Las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del Centro Residencial El Cuartillo, dependiente del SEPAD en Cáceres, han hecho pública su situación para denunciar la falta de personal que, aseguran, arrastran desde hace tiempo y que se agrava durante los periodos vacacionales y cuando no se sustituyen las bajas.

La portavoz del colectivo, Edita Bajo, sostiene que la plantilla trabaja “bajo mínimos” y que esa situación obliga a las profesionales que permanecen en el centro a asumir una carga asistencial cada vez mayor. “Trabajar al límite no puede convertirse en la norma”, resume el comunicado difundido por las trabajadoras.

Según explican, el problema no afecta únicamente a las condiciones laborales de la plantilla, sino también a la calidad de la atención que reciben las personas residentes. Recuerdan que El Cuartillo trabaja con un modelo de cuidados libre de sujeciones, tanto físicas como químicas, que requiere una vigilancia permanente y un acompañamiento continuo. A su juicio, sin el personal suficiente resulta imposible prestar esa atención en las condiciones que exige el propio modelo asistencial.

Las profesionales también denuncian que, para garantizar el funcionamiento del servicio, en ocasiones se ven obligadas a renunciar a días de asuntos propios y a otros permisos laborales, con el consiguiente desgaste físico y emocional. Insisten en que no se trata de un problema individual, sino de una situación que repercute tanto en quienes trabajan en el centro como en las personas usuarias.

Junto a la denuncia pública, las trabajadoras han comenzado una recogida de firmas dirigida a la Dirección del centro residencial y a la Secretaría General de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.

En el escrito recuerdan que las restricciones generales de permisos comunicadas por la dirección no pueden sustituir las resoluciones individualizadas previstas en la legislación administrativa. En concreto, solicitan que todas las peticiones de permisos sean resueltas de forma expresa y motivada, que las denegaciones se justifiquen por escrito cuando respondan a necesidades del servicio y que se informe a la representación legal de los trabajadores sobre las medidas organizativas adoptadas para hacer frente a la falta de personal y sobre los criterios empleados para conceder o denegar permisos.

Las TCAE reclaman, además, que se cubran las vacaciones y las bajas con la dotación de personal necesaria para garantizar tanto la seguridad de las personas residentes como unas condiciones de trabajo que, según defienden, respeten los derechos laborales de la plantilla.

Respuesta del SES

La Junta de Extremadura, en respuesta a la petición de información de elDiario.es, señala que los centros de atención 24 horas de gestión directa del SEPAD comunican de forma continuada, a lo largo de todo el año, las necesidades de cobertura de puestos en las distintas categorías profesionales. Añade que la coordinación entre el departamento de Recursos Humanos de la Secretaría General de la Consejería de Salud y Servicios Sociales y la Dirección General de Función Pública es permanente, con intercambio diario de información para garantizar una respuesta ágil a dichas necesidades. Asimismo, sostiene que desde la llegada del actual Gobierno se ha avanzado en soluciones estructurales, con el reconocimiento de las horas extraordinarias, la puesta en marcha de contratos de refuerzo de larga duración que aportan estabilidad y la equiparación salarial. En este contexto, afirma que se continúa trabajando de manera intensiva para asegurar la cobertura de todos los puestos en los centros de la región.

Al mismo tiempo que Felisa hacía la mudanza, convertía aquel traslado en una verdadera declaración de resistencia. Tras su último ingreso hospitalario en Cáceres, decidió que el final de su vida no podía desarrollarse lejos de su origen. Eligió regresar a la casa donde nació, al lugar donde aprendió lo que significaba una familia y donde, con los años, disfrutó en pequeñas dosis de la suya propia. Este regreso no ha sido por simple nostalgia, sino con la convicción de que si le quedaba un capítulo por vivir, quería hacerlo allí donde todo empezó; en su pueblo, en Torrejoncillo.

Su rutina en el pueblo cacereño está lejos de la soledad que tantos temen en la vejez. Su día a día es una coreografía de cuidados y afecto. El servicio de enfermería a domicilio del centro de salud de Torrejoncillo mantiene a raya su salud, combinando la medicina moderna con la cercanía de quienes conocen su nombre y su historia.

En casa, Margarita —su cuidadora interna, colombiana— es mucho más que apoyo doméstico ya que además de compañía, es su confidente y amiga. Y los fines de semana, cuando ella descansa, otra Margarita, también de Colombia y con la misma calidez y profesionalidad, toma el relevo. Una coincidencia que parece confirmar que el destino de Felisa está sostenido por manos generosas y corazones abiertos. “Son una maravilla mis dos Margaritas, limpias, trabajadoras, ordenadas y me quieren mucho. Sin ellas, todo esto no sería posible”.

Una puerta siempre abierta

La casa de Felisa es un enclave de puertas que se abren y se cierran, una rareza en tiempos de recelo. El tránsito es constante: primas, sobrinos, hijos, sus parejas, nietos y nieta… todos confluyen en ese espacio que se ha convertido en el epicentro de la familia. A Felisa le encanta esa vitalidad. Conserva una inteligencia rápida, una ironía fina y un humor templado por años de sacrificios y apreturas.

Rodeada de sus recuerdos —la foto de su madre riendo en el patio, los objetos de su hija fallecida, los recuerdos de sus hijos ya adultos— se siente plena. “Es muy emocionante verla feliz, descansando en su sillón entre sus recuerdos. Ha recuperado la libertad de no tener que llamar para ser visitada; cualquiera entra, saluda y se sienta a compartir un rato, un café o simplemente la compañía”, se comenta en casa.

El entramado social que la rodea hace posible este pequeño milagro. Personas de la iglesia le llevan la comunión; el cura del pueblo, cuando su agenda lo permite, se desvía de su camino al asilo para charlar con ella; uno de los “manitas” del pueblo le arregla una cortina o una lámpara con la misma diligencia que si fuera su propia madre.

Las vecinas, sin ser familia directa, actúan como tal. Las primas ejercen como tales. Además no dejan de llegar regalos de la huerta: calabacines, tomates, frutas… pequeñas ofrendas que son, en realidad, recordatorios de afecto comunitario. “En el mundo rural, una no desaparece: nos recordamos, nos atendemos, nos cuidamos”. “Incluso el señor del bar de al lado, Pedro me trae una caja entera de botellines de cerveza para cuando tengo muchas visitas”, ríe Felisa.

El destino que firmaríamos

Felisa es plenamente consciente de su situación. Sabe que su cuerpo acusa el desgaste de los años —las curas, el oxígeno a ratos, la insulina que se administra con destreza y que controla su hija Teresa desde una aplicación móvil, — pero insiste en que es feliz. Tiene “por fin” recursos suficientes, el cariño de los suyos y la paz de estar en su lugar en el mundo. No quiere ni oír hablar de una residencia: entiende que para algunas personas es la única vía, pero para ella, su casa es su templo, su vida. Y va a hacer todo lo posible para mantenerse en ella. “No sabemos cómo va a ser el futuro, pero desde luego yo ya he preparado toda la logística para que mi futuro sea en mi casita”.

Verla así, gestionando su salud desde el móvil mientras recibe visitas, compartiendo ironías y disfrutando de la luz que entra por su patio, es un regalo de vida. Felisa demuestra que el mayor éxito de una vida de trabajo y dificultades es llegar a la meta con la libertad de elegir dónde cerrar los ojos cada noche, rodeada de la historia que ella misma construyó.

Lo que ocurre en la casa de Felisa puede parecer una historia sin brillo para grandes titulares, pero es casi un milagro en un tiempo que ya no facilita milagros. En un país donde la vejez suele vivirse entre ausencias, burocracias y residencias saturadas, ella ha logrado algo excepcional: envejecer acompañada, en su casa, en su pueblo, sostenida por una red humana que aún resiste. Lo sencillo —una puerta abierta, un qué tal estás hoy, un calabacín de la huerta— pertenece ya a un mundo que cada vez cuesta más imaginar.

Pero su historia guarda otra dimensión: Felisa es una de esas personas que regresan a la España vaciada cuando ya parecía que no quedaba nada a lo que volver. Y ese regreso solo es posible porque dos mujeres inmigrantes —dos cuidadoras que han hecho del pueblo su hogar— sostienen la vida cotidiana con una dedicación que desmiente el tópico de que el medio rural es impermeable a la diversidad. Ellas no solo cuidan; también fijan población, mantienen vivo un oficio imprescindible y encarnan la mezcla que permite que un municipio siga siendo un lugar habitable.

En esa casa, en esa rutina compartida, se cruzan dos movimientos que rara vez aparecen juntos en los discursos oficiales: el retorno de una mujer mayor a su pueblo y la llegada de nuevas vecinas que encuentran en la Extremadura rural una oportunidad de vida. Es ahí donde la historia de Felisa deja de ser íntima para convertirse en política: demuestra que la España vaciada quizás no se repuebla con grandes planes, sino con vínculos concretos, con cuidados, con la decisión de quedarse y de acompañar.

La antigua estación de autobuses de Logroño inicia una nueva etapa convertida en un centro intergeneracional destinado a convertirse en un espacio de encuentro para vecinos de todas las edades. El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presentado este lunes las luebas instalaciones, que ofrecerán ua programación de actividades culturales, educativas y de ocio, además de albergar la nueva Oficina de Atención a Personas Mayores.

Durante la presentación, Escobar ha explicado que el objetivo del proyecto es dotar a la ciudad de un espacio público que fomente la convivencia entre generaciones. Entre las iniciativas previstas se encuentran “actividades de lectura, musicales, ejercicios de memoria y desarrollo cognitivo”, dirigidos tanto a niños como a personas mayores.

La inauguración oficial del centro tendrá lugar este lunes a las 19,30 horas en la antigua estación de autobuses, un dificio que culmina así su transformación como un nuevo servicio público para la ciudad.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha valorado de manera positiva la apertura de este nuevo proyecto y ha confiado en que pueda entrar en funcionamiento lo antes posible. La formación recuerda que la actuación ha sido financiada con 2,5 millones de euros de fondos europeos captados durante la anterior legislatura y reclama al Gobierno municipal que impulse la segunda fase del proyecto, que se centra en la reforma de los locales interiores de la manzana.

Asimismo, el PSOE lamenta el sobrecoste de la obra, que cifra en cerca de un 10%, y ha señalado que el interventor municipal emitió una nota de reparo relacionada con la última certificación de los trabajos. Además, sostiene que el proyecto ejecutado difiere del diseño iniciañ que se planteado en la legislatura anterior.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha dado un paso estratégico en la modernización de la Administración regional con la formalización del contrato para el desarrollo de un marco normativo de inteligencia artificial (IA) generativa, destinado a transformar y mejorar los servicios públicos de la Comunidad Autónoma.

Este proyecto, que ha llevado a cabo la Agencia de Transformación Digital, va a permitir la creación de un entorno común de trabajo para el diseño, desarrollo y despliegue de soluciones de inteligencia artificial en la Junta de Comunidades, favoreciendo una implantación que “fomenta un espacio seguro”, enmarcado en la estrategia regional de ciberseguridad, además escalable y alineado con el interés público.

La iniciativa supone avanzar desde modelos aislados hacia un ecosistema integral de la inteligencia artificial, con mecanismos de gobernanza, control y evolución continua, que facilitará la incorporación progresiva de esta tecnología como herramienta de mejora de la atención a la ciudadanía y de la eficiencia administrativa.

Como consecuencia, va a promover la soberanía digital, al hacer menos dependiente estas herramientas de los grandes modelos de IA en el mercado tecnológico.

Confinanciado con fondos europeos

El contrato ha sido adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Inetum y Écija Abogados, por un importe de 4.264.728 euros y con un plazo de ejecución de 24 meses. El proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del Programa Operativo 2021-2027, reforzando el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la digitalización, la innovación tecnológica y la mejora continua de los servicios públicos.

Uno de los elementos diferenciales de este proyecto es su apuesta por arquitecturas basadas en agentes inteligentes y componentes reutilizables, que permitirán automatizar procesos complejos, agilizar la toma de decisiones y acelerar el desarrollo de nuevos casos de uso dentro de la Administración regional.

El modelo contempla además la creación de un catálogo estructurado de componentes de inteligencia artificial que facilitará la reutilización de soluciones, evitará duplicidades y garantizará la coherencia tecnológica entre las diferentes consejerías y organismos públicos.

Eficiencia energética y optimización de recursos

La sostenibilidad constituye otro de los ejes estratégicos de la iniciativa. El proyecto incorpora criterios de eficiencia energética y optimización de recursos mediante arquitecturas híbridas y tecnologías avanzadas de compresión de modelos, contribuyendo a una inteligencia artificial “más eficiente, escalable y alineada con los objetivos de transición ecológica y racionalización del gasto público”.

La iniciativa refuerza igualmente el compromiso del Gobierno regional con un modelo de inteligencia artificial “ética, transparente y confiable en el ámbito público”.

Para ello, el proyecto integrará un sistema de gobernanza que establecerá estándares comunes, mecanismos de supervisión y procesos de validación destinados a garantizar un “uso responsable” de la inteligencia artificial. Asimismo, incorporará herramientas avanzadas de gestión de riesgos, auditoría y trazabilidad que aseguren la rendición de cuentas y la seguridad jurídica.

El marco de trabajo estará alineado con la normativa europea y con estándares internacionales como la ISO 42001, incorporando desde su diseño principios de transparencia, explicabilidad y supervisión humana.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha inaugurado este viernes 19, las nuevas instalaciones del Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Calahorra-Rioja Baja, acompañada por la directora general de Justicia e Interior, Tania Sáez; la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz; la directora de la Asociación para la Protección del Menor en los casos de separación de sus progenitores (APROME) y coordinadora de los Puntos de Encuentro Familiar de La Rioja, Laura Zárate, entre otras autoridades.

El nuevo Punto de Encuentro Familiar, ubicado en la Plaza de Europa número 7, se ha rehabilitado gracias a la cesión de un espacio del SAC de Calahorra y sustituye a las dependencias en las que se venía prestando el servicio desde 2010. Estas instalaciones suponen una mejora sustancial en las condiciones de atención a las familias de Calahorra y su comarca. Para ello, el Ejecutivo regional ha destinado una inversión total de 373.646,97 euros y se ha financiado parcialmente con Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el año 2025.

Martín ha destacado que esta actuación supone “un compromiso cumplido con las familias, con los profesionales y con el Ayuntamiento de Calahorra” y ha subrayado que las nuevas instalaciones representan “un cambio radical en la atención a los menores y a las familias que atraviesan situaciones especialmente delicadas”. Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de los profesionales que prestan este servicio y la coordinación entre todas las instituciones implicadas para acompañar a los niños y niñas y favorecer la mejora de las relaciones familiares.

Un entorno seguro para garantizar el bienestar de los menores

Los Puntos de Encuentro Familiar constituyen un recurso especializado y gratuito al que se accede mediante resolución judicial. Su finalidad es garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a mantener la relación con sus progenitores y familiares en un entorno neutral y seguro.

Para ello, el servicio cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de los ámbitos psicológico, social, jurídico y educativo que acompaña a las familias durante el desarrollo de los distintos regímenes de visitas y trabaja para favorecer relaciones familiares positivas y autónomas.

En este sentido, la consejera ha destacado que “lo más importante no son solo las instalaciones, sino todo el trabajo que realizan los profesionales alrededor de estos menores y sus familias para ayudarles a superar situaciones complejas y avanzar en las mejores condiciones posibles”.

Por su parte, Laura Zárate ha agradecido el compromiso del Gobierno de La Rioja por hacer posible este nuevo recurso. Además, ha explicado que el servicio, presente en la ciudad desde 2009, requería unas instalaciones adaptadas a las nuevas necesidades y problemáticas familiares, especialmente en aquellos casos con órdenes de alejamiento, y ha señalado que el nuevo espacio aporta mayor serenidad, tranquilidad y mejores condiciones para favorecer el mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares.

Más seguridad en los casos de violencia de género

Las nuevas instalaciones han sido diseñadas para reforzar la protección de las víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas. Entre otras mejoras, disponen de accesos diferenciados que evitan cualquier contacto entre víctima y agresor durante el cumplimiento de las medidas judiciales. En este sentido, María Martín ha subrayado que “la protección de las víctimas y de los menores es una prioridad para el Gobierno de La Rioja. Este nuevo espacio incorpora medidas que incrementan la seguridad y permiten prestar una atención especializada con mayores garantías”.

Estas mejoras se alinean con lo establecido en la Ley contra la Violencia de Género de La Rioja y con las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para reforzar la atención a los menores.

Los Puntos de Encuentro Familiar de Logroño, Calahorra y Haro son gestionados por la Asociación para la Protección del Menor en los casos de separación de sus progenitores (APROME), entidad pionera en España en la implantación de este tipo de recursos.

Desde la puesta en marcha de la red riojana de Puntos de Encuentro Familiar se ha intervenido con más de 5.928 personas usuarias directas, de las que 2.770 son niños, niñas y adolescentes. En la actualidad, el Punto de Encuentro Familiar de Rioja Baja atiende a 30 familias y a un total de 102 personas usuarias directas, entre ellas 40 menores.

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha agradecido al Gobierno de La Rioja la puesta en marcha de este nuevo recurso y ha destacado que permitirá ofrecer una mejor atención a una población especialmente vulnerable. Asimismo, ha señalado que esta actuación refuerza el papel de Calahorra como cabecera de comarca, ya que el servicio atiende no solo a familias de la ciudad sino también del conjunto de la Rioja Baja, en unas instalaciones más accesibles y mejor integradas en el entorno urbano.

El Ministerio de Hacienda ya ha puesto fecha a la reunión bilateral con el Gobierno de Castilla-La Mancha para abordar sus propuestas de cara al nuevo modelo de financiación autonómica. Será el 22 de junio con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y con la Secretaría General de Financiación Autonómica.

En ese encuentro, la comunidad autónoma le trasladará su propuesta, basada en garantizar el coste real que supone prestar los servicios de su competencia y garantizar el principio de igualdad en materia financiera.

Lo ha confirmado el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha incidido en la defensa de que todos los ciudadanos deben recibir “en condiciones de calidad” los mismos servicios públicos “con independencia de su capacidad económica o de la capacidad tributaria que tengan los territorios”.

“El modelo que presenta Castilla-La Mancha, el que vamos a defender en esa reunión bilateral, es diametralmente diferente al que ha propuesto el Gobierno, al que ha negociado el Gobierno central con los independentistas catalanes, en el sentido de que se trata de primar la capacidad tributaria en lugar de ese principio de igualdad. Yo siempre digo que los impuestos los pagan los ciudadanos, quienes reciben los servicios públicos son los ciudadanos y no son los territorios”, ha argumentado.

Ruiz Molina ha recordado que el fruto de estas reuniones bilaterales se llevará posteriormente al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha reiterado la necesidad de contar con documentación técnica para tener una posición más definida de cara a ese encuentro, “fundamentalmente para que la reunión sea más productiva”.

“Solamente contamos con un PowerPoint”, ha dicho, que es el que tienen los medios de comunicación, considerando que “técnicamente nos merecemos algo más de documentación”, fundamentalmente “las tripas de lo que es el modelo, que para eso tenemos un equipo técnico potente en la Consejería de Hacienda para analizar los datos, no solamente los que pudieran servir de base, que es el 2023, pero sí saber la evolución hasta el 2027”.

La carta enviada a todas las comunidades autónomas

Este encuentro se enmarca en la carta que el Ministerio envió a principios de mes a todas las comunidades autónomas concertando reuniones bilaterales con el objetivo de retomar la cuestión, tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se presentó un documento de bases para un nuevo sistema de financiación autonómica.

El objetivo es que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027. En los últimos meses, según apuntaba la misiva del secretario de Estado, se han desarrollado trabajos “técnicos” para facilitar que se pueda presentar y debatir en el CPFF “lo antes posible” una propuesta de acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación que, si fuese aprobada, permitiría elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación y posterior remisión al Congreso de los Diputados.

Jesús Gascón explicaba en la carta que tras las valoraciones de la última reunión y “algunas opiniones que informalmente nos han ido llegando, hay algunos aspectos que consideramos interesante compartir”. Algo que se traduce, abunda, en “concretar y aclarar lo reflejado en el documento de bases ya presentado”.

En la carta también se sugiere, “atendiendo a algunas peticiones formuladas en el CPFF”, trabajar con los datos cerrados de 2023, y considerarlo como “año base” porque cree que eso sería “compatible” con que el primer año de aplicación pueda ser 2027 para el nuevo modelo.

En la DANA de Valencia, la mayor catástrofe climática que ha vivido España con más de 230 víctimas mortales, bomberos y bomberas de todo el país “tuvieron que acudir con sus propios medios, con furgonetas, organizados entre ellos” para trabajar en las labores de emergencias. Otros bomberos de la propia ciudad denunciaron que no fueron movilizados ese día. “¿Cómo es posible?”, denuncian los representantes de CCOO y UGT, que han presentado este lunes una plataforma para exigir una ley estatal de coordinación de estos profesionales.

En concreto, los dos sindicatos mayoritarios exigen, tanto al Gobierno como a las distintas Administraciones públicas y a los partidos políticos, la aprobación de una Ley Básica de Bomberos y Bomberas. Una reclamación continua desde hace años –y en aumento ante el auge de catástrofes y emergencias– para coordinar los 130 Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de todo el país, así como para garantizar unos recursos y unas condiciones mínimas para la prestación de este servicio público ante emergencias.

Un marco estatal como el que consiguieron los bomberos forestales y los agentes medioambientales en 2024, también tras años de lucha y en un contexto de empeoramiento de los incendios forestales cada verano, y que reclaman el resto de cuerpos de bomberos que atienden en ciudades y pueblos tanto en la extinción de incendios como en accidentes de tráfico y otro tipo de emergencias.

“Los ciudadanos se ven expuestos a más riesgos o a perder la vida”

Los representantes sindicales han explicado que los servicios de bomberos dependen competencialmente de ayuntamientos y diputaciones, así como de las comunidades autónomas en el caso de algunos cuerpos regionales, un “batiburrillo” de distintos cuerpos para los que reclaman un paraguas legal a nivel estatal para facilitar la coordinación en las emergencias que suceden a diario. En la actualidad, esta es “ineficiente” en muchos casos, lo que puede poner en riesgo vidas, han denunciado CCOO y UGT.

Los sindicatos han señalado el caso de la DANA como el más paradigmático, pero han denunciado problemas de coordinación continua en emergencias de “menor entidad”. “Una emergencia no tiene por qué ser atendida actualmente por el parque de bomberos más cercano”, ha puesto como ejemplo Almanzor Guerra, responsable del sindicato de Bomberos de UGT Servicios Públicos, algo que retrasa las intervenciones en situaciones en las que cada segundo es clave para salvar vidas.

Esto sucede “de manera más frecuente de lo que pensamos”, lamenta Guerra a elDiario.es. El bombero menciona recientemente el accidente mortal por el que dos mujeres fallecieron ahogadas en Palencia al salvar a un niño de cinco años. “El parque de bomberos más cercano era el del Ayuntamiento de Palencia, pero la zona pertenecía a la diputación, que tardaron más tiempo en llegar”, apunta.

“¿Cómo es posible que el parque de bomberos más cercano, se quede en el parque, queriendo ir a una intervención que está relativamente cerca de ellos para salvar vidas, y por competencias o por falta de coordinación y legislación, los ciudadanos se vean expuestos a más riesgos o incluso a que pierdan la vida?”, ha denunciado Carlos Sánchez Oliva, portavoz de la Agrupación Estatal de Bomberos de CCOO.

“Si en vez de acudir en cinco minutos, o en diez, acudimos en 20 minutos no podemos garantizar la seguridad y salud de la gente. Esto es lo que nos tiene aquí fundamentalmente, el poder hacer el trabajo en condiciones de calidad y de coordinación”, ha insistido Sánchez Oliva.

El portavoz de CCOO ha alertado además de que “faltan medios humanos”. “No es posible que en la visita del Papa en la ciudad de Madrid falten bomberos y recursos para poder atender las emergencias habituales, ya sin contar con la afluencia de público por este acontecimiento”, ha sostenido. 

Condiciones mínimas laborales y del servicio público

Los sindicatos piden así una Ley Básica de Bomberos y Bomberas que “debe establecer como servicio público esencial para la ciudadanía la prestación del servicio de prevención, extinción de incendios y el salvamento, y fijar contenidos mínimos y estándares homogéneos”, así como los protocolos para la coordinación.

Una de estas condiciones mínimas es la atención “del parque de bomberos más cercano”, que priorice la respuesta temprana por encima de posibles conflictos de competencias.

Desde el marco estatal, piden también que se desarrollen leyes autonómicas de SPEIS, así como la creación de cuerpos de bomberos autonómicos (que no existen en todas las comunidades en la actualidad) y “el establecimiento de la integración voluntaria y progresiva de los SPEIS de entidades locales medianas y pequeñas a estos cuerpos autonómicos”.

La plataforma sindical propone varios “contenidos mínimos” que deben ser recogidos en la ley. Entre ellos se incluyen “la simplificación de la denominación del cuerpo de bomberos” y sus funciones, la obligación de coordinación y cooperación recíproca entre las distintas Administraciones públicas, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como ciertas condiciones mínimas de formación y clasificación profesional y el reconocimiento de enfermedades profesionales.

CCOO y UGT han exigido además que se acote la figura de los voluntarios, “que no pueden sustituir” a los bomberos en ningún caso, ha subrayado Almanzor Guerra (UGT). “No se sostiene que en una primera intervención donde se juega la vida la gente acudan voluntarios. La prestación de servicio de bomberos es obligada. La vida de la gente no puede estar a expensas de si es una persona que acude voluntariamente o no”, ha coincidido Carlos Sánchez Oliva (CCOO).

Un total de 1.878 euros por habitante es lo que gasto La Rioja en sanidad en 2024. Una cifra que pone al sistema sanitario riojano en los puestos de cola y que confirma un sistema “desigual entre comunidades autónomas”, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad y recogidos por elDiario.es. El gasto por habitante de La Rioja es uno de los más bajos del país y se sitúa notablemente por debajo de la media nacional, establecida en los 2.084 euros por persona. Es decir, un ciudadano riojano recibe una inversión sanitaria menor que la de la mayoría de los españoles.

Todavía son más desvaforables las cifras si se analiza el esfuerzo presupuestario en relación con la riqueza del territorio. La Rioja se encuentra en el valle de la inversión sanitaria en España, destinando apenas un 5,5% de su Producto Interior Bruto (PIB) a la salud pública, solo por encima de la Comunidad de Madrid (4%) y Baleares (5,4%) y compartiendo dato con Catalunya y Navarra (ambas también con el 5,5%). Este dato contrasta drásticamente con autonomías como Extremadura o Murcia, que dedican el 8,9% y el 8% de su PIB, respectivamente, a sostener sus sistemas sanitarios.

Brecha con las comunidades vecinas

Mientras, al otro lado del Ebro, la realidad es distinta. Euskadi lidera la inversión sanitaria en España con 2.332 euros por habitante, la cifra más alta de todo el Estado. Esto significa que, siendo comunidades vecinas, el Servicio Vasco de Salud cuenta con 454 euros más por ciudadano al año que el sistema riojano.

La brecha no es menor con Navarra. Aunque la comunidad foral comparte con La Rioja el mismo porcentaje mínimo de asignación del PIB, su mayor capacidad de ingresos se traducen en un presupuesto real por cabeza muy superior al riojano. Esta asimetría con los dos territorios forales fronterizos acentúa uno de los problemas crónicos de la gestión riojana, que es la fuga de profesionales médicos hacia mejores condiciones laborales a pocos kilómetros de distancia.

El resto de comunidades con las que limita La Rioja también realizan mayores inversiones per cápita en sanidad y dejan a La Rioja como una isla por debajo de los 2.000 euros. En concreto, Castilla y León gastó de media 2.218 euros por habitante y destinó a la sanidad el 7,8% de su PIB y Aragón gastó 2.190 euros por cada habitante y dedicó el 6% del PIB de la región.

La trampa de los “costes fijos” en una comunidad pequeña

El informe de los catedráticos Beatriz González López-Valcárcel y Santiago Lago Peñas, presentado recientemente en el Congreso, arroja luz sobre los porqués de estas diferencias. Por un lado, el envejecimiento de la población dispara las necesidades de asistencia en zonas más envejecidas. Por otro, existen unos gastos fijos que pesan más en comunidades poco pobladas como La Rioja, Cantabria o Asturias. Es decir, mantener un hospital abierto con todos los servicios y especialidades, la cobertura de urgencias o la atención primaria en zonas rurales exige un coste mínimo estructural idéntico al de regiones más grandes, pero a repartir entre muchos menos habitantes.

Los expertos también se refirieron como factor clave a la distribución entre gasto público y privado y, finalmente, hicieron un llamamiento a reformar el sistema de financiación autonómico. “Las comunidades forales —Euskadi y Navarra— tienen mayor financiación que las demás, porque ponen encima de la mesa mucho menos de lo que les tocaría”, explicó el catedrático, que ahonda en que dentro de las de régimen común existen desigualdades “que no son razonables”.

En este escenario, el Ministerio de Hacienda ha retomado el debate de la financiación autonómica con la próxima celebración de reuniones bilaterales para lo que La Rioja ha pedido más información y no ha confirmado si acudirá o no. Según la propuesta del Gobierno central, La Rioja recibiría un incremento de 25 millones de euros respecto al modelo vigente, por encima de todas las comunidades autónomas salvo Cantabria y Extremadura, aunque todas siendo comunidades con mayor población que La Rioja.

Una banda azul de pavimento antideslizante recorre las calles de pizarra como un hilo rojo de Ariadna, esa guía que en el mito de Teseo permitía orientarse dentro del laberinto, y que en Pescueza acompaña a quienes ya no pueden confiar en su equilibrio. Se trata, sin duda, de una importante intervención urbana, pero también de un gesto de ternura colectiva, una estrategia organizada para evitar la dependencia y la soledad. En esta localidad cacereña, la vejez ha dejado de ser la antesala de la institucionalización —ese traslado forzoso a una residencia de mayores que rompe los vínculos, desarraiga y convierte el final de la vida en un proceso de separación— para convertirse en el eje de un modelo asistencial que ha devuelto vida, empleo y esperanza a un municipio que se negaba a desaparecer ante la impasividad imperante de las instituciones que siguen aferradas a modelos asistenciales más rígidos y centralizados. Menos humanos.

Y es que envejecer sin abandonar el propio hogar es el corazón del proyecto que ha transformado este pequeño pueblo del Valle del Alagón, donde apenas viven 151 personas y más del 60% supera los 60 años. Aquí, la respuesta al envejecimiento no ha sido desplazar a las personas a las residencias geriátricas más cercanas, sino adaptar el propio entorno para que puedan seguir viviendo donde siempre han vivido, con dignidad, autonomía y la compañía elegida, la que siempre han tenido, dando fondo y forma a este laboratorio de humanidad y demostrando que cuidar también es innovar.

Ese cambio de rumbo en la dinámica de cualquier localidad se materializó en el programa 'Quédate con nosotros', gestionado por la Asociación Amigos de Pescueza, nacida en 2011 con una idea sencilla pero radical: que nadie tenga que marcharse de su pueblo ni siquiera de su casa por hacerse mayor. Desde entonces, Pescueza ha tejido un sistema de cuidados que combina urbanismo adaptado, servicios asistenciales profesionales, participación vecinal y una ética clara: cada persona decide cómo quiere ser cuidada. Aquí no se prohíbe nada. Quien quiere ir a pescar, va. Quien quiere participar en talleres, participa. La libertad no se negocia para que la vida pueda seguir siendo vida y no un sucedáneo. Y para no caer en la temible infantilización que sufren la mayoría de las personas mayores.

A cielo abierto

Y es que Pescueza ha convertido su casco urbano en una especie de residencia a cielo abierto. Pasamanos en las fachadas, viviendas adaptadas, calles accesibles y servicios de proximidad que permiten que vecinos de más de 90 años sigan haciendo vida en su pueblo. Porque el modelo va mucho más allá de la intervención urbana. Se articula en torno a una plataforma integral de servicios que cubre necesidades sociales, sanitarias y emocionales: un Centro de Día municipal con atención sanitaria y actividades socioculturales; un Centro Residencial con una Unidad de Convivencia para diez personas, donde la vida se organiza como en un hogar; ayuda a domicilio y teleasistencia reforzada con sensores de movimiento y sistemas de televigilancia que permiten actuar rápido sin arrancar a nadie de su hogar; talleres de envejecimiento activo, ocio, formación y actividades comunitarias; asistencia jurídica, apoyo en gestiones y acompañamiento emocional; servicios cotidianos como transporte al médico en un coche eléctrico, compras o visitas a otras localidades; e incluso iniciativas que conectan el pueblo con el resto del mundo, como el intercambio de cartas con alumnado de un centro educativo francés.

Todos estos protocolos humanizados se sostienen con el enfoque de Atención Integral Centrada en la Persona, que prioriza la autonomía, respeta los ritmos individuales y rechaza cualquier forma de sujeción física o química. En Pescueza, cuidar es un acto de garantía de derechos, no un simple mecanismo de control.

Pero quizás y por si todo esto fuera poco, lo más interesante y esperanzador es que el proyecto funciona porque todo el pueblo se ha implicado. La Asociación Amigos de Pescueza, con 125 socios y 10 voluntarias y voluntarios, trabaja junto al Ayuntamiento, un equipo profesional de 15 personas —psicología, enfermería, terapia, animación sociocultural, auxiliares— y el apoyo de la Junta de Extremadura, la Diputación y Obra Social Caixa. La corresponsabilidad es la clave: aquí nadie se siente solo porque nadie cuida solo, ni es cuidado solo. La comunidad participa, decide, acompaña. El cuidado se convierte en un asunto global y estructural. Si alguien quiere vivir en su casa y sólo ir a comer con otras personas, se puede. Si quiere que le lleven la comida a casa, también. A cada persona, según sus deseos y necesidades.

Referente de gestión pública

Lo que resulta evidente es que el compromiso y la humanidad no son conceptos abstractos, sino valores encarnados por personas con nombres y apellidos: Cristina Iglesias, Agustina Fernández y José Vicente Granado.

Lo que hace unos años comenzó como una apuesta arriesgada y una visión de futuro dentro del ayuntamiento se ha convertido hoy en un auténtico referente de gestión pública que atrae la atención de todo el país. Este proyecto innovador, lejos de limitarse a una simple reforma local, ha trascendido por completo las fronteras del municipio, transformando de manera positiva la dinámica institucional de la localidad. En la actualidad, sus calles y dependencias municipales viven un constante ir y venir de delegaciones oficiales, técnicos y representantes que llegan con un propósito claro: comprender, aprender y replicar una fórmula de éxito que está revolucionando la gestión del bienestar social y el desarrollo económico.

Para comprender plenamente la magnitud de esta iniciativa, Cristina Iglesias se encarga de desglosar la realidad actual y el día a día de un modelo que ya está completamente consolidado. Según explica Iglesias, el verdadero éxito del proyecto no se mide únicamente en cifras o en indicadores técnicos, sino en el cambio profundo que ha experimentado la calidad de vida en el municipio. Detalla cómo las familias se han beneficiado directamente de los nuevos servicios, cómo se ha dinamizado la economía local y de qué manera se ha logrado fijar población, devolviendo el optimismo a las calles. Para ella, el mayor logro ha sido demostrar que un pueblo puede ser sinónimo de vanguardia y modernidad, logrando que los propios vecinos y vecinas se sientan orgullosos de un sistema público que funciona y que se ha convertido en el auténtico corazón de la comunidad.

Sin embargo, para entender este presente tan brillante es imprescindible viajar al pasado, un capítulo que Vicente Granado rememora con la precisión de quien vivió el nacimiento de una idea desde la absoluta nada. Cuando Granado ocupaba el sillón de la alcaldía (PSOE), lo que hoy genera admiración nacional era solo un boceto cargado de incertidumbres. Según relata el exregidor, el proyecto se puso en marcha en un contexto complejo, caracterizado por la escasez de recursos y el escepticismo inicial de quienes veían la propuesta como algo utópico o demasiado ambicioso para las capacidades del municipio. Granado recuerda aquellas primeras reuniones a puerta cerrada, los intensos debates técnicos para encajar las piezas legales y las largas jornadas dedicadas a tocar puertas en otras administraciones en busca de una financiación que no siempre era fácil de conseguir.

El inicio del proyecto requirió, en palabras del propio exalcalde, una enorme dosis de valentía política y firmeza para no dar marcha atrás ante los primeros obstáculos presupuestarios. Fue bajo su mandato cuando se diseñó la estrategia original, se gestionaron las primeras e imprescindibles subvenciones y se firmaron los convenios pioneros que sirvieron de cimientos. Granado rememora con especial viveza el momento en que se colocó la primera piedra, tanto física como simbólica, de un engranaje que buscaba romper con la inercia del estancamiento local. Para él, sembrar esa semilla requería una visión que superara los réditos políticos inmediatos, y ver hoy que aquel esfuerzo inicial ha florecido de esta manera es la mayor recompensa a los desafíos que marcaron el comienzo de todo.

La consolidación y el crecimiento de este modelo han alcanzado tal envergadura que la agenda institucional del Ayuntamiento se ha visto completamente reconfigurada. En la actualidad, tanto Cristina Iglesias como Vicente Granado trabajan codo con codo junto a la actual alcaldesa, Agustina Fernández, formando un equipo de anfitriones que personifica la continuidad, el relevo y el compromiso institucional del municipio. La expectación que genera su modelo de gestión es tan alta que, prácticamente todos los meses, este equipo se encarga de recibir a comitivas venidas de todos los puntos de la geografía española, coordinando agendas para dar respuesta a una demanda de información que no para de crecer.

Estas visitas abarcan un amplio espectro de la sociedad y la política nacional. Por un lado, alcaldes y alcaldesas de otras localidades de España recorreren el municipio buscando soluciones sostenibles y eficaces aplicables a sus propios territorios, especialmente aquellos que luchan contra la despoblación. Por otro lado, portavoces de diversas asociaciones sectoriales se suman a estos encuentros, atraídos por las sinergias público-privadas y la innovación social que el proyecto ha sabido estructurar de manera pionera. El nexo común entre todos los que viajan hasta la localidad es un diagnóstico idéntico: coinciden en que lo que se ha construido aquí es el verdadero camino a seguir para asegurar el porvenir de sus propias regiones, estudiando sobre el terreno un modelo que ya consideran la hoja de ruta del siglo XXI para garantizar el desarrollo sostenible de sus pueblos y mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos y vecinas.

Mejores números

Y gracias a estas personas y otras más, los resultados son más que visibles. Más de sesenta personas han sido atendidas en los distintos servicios, se han creado trece empleos directos en un municipio con escasa población activa y, tras años sin registrar nacimientos, han vuelto a nacer criaturas en el pueblo. La soledad no deseada se ha reducido y la calidad de vida general ha mejorado. En un territorio marcado por la despoblación, Pescueza ha invertido la lógica: reforzar los cuidados como infraestructura básica, no solo como política social, sino como política de territorio.

Y luego están los nombres realmente importantes, los de las protagonistas de esta historia. Herminia Sansón, a sus 87 años, es el alma y la voz del centro de día de Pescueza, convirtiéndose de forma natural en la encargada de atender a los medios de comunicación y responder con soltura a todo lo que le preguntan. Aunque es totalmente independiente, se levanta sola a las siete de la mañana y no necesita cuidados especiales, decidió acudir al centro porque a lo único que le teme es a la soledad, una realidad que aprendió a sobrellevar tras quedar viuda hace 24 años y sufrir la dolorosa pérdida de un hijo. Su casa está en la misma calle del centro, lo que le permite ir y venir a su antojo para disfrutar de actividades como el bingo o la lectura, una de sus grandes pasiones que practica con devoción y sin necesidad de gafas. Herminia, que vivió durante décadas en Barcelona trabajando duro en la limpieza de colegios, despachos y peluquerías, mantiene allí a su única hija; sin embargo, ha encontrado en sus vecinas y en el centro de día a su otra familia. Su vitalidad es tan desbordante que cada fin de semana se va sola a pescar durante un par de horas, aguantando de pie como nadie y regresando al pueblo para repartir peces entre todos, demostrando que la edad es solo un número cuando se tienen ganas de vivir y compartir.

Mientras Herminia es entrevistada, Julián, que no suelta la mano de su pareja Agustina, se ríe y asegura que nunca ha visto a nadie aguantar tanto tiempo de pie como ella. Aun así, él también quiere presumir de su buen estado de forma, recordando que cada día coge su coche para desplazarse y hacer recados. Tiene 94 años y su mujer 96. Casi toda su vida la pasaron en el País Vasco, pero decidieron volver a su pueblo tras jubilarse porque, como dice Julián, la tierra es la tierra. Agustina no tiene ganas de hablar pero la mano suave y arrugada de Julián, le guía por la vida.

Ausencia de marco legal

Sin embargo, no todo es idílico y el proyecto se mueve siempre en un terreno incierto. La falta de un marco legal que reconozca figuras como la del 'pueblo-residencia' obliga a esta iniciativa a competir en desigualdad con el modelo tradicional de residencias geriátricas. En España, el sistema de dependencia se sigue articulado en torno a prestaciones económicas y plazas residenciales, con escaso desarrollo de alternativas comunitarias en entornos rurales. La sostenibilidad del modelo pasa por adaptar la normativa y garantizar una financiación estable que no penalice la innovación social en el medio rural. Desde el municipio se denuncia la falta de un respaldo institucional global y permanente, lo que dificulta consolidar y ampliar el sistema que tiene más que demostrado su éxito.

El futuro del proyecto también depende de implicar a las generaciones intermedias —especialmente entre los 35 y los 65 años— y de consolidar una red profesional formada en este enfoque holístico humanista. Pescueza no está sola: municipios como Romangordo, en la misma provincia cacereña o Boltaña en Huesca, son algunos de los ejemplos que han comenzado a explorar modelos similares en un país que envejece y se vacían sus pueblos. Mientras tanto, Pescueza continúa desarrollando su propuesta, vinculando cuidados, empleo y vida comunitaria. El Festivalino, considerado el festival musical más pequeño del mundo y que ha celebrado su XIX edición en abril, forma parte también de esa estrategia: cultura, cuidados y territorio como herramientas contra el abandono.

Enmienda a la totalidad

Lo que está en juego en Pescueza va más allá de un modelo asistencial. Es una enmienda a la totalidad a la forma en que se han organizado los cuidados en España durante décadas. Frente a un sistema que ha tendido a externalizar la vejez, trasladándola a residencias, muchas de ellas en manos de grandes operadores, este lugar en el mundo plantea que envejecer en casa no es un privilegio, sino un derecho que debe ser garantizado desde lo público y desde lo cercano. La experiencia interpela directamente a las políticas públicas: ¿deben los cuidados organizarse en torno al mercado o en torno a la comunidad?; ¿es más eficiente concentrar o redistribuir?; ¿qué papel deben jugar los pequeños municipios en la arquitectura del Estado del bienestar?

En Pescueza, la respuesta ya está en marcha. No se trata solo de evitar que la gente se marche, sino de construir condiciones para que quedarse sea posible. En un país que envejece y se vacía, cuidar pasa necesariamente por atender pero también por decidir qué modelo de sociedad queremos desarrollar y sostener. Y aquí, en este rincón de Cáceres, esa decisión ha tomado forma de calles y casas adaptadas, puertas abiertas y vidas que continúan donde nacieron: En este último hogar a cielo abierto. Con la dignidad, respeto y cariño que se merecen todas y cada una de las personas que habitan esta tierra.

La inauguración el próximo mes de diciembre de dos centros de atención a la infancia (CAI) en Vallecas, uno para compilar declaraciones de riesgo y otro en apoyo al que ya existe, enfila la privatización de un servicio que actualmente cuenta con doce instalaciones de este tipo, de las que solo tres son todavía de gestión pública directa, al menos en su horario de mañana.

El Ayuntamiento de Madrid anunció esta semana que prepara estas dos nuevas instalaciones para “ampliar los recursos dirigidos a la intervención social con menores” en desamparo o riesgo grave, según se explicó en un comunicado. Y que también prepara un contrato de gestión privada para el resto, que podría vaciar de trabajadores públicos. Los números 1, 2 y 3, que cubren los distritos de Centro, Arganzuela, Ciudad Lineal y Usera, tienen en su plantilla a funcionarias que pasarán a uno de los nuevos centros, el que se dedicará exclusivamente a evaluar situaciones de riesgo social en menores. Es decir, aquellas cuya gravedad no implique separarlos de su familia.

Aunque el cambio es inminente –debe efectuarse antes de acabar el año–, tanto las trabajadoras públicas de estos recursos como sus representantes sindicales hablan de un “oscurantismo total”. La responsable de Servicios Sociales en Comisiones Obreras, Carmen Lara, denuncia que una decisión así se haya tomado “sin consultarlo antes con las partes” y, además, la considera una “pésima noticia” por “privatizar un servicio público” a expensas de los empleados.

“Sabemos que el Ayuntamiento reunió hace poco a las tres directoras de los CAI con gestión pública y les planteó esta posibilidad, la de una externalización. Aunque todo ha sido verbalmente. Lo único que ha quedado por escrito, y a lo que podemos agarrarnos, es al comunicado oficial del lunes, que es la única confirmación real que tenemos”, destaca Lara, que afirma haberse enterado de la decisión precisamente con esa nota. No le ha pillado de sorpresa: hace más de un año desde que empezaron a “oír rumores” sobre el tema, e incluso enviaron distintos escritos al departamento municipal responsable, el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad: “Nunca hemos obtenido respuesta”.

Un servicio a menores que ya era obligatorio

Por el momento, y a falta de nuevas noticias, la portavoz sindical admite no cerrarse a ningún escenario hasta que la situación se aclare. Hasta ahora, el gobierno de Almeida ha dado algunas pinceladas de lo que ocurrirá en diciembre. La idea es incorporar a “más profesionales” y añadir “procedimientos garantistas” que hasta ahora no se cubrían, dirigidos a niños y adolescentes cuyo cuidado en el hogar sea, o haya sido, negligente. En ningún momento se especifica que esta ampliación de la plantilla vaya a estar contratada directamente por la administración y, de hecho, esas garantías añadidas a las que también se alude en el anuncio llevan siendo obligatorias desde hace tres años, cuando se incluyeron en la ley autonómica 4/2023 de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia.

A preguntas de este periódico, desde el área municipal de Políticas Sociales confirman que el personal funcionario de la red de CAI “seguirá siendo el mismo y manteniendo el mismo puesto”, aunque todos se trasladarán al centro exclusivo para declaraciones de riesgo en menores; y recuerdan que este modelo de gestión indirecta “ya existía en gobiernos anteriores, incluyendo al de Ahora Madrid” con Manuela Carmena. También remarcan que el personal de los tres centros actualmente públicos reciben apoyo de otro programa de atención a la infancia en el entorno familiar, delegado en una empresa privada.

Aun así, las empleadas públicas que hoy trabajan en sus centros dicen ver demasiada letra pequeña. “Es cierto que a nosotras también nos perjudica, porque tendremos que cambiar de oficina para irnos a otro distrito y el Ayuntamiento va a asumir una competencia nueva [la declaración de riesgo con menores] que es farragosa, de la que aún no se nos ha informado por escrito”, destacan empleadas consultadas por Somos Madrid, que han preferido mantener su nombre en el anonimato. Actualmente, todas son funcionarias en los tres primeros CAI.

Las funcionarias tenemos una seguridad externa, sueldos más altos y condiciones estables que nos permite afrontar mejor ese día a día y centrarnos en el servicio público. Con una empresa privada, lo que importa es el negocio

El cambio les afecta directamente, pero insisten en que el gran damnificado es el servicio municipal de atención a la infancia. “Es sangrante”, opina una de las trabajadoras, para la que una externalización casi completa de la red supone una merma de su calidad. “Atender a menores en situaciones vulnerables no es fácil, y a veces afecta a tu propia salud mental. Las funcionarias públicas estamos más protegidas que el resto de los centros, porque nuestros sueldos son más altos y las condiciones, más estables. Es una seguridad externa que te permite afrontar mejor ese día a día y centrarte en tu desempeño público. Pero, con una empresa privada, lo que importa siempre es el negocio”, resuelve.

Pérdida de derechos laborales que influye en el servicio

También desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid (COTS) se han posicionado al respecto. “Siempre hemos mostrado nuestra preocupación por las consecuencias que la privatización de un servicio pueda tener sobre la ciudadanía”, mantienen desde el órgano colegiado, que aglutina a los profesionales del sector que ejercen en la región. En este sentido, valoran “positivamente” la ampliación de recursos o el aumento de profesionales, pero reiteran sus suspicacias respecto a la “progresiva externalización de la intervención especializada en materia de protección infantil”. “El interés superior de los niños se debe orientar no solo con resoluciones administrativas, sino también desde el modelo organizativo y de gestión de los recursos públicos”, añade el COTS, con una advertencia: “La privatización puede provocar que la responsabilidad pública se diluya y que, consecuentemente, también se devalúen sus garantías para la infancia”.

A su juicio, esto golpea directamente a la atención final y, concidiendo con los argumentos de CCOO, incide “de forma clara” en “la estabiliza de los profesionales que la prestan”. Consideran que trabajar para una empresa privada a través de una subcontrata implica más “rotación, precariedad, discontinuidad de equipos, pérdida del vínculo y desequilibrios entre recursos”, por lo que el personal debe desempeñarse entre “peores condiciones laborales y con unos márgenes económicos que repercuten en los recursos humanos”.

En base a lo que se conoce de momento, el Ayuntamiento de Madrid quiere que los 13 CAI –una vez se abran los nuevos– mantengan “las mismas funciones que hasta ahora”; labores como la atención social individualizada en familias con menores en situación de riesgo social o desamparo, el apoyo y seguimiento en familia extensa (cuando la red de parientes no incluye al padre o la madre y la forman abuelos, tíos o hermanos), así como otras acciones de prevención al maltrato y soporte técnico al resto de recursos. “No sé si eso puede hacerse sin la seguridad de una gestión pública”, dudan desde la plantilla, que compara el anuncio sobre la ampliación de la red con “un caballo de Troya”, en referencia al mito griego.

Privatizar la “aldea de Asterix y Obelix”

Además, las funcionarias de los Servicios Sociales, como es habitual en la administración, han superado un proceso de oposición que les acredita profesionalmente para el puesto que ocuparán. “Hemos trabajado con personal de otros CAI privados y sabemos que hay excelentes profesionales, pero también contratos más baratos a gente con poca experiencia, y casos en los que no se rellenan todos los datos obligatorios cuando se tramita una solicitud”, asegura, siempre según su versión, este grupo de trabajadoras.

El consistorio ha detallado que abrir un nuevo espacio ordinario de atención a la infancia contribuirá a “repartir la carga asistencial del centro que presenta el mayor volumen de trabajo en este momento”: el CAI 4, cubre a los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. De esta forma, esa sede continuará atendiendo a las familias en Puente de Vallecas mientras que el futuro centro número 13 asumirá la mitad de sus gestiones, absorbiendo el servicio en Villa de Vallecas.

En el anuncio de esta semana, también se hace mención al contrato para la gestión de los nuevos centros. El área municipal del ramo ya está redactando los pliegos para sacarlos a licitación y abrir un concurso entre las empresas interesadas. Hasta ahora, el resto de la red externalizada la dominan compañías como Grupo 5, la Asociación Centro Trama (en este caso, una ONG) o la Fundación Diagrama. En octubre de 2023, la organización Camenor (Centro de Apoyo al Menor y a la familia) obtuvo un contrato de servicios con nueve lotes para la atención en los CAI de Madrid. El presupuesto base de licitación rozó los siete millones de euros. “La gestión pública en tres centros para menores ha sido como la aldea de Asterix y Obelix: un reducto frente a la externalización. Así que lo vivimos con pena”, sentencian desde su plantilla.

En vísperas de unas nuevas elecciones andaluzas, hay una cuestión que quizá debería ocupar un lugar mucho más central en el debate público: cómo construir un sistema fiscal justo para el siglo XXI. Porque hablar de impuestos no es únicamente hablar de recaudación, es también hablar del modelo de sociedad que queremos sostener, sabiendo que sin justicia fiscal no puede haber verdadera justicia social. 

Sin embargo, aún seguimos escuchando mensajes simplistas, como el que sostienen las posiciones más conservadoras: “El dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”, buscando exclusivamente justificar una bajada de impuestos, de lo que sea y cómo sea. La frase funciona porque apela a algo emocional e inmediato. Nadie quiere pagar más impuestos. Pero la afirmación es profundamente engañosa.

El dinero no desaparece cuando se pagan impuestos, se transforma en hospitales, escuelas, carreteras, universidades, dependencia, investigación científica, pensiones, bomberos o transporte público. La verdadera pregunta no es si el dinero está mejor en un bolsillo privado o público, sino qué cosas esenciales solo existen cuando las financiamos colectivamente. 

Y precisamente ahora, cuando afrontamos desafíos enormes –el cambio climático, la crisis de vivienda, la desigualdad creciente o la irrupción de la inteligencia artificial–, resulta urgente abrir un debate serio sobre nuestros sistemas fiscales. Porque seguimos sosteniendo gran parte del Estado social sobre las rentas del trabajo, mientras muchas grandes fortunas, herencias, rentas del capital y ganancias especulativas, disfrutan de una tributación más reducida y, por falta de control, de mecanismos de elusión fiscal a través de sociedades patrimoniales y grandes dosis de ingeniería fiscal. 

Ninguna empresa genera riqueza sola: toda actividad económica depende de infraestructuras públicas, educación, sanidad, estabilidad institucional, seguridad jurídica e investigación financiada colectivamente

En enero de 2024, más de 200 millonarios y multimillonarios de distintos países, ninguno de España, instaban a los líderes políticos, reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos, a que los “ultrarricos” pagaran más impuestos. Advertían que la desigualdad había alcanzado un “punto de inflexión” que amenazaba la estabilidad económica, social y ecológica. Resulta significativo que incluso parte de las élites económicas comprendieron algo que muchos discursos políticos siguen negando: no puede haber sociedades estables con desigualdades ilimitadas. 

También conviene desmontar otra idea profundamente arraigada: la de que la riqueza la crea exclusivamente el empresario individual y que el Estado es poco más que un obstáculo. Economistas como Mariana Mazzucato han explicado hasta qué punto esta visión es falsa. Ninguna empresa genera riqueza sola. Toda actividad económica depende de infraestructuras públicas, educación, sanidad, estabilidad institucional, seguridad jurídica e investigación financiada colectivamente. 

Muchas de las tecnologías que hoy utilizan las grandes empresas surgieron de décadas de inversión pública. Ningún negocio podría prosperar sin carreteras, universidades, tribunales, trabajadores formados o sistemas de salud sostenidos con impuestos. Incluso la investigación básica que hace posibles muchos avances tecnológicos, rara vez es rentable a corto plazo y por eso suele asumirla el Estado. De ahí que resulte tan paradójico demonizar los impuestos, mientras se disfruta constantemente de los bienes públicos que estos financian.

El problema actual ya no es solo la desigualdad de renta, sino sobre todo la desigualdad de riqueza

Todo esto obliga además a replantear la fiscalidad en una sociedad profundamente transformada por la tecnología. La inteligencia artificial amenaza con destruir o precarizar millones de empleos. Si seguimos financiando el bienestar colectivo casi exclusivamente mediante cotizaciones sobre salarios, nos dirigimos hacia una contradicción evidente: menos empleo estable y menos ingresos públicos, mientras aumenta la riqueza generada por automatización, plataformas digitales y grandes corporaciones tecnológicas. 

La cuestión de fondo es relativamente sencilla: si la productividad crece gracias a la inteligencia artificial, ¿quién se beneficiará realmente de esa riqueza? 

Por eso, cada vez más se hace necesario, trasladar parte de la carga fiscal desde el trabajo hacia la riqueza acumulada, las grandes herencias, las rentas del capital, las actividades especulativas, penalizar la especulación inmobiliaria y la vivienda vacía, la turistificación, incentivar empresas de economía social y favorecer actividades compatibles con el sostenimiento de la vida y del medio ambiente. 

El problema actual ya no es solo la desigualdad de renta, sino sobre todo la desigualdad de riqueza. El informe Takers Not Makers de Oxfam Intermón señalaba que el 60% de la riqueza de los multimillonarios proviene de herencias, monopolios o conexiones políticas. El economista Thomas Piketty lleva años advirtiendo del regreso de un “capitalismo patrimonial”, en el que la riqueza heredada pesa mucho más que el mérito o el trabajo, quebrando así el principio de igualdad de oportunidades que justifica la intervención pública y desmontando también todos los discursos relativos a la meritocracia. 

Apenas se habla de gravar la especulación, de fiscalidad verde redistributiva, de impuestos sobre grandes plataformas tecnológicas o de incentivar fiscalmente actividades que generen impacto social positivo

Merece también especial atención la propuesta de la Economía del Bien Común, que plantea utilizar la fiscalidad para incentivar conductas éticas: premiar empresas que reduzcan emisiones, mejoren condiciones laborales o generen valor social. 

Sin embargo, si uno observa las propuestas fiscales de los principales partidos andaluces, el debate sigue moviéndose casi exclusivamente entre rebajas fiscales generales, bonificaciones patrimoniales o promesas de eficiencia administrativa, es decir, gestionar mejor lo existente, evitando afrontar cuestiones más profundas.

Mientras las derechas insisten sobre todo en bajar impuestos como fórmula automática de crecimiento económico, las izquierdas suelen limitarse a defender mayores niveles de gasto social sin desarrollar todavía una reforma fiscal verdaderamente adaptada a desafíos como la automatización, la desigualdad patrimonial o la crisis ecológica. Apenas se habla de gravar la especulación, de fiscalidad verde redistributiva, de impuestos sobre grandes plataformas tecnológicas o de incentivar fiscalmente actividades que generen impacto social positivo. 

El contraste con algunas innovaciones europeas resulta evidente. No hablamos de utopías. En Europa ya existen experiencias que apuntan hacia una fiscalidad más moderna y alineada con los retos actuales. Los países nórdicos como Suecia, Dinamarca y Noruega combinan impuestos progresivos sobre el patrimonio con fuertes sistemas de bienestar y una fiscalidad ambiental avanzada, especialmente a través de impuestos al carbono y políticas de transición ecológica financiadas públicamente. 

Podría beneficiarme de una bajada de impuestos, pero prefiero un sistema que garantice sanidad, educación y protección social para todos

Lo que sí resulta difícilmente justificable es que en pleno territorio europeo sigan existiendo auténticos paraísos fiscales de facto como Irlanda, Luxemburgo o Suiza, mientras dentro de España algunas comunidades autónomas compiten rebajando impuestos a grandes patrimonios y generando desigualdades arbitrarias. 

No hace mucho, en una entrevista, la periodista Julia Otero se expresaba en los siguientes términos: “Aunque a mí personalmente me iría mejor pagar menos impuestos, voto en contra de mis intereses porque creo en los servicios públicos y en una sociedad más justa. Podría beneficiarme de una bajada de impuestos, pero prefiero un sistema que garantice sanidad, educación y protección social para todos”.

Sus declaraciones son admirables porque entiende que votar no consiste únicamente en calcular ventajas individuales, sino en pensar qué sociedad permite vivir con dignidad al conjunto de la ciudadanía. 

Lo que resulta más difícil de comprender es por qué tantas personas, especialmente trabajadoras, terminan votando también en contra de sus propios intereses, apoyando a partidos que acaban aplicando políticas que no les benefician ni económica ni socialmente.

La Federación de Entidades Vecinales de Sevilla se ha reunido en la mañana de este viernes con la candidata número dos de Por Andalucía al 17M, Alejandra Durán, con el objetivo de reforzar los servicios públicos. En este encuentro, las organizaciones han exigido mejoras públicas en materia de vivienda, educación, cultura o deporte en los barrios de la capital andaluza, a lo que Durán se ha comprometido a “dar respuesta porque así nos lo reclaman desde el terreno”. 

Este encuentro ha tenido como enfoque principal la vivienda, donde se les pone una “alfombra roja a los especuladores” para que “sea un negocio”, asegura Durán. Desde Por Andalucía aseguran que es importante cuidar el modelo urbanístico y que tenga como fin “proteger la zona natural de Sevilla”. Actualmente, insisten en “que el modelo urbanístico destruye nuestros barrios, destruye nuestro patrimonio natural y nuestros espacios culturales y deportivos”.

Por otro lado, Durán ha indicado que “también urge reforzar los servicios de atención primaria en nuestros barrios, los servicios de dotaciones tanto de educación pública, como garantizar el derecho al deporte o a cultura que no se está garantizando en los barrios sevillanos”

Nuevo modelo urbanístico

Por ello, la candidata número dos por Sevilla de Por Andalucía propone “hacer una ley de vivienda propia, derogar la ley que está en vigor, y cumplir la ley estatal, que lo que hace es declarar zona tensionada a 333 municipios, entre los que se encuentra Sevilla capital y muchos otros municipios de la provincia”. Además, la candidata añade que esta ley tiene como objetivo que “la vivienda sea un derecho”.

Según las cifras del padrón de habitantes del Ayuntamiento de Sevilla, el casco antiguo sevillano ha perdido casi 4.000 habitantes desde el año 2012. Mientras tanto, zonas limítrofes crecen, como el distrito Este, con 7.595 empadronados más, y Bellavista-La Palmera, con 3.301. Además, otros distritos cercanos al casco antiguo como Triana o Macarena han perdido 3.226 y 1.246 personas empadronadas respectivamente. 

Para frenar este éxodo de personas del centro de la ciudad a otros barrios periféricos, Por Andalucía plantea “un parque de vivienda pública de alquiler social, para que no supere el 30% de la renta”, así como “poner fin a la turistificación y la gentrificación que se está viviendo en muchos barrios de Sevilla, especialmente en el casco antiguo”.

El DNI de Daniel Fernández indica que es originario de Potes, donde vivió hasta la adolescencia, pero nació en Santander. Su vida ha estado vinculada a la capital de Cantabria y al Partido Socialista: tiene 41 años y comenzó a militar con 17 años en Juventudes Socialistas, un año después, en el PSOE, y ejerce de concejal en el Ayuntamiento desde hace once años, actualmente como portavoz municipal y secretario general del partido a nivel local. De su abuelo lebaniego le viene la afición por los bolos, aunque los símiles que utiliza mientras habla son más bien futboleros.

Lleva 23 años en las filas socialistas, pero defiende que en la política se entra y se sale: “No creo que sea un trabajo para 40 años”. En la rueda de prensa de su candidatura como secretario general de su partido en Santander, en 2025, habló de un proyecto “transformador”. Hoy habla de “un proyecto continuista” respecto del que dejó el actual delegado del Gobierno en Cantabria y líder socialista a nivel autonómico, Pedro Casares, de quien fue su secretario de Organización en su etapa municipal y de cuya Ejecutiva forma parte como responsable de Acción Electoral. Dice que la gente le conoce, pero se fía más de lo que percibe que de las encuestas.

En su perfil público de Facebook pone que es de Potes, pero en su perfil del Ayuntamiento, que nació en Santander. ¿De dónde es usted?

Son dos realidades. Nací en Santander, en la Residencia que estaba en la calle Santa Lucía, donde ahora hay un centro de mayores. Pero después viví en Potes hasta los 14 o 15 años. En el DNI pone que nací en Potes, no sé muy bien por qué razón lo hicieron así en el Registro Civil.

De vez en cuando hace cierta reivindicación de Liébana. En su discurso político como concejal habla de Santander, pero ¿en qué aspectos de su perfil personal se ve lo lebaniego?

Se ve en la parte más social. Soy medio lebaniego y medio andaluz porque mi padre es de Jaén y toda mi familia paterna es de allí. Tengo esa mezcla de persona sociable; tengo esa parte andaluza y lebaniega de don de gentes y de hablar hasta con las piedras, como me dice mi mujer.

¿Y de ahí viene también su afición a los bolos?

La relación con los bolos viene de mi abuelo, 'Sein' Gómez, que era muy conocido en Liébana. Jugaba mucho mejor que yo. Me crié con él y los fines de semana iba a todas las boleras de Cantabria. El amor por los bolos viene de ahí. Cuando vine a Santander, fui a la escuela de Toño Gómez en Cazoña y ahí aprendí. Ahora sigo jugando con el Grupo Ateca en la Liga de Aficionados.

Lleva 23 años en el PSOE, pero es abogado y empleado de banca en excedencia. ¿Cuánto tiempo desarrolló esa parte de trabajo no político?

Ejercí como abogado casi 12 años. Ahora estoy como no ejerciente porque era incompatible con la Portavocía en el Ayuntamiento de Santander. También estuve cuatro años trabajando en el Banco Santander y llevo 11 años en excedencia forzosa por cargo público. Allí está mi puesto laboral y volveré cuando termine mi vida pública o política.

¿Pero tiene intención de dejar la política?

A la política se entra y se sale. Requiere mucho esfuerzo y energía para estar pendiente las 24 horas del día de la actualidad y de los vecinos; eso es un desgaste. Si alguien quiere hacer una labor política bien hecha, no creo que sea un trabajo para 40 años. Lo normal es que se entre, se salga y se trabaje en lo privado.

Ha pasado casi un año desde que asumió la Secretaría General del PSOE de Santander. ¿En qué se ve el “proyecto transformador” que dijo —en la rueda de prensa de presentación de su candidatura— que traía respecto a los 12 años que estuvo Pedro Casares?

Estamos siguiendo un proyecto continuista, ya que yo era el secretario de Organización de Pedro Casares. Hemos metido algunas cosas un poco más modernas, como grupos de trabajo que permiten la participación de gente progresista ajena a las siglas; también pusimos en marcha el Ágora, un espacio de diálogo mensual con la militancia y simpatizantes. Estamos tratando de estar más en la calle y dando un impulso diferente a las redes sociales: hoy tengo algo más del doble de seguidores de los que tenía Pedro Casares; ese impulso se ve en la visibilidad del proyecto.

¿Cómo mide su popularidad a pie de calle? ¿Se percibe como un político conocido?

Soy más conocido de lo que era en 2023. Las redes sociales y los medios tradicionales repercuten en el grado de conocimiento de una persona. En la calle noto que la gente me para y me comenta preocupaciones o mensajes negativos, pero se nota que soy más conocido. De todas formas, ser conocido no garantiza votos. Por ejemplo, en Vox no se conoce a sus candidatos pero las siglas sí, y han tenido resultados fantásticos en otros lugares.

Me preocupa que que la gente trabajadora en Santander piense que Vox, que es un partido de extrema derecha que aboga más por el interés de los poderosos, va a hacer políticas a su favor

Menciona Vox... ¿Le preocupa que le reste votos en las próximas elecciones locales?

Me preocupa el crecimiento de un partido que aboga por limitar derechos y que gente obrera en Santander haya comprado discursos fáciles a problemas complejos. En Santander pasaron de uno a tres concejales en 2023, los datos los tenemos y puede verse reflejado en un pequeño aumento o un gran aumento en 2027. A mí me preocupa que la gente trabajadora en Santander piense que Vox, que es un partido de extrema derecha que aboga más por el interés de los poderosos, va a hacer políticas a su favor. También debería preocupar a la señora Gema Igual, porque un gran caladero de votos de Vox está en el Partido Popular.

Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es su hoja de ruta hasta 2027?

Debemos pisar la calle y entender los problemas de los ciudadanos para plantear soluciones. El estandarte serán la vivienda y los servicios públicos. Mucha gente se tiene que ir de Santander por el precio y la falta de oferta de alquiler, que el Ayuntamiento del Partido Popular no ha querido regular. Les ha dado incluso una moratoria para que aquellos que incumplen el Plan General sigan pudiendo prestar el servicio de alquiler turístico. Eso impide que haya viviendas en régimen de alquiler. El Cabildo, que es la zona más antigua, sigue siendo un solar vacío, lleno de ratas y plumeros, abandonado, que provocó la muerte de tres personas. Santander es una ciudad que está más pensada para el turista que para la gente que vive aquí. Y nosotros lo que queremos es pensar en políticas que faciliten la vida para la gente que vive en Santander: no solo la vivienda, sino también prestar unos servicios públicos de calidad, en limpieza, basuras, policía... acordes a los impuestos que pagamos.

Limpieza y basuras son servicios que están privatizados en Santander. ¿Su propuesta pasa por remunicipalizar los servicios externalizados?

La remunicipalización de servicios públicos en Santander es fundamental para prestar un servicio mejor y ahorrar el beneficio empresarial que ronda el 6%. Algunos servicios no se pueden remunicipalizar ahora por las hipotecas del Partido Popular; por ejemplo, el contrato de basuras se externalizará de nuevo por 10 años y la indemnización sería salvaje. Pero hay margen en el servicio de aguas, que termina ahora tras 25 años de privatización, y en parques y jardines, que termina al final de la siguiente legislatura. Los servicios gestionados directamente son de mayor calidad, como se ha visto en León, Torrelavega o Valladolid, donde se remunicipalizaron los servicios de aguas o de basuras y la calidad se ha visto reflejada.

Sobre la vivienda, que dice que es su otra prioridad, ¿qué datos tiene el PSOE de inmuebles vacíos en Santander?

Santander tiene unas 70.000 viviendas de primer uso, 20.000 segundas residencias y unas 2.000 viviendas vacías, es decir, sin consumo de agua en dos años, que es la forma de medirlo. No puede haber 2.000 viviendas vacías cuando hay tanta necesidad. Hay que dar alicientes o aplicar el palo y la zanahoria mediante bonificaciones o duplicando el IBI y la tasa de basuras. También son problemáticas las viviendas de uso turístico.

Santander tiene unas 70.000 viviendas de primer uso, 20.000 segundas residencias y unas 2.000 viviendas vacías

¿Cuántas viviendas de uso turístico hay en la ciudad?

Hay unas 2.000 licencias, pero muchas son ilegales. Con el Plan General en la mano, solo podrían ser turísticas aquellas con acceso independiente, que son apenas unas 300. Si se aplicara la normativa estrictamente, muchas pasarían al alquiler permanente. Hoy en Idealista apenas hay 800 viviendas en alquiler; si se duplica la oferta, bajará el precio.

¿Por qué no se aplica el Plan General de Ordenación Urbana en este caso?

Es una respuesta que debe dar el Partido Popular. Se amparan en la normativa autonómica de turismo, pero esta no impide cumplir el PGOU municipal. Parece que no les interesa aplicarlo para no perder votos de esos propietarios. Además del PGOU, en Santander no se cumplen las ordenanzas de terrazas, ruidos o recogida de excrementos de perros. Las ordenanzas están bien, pero no se hacen cumplir.

¿Serviría declarar zonas tensionadas en Santander?

Claro. Vitoria lo ha hecho en todo el municipio. Nosotros lo hemos reclamado para Santander, al menos por barrios. Si no utilizas tus competencias ante un problema de esta magnitud, no estás corrigiendo la situación.

Dice que Santander es una ciudad para turistas. ¿Desde cuándo empezó a notar ese enfoque?

Con el cambio de Alcaldía —en 2016— llegó una concejala de turismo a dirigir la ciudad. Esa es su vocación: es una alcaldesa de turismo que solo piensa en los visitantes y en una postal bonita, dejando abandonado el resto de la ciudad. Sus políticas no están orientadas a la vida de los santanderinos, sino a poner a Santander en el mapa turístico. Santander debe ser un lugar para vivir.

¿Cómo describe al electorado de Santander? ¿Es una ciudad conservadora?

Santander es una ciudad muy centrada y tremendamente conservadora en el ámbito municipal. En las elecciones generales de 2017 ganó el PSOE, lo que indica que hay un porcentaje importante de progresistas. El PP gana en las municipales por el bajísimo porcentaje de participación en barrios trabajadores. Hay que corregir eso para que la gente entienda que su voto cuenta. Es una ciudad con mentalidad conservadora que prefiere mantener lo que hay por miedo a que lo que venga sea peor.

Santander es una ciudad muy centrada y tremendamente conservadora en el ámbito municipal. Es una ciudad con mentalidad conservadora que prefiere mantener lo que hay por miedo a que lo que venga sea peor

¿Una ciudad “centrada” no es un eufemismo?

Bueno, es que al decir centrada quiero referirme a que no está dentro de los extremos, está en la centralidad. Si queremos utilizar otra palabra, está en la centralidad. Y además es conservadora en ese de tratar de mantener lo que hay, porque igual lo que viene es peor. Creo que ese es un error. Creo que ese es un error de una ciudad, como digo, con una mentalidad conservadora. A veces vienen cosas para cambiar a mejor y Santander debe cambiar a mejor.

Habla de errores, ¿qué errores ha cometido el PSOE?

También nosotros tenemos nuestra parte de culpa, que no habremos sabido dar con la tecla de que la gente se ilusione con un proyecto progresista para Santander. Yo creo que aquí es un cúmulo de circunstancias. Es una red clientelar la que tiene el Partido Popular durante tantísimos años, es evidente y la conoce todo el mundo en la ciudad. Al fin y al cabo, cuando alguien gobierna tantos años tiene un sentido del cortijo, de entender que esto es su patio y su casa y que ellos hacen y deshacen a su antojo y esa percepción también se traslada fuera. Además, tienen todo ese margen de dar determinados regalitos a la gente para tenerla contenta: las entradas de toros de todos los años, las comidas o las fiestas que hacen en determinados barrios de forma gratuita. Es ese pan y circo de Roma llevado al año 2026 y que el Partido Popular de alguna manera sigue manteniendo.

Algún error habrán podido cometer desde el PSOE para no saber convencer al electorado...

Trasladar el proyecto de una manera mucho más clara. Creo que nosotros tenemos un proyecto muy interesante para Santander y no hemos sabido trasladarlo porque después vas por la calle, hablas con la gente y te llegan y te dicen: “Pero, ¿qué propuesta nos haces?”. Hemos vendido nuestro proyecto a lo largo y ancho de la ciudad, pero no hemos sabido tener un altavoz lo suficientemente importante como para que esas medidas lleguen. Creo que hemos querido hacer una ciudad para la gente de Santander con servicios públicos de calidad, y eso es algo tan generalista quizás que no acaba de aterrizar en el suelo.

¿Puede dar la impresión de que da igual PSOE de Santander que PSOE de cualquier otra ciudad de España? ¿pPuede haber un problema ahí frente al éxito que percibe usted en Vox, aunque no se conozca a sus concejales?

El crecimiento de Vox no se refiere a las políticas concretas, se debe a las consignas simples del líder a nivel nacional, el 'caudillo' Abascal, que es el que ahora dirige en exclusiva ese partido, que da respuestas a conceptos que la gente puede entender como problemáticos como la inmigración, que son consignas simples, que mucha gente compra y vota en el municipio, pensando que están votando a Abascal. De alguna manera, creo que falta un cierto grado de conocimiento por parte de la ciudadanía de diferenciar en qué terreno de juego está depositando el voto en cada ocasión: no es lo mismo votar en las municipales que en las autonómicas, que en las nacionales o que en las europeas. Y sin embargo, una gran parte del electorado acude a votar en sintonía nacional en todos los lados. Y a mí me pasó en las de 2023: la gente por la calle me decía: 'que te vote Txapote' y Txapote no votaba en Santander... Es verdad que eso está llevando a que, en los municipios, se vote pensando más en el Gobierno de España, o en Pedro Sánchez, que en Santander y en Daniel Fernández; igual que en Abascal, en vez de en Laura Velasco; o en Feijoó, que en la señora Igual. No hemos sabido llevar el balón al terreno de juego correcto.

Ha sido muy crítico con la alcaldesa de Santander por el colapso de la pasarela de El Bocal en la que fallecieron seis personas. En materia de seguridad, ¿qué ha cambiado para sea usted más crítico también con la Demarcación de Costas?

Mi postura no ha cambiado públicamente: como portavoz dije desde el principio que nosotros íbamos a reclamar las responsabilidades, estuviesen donde estuviesen. Sigo pensando que la máxima responsabilidad es la de garantizar la seguridad porque hubo una llamada 24 horas antes donde se dijo con claridad que eso se iba a caer y 24 horas después se cayó y ahí había una responsabilidad del mantenimiento. La falta de mantenimiento es la consecuencia de que se cayese, pero la seguridad es una garantía que se tenía que haber ejecutado por parte del Ayuntamiento en el mismo momento en el que se recibe la llamada. Por eso he sido tan crítico con la alcaldesa y lo seguiré siendo porque la seguridad es una competencia estrictamente municipal y ella es la jefa de la Policía Local. Los que venimos del ámbito privado sabemos perfectamente que cuando un trabajador comete un error, lo cometerá el trabajador, pero las consecuencias las paga el jefe. Esto es como en el fútbol. En el fútbol puedes tener mal resultado, pero el que paga los platos rotos es el entrenador, no el jugador que falla el penalti. Y por lo tanto, creo que la alcaldesa aquí ha querido escurrir el bulto y ponerse una pátina de víctima. Y aquí las víctimas son las familias de todos los pobres chavales que fallecieron en el accidente y que lo hicieron porque el Ayuntamiento recibió una llamada y no actuó. Dicho esto, ¿habrá consecuencias también respecto a la competencia del mantenimiento? Por supuesto. Pero es que la competencia del mantenimiento también tiene un matiz que es importante. La alcaldesa decía: 'No, es que no hemos recibido la obra.' Y eso es tramposo porque me gustaría que la alcaldesa explicase o nos diese documentación de todas las obras que se hayan hecho en Santander por parte de otras instituciones y que se le hayan cedido la ciudad y que nos diga dónde están las actas de recepción. Y respondo yo a la misma pregunta que hago: ninguna. Los propios funcionarios del Ayuntamiento nos han dicho que no se hacen actas de recepción de las obras de otras instituciones públicas, que solo se hacen actas de recepción de las obras de entidades privadas que después pasan al Ayuntamiento. Por lo tanto, la alcaldesa aquí está trampeando mucho y está haciéndose la víctima cuando sabe perfectamente que la competencia de seguridad es suya. Mucho me temo que la de mantenimiento también acabará determinándose que es suya o, al menos, compartida. En cualquiera de los casos, no podrá decir que aquí no tiene ninguna competencia. La seguridad es 100% y la de mantenimiento yo creo que al 50%. Pero la obra es evidente que estaba terminada porque la estaba poniendo en valor, la estaba anunciando. Si tú consideras que esa obra no está hecha, lo que tendrías que hacer era haberla clausurado, como ha cerrado, por cierto, gran parte de la ciudad durante estas semanas; haberla precintado como ha hecho con el resto de puntos críticos, que son muchos.

Lo reformulo: ¿La semana del 20 de abril no cambió la táctica del PSOE respecto a la Demarcación de Costas?

No, no. Lo que pasa es que lo que ha cambiado es la información que ha venido del Juzgado de Instrucción. Esa información nos permite señalar ya algún responsable adicional. La alcaldesa era un ejemplo clarísimo y ahora la fase de instrucción nos ha permitido determinar que hay un jefe de Demarcación de Costas, que ha estado gestionando ese organismo con todos los colores políticos, que también tendrá alguna responsabilidad respecto a la ejecución de esa obra, pero eso es lo que nos ha permitido conocer la fase de instrucción del juzgado.

Usted tiene otra función menos conocida por el electorado: es responsable de Acción Electoral del PSOE en Cantabria, ¿en qué está trabajando de cara a las autonómicas?

Estamos trabajando en lograr candidaturas reconocibles y bien valoradas en los 102 municipios de Cantabria. En un pueblo es más fácil saber quién es conocido que en una ciudad de 170.000 habitantes. Queremos gente que pueda gobernar con criterio y conocimiento. Estamos celebrando asambleas abiertas comarcales para explicar el proyecto y atraer a gente que aún no se ha afiliado.

¿Cómo se atrae al electorado en Cantabria frente a problemas como la vivienda y el turismo?

Cantabria tiene problemas también en el sector primario y de despoblación. Hay que buscar medidas que permitan a la gente volver al medio rural con facilidades tecnológicas, de empleo y vivienda. El Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) plantea pueblos nutridos de residentes de verano; nosotros queremos una Cantabria diferente. Su política de turistificación y la ley del suelo permiten viviendas alejadas del núcleo rural para uso turístico. Nosotros queremos una comunidad para la gente que la viva, trabaje y esté cómoda en ella.

El concejal del Río Tajo, Medioambiente y Deportes de Toledo, Rubén Lozano, ha dado a conocer el calendario y los horarios de las piscinas de verano que abrirán sus puertas entre el 1 de junio y el 6 de septiembre y entre las 12.00 de la mañana y las 20.30 horas de la tarde, ampliándose el cierre hasta las 21.00 horas los sábados y los domingos.

Además, ha recordado que se podrá acceder a las instalaciones con entradas individuales, que pueden reservarse con 48 horas de antelación, y a través de bonos de 15 baños y abonos de temporada, que saldrán a la venta el próximo 13 de mayo. Los precios tanto en las entradas individuales como en los bonos se mantienen en los 40,70 euros para los adultos, y en los 23,50 euros el bono infantil (menores de 15 años) y mayores de 65 años.

Asimismo, el concejal ha presentado la temporada de verano de actividades deportivas, con un incremento tanto en el número de plazas como en la oferta de actividades “con el objetivo de facilitar el acceso al deporte y al ocio saludable a un mayor número de toledanos” y que incluirán aquagym, fútbol, GAP, pádel, natación o el programa de mayores activos entre otros.

El PSOE pide fragmetar el pago de abonos

De su lado, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado la implantación de medidas que faciliten el acceso a las piscinas municipales durante el verano, especialmente para los colectivos más vulnerables. Entre sus propuestas destaca la posibilidad de fraccionar el pago de los abonos de temporada, así como la creación de espacios habilitados para el consumo de alimentos propios dentro de las instalaciones.

El concejal socialista José Carlos Vega ha trasladado estas iniciativas en el Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal celebrado este miércoles, subrayando que las altas temperaturas convierten las piscinas en “una herramienta sociosanitaria de primera necesidad”.

En este sentido, Vega ha planteado que los abonos --actualmente fijados en 104,55 euros para adultos y 207,85 euros para familias-- puedan abonarse de forma fraccionada. “Hay familias que no pueden afrontar un pago único de esta cuantía. El Ayuntamiento puede habilitar mecanismos que garanticen el cobro sin generar un impacto económico inmediato”, ha señalado.

Otra de las propuestas que ha hecho el Grupo Municipal Socialista es la creación de espacios habilitados dentro del recinto como merenderos de libre acceso. “Muchas familias no pueden asumir los precios de los bares de las piscinas y no deberían verse obligadas a abandonar el recinto para poder comer”, ha explicado el edil.

En relación con estos servicios, el PSOE también ha criticado el modelo de explotación de los bares en las piscinas municipales, denunciando que los precios actuales no son accesibles para todos los usuarios. Por ello, propone que las futuras licitaciones --salvo en los contratos ya vigentes-- incluyan precios tasados, priorizando el servicio público frente a criterios recaudatorios.

Hay un dogma que se repite con tanta frecuencia que ha acabado pareciendo sentido común: lo privado es eficiente, lo público es un despilfarro. Es una afirmación que no resiste el contraste con los datos, pero que ha servido durante décadas para justificar la externalización sistemática de servicios esenciales que se financian con dinero público y que afectan directamente a la vida de los andaluces.

En Andalucía, servicios como la limpieza de centros sanitarios y educativos, la atención domiciliaria a personas dependientes, los comedores escolares o el mantenimiento de infraestructuras públicas están mayoritariamente en manos de empresas privadas que cobran un margen de beneficio —entre el 15% y el 25% del contrato— por ser intermediarias entre el dinero público y el trabajador que presta el servicio. Ese margen no genera ningún valor para el ciudadano. Solo enriquece al intermediario.

La evidencia europea es contundente. El sistema sanitario público del Reino Unido gasta el 9,8% del PIB en salud y obtiene una esperanza de vida de 81,3 años. Estados Unidos, con un modelo mayoritariamente privado, gasta el 16,8% del PIB y obtiene 78,9 años. Más del doble de gasto, peores resultados. Los países nórdicos tienen los mejores sistemas educativos del mundo con gestión 100% pública. Finlandia, Dinamarca y Suecia lideran todos los índices de calidad de vida precisamente porque sus servicios esenciales están directamente gestionados por la administración, sin intermediarios que se lleven parte del presupuesto.

La externalización tiene además costes ocultos que raramente aparecen en los argumentarios de quienes la defienden. El diseño de pliegos, los procesos de licitación, la supervisión de contratos, la gestión de incumplimientos y las renegociaciones pueden suponer entre el 10% y el 15% adicional del presupuesto. A eso se añade la alta rotación de personal —entre el 30% y el 40% anual en muchos servicios externalizados en Andalucía— que deteriora directamente la calidad: en atención a personas dependientes, en educación, en sanidad, la continuidad del profesional que atiende a una persona no es un lujo. Es la base misma de la calidad del servicio.

La propuesta de internalización progresiva de servicios esenciales en Andalucía no es ideología. Es una decisión de eficiencia organizativa perfectamente amparada por la legislación vigente. La Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconocen expresamente la libertad de las administraciones para determinar la forma de gestión más adecuada de sus servicios. No hay obligación de externalizar. Hay libertad de elegir el modelo más eficiente socialmente. El Tribunal Supremo, en sentencia de mayo de 2019, ha ratificado expresamente la legitimidad de la reversión de servicios externalizados.

Quienes argumentan que la gestión pública genera rigidez laboral olvidan que la estabilidad del profesional es precisamente lo que genera calidad en servicios donde la relación de confianza entre el trabajador y el ciudadano —el médico, el cuidador, el educador— es el núcleo del servicio mismo

Los servicios prioritarios para iniciar este proceso son claros: limpieza de centros sanitarios y educativos, atención domiciliaria a dependientes, comedores escolares, mantenimiento de infraestructuras públicas y servicios auxiliares sanitarios. En conjunto, representan en Andalucía una bolsa de más de 24.000 puestos de trabajo que hoy se prestan en condiciones de alta precariedad y que podrían transformarse en empleo público estable, con derechos plenos y con carrera profesional real.

El proceso debe ser gradual y ordenado: auditoría real de los costes de externalización en cada servicio, identificación de los contratos prioritarios, calendario de reversión respetando los contratos vigentes sin renovarlos, y subrogación automática del personal con reconocimiento de antigüedad, mejora salarial media del 15-20% por equiparación a convenios públicos y acceso a la formación continua y la carrera profesional. Este proceso ha sido aplicado con éxito en municipios de varias comunidades autónomas y en decenas de ayuntamientos españoles en los últimos años.

Hay también una dimensión territorial que en Andalucía resulta especialmente relevante. Las empresas privadas priorizan zonas rentables y tienden a descuidar zonas rurales o barrios con menos capacidad de presión. La gestión pública garantiza el mismo nivel de servicio en todo el territorio, sin discriminación por rentabilidad comercial. En los municipios del interior andaluz, en las comarcas con riesgo de despoblamiento, eso no es un detalle menor: es con frecuencia la diferencia entre tener servicios de calidad o no tenerlos.

Quienes argumentan que la gestión pública genera rigidez laboral olvidan que la estabilidad del profesional es precisamente lo que genera calidad en servicios donde la relación de confianza entre el trabajador y el ciudadano —el médico, el cuidador, el educador— es el núcleo del servicio mismo. Y quienes argumentan que no hay dinero para financiar la internalización olvidan que ese dinero ya existe: es el que hoy se destina a pagar los márgenes empresariales, los costes de transacción y la gestión de los incumplimientos contractuales.

Andalucía puede y debe tomar esta decisión con claridad. No como medida ideológica, sino como apuesta por la eficiencia real, por la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos y por la dignidad de los trabajadores que los prestan. Es lo que hacen los países europeos más avanzados. Y es lo que Andalucía merece.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha calificado de “poco humanas” las declaraciones de la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, sobre el impacto de la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo central, y ha considerado que “debería arrepentirse” de las mismas.

García Espada había advertido de un posible aumento de la presión asistencial en el Servicio Extremeño de Salud derivado de este proceso, que podría beneficiar a unas 3.000 personas en la región. Frente a ello, Quintana ha defendido que se trata de “ciudadanos que viven en España y que podrán trabajar”, y ha criticado la “estigmatización” de este colectivo.

“Son ciudadanos que viven en España y que podrán trabajar, y en este sentido la petición continua a la Delegación del Gobierno es que se precisan empleados para determinados sectores y estigmatizar humanamente a estas personas…”, ha señalado en declaraciones a los medios.

El delegado ha subrayado además que el refuerzo de personal en las oficinas que atenderán a los beneficiarios de la regularización será “el número que haga falta”, y ha confiado en que Extremadura no sea una de las comunidades con mayores dificultades en este proceso. “Hay que poner el esfuerzo necesario para hacerlo todo bien”, ha añadido, al tiempo que ha destacado el papel de las ONG y asociaciones que trabajan con población migrante.

Quintana ha realizado estas declaraciones antes de asistir a un minuto de silencio a las puertas de la Delegación del Gobierno en recuerdo de las últimas víctimas mortales por violencia de género en el país.

Por su parte, el PSOE de Extremadura ha calificado de “indignas” las palabras de la consejera y ha denunciado que suponen “un ejemplo más” del “desgobierno” que, a su juicio, impera en la comunidad autónoma. Los socialistas han recordado que Extremadura lleva meses sin un gobierno efectivo tras las elecciones de diciembre.

En una nota de prensa, el PSOE considera que de las declaraciones de García Espada “emana un trato deshumanizado hacia las personas migrantes”, al vincular su regularización administrativa con un supuesto riesgo para la sostenibilidad del sistema sanitario público. Asimismo, critica que se traslade a la ciudadanía “una imagen distorsionada que puede generar miedo e inquietud”.

Los socialistas sostienen además que estas manifestaciones buscan desviar la atención de los datos de listas de espera sanitaria publicados recientemente por el Ministerio de Sanidad y denuncian que se pretenda “maquillar una gestión deficiente señalando a colectivos vulnerables como responsables de problemas estructurales”.

En este contexto, el PSOE se pregunta “qué tipo de desgobierno encabeza la presidenta Guardiola” si considera que la incorporación de unas 3.000 personas puede provocar el colapso del sistema sanitario. También plantea interrogantes sobre el impacto futuro de proyectos industriales como la gigafactoría prevista en Navalmoral de la Mata, que implicaría la llegada de unas 2.500 personas a la zona.

Frente a esta visión, los socialistas defienden que el proceso de regularización no supone la llegada de nuevas personas, sino el reconocimiento de derechos a quienes ya residen en Extremadura. “No representan un problema, sino una oportunidad”, concluyen, al considerar que contribuirán a generar riqueza, fijar población y construir futuro en la región.

El martes 14 de abril la plantilla Txinzer ha cumplido 100 días de huelga indefinida. Este miércoles, el comité de la empresa pública, dependiente de los ayuntamientos de Irún y Hondarribia, ha declarado ante los medios que alcanzar esta cifra evidencia el “no querer resolver el conflicto”. Asimismo, advierte de que la falta de “avances en la negociación” ya está generando consecuencias en los servicios públicos de ambos municipios.

Alaitz Egiazabal, presidenta del comité de empresa, afirma que el conflicto se origina en un “deterioro de las condiciones laborales” prolongado en el tiempo. En comparación con otros servicios públicos similares, señala que los trabajadores acumulan “veinte puntos de pérdida de poder adquisitivo”. Según explica, el salario de un subcontratado ronda los 33.000 euros anuales, el de un trabajador interno los 28.000, mientras que la nueva propuesta lo reduciría a 26.000 euros.

La brecha salarial, añade Egiazabal, se triplica entre directivos y operarios, lo que considera una muestra “de un modelo claramente clasista” en la empresa. A ello se suma la falta de reconocimiento de la labor de los operarios, sin tener en cuenta la “toxicidad, peligrosidad y penosidad” de muchos puestos.

Seis meses antes de convocar la huelga, el comité intentó negociar sin éxito con la empresa. Ante la falta de avances, recurrieron al sindicato ELA y, desde el 5 de enero, los trabajadores se encuentran en huelga, que desde el 6 de febrero es indefinida. ELA ha denunciado a la empresa ante la Inspección de Trabajo y ha interpuesto una demanda en el juzgado de lo social por esquirolaje, es decir, por sustituir a trabajadores en huelga. La Constitución Española recoge en su artículo 28.2 el derecho fundamental a la huelga, que prohíbe esta práctica. Egiazabal ha señalado que el día anterior conocieron la sustitución de un miembro del comité de huelga.

La presidenta describe “una estrategia clara” por parte de la empresa: “reuniones sin contenido, calendarios abiertos, sin propuestas y dilación constante”. Reclama “decisiones políticas” y sostiene que existe una solución “sobre la mesa que supone menos de un 1%” del presupuesto de Txinzer para 2026. Insiste en que la empresa busca “alargar para descargar” mientras “intenta trasladar una imagen de normalidad que no existe”.

Las consecuencias del conflicto ya son visibles en Hondarribia, donde la atención pública y el Garbigune permanecen cerrados. Tampoco se están limpiando los depósitos de agua ni la red de alcantarillado, ni se realizan mantenimientos preventivos. Además, más de 24.000 hogares han recibido un recibo de agua incorrecto debido a la implantación de un nuevo sistema, lo que ha generado perjuicios económicos. Egiazabal advierte de que, si la situación continúa, podrían producirse daños en las instalaciones, malos olores y la aparición de ratas y cucarachas.

El pasado 24 de marzo, el Ayuntamiento de Errenteria inauguró GÜ Harreragunea, un servicio de acogida para nuevos vecinos del municipio. Bajo el lema ‘Herri bat denon etxe, Errenteria te acoge’, GÜ ofrece orientación sobre la localidad, adaptándose a las necesidades y preferencias de cada persona. Durante seis meses funcionará como prueba piloto.

El servicio se basa en el manual de acogida del Gobierno vasco, Harrera Ehundu, y en el protocolo municipal elaborado en 2025. Además, ha incorporado aportaciones de distintos agentes sociales para definir su funcionamiento y contenidos. Entre ellos se encuentra SOS Racismo, que colabora directamente con la oficina a través de la trabajadora social Maïmouna Fofana Sangare.

Las personas interesadas en solicitar una cita deben hacerlo a través del correo gu@errenteria.eus o del teléfono 943 449 596, mediante llamada o mensaje por WhatsApp o Telegram. Otra opción es mediante un cita presencial en la Oficina de Atención Ciudadana ZU!. Las citas en GÜ pueden durar hasta una hora y media, especialmente en el caso de familias, y se atienden de 9:00 a 13:00 horas los lunes, miércoles y viernes, y de 15:00 a 19:00 horas los martes y jueves.

La trabajadora social de GÜ explica a este medio que prepara una carpeta con información sobre el municipio antes de cada cita. Fofana selecciona todos o algunos de los quince folletos disponibles en función del perfil de cada persona. Estos materiales recogen información básica sobre entidades de Errenteria que trabajan en ámbitos como empleo, vivienda, educación, salud, convivencia, sostenibilidad, cultura, igualdad, servicios sociales o participación ciudadana.

Una vez en la oficina, la persona, junto a su familia, si es el caso, es recibida por Fofana en un espacio reducido pero acogedor, “siempre buscando que estén cómodas”. Cuenta con una zona habilitada para menores, con juegos y libros que les distraen durante la cita. La oficina se encuentra en la planta baja del edificio Joxepa Antoni Araberri Anitzenea, donde comparte espacio con SOS Racismo, Lau Haizetara y Xenpelar Bertso Eskola.

Durante la cita, se entregan los folletos informativos y se amplía la información según los intereses de cada vecino. Fofana explica que, por ejemplo, si una persona muestra interés por el deporte, se le facilita información “sobre los bonos de los polideportivos”. Además, se agenda una segunda cita para asegurar el seguimiento y comprobar que la información ha sido asimilada.

Para mejorar el servicio, Fofana trabaja en reforzar la conexión con las entidades locales. Señala a este medio que su objetivo es lograr una “mayor coordinación entre todas las asociaciones” y facilitar el acceso de las personas a sus servicios. Cuando no atiende citas, mantiene reuniones con estas entidades para garantizar una buena acogida y mantenerse actualizada.

El servicio también aborda las posibles barreras lingüísticas. Las citas pueden realizarse en castellano, euskera, francés, árabe, inglés o ucraniano. Para ello, el Ayuntamiento ha habilitado el sistema de traducción en vivo con Dualia. Fofana contacta con el servicio “a través de un número telefónico”, introduce el código del idioma requerido y es conectada con una persona intérprete.

En esta fase piloto, GÜ recopila datos tanto de las personas atendidas como de los procesos del servicio. Fofana señala que, una vez finalizado este periodo, se buscará adaptar el funcionamiento a las necesidades detectadas, revisando aspectos como fichas, horarios o ampliación de prestaciones.

A Emiliano García-Page no le ha gustado especialmente la primera de las medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner en marcha para paliar la consecuencias de la guerra en Irán. Concretamente, ha mostrado sus reservas sobre la bajada del IVA de los combustibles al 10%. El motivo: considera que puede ser “una amenaza directa” a la financiación de las prestaciones sociales de las comunidades autónomas, a las que, según ha dicho, se destina el 58% de la recaudación de este tipo de tributos.

El presidente de Castilla-La Mancha ha defendido que su Gobierno trabaja con “planificación” para mantener la estabilidad en la comunidad autónoma, pero que, por el contrario, nunca ha vivido un momento en el que le esté “costando tanto” que “alguien en Madrid se pare un minuto a reflexionar y a discutir sobre los problemas del medio y del largo plazo”.

“La emergencia es permanente, ahora lo vemos muy claro con la guerra en Irán, pero es que si no es la guerra, son las escandaleras y, si no es eso, es el debate político o la ausencia de presupuestos”, ha añadido. Page justifica su reflexión en “no hay un debate sereno sobre casi nada”.

Ha dicho estar pendiente de lo que apruebe este viernes el Consejo de Ministros en relación con la emergencia por la guerra de Irán, pero como adelanto, ha querido hacer hincapié en que si se habla de impuestos, los gobiernos autonómicas no son “una administración cualquiera”. “Ya lo vimos con Ucrania. En ese caso, la bajada de ingresos nos supuso, por las decisiones tomadas sin consultar a la autonomía, más de 400 millones de euros”.

Puede suponer una aminoración de recursos a las autonomías

Por eso ha puesto el foco en el IVA, al afirmar que cuando se habla del impuesto sobre carburantes, el 58% de la recaudación es para las autonomías. Y así, ha alertado de que si se toman medidas conforme a la premisa de “yo invito, pero pagan otros”, eso significa que las decisiones pueden “afectar claramente a la financiación de la sanidad, de la educación y del estado del bienestar”.

“Puede suponer una aminoración de recursos a las autonomías como consecuencia de la guerra de Irán, cuando la decisión es estatal y tendría que ser una financiación pura del Estado central”, argumenta. Advierte por ello que la bajada del impuesto se repercute en las autonomías, y será “una amenaza directa a la financiación de la sanidad, de la educación y de las prestaciones sociales”.

Para Emiliano García-Page, nadie está cayendo en la cuenta de la situación de las autonomías, con “un retraso monumental” en su sistema de financiación. “Y, sin embargo, sin comerlo ni beberlo, nos podemos encontrar con un problema financiero muy considerable del que ni siquiera se está hablando”.

Ha dicho que no quiere “complicar” el debate, pero insistiendo que se aprueben medidas “en la esfera nacional”. “De lo contrario, lógicamente, podemos interiorizar la crisis y que tenga además un efecto más corrosivo y más expansivo en España si eso termina repercutiendo en nuestra sanidad, en nuestra educación, en nuestras prestaciones sociales”, ha concluido.

Tras la desaparición de la Unión Soviética, la política y el debate público en buena parte de las democracias occidentales ha experimentado un desplazamiento sostenido hacia la derecha y, más recientemente, en la última década, hacia la extrema derecha. No se trata solo de un giro electoral, sino de algo más profundo: una reconfiguración del marco de lo decible, lo pensable y lo políticamente viable.

La ventana de Overton —ese espacio simbólico que delimita qué propuestas son consideradas aceptables en un momento histórico— se ha escorado de tal manera que medidas que hace no tanto formaban parte del repertorio normal de la política democrática hoy aparecen como radicales, ingenuas o directamente inviables.

Este fenómeno no puede explicarse únicamente por el ascenso de partidos conservadores y de extrema derecha. Su raíz es estructural y cultural. Durante décadas, el capitalismo y el neoliberalismo han operado como sentido común dominante, naturalizando determinadas premisas: la primacía del mercado, la desconfianza hacia lo público, la reducción de derechos sociales a costes presupuestarios, la normalización de la desigualdad, o la conversión de problemas políticos en supuestas inevitabilidades técnicas. Cuando un marco así se consolida, no necesita imponerse por la fuerza: opera por exclusión, desplazando fuera del campo de lo razonable cualquier alternativa que lo cuestione.

La ideología neoliberal se ha convertido así como el agua para el pez. De la misma forma que un pez, en una fábula animada, no se percataría de vivir inmerso en un ambiente diferente al resto de las especies, los seres humanos tampoco solemos caer en la cuenta de que vivimos sumergidos en el modelo capitalista del que somos parte y en el que nos hemos ido socializando y que ha ido construyendo nuestra forma de pensar y comprender la realidad que nos rodea.

Es como la parábola de la rana hervida: si ponemos una rana en una olla de agua hirviendo, inmediatamente saltará de la olla intentando salir. Pero si ponemos la rana en agua a temperatura ambiente, y no la asustamos, se queda tranquila. Cuando la temperatura se eleva de 21 a 26 grados, la rana no hace nada, e incluso parece pasarlo bien. A medida que la temperatura aumenta, la rana está cada vez más aturdida, y finalmente no está en condiciones de salir de la olla. Aunque nada se lo impide, la rana se queda allí y termina cocinándose.

El rango de ideas socialmente aceptables

La ventana de Overton, término formulado por Joseph P. Overton, analista del think tank estadounidense Mackinac Center for Public Policy, en la década de 1990, es un concepto de teoría política que describe el rango de ideas consideradas socialmente aceptables en el debate público en un momento determinado. Las propuestas que se sitúan dentro de esa “ventana” pueden ser defendidas por responsables políticos sin que su carrera resulte dañada; las que quedan fuera son vistas como radicales, impensables o inaceptables.

Esta ventana ordena las ideas según su grado de legitimidad pública: de “impensable” progresivamente pasará a ser “radical”, de ahí a convertirse en “aceptable”, para, a continuación, pasar a considerarse como “sensata”, para avanzar hasta llegar a ser “popular” y finalmente a “integrarse” y legislarse en la política pública vigente. El cambio puede ser gradual o acelerado mediante crisis, marcos discursivos estratégicos o “normalización” mediática. 

Propuestas que, en un momento, se consideraban extremas pueden volverse debatibles, si se presentan comparativamente frente a opciones aún más radicales. O bien, propuestas que estaban asumidas y formaban parte del acervo común, acaban considerándose impensables, implanteables en un contexto social cuyo marco epistemológico, social, cultural y político se ha desplazado de tal forma que las ha marginado u olvidado.

Aunque no es una teoría formal con validación empírica robusta, pues no deja de simplificar la complejidad de la opinión pública, sirve como modelo heurístico en ciencias sociales y estudios del discurso para analizar procesos de normalización de ideologías neofascistas, capitalistas y neoliberales en la sociedad.

Se ha convertido así una ideología, la neoliberal, en una teología, lo cual refuerza la inculcación al racionalizarla, al convertirla en un conjunto sistemático de mantras, de frases hechas, repetidas insistentemente hasta configurarla como la única realidad plausible. A través de los medios de comunicación, que destacan idénticas informaciones y ocultan otras; mediante los discursos políticos y publicitarios reiterados, las normas y costumbres en que nos socializamos y que nos presionan a asimilar un determinado modelo de consumo, de expectativas, deseos y esperanzas; a través de los contenidos y las enseñanzas que se nos transmiten en la educación formal, desde infantil a la universidad, para enseñarnos a competir, “emprender” o asumir el mercado como forma de relación entre las personas; a través de las redes sociales, los videojuegos y las películas made in Hollywood y Netflix, que muestran una visión muy concreta de quiénes son los héroes y los villanos, dónde está el bien y dónde el mal, quiénes son los “nuestros” y cuáles son los enemigos.

Propuestas que hasta hace poco eran defendidas por partidos socialdemócratas, verdes o incluso conservadores moderados —como el fortalecimiento de los servicios públicos— hoy son presentadas como irrealistas, populistas o económicamente suicidas

Todo nuestro entorno social y educativo contribuye a crear, mantener, justificar y sostener este pensamiento único. Un pensamiento, una visión que ya no necesita ni siquiera justificación o argumentación para su defensa. Los disidentes, los “divergentes”, no dejan de ser minorías periféricas, consideradas exaltadas, incluso denominadas radicales antisistema, pero que el sistema es capaz de integrar en su seno como “contestación”, mientras no afecte, por supuesto, a los núcleos centrales del modelo.

El resultado es revelador. Propuestas que hasta hace poco eran defendidas por partidos socialdemócratas, verdes o incluso conservadores moderados —como el fortalecimiento de los servicios públicos, la propiedad pública de sectores estratégicos, la fiscalidad progresiva ambiciosa, la desmilitarización progresiva del mundo, la reducción del tiempo de trabajo o la desmercantilización de derechos básicos y los bienes comunes como la educación, la sanidad, etc.— hoy son presentadas como irrealistas, populistas o económicamente suicidas. No porque hayan perdido coherencia o respaldo empírico, sino porque el marco de interpretación se ha desplazado.

Un ejemplo claro es el del Estado social. Tras la crisis financiera de 2008, y de nuevo durante la pandemia, se asumió de forma relativamente transversal que la intervención pública era indispensable para sostener la cohesión social y la propia economía. Sin embargo, ese consenso fue efímero. En cuanto la urgencia disminuyó, el discurso dominante regresó con fuerza: austeridad, disciplina fiscal, contención del gasto. Hoy, plantear una expansión sostenida del gasto público en sanidad, educación o cuidados vuelve a ser tachado de irresponsable, incluso cuando los indicadores sociales muestran deterioro y desigualdad crecientes. Lo que ha cambiado no son los datos, sino el umbral de legitimidad del debate.

El desplazamiento del marco convierte una discusión legítima en una quimera, no por falta de argumentos, sino porque el imaginario económico aceptable se ha estrechado

Algo similar ocurre en el ámbito laboral. Hace apenas unos años, la reducción de la jornada laboral sin merma salarial o la participación de los trabajadores y trabajadoras en la gestión y beneficios de la empresa, eran propuestas discutidas en foros sindicales, académicos y parlamentarios, apoyada por investigación y experimentos piloto. Hoy, en muchos contextos, vuelve a ser presentada como una amenaza a la competitividad, pese a que la digitalización permitiría avanzar en esa dirección. El desplazamiento del marco convierte una discusión legítima en una quimera, no por falta de argumentos, sino porque el imaginario económico aceptable se ha estrechado.

Este corrimiento hacia la derecha no es neutro ni espontáneo. Ha sido activamente impulsado por aparatos mediáticos, think tanks, lobbies empresariales y actores políticos que han logrado fijar los términos del debate. Conceptos como “libertad”, “eficiencia” o “modernización” han sido resignificados para funcionar casi exclusivamente en clave de desregulación, privatización y reducción de lo público. En paralelo, nociones como “igualdad”, “redistribución” o “derechos sociales” han sido asociadas a gasto excesivo, rigidez o dependencia. Así, la ventana no solo se mueve: se inclina, favoreciendo sistemáticamente unas posiciones frente a otras.

La consecuencia más preocupante es que este desplazamiento limita la imaginación política. Cuando determinadas propuestas se expulsan del debate, incluso fuerzas que podrían defenderlas optan por la autocontención. Se produce entonces un efecto de retroalimentación: los partidos moderan sus programas para no parecer “extremos”, esa moderación refuerza la idea de que no hay alternativas, y esa supuesta ausencia de alternativas justifica nuevas renuncias. La derecha extrema y la extrema derecha no necesitan ganar las elecciones para ganar la batalla cultural del marco ideológico; le basta con definir los límites de lo posible.

En este contexto, la emergencia de la extrema derecha cumple una función esencial en esta guerra cognitiva, en la disputa por el marco y el relato. Sus posiciones abiertamente reaccionarias actúan como ancla desplazadora: frente a ellas, propuestas conservadoras duras aparecen como razonables, y posiciones socialdemócratas clásicas pasan a ser etiquetadas como “izquierda radical”. El debate se reordena, no en torno a soluciones a los problemas sociales, sino en torno a un eje identitario y punitivo que desplaza la atención de las causas estructurales de la desigualdad. De nuevo, la ventana se mueve, pero siempre en la misma dirección. Y vemos así como partidos conservadores, socialdemócratas, ecologistas e incluso de izquierda acaban compitiendo en Europa por ver quién propone medidas más duras de exclusión y expulsión de migrantes incluso a países donde nunca han estado, a lugares con los que no tienen ningún vínculo.

No obstante, este proceso no es irreversible. La historia muestra que los marcos hegemónicos pueden resquebrajarse cuando las contradicciones se acumulan y cuando actores sociales y políticos logran articular relatos alternativos consistentes. La clave no está solo en proponer medidas concretas y “radicales”, que también obliguen a repensar lo impensable, sino también en reconstruir el marco desde el que se evalúan. Lo que hoy parece inviable puede volver a ser pensable si se cuestionan las premisas que lo hacen aparecer como tal.

Desplazar la ventana de Overton hacia los derechos humanos y el bien común exige en definitiva disputar el sentido común en esta batalla pedagógica por el marco cultural e ideológico. Implica recordar que muchas de las conquistas sociales fueron, en su momento, tachadas de utópicas o peligrosas. Implica también asumir que la moderación permanente en un contexto de marco escorado a la ultraderecha no conduce al centro, sino a una derechización progresiva del propio centro. Cuando el terreno de juego está inclinado, avanzar hacia la igualdad no es radicalidad: es, sencillamente, un intento de recuperar equilibrio democrático. Debemos afrontar de forma radical esta batalla cultural y política que se está librando en el nivel más profundo: el de los límites de lo imaginable.