El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha calificado de “poco humanas” las declaraciones de la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, sobre el impacto de la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo central, y ha considerado que “debería arrepentirse” de las mismas.

García Espada había advertido de un posible aumento de la presión asistencial en el Servicio Extremeño de Salud derivado de este proceso, que podría beneficiar a unas 3.000 personas en la región. Frente a ello, Quintana ha defendido que se trata de “ciudadanos que viven en España y que podrán trabajar”, y ha criticado la “estigmatización” de este colectivo.

“Son ciudadanos que viven en España y que podrán trabajar, y en este sentido la petición continua a la Delegación del Gobierno es que se precisan empleados para determinados sectores y estigmatizar humanamente a estas personas…”, ha señalado en declaraciones a los medios.

El delegado ha subrayado además que el refuerzo de personal en las oficinas que atenderán a los beneficiarios de la regularización será “el número que haga falta”, y ha confiado en que Extremadura no sea una de las comunidades con mayores dificultades en este proceso. “Hay que poner el esfuerzo necesario para hacerlo todo bien”, ha añadido, al tiempo que ha destacado el papel de las ONG y asociaciones que trabajan con población migrante.

Quintana ha realizado estas declaraciones antes de asistir a un minuto de silencio a las puertas de la Delegación del Gobierno en recuerdo de las últimas víctimas mortales por violencia de género en el país.

Por su parte, el PSOE de Extremadura ha calificado de “indignas” las palabras de la consejera y ha denunciado que suponen “un ejemplo más” del “desgobierno” que, a su juicio, impera en la comunidad autónoma. Los socialistas han recordado que Extremadura lleva meses sin un gobierno efectivo tras las elecciones de diciembre.

En una nota de prensa, el PSOE considera que de las declaraciones de García Espada “emana un trato deshumanizado hacia las personas migrantes”, al vincular su regularización administrativa con un supuesto riesgo para la sostenibilidad del sistema sanitario público. Asimismo, critica que se traslade a la ciudadanía “una imagen distorsionada que puede generar miedo e inquietud”.

Los socialistas sostienen además que estas manifestaciones buscan desviar la atención de los datos de listas de espera sanitaria publicados recientemente por el Ministerio de Sanidad y denuncian que se pretenda “maquillar una gestión deficiente señalando a colectivos vulnerables como responsables de problemas estructurales”.

En este contexto, el PSOE se pregunta “qué tipo de desgobierno encabeza la presidenta Guardiola” si considera que la incorporación de unas 3.000 personas puede provocar el colapso del sistema sanitario. También plantea interrogantes sobre el impacto futuro de proyectos industriales como la gigafactoría prevista en Navalmoral de la Mata, que implicaría la llegada de unas 2.500 personas a la zona.

Frente a esta visión, los socialistas defienden que el proceso de regularización no supone la llegada de nuevas personas, sino el reconocimiento de derechos a quienes ya residen en Extremadura. “No representan un problema, sino una oportunidad”, concluyen, al considerar que contribuirán a generar riqueza, fijar población y construir futuro en la región.

El martes 14 de abril la plantilla Txinzer ha cumplido 100 días de huelga indefinida. Este miércoles, el comité de la empresa pública, dependiente de los ayuntamientos de Irún y Hondarribia, ha declarado ante los medios que alcanzar esta cifra evidencia el “no querer resolver el conflicto”. Asimismo, advierte de que la falta de “avances en la negociación” ya está generando consecuencias en los servicios públicos de ambos municipios.

Alaitz Egiazabal, presidenta del comité de empresa, afirma que el conflicto se origina en un “deterioro de las condiciones laborales” prolongado en el tiempo. En comparación con otros servicios públicos similares, señala que los trabajadores acumulan “veinte puntos de pérdida de poder adquisitivo”. Según explica, el salario de un subcontratado ronda los 33.000 euros anuales, el de un trabajador interno los 28.000, mientras que la nueva propuesta lo reduciría a 26.000 euros.

La brecha salarial, añade Egiazabal, se triplica entre directivos y operarios, lo que considera una muestra “de un modelo claramente clasista” en la empresa. A ello se suma la falta de reconocimiento de la labor de los operarios, sin tener en cuenta la “toxicidad, peligrosidad y penosidad” de muchos puestos.

Seis meses antes de convocar la huelga, el comité intentó negociar sin éxito con la empresa. Ante la falta de avances, recurrieron al sindicato ELA y, desde el 5 de enero, los trabajadores se encuentran en huelga, que desde el 6 de febrero es indefinida. ELA ha denunciado a la empresa ante la Inspección de Trabajo y ha interpuesto una demanda en el juzgado de lo social por esquirolaje, es decir, por sustituir a trabajadores en huelga. La Constitución Española recoge en su artículo 28.2 el derecho fundamental a la huelga, que prohíbe esta práctica. Egiazabal ha señalado que el día anterior conocieron la sustitución de un miembro del comité de huelga.

La presidenta describe “una estrategia clara” por parte de la empresa: “reuniones sin contenido, calendarios abiertos, sin propuestas y dilación constante”. Reclama “decisiones políticas” y sostiene que existe una solución “sobre la mesa que supone menos de un 1%” del presupuesto de Txinzer para 2026. Insiste en que la empresa busca “alargar para descargar” mientras “intenta trasladar una imagen de normalidad que no existe”.

Las consecuencias del conflicto ya son visibles en Hondarribia, donde la atención pública y el Garbigune permanecen cerrados. Tampoco se están limpiando los depósitos de agua ni la red de alcantarillado, ni se realizan mantenimientos preventivos. Además, más de 24.000 hogares han recibido un recibo de agua incorrecto debido a la implantación de un nuevo sistema, lo que ha generado perjuicios económicos. Egiazabal advierte de que, si la situación continúa, podrían producirse daños en las instalaciones, malos olores y la aparición de ratas y cucarachas.

El pasado 24 de marzo, el Ayuntamiento de Errenteria inauguró GÜ Harreragunea, un servicio de acogida para nuevos vecinos del municipio. Bajo el lema ‘Herri bat denon etxe, Errenteria te acoge’, GÜ ofrece orientación sobre la localidad, adaptándose a las necesidades y preferencias de cada persona. Durante seis meses funcionará como prueba piloto.

El servicio se basa en el manual de acogida del Gobierno vasco, Harrera Ehundu, y en el protocolo municipal elaborado en 2025. Además, ha incorporado aportaciones de distintos agentes sociales para definir su funcionamiento y contenidos. Entre ellos se encuentra SOS Racismo, que colabora directamente con la oficina a través de la trabajadora social Maïmouna Fofana Sangare.

Las personas interesadas en solicitar una cita deben hacerlo a través del correo gu@errenteria.eus o del teléfono 943 449 596, mediante llamada o mensaje por WhatsApp o Telegram. Otra opción es mediante un cita presencial en la Oficina de Atención Ciudadana ZU!. Las citas en GÜ pueden durar hasta una hora y media, especialmente en el caso de familias, y se atienden de 9:00 a 13:00 horas los lunes, miércoles y viernes, y de 15:00 a 19:00 horas los martes y jueves.

La trabajadora social de GÜ explica a este medio que prepara una carpeta con información sobre el municipio antes de cada cita. Fofana selecciona todos o algunos de los quince folletos disponibles en función del perfil de cada persona. Estos materiales recogen información básica sobre entidades de Errenteria que trabajan en ámbitos como empleo, vivienda, educación, salud, convivencia, sostenibilidad, cultura, igualdad, servicios sociales o participación ciudadana.

Una vez en la oficina, la persona, junto a su familia, si es el caso, es recibida por Fofana en un espacio reducido pero acogedor, “siempre buscando que estén cómodas”. Cuenta con una zona habilitada para menores, con juegos y libros que les distraen durante la cita. La oficina se encuentra en la planta baja del edificio Joxepa Antoni Araberri Anitzenea, donde comparte espacio con SOS Racismo, Lau Haizetara y Xenpelar Bertso Eskola.

Durante la cita, se entregan los folletos informativos y se amplía la información según los intereses de cada vecino. Fofana explica que, por ejemplo, si una persona muestra interés por el deporte, se le facilita información “sobre los bonos de los polideportivos”. Además, se agenda una segunda cita para asegurar el seguimiento y comprobar que la información ha sido asimilada.

Para mejorar el servicio, Fofana trabaja en reforzar la conexión con las entidades locales. Señala a este medio que su objetivo es lograr una “mayor coordinación entre todas las asociaciones” y facilitar el acceso de las personas a sus servicios. Cuando no atiende citas, mantiene reuniones con estas entidades para garantizar una buena acogida y mantenerse actualizada.

El servicio también aborda las posibles barreras lingüísticas. Las citas pueden realizarse en castellano, euskera, francés, árabe, inglés o ucraniano. Para ello, el Ayuntamiento ha habilitado el sistema de traducción en vivo con Dualia. Fofana contacta con el servicio “a través de un número telefónico”, introduce el código del idioma requerido y es conectada con una persona intérprete.

En esta fase piloto, GÜ recopila datos tanto de las personas atendidas como de los procesos del servicio. Fofana señala que, una vez finalizado este periodo, se buscará adaptar el funcionamiento a las necesidades detectadas, revisando aspectos como fichas, horarios o ampliación de prestaciones.

A Emiliano García-Page no le ha gustado especialmente la primera de las medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner en marcha para paliar la consecuencias de la guerra en Irán. Concretamente, ha mostrado sus reservas sobre la bajada del IVA de los combustibles al 10%. El motivo: considera que puede ser “una amenaza directa” a la financiación de las prestaciones sociales de las comunidades autónomas, a las que, según ha dicho, se destina el 58% de la recaudación de este tipo de tributos.

El presidente de Castilla-La Mancha ha defendido que su Gobierno trabaja con “planificación” para mantener la estabilidad en la comunidad autónoma, pero que, por el contrario, nunca ha vivido un momento en el que le esté “costando tanto” que “alguien en Madrid se pare un minuto a reflexionar y a discutir sobre los problemas del medio y del largo plazo”.

“La emergencia es permanente, ahora lo vemos muy claro con la guerra en Irán, pero es que si no es la guerra, son las escandaleras y, si no es eso, es el debate político o la ausencia de presupuestos”, ha añadido. Page justifica su reflexión en “no hay un debate sereno sobre casi nada”.

Ha dicho estar pendiente de lo que apruebe este viernes el Consejo de Ministros en relación con la emergencia por la guerra de Irán, pero como adelanto, ha querido hacer hincapié en que si se habla de impuestos, los gobiernos autonómicas no son “una administración cualquiera”. “Ya lo vimos con Ucrania. En ese caso, la bajada de ingresos nos supuso, por las decisiones tomadas sin consultar a la autonomía, más de 400 millones de euros”.

Puede suponer una aminoración de recursos a las autonomías

Por eso ha puesto el foco en el IVA, al afirmar que cuando se habla del impuesto sobre carburantes, el 58% de la recaudación es para las autonomías. Y así, ha alertado de que si se toman medidas conforme a la premisa de “yo invito, pero pagan otros”, eso significa que las decisiones pueden “afectar claramente a la financiación de la sanidad, de la educación y del estado del bienestar”.

“Puede suponer una aminoración de recursos a las autonomías como consecuencia de la guerra de Irán, cuando la decisión es estatal y tendría que ser una financiación pura del Estado central”, argumenta. Advierte por ello que la bajada del impuesto se repercute en las autonomías, y será “una amenaza directa a la financiación de la sanidad, de la educación y de las prestaciones sociales”.

Para Emiliano García-Page, nadie está cayendo en la cuenta de la situación de las autonomías, con “un retraso monumental” en su sistema de financiación. “Y, sin embargo, sin comerlo ni beberlo, nos podemos encontrar con un problema financiero muy considerable del que ni siquiera se está hablando”.

Ha dicho que no quiere “complicar” el debate, pero insistiendo que se aprueben medidas “en la esfera nacional”. “De lo contrario, lógicamente, podemos interiorizar la crisis y que tenga además un efecto más corrosivo y más expansivo en España si eso termina repercutiendo en nuestra sanidad, en nuestra educación, en nuestras prestaciones sociales”, ha concluido.

Tras la desaparición de la Unión Soviética, la política y el debate público en buena parte de las democracias occidentales ha experimentado un desplazamiento sostenido hacia la derecha y, más recientemente, en la última década, hacia la extrema derecha. No se trata solo de un giro electoral, sino de algo más profundo: una reconfiguración del marco de lo decible, lo pensable y lo políticamente viable.

La ventana de Overton —ese espacio simbólico que delimita qué propuestas son consideradas aceptables en un momento histórico— se ha escorado de tal manera que medidas que hace no tanto formaban parte del repertorio normal de la política democrática hoy aparecen como radicales, ingenuas o directamente inviables.

Este fenómeno no puede explicarse únicamente por el ascenso de partidos conservadores y de extrema derecha. Su raíz es estructural y cultural. Durante décadas, el capitalismo y el neoliberalismo han operado como sentido común dominante, naturalizando determinadas premisas: la primacía del mercado, la desconfianza hacia lo público, la reducción de derechos sociales a costes presupuestarios, la normalización de la desigualdad, o la conversión de problemas políticos en supuestas inevitabilidades técnicas. Cuando un marco así se consolida, no necesita imponerse por la fuerza: opera por exclusión, desplazando fuera del campo de lo razonable cualquier alternativa que lo cuestione.

La ideología neoliberal se ha convertido así como el agua para el pez. De la misma forma que un pez, en una fábula animada, no se percataría de vivir inmerso en un ambiente diferente al resto de las especies, los seres humanos tampoco solemos caer en la cuenta de que vivimos sumergidos en el modelo capitalista del que somos parte y en el que nos hemos ido socializando y que ha ido construyendo nuestra forma de pensar y comprender la realidad que nos rodea.

Es como la parábola de la rana hervida: si ponemos una rana en una olla de agua hirviendo, inmediatamente saltará de la olla intentando salir. Pero si ponemos la rana en agua a temperatura ambiente, y no la asustamos, se queda tranquila. Cuando la temperatura se eleva de 21 a 26 grados, la rana no hace nada, e incluso parece pasarlo bien. A medida que la temperatura aumenta, la rana está cada vez más aturdida, y finalmente no está en condiciones de salir de la olla. Aunque nada se lo impide, la rana se queda allí y termina cocinándose.

El rango de ideas socialmente aceptables

La ventana de Overton, término formulado por Joseph P. Overton, analista del think tank estadounidense Mackinac Center for Public Policy, en la década de 1990, es un concepto de teoría política que describe el rango de ideas consideradas socialmente aceptables en el debate público en un momento determinado. Las propuestas que se sitúan dentro de esa “ventana” pueden ser defendidas por responsables políticos sin que su carrera resulte dañada; las que quedan fuera son vistas como radicales, impensables o inaceptables.

Esta ventana ordena las ideas según su grado de legitimidad pública: de “impensable” progresivamente pasará a ser “radical”, de ahí a convertirse en “aceptable”, para, a continuación, pasar a considerarse como “sensata”, para avanzar hasta llegar a ser “popular” y finalmente a “integrarse” y legislarse en la política pública vigente. El cambio puede ser gradual o acelerado mediante crisis, marcos discursivos estratégicos o “normalización” mediática. 

Propuestas que, en un momento, se consideraban extremas pueden volverse debatibles, si se presentan comparativamente frente a opciones aún más radicales. O bien, propuestas que estaban asumidas y formaban parte del acervo común, acaban considerándose impensables, implanteables en un contexto social cuyo marco epistemológico, social, cultural y político se ha desplazado de tal forma que las ha marginado u olvidado.

Aunque no es una teoría formal con validación empírica robusta, pues no deja de simplificar la complejidad de la opinión pública, sirve como modelo heurístico en ciencias sociales y estudios del discurso para analizar procesos de normalización de ideologías neofascistas, capitalistas y neoliberales en la sociedad.

Se ha convertido así una ideología, la neoliberal, en una teología, lo cual refuerza la inculcación al racionalizarla, al convertirla en un conjunto sistemático de mantras, de frases hechas, repetidas insistentemente hasta configurarla como la única realidad plausible. A través de los medios de comunicación, que destacan idénticas informaciones y ocultan otras; mediante los discursos políticos y publicitarios reiterados, las normas y costumbres en que nos socializamos y que nos presionan a asimilar un determinado modelo de consumo, de expectativas, deseos y esperanzas; a través de los contenidos y las enseñanzas que se nos transmiten en la educación formal, desde infantil a la universidad, para enseñarnos a competir, “emprender” o asumir el mercado como forma de relación entre las personas; a través de las redes sociales, los videojuegos y las películas made in Hollywood y Netflix, que muestran una visión muy concreta de quiénes son los héroes y los villanos, dónde está el bien y dónde el mal, quiénes son los “nuestros” y cuáles son los enemigos.

Propuestas que hasta hace poco eran defendidas por partidos socialdemócratas, verdes o incluso conservadores moderados —como el fortalecimiento de los servicios públicos— hoy son presentadas como irrealistas, populistas o económicamente suicidas

Todo nuestro entorno social y educativo contribuye a crear, mantener, justificar y sostener este pensamiento único. Un pensamiento, una visión que ya no necesita ni siquiera justificación o argumentación para su defensa. Los disidentes, los “divergentes”, no dejan de ser minorías periféricas, consideradas exaltadas, incluso denominadas radicales antisistema, pero que el sistema es capaz de integrar en su seno como “contestación”, mientras no afecte, por supuesto, a los núcleos centrales del modelo.

El resultado es revelador. Propuestas que hasta hace poco eran defendidas por partidos socialdemócratas, verdes o incluso conservadores moderados —como el fortalecimiento de los servicios públicos, la propiedad pública de sectores estratégicos, la fiscalidad progresiva ambiciosa, la desmilitarización progresiva del mundo, la reducción del tiempo de trabajo o la desmercantilización de derechos básicos y los bienes comunes como la educación, la sanidad, etc.— hoy son presentadas como irrealistas, populistas o económicamente suicidas. No porque hayan perdido coherencia o respaldo empírico, sino porque el marco de interpretación se ha desplazado.

Un ejemplo claro es el del Estado social. Tras la crisis financiera de 2008, y de nuevo durante la pandemia, se asumió de forma relativamente transversal que la intervención pública era indispensable para sostener la cohesión social y la propia economía. Sin embargo, ese consenso fue efímero. En cuanto la urgencia disminuyó, el discurso dominante regresó con fuerza: austeridad, disciplina fiscal, contención del gasto. Hoy, plantear una expansión sostenida del gasto público en sanidad, educación o cuidados vuelve a ser tachado de irresponsable, incluso cuando los indicadores sociales muestran deterioro y desigualdad crecientes. Lo que ha cambiado no son los datos, sino el umbral de legitimidad del debate.

El desplazamiento del marco convierte una discusión legítima en una quimera, no por falta de argumentos, sino porque el imaginario económico aceptable se ha estrechado

Algo similar ocurre en el ámbito laboral. Hace apenas unos años, la reducción de la jornada laboral sin merma salarial o la participación de los trabajadores y trabajadoras en la gestión y beneficios de la empresa, eran propuestas discutidas en foros sindicales, académicos y parlamentarios, apoyada por investigación y experimentos piloto. Hoy, en muchos contextos, vuelve a ser presentada como una amenaza a la competitividad, pese a que la digitalización permitiría avanzar en esa dirección. El desplazamiento del marco convierte una discusión legítima en una quimera, no por falta de argumentos, sino porque el imaginario económico aceptable se ha estrechado.

Este corrimiento hacia la derecha no es neutro ni espontáneo. Ha sido activamente impulsado por aparatos mediáticos, think tanks, lobbies empresariales y actores políticos que han logrado fijar los términos del debate. Conceptos como “libertad”, “eficiencia” o “modernización” han sido resignificados para funcionar casi exclusivamente en clave de desregulación, privatización y reducción de lo público. En paralelo, nociones como “igualdad”, “redistribución” o “derechos sociales” han sido asociadas a gasto excesivo, rigidez o dependencia. Así, la ventana no solo se mueve: se inclina, favoreciendo sistemáticamente unas posiciones frente a otras.

La consecuencia más preocupante es que este desplazamiento limita la imaginación política. Cuando determinadas propuestas se expulsan del debate, incluso fuerzas que podrían defenderlas optan por la autocontención. Se produce entonces un efecto de retroalimentación: los partidos moderan sus programas para no parecer “extremos”, esa moderación refuerza la idea de que no hay alternativas, y esa supuesta ausencia de alternativas justifica nuevas renuncias. La derecha extrema y la extrema derecha no necesitan ganar las elecciones para ganar la batalla cultural del marco ideológico; le basta con definir los límites de lo posible.

En este contexto, la emergencia de la extrema derecha cumple una función esencial en esta guerra cognitiva, en la disputa por el marco y el relato. Sus posiciones abiertamente reaccionarias actúan como ancla desplazadora: frente a ellas, propuestas conservadoras duras aparecen como razonables, y posiciones socialdemócratas clásicas pasan a ser etiquetadas como “izquierda radical”. El debate se reordena, no en torno a soluciones a los problemas sociales, sino en torno a un eje identitario y punitivo que desplaza la atención de las causas estructurales de la desigualdad. De nuevo, la ventana se mueve, pero siempre en la misma dirección. Y vemos así como partidos conservadores, socialdemócratas, ecologistas e incluso de izquierda acaban compitiendo en Europa por ver quién propone medidas más duras de exclusión y expulsión de migrantes incluso a países donde nunca han estado, a lugares con los que no tienen ningún vínculo.

No obstante, este proceso no es irreversible. La historia muestra que los marcos hegemónicos pueden resquebrajarse cuando las contradicciones se acumulan y cuando actores sociales y políticos logran articular relatos alternativos consistentes. La clave no está solo en proponer medidas concretas y “radicales”, que también obliguen a repensar lo impensable, sino también en reconstruir el marco desde el que se evalúan. Lo que hoy parece inviable puede volver a ser pensable si se cuestionan las premisas que lo hacen aparecer como tal.

Desplazar la ventana de Overton hacia los derechos humanos y el bien común exige en definitiva disputar el sentido común en esta batalla pedagógica por el marco cultural e ideológico. Implica recordar que muchas de las conquistas sociales fueron, en su momento, tachadas de utópicas o peligrosas. Implica también asumir que la moderación permanente en un contexto de marco escorado a la ultraderecha no conduce al centro, sino a una derechización progresiva del propio centro. Cuando el terreno de juego está inclinado, avanzar hacia la igualdad no es radicalidad: es, sencillamente, un intento de recuperar equilibrio democrático. Debemos afrontar de forma radical esta batalla cultural y política que se está librando en el nivel más profundo: el de los límites de lo imaginable. 

La digitalización de los servicios públicos en España ha transformado la manera en que los ciudadanos interactúan con las administraciones. Cada vez son más las gestiones que pueden realizarse de forma remota, desde consultar datos personales hasta hacer seguimiento de expedientes, sin necesidad de desplazarse a oficinas físicas. En este contexto, la aplicación Mi Carpeta Ciudadana se ha consolidado como una herramienta clave, centralizando en un único espacio la información y los trámites que los usuarios necesiten.

Con la actualización de 2026, la plataforma refuerza su utilidad al incorporar nuevas funciones y mejoras que facilitan la consulta de documentos, la gestión de alertas y la interacción con distintos organismos. La aplicación, disponible en versión web y móvil, ofrece un acceso seguro a datos personales y expedientes, permitiendo a los usuarios revisar información educativa, laboral, sanitaria o de vivienda, entre otros apartados.

Qué es Mi Carpeta Ciudadana y para qué sirve

Mi Carpeta Ciudadana es un espacio personal que centraliza la relación de los ciudadanos con las administraciones públicas. Permite consultar datos personales, gestionar citas previas, recibir notificaciones pendientes y seguir el estado de los expedientes en tramitación. A través de la aplicación, se puede acceder a información sobre educación, empleo, prestaciones, salud, vivienda, vehículos, documentación personal y transparencia administrativa, así como enviar sugerencias o comunicarse con los organismos públicos.

El acceso a la plataforma se realiza mediante el sistema de autenticación Cl@ve, que incluye Cl@ve Permanente, certificados electrónicos y DNI electrónico. Esta identificación garantiza que únicamente el titular de los datos pueda acceder a su información, ofreciendo seguridad y confidencialidad. Una vez autenticado, el usuario puede configurar opciones de acceso biométrico para agilizar futuras consultas y gestiones, haciendo la experiencia más cómoda y rápida.

Novedades de Mi Carpeta Ciudadana en 2026

La actualización de 2026 de Mi Carpeta Ciudadana incorpora nuevas funcionalidades que permiten a los usuarios gestionar información y trámites de manera más completa. Entre las novedades confirmadas se encuentran:

Estas funciones refuerzan la utilidad de la plataforma como un punto centralizado para la interacción digital con la Administración, ampliando el número de gestiones disponibles y facilitando la consulta de información relevante para los ciudadanos.

Trámites ya disponibles antes de la actualización

Antes de la actualización, Mi Carpeta Ciudadana ya ofrecía un amplio conjunto de gestiones que permiten a los ciudadanos acceder a información y documentos oficiales de manera centralizada, evitando desplazamientos innecesarios. La aplicación organiza los servicios en menús y categorías, con secciones específicas para educación, vivienda, trabajo, salud, situación personal, vehículos, ciudadanía y transparencia.

En educación y formación, los usuarios pueden consultar sus expedientes académicos y descargar justificantes de titulaciones universitarias y no universitarias, formación sanitaria especializada, matrículas universitarias y certificaciones de becario. Además, es posible obtener un certificado como formador o alumno del Instituto Nacional de Administración Pública.

La sección de vivienda concentra información sobre inmuebles y parcelas en propiedad, permite acceder a los datos de domicilio registrados en el padrón y consultar el histórico de municipios donde ha residido el ciudadano. También se pueden descargar certificaciones catastrales y documentos complementarios multilingües de la Unión Europea.

En el apartado de trabajo y prestaciones, los usuarios pueden revisar su vida laboral completa, consultar el historial de empleos recientes, acceder a prestaciones sociales y de desempleo, y ver datos relacionados con empleados públicos, como afiliación y prestaciones de Muface, pensiones de clases pasivas, registros de opositores y acceso al Registro Central de Personal. Esta sección permite también descargar documentos y justificantes para cada uno de estos trámites.

En cuanto a salud y asuntos sociales, la aplicación facilita el acceso a la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud, al estado de la Tarjeta Sanitaria Europea y a la información sobre grado de discapacidad o dependencia reconocidos. Los certificados correspondientes pueden descargarse directamente desde la plataforma.

La sección de situación personal y familiar incluye la posibilidad de obtener certificados de nacimiento, antecedentes penales o ausencia de los mismos, título de familia numerosa, reconocimiento como víctima de terrorismo, y documentación sobre obligaciones tributarias, residencia legal y pruebas de nacionalidad o lengua española. También se pueden descargar justificantes para deportistas de alto nivel y verificar la ausencia de prohibiciones de juego.

En vehículos y transporte, los usuarios pueden consultar sus datos de conductor y saldo de puntos, así como información de vehículos a su nombre, incluyendo embarcaciones profesionales y de recreo. Se pueden descargar certificados que acrediten estos datos y acceder a titulaciones marítimas.

La categoría de ciudadanía permite comprobar el estado de documentos de identidad, pasaportes y certificados electrónicos, así como consultar el censo continuo. Por su parte, la sección de transparencia ofrece un registro de los intercambios de información entre administraciones públicas durante los últimos 30 días, permitiendo al ciudadano supervisar cómo se comparten sus datos con distintos organismos.

A Xunta vén de anunciar en Fitur hai apenas unhas semanas o futuro Camiño do litoral, o ambicioso proxecto de unir os 1.300 quilómetros da costa galega a través dun itinerario que se poderá percorrer a pé ou en bicicleta. A iniciativa non aparece acompañada polo de agora nin de medidas ambientais robustas, nin de estudos de impacto transparentes. Pero acaso alguén quere informarse sobre esas minucias nunha feira internacional de turismo? Aquilo tiña que ser unha festa, non un mitin ecoloxista. Quizais por iso, a titular de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, preferiu insistir na presentación á prensa en Madrid —onde se non?— en que “Galicia é Camiño; Galicia é litoral; Galicia é calidade”. A falta de articulación no discurso e o lema de chiringuito —de praia, pero tamén político— parecen feitos á mantenta para o ton irónico deste artigo, pero créanme, o mellor de todo isto é que non tiven que inventar nada, todo está na nota de prensa que a web oficial da Xunta ofrece sobre o acto. No mesmo texto, nin rastro da preocupación pola presión —directa ou indirecta— sobre ecosistemas fráxiles como areais, dunas, ou tramos xa degradados polos procesos erosivos. Brillan tamén pola súa ausencia as referencias á saturación dos servizos ou o posible descontento da veciñanza afectada.

Os dous millóns de euros proxectados como orzamento inicial —aínda que escasos, ninguén dubida de que a cantidade se poida ampliar tratándose de explotación turística— están pensados para o investimento directo no acondicionamento das infraestruturas. Toca a uns 1.600 euros por quilómetro. Non dá nin para medio ano de viaxes entre Santiago e A Coruña pola AP-9. Pero todo se andará. Este novo camiño sen apóstolo trae ademais baixo o brazo unha aplicación móbil: a APP Conecta litoral, que guiará ás viaxeiras e viaxeiros a través dun sendeiro que —cito textualmente— “representa a materialización de Galicia Calidade”. Fíxense que son palabras maiores. Iso non o pode dicir nin a app do Sergas.

Mais non vaian pensar que este é un camiño ideado unicamente para a xente que vén de fóra, para os turistas que xentrifican —coa axuda dos particulares e o amparo das institucións— as vilas da nosa costa e a súas cidades. Diso nada, porque por se todo o anterior non fose suficiente, o Camiño do litoral, anuncia a Xunta, servirá para “vertebrar territorio”. Lendo isto, e como rapaz do interior da Costa da Morte, imaxino que —a pé ou en bicicleta— esta nova atracción turística traerá consigo ao rural servizos básicos de sanidade, educación e transporte. Que fará que pasen máis buses de liña e que estes veñan cargados de persoal sanitario, peóns agrícolas, profesorado, xente con gana de quedar. Que reactivará a economía dos concellos menos densamente poboados. Que acabará coa soidade non desexada. Imaxino, si, que iso é o que entende a Xunta por vertebrar un país, por conectalo e dotalo de cohesión. Pero se cadra non. Que saberei eu que nunca quixen ser conselleiro de nada.

Hai exactamente un ano, a mesma Ángeles Vázquez reivindicaba Galicia como “refuxio climático natural” en Fitur para “atraer visitas en calquera época do ano”. Prometía “confort, seguridade e descanso” para os visitantes. A min, a insistencia da persoa á fronte das políticas medioambientais e contra o cambio climático da Xunta por estar nunha feira turística faime sospeitar cousas, pero non direi cales. Pola contra, preguntareime aquí se Vázquez coñece o significado exacto de “refuxio climático”. Se sabe o que é un refuxiado. Se desexa para a cidadanía galega ese status: refuxiados dentro do seu propio país, do seu territorio espoliado.

Nunca esquecerei o slogan de Feijóo nas eleccións autonómicas do 2020: Galicia, Galicia, Galicia. Así, sen máis. Tres veces. Coma quen o pronuncia ás escuras fronte ao espello do baño e despois bota a correr con medo de que se lle aparece unha rapaza morta ou o diaño. Unha lenda urbana. Que é Galicia para o Partido Popular? E o litoral para Ángeles Vázquez? Que todos vivimos dentro dunha marca —a identidade (aínda máis a colectiva) é un concepto demasiado complexo e perigoso segundo os poderes fácticos— é algo que xa asumín no caso galego e no de parte do estranxeiro. Sei que esa é unha dinámica que nos excede como pobo. Pero aínda así, non deixa de arrepiarme que Galicia sexa “calidade”. Que cada vez que Galicia é calidade, non deixe de ser conflito, desigualdade, precariedade, abandono, eucaliptos, terra queimada, parque eólico, falta de cobertura —móbil e sanitaria—, casas sen xente, xente que morre soa. Poden o decorado e a propaganda substituír a realidade? Poden anular ou silenciar as preocupación reais das persoas que habitan un lugar e o conforman? Vertebrar non é trazar unha liña azul sobre o contorno dun mapa. Deste lado nós e do outro o océano. Un lugar para ser visto e non vivido. Galicia, Galicia, Galicia. Para quen é o país que pronunciades?

Una concentración a las puertas de la residencia de mayores 'La Granadilla', en Badajoz, con participación de representantes de CCOO, trabajadores y familiares de usuarios, ha querido poner de manifiesto es jueves las carencias de esta instalación, que sufrió un incendio el pasado domingo, y reclamar que se acometan mejoras.

El responsable del Sector de Administración Autonómica de CCOO, José Sánchez, ha explicado a los medios que es necesario afrontar todos los desperfectos existentes en la residencia, unas actuaciones que, en su opinión, “hubieran evitado el incendio”.

Entre las deficiencias detalladas se encuentran elementos eléctricos como enchufes “sobrecargados” o un equipo electrógeno, que ha dejado de funcionar tras las últimas borrascas, así como fallos que se producen en los sistemas de alarma o antihumo, que, según trasladan los trabajadores, “no sonaron” el domingo, solo el sistema externo de protección instalado para evitar que los usuarios dejen el centro.

Otro de los “graves problemas” es la necesidad de aumentar la plantilla del centro, algo que también ocurre en el resto de la red del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad).

Ha incidido en que en el momento del incendio solo se encontraban tres personas trabajando y que la suerte fue que este hecho se produjo a las 19:00 horas y había familiares que ayudaron a los trabajadores.

También se ha solicitado que se informe con urgencia y transparencia sobre las causas del incendio, que según policía y bomberos que podría haberse producido “por un problema eléctrico o por alguna colilla o un elemento similar”.

El representante sindical ha insistido en que “los trabajadores hicieron todo lo que pudieron, incluso empleados que libraban y que se desplazaron al centro al enterarse del incendio, conscientes de las carencias de esta dotación”, mientras que familiares de usuarios también pusieron “su granito de arena” con el objetivo de evitar males mayores. 

La Plataforma de Movilización de Interinos e Interinas de Educación de La Rioja ha criticado este miércoles que “la Consejería de Educación de La Rioja lleva 12 años sin realizar ninguna modificación sustancial en la Orden de Interinos” y aseguran no descartar ningún tipo de acción futura “si la negociación no avanza en las líneas propuestas”. “Si es necesario, se convocará una huelga”, advierten.

En la Plataforma señalan que, tras reabrir la negociación en Mesas Sectoriales de Educación que comenzaron el pasado mes de octubre, las reformas propuestas por la Administración demuestran, a su juicio, “poca intención por mejorar las condiciones laborales de los y las interinas de La Rioja”.

Por ello, exigen “jornadas parciales no obligatorias y la eliminación de los tercios de jornada, que nos condenan a vivir de manera precaria, muy por debajo del SMI, es esencial recordar que La Rioja es la única comunidad autónoma en la que los tercios de jornada son obligatorios, y en algunas CCAA ni siquiera existen estos tercios”. “Queremos que la Administración nos escuche: no aceptamos que se nos premie con puntos extra a cambio de vivir en la precariedad”, añaden al respecto.

A ello suman la exigencia de “la continuación del nombramiento en verano a partir de 165 días trabajados, no pedimos nada nuevo, es un derecho que se eliminó en la crisis del 2010 y que exigimos recuperar”, señalando que “en este punto, el trabajo debe ser conjunto entre la Consejería de Educación y la Delegación de Hacienda”.

Apuntan que “hasta ahora, para disponer de la continuación del nombramiento en verano, los interinos e interinas deben incorporarse en el mes de octubre a su puesto de trabajo y estar hasta el 30 de junio sin interrupciones en el contrato”.

La Administración “propone alargar la toma de posesión al 5 de octubre en el curso 2026/2027 y al 10 de octubre en el curso 2027/2028, con una única interrupción del contrato posible de 3 días naturales”, una propuesta, aseguran los interinos, que “nos hace pensar que la Administración no está tomando en serio nuestras reivindicaciones”.

“Debemos cuidar de la calidad de la educación pública de nuestra comunidad y, para ello, también debemos cuidar de sus docentes. Obligados a vivir en la precariedad, en una profesión que parece haber perdido su dignificación, viviendo con la angustia de estar siempre disponibles para la Administración, tan lejos de casa como sea y por sueldos irrisorios”, subrayan.

Actualmente, “las y los docentes interinos ocupan más del 40% de la plantilla de la educación pública no universitaria en La Rioja”, por lo que recalcan que son “un pilar fundamental de la misma”, e insiten en una idea: “Si paramos, el sistema educativo de nuestra comunidad cae”.

Hace unos años que cerré por última vez la puerta del aula. Lo hice con el corazón intacto y la satisfacción de quien ha habitado su vocación hasta el último minuto. Ser maestra no ha sido para mí un empleo de ficha y nómina; ha sido una forma de estar en el mundo. Me despedí de mis alumnos habiéndome mantenido al día de cada innovación, abrazando los cambios pedagógicos y tecnológicos con la misma curiosidad que ellos, porque siempre entendí que para enseñar hay que tener la humildad de no dejar nunca de aprender.

Me he dejado la piel en la enseñanza pública, defendiéndola como el único espacio donde la igualdad de oportunidades deja de ser un eslogan para convertirse en una realidad tangible.

Sin embargo, al entregar las llaves de mi clase, me he topado con una paradoja social tan absurda como dolorosa que afecta a toda mi generación: parece que, al dejar de pasar lista -o de producir en cualquier oficio, sea físico o intelectual-, el sistema ha decidido que hemos dejado de tener voz, criterio o visión de futuro.

Este fenómeno tiene un nombre clínico, 'edadismo', pero su práctica es pura violencia simbólica. Se nos intenta reducir a la invisibilidad bajo la etiqueta de “clases pasivas”, como si una vida dedicada a formar ciudadanos o a levantar un país pudiera desconectarse del compromiso social por el mero hecho de cumplir años.

Como maestra jubilada, mujer feminista y progresista, me niego a aceptar este guion. Mi jubilación no es un silencio; es un cambio de frecuencia.

El edadismo es, posiblemente, la última gran frontera de la discriminación que nuestra sociedad democrática debe derribar. Es una miopía sistémica que nos descarta en todos los frentes: en la Sanidad, donde la infantilización sustituye al respeto a nuestra autonomía; en la Brecha Digital, donde se nos etiqueta como “analfabetos” por omisión, y, en muchos casos, no es así; en la Cultura, donde la obsesión por la juventud borra nuestros rostros; y en la Política, donde se nos ve como objetos de asistencia y no como sujetos de liderazgo, a pesar de poseer la memoria histórica necesaria para proteger las libertades que hoy tanto flaquean.

Mi papel hoy es el de una 'maestra de guardia': alguien que observa el presente con la agudeza que da la experiencia y que levanta la voz por quienes el sistema pretende silenciar

No me he jubilado para ver pasar la vida desde el banquillo. Mi vocación de maestra me obliga, ahora más que nunca, a seguir en la brecha denunciando que este descarte es un error pedagógico y social imperdonable. Sigo aquí para demandar servicios públicos dignos, porque sé lo que cuesta construirlos y lo fácil que es destruirlos desde un despacho. Mi papel hoy es el de una “maestra de guardia”: alguien que observa el presente con la agudeza que da la experiencia y que levanta la voz por quienes el sistema pretende silenciar.

Utilizo mi libertad recobrada para decir alto y claro que tenemos muchísimo que aportar. Mi jubilación no es el final de mi magisterio, es el comienzo de mi activismo más maduro y combativo a favor de toda una generación. Porque una maestra nunca deja de creer en el progreso. Y yo, hoy, me declaro en rebeldía contra la invisibilidad.

La jubilación no es un silencio; es un cambio de frecuencia. Y hago un llamamiento a todos las personas jubiladas: no aceptéis el rincón de la quietud. No permitáis que decidan por vosotros. La única forma de frenar este descarte es ocupando el espacio público y alzando la voz.La jubilación no es el silencio; es un cambio de sintonía.

Hago un llamamiento a cada jubilado: no aceptéis el rincón de la quietud. No permitáis que el mundo decida por vosotros ni que os dicte dónde termina vuestro horizonte, ni que os hablen como a personas desvalidas.

La única forma de frenar este descarte sistemático es invadiendo el espacio público y haciendo que nuestra voz retumbe donde otros esperan silencio.

Nuestra lección no ha terminado; apenas ha cambiado de escenario. Obligad al mundo a escuchar:

Identificad y destruid los prejuicios: confrontad con asertividad absoluta tanto las propias dudas como la mirada sesgada del resto.

Exigid respeto, no condescendencia: no toleréis términos infantiles, apodos despectivos ni ese tono paternalista que intenta anular vuestra autoridad.

Conquistad el puente intergeneracional: conectad, enseñad y aprended, pero jamás desde la periferia.

Denunciad el edadismo: señalad cada injusticia y cada exclusión con nombre y apellido.

No os retiréis del mundo, reclamadlo. Que vuestra presencia sea el recordatorio constante de que la edad no es una resta, sino un poder acumulado. Alzad la voz hasta que el silencio de los que nos quieren invisibles sea lo único que se escuche. ¡Haceros presentes, ahora y siempre!

El diputado regional Miguel González de Legarra ha recordado que “primero denunciamos la opacidad económica de la Fundación para la Transformación de La Rioja, la ausencia de cuentas auditadas, el incumplimiento de las leyes de transparencia, el abuso sistemático de contratos menores y la falta absoluta de resultados tras dos años y medio de gestión del Gobierno de Gonzalo Capellán”. Después, “alertamos sobre las contrataciones del personal a través de procesos sin convocatoria pública, sin publicidad, sin concurrencia, vulnerando los principios de mérito y capacidad, incumpliendo incluso el propio protocolo interno de la Fundación y con conflictos de intereses evidentes por parte del gerente”. Y hoy “hablamos directamente de sueldos, de dinero público, de privilegios salariales y de decisiones que, a nuestro juicio, vulneran de forma clara la Ley de Presupuestos de La Rioja”.

González de Legarra ha explicado que la Ley de Presupuestos “limita claramente los incrementos salariales para todos los empleados públicos, incluidos también los de todos los trabajadores del sector público”. Sin embargo, en la Fundación para la Transformación de La Rioja “hemos podido comprobar que, en 2024, se aplicaron subidas salariales que la Ley no permite”. Porque la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2024 “establecía con claridad que no se pueden aplicar incrementos salariales superiores a lo fijado por el Estado que, para ese año quedó fijado en un 2%”.

Sin embargo, ha añadido el diputado socialista, “si revisamos los salarios del responsable de Proyectos y del responsable Jurídico de la Fundación para la Transformación, comprobamos que el primero pasó de cobrar 30.726,78 euros en el mes de enero a cobrar 39.701,15 euros en junio, un incremento de 8.974,37 euros, mientras que el responsable Jurídico pasó de cobrar 30.726,78 euros en enero a cobrar 36.716 euros en el mes de junio, un incremento de 5.989,22 euros”.

Miguel González de Legarra ha dicho que “estamos ante incrementos que superan el 29% en el primer caso, y que casi alcanza el 20% en el segundo, cuando el límite legal de incremento estaba fijado en un máximo del 2%”. Se trata, además, de incrementos “que se aplican en la mitad del ejercicio, sin ningún tipo de explicación pública y, lo que es más grave, sin ningún tipo de cobertura legal conocida”.

González de Legarra ha afirmado que estas subidas salariales “no solo están prohibidas por la Ley de Presupuestos, tampoco se encuentran contempladas en el presupuesto de la Fundación”. Es posible, ha comentado el diputado socialista, que el PP “intente justificar todo esto diciendo que se produce como consecuencia de la fusión entre la Fundación para la Transformación con la Fundación del Envase y el Embalaje”. Pero la cronología “es clara y desmonta ese argumento, ya que la fusión se aprueba el 27 de agosto de 2024 y la delegación de poderes es del 17 de septiembre, mientras que las subidas salariales se produjeron en abril”.

Miguel González de Legarra ha asegurado que “aquí hay decisiones discrecionales que se toman en mitad del ejercicio presupuestario, vulnerando de manera flagrante la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma y sin cobertura presupuestaria por parte de la Fundación”. Una Fundación que “debería ser una herramienta al servicio del interés general, pero a la que han convertido en un chiringuito”. El diputado socialista ha afirmado que el silencio del Gobierno sobre este asunto “no deja de ser un reconocimiento implícito de que lo denunciado por parte del PSOE es cierto”. Y los responsables “tienen nombres y apellidos; Gonzalo Capellán, Alfonso Domínguez, Belinda León y Arturo Colina”.

Velan por la salud mental de otros mientras la suya se tambalea. Trabajadoras, pacientes e incluso el propio sistema de atención pública se han visto alcanzados por un movimiento empresarial que emana, además, de una de las fundaciones con más plazas en la Comunidad de Madrid para tratar a pacientes psiquiátricos o con trastornos graves. La Fundación Manantial, dedicada a la atención social en materia de salud mental, gestiona hasta medio centenar de recursos con intervención pública repartidos por distintos municipios, incluyendo la capital. Ahora, de casi 300 trabajadoras son 53 las que se han bajado del barco por una merma en sus condiciones salariales. Y, entretanto, las que se quedan denuncian una “asifixia laboral” que interfiere con el servicio.

“Me fui porque iban a bajarme el sueldo un 20%”, confiesa una de las exempleadas acogidas a una rescisión de su contrato después de que la compañía planteara eliminar los pluses por experiencia (de un 9% según el comité de empresa) y pusiera sobre la mesa otras medidas de ampliación de jornada que inquietaron entre la plantilla. Ha preferido mantener su nombre en el anonimato.

La Fundación Manantial mantiene conciertos con el Gobierno autonómico en distintos CRPS (Centros de Rehabilitación Psicosocial), centros de día con soporte social, gestión de equipos de apoyo social comunitario (EASC) o espacios de rehabilitación laboral, mini-residencias y pisos supervisados. Todos estos recursos han de adherirse a unos acuerdos marco que fijan –desde las instituciones– las condiciones técnicas, administrativas y laborales en los pliegos de contratación, para que luego las adjudicatarias se hagan responsables de coordinar un servicio público. Una fórmula de externalización que, en cierto modo, molesta a esta exempleada; al menos en su aplicación práctica.

“Que empeoren nuestras condiciones por una crisis económica en la empresa me parece una falta de respeto a la profesión. Como es algo vocacional, y se nos éxige cierta ética laboral, aprovechan para explotarnos a costa de los cuidados”, determina. Con la entrada en vigor de un nuevo convenio de discapacidad publicado en el BOE (el Boletín Oficial del Estado), desde el comité de empresa señalan que tampoco les aplicaron el incremento que ahí se contempla.

Un cambio de liderazgo del que nació una empresa privada

Otro trabajador de Manantial Gestiona SL en Rivas y delegado de su sección sindical explica que la creación de una extensión privada de la fundación -Manantial Gestión- se produjo después de la salida del anterior presidente del patronato. Aunque fuentes de la nueva gerencia aseguran que esta se diseñó y creó durante su mandato, que se extendió hasta diciembre de de 2023. La plantilla, que ahora se ha visto reducida, vivió su apogeo un año después de constituirse la compañía, cuando pasaron de 49 empleados a 288 según la información financiera publicada en 2024, referente al período anterior.

En ambos casos, la mayoría eran fijos y poco más del 10% eran empleados eventuales. También en el Registro Mercantil pasaron de tener 2.563.180 euros en ventas a facturar solo un año más tarde casi 16 millones. La extrabajadora que presta su testimonio anónimo para este reportaje ha señalado que la organización “estaba muy enfoncada en el impacto social” hasta que se extendió a una SL. Desde ese momento, siempre según su relato, los objetivos “se centraron en la viabilidad económica y priorizaron los criterios financiertos sobre la calidad de la atención o el derecho de los trabajadores”.

Las trabajadoras no tenemos que sacrificarnos por los problemas monetarios de nuestras empresas"

Narra que su trabajo, de carácter social, comenzó a “entrar en conflicto” con los objetivos económicos que percibía en la dirección de Manantial Gestión, algo que le hizo ver comprometida su “ética profesional” y “dignidad laboral”. “Las trabajadoras no tenemos que sacrificarnos por los problemas monetarios de nuestras empresas”, resuelve después de abandonar su antiguo puesto. Desde hace décadas, la red de atención a personas con enfermedad mental en la Comunidad de Madrid funciona mediante un modelo de externalización de servicios que coordina la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Discapacidad. Fundación Manantial es actualmente la segunda entidad con más plazas gestionadas en toda la región.

Por delante está Grupo 5, otra empresa de atención social a personas en situación de vulnerabilidad con más de 3.000 empleados distribuidos en hasta 15 comunidades autónomas, entre ellas Madrid. “Desde la Comunidad de Madrid se está pidiendo un monopolio que antes no existía”, afirman desde el comité de empresa de Manantial Gestión SL. El delegado sindical, destaca especialmente las “diferencias de sueldo abusivas” que exiten entre el salario de los altos cargos o gestores de la empresa y quienes conforman su plantilla, compuesta por terapeutas ocupacionales, educadoras sociales o psicólogas.

Según el trabajador, los dos primeros perfiles rondan los 1.400 euros mensuales y, en el último caso, pueden alcanzarse los 1.700 euros aproximadamente con la suma de años por antigüedad. También apunta a una retirada de los 80 euros al mes que, dice, les ofrecían para transportarse en coche por los distintos municipios que abarcaba el servicio. En su caso particular, atiende a usuarios entre Rivas y Arganda del Rey, así que los desplazamientos diarios por ambas localidades son habituales y requieren tiempo de su jornada.

La cantidad que perciben ahora es más reducida y está enfocada al movimiento en transporte público, ampliando los trayectos y disminuyendo el número de pacientes que es posible abarcar en un mismo día. Por lo general, este grupo atiende a personas en edades comprendidas desde los 18 hasta los 65 años, dando cobertura en cuidados asociados a la salud mental en distrintos tramos. Gestionan pequeñas residencias en la capital (por ejemplo, en Hortaleza) y otros municipios próximos como Fuenlabrada, Parla o Leganés. Cuenta con una red de equipos de apoyo supervisada por la Comunidad de Madrid y a cargo de una empresa que, de momento, verá mermados sus recursos y convivirá con la tensión entre sus trabajadores.

La empresa alude a dificultades económicas y su plantilla lo matiza

La empresa reconoce atravesar una “difícil” situación económica, que atribuye principalmente a tres causas. La primera es que ha perdido la gestión de centros públicos en Arganda y Alcorcón (precisamente en favor de Grupo 5, su principal competidor), de las que derivan unas “bajadas económicas considerables” que el grupo “no puede asumir sin comprometer la calidad del servicio”, destacan fuentes de la Fundación Manantial, que explican así el recorte de personal.

Otro argumento que esgrimen es la subida salarial del 10% que contempla el último convenio colectivo de atención a personas con discapacidad, aunque sus trabajadores aseguran no haberlo cobrado hasta el pasado enero, un año después de su aprobación en el BOE y a costa de “una bajada del 9%” en paralelo, que antes ofrecían a partir del primer año de experiencia. El tercer motivo del que hablan en Manantial Gestión SL el brazo de la Fundación que administra sus plazas en administraciones públicas) es el “retraso en la renovación de los nuevos acuerdos marco”, que fijan los términos de colaboraicón con la Comunidad de Madrid y según ellos aún mantienen precios correspondientes a 2022.

Como consecuencia de la decisión, la empresa cifra en 60 de 700 trabajadores los que solicitaron extinguir sus contratos desde el 31 de diciembre. La empresa asegura que “todas las vacantes han sido ya cubiertas”, aunque no sin consecuencias directas para pacientes o usuarios. Marga, una mujer que lleva cinco años viendo semanalmente a una empleada de Manantial con la que ha tenido que cortar de lleno su proceso terapéutico al reasignarla en otra localización. En su caso, hace más de una década que atraviesa una depresión severa con varios intentos de suicidio a sus espaldas.

Su nombre real ha sido ocultado a petición de la usuaria, que no quiere ser identificada. En conversación con Somos Madrid, muestra un profundo malestar por perder a “la única persona” en la que “confía” y con la dice poder desahogarse. El testimonio que ofrece es lapidario: “Tener que empezar de cero con otra persona a la que no conozco es muy difícil para mí. Ya me cuesta muchísimo relacionarme y [esta trabajadora] lo sabía todo sobre mí, o hasta conoce a mi familia. Sin ella a mi lado, no sé lo que puede ser de mí”.

La educación, especialmente la concertada aunque seguida de cerca por la pública, fue el servicio que la ciudadanía catalana valoró mejor en el año 2025. En lado opuesto, la administración de justicia quedó en el último lugar, como el ámbito en el que la administración debe mejorar. Estas son algunas de las conclusiones de la encuesta sobre servicios públicos del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), de la Generalitat, que ha visto la luz este jueves.

Junto a la satisfacción con los servicios públicos en general, la encuesta también pregunta por los medios de transporte habituales. En este ámbito, los trenes de Rodalies de Renfe, obtienen la peor nota, con un 4,2 que los deja en el suspenso. Los siguen por la cola los Regionals de la misma compañía. En la parte alta de la tabla, los Ferrocarrils FGC son los mejor puntuados, seguidos del metro de Barcelona.

Aunque la encuesta se realizó mucho antes de la actual crisis de Rodalies, el estudio hace patente cómo la imagen de los trenes de cercanías de Renfe se ha hundido año tras año, obteniendo en 2025 el peor resultado de la serie. Pero también el AVE ha perdido prestigio, al caer casi medio punto en dos años. El metro, por su parte, ha mejorado puntuación, mientras que FGC y los autobuses, tanto urbanos como interurbanos, se mantuvieron en el margen habitual de valoración.

El sondeo no entra en cuestiones de competencia política y no arroja ni proyección electoral ni valoración de partidos o líderes. Sin embargo sí pregunta por la nota global del Govern de Salvador Illa, que obtiene en 2025 un 5,1 sobre 10 en valoración ciudadana. Se trata de tres décimas más que en el 2024 y de la primera vez que se supera el aprobado desde el inicio de este formato de encuesta, en el 2022.

El Ejecutivo, adedmás, obtiene una valoración positva de los simpatizantes de todos los partidos, con la excepción de CUP, Vox, y Aliança. Por otra parte, la ciudadanía da un aprobado al Govern en promoción de la cultura y la lengua catalana, la sanidad o la educación, mientras que suspende en lucha contra la pobreza y en seguridad de la ciudadanía.

Almansa acaba de aprobar lo que el Gobierno local dirigido por la socialista Pilar Callado ha definido como “el mayor presupuesto de la historia” de esta localidad albaceteña, que asciende a más de 33,1 millones de euros. Tras el pleno celebrado este pasado viernes, las cuentas para 2026 salieron adelante con los votos de los 10 concejales del PSOE y el edil de IU y los votos en contra de ocho del PP, tras ausentarse dos de los ediles 'populares' en la sesión plenaria.

Pilar Callado lleva gobernando desde 2023, tras el acuerdo entre PSOE e IU en un municipio donde el PP estuvo años al frente del ayuntamiento. Es la primera alcaldesa de Almansa y uno de sus objetivos fue lograr la estabilidad y la sostenibilidad financiera porque cuando llegó se encontró con que no había dinero ni para la feria de agosto.

En 2026 se destinarán 2,1 millones de euros al pago de la deuda pública pero sin olvidar invertir. El Gobierno actual ha logrado captar un buen pellizco de fondos europeos, tras presentar un sólido proyecto dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), financiada con fondos europeos FEDER para transformar municipios mediante proyectos sostenibles, inclusivos y digitales, y que no todos los ayuntamientos de la región han conseguido.

Eso permitirá invertir casi 4,7 millones de euros, un 277,48% más que el año anterior. Más y mejores servicios públicos, con la vista puesta en la vivienda o en los jóvenes y el potencial turístico son algunos de los puntos fuertes del presupuesto.

En una entrevista, el concejal de Hacienda, Patrimonio, Régimen interior y Turismo, Javier Boj Marqués explica que el equipo de gobierno lo afronta “con serenidad, pero también con mucha ilusión” y defiende que este presupuesto “no nace de la improvisación” sino de “años de trabajo, de ordenar la casa y de pensar Almansa a medio y largo plazo”.

Asegura que este es “un proyecto honesto, responsable y muy pegado a la realidad de la ciudad” y el gobierno local confía en que “ese esfuerzo sea entendido y respaldado, porque este presupuesto no es de un equipo de gobierno” sino que, dice, “un presupuesto para Almansa” que quiere ser “el broche a la legislatura que permita dar brillo a la ciudad”.

¿Cuáles son los principales retos de cara a 2026?

El gran reto es seguir avanzando sin dar ni un paso atrás. Mejorar servicios, proteger a quienes más lo necesitan, generar empleo y oportunidades… pero hacerlo con cabeza, sin hipotecar el futuro de la ciudad. Gobernar bien no es gastar más, es gastar mejor. Y ese equilibrio es el que nos marcamos para 2026.

33 millones de euros para un municipio de más de 24.000 habitantes. Aluden ustedes de la “dejadez de otros tiempos”, ¿a qué se refieren?

Nos referimos a épocas en las que Almansa vivía al día, con presupuestos prorrogados durante meses, sin planificación y dejando problemas para el siguiente.

Para que todo el mundo pueda hacerse una idea: el Partido Popular cerró su último año con un déficit de más de dos millones de euros. Hoy la situación es muy distinta: hay rigor, hay gestión, hoy hay rumbo, hay proyectos y hay una ciudad que se cree capaz de crecer. Este presupuesto es la prueba de que Almansa ha pasado página.

Hubo épocas en las que Almansa vivía al día, con presupuestos prorrogados durante meses, sin planificación y dejando problemas para el siguiente

Hablan ustedes de estabilidad financiera, de reforzar servicios públicos y políticas sociales y de empleo. ¿En qué se va a traducir todo esto en concreto?

Se traduce en calle, empleo y bienestar. En inversiones visibles, en servicios que funcionen, en oportunidades para quien busca trabajo y en apoyo real a quien más lo necesita. No hablamos de grandes titulares vacíos: hablamos de programas, partidas y proyectos con nombre y apellidos.

En materia de políticas activas de empleo, de acompañamiento empresarial, de formación o de proyectos de innovación hablamos de más de 3 millones de euros. Y a bienestar social destinamos casi 2,2 millones de euros.

Una visión social profundamente marcada principalmente por los servicios sociales y la atención a la dependencia a través del SAD como apoyo a las personas mayores. Y es que, si bien el crecimiento económico es una prioridad, el verdadero indicador del grado de desarrollo de una sociedad no es otro que la atención y protección social de las personas más vulnerables.

¿Y en cuanto a empleo o servicios públicos?

El presupuesto 2026 es la palanca perfecta para consolidar el crecimiento económico de una ciudad que se sitúa en las mejores cifras de empleo de los últimos 20 años a pesar de las dificultades de diversificación del mismo y en un contexto de competencia caníbal del mercado asiático y la incertidumbre de la política arancelaria americana.

En cuanto a servicios públicos el reto es mantener la amplia oferta y calidad de los mismos, pero sin que la inflación implique una mayor presión fiscal. Por eso este 2026 las ordenanzas fiscales se han congelado e incluso se ha introducido la gratuidad del aula de 2-3 años de las escuelas infantiles gracias a la subvención de la JCCM.

¿Qué políticas sociales quieren priorizar?

Queremos cuidar a las personas. A las mayores, a las familias, a la infancia, a quienes atraviesan momentos difíciles. Reforzamos servicios sociales, dependencia, igualdad, educación, deporte y cultura. Porque una ciudad no es solo hormigón y asfalto: es la gente que vive en ella. Por ello son prioridad las actuaciones para el disfrute del espacio público compartido, la conciliación y el encuentro entre vecinos y vecinas.

Reducir deuda es uno de sus objetivos. ¿A cuánto asciende y cómo se contrajo? ¿Qué quieren lograr en 2026?

La deuda que aún arrastramos viene de una etapa de mala gestión y presupuestos desequilibrados. Nosotros hemos elegido otro camino: afrontarla con responsabilidad. En 2026 destinamos más de 2,1 millones de euros a amortizar y pagar intereses. Nuestro objetivo es claro: reducir deuda, ganar libertad financiera y que cada euro vaya a mejorar la vida de la gente, no a tapar agujeros del pasado.

Para que la gente pueda hacerse una idea del trabajo realizado en esta tarea por librarnos del lastre anterior: el 31 de diciembre de 2023 Almansa tenía una deuda pendiente de reembolso a largo plazo de más de 11 millones y el presupuesto 2026 prevé el próximo cierre con poco más de 7 millones.

Podemos llamarlo 'milagro económico', podemos bromear con que dos legislaturas socialistas más y llegamos a 'deuda cero'. La realidad es que detrás solo hay una receta de tres ingredientes: preparación, honestidad y rigurosidad en el trabajo.

La inversión asciende a casi 4,7 millones de euros. ¿Cuáles son las prioridades?

La inversión prevista para 2026 se centra en actuaciones muy concretas que la ciudadanía va a notar en su día a día. Hablamos de mejorar calles, aceras y firmes con una nueva edición del Plan de Acerado y Asfaltado, de reasfaltar tres kilómetros de la circunvalación y de implantar el carril bici del Anillo Verde, conectando el polígono industrial con una de las principales arterias de la ciudad y apostando por una movilidad más segura y sostenible.

Al mismo tiempo, se avanza en la protección y puesta en valor del castillo, con actuaciones prioritarias para garantizar la seguridad de los taludes de la ladera oeste y convertir su ladera este en espacios verdes abiertos a la ciudadanía.

Pero este esfuerzo inversor no se queda solo en lo urbano o lo patrimonial. Incluye una clara apuesta social, con la ampliación del Centro de Día para personas con Alzheimer, que es un compromiso personal de la alcaldesa Pilar Callado, inversiones en vivienda pública para alquiler asequible y mejoras en los colegios públicos para combatir el calor extremo.

Hay una clara apuesta social, con la ampliación del Centro de Día para personas con Alzheimer, que es un compromiso personal de la alcaldesa Pilar Callado, inversiones en vivienda pública para alquiler asequible y mejoras en los colegios públicos para combatir el calor extremo

También se refuerzan los servicios públicos y los barrios, con nuevas infraestructuras culturales como el auditorio del Recinto Ferial, la ampliación del cementerio municipal, la mejora de parques infantiles y deportivos, y la modernización de instalaciones municipales.

Todo ello se completa con inversiones estratégicas de planificación, como la redacción del Plan de Ordenación Municipal y el Plan Integral del Sistema de Saneamiento, que permiten anticiparnos al futuro y garantizar un crecimiento ordenado y sostenible de Almansa.

La Estrategia EDIL o “el proyecto de ciudad de Almansa”

¿En qué centrarán la estrategia EDIL, con 10,7 millones de euros hasta 2029?

La estrategia EDIL es, literalmente, el proyecto de ciudad de Almansa. Regenerar barrios, modernizar infraestructuras, hacer la ciudad más verde, más digital y más cohesionada. El presupuesto de 2026 es el primer gran paso de un cambio profundo que ya está en marcha.

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino permitirá actuar en el castillo. ¿Cómo lo harán?

Con respeto y ambición. El castillo no es solo una postal: es nuestra historia y una oportunidad de futuro. Actuaremos para garantizar su seguridad, mejorar su entorno y abrirlo aún más a vecinos y visitantes, cuidándolo como se cuida algo que es de todos.

El único inconveniente es que tendremos que mantenerlo cerrado temporalmente, pero es totalmente necesario.

Y esta no es la única iniciativa turística…

Exacto. Apostamos por un turismo que genere empleo, que cuide el patrimonio y que diversifique la economía. Equipamientos, servicios turísticos y nuevos espacios de ocio. Queremos que Almansa se visite, pero sobre todo que se viva.

En 2024 y 2025 pusimos en marcha una vivienda turística y un albergue rural. Este 2026 lo hemos iniciado con la obra del nuevo parque multiaventura tibetano y con tirolina en el pantano, así como la presentación de un nuevo Festival de Música 'Sonido Almansa' para el primer fin de semana de junio.

¿Cómo está Almansa en materia de vivienda? ¿Cuál es su apuesta?

La vivienda es una de las grandes preocupaciones de hoy. Lo sabemos y no miramos hacia otro lado. Apostamos por vivienda en alquiler asequible y por ofrecer alternativas reales, especialmente a jóvenes y familias. Este año destinaremos un presupuesto de más de 300.000 euros para la rehabilitación de cuatro de las antiguas viviendas de los Peones Camineros con este fin.

La vivienda es una de las grandes preocupaciones de hoy. Lo sabemos y no miramos hacia otro lado. Este año destinaremos un presupuesto de más de 300.000 euros para la rehabilitación de cuatro de las antiguas viviendas de los Peones Camineros

¿Por qué es tan importante un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) y que contemplan en su hoja de ruta?

Porque sin planificación no hay futuro. El nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) es clave para atraer empresas, generar empleo y dar soluciones a la vivienda.

Es una herramienta imprescindible para que Almansa no se quede bloqueada y pueda seguir creciendo con orden, desatascar suelo industrial para atraer inversiones.

Otra de las apuestas en un nuevo auditorio en el recinto ferial. ¿Por qué?

Porque la cultura también genera economía, identidad y orgullo de ciudad. El auditorio permitirá atraer eventos, festivales y actividad durante todo el año. Es invertir en vida cultural, en dinamismo y en oportunidades.

Además, este auditorio fijo es una inversión que ahorrará en los próximos años los costes asociados a la instalación de carpas y escenarios portátiles para eventos como la Feria. Se trata de una actuación integral que completa la construcción de baños públicos en la misma zona el año pasado.

Habrá 100.000 euros para planes de primera experiencia profesional para jóvenes. ¿En qué consiste?

Consiste en dar una primera oportunidad, que muchas veces es lo más difícil. Programas para que jóvenes entren en el mercado laboral, ganen experiencia y puedan construir su futuro aquí, en Almansa. Porque no queremos que nuestros jóvenes se vayan por falta de oportunidades.

Un grupo de vecinos de la localidad pacense de Zafra ha constituido la ‘Plataforma en Defensa de nuestros Mayores, Personas con Discapacidad y Vulnerables’ para dotar de mayor fuerza y respaldo legal a las reivindicaciones que llevan realizando más de un año por la situación “insostenible” de la Residencia de Mayores José González Barrero, que es de titularidad de la Junta de Extremadura, aunque está gestionada por el ayuntamiento.

Tras numerosas protestas, los familiares de los residentes aseguran que la situación “sigue prácticamente igual o incluso peor”, por lo que han decidido dar un paso más creando formalmente esta plataforma para exigir “soluciones reales y dignas” para los usuarios del centro.

La iniciativa se ha presentado en una reunión abierta a la ciudadanía, dando a conocer el proyecto en el que se busca sumar el mayor número posible de personas, por lo que han hecho un llamamiento a la participación de todas las personas sensibilizadas con la situación de la residencia y con la defensa de los derechos de los mayores, a quienes consideran merecedores de “respeto, cuidado y dignidad”.

Entre las últimas denuncias de la plataforma está la falta de calefacción en la residencia durante más de 20 días el pasado mes de diciembre y la ausencia de dirección desde el 1 de enero, además de la falta de personal y la sobrecarga de las trabajadoras, lo que está provocando “graves deficiencias” en la atención, con riesgo de quedarse sin enfermería algunos días y rutinas impropias para los residentes.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha este lunes el servicio de Transporte a la Demanda en el Señorío de Molina, en la provincia de Guadalajara. Se trata de una iniciativa con la que se busca “mejorar de forma significativa” la movilidad en esta comarca y dar respuesta a una reivindicación histórica de sus vecinos y vecinas.

Así lo ha señalado la delegada de la Junta, Rosa María García, durante la presentación del servicio para informar de sus detalles a los y las cerca de 80 representantes municipales de los 125 municipios beneficiados.

“Hoy es un día importante para el Señorío de Molina, porque comienza a funcionar un servicio público que marca un antes y un después en la movilidad rural”, ha afirmado la delegada, subrayando que se trata de “una herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho a la movilidad con independencia del lugar de residencia”.

Durante su intervención, y según informa el Gobierno regional, la delegada ha agradecido la presencia del presidente de la Diputación provincial, José Luis Vega, y ha destacado “el papel fundamental de la Institución provincial en la puesta en marcha de este servicio, ya que sin su colaboración y financiación este proyecto no sería posible y trabajamos juntos para mejorar la calidad de vida en todos nuestros pueblos”.

Por su parte, el presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha subrayado que la puesta en marcha de este servicio supone “un gran paso” para la comarca de Molina de Aragón, ya que “va a cambiar el día a día de muchas personas, al permitir que cualquier vecino, viva donde viva, pueda desplazarse para acudir a consultas médicas, centros educativos, realizar gestiones administrativas o disfrutar del ocio, mejorando así la calidad de vida, especialmente de las personas mayores y jóvenes”.

El precedente de la Sierra Norte de Guadalajara

El Transporte a la Demanda en el Señorío de Molina cuenta con una inversión superior a 529.000 euros, financiados por el Gobierno regional, con la aportación de un millón de euros por parte de la Diputación que ha consignado esta cantidad en sus presupuestos 2026 para la puesta en marcha e implementación de este servicio en toda la provincia.

“Vamos a poner todos los medios económicos que estén a nuestro alcance para que este transporte llegue a todos y cada uno de los rincones de la provincia de Guadalajara. Creemos firmemente que garantizar la movilidad es garantizar igualdad de oportunidades y calidad de vida para nuestros pueblos”, ha afirmado el presidente de la Diputación.

Asimismo, José Luis Vega ha recordado que este proyecto comenzó en la Sierra Norte, hoy llega a Molina de Aragón y, en poco tiempo, estará también en la comarca de la Alcarria.

“No son proyectos fáciles; son complejos, novedosos y requieren tiempo de ejecución, pero los vecinos de la comarca, especialmente quienes tienen mayores dificultades para desplazarse, van a poder disfrutar de este servicio”, ha indicado.

En este sentido, la delegada de la Junta ha incidido en que fue Guadalajara la primera provincia de España que en 2023 implantó un sistema de transporte interurbano a la demanda en zonas rurales, comenzando por la Sierra Norte, donde desde su puesta en funcionamiento se han expedido casi 30.000 billetes para cubrir 80 municipios y con una demanda creciente.

“Los datos nos han demostrado que fue una decisión acertada; hoy es un modelo que funciona y por ello el Gobierno regional continúa ampliando y extendiendo este sistema a otras zonas rurales de Castilla-La Mancha”, ha señalado.

Cómo funciona y cuánto cuesta

El servicio funciona mediante un sistema flexible y sin horarios ni itinerarios rígidos. Las personas usuarias solo deben reservar con antelación indicando origen, destino y franja horaria, disponiendo al día siguiente de un transporte que cubre trayectos no atendidos por las líneas regulares.

“Este transporte no sustituye a las líneas existentes, sino que las complementa, llegando donde antes no se llegaba por transporte público”, ha aclarado la delegada.

El billete tendrá un precio mínimo de 1,50 euros y contará con bonificaciones del 50% para menores de 30 años, mayores de 65, personas con discapacidad y familias numerosas.

Pensando especialmente en las personas mayores, el sistema podrá utilizarse tanto a través de una aplicación móvil, que entrará en funcionamiento en breve, como por teléfono, llamando al 949 44 10 04, donde se prestará atención personalizada.

Como ha explicado la delegada, el servicio se prestará en un amplio horario de lunes a viernes, con una flota moderna y adaptada de siete vehículos más uno de reserva, con siete conductores y capacidad para recorrer más de 257.000 kilómetros al año, atendiendo a 125 municipios desde las bases de Molina de Aragón, Alcolea del Pinar y Villanueva de Alcorón.

La delegada se ha dirigido a alcaldes y alcaldesas de los municipios beneficiados, recordando que se trata de “un servicio que el Gobierno de Castilla-La Mancha pone a disposición de los ayuntamientos sin ningún coste para los consistorios, sin trámites complejos y con una única finalidad: apoyar a los municipios y mejorar la calidad de vida de quienes viven en ellos”.

Para concluir, Rosa María García, ha animado a la ciudadanía del Señorío de Molina a utilizar el servicio porque “los servicios públicos que se usan son los que se consolidan y se mantienen en el tiempo”.

En el salón del hotel Don Manuel de Cáceres, el pasado sábado se debatió sobre teoría política y de pactos de despacho pero sobre todo, se habló de la vida de las mujeres. Bajo el título 'La agenda feminista en Extremadura, nuestras demandas', el partido 'Feministas al Congreso' (PFAC), liderado por Pilar Aguilar, logró reunir a un tejido amplio y diverso de la lucha social: desde las profesoras feministas de Dofemco y las expertas en violencia de género de Malvaluna, hasta la Federación de Mujeres Rurales de Fademur o la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Sin embargo, entre tantas siglas y análisis exhaustivos de la realidad, dos nombres propios consiguieron silenciar la sala y bajar la política aún más al suelo: María Ascensión y Juana.

Ellas no solo representaban a la Federación de Asociaciones de seis localidades del Valle del Ambroz; eran la propia imagen de la columna vertebral de la Extremadura rural. Hablaron del Ambroz, pero representaban a las mujeres pensionistas del Jerte, de la Sierra de Gata, de la Vera o de las Villuercas. Con la autoridad que dan los 79 años de María Asunción y los 83 de Juana, su intervención consiguió hacer una radiografía cruda de lo que significa envejecer en un pueblo extremeño cuando eres mujer. Su mensaje fue directo a los partidos que hoy negocian el futuro de la región: “la Extremadura vaciada no es solo un problema de demografía, es una demanda obligatoria y necesaria de justicia de género”.

María Ascensión puso el foco en la herida abierta de las pensiones. “Hemos tenido vidas sociales y económicamente más desfavorables que los hombres”, denunció, recordando que décadas de trabajo en la “economía informal” y cuidados invisibles han derivado en una vejez de precariedad. Para ella, la brecha de género no es una estadística, es la diferencia entre una pensión digna y una “no contributiva” que apenas alcanza para lo básico. Su reclamo era un ruego, pero también una exigencia legítima de reparación tras toda una vida sosteniendo la base misma de la sociedad sin recibir reconocimiento ni retorno económico.

Por su parte, Juana denunció con datos quirúrgicos la “gran injusticia” que divide a las pensionistas extremeñas en dos categorías. A través de una comparativa demoledora, Juana expuso cómo los centros gestionados directamente por el SEPAD disfrutan de cuotas gratuitas y servicios subvencionados, mientras que en los 'Hogares de Mayores' de los pueblos, son las propias mujeres las que deben gestionar la burocracia, pagar cuotas de hasta 25 euros y costearse de su bolsillo servicios básicos como el podólogo o la gimnasia. “En los pueblos, el bar de estos hogares es ruinoso y los juegos los tenemos que comprar nosotras”, lamentó, evidenciando que el código postal sigue determinando la calidad de vida en la vejez.

No habrá Extremadura sin nosotras

Lo que María Ascensión y Juana pusieron sobre la mesa en Cáceres era además de una lista de agravios, un manifiesto de supervivencia y dignidad. Estas mujeres, que han sido el soporte invisible de la crianza de generaciones y del mantenimiento de la identidad de nuestros pueblos, se niegan a ser meras espectadoras en los despachos donde hoy se negocia el futuro de la región. Su exigencia es clara: la agenda política extremeña no puede construirse de espaldas a las manos que han sostenido la tierra. Reivindican un “envejecimiento activo” que no sea un eslogan vacío, sino un derecho garantizado por servicios públicos equitativos, sin importar si se vive en una capital o en el rincón más alejado del Valle del Ambroz. “Es hora de que las instituciones nos devuelvan, en forma de derechos y dignidad, todo lo que las mujeres hemos entregado durante décadas a la sostenibilidad de nuestra sociedad y dudamos mucho de que lo que están hablando hoy Guardiola y Vox para formar gobierno tenga nada que ver con los asuntos que nos preocupan a nosotras, que somos realmente una gran mayoría”.

Más allá de la reivindicación de pensiones dignas que reflejen el trabajo realizado durante toda una vida, las mujeres mayores reclamaron el reconocimiento de ese otro trabajo invisible y silenciado —los cuidados, el sostenimiento de las familias y de los pueblos— sobre el que se ha construido la propia vida social y económica. Exigieron una red de transportes públicos que les permita desplazarse con autonomía, sin depender de si sus hijas o hijos pueden llevarlas o acompañarlas, así como servicios básicos como la peluquería o la podología con precios proporcionales a unas pensiones que en muchos casos apenas alcanzan para cubrir lo esencial. Y reclamaron, también, ser tenidas en cuenta en las políticas de ocio y socialización: porque siguen teniendo ganas de encontrarse, de compartir y de disfrutar, y porque es precisamente ahora, cuando ya han dejado de sostener a sus propias familias, cuando por fin disponen de tiempo para vivir, para vivir su propia vida.

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han salido, este miércoles, “muy decepcionados” de una reunión con el Ministerio de Función Pública. Desde el departamento que dirige Óscar López han planteado a las organizaciones sindicales que “lo idóneo para ellos es esperar a los Presupuestos Generales del Estado de 2026 e implantar así la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado con rango de ley”, según han explicado estas en un comunicado.

En la práctica, esta posibilidad retrasaría la reducción de jornada, comprometida por el Ejecutivo en la reunión de mediados de diciembre para el próximo mes de marzo. Y lo haría, además, sine die, porque la aritmética parlamentaria y la negativa de Junts a apoyar cualquier iniciativa del PSOE hacen inviables, por el momento, unas nuevas cuentas. Pero, en el mejor escenario para el Gobierno, la aprobación de unos hipotéticos presupuestos para el año en curso se atrasaría, como mínimo, hasta junio.

Pese a la “decepción” de los sindicatos, tras unas semanas de buena sintonía con Función Pública, con la aprobación del nuevo acuerdo marco y una subida salarial del 11% acumulada hasta 2028, estos esperan más “certezas y avances” en el encuentro que mantendrán el próximo miércoles. De lo contrario, nos reservamos la posibilidad de emprender las acciones que consideremos oportunas para llevar a buen término estas materias del todo imprescindibles“, advierten.

La implantación de la semana de 35 horas en la Administración General del Estado era ya un compromiso del anterior acuerdo marco, que quedó pendiente y que ha sobrepasado, incluso, la firma del nuevo acuerdo plurianual. Como lo es también la jubilación parcial del personal funcionario y estatuario y la clasificación profesional. “Son compromisos incumplidos del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, cuya vigencia expiró en diciembre de 2024, y que resulta igualmente perentorio cerrar”, aclaran.

Otra de las tareas pendientes del Gobierno es recuperar la jubilación parcial del personal laboral, “un asunto prioritario” para las organizaciones, que la consideran “vital para poder continuar con la buena línea de negociación que se ha abierto con el nuevo equipo de Función Pública”. La entrada en vigor de la reforma de las pensiones, en abril de 2025, dejó en el limbo al personal laboral de las administraciones públicas, que podía acogerse a esta modalidad pero que con la nueva normativa debe esperar a que se convoquen y resuelvan procesos de oposición para los relevistas, con el decalaje temporal que implica.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se presenta a sí misma como el contraste del presidente del Gobierno, a veces también de su propio líder, Alberto Núñez Feijóo, y ocupa titulares y cortes de voz todos los días en los medios nacionales, algo que no le sucede a ningún otro presidente autonómico. Tiene hitos de hemeroteca como el famoso “me gusta la fruta” o “Ayuso pim pam pum”. Pero el buen momento de notoriedad que vive Ayuso no es proporcional al bienestar que generan sus políticas, a tenor de los datos sobre inversión en servicios públicos. Madrid es muy popular, es la tierra “de la libertad”, “anticomunista”, según su lideresa, pero también es donde más caro sale estudiar en la universidad, donde es más cara la vivienda —sin políticas propias que lo compensen—, donde hay más seguros médicos privados ante los retrasos de lo público, donde más difícil es abortar en la pública, donde no se ha reforzado el servicio de metro en sus seis años de mandato o donde menos rentas de inserción se ponen a disposición de los más necesitados.

La sensación de que vivir en Madrid es cada vez más difícil está más que extendida entre sus vecinos. De hecho, aunque el saldo poblacional es positivo por la llegada de extranjeros y jóvenes en edad de estudiar o de su primer trabajo, cada año se van más españoles hacia otras provincias, según los últimos datos del INE. Eso, pese a que es la comunidad autónoma del régimen general con un salario medio más alto (2.762, solo por detrás del País Vasco). También encabeza el ranking de lugares de España donde se encuentran los sueldos más altos del país, por ser centro empresarial y financiero de España. Eso atrae mucho, pero, ¿se puede vivir cómodamente en Madrid?

La respuesta, a tenor de los últimos estudios, es que no tanto. Madrid es la región más rica de España, pero es la que menos gasta por habitante en servicios públicos, como ha calculado en un reciente informe el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Eso supone esperar más en el médico, que los hijos no tengan buena atención temprana, menos profesores disponibles o vagones a tope. Mientras, Ayuso ha puesto al mínimo todos los impuestos en los que tiene competencia, también los destinados a ricos y millonarios como el de sucesiones o patrimonio.

La receta de sus políticas se completa con el apoyo a la gestión privada de los servicios públicos, como en la sanidad, o la apuesta extraordinaria por las universidades y la FP privadas. Según un reciente informe sobre Rentas Mínimas de Inserción, está a la cola en este recurso: no alcanza ni al 1% de las personas bajo el umbral de la pobreza y ha recortado un 95% su inversión para este capítulo (130 millones menos destinados desde 2020).

La lista de espera para que te vea un especialista en Madrid por primera vez ha escalado y se acerca a 800.000 personas viendo pasar los meses hasta poder acudir, por primera vez, a su otorrino, traumatólogo, endocrino u oftalmólogo. Es la que tiene peores cifras en especialidad —pese a que intenta contabilizar listas de espera de manera que salga propicio a la administración—.

En el gasto por habitante tampoco sale bien parada, con un 4,1% del PIB, muy por debajo del resto de autonomías, siendo Murcia, Extremadura y Canarias las que más dinero de presupuesto público destinan a la sanidad por ciudadano. Desde que Ayuso es presidenta, cuando ganó en 2019, casi se ha duplicado la lista de espera de pruebas diagnósticas y se ha superado la barrera psicológica del millón de pacientes aguardando una.

Además, es la autonomía con más privatización sanitaria, según la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Ayuso destina el 11% a las empresas de sanidad privada, sin contar servicios no médicos, con el Grupo Quirón a la cabeza. El gasto en contratos de gestión indirecta ha alcanzado un aumento de récord no visto en otras comunidades autónomas: de los 845 millones que encontró Ayuso al llegar a la Puerta del Sol, a los 1.377 destinados que alcanzó en 2022, según datos oficiales recogidos por la patronal de la sanidad privada Aspe.

La desinversión en la pública de gestión directa, que está en competencia con multinacionales sanitarias por la introducción de la libre elección, arrastra a sus ciudadanos a hacerse seguros privados. Madrid lidera el ranking como la comunidad autónoma con mayor penetración del seguro privado, con un 37,5% de sus ciudadanos con esta cobertura, según datos del Observatorio del Sector Sanitario Privado.

Encontrar vivienda en Madrid y poder pagarla tampoco es fácil, especialmente en la capital y sus zonas limítrofes y bien conectadas. El grupo de tasación Tinsa coloca a la capital como la ciudad más cara de España, con 4.668 euros el metro cuadrado. Le siguen Donosti, Barcelona y Palma de Mallorca.

El alcalde de la capital, también del PP, ha rechazado declarar Madrid zona tensionada, como prevé la ley para que los caseros limiten las subidas. Los alquileres en Madrid, y casi todas las capitales españolas, se han disparado desde 2015, pero también el alquiler de temporada está calentando el mercado: ya se piden 10.000 euros por vivir tres meses en Chamberí, por ejemplo.

La solución podría pasar por construir más y limitar la burocracia para las promotoras (una ley parada tras votar “no” el PP en el Congreso) y, por supuesto, por las VPO (Viviendas de Protección Oficial). Gran parte de la VPO que había en Madrid se malvendió a fondos buitre tras la burbuja inmobiliaria, con el gobierno del PP de Ana Botella. También durante el gobierno de Cristina Cifuentes más de 5.000 pisos sociales acabaron en manos privadas a precio de saldo.

Con los datos del Ministerio más recientes, de 2024, se observa que Madrid es la autonomía que más VPO termina en números absolutos, pero es también una de las más pobladas de España y, por tanto, con mayor demanda y necesidad. Aunque se ha mejorado en este indicador, las políticas de VPO de Ayuso están aún muy lejos de recuperar el nivel mínimo, como pasa en el resto de comunidades. Es considerable también el desplome de viviendas terminadas en el caso de Andalucía.

En Educación, el retrato no sale mucho mejor. Madrid es la última, con diferencia, en gasto por alumno, seguida por la Generalitat Valenciana.

Sin embargo, es la segunda en conciertos y subvenciones con la privada, donde destina el 18% de su presupuesto. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso aprobó en 2022 su Ley Maestra, con la que pretende dejar sin efecto buena parte de las medidas que se incluyeron en la llamada Ley Celaá precisamente para contrarrestar las políticas educativas madrileñas de las últimas dos décadas.

La presidenta Ayuso ha continuado con el legado neoliberal en educación de sus predecesores: si Madrid fuera un país, sería el segundo de toda Europa que más segrega a su alumnado, solo por detrás de Turquía. Los ricos con los ricos, los pobres con los pobres. Otra práctica ha sido ceder suelo público, a veces a 99 años vista, para la construcción de colegios que tenían el concierto antes de nacer, pese a que estas prácticas estaban expresamente prohibidas por ley. Los gobiernos de Madrid cedieron bajo esta fórmula al menos 45 parcelas para estos fines. En el ratio de alumno/profesor, Madrid es también la que sale peor parada de España.

En la Universidad pública, Isabel Díaz Ayuso ostenta el dudoso honor de ser la presidenta con la que la asfixia de los campus se ha agravado. De hecho, en noviembre salieron a la calle alumnos y profesores para protestar. Mientras cierra el grifo a instituciones que considera “colonizadas por las izquierdas”, quedan impagos, imposibilidad de mejorar el campus o hacer frente a nuevos ciclos, investigación o facturas. A esto hay que sumar que el precio del crédito no ha parado de crecer y es uno de los más altos de España.

La desafección de la presidenta con la universidad pública tiene su materialización en la Universidad Complutense, que va a tener que pedir un préstamo (con sus consiguientes intereses) para poder pagar sus compromisos. Ha perdido 140 millones en dos años. Madrid tiene ya más universidades privadas que públicas (13 frente a 6) y sigue sumando iniciativas de élite para alumnado de élite. Esta apuesta sale cara a los padres y universitarios de clase trabajadora, porque estudiar en la privada puede costar el triple que hacerlo en la pública.

En cuanto a movilidad, Madrid tiene el aeropuerto más grande del país y el sistema de Cercanías y Metro más desarrollado. Este último es considerado una de las joyas de la corona de la capital. El precio de la vivienda tiene también un impacto en la movilidad, ya que cada vez la gente aleja más su vivienda de su trabajo, y eso supone más viajeros y presión en un suburbano que ve crecer su población, también por la llegada de extranjeros, aunque no crece tanto la frecuencia con la que pasan los vagones.

Desde 2019 que llegó Ayuso a 2023 (últimos datos disponibles), el número de viajeros ha decrecido, pero también lo han hecho el número de vagones. Tampoco ha habido mejoras en las frecuencias de paso, que se mantienen en estos cuatro años en 4,1 minutos, exactamente igual. En 2024 se prevé una foto que evidencie un récord de viajes, según ha avanzado la propia empresa de Metro.

Las residencias de mayores son otro tema espinoso de la administración Ayuso. Cuando llegó la pandemia en 2020, a estos centros públicos y concertados les pilló con poco personal y mala formación, como denunciaban asociaciones de familiares y sindicatos desde hacía años. Eso, sumado a las políticas de no derivación a hospitales de mayores y el caos en la gestión de las primeras semanas convirtió a Madrid en una de las regiones con mayor mortalidad por la Covid-19. Los ancianos que quisieron y pudieron salir de la residencia en esas fechas tuvieron que seguir pagando la plaza pese a no ocuparla si querían conservarla. La mayoría optó por eso, ya que conseguir una plaza de residencia en Madrid es difícil.

De hecho, la foto que emana de un informe específico de residencias en España hecho por el CSIC evidencia que la ratio de plazas disponibles para mayores de 65 años está a la cola en la región más rica del país. Lideran el ranking de disponibilidad Asturias, Castilla y León, Euskadi o Galicia.

El aborto es otra de las líneas ideológicas con las que Ayuso capta atención y titulares. Su negativa a aportar datos y a elaborar el registro preceptivo de médicos objetores en la sanidad pública tienen un reflejo también en los datos. En Madrid (y Andalucía) prácticamente ninguna mujer aborta en la pública, y la enorme mayoría son derivadas a otros centros.

Solo el 0,47% de las interrupciones voluntarias del embarazo se hacen dentro del sistema público, frente al 88,5% de Cantabria, el 55% de Cataluña o el 74,8% de Navarra. Pese a los derechos consolidados en la legislación nacional, la presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a decir a la oposición en una sesión de control en la Asamblea que se fueran “a otro país a abortar”.

Las bajas temperaturas y la lluvia que ha dejado a su paso la borrasca Francis han embarrado la zona del entorno natural del embalse del Cenajo, en el término municipal de Férez (Albacete), en el que se celebra desde hace cinco días una rave que ha congregado a miles de personas. Según fuentes municipales, la mitad ya ha abandonado la macrofiesta debido al frío y la lluvia y a las dificultades de movilidad por la acumulación de barro.

Después de cinco días de baile, fiesta, puestos de venta, carpas con espectáculos y artesanía, y “autoorganización”, el macroevento, que no cuenta con autorización legal, comienza a disolverse, pero deja algunos interrogantes sobre cómo abordar este tipo de fiestas, cada vez más habituales en España y que se congregan de manera espontánea.

La rave del Cenajo ha provocado el despliegue de 300 efectivos policiales por parte de la Subdelegación del Gobierno en Albacete. Su función: controlar e incluso cortar los accesos a la zona de la rave para evitar aglomeraciones, pero ¿es eso suficiente? ¿Supone un riesgo para la seguridad del evento, puesto que muchos asistentes han accedido por caminos alternativos o barrancos, poniéndose en peligro?

Son los interrogantes que ha planteado en un informe técnico María del Carmen López Requena, trabajadora social en la zona y representante de APAP Tierra (Protectora de Animales y Plantas de las Sierras del Segura y Alcaraz) y de la Asociación 'Tejiendo Redes de Trabajo Social'. Es además experta en emergencias de todo tipo y trabajó con familias afectadas por la dana de octubre de 2024 en Letur.

Sea legal o ilegal, la rave está ahí y hay que poner medidas de otro tipo, como servicios sociosanitarios y ambulancias

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, López Requena explica que este documento está basado en el Trabajo Social Planetario, es decir, su aplicación a problemas globales y a gran escala, conectando lo local con lo universal. Es la base con la que ha elaborado también una solicitud formal al Ayuntamiento de Férez, al Ejecutivo de Castilla-La Mancha y al Gobierno central para que tomen medidas “eficaces” ante estos eventos.

En su informe, esta trabajadora social detalla que los 300 efectivos desplegados solo han conseguido impedir a la gente circular por el territorio. “Esto no sirve para nada y pone en peligro a la gente. Sea legal o ilegal, la rave está ahí y hay que poner medidas de otro tipo, como servicios sociosanitarios y ambulancias, y no tomar una zona como si fuera una guerra. Esto ya está inventado, las raves llevan ya muchos años en España y es increíble que siga el acoso y la falta de previsión”.

“Al cortar las vías de accesos, la gente se ha ido por caminos alternativos muy peligrosos, y hay coches que han quedado atascados en cuestas embarradas, por lo que se pone en riesgo sus vidas. Es mejor que simplemente pidieran la documentación pertinente y dejaran a la gente entrar y salir con normalidad, pero que no corten porque provocan más peligro”, argumenta.

Según indica, a los asistentes a la rave no les disgusta que haya dispositivos policiales, porque eso supone mayor seguridad, pero “se trata de prevenir, no de restringir”. “Harían mejor función desplegando protección civil, orientando a la gente. Esto es inevitable, y ya que se celebra, hay que hacerlo lo mejor posible. Luego ya se verán responsabilidades.

APAP Tierra y Tejiendo Redes son las dos entidades que desde el primer día llevaron a cabo un protocolo de “autoorganización” del macroevento, que ha incluido a médicos voluntarios propios, un Punto Violeta y un sistema de emergencias leves.

Asimismo, se ha activado información preventiva en español, inglés y francés, la coordinación vecinal para asistir a vehículos atascados y traslados solidarios ante emergencias de salud. Se trata de una “respuesta cívica nacida del propio territorio”.

La falta de un corredor sanitario o de mediación social

Pero, al margen del protocolo, exigen servicios sanitarios en el lugar del evento, un “corredor sanitario visible” al Hospital de Hellín, equipos de mediación social y comunitaria, información pública clara y veraz -“no hay riesgo de inundación, no están en zona protegida”, insisten-, respeto a la libre circulación de la población local y transparencia sobre el coste del operativo.

En vez de todo esto, en su informe denuncian “un cerco policial extremo”. “No logramos entender tal magnitud y control coercitivo, que provoca más riesgos, pero no tenemos ni una sola ambulancia ni han desplegado dispositivos de voluntariado de protección civil ni Cruz Roja para prevención. Esta falta de prevención no es responsabilidad de nuestro territorio, sino de la administración”.

Otra de las polémicas derivadas de la rave tiene su origen en la zona de su celebración, la ladera del embalse del Cenajo. No hay unanimidad sobre si el área concreta está en el área de protección de una ZEPA. La Subdelegación del Gobierno y la Junta de Castilla-La Mancha han indicado a las autoridades que sí lo es, pero la Confederación Hidrográfica del Segura ha afirmado que no.

“Si las administraciones ni siquiera se ponen de acuerdo, es imposible desplegar los servicios adecuados para evitar males mayores y que se celebre con normalidad y sin peligro para nadie”, añade la trabajadora social.

La Guardia Civil ha informado de que durante los dos últimos días la rave ha transcurrido “con total normalidad y sin ninguna incidencia” y que se ha mantenido el “cerco perimetral”, además del control y seguridad de las vías de comunicación próximas.

Los efectivos confirman, junto con la organización, un descenso de asistentes debido en gran parte a las comunicaciones que se fueron dando de alerta meteorológica de lluvia y nieve. Asimismo, insisten en que el lugar donde se ubica la rave es “zona inundable y con un terreno inestable”, algo que niegan en el informe técnico.

De cualquier forma, la Guardia Civil reconoce que la lluvia en la zona “complica la salida de vehículos y personas” y adelanta que la previsión del final de la “fiesta ilegal” puede alargarse hasta el día 6 o 7 de enero.