El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha presentado este miércoles una denuncia penal en Estocolmo contra la Fundación Nobel por facilitar supuestamente la comisión de crímenes de guerra al haber otorgado el Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Según un comunicado de Wikileaks, 30 individuos vinculados con la Fundación han cometido delitos de apropiación indebida grave de fondos, facilitación de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y financiación del crimen de agresión.

Con el galardón a Machado, la Fundación Nobel, incluida la presidenta, Astrid Söderbergh Widding, y la directora ejecutiva, Hanna Stjärne, han convertido “un instrumento de paz en un instrumento de guerra”, denuncia Wikileaks. Además, el premio viola lo estipulado de forma vinculante por el testamento de Alfred Nobel, que mandaba conferir el premio a quien hubiera realizado la mayor obra por la fraternidad entre las naciones, sostiene la demanda.

Por el contrario, la “incitación” por parte de Machado al que supone el mayor despliegue militar de EEUU desde la guerra de Irak la hace “categóricamente inelegible” para el Nobel de la Paz, argumenta Assange.

“Machado ha seguido incitando a la Administración Trump a seguir con su camino de escalada”, sostiene el fundador de WikiLeaks.

“Usando su posición elevada como receptora del Premio Nobel de la Paz, Machado bien puede haber inclinado la balanza a favor de la guerra, facilitada por los sospechosos nombrados”, añade.

La denuncia incluye a modo de prueba declaraciones en las que Machado, según Assange, ha alentado a Washington a intervenir militarmente en Venezuela y ha justificado los ataques estadounidenses contra barcos civiles frente a las costas del país caribeño.

En este contexto, la entrega del premio a la opositora venezonala, incluido el desembolso pendiente de 11 millones de coronas suecas —aproximadamente un millón de euros—, supondría un delito de apropiación indebida grave.

Además, existe un “riesgo real” de que los fondos sean desviados de manera que contribuyan indirectamente a financiar crímenes de guerra por parte de EEUU, violando con ello las obligaciones estatales de Suecia bajo el Estatuto de Roma, señala la denuncia.

Por todo ello, Assange solicita a las autoridades suecas que congelen la transferencia del premio monetario a Machado y soliciten la devolución de la medalla, además de investigar a la Fundación por los crímenes ya citados.

Machado se encuentra actualmente en Noruega, a donde llegó en la madrugada del pasado 11 de diciembre tras un accidentado viaje que no le permitió llegar a tiempo para la ceremonia de entrega del premio, aunque sí participó en diversos actos oficiales en Oslo en compañía de su familia y de otros líderes de la oposición venezolana. 

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado que un empresario español será juzgado por el espionaje al que fue sometido Julian Assange, fundador de WikiLeaks, durante varios años en la embajada de Ecuador en el centro de Londres. Los jueces confirman que David Morales, empresario a cargo de la seguridad de la embajada en esos años, y uno de sus colaboradores deben sentarse en el banquillo acusados de grabar y difundir a los servicios secretos las reuniones que Assange mantenía en el edificio, espionaje por el que la Fiscalía pide 13 años de cárcel.

El fundador de WikiLeaks, considerado el máximo responsable de la filtración de decenas de miles de documentos que expusieron, entre otras cosas, las torturas a los presos de Guantánamo y Abu Grahib o los cables de inteligencia estadounidense, denunció en 2019 que la empresa responsable de la seguridad de la embajada de Ecuador había instalado micrófonos ocultos en el edificio para registrar sus reuniones para después difundir su contenido al servicio secreto ecuatoriano o a personas en Estados Unidos.

Esa primera querella contaba con información que después ampliaron las diligencias que puso en marcha la Audiencia Nacional: los registros en la empresa de seguridad y la casa de su dueño en Cádiz así como la documentación y testimonios aportados por testigos protegidos que revelaban el alcance del espionaje: micrófonos ocultos en extintores, cámaras e incluso un streaming mientras él se recluía en la embajada para evitar las extradiciones a Suecia y Estados Unidos.

El empresario David Morales, exmilitar y en ese momento encargado de la seguridad de la embajada, recurrió la decisión del juzgado de procesarle tanto a él como a uno de sus antiguos colaboradores y la Sala de lo Penal acaba de confirmar que ambos irán a juicio. “Se dedicaron a la obtención de información sobre Julian Assange así como de las personas que con él se entrevistaban en la citada sede, grabando tanto las imágenes como el contenido de estas reuniones, facilitándolas a terceras personas”.

El juicio todavía no tiene fecha pero sí escritos de acusación. La Fiscalía solicita hasta 13 años y medio de cárcel para Morales mientras que la acusación, que ejerce el despacho del exjuez Baltasar Garzón, sube a 20 la petición de presidio para él. El sumario del caso ha desvelado que esas grabaciones no solo afectaron a Assange: fueron grabados políticos como el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, cuando el gobierno de su país pasó a manos de Lenin Moreno, entre muchos otros mandatarios, periodistas y abogados que le visitaron en la embajada.

El empresario y exmilitar español David Morales, según las pruebas pendientes de juicio, es quien “organiza las grabaciones, identifica a las personas objetivo de aquellas y adquiere los medios necesarios para conseguirlo”, según recuerda la Sala. Existen, añaden los jueces, “plurales indicios” para llevar a ambos a juicio, no solo por el espionaje sino también por supuestos sobornos a funcionarios de Ecuador y, finalmente, por varias armas que Morales tenía en su casa de Cádiz sin licencia.

Julian Assange fue uno de los hombres más buscados de todo el planeta en la segunda década el nuevo milenio. Cara visible de WikiLeaks y de algunas de las filtraciones más relevantes de la historia reciente, este programador australiano vivió seis años de su vida recluido en la embajada ecuatoriana de Londres para evitar las extradiciones y a Estados Unidos. Ahora un juicio en Madrid sentenciará si, en esos años, Assange fue espiado por varios servicios secretos a través de un empresario español, encargado de la seguridad de la embajada en la que vivió, para quien la Fiscalía pide 13 años de prisión por grabar no solo a la víctima, también a políticos, periodistas, abogados y diplomáticos que se reunieron con él.

Assange fue uno de los fundadores de WikiLeaks en 2006. La página web se convirtió pocos años después en el escaparate de las filtraciones que expusieron las grandes vergüenzas ocultas de Estados Unidos: el vídeo del asesinato de 12 personas bajo el fuego de un helicóptero Apache en Bagdad en 2007, las torturas en las cárceles de Guantánamo y Abu Ghraib o decenas de miles de 'cables' de inteligencia sobre el espionaje estadounidense, entre otros, a los gobiernos de Francia, Japón, Alemania o Italia.

El activista australiano se instaló en 2012 en la embajada ecuatoriana de Londres para evitar su extradición. Por un lado, las autoridades de Suecia le acusaban de haber agredido sexualmente a dos mujeres, algo que él negaba y que terminó en archivo. Por otro, Estados Unidos abrió su propia investigación, condenó a la soldado Chelsea Manning por ser su fuente y Assange se atrincheró en la embajada, a escasos metros de Hyde Park, mientras su vida era monitorizada, grabada y se daban órdenes para retransmitirla en directo por streaming.

Este espionaje será juzgado en la Audiencia Nacional en Madrid, algo que es posible porque aunque los hechos ocurrieron en el centro de Londres, el principal acusado es un empresario español: David Morales, exmilitar destinado durante años en los Balcanes ahora aquejado de una grave enfermedad cuya empresa, Undercover Global, gestionaba la seguridad de la embajada donde se escondía Assange. Según las acusaciones, Morales monitorizó desde Cádiz que sus trabajadores grabaran todas las reuniones del activista australiano con abogados, médicos, periodistas y políticos durante al menos un año.

Según explica él mismo, Morales fue militar antes de montar su propia empresa privada de seguridad en 2008. Fue en 2015 cuando el gobierno de Ecuador adjudicó la seguridad de su embajada londinense a esta compañía radicada en la localidad gaditana de Puerto Real, a más de 2.000 kilómetros, para reforzar la protección del edificio y controlar las entradas y salidas durante la estancia de Assange. Un contrato firmado cuando Rafael Correa era presidente de Ecuador y que evolucionó a mediados de 2017, pocos meses después de la llegada de Lenin Moreno al poder en Quito y de que Suecia levantara los cargos contra él. Según las acusaciones del caso, en ese momento las órdenes de David Morales cambiaron: tenía que grabar todo lo que hacía Assange. Imagen y sonido.

Hasta ese momento el circuito interno de cámaras solo captaba imágenes del interior de la embajada para controlar quién entraba y salía del edificio. Los empleados de Morales cambiaron los aparatos de forma clandestina para que también recogieran sonido y, en la práctica, grabaran las conversaciones. También pusieron micrófonos ocultos, uno de ellos escondido en la parte de abajo de un extintor de la sala de reuniones de la embajada. Según el relato que hace la Fiscalía, incluso llegaron a copiar los teléfonos y agendas de políticos y periodistas que visitaban al fundador de WikiLeaks.

Toda la información iba directa al Servicio Nacional de Inteligencia (SENAIN), la agencia ecuatoriana de espionaje. En un momento dado, sostienen las acusaciones de este proceso judicial, grabar no fue suficiente y el empresario español acusado dio la orden de retransmitir en directo las reuniones de Assange. Se estableció así un enlace para dar en streaming la vida del fundador de WikiLeaks con dos espectadores: los servicios secretos de Ecuador y “los amigos de Estados Unidos”. Todo mientras el empresario español pagaba a escondidas a funcionarios de Ecuador para seguir teniendo el contrato de la embajada.

El espionaje a uno de los hombres más buscados del planeta pasó desapercibido hasta que en 2019 la Audiencia Nacional aceptó abrir una investigación. El despacho de Baltasar Garzón, que junto con el letrado Aitor Martínez también fue espiado mientras ejercían la defensa de Assange, presentó una querella que ya apuntaba a los hechos que, años después, se han convertido en el auto de procesamiento.

Esa primera querella aportó tres declaraciones de testigos protegidos clave para levantar el secretismo que pesaba sobre el espionaje coordinado que habían ejecutado sobre Assange durante años. Los registros posteriores del juzgado en el domicilio del acusado y la sede de su empresa terminaron por revelar todo el material que ha llevado a la Audiencia Nacional a abrir juicio contra él seis años después.

Correa, Varoufakis y hasta Pablo Iglesias

Saber de lo que hablaba Julian Assange dentro de la embajada de Ecuador mientras WikiLeaks funcionaba a pleno rendimiento era la caza mayor de cualquier servicio de inteligencia de primer nivel. No solo por lo que él pudiera revelar, sino por las personas con las que se reunía en el edificio. Los trabajadores de la empresa gaditana de seguridad documentaron sus conversaciones y encuentros con amigos, médicos y colaboradores pero también con políticos, periodistas, diplomáticos y sus propios abogados.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa y su familia, por ejemplo, fueron “objeto de espionaje”. Y también se documentaron sus reuniones con dirigentes latinoamericanos como Evo Morales (Bolivia), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) o José Mujica (Uruguay) así como con el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias. Las visitas de diversos dirigentes de este partido a Assange desde su llegada a Londres han sido públicas desde el nacimiento de la formación en 2014. La Fiscalía también ubica al exministro griego Yanis Varoufakis entre los testigos del caso.

El espionaje, según las acusaciones, no se limitó a grabar las reuniones de Assange. El personal de la embajada se quedaba los teléfonos de las personas que iban a visitarle y, mientras tanto, sacaban fotos a los móviles, sus tarjetas SIM, los números de serie IMEI e, incluso, de los mensajes que recibían. Llegaron incluso a conseguir las contraseñas para acceder al teléfono y el correo electrónico de la actriz Pamela Anderson durante una de sus visitas.

Dos personas se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional cuando el tribunal ponga fecha al juicio: el empresario y exmilitar gaditano David Morales y su colaborador, el belga Michel Wallemacq, que según las acusaciones participó activamente en el plan de espionaje urdido en Cádiz y ejecutado en Londres. Para el primero Assange pide 20 años de prisión por los 13 que solicita la Fiscalía. Se le atribuyen dos delitos de revelación de secretos, otro más de cohecho por los sobornos que pagó para retener el contrato y uno adicional de tenencia ilícita de armas por las dos pistolas Browning que la Policía encontró en su casa durante los registros.

El tribunal, que ya ha abierto juicio oral contra ambos, tiene pendiente hacer pública la lista de testigos que comparecerá en el juicio, aunque en el proceso hay pocas dudas de que una de las comparecencias ineludibles será la Julian Assange. Quedó en libertad en junio del año pasado tras llegar a un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos y pasar un lustro en la cárcel británica de Belmarsh. Ahora lleva una vida discreta en Australia con una aparición pública pendiente de fecha: su testifical en el juicio por el espionaje que padeció en la embajada de Ecuador en Londres.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido enviar a juicio al gerente y administrador de la empresa española UC Global, David Morales, que prestaba los servicios de seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres por presuntamente espiar al fundador de WikiLeaks y activista Julian Assange, que estuvo asilado durante años en la sede diplomática. Por esos supuestos hechos, la Fiscalía reclama que sea condenado a 13 años y 6 meses de prisión.

A través de un auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez acuerda sentarle en el banquillo junto al responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, tenencia ilícita de armas, organización criminal y blanqueo de capitales.

Además, la Fiscalía reclama que el propio Assange, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comparezcan como testigos en el juicio.

También solicita la testifical de los exministros de Exteriores de Ecuador Ricardo Patiño, Guillaume Long y María Fernanda Espinosa, así como de la actriz Pamela Anderson, que fue pareja del fundador de WikiLeaks.

El activista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha solicitado 20 años y medio de cárcel para David Morales, gerente y administrador de la empresa española que prestaba los servicios de seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres, por presuntamente espiarle mientras estuvo asilado durante años en la sede diplomática. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz propuso llevarlo a juicio a finales de septiembre.

En su escrito de acusación, el activista atribuye a Morales, responsable de la empresa española Undercover Global (UC Global), presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y organización criminal. Señala que durante los años en los que permaneció “refugiado” dentro de la Embajada, “sus derechos se vieron gravemente vulnerados por las actividades delictivas que fueron sistemáticamente desarrolladas por la empresa española encargada del servicio de seguridad perimetral en la sede diplomática”.

“UC GLOBAL llevó a cabo una serie de acciones de marcado carácter ilícito, llegando a implantar un auténtico operativo de espionaje que transgredió seriamente los derechos de mi patrocinado, de sus visitantes abogados, médicos, periodistas y demás allegados, y de los diplomáticos ecuatorianos”, señala su abogado en el escrito.

Assange resalta que “ninguna de estas actividades delictivas tenía cabida dentro de la relación contractual” y que “fue el contacto establecido entre Morales y las autoridades de inteligencia de los Estados Unidos lo que marcó el punto de inflexión a partir del cual UC Global intensificó sus esfuerzos en la intervención de las comunicaciones y en la recopilación de información confidencial dentro de la misión diplomática, al tiempo que la empresa comenzó a obtener lucrativos contratos de dudoso objeto alrededor del mundo”.

El activista apunta que la empresa española recopiló, extrajo, clasificó y almacenó “la información confidencial y privilegiada” relativa a su situación dentro de la sede diplomática, “accediendo ilegalmente a la misma aprovechando su posición”. “La misma era entregada a terceros, incluyendo a las autoridades norteamericanas, de manera sistemática y continuada en el tiempo, y mediante los recurrentes viajes de Morales a Estados Unidos que el investigado pidió expresamente que debían ocultarse a las autoridades ecuatorianas”, añade.

Bajo su criterio, Morales creó en UC GLOBAL una “unidad especial de operaciones destinada exclusivamente a gestionar el espionaje perpetrado en la Embajada de Ecuador en Londres”. Assange también pide 6 años de cárcel para el responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, así como multa y pena de disolución para la empresa.

Correa pide trece años y medio

Por su parte, el expresidente de Ecuador Rafael Correa solicita 13 años y medio de prisión y multa para Morales, 6 años para Wallemacq y tanto multa como pena de disolución para UC Global.

Correa indica en otro escrito de acusación, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, que cuando era presidente decidió “dotar a su sede diplomática de un dispositivo de seguridad privado, acorde a sus nuevas necesidades y circunstancias”.

Y denuncia que mientras él y su familia estuvieron bajo la seguridad de UC Global, “sus derechos se vieron gravemente vulnerados por las actividades delictivas que fueron sistemáticamente desarrolladas por la empresa española”, que “llevó a cabo una serie de acciones de marcado carácter ilícito, llegando a implantar un auténtico operativo de espionaje”, entre ellas grabaciones de conversaciones telefónicas o virus para controlar sus dispositivos.

Grabaciones confidenciales

En su auto de pase procedimiento abreviado, recogido por Europa Press, el juez instructor plantea llevar a juicio a Morales por haber presuntamente entregado a terceros información “ilícitamente obtenida” sobre Assange y otras personalidades.

Pedraz recuerda que entre 2015 y 2018 la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres fue confiada a UC Global, una empresa española con sede social en Puerto Real y oficinas en Jerez de la Frontera, ambos municipios de la provincia de Cádiz.

Señala que la empresa, con Morales como gerente y “máxima autoridad”, fue contratada por Ecuador como consecuencia de la “sensible situación” que se vivía con el asilo concedido a Assange, acusado de espionaje por las autoridades de Estados Unidos por difundir miles de documentos oficiales y secretos a través de su portal.

El juez detalla que los servicios prestados consistieron en “garantizar todo el perímetro de seguridad del inmueble, estableciendo personal físico que se desplazó a las dependencias para cumplir con turnos de vigilancia diaria y permanente”, así como la vigilancia a través de las cámaras instaladas en la legación.

Según el auto, Morales dio en 2017 la orden para que se instalaran nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones “confidenciales” que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con personalidades como el abogado Baltasar Garzón, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias o los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) y José Mujica (Uruguay).

Pedraz indica que, durante el proceso de instalación de las cámaras, David Morales exigió a los técnicos que habilitaran un sistema de acceso externo ('streaming') para que se pudiera acceder en tiempo real a controlar todo lo que sucedía en el interior de la Embajada. A su entender, Morales “pretendía abrir dos canales de 'streaming' para el acceso online, uno oficial para Ecuador y otro para 'los amigos de Estados Unidos'”.

El juez instructor considera acreditado tras la investigación que Morales “efectuó pagos periódicos y de cuantía elevada a funcionarios ecuatorianos”, canalizados a través de intermediarios y estructuras opacas, con el fin de asegurarse la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad en la legación diplomática.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha propuesto llevar a juicio al gerente y administrador de la empresa española que prestaba los servicios de seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres por presuntamente espiar al fundador de Wikileaks, el activista y periodista Julian Assange, que estuvo asilado durante años en la sede diplomática.

En su auto de procesamiento, recogido por Europa Press, el juez instructor envía a juicio a David Morales, responsable de la empresa española Undercover Global (UC Global), por haber presuntamente entregado a terceros información “ilícitamente obtenida” sobre Assange y otras personalidades.

Pedraz, que le atribuye presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, falsedad documental y tenencia ilícita de armas, envía también a juicio al responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, en su caso por supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

El magistrado recuerda que entre 2015 y 2018 la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres fue confiada a UC Global, una empresa española con sede social en Puerto Real y oficinas en Jerez de la Frontera, ambos municipios de la provincia de Cádiz.

Señala que la empresa, con Morales como gerente y “máxima autoridad”, fue contratada por Ecuador como consecuencia de la “sensible situación” que se vivía con el asilo concedido a Assange, acusado de espionaje por las autoridades de Estados Unidos por difundir miles de documentos oficiales y secretos a través de su portal.

El juez detalla que los servicios prestados consistieron en “garantizar todo el perímetro de seguridad del inmueble, estableciendo personal físico que se desplazó a las dependencias para cumplir con turnos de vigilancia diaria y permanente”, así como la vigilancia a través de las cámaras instaladas en la legación.

Grabaciones de reuniones “confidenciales” y para “los amigos de EEUU”

Según el auto, Morales dio en 2017 la orden para que se instalaran nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones “confidenciales” que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con personalidades como el abogado Baltasar Garzón, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias o los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) y José Mujica (Uruguay).

Pedraz indica que, durante el proceso de instalación de las cámaras, David Morales exigió a los técnicos que habilitaran un sistema de acceso externo ('streaming') para que se pudiera acceder en tiempo real a controlar todo lo que sucedía en el interior de la Embajada.

A su entender, Morales “pretendía abrir dos canales de 'streaming' para el acceso online, uno oficial para Ecuador y otro para 'los amigos de Estados Unidos'”.

El juez instructor considera acreditado en la investigación que Morales “efectuó pagos periódicos y de cuantía elevada a funcionarios ecuatorianos”, canalizados a través de intermediarios y estructuras opacas, con el fin de asegurarse la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad en la legación diplomática.

El periodista y activista australiano Julian Assange ha acudido este jueves a la presentación del documental de Eugene Jarecki 'The Six Billion Dollar Man', centrado en su figura, con una camiseta en la que aparecían sobreimpresionados los nombres de los 4.986 niños y niñas palestinos menores de cinco años asesinados en la Franja de Gaza en ataques israelíes desde 2023.

Durante la celebración del habitual fotocall con los fotógrafos y periodistas, Assange, acompañado de su esposa Stella, se abrió la camisa de lino que llevaba para dejar ver una camiseta blanca con los nombres de los miles de niños palestinos fallecidos.

Julian Assange, a quien apenas se le ha visto en público desde su liberación hace casi once meses, el 24 de junio de 2024, ha pasado los últimos meses dedicado a su recuperación física, según explicó a EFE su pareja. “Está siguiendo las noticias e intentando ponerse al día y entender el mundo en el que estamos hoy. Sobrevivió a una situación muy grave en prisión, su supervivencia personal estaba en juego”, explica en una entrevista con EFE. “Se ha estado recuperando, pero también está muy preocupado por la grave situación en la que estamos todos hoy”, matiza.

El matrimonio vive ahora con sus hijos en Australia, donde emplean su tiempo en pasear “a campo abierto”, ver “canguros” cada día y bañarse en el mar. “Eligió la libertad antes que una justicia irrealizable”, explicaba a EFE Jennifer Robinson, una de las abogadas del equipo legal que trabajó para lograr el acuerdo que finalmente redujo los potenciales 175 años de prisión que reclamaba Estados Unidos para él a 62 meses.

Ambas mujeres son piezas elementales del documental que presenta en Cannes Eugene Jarecki, quien a través de imágenes de archivo y de testigos —como Edward Snowden, Pamela Anderson o el expresidente ecuatoriano Rafael Correa— repasa la historia de Assange desde la fundación de Wikileaks y su salto a la fama con las primeras grandes filtraciones de crímenes de guerra de EEUU en Irak.

Pero sobre todo, Jarecki (hermano del también realizador Andrew Jarecki) se sumerge en las partes más desconocidas para el público de la vida de Assange tras la acusación de delitos sexuales en Suecia de dos mujeres, que luego fue archivada, la violación de su libertad condicional para refugiarse en la embajada de Ecuador y lo que pasó entre las paredes de aquel edificio durante siete años.

Julian Assange se llevó un reconocimiento en su primer viaje fuera de Australia desde que fue liberado. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa le declarado “preso político” en una resolución que se ha votado este miércoles tras escuchar al fundador de WikiLeaks la jornada anterior. El texto ha salido adelante con 88 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones, entre las que se encuentran los diputados del PP de Alberto Núñez Feijóo (otros miembros de su familia política han secundado la declaración).

“La Asamblea considera que los cargos desproporcionadamente graves presentados por los Estados Unidos de América contra Julian Assange en virtud de la Ley de Espionaje, que lo exponen a un riesgo de cadena perpetua de facto, combinados con su condena y sentencia en virtud de la Ley de Espionaje (...) justifican la designación del Sr. Assange como preso político”, señala el texto.

La resolución del organismo, en el que están representados 46 países del continente, también reclama a Estados Unidos que modifique su ley de espionaje para que no vuelva a utilizarse contra periodistas o denunciantes. De hecho, los diputados consideran que se hizo un “incorrecto uso” de esa norma de 1917 en el caso Assange causando “un efecto disuasorio peligroso, disuadiendo a editores, periodistas y denunciantes de informar sobre la mala conducta gubernamental”.

Además, reclama al país (que es un país observador del Consejo de Europa) que lleve a cabo investigaciones “exhaustivas, imparciales y transparentes” sobre los crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos revelados por WikiLeaks, además de que coopere con la investigación judicial la denuncia de espionaje por parte de la CIA durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres.

Assange compareció ante los diputados este martes y relató su batalla legal y personal durante los últimos 14 años hasta que llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense. “No soy libre porque el sistema haya funcionado, sino por declararme culpable de hacer periodismo. Me declaré culpable de buscar información de una fuente”, afirmó el fundador de WikiLeaks, que admitió que ahora tiene que “readaptarse” a la vida en libertad.

“Espero que mi testimonio de hoy sirva para poner de relieve los puntos débiles de las salvaguardias existentes y ayudar a aquellos cuyos casos son menos visibles, pero que son igual de vulnerables”, defendió durante su intervención, en la que habló de forma pausada y con varias interrupciones por carraspeos y para beber agua.

El viaje de Assange a Estrasburgo ha sido su primera salida de Australia desde que volvió tras alcanzar el acuerdo con Estados Unidos, que implica que no pueda pleitear por el acoso al que ha sido sometido durante estos 14 años, cuando WikiLeaks publicó miles de cables diplomáticos con relevante información que sacó a la luz irregularidades militares estadounidenses en Irak y Afganistán. Allí empezó su persecución judicial, que le llevó a estar encerrado durante más de una década.

“No soy libre porque el sistema haya funcionado, sino por declararme culpable de hacer periodismo. Me declaré culpable de buscar información de una fuente”. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha roto su silencio tres meses después de quedar en libertad y volver a su Australia natal tras años encarcelado o encerrado en la embajada de Ecuador por la persecución judicial en Estados Unidos por la revelación de documentos clasificados a través de esa plataforma. Assange fue invitado por la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, que este martes debate una resolución sobre la implicaciones de su caso en los derechos humanos.

Assange ha comenzado haciendo un relato de lo duros que han sido los últimos años de su vida, primero asilado bajo el Gobierno de Rafael Correa para evitar ser extraditado a Suecia, donde estaba acusado de delitos sexuales, y después encarcelado en una prisión de máxima seguridad en Londres, donde fue detenido en nombre de Estados Unidos, que había solicitado su extradición. Allí permaneció cinco años hasta que llegó al acuerdo para su liberación con ese país, que le acusaba de alentar y ayudar al exsoldado Chelsea Manning a robar los archivos militares. Por los 18 cargos que le atribuían se enfrentaba hasta 175 años de cárcel.

La comparecencia de Assange ha sido un alegato por la libertad de prensa. “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, ha lamentado el fundador de WikiLeaks, que ha advertido de que “la represión trasnacional no se puede convertir en la norma”, en referencia a la persecución de Estados Unidos, que le llevó a estar bajo la lupa de las autoridades de distintos países.

“Los periodistas no deben ser perseguidos por hacer su trabajo, el periodismo es el pilar de nuestra sociedad”, ha dicho Assange en un momento de su intervención en el que ha provocado el aplauso de los diputados presentes en la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, donde están representados 46 países del continente. Assange ha hecho referencia a los informadores que mueren en conflictos, entre los que ha citado el de Ucrania o Gaza: “Es preocupante que la alineación política y geopolítica de las organizaciones de medios de comunicación haga que no cubran a esas víctimas o que cubran sólo a determinadas víctimas. Es una ruptura de la solidaridad periodística”.

“Espero que mi testimonio de hoy sirva para poner de relieve los puntos débiles de las salvaguardias existentes y ayudar a aquellos cuyos casos son menos visibles, pero que son igual de vulnerables”, ha defendido durante su intervención, en la que ha hablado de forma pausada y con varias interrupciones por carraspeos y para beber agua.

El viaje de Assange a Estrasburgo ha sido su primera salida de Australia desde que volvió tras alcanzar el acuerdo con Estados Unidos, que implica que no pueda pleitear por el acoso al que ha sido sometido durante estos 14 años, cuando WikiLeaks publicó miles de cables diplomáticos con relevante información que sacó a la luz irregularidades militares estadounidenses en Irak y Afganistán. Allí empezó su persecución judicial, que le llevó a estar encerrado durante más de una década. Ahora, ha dicho, tiene que “readaptarse” a la vida en libertad.

Hace un mes en respuesta a la tan anhelada liberación de Julian Assange de Belmarsh, una prisión de alta seguridad de Reino Unido, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, declaró:

 “Amnistía Internacional acoge con satisfacción la noticia positiva de que Julian Assange, que se encontraba bajo custodia del Estado británico, haya quedado por fin en libertad tras cinco años de prisión, y de que esta terrible experiencia se acabe para él y su familia. Creemos firmemente que Julian Assange nunca debió haber sido encarcelado y hemos pedido continuamente que se retiren los cargos.

 El espectáculo que durante años han mostrado al mundo las autoridades estadounidenses, empeñadas en violar la libertad de prensa y la libertad de expresión al usar a Assange como ejemplo por revelar presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos ha causado sin duda un daño histórico“.

En Amnistía Andalucía tuvimos la suerte de haber presentado también justo hace un mes en la Corrala de Santiago de la Universidad de Granada, el documental de las periodistas Clara López Rubio y Juan Pancorbo en torno al periodista Julian Asange y la defensa de éste que estába llevando a cabo el equipo jurídico de Baltasar Garzón, una historia tan interesante que detalla los entramados de una historia que merecía ser contada.

Clara recuerda así su experiencia:

“En 2012 establecimos contacto con el juez Garzón para llevar a cabo el rodaje de un documental sobre su trayectoria en el ámbito de la Jurisdicción Universal, fuimos a visitarlo ese verano a Torres, su pueblo natal en Andalucía. El juez acababa de ser inhabilitado y estaba en proceso de reinventarse como abogado.

Fue en esos mismos días cuando recibió la llamada de Julian Assange y después de unas conversaciones aceptó coordinar su defensa probono. Así que ahí había una historia que empezaba y merecía ser contada.

De repente, teníamos un caso de suma actualidad que despertaba gran interés internacional. Como narradores enseguida nos sedujo el encuentro de estas dos personalidades en apariencia tan distintas. Luego, el propio Baltasar Garzón nos explicó que él entendía la defensa de Julian Assange como la defensa de un principio fundamental en democracia: la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información. Desde esa perspectiva, este caso global encajaba en nuestra visión inicial del proyecto. Decidimos contar un Garzón inédito, trabajando ahora del otro lado del sistema judicial, no ya como juez instructor, sino como abogado“.

Queda claro que cuando la justicia choca con la política, esta última tiene todas las de ganar

“Hacking Justice” muestra su trabajo al frente del equipo legal internacional que defiende al editor jefe de WikiLeaks, Julian Assange. Él y su equipo ejercen como abogados de derechos humanos inmersos en un caso plagado de irregularidades, que implica a varios Estados, en el que queda claro que cuando la justicia choca con la política, esta última tiene todas las de ganar.

En términos visuales, mi codirector Juan Pancorbo y yo planteábamos el documental de esta forma: un hombre encerrado en una habitación y otro que viaja por todo el mundo con la misión de sacarlo de ella. Pero de fondo estaban los grandes temas: el futuro de Internet, la importancia de la transparencia para Gobiernos y corporaciones, la necesidad de proteger a los whistleblowers y la gran influencia de los servicios de inteligencia en nuestras vidas…

Desafíos no nos faltaron. De hecho, inicialmente el título original de nuestra película era “The Challenge”, el desafío: todas las dificultades que conlleva hacer una película sobre abogados que están trabajando en un caso secreto; un caso todavía abierto en aquel momento y de alto voltaje político en el que todos los actores tienen que ser extremadamente cautos, cualquier interferencia nuestra con la cámara podía perjudicar el proceso en marcha.

Muchas veces hicimos viajes en vano, ya que nos negaron los permisos de rodaje por la confidencialidad de los encuentros y nos quedamos sin poder filmar

Muchas veces hicimos viajes en vano, ya que nos negaron los permisos de rodaje por la confidencialidad de los encuentros y nos quedamos sin poder filmar. Multitud de circunstancias complicadas ocasionaron un gran desafío para la producción.

Vivimos por aquel tiempo en una continua incertidumbre. Durante los primeros meses creímos que el caso podía tener una resolución inminente, que Julian Assange podría salir en cualquier momento de la Embajada; trabajábamos con una sensación de urgencia que nos hizo, como documentalistas, tomar decisiones apresuradas. Luego pasamos justamente a vivir la situación contraria: muchos meses y algunos años de aparente bloqueo del caso, en los que parecía que el equipo de defensa no estaba logrando ningún avance y que la situación podía prolongarse eternamente.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU consideró que la situación de Assange debía calificarse de “detención arbitraria” y que tenía derecho a una compensación

Pero ante nuestra sorpresa el equipo de defensa consiguió eficazmente  pronunciamientos favorables de diversos organismos internacionales. La más importante fue la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que consideró que la situación a la que se había llevado a Assange en su persecución debía calificarse de “detención arbitraria” y que éste tenía derecho a una compensación.

 Estuvimos nueve años acompañando con la cámara el caso de cerca, los viajes constantes de Baltasar Garzón, no sólo a Londres, sino también a Estados Unidos, Ecuador, Ginebra, allá donde fuera necesario actuar para liberar a Julian Assange. Aún sabiendo que el equipo legal de diversas nacionalidades y distintas especialidades era brillante, finalizamos la película en 2021 con la frustración de que Assange no estaba aún libre.

Sorprendente, para bien, fue su liberación el pasado 25 de junio, sin duda fruto tanto del trabajo legal como de la enorme presión internacional que se creó alrededor del caso. En todos los lugares del mundo se habían creado grupos de activistas “Free Assange”, muchas organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras, exigieron la liberación del periodista.

 Mandatarios internacionales se dirigieron personalmente a la administración norteamericana para solicitar el cierre del caso, como por ejemplo, los presidentes Andrés Manuel López Obrador o Lula Da Silva. El primer ministro australiano Anthony Albanese y sus diplomáticos entablaron durante meses conversaciones con políticos norteamericanos para buscar posibles vías de negociación.

El proceso que ha padecido Assange no solo ha sido un calvario judicial determinado por intereses políticos

El proceso que ha padecido Assange no solo ha sido un calvario judicial determinado por intereses políticos, como se ha señalado más arriba: el choque entre la justicia y la política, o la justicia y los supuestos intereses de Estado.

En el denominado “caso Pinochet”, al Reino Unido no le interesó políticamente retener a un dictador responsable de horrendos crímenes contra la Humanidad. Sin embargo, en el referido a Assange, al mismo Reino Unido  le pareció oportuno mantener privado de libertad, en una especie de limbo jurídico, a un editor que publicó crímenes de guerra cometidos por el Gobierno de Estados Unidos contra civiles y periodistas. Aquellos criminales de guerra no han sido aún perseguidos. En cambio, Julian Assange ha pasado 14 años privado de libertad, los cinco últimos aislado en una celda de 2x3 metros, sólo por publicar estos crímenes.

Aparte de las ingentes dificultades que tuvo que superar la cámara, lo que ésta muestra en la voz de sus personajes es que hay que seguir trabajando muy duro para garantizar la libertad de prensa en nuestras sociedades. Los periodistas no pueden ser perseguidos como espías cuando publiquen información incómoda para los gobiernos“.

 Amnistía Internacional felicita por el trabajo realizado a la familia de Julián Assange, a activistas, profesionales de la abogacía y otros más, organizaciones de defensa de la libertad de prensa y a muchas personas de los medios de comunicación y de otros ámbitos que lo han apoyado a él y han defendido los principios fundamentales que deben regir el derecho y el acceso de la sociedad a la información y la justicia.

Julian Assange y el Gobierno de Estados Unidos han llegado a un acuerdo. La justicia norteamericana deja de buscar su extradición y él se declara culpable de haber violado la ley de espionaje. Por el camino, Assange se ha pasado 12 años privado de libertad: primero siete años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, y otros cinco años encarcelado en una prisión de alta seguridad en la misma ciudad. Estados Unidos le acusaba de hasta 18 cargos relacionados con el espionaje, que implican hasta 175 años de cárcel. 

En 2010, Assange, a través de su plataforma activista Wikileaks, reveló al mundo algunas de las atrocidades cometidas por el ejército norteamericano en Irak y en Afganistán, así como información reservada que revelaba cómo Estados Unidos vulnera todos los límites con tal de defender sus intereses. Muchas de estas revelaciones se publicaron en coordinación con grandes periódicos de prestigio internacional, que luego le han dejado solo ante el proceso penal que ha pagado por estas filtraciones.

Hablamos con María Ramírez, corresponsal internacional de elDiario.es sobre las claves de este último episodio del caso Assange. Con Sindo Lafuente, colaborador de elDiario.es y adjunto al director del diario El País cuando este periódico publicó las filtraciones de Wikileaks, reflexionamos sobre qué implicó la publicación de estos escándalos y qué precio pagan las personas que se deciden a denunciar públicamente los abusos de poder.     

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La saga judicial de Julian Assange de más de una década en el Reino Unido terminó este lunes tras su liberación de la prisión a las afueras de Londres donde ha estado recluido desde 2019. El fundador de Wikileaks ya está libre y planea instalarse en Australia, su país natal, pero las consecuencias del caso para la libertad de información pueden perdurar más allá por lo que las organizaciones que velan por la protección de los periodistas consideran un precedente peligroso.

El acuerdo que ha firmado el fundador de Wikileaks con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para su liberación supone el reconocimiento de culpa por el delito de conspirar para conseguir y publicar documentos de información clasificada que afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos. A cambio, el Departamento de Justicia abandona los otros 17 cargos en el caso presentado durante la Administración de Donald Trump, en mayo de 2019, y acepta como condena el tiempo que Assange ya ha pasado en la cárcel en el Reino Unido, la mayoría mientras apelaba contra el proceso de extradición a Estados Unidos.

¿Qué es un periodista?

Los abogados que representan a Estados Unidos han insistido en que ni Assange es un periodista ni Wikileaks es un medio, en particular por el desdeño a la protección de activistas, periodistas, abogados de derechos humanos y otras fuentes de Estados Unidos en países como Afganistán, China o Irak, según detalla el escrito de acusación de mayo de 2019. 

Desde que tomó el relevo la Administración Biden, los abogados de la acusación han insistido especialmente en este punto, entre otras cosas porque la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos ofrece una amplia protección para la libertad de prensa y de expresión. 

Pero varias organizaciones especializadas en la libertad de prensa subrayaban este martes en que, sea o no Assange considerado un periodista, el hecho de que se haya reconocido culpable de la actividad que practican periodistas de investigación en todo el mundo puede sentar un precedente. 

Stella Assange, esposa del fundador de Wikileaks y también abogada, aseguró a la agencia de noticias Reuters que su equipo legal pedirá al presidente Joe Biden el perdón porque el cargo que ha quedado es “una preocupación muy seria” para la libertad de prensa en todo el mundo. 

El perdón presidencial es una prerrogativa amplia y puede incluir “alterar una sentencia”, pero no necesariamente significa reconocer la inocencia de la persona perdonada. Otro obstáculo es que se concede habitualmente a residentes en Estados Unidos, algo que Assange no es ni nunca ha sido. La política “general” del Departamento de Justicia, según explica la oficina encargada de los perdones, es no aceptar peticiones de no residentes en el país y sólo abriría un expediente para tramitar la solicitud de manera excepcional si lo pide el fiscal general o el presidente. 

La ley de espionaje de 1917

El cargo que ha quedado responde al uso de la ley de 1917 contra el espionaje y esto inquieta especialmente a los defensores de la libertad de información.

“Estados Unidos ha conseguido una condena con la ley de espionaje, por primera vez en los más de 100 años de historia de la ley, por actividades periodísticas básicas”, aseguró al New York Times David Greene, director de la fundación Electronic Frontier, una ONG que defiende los derechos civiles en Internet.

Otras organizaciones especializadas en la libertad de prensa repitieron la misma preocupación tras la resolución del caso de Assange.

“Aunque nos alegramos del final de su detención, los cargos contra Assange por parte de Estados Unidos han sentado un precedente legal dañino abriendo la vía para que periodistas puedan ser juzgados bajo la ley de espionaje si reciben material clasificado de filtradores. Esto no tendría que haber pasado nunca”, dijo en un comunicado Jodi Ginsberg, la consejera delegada del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), una organización de defensa de la libertad de prensa con sede en Nueva York. 

El matiz del caso de Assange es que se trata de un acuerdo antes de que haya habido un juicio y en circunstancias peculiares en medio de un proceso de extradición. Esto ofrece una valoración mixta por parte de algunos expertos en la Primera Enmienda. 

“Un acuerdo con una declaración de culpabilidad ha evitado el peor escenario para la libertad de prensa, pero este acuerdo contempla los cincos años de prisión para Assange por actividades que los periodistas hacen cada día”, explicó Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight para la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia. “Dejará una larga sombra sobre el tipo de periodismo más importante no sólo en este país, sino alrededor del mundo”.

Estas organizaciones llevan años movilizándose en defensa de Assange por el mismo motivo que ahora siembra dudas sobre el precedente para otros casos.

Si bien los medios con los que antes había colaborado criticaron a Assange por su desprecio a la protección de las fuentes y por su colaboración con el régimen de Vladímir Putin, en la batalla legal que lanzó la Administración Trump también se pusieron del lado del fundador de Wikileaks por el peligro para la libertad de información en general. Entre otras iniciativas, en noviembre de 2022, los directores y editores del Guardian, el New York Times, Le Monde, Der Spiegel y El País publicaron una carta abierta en su defensa.

Alan Rusbridger, que era el director del Guardian cuando el diario publicó parte de los telegramas diplomáticos filtrados por Assange, ahora también está preocupado por los detalles del acuerdo. “El precedente debe alarmar a los periodistas”, escribe en la revista Prospect que ahora dirige. La manera de tratar a Assange, según él, “además de las leyes draconianas en países como el Reino Unido y Australia, sin duda tendrá un efecto disuasorio para el reporterismo genuino y legítimo sobre asuntos de seguridad nacional”.

El problema ‘New York Times’

Los riesgos del caso estaban presentes en la decisión de la Administración Obama de no lanzar un proceso contra Assange por lo que se conocía como “el problema New York Times”, es decir el precedente para la publicación de información de medios que sí cumplan con los estándares periodísticos de proteger las fuentes y tomar precauciones para no poner en peligro a personas en países de riesgo. En 2013, responsables del Departamento de Justicia descartaron presentar cargos contra Assange porque llegaron a la conclusión de que sería imposible sin hacerlo también contra medios y periodistas, según publicó entonces el Washington Post. 

“El problema que el Departamento ha tenido siempre en su investigación de Julian Assange es que no hay ninguna manera de presentar cargos contra él por publicar información sin que la misma teoría se aplique a periodistas”, dijo entonces al Post un ex portavoz del Departamento de Justicia, Matthew Miller. “Y si no vas a presentar cargos contra periodistas por publicar información clasificada, cosa que el Departamento no va a hacer, entonces no hay ninguna manera de hacerlo contra Assange”.  

Varios medios en Estados Unidos publicaron información parecida a la de Wikileaks antes y después de las publicaciones cuestionadas entre 2009 y 2011, y varios periódicos en ese país y en Europa también colaboraron con Assange. Por ejemplo, los abusos de prisioneros en Guantánamo, que Wikileaks publicó en parte por su cuenta y en parte con el New York Times en 2011, ya habían sido revelados, con otras fuentes y otros detalles, por la cadena de televisión CBS, la agencia de noticias AP y el New Yorker desde 2004. 

Entre la información más significativa, publicada con el filtro y la colaboración del New York Times y otros medios, están los informes internos del Pentágono sobre víctimas civiles y militares en la guerra de Irak entre 2004 y 2009. Aunque ya había estimaciones oficiales e investigaciones independientes sobre víctimas civiles, los informes permitieron confirmar los peores escenarios. 

Condena e indulto a Manning

El argumento de que no se podía presentar cargos contra Assange se mantuvo durante toda la Administración Obama. 

El Departamento de Justicia, en cambio, sí acusó a Chelsea Manning, exanalista del ejército de Estados Unidos y la persona que le pasó documentos a Assange. Según el escrito de acusación posterior contra Assange, el fundador de Wikileaks presionó y ayudó a Manning en el hackeo. Manning fue condenada a 35 años de prisión, pero salió de la cárcel en 2017, después de que Obama le concediera el indulto en uno de sus últimos actos como presidente.

Los documentos que filtró Manning para denunciar abusos incluyen la publicación en 2010 de un vídeo de 2007 en que un helicóptero de Estados Unidos disparó y mató a 11 civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters. 

La agencia de noticias pidió cuando ocurrieron los hechos el vídeo al Pentágono y lo vio poco después aunque no tenía autorización para reproducirlo. El jefe del equipo de Reuters en Bagdad dijo después que el Ejército de EEUU había “mentido” sobre qué pasó el día del ataque. 

Julian Assange ha sido excarcelado tras pactar con el Departamento de Justicia de EEUU declararse culpable de un único delito grave, en lo que supone el final de una larga saga que ha abarcado varios continentes.

¿Quién es Julian Assange?

Assange nació en 1971 en Townsville, en el estado australiano de Queensland. Empezó a interesarse por los ordenadores a una edad temprana y a principios de los 90 ya era considerado uno de los hackers más consumados de Australia.

En 2006 fundó WikiLeaks, una organización que publicaba material filtrado. En 2010 Assange alcanzó notoriedad mundial tras publicar una serie de filtraciones de Chelsea Manning, ex soldado del ejército estadounidense. Entre los archivos había un vídeo de un ataque con helicópteros Apache de las fuerzas estadounidenses en Bagdad en 2007 en el que murieron 11 personas, entre ellas dos periodistas de Reuters.

El Gobierno estadounidense inició una investigación penal y Manning fue finalmente condenada y encarcelada por las filtraciones, aunque posteriormente se le conmutó la pena.

En noviembre de 2010, WikiLeaks hizo público un volcado de más de 250.000 cables diplomáticos estadounidenses (algunos de los cuales se publicaron en The Guardian).

En 2016, Assange volvió a ser noticia después de que WikiLeaks publicara correos electrónicos de operativos del Partido Demócrata en el periodo previo a las elecciones presidenciales estadounidenses. Según la Fiscalía estadounidense, los correos fueron robados por la inteligencia rusa y formaban parte de una operación para interferir en las elecciones en nombre de Donald Trump.

Assange ha sido aclamado por muchos en todo el mundo como un héroe que sacó a la luz irregularidades militares estadounidenses en Irak y Afganistán.

¿Por qué estuvo en la cárcel?

En 2010 se dictó una orden de detención contra Assange por dos acusaciones distintas de agresión sexual en Suecia. Después de que un tribunal británico dictaminara que podía ser extraditado a Suecia, Assange ingresó en la embajada de Ecuador, donde se le concedió asilo político bajo el Gobierno de Rafael Correa. En ese momento se informó de que temía que si era extraditado a Suecia podría ser extraditado a Estados Unidos.

Allí permaneció casi siete años, durante los cuales sus relaciones con el Gobierno ecuatoriano se hicieron cada vez más hostiles con la salida de Correa de la presidencia y la llegada de Lenin Moreno. En 2019, el ministro de Asuntos Exteriores del país acusó a Assange de comportamiento inapropiado, que iba desde montar en monopatín y jugar al fútbol dentro de la embajada hasta amenazar al personal de la embajada.

En 2017, las autoridades suecas retiraron sus cargos contra Assange, pero su orden de detención en Reino Unido por saltarse la fianza seguía en pie. En 2019 Ecuador le retiró el asilo y permitió a la policía británica entrar en la embajada para detenerlo.

Tras su salida de la embajada, Assange fue detenido en nombre de Estados Unidos, que había solicitado su extradición. Estados Unidos quería que se enfrentara a 18 cargos y le acusaba de alentar y ayudar a Manning a robar los archivos militares. En caso de ser declarado culpable se enfrentaba a una pena de hasta 175 años de cárcel.

¿Por qué ha sido liberado?

Durante los últimos cinco años, Assange ha estado encarcelado en una prisión de alta seguridad en el sur de Londres, donde se le ha denegado la libertad bajo fianza por considerar que existía riesgo de fuga. Durante todo este tiempo, su familia y simpatizantes afirmaban que su salud física y mental ha ido empeorando.

En 2021, un tribunal británico dijo que Assange podía ser extraditado a Estados Unidos, pero a principios de este año ganó el derecho a apelar ese veredicto.

En febrero, el Parlamento australiano aprobó una moción en la que pedía a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido que permitieran a Assange regresar a su país natal. En abril, el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que estaba estudiando una petición de Australia para que se retirara la acusación contra Assange.

La familia de Assange -incluida su madre- dijo el martes que el final de su “calvario” se debía a una “diplomacia tranquila”, mientras que su padre dio las gracias al primer ministro australiano, Anthony Albanese.

¿En qué consiste el acuerdo?

Está previsto que Assange comparezca este miércoles ante un tribunal federal de las Islas Marianas del Norte, una mancomunidad estadounidense situada en el Pacífico occidental, donde se espera que se declare culpable de un cargo tipificado en la Ley de Espionaje por conspirar para obtener y difundir ilegalmente información clasificada de defensa nacional. Se espera que se retire la solicitud de extradición y que Assange no se enfrente a ningún otro cargo.

La vista se celebra en las Islas Marianas del Norte debido a la oposición de Assange a viajar al territorio continental de Estados Unidos y a la proximidad del tribunal a Australia.

Los fiscales han acordado una condena de cinco años, pero han dicho que el tiempo ya cumplido en una prisión británica contará para ello. Esto significa que saldrá libre tras la sentencia.

La declaración de culpabilidad aún debe ser aprobada por un juez, pero si lo es, se espera que regrese a Australia tras la sentencia.

John Shipton, padre de Assange, declaró el martes a los medios de comunicación australianos que parece que “Julian podrá disfrutar de una vida normal con su familia y su esposa, Stella”.

La noticia del día tiene nombre propio: Julian Assange. El fundador de WikiLeaks ha sido liberado este martes tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos, tras más de cinco años recluido en una prisión de alta seguridad británica y otros tantos de asilo político en Ecuador. Ahora se encuentra en libertad bajo fianza, y deberá declarar en un tribunal de Islas Marianas, en el Pacífico pero pertenecientes a Estados Unidos, antes de cumplir su deseo de regresar a Australia.

Su liberación no deja indiferente al mundo. Mandatarios internacionales, principalmente latinoamericanos, ya han expresado su alegría por la puesta en libertad del fundador de WikiLeaks. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha escrito en la red social X: “Felicito a Julian Assange por su libertad. La prisión eterna de Assange y su tortura era un atentado contra la libertad de prensa a escala global. Denunciar la masacre de civiles en Irak por parte de la acción bélica de EEUU fue su crimen, ahora la masacre se repite en Gaza”. Petro ha invitado además “a Julian y a su esposa Stella para que visiten Colombia y hagamos un acto por la verdadera libertad”.

El presidente mexicano en funciones, Andrés Manuel López Obrador, también se ha manifestado al respecto en el antiguo Twitter. “Celebro la salida de Julian Assange de la cárcel. Cuando menos en este caso, la Estatua de la Libertad no quedó como un símbolo vacío; está viva y contenta como millones en el mundo”, ha escrito López Obrador.

Del mismo modo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha celebrado la liberación de Julian Assange, a quien describe como un “ejemplo de coraje y valentía en la batalla por la verdad”. “En nombre del pueblo de Venezuela, abrazamos y felicitamos a Julian Assange por su liberación. Es el triunfo de la libertad y la lucha de la humanidad por el respeto de los derechos humanos”, ha señalado Maduro en la red social X.

En España, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado también en redes sociales la liberación del activista. “Hoy es un día importante para la libertad de información. Nadie debería pasar por lo que ha pasado Julian Assange por ejercer un derecho que nos hace más libres”, ha escrito Díaz.

“Lo queremos de vuelta en Australia”

Desde su Australia natal, Assange también ha recibido felicitaciones y bienvenidas. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha afirmado este martes en una sesión de control en el Parlamento de Camberra: “No hay nada que ganar con su encarcelamiento y lo queremos de vuelta en Australia”, ha dicho en referencia al activista de 52 años.

Albanese ha ensalzado el seguimiento de su Gobierno para terciar por Assange y “defender los intereses de Australia” mediante la diplomacia tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, según ha dicho en el Parlamento. No obstante, el mandatario ha apuntado que “a la vez que acogemos estos rápidos eventos, reconocemos estos procedimientos son cruciales y delicados”, al prometer más declaraciones una vez que concluya la larga batalla legal en torno a una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia de Estados Unidos.

El Gobierno de Albanese, que asumió en mayo de 2022 el poder, había solicitado en varias ocasiones a Washington que desistiera de extraditar a Assange, algo a lo que el presidente estadounidense, Joe Biden, respondió en abril pasado que lo estaba “considerando”.

La esposa y los padres del fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, han agradecieron este martes las gestiones del Ejecutivo de Camberra, así como de sus simpatizantes y activistas que lucharon en favor de su puesta en libertad y su retorno a su país natal.

“Julian está libre”, ha escrito Stella Assange en su cuenta en X, donde ha publicado imágenes en las que se ve al fundador de WikiLeaks montando en un avión, tras declararse culpable de uno de los dieciocho cargos que se le imputan en Estados Unidos, en el marco de un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.

Assange, que ha abandonado la cárcel de alta seguridad de Belmarsh (Reino Unido) donde estaba preso desde 2019, tiene previsto comparecer en vista judicial que se celebrará el miércoles en un tribunal de las Islas Marianas, un territorio estadounidense en el océano Pacífico. “Las palabras no pueden expresar nuestra inmensa gratitud hacia vosotros. Sí, vosotros quienes os habéis movilizado por años y años para hacer esto realidad. GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS”, reza el emotivo mensaje de la abogada sudafricana.

Este agradecimiento va dirigido principalmente a los millones de civiles, así como a las organizaciones defensoras de la libertad de prensa que han pedido durante años la liberación de Assange en Australia, Reino Unido y otras partes del planeta.

El portal WikiLeaks ha anunciado en su cuenta de X que Julian Assange dejó este lunes por la mañana la prisión de alta seguridad británica donde estaba recluido y ya abandonó el Reino Unido con el objetivo de volver a Australia.

“Julian Assange está libre. Dejó la prisión de máxima seguridad de Belmarsh la mañana del 24 de junio, tras haber pasado allí 1.901 días”, informó WikiLeaks en X. Uno de los abogados de Assange, Aitor Martínez, ha tuiteado el acuerdo. “Assange ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia y es libre finalmente”, decía Martínez.

El portal asegura que Assange, de 52 años y nacionalidad australiana, “recibió libertad bajo fianza por el Tribunal Superior de Londres y fue liberado en el aeropuerto de Stansted durante la tarde, donde abordó un avión y salió del Reino Unido”.

“Después de más de cinco años en una celda de 2x3 metros, aislado 23 horas al día, pronto se reunirá con su esposa Stella Assange y sus hijos, que solo han conocido a su padre tras las rejas”, afirma el portal, que concluye su mensaje en X diciendo: “La libertad de Julian es nuestra libertad”.

WikiLeaks también publicó un vídeo en el que se ve a Assange, con el pelo blanco peinado hacia atrás, revisando unos papeles y luego subiendo a pie la escalerilla de un avión. Según la agencia de noticias AP, el avión que traslada a Assange ya habría aterrizado en Bangkok, capital de Tailandia, aunque se desconoce si el avión solo está repostando, o cómo Assange continuará el viaje hasta las Islas Marianas, un territorio estadounidense en el océano Pacífico donde deberá comparecer el miércoles a las 9.00 hora local (23.00 GMT del martes) para finalizar su acuerdo con el Departamento de Justicia.

El anuncio de WikiLeaks se produce después de que se desvelara en documentos judiciales que Assange alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense que le permitirá regresar a Australia y pondrá fin a una larga saga judicial por la filtración de documentos clasificados. Assange comparecerá este miércoles para finalizar ese acuerdo con el Departamento de Justicia.

La justicia estadounidense había acusado a Assange de hasta 18 delitos por violar la Ley de Espionaje debido a una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia de Estados Unidos en 2010, que reveló secretos de las guerras de Irak y Afganistán, así como datos sobre los detenidos en la base de Guantánamo, entre otros asuntos.

Según el acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia, Assange se declarará culpable el miércoles, durante una audiencia judicial, de un solo cargo por conspirar para obtener y difundir ilegalmente información clasificada.

La comparecencia se realizará en un tribunal de las Islas Marianas, debido a la oposición de Assange a viajar al territorio continental de Estados Unidos y a la proximidad del tribunal con Australia, según una carta del Departamento de Justicia presentada ante el juzgado.

Según el acuerdo, que aún debe ser aprobado por un juez, Assange solo sería sentenciado a 62 meses de prisión, equivalentes al tiempo que ya ha cumplido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh.

Organizaciones defensoras de la libertad de prensa llevan años pidiendo la liberación de Assange y su esposa, Stella, ha estado liderando una campaña en su defensa con la participación de famosos y personalidades políticas.

El primer ministro australiano: “Lo queremos de vuelta en Australia”

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ya se ha pronunciado sobre la puesta en libertad de Assange y ha manifestado su deseo de que vuelva a Australia. “No hay nada que ganar con su encarcelamiento y lo queremos de vuelta en Australia”, ha señalado este martes Albanese en una sesión de control en el Parlamento de Camberra, al referirse al activista de 52 años.

Albanese ha ensalzado el seguimiento de su Gobierno para terciar por Assange y “defender los intereses de Australia” mediante la diplomacia tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, según ha dicho en el Parlamento. No obstante, el mandatario ha apuntado que “a la vez que acogemos estos rápidos eventos, reconocemos estos procedimientos son cruciales y delicados”, al prometer más declaraciones una vez que concluya la larga batalla legal en torno a una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia de Estados Unidos.

El Gobierno de Albanese, que asumió en mayo de 2022 el poder, había solicitado en varias ocasiones a Washington que desistiera de extraditar a Assange, algo a lo que el presidente estadounidense, Joe Biden, respondió en abril pasado que lo estaba “considerando”.

Julian Assange podrá seguir apelando ante la Justicia del Reino Unido contra su extradición a Estados Unidos, según dictó el Alto Tribunal en Londres este lunes. La corte aceptó los argumentos de la defensa de que el fundador de Wikileaks puede ser discriminado como australiano y no recibir toda la protección que ofrece la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos a sus ciudadanos. 

Ahora la defensa de Assange tiene hasta el 24 de mayo para presentar la apelación en lo que podría ser el comienzo de otro largo proceso, a no ser que Estados Unidos acepte abandonar el caso y aceptar el tiempo pasado en la cárcel a las afueras de Londres por el fundador de Wikileaks como suficiente. El equipo legal de Assange y el Departamento de Justicia de Estados Unidos negocian desde hace meses la retirada de los cargos, según adelantó el Wall Street Journal en marzo y confirmó en abril el presidente Joe Biden. El caso contra Assange por el robo y la publicación de documentos clasificados lo empezó el Departamento de Justicia en 2019, cuando Donald Trump era presidente.

Assange afronta en Estados Unidos 17 cargos por espionaje y uno por pirateo informático por el acceso a información confidencial y su publicación hace 15 años. La fiscalía le acusa de “conspirar” con Chelsea Manning, analista del ejército que fue condenada a 35 años en prisión en 2013 y que el presidente Barack Obama indultó en 2017. Wikileaks publicó cientos de miles de documentos del Gobierno de Estados Unidos, incluidos algunos sobre operaciones militares en todo el mundo. El escrito de acusación del Departamento de Justicia lanzado en 2019, cuando Donald Trump era presidente, se queja, en particular, de la información que Assange publicó por su cuenta, sin la colaboración de medios, porque no hizo un esfuerzo por proteger a activistas de derechos humanos, periodistas y otras fuentes citadas por diplomáticos y militares estadounidenses en lugares donde estas personas podían sufrir torturas o ser asesinadas como China, Irán, Irak, Siria y Afganistán. Por ejemplo, Wikileaks no borró los nombres y otros detalles de personas vulnerables, como hacen habitualmente los medios que publican información confidencial. 

La mayoría del material en cuestión se remonta a hechos sucedidos hace casi dos décadas, y parte de la información ya había sido publicada o lo ha sido después con más detalles por medios en Estados Unidos. 

El Departamento de Justicia disputa que Assange pueda ser considerado un periodista por no haber respetado los estándares mínimos de publicación, pero el Comité para la Protección de los Periodistas y PEN, la organización de escritores, entre otros grupos de activistas de la libertad de expresión, insisten en que una posible condena de Assange sentaría un precedente para la libertad de prensa en Estados Unidos (de hecho, la Administración Obama decidió no abrir un caso contra el fundador de Wikileaks por este motivo).

Assange no asistió a la audiencia en Londres por motivos de salud, según su esposa, Stella Assange, con quien se casó en prisión y tiene dos hijos. Rebecca Vincent, directora de campañas de Reporteros Sin Fronteras y quien estaba presente en la audiencia, aseguró este lunes que las últimas dos veces que visitó a Assange en prisión salió preocupada por “su estado de salud mental y física”. Vincent se dijo después “aliviada” por la decisión del tribunal británico.

De qué se trata

Las revelaciones más sustanciales de Wikileaks salieron de la colaboración con el New York Times y otros medios, por ejemplo, los informes internos del Pentágono sobre víctimas civiles y militares en la guerra de Irak entre 2004 y 2009. Aunque ya había estimaciones oficiales de muertos y heridos civiles, los informes permitieron comparar fuentes y ofrecer un panorama más fiel a la realidad, que incluía 15.000 muertos más respecto a las primeras cifras oficiales. 

Además, en 2010, Wikileaks publicó un vídeo de 2007 en que se veía cómo un helicóptero de Estados Unidos disparó y mató a 11 civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters. La agencia de noticias lo vio poco después de que sucedieran los hechos aunque no tenía autorización para reproducirlo; su jefe de la oficina en Bagdad ya había acusado al Ejército estadounidense de “mentir” sobre lo que había sucedido aquel día.

Wikileaks también publicó en 2011 en parte por su cuenta y en parte en el New York Times más detalles sobre los abusos de prisioneros en Guantánamo, desvelados también con otras fuentes por la cadena CBS, la agencia de noticias AP y el New Yorker en 2004.

Extradición sí o no

Tras años de batalla legal, el Gobierno británico autorizó la extradición de Assange a Estados Unidos en 2022, pero el equipo legal del fundador de Wikileaks la paró con recursos ante la justicia británica, que ofrece un sistema con múltiples vías de apelación en el país, además de someterse a la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que puede parar cualquier extradición en el último minuto. Esta corte ha rechazado hasta ahora asumir el caso. 

En marzo, la justicia británica congeló la decisión sobre la extradición de Assange y le dio la razón sobre la falta de garantías suficientes de Washington de que no será discriminado por ser ciudadano australiano y podrá hacer uso pleno de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión de una manera más amplia que en el Reino Unido o en la mayoría de países europeos, incluido España.

Estados Unidos responde que Assange no tendrá limitadas sus capacidades de defensa por ser australiano y podrá recurrir a la Primera Enmienda, si bien su aplicación en este caso es “competencia de los tribunales de Estados Unidos” y no de lo que diga el Departamento de Justicia. Además, los representantes de la Administración Biden se comprometen por escrito a que “una sentencia de muerte ni será pedida ni será impuesta a Assange”. El equipo de abogados de Assange ha repetido que el fundador de Wikileaks podría ser condenado a 175 años de cárcel o la pena de muerte. Las autoridades estadounidenses aseguran que, si es declarado culpable ante un tribunal en Estados Unidos, la pena podría ser de unos pocos años de prisión. El tribunal británico aceptó este lunes las garantías de Washington de que Assange no estaría en ningún caso en riesgo de ser condenado a pena de muerte, pero rechazó las relacionadas con la Primera Enmienda.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) asegura que las garantías sobre la posibilidad de que Assange sea protegido por la Primera Enmienda no son suficientes. “Esto no hace caso del hecho de que los cargos en sí mismos cuestionan directamente los derechos de la Primera Enmienda”, dice en un comunicado conjunto con otras organizaciones de derechos civiles. “Esto crearía un alarmante precedente legal para la extradición de periodistas a Estados Unidos por la publicación de material clasificado de interés público”.

Assange lleva desde 2019 en una prisión británica y antes pasó siete años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, que investigaba dos acusaciones de violación en ese país (la fiscalía sueca abandonó el caso en 2019 porque consideró que había pasado demasiado tiempo para recoger testimonios). 

Este martes la entrada del alto tribunal de Londres se volvió a llenar de reporteros y activistas con pancartas a favor de Julian Assange. Hubo menos discursos que de costumbre, pero la escena era parecida a la repetida una y otra vez desde 2019 mientras el fundador de Wikileaks sigue apelando contra su extradición a Estados Unidos, que le quiere juzgar por pirateo informático, robo y publicación de información confidencial de defensa nacional.

El equipo legal y la esposa del hacker australiano, Stella Assange, anunciaron en febrero que la decisión de este tribunal de Londres sería el final del camino, pero la decisión de la corte abre un nuevo proceso que puede sigue alargándose durante meses. La batalla legal empezó en Londres hace más de una década. 

¿Qué ha decidido el alto tribunal?

La corte de Londres, que no tiene equivalente exacto en España, pero ejerce en este caso funciones parecidas al Tribunal Supremo español, ha sentenciado que aunque el Gobierno británico firmó la orden de extradición a Estados Unidos en 2022 y parecían agotados todos los recursos, Assange todavía tiene margen para seguir apelando. 

Según el tribunal británico, el Departamento de Justicia de Washington no ha dado suficientes garantías en tres puntos: que el derecho a la libertad de expresión de Assange será protegido según la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, que el acusado no será discriminado por ser ciudadano australiano y que en ningún caso se le condenará por un delito que pueda acarrear la pena de muerte. Los representantes de Estados Unidos tienen tres semanas para presentar más evidencias sobre estos puntos en concreto y, si lo hacen, el 20 de mayo se celebrará una nueva audiencia en Londres para analizarlas. Si el Departamento de Justicia no las presenta o no satisfacen a los jueces británicos, Assange podrá empezar desde cero un recurso más global.

La justicia británica no ha aceptado otros argumentos de la defensa, que alegó en febrero que Assange no tendría un juicio justo en Estados Unidos o que se le estaba persiguiendo por “motivos políticos”. 

¿Y después?

Incluso si esta parte del proceso se resuelve en contra de Assange, todavía le queda la opción de recurrir ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que tiene el poder de paralizar cualquier extradición en el Reino Unido mientras decide si considera el caso. 

Además, según publicó hace unos días el Wall Street Journal, el Departamento de Justicia y el equipo legal de Assange llevan meses negociando un acuerdo para cerrar el caso y que el australiano no sea enviado a Estados Unidos. El Journal publicó que el acuerdo considerado puede consistir en que Assange se declare culpable de un cargo menor y el Departamento de Justicia retire el resto de cargos y acepte que el tiempo que ha estado en prisión en Londres ya es suficiente para considerar que ha cumplido la sentencia. 

El equipo legal de Assange asegura que su defendido puede ser condenado a 175 años de cárcel, pero las autoridades estadounidenses replican que, de ser declarado culpable, recibiría probablemente una pena mucho menor, más bien de seis años. Tras la publicación de la exclusiva del Journal, el equipo de Assange no quiso comentar sobre la información y uno de sus abogados sólo dijo en un comunicado que el Departamento de Justicia no ha dado “ninguna indicación” de que esté cambiando de estrategia.

¿De qué se acusa a Assange?

El proceso actual es el que abrió el Departamento de Justicia de Estados Unidos en mayo 2019, durante la Administración de Donald Trump. La fiscalía le acusó entonces de 17 cargos por robo y publicación de documentos secretos que afectan a la seguridad nacional y un cargo por pirateo informático. El escrito de acusación cita publicaciones de Wikileaks entre 2009 y 2011 y subraya las precauciones para proteger a fuentes y ciudadanos corrientes en zonas de conflicto.

Las publicaciones por las que se acusa a Assange sucedieron durante la Administración de Barack Obama, cuyo Departamento de Justicia, en cambio, decidió no presentar cargos porque creía que afectaría a periodistas y sería difícil ganar un caso de este tipo en Estados Unidos, que tiene una de las protecciones más amplias del mundo de la libertad de expresión a través de la Primera Enmienda de la Constitución. 

En cambio, el Departamento de Justicia sí acusó a Chelsea Manning, exanalista del Ejército de Estados Unidos y que fue condenada por filtrarle documentos a Assange para su publicación. Manning fue condenada a 35 años de cárcel, pero en mayo de 2017 salió de la cárcel después de que Obama le concediera el indulto en uno de sus últimos actos como presidente.

¿De qué documentos se trata?

Manning quería denunciar los abusos que había visto a su alrededor y el encubrimiento del Ejército para el que trabajó. Su colaboración, por ejemplo, sirvió para que en 2010 Wikileaks publicara un vídeo de 2007 en el que se ve cómo un helicóptero de Estados Unidos dispara y mata a 11 civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters. La información no era completamente nueva, pero fue una prueba pública de lo que ya había denunciado la agencia. De hecho, Reuters había pedido el vídeo al Pentágono y consiguió verlo poco después de que sucediera el ataque aunque no tenía autorización para reproducirlo. El jefe de Reuters en Bagdad también dijo que el Ejército de EEUU había “mentido” sobre las circunstancias antes de la publicación del vídeo.

Entre la información más significativa, publicada en colaboración del New York Times, el Guardian y otros medios, están los informes internos del Pentágono sobre víctimas civiles y militares en la guerra de Irak entre 2004 y 2009. Aunque ya había estimaciones oficiales de muertos y heridos civiles, los informes permitieron comparar fuentes y hacer una estimación más fiel a la realidad, que incluía 15.000 muertos más respecto a los datos más documentados, según Iraqi Body Count, una organización que durante años recogió todos los datos disponibles sobre muertes de civiles desde la invasión de Irak.

Wikileaks también publicó en 2011 en parte por su cuenta y en parte en el New York Times más detalles sobre los abusos de prisioneros en Guantánamo, desvelados con otras fuentes por la cadena CBS, la agencia de noticias AP y el New Yorker en 2004.

¿Qué pasa con las fuentes?

Uno de los puntos en los que incide el escrito de acusación y han repetido en las últimas semanas los abogados del Departamento de Justicia es que Assange publicó telegramas diplomáticos y otros documentos sin tomar las precauciones mínimas para proteger a las fuentes de Estados Unidos, en particular de activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos en Afganistán, Irak, Irán, China y Siria. Los medios habitualmente borran nombres y otros detalles de los documentos oficiales, en especial de los sensibles de seguridad nacional, como, de hecho, hicieron los que colaboraron con Assange en 2010, como el Guardian, New York Times y El País. La fiscalía de Estados Unidos asegura que activistas políticos, disidentes y civiles tuvieron que huir de sus países o “desaparecieron” después de la aparición de sus nombres en Wikileaks.

Otro ejemplo que cita el Departamento de Justicia son los documentos de Wikileaks que se encontraron en la casa donde se escondía Osama Bin Laden durante el asalto de las fuerzas especiales de Estados Unidos que acabó con la vida del líder de la red terrorista Al Qaeda en 2011. 

La falta de protección de personas corrientes es uno de los argumentos con el que el Departamento de Justicia asegura que Wikileaks no puede considerarse un medio. Varios diarios que habían colaborado con Assange criticaron el hecho de que, cuando publicó la información por su cuenta, no se preocupara de proteger a personas que podían ser objetivo de terroristas y gobiernos autoritarios.

Luke Harding, reportero veterano del Guardian, contó en un detallado libro cómo Assange despreciaba la protección de personas que, según cuenta que dijo, si eran asesinadas por un régimen autoritario “se lo habían buscado” por trabajar para cualquier agencia occidental. Assange denunció a Harding por difamación (en el Reino Unido, la protección a la libertad de prensa es más baja que en Estados Unidos y los casos por difamación y censura incluso previa son habituales).

¿Por qué preocupa a los periodistas?

Sea o no considerado un periodista, las organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de prensa temen que casos como el de Assange dañen las salvaguardas existentes y que cualquier precedente sea explotado por futuros gobiernos y un sistema de justicia presidido por un Tribunal Supremo muy conservador tras la designación de varios magistrados por parte de Trump durante su mandato.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) volvió a insistir este martes en que una condena de Assange tendría “consecuencias desastrosas” para la libertad de prensa como un precedente que se puede aplicar también a periodistas y medios profesionales en el futuro. Los defensores de Assange, entre ellos también el Guardian y otros medios con los que colaboró, insisten en que el uso en particular de la Ley contra el Espionaje de 1917 que se ha utilizado en varios casos contra filtradores en las últimas dos décadas es especialmente peligroso porque no tiene en cuenta la relevancia de la información publicada.

¿Y las acusaciones por violación?

El caso que ocupa ahora a la justicia británica y la estadounidense es el de los documentos publicados, pero la primera detención de Assange en el Reino Unido fue en 2010 a petición de Suecia por acusaciones de violación y otros abusos sexuales de dos mujeres allí. Mientras estaba en libertad bajo fianza por este caso, en 2012, Assange pidió refugio en la embajada de Ecuador en Londres y vivió allí siete años. En abril de 2019, después de que la embajada de Ecuador le retirara la protección tras años de tensión, fue detenido por el Reino Unido por saltarse las condiciones de la fianza. 

En noviembre de 2019, una fiscal sueca decidió abandonar el caso por violación porque aunque la denunciante, una ciudadana sueca que no fue identificada, era “creíble”, según la fiscal explicó, el tiempo transcurrido –nueve años desde las acusaciones– impedía conseguir información suficiente. El caso por abusos sexuales prescribió en 2015.

¿Y si llega Trump?

La posible victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre podría tener impacto en el futuro de Assange si todavía continúa el litigio. En su anterior mandato, el presidente conservador intentó interferir y presionar de manera habitual en la labor del Departamento de Justicia y no está claro qué haría frente a Assange, con quien ha tenido una relación ambigua.

En 2010, años antes de ser candidato, Trump dijo en una entrevista que el comportamiento de Assange era “vergonzoso” y que debía ser condenado a la pena de muerte. En 2017, cuando ya era presidente, dijo que le parecía “OK” que el Departamento de Justicia presentara cargos contra el fundador de Wikileaks. Unos meses antes, durante la campaña contra Hillary Clinton, Trump había dicho que “amaba” a Wikileaks.

Assange, que presentó un programa en la televisión estatal rusa, colaboró con el Gobierno ruso en el hackeo de la información de los servidores del Partido Demócrata con el objetivo de encontrar información que pudiera ser dañina contra Clinton y desanimar a sus votantes a participar en las elecciones. De hecho, durante esa campaña, el equipo de Trump estuvo en permanente contacto con Wikileaks, según confirmó después la detallada investigación del fiscal especial Robert Mueller. 

En 2020, durante el proceso de apelación en Londres, los abogados de Assange aseguraron que Trump, a través de un congresista republicano, le había propuesto hacer un trato que le garantizara el perdón si aseguraba que Rusia no tenía nada que ver con el hackeo de los emails del Partido Demócrata. La Casa Blanca de Trump dijo que eso era “totalmente mentira”.

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, podrá seguir apelando ante la justicia británica para no ser extraditado a Estados Unidos, donde afronta 18 cargos por el acceso a información secreta y su publicación hace más de una década. Después de cinco años de batalla legal, el Alto Tribunal de Londres dictó este martes que el ciudadano australiano puede volver a apelar. Además, su envío a Estados Unidos también lo puede parar el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o un acuerdo de última hora con el Departamento de Justicia estadounidense.

Si no hay ningún acuerdo antes, el tribunal británico establece el comienzo del nuevo proceso con una audiencia el 20 de mayo. El Departamento de Justicia de EEUU tiene tres semanas para presentar más información requerida para esa audiencia. El tribunal británico no acepta que el proceso contra Assange esté “políticamente motivado” ni que esté en peligro de no ser sometido a un juicio justo, como decía su defensa, pero sí cree que puede vulnerar su derecho a la libertad de expresión, que le puede perjudicar su nacionalidad australiana y no considera que Estados Unidos haya ofrecido suficientes garantías de que si fuera extraditado y condenado no se le podría imponer la pena de muerte, según el escrito publicado este mañana.

En un caso que abrió el Departamento de Justicia cuando Donald Trump era presidente, la Fiscalía de Estados Unidos acusa a Assange de conseguir información de manera ilegal y poner en peligro a activistas, abogados, periodistas y otras personas que aparecían en los cientos de miles de documentos publicados entre 2010 y 2011 por Wikileaks y relacionados, en parte, con las guerras de Irak y Afganistán. Chelsea Manning, exanalista del Ejército de Estados Unidos, fue condenada en 2013 por conspirar con Assange, pero el presidente entonces, Barack Obama, la indultó en 2017. 

El Departamento de Justicia de EEUU, según los argumentos presentados este febrero en Londres, asegura que Assange “no es un periodista” y no respetó los estándares de medios que colaboraron con él en 2010, como el New York Times, El País y el Guardian. Pero varias asociaciones de defensa de periodistas aseguran que el caso de Assange y el hecho de que se utilice la Ley contra el Espionaje de 1917 pueden sentar un precedente en los límites a la libertad de prensa.

“Los argumentos utilizados en el procesamiento contra Assange pueden establecer un camino legal para la persecución de periodistas y debilitar mucho la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de prensa. El derecho de los periodistas a informar sobre asuntos de interés público sin miedo a la censura o las represalias puede verse dañado”, asegura el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), una organización con sede en Nueva York. 

“Estamos contentos de que la extradición del fundador de Wikileaks Julian Assange a Estados Unidos se haya retrasado”, dijo la consejera delegada del CPJ, Jodie Ginsberg, en una declaración publicada este martes. También volvió a decir que el procesamiento de Assange tendría “consecuencias desastrosas” para la libertad de prensa y pidió al Departamento de Justicia que “acabe con todos estos procedimientos legales”.

Negociación con Washington

Stella Assange, con la que Julian se casó en la cárcel en 2022, apela al deterioro de la salud física y mental de su marido para que no sea extraditado.

El fundador de Wikileaks lleva desde 2019 en una prisión a las afueras de Londres y antes pasó seis años refugiado en la embajada de Ecuador en el Reino Unido para evitar un juicio en Suecia por violación y abuso sexual (la Fiscalía sueca retiró los últimos cargos en 2019 porque, aunque consideraba creíble a la denunciante, habían pasado nueve años y concluyó que era demasiado tiempo para poder investigar).

El Gobierno británico firmó en 2022 la orden de extradición a Estados Unidos por las acusaciones relacionadas con la publicación de información secreta, pero Assange siguió apelando hasta el último resquicio legal posible.

Según el diario Wall Street Journal, el equipo legal de Assange ha estado negociando con el Departamento de Justicia para que el fundador de Wikileaks no sea extraditado y terminar con este caso que ha provocado protestas en las calles, campañas políticas, quejas del Gobierno australiano y la movilización de un equipo internacional de abogados. El posible acuerdo citado por el Journal supondría que Assange se declare culpable de un cargo menor de mala gestión de documentos confidenciales y Washington acepte que ya ha cumplido con la sentencia por el tiempo pasado en la cárcel mientras apelaba.

La admiración y la lealtad, transformadas en apoyo, las prestamos por poco tiempo. Enseguida, a las heroínas que se meten en el fango por defender las causas más justas y nobles -las de todos- les buscamos los pies de barro. Inicialmente, dando pábulo a los rumores entorno a ellas, que de manera oportuna lanzan los aspersores del poder. Después, y sin comprobar qué hay de cierto en ellos, haciéndolos nuestros y echándoselos a la cara los que se supone que estamos en frente de ese mismo poder, el de la élite capitalista internacional.

Esto hicimos con innumerables ídolos más o menos transversales, como Lula Da Silva o Greta Thunberg. Qué decir con los más radicales, como el editor de Wikileaks, Julian Assange.

Entre 2010 y 2011 la publicación por parte de WikiLeaks de cerca de 400 mil documentos clasificados de diplomáticos estadounidenses sobre operaciones militares, entre otras, de la guerra de Irak, la guerra de Afganistán y la prisión de Guantánamo, sirvieron para que las principales cabeceras de los medios de comunicación de Occidente, entre ellos, el periódico El País, ampliaran información de interés público en todo el mundo, de la que se beneficiaron tanto económicamente como en términos de prestigio.

La revelación de crímenes de guerra impunes y violaciones de los derechos humanos convenientemente ocultadas, como el asesinato de civiles o ataques aéreos indiscriminados, fueron de dominio público por el buen hacer del oficio de muchos periodistas, pero, sobre todo, gracias a la indispensable valentía de los de Wikileaks.

El entusiasmo inicial en torno a su figura ha venido siendo sido sustituido por la incredulidad, haciendo del de Julian Assange un nuevo caso Dreyfus

Así, el entusiasmo inicial en torno a su figura ha venido siendo sido sustituido por la incredulidad desde 2016 (año en el que ganó Donald Trump, y en el que salieron algunas filtraciones que concernían al Partido Demócrata y a su entonces candidata, Hillary Clinton) por esos mismos medios de comunicación, haciendo del de Julian Assange un nuevo caso Dreyfus.

La prensa internacional no solo se ha hecho eco, sino que ha sido instrumento consciente o no, para presentar el caso de Assange como un doble falso dilema contemporáneo: ¿Es el editor de Wikileaks comendador en Occidente del derecho a la información y su transparencia o, por el contrario, es un peligro público global por precisamente desvelar al común de los mortales cómo opera el poder político que lo tutela? Pero ¿acaso es este un dilema nuevo, de esta era de la información digital, o viene de antiguo?

La Humanidad, desde el origen del concepto platónico de democracia, todavía no ha resuelto la tensión entre el poder de la ciudadanía (materializado en la opinión pública, sus representantes y sus garantes) y las presiones políticas de los poderes fácticos. Es un detalle menor que esta tensión se plasme sobre el papel o sobre una pantalla de teléfono, ni que se traslade a guerras con drones o con hombres a caballo.

Para que el control de sus representantes resida en el pueblo, el pueblo tiene que estar informado

Convenientemente armonizadas, las justicias occidentales se han ido pasando la patata caliente del australiano, presas, junto a sus gobiernos, de este falso dilema de doble condición: se sustancia en lo jurídico, pero es de naturaleza política y, por ello, apela al conjunto de la sociedad. La Ley activa el derecho, pero no lo ejerce por sí sola: para que el control de sus representantes resida en el pueblo, el pueblo tiene que estar informado.

Mientras tanto, Assange lleva en cautiverio 14 años y su salud física y mental continúa depauperándose, desde que se entregara a las autoridades londinenses el 7 de diciembre de 2010, permaneciendo los primeros días en prisión preventiva, hasta el 16 de diciembre, cuando pasó a estar en libertad bajo fianza y arresto domiciliario.

En este momento conviene recordar los hechos que mantienen a Assange en esta situación. A partir de 2010, y conforme Wikileaks fue publicando más documentos militares clasificados de Estados Unidos, más países occidentales se sumaron a esta persecución legal sin precedentes. En agosto de ese mismo año Julian Assange fue invitado a dar una conferencia en Estocolmo, donde dos mujeres, que asistieron como organizadora y participante a la misma, le acusan de sendos delitos de abuso sexual y violación. En noviembre de ese año, invocando el acuerdo europeo del que el Reino Unido formaba parte, Suecia pidió su extradición para interrogarlo.

Agotados los recursos legales, en junio de 2012, Assange solicitó asilo en la Embajada ecuatoriana de Gran Bretaña para evitar la extradición a Suecia, y allí permaneció 7 años. El país andino alegó que le concedía asilo diplomático, no para entorpecer el proceso escandinavo, sino por mor del peligro de que fuera extraditado a Estados Unidos, donde “no tendría un juicio justo y podría ser juzgado por tribunales especiales y sufrir un trato cruel o degradante, e incluso se le podría aplicar la pena capital”.

En abril de 2019, Ecuador le retiró la protección del asilo y la nacionalidad ecuatoriana, concedida en 2017, por lo que Assange fue detenido por la Policía Metropolitana de Londres dentro de la misma Embajada ecuatoriana. Las autoridades de la capital británica actuaron en virtud de una orden de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Un mes después la justicia londinense, por su parte, le condenó a permanecer 50 semanas en una prisión del Reino Unido por violar las condiciones de la libertad bajo fianza (a causa de su entrada en la Embajada de Ecuador). Desde entonces, Assange se encuentra en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres. También en 2019 la fiscalía sueca archivó los cargos por violación en contra del editor, tras abandonar y reabrir varias veces la investigación durante esos nueve años.

Julian Assange, se arriesga a 175 años de cárcel por revelar información secreta de Estados Unidos

En este momento, el que fuera considerado adalid del derecho a la información y a la libertad de prensa, Julian Assange, se arriesga a 175 años de cárcel por revelar información secreta de Estados Unidos. Incluso, como adelantó Ecuador y apuntan algunos juristas, también sobrevuela sobre él la pena capital, pues 17 de los 18 cargos por los que sería procesado lo son en virtud de la ley de espionaje.

El gobierno norteamericano afirma que Assange tendría un juicio justo en su país, pero sin la protección de la Primera Enmienda y sin la defensa del interés público. La famosa Primera Enmienda a la Constitución norteamericana sirve para hacer películas y blindar en el imaginario colectivo mundial la idea de Estados Unidos como país de la libertad, pero no va a servir para el editor de Wikileaks.

En 2024, ya va tocando que sea de consenso universal reconocer y proteger el papel crucial que juegan los periodistas y los informantes en la promoción de la transparencia y la justicia social. De lo contrario, se sentará un precedente peligroso, poniendo en riesgo a cualquier defensor del derecho a la información que se atreva a exponer la verdad sobre los poderosos.

Por todo lo anterior, desde la APDHA hacemos un llamamiento para que se respeten y se garanticen la dignidad y los derechos básicos de la persona de Julian Assange, el derecho a la integridad personal (física y moral), su derecho a la defensa y a un juicio justo. Asimismo, instamos a la comunidad internacional, a los gobiernos, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la libertad de prensa, a unirse en la demanda por la liberación inmediata de Julián Assange. 

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En pocos días o semanas sabremos si la justicia británica decide extraditar a Julian Assange a Estados Unidos, tras la última audiencia del caso la semana pasada. El Tribunal Superior de Londres dictaminará si el fundador de Wikileaks puede volver a recurrir la decisión judicial o si se activa su extradición, aprobada por el Gobierno británico en 2022.

Sobre Assange pesan 18 delitos por hackeo, espionaje y revelación de secretos. Si finalmente es extraditado, el periodista, editor, programador y activista australiano se expone a 175 años de prisión o incluso, la pena de muerte, como el propio Washington ha reconocido. 

Han pasado 14 años del escándalo Wikileaks, el mismo tiempo que Assange lleva de calvario judicial. A la espera de la sentencia de la justicia británica, en este programa hablamos de un caso que se ha convertido en paradigmático de la lucha por el derecho a la información.

Hablamos sobre la posible sentencia de la justicia londinense y qué posibilidades hay de que sea extraditado con el exjuez y abogado Baltasar Garzón, parte del equipo de la defensa de Assange; y analizamos este caso con la periodista italiana Stefania Maurizi, autora de “El poder secreto. Por qué quieren destruir a Julian Assange y WikiLeaks” (editorial Akal), que el próximo 4 de marzo se publicará en castellano. 

Y miramos más allá de Assange para hablar de la libertad de prensa en el mundo y otros casos paradigmáticos con Yolanda Quintana, secretaria general de la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y coautora de “Ciberactivismo: las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas”. Puedes ver aquí el programa en video:

Nos despedimos viajando hasta Colombia con Brigadas Internacionales de Paz para escuchar las “Voces de la Tierra”. Hablamos de los ‘falsos positivos’ en la lucha del Gobierno colombiano y las FARC:de cómo el aparato estatal permitió que se asesinara a personas inocentes para engrosar las cifras de guerrilleros muertos. Sebastian Escobar, es abogado de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, uno de los colectivos que ha denunciado al expresidente colombiano Álvaro Uribe por permitir estos falsos positivos.