Una miniván avanza por las desordenadas calles de la ciudad de Davao, en el sur de Filipinas. Al volante va Sherwin Tuna, que recorre el territorio polvoriento y ruidoso donde comenzó a hacer música, en tanto que su compañero de viaje, su representante e investigador Jorge Juan B. Wieneke, contempla cómo la vida de los barrios más humildes pasa zumbando ante sus ojos. Viajan rumbo a las playas de Mabini, donde les espera un festival masivo, pero lo que importa es lo que se escuchan durante el viaje. Se trata, en realidad, del portal de entrada al universo del budots, un género musical que nació en estos mismos suburbios marginados y que ha terminado explotando como uno de los grandes fenómenos de TikTok.

En ese simple trayecto con las ventanillas bajadas, ya se cruzan con el estilo callejero y casi espontáneo que caracteriza el budots. Ya sea que escuches el sonido de la bocina de un coche, las voces de vendedores ambulantes o los silbidos típicos que caracterizan el ambiente de cualquier ciudad, cualquier elemento cotidiano puede acabar en una de las canciones de este género. Sherwin Tuna lo sabe mejor que nadie: conocido artísticamente como DJ Love, es el gran pionero del budots. Dio vida a esta música en su modesto cibercafé, donde experimentaba en su ordenador con ritmos acelerados que encajaran con los bailes que veía en su vecindario.

Estos bailes se observaban en las zonas de gran pobreza de Davao. Allí, la palabra budots se usaba para describir a una persona “vaga” que pasaba el día sin hacer nada. Eran personas, en su mayoría adolescentes sin hogar, que consumían pegamento industrial barato para intentar olvidar el hambre y sus problemas familiares. Estos muchachos eran llamados popularmente rugby boys por la marca de pegamento que utilizaban y, para camuflar su consumo de drogas ante la gente o la policía, recurrían a estos bailes a los que se les empezó a poner melodía. “El budots se convirtió en una herramienta para el bien social de forma natural, no por decisión deliberada”, explica DJ Love a elDiario.es.

“Para las personas que vivían con esa etiqueta, esta nunca reflejó la realidad. El budots surgió del aburrimiento, la curiosidad y la supervivencia cotidiana”, añade el artista que reflexiona que, “a través de la música, ese significado cambió”. “Lo que antes se menospreciaba se convirtió en una fuente de orgullo, alegría y conexión”, cuenta. Tanto es así que, cuando suena la música, la gente se reúne, los jóvenes bailan, experimentan con la mesa de mezclas o ayudan a montar equipos de sonido. DJ Love argumenta que “les dio algo a lo que pertenecer, algo creativo en lo que centrarse en lugar de verse arrastrados a meterse en líos”: “La música se convirtió en un camino alternativo”.

El ruido cotidiano y los sonidos de la calle incorporados en los temas nunca se añadieron a propósito, pues “simplemente estaban ahí” cuando DJ Love se puso a crear estas canciones a inicios de siglo. “El budots no intenta escapar de su entorno, sino que lo refleja”, comenta el pionero. “Con el tiempo, pasaron a formar parte de la identidad de la música. La densa vida de los barangays [la división territorial y administrativa más pequeña de Filipinas, equivalente a lo que en otros países conocemos como un barrio o una aldea] es ruidosa, comunitaria, repetitiva y compartida, y la música es un reflejo de esa realidad”, detalla.

De esta manera, el género budots conecta directamente con aquellos que no tienen recursos. “Lo que hace que sea tan poderoso es su conexión con la clase trabajadora y los pobres, no como público, sino como su fuente. No habla de ellos, sino con ellos. Por eso resuena con tanta fuerza y sigue llegando mucho más allá de donde comenzó”, celebra DJ Love. Es algo que sostiene Jorge Juan B. Wieneke, representante del artista. “Es una música que no requiere formación académica, gustos elitistas ni infraestructuras costosas para ser sentida o para participar en ella”, alega el investigador.

Una liberación mucho más que física

Wieneke afirma que, para muchas personas que viven en condiciones precarias, el budots “ofrece una liberación emocional y física directa, comunitaria y sin pretensiones”. “Surge de los espacios cotidianos, del software pirata, de los estudios caseros improvisados, de la difusión por bluetooth, de las fiestas callejeras, de los mercados públicos, de los cibercafés y de los equipos de sonido montados con lo que haya a mano”, expone el agente de DJ Love a elDiario.es, aseverando que “es música de baile creada a partir de la limitación, pero que transforma esa limitación en placer, humor, movimiento y presencia”.

Lo que llamó la atención de Wieneke fue, precisamente, lo autosuficiente y descaradamente local que era la escena. “El trabajo de DJ Love no parecía tanto una imitación como una documentación de la realidad vivida”, asegura. Aun así, esta música fue considerada de mal gusto durante mucho tiempo. Las canciones se propagaban de forma lenta y muy rudimentaria, compartiéndose de teléfono a teléfono mediante conexiones bluetooth de baja calidad. Sin embargo, todo este aislamiento cambió radicalmente con la llegada de las redes sociales y la expansión de la conexión de internet móvil barata en las islas.

La viralización del género

El budots encontró en la plataforma TikTok el trampolín perfecto para darse a conocer ante millones de personas gracias a la sencillez de su ritmo y el enfoque divertido de sus coreografías. Varios temas se han convertido en la banda sonora de infinidad de vídeos virales en todo el planeta. Entre ellos destaca la clásica canción TiwTiw de DJ Love, que se ha coronado como un himno fundamental del género. Por otro lado, el remix Paro Paro G del productor DJ Sandy alcanzó la fama gracias a un baile colectivo que fue imitado incluso por las celebridades más famosas de la televisión filipina.

“A medida que el budots llega a un público global, proteger la propiedad intelectual y el trabajo de Sherwin es una prioridad. Esto implica acuerdos claros, licencias adecuadas y garantizar que los colaboradores entiendan que esta música es una obra cultural, no contenido gratuito o desechable”, defiende Wieneke. “La protección no es solo legal; es ética. Equilibrar la visibilidad global con la autenticidad significa negarse a suavizar las asperezas. No intentamos hacer que budots resulte más 'agradable'. Su carácter local es precisamente la razón por la que conecta a nivel internacional. El objetivo no es exportar un producto, sino invitar a la gente a adentrarse en su contexto”, agrega.

Algunas de las artistas más importantes del momento han utilizado este tipo de música para acompañar sus vídeos, como sucedió con Olivia Rodrigo en una de sus publicaciones en TikTok durante su anterior gira. Una canción que no venía de un refinado estudio de Los Ángeles, sino de los callejones más humildes de la ciudad de Davao. Por su parte, DJ Love se propone a seguir llevando él mismo estas canciones a todos los rincones del planeta. “Actuar a nivel internacional ha sido una lección de humildad. Da igual dónde sean los conciertos, ya sea en Europa o en Asia, mantenerse conectado con el hogar es esencial. La música siempre lleva consigo a la comunidad”, concluye.

María del Carmen derrocha energía. Le cuenta su vida a cualquiera que le pregunte, habla rápido y se muestra muy alegre. Nadie diría que hace seis años, la primera vez que cruzó las puertas de Hogar 2000, lo hizo en silla de ruedas, con unas cataratas muy avanzadas y sumida en una depresión.

Ella es una de las 29 residentes que viven actualmente en este centro de Toledo que acoge a personas con problemas de salud mental o enfermedades crónicas. Pero no se trata solo de una cuestión médica: aquí llegan quienes tampoco tienen recursos económicos ni apoyo familiar.

La diversidad de situaciones es alta, aunque con un patrón común. “Son personas que normalmente no han tenido una buena vida”, cuenta Lorena Aguado, terapeuta ocupacional del centro. “Ya sea porque no tienen recursos económicos o porque vienen de adicciones como alcohol o drogas”. Cuando a alguien en esas circunstancias le sobreviene una enfermedad incapacitante —como un ictus o un trastorno mental grave—, se genera una situación de dependencia sin un entorno que pueda o quiera hacerse cargo.

Es entonces cuando aparece Hogar 2000.

Un recurso público gestionado por Cáritas

Hogar 2000 es un recurso sociosanitario gestionado por Cáritas e integrado en la red pública de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha. Es esta última entidad la que lo financia mediante subvención en un 75% y la que deriva a los nuevos residentes hasta aquí.

En 2026 cumple 25 años desde la colocación de su primera piedra y, en todo este tiempo, ha alojado entre sus paredes a más de 300 personas. Sus 29 plazas están hoy todas ocupadas, con una lista de espera para entrar “bastante grande”, según sus trabajadores.

María del Carmen (57 años), la mujer que abre este reportaje, es una de ellas. Llegó a través de los servicios sociales tras una etapa depresiva en la que no salía de la cama ni comía, lo que la debilitó hasta el punto de necesitar temporalmente una silla de ruedas para desplazarse. Tiene tres hijos, aunque solo mantiene contacto con Asier, el pequeño, de 23 años, del que tiene una fotografía que, asegura, lleva “a todos lados”.

Para ella, Hogar 2000 es su segunda casa, porque le ofrece todo lo que necesita. “Tienes tu habitación, tu ducha y tus cinco comidas; tienes excursiones…”.

Joaquín es otro de los residentes. Lleva dos años en el centro, al que llegó desde otro albergue de Cáritas después de sufrir un ictus y dos infartos cerebrales que le causaron un importante deterioro cognitivo y físico. Antes había vivido con desconocidos en una casa okupa en muy malas condiciones de salubridad.

A sus 59 años, recuerda que se dedicaba a la jardinería en Madrid, que estudió Derecho y que le gustaba jugar al ajedrez. Por desgracia, a consecuencia del ictus, todos esos recuerdos se han emborronado debido a las lagunas de memoria que le han quedado como secuelas.

Pese a su estado de salud, también está contento de estar aquí. “Aquí me cuidan y me atienden muy bien. ¿Qué más quiero?”, dice.

Lorena Aguado explica que lo que intentan los trabajadores es mejorar su autonomía personal “en la medida de lo posible”. “Es decir, si se puede lograr que la persona salga autónoma, se intenta, pero es verdad que no suelen ser la mayoría de los casos y el objetivo es trabajar en su comodidad y en que su última etapa de la vida sea en las mejores condiciones posibles”.

En el centro también se les ayuda en todo tipo de gestiones: a los inmigrantes sin papeles, a regularizar su situación; a quienes puedan tener derecho, a conseguir una pensión; e incluso a recuperar el contacto con la familia, si el residente quiere intentarlo.

“Tenemos un residente que es de Nigeria y no tiene documentación. Como solo habla inglés, había tenido muchos problemas de comunicación y no se sabía si tenía familia. Cuando llegó aquí, conoció a otra chica también de Nigeria a la que le dio el nombre de un familiar. Nos pusimos a buscar y dimos con él. Gracias a ello, él ahora está haciendo videollamadas con su familia”, cuenta Lorena.

“Vienen emocionalmente muy dañados”

El equipo es amplio y variado: 21 personas entre psicóloga, enfermera, terapeuta ocupacional, trabajadora social, auxiliares de enfermería y equipo de atención sociosanitaria, además del personal de limpieza y cocina.

Como terapeuta ocupacional, el trabajo de Lorena se centra en ayudarles a recuperar su autonomía dentro de lo posible: mejorar la capacidad de hacer tareas domésticas o introducir adaptaciones para que retomen la rutina que llevaban antes. “También hago un trabajo rehabilitador para que las personas que tengan una disfuncionalidad física no vayan a peor, sino que se mantengan o mejoren. Y luego también hago mucho un trabajo grupal con ellos, de darles rutinas con diferentes tipos de talleres”.

La psicóloga del centro es Carmen Iglesias. Como son personas “que vienen emocionalmente muy dañadas”, explica, su trabajo consiste en acompañar y ayudarlas a trabajar las emociones. “Hay personas que sí que mejoran anímicamente, pero hay otras con las que, como su situación de salud mental está muy cronificada, es complicado”.

Una de las señas del centro es su aislamiento. Se levanta a las afueras de Toledo, rodeado de fincas y zonas agrícolas, a unos diez minutos en coche del centro de la ciudad.

La ubicación se escogió a propósito. La primera piedra de Hogar 2000 se puso en 2001, siendo concebido en origen como un lugar para atender a personas con VIH en un momento en el que el estigma y los prejuicios hacia esta enfermedad seguían muy extendidos en la sociedad. Por eso se consideró que lo mejor era tratarlas en una zona apartada. Gracias a ese emplazamiento, el espacio nunca fue un problema y pudo diseñarse desde cero una residencia adaptada a las necesidades.

El edificio cuenta con varias salas comunes donde los residentes pasan la mayor parte del tiempo —hacen talleres, ven la tele—, además de varios patios, pistas deportivas, un gimnasio para la rehabilitación física y habitaciones, comedor y cocina.

Aunque lo gestiona Cáritas, una ONG de la Iglesia católica, al tratarse de un recurso público la religión no es un requisito para entrar. En el centro hay una pequeña capilla donde se celebra misa los domingos, pero la asistencia no es obligatoria. “De hecho, tenemos una mujer que es de Guinea Ecuatorial y musulmana. Ella reza en su alfombra cuando le toca, celebra el Ramadán y no come cerdo. Se respeta la religión y no se obliga a nadie”, indica Lorena.

“Familia”

En todos estos años, el centro ha vivido situaciones complicadas. La pandemia fue una de ellas. “Se contagiaron varias personas que afortunadamente tenían la capacidad cognitiva para estar en su habitación y no salir”, recuerda la terapeuta ocupacional. “Pero los que no estaban tan bien no comprendían que tenían que quedarse encerrados, así que era imposible tenerlos en una habitación. Como yo había pasado el COVID, me encargué de ese grupo para que no estuvieran en contacto con los demás que sí estaban aislados”.

La borrasca Filomena fue otro momento crítico. Dejó el centro aislado durante varios días y los trabajadores que estaban de turno tuvieron que quedarse allí en los primeros días, sin posibilidad de relevo. “Hubo residentes a los que sí se les tuvo que sacar en todoterreno porque tenían que acudir a tratamientos médicos urgentes como diálisis”.

Es en estas situaciones difíciles cuando se muestra que la convivencia de residentes y trabajadores ha forjado lo que todas las personas entrevistadas en este reportaje denominan como “una familia”.

María del Carmen y Joaquín ponen un ejemplo muy sencillo, pero muy representativo, que se dio en una de las últimas excursiones a Toledo que hicieron los residentes.

“Íbamos caminando, él estaba cansado y le dije que se agarrase del brazo”, cuenta ella.

“Me dice: 'Agárrate a mí'”, confirma él.

“Es que estaba ya el hombre cansado de tanto andar. A ver, para eso estamos, para ayudarnos entre nosotros”, remata María del Carmen.

Familia.

Zakarías, Auxi, Bernardino, Carlos y Mariví se reúnen una vez por semana en Sevilla. Llevan bolsas con lo básico para que una persona pueda comer o asearse y olvide unos minutos que vive en la calle, en una Sevilla muy hostil con sus 40 grados en verano para la gente que no tiene un techo sobre sus cabezas.

Una ciudad en la que “los cartones duelen mucho”, como explica Fernando Sánchez, una de las personas a las que ayuda semanalmente este grupo de personas, agrupada bajo el nombre de 'La Calle'.

Inician su paseo en el barrio El Arenal y, desde ahí, recorren todos los puntos donde saben que hay alguien que les pueda necesitar, a pie de calle o en sus propias 'minichabolas' de cartón.

Así viven unas mil personas en distintas zonas de Sevilla, cuya situación se agrava en periodos de intenso frío o calor, gente que “se juega la vida” en una ciudad en la que el Ayuntamiento señala que se han habilitado en torno a 125 refugios climáticos en periodos de intenso calor, que se pueden ampliar a 145 si es necesario, pero que no es suficiente.

El problema de encontrar dónde dormir

Hasta hace dos años, algunas de estas personas, hombres en su mayoría, dormían en los soportales del mercado de abastos de la calle.

En 2022, el Ayuntamiento gobernado entonces por el PSOE inició el proceso para cerrarlos con rejas, aduciendo quejas vecinales, y el actual gobierno del PP lo culminó en 2025.

No obstante, “por inercia” muchos pasan buena parte del día apoyados en las rejas, buscando la poca sombra que les alivie del calor.

Mariví López recuerda con rabia cómo vio que le quitaban el sitio para dormir a mucha gente cuando, además, algunos cajeros se cierran de noche para no acoger a estos “inquilinos”.

Ella prefiere mirar hacia adelante y hablar del tío Paco, un hombre para el que es “su sobrina”, o de un joven marroquí, Ahmed, al que han ayudado a regularizar su situación en España, y ahora está ilusionado con trabajar en la fresa en Huelva.

Todo empezó años atrás, cuando se encontró por la calle a una persona que, más que alimentos, necesitaba cariño. “Le dije que si quería tomar un café, y nos pusimos a hablar”, ha explicado. A partir de ahí fue conociendo a más personas en la misma situación, hasta que decidió que, al menos una vez por semana, les ayudaría con lo básico.

Entre los voluntarios está Carlos Wehbi, un argentino que estuvo a punto de perderlo todo por adicción al alcohol, pero que, ya recuperado ha recuperado “la alegría de vivir, las ganas de todo”, y ahora está “en el otro lado”, porque ha pasado de vivir en la calle a ayudar a los sintecho.

Cada uno aporta lo que quiere

Todos ponen algo de su tiempo y ganas por los que menos tienen, como Bernardino, un médico jubilado al que llaman todos “el doctor”, y que les pasa consulta sin coste alguno si lo necesitan, para intentar que su salud no se deteriore más todavía por dormir al raso doce meses al año.

Auxi lleva bocadillos y Zakarías, un té marroquí. Un joven que les pide lo que le puedan dar, porque no había comido en todo el día. En ese momento, ese chico pasa a ser la prioridad de todos. Mariví le sigue con la mirada hasta que se asegura de que ha comido las pastas que le han dado.

“Pastas que no tienen manteca de cerdo, porque nos aseguramos de que todo lo que traemos lo pueda comer cualquier persona sin problemas de creencias”, ha explicado.

Los voluntarios se aseguran de que todos tienen al menos lo básico para no pasar hambre en unas horas, y se llevan a casa algunos encargos, como conseguir que Carlos encuentre trabajo como cuidador de personas mayores en casa u hospitales. Toda ayuda es poca y casi siempre es cuestión más de cariño que de alimentos.

La historia de una perra llamada Luna es un testimonio de supervivencia que comienza en un contenedor de basura. Fue allí donde su dueño la rescató, iniciando un vínculo inquebrantable forjado en la adversidad más extrema de la vida urbana. Durante años, ambos compartieron la calle como único refugio, enfrentando juntos el frío, el hambre y la constante invisibilidad social, siendo su escenario cotidiano, aunque la lealtad de Luna fue el motor que impidió que su compañero se rindiera. Sin embargo, la esperanza ha llegado finalmente a sus vidas tras un largo periodo de incertidumbre y precariedad absoluta.

Y es que hoy ambos se preparan para dejar atrás la intemperie y cruzar el umbral de lo que será su primer hogar estable. Este cambio no es solo un golpe de suerte, sino el resultado de un apoyo integral especializado. La transición hacia una vivienda digna representa el reconocimiento de que su unión es una familia legítima. Para las personas en situación de extrema vulnerabilidad, el miedo a ser separados de sus animales es una barrera constante. Muchos recursos residenciales tradicionales todavía obligan a estas personas a elegir entre un techo o mantener a su compañero. El programa “Mejores Amigos” pilotado por FAADA nace precisamente para asegurar que las familias vulnerables con animales no se separen nunca en momentos críticos. Proteger este vínculo es esencial, ya que el animal suele ser la principal y única fuente de apoyo social.

Se trata de una atención multidisciplinar que entiende que la recuperación personal pasa necesariamente por mantener esta unión afectiva. Luna y su dueño son el ejemplo vivo de por qué es vital que los recursos públicos se transformen. Asegurar que sigan juntos es el objetivo primordial de esta iniciativa que opera con éxito desde hace años. La magnitud de esta necesidad social se refleja claramente en las cifras que manejan los servicios sociales de atención básica. El programa atiende anualmente más de 1.500 peticiones referentes a personas vulnerables acompañadas de sus animales. Estas solicitudes provienen de casos donde individuos en situación de sin hogar necesitan una respuesta que sea empática y técnica.

El equipo trabaja estrechamente con trabajadores sociales para gestionar cada expediente de manera personalizada y con gran sensibilidad. El apoyo ofrecido no es solo emocional, sino que implica una estructura legal que facilita el acceso a nuevos recursos. La colaboración entre entidades permite que casos de exclusión severa tengan ahora una respuesta institucional real y efectiva. Es un modelo de intervención que busca transformar profundamente la mirada de la sociedad hacia el sinhogarismo. Cada caso de éxito representa una oportunidad de empezar de nuevo sin renunciar a la identidad afectiva.

Uno de los pilares fundamentales para que Luna y su dueño accedan a su nuevo hogar es el acompañamiento técnico legal. El programa ofrece protocolos específicos de acceso a recursos residenciales que permiten la convivencia con animales de familia. Hasta hace muy poco tiempo, la entrada en albergues o viviendas sociales con mascotas era una barrera institucional infranqueable. Gracias a la formación de profesionales en el ámbito social, estas limitaciones están desapareciendo gradualmente en todo el territorio. Se asesora técnicamente para asegurar que tanto los derechos de la persona como el bienestar animal sean respetados. Este acompañamiento garantiza que la transición desde la calle hacia una vivienda sea exitosa y sostenible en el tiempo.

La gestión integral permite que los servicios públicos comprendan finalmente la importancia de no romper estos núcleos. Así, el nuevo hogar de Luna no es solo un techo físico, sino un espacio de seguridad jurídica. La salud de Luna ha sido otra de las prioridades absolutas durante todo este complejo proceso de cambio de vida. El programa proporciona asistencia veterinaria gratuita a los animales de personas que acreditan una situación de gran precariedad. Esto incluye desde las vacunaciones obligatorias y desparasitaciones hasta tratamientos de mayor complejidad que serían inasumibles económicamente.

Asegurar que Luna esté sana y con su cartilla sanitaria al día es un requisito indispensable para entrar en viviendas. De esta manera, se garantiza la salud pública y el bienestar de la perra, facilitando su plena integración comunitaria. La asistencia veterinaria actúa como un puente técnico que elimina cualquier excusa sanitaria para denegar el acceso habitacional. Varios colectivos de veterinarios colaboran activamente para que estos servicios esenciales lleguen a quienes más lo necesitan. Luna podrá entrar en su casa con todas las garantías de salud y la protección legal necesaria.

Red de seguridad

El éxito rotundo de casos como el de Luna se cimenta en la colaboración entre diversas instituciones y organizaciones sociales. En ciudades como Barcelona, se ha acompañado ya a más de 400 casos de personas sin techo con animales. Este trabajo conjunto involucra directamente a los equipos de calle y a las oficinas municipales de protección animal. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 también subvenciona parcialmente estas acciones tan necesarias para la justicia. Se ha creado una red de seguridad que abarca desde la asistencia legal hasta la investigación científica universitaria. Estudios de la UAB avalan el impacto positivo de los animales en la salud mental humana. Esta base científica permite argumentar con rigor que mantener a Luna con su dueño es salud pública.

Hoy, la historia de Luna da un giro definitivo hacia un futuro lleno de estabilidad, calor y muchas nuevas esperanzas. Atrás quedan los días amargos en el contenedor y las noches de frío intenso buscando refugio entre las sombras. Ella y su dueño son ahora el rostro de la victoria del vínculo animal sobre la burocracia y la exclusión. El programa “Mejores Amigos” continúa trabajando para que ninguna otra familia tenga que enfrentar la calle por amor.

El Ayuntamiento de Arona, en colaboración con Cáritas Diocesana de Tenerife ha presentado este mediodía el informe Las personas en situación de exclusión residencial extrema en el municipio de Arona 2025, un diagnóstico pionero elaborado por la entidad eclesial que saca a la luz una realidad “invisibilizada” en uno de los principales destinos turísticos del sur de Tenerife.

En una nota, Cáritas revela que el estudio identifica a 307 personas en situación de sinhogarismo entre 2024 y 2025. No obstante, las estimaciones sobre asentamientos informales elevan la cifra real a un rango de entre 470 y 885 personas.

Lejos del denominado “efecto llamada”, el informe señala que el 52,1% de las personas afectadas lleva más de un año en exclusión residencial, y un 14% supera los cinco años. El perfil mayoritario corresponde a hombres (77,9%) de entre 36 y 65 años (64,2%), aunque destaca el incremento de mujeres (22,1%) y de unidades familiares con menores, que se han duplicado desde el primer semestre de 2025.

Además, el sinhogarismo en Arona presenta una importante dimensión migratoria: el 69,8% de las personas afectadas son de origen extranjero y un 36,2% extracomunitarias, lo que agrava su situación debido a las dificultades administrativas que pesentan.

Una emergencia habitacional invisibilizada

El informe de Cáritas, basado en 172 entrevistas en profundidad, ha permitido localizar 22 asentamientos informales en el municipio aronero, que incluyen chabolas, cuevas, edificios inacabados y caravanas.

En este sentido, los datos más relevantes reflejan una situación de extrema vulnerabilidad:

Asimismo, Cáritas Diocesana de Tenerife advierte de que “no se puede normalizar que personas vivan sin acceso a agua o electricidad, expuestas a la violencia y a enfermedades”. Así, desde la entidad eclesial subrayan que este estudio “no es solo un diagnóstico, sino una herramienta para impulsar respuestas urgentes y coordinadas”.

Por todo ello, el documento plantea una batería de propuestas orientadas a generar un impacto real en el municipio, “desde un enfoque de derechos, con perspectiva de género e interseccionalidad”.

Según asegura Cáritas, estas medidas se integran en el desarrollo del plan estratégico municipal que actualmente impulsa el Ayuntamiento.

El consistorio de Arona, por su parte, ha anunciado su compromiso de trabajar de forma coordinada con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para implementar soluciones eficaces. “Conocer la realidad es el primer paso para transformarla. Y este informe nos obliga a pasar de la visibilización a la acción”, concluye el equipo técnico.

El sindicato UGT Castilla-La Mancha denuncia la situación de “precariedad” que siguen sufriendo muchas familias de la región a pesar de la “buena marcha” de la economía y del crecimiento experimentado en los últimos años.

Así lo demuestran, según afirma, datos como el aumento en tres puntos de la proporción de personas que no pueden permitirse irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año (el 38,3% de la población). Señala que también ha crecido un 3,9 % la de quienes no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, que alcanza el 41,4 % de la población castellanomanchega. Lo ha denominado “pobreza estival”.

Para la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT-CLM, Isabel Carrascosa, estos datos demuestran que el crecimiento económico y la creación de empleo son imprescindibles, pero “no suficientes”.

Las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma laboral, el refuerzo de determinadas prestaciones y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) han contribuido a evitar “un escenario peor”, pero “se evidencian problemas estructurales”. Pone como ejemplo, los salarios insuficientes, la parcialidad, la desigualdad territorial, las brechas de género, desigualdad territorial y, de forma cada vez más decisiva, el coste de la vivienda.

La mejora no se está traduciendo con suficiente intensidad en una reducción real de la pobreza

“Castilla-La Mancha presenta buenos datos económicos y de empleo, pero esa mejora no se está traduciendo con suficiente intensidad en una reducción real de la pobreza”, subraya.

Hace mención así a ña última tasa AROPE (el indicador oficial de la Unión Europea para medir la pobreza y la exclusión social), que sitúa a Castilla-La Mancha una de las autonomías que más personas en riesgo de pobreza o exclusión social tiene, concretamente un 34%.

“El elevado precio de la vivienda provoca que muchas personas trabajadoras sigan en situación de vulnerabilidad, incluso cuando tienen empleo. Una nómina no permite salir de la pobreza si queda absorbida por el alquiler, la hipoteca, los suministros y los gastos básicos del hogar. La vivienda ha dejado de ser solo un problema de acceso para determinados colectivos y se ha convertido en un problema central de redistribución de la riqueza y de pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora”.

Por ello, desde UGT-CLM reclaman seguir reforzando la negociación colectiva, elevar los salarios, combatir la precariedad, mejorar la protección por desempleo y garantizar que el empleo creado sea empleo con derechos.

Cáritas Regional de Castilla-La Mancha ha presentado su Memoria Institucional 2025. El documento atestigua un contexto de “cronificación” de la exclusión social en la comunidad autónoma y pone el acento en la relevancia de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Por ello, esta entidad lanza una invitación a toda la sociedad para sumar fuerzas y estrategias orientadas a “proteger la dignidad de las personas más vulnerables”.

Durante el año 2025, la acción de Cáritas benefició directamente a un total de 52.252 personas en Castilla-La Mancha. Asimismo, su labor en cooperación internacional llegó a 15.204 personas en 14 países, en un escenario global “complejo” marcado por conflictos armados y crisis alimentarias.

Los datos los han presentado Ángel Román Idígoras, obispo de Albacete y obispo acompañante de Cáritas regional; Rosa García Fernández de Sevilla, presidenta de la entidad; y Amador Casquero Fernández, coordinador regional. Todos han coincidido en que las cifras desvelan “una radiografía social preocupante”, que coincide con las “alarmantes” conclusiones del IX Informe FOESSA en Castilla-La Mancha, que constata que la exclusión social afecta ya al 20% de la población regional.

El informe subraya que el sistema actual presenta “fallas estructurales”, dado que tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan de forma autónoma estrategias de inclusión “sin lograr salir de ella”, confirmando que “disponer de un empleo ya no es garantía para evitar la vulnerabilidad”.

Vivienda, migraciones y empleo

El análisis de Cáritas identifica la vivienda como el “epicentro de la desigualdad”, afectando al 22% de la población de la región debido a alquileres “inasumibles o infravivienda”. “El empleo precario y las trabas administrativas cronifican la pobreza, afectando con dureza a los jóvenes y a la población migrante”, agrega.

De hecho, el perfil de atención de la Memoria 2025 muestra que el 58% de las personas beneficiadas fueron extranjeras frente al 42% de nacionalidad española.

Rosa García ha destacado que un tiempo “marcado por discursos de odio”, es necesario “reorientar el corazón hacia la fraternidad humana y visibilizar los gestos que generan esperanza” porque “la transformación social es una tarea colectiva”.

Toda esta labor de acompañamiento e inserción social supuso una inversión total de 23.494.830 euros en 2025. El modelo de financiación de Cáritas en Castilla-La Mancha regional mantiene su “independencia y fuerte arraigo social”: el 58% de los fondos fueron propios y privados (procedentes de donaciones y recursos institucionales), mientras que el 42% restante provino de subvenciones y convenios con las distintas administraciones públicas (local, provincial, regional y estatal).

Este despliegue económico y social fue posible gracias al “motor humano” de la organización, que en 2025 contó con 3.979 personas voluntarias, 419 técnicos contratados, 2.301 socios y 7.234 donantes, además del apoyo clave de los sacerdotes de la red de Cáritas Parroquiales.

Por su parte, el obispo de Albacete ha recordado que Cáritas es “la propia Iglesia en acción” y ha elogiado la entrega de todos sus agentes: “La construcción del bien requiere de hombres y mujeres que en nuestro día a día se convierten en verdaderos 'mártires de lo cotidiano': personas que escuchan, que cuidan y consuelan con discreción”.

Por su parte, Amador Casquero ha puesto el acento en que “detrás de cada estadística hay una historia única” y ha desglosado el número de personas atendidas por programas específicos durante el pasado ejercicio.

Ante esta realidad “multidimensional”, la entidad urge a las administraciones y al tejido social a afrontar “de manera prioritaria” retos como el acceso a la vivienda social, el impulso al empleo inclusivo, el refuerzo de los sistemas de garantía de ingresos y la regularización e integración de las personas migrantes.

También urgen a la mejora de los cuidados a mayores, el combate contra la despoblación en el mundo rural, la equidad educativa, el blindaje de la sanidad (especialmente la salud mental), el fortalecimiento de la cooperación internacional y una mejor respuesta ante emergencias civiles.

Teresa (nombre ficticio) y su hijo de cinco años se quedaron sin hogar a principios de junio, después de que el propietario de la casa en la que vivían de alquiler rescindiera el contrato asegurando que necesitaba la vivienda para su uso personal. Cuando se produjo el desahucio, el Ayuntamiento de Sestao, dada la vulnerabilidad de la familia -el padre del menor 'desapareció' de sus vidas antes de que naciera- puso a su disposición un recurso de vivienda temporal de urgencia, un hotel, en el que han podido vivir durante un mes, pero que este jueves, 9 de julio, deberán abandonar.

La idea era que durante este tiempo la familia encontrara un hogar, pero Teresa, que trabaja en un supermercado y según lamenta no cuenta con apoyo familiar, no ha encontrado un alquiler asequible para ella y su hijo. “Estamos hablando de una mujer trabajadora, que aunque tenga un salario precario hasta ahora no ha tenido problemas para pagar un alquiler, la cuestión es que ahora los alquileres están por las nubes y no encuentran ninguna habitación o vivienda disponible. Los que ha encontrado le piden una estabilidad financiera y no ven con buenos ojos que quiera alquilar una habitación con un menor a su cargo, por lo que entendemos que los servicios sociales deberían ayudarla”, defiende Mireia Saiz portavoz de la plataforma Berri-Otxoak.

Este lunes decenas de personas se han concentrado frente al Ayuntamiento de Sestao para lograr una solución. Teresa iba a asistir a dicha concentración, pero no se ha visto con fuerzas suficientes después de haberse reunido con la trabajadora social del Ayuntamiento. “No le han ofrecido una alternativa, le han preguntado si tiene alguna amiga o alguien de su entorno con el que quedarse y se ha venido abajo, porque no tiene a nadie que pueda acogerle. Le han dicho que a lo largo de estos días la llamarán para ofrecerle alguna otra alternativa temporal, pero no le garantizan nada. La mantienen en la incertidumbre sin saber si la semana que viene va a poder tener un techo donde dormir”, lamenta Saiz.

Según recuerda la activista, las propias administraciones son las encargadas de buscar una alternativa habitacional digna y estable cuando existe una vulnerabilidad acreditada como es este caso, con un menor de cinco años sin hogar. “El Ayuntamiento de Sestao dice que no tiene recursos, que no hay viviendas municipales disponibles, pero ¿dónde está la coordinación efectiva entre administraciones de la que tanto hablan? Están los servicios sociales municipales, la Diputación de Bizkaia, el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, Etxebide y Alokabide. ¿Ninguno puede tener una vivienda para esta familia?”, se pregunta.

Teresa, que tras la reunión con la trabajadora social ha tenido que entrar a su puesto de trabajo en un supermercado de la localidad vizcaína, se encuentra “emocionalmente afectada”. “Hasta ahora se ha mostrado fuerte, sobre todo por su hijo, pero ve que se acerca el momento y que no hay alternativa y cada vez ve más real que puede quedarse en la calle con su niño. Lo está pasando realmente mal porque el impacto emocional y psicológico es muy duro. Ahora que el niño ha acabado el colegio está empezando a darse cuenta de todo y también está angustiado por haber perdido la casa en la que vivía”, reconoce Saiz.

Cuando le notificaron el desahucio Teresa acudió a la plataforma Berri-Otxoak que trabaja contra la exclusión social principalmente en Barakaldo, pero también en otros municipios de la margen izquierda, donde Saiz reconoce que la situación de la vivienda es “cada vez más alarmante”. “Se está normalizando que familias enteras vivan hacinadas en habitaciones. Es una realidad que no sale en los medios porque ellas mismas no quieren que se haga pública su situación o que los vecinos se enteren. Estamos hablando de cuatro o cinco personas en una habitación, con menores y personas mayores juntas, nietos, padres y abuelos en pocos metros cuadrados y compartiendo vivienda entre distintas familias. Estamos viendo verdaderas situaciones de emergencia habitacional que están siendo ocultadas y encubiertas y en la mayoría de casos son personas que tienen sus trabajos y personas que están dejando de comer por poder pagar el alquiler”, denuncia la activista.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sestao gobernado en coalición por el PNV y el PSE-EE y ha trasladado que no se pueden ofrecer datos concretos de la familia por la Ley de Protección de Datos, pero que “en este tipo de casos el Ayuntamiento, dentro de su competencia, tramita todos los servicios que puedan corresponderle, ya sea garantizar estancias temporales que den margen de tiempo para buscar alternativas habitacionales, ayudas para hacer frente a la entrada o fianza de una nueva ubicación o remitir solicitudes a otras instancias por ejemplo al Gobierno vasco para el acceso a una vivienda”.

Por lo pronto, Teresa, que prefiere no ofrecer su nombre real, se encuentra a la espera de una solución que le permita contar con un techo más allá del próximo 9 de julio, cuando previsiblemente ella y su hijo deberán abandonar el hotel en el que se encuentran. Si no consiguen una solución habitacional real, desde Berri-Otxoak no descartan realizar nuevas movilizaciones u otras acciones reivindicativas para conseguir un hogar para esta familia.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, ha concedido 2,5 millones de euros en tarjetas prepago para alimentar a 10.239 escolares durante los meses de verano, periodo en el que los comedores no prestan servicio debido al cierre vacacional de los colegios. 

Las tarjetas, que se cargan automáticamente los días 1 de julio y de agosto por un total de 240 euros —120 por mes—, solo son válidas en establecimientos dedicados a la venta de productos de alimentación. De hecho, si se intentan usar en establecimientos que no sean de alimentación, no pasan por el datáfono.

Se trata de tarjetas nominativas con un código asociado solo al alumnado de cuota cero certificado durante el curso escolar vigente, y se entregan (en la última semana de junio) al padre, madre, tutor o tutora legal del menor beneficiario.

Además, las familias han de guardar las facturas de las compras, según las instrucciones que, junto con la información y los teléfonos de contacto para posibles incidencias, les comunican las direcciones de los centros en el momento de la entrega.

“Con la entrega de estas tarjetas durante estos últimos días de junio, seguimos apoyando, también durante las vacaciones, al alumnado en situación de vulnerabilidad que es usuario del programa de los desayunos escolares y cuota cero en los comedores de los centros educativos de las islas”, explica el director general de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios, David Crego.

Kalita Fernández ha obtenido un poco más de tiempo. La Justicia europea ha ordenado la suspensión del desahucio, instado por un fondo buitre, de esta mujer de Badalona, con seis hijos menores de edad a su cargo (uno de ellos, con apneas que le obligan a dormir conectado a una máquina), previsto para este viernes.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha examinado la medida cautelar solicitada por el abogado de Fernández, Ton Mansilla, y ha ordenado al Estado español que la mujer y su familia no puedan ser desahuciadas, al menos, durante una semana, hasta el próximo 1 de julio.

Las medidas cautelares en el TEDH son inhabituales, y el tribunal solo las contempla cuando existe un serio peligro para la vida o la salud de los demandantes.

En su demanda, el abogado de Fernández reclamó la suspensión del desahucio como medida “estrictamente temporal y limitada” hasta que las autoridades locales proporcionen a la familia “una alternativa habitacional real, inmediata, estable y adecuada, compatible con las necesidades de seis menores y, en particular, con la situación médica de la hija menor”.

El plazo de suspensión del desahucio todavía podría ampliarse. En estos siete días, el TEDH espera la respuesta de España sobre si la jueza de Badalona que ordenó su desalojo tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad de la familia y si las autoridades locales han ofrecido una alternativa de vivienda.

A falta de conocer la contestación formal del Estado, la respuesta a ambas preguntas es negativa, tal y como ya explicó elDiario.es. La jueza de Badalona acordó su desahucio pese a contar con un informe de los servicios sociales que advertía del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.

“La ejecución del desalojo sin alternativa habitacional inmediata, estable y con condiciones adecuadas crea un riesgo concreto para la vida de la menor”, recuerda el abogado Mansilla en su escrito ante el TEDH.

El inmueble que ocupa Fernández desde hace casi una década pertenece al fondo de inversión Divarian, filial inmobiliaria del grupo Cerberus, que vendió parte de su cartera de viviendas a la Generalitat en 2025 para destinarlas a alquiler social.

En Badalona se incorporaron 34 pisos a este programa, aunque el de Fernández no forma parte de ellos. La mujer asegura que ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo de alquiler con la propiedad, sin éxito.

Tal y como explicó la mujer a este diario, Fernández estuvo inscrita durante cinco años en la Mesa de Emergencia de Badalona, pero fue dada de baja tras su divorciarse de su marido hace un año. Entonces tuvo que reiniciar el procedimiento administrativo. “No se puede vivir así. Debería haber más pisos para casos así de graves”, reclamó.

Divarian no manifestó “interés alguno” en el inmueble entre 2014 y 2023, cuando denunció a Fernández por la ocupación, según sentenció la jueza que absolvió a la mujer en la causa penal abierta por la propiedad. Los técnicos sociales municipales reconocen el “arraigo” en el barrio de Fernández y sus hijos.

Fernández ocupó la vivienda, donde está empadronada, en 2014 ante la falta de alternativas. “Tuve que entrar a vivir aquí porque no tenía dónde ir”, explicó la mujer. Durante los once años que ha permanecido en el inmueble, alegó haber realizado numerosas mejoras: instalación de ventanas, reparación de estancias y adecuación de la cocina en un piso que inicialmente no contaba con agua corriente, electricidad ni cerramientos.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha destacado este miércoles en el pleno del Parlamento que su Gobierno (CC y PP) “ha hecho su tarea” y por eso la Comunidad Autónoma está liderando en España el aumento de los salarios y de la productividad, así como las mejoras en la dependencia, pero ha añadido que no es suficiente y por eso es necesario, según él, que el Ejecutivo de España apruebe el denominado “decreto Canarias”. La oposión, en respuesta, le ha recordado que los índices de pobreza y exclusión siguen subiendo y son los más elevados del país, mientras el Gobierno de CC-PP es incapaz de gestionar los fondos disponibles.

Hay que señalar que, pese a lo señalado por Clavijo, los salarios en las islas son los segundos más bajos del país, y que los costes laborales son los más baratos. Por otro lado, el llamado decreto Canarias es un conjunto de medidas que el Gobierno canario alumbró a mitad de legislatura (con la intención de que el Gobierno central lo aprobase) asegurando que formaba parte del pacto de investidura de Pedro Sánchez. Eso quedó desacreditado, ya que el PSOE demostró que casi todas las medidas eran nuevas y no estaban incluidas en la llamada Agenda Canaria, que sí se pactó en 2023. El decreto propuesto, llamado por la oposición Decreto Clavijo, incluye medidas tales como exigir al Estado que se ocupe de financiar cuestiones como el despliegue de la Policía Canaria, la sanidad, la educación, la vivienda, la protección social y los sueldos de la clase trabajadora. Por ello, la oposición acusó a Clavijo en diversas ocasiones de preparar este decreto para intentar devolver competencias al Estado, desentendiéndose de cuestiones sobre las que las es el Gobierno regional el competente, como la vivienda o la sanidad.

Este miércoles, Clavijo ha vuelto insistir en la importancia de dicho decreto, que pide más financiación al Estado, mientras el Gobierno canario ha dejado sin ejecutar más de 3.300 millones de euros desde 2023, con 250 millones de fondos europeos que hay que devolver por no haberles dado uso y con la mayor recaudación vía IGIC de la historia. “No renunciamos” a la negociación del decreto Canarias, pese a que permanece “bloqueado” por el Gobierno de España, ha dicho Clavijo en relación con las 35 medidas que pide su Ejecutivo central para “mejorar las condiciones de vida de la población”, un asunto por el que le han preguntado en la sesión de control el PSOE, CC, PP y NC.

Clavijo ha sostenido que Canarias registra “los mejores datos de su historia en desempleo, vulnerabilidad y exclusión social” y lidera la subida de los salarios, la productividad y la mejora en dependencia en España. Pero ha admitido también que los datos de pobreza y desigualdad son preocupantes, que los avances son insuficientes y que los problemas estructurales no se van a solucionar de un día para otro (hay que recordar que Coalición Canaria ha gobernado Canarias durante más de 30 años).

Según Clavijo, de ahí la importancia de que se apruebe el decreto Canarias, con medidas como la deflactación del tramo estatal del IRPF, la exoneración de cuotas sociales a las empresas que aumenten los salarios por encima de convenio o las rebajas en el IRPF en islas no capitalinas, ha defendido Clavijo, quien ha pedido a PSOE y NC que apoyen esas medidas.

Pobreza, exclusión y 30 años de CC en el Gobierno

El portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, ha culpado a Clavijo y a los gobiernos de CC en los últimos 30 años de la persistencia de altas tasas de pobreza y exclusión social en el archipiélago, a pesar de que la comunidad lidera el crecimiento económico nacional y registra cifras históricas tanto en presupuestos públicos como en beneficios turísticos.

Franquis denunció que, pese a que el Gobierno de Canarias cuenta con el mayor presupuesto de la historia, la ciudadanía percibe un progresivo deterioro en los servicios esenciales en sanidad, educación y servicios sociales, por lo que demandó decisiones políticas enfocadas en defender a la “mayoría social”.

Sin embargo, David Toledo, de CC, respaldó a Clavijo (jefe de su partido) y demandó que el Gobierno de España responda a las demandas incluidas en el denominado decreto Canarias, porque son, según él, indispensables para paliar las dificultades económicas que atraviesan las familias pese a los buenos datos de empleo.

La portavoz del PP (socio de CC en el Gobierno), Luz Reverón, coincidió con el presidente en que “Canarias ha hecho sus deberes”, pero el que no ha cumplido con el decreto Canarias es el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien reclamó que asuma sus responsabilidades políticas por los casos de corrupción y convoque elecciones.

Se agrava la exclusión social

En su turno, el portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, vinculó las políticas fiscales y económicas del Ejecutivo de Fernando Clavijo, “beneficiosas para la minoría de los más ricos de las islas”, con el agravamiento de la exclusión social. El diputado denunció “la otra cara” de la realidad de Canarias, la que bate récords de turistas, crecimiento económico y Producto Interior Bruto (PIB) mientras continúa liderando las tasas de pobreza y vulnerabilidad social.

Luis Campos cuestionó al presidente sobre las medidas que piensa adoptar para revertir que el Archipiélago se mantenga como la comunidad con mayor tasa de exclusión social del Estado, según el último informe de Cáritas.

El portavoz de NC-BC, tras denunciar que “Canarias no va bien”, leyó textualmente parte de las declaraciones realizadas por el director de Cáritas en Canarias, Gonzalo Marrero, cuando dijo que “los informes económicos reflejan mejores resultados, pero los datos en 2025 constatan el incremento de la exclusión social y el impacto del reparto desigual de la riqueza que deja atrás a muchas personas, especialmente a las más vulnerables”.

Luis Campos calificó de “paradójica” la situación que vive el Archipiélago al considerar que el crecimiento económico y los récords turísticos no se traducen en una mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Recordó que Canarias podría alcanzar este año los 19 millones de turistas y nuevas cifras máximas de crecimiento económico y del Producto Interior Bruto.

Sin embargo, hizo hincapié en que el informe de Cáritas revela una realidad que “no es razonable” ya que la entidad atendió en 2025 a un 2% más de hogares en situación de vulnerabilidad que el año anterior. También alertó del aumento de las personas sin hogar, que según los datos expuestos superan ya las 1.604 en Canarias tras incrementarse en 33 durante el último año.

“Estamos asistiendo a un incremento de la desigualdad”, denunció el parlamentario de Nueva Canarias, quien responsabilizó parcialmente al Ejecutivo de Clavijo por la adopción de determinadas decisiones políticas.

Entre ellas, la rebaja del impuesto de Sucesiones y Donaciones para los patrimonios más elevados de las islas nada más llegar al Gobierno en julio de 2023. También, detalló Campos, la falta de ejecución de más de 3.300 millones de euros en los últimos tres años presupuestarios, la devolución de los fondos europeos por la incapacidad de CC y el PP de gestionar en plazo y tener que aplicar recortes en el gasto público de más de 1.000 millones de euros, a partir de este año, por el incumplimiento de la regla de gasto en 2024 y 2025. 

“Hija de la crisis” de 2001 en Argentina, Natalia Zaracho (Buenos Aires, 1989) comenzó a trabajar con 12 años al quedarse en paro sus padres y separarse. Hija de una trabajadora doméstica y un trabajador de la industria, Zaracho creció en Villa Fiorito, a las afueras de la capital argentina, y conocida mundialmente por ser cuna de estrellas del fútbol como Diego Armando Maradona o Héctor Yazalde. La necesidad empujó a su familia a buscar en la basura para comer y después a hacer acopio de materiales reciclables para venderlos.

De cartonera a diputada es el título del libro que acaba de publicar en España con la editorial La independiente (coordinado por Cecilia Flachsland, Violeta Rosemberg y Nahuel Marchesin) y en el que recorre el camino de una joven de los barrios populares desde la precariedad y la informalidad del trabajo de cartonera al asociacionismo y el sindicalismo. Y de ahí al Congreso Nacional de Argentina de la mano del partido Patria Grande, la fuerza liderada por Juan Grabois, quien prologa el libro junto a la exlegisladora de Buenos Aires Ofelia Fernández.

Zaracho, que acudió a la presentación de su biografía en la Feria del Libro de Madrid con su remera de trabajadora, admite que le costó mucho reconocerse como trabajadora. Ya organizadas, las cartoneras conquistaron un sueldo, vacaciones, obra social, un local para hacer acopio de materiales... “Antes lo llevábamos a casa hasta que juntábamos una cantidad y lo vendíamos. Pudimos conseguir un lugar donde acopiar y sacar la basura de las casas, pero fue un proceso de años”.

Hoy las cartoneras argentinas poseen la cooperativa más grande de Latinoamérica y han logrado la aprobación de Argentina Recicla, una política de “fortalecimiento” de sus derechos laborales. Y ahora, su única representante en el Congreso está promoviendo la ley de envases, para tratar su coste ambiental y social. La diputada recuerda que fue uno de sus primeros proyectos en el Parlamento argentino y que “los lobbies de las grandes empresas como Coca Cola lo trabaron porque no quieren pagar”.

¿Por qué empieza a militar en Patria Grande?

Me sumo a Patria Grande porque llevaba nuestra agenda, la de “tierra, techo y trabajo”, y sentíamos que nos hablaba a nosotros. Soy parte del espacio de Juan Grabois, para quien una de sus prioridades era dar la discusión de la representación. Que los de abajo tengan voz. Cuando empecé a militar, estaba descontenta con la política. Imagínate vivir en un barrio que se inundaba cuando caían dos gotas y salir a trabajar a los 12 años de una forma muy informal.

En 2003, cuando asume Néstor [Kirchner], después con el gobierno de Cristina (2007-2015), el barrio se urbanizó, el riachuelo se entubó, hubo políticas públicas que empezaban a transformar la vida a la gente. La Asignación Universal por hijo, las jubilaciones de amas de casa... Así todo, creo que faltó la discusión del mundo del trabajo, de hablarle a los trabajadores informales.

Se estaba dando un momento de avance y estábamos quedando afuera. Juan Grabois tuvo mucho que ver. Así que me sumo a Patria Grande y me proponen ser candidata en 2019 y asumo en 2021 como diputada. En un momento de retroceso con Milei, es importante hablar de la representación, porque la vuelta de un gobierno neoliberal tiene que ver con no hablar de las cosas que faltaban, de lo que había que mejorar como la salud, la educación y que la dirigencia sea más parecida al pueblo.

¿Es difícil que esa pluralidad llegue a las instituciones?

Sí, porque están preparadas para determinadas clases sociales. Pero creo que hay una experiencia con dirigentes como Juan que lo ponen como una prioridad. Fui parte de ese proceso y no fue nada fácil. No era lo mismo proponer una cartonera que no había terminado el secundario que a un blanquito con título universitario. Tiene que ver con la antipolítica. La gente se da cuenta de que los políticos no los representan, que viven en un mundo muy alejado de la realidad. Y eso genera un descreimiento de la política.

No era lo mismo proponer una cartonera que no había terminado el secundario que a un blanquito con título universitario

Tenemos una compañera que estuvo al frente de políticas para urbanizar barrios populares, que tengan agua, luz, cloacas, plazas... Y se hizo porque había una villera pensando cómo hacerlo. Alguien que no vive en un barrio no va a entender las urgencias. Necesitamos más representación de los trabajadores informales, que somos la mayoría, de los docentes, de los médicos... Y estoy convencida de que si eso pasara, el Gobierno de Milei no podría avanzar tan fácilmente en el Congreso. Y tiene que ver también con un poder que no se ve, pero que gobierna también. Y que tensiona.

El poder económico...

El poder económico. Pasa en casi todos los países. Funciona con EEUU, condiciona con la deuda con el FMI... Y después estos países pierden la soberanía y la independencia económica. Terminan haciendo que repriman a los jubilados y que se recorte a la gente con discapacidad, a las universidades, a los hospitales... Eso es un modelo que ya hemos vivido. Y Milei nos quiere hacer creer que es algo nuevo. No, ya lo vivimos en los noventa, lo vivimos ahora y sabemos las consecuencias. Por eso el desafío es no solamente tener una estrategia electoral, sino una estrategia de gobierno para no fracasar como pasó con el Gobierno de Alberto [Fernández].

¿Cómo se lleva lo de ser oposición a una de las principales figuras de la internacional reaccionaria?

Confrontamos en todas las áreas. En Argentina tenemos que confrontar con los medios que responden a estos intereses. Hay que pensar una reforma judicial. Tenemos a la principal dirigente del campo nacional y popular presa —estos días se cumplió un año—, pero hace cuatro la quisieron matar. Y tiene que ver con un disciplinamiento para la dirigencia política que se opone. Necesitamos dirigentes con coraje, que sepan que no va a ser gratis, que te van a perseguir mediática y judicialmente, como a Cristina. La ultraderecha no ganó en todos lados. Es una disputa abierta. Hay países que resisten y el año que viene nos toca a nosotros —hay elecciones en Argentina y en España— ser motores fundamentales para volver a tener gobiernos populares. Ese es el desafío.

¿Qué debería incluir la reforma judicial?

Lo principal es que la gente los tiene que votar. En Argentina son cargos que se eligen políticamente y eso condiciona. Ahora está habiendo casos de corrupción en el Gobierno. Si eso pasase con un dirigente del peronismo te puedo asegurar que ya estaría preso. Y no pasa. ¿Por qué? Porque es un partido político. Si quiere jugar electoralmente, que se presente a elecciones, y estoy convencida de que necesitamos una reforma judicial para que la sociedad los vote, los vea y los conozca. Gozan de impunidad y a veces tienen más poder que los que gobiernan.

¿Qué ha sabido hacer bien Javier Milei para ganarse el voto en los barrios populares de Argentina?

Capitalizar el enojo que había de una parte de la sociedad que la estaba pasando mal. Este personaje viene gritando con una motosierra y captó un poco eso: a los pibes que el peronismo les quedó lejos. Por eso el desafío es ganar, pero gobernar bien también. Y pensar y escuchar a la gente. En campaña no ir a decir la propuesta, sino escuchar qué quiere la gente y desde ahí construir la alternativa. Milei captó eso y lo subestimamos mucho. No creíamos que un personaje como ese podía gobernar la Argentina.

Que gobierne la ultraderecha cuatro años deja consecuencias muy zarpadas. Y traigo esa preocupación porque escuchaba a sectores acá diciendo: “Tenemos que elegir lo menos malo”. Sería una falta de respeto venir a decir lo que tienen que hacer, pero sí les digo que no es lo mismo. Las políticas que está llevando adelante Milei, van a tener consecuencias muy difíciles de revertir. Estoy segura de que Milei va a perder el año que viene. Nos va a costar mucho reconstruir los sectores populares, pero la clase media está muy afectada. Hay un problema muy grande de vivienda, de alquileres, de sueldo, que está pisado y no coincide con lo que valen las cosas. Consecuencias de las que nos va a costar mucho salir. Por eso tenemos la responsabilidad de construir una alternativa superadora.

¿Tiene que hacer autocrítica la izquierda?

Yo creo que sí. En Argentina tenemos el peronismo, que no lo hay en otros países, que gobierna y es el único que puede hacer frente a estos gobiernos de ultraderecha. Por eso Cristina Fernández está presa. El peronismo transforma la vida de la gente, llega a los barrios, está siempre ahí. Y por eso creo que vamos a volver a gobernar. Pero sí, claramente hay que hacer críticas y hay que tener capacidad de sentarnos con otros sectores y pensar una estrategia de gobierno. Que el Estado llegue con capacidad de planificar y a tiempo, que no llegue tarde. Que la gente reconozca que los escuchamos, que podemos hacer algo. No solamente decir “Milei es malo” y ya está. Eso no alcanza. Tenemos que pensar cómo hacer para gobernar. Y gobernar bien.

En Argentina fue un fracaso decir "vamos todos juntos" sin un programa de fondo. Y eso llevó a que, cuando tuvimos que votar el acuerdo con el FMI, se rompiera

¿Qué lecciones cree que pueden extraer los partidos de izquierda españoles del peronismo y de esa unidad política?

No lo tengo claro. En Argentina fue un fracaso decir “vamos todos juntos” sin un programa de fondo. Y eso llevó a que, cuando tuvimos que votar el acuerdo con el FMI, se rompiera. Nosotros proponemos diez puntos de gobierno para que por lo menos tengamos un programa de consenso. Y no que nos estemos matando después en la primera discusión. Ahora, si solamente es una estrategia electoral, va a fracasar. Y lo decimos nosotros, que ya nos pasó con el gobierno de Alberto Fernández. Tu estrategia electoral no solamente puede decir “no, lo que propone está mal”.

¿Cómo ve la relación actual de Argentina con EEUU?

Lo veo muy mal. Vamos a esperar a noviembre. Ojalá pierda el presidente Trump [en las elecciones legislativas de mitad de mandato]. Creo que hoy lo está sosteniendo a Milei. Lo vimos en las elecciones en Argentina, en que lo sostuvo mandándole plata otra vez del FMI y pudo ganar. Porque jugaba con la estabilidad de un montón de familias que decían “mañana se va a ir todo a la mierda si pierde Milei”. Y fue una presión muy fuerte. Creo que si pierde cambia la etapa para un montón de países que están condicionados. Pero después depende mucho de nosotros también.

Dicen que bajan la pobreza, pero no lo vemos. Yo vivo en Villa Fiorito, un barrio popular. Y no tenés que ser economista para saber que si tu sueldo queda planchado y las cosas siguen aumentando, somos más pobres. Es imposible comer carne... ¡En el país de las vacas!

¿Son los argentinos más pobres desde que Milei gobierna?

Sí. Dicen que bajan la pobreza, pero no lo vemos. Yo vivo en Villa Fiorito, un barrio popular. Y no tenés que ser economista para saber que si tu sueldo queda planchado y las cosas siguen aumentando, somos más pobres. Es imposible comer carne... ¡En el país de las vacas! O tomar leche... Es una etapa muy difícil. Todo políticas de retroceso con un costo en la vida de la gente.

Y lo vemos en los números: cómo cae el consumo de la carne, el consumo general... y las familias están endeudadas. La gente se endeuda para comer, no para comprarse una casa, un auto o irse de vacaciones. Se endeuda para comprar en el supermercado o con aplicaciones de billeteras virtuales.

¿Se ha convertido tan rápido el Gobierno de Milei en la nueva casta de Argentina?

No se convirtió tan rápido, llegó siendo la casta. Porque con el acuerdo con Patricia Bullrich ya la tenía toda adentro. Los Caputo vienen de la casta, Sturzenegger viene de la casta. Son los mismos personajes clave en los peores gobiernos de la Argentina. Mirá, cuando a mí me tocaba ir a cartonear, Bullrich era ministra de Trabajo. No había nada nuevo. Un gobierno de casta que venía a decir que era lo nuevo y que el Estado no servía para nada.

Ahora el Estado sirve para generar leyes de blanqueo. “Inocencia fiscal” le pusieron. Se creen que cambiándole el nombre la gente no se va a dar cuenta de que es blanquear la plata de la corrupción, del narcotráfico. Cuando tuvimos sesión se lo dije, porque la avanzada de la droga en los barrios tiene que ver con este gobierno que libera la frontera, cómplice de los narcos. Esa plata que se blanquea no es de los colchones de los jubilados, es de la droga y la corrupción que hoy “no existe”. Están los pendrives de Adorni y la moneda cripto de Milei y de su hermana. Estoy convencida que van a ir presos porque la justicia en Argentina un día va para un lado y otro para otro. Y ya le va a llegar el momento.

¿Quiénes están siendo los más perjudicados por los recortes del gobierno?

Para mí los más perjudicados somos los que venimos de los sectores populares. Pero creo que los más perjudicados son los niños. Pibes que no pueden comer bien. No se van a desarrollar bien los que no tienen posibilidad de poder estudiar porque cuando los padres tienen que estar todo el día fuera de sus casas para trabajar, esos pibes los queda cuidando la comunidad, los vecinos.

Queda la comunidad...

Queda la comunidad y esa comunidad cada vez se está desintegrando más. Empieza a haber otro actor que son los que manejan el narcotráfico, que te organizan un día del niño o te terminan ayudando o son los mismos prestamistas que vos terminás siendo cómplice de un delito sin quererlo hacer, pero por una necesidad. Eso está pasando en Argentina y por eso nosotros estamos diciendo que va a costar mucho recuperar.

¿Sirven las movilizaciones contra gobiernos como el de Milei?

Sí, estoy convencida. Porque en Argentina tenemos una historia fuerte de organización, de lucha en las calles, de marchas potentes que claramente traban a este gobierno, que sabe que cuando el pueblo está organizado, se detienen. Sino sería mucho peor la avanzada. Como la última marcha universitaria. Si el pueblo está organizado, también es una fuerza para los dirigentes, para poder avanzar con políticas en beneficio del pueblo.

Ya para terminar, ¿qué consejo le daría a alguien en Argentina, en España o en otro lugar de Latinoamérica que lo esté pasando mal y que necesite dos o tres empleos y aun así puede que no llegue a fin de mes?

En Argentina vivimos etapas muy difíciles y peores que esta. De hecho, recientemente tuvimos la triste noticia que se fue una gran luchadora de Argentina como Taty Almeida. Tuvimos historias que nos demuestran que luchar sirve, que no hay que bajar los brazos, que hay que resistir, pero que hay que pelear con mucho coraje. Así que vamos a salir adelante. Vamos a volver a tener un gobierno que nos represente, que transforme la vida para que el pueblo sea feliz. Pero tenemos que ser parte. El mensaje que daría es que tenemos que comprometernos, que alejarnos y decir: “¿Son todos iguales?” Eso nos quieren hacer creer, pero solo beneficia a los que siempre estuvieron y que hacen mala política. Tenemos que participar en el lugar que sea. Que nos sintamos parte, cómodos, pero que participemos. Que estemos al lado de los que sufren, pero que no perdamos nunca la esperanza.

Hi ha una manera molt senzilla de fer desaparéixer un problema: deixar de mirar-lo. O millor encara, deixar de comptar-lo. És exactament això el que està fent el govern de María José Catalá amb les persones sense llar de la ciutat de València.

El recompte de persones sense llar no és una simple operació estadística. No és un tràmit burocràtic ni una activitat accessòria dels serveis socials. És una ferramenta imprescindible per a saber quantes persones viuen en situació de sensellarisme, quins són els seus perfils, quines necessitats tenen i com evoluciona un fenomen que representa una de les formes més extremes d’exclusió social. Sense dades no hi ha diagnòstic. Sense diagnòstic no hi ha planificació. I sense planificació només queda la improvisació o, pitjor encara, la indiferència.

València va començar a realitzar aquests recomptes l’any 2019 gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament, les entitats socials i la Universitat de València. Després van arribar les edicions de 2021 i 2023. S’havia consolidat una periodicitat biennal que permetia seguir l’evolució del fenomen i adaptar les polítiques públiques a la realitat.

Per això resulta tan greu la negativa de l’actual govern municipal a mantindre aquesta tasca. Quan des de Compromís vam proposar que l’Ajuntament assumira el recompte amb recursos propis davant els retards administratius del Ministeri, el PP i Vox van votar en contra. I ara, davant el nou recompte estatal previst per a octubre, directament es neguen a participar-hi.

L’excusa és tan feble que cau pel seu propi pes. Diuen que la càrrega de treball derivada del procés extraordinari de regularització ho impedeix. Però durant mesos el mateix govern municipal va repetir una vegada i una altra que aquest procediment no afectaria el funcionament ordinari dels serveis socials perquè existiria un equip específic destinat a gestionar-lo. En què quedem? O van faltar a la veritat aleshores o falten a la veritat ara.

La veritat és molt més senzilla: el PP no vol saber quantes persones sense llar hi ha a València. I encara menys que la ciutadania ho sàpia.

Des de 2023 hem assistit a una política sistemàtica de persecució de la pobresa. El projecte del llac al llit del Túria, les declaracions que vinculen exclusió i delinqüència, la prohibició de repartir aliments, les expulsions constants de persones que malvivien al riu o al Parc Central, les sancions i el desmantellament de recursos socials formen part d’una mateixa estratègia: apartar la pobresa dels llocs visibles.

Però la pobresa no desapareix perquè la desplaces.

Quan una persona és expulsada del llit del Túria no deixa de ser una persona sense llar. Quan es desallotja un assentament tampoc desapareix la vulnerabilitat. El que passa és que aquestes persones es veuen obligades a traslladar-se a altres espais, normalment més perifèrics, més invisibles i més precaris. Els assentaments continuen creixent. Les tendes de campanya continuen multiplicant-se. Les entitats socials continuen atenent més persones que mai. Només ha canviat una cosa: ara la pobresa està més lluny dels ulls de qui governa.

Això és el que realment tem el govern de Catalá. Que les dades demostren que, després de tres anys de propaganda, les seues polítiques no han resolt absolutament res. Que els problemes continuen ací. Que les persones expulsades del centre han reaparegut als marges. Que l’exclusió social augmenta mentre l’Ajuntament mira cap a un altre costat.

I tot això ocorre en una ciutat on cada vegada hi ha més persones treballadores que no poden accedir a un habitatge. Entitats com Càritas o Metges del Món alerten de l’aparició de nous perfils de pobresa vinculats directament a l’emergència residencial. Famílies amb ingressos, persones amb nòmina, gent que treballa i que, malgrat això, no pot pagar ni tan sols una habitació.

Davant aquesta realitat, Catalá continua negant-se a aplicar mesures per a frenar l’escalada dels lloguers. Té instruments per actuar, però prefereix no molestar els interessos especulatius. Perquè cada vegada que ha de triar entre defensar els interessos de la majoria social de València o seguir la línia marcada pel PP, tria el PP. Sempre.

La mateixa falta d’implicació s’ha vist en el procés de regularització. Les entitats socials van reclamar durant mesos una coordinació efectiva amb l’Ajuntament. La reunió va arribar quan només faltaven vint dies perquè acabara el termini. Una vegada més, tard i malament.

Però el més preocupant és el missatge de fons. Quan una administració renuncia a comptar les persones més vulnerables està prenent una decisió política. Diu que prefereix ignorar la realitat abans que afrontar-la. Està assumint que la seua prioritat no és solucionar els problemes sinó evitar que es vegen.

Per això el PP rebutja el recompte. No perquè siga impossible fer-lo. No perquè falten recursos. No perquè no siga útil. El rebutja perquè les dades tenen una virtut molt incòmoda: desmunten els relats.

I el relat del govern de Catalá s’ensorra quan la realitat entra en escena.

Les persones sense llar continuen existint. Els assentaments continuen creixent. Les entitats continuen alertant de l’agreujament de la situació. I mentre tot això passa, l’Ajuntament prefereix deixar de comptar.

Però una ciutat decent no abandona els seus ciutadans més vulnerables. I una democràcia madura no amaga la pobresa darrere d’un decorat. La combat amb dades, amb recursos, amb planificació i amb valentia política.

Tot el que no siga això és simple maquillatge urbà. I València mereix molt més que una alcaldessa obsessionada amb ocultar els problemes que és incapaç de resoldre.

El primer día de clase en las Facultades de Economía y Empresariales te explican que el objetivo de la economía es decidir qué uso dar a unos recursos escasos. Sin embargo, esta definición resulta insuficiente en el siglo XXI, porque el problema no es la escasez, sino el reparto de lo que producimos. Los datos hablan por sí solos: según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), alrededor de 700 millones de personas pasan hambre en el mundo (aproximadamente 1 de cada 10 personas), a la vez que el 32% de los alimentos se desperdician: 19% en los hogares, restauración y comercio minorista, al que hay que sumarle el 13% de pérdidas en etapas previas de la cadena alimenticia.

En este contexto, el foco de la economía no puede limitarse a producir más ni a seguir diariamente la evolución de los mercados financieros. Lo verdaderamente relevante es garantizar que nadie sufra carencias básicas en un momento histórico en el que los niveles de producción global no tienen parangón.

Una propuesta reciente para abordar este desafío se recoge en el Informe Global sobre Justicia: un Plan para la Igualdad y la Prosperidad dentro de los Límites Planetarios, elaborado por 45 investigadores del Laboratorio Mundial de la Desigualdad, impulsado por el economista Thomas Piketty. Sus autores lo presentan como “el primer intento de proponer un plan totalmente cuantificado” para afrontar de manera sistemática la desigualdad y la crisis ecológica.

El informe plantea que el primer paso para reducir el uso de recursos y transitar hacia un modelo basado en la suficiencia es repartir el trabajo, mediante la reducción de la jornada laboral en un 50% y la reorientación de la actividad productiva hacia la educación y la salud

El diagnóstico es contundente. El ingreso mensual promedio por habitante oscila entre 290 euros en África subsahariana y 4.590 euros en Norteamérica y Oceanía, una diferencia de 16 veces. Además, el 50% más pobre de la población mundial posee solo el 2% de la riqueza global, mientras que los multimillonarios concentran el 6,4%. Las desigualdades también se reflejan en el acceso a servicios esenciales y en la gobernanza global: instituciones como el Banco Mundial o el FMI otorgan a los países más ricos una representación muy superior a su peso demográfico. Todo ello ocurre en un escenario en el que, de mantenerse el modelo actual, la temperatura media del planeta podría aumentar 4 °C en 2100.

El informe plantea que el primer paso para reducir el uso de recursos y transitar hacia un modelo basado en la suficiencia es repartir el trabajo, mediante la reducción de la jornada laboral en un 50% y la reorientación de la actividad productiva hacia la educación y la salud. Estas medidas deben ir acompañadas de políticas que garanticen la igualdad de género en salarios, empleo y distribución de las tareas domésticas. Con ello se reduciría de forma significativa la extracción de recursos naturales, junto con dietas más ricas en vegetales, las previsiones de calentamiento podrían bajar a 1,8 °C en 2100.

Para financiar esta transición, los investigadores proponen crear un Fondo Global de Justicia, alimentado por un impuesto mundial sobre el patrimonio con tasas de hasta el 20% anual para los multimillonarios, y un impuesto global sobre la renta que podría alcanzar el 90% para los ingresos más altos, afectando al 1% más rico. Los recursos también nutrirían un Fondo Soberano Mundial, que acumularía activos equivalentes al 60% del PIB global para financiar proyectos de largo plazo y aumentar la participación pública en la economía internacional.

Los tres grandes retos a los que se enfrenta la humanidad son la crisis ambiental, la desigualdad como caldo de cultivo de las tensiones socioeconómicas y la polarización política

Estos dos fondos permitirían reducir drásticamente la brecha de ingresos: todas las personas alcanzarían un ingreso mensual per cápita de 5.000 euros hacia 2100. El 99% de la población mejoraría su bienestar gracias a mayores recursos materiales, más tiempo libre y una menor degradación ambiental. La mitad más pobre del planeta pasaría de poseer el 2% de la riqueza al 30%, mientras que la participación de los multimillonarios caería del 6,4% al 0,05%. Además, el gasto educativo alcanzaría los 8.400 euros por habitante y el sanitario los 14.400 euros en todos los países. En este sentido, Piketty señala que “un euro adicional del PIB destinado a educación y sanidad tiene entre tres y cuatro veces menos impacto ambiental y consumo energético que un euro adicional del PIB destinado al sector manufacturero”.

En definitiva, los tres grandes retos a los que se enfrenta la humanidad son la crisis ambiental, la desigualdad como caldo de cultivo de las tensiones socioeconómicas y la polarización política. Este informe muestra de una forma cuantitativa y concreta, la existencia de una solución técnicamente posible basada en la redistribución profunda de la riqueza, el poder y los recursos a escala internacional. ¿Es una utopía? Si, pero buena parte del mundo en el que vivimos hoy también lo fue alguna vez.

“Nos hallamos ante un hecho grave: el fallecimiento de un ciudadano en el interior de unas dependencias policiales”.

Así se expresa la Audiencia de Barcelona para ordenar un impulso a la investigación de la muerte de Mohamadou Diawara, el joven con problemas de salud mental que murió el 24 de julio de 2025 tiroteado por un policía local de Montornès del Vallès (Barcelona) tras entrar en comisaría con un cuchillo.

Los magistrados encargados de revisar las decisiones del juez de Granollers revocan su negativa a analizar los orificios de bala del cadáver del joven, tal y como pedía la familia. El auto de la instancia superior, al que ha tenido acceso elDiario.es, envía además un mensaje claro al instructor: tiene “una obligación ineludible de llevar a cabo una instrucción exhaustiva”.

El abogado de la madre del fallecido, Eduardo Cáliz, celebra la decisión de la Audiencia y confía que la resolución “permita avanzar a un conocimiento completo de la verdad y garantice las respuestas que la familia reclama desde el primer día”. “Los familiares solo quieren verdad, justicia y una investigación a la altura de las exigencias de un Estado de Derecho”, agrega el letrado.

La familia denunció en un reportaje en elDiario.es el maltrato institucional de un caso que asocian con el racismo y la falta de comprensión de los cuerpos policiales con los problemas de salud mental que sufría el joven. A ello se sumó la paralización de la causa durante meses, que impide enterrar el cadáver del joven.

Diawara, que tenía diagnosticado un trastorno mental, murió con 22 años de un tiro mortal disparado por un agente de la policía local de Montornès, tras entrar en la comisaría con un cuchillo e intentar atacar a otra agente. No hay grabación del momento exacto de los disparos porque la cámara que debería haber captado los hechos estaba estropeada.

La investigación judicial contó, a las pocas semanas, con una conclusión rotunda de los Mossos d'Esquadra. La policía catalana remarcó que los agentes de Montornès actuaron en legítima defensa y que los disparos fueron “un medio necesario y proporcional para evitar daños irreparables”.

El abogado de la familia de Diawara reclamó una diligencia más para investigar más el caso, toda vez que del instante de los disparos no se conserva ningún vídeo.

En concreto, la defensa solicitó un informe médico forense que determinara la distancia entre el orificio de entrada y salida de la bala y la perpendicular de ambas. Todo ello con el objetivo de determinar la posición exacta del joven fallecido en el momento del disparo. El dictamen, destacó la defensa, es de “escasa dificultad” y no demoraría la investigación.

El instructor rechazó la petición de la familia al considerar que no estaba argumentada “con el debido rigor técnico ni jurídico” ni se concretaba su “utilidad para incidir de manera relevante” en el caso o complementar los informes periciales ya emitidos.

En cambio, la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona sí considera pertinente el informe pericial solicitado por la familia. “Lo único que se solicita es que se tomen medidas de los orificios” de bala, zanja el tribunal.

La denegación realizada por el instructor, a juicio del tribunal que revisa sus decisiones, “genere una evidente indefensión” a la familia y vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, además de “privar a la causa de un elemento técnico para alcanzar la verdad material”.

Señalan los jueces que no pueden “ni deben” descartar ninguna de las dos versiones sobre los hechos ni “cerrar la puerta” a la realización de una prueba pericial para esclarecer “un extremo tan relevante para la causa” como es la posición del cuerpo del fallecido en el momento del disparo.

“La concreción de las mediciones balísticas solicitadas (distancias y perpendiculares entre los orificios de entrada y salida del proyecto) no constituye una petición superflua o dilatoria, sino una prueba pertinente”, concluyen los magistrados.

La familia del fallecido, incide su letrado, “solo ha pedido que se investiguen todas las circunstancias de la muerte de su hijo y que se lleve a cabo con la celeridad y dignidad que merece un caso como este”. “Lamentablemente, la instrucción ha sufrido retrasos continuos e injustificables”, apostilla Cáliz.

El tribunal recuerda la jurisprudencia europea y nacional que exige una investigación judicial “especialmente rigurosa, eficaz y capaz de determinar de manera indubitada si el uso de la fuerza fue necesario y proporcionado” en casos de muertes por el uso de la fuerza letal a manos de agentes de policía.

En suma, para los jueces la determinación científica de la posición “exacta” del cuerpo de Mohamadou Diawara en el momento de recibir el impacto de bala permitirá “reconstruir con objetividad la dinámica de los hechos y confirmar, o en su caso refutar, la versión ofrecida por el agente implicado”.

Francisco Martínez Peñaranda, de la asociación ultraconservadora Libertas, ha negado este martes en el Parlamento de Canarias la pobreza infantil y ha denigrado a las personas homosexuales, asegurando que aunque a los parlamentarios les parezcan “extravagantes” sus opiniones “la mejor opción” es que los menores “vivan con un papá y una mamá. Y, de hecho, así figura en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Martínez Peñaranda ha comparecido en la comisión sobre pobreza infantil precisamente obviando todos los datos e informes oficiales y arremetiendo contra el sistema de acogida de menores. Además, al final de su intervención incidió en el matrimonio igualitario, remarcando que cree “que nos olvidamos cuando se trata de la transmisión de la vida y todo el tema del matrimonio homosexual que no se discute lo suficiente.  Es la primera vez en la civilización humana en que estamos criando deliberadamente a niños sin madre o sin padre”.

Peñaranda remarcó que “no se está teniendo en cuenta algo muy importante. Y es que mucho antes de que el tema del matrimonio homosexual estuviera en la vanguardia del pensamiento cultural, hemos tenido décadas y décadas de datos sociológicos y estudios revisados por pares que nadie discutía  y que decía que los niños en general, y en su mayor parte  están mejor cuando son criados por un padre y una madre”.

Vox vuelve a demostrar así que se sitúa en contra de los avances LGTBIQ+ y que con su llegada a las instituciones democráticas se corre el riesgo de que se dé voz a discursos sin rigor y superados. Además de volver a poner el foco hacia los colectivos más vulnerables cuando se tratan asuntos de relevancia como es el caso de la pobreza infantil.

La intervención sobre la homosexualidad Martínez Peñaranda la realizó en el segundo turno sin réplica de los parlamentarios, pero sí bajo su mirada atónita y gestos de desaprobación.

Tras su primera intervención, la parlamentaria de Nueva Canarias Natalia Santana le recordó que existen numerosos informes y estudios que hablan de la pobreza infantil, desde el grupo nacionalista señalaron que “no hablan el mismo idioma” que el portavoz de esta asociación y la socialista Alicia Pérez le afeó la falta de propuestas.

Libertas se denomina como una asociación “en contra de la ideología de género y a favor de la libertad de enseñanza en la que los padres tengan voz y voto para educar a sus hijos”. Parte del discurso de Martínez Peñaranda también se destinó a atacar a la ministra Isbel Celáa que en realidad ha defendido el derecho a la educación de los menores frente al pin parental que proponen los conservadores como Vox y desde asociaciones como esta.

Pese al relato que ha tratado de hacer calar esta asociación, EAPN Canarias ya ha alertado de que el 40,2 % de los niños, niñas y adolescentes de Canarias vive en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone más de 90.000 menores cuya infancia está condicionada por la precariedad. “Crecer en un hogar con ingresos insuficientes o en condiciones de precariedad implica mayores dificultades en ámbitos clave como la salud, la educación, el bienestar emocional o el acceso a oportunidades futuras”.

Si la educación y la sanidad son dos pilares del estado del bienestar, y la sociedad española asume que deben estar garantizados para todos los ciudadanos, ¿por qué no sucede lo mismo con la alimentación? Con unos niveles de pobreza que impiden a cientos de miles de personas el acceso a una dieta saludable, ¿deben ir las administraciones más allá de las tarjetas monedero y las ayudas de entidades sociales? 

Estas son algunas de las ideas detrás de la primera iniciativa en España para promover una prestación universal alimentaria. El informe Aproximación macroeconómica a la Seguridad Social de la Alimentación en el Estado español, presentado este martes, plantea una ayuda de 150 euros al mes para toda la ciudadanía (75 euros para los menores de 25 años dependientes) para costear productos de frescos, de temporada y de proximidad. 

La propuesta nace de la cooperativa catalana El Pa Sencer, vinculada a la agricultura ecológica y la economía solidaria, y el estudio económico lo elabora el Seminari d’Economia Crítica Taifa. “El derecho a una alimentación saludable y suficiente debe ser considerado como un elemento político de justicia”, defiende Francisco Navarro, profesor de Economía en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y uno de los autores del informe. 

A lo largo de los últimos años, países como Bélgica y sobre todo Francia han debatido sobre modelos parecidos. Sobre todo en el país galo, donde se llegó a tramitar en la Asamblea Nacional, a raíz de la propuesta de un diputado ecologista, una ley para permitir proyectos piloto en el territorio sobre una Seguridad Social de la Alimentación (SSA). 

Una de las ciudades donde se está haciendo la prueba es en Montpellier, a través de una Caja Alimentaria Común. Con unas 300 personas desde sus inicios en 2023, el sistema funciona con cotizaciones (en función de los ingresos) que derivan en una prestación que los beneficiarios pueden gastar en determinados comercios alimentarios. Esos locales los selecciona una suerte de consejo ciudadano. 

“En Francia se ha debatido un modelo como el de la Seguridad Social, que funciona a partir de contribuciones, mientras que en España podrían ser a través de los presupuestos generales del Estado, igual que la educación”, sostiene Navarro. 

Con la propuesta de los 150 euros al mes, la más ambiciosa dentro de una serie de escenarios que analiza el estudio, el coste para las arcas públicas sería de 76.800 millones de euros, un 4,7% del PIB. Superior al gasto educativo e inferior al de sanidad. 

Los autores del informe estiman que una parte de ese presupuesto alimentario saldría de una mayor recaudación neta, de unos 13.300 millones, debido al impulso económico a sectores como el primario, con la generación de unos 443.000 nuevos puestos de trabajo. El resto se cubriría mediante impuestos, para lo que el estudio plantea una serie de propuestas “orientativas” que incluyen el IRPF y el aumento de la recaudación de las rentas del capital, los impuestos de Sociedades y Patrimonio, o la eliminación de tipos reducidos en el IVA de productos no esenciales. 

“Es una medida muy potente y es necesario estudiar cómo se pagaría, pero estamos hablando de alimentación, mientras que la OTAN plantea llegar al 5% de gasto militar en 2035 y aquí nadie se plantea cómo se costearía”, compara Navarro. 

Más allá de la prestación de 150 euros, calculada para acercarse al 80% del gasto medio por persona en alimentación en el hogar, el objetivo de esta política pública persigue eliminar la pobreza alimentaria y transformar el modelo económico y agrario relacionado con nuestra cesta de la compra. “El modelo actual es ampliamente ineficiente, insostenible social y ecológicamente, y desarticula el territorio porque ayuda a la despoblación”, señala Navarro. “Necesitamos una política que unifique las transiciones hacia el modelo contrario”. 

La renta alimentaria estaría diseñada, según su propuesta, para consumir solo en establecimientos o productos que sean de proximidad, saludables o incluso ecológicos. Esto, añaden, se podría debatir en consejos ciudadanos o territoriales, y no debería excluir las importaciones necesariamente. De esta forma, ganaría peso un modelo agrario con menos emisiones de CO2 y menos costes de salud asociados.

Todo sigue igual o muy parecido para el archipiélago y sus trabajadores. El Instituto Nacional de Estadística (INE), según datos recogidos en su Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) más reciente, la de enero-marzo de 2026 conocida este martes, mantiene a Canarias en la penúltima posición, solo por delante de Extremadura, en la clasificación por comunidades autónomas españolas sobre salarios líquidos o netos medios percibidos al mes (por 12 meses) por el trabajador, el llamado coste salarial de la empresa. Este es siempre menor que el coste laboral, que incluye las cotizaciones a la Seguridad Social y otras aportaciones tributarias, por ejemplo, las retenciones del impuesto de la renta (salario bruto).

Canarias paga a sus trabajadores un promedio de salario líquido de 1.952,5 euros al mes, el 81,2% de la media nacional, en 2.403,8 euros y 452 euros por encima del umbral reconocido para las islas, el mismo que otorga a Canarias el penúltimo lugar en la tabla de comunidades autónomas, como así también fuera en el último trimestre de 2025. Nada ha cambiado, por ahora.

Ese registro isleño, que es el penúltimo en el ranking por autonomías, quizá esté demasiado lejos del nivel máximo, logrado por la Comunidad de Madrid, con 3.033,1 euros al mes, e incluso del de Illes Balears, por encima de la media nacional con 2.420,4 euros.

Extremadura y Canarias se mantienen a la cola según los resultados de la medición de ese parámetro, que se traduce en el disponible que maneja el trabajador de su salario bruto. El archipiélago canario es la segunda peor región que paga a sus empleados, siempre en término medio; la segunda donde más barato resulta para el empresario la contratación de un trabajador, con un coste laboral medio de 2.716 euros al mes, solo algo mayor que el extremeño, y donde más barato es el coste de la hora efectiva de trabajo, con 14,7 euros.

Pese a esos resultados tan poco halagüeños según la comparativa autonómica, el coste salarial o la nómina ingresada al trabajador en Canarias, en término medio, ha subido en un año el 4,3% (dato interanual), un aumento relativo que es menor que el definido para toda España, en el 4,9%.

Desde el primer trimestre de 2020 (valor base 100) hasta el actual, el de 2026, el coste salarial se ha incrementado en las islas el 35,3%, siempre atendiendo a los registros servidos este martes por el INE. Esa es una subida superior a la media nacional, en el 26,3%.

Coste laboral de la empresa en Canarias

En lo que respecta al coste laboral de las empresas (el pago total de la empresa por un contrato de trabajo), hay que destacar que aumentó el 4,9% en el primer trimestre de 2026 en relación con el mismo periodo del año anterior en España, media país. Se situó en 3.278 euros por trabajador y mes. El coste salarial también creció en el último año al mismo ritmo, el 4,9%.

Según los resultados corregidos de calendario y desestacionalizados, el coste laboral por trabajador se incrementó algo menos, el 4,5% en tasa anual, por el 1,4% en tasa trimestral, también para todo el país. El coste salarial anual subió el 4,9% como media española, hasta 2.403,80 euros al mes, mientras que los otros costes empresariales de la contratación lo hicieron el 4,8%. Las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, principal componente del epígrafe de otros costes, se elevaron el 4,5%.

Por comunidades autónomas, Cantabria, País Vasco y Cataluña presentaron los mayores aumentos del coste laboral (el total de las empresas) este primer trimestre del año en tasa anual, mientras que Principado de Asturias, Illes Balears y Andalucía tuvieron los menores incrementos.

La ETCL tiene como objetivo esencial conocer la evolución del coste laboral medio por trabajador y mes, del coste laboral medio por hora efectiva de trabajo y del tiempo trabajado y no trabajado.

Además, es la fuente de información clave para la elaboración del Índice de Coste Laboral Armonizado, que forma parte de los euroindicadores de la Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat).

Dedicar más del 30% o más del 50% del sueldo al alquiler aumenta la probabilidad de tener problemas de salud mental entre los jóvenes, así como una escasa o nula capacidad de ahorro o compartir piso. Un nuevo informe del Consejo de la Juventud de España, Fad Juventud y Oxfam muestra que los jóvenes afectados por la crisis de vivienda, que son mayoría, tienen una salud mental más delicada.

El estudio recuerda que el acceso a la vivienda afecta directamente al 45% de la población y más concretamente al 62,7% de la población joven y pregunta por su salud mental a personas con distintas relaciones con la problemática de la vivienda. El resultado es claro. “El contexto socioeconómico de las personas jóvenes está claramente correlacionado con peores datos de salud mental”, dice Anna Sanmartín, directora de investigación de Fad Juventud, que pide soluciones “que atiendan a problemas socioeconómicos como forma de prevención”. Entre ellos, abordar la precariedad y la pobreza y garantizar el derecho a la vivienda.

En las personas de entre 16 y 34 años, tan solo un 29,3% declaran tener una salud mental mala o regular entre quienes dedican menos del 30% de sus ingresos a la vivienda. Esa cifra aumenta al 32.5% de quienes destinan entre un 30 y un 50% y se dispara al 46,7% entre quienes dedican más del 50% de sus ingresos al alquiler. Teniendo en cuenta que el 85% de las personas que viven de alquiler dedican más del 30% al pago de la vivienda y una de cada tres supera el 50%, las probabilidades de que la precariedad en el acceso de la vivienda afecten a la salud mental de un joven son muy elevadas.

El estudio pregunta también entre las personas que se sienten y las que no se sienten afectadas por la crisis de la vivienda y separa los resultados en dos franjas de edad. Así, más de la mitad de las personas de entre 16 y 24 años que se ven bastante o muy afectadas por la crisis de vivienda (un 54,1%) declaran tener una salud mental mala o regular, cifra que disminuye al 43% entre los jóvenes de esa edad que no se ven afectadas por la crisis de la vivienda. La sensación de soledad no deseada también se dispara entre las personas con peores condiciones económicas.

Las personas de entre 25 y 34 años tienen en general menos problemas de salud mental según la encuesta, pero aún y así siguen afectando más a quienes se ven afectados por la crisis de vivienda, pues un 41% de ellos tiene una salud mental mala o regular por un 32% entre quienes no se ven afectados por la accesibilidad.

Los problemas de salud mental son también mayores entre las personas que comparten piso. Un 49% de ellas declaran tener una mala o regular salud mental, por un 39% entre quienes aún viven con sus padres y un 34,3% entre quienes afrontan por sí solas un alquiler.

También las personas que llegan justas a final de mes tienen más problemas de salud mental que aquellas que ahorran. Concretamente, un 60% de las personas que llegan justas entre los 16 y los 24 años dicen tener una salud mental mala o regular, por un 47% entre quienes consiguen ahorrar a esa edad, una proporción aún elevada, pero mucho menor que quienes tienen problemas económicos.

Es similar la comparativa que realizan sobre los jóvenes en función de sus restricciones materiales. Mientras que un 66% de los jóvenes de entre 16 y 24 y un 78% de los 25 a los 34 sin restricciones materiales dicen tener buena salud mental, esa cifra cae en picado, al 45,5 y al 56,6%, respectivamente, entre quienes sufren restricciones materiales severas.

El estudio señala también cómo la proporción de personas viviendo de alquiler ha crecido en los últimos años en comparación con los propietarios, algo que se dispara entre los jóvenes. Si el 65% de las personas jóvenes nacidas entre 1975-1979 eran propietarias a los 25-29 años, son solo un 35% entre los nacidos entre 1995-1999, a la misma edad. El alquiler superó a la propiedad como forma más habitual de acceso a la vivienda en 2014 y se ha agrandado la brecha en los últimos años.

Las personas jóvenes, de países extranjeros y de rentas bajas son las que más distancia experimentan entre propietarios e inquilinos, si bien también entre el quintil del 20% de hogares más ricos ambas modalidades se han igualado en los últimos dos años.

El esfuerzo económico medio de un hogar joven se ha mantenido en los últimos diez años de manera sostenida entre el 40 y el 50% de la renta disponible y se dispara al 60% en los hogares unipersonales jóvenes.

Los elevados precios han hecho también que desciendan las tasas de emancipación en todas las franjas de edad jóvenes. El alquiler promedio de un piso se come el 98,7% del sueldo de un joven y eso empuja a la tasa de emancipación juvenil a mínimos históricos: solo un 14,5% de los jóvenes menores de 29 consiguieron emanciparse en 2025, según otro estudio reciente del Consejo de Juventud de España.

"Para que este tiempo cumpla verdaderamente su función reparadora conviene buscar el equilibrio. No se trata de llenar cada día de actividades ni de convertir el verano en otra agenda agotadora. Los más pequeños también necesitan aburrirse, descansar y disponer de tiempo libre para crear sus propios juegos e iniciativas"

Todos los artículos de Raquel Plaza Garro

Las vacaciones no son únicamente una pausa en el calendario escolar. Para la infancia representan una oportunidad de descanso, juego, convivencia y crecimiento personal. Sin embargo, para que todos los niños y niñas puedan disfrutar plenamente de ese tiempo, es necesario garantizar también sus derechos más básicos, especialmente cuando la desigualdad y la pobreza siguen marcando la vida de demasiadas familias.

Quienes hemos dedicado nuestra vida a la educación sabemos bien que el desarrollo de un niño no depende únicamente de los contenidos escolares ni de los resultados académicos. La población infantil necesita tiempo para aprender, pero también para descansar, jugar, convivir, imaginar y sentirse emocionalmente seguros. Por eso, el descanso vacacional no es un lujo ni un tiempo vacío: forma parte esencial de su crecimiento integral.

Al igual que los adultos, los menores acumulan cansancio físico y emocional durante el curso escolar. Las prisas, los horarios, las exigencias académicas y la sobreestimulación terminan afectando a su equilibrio. Las vacaciones permiten detener ese ritmo y recuperar aspectos fundamentales de la infancia que, en ocasiones, quedan relegados durante el año.

Este período de descanso aporta importantes beneficios al desarrollo infantil. Reduce el estrés y la ansiedad acumulados, favorece el bienestar emocional y ayuda al cerebro a consolidar los aprendizajes adquiridos.

Asimismo, el juego libre, el contacto con nuevos entornos y las experiencias diferentes estimulan la creatividad, la curiosidad y la plasticidad neuronal. También favorecen la autonomía y la autoestima: aprender a nadar, montar en bicicleta, participar en tareas sencillas o relacionarse en espacios distintos ayuda a desarrollar confianza y habilidades sociales. El contacto con la naturaleza, tan necesario hoy en día, despierta además el respeto por el entorno y el deseo de explorar el mundo desde la experiencia directa.

El verano ofrece, además, algo especialmente valioso: tiempo para fortalecer los vínculos familiares

El verano ofrece, además, algo especialmente valioso: tiempo para fortalecer los vínculos familiares. Compartir conversaciones sin prisas, comidas, paseos o pequeños momentos cotidianos contribuye enormemente a la seguridad afectiva de los niños. Muchas veces, los recuerdos más felices de la infancia nacen precisamente de esa sencillez.

Sin embargo, para que este tiempo cumpla verdaderamente su función reparadora conviene buscar el equilibrio. No se trata de llenar cada día de actividades ni de convertir el verano en otra agenda agotadora. Los más pequeños también necesitan aburrirse, descansar y disponer de tiempo libre para crear sus propios juegos e iniciativas.

A los padres y madres les ayuda flexibilizar expectativas y evitar la presión de unas vacaciones 'perfectas'. Mantener ciertos horarios básicos de descanso y alimentación, planificar algunas actividades sencillas, limitar el exceso de pantallas y reservar momentos tranquilos suele favorecer una convivencia más serena. Viajar o descansar con niños implica aceptar otro ritmo y comprender que la tranquilidad familiar vale más que cualquier planificación rígida.

No obstante, existe una realidad que se repite cada verano y que no podemos ignorar: la pobreza infantil no se detiene cuando finaliza el curso escolar; en muchos casos se hace más visible y más dura. Para demasiados niños y niñas, las vacaciones no significan descanso ni disfrute, sino la pérdida de apoyos básicos, entre ellos algo tan esencial como una alimentación adecuada y equilibrada.

Diversos informes sobre infancia vienen alertando de que España continúa registrando una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de la Unión Europea. Esta situación afecta a millones de menores y se hace especialmente evidente durante los meses de verano, cuando desaparecen algunos recursos y apoyos vinculados a la escuela.

Por ello, los comedores escolares de verano y los programas de apoyo alimentario no pueden considerarse medidas excepcionales o meramente asistenciales, sino un derecho básico de la infancia que debe garantizarse de forma estable allí donde sea necesario. Ningún niño debería depender de la situación económica de su familia para acceder a una comida diaria digna durante los meses estivales.

Los servicios sociales, las administraciones públicas y las políticas de infancia tienen la responsabilidad de asegurar que el bienestar no se interrumpa cuando termina el calendario escolar

Los servicios sociales, las administraciones públicas y las políticas de infancia tienen la responsabilidad de asegurar que el bienestar no se interrumpa cuando termina el calendario escolar. No se trata de ayuda puntual, sino de justicia social.

A menudo se idealiza el verano como un tiempo de felicidad continua y grandes posibilidades, pero la realidad de muchos hogares es mucho más compleja. Hay familias preocupadas por afrontar los gastos básicos de alimentación, organizar el cuidado de los hijos mientras trabajan o proporcionar estabilidad emocional cuando los recursos son insuficientes.

Por eso es importante no añadir más culpa ni más exigencia a las familias. Los menores no necesitan grandes lujos para sentirse felices. Necesitan afecto, seguridad, atención y tiempo compartido. Un paseo, una conversación tranquila, una comida en familia o simplemente sentirse escuchados puede tener un enorme valor emocional.

En este contexto, los derechos sociales y los derechos de la infancia resultan fundamentales. Garantizar la conciliación laboral, los comedores escolares de verano, las actividades accesibles, los espacios seguros y el apoyo a las familias debería constituir una prioridad colectiva y no un privilegio reservado a unos pocos.

Porque hablar de infancia es hablar de igualdad de oportunidades desde el primer día de vida. Y esa igualdad comienza, de forma muy concreta, en algo tan esencial como poder comer bien cada día del año.

Porque descansar también educa. Educa en el equilibrio, en la convivencia, en la salud emocional y en la importancia de los vínculos humanos. Y ningún niño, ninguna niña, debería vivir sus vacaciones desde la desigualdad, la carencia o la soledad.