Kalita Fernández ha obtenido un poco más de tiempo. La Justicia europea ha ordenado la suspensión del desahucio, instado por un fondo buitre, de esta mujer de Badalona, con seis hijos menores de edad a su cargo (uno de ellos, con apneas que le obligan a dormir conectado a una máquina), previsto para este viernes.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha examinado la medida cautelar solicitada por el abogado de Fernández, Ton Mansilla, y ha ordenado al Estado español que la mujer y su familia no puedan ser desahuciadas, al menos, durante una semana, hasta el próximo 1 de julio.

Las medidas cautelares en el TEDH son inhabituales, y el tribunal solo las contempla cuando existe un serio peligro para la vida o la salud de los demandantes.

En su demanda, el abogado de Fernández reclamó la suspensión del desahucio como medida “estrictamente temporal y limitada” hasta que las autoridades locales proporcionen a la familia “una alternativa habitacional real, inmediata, estable y adecuada, compatible con las necesidades de seis menores y, en particular, con la situación médica de la hija menor”.

El plazo de suspensión del desahucio todavía podría ampliarse. En estos siete días, el TEDH espera la respuesta de España sobre si la jueza de Badalona que ordenó su desalojo tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad de la familia y si las autoridades locales han ofrecido una alternativa de vivienda.

A falta de conocer la contestación formal del Estado, la respuesta a ambas preguntas es negativa, tal y como ya explicó elDiario.es. La jueza de Badalona acordó su desahucio pese a contar con un informe de los servicios sociales que advertía del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.

“La ejecución del desalojo sin alternativa habitacional inmediata, estable y con condiciones adecuadas crea un riesgo concreto para la vida de la menor”, recuerda el abogado Mansilla en su escrito ante el TEDH.

El inmueble que ocupa Fernández desde hace casi una década pertenece al fondo de inversión Divarian, filial inmobiliaria del grupo Cerberus, que vendió parte de su cartera de viviendas a la Generalitat en 2025 para destinarlas a alquiler social.

En Badalona se incorporaron 34 pisos a este programa, aunque el de Fernández no forma parte de ellos. La mujer asegura que ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo de alquiler con la propiedad, sin éxito.

Tal y como explicó la mujer a este diario, Fernández estuvo inscrita durante cinco años en la Mesa de Emergencia de Badalona, pero fue dada de baja tras su divorciarse de su marido hace un año. Entonces tuvo que reiniciar el procedimiento administrativo. “No se puede vivir así. Debería haber más pisos para casos así de graves”, reclamó.

Divarian no manifestó “interés alguno” en el inmueble entre 2014 y 2023, cuando denunció a Fernández por la ocupación, según sentenció la jueza que absolvió a la mujer en la causa penal abierta por la propiedad. Los técnicos sociales municipales reconocen el “arraigo” en el barrio de Fernández y sus hijos.

Fernández ocupó la vivienda, donde está empadronada, en 2014 ante la falta de alternativas. “Tuve que entrar a vivir aquí porque no tenía dónde ir”, explicó la mujer. Durante los once años que ha permanecido en el inmueble, alegó haber realizado numerosas mejoras: instalación de ventanas, reparación de estancias y adecuación de la cocina en un piso que inicialmente no contaba con agua corriente, electricidad ni cerramientos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha avalado una decisión de la justicia española de abril de 2019 en Asturias para la hospitalización de oficio de una mujer que quería dar a luz en su domicilio, pero cuyo parto presentaba riesgos para el bebé, y que finalmente al nacer se le tuvo que practicar una cesárea.

En una decisión publicada este jueves, los jueces europeos rechazan la demanda de esta mujer de nacionalidad francesa, identificada únicamente por sus iniciales C.P. y residente en la localidad de Posada de Llanera, que se quejaba por considerar que se había violado su derecho a la privacidad al obligarla a que el parto se hiciera en el hospital.

Una cesárea de urgencia

Sobre la base del dictamen de un juez de guardia a petición del Hospital Universitario Central de Asturias tras un examen médico que puso en evidencia que había un riesgo para ella y para el feto, un equipo formado por una ambulancia y agentes de policía acudieron al domicilio de C.P., que acabó admitiendo que no tenía otra opción más que ser internada. Su hija nació el 26 de abril mediante una cesárea de urgencia.

La mujer llevó rápidamente el caso ante la justicia en España, primero ante el tribunal de primera instancia y al no obtener satisfacción llegó al Tribunal Constitucional, que en junio de 2022 rechazó su recurso de amparo y confirmó la pertinencia de la decisión del juez de guardia en nombre de la protección de la vida y de la salud tanto de ella como de la hija que estaba por nacer.

La injerencia en la privacidad

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) coincide con el análisis del Constitucional de que los motivos utilizados para esa hospitalización de oficio eran “pertinentes y suficientes” para justificar la injerencia en la privacidad de C.P., que hubiera querido dar a luz en su casa con la ayuda de una matrona, algo que autoriza la normativa española.

El TEDH insiste en que el dictamen del juez de guardia tenía como objetivo “preservar la vida y la salud del hijo por nacer” y en ese contexto era “apropiado” haberla instado a que fuera al hospital “para garantizar un parto sin peligro” porque además “no había ninguna medida menos restrictiva”.

Un margen de apreciación

“El hecho de que el bebé finalmente naciera por cesárea -añade- indica que la apreciación de que existía un riesgo elevado para la madre y el niño tenía fundamento. La injerencia (en la privacidad) estaba justificada en una sociedad democrática”.

El Tribunal de Estrasburgo señala que las autoridades de cada país tienen un margen de apreciación en las cuestiones de política sanitaria, y en este caso ese margen era “amplio” a la hora de hacer una evaluación equilibrada entre el derecho de la madre a dar a luz en su casa y los riesgos para la hija que estaba por nacer y para ella misma que los exámenes médicos habían puesto en evidencia.

El derecho a la libertad

Los jueces europeos también rechazan uno de los argumentos de la mujer que consideraba que se había violado su derecho a la libertad porque estima que no hay suficientes elementos que indiquen que las autoridades ejercieran sobre ella algún tipo de coerción, ni que tuvieran intención de arrestarla.

De hecho, recuerdan que no estuvo en ningún momento aislada, no se le impidió contactar con otras personas y su pareja estuvo en todo momento junto a ella. 

Hay decisiones judiciales que afectan únicamente a las partes implicadas en un procedimiento concreto. Y hay otras que obligan a preguntarse qué valor real tienen los derechos humanos cuando quienes deben garantizarlos son precisamente los mismos poderes públicos acusados de vulnerarlos. La reciente admisión a trámite por parte del Pleno del Tribunal Constitucional del recurso de amparo impulsado por la APDHA en relación con la eficacia de los dictámenes de Naciones Unidas pertenece claramente a esta segunda categoría.

Lo que está en discusión no es solo un debate técnico sobre competencias judiciales o jerarquía normativa. Lo que verdaderamente está en juego es algo mucho más profundo: si el Estado español puede asumir compromisos internacionales en materia de derechos humanos y, al mismo tiempo, actuar como si las decisiones de los organismos encargados de vigilar su cumplimiento fueran poco más que recomendaciones morales sin consecuencias prácticas.

El caso tiene su origen en el dictamen emitido en 2019 por el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas en el asunto E.L.G. c. España. El Comité concluyó que se habían producido vulneraciones graves de derechos fundamentales relacionadas con malos tratos y reclamó al Estado español una reparación plena y efectiva para la víctima, incluyendo indemnización y garantías de no repetición. Sin embargo, lejos de abrir un proceso serio de reparación, las instituciones españolas optaron por una estrategia demasiado habitual cuando se trata de denuncias de violencia institucional: negar los hechos, minimizar el alcance de las resoluciones internacionales y convertir las garantías de derechos humanos en un problema puramente burocrático.

Porque la cuestión de fondo no afecta únicamente a este caso concreto. El problema es más profundo y viene produciéndose desde hace años: la resistencia sistemática del Estado español a aceptar consecuencias jurídicas efectivas cuando los organismos internacionales de derechos humanos declaran vulneraciones cometidas por las propias instituciones estatales. No se trata de una discusión nueva ni aislada. De hecho, buena parte del debate jurídico de los últimos años ha girado precisamente en torno a los intentos de vaciar de eficacia práctica las decisiones de los comités de Naciones Unidas mediante una combinación de obstáculos procesales, ausencia de mecanismos de ejecución y una interpretación extremadamente restrictiva de sus efectos internos.

El resultado es una paradoja difícilmente sostenible en términos democráticos. España ratifica tratados internacionales de derechos humanos, acepta voluntariamente la competencia de los órganos encargados de supervisarlos y comparece ante ellos, pero después sostiene ante sus propios tribunales que sus decisiones no generan obligaciones realmente exigibles. Esta lógica resulta especialmente preocupante en ámbitos donde históricamente ha existido una fuerte tendencia a la impunidad institucional: denuncias de torturas y malos tratos, violencia policial, vulneraciones en prisión, políticas migratorias o situaciones de discriminación estructural. Precisamente en aquellos espacios donde las víctimas encuentran mayores dificultades para obtener protección efectiva dentro del propio sistema interno es donde los mecanismos internacionales adquieren una importancia decisiva.

No es casualidad que la admisión del recurso haya sido acordada por el Pleno y no por una de sus salas. El propio Tribunal está reconociendo así que el asunto afecta directamente a una cuestión estructural: la relación entre el Derecho interno y las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por España

Por eso la posición mantenida por el Tribunal Supremo en este asunto tiene un alcance que va mucho más allá de una indemnización concreta. El problema no es únicamente que negara la responsabilidad patrimonial del Estado. Lo verdaderamente grave es que llegara a vaciar de contenido práctico los dictámenes de los órganos de Naciones Unidas, reduciéndolos en la práctica a simples declaraciones sin capacidad real para condicionar la actuación de los poderes públicos.

La consecuencia de este razonamiento es enormemente grave. Porque si un Estado puede ignorar sin efectos reales las decisiones de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos que voluntariamente ha aceptado, entonces el sistema internacional queda reducido a una arquitectura simbólica desprovista de capacidad efectiva para proteger a las víctimas.

Y esa es precisamente la cuestión de fondo que ahora deberá afrontar el Tribunal Constitucional.

No es casualidad que la admisión del recurso haya sido acordada por el Pleno y no por una de sus salas. El propio Tribunal está reconociendo así que el asunto afecta directamente a una cuestión estructural: la relación entre el Derecho interno y las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por España.

Además, el debate llega en un momento especialmente significativo. Mientras las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí producen efectos jurídicos reconocibles dentro del ordenamiento español, los dictámenes de los comités de Naciones Unidas continúan moviéndose en una especie de limbo jurídico deliberadamente ambiguo. Una diferencia de trato difícilmente justificable cuando ambos mecanismos forman parte del sistema internacional de protección aceptado por el propio Estado.

Durante años, los Estados europeos han construido un discurso público basado en la defensa del orden internacional, el multilateralismo y los derechos humanos. Pero ese discurso pierde legitimidad cuando los compromisos internacionales se respetan únicamente mientras no obliguen a cuestionar prácticas internas incómodas, especialmente en ámbitos relacionados con la actuación policial, las cárceles, las fronteras o la rendición de cuentas institucional.

La democracia no se mide únicamente por la existencia formal de derechos, sino por la capacidad efectiva de las personas para exigir responsabilidades cuando esos derechos son vulnerados. Y esa capacidad depende, en buena medida, de que existan mecanismos de control independientes capaces de imponer límites reales al poder del Estado

Resulta difícil exigir el cumplimiento del Derecho Internacional a otros Estados mientras se sostiene internamente que los órganos internacionales de derechos humanos no pueden producir efectos reales sobre las decisiones nacionales.

Más aún en un contexto internacional marcado por el debilitamiento progresivo de los consensos multilaterales, el auge de discursos autoritarios y la creciente tendencia de numerosos gobiernos a cuestionar cualquier mecanismo externo de control democrático.

Precisamente por eso, lo que haga ahora el Tribunal Constitucional tiene una importancia que trasciende este caso concreto.

No se trata únicamente de determinar si una víctima concreta tiene derecho a ser reparada, aunque eso ya sería suficientemente importante. Lo que se decide es si los tratados internacionales de derechos humanos forman parte de un verdadero sistema de garantías o si, por el contrario, pueden convertirse en declaraciones solemnes que los Estados invocan retóricamente mientras ignoran sus consecuencias prácticas.

La democracia no se mide únicamente por la existencia formal de derechos, sino por la capacidad efectiva de las personas para exigir responsabilidades cuando esos derechos son vulnerados. Y esa capacidad depende, en buena medida, de que existan mecanismos de control independientes capaces de imponer límites reales al poder del Estado.

Por eso este debate no afecta solo a juristas ni a tribunales. Afecta directamente a la credibilidad del sistema democrático y a la protección efectiva de los derechos humanos.

Porque cuando las víctimas obtienen reconocimiento internacional pero ningún efecto práctico dentro del propio Estado responsable de la vulneración, el problema ya no es únicamente jurídico. Es, sobre todo, un problema democrático.

A la Generalitat de Catalunya se le acaban las razones legales para no aplicar ya la eutanasia a la joven N. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado las medidas cautelares para impedir la muerte digna planteadas por la entidad ultracatólica Abogados Cristianos, que representa al padre de la solicitante de muerte digna.

Según ha podido saber elDiario.es, la sección quinta del TEDH, el pasado 10 de marzo, rechazó las cautelares que Abogados Cristianos había incluido en su demanda. La entidad había emprendido la vía europea una vez el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional cerraron el paso a sus recursos.

Pese a que ninguna instancia judicial española o internacional ha dado la razón a Abogados Cristianos y al padre de la joven en su intento de revocar la eutanasia autorizada en julio de 2024, la entidad ultracatólica sí ha logrado retrasar 20 meses (y subiendo) la muerte digna a la joven N., cuyos padecimientos físicos y psicológicos no han dejado de aumentar.

Más allá de los sucesivos varapalos judiciales a sus planteamientos, la estrategia de Abogados Cristianos busca aumentar el miedo en profesionales y administración a la hora de autorizar las eutanasias, advierten fuentes médicas consultadas.

El caso de la joven N. se ha convertido en paradigma del uso indebido de los tribunales para intentar frenar un derecho, como es el de la muerte digna. Sin ninguna vinculación durante años (la joven estuvo parte de su minoría de edad tutelada por la Generalitat), el padre solo volvió a la vida de N., de la mano de Abogados Cristianos, para intentar impedir su eutanasia, pese a que el derecho a morir lo ostenta la persona que la solicita y no sus familiares.

A día de hoy, la Generalitat ya no tiene ningún impedimento de tipo legal para materializar el derecho a morir de N., una joven de 26 años con tetraplejia, trastorno límite de la personalidad y que desde agosto de 2024, cuando se suspendió su eutanasia, espera que se cumpla la decisión de los juristas y médicos de la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia en Catalunya.

Abogados Cristianos lo ha intentado todo, pero ningún juez le ha dado la razón: ni en las distintas instancias del procedimiento contencioso-administrativo, ni en el Tribunal Constitucional, ni en Estrasburgo. Tampoco la jueza de instrucción de Barcelona que admitió una querella de la entidad ultra contra el médico y la jurista que evaluaron el caso de N. ha aceptado la petición de suspender su eutanasia de forma cautelar.

En la resolución con la que terminó el recorrido legal en España, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, en enero de este año, rechazó todos los argumentos planteados por Abogados Cristianos. Consideraron los magistrados que la entidad ultra no fundamentó lo suficiente que concurriera alguno de los requisitos legales que permitirían al Alto Tribunal abordar el fondo del caso. Lo mismo apreció el Tribunal Constitucional para rechazar las cautelares solicitadas por la entidad ultra.

A lo largo de los últimos meses, N. ha puesto en conocimiento de los jueces las presiones para renunciar a su eutanasia que ha recibido de grupos vinculados al grupo católico cercano al centro de menores donde pasó parte de su infancia. Pero la voluntad de N. es firme aunque su padre y grupos ultras intenten impedirla.

“Me robaron mi día”, recordó ante la jueza la joven N. en marzo de 2025 durante la primera vista judicial de la historia de España por una eutanasia ya concedida (y en la que tuvo que comparecer como testigo, en silla de ruedas y trasladada desde el hospital donde vive). Sin impedimento de Estrasburgo, solo queda que la Generalitat fije día y hora para que N. pueda ver cumplida su última voluntad.

Ni le facilitaron la asistencia del abogado al que tenía derecho y que pidió desde el primer momento, ni fue escuchado personalmente por el juez antes de autorizar su internamiento en un centro psiquiátrico contra su voluntad. Esta es la realidad que sufrió B. M. en mayo de 2021 y por la que ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condena a España al entender que se vulneraron los derechos a la libertad y seguridad personal, y a quien el Estado tendrá que indemnizar con 5.000 euros por los daños morales ocasionados.

Además, la sentencia del tribunal de Estrasburgo es importante porque invita a España a cambiar sus leyes para hacer que una persona que sufre un internamiento involuntario urgente en un hospital psiquiátrico tenga asistencia de un abogado desde el principio, y no solo si el paciente lo solicita de forma expresa.

Todo ocurrió tras un incidente en el centro de trabajo de B. M. Según detalla el integrante de Red Jurídica Eric Sanz de Bremond, su defensor, “desde el primer momento pidió de manera reiterada la asistencia de un abogado, y así consta en el informe médico”. Sin embargo, no se le permitió contactar con ningún letrado antes de la vista judicial. “Durante su estancia, B. M. fue medicado e inmovilizado con contenciones mecánicas de cinco puntos, sin haber prestado consentimiento y sin haber podido recibir asesoramiento jurídico”, añade.

El procedimiento ante un ingreso involuntario urgente en un hospital de estas características tras el análisis de un psiquiatra recoge que el juez competente debe entrevistarse en persona con el paciente y ratificar ese internamiento en menos de 72 horas. “En esa entrevista te deben informar de tus derechos y pedir la asistencia de un abogado, si lo deseas. El problema es que cuando llega el encuentro muchos pacientes se encuentran muy medicados, además del problema de que la petición de un abogado no quede reflejado en el informe judicial”, comenta Sanz de Bremond.

B. M., que se muestra contento y satisfecho por el dictamen del Tribunal Europeo, pero que prefiere no hacer más declaraciones, asegura que pidió la asistencia de su abogado, pero no lo hicieron constar en el acta. Aquel encuentro con la jueza del caso que tuvo lugar en el Hospital Dr. Rodríguez Lafora finalmente se realizó de manera telemática.

“Y el médico forense debe emitir su propio informe, más allá del que haya realizado el centro sanitario, pero solo reprodujo el del hospital”, critica el abogado. Él mismo añade que “el fiscal, que se supone que debe velar por sus intereses y estar presente en ese encuentro, se limitó a decir que había que internarle”.

El hecho de que la petición de B. M. sí constara en el informe médico ha sido la principal prueba para que ahora el TEDH se decantara por la condena a España, que deberá indemnizar al perjudicado con 5.000 euros por los daños morales ocasionados y 7.000 euros por costas y gastos judiciales.

El largo camino hasta Estrasburgo

De todas formas, para llegar a esta resolución contra la que no cabe apelación posible tanto B. M. como Sanz de Bremond han tenido que superar un camino tortuoso. La primera vez que el letrado se presentó en el hospital para visitarle no le dejaron pasar. Consiguió que al paciente le hicieran llegar un documento mediante el que le designaba como su defensor, y entonces sí pudo recurrir el auto de internamiento. B. M. salió del centro hospitalario el 28 de mayo de 2021, el mismo día que se le notificó la ratificación de su internamiento, una acción que el juzgado delegó en el hospital psiquiátrico, cuando debería haberla realizado el propio juzgado.

Denunciaron los hechos. En un primer momento, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso al entender que la petición de asistencia letrada por parte de B. M. no constaba en la entrevista personal con la jueza, ni tampoco constaba que Sanz de Bremond había sido designado su abogado. Además, la Audiencia recalcó que no había mucho más que discutir porque el paciente ya estaba en libertad, ya que el recurso llegó mes y medio después de los hechos.

Este abogado de Red Jurídica elevó el caso y pidió amparo al Tribunal Constitucional. “Para variar, no admitió el caso. Dijeron que no tenía especial relevancia constitucional, lo que suele ocurrir en el 98% de los casos”, critica Sanz de Bremond. No les pararon. Llegaron hasta el TEDH de Estrasburgo, donde han dado la razón al denunciante.

El Tribunal Europeo argumenta que no se han respetado los derechos recogidos en el artículo 5.1.e del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativos a la libertad y seguridad personal. También censuran a España todo lo ya criticado por Sanz de Bremond: “Que pidiera mi asistencia desde un primer momento debería haber sido suficiente para avisarme. También dicen que la entrevista con el juez debe ser personal, no telemática, y que el médico forense debería haberle examinado él para así realizar un informe propio, y que el juzgado, y no el hospital, debería haberle hecho llegar la notificación”.

Por su parte, el Ministerio de Justicia ha asegurado a elDiario.es que no pueden comentar este procedimiento judicial “más allá de respetar plenamente la decisión final del TEDH”.

Un abogado desde el principio del internamiento

De todas formas, el aspecto más importante a nivel legislativo que deja esta sentencia contra España está en algunas apreciaciones que el TEDH recoge en su resolución. Según esgrimen, no debería ser necesario que un paciente de estas características tenga que pedir explícitamente la asistencia de un abogado para disfrutar de ella. “Un individuo confinado en una institución psiquiátrica debido a su estado mental debería, a menos que existan circunstancias especiales, recibir asistencia letrada efectiva en los procedimientos relacionados con la continuación, suspensión o terminación de su confinamiento. La importancia de lo que está en juego para él, junto con la naturaleza misma de la aflicción, obligan a esta conclusión”, detallan en su escrito de condena.

En este sentido, Sanz de Bremond incide en que esta determinación por parte del TEDH viene a decir que “incluso una privación de libertad acorde a la legislación interna de un país, como este hubiera sido el caso si B. M. no hubiera pedido mi asistencia, puede vulnerar el derecho a la libertad de una persona si no se respetan todas sus garantías”.

Asimismo, el letrado subraya que desde Europa reivindican que la defensa letrada de una persona internada forzosa y urgentemente en un hospital psiquiátrico “debe ser la regla, independientemente de si así lo pide o no el interesado”, en sus propias palabras, por lo que “la ley debe cambiar”. De esta forma, a ojos del abogado, se abre un debate muy necesario por el que mucha gente lleva peleando mucho tiempo para que este tipo de internamientos tengan asistencia legal desde un principio, lo mismo que sucede con una persona detenida.

Una idea difusa de “enfermedad mental”

Desde el punto de vista de Heiko Elbira, integrante de La Bajona Colectiva, recalca que “un ingreso involuntario, en última instancia, es una privación de libertad”. La organización de la que forma parte, integrada en el Orgullo Loco, denuncia que “la sentencia sigue hablando de enfermedad mental, algo que todavía no se puede determinar a ciencia cierta”. El también jurista recuerda que anteriores sentencias del TEDH que datan de la década de los 70 establecieron que serían los estados miembros y su derecho interno lo que determinaría de manera discrecional lo que se entendía por “enfermedad mental”.

Ante este punto, Elbira cuestiona si hubiera sido lícito y legítimo internar a una persona homosexual cuando la homosexualidad era considerada un trastorno mental, como sucedió por parte de la OMS hasta 1990 y la Asociación Estadounidense de Psiquiatría hasta 1973. “Las enfermedades mentales es algo que varía mucho en el tiempo”, agrega.

Este miembro de La Bajona Colectiva asevera que “la psiquiatría atenaza los derechos civiles y políticos” de muchas personas. Además, “si la visita del juez la realizan con el paciente tan sedado y drogado, ¿cómo alguien puede asegurarse de que sus derechos se están respetando?”, se pregunta. Por el momento, Elbira se muestra contento de la sentencia del TEDH que conmina al estado español a asegurar una asistencia legal continua desde el primer momento que se da un ingreso psiquiátrico forzoso urgente.

La avanzadilla de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Turull en Estrasburgo ha sido un fracaso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado la prisión provisional de los líderes soberanistas en 2017 y ha descartado que vulnerara sus derechos políticos como parlamentarios. “Su ideología no fue la causa de su detención preventiva”, resuelven los jueces europeos en un párrafo demoledor ante el alegato de los independentistas de que fueron presos políticos.

Las 75 páginas de la sentencia que el TEDH ha emitido este jueves han devuelto a la realidad las altas expectativas creadas entre el independentismo de que las instancias judiciales europeas les darían la razón en sus contenciosos con el Supremo. Antes lo intentaron la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el exdiputado de Junts Josep Costa con idéntico resultado: un rechazo de Estrasburgo a sus demandas.

En Estrasburgo ya solo queda la demanda principal que los independentistas interpusieron contra su condena y juicio por parte del Tribunal Supremo. “En la demanda de la prisión provisional estábamos 20-80 en contra, pero en la principal creo que seguimos 50-50 en las cuestiones jurídicas”, resumía una fuente soberanista este jueves tras el revés. A ello se añade la mayor incógnita de este pleito: los posibles efectos de la amnistía, que sobrevuela las demandas.

En el seno de esa familia mal avenida que es el independentismo ya hubo discrepancias sobre si presentar la demanda referida en exclusiva a vulneraciones de derechos fundamentales con motivo de la prisión preventiva ordenada por el juez Pablo Llarena. Muestra de ello es que solo tres de los políticos encarcelados (Sànchez y Turull, de Junts, y Junqueras de ERC) siguieron el camino de Estrasburgo.

Otros optaron por esperar a que el Supremo y el Constitucional sentenciaran el caso del procés porque argumentaron que, ante instancias europeas, es preferible agrupar el conjunto de reclamaciones, en vez de trocearlas.

¿La sentencia de este jueves es la antesala a un rechazo de la demanda principal? Fuentes jurídicas independentistas rechazaban esta hipótesis, toda vez que las cuestiones en juego son distintas entre ambos pleitos: mientras el de este jueves versaba en exclusiva sobre el derecho a la libertad y su incidencia en los derechos políticos como parlamentarios de Turull, Junqueras y Sánchez, el que está pendiente de resolver abarca todo el recorrido judicial en el Supremo.

Para empezar, Estrasburgo todavía debe pronunciarse sobre si el Supremo se arrogó artificialmente la competencia para juzgar el procés (los independentistas alegan que se vulneró su derecho al juez predeterminado por ley, pues el caso debía quedarse en el TSJ catalán). También sobre si las altas penas impuestas por sedición fueron proporcionadas y sobre los efectos de la condena en el derecho de reunión (un alegato liderado por el expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart).

La sentencia definitiva sobre el caso procés de Estrasburgo todavía no tiene fecha. Mientras la esperan, incluso entre los soberanistas más optimistas leían este jueves con preocupación algunos de los párrafos de la resolución de los jueces europeos, pues denotan un espaldarazo total a la labor del magistrado Pablo Llarena.

Al igual que en el pleito principal, los independentistas se apoyaban en tres votos críticos de magistrados del Constitucional que rompieron la unanimidad y apoyaron que la prisión preventiva vulneraba los derechos políticos de Junqueras, Sànchez y Turull. La sección 5ª del TEDH resuelve, esta vez sí por unanimidad, todo lo contrario.

Además, los jueces europeos dejan algunas cargas de profundidad en lo que a la lectura de lo que fue el procés se refiere y que se alejan del relato soberanista. Para empezar, Estrasburgo señala que un Estado debe poder impedir la realización de “un proyecto político, incompatible con las normas de la Convención (Europea de Derechos Humanos), antes de que sea puesto en práctica por actos concretos que comprometan la paz civil y el régimen democrático del país”.

No observa el TEDH ningún elemento de “ilegalidad o arbitrariedad” en la prisión preventiva de Sànchez, Turull y Junqueras, pese a que en el caso de los dos primeros comportó que no pudieran someterse a su debate de investidura (el actual secretario general de Junts fue encarcelado, de hecho, en medio de las dos jornadas del debate).

Todo lo contrario: Estrasburgo avala que tanto el Supremo como el Constitucional “aportaron razones pertinentes y suficientes para justificar” la prisión preventiva y que existían “motivos razonables” para pensar que la medida “era necesaria para garantizar su comparecencia en el juicio y prevenir la reiteración delictiva, con el fin de preservar el orden constitucional”.

Las conclusiones del TEDH se sitúan en una línea reciente adoptada por el tribunal de otorgar mayor confianza en los tribunales nacionales frente a años anteriores de interpretaciones expansivas de los derechos fundamentales de los demandantes.

“El objetivo de prevenir actos contrarios al orden constitucional y democrático no puede considerarse 'político' en el sentido que le dan los demandantes”, zanja el TEDH, que remarca que en ningún momento ERC y Junts fueron prohibidos como partidos, se pudieron presentar a las elecciones y, finalmente, Quim Torra fue investido president en 2018 por ambas formaciones.

Los tres políticos, apostilla el tribunal, eran “objeto de procesamientos penales por delitos graves”, por lo que no se podía “razonablemente esperar que pudiesen participar en las elecciones sin ninguna restricción”. Y los jueces españoles, remarca el TEDH, permitieron a Junqueras, Turull y Sànchez “expresar sus opiniones o promover el proyecto político que defendían”.

En realidad, Estrasburgo ha repetido en 2025 algo que ya dijo Alemania en 2018: los jueces germanos rechazaron que Carles Puigdemont pudiera sufrir persecución política al ser entregado a España. “No es razonable sostener tal acusación al Estado español como miembro de la comunidad de valores y el área legal común de la Unión Europea”, dijo el tribunal alemán cuando apoyó extraditar a Puigdemont por malversación y no por rebelión, entrega que fue denegada por el juez Llarena.

Tras el revés a los independentistas de este jueves, el calendario judicial europeo del procés prosigue: el jueves 13 de noviembre, el abogado general de la Unión Europea emitirá sus conclusiones sobre la ley de amnistía. Para ello habrá que viajar de Estrasburgo a Luxemburgo, sede del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Estrasburg dóna la raó al Tribunal Suprem en la causa del procés. El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha desestimat les primeres demandes dels independentistes contra l'actuació del magistrat Pablo Llarena en la investigació de la causa que va acabar en una històrica condemna per sedició. Els jutges europeus han rebutjat que la presó preventiva vulnerés els drets polítics de Jordi Sànchez i Jordi Turull (Junts) i Oriol Junqueras (ERC).

En una contundent sentència contra les tesis sobiranistes, el TEDH descarta que la ideologia independentista dels polítics fos “el motiu” de la seva presó preventiva. La mesura, agreguen els togats europeus, no va ser “arbitrària ni desproporcionada” en tenir en compte “la gravetat dels delictes” als quals es van enfrontar els sobiranistes el 2017 “i la vulneració dels valors fonamentals de l'Estat de Dret que comportaven” els tipus penals de rebel·lió i sedició.

A l'espera que el TEDH resolgui la demanda principal dels independentistes contra la causa del Suprem, la resolució d'aquest dijous era la primera en què Estrasburg dirimia dues de les grans controvèrsies del cas procés: la presó preventiva decretada pel magistrat Pablo Llarena i la seva incidència en els drets polítics dels sobiranistes.

La resolució suposa un suport total al Tribunal Suprem i una decepció per als independentistes, que confiaven que el TEDH acollís les seves denúncies de vulneració de drets fonamentals que una majoria de jutges del Suprem i el Constitucional han desestimat.

Després d'una etapa en què les demandes amb alt contingut polític tenien números per ser estimades, el TEDH ha elevat en els últims anys la seva confiança en els tribunals nacionals. Així ha ocorregut també en la primera resolució rellevant del cas procés.

Els magistrats d'Estrasburg donen suport que tant el Suprem com el Constitucional van considerar “en decisions motivades” que no hi havia cap altra mesura possible que la presó preventiva per evitar els riscos de reiteració delictiva o de fuga dels independentistes.

Les vulneracions de drets que denunciaven Junqueras, Sànchez i Turull versaven sobre la seva elecció com a diputats del Parlament el 2017 i la negativa del jutge a deixar-los sortir de la presó per exercir com a parlamentaris. En el cas dels llavors diputats electes de Junts, a més, la negativa es va estendre a l'assistència al seu debat d'investidura.

En el primer trimestre del 2018, el jutge Llarena va rebutjar treure de la presó Sànchez perquè pogués sotmetre's a la investidura al Parlament. També va denegar deixar lliure Turull per a la seva segona sessió d'investidura després que en la primera no obtingués els suports necessaris per ser president. Entre ambdues sessions, el jutge va processar Turull per rebel·lió i va ordenar el seu ingrés a presó el 23 de març.

Més enllà de remarcar que la presó preventiva va tenir un caràcter “provisional” i que la presó preventiva no va poder resultar “sorprenent” als electors de Junqueras (perquè ja estava empresonat quan es va votar el desembre del 2017), Estrasburg també s'endinsa en valoracions sobre el paper dels jutges en el procés per avalar l'actuació del Suprem.

Recorden els magistrats europeus que els jutges de l'Alt Tribunal van emmarcar l'actuació dels independentistes en “una amenaça per a l'essència mateixa d'un Estat democràtic”, i que els tribunals nacionals van subratllar que l'objectiu dels independentistes “era declarar la secessió d'una part del territori espanyol per mitjans contraris a la llei i prèviament declarats inconstitucionals pel Tribunal Constitucional”.

El Suprem i el Constitucional, conclou el TEDH, “van ponderar els diversos interessos en joc d'una manera que no pot qualificar-se d'arbitrària i sense menyscabar la llibertat d'expressió de l'opinió pública”. L'empresonament dels tres diputats electes, insisteix el tribunal, “no va ser incompatible amb l'essència mateixa del dret a ser elegit i a exercir el mandat parlamentari”.

En el cas de Junqueras, Turull i Sànchez, magistrats progressistes del Constitucional van formular vots particulars en contra de l'opinió majoritària de confirmar la presó preventiva. Els magistrats Fernando Valdés Dal-Ré, María Luisa Balaguer i Juan Antonio Xiol sí van considerar que el Suprem va vulnerar els drets de participació política de Turull i Sànchez en impedir-los optar a la votació d'investidura.

Per contra, el TEDH, per unanimitat, avala que tant la presó preventiva com les altres mesures que van restringir els drets polítics de Junqueras, Sànchez i Turull “es van basar en el Dret i es van justificar”.

És més, en una rèplica directa a les tesis sobiranistes, Estrasburg conclou que l'objectiu de prevenir la comissió d'actes contraris a l'ordre constitucional (un dels fonaments de la presó preventiva en el cas procés) “no pot considerar-se 'polític' en el sentit que li atorguen els sol·licitants”, aquests són, els independentistes.

El context polític espanyol del 2017 i 2018, postil·la Estrasburg, “no pot, per si sol, provar que la finalitat” de la presó preventiva fos “obstaculitzar” la participació en la vida política de Junqueras, Sànchez i Turull. Tot el contrari: els jutges europeus donen suport que la mesura buscava “garantir la seva compareixença davant la Justícia”.

Estrasburgo respalda al Tribunal Supremo en la causa del procés. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha desestimado las primeras demandas de los independentistas contra la actuación del magistrado Pablo Llarena en la investigación de la causa que terminó en una histórica condena por sedición. Los jueces europeos han rechazado que la prisión preventiva vulnerara los derechos políticos de Jordi Sànchez y Jordi Turull (Junts) y Oriol Junqueras (ERC).

En una contundente sentencia contra las tesis soberanistas, el TEDH descarta que la ideología independentista de los políticos fuera “el motivo” de su prisión preventiva. La medida, agregan los togados europeos, no fue “arbitraria ni desproporcionada” al tener en cuenta “la gravedad de los delitos” a los que se enfrentaron los soberanistas en 2017 “y la vulneración de los valores fundamentales del Estado de Derecho que entrañaban” los tipos penales de rebelión y sedición.

A la espera de que el TEDH resuelva la demanda principal de los independentistas contra la causa del Supremo, la resolución de este jueves era la primera en la que Estrasburgo dirimía dos de las grandes controversias del caso procés: la prisión preventiva decretada por el magistrado Pablo Llarena y su incidencia en los derechos políticos de los soberanistas.

La resolución supone un espaldarazo total al Tribunal Supremo y una decepción para los independentistas, que confiaban en que el TEDH acogiera sus denuncias de vulneración de derechos fundamentales que una mayoría de jueces del Supremo y el Constitucional han desestimado.

Tras una etapa en los que las demandas con alto contenido político tenían números para ser estimadas, el TEDH ha elevado en los últimos años su confianza en los tribunales nacionales. Así ha ocurrido también en la primera resolución relevante del caso procés.

Los magistrados de Estrasburgo respaldan que tanto el Supremo como el Constitucional consideraron “en decisiones motivadas” que no había otra medida posible que la prisión preventiva para evitar los riesgos de reiteración delictiva o de fuga de los independentistas.

Las vulneraciones de derechos que denunciaban Junqueras, Sànchez y Turull versaban sobre su elección como diputados del Parlament en 2017 y la negativa del juez a dejarles salir de la cárcel para ejercer como parlamentarios. En el caso de los entonces diputados electos de Junts, además, la negativa se extendió a la asistencia a su debate de investidura.

En el primer trimestre de 2018, el juez Llarena rechazó excarcelar a Sànchez para que pudiera someterse a la investidura en el Parlament. También denegó dejar libre a Turull para su segunda sesión de investidura después de que en la primera no obtuviera los apoyos necesarios para ser president. Entre ambas sesiones, el juez procesó a Turull por rebelión y ordenó su ingreso en prisión el 23 de marzo.

Más allá de remarcar que la prisión preventiva tuvo un carácter “provisional” y que la prisión preventiva no pudo resultar “sorprendente” a los electores de Junqueras (porque ya estaba encarcelado cuando se votó en diciembre de 2017), Estrasburgo también se adentra en valoraciones sobre el papel de los jueces en el procés para avalar la actuación del Supremo.

Recuerdan los magistrados europeos que los jueces del Alto Tribunal enmarcaron la actuación de los independentistas en “una amenaza para la esencia misma de un Estado democrático”, y que los tribunales nacionales subrayaron que el objetivo de los independentistas “era declarar la secesión de una parte del territorio español por medios contrarios a la ley y previamente declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional”.

El Supremo y el Constitucional, concluye el TEDH, “ponderaron los diversos intereses en juego de una manera que no puede calificarse de arbitraria y sin menoscabar la libertad de expresión de la opinión pública”. El encarcelamiento de los tres diputados electos, insiste el tribunal, “no fue incompatible con la esencia misma del derecho a ser elegido y a ejercer el mandato parlamentario”.

En el caso de Junqueras, Turull y Sànchez, magistrados progresistas del Constitucional formularon votos particulares en contra de la opinión mayoritaria de confirmar la prisión preventiva. Los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol sí consideraron que el Supremo vulneró los derechos de participación política de Turull y Sànchez al impedirles optar a la votación de investidura.

Por el contrario, el TEDH, por unanimidad, avala que tanto la cárcel preventiva como las demás medidas que restringieron los derechos políticos de Junqueras, Sànchez y Turull “se basaron en el Derecho y se justificaron”.

Es más, en una réplica directa a las tesis soberanistas, Estrasburgo concluye que el objetivo de prevenir la comisión de actos contrarios al orden constitucional (uno de los fundamentos de la prisión preventiva en el caso procés) “no puede considerarse 'político' en el sentido que le otorgan los solicitantes”, estos son, los independentistas.

El contexto político español de 2017 y 2018, apostilla Estrasburgo, “no puede, por sí solo, probar que la finalidad” de la prisión preventiva fuera “obstaculizar” la participación en la vida política de Junqueras, Sànchez y Turull. Todo lo contrario: los jueces europeos respaldan que la medida buscaba “garantizar su comparecencia ante la Justicia”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha condenado este jueves a España por no haber llevado a cabo una investigación “eficaz” en el caso de dos mujeres que denunciaron haber sido violadas por sumisión química en 2016 en Pamplona y cuyas pruebas fueron pérdidas o manipuladas bajo custodia policial. Las víctimas habían denunciado a un agente de la Policía Nacional por dar un chivatazo a uno de los agresores, que era su cuñado, para que eliminara pruebas de la agresión sexual, pero fue absuelto por la Justicia navarra y el Tribunal Supremo. Ahora Estrasburgo considera que se investigó mal la doble denuncia por violación por la pérdida o manipulación de las pruebas.

Según informa la Agencia EFE, en su sentencia por unanimidad, publicada este martes, los jueces europeos establecen que en este caso se ha producido una violación del artículo 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y del artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar). Por todo ello, la corte ha determinado que España debe pagar a cada una de las demandantes 20.000 euros en concepto de daño moral y 5.000 euros conjuntamente en concepto de costas judiciales.

El caso se remonta a diciembre de 2016, pocos meses después de los Sanfermines en los que se produjo la violación grupal de 'la manada'. Dos mujeres denunciaron haber sido drogadas con sustancias vertidas en sus bebidas en un bar de Pamplona y agredidas sexualmente mediante sumisión química por dos hombres. Posteriormente denunciaron que uno de los agentes de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional (UFAM) había dado un chivatazo a uno de los acusados, que era su cuñado, de que le estaban investigando. También se detectó que este agente había realizado multitud de consultas en la base de datos con los dos apellidos de su cuñado desde el día que se produjo la agresión en adelante, incluso antes de que se denunciara la violación y antes de que llegara a conocimiento de la UFAM.

Pruebas cruciales desaparecieron o se vieron comprometidas mientras se encontraban bajo custodia policial, como por ejemplo un informe forense derivado de los datos de un teléfono móvil perteneciente a uno de los hombres, elaborado por la Policía Nacional en Madrid, y que desapareció en Pamplona. También desaparecieron o fueron manipulados fragmentos de las imágenes de videovigilancia del bar donde se conocieron los cuatro y se descubrió que el disco duro utilizado para almacenar los datos forenses de los teléfonos móviles de ambos sospechosos había sido borrado y sobrescrito, con la pérdida de todo su contenido.

Si bien reconoció la gravedad de las acusaciones y consideró que los relatos de las demandantes eran creíbles y carentes de segundas intenciones, el juzgado concluyó que no había pruebas suficientes para establecer relaciones sexuales no consentidas.

Posteriormente, el juez abrió un procedimiento separado para examinar posibles faltas de conducta y manipulación de pruebas, pero se cerró el 8 de octubre de 2021 sin que se presentaran cargos. Las pruebas recopiladas durante casi cinco años de investigación no habían demostrado más allá de toda duda razonable que los sospechosos hubieran administrado sustancias a las demandantes ni que hubieran tenido conocimiento de que las dos mujeres estaban inconscientes durante las relaciones sexuales.

El tribunal reconoció que la investigación se había visto notablemente afectada por irregularidades procesales y la desaparición de pruebas digitales, pero determinó que estos factores no compensaban la falta de pruebas sustanciales. Concluyó que la investigación había sido exhaustiva, con tres causas separadas con respecto a las irregularidades.

Una de las demandantes no aceptó el archivo de la investigación principal por estar pendientes las tres investigaciones separadas. Sin embargo, en julio de 2022 se dictó auto de sobreseimiento. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de casación de las demandantes y declaró inadmisible su posterior solicitud de anulación, al igual que el Tribunal Constitucional al considerar el recurso de amparo que interpusieron, por lo que elevaron su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ahora les ha dado la razón.

El Tribunal de Estrasburgo ha concluido que las autoridades españolas no llevaron a cabo una investigación eficaz, en particular debido a la pérdida y manipulación sistemática de pruebas potencialmente cruciales, las insuficientes garantías de independencia de la investigación y una respuesta manifiestamente inadecuada a dichas deficiencias, que iban más allá de “errores aislados” u omisiones menores en la investigación.

Además, según la corte, las medidas adoptadas por las autoridades no habían podido compensar la pérdida de pruebas que había sido fundamental para las acusaciones de sumisión química. Asimismo, las investigaciones sobre posibles faltas de conducta policial se habían iniciado tras un lapso considerable de tiempo y se habían encomendado a los mismos órganos judiciales y policiales que habían supervisado la investigación original, según el Tribunal.

“Me llamo Francisca Javiera, y soy mujer”. De Francisca Javiera no había noticias hasta este jueves, cuando Francisco Javier Borrego, abogado del Estado de carrera desde hace medio siglo, exmagistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concluyó que identificarse durante unos segundos como mujer en el Congreso de los Diputados era un sólido argumento con el que rebatir los postulados de la “Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”, generalmente conocida como “Ley Trans”.

Borrego había sido invitado al Congreso por el grupo parlamentario de Vox para hablar sobre ’Ideología de Género y denuncias falsas’. Presentes, un grupo de diputados de ultraderecha y otros afines a la causa. Y este jurista, nacido en Sevilla hace 75 años, decidió explayarse en un buen puñado de temas que a él le tienen en vilo y que guardan, más o menos, se supone, alguna relación con el título de las jornadas.

A saber: la ley trans, la inmigración, la relación entre Carles Puigdemont y Pedro Sánchez, el consentimiento en las relaciones sexuales. Todo, aderezado con supuesta ironía, “un poquito de humor”, según dijo la diputada Rocío Aguirre para explicar chascarrillos que banalizaban las agresiones sexuales, la identidad de género o el drama de la inmigración: “Hoy me siento mujer”; un “barco negrero” [Open Arms]; “Aquí todos somos adultos, y algunos hemos tenido relaciones sexuales: ¿cuándo es todo el tiempo de una relación sexual?”.  “Confieso que pertenezco a la manosfera”, remató.

Borrego es un jurista con amplio recorrido en órganos nacionales e internacionales devenido en esporádico comentarista político. Desde hace años, adoba sus charlas con una pretendida jocosidad con sello propio, que le sirve para barnizar la carga reaccionaria de sus parlamentos, ya sea una tertulia de Toro TV o unas jornadas jurídicas.

Muchas veces el resultado es desconcertante. En la Universidad de Cork (Irlanda), en 2011, comenzó así su ponencia sobre varias sentencias relativas al aborto dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): “Good evening, I want to explain to you who [sic] I am speaking in the Spanish language: me gusta la fiesta de los toros, intento entender esa fiesta, pero nunca me atreveré a bajar a una plaza y encerrarme con un toro. Le tengo mucho respeto”.

Pedro Sánchez, “caudillo”

Últimamente, Borrego se prodiga en The Objetive, que le ha publicado ocho artículos en tres años, con los siguientes titulares: Ecologismo tramposo; La Policía Nacional no es racista; Fraude de ley escandaloso; El derecho como arma de guerra; No habrá impuesto de la renta el año próximo; La necia ministra y la espiral de Noelle-Neumann; ¿Colonización? No. Es saqueo; Elecciones generales: no es el cuándo, es el cómo“.

Sus enemigos en esos textos van de María Jesús Montero a George Soros, pasando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien en 2023 definió como un “caudillo” que ha “colonizado una a una todas las instituciones” y “ha vendido España” para poder “seguir durmiendo en la Moncloa y usando el Falcon”.

Fue en un artículo publicado en Confilegal que comenzaba parafraseando el último parte de guerra de los golpistas tras la Guerra Civil: “En el día de hoy, cautivo y desarmado el Poder Judicial, YO he alcanzado y sometido mi penúltimo objetivo constitucional. La democracia ha terminado. El presidente de la República Plurinacional, Pedro Sánchez-Castejón”.

Del Colegio del Pilar al TEDH

Este desempeño como articulista ha completado en los últimos años una carrera como jurista que comenzó muy pronto y alcanzó altas cotas antes de desempeñarse como abogado en la firma de Miguel Durán, donde aún ejerce.

Según subraya en sus currículums oficiales, Borrego tenía 20 años cuando obtuvo la licenciatura de Derecho, en junio de 1970. Algo muy excepcional que consiguió tras examinarse por la Universidad Complutense de dos cursos en un solo año. Venía del Colegio del Pilar, por el que también pasaron en aquellos años José María Aznar, Alfredo Pérez Rubalcaba, Javier Solana, Juan Miguel Villar-Mir, Juan Abelló, Luis María Ansón o Juan Luis Cebrián, entre muchos otros.

Tras obtener la licenciatura, aprobó la prestigiosa oposición a Abogado del Estado y fue escalando posiciones hasta hacerse con la jefatura del servicio ante la Comisión Europea y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2003 obtuvo su primera designación a una labor jurisdiccional (sin ser juez de carrera): de la terna propuesta por el Gobierno de Aznar para juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se impuso con holgura en la votación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Borrego sustituyó a una eminencia del derecho internacional público en España, José Antonio Pastor Ridruejo.

La tarea de un juez del TEDH supone valorar las posibles vulneraciones de los derechos humanos cometidas por países firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos, manteniendo la independencia de su país de procedencia. De un día para otro, Borrego pasó de representar los intereses de España como abogado del Estado ante el TEDH a ser juez del TEDH. De parte a juez. “Era vox populi entre el resto de jueces que se dedicaba a defender al Estado en lugar de a las víctimas. Era un juez no apreciado”, recuerda una fuente con experiencia en el derecho internacional al más alto nivel.

En este sentido, es significativo un artículo en The Objective donde celebra la exoneración de España en un caso de presunto sesgo racial por parte de la Policía, y carga en abstracto contra el “litigio estratégico”, una herramienta a la que suelen recurrir ONGs para ampliar derechos consiguiendo reformas legales o interpretaciones extensivas de derechos (humanos, sociales, ambientales) a partir de casos escogidos capaces de sentar precedente.

Crítico con la jurisprudencia del TEDH

Borrego terminó su mandato en Estrasburgo en 2008, pero no perdió de vista lo que sucede en el TEDH, un escenario crucial donde se dirimen no sólo las vulneraciones y abusos de los Estados, sino el alcance en la interpretación de los derechos humanos, que destila las ideas dominantes de cada tiempo.

En 2009 publicó un artículo en El Mundo en el que arremetía contra la jurisprudencia del tribunal del que había formado parte, acusando a sus jueces (singularmente, a los que procedían de la academia) de producir “una especie de lecciones profesorales, que no sentencias” encaramados en su “torre de marfil”. El motivo de su embestida era la polémica sentencia Lautsi, que acababa de condenar a Italia por mantener el crucifijo en una escuela pública. La sentencia de condena en primera instancia (europea) fue adoptada por unanimidad de siete jueces de sala del TEDH, pero fue revocada por la Gran Sala dos años después, en 2011.

En 2016 volvió a la carga, acusando a sus antiguos compañeros del TEDH de “frivolidad” por, en su opinión, recurrir razonamientos “periféricos” (el derecho a la vida privada) para atacar indirectamente los valores cristianos en sus sentencias relativas al aborto, la muerte asistida y el matrimonio homosexual. Empezaba ese artículo asegurando que un magistrado del TEDH le había reprendido en 2006 por colgar del corcho de su despacho la ecografía donde se veía a su futuro nieto. Lo concluía citando el Evangelio.

Regreso a España: conflicto con el presidente de Sala en el Tribunal Supremo

En 2018 volvería a dar el salto a la más alta función jurisdiccional: fue aupado por la mayoría conservadora en el CGPJ a magistrado de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo por el turno de “juristas de reconocido prestigio”.

Duró poco. Apenas dos años algo turbulentos, en los que el Consejo General del Poder Judicial le abrió un expediente disciplinario a instancias del presidente de su Sala, Luis María Díez-Picazo. Este último denunció que Borrego le había faltado al respeto y amenazado en su despacho tras una discusión a propósito del retraso con el que llevaba sus asuntos. Borrego contraatacó asegurando que Díez-Picazo le negó el saludo en un bar antes de mandarlo a paseo, según informó en su día El Independiente. Finalmente, el CGPJ archivó el expediente por no haber quedado acreditada la falta disciplinaria. Borrego abandonó el Tribunal Supremo en 2020, apenas dos años después de llegar, al cumplir los 70 años que marcan su jubilación ordinaria.

Desde entonces se desempeña como abogado. Entre otros casos, lleva la defensa del resort de lujo Isla de Valdecañas (Cáceres), sobre el que desde 2022 pesa sentencia (recurrida ante el Tribunal Constitucional) de sus excompañeros del Tribunal Supremo ordenando su demolición por invadir zona protegida. Y sigue interviniendo como opinador allá donde se le dé una oportunidad, aunque a veces sus causas parezcan de otro tiempo: por ejemplo, sigue clamando contra el redactado del Código Civil que dice que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos “cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. “Es decir, primero entre personas del mismo sexo, y luego el resto”, ha escrito él.

En los últimos años también ha formalizado su relación con la defensa de las causas ultra. Al menos hasta 2022 integraba el patronato de la fundación de Abogados Cristianos, según publicó elDiario.es. Es coherente con la visión del mundo de quien nunca ha ocultado que sus ideas jurídicas están marcadas por su misión como hidalgo de la tradición y las corrientes más rigoristas de la doctrina católica.

Los Ayuntamientos de Huete, Carboneras de Guadazaón, Víllora y Camporrobles han presentado un recurso ante al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que denuncian el incumplimiento, por parte del Gobierno de España, de artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, “al dejar a varias provincias, entre ellas la de Cuenca, sin una infraestructura vital y esencial, como es el tren, mediante un procedimiento más que dudoso”, según el alcalde de Huete, Francisco Javier Doménech.

El alcalde optense ha recalcado la necesidad de que se juzgue, de una manera “imparcial y externa” el procedimiento del cierre de la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia, según han trasladado en una nota de prensa remitida por el PP.

Creen que en esta decisión han estado “implicados” el ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, actualmente sometidos a sendas investigaciones judiciales por otras razones, aunque en su opinión, eso “demuestra que estaban más centrados en otras cuestiones que en las defender la red ferroviaria española y los derechos de los ciudadanos”, ha añadido Doménech.

El alcalde de Huete ha reiterado que “siempre hemos mantenido que vamos a luchar hasta el final por recuperar el tren y no nos vamos a rendir porque creemos que somos víctimas de una tremenda injusticia”.

Doménech ha criticado “la hipocresía y el ataque a Cuenca” de los gobernantes socialistas en todos los niveles, “por permitir que se nos discrimine de esta manera y no defender nuestra tierra”.

Francisco Javier Doménech ha animado a los conquenses “a seguir defendiendo lo que es nuestro” y ha recibido de buen grado que en otros lugares de Castilla-La Mancha, como es el caso de Ocaña, se haya constituido una plataforma ciudadana que reivindica lo mismo que la que ya existe, 'Pueblos con el Tren' y que es la vuelta del ferrocarril.

“El tren es sostenibilidad, riqueza, turismo, desarrollo empresarial y garantiza nuestro derecho a la movilidad. No podemos renunciar al desarrollo que trae consigo por el capricho de unos gobernantes más centrados en otros asuntos, que nada benefician a los españoles y a los conquenses, que en nuestro bienestar”, ha concluido Doménech.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) considera que la atleta sudafricana y bicampeona olímpica, Caster Semenya, no tuvo “un juicio justo” en Suiza, donde los tribuales de ese país avalaron la decisión de la Federación Internacional de Atletismo de obligar a reducir su tasa natural de testosterona para poder competir.

Sin embargo, la victoria es parcial, ya que el Alto Tribunal de Estrasburgo no apreció que, como denunciaba Semenya, haya habido una violación de su derecho a la privacidad ni a poder presentar un recurso judicial efectivo.

Esta nueva decisión del Tribunal supone un nuevo avance judicial para Semenya. En 2023, el tribunal ya falló a su favor, cuando denunció haber sido discriminada tras negarle la Federación Internacional de Atletismo, ahora World Athletics, su participación en la categoría femenina de algunas pruebas por producir un nivel de testosterona por encima de lo habitual. La doble campeona olímpica (2012, 2016) y triple campeona mundial (2009, 2011, 2017) de los 800 metros produce naturalmente hormonas masculinas capaces de mejorar la masa muscular y, por tanto, el rendimiento físico.

En aquella sentencia, los jueces aseguraron que la federación violó el artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe la discriminación al obligar a la deportista a medicarse para reducir sus niveles de testosterona si quería competir en la categoría femenina de determinadas pruebas.

Los jueces europeos condenaron a Suiza, que es donde tiene su sede el Tribunal Arbitral Deportivo (TAS), que había rechazado el arbitraje que pedía Semenya para que no se le exigiera someterse a un tratamiento hormonal que le redujera el nivel de testosterona por debajo del umbral que le había fijado la IAAF como condición para permitirle competir.

El respeto a los derechos humanos, cada vez más en peligro. A la amenaza que EEUU y algunos países europeos, como Hungría, han lanzado contra la Corte Penal Internacional por la investigación del genocidio de Israel en la Franja de Gaza se suma la ofensiva de nueve países de la UE contra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por sus límites a las políticas antiinmigración. De norte a sur y sin prácticamente diferencias por el color político, la ultraderechista italiana Giorgia Meloni y la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen han iniciado una cruzada contra esa institución, que se encarga de velar por el cumplimiento del Convenio de Derechos Humanos, uno de los tratados básicos del Consejo de Europa, nacido en 1949 para salvaguardar las democracias en un continente asolado por la Segunda Guerra Mundial.

Ahora, en 2025, los líderes de nueve países de la Unión Europea consideran que el tribunal ha ido “demasiado lejos” en su defensa de los derechos de las personas migrantes y que constriñe su capacidad política en un momento en el que la mayoría de los gobiernos están endureciendo sus políticas antinmigración, con medidas como los controles fronterizos dentro del espacio de libre circulación Schegen o el impulso legislativo a los centros de deportación en terceros países. El TEDH ha condenado a varios países por prácticas como las devoluciones en caliente o la detención de los menores no acompañados. También paralizó el primer envío de solicitantes de asilo de Reino Unido a Ruanda.

“Es necesario iniciar un debate sobre la adecuación de los convenios internacionales a los retos a los que nos enfrentamos hoy en día. Lo que una vez fue correcto puede no ser la respuesta de mañana. El mundo ha cambiado fundamentalmente desde que muchas de nuestras ideas se concibieron en las cenizas de las guerras mundiales. Las ideas en sí son universales e imperecederas. Sin embargo, ahora vivimos en un mundo globalizado en el que las personas migran a través de las fronteras a una escala completamente diferente”, señalan en una carta que suscriben también los líderes conservadores de Polonia, Donald Tusk; Christian Stocker (Austria), Evika Siliņa (Letonia), y Gitanas Nausėda (Lituania); el liberal Kristen Michal (Estonia); y los de extrema derecha Bart De Wever (Bélgica) y Petr Fiala (República Checa).

“También creemos que es necesario analizar cómo ha desarrollado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos su interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si el Tribunal, en algunos casos, ha ampliado demasiado el ámbito de aplicación del Convenio en comparación con las intenciones originales del mismo, desplazando así el equilibrio entre los intereses que deberían protegerse”, agregan los jefes de Gobierno, que vinculan la inmigración con la criminalidad: “Hemos visto, por ejemplo, casos relativos a la expulsión de extranjeros delincuentes en los que la interpretación del Convenio ha dado lugar a la protección de las personas equivocadas y ha impuesto demasiadas limitaciones a la capacidad de los Estados para decidir a quién expulsar de sus territorios”. Estrasburgo condenó a España por deportar a dos inmigrantes con antecedentes penales sin tener en cuenta su arraigo.

“Deberíamos tener más margen a nivel nacional para decidir cuándo expulsar a los extranjeros delincuentes”, reclaman esos dirigentes: “Necesitamos más libertad para decidir cómo pueden nuestras autoridades seguir la pista, por ejemplo, a los extranjeros delincuentes que no pueden ser expulsados de nuestros territorios”. “Tenemos que ser capaces de tomar medidas eficaces para contrarrestar a los Estados hostiles que intentan utilizar nuestros valores y derechos en nuestra contra. Por ejemplo, instrumentalizando a los migrantes en nuestras fronteras”, agregan en referencia a los conflictos en la frontera este de la UE con Bielorrusia.

El secretario general pide “no politizar” el tribunal

También mencionan el endurecimiento de las políticas migratorias que están llevando a cabo la mayoría de países de la UE bajo el eufemismo de las “nuevas soluciones a los retos que plantea la migración”. La presión ha llevado a la Comisión Europea a sentar las bases para la creación de centros de deportación en terceros países, como los que Meloni financió en Albania y que ha paralizado la justicia italiana, además de haber acordado un Pacto de Migración y Asilo que contribuye a la 'Europa fortaleza' con la posibilidad de pagar por rechazar a solicitantes de asilo. La persecución de las ONG también cobra fuerza ante el intento del Consejo de la UE de retirar de la legislación europea la denominada la 'cláusula humanitaria' que permite no criminalizar la asistencia a los migrantes.

El ataque al TEDH ha obligado al secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, a salir en su defensa: “El respeto a la independencia e imparcialidad del Tribunal forma parte de nuestros fundamentos. Debatir es sano; pero politizar el Tribunal, no. En una sociedad gobernada por el Estado de derecho, ningún poder judicial debería verse sometido a presiones políticas. Las instituciones que protegen los derechos fundamentales no pueden doblegarse a los vaivenes cíclicos de la política. Si lo hicieran, nos arriesgaríamos a comprometer la misma estabilidad cuya garantía es la razón por la que fueron creadas estas instituciones”.

“El Tribunal no debe ser utilizado como arma, ni contra los gobiernos, ni por parte de los gobiernos”, agrega el suizo, que recuerda que el tribunal es el “brazo legal” del Consejo de Europa, que fue creado por los Estados miembros y “establecido por elección soberana e íntimamente ligado a un Convenio cuyos 46 miembros han firmado y ratificado libremente”.

La carta de los nueve jefes de Gobierno, firmada el 22 de mayo a raíz de una reunión de Meloni y su homóloga danesa en Roma, se produce a las puertas de una reunión de los ministros de Justicia de la UE en la que debatirán la adhesión del club comunitario al Convenio de Derechos Humanos, que los 27 han ratificado de forma individual. Sin embargo, la UE no lo ha hecho todavía, a pesar de que suscribirlo es una de las obligaciones recogidas en el artículo 6 del Tratado de Funcionamiento de la UE. No obstante, existen dudas jurídicas respecto a ese paso, entre otros motivos por una argumentación del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que cuestionaba que los organismos jurisdiccionales de la UE queden supeditados a otro tribunal.

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a amnistiar a Carles Puigdemont. La decisión de la sala de confirmar el criterio del juez Pablo Llarena y dejar el delito de malversación fuera de la ley de perdón del procés marca un camino largo para el expresident catalán: tendrá que acudir al Constitucional, pero no es previsible que reciba una respuesta antes de un año. Mientras tanto, la vigencia del delito de malversación mantiene intacta su orden de detención y la prohibición, por tanto, de volver a España.

Los jueces no han estimado los argumentos del líder de Junts, pero tampoco los de la Fiscalía. El Ministerio Público pidió a la Sala de lo Penal que corrigiera a Llarena y que tuviera en cuenta que la intención del legislador cuando puso en marcha la amnistía era perdonar todos los delitos relacionados con el procés catalán de 2017 y no algunos hechos de forma selectiva. También criticó que el juez hubiera planteado, por primera vez en ocho años de proceso judicial, que el desafío soberanista afectó a los intereses de la Unión Europea para justificar su negativa a amnistiar la malversación.

La respuesta del Tribunal Supremo ha sido avalar estos razonamientos punto por punto. La malversación del procés, entienden los magistrados, no es amnistiable porque Puigdemont y el resto de políticos encausados sí se enriquecieron personalmente: no pagaron de su bolsillo el referéndum del 1-O porque tiraron del dinero y recursos públicos de la Generalitat. Y porque la independencia de Cataluña no se consumó, pero de haberlo hecho habría afectado, añaden, a la relación de España con la Unión Europea.

Esta decisión, explican fuentes del caso a elDiario.es, deja un único camino al expresident catalán: recurrir ante el Tribunal Constitucional. Previamente tendrá que plantear una improbable nulidad ante el mismo Supremo y después ya presentar alegaciones en amparo ante el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido. Lo que aleja el horizonte de una decisión inmediata hasta, aproximadamente, dentro de un año. Después, si el Constitucional no le es favorable, podrá acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El delito de malversación es el único ilícito del procés que se mantiene en pie en la causa que, ocho años después, sigue abierta contra los políticos catalanes que nunca volvieron a España para declarar ante los jueces de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. La reforma del delito de sedición cercenó esa parte de la acusación, con los jueces rechazando que pudiera ser sustituido por unos simples desórdenes públicos, y la malversación de dinero público se mantiene desde entonces como único vestigio de la causa penal contra el desafío independentista de 2017.

El tribunal de la Sala de lo Penal que ha examinado el caso no se refiere de forma explícita a las medidas cautelares que derivan de la imputación por este delito. No era algo que se hubiera recurrido en este trámite. Pero en la práctica, el aval a que siga acusado de malversación implica que la orden de detención nacional que pesa sobre él sigue intacta: la que, supuestamente, le impide entrar en España sin ser detenido, aunque en agosto de 2024 acudió a las inmediaciones del Parlament en la sesión de investidura de Salvador Illa para después escapar de los Mossos y volver a Bruselas sin ser arrestado.

El camino hasta el Constitucional

La decisión del Supremo, por tanto, mantiene viva la situación que desde Junts consideran un fallo de la ley de amnistía: la aprobación de la norma, esencial para obtener el apoyo independentista en la última investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno en 2023, no ha tenido el efecto esperado y Carles Puigdemont no puede volver a España sin miedo a ser detenido y ser enviado inmediatamente a prisión por parte de Llarena.

El camino hasta el Tribunal Constitucional no es corto. Su recurso de amparo, que solo podrá presentar después de intentar la nulidad ante el propio Supremo, tendrá que pasar en primer lugar el filtro de la admisión a trámite y después esperar durante meses a que los magistrados den una respuesta. Hasta entonces es improbable que la amnistía se le aplique de forma cautelar.

El Constitucional ya tiene dos decenas de recursos contra la amnistía encima de la mesa y, tal y como ha explicado recientemente su presidente Cándido Conde-Pumpido, tiene intención de resolver los más relevantes antes del próximo verano: el que interpuso el PP contra toda la ley, los interpuestos por algunas comunidades autónomas y también la cuestión prejudicial del propio Tribunal Supremo. Pero también tiene otros que tratan casos idénticos al de Carles Puigdemont y eso puede acelerar los trámites y las deliberaciones al ser la misma acusación.

El pleno admitió estudiar, el pasado mes de febrero, los recursos de otros políticos encausados por el procés que tenían la misma queja: que el Supremo no hubiera accedido a amnistiar su malversación. Es el caso de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, cuyas condenas de prisión por este delito fueron indultadas por el Gobierno pero con unas condenas de inhabilitación que, a día de hoy, les impiden presentarse a unas elecciones.

Esos pleitos iniciados a instancias de sus antiguos compañeros de Govern tratan sobre si la amnistía se aplica o no al delito de malversación, aunque sus casos tienen matices distintos: ya fueron condenados, los indultos borraron sus condenas de prisión y su pelea se centra, sobre todo, en una inhabilitación para ejercer cargos públicos que, en el caso de Junqueras, no vence hasta el año 2031. Pero una decisión sobre sus alegaciones podría tener incidencia en el caso de Puigdemont y acelerar la respuesta del Constitucional una vez sentadas las bases de su doctrina.

La causa principal del procés se ha convertido en la única cita judicial pendiente de Carles Puigdemont después de que el Supremo haya dado carpetazo a la conocida como 'trama rusa' que el juez Joaquín Aguirre impulsó de forma ilegal en contra de las órdenes de la Audiencia de Barcelona. Todo también a la espera de la vertiente internacional del caso sobre su posible extradición: el juez Llarena lleva casi dos años a la espera de tomar una decisión después de que el Tribunal General de la UE retirara la inmunidad al expresident.

Las alegaciones de Puigdemont tienen al Supremo en contra pero algunos puntos de apoyo: el criterio de la Fiscalía y también los votos particulares de la magistrada Ana Ferrer que considera que la ley sí tenía la intención de amnistiar la malversación.

Aportó un vídeo de los hechos y un parte de lesiones. Pidió una investigación exhaustiva de la agresión de dos vigilantes de seguridad en plena calle en 2022. Pero la jueza rechazó abrir una causa para indagar en los hechos y absolvió a los agentes tras un juicio por delito leve.

Tras agotar las instancias judiciales en España, este joven de Barcelona, que tenía 16 años cuando fue reducido con contundencia en plena calle por dos agentes de seguridad privada del Metro, ha acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Representado por el centro Irídia, denuncia la falta de investigación efectiva de su agresión por parte del sistema judicial, una mala práctica que en el pasado ya le ha valido condenas a España.

“La falta de diligencia del juzgado y de la Fiscalía para investigar los hechos fue total”, ha lamentado el abogado de la víctima y de Irídia, Ton Mansilla. El juzgado absolvió a los vigilantes de seguridad tras dar por probada su palabra, esta es, que el joven estaba “alterado” y que por eso se le tuvo que reducir.

La agresión ocurrió en noviembre de 2022. Al intentar acceder a la estación, el contactless de su tarjeta de transporte no funcionó, pese a ser válida y vigente. Pasó por detrás de su pareja sin llegar a validar su tarjeta. Los agentes lo vieron, y discutieron. Después, los vigilantes salieron a buscarle en plena calle, fuera de las instalaciones del metro.

Los agentes nunca denunciaron al menor. En el vídeo de los hechos, que encabeza esta información, se aprecia que los agentes hacen caso omiso a los avisos de la mujer que acompañaba al menor y que les advertía de que estaban ahogando al menor porque le agarraban del cuello mientras lo reducían.

Este caso particular ha servido a Irídia para denunciar que los juzgados no indagan de forma exhaustiva las denuncias de malos tratos. “El sistema judicial falla en la investigación de las denuncias de torturas por parte de agentes de autoridad, ya sean vigilantes de seguridad privada, funcionarios de prisiones, policías o CNI”, ha aseverado la directora de Irídia, Anaïs Franquesa.

La coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella, ha alertado que los “fallos” de la Justicia a la hora de investigar malos tratos “hace que las víctimas lo perciban como un sistema injusto y arbitrario”. “La impunidad debilita el Estado de Derecho”, ha agregado.

De los 49 procedimientos que lleva Irídia contra agentes de la autoridad, en 32 el algún momento se ha archivado la causa, se ha tramitado como delito leve o se han archivado sin practicar todas las diligencias para esclarecer los hechos. Ello ha comportado que las instancias superiores (la Audiencia Provincial) corrijan a los jueces de instrucción en 24 casos y ordenen investigar debidamente los hechos.

“Los juzgados de instrucción no investigan adecuadamente, asumen de forma incuestionable la versión de la policía sin contrastar adecuadamente con la de las denunciantes”, ha criticado Olivella.

Cira Martínez, psicóloga de Irídia, ha explicado que la falta de investigación de las denuncias de torturas y malos tratos empeora el trauma de las víctimas: “Se sienten solas y que toda la presión recae en ellas”. Irídia ha denunciado que, además de jueces y fiscales, la desidia a la hora de indagar en estos hechos se extiende a los forenses de los juzgados, que no evalúan correctamente la afectación en las víctimas.

Para cambiar esta situación, Franquesa ha reclamado “más y mejor” formación de jueces y fiscales en derechos fundamentales, además de crear juzgados y fiscalías especializadas y un organismo independiente de control de las actuaciones policiales.

“Todavía queda mucho por hacer”. Esta es la advertencia que han dejado por escrito este jueves dos magistradas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual que están acusadas en juicios en España. Las das juezas de Estrasburgo, entre ellos la española María Elósegui, consideran que las leyes nacionales están “muy lejos” de garantizar los estándares europeos en protección a los discapacitados intelectuales en los procesos penales.

La opinión de la jueza española y de la magistrada francesa Stéphanie Mourou-Vikström está incluida en un voto concurrente en una sentencia del TEDH que ha rechazado la demanda de un hombre parcialmente incapacitado por sus problemas psiquiátricos condenado por defraudar a Hacienda. Los jueces de Estrasburgo consideran que el condenado sí tuvo un juicio justo, al contrario de lo que alegaba el hombre, defendido por los letrados Arnau Xumetra y Josep Maria Torrent.

Más allá de coincidir en el resultado del caso concreto, las dos magistradas advierten en su voto concurrente de los déficits que presenta el sistema legal español a la hora de asegurar los derechos de los acusados con discapacidad intelectual. La falta de medios para facilitar la mera comprensión de un procedimiento o de sus derechos lleva a las personas con problemas mentales detenidas a depender de la empatía y la buena voluntad de abogados y jueces. Ambas se dan en algunos casos, pero en otros no.

“El sistema legal español debe mejorar y desarrollar con mayor claridad medidas positivas” respecto a los acusados con discapacidad intelectual, apuntan las dos magistradas en su voto concurrente, donde dejan constancia de las lagunas de España en este campo en comparación con otros países de nuestro entorno.

En Irlanda, Francia y Luxemburgo, explican las magistradas, es posible solicitar adaptaciones procesales durante los procesos penales respecto de personas diagnosticadas con una enfermedad mental. En Irlanda, agregan, corresponde a los abogados solicitar adaptaciones procesales, y no al juez hacerlo de oficio, y existe una clara distinción procesal la discapacidad como causa para poner fin al juicio o como razón para que se adopten medidas especiales para ayudar a una persona con dificultades intelectuales o de comunicación.

Por el contrario, la legislación española en este sentido está mucho menos desarrollada, tal y como vienen denunciando desde hace años entidades del tercer sector, colectivos de discapacitados y algunos abogados, fiscales y magistrados. El Colegio de la Abogacía de Barcelona estudia crear un turno de oficio específico para atender a estas personas.

El caso que ha llegado y ha sido desestimado por el TEDH trata sobre un hombre de Menorca al que un juzgado de Ciutadella declaró en 2016 parcialmente incapacitado al hombre y ordenó que se le pusiera bajo curatela, como apoyo en la toma de decisiones. Informes forenses acreditaron que de niño sufrió un desorden de déficit de atención por hiperactividad que le había dejado secuelas y que mostraba signos de un trastorno de la personalidad con rasgos esquizofrénicos.

Los informes de su proceso civil de incapacitación constataron que la condición médica del hombre podía alterar su capacidad para comprender sus acciones y actuar adecuadamente, especialmente en lo relativo a tareas administrativas.

Sin embargo, el hombre, investigado desde 2013 por fraude fiscal, fue llevado igualmente a juicio ante la Audiencia de Barcelona. Los forenses catalanes concluyeron que, pese al historial psiquiátrico del hombre, “era capaz de identificar la diferencia entre el bien y el mal y de actuar adecuadamente”. En ese momento, no detectó “signos de ningún desorden cognitivo o volitivo”, por lo que concluyó que estaba en condiciones de enfrentarse a un juicio, al contrario de lo alegado por la defensa.

La sección 2ª de la Audiencia de Barcelona, que le juzgó y condenó, encargó dos informes forenses y, conforme a sus conclusiones, decidió que podía enfrentarse a la vista oral, algo que avalaron posteriormente tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional, que inadmitió su recurso de amparo.

La petición de esos dos informes forenses lleva a los jueces europeos a concluir que la Audiencia de Barcelona sí garantizó al hombre su derecho a un juicio justo y a la defensa, ya que se verificó si el acusado “entendía los cargos y el alcance del procedimiento penal”. Los jueces españoles, agrega el TEDH, también analizaron los informes adicionales aportados por la defensa y “se aseguraron de que pudiera ejercer su derecho a guardar silencio”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado este jueves el veto del Tribunal Constitucional a la tramitación de las propuestas de resolución sobre la autodeterminación y la monarquía en el Parlament de Catalunya en otoño de 2019, informa la agencia ACN.

A raíz de la demanda de los exmiembros de la Mesa Josep Costa y Eusebi Campdepadrós contra España, el tribunal con sede en Estrasburgo ha concluido que fue una medida “proporcionada y necesaria” y ha negado que se vulnerara “la libertad de expresión y los derechos políticos de los diputados”, como alegaban los demandantes. La prohibición, dice el TEDH, no impidió a los parlamentarios ejercer sus derechos porque el veto se impuso “tras numerosos debates que habían tenido lugar libremente” en la cámara catalana.

“El Tribunal Constitucional ejerció su potestad, en circunstancias extremas, para ejecutar sus propias decisiones anteriores que protegen a la Constitución como garante de la integridad territorial del Estado”, afirma la decisión de Estrasburgo que declara inadmisibles las demandas de Costa y Campdepadrós.

La demanda de Costa y otros exparlamentarios de Junts versaba sobre una de las polémicas del procés que tuvo menos relevancia mediática en comparación con las causas penales y los encarcelamientos de los líderes soberanistas, pero que entrañaba un debate jurídico con afectación directa en la vida parlamentaria.

En suma, se trataba de pronunciarse sobre los avisos que el Tribunal Constitucional mandó a la Mesa del Parlament para recordarles su deber de impedir debates que reiteraran los objetivos de la primera resolución parlamentaria sobre el procés del 2015 (estos eran, la independencia y la crítica al rey de España).

Para varios juristas, estos avisos suponían una extralimitación de funciones del Constitucional, ya que en realidad para cumplir con el control constitucional bastaba con que el tribunal anulara las resoluciones y no era necesario un aviso previo para impedir debates parlamentarios.

Las advertencias del Constitucional al legislativo catalán no versaban sobre leyes orgánicas, sino sobre otros dos tipos de debates parlamentarios: resoluciones simbólicas sin consecuencias jurídicas y la polémica investidura fallida de Carles Puigdemont y otros diputados encausados en 2018.

Una de las decisiones más controvertidas del Constitucional fue la prohibición de debatir y aprobar resoluciones para reprobar a la Monarquía, hasta el punto de llegar a advertir en 2019 al entonces presidente de la Cámara Roger Torrent y su Mesa de consecuencias penales si admitían a trámite resoluciones que reafirmasen sus críticas al rey o que manifestasen que Catalunya tiene derecho a la autodeterminación. En la práctica, esto supuso la prohibición de debates propuestos por los grupos parlamentarios y la responsabilidad penal de la Mesa, cuyos miembros acabaron siendo juzgados por una supuesta desobediencia al Constitucional de la que quedaron absueltos.

Según Costa y el resto de exparlamentarios, las advertencias del Constitucional vulneraban sus derechos a la libertad de expresión y de asociación, así como a su representación política y a su derecho a ejercer como diputados.

El TEDH parte de la base de que el veto del Constitucional buscaba “el objetivo legítimo” de “proteger el orden constitucional y los procedimientos para revisar la Constitución”. Ahora bien, lo que analiza es si las medidas adoptadas fueron “proporcionadas”, ya que las decisiones del Alto Tribunal “prohibieron determinados debates” en el Parlament.

La jurisprudencia del tribunal establece que hay “poco margen” para restringir el debate político en un país democrático. “Las ideas políticas que desafían el orden existente, y cuya realización se defiende por medios pacíficos, deben tener una oportunidad adecuada de expresión”, recoge.

El Tribunal de Estrasburgo recuerda que el concepto de “lealtad inconstitucional” en España no implica una “adherencia ideológica” a la Constitución, sino al cumplimiento de las “normas políticas”.

En cualquier caso, concluye que el veto del TC a los debates “encaminados a eludir o simplemente prescindir de estos procedimientos” es una medida “proporcionada” porque existían otras vías para mantener estos debates. Tanto la autodeterminación como la monarquía se pueden “debatir libremente en las Cortes Generales”, dice Estrasburgo.

“Las resoluciones parlamentarias anuladas por el Constitucional excluían conscientemente el uso de las vías constitucionales para la revisión de la Constitución para intentar convertir lo que hoy es la comunidad autónoma de Catalunya en un 'Estado independiente' y cuestionar el sistema de gobierno como monarquía parlamentaria”, remarca el escrito de los magistrados europeos.

Por otra parte, el TEDH niega que los incidentes de ejecución de 2019 sean una prohibición “ex ante” en los debates parlamentarios en Catalunya. “Las medidas impugnadas fueron adoptadas por el TC tras numerosos debates libres y tras la adopción de una serie de resoluciones parlamentarias similares, que fueron anuladas por el TC ex post facto, con amplias razones para su inconstitucionalidad”, subrayan los jueces de la sección quinta.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos someterá a examen “tan pronto como sea posible” la demanda con la que la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en junio de 2013 sigue reclamando que el Estado español haga una investigación independiente sobre el siniestro ferroviario.

En el plano judicial, tras una instrucción que duró años y un macroproceso, la sentencia condenó tanto al maquinista del tren como al ex director de seguridad de la empresa pública Adif, a ambos por un imprudencia profesional grave.

En lo relativo a la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), esta realizó en su día un informe que determina que únicamente hubo responsabilidad por parte del maquinista, debido al exceso de velocidad, si bien hizo una serie de recomendaciones para incrementar las medidas de seguridad en la red ferroviaria.

Por eso, para exigir una nueva investigación e “independiente”, la plataforma interpuso una demanda por lo contencioso que es la que ahora llega a Europa.

En un escrito del pasado 5 de febrero, la secretaría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos informa a la asociación de víctimas que “el caso será sometido a examen tan pronto como sea posible” y que “en el momento oportuno” informará “de las decisiones adoptadas”.

El tribunal también apunta que tiene la intención de “agilizar al máximo el proceso de examen de las demandas” y que podrá solicitar información a lo largo del procedimiento.

Un tribunal que, según subrayan las víctimas en un comunicado de prensa en el que informan de esta noticia, “admite menos del 5% de las demandas presentadas”, según datos que cita del Consejo General de la Abogacía Española.

La denuncia, en concreto, fue interpuesta en julio de 2021 ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), frente al Gobierno y al comité que investigó la tragedia.

“Solicitábamos que se llevara a cabo una nueva investigación independiente que cumpliera con los requisitos legalmente establecidos: el trámite de audiencia a las víctimas y que atendiera las graves deficiencias señaladas por la Comisión Europea, en un informe de la Agencia Ferroviaria Europea”, recuerda la plataforma.

“Vergonzante”

Agotadas todas las vías que el derecho interno español ofrece (Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional), la plataforma, de la mano de Administrativando Abogados, acudió al Tribunal Europeo, “que ha admitido la demanda y deberá pronunciarse sobre la vulneración del derecho a un proceso equitativo y verificar si el Estado español respetó y tuteló los derechos de las víctimas y sus familiares”.

“Dice muy poco de nuestras instituciones y de nuestros gobernantes que aún no se haya realizado la investigación independiente que ha solicitado la UE reiteradamente. Más de 11 años, cuatro gobiernos y cinco ministros de Fomento y todavía no hay una investigación técnica independiente como reclama la UE”, censura.

Además, considera que “es cuanto menos vergonzante que el actual ministro Óscar Puente no da la cara y se niegue” a recibirles. “Un ministro que desprecia a los usuarios del ferrocarril y a su seguridad, y que como alcalde de Valladolid aprobó en 2016 una moción para 'instar al gobierno a constituir una comisión de investigación compuesta por expertos y técnicos independientes”, incide. En ello ve “un acto más de hipocresía”.

“Haciendo historia”

Para el abogado de la asociación, Antonio Benítez Ostos, director de Administrativando Abogados, “es un éxito absoluto que Europa decida revisar la actuación llevada a cabo por la jurisdicción española en el que ha sido el accidente ferroviario más grave de la democracia”.

“Esperamos obtener una resolución favorable que ordene al Estado español a realizar una nueva investigación independiente”, destaca. “Dada la complejidad del asunto y la inexistencia de precedentes, que al menos yo conozca, considero que las víctimas del Alvia están haciendo historia en esta lucha judicial”, subraya.

Para la plataforma, el “objetivo” de no llevar a cabo esta investigación “es claro: evitar cualquier tipo de responsabilidad política y contaminar a la opinión pública para ocultar la verdad, las negligencias y los incumplimientos normativos de seguridad”.

Meta se dispone a cambiar su sistema para controlar la desinformación en sus redes sociales. La corporación va a poner fin al modelo basado en verificadores independientes que ha venido manteniendo en el último lustro para pasarse al método de Elon Musk en X, que se apoya en la labor de los propios usuarios a la hora de señalar y contextualizar los bulos.

El cambio puede suponer un nuevo conflicto entre la multinacional y Bruselas, ya que el Ejecutivo comunitario tiene abierta una investigación sobre el modelo que usa X ante sus dudas de que se ajuste a la legislación. “Antes de desplegar nuevas políticas o características que puedan tener un impacto crítico en los riesgos sistémicos, las plataformas muy grandes, incluida Meta, tienen que realizar un análisis previo de evaluación de riesgos y enviarlo a la Comisión”, avisan fuentes comunitarias a este periódico.

Hasta ahora, Meta se ha apoyado en la colaboración con agencias de verificación de hechos independientes. Estas organizaciones, como Newtral, Maldita.es o EFE en España, se encargaban de analizar el contenido viral en Facebook, Instagram o WhatsApp para determinar su veracidad y detectar posibles deepfakes o desinformación. 

El proceso de verificación incluía la revisión del contenido por parte de verificadores cuando este empezaba a compartirse masivamente. Si se identificaba contenido falso o engañoso, los verificadores añadían etiquetas a las publicaciones para informar al resto de usuarios. Sin embargo, Mark Zuckerberg ha descartado a los verificadores por favorecer la censura. “Incluso si censuran accidentalmente solo el 1% de las publicaciones, eso significa millones de personas, y hemos llegado a un punto en el que son demasiados errores y demasiada censura”, afirma.

Las organizaciones que venían realizando este trabajo han denunciado que esto no es cierto, pero la decisión está tomada y el cambio es inminente.

Usuarios verificadores

El sistema de los verificadores desató las iras de Donald Trump y la extrema derecha estadounidense desde sus inicios, que cargaron contra ellos por señalar sus bulos. Por ello, fue uno de los primeros cambios que implementó Elon Musk cuando tomó el control de Twitter, ahora X.

En su lugar, Musk implementó un sistema contra la desinformación basado en “notas de la comunidad”. Se basa en apéndices que los usuarios pueden añadir a tuits virales, para aportar contexto o desmentidos a las publicaciones que consideran falsas o engañosas. Todos los miembros de X pueden votar si consideran “útiles” las notas añadidas a las publicaciones, pero no todos pueden escribirlas.

Para escribir notas sobre las publicaciones del resto de usuarios es necesario conseguir el rango de “usuario verificador”. Para ello hay que tener una cuenta con más de 7 meses de antigüedad, tener un número de teléfono asociado a ella y no haber cometido infracciones recientes de las normas de comunidad de X. Los que cumplan las condiciones pueden inscribirse en el programa para optar a recibir la aprobación de la plataforma para ser verificadores.

Al principio, los usuarios verificadores solo pueden valorar las notas ya existentes. Tras haber valorado un número suficiente de notas existentes, y que estas acumulen suficientes valoraciones para publicarse, X les permite empezar a enviar sus propias notas originales. Si estas son consideradas útiles por el resto de usuarios, se publicarán junto a los tuits originales.

Dudas sobre el sistema de X

Musk defiende que su método es más respetuoso con la libertad de expresión que el de los verificadores, ya que no se basa en organizaciones con poderes especiales, sino en la sabiduría de la masa, capaz de detectar y neutralizar errores puntuales. Otros expertos opinan lo contrario.

Un estudio realizado por el Centro Contra el Odio Digital publicado en octubre de 2024 reveló que hasta el 74% de las notas de la comunidad sobre mensajes engañosos relacionados con las elecciones estadounidenses en X no eran visibles. Además, las publicaciones engañosas recibieron 13 veces más visitas que las Notas de la Comunidad que las corregían, según esta ONG creada en 2017 para combatir el odio y la desinformación en las plataformas digitales. En total, los bulos analizados que no recibieron notas de la comunidad recibieron 2.200 millones de visitas.

“Este algoritmo, que se suponía que iba a resolver el problema de los verificadores de datos sesgados, básicamente significa que no hay verificación de datos”, denuncia Alex Mahadevan, del Instituto Poynter, centrado en la promoción de prácticas éticas en medios de comunicación. El experto señala que la falta de visibilidad de las notas se debe al requisito de un “consenso ideológico” para que una nota sea pública, lo que significa que personas de diferentes espectros políticos deben estar de acuerdo en su veracidad. Mahadevan señala que este sistema es problemático en un entorno polarizado, ya que es poco probable que se alcance un consenso sobre temas controvertidos.

Este tipo de cuestiones llevaron a la Comisión Europea a abrir una investigación contra X en diciembre de 2023 por el sistema de notas de la comunidad, al que ahora se sumara Meta.

Un problema sin resolver

Los problemas de las notas de la comunidad no implican que el sistema basado en verificadores sea perfecto. Este programa enfrenta tres críticas principales: La primera es su legitimidad, pues decisiones sobre veracidad recaen en periodistas y no en jueces. El segundo es su impacto limitado, ya que los bulos son más virales que los desmentidos. La tercera es que su eficacia es dudosa, dado que durante su existencia han aumentado tanto la desinformación como la polarización en redes sociales.

Borja Adsuara, jurista experto en derecho y estrategia digital, señala que existe opacidad en la selección de verificadores y en los criterios que utilizan para determinar la veracidad de la información. Esta falta de transparencia “genera desconfianza” y alimenta las acusaciones de sesgo ideológico.

En conversación con este medio, Adsuara argumenta que la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés, en su afán por combatir la desinformación, puede llevar a “una censura indirecta” por parte de los gobiernos. Esto se debe a que la ley obliga a las plataformas a tomar “medidas adecuadas” contra la desinformación, pero no define claramente qué se considera desinformación: “Se obligó a las redes sociales a intervenir con poderes editoriales para suprimir contenidos que no eran ilegales, lo cual es muy peligroso”.

La Ley de Servicios Digitales de la UE obligó a las redes sociales a intervenir con poderes editoriales para suprimir contenidos que no eran ilegales, lo cual es muy peligroso

Borja Adsuara — jurista especializado en derechos digitales

Esta ambigüedad permite a la Comisión Europea, a través de convenios de buenas prácticas, presionar a las plataformas para que eliminen contenido que no es ilegal, pero que los gobiernos consideran “inadecuado” o “perjudicial”. “A través de esos convenios, se le indica a las redes sociales lo que deben permitir y lo que no”, refleja el jurista, poniendo como ejemplo el discurso del odio, donde comentarios ofensivos que no implican un comportamiento delictivo pueden llegar a ser borrados.

“El derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a decir idioteces. El único límite es la ley. Que uno haga chistes homófobos y de mal gusto no es un delito. Podrá ser idiota y los demás, ejerciendo su libertad de expresión, podrán decir que lo es. Retirar contenidos de este tipo implica censura”, detalla Adsuara.

El frente común de X y Meta ante la UE

El jurista apunta a que todo esto hace aflorar un problema de fondo: no hay un consenso sobre cómo combatir la desinformación ni cómo moderar el debate en unas redes sociales cada vez más polarizadas y agresivas. Pero el frente común que forman ahora Mark Zuckerberg y Elon Musk podría hacer que el asunto escalara por encima de plataformas y reguladores europeos.

“Si la Comisión abre un expediente informativo a Meta, y en el que le han abierto a X llegan a la conclusión de que son medidas insuficientes y les imponen una sanción, van a unirse para recurrir la sanción al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que esto tiene que ver con la libertad de expresión”, adelanta. Una concatenación de hechos que consideraría positivo: “Me encantaría porque así tendríamos una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre un tema tan delicado como la libertad de expresión y sus límites en las redes sociales”.

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Rectificación, 10 de enero de 2025: una versión anterior de este artículo informaba de que la Comisión Europea ya había sido informada por Meta de que se dispone a cambiar su método de verificación de datos también en la Unión Europea. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha rectificado este viernes, asegurando ahora que esa comunicación aún no se ha producido.

En abril, tras el histórico fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Suiza por su inacción ante el cambio climático, Asti Roesle, director de campañas de la Alianza Suiza por el Clima –integrada por más de cien organizaciones de la sociedad civil–, se unió a una decena de activistas para bloquear el acceso al Banco Nacional Suizo. La Policía tomó los datos de todos los manifestantes y los remitió a la Fiscalía para abrir un expediente judicial.

Roesle es uno de los muchos activistas climáticos suizos que tienen causas abiertas por desobediencia civil ante la inacción climática de Estados y empresas. Ahora, los abogados que llevan años defendiendo a este colectivo han decidido unirse para invertir los roles en los juicios: que los ciudadanos sean los demandantes y los Gobiernos y compañías los que ocupen el banquillo de los acusados.

“Se trata de una red jurídica que invierta la actual dinámica. Es decir, que quienes alzan su voz a favor del clima dejen de estar del lado de los acusados y que ese lugar lo ocupen los verdaderos responsables de la crisis climática”, resume Tali Paschoud, abogada en Ginebra e integrante del comité de “Avocates pour le climat” (Abogados por el clima), el nombre de esta organización.

El grupo, formado en septiembre de 2021, ha superado este año los 300 miembros, entre abogados y profesionales que trabajan en el ámbito jurídico, como profesores universitarios y estudiantes de doctorado. La asociación tiene tres grandes metas: aglutinar a todos los abogados “sensibles” con la causa climática, reunir “recursos legales útiles” en esta cruzada y “tener una voz fuerte” en el debate público sobre la importancia de los litigios climáticos.

“La mayoría de los fundadores nos conocimos durante los juicios penales en defensa de los activistas climáticos. Sentimos la necesidad de invertir la dinámica repetida de ciudadanos acusados por las empresas contaminantes. Por eso, la asociación ofrece a los ciudadanos la posibilidad de emprender acciones contra el Estado o contra las empresas por la grave responsabilidad que tienen en la actual crisis climática. Queremos pasar de la defensa al ataque”, explica Paschoud.

La asociación, cuenta la abogada, está o ha estado activa en una decena de procedimientos. “Es una plataforma desde la que los abogados implicados preparamos y llevamos a cabo procedimientos judiciales. Es decir, el derecho se pone al servicio del clima y del medio ambiente. Los abogados tenemos que ser muy creativos y audaces para presentar estas cuestiones ante los tribunales”, subraya.

A su entender, los gobiernos, tanto en Suiza como en la mayoría de los países desarrollados, tienen “serias dificultades” para responder a la emergencia climática a pesar de “evidencias científicas cada vez más contundentes”. “Ante esta realidad, pretendemos recurrir a la justicia para dar forma concreta al derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”, detalla.

Los casos

En estos momentos, la asociación tiene a varios representados. Ente ellos hay un grupo de agricultores, viticultores, horticultores y arboricultores de varias regiones (Zúrich, Schwyz, Ginebra, Neuchâtel y Vaud) que ha demandado al Departamento Federal Suizo de Medio Ambiente, Transportes, Energía y Comunicaciones (DETEC) por “su inacción ante el cambio climático, que amenaza los rendimientos de las cosechas”.

El argumento de la demanda es que, por su “insuficiente política climática”, este organismo estatal compromete la “libertad económica y propiedad privada” de los agricultores. “De hecho, al no tomar medidas serias para proteger la población suiza contra el calentamiento global, DETEC está perjudicando la rentabilidad de estos terrenos”, asegura Paschoud.

En 2023, tras la difusión en la prensa de obras ilegales en el glaciar de Théodule, en los Alpes, donde se celebró la Copa del Mundo de Esquí, estos abogados presentaron una denuncia en nombre de varias organizaciones ecologistas ante la Comisión Cantonal de Construcción del Valais para arrojar luz sobre la legalidad de estas obras. El fallo judicial ordenó la paralización urgente de los trabajos y prohibió la utilización de todas las partes de la pista situadas fuera de la zona de esquí, es decir una superficie de 25.000m².

La FIFA también ha estado en la diana de la asociación. A finales de 2022 se presentó una denuncia ante la Comisión Suiza para la Lealtad Comercial “por lavado de imagen”. 

La institución futbolera que preside Gianni Infantino afirmó públicamente que el Mundial organizado por Qatar sería “neutro en carbono”. En junio de 2023, la FIFA fue declarada culpable por su ecopostureo. La comisión suiza instó a la FIFA a abstenerse en el futuro de formular estas afirmaciones en sus próximos eventos.

Asociación de utilidad pública

Paschoud aclara que los abogados miembros de la asociación son “voluntarios”, ninguno cobra por prestar estos servicios. No obstante, las acciones “requieren fondos para financiar los costes legales”. El grupo tiene abierto un formulario de donación en su página web.

Este año, las autoridades fiscales de Ginebra reconocieron a este colectivo “asociación de utilidad pública”, una distinción que confirma la importancia de “poner al derecho en primera línea del clima y el medio ambiente”.

“Tiene que quedar claro que los ciudadanos del mundo se enfrentan hoy a una crisis climática sin precedentes. Un motivo principal es que nuestras autoridades políticas no están cumpliendo la ley, por lo que muchas empresas nos están llevando por un camino totalmente incompatible con los objetivos climáticos firmados”, denuncia la abogada.

La “buena noticia”, dice, es que “ya estamos viendo cómo las autoridades alemanas, francesas y holandesas están siendo juzgadas por esta inacción”. Lo mismo ocurre con las compañías más contaminantes, todas ellas ligadas a la industria de los combustibles fósiles.

“Somos optimistas sobre la voluntad de los jueces de hacer un derecho respetuoso con los límites del planeta. Creemos que nuestro papel como auxiliar de la justicia es necesario para concretar una voluntad que, por lo general, sigue en el aire”, concluye.