalamiento ante responsables políticos durante la tramitación de la renta básica. Uno de los episodios judicializados fue el escrache ante el domicilio del dirigente del PP Carlos Floriano. Los seis integrantes juzgados fueron absueltos. La estrategia generó una intensa controversia sobre los límites entre la protesta política y las conductas sancionables. El movimiento defendía la legitimidad de señalar a responsables políticos cuando consideraba que las instituciones no respondían a situaciones de emergencia social.

El episodio judicial más conocido fue la entrada de activistas en el Centro Territorial de TVE en Mérida el 11 de febrero de 2014 durante la emisión del informativo regional. Pretendían reivindicar los retrasos en la renta básica. La acción interrumpió la emisión y acabó en los tribunales. Las primeras diligencias hablaron de 19 detenidos, aunque el procedimiento que llegó al TSJEx quedó referido a 18 activistas. Nueve aceptaron una conformidad con una multa de 540 euros; los otros nueve rechazaron el acuerdo. Entre ellos estaba Eugenio Romero, posteriormente diputado de Podemos. El TSJEx condenó a los nueve a multas de 900 euros por desórdenes públicos. El Supremo confirmó la condena. La causa se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos del colectivo y en un ejemplo de la tensión entre la acción directa y la respuesta penal del Estado.

Nuevos retos

La actividad actual demuestra que Campamento Dignidad no se ha quedado anclado en 2013. La inflación, el encarecimiento de la vivienda, el sinhogarismo, la precariedad laboral, el acceso a los servicios públicos y la burocratización de las prestaciones han ampliado su agenda. En 2022, Viera denunciaba que la legislación de vivienda no abordaba suficientemente el problema extremeño y reclamaba utilizar viviendas vacías de entidades bancarias y organismos públicos para alquiler social. En 2023 volvió a situar la pobreza, las prestaciones sociales y la vivienda en el centro de las protestas. Y en 2026 el conflicto de Suerte de Saavedra demuestra que la vivienda sigue siendo una de sus principales líneas de actuación. RTVE recogía este mes la posición del colectivo en defensa de las familias y su petición de que no se produzcan expulsiones sin alternativa habitacional.

Existe además una dimensión asistencial que convive con la protesta. Viera recuerda la colaboración histórica con Cruz Roja y el reparto de alimentos que llegó a alcanzar cerca de 100.000 kilos anuales. El apoyo material constituye otra parte de la red construida por el movimiento. Pero para sus integrantes la ayuda directa no sustituye la reivindicación política: ambas se complementan. Se atiende una necesidad concreta mientras se denuncia la estructura que la provoca. Ese modelo —apoyo mutuo, acompañamiento y movilización— constituye una de las principales herencias del Campamento Dignidad.

Más de trece años después de aquella primera acampada, Campamento Dignidad sigue ocupando un espacio particular en la política social extremeña. No es una institución pública. No es una ONG asistencial convencional. Tampoco funciona exclusivamente como plataforma de protesta. Es una combinación de acompañamiento, denuncia, movilización, negociación y acción directa. Su historia permite observar la transformación de las demandas sociales en Extremadura: en 2013, el principal reclamo era una renta básica; después llegaron los desahucios y la vivienda; ahora se suman el sinhogarismo, el empadronamiento, el acceso a los servicios sociales, los aseos públicos, la atención administrativa y la defensa del parque público. La pregunta de fondo apenas ha cambiado: ¿qué ocurre cuando un derecho existe sobre el papel pero una persona no puede ejercerlo en la práctica?

En Suerte de Saavedra, diez familias esperan una solución mientras la Administración prepara viviendas públicas. En las calles de Mérida y Cáceres, personas sin hogar necesitan un lugar donde dormir, pero también un lugar donde hacer algo tan básico como utilizar un aseo. Y en los servicios sociales, Campamento Dignidad sigue acompañando a personas que intentan abrir la puerta de un sistema del que, en demasiadas ocasiones, se sienten expulsadas. “Nosotros nacimos en la batalla y siempre estamos ahí, en la batalla por las cuestiones sociales”, resume Viera. Trece años después, aquella batalla ya no tiene una sola tienda de campaña ni una única reivindicación: tiene diez familias esperando una vivienda, personas sin hogar buscando un baño, ciudadanos intentando empadronarse y una organización que sigue intentando convertir esas situaciones individuales en una cuestión colectiva. La acampada terminó, pero el conflicto social que la hizo posible, para Campamento Dignidad, todavía no.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la cesión gratuita de la propiedad del antiguo silo de almacenamiento de cereales de Porzuna al Ayuntamiento de la localidad con el objetivo de que el inmueble pueda seguir destinándose a usos, servicios, actividades e infraestructuras de carácter público y de interés general en beneficio de los vecinos y vecinas.

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha informado de esta cesión, que supone dar un paso más en la colaboración entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Porzuna. El inmueble, situado en la carretera de Los Cortijos, cuenta con una superficie aproximada de 6.900 metros cuadrados y está vinculado históricamente a la actividad agraria del municipio.

Blanca Fernández ha explicado que la Junta de Comunidades ya había cedido gratuitamente el uso del silo al Ayuntamiento de Porzuna en octubre de 2017, por lo que el Consistorio viene utilizando desde entonces las instalaciones para distintos servicios municipales.

Ahora, tras la solicitud formulada por el Ayuntamiento el pasado mes de junio, el Gobierno regional ha tramitado y aprobado la cesión de la propiedad en apenas dos meses.

Recursos públicos al servicio de la ciudadanía

“Con esta cesión reforzamos nuestro compromiso con Porzuna y con la colaboración institucional, porque queremos que los recursos públicos estén al servicio de los ciudadanos y que este inmueble pueda seguir acogiendo servicios que beneficien directamente a los vecinos y vecinas”, ha señalado la delegada de la Junta.

La representante del Ejecutivo autonómico ha subrayado que la decisión permite al Ayuntamiento disponer de plena propiedad sobre un inmueble que ya venía utilizando para atender distintas necesidades municipales y que, a partir de ahora, podrá seguir desarrollando y ampliando sus usos de acuerdo con las necesidades de la localidad.

En este sentido, el Consistorio de Porzuna ha venido destinando las instalaciones a cochera, almacén y báscula, además de albergar la sede del retén contra incendios, entre otros usos vinculados a la prestación de servicios de carácter público.

Campamento Dignidad sostiene que la residencia acumula deficiencias desde hace meses y que la falta de agua caliente es solo el episodio más grave de un conjunto de problemas que afectan al día a día de los mayores. Entre ellos, señalan la avería de la puerta de entrada, la inutilización completa de dos de los servicios sanitarios y otras incidencias que, según la asociación, dificultan el funcionamiento cotidiano del centro y generan preocupación entre residentes y sus familiares.

Un representante de las familias vinculado a la organización se reunió con la dirección de 'La Coronada' para trasladar las quejas y pedir que se actúe con la mayor rapidez posible. Según explica, algunas familias han optado por sacar temporalmente a sus mayores ante la imposibilidad de garantizar un aseo adecuado y la falta de una solución inmediata.

El SEPAD reconoce la avería en la caldera y asegura que la atención ha estado garantizada, aunque admite que la maquinaria actual no permite abastecer a todos los usuarios en las horas punta de aseo. El organismo explica que la caldera averiada es una instalación fabricada a medida para el sistema de climatización del centro, lo que está retrasando su sustitución. Como medida de urgencia, anuncia la instalación de termos eléctricos en las distintas plantas de la residencia esta misma semana.

La Junta sitúa la situación de 'La Coronada' en un contexto más amplio de falta de mantenimiento acumulado en los centros residenciales y defiende que el actual Ejecutivo está trabajando para revertirlo. Según los datos facilitados, a cierre de 2025 las inversiones en residencias ascendían a 18,4 millones de euros, el mayor nivel de ejecución en dos décadas. En el caso concreto de 'La Coronada', el proyecto de reforma —valorado en más de un millón de euros— ya está redactado y cuenta con aprobación técnica.

Isabel, pareja de uno de los residentes, asegura que cada vez es más difícil vivir en este centro y lamenta que su pareja se haya visto obligado a marcharse “porque no funciona nada, incluso la comida cada vez es peor”.

Campamento Dignidad en boca de su portavoz, Juan Viera, insiste en que la prioridad debe ser garantizar condiciones dignas, seguras y estables para las personas mayores y reclama que la Administración actúe “lo más rápidamente posible” para corregir las deficiencias que afectan al centro y a la calidad de vida de sus residentes.

La presión asistencial en las Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres ha desencadenado una nueva renuncia en el servicio: el responsable de los residentes ha decidido abandonar sus funciones docentes ante la imposibilidad de organizar con garantías las rotaciones, las guardias y la formación de los médicos en especialización, en un contexto marcado por la falta de disponibilidad efectiva de facultativos y un aumento sostenido de la demanda asistencial.

La renuncia se interpreta como una medida más de presión ante el escenario que atraviesan las Urgencias en las últimas semanas. La carga asistencial está alcanzando un nivel que dificulta no solo garantizar la cobertura de las guardias, sino también desarrollar adecuadamente la labor docente encomendada.

Por este servicio pasan cada año residentes de numerosas especialidades. El número varía en función de la planificación de cada ejercicio, pero la rotación por Urgencias forma parte de la formación de una parte importante de los médicos que se especializan en el hospital. La presión asistencial está haciendo cada vez más complicado compatibilizar la atención a los pacientes con la supervisión, la enseñanza y el seguimiento de los médicos en formación.

No se trata únicamente de un problema de organización interna. La falta de disponibilidad efectiva de facultativos está afectando también a una de las funciones esenciales de cualquier servicio hospitalario: formar a los futuros especialistas.

Una segunda renuncia en pocos días

La salida de esta responsabilidad se suma a la dimisión de la coordinadora de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres, que se hará efectiva el próximo 30 de septiembre y que fue adelantada por elDiario.es. La coordinadora decidió abandonar el cargo después de meses de advertencias sobre las dificultades para mantener la cobertura asistencial de los dos hospitales cacereños.

Son responsabilidades distintas, pero los profesionales sitúan ambas decisiones en el mismo contexto de presión asistencial y falta de disponibilidad suficiente de facultativos.

La nueva renuncia llega además cuando el Colegio Oficial de Médicos de Cáceres ha reclamado al Servicio Extremeño de Salud que adecue la dotación efectiva de médicos de Urgencias a la demanda real. La organización ha advertido de que la sobrecarga sostenida aumenta el riesgo de errores e incidentes relacionados con la seguridad clínica y ha reclamado garantías específicas para la supervisión de los residentes. El Colegio insiste en que la suficiencia de la plantilla no puede medirse únicamente por el número de plazas existentes, sino por los facultativos realmente disponibles para atender la demanda diaria.

38 facultativos en plantilla, pero una disponibilidad efectiva menor

La discrepancia entre plantilla y disponibilidad real está en el centro del conflicto entre los profesionales y el SES. Un informe técnico fechado el 19 de agosto establece que la plantilla orgánica de Urgencias está formada por 38 facultativos adjuntos. Sin embargo, los profesionales sostienen que esa cifra no refleja la capacidad real del servicio, debido a bajas laborales, reducciones de jornada, exenciones de guardias y plazas vacantes.

El informe cifra en torno a 32 los facultativos que mantienen la cobertura efectiva de los dos hospitales cacereños y advierte de la falta de sustitutos suficientes para cubrir vacaciones, permisos, licencias, actividades formativas e incapacidades temporales.

El SES defiende que Urgencias cuenta actualmente con 38 facultativos y que la asistencia está garantizada. La Administración ha anunciado además la incorporación de seis médicos de refuerzo para hacer frente a las necesidades del servicio. El Colegio de Médicos ha valorado estas medidas, aunque considera que todavía es pronto para determinar su eficacia.

Las Urgencias atienden cada vez a más pacientes

La presión asistencial se produce en un servicio cuya actividad no deja de crecer. Las Urgencias atendieron a 74.134 pacientes mayores de 14 años en 2023, 78.678 en 2024 y 81.012 en 2025, lo que supone un incremento del 9,27% en dos años. Hasta el 31 de julio de este año habían pasado por el servicio 47.378 pacientes, 465 más que en el mismo periodo de 2025.

Para los profesionales, el aumento de la demanda hace que no sea suficiente con contabilizar las plazas existentes en la plantilla. Lo determinante es cuántos facultativos están disponibles para cubrir las guardias y atender a los pacientes en cada momento. Y esta disponibilidad condiciona de manera directa la organización de los residentes: las rotaciones requieren planificación, turnos y supervisores presentes durante la actividad asistencial.

El problema trasciende las guardias

La renuncia del responsable de los residentes pone el foco en una consecuencia menos visible de la presión asistencial: las dificultades para mantener la actividad docente del servicio. Los médicos deben atender el incremento de pacientes, cubrir las ausencias de sus compañeros y garantizar que los residentes reciben la formación correspondiente a sus rotaciones bajo la supervisión adecuada.

El Colegio de Médicos ha insistido en esta cuestión al reclamar que la actividad de los residentes se ajuste a su nivel de competencias y respete el modelo de responsabilidad progresiva y supervisión.

La nueva dimisión vuelve a situar sobre la mesa la situación de las Urgencias cacereñas. Tras la salida anunciada de la coordinadora, la renuncia del responsable de los residentes, que fue comunicada al SES el mismo día, evidencia que el conflicto afecta también a la estructura organizativa y docente del servicio.

Mientras el SES defiende que la asistencia está garantizada y anuncia nuevos refuerzos, (entre cuatro y seis médicos) los y las profesionales reclaman que se tenga en cuenta la disponibilidad real de médicos y no únicamente la plantilla orgánica. El debate se centra ahora en si los refuerzos anunciados serán suficientes para aliviar la presión asistencial y permitir que Urgencias recupere, además de capacidad asistencial, el tiempo y los recursos necesarios para formar adecuadamente a sus residentes.

Los nuevos diagnósticos corresponden a tres varones y una mujer de 12, 15, 36 y 45 años de edad, localizados en los municipios pacenses de Don Benito y Santa Amalia y en la localidad cacereña de Zorita. De los cuatro pacientes, solo el residente en Zorita ha requerido hospitalización y se encuentra ingresado en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, según informó el SES en un comunicado.

Con estos cuatro nuevos casos, Extremadura mantiene cinco pacientes hospitalizados: tres en el Hospital de Don Benito, uno en el de Mérida y otro en el de Cáceres. Dos pacientes han recibido ya el alta, uno en el Hospital de Mérida y otro en el de Don Benito.

Extremadura lidera la incidencia nacional

Aunque Andalucía ha registrado 51 casos, la mayoría concentrados en la provincia de Sevilla, Extremadura presenta una tasa de incidencia muy superior: 1,99 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 0,58 de la comunidad andaluza. Esto significa que, en proporción a su población, Extremadura tiene más del triple de casos que Andalucía, una situación que reproduce lo ocurrido en 2025, cuando la región extremeña concentró 39 de los 45 casos detectados en España, el 87% del total, y las cinco muertes registradas ese año, principalmente en la comarca de La Serena-Vegas Altas.

El balance nacional sitúa en 72 los casos confirmados de virus del Nilo Occidental en España en lo que va de temporada 2026. Además de los 51 casos andaluces y los 21 extremeños, Canarias confirmó el 19 de agosto su primer caso histórico, marcando la expansión del patógeno al archipiélago. En Andalucía, 19 de los 51 pacientes permanecen ingresados y un hombre de 82 años falleció el 5 de agosto en Dos Hermanas, la primera muerte de la temporada.

Plan pionero de vigilancia de vectores

Ante esta situación, el SES ha activado un plan pionero de vigilancia de vectores que incluye, por primera vez, la monitorización de garrapatas y mosquitos Culex, principal transmisor del virus. El dispositivo cuenta con 10 trampas fijas, ocho en Don Benito y dos en Cáceres, además de una trampa móvil, operativas desde mediados de julio hasta finales de octubre.

Las autoridades sanitarias extremeñas recomiendan a la población seguir una serie de medidas para evitar la proliferación de mosquitos y las picaduras. Entre las más importantes, eliminar aguas estancadas vaciando platos bajo macetas, cubos, juguetes, bebederos de animales y neumáticos; mantener en buen estado piscinas, estanques y balsas con cloración adecuada; tapar recipientes con agua situados en el exterior; y limpiar canalones de tejados y desagües de patios.

En cuanto a la protección personal, el SES aconseja vestir ropa de colores claros que cubra la mayor superficie del cuerpo, con manga larga, pantalones largos y calzado cerrado; utilizar repelentes e insecticidas autorizados para uso público; evitar jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el cabello, que atraen insectos; instalar mosquiteras en puertas y ventanas; y apagar luces innecesarias durante la noche, ya que atraen mosquitos.

Síntomas y tratamiento

El virus del Nilo Occidental se transmite principalmente por la picadura de mosquitos infectados del género Culex. El 80% de las personas infectadas no desarrolla síntomas, pero quienes los presentan pueden experimentar fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolores musculares o articulares, náuseas, vómitos y, ocasionalmente, erupción cutánea. En casos graves, que representan menos del 1% de los contagios, el virus puede provocar complicaciones neurológicas como meningitis o encefalitis, que requieren hospitalización.

No existe un tratamiento antiviral específico ni vacuna autorizada para humanos. La atención médica se basa en medidas de soporte: reposo, hidratación, control de la fiebre y tratamiento de complicaciones neurológicas cuando son necesarias.

El cambio climático y las condiciones de humedad en zonas de arrozales y marismas favorecen la proliferación del mosquito Culex, principal vector de transmisión. Los expertos señalan que la escasa circulación del virus durante 2025 pudo reducir la inmunidad de las aves silvestres, principales reservorios del patógeno, lo que explicaría el repunte de casos graves detectados este verano. El año 2025 fue el peor registrado hasta la fecha, con 159 casos y 20 muertes en toda España, la mayoría concentradas en el suroeste peninsular.

La Junta de Extremadura ha abierto una segunda convocatoria de emergencia para el transporte escolar después de que en la primera, planteada para cubrir 356 rutas, solo se haya propuesto la adjudicación de 91 itinerarios. La nueva convocatoria, comunicada por la Consejería de Educación el jueves al filo de la medianoche, incorpora 20 rutas más y eleva un 5% los precios respecto a la primera contratación.

Las empresas disponen ahora hasta el domingo 23 de agosto a las 23.59 horas para presentar sus ofertas, en una nueva carrera contrarreloj para garantizar el transporte escolar cuando quedan menos de tres semanas para el inicio del curso, previsto para el 10 de septiembre.

La nueva convocatoria llega apenas unas horas después de que Educación comunicara, a las 21.37 horas del jueves, la propuesta de adjudicación de 91 de las 356 rutas incluidas en la primera emergencia. Eso significa que permanecen pendientes 265 itinerarios de aquella primera convocatoria.

En cualquier caso, la dimensión del problema sigue siendo considerable: la Administración tiene que resolver en cuestión de días la cobertura de cientos de rutas para garantizar que el servicio esté disponible desde el primer día de clase.

Una segunda convocatoria que llega antes de cerrar la primera

La publicación de la segunda convocatoria se produce mientras algunas empresas todavía estaban esperando conocer el resultado de la primera. El plazo para presentar ofertas a las 356 rutas iniciales terminó el pasado lunes, 17 de agosto, a las 12.00 horas. Sin embargo, uno de los transportistas consultados por elDiario.es asegura que hasta este jueves desconocía si había resultado adjudicatario de alguna de las dos rutas a las que había concurrido con sus vehículos.

La comunicación de las primeras propuestas de adjudicación llegó finalmente a las empresas este jueves por la noche.

El empresario considera que, antes de abrir nuevos procedimientos, la Administración debería facilitar el resultado completo de la primera convocatoria, incluyendo no solo las empresas adjudicatarias sino también los importes por los que se ha adjudicado cada itinerario. “Si a una ruta han ido tres empresas, queremos saber a quién se la han dado y por cuánto importe”, señala. A su juicio, disponer de esa información resulta fundamental para comprobar la transparencia del proceso y poder comparar las ofertas presentadas. “Todavía estamos esperando que nos digan si me han dado alguna de las dos a las que opté”, explica.

La publicación de una segunda convocatoria mientras todavía se estaban conociendo las adjudicaciones de la primera le genera desconcierto: “¿Cómo van a sacar la segunda convocatoria si todavía estamos esperando que nos digan las adjudicaciones de la primera?”.

Un 5% más de precio

Una de las novedades de la segunda convocatoria es que la Junta ha decidido incrementar un 5% los precios respecto a los establecidos en la primera. La subida se produce después de que los transportistas hayan advertido del incremento de sus costes, especialmente por el combustible, y de que parte del sector esperase conseguir una mejora superior en las sucesivas contrataciones de emergencia.

Otro empresario consultado sostiene que algunas empresas están esperando a las últimas convocatorias para presentar sus ofertas y tratar de conseguir mejores condiciones económicas. Según su versión, el sector aspira a obtener alrededor de un 10% adicional en las nuevas rutas.

Su argumento es que el año pasado las empresas lograron una mejora aproximada del 20% y que ahora pretenden volver a presionar a la Administración. “Hay gente no va a concursar hasta que vayan llegando los días porque quieren volver a apretarle a la Junta como el año pasado”, sostiene.

La Junta finalmente ha aplicado finalmente una subida del 5% en esta segunda convocatoria, por debajo de ese incremento del 10% que, según el empresario, algunas compañías estaban esperando.

La paradoja del acuerdo marco

Otro transportista también cuestiona las condiciones económicas que afrontan las empresas que sí participaron en el procedimiento ordinario. En su caso, asegura que tiene cuatro rutas adjudicadas dentro del acuerdo marco por un periodo de dos años. Los precios, afirma, son los establecidos en aquel procedimiento y los considera insuficientes.

El empresario sostiene que esas rutas quedaron vinculadas durante dos años a unos precios que considera “ridículos”, mientras que las empresas que no participaron en el procedimiento ordinario o que esperan a las contrataciones de emergencia pueden terminar consiguiendo mejores condiciones económicas: “Nos dieron el precio que salió en el acuerdo marco y estamos hablando de que ese precio es ridículo”, afirma.

A su juicio, esta situación penaliza a quienes siguieron el procedimiento ordinario frente a quienes esperan a las contrataciones de emergencia para negociar unas tarifas superiores.

“Lo que no hay derecho es que uno que se porta mal, para cobrar, vaya a conseguir un 30% más”, se lamenta, en referencia a su previsión de que las empresas que esperan a las nuevas convocatorias puedan acabar obteniendo mejoras de alrededor de un 30% acumulado.

El origen: un concurso paralizado por un anexo

La actual sucesión de contratos de emergencia tiene su origen en la paralización del procedimiento ordinario para adjudicar las rutas del próximo curso. Según explica el transportista, las empresas habían dispuesto de aproximadamente un mes para presentar sus ofertas cuando la Administración decidió anular el procedimiento por un problema relacionado con uno de los anexos.

La discrepancia, según su relato, estaba relacionada con la forma de calcular la antigüedad de los vehículos. En uno de los documentos se establecía que debían calcularla las propias empresas y en otro anexo el cálculo aparecía realizado de otra manera.

El empresario considera que el problema podía haberse resuelto mediante una subsanación sin necesidad de anular el procedimiento: “Una hora antes de que se acabe el tiempo dicen que se anula todo por un anexo”, recuerda. A su juicio, la Administración podría haber concedido unos días para corregir el documento y continuar con la contratación.

La paralización obligó a la Junta a recurrir a la contratación de emergencia para intentar garantizar las rutas desde el inicio del curso.

Más de 5.000 euros pendientes desde junio

A los problemas con la contratación se suma, según este transportista, el retraso en el pago de servicios que ya ha realizado. El empresario asegura que la Junta todavía le debe más de 5.000 euros correspondientes a dos rutas realizadas durante el mes de junio. Pero esta no sería la única cantidad pendiente. También reclama el pago de otro servicio de transporte individualizado que presupuestó inicialmente en unos 38.000 euros.

Se trata de lo que en el sector denominan un coste de servicio. Según explica, el procedimiento consiste en que el empresario presenta un presupuesto para un transporte determinado y posteriormente el servicio se factura directamente al colegio. En su caso, asegura que recibió inicialmente un presupuesto de unos 38.000 euros para un servicio que había realizado. Sin embargo, la Administración le indicó que debía facturar en principio unos 17.700 euros.

El empresario explica que el servicio correspondía al transporte de dos estudiantes. Según su relato, a una de ellas la Junta le habría asignado alrededor de 17.000 euros para el transporte, mientras que la segunda “ni siquiera aparecía” inicialmente en la documentación. El resultado, denuncia, es que a estas alturas del verano todavía mantiene una cantidad importante pendiente de cobro: “Vamos a empezar el curso y todavía me deben 5.000 y pico euros por un lado y casi 21.000 por el otro”, afirma.

Según el empresario, la explicación que ha recibido es que no hay dinero para pagar. Si la situación no se resuelve, asegura que en septiembre tendrá que acudir a la Administración educativa para reclamar el importe pendiente y hablar el responsable del área de Educación al que identifica como interlocutor de estos servicios en Cáceres.

Una nueva carrera hasta el domingo

La segunda convocatoria abre ahora un nuevo plazo de apenas unos días. Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta las 23.59 horas del domingo. La incógnita es cuántas compañías concurrirán con los precios ahora incrementados un 5% y cuántas de las rutas quedarán finalmente cubiertas.

El sector ya contempla la posibilidad de que algunas vuelvan a quedar desiertas y de que la Administración tenga que recurrir a una tercera convocatoria de emergencia a partir del lunes si no consigue cubrir todos los itinerarios.

Todo ello ocurre mientras el procedimiento ordinario continúa pendiente y cuando apenas quedan unas semanas para el inicio de las clases.

La situación deja sobre la mesa tres problemas simultáneos para la Administración educativa: resolver cientos de rutas que todavía no tienen empresa adjudicataria, garantizar que el transporte funcione desde el 10 de septiembre y afrontar las reclamaciones económicas de empresas que aseguran tener servicios ya realizados y todavía pendientes de cobro.

Para los transportistas, además, queda pendiente una cuestión de transparencia: conocer el resultado completo de las adjudicaciones, las empresas que han obtenido cada ruta y los precios por los que se han contratado los servicios.

La sucesión de procedimientos de emergencia, tras la paralización del concurso ordinario, mantiene así al sector pendiente de una nueva convocatoria que se resolverá prácticamente contra el reloj.

El Ayuntamiento de Ciudad Real informa a la ciudadanía que, con motivo de la próxima jornada festiva de la Octava, para garantizar una correcta gestión de la recogida de residuos en la ciudad, de manera extraordinaria no habrá servicio de recogida de basuras durante la noche del viernes 21 de agosto al sábado 22 de agosto por parte del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

Desde el consistorio se solicita la “colaboración” de vecinos para evitar depositar residuos en la vía pública durante ese periodo, contribuyendo así a mantener la limpieza y el buen estado de la ciudad.

El Ayuntamiento agradece de antemano la comprensión y cooperación de la ciudadanía ante esta “medida puntual”.

La situación del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres suma un nuevo capítulo. La coordinadora del servicio habría presentado su dimisión irrevocable, con efectos del próximo 30 de septiembre, según han trasladado a elDiario.es fuentes médicas conocedoras de la situación, en un contexto de creciente preocupación entre las y los profesionales por la falta de personal y las dificultades para mantener la cobertura asistencial de los dos hospitales cacereños.

La decisión se conoce después de meses de advertencias de los facultativos sobre la situación del servicio. Los profesionales aseguran que llevan trasladando sus problemas al SES (Servicio Extremeño de Salud), “al menos desde marzo o abril” y consideran que las medidas “muy paliativas” adoptadas hasta ahora no han permitido resolver las dificultades de cobertura.

La coordinadora ha trasladado a los profesionales su preocupación por el riesgo que están asumiendo para mantener la asistencia. Desde el equipo de médicas y médicos aseguran que tienen un gran pundonor hacia la población, “pero somos conscientes del riesgo que se está corriendo”. A esta preocupación se suma, según explican, el “agotamiento físico y psicológico” que está provocando entre los profesionales la situación que atraviesan.

“Somos un colectivo que nos estamos sacrificando, esforzando por los demás, por toda la sociedad”, señalan, en referencia al compromiso de los facultativos con la atención a la población “pese a las dificultades existentes”.

La salida de la coordinadora está prevista para el 30 de septiembre y, según las fuentes consultadas, se trata de una dimisión irrevocable. El SES conocería ya oficialmente los motivos concretos comunicados por la responsable para justificar su decisión y que estos están directamente relacionados con la situación de falta de personal denunciada por la plantilla médica.

Y es que la actual situación queda reflejada en un informe técnico fechado hoy 19 de agosto sobre la situación del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.

En el documento se señala que la plantilla orgánica está constituida por 38 facultativos adjuntos, pero advierte de que la disponibilidad real de profesionales es “significativamente” inferior debido a las distintas situaciones de bajas, reducciones de jornada, exenciones y vacantes.

En la actualidad hay un facultativo con una reducción de jornada del 30% sin cobertura sustitutoria, cuatro facultativos en situación de incapacidad temporal, una facultativa de baja por maternidad que sí está cubierta mediante sustitución y dos facultativas de baja por riesgo durante el embarazo. Además, cinco facultativos están exentos de realizar guardias. A estas circunstancias se suman dos plazas vacantes que permanecen sin cubrir.

El informe destaca además que actualmente no existen facultativos contratados específicamente para realizar actividades de guardia, lo que limita la capacidad de respuesta ante incidencias sobrevenidas o incrementos de actividad.

De esta forma, según los datos recogidos en el documento, aproximadamente 32 facultativos mantienen la cobertura asistencial de los dos hospitales.

Los médicos inciden así en la diferencia entre la plantilla orgánica o teórica y la disponibilidad efectiva. Una cuestión especialmente relevante porque el Servicio Extremeño de Salud ha defendido que actualmente hay 38 facultativos y que la plantilla se ha incrementado respecto a los 32 existentes en enero de 2023.

Sin sustitutos para vacaciones, permisos o bajas

El informe señala que el Servicio de Urgencias carece actualmente de profesionales sustitutos suficientes para cubrir situaciones habituales como las vacaciones reglamentarias, los permisos y licencias, las actividades formativas, las incapacidades temporales o las situaciones familiares sobrevenidas contempladas en la normativa laboral.

Esta circunstancia obliga, según los profesionales, a distribuir la actividad entre una plantilla efectiva reducida y genera dificultades organizativas para garantizar de forma continuada la cobertura de los dispositivos de urgencias hospitalarias.

Durante cada quincena del periodo estival coinciden entre siete y ocho facultativos de vacaciones, según recoge el informe, sin alcanzar siquiera el límite máximo de simultaneidad establecido por Recursos Humanos.

La consecuencia es que las ausencias reglamentarias no siempre pueden ser absorbidas mediante sustituciones, sino que recaen sobre el resto de profesionales disponibles.

Las Urgencias han aumentado un 9,27% desde 2023

Las dificultades de personal se producen además en un servicio que ha experimentado un incremento sostenido de la demanda asistencial. Los datos incluidos en el informe reflejan que en 2023 las Urgencias atendieron a 74.134 pacientes mayores de 14 años. En 2024 fueron 78.678 y en 2025 la cifra ascendió hasta los 81.012 pacientes.

El documento cifra en un 9,27% el incremento de pacientes atendidos entre 2023 y 2025.

La tendencia se mantiene durante este año. Hasta el pasado 31 de julio de 2026 habían sido atendidos ya 47.378 pacientes mayores de 14 años, 465 más que en el mismo periodo de 2025.

Los profesionales consideran que estos datos deben ponerse en relación con la disponibilidad real de médicos, ya que el aumento de la presión asistencial coincide con una reducción efectiva de los recursos humanos disponibles debido a las bajas, las exenciones de guardias, las reducciones de jornada y las vacantes.

“Especial fragilidad” del modelo actual

El informe técnico concluye que la situación actual puede considerarse de “especial fragilidad” desde el punto de vista organizativo y asistencial.

Se señala pues, que concurren simultáneamente un incremento progresivo de la presión asistencial, la existencia de vacantes estructurales sin cubrir, una reducción de la capacidad operativa real de la plantilla por incapacidades temporales, exenciones y otras situaciones administrativas, la ausencia de profesionales sustitutos suficientes y la necesidad de mantener la actividad asistencial en dos centros hospitalarios de forma simultánea.

La combinación de estos factores, según el documento, condiciona la sostenibilidad del modelo organizativo actual, compromete la flexibilidad necesaria para afrontar incidencias sobrevenidas y dificulta la adopción de medidas dirigidas a mejorar tanto la calidad asistencial como las condiciones laborales de los profesionales.

Por ello, los médicos consideran necesario reforzar la dotación del Servicio de Urgencias, cubrir las vacantes existentes y establecer mecanismos que permitan atender adecuadamente las incidencias previsibles de personal.

El objetivo, según recoge el informe, es garantizar la continuidad asistencial, la seguridad clínica y la sostenibilidad organizativa del servicio.

El SES sostiene que la asistencia está garantizada

La situación contrasta con la respuesta ofrecida por el Servicio Extremeño de Salud después de que los facultativos alertaran a elDiario.es Extremadura de las dificultades que atraviesa el servicio.

El SES aseguró que la asistencia sanitaria está garantizada en todos los servicios del Área de Salud de Cáceres, incluido el servicio de Urgencias, y destacó precisamente el aumento de la plantilla hasta los 38 facultativos.

Los médicos y médicas, sin embargo, consideran que esa cifra no refleja la capacidad real del servicio para afrontar la actividad diaria y las guardias, ya que una parte de los profesionales no está disponible para determinadas funciones debido a la casuística detallada anteriormente.

La dimisión de la coordinadora, prevista para el 30 de septiembre, añade ahora un nuevo elemento de incertidumbre a un servicio cuyos profesionales aseguran que llevan meses advirtiendo de la situación.

Mientras tanto, los médicos mantienen que continúan sosteniendo la asistencia por su compromiso con la población, pese a un nivel de desgaste que describen como físico y psicológico, y reclaman que la Administración traduzca la plantilla teórica de 38 facultativos en una capacidad efectiva suficiente para garantizar la atención urgente con seguridad en la capital cacereña.

Los médicos adjuntos del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres (CHUC) han trasladado a la Gerencia y a las direcciones asistencial y médica del centro una comunicación en la que alertan de una “situación crítica” en el servicio y advierten de que la falta de facultativos y el aumento de la demanda asistencial suponen “un riesgo cierto para la seguridad de los pacientes”.

Los y las profesionales sitúan el problema más allá de la sobrecarga laboral y advierten de las posibles consecuencias que puede tener sobre las personas que acuden a Urgencias. En concreto, señalan que la acumulación de pacientes pendientes de atención, la saturación de los circuitos asistenciales y la insuficiencia de recursos humanos pueden favorecer incidentes relacionados con demoras en los diagnósticos o en los tratamientos, con posibles repercusiones sobre la salud e incluso sobre la vida de los pacientes.

El escrito, firmado por médicos adjuntos del servicio, señala que Urgencias constituye una de las principales puertas de entrada al sistema sanitario y que atiende de forma inmediata y continuada a pacientes con patologías tiempo-dependientes y potencialmente graves. Por ello, consideran especialmente preocupante que la capacidad operativa del servicio se haya deteriorado progresivamente.

Los facultativos atribuyen esta situación a la concurrencia de dos factores: “la disminución de efectivos médicos disponibles” y “el incremento constante del volumen y complejidad de los pacientes atendidos”.

Aseguran que la plantilla actual resulta “claramente insuficiente” para responder a la presión asistencial existente y que esta circunstancia obliga de forma reiterada a trabajar “en condiciones de sobrecarga extrema”. Entre las consecuencias que describen se encuentran las dificultades para cubrir los turnos, el aumento de los tiempos de espera y las limitaciones para ofrecer la atención con los estándares de calidad y seguridad que consideran exigibles a un hospital de referencia.

Una advertencia que llega a la dirección del hospital

La advertencia de los médicos se centra especialmente en los riesgos derivados de las demoras. Según recoge el documento, la saturación puede afectar a pacientes cuya evolución clínica depende de una valoración y un tratamiento precoces.

Los profesionales alertan de que esta situación podría generar “perjuicios irreparables” para pacientes y familiares y reclaman que se adopten medidas antes de que puedan producirse acontecimientos adversos.

La presión asistencial también tiene consecuencias sobre los propios trabajadores. El escrito señala que la situación está sometiendo a los profesionales a una presión continuada que incrementa el riesgo de agotamiento físico y emocional y que dificulta el ejercicio de una práctica clínica segura.

Pese a ello, los facultativos destacan el “compromiso, profesionalidad y esfuerzo extraordinario” que, según señalan, realizan diariamente tanto los médicos como el resto de profesionales implicados en la atención de Urgencias.

Los firmantes consideran necesario dejar constancia formal de que la situación actual “supera en numerosos momentos la capacidad de respuesta razonable del Servicio de Urgencias”.

Por ello, reclaman a la Dirección Médica y a la Gerencia que conozcan expresamente la situación y valoren “con carácter prioritario” la adopción de medidas organizativas, estructurales y de recursos humanos para garantizar la seguridad de los pacientes y evitar que la situación pueda derivar en consecuencias graves.

La responsabilidad última sobre la planificación y dotación de recursos del sistema sanitario público extremeño corresponde a la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Salud (SES). Por ello, la advertencia de los facultativos trasciende la gestión interna del Hospital Universitario de Cáceres y sitúa también el foco en la administración autonómica, que deberá determinar si los recursos disponibles son suficientes para garantizar una atención segura en uno de los principales servicios de entrada al sistema sanitario.

El escrito reclama precisamente que se actúe antes de que puedan producirse acontecimientos adversos y advierte de las posibles consecuencias profesionales, legales y reputacionales que una situación de estas características podría tener para los trabajadores y para la propia institución sanitaria.

La comunicación concluye dejando constancia de la preocupación de los facultativos por el mantenimiento de la seguridad asistencial en las condiciones actuales y con el objetivo de que se adopten actuaciones preventivas que permitan reducir los riesgos que, según denuncian, está soportando el servicio.

El SES asegura que Urgencias tiene “más plantilla que nunca”

Frente a la advertencia de los facultativos, el Servicio Extremeño de Salud (SES) asegura que la asistencia sanitaria está garantizada en todos los servicios del Área de Salud de Cáceres y sostiene que el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres cuenta actualmente con “más plantilla que nunca”.

Según los datos facilitados por el SES, el número de facultativos del servicio ha pasado de 32 el 1 de enero de 2023 a 38 a 13 de agosto de 2026. Es decir, seis profesionales más en plantilla que hace tres años.

El SES defiende así que se ha producido un incremento de los efectivos médicos en Urgencias y asegura que la asistencia está garantizada, en respuesta a la denuncia de los facultativos, que consideran que la plantilla disponible es “claramente insuficiente” para afrontar la demanda actual y alertan de posibles riesgos para la seguridad de los pacientes.

La Administración sanitaria señala además que la Dirección Gerencia del Área de Salud de Cáceres mantiene una comunicación permanente con los profesionales de Urgencias y que se ha reunido recientemente con sus representantes para analizar las necesidades organizativas planteadas.

Como resultado de estos encuentros, según explica el SES, se van a impulsar “diversas medidas organizativas” que los propios profesionales vienen reclamando históricamente y que están relacionadas con aspectos del funcionamiento del servicio que, según la Administración, se arrastran desde la apertura del Hospital Universitario de Cáceres.

El SES sostiene que estas reuniones forman parte de una estrategia más amplia de la Dirección del Área de Salud, que está manteniendo encuentros sistemáticos con los distintos servicios asistenciales del hospital para identificar oportunidades de mejora y adoptar las medidas organizativas que sean necesarias.

La Administración sanitaria insiste en que la relación con los profesionales de Urgencias y con el resto de servicios hospitalarios se desarrolla en un marco de “colaboración, diálogo y trabajo conjunto” con el objetivo de mejorar la asistencia.

Asimismo, asegura que el Servicio Extremeño de Salud evalúa de forma permanente la actividad asistencial, los recursos disponibles y las necesidades organizativas de los centros sanitarios y que adopta las medidas que considera necesarias para garantizar una atención “segura y de calidad”.

De este modo, las posiciones trasladadas por los profesionales y por la Administración difieren en la valoración de la situación: mientras los médicos alertan de una “situación crítica” y de un “riesgo cierto” para la seguridad de los pacientes por la falta de facultativos ante el incremento de la demanda, el SES sostiene que el servicio dispone actualmente de más médicos que nunca y que la asistencia sanitaria está garantizada.

Las organizaciones sindicales CSIF, CCOO y UGT han denunciado que el Ayuntamiento de Haro continúa avanzando en el proceso de privatización del Servicio Municipal de Aguas “sin facilitar la información suficiente, sin garantizar una negociación efectiva y sin contar con la representación sindical ni con el personal afectado”.

El pasado 25 de junio, los tres sindicatos mostraron públicamente su rechazo a la posible externalización de este servicio público esencial. En dicho momento, solicitaron formalmente toda la documentación existente, así como una reunión urgente con el responsable de la Concejalía de Obras, Urbanismo y Vivienda. A pesar de que el encuentro llegó a formalizarse para tratar específicamente esta cuestión, el concejal responsable, Luis Salazar González, no se presentó, según han contado los sindicatos, impidiendo que la representación sindical pudiera conocer las intenciones del Consistorio y recibir las explicaciones correspondientes. Tampoco se han recibido aclaraciones por parte de ningún otro miembro de la Junta de Gobierno.

Para CSIF, CCOO y UGT, esta ausencia supone una “falta de respeto” hacia la representación legal de las personas trabajadoras, así como una actuación contraria a la buena fe que debe presidir cualquier proceso de información y negociación sindical.

Falta de transparencia e incertidumbre

Entretanto, el proceso de privatización parece seguir su curso sin que se hayan entregado los informes técnicos, económicos o jurídicos que pudieran justificarlo, ni se hayan explicado sus consecuencias sobre la plantilla, las condiciones laborales y la calidad del servicio. Desde las centrales sindicales señalan que “esta falta de transparencia genera una situación de indefensión para los trabajadores y sus representantes”, e insisten en que “no se pueden adoptar decisiones de esta relevancia sin información previa, participación y una negociación real”.

Paralelamente, censuran que “el equipo de Gobierno haya optado por ponerse de perfil y continúe sin pronunciarse claramente sobre su postura ante la privatización, aumentando la incertidumbre y el malestar tanto entre la plantilla municipal como entre la ciudadanía”.

Rechazo a la externalización

CSIF, CCOO y UGT han reiterado su oposición frontal a la privatización del Servicio Municipal de Aguas de Haro. Advierten de que “esta medida podría provocar el desmantelamiento progresivo de la prestación, la precarización de las condiciones laborales, la pérdida de control público y una merma en la calidad de la atención a la ciudadanía”.

Los sindicatos recuerdan que el servicio “ya presenta carencias de personal, falta de previsión y una inversión insuficiente”. En su opinión, la solución no pasa por privatizarlo, sino por “reforzar los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para garantizar su sostenibilidad y una correcta gestión pública”.

Por todo ello, exigen al Ayuntamiento de Haro que paralice de inmediato cualquier actuación relacionada con la privatización, entregue toda la documentación requerida, convoque una nueva reunión con los responsables políticos competentes y garantice un verdadero proceso de información, participación y negociación sindical. Asimismo, las tres organizaciones han reafirmado su compromiso de continuar defendiendo el empleo público, los derechos de la plantilla municipal y la gestión pública y de calidad del servicio de aguas.

Hay realidades cuya importancia solo descubrimos cuando dejan de estar presentes. Mientras funcionan, apenas reparamos en ellas; forman parte de la normalidad cotidiana. Sin embargo, basta imaginar su ausencia para comprender hasta qué punto sostienen nuestra vida.

Lo comprobamos cada día, aunque pocas veces nos detenemos a pensarlo. La escuela donde aprendieron nuestros hijos, el centro de salud que nos atendió de madrugada, el agua que brota al abrir un grifo, la carretera por la que viajamos con seguridad o la ayuda que recibe una persona dependiente forman parte de ese entramado silencioso que hace posible nuestra convivencia.

¿Qué ocurriría si mañana dejara de salir agua del grifo? ¿Si una ambulancia no llegara cuando la necesitamos? ¿Si la escuela pública dejara de ofrecer oportunidades a quienes nacen en familias con menos recursos?

Solo cuando imaginamos ese vacío comprendemos el verdadero valor de aquello que siempre ha estado ahí.

Los mejores servicios públicos son, muchas veces, aquellos cuya ausencia nunca llegamos a notar porque hicieron bien su trabajo antes de que apareciera el problema. Son la red invisible que sostiene la vida cotidiana y permite que la sociedad funcione con normalidad.

Los servicios públicos representan una de las mayores conquistas de las democracias modernas. Son mucho más que un conjunto de prestaciones: garantizan que derechos esenciales no dependan del patrimonio familiar ni del lugar donde una persona haya nacido. Constituyen el patrimonio común de la ciudadanía y la expresión más tangible del Estado del bienestar.

Detrás de ellos trabajan miles de profesionales —docentes, sanitarios, bomberos, agentes medioambientales, trabajadores sociales, jueces, policías, investigadores, técnicos y tantos otros servidores públicos— que convierten los derechos reconocidos por las leyes en una realidad cotidiana. Gracias a su labor, la igualdad deja de ser una aspiración para convertirse en una experiencia concreta.

¿Qué ocurriría si mañana dejara de salir agua del grifo? ¿Si una ambulancia no llegara cuando la necesitamos? ¿Si la escuela pública dejara de ofrecer oportunidades a quienes nacen en familias con menos recursos?

Defender los servicios públicos no significa ignorar que siempre pueden mejorar. Significa comprender que una sociedad solo puede aspirar a ser verdaderamente libre cuando garantiza unas condiciones básicas desde las que cada persona pueda desarrollar su propio proyecto de vida.

Educación y territorio: la mejor barrera contra la desigualdad

Si existe un instrumento capaz de reducir las desigualdades de origen, ese es la educación. Ninguna democracia puede considerarse plenamente justa cuando el lugar de nacimiento o la renta familiar condicionan las oportunidades de toda una vida.

Después de casi cuatro décadas en la enseñanza pública he comprobado que el talento no entiende de rentas, de apellidos ni de códigos postales. Lo único que necesita es un suelo fértil donde crecer. Para miles de niños y niñas, ese suelo sigue siendo la escuela pública.

He conocido muchas familias preocupadas por el coste de los libros o del comedor escolar y también cómo una beca, un profesor comprometido o una oportunidad ofrecida a tiempo pueden cambiar el rumbo de una existencia.

Cuando la educación funciona como un verdadero ascensor social, el esfuerzo y la capacidad pesan más que el patrimonio familiar. La igualdad de oportunidades deja entonces de ser un principio abstracto para convertirse en una posibilidad real. En cambio, cuando la calidad educativa depende cada vez más de la capacidad económica, la desigualdad termina heredándose de una generación a otra.

Algo semejante ocurre con la sanidad pública. Un sistema sanitario universal garantiza que nadie tenga que elegir entre recibir un tratamiento o comprometer la economía de su familia. La enfermedad no distingue entre ricos y pobres; la respuesta de una sociedad justa tampoco debería hacerlo.

En comunidades como Castilla-La Mancha, la dispersión geográfica convierte la prestación de los servicios públicos en un desafío permanente. Precisamente por eso resultan aún más necesarios.

Mantener un Colegio Rural Agrupado (CRA), un consultorio médico o una línea de transporte público significa mucho más que prestar un servicio: significa garantizar que vivir en un pueblo no suponga renunciar a derechos.

Los servicios sociales: una medida de humanidad

La calidad moral de una sociedad también se mide por la protección que ofrece a quienes atraviesan momentos de mayor vulnerabilidad.

La Ley de Dependencia constituye uno de los avances sociales más importantes de nuestra democracia. Gracias a ella, cientos de miles de personas pueden mantener su autonomía y afrontar la vejez o la enfermedad con mayor dignidad. Es una realidad que hoy observo muy de cerca en mi propia generación y en la de nuestros padres.

En una comunidad como Castilla-La Mancha, marcada por el envejecimiento de la población y la dispersión territorial, estas políticas adquieren una importancia aún mayor.

La ayuda a domicilio, la teleasistencia o los centros de día permiten que muchas personas mayores continúen viviendo en sus pueblos, rodeadas de sus recuerdos, de sus vecinos y de su comunidad. Al mismo tiempo, generan empleo, fijan población y contribuyen a mantener vivos numerosos municipios.

En una comunidad como Castilla-La Mancha, marcada por el envejecimiento de la población y la dispersión territorial, estas políticas adquieren una importancia aún mayor

Además, estas políticas han ayudado a corregir una injusticia histórica: durante décadas, el cuidado de las personas dependientes recayó casi exclusivamente sobre las mujeres de las familias. Profesionalizar esos cuidados también supone avanzar en igualdad.

Proteger a quien más lo necesita no es un acto de caridad. Es una obligación de justicia y una de las expresiones más nobles de una sociedad verdaderamente civilizada.

Los servicios públicos también crean riqueza

Con frecuencia se plantea un falso dilema entre lo público y lo privado, como si ambos fueran incompatibles. La realidad demuestra exactamente lo contrario. Las economías más dinámicas suelen ser también aquellas que cuentan con instituciones sólidas y unos servicios públicos de calidad.

Ninguna empresa puede prosperar sin infraestructuras adecuadas, seguridad jurídica, universidades que formen profesionales cualificados o un sistema sanitario que cuide de los trabajadores. Tampoco puede desarrollarse la innovación sin investigación pública ni atraer inversiones un territorio que carezca de estabilidad institucional.

Los servicios públicos no son un obstáculo para el crecimiento económico. Constituyen la infraestructura física, jurídica y humana que hace posible la actividad productiva. La educación forma el talento; la sanidad protege el capital humano; la justicia genera confianza; la investigación impulsa la innovación; la protección del medio ambiente preserva recursos que también son riqueza.

Por eso resulta un error contemplar el gasto público únicamente como un coste. Buena parte de él constituye una inversión que fortalece el desarrollo económico, mejora la competitividad, incrementa la cohesión social y genera confianza.

Cuando el monte arde, comprendemos el valor de la prevención

Estos días asistimos con preocupación a los incendios forestales que vuelven a golpear distintos puntos de nuestro país. Las imágenes de montes calcinados, vecinos desalojados y profesionales jugándose la vida nos conmueven porque recuerdan la enorme fragilidad de nuestro patrimonio natural y de tantas poblaciones que viven junto al bosque.

En esos momentos reconocemos el trabajo extraordinario de los equipos de extinción y comprendemos el valor de contar con unos servicios públicos preparados para responder ante la emergencia. Pero la verdadera reflexión debería comenzar cuando las llamas se apagan.

Los incendios no empiezan el día que vemos el humo. Empiezan mucho antes.

Empiezan cuando los montes dejan de gestionarse adecuadamente, cuando faltan labores preventivas, cuando disminuyen los recursos destinados a la limpieza forestal o cuando los profesionales que conocen el territorio solo encuentran trabajo durante la campaña de verano.

Por eso conviene recordar una idea tan sencilla como decisiva: los incendios se apagan en verano, pero se previenen en invierno.

Mantener equipos forestales estables durante todo el año, invertir en gestión forestal, conservar cortafuegos, apoyar la actividad del mundo rural y planificar con visión de futuro no son gastos prescindibles. Son inversiones que protegen vidas humanas, biodiversidad, economía local y patrimonio natural.

En comunidades como Castilla-La Mancha, donde el monte forma parte de nuestra identidad y muchos municipios conviven con amplias masas forestales, la prevención adquiere un valor todavía mayor. Proteger nuestros bosques es también proteger nuestros pueblos.

En comunidades como Castilla-La Mancha, donde el monte forma parte de nuestra identidad y muchos municipios conviven con amplias masas forestales, la prevención adquiere un valor todavía mayor. Proteger nuestros bosques es también proteger nuestros pueblos

Porque la prevención es, quizá, el servicio público más silencioso. Cuando funciona, apenas ocupa titulares. Cuando falla, el precio puede ser irreparable.

Cuando lo público se debilita

Precisamente porque los servicios públicos sostienen buena parte de nuestra vida cotidiana, conviene preguntarse por qué, en ocasiones, terminan deteriorándose.

Lo público rara vez se debilita de un día para otro. Normalmente es el resultado de un proceso lento y silencioso: inversiones que se aplazan, plantillas insuficientes, infraestructuras que envejecen y servicios que, poco a poco, van perdiendo capacidad de respuesta.

Resulta especialmente preocupante comprobar que algunas comunidades autónomas han convertido la reducción de la inversión en servicios públicos esenciales en una opción política. Mientras se anuncian rebajas fiscales o se destinan recursos a otras prioridades, la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, la prevención de incendios o los servicios sociales ven cómo disminuye su capacidad para responder a las necesidades de la ciudadanía. Los presupuestos nunca son neutros: reflejan el modelo de sociedad que se quiere construir. Y cuando los servicios públicos dejan de figurar entre las prioridades, el deterioro acaba siendo inevitable.

Con frecuencia, ese deterioro sirve después para presentar la privatización como una solución casi inevitable. Sin embargo, el problema rara vez reside en la naturaleza pública del servicio. Lo que suele faltar son recursos suficientes, planificación a largo plazo y una voluntad política decidida de fortalecerlo.

La colaboración entre el sector público y el privado puede ser positiva cuando responde al interés general y contribuye a mejorar la calidad de los servicios. El problema aparece cuando la lógica del beneficio económico desplaza a la lógica del derecho.

La sanidad, la educación, la atención a la dependencia o la protección de nuestros montes no son simples bienes de consumo. Su finalidad consiste en garantizar que cualquier ciudadano reciba una atención digna, con independencia de su nivel de renta o del lugar donde resida.

La colaboración entre el sector público y el privado puede ser positiva cuando responde al interés general y contribuye a mejorar la calidad de los servicios. El problema aparece cuando la lógica del beneficio económico desplaza a la lógica del derecho

Cuando el acceso a esos derechos depende cada vez más de la capacidad económica, la sociedad comienza a fragmentarse. Quienes disponen de mayores recursos encuentran alternativas; quienes no pueden permitírselas dependen de unos servicios públicos que, si continúan debilitándose, tendrán cada vez más dificultades para cumplir su función.

Esa dinámica incrementa la desigualdad y erosiona uno de los pilares de toda democracia: la igualdad de oportunidades.

Una sociedad cohesionada necesita un sector privado dinámico, innovador y creador de riqueza, pero también unos servicios públicos fuertes que garanticen derechos básicos para todos.

Defender unos servicios públicos sólidos no significa rechazar la iniciativa privada. Significa reconocer que existen bienes cuya protección afecta al conjunto de la sociedad y cuya garantía no puede quedar subordinada exclusivamente a las reglas del mercado.

Justicia fiscal: contribuir según la capacidad de cada uno

Nada de todo ello surge por generación espontánea. Cada colegio, cada hospital, cada carretera, cada ambulancia, cada agente forestal, cada parque de bomberos, cada brigada forestal o cada ayuda a domicilio existen porque millones de ciudadanos contribuyen mediante sus impuestos.

Ese esfuerzo solo resulta legítimo cuando se apoya en un principio esencial: la justicia fiscal.

Quien más capacidad económica tiene debe aportar más, no para castigar el éxito, sino para repartir el esfuerzo de manera equitativa y garantizar el sostenimiento de unos servicios públicos que benefician al conjunto de la sociedad.

Pero ese principio también obliga a las administraciones públicas.

Los ciudadanos tienen derecho a exigir que cada euro recaudado se gestione con honestidad, eficiencia y transparencia. La confianza en las instituciones se construye tanto mediante una fiscalidad justa como a través de una gestión ejemplar de los recursos públicos.

Porque el dinero malversado o el impuesto evadido nunca desaparecen en abstracto.

Siempre tienen un rostro concreto: un profesor menos en un aula, una lista de espera más larga, una carretera que tarda en repararse, un monte que no recibe el mantenimiento necesario, una ayuda a domicilio que no llega o una oportunidad perdida para quien más la necesita.

Cada fraude fiscal tiene una víctima invisible

Pero también la tienen las decisiones presupuestarias que relegan los servicios públicos esenciales. Reducir de forma continuada la inversión en aquello que garantiza derechos puede no producir efectos inmediatos, pero termina debilitando la cohesión social, aumentando las desigualdades y deteriorando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Una inversión en nuestro futuro

El siglo XXI nos enfrenta a desafíos que hace apenas unas décadas resultaban difíciles de imaginar: el envejecimiento de la población, el reto demográfico, la transición ecológica, la revolución tecnológica, el cambio climático, las nuevas desigualdades o el incremento de fenómenos extremos como los grandes incendios forestales.

Responder a todos ellos exige fortalecer unos servicios públicos capaces de anticiparse a los problemas, no solo de reaccionar cuando ya se han producido.

Porque una sociedad inteligente no espera a que un alumno abandone la escuela para apoyar a su familia. No espera a que una enfermedad se agrave para garantizar la atención sanitaria. No espera a que una persona mayor quede desatendida para ofrecerle ayuda. Y tampoco debería esperar a que un bosque arda para comprender la importancia de invertir en su cuidado.

La prevención, casi siempre silenciosa e invisible, constituye una de las formas más eficaces y rentables de proteger el bienestar colectivo.

Del mismo modo, los impuestos no son un castigo al éxito ni una carga arbitraria. Son la expresión práctica de un compromiso compartido: que cada persona contribuya según su capacidad para que nadie quede desprotegido cuando más lo necesite.

Defender unos servicios públicos fuertes, una fiscalidad progresiva, combatir el fraude y exigir una gestión pública honesta y transparente no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de responsabilidad democrática.

También lo es exigir que quienes gobiernan sitúen estos servicios entre sus prioridades presupuestarias. Porque gobernar consiste, en buena medida, en decidir qué merece ser protegido. Y pocas decisiones tienen mayor trascendencia que garantizar la educación, la sanidad, la dependencia, la protección del medio ambiente, la seguridad o la atención social como pilares irrenunciables del bienestar común.

La grandeza de un país no se mide por el número de sus millonarios ni únicamente por el crecimiento de su producto interior bruto.

Mientras haya responsables públicos que consideren estos servicios una prioridad, estaremos invirtiendo en un país más libre, más justo y más cohesionado. Pero cuando dejan de serlo, no solo se deterioran las prestaciones: se debilita el propio contrato social que sostiene nuestra convivencia democrática

También se mide por la escuela donde aprende un niño; por el hospital que atiende una urgencia; por la ayuda que permite a una persona mayor seguir viviendo en su casa; por el agente medioambiental que cuida del monte cuando nadie lo ve; por el bombero que acude cuando todo parece perdido; por la investigadora que busca nuevos tratamientos; por el trabajador social que acompaña a quien atraviesa un momento difícil.

Detrás de cada servicio público hay personas cuidando de otras personas.

Y mientras haya responsables públicos que consideren estos servicios una prioridad, estaremos invirtiendo en un país más libre, más justo y más cohesionado. Pero cuando dejan de serlo, no solo se deterioran las prestaciones: se debilita el propio contrato social que sostiene nuestra convivencia democrática.

Porque, al fin y al cabo, la definición más sencilla —y quizá también la más hermosa— de una sociedad digna es aquella en la que las personas cuidan de otras personas.

Ha tenido que venir el fuego dramáticamente descontrolado a sacarnos de la burbuja de irrealidad donde llevamos instalados más tiempo del que podemos recordar. No nos ha quedado más remedio que preguntarnos por todo aquello que casi nunca queremos: el daño real causado a los servicios públicos tras dos décadas de recortes, el cambio climático que únicamente existe cuando hace falta como coartada, en qué se invierte el dinero de nuestros impuestos, o si podemos seguir urbanizando y ocupando el territorio como si fuera un producto de usar y tirar.

Ni siquiera Isabel Díaz Ayuso ha podido escapar esta vez al rayo tractor de la realidad. Su maleta de trucos se ha quemado a más velocidad que el monte. Ni poner un tuit antes de irse a la camita para joder a Pedro Sánchez, ni rescatar un insulto de cuatro sílabas propio de una trifulca de cayetanos, le han servido esta vez para sacudirse el problema con esa frivolidad que tanto gusta a sus followers; muchos de los cuales habrán podido comprobar de primera mano la gran capacidad de repuesta que tiene este Estado para el cual nunca tienen ni una buena palabra, ni una buena acción.

La tragedia está siendo de tal magnitud que no ha quedado más remedio que tirar de ese maldito Estado en toda su extensión. Entonces es cuando hemos descubierto que hace falta de todo y andamos escasos de todo; que hemos dedicado miles de horas a una plaza de la RPT de la Diputación de Badajoz, pero apenas unos segundos a hablar de la precariedad y la penosidad que soportan los bomberos forestales que íbamos a arreglar cuando los incendios del año pasado y del año anterior.

Con los bomberos forestales pasa un poco como con los sanitarios. Nos acordamos de ellos cuando la enfermedad o el fuego llegan hasta la puerta de casa; hasta entonces suponen un gasto que nos conviene recortar porque tenemos de sobra.

Antes de hablar épicamente de “fuegos fuera de la capacidad de extinción”, como si una categoría fuera una explicación, tal vez los gobiernos debieran explicarnos por qué nuestra capacidad de extinción es la misma que hace veinte años y la inversión en prevención ha caído casi una tercera parte. Si los incendios son peores y más devastadores que hace dos décadas y nuestros medios para combatirlos continúan siendo los que eran, lo que está pasando tiene poco de extraordinario e imprevisible; es lo que podía pasar.

El cambio climático no se arregla con pactos. Se combate con políticas y las políticas cuestan dinero, reconocen derechos e imponen obligaciones a todos; a quienes gobiernan y a quienes no. La regla de las temperaturas por encima de 30 grados, la humedad por debajo del 30% y los vientos por encima de los 30 kilómetros por hora no rige únicamente cuando gobierna la derecha, Alberto; a ver si esta vez aprendemos la lección. .

España es el segundo país con más área forestal de la UE. Hagamos lo que hagamos todos los años habrá incendios y, por regla general, cada año serán peores que el anterior porque así funciona el mundo que hemos construido. Cuando a nosotros se nos haya olvidado seguirá siendo verdad, sin esperar a los fuegos “fuera de la capacidad de extinción” del año que viene.

La valla de una parcela municipal del barrio Arcosur de Zaragoza se ha convertido estos días en el símbolo de una reivindicación vecinal. Lazos y mensajes, colgados en el vallado, reclaman que ese suelo se destine a equipamientos públicos, como un instituto o una biblioteca, y no a la construcción de alrededor de 400 viviendas protegidas. En cada uno de los lazos, los vecinos han escrito el servicio que consideran prioritario para el barrio, con mensajes como 'biblioteca', 'mercado', 'centro cívico'.

La protesta parte de la Plataforma Vecinal de Arcosur, que insiste en que su rechazo no es a la vivienda pública, sino al cambio de uso de una de las últimas parcelas disponibles para equipamientos. “Nos movilizamos principalmente porque queremos que se llene de servicios, porque es un barrio totalmente en carencia de servicios”, explica Belinda Aldana, miembro de la Plataforma Vecinal de Arcosur.

Los vecinos defienden que los pisos podrían levantarse en otros suelos municipales ya destinados a ese uso. De hecho, recuerdan que el Ayuntamiento de Zaragoza anunció el pasado 15 de julio un proyecto para construir 192 viviendas protegidas en parcelas residenciales del propio barrio. “El barrio está saturado de parcelas de vivienda. El Ayuntamiento tiene otras parcelas de uso público que puede destinar para este fin”, sostiene Antonio Palacios, también miembro de la Plataforma Vecinal de Arcosur.

Arcosur tiene ya 12.000 habitantes y, cuando concluya su desarrollo urbanístico, podría alcanzar los 70.000 vecinos. Sin embargo, los vecinos denuncian que su crecimiento no ha ido acompañado de los servicios necesarios. “Lo que estamos pidiendo sería una biblioteca para nuestros jóvenes, un centro cívico, la creación de un instituto y un mercado principalmente para no depender de un vehículo para hacer la compra diaria”, enumera Belinda Aldana.

Servicio para otros barrios

Además, consideran que la ubicación de la parcela permitiría dar servicio no solo a Arcosur, sino también a otros barrios como son Montecanal y Valdespartera. “Podría dotar de servicios a tres zonas muy importantes del Distrito Sur, porque estamos justo en un triángulo donde se cortan nuestros barrios”, defiende Antonio Palacios.

La plataforma también defiende que el futuro uso de la parcela se decida mediante un proceso participativo y, con ese objetivo, ha puesto en marcha una encuesta para que los vecinos puedan elegir qué equipamiento consideran prioritario. Según la asociación, la iniciativa suma ya cerca de 1.300 apoyos.

Mientras tanto, la campaña continúa y cada día aparecen nuevos lazos en la valla, convertida ya en el símbolo de una movilización que reclama que el crecimiento residencial vaya acompañado de las dotaciones públicas necesarias. “Queremos que nuestros hijos también vivan cosas como estas. Todo el mundo paga sus impuestos y debe tener servicios en todos los barrios, no solo en unos pocos”, concluyen.

Las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del Centro Residencial El Cuartillo, dependiente del SEPAD en Cáceres, han hecho pública su situación para denunciar la falta de personal que, aseguran, arrastran desde hace tiempo y que se agrava durante los periodos vacacionales y cuando no se sustituyen las bajas.

La portavoz del colectivo, Edita Bajo, sostiene que la plantilla trabaja “bajo mínimos” y que esa situación obliga a las profesionales que permanecen en el centro a asumir una carga asistencial cada vez mayor. “Trabajar al límite no puede convertirse en la norma”, resume el comunicado difundido por las trabajadoras.

Según explican, el problema no afecta únicamente a las condiciones laborales de la plantilla, sino también a la calidad de la atención que reciben las personas residentes. Recuerdan que El Cuartillo trabaja con un modelo de cuidados libre de sujeciones, tanto físicas como químicas, que requiere una vigilancia permanente y un acompañamiento continuo. A su juicio, sin el personal suficiente resulta imposible prestar esa atención en las condiciones que exige el propio modelo asistencial.

Las profesionales también denuncian que, para garantizar el funcionamiento del servicio, en ocasiones se ven obligadas a renunciar a días de asuntos propios y a otros permisos laborales, con el consiguiente desgaste físico y emocional. Insisten en que no se trata de un problema individual, sino de una situación que repercute tanto en quienes trabajan en el centro como en las personas usuarias.

Junto a la denuncia pública, las trabajadoras han comenzado una recogida de firmas dirigida a la Dirección del centro residencial y a la Secretaría General de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.

En el escrito recuerdan que las restricciones generales de permisos comunicadas por la dirección no pueden sustituir las resoluciones individualizadas previstas en la legislación administrativa. En concreto, solicitan que todas las peticiones de permisos sean resueltas de forma expresa y motivada, que las denegaciones se justifiquen por escrito cuando respondan a necesidades del servicio y que se informe a la representación legal de los trabajadores sobre las medidas organizativas adoptadas para hacer frente a la falta de personal y sobre los criterios empleados para conceder o denegar permisos.

Las TCAE reclaman, además, que se cubran las vacaciones y las bajas con la dotación de personal necesaria para garantizar tanto la seguridad de las personas residentes como unas condiciones de trabajo que, según defienden, respeten los derechos laborales de la plantilla.

Respuesta del SES

La Junta de Extremadura, en respuesta a la petición de información de elDiario.es, señala que los centros de atención 24 horas de gestión directa del SEPAD comunican de forma continuada, a lo largo de todo el año, las necesidades de cobertura de puestos en las distintas categorías profesionales. Añade que la coordinación entre el departamento de Recursos Humanos de la Secretaría General de la Consejería de Salud y Servicios Sociales y la Dirección General de Función Pública es permanente, con intercambio diario de información para garantizar una respuesta ágil a dichas necesidades. Asimismo, sostiene que desde la llegada del actual Gobierno se ha avanzado en soluciones estructurales, con el reconocimiento de las horas extraordinarias, la puesta en marcha de contratos de refuerzo de larga duración que aportan estabilidad y la equiparación salarial. En este contexto, afirma que se continúa trabajando de manera intensiva para asegurar la cobertura de todos los puestos en los centros de la región.

Al mismo tiempo que Felisa hacía la mudanza, convertía aquel traslado en una verdadera declaración de resistencia. Tras su último ingreso hospitalario en Cáceres, decidió que el final de su vida no podía desarrollarse lejos de su origen. Eligió regresar a la casa donde nació, al lugar donde aprendió lo que significaba una familia y donde, con los años, disfrutó en pequeñas dosis de la suya propia. Este regreso no ha sido por simple nostalgia, sino con la convicción de que si le quedaba un capítulo por vivir, quería hacerlo allí donde todo empezó; en su pueblo, en Torrejoncillo.

Su rutina en el pueblo cacereño está lejos de la soledad que tantos temen en la vejez. Su día a día es una coreografía de cuidados y afecto. El servicio de enfermería a domicilio del centro de salud de Torrejoncillo mantiene a raya su salud, combinando la medicina moderna con la cercanía de quienes conocen su nombre y su historia.

En casa, Margarita —su cuidadora interna, colombiana— es mucho más que apoyo doméstico ya que además de compañía, es su confidente y amiga. Y los fines de semana, cuando ella descansa, otra Margarita, también de Colombia y con la misma calidez y profesionalidad, toma el relevo. Una coincidencia que parece confirmar que el destino de Felisa está sostenido por manos generosas y corazones abiertos. “Son una maravilla mis dos Margaritas, limpias, trabajadoras, ordenadas y me quieren mucho. Sin ellas, todo esto no sería posible”.

Una puerta siempre abierta

La casa de Felisa es un enclave de puertas que se abren y se cierran, una rareza en tiempos de recelo. El tránsito es constante: primas, sobrinos, hijos, sus parejas, nietos y nieta… todos confluyen en ese espacio que se ha convertido en el epicentro de la familia. A Felisa le encanta esa vitalidad. Conserva una inteligencia rápida, una ironía fina y un humor templado por años de sacrificios y apreturas.

Rodeada de sus recuerdos —la foto de su madre riendo en el patio, los objetos de su hija fallecida, los recuerdos de sus hijos ya adultos— se siente plena. “Es muy emocionante verla feliz, descansando en su sillón entre sus recuerdos. Ha recuperado la libertad de no tener que llamar para ser visitada; cualquiera entra, saluda y se sienta a compartir un rato, un café o simplemente la compañía”, se comenta en casa.

El entramado social que la rodea hace posible este pequeño milagro. Personas de la iglesia le llevan la comunión; el cura del pueblo, cuando su agenda lo permite, se desvía de su camino al asilo para charlar con ella; uno de los “manitas” del pueblo le arregla una cortina o una lámpara con la misma diligencia que si fuera su propia madre.

Las vecinas, sin ser familia directa, actúan como tal. Las primas ejercen como tales. Además no dejan de llegar regalos de la huerta: calabacines, tomates, frutas… pequeñas ofrendas que son, en realidad, recordatorios de afecto comunitario. “En el mundo rural, una no desaparece: nos recordamos, nos atendemos, nos cuidamos”. “Incluso el señor del bar de al lado, Pedro me trae una caja entera de botellines de cerveza para cuando tengo muchas visitas”, ríe Felisa.

El destino que firmaríamos

Felisa es plenamente consciente de su situación. Sabe que su cuerpo acusa el desgaste de los años —las curas, el oxígeno a ratos, la insulina que se administra con destreza y que controla su hija Teresa desde una aplicación móvil, — pero insiste en que es feliz. Tiene “por fin” recursos suficientes, el cariño de los suyos y la paz de estar en su lugar en el mundo. No quiere ni oír hablar de una residencia: entiende que para algunas personas es la única vía, pero para ella, su casa es su templo, su vida. Y va a hacer todo lo posible para mantenerse en ella. “No sabemos cómo va a ser el futuro, pero desde luego yo ya he preparado toda la logística para que mi futuro sea en mi casita”.

Verla así, gestionando su salud desde el móvil mientras recibe visitas, compartiendo ironías y disfrutando de la luz que entra por su patio, es un regalo de vida. Felisa demuestra que el mayor éxito de una vida de trabajo y dificultades es llegar a la meta con la libertad de elegir dónde cerrar los ojos cada noche, rodeada de la historia que ella misma construyó.

Lo que ocurre en la casa de Felisa puede parecer una historia sin brillo para grandes titulares, pero es casi un milagro en un tiempo que ya no facilita milagros. En un país donde la vejez suele vivirse entre ausencias, burocracias y residencias saturadas, ella ha logrado algo excepcional: envejecer acompañada, en su casa, en su pueblo, sostenida por una red humana que aún resiste. Lo sencillo —una puerta abierta, un qué tal estás hoy, un calabacín de la huerta— pertenece ya a un mundo que cada vez cuesta más imaginar.

Pero su historia guarda otra dimensión: Felisa es una de esas personas que regresan a la España vaciada cuando ya parecía que no quedaba nada a lo que volver. Y ese regreso solo es posible porque dos mujeres inmigrantes —dos cuidadoras que han hecho del pueblo su hogar— sostienen la vida cotidiana con una dedicación que desmiente el tópico de que el medio rural es impermeable a la diversidad. Ellas no solo cuidan; también fijan población, mantienen vivo un oficio imprescindible y encarnan la mezcla que permite que un municipio siga siendo un lugar habitable.

En esa casa, en esa rutina compartida, se cruzan dos movimientos que rara vez aparecen juntos en los discursos oficiales: el retorno de una mujer mayor a su pueblo y la llegada de nuevas vecinas que encuentran en la Extremadura rural una oportunidad de vida. Es ahí donde la historia de Felisa deja de ser íntima para convertirse en política: demuestra que la España vaciada quizás no se repuebla con grandes planes, sino con vínculos concretos, con cuidados, con la decisión de quedarse y de acompañar.

La antigua estación de autobuses de Logroño inicia una nueva etapa convertida en un centro intergeneracional destinado a convertirse en un espacio de encuentro para vecinos de todas las edades. El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presentado este lunes las luebas instalaciones, que ofrecerán ua programación de actividades culturales, educativas y de ocio, además de albergar la nueva Oficina de Atención a Personas Mayores.

Durante la presentación, Escobar ha explicado que el objetivo del proyecto es dotar a la ciudad de un espacio público que fomente la convivencia entre generaciones. Entre las iniciativas previstas se encuentran “actividades de lectura, musicales, ejercicios de memoria y desarrollo cognitivo”, dirigidos tanto a niños como a personas mayores.

La inauguración oficial del centro tendrá lugar este lunes a las 19,30 horas en la antigua estación de autobuses, un dificio que culmina así su transformación como un nuevo servicio público para la ciudad.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha valorado de manera positiva la apertura de este nuevo proyecto y ha confiado en que pueda entrar en funcionamiento lo antes posible. La formación recuerda que la actuación ha sido financiada con 2,5 millones de euros de fondos europeos captados durante la anterior legislatura y reclama al Gobierno municipal que impulse la segunda fase del proyecto, que se centra en la reforma de los locales interiores de la manzana.

Asimismo, el PSOE lamenta el sobrecoste de la obra, que cifra en cerca de un 10%, y ha señalado que el interventor municipal emitió una nota de reparo relacionada con la última certificación de los trabajos. Además, sostiene que el proyecto ejecutado difiere del diseño iniciañ que se planteado en la legislatura anterior.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha dado un paso estratégico en la modernización de la Administración regional con la formalización del contrato para el desarrollo de un marco normativo de inteligencia artificial (IA) generativa, destinado a transformar y mejorar los servicios públicos de la Comunidad Autónoma.

Este proyecto, que ha llevado a cabo la Agencia de Transformación Digital, va a permitir la creación de un entorno común de trabajo para el diseño, desarrollo y despliegue de soluciones de inteligencia artificial en la Junta de Comunidades, favoreciendo una implantación que “fomenta un espacio seguro”, enmarcado en la estrategia regional de ciberseguridad, además escalable y alineado con el interés público.

La iniciativa supone avanzar desde modelos aislados hacia un ecosistema integral de la inteligencia artificial, con mecanismos de gobernanza, control y evolución continua, que facilitará la incorporación progresiva de esta tecnología como herramienta de mejora de la atención a la ciudadanía y de la eficiencia administrativa.

Como consecuencia, va a promover la soberanía digital, al hacer menos dependiente estas herramientas de los grandes modelos de IA en el mercado tecnológico.

Confinanciado con fondos europeos

El contrato ha sido adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Inetum y Écija Abogados, por un importe de 4.264.728 euros y con un plazo de ejecución de 24 meses. El proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del Programa Operativo 2021-2027, reforzando el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la digitalización, la innovación tecnológica y la mejora continua de los servicios públicos.

Uno de los elementos diferenciales de este proyecto es su apuesta por arquitecturas basadas en agentes inteligentes y componentes reutilizables, que permitirán automatizar procesos complejos, agilizar la toma de decisiones y acelerar el desarrollo de nuevos casos de uso dentro de la Administración regional.

El modelo contempla además la creación de un catálogo estructurado de componentes de inteligencia artificial que facilitará la reutilización de soluciones, evitará duplicidades y garantizará la coherencia tecnológica entre las diferentes consejerías y organismos públicos.

Eficiencia energética y optimización de recursos

La sostenibilidad constituye otro de los ejes estratégicos de la iniciativa. El proyecto incorpora criterios de eficiencia energética y optimización de recursos mediante arquitecturas híbridas y tecnologías avanzadas de compresión de modelos, contribuyendo a una inteligencia artificial “más eficiente, escalable y alineada con los objetivos de transición ecológica y racionalización del gasto público”.

La iniciativa refuerza igualmente el compromiso del Gobierno regional con un modelo de inteligencia artificial “ética, transparente y confiable en el ámbito público”.

Para ello, el proyecto integrará un sistema de gobernanza que establecerá estándares comunes, mecanismos de supervisión y procesos de validación destinados a garantizar un “uso responsable” de la inteligencia artificial. Asimismo, incorporará herramientas avanzadas de gestión de riesgos, auditoría y trazabilidad que aseguren la rendición de cuentas y la seguridad jurídica.

El marco de trabajo estará alineado con la normativa europea y con estándares internacionales como la ISO 42001, incorporando desde su diseño principios de transparencia, explicabilidad y supervisión humana.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha inaugurado este viernes 19, las nuevas instalaciones del Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Calahorra-Rioja Baja, acompañada por la directora general de Justicia e Interior, Tania Sáez; la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz; la directora de la Asociación para la Protección del Menor en los casos de separación de sus progenitores (APROME) y coordinadora de los Puntos de Encuentro Familiar de La Rioja, Laura Zárate, entre otras autoridades.

El nuevo Punto de Encuentro Familiar, ubicado en la Plaza de Europa número 7, se ha rehabilitado gracias a la cesión de un espacio del SAC de Calahorra y sustituye a las dependencias en las que se venía prestando el servicio desde 2010. Estas instalaciones suponen una mejora sustancial en las condiciones de atención a las familias de Calahorra y su comarca. Para ello, el Ejecutivo regional ha destinado una inversión total de 373.646,97 euros y se ha financiado parcialmente con Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el año 2025.

Martín ha destacado que esta actuación supone “un compromiso cumplido con las familias, con los profesionales y con el Ayuntamiento de Calahorra” y ha subrayado que las nuevas instalaciones representan “un cambio radical en la atención a los menores y a las familias que atraviesan situaciones especialmente delicadas”. Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de los profesionales que prestan este servicio y la coordinación entre todas las instituciones implicadas para acompañar a los niños y niñas y favorecer la mejora de las relaciones familiares.

Un entorno seguro para garantizar el bienestar de los menores

Los Puntos de Encuentro Familiar constituyen un recurso especializado y gratuito al que se accede mediante resolución judicial. Su finalidad es garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a mantener la relación con sus progenitores y familiares en un entorno neutral y seguro.

Para ello, el servicio cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de los ámbitos psicológico, social, jurídico y educativo que acompaña a las familias durante el desarrollo de los distintos regímenes de visitas y trabaja para favorecer relaciones familiares positivas y autónomas.

En este sentido, la consejera ha destacado que “lo más importante no son solo las instalaciones, sino todo el trabajo que realizan los profesionales alrededor de estos menores y sus familias para ayudarles a superar situaciones complejas y avanzar en las mejores condiciones posibles”.

Por su parte, Laura Zárate ha agradecido el compromiso del Gobierno de La Rioja por hacer posible este nuevo recurso. Además, ha explicado que el servicio, presente en la ciudad desde 2009, requería unas instalaciones adaptadas a las nuevas necesidades y problemáticas familiares, especialmente en aquellos casos con órdenes de alejamiento, y ha señalado que el nuevo espacio aporta mayor serenidad, tranquilidad y mejores condiciones para favorecer el mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares.

Más seguridad en los casos de violencia de género

Las nuevas instalaciones han sido diseñadas para reforzar la protección de las víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas. Entre otras mejoras, disponen de accesos diferenciados que evitan cualquier contacto entre víctima y agresor durante el cumplimiento de las medidas judiciales. En este sentido, María Martín ha subrayado que “la protección de las víctimas y de los menores es una prioridad para el Gobierno de La Rioja. Este nuevo espacio incorpora medidas que incrementan la seguridad y permiten prestar una atención especializada con mayores garantías”.

Estas mejoras se alinean con lo establecido en la Ley contra la Violencia de Género de La Rioja y con las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para reforzar la atención a los menores.

Los Puntos de Encuentro Familiar de Logroño, Calahorra y Haro son gestionados por la Asociación para la Protección del Menor en los casos de separación de sus progenitores (APROME), entidad pionera en España en la implantación de este tipo de recursos.

Desde la puesta en marcha de la red riojana de Puntos de Encuentro Familiar se ha intervenido con más de 5.928 personas usuarias directas, de las que 2.770 son niños, niñas y adolescentes. En la actualidad, el Punto de Encuentro Familiar de Rioja Baja atiende a 30 familias y a un total de 102 personas usuarias directas, entre ellas 40 menores.

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha agradecido al Gobierno de La Rioja la puesta en marcha de este nuevo recurso y ha destacado que permitirá ofrecer una mejor atención a una población especialmente vulnerable. Asimismo, ha señalado que esta actuación refuerza el papel de Calahorra como cabecera de comarca, ya que el servicio atiende no solo a familias de la ciudad sino también del conjunto de la Rioja Baja, en unas instalaciones más accesibles y mejor integradas en el entorno urbano.

El Ministerio de Hacienda ya ha puesto fecha a la reunión bilateral con el Gobierno de Castilla-La Mancha para abordar sus propuestas de cara al nuevo modelo de financiación autonómica. Será el 22 de junio con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y con la Secretaría General de Financiación Autonómica.

En ese encuentro, la comunidad autónoma le trasladará su propuesta, basada en garantizar el coste real que supone prestar los servicios de su competencia y garantizar el principio de igualdad en materia financiera.

Lo ha confirmado el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha incidido en la defensa de que todos los ciudadanos deben recibir “en condiciones de calidad” los mismos servicios públicos “con independencia de su capacidad económica o de la capacidad tributaria que tengan los territorios”.

“El modelo que presenta Castilla-La Mancha, el que vamos a defender en esa reunión bilateral, es diametralmente diferente al que ha propuesto el Gobierno, al que ha negociado el Gobierno central con los independentistas catalanes, en el sentido de que se trata de primar la capacidad tributaria en lugar de ese principio de igualdad. Yo siempre digo que los impuestos los pagan los ciudadanos, quienes reciben los servicios públicos son los ciudadanos y no son los territorios”, ha argumentado.

Ruiz Molina ha recordado que el fruto de estas reuniones bilaterales se llevará posteriormente al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha reiterado la necesidad de contar con documentación técnica para tener una posición más definida de cara a ese encuentro, “fundamentalmente para que la reunión sea más productiva”.

“Solamente contamos con un PowerPoint”, ha dicho, que es el que tienen los medios de comunicación, considerando que “técnicamente nos merecemos algo más de documentación”, fundamentalmente “las tripas de lo que es el modelo, que para eso tenemos un equipo técnico potente en la Consejería de Hacienda para analizar los datos, no solamente los que pudieran servir de base, que es el 2023, pero sí saber la evolución hasta el 2027”.

La carta enviada a todas las comunidades autónomas

Este encuentro se enmarca en la carta que el Ministerio envió a principios de mes a todas las comunidades autónomas concertando reuniones bilaterales con el objetivo de retomar la cuestión, tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se presentó un documento de bases para un nuevo sistema de financiación autonómica.

El objetivo es que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027. En los últimos meses, según apuntaba la misiva del secretario de Estado, se han desarrollado trabajos “técnicos” para facilitar que se pueda presentar y debatir en el CPFF “lo antes posible” una propuesta de acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación que, si fuese aprobada, permitiría elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación y posterior remisión al Congreso de los Diputados.

Jesús Gascón explicaba en la carta que tras las valoraciones de la última reunión y “algunas opiniones que informalmente nos han ido llegando, hay algunos aspectos que consideramos interesante compartir”. Algo que se traduce, abunda, en “concretar y aclarar lo reflejado en el documento de bases ya presentado”.

En la carta también se sugiere, “atendiendo a algunas peticiones formuladas en el CPFF”, trabajar con los datos cerrados de 2023, y considerarlo como “año base” porque cree que eso sería “compatible” con que el primer año de aplicación pueda ser 2027 para el nuevo modelo.

En la DANA de Valencia, la mayor catástrofe climática que ha vivido España con más de 230 víctimas mortales, bomberos y bomberas de todo el país “tuvieron que acudir con sus propios medios, con furgonetas, organizados entre ellos” para trabajar en las labores de emergencias. Otros bomberos de la propia ciudad denunciaron que no fueron movilizados ese día. “¿Cómo es posible?”, denuncian los representantes de CCOO y UGT, que han presentado este lunes una plataforma para exigir una ley estatal de coordinación de estos profesionales.

En concreto, los dos sindicatos mayoritarios exigen, tanto al Gobierno como a las distintas Administraciones públicas y a los partidos políticos, la aprobación de una Ley Básica de Bomberos y Bomberas. Una reclamación continua desde hace años –y en aumento ante el auge de catástrofes y emergencias– para coordinar los 130 Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de todo el país, así como para garantizar unos recursos y unas condiciones mínimas para la prestación de este servicio público ante emergencias.

Un marco estatal como el que consiguieron los bomberos forestales y los agentes medioambientales en 2024, también tras años de lucha y en un contexto de empeoramiento de los incendios forestales cada verano, y que reclaman el resto de cuerpos de bomberos que atienden en ciudades y pueblos tanto en la extinción de incendios como en accidentes de tráfico y otro tipo de emergencias.

“Los ciudadanos se ven expuestos a más riesgos o a perder la vida”

Los representantes sindicales han explicado que los servicios de bomberos dependen competencialmente de ayuntamientos y diputaciones, así como de las comunidades autónomas en el caso de algunos cuerpos regionales, un “batiburrillo” de distintos cuerpos para los que reclaman un paraguas legal a nivel estatal para facilitar la coordinación en las emergencias que suceden a diario. En la actualidad, esta es “ineficiente” en muchos casos, lo que puede poner en riesgo vidas, han denunciado CCOO y UGT.

Los sindicatos han señalado el caso de la DANA como el más paradigmático, pero han denunciado problemas de coordinación continua en emergencias de “menor entidad”. “Una emergencia no tiene por qué ser atendida actualmente por el parque de bomberos más cercano”, ha puesto como ejemplo Almanzor Guerra, responsable del sindicato de Bomberos de UGT Servicios Públicos, algo que retrasa las intervenciones en situaciones en las que cada segundo es clave para salvar vidas.

Esto sucede “de manera más frecuente de lo que pensamos”, lamenta Guerra a elDiario.es. El bombero menciona recientemente el accidente mortal por el que dos mujeres fallecieron ahogadas en Palencia al salvar a un niño de cinco años. “El parque de bomberos más cercano era el del Ayuntamiento de Palencia, pero la zona pertenecía a la diputación, que tardaron más tiempo en llegar”, apunta.

“¿Cómo es posible que el parque de bomberos más cercano, se quede en el parque, queriendo ir a una intervención que está relativamente cerca de ellos para salvar vidas, y por competencias o por falta de coordinación y legislación, los ciudadanos se vean expuestos a más riesgos o incluso a que pierdan la vida?”, ha denunciado Carlos Sánchez Oliva, portavoz de la Agrupación Estatal de Bomberos de CCOO.

“Si en vez de acudir en cinco minutos, o en diez, acudimos en 20 minutos no podemos garantizar la seguridad y salud de la gente. Esto es lo que nos tiene aquí fundamentalmente, el poder hacer el trabajo en condiciones de calidad y de coordinación”, ha insistido Sánchez Oliva.

El portavoz de CCOO ha alertado además de que “faltan medios humanos”. “No es posible que en la visita del Papa en la ciudad de Madrid falten bomberos y recursos para poder atender las emergencias habituales, ya sin contar con la afluencia de público por este acontecimiento”, ha sostenido. 

Condiciones mínimas laborales y del servicio público

Los sindicatos piden así una Ley Básica de Bomberos y Bomberas que “debe establecer como servicio público esencial para la ciudadanía la prestación del servicio de prevención, extinción de incendios y el salvamento, y fijar contenidos mínimos y estándares homogéneos”, así como los protocolos para la coordinación.

Una de estas condiciones mínimas es la atención “del parque de bomberos más cercano”, que priorice la respuesta temprana por encima de posibles conflictos de competencias.

Desde el marco estatal, piden también que se desarrollen leyes autonómicas de SPEIS, así como la creación de cuerpos de bomberos autonómicos (que no existen en todas las comunidades en la actualidad) y “el establecimiento de la integración voluntaria y progresiva de los SPEIS de entidades locales medianas y pequeñas a estos cuerpos autonómicos”.

La plataforma sindical propone varios “contenidos mínimos” que deben ser recogidos en la ley. Entre ellos se incluyen “la simplificación de la denominación del cuerpo de bomberos” y sus funciones, la obligación de coordinación y cooperación recíproca entre las distintas Administraciones públicas, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como ciertas condiciones mínimas de formación y clasificación profesional y el reconocimiento de enfermedades profesionales.

CCOO y UGT han exigido además que se acote la figura de los voluntarios, “que no pueden sustituir” a los bomberos en ningún caso, ha subrayado Almanzor Guerra (UGT). “No se sostiene que en una primera intervención donde se juega la vida la gente acudan voluntarios. La prestación de servicio de bomberos es obligada. La vida de la gente no puede estar a expensas de si es una persona que acude voluntariamente o no”, ha coincidido Carlos Sánchez Oliva (CCOO).