La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) celebra desde este miércoles, 22 de abril, al viernes, día 24, el XIX Encuentro Estatal de Participación en el Institución Ferial de Ciudad Real (Ifedi), junto a su red territorial de Castilla-La Mancha.

La presente edición reunirá a un centenar de personas con experiencia en pobreza de todo el país, con el objetivo de trabajar en propuestas políticas en materia de acceso a la vivienda y de transición justa, en un contexto de “emergencia habitacional que está abocando a miles de personas a situaciones de pobreza y exclusión social”, según apunta la organización.

En la inauguración del evento, que tendrá lugar el 22 de abril a las 16.30 horas, está previsto que participen Inés Sandoval, directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Francisco Cañizares, alcalde de Ciudad Real; Rocío Zarco, diputada de la Diputación Provincial de Ciudad Real; Mar González, presidenta de EAPN Castilla-La Mancha; y Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa.

El programa del primer día concluirá con la grabación en directo del vídeo podcast 'Sin derechos estamos apañaos', un proyecto desarrollado por el Grupo de Participación de EAPN Castilla-La Mancha. Se trata de una iniciativa donde personas con experiencia en pobreza dialogan con referentes de ámbitos culturales, políticos, científicos o sociales sobre temas de interés social. En esta ocasión, se realizará una entrevista a Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC y reconocido divulgador científico.

Por su parte, en la jornada de clausura el viernes 24 de abril está prevista la intervención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, con la Comunicación 'Los rostros y el lenguaje de la pobreza'.

Previa a la intervención de Gabilondo, se llevará a cabo un encuentro con las instituciones, donde representantes de las diferentes delegaciones territoriales de EAPN España trasladarán las propuestas en materia de derecho a la vivienda trabajadas en las jornadas a representantes institucionales, entre ellos Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; y Santiago Vera, director general de Acción Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La presente edición del encuentro coincide, además, con la celebración del Día Internacional del Libro, el 23 de abril. En este contexto, el miércoles 22 de abril se realizará el acto simbólico 'Lecturas por una vivienda digna', una lectura pública de fragmentos de obras centradas en la defensa del derecho a la vivienda y la denuncia de la pobreza y la exclusión social.

EAPN España tiene una larga trayectoria en la celebración de Encuentros y Congreso de Participación tanto a nivel europeo, estatal y autonómico. Gracias a estos espacios se potencia el reconocimiento de las personas en situación de pobreza o exclusión y se facilita que representantes institucionales se acerquen a problemáticas y realidades a las que, sin estas iniciativas, no tendrían acceso.

Hola.

¿Cómo va la semana?

En medio de tanto caos y desconcierto, doméstico e internacional, me he agarrado a la idea con la que titulo el boletín de hoy para hablar de noticias positivas. Pero no sé si es verdad. Me explico: OpenAI, que como sabrás es la empresa matriz de ChatGPT, la del maléfico Sam Altamn, ha publicado hace unos días un estudio, Industrial policy for the intelligence age: ideas to keep people first, que ha pasado bastante desapercibido. El documento es muy interesante. Esboza la visión de la empresa que desató la actual fiebre del oro tecnológico en torno a tres grandes temas: distribuir la prosperidad impulsada por la IA de forma más equitativa, el fin del dogma del libre mercado frente a la IA y una gobernanza más democrática. Planteado así es para sorprenderse.

Vamos por partes. El estudio, de una docena de páginas, propone recuperar una política industrial activa, similar al New Deal, donde el Estado no solo regule para evitar riesgos, sino que intervenga para alinear los avances tecnológicos con el interés público. Bien. También que se redistribuya la riqueza. ¿Cómo? Por dos vías: con un fondo público que otorgue a cada ciudadano una “acción” directa en los beneficios de la IA, independientemente de su patrimonio, asegurando que la bonanza no se quede solo en los balances de la big tech. Y, segunda, a través de un “dividendo de eficiencia”, que propone convertir la productividad de las máquinas en tiempo de vida para el trabajador, sugiriendo ¡semanas laborales de 32 horas sin reducción salarial! de modo que la productividad se traduzca en tiempo de vida y no solo en márgenes para el accionista. ¡Caray!

Pero aún hay más. OpenAI reconoce que a medida que “la IA transforma el trabajo y la producción” –menudo eufemismo–, se podría erosionar las bases imponibles basadas en los salarios, poniendo en jaque la sanidad o las pensiones. Por lo que pide modernizar el sistema tributario, desplazando la presión fiscal hacia las rentas del capital, los beneficios corporativos y los rendimientos derivados del trabajo automatizado. La guinda. Increíble.

No nos engañemos. Aunque se presente como un manual de buenas prácticas, la nueva política industrial para la era de la inteligencia que plantea OpenAI suena más a señal de alarma. Reconoce por escrito algunas evidencias y varios temores que pueden resumirse en lo siguiente: el mercado, por sí solo, es incapaz de gestionar el terremoto que viene. Es una confesión donde admite que la IA es una bestia que solo un Estado fuerte puede domar para evitar que el poder se concentre en unas pocas manos, y que existe el riesgo de que el progreso se convierta en una fractura social insalvable.

La idea de jornadas de cuatro días semanales sin recorte salarial es música para los oídos de la izquierda, pero, ojo: si no hay límites claros, la tecnología se usará para “intensificar cargas de trabajo” y “minar la autonomía”, según expresiones del propio documento, convirtiendo el sueño de la abundancia en una nueva forma de explotación algorítmica. Ya está pasando. En lo económico, la compañía de San Francisco confiesa el riesgo real de que la riqueza se concentre en “un pequeño número de firmas” como la suya propia.

Al pedir un New Deal tecnológico, parece que OpenAI esté intentando diseñar el tablero de juego antes de que la realidad les arrolle; prefieren una regulación negociada a una impuesta por un clamor social. Uno de los problemas es la falta de músculo político para enfrentarse a quienes más tienen que perder.

El dato

829.399

Son los hogares a los que llegó el ingreso mínimo vital (IMV) en marzo, un 18 % más que hace un año. La cuantía media de la prestación se sitúa en los 543,1 euros al mes por hogar, por lo que la nómina total del tercer mes del año ascendió a los 495,6 millones de euros. Son datos del viernes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que añade que en dichos hogares viven 2,53 millones de personas, de las cuales 1,03 millones son niños y adolescentes.

¿Éxito o fracaso? El Gobierno siempre lo vende como lo primero. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, considera que el IMV “marca la diferencia, especialmente en la infancia”, y demuestra que el Gobierno está “donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país”. Hay millones de personas que hoy tienen un ingreso básico que antes no tenían.

Pero otras voces dicen que, si el número de beneficiarios sube, también puede interpretarse como que la economía no está siendo capaz de sacar a la gente de la exclusión mediante el empleo. Desde un punto de vista de progreso social, es una señal de alarma.

A ello se suma otro debate: ¿más pobreza o mejor detección? El aumento de hogares beneficiarios puede deberse a dos causas opuestas: a que la pobreza está creciendo y hay más gente necesitada, o bien a que ahora el Estado es capaz de identificarla mejor.

El gráfico

Este cuadro es uno de tantos que reflejan la importancia de la inmigración para nuestra sociedad. En este caso se trata de la distribución de trabajadores afiliados por sectores. Por si no lo ves bien, el azul oscuro es el porcentaje de inmigrantes. Las tres primeras actividades son las del hogar, hostelería y agricultura. Lo he sacado de este estudio de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) de La Moncloa. Se lo encargó el Gobierno para contestar básicamente a estas dos preguntas: ¿Cómo sería España en los próximos 50 años si las entradas de inmigrantes se mantienen al ritmo actual? ¿Qué pasaría si, por el contrario, se aplicase una política restrictiva y se redujesen las llegadas en un 30%?

La primera respuesta describe un país envejecido y encogido, con un 25% menos de habitantes en comparación con otro escenario en que las llegadas de inmigrantes se mantuvieran al ritmo actual. Un país con nueve millones menos de trabajadores, lo que podría acarrear la pérdida de riqueza, hasta “un 22% del PIB”, y un fuerte golpe para sectores como la agricultura, los cuidados y la hostelería. Un país en el que, para mantener el actual sistema de pensiones, cada cotizante debería aportar en torno a 2.000 euros más cada año que si se mantuviese el flujo migratorio actual.

El informe no tiene desperdicio. Conviene tenerlo presente estos días, coincidiendo con la regularización de inmigrantes, ante tanta demagogia vomitiva por parte de la derecha y la extrema derecha, más allá de la falta de empatía y deshumanización.

Por cierto, y cambiando de tema: esta semana el exministro Miguel Sebastián se ha estrenado en elDirario.es, donde escribirá de manera periódica. Cada miércoles analizará algún tema económico a partir de un gráfico; de ahí que me haya parecido oportuno recordarlo en este espacio. Por si no lo has visto, el de ayer es este.

Tipos (y tipas) de interés

Sube Amparo Moraleda, presidenta de Airbus. Su nombramiento rompe por primera vez el eje francoalemán en la cúspide de gobernanza del consorcio europeo aeronáutico y coloca a una directiva española al frente. Fuentes de la compañía lo han presentado como un reconocimiento al “rol crucial de España” —un país que apenas controla el 4% del capital—, con plantas repartidas entre Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. Sustituirá al alemán René Obermann.

Moraleda (Madrid, 1964) representa una figura de continuidad con conocimiento interno. Lleva más de una década en el consejo, donde actualmente preside el comité de remuneraciones, y ha construido su carrera en la intersección entre tecnología, energía y finanzas: dos décadas en IBM (donde fue presidenta para España), paso por Iberdrola y vicepresidencia en CaixaBank. Ingeniera industrial por Comillas y con formación en el IESE, su perfil encaja con el papel que le espera: dirigir el consejo, fijar la estrategia junto al resto de consejeros y supervisar al consejero delegado, el francés Guillaume Faury, con quien deberá mantener una interlocución constante.

Moraleda tuvo en su abuela una de sus principales inspiraciones para su exitosa carrera como alta ejecutiva. “Me dijo muy pronto que el único camino para la independencia de la mujer era la independencia económica y profesional”, contó en una entrevista que concedió a la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos en 2022, recogida por Efe. Ha desarrollado su carrera en sectores donde la presencia femenina era marginal. Su rol en Airbus no será ejecutivo, pero sí decisivo en la supervisión y en la estrategia industrial.

Nos gusta la competencia 

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Y con esto lo dejamos por hoy.

Muchas gracias por estar ahí y nos reencontramos la semana que viene.

¡Un abrazo!

Cruz Roja atendió a lo largo de 2025 a un total de 337.383 personas en Andalucía, de las cuales 218.000 participaron con atención directa y cerca de 120.000, en acciones de sensibilización. Además, la organización ha llevado a cabo más de 1.139.870 intervenciones con estas personas, a través de su equipo técnico, pero sobre todo gracias a una red de solidaridad formada por 29.144 voluntarios en el conjunto de Andalucía, según resalta en su memoria de actividad.

El delegado de Cruz Roja en Andalucía, Jerónimo Vera, avanzó que el análisis de 2025 confirma que en Andalucía “persisten brechas sociales, especialmente relacionadas con la pobreza, la soledad, el desempleo y las emergencias, como la vivida en Adamuz, pero también las meteorológicas, como la de comienzos de este año y durante 2025, muy relacionadas con los efectos del cambio climático”.

Entre los datos más relevantes, el informe recoge que el pasado año 30.365 personas en Andalucía, atendidas por Cruz Roja, se encontraban ante una vulnerabilidad que les enfrenta a problemas de pobreza energética, falta de recursos básicos, y en los casos más extremos, al sinhogarismo.

De todas ellas, más de 9.800 personas recibieron apoyo a través del proyecto de Atención Integral a Personas Sin Hogar, que incluye la asistencia de equipos voluntarios que recorren las calles de 14 ciudades, para ofrecer productos de abrigo, alimentación y, sobre todo, escucha y acompañamiento, en un año en el que las condiciones meteorológicas han obligado a crear nuevas respuestas, como los albergues provisionales frente a las olas de frío y de calor.

“Extremo riesgo social”

Vera ha señalado que, aunque las causas son complejas y diversas, “hemos visto cómo la escalada de precios de los últimos años, sumada a los problemas de acceso a una vivienda, provoca que muchas personas se enfrenten a situaciones de extremo riesgo social”. Así, “nos preocupa que los actuales conflictos internacionales traigan consigo una nueva escalada de precios, que agudice y precarice la situación de todas estas personas”, ha apuntado.

En rueda de prensa celebrada en la Fundación Cajasol, y parafraseando a una de las familiares de las víctimas del accidente de Adamuz, pronunció en agradecimiento a la labor desempeñada por la organización: “Cruz Roja se moviliza para curar, aliviar, consolar y, cuando nada de lo anterior sea posible, acompañar”.

“El equipo de Cruz Roja es nuestra principal fortaleza, gracias a su cercanía, su profesionalidad y la enorme capacidad de movilización de nuestra organización”, ha explicado Vera, que hace partícipe de esta labor a todas las personas que forman Cruz Roja: las 151.692 personas y empresas socias, así como a las entidades que colaboran a través de alianzas y donaciones.

Más del 90% de los municipios andaluces

Otra de las fortalezas de Cruz Roja es, sin duda, su implantación territorial en Andalucía, ya que a través de sus 90 asambleas locales y comarcales, desarrolla su actividad en 778 localidades de la comunidad, es decir, más del 90% de los municipios andaluces, tanto en grandes núcleos urbanos como en zonas rurales y comarcas más despobladas, con menos accesos a recursos sociales.

A lo largo del pasado año, Cruz Roja ejecutó en Andalucía un presupuesto de 141.737.083 euros, que en la memoria se distribuye por cada una de las áreas de intervención que desarrolla la Organización: Inclusión Social, Empleo, Socorros, Educación, Salud, Cooperación Internacional y Medio Ambiente. Además, del área de Voluntariado y Cruz Roja Juventud, la sección juvenil de la organización.

No obstante, la memoria de actividad recoge, entre las cifras de la actividad, el número de personas que participaron en cada una de estas áreas. Así, el delegado de Cruz Roja, ha subrayado que estas cifras “solo pueden entenderse desde un modelo de intervención integral, que nos permite acompañar a las personas más allá de la ayuda puntual”. Además, ha añadido que “es un modelo basado en el enfoque de derechos, que pone a las personas en el centro de la actividad y la hace partícipe de ella”.

25 aniversario

Cruz Roja “no se limita a la entrega de ayudas; la labor del voluntariado incluye orientación, apoyo emocional y acompañamiento para acceder a prestaciones y recursos públicos”. Además, 2025 ha sido también el año del 25 aniversario del Plan de Empleo de Cruz Roja, “consolidado como uno de los ejes estratégicos de la organización”.

Igualmente, la memoria refleja una cifra “histórica” ya que más de 45.000 personas participaron en proyectos de empleo, formación y mejora de competencias. Esto fue posible gracias a 10.730 alianzas con 3.770 empresas en Andalucía, que colaboraron en prácticas, orientación e intermediación laboral.

Asimismo, la organización ha reafirmado que “la soledad sigue siendo uno de los grandes desafíos en Andalucía”. Personas mayores, jóvenes, mujeres víctimas de violencia o personas sin hogar “siguen necesitando espacios de encuentro y relaciones significativas”. Así, la imagen “más reconocible” del voluntariado es su capacidad de acompañar: “el brazo que sostiene, la llamada que rompe el silencio, la presencia que reconforta”, ha afirmado Vera.

Además del acompañamiento, Cruz Roja impulsa iniciativas que activan las comunidades, para conectar a las personas con otros recursos en sus barrios y ciudades, dinamizando actividades colectivas, grupos de apoyo mutuo y redes vecinales. En esta línea, el delegado ha puesto como ejemplo la iniciativa 'Comercios Amigos de las Personas Mayores', con los que Cruz Roja teje alianzas con comercios de cercanía para “concienciar sobre la soledad, para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad y dar a conocer los recursos que ofrece la propia Cruz Roja a personas mayores”.

Años marcados por catástrofes

Cruz Roja ayudó a las emergencias ocurridas en 2025 (incendios ocurridos durante el verano, grandes borrascas y situaciones tan excepcionales como el gran apagón de hace un año, que afectó a todo el país).

En este sentido, el delegado ha señalado que “hemos comprobado la importancia de la coordinación” y, ha detacado el papel esencial de dos dispositivos de Cruz Roja en Andalucía, en la movilización ante las emergencias. Por un lado, el Centro de Operaciones Autonómico, situado en Sevilla, desde el que se reciben llamadas de aviso del 112, para activar a los equipos de emergencias de todas las provincias, entre ellos, los que intervienen en el rescate y atención de migrantes en las costas.

Y, por otro lado, el Centro Logístico Autonómico, situado de Córdoba, uno de los tres más importantes de Cruz Roja en todo el país, desde el que se han enviado materiales a todas las provincias, para proveer de camas, equipos electrógenos, agua, etcétera cuando las emergencias superaban las capacidades de los territorios.

El comité de responsabilidad social corporativa de La Despensa Supermercados ha acordado incluir por un año más a la ONG 'Socorro de los Pobres', conocida popularmente como la 'ONG de Cipriano', en su plan de donaciones contra el desperdicio alimentario.

La compañía castellanomanchega, a través de su proyecto 'La Despensa Solidaria', sigue incrementando su compromiso con las personas más vulnerables, siendo conscientes “de las necesidades del entorno y actuando con responsabilidad social y solidaridad”.

El acto ha contado con la presencia de Reyes Calvo, secretaria de la ONG, y en representación de La Despensa Supermercados, de David García Lázaro, director de calidad y seguridad alimentaria y Luis Aznal, director de comunicación y RSC.                                                    

Un año más los voluntarios de la ONG recogerán cada semana los alimentos de las cinco tiendas de La Despensa Supermercados en la ciudad de Toledo.

Además, la compañía castellanomanchega, con sede en Toledo, vuelve a incluir en el acuerdo la entrega mensual de un vale de compra para para que la ONG pueda adquirir los alimentos más demandados por las familias.

El compromiso y la entrega de los voluntariados

Reyes Calvo expresó su “profunda gratitud” a La Despensa Supermercados por la renovación del acuerdo y todas las donaciones recibidas que, debido al aumento de las familias vulnerables, cada vez hay más necesidad de recibir estas donaciones.

Por su parte, David García Lázaro destacó la loable labor que lleva a cabo esta ONG y el compromiso y entrega de todos sus voluntarios, algo que nos obliga a seguir estando a su lado y atender a sus demandas.

Cipriano González fue el fundador de la ONG 'Socorro de los Pobres', que lleva más de cinco décadas repartiendo alimentos a personas vulnerables en Toledo. Falleció el 11 de abril de 2024 a los 86 años de edad, recibiendo innumerables muestras de cariño y agradecimiento de toda la sociedad toledana por su encomiable labor solidaria, gran carisma y energía ilimitada.

Su casa está situada en la Bajada de San Marti­n, numero 6, y es un local lleno de bolsas de alimentos y ropa nueva que recibe de sus donantes (particulares e instituciones) y que se encarga de administrar y repartir a las familias en paro y personas con muchas necesidades.

El presidente de la patronal hotelera en Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, se ha pronunciado este lunes sobre las personas que viven en chabolas: “En menos de un año tenemos una favela de Los Cristianos”.

En declaraciones en el programa De La Noche Al Día de Canarias Radio La Autonómica, Marichal en esta entrevista ha obviado la emergencia habitacional y ha insistido en que “ahora ya tenemos asentamientos y tenemos chabolismo en algunos de los espacios naturales, incluso que tenemos alrededor de algunos destinos turísticos en Canarias y parece que nadie hace nada”.

“Sinceramente, yo no entiendo nada cuando una empresa, una persona que tiene DNI pone un bloque donde no lo puede poner, le cae todo el peso a la ley al punto cero. Sin embargo, la gente entra en casa de los demás, la gente pone sus casas en el suelo de los demás y no pasa absolutamente nada”, ha dicho en la radio.

No es la primera vez que Marichal hace unas declaraciones polémicas. En 2023, aseguró que no se encuentran empleadas para el sector turístico, poniendo el foco en el “absentismo” y subrayando que se debe hacer “un control” de esas bajas así como facilitar la contratación de personas extranjeras.

En 2018, en otra entrevista en El Día llegó a decir que “en este país, hoy en día, quien se deja explotar es, quizá voy a ser muy duro, es porque quieren. Aquí estamos supercontrolados, hipercontrolados”, aunque luego matizó sus palabras.

También fue noticia en 2025 por criticar la huelga que convocaron los sindicatos en la provincia para reivindicar mejoras salariales en el sector turístico. “La huelga de la hostelería en Tenerife es absurda; los sindicatos tiran de los políticos para lograr sus objetivos”, apuntó.

El vicepresidente de Ashotel, Gabriel Wolgeschaffen, también advirtió en 2024 sobre la movilizaciones contra el turismo masivo que “a la vaca que da leche hay que dejarla tranquilita”.

Vivir de alquiler triplica el riesgo de pobreza en Catalunya. El 34,4% quienes alquilan están en peligro de sufrir carencias básicas, cifra que se desploma hasta el 11,3% de entre los que tienen una vivienda en propiedad. Es una de las principales conclusiones de la Radiografía Insocat, elaborada por la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS).

La vivienda se sitúa así como el principal factor de empobrecimiento, lo que deriva en otras problemáticas materiales también dentro del hogar: en 568.000 hogares (que alojan a unos dos millones de personas, casi un 27% de la población catalana) sufre de pobreza energética. Por otro lado, el 14% de la población declara retrasos en los pagos vinculados al hogar.

Según ECAS, gran parte de la culpa de la crisis la tiene la “fuerte concentración de la propiedad y un parque público claramente insuficiente”. Y destacan que un 1,2% de los grandes tenedores poseen casi una cuarta parte del mercado inmobiliario libre y sólo un 2% del público -frente al 15% de la media europea. Lo que contrasta con los 400.000 pisos vacíos que hay en Catalunya. “Esta combinación agrava la inseguridad residencial y convierte una necesidad básica en un factor de desigualdad estructural”, remachan los autores del informe.

Con todo, recuerdan que la tasa AROPE sitúa el índice de pobreza en un 24,8% en Catalunya, 0,8 puntos más que hace un año. Esta cifra “subralla la contradicción entre una supuesta bonanza económica y el malestar social que atraviesa a buena parte de la población”, destacan. Así, contrastan la subid adel 2,7% del PIB y unas tasas de paro que bajan al 8,4%, con el hecho de que el 47% de la población declara problemas para llegar a final de mes.

Y es que tener un empleo no es un salvavidas contra la pobreza: más del 42% de los trabajadores sufren precariedad laboral y casi el 12% están en situación de pobreza. “El encarecimiento del coste de vida, que absorbe el 95% de la renda media disponible, es lo que explica estos datos”, explica Teresa Bermúdez, vocal de pobreza de ECAS.

Desde la federación aseguran que estos datos, si bien son graves, deben ser mirados con lupa para obtener la radiografía completa y destacan que hay que observar a los colectivos más vulnerables, que son la infancia, las mujeres y las personas migradas.

En esta línea, recuerdan que la pobreza infantil ha escalado hasta el 36%, que el riesgo para las mujeres es mayor que el de los hombres y que casi el 50% de la población sin nacionalidad española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión.

Con todo, insisten en que “las desigualdades se transmiten y se cronifican”. Destacan que hasta el 35% las desigualdades de ingresos son heredadas y están determinadas por “circunstancias no escogidas” como el género, el lugar de nacimiento de los padres y el origen socioeconómico. “El ascensor social que había funcionado en décadas anteriores está estropeado y ahora tener estudios superiores o trabajo no garantiza llegar a final de mes con tranquilidad”.

Desde ECAS destacan la capacidad de las prestaciones sociales y las ayudas públicas para revertir la pobreza, pero no pierden la oportunidad de recordar que estas funcionan mucho mejor en la vejez que en la infancia. Mientras que las pensiones reducen la tasa de pobreza del 77% al 14%, en el caso de la infancia sólo consiguen bajarla del 40% al 30%.

Por todo ello, reclaman “fortalecer la capacidad redistributiva de las políticas públicas para mejorar la cobertura de las prestaciones sociales”. En este sentido, ECAS recuerda que Catalunya sigue a la cola de España en inversión social, con 2.789 euros por habitante y año, lejos de los 3.277 de media. Igualmente, recuerdan que prestaciones como la Renta Garantizada o el IMV sólo llegan al 15,9% y al 11% de los hogares que las necesitan-

Una familia de siete miembros, entre ellos cuatro menores de edad, fue desahuciada en la mañana de este miércoles en Gran Canaria al no poder hacer frente al pago del alquiler. La familia de María (nombre ficticio) había logrado evitar el desalojo en varias ocasiones gracias a la protección in extremis del llamado “escudo social”, una medida que decayó el pasado mes de febrero tras ser rechazada en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Desde la retirada de ese paraguas legal, el escenario para las familias vulnerables amenazadas por la pérdida de su vivienda ha cambiado radicalmente. En el caso de María, el resultado fue un desalojo forzoso sin alternativa habitacional inmediata, pese a tener cuatro hijos a su cargo. “Solo pedía un mes de plazo”, explicó la afectada a los medios de comunicación mientras esperaba por la comitiva judicial.

Tras la negociación con la cominitiva judicial personada en la puerta de la casa, se pidió “aunque sea” una semana de plazo para la familia de María, petición que también fue denegada.

“El escudo social hizo mucho, hizo mucho y por unos pocos, y no quiero politizar, pero por culpa de Junts, PP y Vox, el tope del alquiler no ha salido hacia adelante, por lo tanto hay muchos que están en alquiler, que se va a elevar”, expresa la afectada.

El procedimiento fue instado por un propietario particular que no reside en las Islas, y que no accedió a demorar el lanzamiento pese a que la alternativa ofrecida por el Gobierno de Canarias a través de VISOCAN todavía no estaba disponible.

María cuenta su historia

“Tenemos ingresos mensuales de más de 1.200 euros de prestaciones de la Seguridad Social, pero los propietarios no aceptan ni prestaciones ni contratos indefinidos; piden un año de fianza y avalista”, explicó a los medios, detallando cómo alquilaron el piso hace cinco años con la idea de quedarse solo seis meses durante la pandemia, que extendió su estancia en un “efecto dominó” que les dejó sin alternativa.

A pesar de solicitar ayudas al alquiler y ERTE -“denegadas por el Gobierno de Canarias”, María insistió en su disposición a trabajar: “Busco conciliación familiar y estabilidad, porque la hostelería es precaria, con despidos cada tres meses”. Actualmente está opositando. Su familia espera una vivienda de VISOCAN, lista en un mes, pero ya espera en la calle.

“No tenemos ni idea de a dónde van a ir”

Para el portavoz de Derecho al Techo Jonhy, el panorama que se presenta ahora para la familia de María es de más vulnerabilidad. “Pensábamos que se podría parar. Ahora apelamos a lo que siempre apelamos desde el colectivo, a la solidaridad vecinal”.

Para el portavoz de Derecho al Techo Javier Marrero “la familia solo estaba pidiendo un tiempo, pero la procuradora y los abogados han decidido que no van a solicitar al juez que paren el desahucio”. Las cosas de María y su familia ya están apiladas en el zaguán de la que hasta hoy fue su casa.

Una familia de tres generaciones, madre, hija y nieto, se quedaron en la calle este jueves en Cornellà de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Olga Jerez, de 35 años, y su madre Ángeles García, de 65, vieron como la comitiva judicial las echaba del que ha sido su hogar los últimos 13 años, y donde ha crecido el pequeño de la familia, Marcos (nombre ficticio), que en ese momento se encontraba en el instituto. 

El piso era propiedad del banco BBVA, que inició el proceso de desahucio. Pero cuando ellas lo alquilaron, en 2013, su casero era un particular. Un hombre que un día dejó de pagar la hipoteca y desapareció sin dejar rastro. Lo que derivó, años después, en el desalojo el pasado jueves de esta familia que asegura que siempre quiso pagar la renta: ya fuera con el casero en paradero desconocido, o más recientemente con la entidad financiera. 

A las 12:00 horas del pasado jueves, día del desahucio, Ángeles y Olga aguardaban en el piso junto a varias profesoras del instituto de Marcos y miembros del Sindicat d’Habitatge del Baix Llobregat. En un corrillo improvisado en el salón donde la familia ha vivido más de una década, las mujeres aseguraban estar “agotadas” por la situación. Llevaban días sin apenas dormir ni comer, y lamentaban haber sufrido episodios de ansiedad en las últimas semanas e incluso haber detectado manchas en su piel asociadas al estrés.

En el portal, bajo un fuerte diluvio, les esperaban algunos vecinos del barrio, junto con otros activistas por la vivienda, que habían acudido para mostrarles apoyo. Entre ellos, otra madre del mismo instituto de Secundaria donde estudia Marcos, el Neus Català, que también estuvo a punto de ser desahuciada hace apenas unos días. Esa misma mañana, además, otra familia con hijos menores había sido desalojada.

Los vecinos denunciaban que este tipo de situaciones se han vuelto frecuentes en el barrio. “Los niños sienten vergüenza y lo pasan mal, y esto les repercute académicamente”, explicaba Alba Aguilar, profesora del instituto. Según contaba, en el centro hay varios alumnos que atraviesan situaciones similares.

Ejecutado el desahucio, puesto que la familia no opuso resistencia, abuela, madre y nieto durmieron en casa de una vecina del mismo bloque. En un primer momento, la idea era que Olga y Ángeles durmieran en el rellano del edificio, mientras que el menor se quedaría en casa de la vecina. Finalmente, los tres acabaron pasando la noche dentro del piso porque el rellano estaba lleno de sus pertenencias y “no había espacio para colocar el colchón”, explicaba Olga a elDiario.es la mañana siguiente. “No hemos dormido nada de la ansiedad”, añadía. 

Los servicios sociales les ofrecieron alojamiento en un albergue, pero la familia lo rechazó tras ver el estado de la habitación. “Había cucarachas, manchas de sangre, polvo y suciedad. Llevar a un niño a un lugar así no es fácil, es totalmente indigno para cualquier persona”, denuncia Ángeles, que tomó fotos del lugar.

Ya antes de verlo, tenían claro que ese no era un lugar seguro para Marcos, ya que padece graves alergias. “Le dan taquicardias y se queda sin respiración”, explicaba Olga. “Imagínate lo que pasaría si lo metemos en un sitio lleno de polvo o humedad”. 

La familia lleva meses buscando un alquiler que puedan permitirse, consciente de que tarde o temprano la iban a echar. Incluso Marcos les ayudaba a mirar anuncios cuando volvía del instituto. “Solo pedía un poco más de tiempo hasta encontrar un piso donde poder ir con mi hija y mi nieto”, lamenta Ángeles. “Cualquiera que haya intentado buscar un piso de alquiler sabe lo difícil que es, y más en tan poco tiempo”, subraya Alina Rodríguez, miembro del Sindicat d’Habitatge del Baix Llobregat.

Once años sin noticias del casero

Olga y Ángeles detallan el rocambolesco papel de su casero. Durante los 13 años que han vivido en el piso apenas llegaron a verlo dos ocasiones. “Solo lo vimos el día que nos enseñó la vivienda y el día que nos entregó las llaves”, aseguran.

El problema comenzó en 2016, tres años después de entrar como inquilinas, cuando el propietario les pidió que cambiaran el número de cuenta al que ingresaban la mensualidad, alegando que había pasado del BBVA al Banco Sabadell. Sin embargo, nunca les llegó a facilitar esa nueva cuenta.

Tras varios intentos fallidos de ponerse en contacto con él, Ángeles acudió al Banco Sabadell para obtener información, pero le respondieron que no había cuenta alguna a ese nombre. Desde entonces, el propietario –identificado como Wilmer M.– desapareció, y la familia sospecha que pudo haberse marchado a otro país. Algunos vecinos aseguraban que debía dinero a varias personas del barrio.

Años después, en 2022, se enteraron de que en realidad el casero llevaba desde antes de que ellas entraran en el piso sin pagar la hipoteca. Aseguran que se lo comunicaron desde el juzgado, cuando acudieron a su domicilio a preguntar por el propietario y para informar que la vivienda había pasado ya a manos del BBVA. 

Durante los años de incertidumbre que pasaron entre 2016 y 2022, la familia asegura que intentó buscar formas para entender qué estaba sucediendo y seguir abonando el alquiler. Reconocen que no han pagado, pero defienden que es porque no podían y no sabían como hacerlo. “El problema nunca fue que no quisiéramos pagar las mensualidades, sino que no entendíamos qué pasaba y nadie nos hacía caso”, señala Olga.

Cuando empezaron a comprender la situación, en 2023, intentaron negociar con el banco un nuevo contrato de alquiler o incluso la compra de la vivienda, pero aseguran que no recibieron respuesta por parte de la entidad. 

Fuentes del BBVA confirman que no se plantearon negociar un alquiler, sino que iniciaron el proceso de desahucio. Sostienen desde la entidad financiera que el procedimiento se llevó a cabo “de acuerdo con la normativa”.

Sin vivienda pese a su vulnerabilidad

La familia ha recibido cuatro órdenes de desahucio desde que empezaron los problemas con la propiedad de su piso. La primera llegó en junio de 2024, pero lograron aplazarla hasta octubre de 2025. Posteriormente, se prorrogó hasta el 5 de febrero de 2025, fecha en que consiguieron retrasarla otro mes. Sin embargo, este jueves ya no hubo margen de negociación. “No encontrábamos ningún piso que pudiésemos pagar”, lamenta Olga. “No nos han escuchado ni han querido negociar nada”.

Ignasi Acosta, militante del sindicato, recuerda que hasta hace poco existía más margen para negociar gracias a la moratoria estatal de desahucios para hogares vulnerables, pero esta decayó a finales de febrero en el Congreso tras los votos en contra de PP, Junts y Vox.

“A nosotros, quien nos ha ayudado principalmente es el Sindicat. En los servicios sociales no nos escuchaban”, señala la mujer. En este caso, fue el propio instituto del menor quien les habló del sindicato de vivienda y les animó a acudir.

Los servicios sociales del ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, por su parte, responden que han intervenido “desde el primer momento” en este caso. Aseguran que las han asesorado y que han intentado intermediar con la propiedad en numerosas ocasiones.

También sostienen que han presentado al juzgado todos los informes que acreditan la situación de vulnerabilidad de la familia, aunque no hayan servido para paralizar la orden en ninguna de las 4 ocasiones. Y confirman los detalles del anterior casero: “Tenemos la información de que el propietario del piso, el que se lo alquiló, se fue y dejó de pagar la hipoteca”.

En estos momentos, la familia se encuentra en lista de espera de la Mesa de Emergencia Habitacional, pero aún no tienen ningún piso asignado. La única alternativa de la que disponen es el alojamiento temporal en un albergue durante 15 días.

Este viernes, los servicios sociales les propusieron trasladarse a otro albergue que, según asegura Olga, está “más limpio” que el que rechazaron el día anterior. Finalmente durmieron allí. Sin embargo, sin una vivienda asignada por la Mesa de Emergencia y con todas sus pertenencias todavía amontonadas en el rellano del antiguo edificio, la familia sigue sin saber dónde recalará en el futuro próximo.

Más de dos años de presencia discreta en los ensayos. Primero como espectador habitual, después como observador dentro del grupo, y finalmente con la cámara en marcha. Así nació 'Caídos del Zielo', el nuevo documental de José Alberto Andrés Lacasta, que acaba de concluir su rodaje y se encuentra en plena posproducción con vistas a estrenarse durante la segunda mitad de 2026. La película acompaña al grupo de teatro social del mismo nombre, integrado por personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad, y se construye desde una premisa clara: mirar sin invadir.

Se conocieron de forma “muy natural” y esto garantizó un rodaje “desde la naturalidad”. Lacasta considera que este método permitió trasladar con fidelidad la experiencia del grupo: “Mi cámara es solo observadora, no es incisiva, no busca la testimonialidad ni el reportaje, miramos lo que pasa y narramos desde ese punto de vista”. Señala que, para poder desarrollar un proyecto audiovisual desde esa perspectiva es necesario “estar muy implicado”: “Nuestro punto era el de mirar lo que pasaba y esa es nuestra narratología, desde el hecho de mirar”. 

Durante una hora y media la acción va transcurriendo “sin testimonios, sin cabezas parlantes”: “Vamos comprendiendo qué pasa allí, quiénes son, qué es lo que le mueve, nos damos cuenta por lo que hacen y no por lo que dicen”. 

Esta mirada observacional se complementa con una imagen en blanco y negro. Esta elección, según explica el director, tiene que ver “con el significado audiovisual del blanco y negro, es metaficción en la que ellos son actores que se representan a si mismos”. Considera que la realidad y el teatro se mezclan “y nos mete en una atmósfera muy particular”: “El color habría sido más realista pero el punto teatral con el que hemos trabajado se reforzaba con el blanco y negro. Tiene un valor estético”. 

Durante casi dos años, el equipo convivió con los miembros del grupo, acompañando sus ensayos y dinámicas. “Hacíamos sesiones de rodaje, pero muchas cosas surgían sobre la marcha. Era un trabajo intenso de convivencia, necesario para comprender la vida de estas personas”, recuerda.

La mirada sobre la exclusión social 

Lacasta reivindica la importancia de la perspectiva desde la que se muestran situaciones de sinhogarismo y vulnerabilidad, realidades “tremendamente sensibles”. Subraya la necesidad de evitar el sensacionalismo: “Cuando estás rodando ves cosas que sabes que no puedes sacar. El límite está en el respeto y en la humanidad con la que tratas a las personas”.

Para él, la mirada del equipo siempre fue “desde la horizontalidad”: “No hay condescendencia, los tratamos de igual a igual. Frente a situaciones de precariedad extrema es fácil caer en la denuncia directa, pero llevábamos puesto ese freno de mano. Queríamos reforzar la dignidad de las personas porque ellos mismos nos lo muestran y nos lo demandan”.

El director apunta también que este tipo de situaciones son invisibles para buena parte de la sociedad. “Lo cómodo es ignorarlas. Pero cualquiera puede verse ahí. Es algo que ellos no paran de decir: te puede pasar a ti”. Considera que, ante situaciones marcadas por la precariedad y la exclusión, es “necesario tomar medidas que no pasan por la caridad altruista y puntual, para calmar la conciencia”. 

Lacasta explica que ha sido una experiencia “que te sacude, te revuelve, aunque estés concienciado y no sean situaciones que te resulten ajenas, acabas muy revuelto porque son vidas tremendamente duras”. Asegura que el objetivo de esta pieza documental es “trascender con el cine estas realidades, trasladarlas a otros espacios de debate. Ojala mucha gente quiera verla y reflexionar, lo cual es negar la realidad”. 

El documental acaba con una escena de Manuela Lawson, una de las integrantes del grupo de teatro que falleció días después de terminar el rodaje. La cinta está dedicada a ella y Lacasta recuerda el momento de grabación de esta escena que cierra la película: “Sale andando por un pasillo y anda derrotada hacia la pared. Era su natural, una cosa que me llama la atención es que suelen arrimarse a la pared, piensan que es su lugar natural, casi pidiendo disculpas por ocupar un espacio sobre el que tienen el mismo derecho”. Recuerda esa imagen final de Manuela, que tenía problemas de salud y así se lo trasladó: “Fue muy emocionante, la película se la dedicamos a ella”. 

‘Caídos del Zielo’ es un proyecto de Du Cardelin Studio y 601 Producciones, con apoyo del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y Aragón TV. La cinta será presentada en festivales antes de su estreno en cines en la segunda mitad de 2026. Se trata de un documental con vocación divulgativa y cultural, que busca generar debate y reflexión sobre el arte como herramienta de transformación social y sobre cómo la sociedad observa —o ignora— la vulnerabilidad de quienes la habitan.

El proyecto teatral que da origen al documental

'Caídos del Zielo' nació en Zaragoza en 2019 como un taller de teatro dirigido a personas en riesgo de exclusión social, con el objetivo de ofrecer un espacio donde desarrollar talento artístico, creatividad y sensibilidad. El proyecto entiende el arte como una herramienta de transformación y como un punto de encuentro capaz de tender puentes entre realidades distintas. El proyecto teatral y social fue creado por la dramaturga y actriz Paloma Pedrero en Madrid, llegando a recibir el Premio Talía a Mejor espectáculo de Teatro en 2008. Más tarde, fue acogido por el dramaturgo y actor Félix Martín en Zaragoza, consiguiendo el Premio Max de carácter social en 2022.

La iniciativa se articula a través de un método inclusivo en el que participan actores y actrices profesionales de forma voluntaria, junto a docentes del ámbito escénico. Los talleres buscan construir un entorno lúdico, artístico y social que favorezca la experimentación y la creación colectiva, de modo que tanto las personas en situación de vulnerabilidad como los profesionales implicados puedan trasladar ese aprendizaje a su entorno personal, cultural y laboral.

Desde su tercera edición, el proyecto cuenta además con la colaboración de la Escuela Superior de Diseño de Aragón (ESDA), cuyo alumnado se encarga de la escenografía, el diseño gráfico, el vestuario y el atrezzo de las producciones.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, ha indicado que va a mantener una reunión con el alcalde de Cádiz, Bruno García, para abordar con él la situación del sinhogarismo en la capital gaditana, después de que se hayan producido en los últimos dos meses la muerte de cinco personas que vivían en la calle.

En declaraciones a los medios durante una visita al Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), Maetzu ha detallado que esta problemática ya ha la había comentado con el alcalde gaditano (PP) en su oficina de Sevilla, pero que ahora va a volver a la ciudad para tratar de nuevo el asunto.

Según sus datos, en Cádiz hay “110 personas” sin hogar, lo que en población como esta es, en su opinión, “dominable”, aunque la intención es tratar también cuántas de esas personas necesitan atención en otras materias como salud o cuántos “deberían no estar en la calle durmiendo” y si presentan alguna patología que requiera otro tipo de atención, así como la situación de los albergues.

“Solamente con llevarles calor y comida no suficiente”, ha aseverado el Defensor del Pueblo, quien ha reconocido que “muchas veces” estas personas “no quieren ir al albergue porque no quieren estar controlados”.

No obstante, ha reiterado en posibles patologías psicológicas “que deberían ser tratadas”, estar solos por haber sido “abandonados por sus familias” o haber acabado en situación de pobreza. Esto, ha reconocido Maetzu, ya lo trató con el alcalde de Cádiz cuando acudió a Sevilla, y la intención ahora es volver a hacer una “radiografía” de la ciudad y ver qué medidas se pueden aplicar para reducir esta cifra de personas que vivan en la calle.

En numerosas ocasiones el Ayuntamiento de Cádiz ha recordado que el centro de acogida municipal para personas que están sin hogar ofrece atención residencial de manera temporal y servicios dirigidos a normalizar la convivencia de este colectivo, procurando la necesaria intervención para su inserción social.

Recientemente, el alcalde aseguraba que el Ayuntamiento va a ampliar los recursos disponibles con más plazas, nuevas instalaciones y la incorporación de apoyo sanitario y de salud mental, resaltando que “no habrá límite de medios” para atender a este colectivo.

Además, anunciaba que votaría a favor de la comisión de investigación que Adelante Izquierda Gaditana va a proponer en el próximo pleno ordinario ante “las denuncias conocidas en las últimas semanas sobre la existencia de un protocolo dirigido a desalojar a personas sin hogar de distintos espacios públicos de la ciudad”, un protocolo que desde el Gobierno local quieren esclarecer su origen y aplicación.

La historia reciente de India presenta sobradas muestras para argumentar un relato de éxito. En su currículum, la nación con una mayor acumulación demográfica (1.454 millones de habitantes, según los últimos censos oficiales) deja constancia del salto hacia la prosperidad. Delhi progresa adecuadamente desde que en 2014 Narendra Modi se hiciera con las riendas del otro gigante asiático. Tan solo en dos ejercicios —2019 y 2020, el previo y en el que emergió la Gran Pandemia— de su triple mandato presidencial, el PIB indio se quedó por debajo del 5% de crecimiento anual.

Esta prolongada etapa de bonanza, que arrancó realmente a finales de los noventa, ha enterrado su tradicional concepción de economía sumergida, con dosis de proteccionismo y una estructura estatal excesivamente burocrática, lenta e ineficaz e incapaz de alcanzar un ritmo de crecimiento que permitiera suprimir estratos de pobreza y de atender las demanda técnico-profesionales de una gigantesca población joven, ha empezado a dar sus frutos. India acaba de superar —a finales de 2025— a Japón como cuarto PIB mundial. Apenas un año y medio después del sorpasso sobre Reino Unido. Mientras, se aproxima irremediablemente al alemán; ambos, ya por encima de los 5 billones de dólares; aunque el germano sin acabar de salir de la recesión y el indio navegando en tasas del 7%.

Por si fuera poco, un año antes, en 2024, su principal parqué bursátil, la National Stock Exchange (NSE) de Mumbai sobrepasó al de Hong-Kong como cuarto centro financiero internacional, con una capitalización que ha ido creciendo curiosamente al mismo ritmo y volumen productivo del PIB indio. Hasta rozar los 5 billones de dólares.

Pero, ¿cómo han forjado los gobiernos de Modi esta coraza a prueba de tensiones geopolíticas y disrupciones económicas globales? Gran parte de la explicación surge de su táctica contracíclica. En una globalización fragmentada, con el retorno de aranceles que frenan la libre circulación de mercancías y servicios, cadenas de valor y suministro en estado de alteración permanente y la búsqueda del santo grial tecnológico en una desaforada carrera contrarreloj por lograr el cetro de la IA, Delhi ha optado por presentarse como un socio fiable en un mundo crispado y cada vez más conflictivo. Nadando contra corriente, India se comporta como una potencia sistémica, con una capacidad sin parangón para albergar el Sur Global, sin dejar de ganar influencia entre las potencias industrializadas y, por supuesto, ocupando su lugar entre los BRICS emergentes. Y lo que resulta, incluso, todavía más inaudito: con vitola de nación tecnológicamente avanzada y en el pelotón de cabeza de la IA.

Los recientes acuerdos con la UE —de libre comercio— y con EEUU —arancelario y con compromisos de inversión en suelo americano, bajo coacciones y amenazas, pero con unas ostensibles rebajas de peajes aduaneros, desde el 50% del verano, al 18% actual— son un buen botón de muestra de la funcionalidad operativa con la que actúa Modi. Su declarada intención es que India demuestre habilidades para obtener el reconocimiento de economía de mercado y de primer nivel. No por casualidad el jefe del Estado galo, Emmanuel Macron, y el presidente español, Pedro Sánchez —o el canadiense Mark Carney— se han apresurado a visitar a su homólogo indio atraídos por los nichos de negocio que aparecen desde hace años y por la cumbre global de IA (India AI Impact Summit) en la capital india. Precisamente para relanzar la imagen innovadora y las ambiciones globales del país tras un año turbulento.

Hace seis meses, Modi lidiaba con las embestidas dialécticas de Donald Trump a cuenta de unos aranceles recíprocos del 50% que buscaban acabar con el tráfico petrolífero entre Rusia e India y las tensiones militares con Pakistán —ambas, potencias nucleares oficiales— mientras surgían las primeras dudas serias sobre el poderío productivo indio.

Sin embargo, la cita de la IA no es solo un señuelo para autoridades internacionales. También es un foco de atracción de big techs. Ante un selecto grupo de consejeros tecnológicos mundiales, Modi defendió que el salto hacia el algoritmo inteligente no se salga de los cauces democráticos, ni que la IA se desligue de un Internet seguro, inclusivo y orientado a las personas. Más allá de los puntos de conexión con la cúpula empresarial presente en la cumbre de Delhi, que giraron en torno a la convicción de que la IA es el campo competitivo que mueve la geoestrategia global, el presidente indio encontró el respaldo de Macron, Carney y Sánchez al espetar que la sociedad global aún conserva margen para decidir las reglas del juego en las que esta tecnología debería operar en su camino de transformación de la vida cotidiana y laboral de las personas.

Reformas internas con proyección exterior

El presidente indio conoce con precisión este terreno. No en vano, su ajustado triunfo electoral de 2024 le ha llevado a impulsar reformas laborales y fiscales para sustentar un dinamismo que supere el 7% y que le permita despejar la gran asignatura pendiente del país: reducir las elevadas ratios de pobreza. La renta per cápita sigue anclada más allá de los 100 primeros peldaños de la escala global que determina el FMI y la calidad institucional dista todavía de los estándares de las economías avanzadas. Además, persisten otros puntos negros: El sistema eléctrico —crucial para sostener la industria y los avances digitales— carece de una red de distribución homogénea por todo el territorio y muestra brechas de suministro.

Sin embargo, aún están en cartera cambios en el mercado laboral, en la regulación financiera o en la normativa sobre inversión extranjera, que sigue acudiendo en masa aunque sin suficientes garantías de estancia, así como una redefinición de los incentivos productivos a la industria y a la modernización de la red de infraestructuras físicas —energéticas y de transporte, esencialmente— y digitales, dirigidas a configurar un entorno más predecible para el capital.

Pero, aun así, el nacionalismo que impregna el alma política de Modi se aleja de casi cualquier vestigio proteccionista. Su modelo de liderazgo continúa apostando por abrirse al mundo, por no quedarse atrás en el orden global y por activar todas las teclas posibles de prosperidad. Bajo estas premisas se entiende su intención, declarada en la cumbre de Delhi, de que India aspira a ser la “fábrica de casos de uso” de la IA, del mismo modo que fue la oficina trasera del mundo en la era del software y sus servicios informáticos. Sin dominar la tecnología, sino más bien, con un claro intento de domesticarla en su reto de escalarla hasta su cima. O, dicho de otro modo: “sin soluciones excesivamente caras o energéticamente intensivas”, precisó.

Las réplicas empresariales, al menos desde la perspectiva retórica, fueron conciliadoras. Como era de esperar, las visiones de los jerarcas tecnológicos tuvieron un aroma optimista, pero con admisión de dudas y asunción de advertencias. Demis Hassabis, cofundador y CEO de Google DeepMind, definió la IA como una revolución comparable al descubrimiento del fuego o de la electricidad, “potencialmente diez veces más rápida que la industrialización” y con visos de que su versión general esté universalmente asentada en un horizonte de cinco años. Sin embargo, insistió en la necesidad de “construir guardarraíles” sólidos y en seguir acudiendo a la ciencia y a los avances médicos como vías para inaugurar “una nueva edad dorada del conocimiento”.

En parecidos términos se manifestaron Sundar Pichai, CEO de Alphabet y máximo responsable de su estrategia global, que reclamó “más cooperación entre líderes tecnológicos” para afrontar una carrera desaforada y que “pudiera parecer” un coto privado para las big techs, sin estándares compartidos y con incentivos puramente competitivos que pudieran llegar a generar amenazas sistémicas. O Dario Amodei, dueño de Anthropic, uno de los unicornios más emblemáticos de la IA, quien hizo hincapié en la estrategia pionera de India como defensora de “una IA más inclusiva para el Sur Global”.

Entretanto, Nvidia anunciaba varias alianzas con firmas indias para desplegar centros de datos con sus chips más avanzados, reforzando así la idea de que India no solo quiere debatir sobre IA, sino convertirse en un nodo operativo clave de su adopción global. Y Apple ya fabrica cerca de la quinta parte de sus iPhones en estados indios como Tamil Nadu o Karnataka, después de un año de traslados de sus cadenas de valor desde China por el recrudecimiento de los vetos cruzados entre ambas superpotencias en el terreno tecnológico y en el negocio de los chips.

Mucho más que la otra fábrica asiática mundial

Sin embargo, como subraya Arvind Subramanian, analista en el Peterson Institute for International Economics, el verdadero giro estratégico del país no está tanto en la tecnología punta como en la apertura comercial que la hace viable. En una reciente tribuna en The Economist, defiende los acuerdos con Europa y EEUU, porque “pueden convertir a India en una de las economías más abiertas del mundo si utiliza —como pretende—, ese aperturismo multilateral como palanca para transformar su estructura productiva y absorber tecnología a gran escala”.

Precisamente este marco de actuación es el que explica la aproximación india a la IA, que Delhi entiende como una revolución que no se decidirá solo en los laboratorios, sino en la adopción masiva de sus servicios. Con casi 900 millones de usuarios de internet, decenas de lenguas y una economía llena de fricciones, India es un banco de pruebas ideal para aplicaciones de bajo coste y que busquen elevados impactos sociales. Desde asistentes de voz en amplias gamas de idiomas hasta herramientas de educación, sanidad, agricultura o atención al cliente, las empresas indias están demostrando una notable capacidad para “aterrizar” la IA en problemas cotidianos. Es la potencia bisagra de la IA en un mundo fragmentado, resume Subramanian. Con su reto de crear una IA “no alineada”.

No obstante, la entente con EEUU, está lejos de ser cordiale. “Ha servido —advierte el politólogo Sumit Ganguly en Foreign Policy— para frenar una escalada arancelaria, pero difícilmente bastará para recomponer una relación estratégica dañada”. A su juicio, este reencuentro responde más a una lógica transaccional que a una restauración de la confianza mutua. Para Delhi, “el alivio frente a los aranceles impuestos por Trump es tangible y para Washington, corrige parcialmente desequilibrios comerciales”. Pero el trasfondo político sigue enrarecido por la aproximación de la Casa Blanca a Pakistán tras el conflicto de Cachemira [en 2024], por un lado, y la percepción, ampliamente extendida en India, de la imprevisibilidad estratégica de EEUU, por el otro.

Ganguly recuerda que los lazos bilaterales habían avanzado de forma correcta desde finales de los noventa con hitos como el acuerdo nuclear civil de 2008 y la designación de India como “socio mayor de defensa”, hasta la llegada de la versión Trump 2.0, que ha activado viejos recelos de la Guerra Fría. En ese contexto, “el acuerdo comercial puede evitar un deterioro mayor, pero no borrar la desconfianza acumulada ni facilitar, al menos a corto plazo, una expansión ambiciosa de los intercambios bilaterales de mercancías”.

En McKinsey, por su parte, hacen una lectura más estructural del potencial indio. En un análisis sobre su futuro económico, la consultora identifica a India como uno de los grandes motores del crecimiento global el próximo decenio, sobre un modelo productivo asentado en cuatro pilares: la urbanización, la digitalización, las manufacturas avanzadas y la transición energética. Con esta hoja de ruta ya en marcha —insisten sus expertos— India busca diversificar sus socios exteriores y reducir así sus dependencias, apoyándose en su mercado interno y en reformas de largo plazo.

Anu Madgavkar, socia del McKinsey Global Institute, sintetiza la actual etapa de esplendor indio de manera elocuente: “La apertura de la cuarta economía global al comercio, al capital y al boom de la tecnología, apoyada en su escala digital y su talento, la sitúa en una posición única para convertir la innovación en crecimiento sostenido y su visión multilateralista en una estrategia de amplia relevancia global”.

Desigualdad crónica e histórica. Una realidad a la que cada día se enfrenta la población andaluza, ya que la comunidad tiene una tasa de riesgo de pobreza y de exclusión social del 34,7%. Ante tal contexto, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía) pone el foco en que es necesario trasvasar la mejora de algunos indicadores económicos a todos los estratos sociales. La organización subraya que la justicia social “continúa siendo una meta no alcanzada”, ya que la pobreza y la desigualdad mantienen “un carácter estructural”.

Con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, la Red retoma los datos publicados de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirma que Andalucía lidera cuatro de los cinco principales indicadores de pobreza y exclusión social. Con ello, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social AROPE alcanza el 34,7%, nueve puntos por encima de la media estatal (25,7%). De esta forma, se “consolida una brecha persistente con el conjunto del país”, remiten en un comunicado.

“La leve mejoría de algunos datos no puede ocultar la realidad de que Andalucía sigue encabezando la pobreza en España y la recuperación no está llegando a una parte muy importante de la población”, valora Juan Luis Delcán, presidente de EAPN Andalucía.

Pérdida de poder adquisitivo

Pese a que la renta media ha aumentado, el incremento de ingresos no se traduce en mayor bienestar material, aluden. La carencia material y social severa se eleva hasta el 10,9%, evidenciando una pérdida efectiva de poder adquisitivo asociada al encarecimiento de la vivienda, la energía y los bienes esenciales. La mejora de rentas, impulsada por el salario mínimo interprofesional (SMI) y la revalorización de las pensiones, “ha operado como amortiguador coyuntural, pero no ha revertido la exclusión estructural”, señalan.

El impacto del coste de la vida se manifiesta con especial intensidad en el ámbito doméstico. El 18,7% de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y el 14,1% acumula retrasos en pagos de vivienda o suministros, tal y como indica el informe FOESSA. Además, el 46,4% de la población andaluza carece de capacidad para afrontar gastos imprevistos, lo que evidencia una vulnerabilidad consolidada y sin margen de resiliencia económica.

Pacto Andaluz

EAPN Andalucía señala la vivienda como principal motor de la exclusión social en la región, coincidiendo con la valoración de otras asociaciones. Por tanto, piden la transformación de “las actuales medidas de emergencia en mecanismos estructurales de protección, consolidando la garantía de alternativa habitacional ante desahucios, desarrollando instrumentos de contención de precios del alquiler y ampliando de forma sostenida el parque público de vivienda social”.

A tenor de este contexto, la asociación apunta que el Pacto Andaluz contra la Pobreza y la Exclusión Social articula un espacio estable de concertación para situar la lucha contra la pobreza en el centro de la agenda pública. Hasta la fecha, 89 organizaciones —del Tercer Sector, universidades, sindicatos y otros agentes sociales— se han adherido, consolidando una alianza plural para transformar políticas públicas.

Andalucía, la mayor tasa de riesgo de pobreza

Con respecto a la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2025, cabe recordar que Andalucía registra la mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del país, situándose en un 34,7%. Así, queda por delante de Castilla-La Mancha (34,0%) y Murcia (32,5%), en cambio, en el lado contrario, País Vasco (14,7%), Baleares (15,2%) y Comunidad Foral de Navarra (16,5%) presentaron las tasas más bajas.

También Andalucía se situó como la comunidad con mayor tasa de riesgo de pobreza, con un 27,7%, seguida de la Región de Murcia (26,7%) y Extremadura (26,2%). Por su parte, País Vasco (9,3%), Baleares (11,6%) y Comunidad Foral de Navarra (12,3%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza más bajas.

A nivel nacional, aunque España registró en 2025 la menor tasa AROPE desde que se comenzó a recopilar la serie histórica en 2014, al situarse en el 25,7% de la población residente, la cifra apenas varía en el último año, con una reducción del 0,1% respecto al 25,8% de 2024. Dos de sus tres componentes mejoraron el año pasado: la tasa de riesgo de pobreza relativa y el porcentaje de población con carencia material y social severa. El tercer componente, el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo, no experimentó variación.

En concreto, el 19,5% de la población española estaba en riesgo de pobreza en 2025, la tasa más baja desde 2008, mientras que el porcentaje de población con carencia material y social severa fue del 8,1%, dos décimas menos que en 2024 y la menor tasa desde 2022.

En comparación con 2024, la tasa AROPE también ha disminuido en Andalucía, ya que registraba en el anterior periodo un 35,6%. Una cifra que la situaba a la cabeza del país, pese a que mejoraba su situación con respecto a la edición anterior en 2,1 y 1,3 puntos. Pese a la mejora relativa de los datos, el territorio continúa siendo el más afectado por las dinámicas de precariedad y exclusión social.

Son las 21 horas de un lunes cualquiera de enero. Las temperaturas van bajando, mientras las pocas personas que quedan en la calle se van recogiendo ya hacia sus hogares. Pero no todas. A esas horas, en la plaza de Charles Darwin de Barcelona, cada día hay una quincena de personas que empiezan a montar sus tiendas de campaña, a extender sus sacos de dormir y a parapetarse tras cajas y cartones para pasar la noche.

Y a esas horas, también, se activa el Servicio de Atención Social al Sinhogarismo en el Espacio Público (SASSEP) del Ayuntamiento de Barcelona. Todos los días del año, una veintena de profesionales sale a recorrer las calles y plazas de la capital catalana para hablar con las personas que duermen al raso.

El sinhogarismo es un fenómeno creciente, tanto en Barcelona como en diversas ciudades de España y de Europa. Solo en la capital catalana hay más de 1.760 personas durmiendo en las calles, según datos de diciembre de 2025, lo que supone un incremento del 30% en un solo año. “Vivir en Barcelona es cada vez más caro y aun con trabajo o prestaciones es imposible para muchos”, sostiene Carme Fortea, directora del Servicio de Atención al Sinhogarismo del Ayuntamiento de Barcelona.

Muchos de los que pernoctan en la calle vivían en pisos de la capital catalana, pero también hay otros muchos que vienen de otros municipios, atraídos por una mayor oferta de comedores, servicios residenciales y atención social. “Se despliega una gran cantidad de servicios, pero la capacidad de exclusión de esta ciudad es todavía mayor, es increíble. No llegamos a atenderlos a todos y es muy frustrante”, se lamentan desde el SASSEP.

Este equipo está encargado de hacer el seguimiento de lo que definen como “casos difíciles y crónicos”. Son aquellos que llevan más tiempo en las calles, los que tienen problemas de adiciones o de salud mental y para quienes reintegrarse es un camino demasiado complejo como para recorrerlo solos.

Se suelen dividir por barrios y esta noche de enero los encargados de la plaza Charles Darwin son seis, todos educadores, trabajadores sociales o psicólogos. Los primeros en llegar esperan a las puertas del hotel Arts, mientras se frotan las manos y pivotan sobre sus pies para espantar al frío. Esta noche todavía está activa la Operación Frío, el operativo que el Ayuntamiento de Barcelona inició el 6 de enero para ofrecer alojamiento de urgencia a personas sin hogar en días de muy bajas temperaturas.

“Nos acercamos en grupos de, máximo, dos personas. Siempre siendo muy respetuosos, porque al final nos estamos dirigiendo a gente que está en su cama, acabando el día, aunque estén en la calle”, explica Dani Montaner, director del SASSEP. Esas camas tienen formas diversas: algunas son cajas de cartón, otras son esterillas con diversas mantas puestas encima. Algunos tienen colchones hinchables y otros, no pocos, tiendas de campaña.

“Es un fenómeno que va al alza”, dice Fortea, en referencia a los montículos de colores que albergan a una o dos personas en su interior. Si la cremallera está cerrada, el equipo del SASSEP no molesta a sus moradores. “Tienen un perfil diferente al que veíamos hace unos años. Son personas que no han perdido la concepción del espacio privado porque, hasta hace poco, tenían una vida autónoma, con sus familias, hogares y trabajos”.

Según los últimos datos del Ayuntamiento, cerca del 14% de las personas sin hogar en Barcelona tienen un empleo y el 40% recibe prestaciones o ayudas como la Renta Garantizada o el SMI. Juan es uno de los que trabaja. Llegó a Barcelona hace ya unos cinco años y lo hizo para trabajar, principalmente, en la construcción. Él, como el 71% de los que duermen al raso, es migrante. Pero también forma parte del 40% que tiene su situación regularizada.

A pesar de eso, de tener papeles y trabajo, un despido inesperado le hizo acabar en la calle. “Vivía bastante al día”, reconoce. Dejó de poder pagar el alquiler y, como solo le ofrecían empleos sin contrato, los caseros desconfiaban de su solvencia. “Y aquí estoy”, resume Juan, que ahora está ahorrando para poder pagar a un abogado porque, dice, su empleador le explota.

“Trabajo doce horas al día, sábados incluidos. Sin contrato y sin nada. Lo hacen porque saben que pueden hacerlo, pero eso no está bien. Algún compañero mío que se ha hecho daño ha acabado jodido. No se puede tratar así a la gente”, sostiene. Tiene la esperanza de que, si denuncia a su empleador, el proceso pueda acabar con una indemnización o un contrato y eso le permita volver a empezar.

“Es muy fácil acabar en la calle y difícil salir”, dice Juan que, a pesar de que cobra 1.200 euros al mes, duerme sobre un colchón hinchable y bajo unas pocas mantas. Bien cerca de una mochila y una maleta donde guarda todas sus cosas. Aunque puede parecer dinero suficiente, muchas veces no lo es. “Nos encontramos con gente que paga pensiones y que, aunque la ley les eximiría en casos así, prefieren seguir pagando manutenciones a tener un techo”, explica Montaner.

En este sentido, los profesionales del SASSEP, aseguran que no es “para nada lo mismo” visitar estos lugares de pernocta a principios de mes que al final. “Mucha gente que alquila habitaciones hace cama caliente o va a pensiones cuando tiene dinero. Y, cuando no, regresa a la calle”, explican.

Los agentes del SASSEP recorren cada noche las calles de Barcelona y, gracias a eso, ya se dirigen a las personas que duermen en la calle por su nombre. Saben sus historias, qué necesitan y qué quieren. Y esta última pregunta, casi siempre, lleva al mismo lugar: quieren un techo. “Pero es que eso es muy difícil, hay pocas plazas y mucha demanda”, asegura Fortea.

En Barcelona hay 2.860 plazas para personas sin hogar, pero de ellas, muchas están pensadas como recursos de emergencia para familias vulnerables a las que acaban de desahuciar o para otros casos extremos como, por ejemplo, mujeres que tienen que salir de sus hogares tras haber sido víctimas de violencia machista.

Además, las personas sin hogar que acceden a recursos residenciales tienen que cumplir algunos requisitos como contar con un certificado de vulnerabilidad que otorga Servicios Sociales, no tener problemas de adicciones o, en muchos casos, dejar atrás pertenencias de gran volumen —como carros o colchones— o a sus mascotas.

Por eso, desde el SASSEP, antes de buscar un techo, afrontan otras necesidades como atención a la drogodependencia, tramitación del padrón o permisos de residencia, trabajo y nacionalidad. “Hay que ir poco a poco, porque el sinhogarismo es una situación que es muy fácil que se cronifique. Y hay que trabajar paso a paso. Lo más importante es que ellos quieran”, alerta Montaner.

“Hay muchas personas que se han rendido y que no se creen merecedoras de pertenecer a la sociedad”, añade. Es el caso de César. Él comparte colchón con Juan y apenas dice nada. Solo su nombre y que lleva, ahora, seis meses en la calle. Ya pasó por esta situación antes, consiguió volver bajo un techo, pero ahora vuelve a estar al raso. Trabaja de lo que puede, “lo justo para pagar la bebida y así poder dormir”, explica su compañero.

Se hacen compañía y protegen sus cosas mutuamente. No se consideran amigos, pero sí se aprecian. Y se cuidan. Por eso, ninguno de los dos acepta ir a un albergue a pasar esta noche de enero. Durante la Operación Frío, se activan 100 plazas en polideportivos o gimnasios en los que se hay cama, comida y duchas calientes y que se suman a las 100 plazas que hay siempre disponibles durante los meses de invierno. Pero ellos no las quieren.

“Estaría bien dejar de pasar frío, pero aquí están mis cosas, sé cómo ir a donde tengo que ir mañana y, si me quedo, seguro que no me roban el sitio”, explica Juan. De media, solo se llena cerca del 30% de las plazas de emergencia que pone a disposición el Ayuntamiento porque el servicio no acaba de cubrir las necesidades de quienes llevan ya tiempo en la calle.

Después de recorrer toda la plaza Charles Darwin de Barcelona, nadie ha querido ir a dormir bajo techo, por diversas razones. Los profesionales del SASSEP están a punto de acabar la ronda hasta que dan con Katy, una mujer (la única) que duerme sola, con un fino saco para protegerse del frío. Cuando se acercan, está durmiendo pero deciden despertarla. No la habían visto nunca y la situación de las mujeres suele ser más compleja.

Es de Estados Unidos y vive en la calle desde hace tres meses, cuando llegó al aeropuerto de Barcelona. Estuvo pernoctando en sus instalaciones y luego decidió probar suerte en la ciudad. No comparte su historia ni dice qué busca, pero le parece bien la idea de ir a dormir a un polideportivo esa noche. En ese momento, las trabajadoras sociales que la han atendido llaman a unos compañeros que vienen a buscarla en furgoneta. Pero al ver a dos desconocidos, Katy se echa para atrás.

“No quiero. Me lo he pensado mejor. Prefiero estar aquí, estaré bien”, dice. La desconfianza es habitual en las personas que duermen en la calle y, por eso, desde el SASSEP saben abordarla. Solo son necesarios un par de minutos para que Katy recapacite, recoja sus cosas y se suba al coche que la dejará en una cama caliente.

Los profesionales que la han ayudado se miran, satisfechos. No solo han logrado que pase la noche a resguardo, sino que han abierto la puerta a que entre en el sistema de atención. Allí la atenderán educadores sociales, profesionales de la Cruz Roja y voluntarios que podrán darle información de los pasos a seguir.

“Pues ahora, a otro sitio”, dicen. Porque su trabajo no acaba en esta plaza. Se subirán a un coche y seguirán recorriendo la ciudad hasta la 1 de la madrugada. Y, pocas horas después, a las 6 horas, se activará otro equipo que hará el turno de mañana para ver cómo han pasado la noche. Este equipo se empieza a despedir de las personas a las que han saludado esa noche. Algunos duermen, otros miran a otro lado, pero unos pocos responden. “Puede parecer que no queremos vuestra ayuda, pero nos gusta que vengáis”, zanja uno de ellos, mientras se reacomoda en su saco de dormir.

Combatir el problema de acceso a la vivienda, acabar con la pobreza infantil severa, reducir la brecha de género o disminuir la contaminación son algunos de los objetivos que recoge la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros.

Esta Nueva Estrategia, elaborada por el Ministerio de Derechos de Sociales, Consumo y Agenda 2030, está compuesta por 100 metas que tienen como fin reforzar el estado de bienestar y orientar las políticas públicas hacia una transición social, económica y medioambiental que garantice los derechos, la igualdad y la cohesión territorial, además de acelerar la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Entre los 10 principales objetivos de España para 2030 se encuentra la lucha contra la pobreza infantil, que se coloca como un eje clave de la nueva estrategia, en la que se incorpora como aspiración una prestación universal por crianza para que llegue a todas las familias con hijos menores a su cargo. El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, alega que esta medida se ha aplicado en otros países, y que se trata de una herramienta eficaz. Desde el ministerio señalan que esta medida debe ir acompañada de un modelo fiscal redistributivo, progresivo y justo.

El objetivo de esta prestación es reducir la tasa de pobreza y exclusión social (AROPE) en un 10% en España, por debajo de la incidencia de la Unión Europea. Para lo que se priorizarán medidas dirigidas a familias monoparentales, el modelo más afectado por situaciones de pobreza. Con esta media, materializada en una prestación universal, el Gobierno busca erradicar la pobreza infantil más severa a corto plazo. 

La vivienda, un problema transversal

Este 2026 la crisis de la vivienda se agudizará con la subida de los precios del alquiler y la compra, tras alcanzar niveles récord durante el año 2025. Esta nueva Estrategia busca facilitar el acceso a la vivienda en los objetivos de España para 2030. Por este motivo, se pretende triplicar la inversión en vivienda con el propósito de alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social, destinando 7.000 millones de euros en los próximos 4 años.

Sostenibilidad y medioambiente

La despoblación es uno de los problemas que afecta a cientos de municipios en España. De los 8132 que hay en nuestro país, más de la mitad, en 4.975 viven menos de 1000 personas, y la población de los municipios más pequeños tiende a ser aún más envejecida. Entre los objetivos de esta nueva estrategia se encuentra reducir en un 5% la tasa de municipios que pierden población, y disminuir en un 32% las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La brecha de género 

Reducir la brecha salarial es otro de los objetivos para 2030, la nueva estrategia buscar diminuirla en un 10%, incluyendo una reducción del porcentaje de contratos a tiempo parcial de las mujeres para alcanzar el 55% respecto a los hombres, y producir un aumento de la tasa de actividad femenina del 5%.

En línea con la lucha por la igualdad de género y oportunidades, uno de los objetivos es aumentar en un 50% la proporción de personas con discapacidad que accedan y completen estudios superiores o formación técnica avanzada, con especial atención a las mujeres con discapacidad.

Colectivos vulnerables

Otro de los 10 objetivos de esta nueva Estrategia pone el foco en la visibilidad y la concienciación sobre los delitos y discursos de odio. Con esta propuesta se busca lograr que el 100% de los trámites de extranjería estén digitalizados, simplificados y unificado para reducir las resoluciones y, de esta forma, garantizar la posibilidad de atención presencial a aquellos que lo necesiten.

El abandono escolar es otro de los asuntos recogidos en esta Estrategia que pretende reducir la tasa de abandono escolar temprano al 9%, con especial atención a colectivos vulnerables como migrantes, población gitana o personas con discapacidad, entre otros. 

En 2024, Laura fue diagnosticada de un trastorno neuromuscular no especificado, miastenia gravis y tirotoxicosis, lo que equivale a una discapacidad reconocida del 38%, algo que desde entonces le ha impedido trabajar. Su marido, su cuidador principal, se encarga de cuidarla a ella y a sus dos hijos, de 11 y 16 años. Esto ha llevado a la familia a una situación de vulnerabilidad social, puesto que viven con una renta de garantía de ingresos (RGI) de 1.495,55 euros al mes, pero de la que cobrarán 1.090,24 euros durante los próximos tres años por haber cobrado antes ingresos indebidos que Lanbide obliga a devolver. Aunque estos ingresos indebidos a menudo provienen de desajustes en la actualización de rentas, conllevan la obligación de reintegro. Dada la situación y las dificultades que tienen para hacer frente al alquiler del piso de Vitoria en el que viven, han solicitado un aplazamiento del desahucio que está previsto para el próximo viernes, 13 de febrero. Sin embargo, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vitoria ha denegado la suspensión del desahucio alegando que no existe forma de comprobar la vulnerabilidad económica de la familia.

“A pesar de que concurra vulnerabilidad social, no concurre vulnerabilidad económica conforme a la documentación presentada y que obra en el expediente. De hecho, se especifica en el informe remitido en fecha de 19 de enero de 2026 que no es posible valorar si existe vulnerabilidad económica, ya que, a pesar de habérselo requerido según procedimiento establecido, no han presentado documentación para la realización de dicha valoración económica. Asimismo, se reseña en el informe que no ha sido posible proporcionar una solución alternativa tendente a proporcionar una solución habitacional debido a que no existe un plan de intervención con la familia por la falta de colaboración de esta con los Servicios Sociales. Por ello, no procede acordar la prórroga de la suspensión, debiendo ser mantenido el lanzamiento señalado para el día 13 de febrero de 2026 a sus 10.30 horas”, señala el auto al que ha tenido acceso este periódico.

Laura insiste en que en ningún momento se han negado a la realización de la valoración económica y que han colaborado con servicios sociales. “Hemos hecho todo lo que nos han pedido, entregado la documentación y atendido a las citas de servicios sociales, pero la respuesta ha sido esa. Solo pedimos una vivienda digna y asequible”, reconoce la afectada, que ha elevado una queja ante la defensoría vasca del pueblo (Ararteko) que a su vez ha solicitado a través de un escrito al Ayuntamiento de Vitoria “la recomendación de que revise su decisión de no formular una solicitud de adjudicación directa de vivienda de protección pública para la familia”, dado que se encuentran dados de alta como demandantes de vivienda pública en el Servicio Vasco de Vivienda, Etxebide.

“A la vista de la documentación que obraba en el expediente no aprecia argumentación o motivación alguna que justificara la negativa del Ayuntamiento de Vitoria a formular la solicitud prevista para la tramitación del procedimiento de adjudicación extraordinario regulado en la normativa y en el Convenio de colaboración suscrito entre el Consejo del Poder Judicial, la Administración General de la CAE y la asociación de municipios vascos (EUDEL) en la atención a personas de especial vulnerabilidad, con ocasión del lanzamiento de la vivienda familiar, para posibilitar la adopción de medidas de carácter social y de vivienda. La unidad convivencial afectada forma parte del colectivo de especial necesidad de vivienda al que se refiere la normativa y el Convenio mencionado”, detalla el escrito del Ararteko entregado al Ayuntamiento, que a día de hoy no ha recibido contestación del Consistorio.

“Nos sentimos abandonados por las instituciones, no nos han dado soluciones desde que empezamos. No queremos dinero, lo único que solicitamos es una vivienda digna y poder empezar de cero. No es cuestión de echarle la culpa a la propietaria de la casa, consideramos ella no ha hecho nada malo, pero las instituciones no nos han dado una respuesta, todo el mundo se lava las manos. Estamos intentando hacer bien las cosas y luchar por una vivienda digna, pero vemos que el viernes los cuatro nos vamos a tener que separar. Mi marido y yo tendremos que ir a un albergue, mientras mis hijos no sé dónde irán, quedarán en manos de servicios sociales que en lugar de ayudarnos nos han dificultado la situación”, reconoce Laura.

Este periódico ha solicitado información relativa a este caso al Ayuntamiento de Vitoria y concretamente al área de Servicios Sociales, que informan de que “para hacer el informe de vulnerabilidad económica las profesionales les solicitan a la persona/familia la documentación de la situación económica”. “Con esa documentación el economista del Departamento hace la valoración económica según los criterios que establece el Juzgado, no son criterios de Servicios Sociales”, explican a este periódico, alegando la falta de la documentación aportada por la familia, algo que Laura niega rotundamente.

“Desde el año 2024 tienen toda la información que han solicitado. Hemos acudido a todas las citas y tenemos justificantes de todos los documentos entregados. Se aferran a que falta información para no darnos el informe de vulnerabilidad económica, cuando saben de sobra que no somos solventes y así lo hemos demostrado con documentos”, lamenta la afectada, a la espera de que la Administración pública ofrezca a su familia una alternativa a la calle para el próximo viernes, 13 de febrero, cuando tengan que marcharse de su hogar.

La pobreza y la desigualdad siguen reduciéndose en España. En 2025, con datos de renta del año anterior, la población que vivía con ingresos por debajo del umbral de la pobreza disminuyó al 19,5%, el dato más bajo de la serie histórica que arranca en 2008, según la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que publica el INE. La desigualdad entre los más ricos y más pobres vuelve a disminuir, también hasta mínimos desde los inicios de la crisis financiera, y por fin disminuye la pobreza infantil, aún muy alta (28,4%), pero que frena los últimos años de aumentos.

Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 son en general positivos. Mejoran prácticamente todos los indicadores: tanto la pobreza, la carencia material severa, la pobreza energética y los problemas para pagar la vivienda. Estos últimos también habían aumentado en los últimos años y en la encuesta de 2025 dan un respiro.

Hay que recordar que, en un país rico como España, la pobreza se mide de forma relativa, en comparación con el nivel de vida de la sociedad. También con una mirada más amplia, la tasa de pobreza y exclusión social (AROPE) mide la pobreza monetaria (vivir con ingresos por debajo del 60% de la mediana) y también otras dificultades, como la intensidad laboral y la carencia material y social severas.

Como ilustra el anterior gráfico, la población en pobreza y exclusión en España bajó solo una décima el año pasado, al 25,7%, según la nueva definición AROPE. Los hogares con carencia material severa se redujeron al 7,6% desde el 8,2% del año anterior. Por su parte, los hogares con baja intensidad en el empleo se mantuvieron estables, en el 8%.

Aunque los datos de pobreza se reducen, lo hacen de manera moderada y en un contexto de crecimiento económico y del empleo, advierten en Oxfam Intermón. “Esta brecha entre crecimiento económico y reducción de la pobreza evidencia que la pobreza se está cronificando en España: el progreso macroeconómico no logra sacar a millones de personas de una situación estructural de precariedad que afecta ya a una de cada cinco personas y que, al ritmo actual, tardaría casi un siglo en erradicarse”, afirma Alejandro García-Gil, responsable de políticas de protección social de la ONG.

En el mismo sentido se posicionan en EAPN España, red de ONG contra la pobreza, que valoran de forma positiva que no se haya producido un empeoramiento de los datos, pero muestran “preocupación por las dificultades para reducir unas cifras de pobreza que afectan al 25% de la población desde hace más de una década”. “Se trata de un suelo que no consiguen reducir ni el crecimiento macroeconómico ni las cifras récord de empleo de 2025”, subrayan en la organización.

Por su parte, la desigualdad de renta entre los más ricos y los más pobres también sigue reduciéndose y alcanza nuevos mínimos en la serie histórica, que arranca en 2008. Según el indicador que compara la renta del 20% más rico y el 20% más pobre, la brecha cae al 5,2, dos décimas respecto al año anterior.

Con el indicador Gini, que también mide desigualdad de rentas con otra fórmula, las disparidades entre los que más y menos tienen también se reduce y alcanza un nuevo mínimo del 30,8.

La clave de la reducción de la desigualdad apunta a una gran mejora de las rentas más bajas, sobre todo del 10% más pobre, como ilustra el siguiente gráfico. Sus ingresos se desplomaron más que los del resto de la sociedad con la pasada crisis financiera, generándose una brecha durante una década que se ha cerrado en los últimos años.  

La pobreza infantil: muy alta, pero desciende al 28,4%

Uno de los punto más negativos de la reducción de la pobreza en los últimos años era que la infantil no se veía beneficiada de las mejoras. Al contrario que el resto de grupos de población, los menores de edad empeoraban sus indicadores. Una situación preocupante en sí misma, pero más aún en España, con una pobreza infantil muy eleveada, a la cabeza en Europa, como alertan ONG como Save The Children y Unicef.

La encuesta de 2025 refleja por fin un descenso en la pobreza infantil, que aunque sigue siendo muy alta, se reduce al 28,4% en 2025 respecto el 29,2% del año anterior.

Aun así, como se apuntaba, el anterior gráfico refleja cómo la pobreza infantil no solo es muy elevada –alcanza a más de uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes– sino que es mucho más alta que la del resto de grupos de población.

En España, como indican las ONG especializadas en infancia, tener hijos es un factor de empobrecimiento en la actualidad, en un país con menos inversión en la infancia que sus colegas europeos y, en concreto, sin ayudas universales a la crianza como abundan en otros países comunitarios y reclaman las organizaciones sociales y el ala de Sumar dentro del Gobierno de coalición.

Cabe destacar que este descenso de la pobreza infantil que refleja la encuesta, que recoge datos de renta de 2024, coincide con el importante aumento de los perceptores en la ayuda mensual por hijo de hasta 115 euros vinculada al ingreso mínimo vital. Ese año, el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) incrementó sus beneficiarios casi un 50%, aunque aún tiene una gran brecha de hogares con derecho que no reciben la prestación (un 72%, según la AIReF).

“Que casi un millón de menores viva en pobreza severa, lo que significa vivir sin las necesidades básicas cubiertas, demuestra que las políticas actuales no son suficientes y que es urgente reforzar los apoyos a las familias para garantizar los derechos de la infancia”, ha denunciado este jueves Catalina Perazzo, directora de influencia y desarrollo territorial de Save the Children.

“Si bien los datos muestran una leve mejora, estas cifras siguen siendo alarmantes, especialmente en un contexto de avances económicos generales del país”, ha afirmado por su parte Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de UNICEF España. “Está claro que las políticas actuales destinadas a combatir la pobreza en la infancia no están teniendo el impacto necesario, y la situación hace urgente dotar políticas más eficaces y con un efecto más rápido”, ha añadido.

Menos dificultad para llegar a fin de mes y pagar la vivienda

La encuesta también refleja que en 2025 se redujo la población que dice llegar “con dificultad” a fin de mes. El indicador que más baja es el de quienes dicen llegar con “mucha dificultad”, las situaciones más graves, que descienden del 9,1% al 8,5%. Quienes llegan “con dificultad” caen del 12,7% al 12,1% y, por último, aquellas personas que alegan “cierta dificultad” para cuadrar las cuentas hasta el final del mes pasan del 25,6% al 25,3%.

Aun así, la encuesta constata cómo muchos hogares en España afrontan una situación complicada en su día a día para afrontar sus gastos, casi la mitad del total (el 46%).

Otro indicador que estaba empeorando en los últimos años y que este 2025 da un respiro es el de la población con problemas para afrontar los gastos de vivienda, un importante foco de precariedad ante los elevados precios del alquiler y compra. Así, quienes afirman haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses se reducen al 11,4%, el dato más bajo desde hace seis años, en 2019.

También disminuye la pobreza energética, la población que dice que no puede permitirse mantener su vivienda con una temperatura adecuada. Esta aumentó a máximos históricos durante la crisis inflacionista, que disparó el precio de la luz, tras varios años previos de aumento. En 2025 continúa el descenso inicado en 2024 y cae al 16% de la población.

Entre los pocos indicadores que empeoran se sitúa el de la población que dice no tener capacidad de afrontar gastos imprevistos, que aumenta al 36,4% desde el 35,8% del año anterior.

Cabe destacar que las dificultades para pagar la vivienda se reducen de manera general en los distintos grupos de edad y población, como refleja el siguiente gráfico.

Aunque la EAPN España destacan que los datos de la encuesta reflejan que aquellas personas que viven de alquiler afrontan una situación “especialmente grave” de pobreza. “Cuatro de cada diez personas en nuestro país (43,6%), que viven de alquiler a precio de mercado, se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social” y el “63,9% de las personas en alquiler tuvo dificultades para llegar a fin de mes”, indican de su análisis de los microdatos.

Oxfam Intermón insiste también en que “la vivienda se come las subidas salariales frenando cualquier avance de bienestar”, por lo que pide políticas públicas ambiciosas en este terreno, así como implementar una ayuda universal por crianza. “Solo con políticas públicas en esta dirección se aseguraría que las mejoras económicas se traducen en una reducción real de la pobreza y la desigualdad”, concluye García-Gil.

Dado que estos datos se publican en pleno debate por la prórroga del decreto que paraliza los desahucios de familias vulnerables, desde EAPN España urgen a los grupos parlamentarios a convalidar la moratoria “para impedir que se produzcan desahucios sin alternativa habitacional”, una medida que “debe tener un carácter estructural”, reclaman desde la red de ONG.

A pocos días de que el juzgado ejecute su desahucio, Paca Blanco vive entre carpetas de documentos, llamadas a su abogada y la incertidumbre de no saber si podrá seguir en la casa donde lleva doce años. La activista extremeña, que ha intentado regularizar su situación por todas las vías posibles, se enfrenta a un procedimiento que la considera “ocupante ignorada” pese a un año de pagos del alquiler continuados. Su caso, convertido ya en símbolo de la precariedad habitacional, ha desatado una ola de apoyo social y también una avalancha de odio en redes que ella interpreta como un síntoma inquietante del clima social y político de nuestro país.

La orden de lanzamiento está fijada para el 23 de febrero a las seis de la mañana. “Espero que se pueda parar, pero a día de hoy esa es la fecha”, explica.

Blanco asegura haber presentado durante años escritos y recursos ante el Ayuntamiento de Madrid para poder pagar el alquiler, aplazar la deuda acumulada y evitar el desahucio. Solo ayer llevó a su abogada 155 fotocopias de documentación que lo acredita. “He pedido que me cobren el alquiler y que, si hay deuda, me la aplacen. Se han negado porque dicen que estos pisos no pueden pasar de hijos a padres como ha sido mi caso”, denuncia.

Desde hace un año, sin embargo, ella ha conseguido pagar el alquiler de forma continuada. Tras recibir una carta dirigida a su hijo con un número de cuenta municipal, comenzó a ingresar el importe mensualmente. “Llevo un año pagándolo religiosamente y sigo pidiendo que me regularicen mi situación habitacional”, explica.

La orden de desahucio figura a nombre de su hijo, de su nuera y de ella misma. Su hijo, adjudicatario inicial de la vivienda, se marchó a vivir a Brasil con su pareja y le dejó la casa. “Yo no forcé ninguna puerta. Llamé, mi hijo me abrió y me dio las llaves”, subraya. Aun así, la administración la considera ocupante y por eso ahora la quiere echar y dejarla en la calle.

En los últimos días, según explica, Paca ha recibido la llamada de una trabajadora social del Ayuntamiento, informándole de que desde la empresa municipal de vivienda, la EMVS, se había pedido paralizar la tramitación. “Me dio una alegría, pero hasta que no tenga una notificación oficial del juzgado no me fío”, afirma.

A esta incertidumbre se suma el dolor e indignación por el odio recibido en redes sociales desde que su caso se hizo público. “Con 77 años y movilidad reducida me dicen que me ponga a trabajar o que me compre una casa”, relata. “Es un odio visceral a la pobreza”. Para Blanco, estos comentarios no son anecdóticos: “Nos están alertando de lo que viene. Da muchísimo miedo”.

La activista también quiere dejar claro que rechaza los aplazamientos temporales que solo prolongan la angustia. “No quiero que me hagan lo que están haciendo en Madrid: aplazar quince días para luego volver a pasar por lo mismo en unos días. Es un goteo que no para”, denuncia. A su juicio, el problema es estructural: “Aunque una persona trabaje o tenga una pensión, no puede pagar una vivienda. Si ganas 1200 euros, es imposible pagar 1000 de alquiler. Estamos en la puñetera calle una gran mayoría”.

Una vida de trabajo y supervivencia

La situación actual de Paca Blanco no puede entenderse sin su trayectoria vital. “He tenido cinco hijos y nunca he desperdiciado un puesto de trabajo”, afirma. “Siempre he dicho que sí a todo, porque había que sacarlos adelante y no podía permitirme elegir”.

No fue a la universidad. A los 21 años tenía ya tres hijas y sufría violencia machista. Además, es superviviente del Patronato de Protección a la Mujer, el organismo franquista que encerró a miles de adolescentes sin haber cometido delito alguno. “Lo que se pretendía era hacernos mujeres sumisas, devotas y buenas esposas”, recuerda. Muchas, como ella, salieron de allí a través de matrimonios precipitados que acabaron en maltrato machista.

Desde muy joven trabajó en todo lo que le ofrecieron, ya fuera picar calles con un martillo eléctrico, empleos en bufetes de abogados, o en asilos de ancianos. “Me he remangado para todo”, resume. Tras una vida laboral marcada por la precariedad, hoy percibe una pensión de viudedad de su segundo marido y una de jubilación que suman unos 1.200 euros mensuales. “No me puedo pagar un alquiler de 1.000 euros y no quiero a ir a una residencia otra vez”, afirma.

Actualmente, en su vivienda convive con otro de sus hijos que perdió el empleo y al que acogió. También empadronó temporalmente a un nieto con epilepsia para que pudiera recibir atención médica cerca de su casa. “No soy una unidad familiar. Yo vivo de mi pensión y pago con mi pensión. Lo que es evidente es que soy una persona vulnerable”, insiste.

Pese a todo, Blanco evita el victimismo. “No me avergüenza que me llamen ocupa. Yo he demostrado que no he ocupado porque he estado pagando, pero es que cuando vivir es un lujo, ocupar es un derecho”, afirma. Y concluye con una exigencia que va más allá de su caso personal: “No es solo mi desahucio. Como siempre he hecho no solo voy a luchar por mí sino por una sociedad mejor, por todas las personas que viven en ella. Exijo una solución ya al problema de la vivienda en este país”.

Blanco no quiere terminar esta entrevista sin denunciar que el llamado “escudo social” se ha desmantelado, dejando sin protección a miles de familias en riesgo de exclusión. “Es una vergüenza para un gobierno que se dice socialista —añade—, que estén recortando las medidas contra los desahucios mientras 70.000 familias podemos acabar sin techo. Nos están empobreciendo y ya no podemos respirar porque nos están oprimiendo por el cuello”.

Paca Blanco no es solo una mujer amenazada por un desahucio. Es una activista histórica que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos sociales y del medio ambiente, que ha trabajado en todo lo que ha tenido a su alcance para sacar adelante a su familia y que sigue alzando la voz cuando la precariedad se convierte en castigo. No en vano es 'Paca, la brava'. Su caso interpela a las instituciones, pero también a una sociedad que normaliza el desprecio a la pobreza y olvida que la dignidad no se pierde por no poder pagar una vivienda.

Esta mañana la dignidad ha vuelto a caminar en Madrid. En concreto, han sido los pasos de unas 3.200 personas según los organizadores los que han hecho resonar tambores de justicia en el trayecto que separa la estación de Metro de Valdecarros, en Vallecas, hasta el Sector 6 de la Cañada Real. La lucha por la vivienda digna, por el derecho al territorio, son las grandes proclamas que han apoyado decenas de colectivos de la capital. Ahora, el barro que día tras día se pega en los zapatos de las mujeres y los niños que transitan este camino para acudir a la escuela, la compra o tomar un café se solidifica en las suelas de aquellos solidarios que no miran para otro lado ante la especulación inmobiliaria: “Cañada se queda. La vida se defiende. El territorio no se desaloja”.

En torno a las 11.00 horas se empezaban a arremolinar cientos de personas en Valdecarros convocadas por Tabadol, la PAH Vallekas y La Laboratoria. Algunas bocas calentaban motores para los cánticos que no tardarían en llegar. “Despierta, vecina, Cañada se queda”, “el suelo es vida, el suelo no es negocio” y “nuestras abuelas también fueron ocupas” han sido algunos de los más repetidos. Todos los allí presentes sabían lo que quedaba por delante: un camino de lucha y hermanamiento. “Estamos aquí para impedir que continúe el derribo de nuestras casas, al que nos vemos avocadas sin diálogo ni alternativa”, introduce a elDiario.es Houda Akrikez Essatty.

Ella es la presidenta y fundadora de la Asociación Cultural Tabadol, formada por mujeres del Sector 6 de la Cañada Real para defender sus derechos y continuamente ha estado al frente de la pancarta que abría la marcha con un solo mensaje: “Cañada se queda”, escrito en árabe, castellano, romaní y caló. “Tras cinco años de lucha por el corte de suministro eléctrico, nos hemos dado cuenta de que la lucha es por el territorio”, ha añadido esta madre de tres hijas pequeñas mientras la marcha comenzaba a recorrer sus primeros pasos.

A sus 38 años, Akrikez sabe bien que ocupar la Cañada significa tomar el testigo de una gran genealogía de autoconstrucción de viviendas en Madrid. “Queremos proteger nuestro territorio y defenderlo”, sostiene con seriedad. Para eso han convocado esta manifestación en la que cientos de personas han pisado un terreno que debería pertenecer a quien de él hace uso para vivir. Y lo han conseguido. Han hecho ver que la Cañada Real es un barrio de la ciudad.

Los manifestantes, agradecidos por los rayos de sol pero ateridos por un viento frío, han transitado el mismo camino que los vecinos de la Cañada Real deben realizar todos los días. Esta vez, ante la mirada con tinte de extrañeza de algunas personas que realizaban deporte en las inmediaciones. Tras completar un camino marcado por los desechos a sus orillas, tales como bolsas de plástico, zapatos y latas de bebida, ha llegado el momento más sensible. Cientos de personas han tenido que sortear el barro de en una fila individual, en una escombrera improvisada, que ha retrasado más de media hora la marcha.

Suspensiones cautelares de los derribos

El sentido político de la reivindicación ha estado presente en todo momento. La lucha por la vivienda, casi sinónimo de luchar por la vida en sí, no comenzó ayer en este lugar. “Llevamos aquí décadas y durante muchos años hemos estado resistiendo a las diferentes formas de acoso institucional”. Se refiere a la gestión que el Ayuntamiento de Madrid y Rivas-Vaciamadrid han realizado del Sector 6 en el último tiempo. Según Akrikez, el último censo realizado en el lugar hablaba de unas 2.500 personas en 2016, de las que 1.500 eran menores.

Para todas ellas hay un pequeño rayo de esperanza. Tras recurrir el inicio el 2 de octubre de 2025 del procedimiento para los derribos por parte del Consistorio madrileño, “totalmente arbitrario y sin fundamento”, comenta la presidenta de Tabadol, la justicia les ha dado algo de oxígeno. Esas cartas llegaron con la firma de Julio César Santos, cargo del Ayuntamiento inhabilitado desde septiembre, asegura Tabadol.

Por el momento, se han dictado algunas suspensiones cautelares de las demoliciones por considerar las viviendas “domicilios habituales de las demandantes”, cuyo derribo ocasionaría un “perjuicio irreparable”. Ahora, esperan que la suspensión temporal llegue a la docena de familias afectadas y señaladas por el Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida.

Akrikez, a quien los manifestantes no dejan de saludar y ensalzar, es clara a la hora de expresar las tres principales demandas de esta protesta llamada a marcar un antes y un después en la lucha por la vivienda digna, ya no solo de la Cañada, sino de la capital al completo. “Exigimos el cese de las amenazas de derribo y la paralización de las demoliciones. Exigimos la apertura de un proceso real de diálogo directo con los vecinos. Y exigimos el reconocimiento del derecho al territorio de los vecinos de la Cañada Real. Porque sin vivienda digna no hay ningún derecho garantizado”, enfatiza.

Una estrategia urbanística

La PAH Vallekas ha sido otro de los colectivos que ha convocado la manifestación. Sonia García, una de sus portavoces, recuerda que la Cañada Real es otro de los tantos barrios que nacieron en Madrid ante la llegada de trabajadores durante los años del desarrollismo franquista. “El componente de origen de las personas que viven en la Cañada, muchas gitanas rumanas o españolas, o marroquís, tiene mucho que ver con que no se hayan regularizado sus viviendas como sí sucedió con otros barrios autoconstruidos en Madrid o en Vallecas mismo”, denuncia.

Hondeaban a su alrededor las banderas verdes de la PAH cuando esta activista por la vivienda digna ha resaltado que hace unos 20 años comenzaron los intentos de invisibilizar y desalojar la Cañada. “Los ayuntamientos y promotores vieron la posibilidad de crecer hacia el sureste, por eso estos terrenos son tan codiciados”, dice García, quien ha asegurado sin titubeos que “si no conseguimos que Cañada se quede, estamos todos vendidos”. Ya lo decían en su comunicado de convocatoria: “Los mismos que nos desahucian en otros barrios de Madrid tienen intereses aquí”.

García ha sido una de las personas que estos días ha intentado allanar el camino en esta lucha, metafórica y literalmente. Mientras la marcha casi alcanzaba su final, la portavoz de PAH Vallekas ha subrayado cómo una de las estrategias de expulsión es hacer imposibles los caminos que conectan con el Sector 6: “Hemos tenido que limpiar de escombro para que la gente pueda pasar. A las Administraciones les da igual cómo está ese camino, que cuando llueve siempre se embarra y las mujeres deben transitar con niños todos los días”. Y así ha quedado patente.

Una comunidad de apoyo mutuo

Desde La Laboratoria, un espacio de investigación feminista, también han decidido convocar la protesta. “Tenemos una imagen muy estigmatizada de la gente que vive en la Cañada. En realidad, Cañada nos recuerda el pasado de Vallecas”, sostiene Marta Malo, portavoz del colectivo. Desde su punto de vista, lo que sucede en la Cañada deja un futuro que se bifurca. “Si todo sigue será algo negativo, debido a la especulación sin freno que cada vez obliga a más personas a la autoconstrucción de sus viviendas, pero también positivo, cuando vemos que lugares así resisten y cooperan frente a esta dinámica de expulsión permanente”, desarrolla.

Malo ha destacado que “marchar por la Cañada también es marchar por el derecho a la ciudad y el tipo de Madrid que queremos”. En este sentido, ha criticado la supuesta política de realojos en alquileres sociales. “Cuando estás en una situación de mucha precariedad y te meten en un piso durante seis meses, aunque sea barato, te separan de la Cañada, donde sí hay una comunidad que te permite cierto apoyo mutuo”, ha precisado la portavoz de La Laboratoria cuando la manifestación llegaba a su fin.

Marchar por el derecho a tener derechos

El culmen de la protesta ha tenido lugar cerca de la sede de Tabadol con la lectura de un comunicado, previo a una pequeña comida popular y después de que varios colectivos y entidades dirigieran unas palabras a los presentes. “Marchamos por la vivienda. Marchamos por el derecho al territorio. Marchamos por el derecho a tener derechos. Y marchamos también por el derecho a la rabia. Porque la rabia no es violencia. La rabia es una respuesta legítima cuando te quieren expulsar. La rabia es memoria de todo lo perdido. La rabia es defensa del hogar”, han expresado en el comunicado.

Tal y como han añadido ante la mirada atenta de los manifestantes, “defender nuestras casas es defender nuestra dignidad. Y no vamos a permitir que nos sigan expulsando del lugar donde vivimos. Por eso decimos alto y claro: Cañada se queda”. También se han referido al feminismo, el antirracismo, el ecologismo y los colectivos vecinales, así como los que defienden una sanidad y educación públicas, que les apoyan en su lucha. “Derribar viviendas no es una solución. Desalojar familias no es política social. Desplazar comunidades no es progreso”, han criticado.

Por último, un único mensaje ha quedado petrificado en el aire frío del Sector 6: “Porque la vivienda digna es la puerta de entrada a todos los derechos, y cuando se derriba una casa, se intenta derribar una vida entera. Y lo decimos hoy con más claridad y fuerza que nunca: Cañada se queda. La vida se defiende. El territorio no se desaloja”.

¿Xavier García Albiol cumplió con su obligación de prestar atención social a los migrantes que echó del instituto B9 de Badalona? Es lo que quiere aclarar la Fiscalía. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio Público solicita a la magistrada que autorizó el mayor desalojo de España “verificar” el cumplimiento de la resolución judicial por parte del Ayuntamiento de Badalona.

Las dudas que expresa la Fiscalía se pudieron constatar el pasado 17 de diciembre, cuando los Mossos d'Esquadra ejecutaron el desalojo: lejos de proporcionar un techo de emergencia, el Ayuntamiento de Badalona dejó en la calle a centenares de migrantes que malvivían desde hacía dos años en el B9. Los ocupantes no tuvieron más remedio que acampar en una plaza las primeras noches. Entidades sociales y la Generalitat realojaron a la mayoría, aunque otros terminaron bajo un puente de la autovía, donde siguen más de un mes después.

La solicitud de la Fiscalía se produce ante el juzgado contencioso-administrativo que autorizó el desalojo instado por Albiol. El Ministerio Público no se opuso a la medida, pero pidió expresamente que el consistorio ofreciera un techo de emergencia a los migrantes, petición que la magistrada rebajó a que el Ayuntamiento prestara “atención social” a los desalojados. Es decir, la jueza no precisó si debían ser realojados o no. El consistorio ya había advertido al juzgado de que no iba a proporcionales una alternativa de vivienda.

En su escrito, el Ministerio Público, a la vista de los informes presentados por el consistorio sobre la atención social a los migrantes el 17 de diciembre, reclama a la jueza “verificar si la resolución [de desalojo] se ha cumplido en sus propios términos”.

Para ello, la fiscal solicita que la magistrada requiera al Ayuntamiento de Badalona que aporte el protocolo de atención a las personas sin hogar de sus servicios sociales. Además, pide que el consistorio indique “por qué el albergue municipal no se habilitó como recurso habitacional de emergencia y por qué no se puso a disposición de las personas desalojadas en situación de vulnerabilidad y sin medios propios para tener un lugar donde cobijarse”.

El albergue municipal al que se refiere la Fiscalía es el de Can Bofí, donde diariamente dormían 45 personas sin hogar y que Albiol cerró en 2024. Antes del desalojo del B9, además, el consistorio se negó a mantener una reunión con la Taula Sense Llar de Badalona (plataforma de la que participan entidades como Cáritas) para abordar una solución social al desalojo. Tal y como desveló elDiario.es, Albiol ha devuelto una cuarta parte de los fondos del Govern para atender a personas sin hogar.

El escrito de la Fiscalía tiene fecha del pasado 8 de enero, sin que conste que a fecha de hoy, según fuentes jurídicas, la magistrada Meritxell Quella haya remitido requerimiento alguno al Ayuntamiento de Badalona.

Las abogadas de los migrantes, Marta Llonch y Mireia Salazar, son contundentes. “El Ayuntamiento de Badalona, en contra de sus obligaciones legales y del auto que autorizó el desalojo, optó por empujar a más de 100 personas a una situación de sinhogarismo, en invierno y con previsión de temporal”, reza su escrito aportado al juzgado. Según las letradas, el consistorio podría haber optado por suspender el desalojo o pedir una nueva autorización.

En paralelo, la Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación a Albiol, a partir de una denuncia del eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens. Según fuentes jurídicas, el Ministerio Público ha requerido para la investigación penal el expediente completo del desalojo del juzgado contencioso.

Contradicciones entre el Ayuntamiento y los Mossos

Las cifras del informe que, a requerimiento de la jueza, aportaron los servicios sociales de Badalona contrastan con las cifras de los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Badalona.

Mientras que los cuerpos policiales reportaron que los servicios sociales de Badalona atendieron a 50 personas (de las 181 desalojadas, según la policía catalana), el Ayuntamiento de Albiol indicó en su informe que “ofreció apoyo, orientación y atención” a 127 personas.

Este diario fue testigo de que no había personal de servicios sociales de Badalona para atender a los migrantes en la plaza contigua al instituto tras su desalojo, sino que eran los voluntarios y las abogadas de los migrantes las que recogían sus datos para hacer un seguimiento.

Una de las pocas mujeres que malvivía en el B9 tuvo que ir con militantes del Sindicat d'Habitatge de Badalona y su abogada en coche hasta la sede del Ayuntamiento a buscar ayuda. Tal y como informó elDiario.es, servicios sociales no proporcionó un techo a la mujer, sino que tras su visita a las oficinas se le programó una entrevista en Barcelona para evaluar si podía entrar la semana siguiente en una casa de emergencia en la capital catalana (no en Badalona).

Para las abogadas de los migrantes, la información “manifiestamente errónea, vaga, desajustada y contradictoria” del informe muestra la “mala fe” en su elaboración por parte de los servicios sociales badalonenses. Su objetivo, ahondan las abogadas, sería que la magistrada no se pronuncie sobre si el Ayuntamiento cumplió con la resolución que le obligaba a prestar atención social a los migrantes.

La defensa de los migrantes solicita a la jueza tener “información completa” sobre los realojos, que en su mayoría fueron asumidos por entidades sociales y la Generalitat en vez del Ayuntamiento de Badalona. Sin todos los datos, argumentan las letradas, no se podrá realizar una “correcta valoración judicial” sobre el cumplimiento de la orden de desalojo

Para ello, las abogadas piden a la magistrada que oficie al departamento de Derechos Sociales de la Generalitat para que aporte la relación completa de personas realojadas y los criterios que se emplearon, el tipo de alojamiento de emergencia ofrecido así como las fechas de inicio y final y los municipios donde se produjeron.

Alrededor de dos millones de personas viven en exclusión social en Andalucía, una situación que afecta al 23,1% de la población en 2024 y que sigue sin superar los valores previos a la crisis sanitaria. A ello, habría que añadirle que hay 270.000 personas más en exclusión severa, es decir, un 10,2% de los andaluces tienen problemas graves para su subsistencia, donde la vivienda y el empleo son las principales barreras para prosperar.

Así lo determina el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, presentado este martes en el Palacio arzobispal de Sevilla, en el que se detalla que la media andaluza supera claramente a la estatal, con un 19,3%. Además, se adelanta que hay un “retroceso” en la integración plena en la sociedad, ya que solo cuatro de cada diez personas no presentan hoy día ningún indicador de exclusión. “La vivienda es el epicentro de la desigualdad en Andalucía”, señaló Daniel Rodríguez de Blas, coordinador del estudio, puesto que el precio de compra de un inmueble “se ha disparado” un 65% con respecto a 2018. En cuanto al alquiler, solo un 15% de la población utiliza esta modalidad, pero el 43% de las personas inquilinas se encuentra en riesgo de pobreza.

Este mercado inmobiliario genera que más de 400.000 hogares andaluces vivan por debajo del umbral de la pobreza severa después de pagar los gastos de vivienda y suministros. Una cifra que está “completamente desconectada de la evolución de los salarios, ya que el empleo ha perdido su fuerza para garantizar la integración social”, subrayó. En este sentido, el salario medio es 7,6 puntos más bajo a la media estatal, destaca el informe, y una de cada diez familias tiene como sustentador principal a una persona con inestabilidad laboral grave.

Derecho 'fake'

Con respecto a la crisis habitacional, se determina que hay 1 millón de viviendas inseguras, es decir, aquellas que carecen de un contrato de titularidad, y 1,2 millones de viviendas son inadecuadas a raíz de que presentan problemas relacionados con la insalubridad. En este contexto, el experto determinó que “la vivienda es el gran cuello de botella” y el derecho constitucional que garantiza su acceso es “fake”, dado que “la mejora económica seguirá sin traducirse en integración social”. A pesar de los balances trimestrales en el mercado laboral, donde Andalucía ha alcanzado niveles de paro similares a 2007, la inflación ha engullido el crecimiento del salario mínimo interprofesional (SMI) o de las subidas de los convenios colectivos: “Tener trabajo reduce el riesgo de exclusión, pero no lo elimina, y la acción pública es más necesaria en aquellas personas que ocupan empleos de baja calidad”.

Asimismo, casi la mitad de los hogares de la región no puede afrontar gastos inesperados y el 16% acumula impagos referidos a la vivienda, “se sigue dando una inseguridad económica cronificada y, con respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), llega a seis de cada diez personas, pero es insuficiente”. La falta de información o la complejidad burocrática para su acceso son algunos de los impedimentos, explicó Rodríguez de Blas. Además, la Renta Mínima de Inserción Social que concede la Junta de Andalucía “ha sufrido una caída drástica” y “llega tarde o es insuficiente”, por lo que su papel para complementar el IMV queda en agua de borrajas.

Pese a las dificultades, hay una evolución positiva de los indicadores de pobreza en la comunidad, pasando de un 15,9% en 2021 a un 12,8% en 2024 la tasa de riesgo de pobreza. “Andalucía avanza, pero no gracias a su sistema público: en el modelo hay signos evidentes de agotamiento”, sostuvo ante los medios de comunicación, “cuando el éxito se presenta como un mérito individual, el fracaso se acaba interpretando como una irresponsabilidad individual, lo que se traduce en una mirada injusta que rompe la cohesión social e ignora la solidaridad”. Un hecho que entronca directamente, a su juicio, “con la desafección democrática”, más cuando hay 580.000 personas que viven en la autonomía sin derecho a votar frente a las 300.000 de 2018.

Migración y nuevo pacto social

La cara más acuciante del informe FOESSA es la migración. La exclusión social afecta a casi la mitad de las personas con nacionalidad extranjera, un 48%, más del doble que quienes tienen nacionalidad española, en un 20%. A tenor de este dato, el coordinador valoró de forma positiva el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos para la regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes. “Esta medida nos habla de justicia social y reconoce el derecho de muchas personas, de muchos vecinos que ya vivían con nosotros, más cuando el informe nacional recoge que el 68% de las personas en situación irregular está en exclusión, por lo que es el colectivo más castigado”, aseveró.

En un momento en el que casi tres de cada diez menores viven en situación de exclusión, hay más factores que hacen replantearse el ascensor social, como que uno de cada cinco hogares sufra exclusión vinculada a la salud y las dificultades para la compra de medicamentos se haya extendido a 1,3 millones de personas. “La capacidad de pago marca cada vez más la diferencia entre quienes pueden acceder a los servicios privados y los que acuden a los servicios públicos cada vez más tensionados”, resumió.

Con la perspectiva de garantizar un crecimiento conjunto, el investigador recomendó “un cambio de rumbo claro: reconocernos como interdependientes y ecodependientes”, con un fin que, a veces, se antoja utópico, como lograr “un nuevo pacto social que refuerce el estado de bienestar para garantizar vidas dignas”.