El último informe sobre el estado de la pobreza en Canarias dibuja que los datos desde la pandemia se han enquistado, según advirtió el vicepresidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Canarias) Fernando Rodríguez en el Parlamento. Los expertos coinciden en que dicho estancamiento de la tasa AROPE en Canarias ( 31,2%), el aumento de la pobreza infantil (con una tasa del 41,1%) y las dificultades para afrontar los gastos de vivienda ya nos alertan de la necesidad de tomar medidas urgentes y de que las elecciones del 29 de noviembre serán claves en este sentido.

“Evidentemente en las elecciones vamos a tener como tema central la vivienda”, dijo el vicepresidente de EAPN, que añadió que durante esta precampaña están emergiendo otra serie de cuestiones como las pensiones. La Red pidió un gran pacto de lucha contra la pobreza y mayor coordinación interadministrativa.

El informe refleja otras claves como que más de la mitad (53%) de la población canaria tiene dificultades para llegar a fin de mes: más de 1.233.000 de personas. Además, el 49,9% no puede afrontar un gasto imprevisto.

De hecho, otro dato que refleja EAPN como uno de los más significativos es la desigualdad de renta, pues la renta media por persona en Canarias es de 1.185 euros al mes, es decir, 117 euros menos que la renta media estatal.

Pero si hay una conclusión relevante es que la vivienda constituye uno de los principales factores de empobrecimiento en Canarias. El 45,4% de quienes viven de alquiler a precio de mercado está en riesgo de pobreza o exclusión social. Además, unas 293.000 personas tienen retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca y la carencia material y social severa alcanza al 18,3 % de este colectivo.

Otro dato que se resalta es que en el 5,1% de la población general y el 16,9% de las personas en situación de pobreza dedican un porcentaje elevado a la vivienda (igual o superior al 40 % de su renta disponible).

Entre los factores que han agravado la situación apunta a que el precio de compraventa de la vivienda en 2025 fue un 74,5 % superior al registrado en 2015. En 2008, la cuota hipotecaria media (664 euros) superaba al alquiler medio (539 euros), mientras que ahora se han invertido las tornas: el pago medio por alquiler alcanzó los 588 euros mensuales, por lo que sitúa 90 euros por encima de la cuota hipotecaria media (498 euros).

Otra cuestión en la que incide es en la pobreza energética. El 11,1% sufrió retrasos en el pago de recibos de luz, agua o gas y el 18,9 % de los residentes en las islas manifiesta no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos (frente al 15,9% que se registra en el ámbito estatal).

Una propuesta rechazada por CC, PP y Vox

Precisamente, en estos datos ahondó esta semana en el Parlamento de Canarias la diputada Elena Máñez, que incidió en que muchas familias se enfrentan a retrasos en el pago del alquiler por no poder hacer frente a las subidas de precios y tienen que elegir, recordó, entre pagar la vivienda y otras cuestiones básicas.

Por ello, planteó que se desarrolle el complemento  de vivienda que recoge la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, pero que después de tres años en el Gobierno, CC y PP no lo han puesto en marcha.

La iniciativa de Máñez, que instaba a que se abonara el pago de ese complemento este año, fue rechazada por Coalición Canaria, PP, Vox, además de AHI y ASG. Los grupos que sustentan el Gobierno de Canarias presentaron enmiendas para itinerarios de inclusión social y laboral entre otras cuestiones.

“Los itinerarios de inclusión no sustituyen a la renta canaria. Hay muchas personas con empleo que entran en pobreza cuando pagan el alquiler, por tanto, eso no sustituye igual que el resto de políticas de vivienda no sustituye que se ponga en marcha el complemento. La Ley hay que cumplirla, era ahora sí o sí, pues es el último presupuesto de la legislatura”, apuntó Elena Máñez.

La edición 2026 de los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE), enmarcados en el proyecto europeo Urban Audit sobre las condiciones de vida en las ciudades de la Unión Europea, incluye un año más al Polígono Sur y a Los Pajaritos como los dos barrios de menor renta neta media anual por habitante de toda España, si bien este último le ha arrebatado ese liderazgo. De nuevo, un total de seis barrios de la capital andaluza se hallan entre los 15 con menor renta neta media anual por persona del conjunto del país.

Según dicho estudio estadístico, consultado por Europa Press y relativo a las ciudades españolas de más de 250.000 habitantes, Los Pajaritos-Amate tiene un renta neta media anual por habitante de 7.688 euros por persona frente a los 7.941 del Polígono Sur; le sigue el barrio de Juan XXIII de Alicante con 8.065 euros por personas.

Tales conclusiones derivan, según precisa el Instituto Nacional de Estadística, de datos cosechados respecto a 2025 en todas las ciudades de más de 250.000 habitantes.

Así, en el apartado de 'barrios con mayor y menor renta' del citado estudio estadístico, el INE indica que las rentas más bajas se localizaron en Sevilla, en los citados barrios. Torreblanca aparece en sexto lugar, con 9.418 euros; el entorno de Las Tres Mil Viviendas y La Oliva solo un escalón por debajo (9.589); la zona del Cerezo y Barzola en décimo puesto (10.183) y Palmete-Rochelambert (10.490) el número 14 de dicho listado.

Por el contrario, el barrio de El Viso, en Madrid, registró la mayor renta neta media anual por habitante, con 49.654 euros, seguido de Recoletos (46.207). No en vano, cuatro de los cinco barrios con más poder adquisitivo se concentran en la capital de España. En esos puestos se cuela Pedralbes, en Barcelona, que ocupa el cuarto lugar merced a los 43.614 euros de renta media por habitante.

En cuanto a los distritos, en Sevilla capital la brecha se acentúa si comparamos el de Bellavista-La Palmera-Cerro, que refleja 22.764 euros con los 52.941 euros contabilizados en el Casco Antiguo.

En medio de una vida cotidiana sometida a penurias para gran parte de los argentinos, Javier Milei viaja por el mundo pregonando sus supuestos logros económicos. Unos logros que, según los datos oficiales, resultan falsos o cuando menos tergiversados. En concreto, el presidente ultraderechista pone el foco en la pobreza: dice haber “sacado a un cuarto de los argentinos” de las privaciones. Pero ni él mismo se pone de acuerdo con las cifras. Con diferencia de días, ha dicho que quienes salieron de la pobreza fueron 10, 13 o 15 millones. Las estadísticas y los análisis de consultoras, sin embargo, lo desmienten.

De visita en España, Milei ha desplegado un nuevo discurso en esta línea en su intervención en el desayuno Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo. “En los últimos años España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”. Además de atacar al presidente Pedro Sánchez en plena campaña electoral, el libertario se jactó del supuesto “milagro argentino”.

Sin embargo, un repaso de los datos de estos casi tres años de Gobierno contradice su relato. El ultraderechista asumió el 10 de diciembre de 2023. Al cierre de ese año, la pobreza informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) señalaba que el 41,7% de los argentinos eran pobres. En Argentina, la pobreza se mide por ingresos de los hogares, con una canasta básica más exigente que en el resto de los países de América Latina.

En el tramo final del gobierno peronista de centroizquierda de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, la inflación trepó por encima de 10% mensual, entre otros motivos, porque la promesa de Milei de dolarizar la economía y “hacer volar el Banco Central” disparó la desconfianza masiva en la moneda local, el peso.

Cuando Milei se hizo cargo del gobierno, aplicó una devaluación del 54%, una de las mayores de la historia del país. Como consecuencia de ello, la inflación trepó al 25% en diciembre de 2023 y al 20% en enero de 2024. La pobreza se disparó al 57%. Ese ascenso, del orden de los 15 puntos porcentuales, Milei se lo endilga al peronismo.

Con el relativo control de la inflación, hasta estabilizarse en torno a 2% mensual desde 2025, la pobreza comenzó a descender desde aquel pico. El INDEC la cifró en el 28,2% en el segundo semestre de 2025 y el 32,3% en el primer semestre de 2026. Incluso la cifra actual, del 32,3%, ha sido matizada por economistas y académicos de universidades públicas y privadas.

Dudas en los números

Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) cuestiona la cifra oficial y afirma a elDiario.es que “en el primer semestre de este año la pobreza vuelve a aumentar, con un agravante: si se la midiera por trimestres, el segundo trimestre de este año da alrededor del 34%. El gobierno de Milei ha hecho un abuso metodológico del indicador del INDEC; incluso no implementó una serie de modificaciones metodológicas acordadas con el FMI”.

Desde fines de 2023, el organismo estadístico cambió algunas preguntas para obtener un mejor registro de los ingresos familiares, y ello significó que los sectores más pobres incluyeran ayudas sociales, que antes no se computaban. Voces expertas señalan que la cesta básica con la que se mide la pobreza está desactualizada y subestima el coste real de la vida. La canasta se diseña en base a una encuesta de consumos de 2004/2005, lo que deja fuera cambios profundos en la estructura de gastos de los hogares, como el aumentos en los servicios de luz, agua, internet y transporte.

Otra anomalía siembra dudas sobre los números que reivindica Milei: el ingreso de los trabajadores informales. Con el ultraderechista como inquilino de la Casa Rosada se han perdido unos 370.000 empleos registrados, según el estatal Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El dato más dramático es que unos 5,8 millones de personas endeudadas están en mora por más de 90 días y con tasas de interés impagables

Ese descenso en el empleo de mayor calidad y salario tuvo su contracara en más puestos de trabajo informales, una tendencia que los ultraderechistas argentinos celebran como un símbolo de dinamismo de la economía. El INDEC registra, desde que asumió Milei, una pérdida del salario real en el segmento formal del mercado de trabajo, que llega al 30% entre los trabajadores del Estado nacional y los docentes universitarios.

En cambio, los trabajadores que no gozan de ninguna protección laboral —repartidores, conductores de apps como Uber, vendedores callejeros, recicladores de basura, cuentapropistas de oficios de baja calificación— supuestamente mejoraron sus ingresos 25% en términos reales, un porcentaje que despierta enormes dudas entre los analistas y contrasta con una caída del consumo en el comercio masivo y los supermercados hasta niveles inferiores a la pandemia.

20 millones de argentinos, endeudados

“Haciendo dos correcciones, una de los ingresos, asociándolos al salario mínimo como sucedía antes de que asumiera Milei, y corrigiendo las canastas, nosotros desde el CEPA calculamos que el nivel de pobreza es similar a la etapa previa a la llegada de Milei, del 41%. Dicho de otro modo, no sacó a nadie de la pobreza”.

A esto se suma que unos 20 millones de argentinos, es decir, casi la mitad de la población, están endeudados. El dato más dramático es que unos 5,8 millones de personas con deuda están en mora por más de 90 días y con tasas de interés impagables, la mayoría con tarjetas bancarias, monederos electrónicos y préstamos personales.

“Esto es muy gracioso, pueden llegar a escuchar en las noticias argentinas que la gente está endeudada”, ha dicho con tono burlón Milei en España, días después de haberse mofado de los argentinos que no llegan a fin de mes. “La idea de que la gente no llega a fin de mes es una pelotudez que impulsó el kirchnerismo. La frase suena linda y es una tontería del tamaño de una casa. Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”, se preguntó recientemente en otro foro económico, con el rostro visiblemente desencajado.

Menos crecimiento del previsto

“Si reelegimos, los cuatro años siguientes serán inolvidables para Argentina. En tan solo tres años, gracias al trabajo de esta gestión, a nuestro compromiso con las ideas de la libertad y a la decisión política que nos ordenan a todos, logramos poner a la Argentina frente a las puertas de su nuevo Gran Renacimiento”, ha dicho Milei durante su visita a Madrid.

Pero precisamente en las últimas semanas se conocieron varios datos de la economía argentina que dibujan un panorama diferente, con una situación socioeconómica deteriorada y con previsiones a la baja del Fondo Monetario Internacional. Por un lado, el PBI se contrajo en el segundo trimestre (-0,6%), algo que no sucedía desde mediados del 2024 y que los analistas relacionan con la recesión en sectores como la industria y el comercio. Mientras sectores primarios y exportadores (como minería, energía y agro) muestran dinamismo, la industria manufacturera, el comercio y el consumo masivo sufren caídas interanuales y provocan el cierre de empresas.

En este contexto, el FMI ha modificado este mismo mes sus previsiones para Argentina en su informe Perspectivas de la Economía Mundial. Tras haber pronosticado en abril y julio un 3,5% de subida del PBI argentino para 2026, ahora rebaja ese guarismo al 2,1%. También reduce en medio punto el crecimiento esperado para 2027 y lo fija en un 3,5%.

Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma más pobre de España. Es un dato demoledor que ahora estrechamente ligado a la vivienda. Así lo desveló el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN): el coste de la vivienda es un “factor clave que agrava la pobreza”. Pero hay muchos más. La excesiva burocracia en la tramitación de las ayudas, las dificultades para acceder a un empleo, el racismo, la discriminación y la soledad no deseada son solo algunos.

De todos ellos han hablado hoy quienes sufren estas situaciones en el acto institucional con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, celebrado las Cortes de Castilla-La Mancha, organizado junto a la Red Europea de lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM).

Han tomado la palabra seis personas de los grupos de participación de esta entidad social. Son espacios formados por personas con experiencia propia en situaciones de pobreza o exclusión social, permitiéndoles ser protagonistas y participar de forma activa en el diseño, evaluación e incidencia de las políticas públicas.

Hoy, han alzado la voz para desgranar las propuestas que desde esta red se han elaborado y que han entregado previamente a los tres partidos políticos con representación parlamentaria (PSOE, PP y Vox) para que las incluyan en sus programas electorales.

María del Carmen Poveda Anguita ha sido la primera en subir a la tribuna parlamentaria y se ha dirigido directamente a los diputados y diputadas para pedirles que hablen de sus necesidades. “Las personas que vivimos la pobreza y la vulnerabilidad sabemos que hay tres principios fundamentales: igualdad, justicia y dignidad. Porque todas las personas tenemos derecho a las mismas oportunidades y a una vida digna, y porque detrás de los datos, hay personas con nombres y apellidos, tenemos sueños, ilusiones y ganas de salir adelante”.

Queremos estar presentes y que nuestra voz sea tenida en cuenta. Las propuestas nacen de nuestra experiencia y reivindicamos justicia social

María del Carmen Poveda

Ha pedido así a los grupos políticos que refuercen su compromiso en la lucha contra la pobreza, con medidas para que “nadie se quede atrás”, pero también que “se nos escuche, que haya espacios de diálogo cercanos, fluidos y permanentes”. “Queremos estar presentes y que nuestra voz sea tenida en cuenta. Las propuestas nacen de nuestra experiencia y reivindicamos justicia social”, ha resaltado.

Después ha tomado la palabra Oksana Kalashnikova, quien ha detallado algunas de las propuestas. Concretamente, ha pedido que se garanticen ayudas suficientes para cubrir las necesidades básicas de las familias en situación de pobreza o riesgo de exclusión, con ayudas “ágiles” y sin “trabas burocráticas”, sobre todo en las dirigidas a garantizar suministros básicos como el agua y la luz, la alimentación y la vivienda.

También ha pedido que las ayudas se actualicen en función del coste de la vivienda para evitar que “las personas queden sin protección”, así como facilitar el acceso a los servicios sociales, simplificando trámites y mejorando la coordinación, especialmente para los jóvenes y las familias.

Junto a ello, ha defendido mejorar los procesos de acompañamiento a extranjeros, y los de homologación de estudios y formaciones profesionales, con un acompañamiento a extranjeros “efectivo” para el acceso al empleo y a los servicios públicos.

Durante su intervención, ha querido hacer también especial mención a la necesidad de mejorar las oportunidades laborales de las personas mayores de 50 años, “evitando que la edad se convierta en una barrera para acceder a un trabajo”. Y en paralelo, ha pedido más becas para material y transporte escolar, con el objetivo de que niños, niñas y adolescentes abandonen sus estudios por motivos económicos.

“Los presupuestos deben priorizar especialmente la cobertura de las necesidades básicas de la población, especialmente la sanidad, la educación, el empleo, los servicios sociales y la vivienda pública”, ha concluido.

“La información de las ayudas públicas debe ser clara”

Precisamente, sobre políticas de vivienda ha hablado María Isabel Sánchez Velasco, también integrante de los grupos de participación de EAPN. Entre sus propuestas, garantizar el acceso a una vivienda “digna y asequible”, aumentar parque público y social, y facilitar el alquiler asequible a personas vulnerables.

“Es importante que el coste del alquiler y de los suministros no sea una carga imposible de asumir, especialmente en las familias con menores, y también facilitar el acceso a vivienda de familias monoparentales, con medidas específicas en situación de violencia y vulnerabilidad”, ha subrayado.

Nadie debería perder una ayuda por no comprender lo que dice o por no cumplir un trámite complicado

María Isabel Sánchez Velasco

Del mismo modo, ha reclamado que la información sobre las ayudas públicas para vivienda sea “clara y fácil de entender”, porque “nadie debería perder una ayuda por no comprender lo que dice o por no cumplir un trámite complicado”.

A ello ha añadido que la falta de empadronamiento no sea “una barrera” para el acceso a las ayudas, con el objetivo de “garantizar la igualdad de personas migrantes, independientemente de su situación administrativa”. De hecho, ha llamado a combatir el racismo y la discriminación, así como “proteger a las personas más vulnerables de los abusos, estafas y explotación” en el mercado del alquiler.  

Juan Vicente Bosca López ha sido el siguiente en tomar la palabra. Se ha centrado en las medidas destinadas al medio rural, con especial incidencia en las nuevas tecnologías: garantizar una buena conexión a internet, mejorar las infraestructuras en telecomunicaciones para reducir brecha digital y el acceso gratuito a recursos digitales a personas en situación de vulnerabilidad.

También ha reclamado mejoras en el transporte público en zonas rurales, aprovechar las rutas escolares para mejorar la movilidad rural, un sistema público para desplazamientos “compartidos” para quienes tienen dificultades en su movilidad de un lugar a otro, y unidades móviles con servicios especiales de acompañamiento, especialmente para quienes tienen dificultades de acceso a medios administrativos

Seguidamente, Juan Casamayor ha centrado las peticiones en materia sanitaria. “No por sabido debemos dejar de recordar que la Sanidad en un derecho universal”, ha comenzado, para demandar después el refuerzo del sistema público para una “atención de calidad que contribuya a reducir la desigualdad”.

Concretamente, ha puesto el acento en la necesidad de reforzar el acceso a los servicios de salud mental, con una atención “accesible y cercana”, y también incorporar la atención psicológica en los servicios sociales, sobre todo para personas y familias en riesgo de exclusión en zonas rurales. Asimismo, ha propuesto crear apoyos específicos para las personas en situación de vulnerabilidad con enfermedades limitantes y para familias monoparentales que necesitan ayuda para atender a sus hijos e hijas.

“Hay que formar al personal médico para una atención más humana y respetuosa, reducir listas de espera y agilizar los diagnósticos. También agilizar los procedimientos de reconocimiento de situaciones de incapacidad, sobre todo cuando hay enfermedades que limitan la capacidad de desarrollar una autónoma”, ha añadido, promulgando al final el lema “la sanidad pública no se vende, se defiende”.  

La ronda de los integrantes del grupo de EAPN lo ha cerrado Raúl López Onsurbe, quien ha concluido haciendo un llamamiento para que todos los partidos políticos se unan a “esta causa de medidas justas para erradicación de la pobreza, un desafío que hay que superar y que es una cuestión de justicia, de derechos y de dignidad”.

La pobreza, “no es solo cuestión de dinero”

Tras ellos han tomado la palabra Fiama, Gisela, Carlos y Sebas, cuatro jóvenes de YMCA-Toledo que han leído un manifiesto en el que, primero, han querido dejar claro que hablar de pobreza “no es solo hablar de dinero”, ya que también significa “no poder estudiar, no tener a quién pedir ayudas cuanto estás mal, sentirte solo, no tener un espacio donde estar.

Que ningún niño, niña, joven o adolescente tenga su futuro decidido antes de poder elegirlo

“La pobreza también es crecer pensando que estudiar no es para ti, que un futuro diferente al de tu familia no es para ti, que tus problemas no importan”, han remarcado, pidiendo que Castilla-La Mancha hago todo posible que “ningún niño, niña, joven o adolescente tenga su futuro decidido antes de poder elegirlo”.

Ante todo, han recalcado que la juventud que se ha quedado fuera del sistema educativo necesita una segunda oportunidad, pero esto no significa decirles a los jóvenes “vuelve a estudiar”, sino que debe haber un acompañamiento.

Para ello, han reclamado más escuelas de segunda oportunidad, un refuerzo de la orientación educativa “para ayudar a encontrar un camino” y que se reduzcan las barreras económicas para estudiar, como los precios del transporte, del material escolar y los dispositivos digitales. “Tener ganas de cambiar tu vida y no encontrar una oportunidad es una forma de exclusión”.

Finalmente, han pedido mejores políticas de conciliación para que los adolescentes no se queden solos porque sus padres y madres están trabajando, una “soledad no deseada” en la que han hecho especial hincapié, junto con la petición de un mejor acceso a la salud mental. “La pobreza no puede ser nuestra herencia, nuestro futuro tiene que ser una oportunidad”, han concluido.

“Mayoría absoluta contra la pobreza, al margen de egos”

Durante el acto, también han intervenido el presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido; el director general de Acción Social, Santi Vera; y la presidenta de EAPN-CLM, Mar González quien ha pedido “una mayoría absoluta contra la pobreza, al margen de egos y de liderazgos y sin que se instrumentalice este tema políticamente”, al recordar que “tres de cada diez castellanomanchegos están en situación de pobreza”, o que afecta más a las mujeres, a las familias con menores a su cargo, a las que viven de alquiler, a las familias donde existe presencia de la discapacidad y a aquellas que viven en zonas rurales.

Asimismo, ha asegurado que el momento geopolítico, el clima y la inflación “nos demuestran cada día que de la pobreza ”no estamos libres ninguno“.

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha pedido a las formaciones políticas que trabajen con ánimo constructivo -y escuchando a las presonas vulnerables- para combatir la exclusión social y ha animado a “odiar la pobreza, pero no a los pobres”, evitando los discursos del odio que “criminalizan a las personas vulnerables”.

“En esta Cámara no se combate ni se odia a los ricos, pero menos aún a quienes sufren pobreza; odiamos la pobreza, pero no a los pobres, y necesitamos eliminarla”, ha afirmado.

El pleno institucional lo cerraba el director general de Acción Social de Castilla-La Mancha, Santi Vera. “Una sociedad avanza cuando todos llegamos a la meta, sin dejar a nadie atrás”, comentaba desde la tribuna de Parlamento regional. “Tenemos que ir de la mano todas las administraciones, todos los partidos políticos, las entidades del Tercer Sector y la sociedad en su conjunto”, zanjaba.

Que el PIB español ha crecido en los últimos 5 años (cerca de un 20% real acumulado) más que en los 20 anteriores es un hecho innegable, según los datos de la Contabilidad Nacional del INE. Que la tasa de paro está en niveles mínimos desde hace 18 años también lo es. Que la economía española es, por tercer año consecutivo, la que más crece dentro de los países desarrollados es otra evidencia que ha constatado recientemente el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, estos datos son minimizados, dentro de España, de forma recurrente afirmando que “una cosa es la macro y otra es la micro”. Los economistas sabemos que ambas cosas están relacionadas, y que el nivel de bienestar individual (“la micro”) no puede ir bien si no van bien los indicadores agregados, como el PIB o el empleo (“la macro”) y viceversa. ¿Cuál puede ser la causa de este presunto empeoramiento del bienestar social en esta fase de expansión macroeconómica?

Además de la vivienda, que sin duda es un grave problema que afecta a centenares de miles de personas y que crea inquietud entre un porcentaje amplio de la población, el otro argumento generalmente utilizado es el del presunto empeoramiento de la desigualdad en nuestro país. Es decir, que “crece la economía, pero la desigualdad empeora”. Medir la desigualdad es una tarea compleja. Pero, sin pretender un análisis exhaustivo, en este artículo voy a repasar algunos de los indicadores de desigualdad más utilizados, para contrastar si ha empeorado en los últimos años.

Estos indicadores son tres: el Índice de Gini, la Renta relativa 80/20 y el Riesgo de pobreza. El Índice de Gini mide cuánto se separa la distribución de la renta de un modelo de igualdad perfecta, representada por una línea de 45º, en la que el 10% de la población percibe el 10% de la renta, el 20% percibe el 20%, y así sucesivamente. Cuanto más se separe la distribución real de esta distribución idílica mayor será el Índice de Gini y peor la desigualdad. El indicador 80/20 es el cociente entre la renta media del 20% de la población con mayores ingresos (el quintil superior o s80) y la renta media del 20% de la población con menores ingresos (el quintil inferior o s20). El número indica cuántas veces es mayor la renta de los más ricos que la de los más pobres. Por ejemplo, si un país tiene un valor de 5, significa que el 20% más rico gana, de media, 5 veces más que el 20% con menos renta. Por el contrario, un valor 1 representaría la igualdad perfecta (todos los quintiles ganan exactamente lo mismo).

En el Gráfico 1 presento la evolución de los dos primeros índices desde 2008, que es el horizonte disponible en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Ambos indicadores se comportan de una forma similar. Suben y, por tanto, empeora la desigualdad, desde 2008 hasta 2014-16 y desde entonces empiezan a caer, salvo el episodio de la pandemia, en el que tiene lugar un empeoramiento de la desigualdad. Está claro que ambos indicadores tienen un perfil cíclico. Por ejemplo, su evolución guarda una gran correlación con la tasa de paro. Es lo lógico. En los periodos de crisis empeora la desigualdad y en los de bonanza mejora. Pero eso precisamente contradice a los que afirman que “la macro va por un lado y la micro por otra”. No. La macro y la micro van de la mano, al menos en lo que se refiere a estos indicadores de desigualdad de la renta. 

Además, el Gráfico 1 recoge que la caída de ambos indicadores es más intensa en los últimos años, en especial la del índice de Gini, que ha alcanzado en 2025 un nivel por debajo de logrado en 2008, cuando la tasa de paro estaba, como ahora, en valores mínimos (un dígito) dentro de nuestra historia democrática. Es decir, que la desigualdad ha retrocedido en estos años más que en los de la anterior bonanza (en la que no se hablaba tanto de “la macro” versus “la micro”).

En el Gráfico 2 presento la evolución temporal del índice de Gini y la del riesgo de pobreza, también del INE.

Este indicador, que es una medida de desigualdad relativa, calcula qué porcentaje de la población tiene unos ingresos por debajo del “umbral de pobreza”, que se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas (calculados a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida). Al igual que lo que ocurre con el Índice de Gini o el indicador 80/20, el riesgo de pobreza aumentó desde 2008 hasta 2016 y ha disminuido desde entonces, salvo en los años de la pandemia. Y desde entonces ha caído de forma más acusada y en 2024 y 2025 se ha situado incluso por debajo del mínimo alcanzado en 2008 (un 19,8%)

¿Qué ocurre si el análisis lo hacemos por CCAA?

En el Gráfico 3 presento el Índice de GINI y el PIB per cápita de las diferentes comunidades autónomas (CCAA) y ciudades autónomas en 2023, que es el último año disponible para el índice de GINI regional en la información del INE. El dato de PIB per cápita lo obtengo de la Contabilidad Regional. Un resultado deseable sería que la distribución mejore cuando la renta per cápita aumente. Es decir, que las regiones más ricas presenten menos desigualdad. Este resultado, en general, se cumple y hay una relación decreciente entre GINI (mejora de la desigualdad) y renta per cápita. Una excepción llamativa es la Comunidad de Madrid, que es la comunidad autónoma más rica (un 137% de la renta per cápita media nacional, pero con la peor distribución de la renta (un Índice de GINI de 35,1, frente al 32,1 de la media nacional y casi 7 puntos más alto que el valor de País Vasco y Aragón, que son las regiones con mejores índices de desigualdad (GINI de 28,8). Madrid tiene, según el Índice de GINI, un nivel de desigualdad más cercano al de Ceuta y Melilla (la peor desigualdad) que a la del País Vasco o Aragón (la mejor).

Para concluir, que la “macro” va bien es difícilmente discutible. El debate debe centrarse en qué puede explicar la percepción de que la “micro” no acompaña a la “macro”, cuando los indicadores de desigualdad, al menos los más utilizados habitualmente, recogen también una notable mejoría y, por tanto, un acompañamiento.

Coincidiendo con el Día de las Personas sin Hogar, un joven nicaragüense y una jubilada grancanaria que se vieron en la calle al perder el techo donde podían cobijarse, y que hoy viven acogidos por Cáritas, han advertido de que la emergencia habitacional “nos afecta a todos”.

Rudy Alorriga y Ana del Pino han dado la cara para ofrecer sus respectivos testimonios de vida en el marco de una jornada reivindicativa organizada a nivel nacional por la ONG de la Iglesia Católica con el lema “Un hogar es mucho más que un sitio donde vivir, es un lugar al que pertenecer”.

Según datos aportados por la responsable del Área de Vivienda de Cáritas Diocesana de Canarias, María Eugenia Rocha, el pasado año la ONG atendió en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura a 1.604 personas sin hogar y a 356 familias en riesgo de perderla.

A 30 de septiembre, el Área de Vivienda ya ha acompañado 1.038 personas en situación de sin hogar y 256 familias en exclusión residencial.

Entre los perfiles afectados por el sinhogarismo y la discriminación residencial a los que Cáritas da respuesta, es significativo el aumento de personas en situación cronificada, pues el 29% lleva más de 5 años sin un hogar y el 77% de las personas está desempleada.

Toda esta situación deriva en un deterioro de la salud física y mental y/o el consumo de sustancias y el aislamiento social, ha detallado Cáritas.

Las mujeres representan el 19% en nuestras atenciones, si bien su presencia queda invisibilizada en viviendas improvisadas y ocultas para evitar agresiones físicas o sexuales.

Rocha ha alertado de la realidad extrema que viven las personas más vulnerables, lo que se refleja en la cronicidad que presenta el sinhogarismo, que encarnan, mayoritariamente, hombres desempleados con problemas de salud mental o adicciones que llevan, en un 29% de los casos, más de cinco años en la calle, y de la normalización de infraviviendas que se detecta en Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura.

En este contexto, Cáritas denuncia que la falta de acceso a un hogar conlleva “la normalización de viviendas con condiciones residenciales por debajo de los criterios de habitabilidad”, como el hacinamiento en habitaciones, espacios insalubres e inhabitables, viviendas sin suministros, asentamientos ilegales, residir en vehículos y caravanas, alquileres sin contrato, con condiciones abusivas o sin la posibilidad de empadronamiento.

Asimismo, la responsable de Cáritas ha explicado que a esta ONG llegan “personas que tienen empleos precarios o ingresos de prestaciones económicas” que no les dan para poder cubrir su derecho a la vivienda.

La mayoría de ellas son madres con menores, en muchos casos solas, sin apoyo ni redes familiares, que sustentan un hogar y se ven con la problemática de no poder mantener la vivienda donde están, ha precisado.

“La emergencia residencial y la cronificación de las situaciones de sinhogarismo no constituyen un problema reciente ni aislado: condicionan el acceso al empleo, la salud, la escolarización, el empadronamiento, las prestaciones y la participación comunitaria”, manifestó durante el acto en María Eugenia Rocha.

La cruzada contra los alquileres abusivos

Aunque este es el perfil que más preocupa, Rocha ha asegurado que “toda la sociedad está afectada por esta realidad de la vivienda que estamos viviendo” porque también engloba a “los alquileres abusivos que no pueden afrontar personas pese a tener un empleo y un salario más o menos estable”.

Por todo ello, Cáritas pide “políticas públicas en materia de vivienda” y que las administraciones concernidas “tengan en cuenta que las familias y toda la sociedad necesita acceder a un” lugar donde residir, “en algunos casos a una vivienda social o con un alquiler asequible”.

También insta a que “se busquen alternativas a los desahucios, que si una familia va a ser desahuciada, que exista una alternativa alojativa y que se tenga en cuenta que las plazas socioanitarias también son muy importantes, así como los recursos especializados” dirigidos a la mujer.

Vidas que se tuercen y se topan con la calle

El nicaragüense Rudy Alorriga ha explicado que llegó a España en diciembre de 2024 y a Canarias en febrero de 2025, “con muchas expectativas y en busca de un sueño”. Cuando, a los pocos meses, se le acabaron sus ahorros, se vio en la calle.

En la actualidad vive en una casa de acogida de Cáritas, lo que le ha permitido, tras su regularización, trabajar como repartidor o hacer un voluntariado, a veces, por la mañana en un comedor.

“Aquí, para mí todo ha sido como un nuevo comienzo siempre, a pesar de las dificultades, siempre he tenido la oportunidad de empezar de nuevo gracias a la ayuda de estas instituciones”, ha agradecido, al tiempo que se ha mostrado decidido a seguir formándose para poder trabajar y hacer una vida“ en Canarias.

Preguntado por su perfil profesional, Rudy admite que le gusta la atención al cliente, las relaciones con las personas, por lo que ha trabajado aquí “en chiringuitos o mercadillos”, aunque también “ha hecho algo en la construcción”.

A sus sesenta años, Ana del Pino, ya jubilada, se vio en la calle en mitad de la pandemia de la covid-19, cuando la echaron de la habitación que compartía con una señora.

“He visto niños en la calle, pasándolo muy mal, y pido un poquito de consideración a los políticos, que nos ayuden. Tengo un techo, gracias a Cáritas y llevo nueve meses con ellos, pero no voy a estar toda la vida, estoy buscando un piso, incluso, con unos compañeros que ganan pequeños sueldos para coger entre todos”, ha contado.

Así fue como vivía antes de la pandemia, compartiendo habitaciones, porque era lo único que se podía permitir “con lo que ganaba”, pero desde que se quedó sin techo “todo ha ido para atrás”.

En la calle “se siente una muy mal”, rememora, “ves muchas situaciones: no sólo está la gente que no tiene hogar, también los que vienen de afuera, que también tienen un derecho, pero que miren primero por los que hemos nacido aquí y ayuden a ellos también”.

Ana estuvo dos años y medio pernoctando en el aeropuerto de Gran Canaria, época que recuerda con dolor porque “cada día venía más gente, hasta con niños”.

Cáritas atendió durante 2025 a un total de 5.000 personas en toda Andalucía, cifra similar a la del año anterior y que, en un contexto marcado por la crisis de vivienda, afecta más a los hombres y a las edades comprendidas entre los 35 y 60 años. La distribución entre las provincias no ha trascendido, aunque desde la entidad indican que es similar, habiendo utilizado los recursos en Sevilla un total de 400 personas. Frente al sinhogarismo, exigen un mayor acompañamiento para que estas personas puedan reconstruir las relaciones de apoyo y confianza y, sobre todo, que “la administración apueste de manera decidida” por erradicar esta lacra y “cubra esta realidad”.

Con un marcado tono crítico, Francisco Sánchez Heras, presidente de Cáritas Regional de Andalucía, subrayó que hay una “falta de recursos para personas sin hogar y una falta de políticas integrales”, ya que, finalmente, este colectivo “llega a formar parte del paisaje y lo peor es que nos acostumbremos a esta vulneración de derechos”. “La casa es preservar la intimidad, la identidad, además de sentirse parte de una comunidad”, indicó, “las personas no pueden abandonar el sinhogarismo sin ayuda y sin el reconocimiento a sus derechos y de su dignidad como personas en una situación tan dramática como la vivienda”.

Con motivo del Día de las Personas Sin Hogar, que se conmemora el próximo 25 de octubre, la entidad presentó sus datos de atención junto a la campaña realizada para este año bajo el lema Un hogar es mucho más que un sitio donde vivir, es un lugar al que pertenecer en un panorama marcado por los altos precios de la vivienda y el alquiler. El riesgo de la pobreza y la exclusión social ya se extiende a 3 millones de personas en la comunidad, tal y como refleja el informe de la EAPN Andalucía, y las calles reflejan esta precariedad estructural que afecta a la población.

“El poder adquisitivo no va de acuerdo con la carestía de la vida”

El perfil mayoritario que se encontró Cáritas era en un 85% correspondiente a hombres y, con respecto a la edad, entre los 35 y los 60 años. Con frecuencia, se trata de personas solteras, con bajo nivel de formación y escaso o ningún apoyo familiar o vecinal, para lo que piden una especial atención al tejido comunitario: “No solo han perdido el empleo, por ejemplo, sino los ambages de su vida para salir adelante, ya que, sin apoyo familiar, vecinal o de amigos, es difícil salir del sinhogarismo”. Además, indican que la proporción entre personas nacional y extranjeras es muy similar. No obstante, Heras destacó que hay un repunte de situaciones de calle “de personas nuevas, edades, mujeres, y uno de los mayores dramas es que hay personas mayores que no pueden acceder a residencias”.

Así, ya no solo se trata de personas con adicciones o problemas de salud mental, sino familias que están siendo afectadas por la crisis habitacional e inflacional. “Ya lo estábamos viendo, perfiles de familias que venían a pedir ayuda y se sentaban incómodas en los salones parroquiales porque no estaban acostumbrados a esto. La Iglesia estaba haciendo de dique de contención, pero esta crisis inflacional ha destapado que el poder adquisitivo de la clase media no va de acuerdo con la carestía de la vida”, manfiestó.

“Nos preocupan que los procesos de ayuda se interrumpan”

Cáritas empleó a 118 trabajadores y cuenta con el apoyo de 700 personas voluntarias en Andalucía con una inversión de 4,3 millones de euros, de los que un 55% procedía de fondos propios, como socios, hermandades y cofradías, mientras que la parte restante viene de la ayudas públicas entre las que reciben aportaciones de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos. En Sevilla, el montante económico superó los 1,1 millones de euros, con el 50% de financiación privada, y la contratación de 23 profesionales y colaboración de 294 voluntarios.

Al respecto, el presidente regional apuntó que las subvenciones de la Junta provienen de las aportaciones del 0,7% del IRPF y en virtud de la Estrategia Andaluza de Personas Sin Hogar, “que hay que desarrollar de manera más amplia”, especificó. El año pasado obtuvieron una menor puntuación en la convocatoria pública supuso la pérdida de alrededor de unos 700.000 euros que afectaron a los proyectos sociales de la entidad. Para ello, se presentó un contencioso-administrativo en el que se demostró que se había infravalorado la propuesta y, así, lograron salvar el escollo.

En esta línea, Heras valoró la actuación del Gobierno de Juanma Moreno después de que elDiario.es desvelara que se suspendían las ayudas a tres ONG –Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta– que atienden a personas sin hogar, cuyo perfil mayoritario son personas migrantes en situación irregular: “Cáritas no se ha visto afectada, pero nos preocupan que los procesos de ayuda se interrumpan. Es caer de nuevo en el sinhogarismo. No tenemos más información sobre los términos de esos acuerdos, pero, si llega el momento, lo aclararemos”.

Barreras administrativas y en los empadronamientos

“La falta de vivienda social y la presión del mercado inmobiliario impide acceder a una vivienda segura y estable, y denunciamos la aporofobia y la estigmatización que sufren quienes no disponen de recursos para salir de la invisibilidad”, destacando que, desde hace años, la vivienda ha sido uno de los principales obstáculos del que ha venido alarmando el informe FOESSA. También, piden más respuestas ante “las barreras administrativas” que afectan, especialmente, a las personas migrantes que se enfrentan a “discursos alarmantes”.

A tenor de lo comentado, Miguel Ángel Carbajo Selles, director de Cáritas Diocesana de Sevilla, pidió una mayor accesibilidad a los servicios sociales, y agilidad en el reconocimiento de la dependencia o una política de vivienda que aumente las alternativas asequibles. “Necesitamos una atención a la salud mental continuada y una coordinación sociosanitaria efectiva”, sobre todo con el fin de evitar que la administración las trate de manera separada y eso signifique un desdoblamiento de los recursos en vez de atender a la persona de forma global. Así, clamó porque los ayuntamientos están dificultando los empadronamientos de las personas sin hogar: “Nos estamos encontrando con situaciones muy complicadas”, una cuestión de la que ya viene alertando el movimiento social.

“Los prejuicios y la aporofobia dan lugar al rechazo y a la violencia, incluso a las personas que se acercan para acompañarlas”, admitieron. La red de Cáritas se ha ampliado este año con un nuevo recurso en Sevilla y otro que próximamente será abierto en Huelva, donde, añadieron, la cuestión es “crear un vínculo para que la persona, cuando esté preparada y por decisión propia, inicie el proceso”. La máxima es respetar el principio de autonomía de cada usuario que acuda a los centros, que en Sevilla está compuesto por cuatro iniciativas parroquiales de atención en calle: el proyecto Beato Pedro Dónders (Santísimo Redentor, en Nervión) atendió a 122 personas; mientras que el de Lázaro (San Sebastián, Porvenir) contribuyó a la atención de 91; junto a ello, Levántate y Anda (en el centro, San Vicente Mártir) colaboró con 78 personas; y Emaús, en Triana-Los Remedios, con 66.

A esta red se ha incorporado el Centro de Noche Saiz Meneses, inaugurado recientemente y fruto del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Tiene cabida para 12 personas, previamente derivadas por los proyectos de atención en calle de Cáritas que ya las acompañan. “La Iglesia no puede atender a todas las personas y estas infraestructuras se ponen a disposición con mucho esfuerzo y mantenerlo no es tan fácil”, sostuvo el presidente regional de Cáritas, para lo que, una vez más, pidió la implicación de los poderes públicos. “Se puede salir de la calle, es un deber de la sociedad y de los poderes públicos”, coincidieron, para lo que demandan “un trabajo comunitario que prevenga el rechazo vecinal y convierta los barrios en espacios de corresponsabilidad”.

Casi uno de cada cinco cántabros (el 19,2%, 114.000 personas) vive en riesgo de pobreza o exclusión social según la tasa AROPE, el indicador de referencia de la Unión Europea, que ha servido para elaborar el XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza en la región.

El documento engloba datos recogidos durante 2025 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y ha sido presentado este martes en el Parlamento por los responsables de EAPN Cantabria y la Coordinadora Cántabra de ONGD, Jesús Castanedo y Sergio Corro, respectivamente. Les ha acompañado el primer vicepresidente de la Asamblea, Alejandro Liz.

Según recoge el informe, tener una renta por debajo del 60% de la media de ingresos del país, fijada en 1.018 euros, sitúa a los ciudadanos en el umbral oficial de pobreza, que mide cuánto dinero entra en el hogar a lo largo de un año. En Cantabria, unas 82.000 personas viven bajo ese umbral.

Sin embargo, se ha producido una bajada de 3 puntos de la tasa AROPE en Cantabria hasta situarse en el 19,2%, “la mayor caída” registrada en una comunidad autónoma y la “quinta tasa más baja de España, por debajo del 25,7% estatal”.

Si bien estas cifras ofrecen “una mejora” respecto a los últimos datos AROPE, hay tres ámbitos que “empeoran”. Así, el 44% de las personas que vive de alquiler está en riesgo de pobreza o exclusión, tres veces más que quienes lo hacen en una casa de su propiedad (14,5%). Además, el 12,8% de la población acumula retrasos en el pago de la vivienda, “el máximo de la serie histórica”.

El segundo factor es el desempleo que vuelve a ser “el que más pesa”. En este sentido, el 47,8% de las personas que se encuentran en paro pueden verse abocadas a la pobreza o la exclusión social frente al 12,3% de quienes sí tienen un trabajo. En este área, destaca también la baja intensidad de empleo en el hogar que sube al 9%, “el único criterio AROPE que empeora este año”.

Los jóvenes registran la tasa más alta de probreza

Por otra parte, los jóvenes son el único grupo de edad en el que crece la pobreza. El 23,8% de las personas de 18 a 29 años de Cantabria está en riesgo. Es la tasa más alta de todos los grupos y sube 3,9 puntos en un año, mientras baja en el resto.

Además, hay que tener en cuenta que las dos dimensiones que más condicionan a un hogar joven son la vivienda y el empleo.

Otro factor que se ha resaltado en el XVI Informe es el papel que juegan las pensiones y las prestaciones a la hora de mantener fuera de la pobreza al 26,3% de los habitantes de la región. Sin ellas, 4 de cada 10 personas en Cantabria se encontrarían en esta situación.

Un 32% de cántabros no puede irse de vacaciones

Finalmente, un 5% de los cántabros sufre pobreza material y social severa. A este respecto, un 27,2% no puede afrontar un gasto imprevisto de 900 euros, un 32,1% no puede irse de vacaciones, un 14% no puede gastar una pequeña cantidad en sí mismo y un 8,8% no puede pagar a tiempo la vivienda o las compras a plazos.

En el transcurso de la presentación, enmarcada dentro de las actividades de la Semana contra la Pobreza, Castanedo ha apelado a la “colaboración” de entidades y administraciones para poder “erradicar la pobreza, la exclusión y el hambre” y ha señalado que las instituciones públicas son “un garante de que la pobreza esté contenida”.

Por su lado, Corro ha opinado que “cuando la desigualdad nos divide, acabamos culpando a quien sufre los problemas en lugar de mirar a lo que los causa, hace falta señalar esas causas y organizarse para darles respuesta”, ha remarcado.

Una madre soltera con un sueldo de 1.500 euros en un trabajo de oficina que vive en un pequeño piso en la periferia de Madrid o Barcelona y paga 800 euros por la vivienda. Ese es un ejemplo tan hipotético como probablemente real que sirve para ilustrar la realidad de 770.000 trabajadores en España. Son los que saltan a la pobreza laboral tras afrontar los gastos de vivienda en España. La pobreza laboral pasa del 11 al 15% tras pagar los gastos de la casa, esfuerzo que ahoga sobre todo a quienes viven de alquiler. Hasta un 34% de los inquilinos con trabajo sufren pobreza laboral después de haber pagado la renta a precio de mercado, una cifra tres veces mayor que quienes se encuentran con esta estrechez después de pagar la hipoteca (10,22%), según un informe de Oxfam Intermón. Un 7,95% de quienes tienen ya la hipoteca pagada también entran en pobreza tras afrontar los gastos de vivienda.

A partir de la definición de Eurostat, el estudio toma datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto de Nacional de Estadística y de las declaraciones de la renta de 2024 y fija la pobreza laboral en 12.220 euros anuales por hogar unipersonal y 25.663 euros en hogares de dos adultos y dos menores, contando con personas que lleven más de siete años trabajando.

El resultado es muy diverso entre sectores, trabajadores a jornada parcial o completa, migrantes y personas de nacionalidad española y también afecta más a hogares con niños. Pero la vivienda juega un papel clave en el empobrecimiento de los trabajadores.

“La vivienda se está convirtiendo en uno de los factores que más empobrecimiento y desigualdad generan”, señala Alejandro García-Gil, responsable de empleo, vivienda y políticas sociales de Oxfam Intermón y uno de los autores del estudio. Apunta además que los nuevos decretos de vivienda “no resuelven un problema estructural, pero suponen un primer paso para aliviar el sufrimiento de millones de personas y avanzar hacia un cambio de paradigma”, que “anteponga el derecho a la vivienda frente a la especulación, proteja a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, dé estabilidad a quienes viven de alquiler” y seguridad jurídica a los caseros con alquileres por debajo de mercado.

“Los desahucios son la cara más extrema de la crisis habitacional, pero no la única. Hay otra realidad menos visible: personas que trabajan y consiguen pagar a duras penas su casa cada mes, pero que después de hacerlo no disponen de ingresos suficientes para sostener una vida digna”, añade García-Gil.

El informe advierte también de cómo la pobreza laboral golpea con mayor dureza a hogares con niños, lo cual expone más a la infancia a sus efectos. Un 39,5% de hogares con adultos y más de tres menores, pese a las ayudas que puedan recibir por ser familia numerosa, sufren pobreza laboral en España, colectivo más golpeado incluso por encima de familias monoparentales, entre las que hay un 29,6%. Esta situación se reduce a casi la mitad cuando la familia la forman dos adultos y dos menores (15,40%) y se va diluyendo entre las familias sin hijos.

Así, en los hogares con dos adultos la pobreza es del 10,50%, mientras que los adultos que viven solos presentan la tasa de pobreza más baja, del 4,24%. Eso sí, en estas variables el estudio no cuenta el impacto de la vivienda en la pobreza laboral.

Los trabajos a media jornada son otro factor que precipita la pobreza laboral: el doble de personas con jornada parcial la sufren, un 20,62% por un 10,67% de las personas con un trabajo a jornada completa. También entre los autónomos la tasa de pobreza laboral es del doble, 21,69%, que para los asalariados, un 10,26%.

Por sectores, entre los de mayor pobreza laboral se encuentra el trabajo doméstico, con un 27,48%, y la agricultura, que cuenta con un 26,24% de personas en lindares de pobreza pese a contar con empleo. La hostelería tiene una tasa de pobreza laboral del 21,17%, la construcción un 18,31% y las actividades administrativas y servicios auxiliares un 16,31%. En el comercio y reparación de vehículos de motor la pobreza laboral alcanza al 13,88%.

La pobreza laboral es también hasta cuatro veces mayor entre los migrantes de fuera de la Unión Europea que entre los españoles. Un 8,71% de españoles son pobres pese a tener un empleo, por un 31,42% de extranjeros no europeos y un 16,17% de extranjeros de la UE.

El documento de Oxfam concluye con ocho recomendaciones para combatir la pobreza laboral en España, entre las que destaca la contención de los precios del alquiler y la apuesta decidida por la vivienda asequible, así como refuerzos en el apoyo a la crianza, protección laboral y regularización de migrantes, unidades de medida oficiales de pobreza laboral antes y después de pagar la vivienda, blindar la subida del SMI vinculada al coste real de la vida e impulsar convenios sectoriales cuyos salarios reales están por debajo del SMI.

El Banco de Alimentos de Cantabria, junto con los otros 53 asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), celebrará la XIV edición de la Gran Recogida 2026 los días 13 y 14 de noviembre en más de 200 establecimientos comerciales de toda la región.

La entidad ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para lograr los más de mil voluntarios necesarios para la campaña, que aspira a reunir 100.000 kilos de comida y 100.000 euros para atender a las casi 9.000 personas en situación de vulnerabilidad que reciben ayuda en la región.

Bajo el lema 'La Graaaaaan Recogida', la campaña de 2026 quiere poner el foco en la “enorme dimensión” de esta iniciativa solidaria, tanto por el número de personas a las que permite ayudar en Cantabria, la movilización de voluntarios y su capacidad para garantizar raciones de comida a quienes más lo necesitan.

Los interesados en participar se pueden sumar a la campaña como voluntarios, donando alimentos los días 13 y 14 de noviembre en las mesas recogedoras de los supermercados participantes o realizando una donación económica a través de la página web www.bancodealimentosdecantabria.es o enviando un Bizum al código 00396.

Para la edición de este año, lo recolectado se destinará íntegramente a la compra de productos frescos y de primera necesidad, según la situación del almacén.

Se trata de una de las mayores movilizaciones solidarias de Cantabria que, un año más, une a supermercados, entidades sociales, empresas colaboradoras y voluntariado con el objetivo de garantizar el acceso a una alimentación digna a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad en la comunidad autónoma.

La iniciativa cobra especial relevancia en un contexto marcado por la “inseguridad alimentaria” y las “dificultades económicas” que afrontan muchas familias para cubrir la cesta básica de la compra. “La pobreza está más cerca de lo que pensamos y es tarea de toda la sociedad implicarse para mitigar sus efectos en Cantabria”, ha señalado la entidad local en nota de prensa.

Según ha subrayado, las personas voluntarias desempeñan una función esencial durante la Gran Recogida. Su labor consiste en informar a los clientes de los centros comerciales sobre la campaña, resolver dudas y explicar las distintas formas de colaboración disponibles en cada establecimiento.

Y es que la presencia de voluntariado en las puertas de los supermercados resulta “clave” para visibilizar esta necesidad y multiplicar la participación ciudadana, ha indicado.

Para ser voluntario no se requiere experiencia previa ni formación especializada, basta con tener ganas de colaborar y poder participar en un turno de tres horas durante el fin de semana de la campaña.

Las inscripciones se realizan a través de la página web, en el apartado 'Hazte voluntario' o 'Inscripción directa', a través de los teléfonos 942 31 44 68 / 608 09 83 34 o en el correo electrónico voluntarios@abacantabria.es.

Balón de oxígeno para Lula da Silva en la recta final de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. El Senado aprobó el jueves una histórica reducción de jornada laboral sin pérdida salarial, una de las banderas electorales de Lula. Tras la aprobación del fin de la escala 6x1 (seis días trabajados por semana y uno libre) todos los trabajadores con contrato tendrán a partir de diciembre derecho a dos días libres semanales. Además, la jornada laboral se reduce de 44 a 40 horas. La medida afecta a 37,11 millones de personas que trabajan más de 41 horas a la semana, según el Ministerio de Trabajo.

“El fin de la escala 6x1 es más que un cambio en la jornada de trabajo. Es tener más tiempo para vivir, descansar, estar con la familia, ver cómo los hijos crecen, cuidarse y aprovechar la vida”, aseguró Lula en redes sociales. En un giro de última hora, el Partido Liberal (PL) del candidato Flávio Bolsonaro votó a favor, para evitar un castigo electoral (el 73% de los brasileños apoyan la medida). Sin embargo, Flávio Bolsonaro ya ha señalado al empresariado que revisará la medida en caso de que gane las elecciones.

Inicialmente, el fin de la escala 6x1 no estaba en los planes del Gobierno Lula. El detonante llegó de la mano de Rick Azevedo, un trabajador de una farmacia de Río de Janeiro, que acaba de ser elegido diputado. En septiembre de 2023 grabó un vídeo en TikTok para desahogarse, tras recibir una llamada de su jefa en su único día de descanso: “Quiero saber cuando nosotros, clase trabajadora, vamos a hacer una revolución en este país relacionada con la escala 6×1. Es una esclavitud moderna”. El vídeo se viralizó, propiciando el nacimiento Movimento Vida Além do Trabalho (vida más allá del trabajo). La diputada Erika Hilton, que el pasado día 4 obtuvo más de un millón de votos, se convirtió en la gran abanderada del fin de la escala 6x1. El Gobierno Lula abrazó la propuesta. La presión de Lula fue clave para su aprobación en el congreso en mayo por una amplísima mayoría.

Durante meses, Flávio ha criticado el fin de la escala 6x1 y ha defendido una ley alternativa para una “jornada flexible”, la PEC 12/2026, en la que el trabajador cobre por hora trabajada. “La propuesta acentúa la explotación de mano de obra. Va en contradirección de casi todos los ordenamientos jurídicos occidentales, incluso contrariando entendimientos consolidados hace décadas por la Organización de Trabajo (OIT)”, asegura a elDiario.es, Nasser Ahmad Allan, abogado especialista en derecho laboral y socio del despacho Gasam Advocacia.

Visiones opuestas

La postura de Lula y de Flávio Bolsonaro frente a la escala 6x1 revela dos visiones económicas opuestas. El triunfo de Flávio representa la continuidad de las políticas de ajuste fiscal del gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022); el de Lula, la inercia de sus políticas públicas de expansión del gasto público. 

Tijeretazo al estilo Milei. Tras ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Flávio Bolsonaro anunció un “tesouraço” (“tijeretazo”) del gasto público de 200.000 millones, sin tocar los gastos sociales. Su programa de gobierno prevé la eliminación de al menos diez ministerios, reforma tributaria, bajada de impuestos y retoma de la privatización de empresas públicas. Daniella Marques, asesora de economía de Flávio Bolsonaro, declaró en septiembre que su eventual gobierno eliminará más de mil normas, “usando la inspiración del gobierno de Javier Milei en Argentina”.

Al final del mandato de Jair Bolsonaro la deuda pública se redujo a un 72,9% del PIB. Una parte vino de la privatización de empresas controladas directa o indirectamente por el Estado: se privatizaron 83 empresas públicas (el número cayó de 213 a 130). Flávio Bolsonaro ha reiterado en campaña que privatizará la empresa pública de correos, entre otras. Durante el gobierno Lula, la deuda pública ha aumentado hasta el 82,9% del PIB en agosto. Lula no quiere abrir mano del gasto social. “Mucho dinero en mano de pocos es pobreza”, argumentó Lula en la entrevista en vivo el pasado jueves.

Programas y gastos sociales. Lula aseguró hace unos días que el tijeretazo anunciado por Flávio Bolsonaro afectará a los gastos sociales, algo refrendado por la mayoría de economistas. Maria Lourdes Mollo, profesora de economía da Universidade de Brasília (UnB), declaró a Monitor Mercantil que no es posible hacer cortes sustanciales en el presupuesto público sin afectar al área social. Lula cita el legado del gobierno de Jair Bolsonaro, cuando “políticas como 'Farmácia Popular', 'Minha Casa, Minha Vida' y 'Mais Médicos' perdieron recursos o fueron reducidos”.

El informe Después del desmantelamiento 2019-2022 del Instituto de Estudios Socioeconómicos reveló una caída generaliza en el gasto social del gobierno de Jair Bolsonaro. El programa 'Casa Verde Amarela', que substituyó al histórico 'Minha Casa, Minha Vida', redujo su presupuesto de 78,7 millones de reales (13,8 millones de euros) a 29,7. La inversión en el 'Farmácia Popular', que facilita medicamentos gratuitos para las rentas más bajas, cayó un 59%. El Bolsa Familia, el programa social lanzado por Lula en 2003, renombrado como Auxílio Brasil, fue el único que aumentó su valor. Sin embargo, fue debido a una medida legislativa del congreso durante la pandemia. Lula acaba de aumentar un 15% el Bolsa Familia, que afecta a 19,28 millones de familias. Cada una de ellas, pasará a recibir 691 reales (121 euros), en lugar de 600 (105 euros). 

Tanto Lula como Flávio Bolsonaro apuestan por mantener el Bolsa Familia. Aun así, Flávio ha criticado el programa y quiere vincularlo a la creación de empleo.

Salarios y pensiones. Durante la campaña electoral, Flávio Bolsonaro presentó a un círculo de empresario su plan sobre pensiones. La propuesta, que acabó filtrándose a la prensa, propone aumentar a 67 años la edad de jubilación (actualmente está en 65 para hombres y 62 para mujeres). Al mismo tiempo, la economista Laura Carvalho, autora del ensayo Valsa brasileira. Do boom ao caos econômico, denunció en el podcast Calma Urgente que Flávio Bolsonaro quiere desvincular el aumento de las pensiones al aumento del salario mínimo. La medida evitaría el ajuste automático del salario mínimo gracias a la Política de Valorização Permanente do Salário Mínimo, creada por Lula en 2003 y retomada en 2023. Aunque Jair Bolsonaro aumentó tanto el salario mínimo como las pensiones de acuerdo a la inflación, abandonó la política su revalorización que, además de la inflación, aplica también el crecimiento del PIB de los dos años anteriores.

Por este motivo, el salario mínimo en Brasil se ha revalorizado proporcionalmente más durante el gobierno Lula. El salario mínimo en Brasil ha pasado de 1.212 reales (212,2 euros) al final del mandato de Jair Bolsonaro a 1.621 reales (283,8 euros) en 2026. El salario medio es de 3.777 reales.

Inflación y economía cotidiana. El gobierno Lula sale mejor parado que el gobierno de Jair Bolsonaro en cuanto a control de la inflación. El aumento de los precios acumulado durante el gobierno Lula, hasta septiembre, fue de un 17,9%, según el Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA). En los últimos doce meses, la inflación de Brasil se sitúa en el 4,58%. Durante el gobierno de Bolsonaro, hasta septiembre de 2022, la inflación acumulada fue del 25,26%. El peor año fue 2021, cuando la inflación escaló a un 10,16% anual. Sin embargo, con el alza del precio de la gasolina por la guerra de Irán y de algunos productos agrícolas por el cambio climático y la demanda global (por ejemplo, el café) la sensación de que la vida está cara está generalizada. En agosto, durante los primeros días de la campaña electoral, el equipo de Flávio Bolsonaro viralizó muchos vídeos a pie de supermercado denunciando el alto precio de los productos. 

Patricia Costa, economista del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), aseguró a TVT News, que la insatisfacción tiene su raíz en el fuerte aumento de los alimentos durante el gobierno de Jair Bolsonaro: “En la pandemia, el precio del aceite de soja se duplicó. Llegó a unos 6 reales (1,04 euros) y nunca más bajó. El conjunto de la cesta básica aumentó el 68% entre 2019 y 2022 en la ciudad de São Paulo y 14% durante el gobierno Lula”. Durante el gobierno Bolsonaro (entre enero de 2019 y agosto de 2022), los alimentos y las bebidas aumentaron un 44,2%, frente a un 17,1% del gobierno Lula hasta el pasado agosto. El boletín de Dieese revela que algunos productos como el arroz han disminuido su precio durante el gobierno Lula. El kilo de arroz, que llegó a costar en agosto de 2024, 5,88 reales (1,02 euros), cayó a 4,45 (0,77) en agosto de este año gracias a la Política Nacional de Abastecimiento Alimentar (PNAAB) puesta en marcha por Lula en diciembre de 2023 mediante decreto presidencial. El decreto facilita que el gobierno acumule reservas de alimentos básicos, para lanzarlos al mercado en tiempos de escasez. 

Endeudamiento familiar y apuestas online. En agosto, Brasil batió el récord de endeudamiento familiar. El 81,7% de las familias tiene algún tipo de deuda, según la Pesquisa de Endeudamiento e Incumplimiento del Consumidor (Peic). “El gran villano continúa siendo la tarjeta de crédito. Muchas personas reciben límites de crédito mayores del que consiguen soportar”, aseguró la economista Carla Beni, de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), a G1.

Sin embargo, el verdadero aumento del endeudamiento se produjo durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Si a comienzos de 2019, el porcentaje de familias endeudadas estaba en un 59,8%, a finales de 2022 alcanzó el 79,3%. Detrás de la relativa estabilidad del porcentaje de familias endeudadas durante el gobierno Lula están algunas políticas públicas del gobierno Lula, como el programa Desenrola 2, que disponibilizó dinero público del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS) para reducir deudas. Por otro lado, la gran apuesta para acabar con el endeudamiento de Lula ha sido la prohibición de las apuestas online. Las bets, como se conocen popularmente, representan el mayor motor del endeudamiento familiar en Brasil. Por otro lado, durante la campaña electoral, Lula consiguió presionar al Congreso y al Senado para la aprobación de un proyecto complementario de la ley de autónomos (Microemprendedor Individual en Brasil, MEI) que perdona parte de las deudas con los bancos públicos. La elevada tasa oficial de tipos de interés durante el gobierno Lula, establecida de forma independiente por el Banco Central, ha sido un impedimento para la reducción del endeudamiento familiar. En la actualidad es de un 13,75%. Jair Bolsonaro comenzó su mandato en 2019 con un 4,50% de tipos de interés. 

Por su parte, Flávio Bolsonaro se opone a la prohibición de las bets. Su propuesta para reducir el endeudamiento de las familias va en la dirección de Lula: comprar deudas y refinanciarlas con tipos de interés menor con dinero público. 

Poder adquisitivo, desigualdad y empleo. La renta domiciliar per cápita de Brasil alcanzó los 2.316 reales (405,4 euros), según el Instituto Brasileño Geoestadístico (IBGE). La cifra, un récord histórico, representa un aumento significativo (en 2022 era de 1.625). El aumento fue más acentuado en quienes ganan menos. A pesar de ello, el 10% más rico de la población aumentó un 8,7% su renta.

El aumento de la renta domiciliar per cápita, además de estar vinculado a los programas sociales, está directamente relacionado con a caída del desempleo. Lula ha conseguido el pleno empleo, situando la tasa de paro al 5,3% en agosto, según la Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (Pnad). Jair Bolsonaro, cuyo gobierno registró un 14,2% de desempleo en 2020, acabó su mandato con un 8,4%. Además, durante el gobierno Lula el trabajo informal se ha reducido a un mínimo histórico (37,2%). Por otro lado, durante el gobierno de Jair Bolsonaro Brasil entró en el mapa del hambre de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) entre 2019 y 2021. Brasil volvió a salir del mapa del hambre en el trienio 2022-2024, cuando el porcentaje de la población que sufre con malnutrición o falta de acceso a la alimentación cayó a menos del 2,5%. 

La economista Juliane Furno, destaca en un artículo en Le Monde Diplomatique, la importancia de la exención de impuestos aprobada por el gobierno Lula a finales de 2025 para quien gana hasta 5.000 reales al mes (874,6 euros): “La exención del impuesto de la renta financiada por una tributación mínima sobre las altas renda representa el primer movimiento histórico concreto en décadas para volver menos regresiva la estructura tributaria brasileña”. Por otro lado, la reciente aprobación de la ley complementaria de autónomos aumenta el techo de facturación de 80.000 a 110.00 en 20227 y 140.000 en 2028.

PIB, bolsa y economía global. Cuando Jair Bolsonaro llegó a la presidencia brasileña, el país ocupada el noveno lugar en el ranking de economías del mundo. El decrecimiento de 3,3% en 2020 arrastró a Brasil hasta la decimotercera posición. A pesar de que Brasil creció en 2021 (4,8%) y 2022 (2,9%), no volvió a figurar entre las diez economías más grandes del mundo hasta el gobierno Lula. En 2023, Brasil volvió a ocupar la novena posición. Desde 2024 hasta la actualidad, Brasil ocupa el décimo puesto. Durante el gobierno Lula, el PIB de Brasil creció moderadamente: 3,2% en 2023, 3,4% en 2024 y 2,3% en 2025 . En 2026, según cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento será de un 2,2%. El FMI prevé que sea la octava economía del mundo en 2027, con un PIB proyectado de 2,65 mil millones de dólares, muy cerca de Italia (2,7 mil millones) y de Rusia (2,83).

En comercio, externo, Lula sale mejor parado que Jair Bolsonaro. La balanza comercial durante el gobierno de Jair Bolsonaro acumuló un superávit de 208,5 mil millones de dólares, según el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Secretaría de Comercio Exterior. El gobierno Lula, hasta el mes de agosto, acumula un superávit de 365,9 mil millones. 

Por si fuera poco, Lula también ha conseguido atraer más capital extranjero que Jair Bolsonaro.

La bolsa de São Paulo (Bovespa) registró en enero un récord de capital extranjero: 26.000 millones de dólares, superando la cifra de todo el 2025 (25.000). De enero de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2026, el Ibovespa, el principal índice bursátil brasileño aumentó un 69,8%. Bajo la gestión de Bolsonaro, el índice subió apenas un 24,86%. De cualquier forma, el aumento de inversión extranjera está relacionado a los elevados tipos de interés. “Nuestros tipos de interés está algo por problemas fiscales. Si reduces un poco la tasa, el capital extranjero, se va”, aseguró Marx Gabriel, CEO de MB Consultoria, a UOL.

Solidaridad, esperanza, futuro, cohesión y acogida, pero también rechazo, dudas, miedo y expulsión. Todas ellas son palabras relacionadas con las consecuencias del fenómeno migratorio. Que la sociedad decida quedarse con las primeras y no con las últimas pasa por consensuar medidas ambiciosas que intenten frenar la ola reaccionaria que asola Europa, porque otro sistema migratorio es posible. Así lo defiende Gonzalo Fanjul, investigador y activista en el campo de la pobreza y la desigualdad, en Contra las fronteras. Cómo reemplazar un régimen migratorio fallido (Anagrama, 2026).

En este pequeño ensayo de apenas 120 páginas, el cofundador y director de investigaciones de la Fundación PorCausa apuesta por fortalecer los derechos humanos como la única forma de “no cruzar una línea de la que será muy difícil retornar”.

A ojos de este especialista, la solución debería tener en cuenta tres aspectos principales. Por un lado, la necesidad de no renunciar al terreno ya ganado en materia de derechos humanos y reglas internacionales; por otro, tener en cuenta a los trabajadores desplazados y sus intereses; y, además, optimizar el equilibrio de riesgos y oportunidades que estos procesos generan en las partes involucradas. “El peligro es que el desprecio cada vez más impúdico de nuestras democracias por las reglas internacionales se produce en el contexto de un crecimiento sin precedentes de las necesidades de protección”, escribe Fanjul en este panfleto al más estilo anglosajón, tal y como lo tilda.

Contra las fronteras es un alegato moral y político, no solo ético. Su objetivo es despertar en el lector un pequeño rayo de esperanza, sacarle del fatalismo en el que a menudo muchos sectores de la población se ven atrapados a la hora de pensar el debate migratorio. La primera medida que el investigador saca a la palestra para materializar el pretendido reemplazo del actual régimen migratorio es la introducción de un cortafuegos eficaz entre las políticas de control migratorio y la violación de los derechos humanos. “Las vidas de los migrantes están amenazadas por muchas razones, pero una parte del debate estaba ganada. Durante mucho tiempo nos hemos dado una serie de normas y directivas que protegen el derecho internacional de protección”, introduce en conversación telefónica con elDiario.es.

Fanjul recalca que todas esas regulaciones ahora están en cuestión. “La migración es alarmante en sí misma por lo que afecta a los migrantes y la movilidad humana, pero particularmente porque lleva al Estado a traspasar unas líneas rojas de las que es muy difícil retornar, y no se limitan a la cuestión migratoria”, se explaya.

Esos cortafuegos que propone Fanjul están orientados a poner los mimbres para que no se vuelva a repetir lo que actualmente ocurre en Ceuta, “donde se ha deshumanizado al colectivo migrante y se vive en un estado de excepción casi permanente que justifica saltarse las leyes, y la posibilidad de que eso se traslade a otros ámbitos de actuación pública es muy alta”. Tal y como apunta en el ensayo, “como canarios en una mina, los migrantes se han convertido en el laboratorio de un proceso reaccionario que amenaza con determinar el conjunto amplio de libertades y derechos”.

El cofundador de PorCausa (Investigación, periodismo y migraciones) ve imprescindible que todo ello venga acompañado de un rescate del sistema de protección internacional “del arroyo presupuestario y administrativo en el que ha sido abandonado”. “Una norma o política pública carente de recursos es una norma absolutamente inane, sin consecuencias prácticas”, recalca con la vista puesta en el día a día del sistema de protección español que “carece de recursos económicos y humanos para garantizar un correcto triaje”.

La violencia en el sistema escala aún más al introducir la robotización en aras de la eficiencia. Tal y como asegura el mismo Fanjul, antes de llegar a hablar con una persona, el migrante solicitante de protección internacional en España ya se ha expuesto a máquinas que determinarán si su acento es exactamente igual al del lugar de procedencia del que asegura ser, o si las inflexiones de la voz denotan fiabilidad. “Los estados usan la tecnología para debilitar los derechos de las personas, casi nunca para garantizarlos”, denuncia.

Imaginar nuevos escenarios para el futuro

La regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Congreso en abril y a la que se acogieron cerca de 1.175.000 personas es uno de los principales ejemplos esperanzadores en los que Fanjul ve la promesa de un futuro mejor. Por eso, invita a los demás países a seguir los mismos pasos: “La irregularidad es una aberración ética, legal y económica, un fenómeno indeseable”. Desde su punto de vista, la sociedad también pierde debido a que el migrante, que a menudo trabaja, no tiene la posibilidad de contribuir según sus obligaciones. “Es una medida sencilla y barata, con beneficios para las personas migrantes muy inmediatos”, incide.

La propuesta de la promoción de programas piloto de movilidad laboral temporal es otro de los aspectos que el investigador defiende en su monografía. El ejemplo está claro y sucede en Alemania. El Triple Win Programme se inició ante la gran falta de enfermeras que golpeará el país. De esta forma, por cada enfermera que llega de alguno de los países de origen suscritos al programa y formada según los estándares del sistema sanitario alemán, Alemania forma hasta a otras dos profesionales que permanecen en sus países. “Necesitamos imaginar nuevos escenarios, realizar un ejercicio ambicioso de innovación de políticas públicas, y eso exige la prueba y el error”, comenta.

Consensuar programas como este de Alemania conlleva trasladar a la opinión pública una percepción de control, pues el elemento de orden es clave: “La sociedad no es que sea más o menos partidaria de la inmigración, sino que su rechazo se deriva de la sensación de caos que transmite la política migratoria”. Se tratarían, eso sí, de programas voluminosos, de decenas de miles de personas que vendrían a suplir una necesidad laboral del país de destino. “Y eso se puede hacer sin grandes reformas legislativas. Necesitamos adelantarlos a lo que vendrá”, sostiene el autor.

La unión hace la fuerza

Forjar coaliciones que frenen y reviertan la deriva de odio contra el colectivo migrante es la última propuesta que Fanjul recoge en su escrito. A diferencia de otros aspectos, la política migratoria es algo que une a las diversas extremas derechas que repuntan en Europa. “No solo han sido muy exitosas a la hora de reconocer el debate emocional y operar en él, sino que han capturado a gobiernos de centroderecha y centroizquierda víctimas del miedo, que aplican sin decirlo las mismas políticas que la ultraderecha”, se explaya el investigador.

Las uniones entre sectores tan dispares como la Conferencia Episcopal y organizaciones comunistas se han dejado ver en el proceso de regularización extraordinaria, que ha tenido a los colectivos migrantes a la cabeza. Al mismo también se han sumado los empleadores en busca de un sistema más racional. “Es gente del centroderecha capaz de reconocer que la regularización de migrantes es una medida de sentido común”, defiende el integrante de PorCausa.

La convocatoria de elecciones por parte de Pedro Sánchez para el próximo 29 de noviembre no es una buena noticia para el futuro de la migración en España, a ojos de Fanjul. “El PP planteó en su momento buenas ideas en materia de movilidad laboral, pero ahora vemos una deriva preocupante. Hay una especie de impudicia del odio, una extensión del odio público, incluso violento, que nos preocupa. Si hay cambio de gobierno, habrá un peso específico de la ultraderecha mayor del que podríamos pensar”, vaticina el investigador.

De todas formas, el espíritu reformista de Contra las fronteras impregna cada uno de sus capítulos. “El reformismo sincero y profundo puede tener consecuencias revolucionarias”, afirma al final del libro. Ahí deja su diagnóstico de la situación y el tratamiento pertinente: “Nos jugamos cruzar un punto de no retorno, y ese punto es moral”, comenta. Tal y como él mismo finaliza en su ensayo, “hoy puede parecer que la desaparición de las fronteras físicas y mentales es una utopía, pero mañana echaremos la vista atrás con el orgullo de haber librado esta batalla”.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en La Rioja (EAPN La Rioja) ha presentado hoy el 16ª Informe ‘El Estado de la Pobreza’, basado en los resultados de la tasa AROPE (siglas de At Risk Of Poverty and Exclusion, En riesgo de pobreza y/o exclusión), que revela que en 2025 los indicadores de pobreza y exclusión social de La Rioja registran unos resultados mejores que los del conjunto del estado. La tasa AROPE revela que el 22,8 por ciento de la población de la comunidad vivía en 2025 en riesgo de pobreza o exclusión social, un aumento del 0,2 por ciento respecto a 2024. 

El informe, presentado hoy con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza el 17de octubre, señala que, en términos absolutos, unas 75.000 personas están en riesgo de pobreza y exclusión social en La Rioja, lo que supone cerca de 2.000 más que el año anterior. Pese a ello, la tasa AROPE de La Rioja está, en 2025, 2,9 puntos por debajo de la media estatal. Es una de las más bajas del país.

 Entre los componentes de la Tasa AROPE, la tasa de pobreza (18,4 por ciento) es el único que mejora (cae 1 punto), aunque la tasa de pobreza severa (7,6 por ciento) aumenta; por el contrario, su carencia material y social severa (4,3 por ciento) crece 0,6 puntos y su baja intensidad en el empleo (7,4 por ciento) se incrementó 2,2 puntos.

En lo que respecta al sistema de protección social, el IMV ha sustituido en gran medida a las rentas mínimas autonómicas. Así, el número total de personas beneficiarias de algún tipo de prestación de garantía de renta ha aumentado de 2.451 a 3.102, y la mayoría de ellas son beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital. 

Por otro lado, la nota negativa la aporta la tasa AROPE infantil, que crece por tercer año consecutivo (3 puntos) y se sitúa por encima de la media estatal (33,8 por ciento). La pobreza es más intensa en las familias con hijos menores a cargo. Niños, niñas y adolescentes son los que más sufren la pobreza. Lo que quiere decir que más de una de cada 3 niñas, niños y adolescentes riojanos están en riesgo de pobreza y exclusión social (el 36,5 por ciento).

La tasa AROPE más baja corresponde a las personas de 65 años y más (12,2 %), grupo que además es el que más mejora respecto al año pasado, con una reducción de 7,3 puntos porcentuales. En 2025, la Tasa AROPE en La Rioja es más elevada entre quienes viven en hogares con niñas, niños y jóvenes económicamente dependientes (30,2 %), quienes viven en zonas urbanas (23,3 %), quienes tienen vivienda en alquiler a precio de mercado (45,3 %), quienes están en desempleo (56,6 %) y quienes tienen alguna discapacidad (29,4 %).

Objetivos de la Agenda 2030

En comparación con 2015, año de referencia para el seguimiento de la Agenda 2030, cuando la tasa AROPE se situaba en el 20,7 %, el dato de 2025 supone un empeoramiento de 2,1 puntos porcentuales y se traduce en unas 10.000 personas más en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social.

La Rioja se encuentra todavía lejos de alcanzar el objetivo establecido en la Agenda 2030, que plantea reducir a la mitad la tasa AROPE registrada en 2015. Para cumplir con esta meta, en 2025 la tasa debería haber bajado hasta el 13,8 % en 2025 para seguir la senda marcada por la Agenda 2030.

Riesgo de pobreza

La tasa mejora en 1,0 punto porcentual respecto al año anterior, lo que supone unas 3.000 personas menos con ingresos por debajo del umbral de pobreza. El umbral de pobreza regional se situó en 13.242 euros, 1.022 euros por encima del umbral oficial estatal, un 8,4 % más.

 La evolución de la pobreza es diferente según el sexo. Entre las mujeres, la tasa de pobreza descendió hasta el 18,3 %, 2,5 puntos menos que el año anterior, mientras que entre los hombres aumentó 0,6 puntos, hasta el 18,6 %. Por edad, la incidencia más elevada corresponde a las personas menores de 18 años, con un 32,8 %, que encadenan tres años consecutivos de incremento. En cambio, las personas de 65 años o más presentan la tasa más baja, del 11,7 %, y registran la mayor mejora interanual, con una reducción de 3,5 puntos.

 La pobreza afecta en mayor medida a determinados colectivos. Destacan las personas que viven en hogares con niñas, niños y jóvenes económicamente dependientes (26,0 %), quienes residen en zonas rurales (19,5 %), las personas que viven de alquiler (36,6 %), las personas desempleadas (37,0 %) y aquellas con alguna discapacidad (21,8 %).

 En cuanto a la pobreza severa, en 2025 afecta al 7,6 % de la población de La Rioja, 1,1 puntos más que el año anterior. Este indicador considera a las personas que viven en hogares cuyos ingresos no superan los 679 euros mensuales por unidad de consumo. Las mayores tasas se registran entre las personas menores de 18 años (16,4 %), quienes viven de alquiler (16,7 %), las personas desempleadas (24,7 %) y quienes residen en hogares con niñas, niños y jóvenes económicamente dependientes (12,2 %).

 Pobreza y carencia severa

La carencia material y social severa (CMSS) identifica a las personas que viven en hogares que no pueden afrontar siete o más bienes y servicios considerados básicos de un total de 13 establecidos para el conjunto de la Unión Europea. Se trata de un indicador de vulnerabilidad grave y es importante diferenciarlo del riesgo de pobreza, ya que ambos indicadores miden realidades distintas, aunque puedan coincidir en una misma persona.

En 2025, la carencia material y social severa en La Rioja se sitúa en el 4,3 %, lo que equivale a unas 14.000 personas. La comunidad registra así la tercera tasa más baja del conjunto del Estado, solo por detrás de Euskadi (3,0 %) y Balears (3,6 %). Tras la notable mejora registrada el año anterior, el indicador aumenta 0,6 puntos porcentuales en 2025, aunque se mantiene en niveles similares a los observados antes de la pandemia (4,1 % en 2020) y en 2015 (4,4 %).

 La utilización del antiguo indicador de carencia material severa (CMS) permite ampliar la comparación histórica hasta antes de la Gran Recesión. En 2008, la tasa de La Rioja era del 2,8 %, frente al 5,0 % registrado en 2025, lo que supone un incremento de 2,2 puntos porcentuales. No obstante, la aplicación del nuevo indicador CMSS ofrece en 2025 una tasa inferior a la del antiguo CMS: 4,3 % frente a 5,0 %.

La incidencia de la carencia material y social severa es mayor entre determinados grupos de población. Las tasas más elevadas corresponden a las personas desempleadas (20,1 %), las personas con discapacidad (6,8 %), quienes viven de alquiler (6,1 %) y la población menor de 18 años (5,7 %). También presentan valores superiores a la media las personas que viven en hogares con niñas, niños y jóvenes económicamente dependientes (4,7 %) y quienes residen en zonas urbanas (4,7 %).

Privación Material y Social Severa o CMSS

El análisis de los 13 bienes y servicios de primera necesidad que componen el indicador muestra que en 2025 nueve han registrado un empeoramiento, tres han mejorado y uno se mantiene estable. Entre los principales incrementos destaca la población que no puede afrontar gastos imprevistos, que pasa del 25,0 % al 27,4 % (+2,4 puntos porcentuales). También aumenta la proporción de personas que no pueden sustituir muebles estropeados o viejos, del 18,6 % al 20,7 % (+2,1 puntos), y la de quienes no pueden participar regularmente en actividades de ocio, del 7,6 % al 9,1 % (+1,5 puntos). 

A pesar de esta evolución, 12 de los 13 ítems presentan en La Rioja valores inferiores a los registrados en el conjunto del Estado, lo que refleja una menor incidencia de estas situaciones de carencia en la comunidad. Entre las diferencias más destacadas se encuentra la capacidad para afrontar gastos imprevistos, que afecta al 27,4 % de la población riojana frente al 36,5 % estatal, así como la posibilidad de disfrutar de al menos una semana de vacaciones fuera del hogar al año, con un 23,4 % frente al 32,3 % en el conjunto de España.

En 2025, el 37,5 % de la población de La Rioja declara algún grado de dificultad para llegar a fin de mes, lo que supone una reducción de 2,3 puntos porcentuales respecto al año anterior. No obstante, aumenta la proporción de personas que afrontan mucha dificultad, que pasa del 5,9 % en 2024 al 6,6 % en 2025.

Por último, en 2025, el 5,7 % de la población de La Rioja experimentó retrasos en el pago de facturas de suministros como la luz o el gas, valor inferior al medido entre el total de población estatal (9,3 %).

  Baja intensidad en el empleo en el hogar

El factor de baja intensidad de empleo por hogar (BITH) de la tasa AROPE mide la proporción de personas de entre 0 y 64 años que viven en hogares cuyos miembros en edad de trabajar solo alcanzan a utilizar menos del 20 % de su potencial laboral. En 2025, el 7,4 % de la población de La Rioja en este grupo de edad vive en hogares con baja intensidad laboral, lo que equivale a unas 19.000 personas.

Este indicador registra un empeoramiento significativo respecto al año anterior, con un incremento de 2,2 puntos porcentuales, equivalente a unas 6.000 personas más. No obstante, la tasa riojana se mantiene 0,6 puntos por debajo de la media estatal (8,0 %) y sitúa a La Rioja como la sexta comunidad autónoma con menor BITH.

A más largo plazo, la evolución muestra una tendencia de mejora: desde 2015, la tasa BITH se ha reducido en 3,8 puntos porcentuales. Para ampliar la comparación histórica, la metodología anterior —que considera a la población de 0 a 59 años— permite observar que en 2025 la tasa se encuentra 4,4 puntos porcentuales por encima de la registrada en 2008, antes de la Gran Recesión.

Otros datos del informe

El informe se detiene, asimismo, en el análisis de la renta media y la desigualdad. La renta media por persona en La Rioja es de 15.654, prácticamente la misma que la renta media estatal (15.620 euros).

En general, las mujeres y los menores tienen ingresos medios más bajos, lo que refuerza la idea de que los hogares con menores son más vulnerables. También presentan rentas inferiores quienes viven en zonas rurales, en alquiler o están desempleados. También las personas con discapacidad.

Si de nuevo se toma solamente a la población riojana que vive bajo el umbral de pobreza, la cifra aumenta considerablemente: el 31,9 % de las personas en pobreza de esta región tienen un gasto elevado en vivienda, lo que supone 3,6 puntos porcentuales más que el dato estatal (28,3 %). Según Índice del Precio de la Vivienda (IPV) del INE, desde el año 2015 hasta 2025 el precio de compraventa en La Rioja ha aumentado un 66,3 %. Según el IPVA, el coste del alquiler también se ha incrementado de manera constante desde 2015. Respecto a ese año en 2024 el alquiler es un 19,6 % más caro, cifra que asciende hasta el 32,3 % si se tiene en cuenta únicamente los nuevos contratos.

Una de cada cuatro personas en Catalunya se encuentran en situación de pobreza extrema. Es decir, que sobreviven con menos de 770 euros mensuales. A pesar de las dificultades que conlleva percibir tan poco dinero, la mitad de este grupo de población no cumple los requisitos para ninguna ayuda pública.

Así lo refleja un informe de la Taula del Tercer Sector, que apunta a que el sistema de prestaciones está diseñado de tal manera que deja a mucha gente fuera y que, además, no ayuda a salir de la pobreza a un elevado porcentaje de las que sí las perciben. “Los requisitos actuales no contemplan un gran abanico de situaciones de vulnerabilidad”, tal como se apunta en la investigación.

Según las entidades, los principales problemas que se encuentran quienes no cumplen los requisitos se están en la dificultad de empadronarse. Más de 40 municipios en Catalunya ponen trabas para registrar a personas sinhogar, a aquellas que viven en infraviviendas, sin contrato de alquiler o en situación administrativa irregular, a pesar de que hay una ley orgánica que obliga a hacerlo.

Otro de los problemas es acreditar el tiempo mínimo de residencia en un territorio -una problemática muy ligada a la del padrón-, las dificultades para disponer de una cuenta bancaria o para acreditar la composición del hogar. “Puede ser muy difícil de demostrar ciertas cuestiones cuando no se tiene una vivienda estable o si se viven cambios importantes”, ahonda la Taula del Tercer Sector.

En esta línea, el estudio llega a afirmar que hay un enorme porcentaje de personas que, a pesar de cumplir los requisitos para recibir estas ayudas, tienen problemas para acreditarlos. En el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), esto afecta al 64% de los solicitantes; en la Renta Garantizada de Ciudadanía, al 30% y en el del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), al 78%, según datos de 2025.

A todo ello, se suma también el problema del “exceso de la burocracia”. Las entidades afean a la administración que haya diseñado un sistema con “procedimientos difíciles de entender” y plazos apretados. “La complejidad administrativa, la reiteración de la documentación y las comprobaciones, pueden convertir el proceso en un obstáculo en sí mismo”, apuntan.

Cobrar la prestación sin salir de la pobreza

A las dificultades para conseguir cobrar una ayuda pública, la Taula del Tercer sector añade otro problema: percibirla no significa, necesariamente, salir de la situación de vulnerabilidad. El estudio expone que el 66% de los hogares con hijos siguen en situación de pobreza severa a pesar de cobrar la RGC.

Esta realidad se debe a la falta de actualización del Indicador de la Renta de Suficiencia, un umbral que dicta los ingresos máximos para percibir las ayudas y en función del cual se calcula el importe de las prestaciones. Este indicador se creó en 2006 y ya entonces se situaba ligeramente por encima de la renta que marca la pobreza severa. Esta cifra se fue actualizando periódicamente hasta 2010; en ese momento, quedó congelada hasta 2022.

Este desfase provocó que el Indicador quedara estanco, mientras que el umbral de pobreza severa aumentara, de la mano de la renta mediana. Es decir; con el paso de los años, los hogares han incrementado ligeramente sus ingresos, aunque no lo suficiente para hacer frente a un crecimiento desbocado del coste de vida. Y, mientras, el indicador que separa quien tiene derecho a una ayuda y quien no, se ha quedado inalterado.

La primera actualización no llegó hasta 2024, pero esta sólo corrige “parcialmente” la situación. Ahora, se sitúa en los 778,49€ al mes, ocho euros más que el umbral de la pobreza extrema.

Con todo, las entidades alertan del “error” que supone determinar quién recibe ayudas públicas en función de los ingresos porque la vulnerabilidad, aseguran, está determinada por una “acumulación de ejes de desigualdad”. Destacan las dificultades para acceder a una vivienda, la falta de estabilidad, los problemas de salud mental, adicciones, la falta de redes de apoyo o la precariedad laboral.

Precisamente, los problemas derivados del mercado laboral también son uno de los puntos ciegos del sistema de prestaciones. Atendiendo a los datos, sólo el 13% de los hogares que recibieron la RGC entre 2021 y 2023 registraron alguna alta laboral. Esto se explica porque esta ayuda es incompatible con trabajar, incluso si se trata de un contrato parcial o temporal.

Además, al acabarse el trabajo, volver a recuperar la ayuda puede tardar meses. “Ese desfase puede suponer deudas y problemas graves. Aceptar trabajos puede llegar a ser una decisión económicamente arriesgada”, apunta el estudio.

Por todo ello, las entidades del Tercer Sector piden una “revisión urgente” del sistema de prestaciones que pase por pasar a una “cultura de la confianza” para con el usuario y compatibilizar diversas prestaciones entre ellas, así como con algunas rentas del trabajo. Y, de paso, insisten también en obligar a los ayuntamientos a empadronar y a atender a todos sus ciudadanos, así como a establecer mejores condiciones para los trabajadores sociales para garantizar una mejor atención.

Aragón mejora sus indicadores de pobreza y exclusión social, pero las cifras generales esconden profundas desigualdades económicas que afectan especialmente a quienes viven de alquiler, están desempleados o tienen dificultades para cubrir los gastos más básicos. El 43,3% de las personas que residen en una vivienda alquilada a precio de mercado se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, una proporción que triplica ampliamente el 12,8% registrado entre quienes tienen una vivienda en propiedad. La situación es todavía más preocupante entre las personas desempleadas, con una tasa del 46,2%, aunque disponer de un trabajo tampoco garantiza escapar de la vulnerabilidad.

Así lo recoge el XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza en Aragón, publicado este octubre por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que constata una mejora de los principales indicadores correspondientes a 2025. La población en riesgo de pobreza o exclusión social se ha reducido del 21% al 19,1%, lo que supone unas 260.000 personas, aproximadamente 20.000 menos que el año anterior.

Esta evolución sitúa a Aragón como la cuarta comunidad autónoma con menor tasa de pobreza o exclusión social, 6,6 puntos por debajo de la media española, que alcanza el 25,7%. Sin embargo, la mejoría del último ejercicio no ha permitido recuperar los niveles de 2015, cuando la tasa aragonesa se situaba en el 17,6%. Desde entonces, el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión ha aumentado en más de 25.000.

El informe pone de manifiesto que la vivienda constituye uno de los principales factores de desigualdad económica. Aunque el porcentaje de personas vulnerables entre quienes pagan un alquiler a precio de mercado ha descendido desde el 47,1% de 2024 hasta el 43,3% actual, continúa siendo más de tres veces superior al registrado entre los propietarios.

Esta brecha se refleja también en el esfuerzo económico necesario para mantener una vivienda. Mientras que el conjunto de la población aragonesa destina, de media, el 14,2% de sus ingresos a este gasto, entre las personas en situación de pobreza el porcentaje asciende al 30,6%. Es decir, la vivienda absorbe más del doble de sus recursos, reduciendo considerablemente el dinero disponible para alimentación, suministros y otras necesidades básicas.

Las dificultades económicas también se manifiestan en los retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, que afectan al 10,5% de la población aragonesa. Aunque este indicador ha descendido cuatro puntos respecto al año anterior, continúa por encima de los niveles registrados antes de la pandemia y de la crisis financiera de 2008.

El desempleo continúa siendo uno de los principales factores de vulnerabilidad económica en Aragón. El 46,2% de las personas desempleadas se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, una proporción que supera ampliamente la media autonómica del 19,1%.

Sin embargo, la existencia de ingresos laborales tampoco asegura unas condiciones económicas suficientes. El informe constata que el 12,9% de las personas ocupadas está en riesgo de pobreza o exclusión social, una décima más que el año anterior. Este dato evidencia que disponer de un puesto de trabajo no siempre permite cubrir las necesidades habituales del hogar, especialmente cuando los ingresos resultan insuficientes para afrontar los gastos de vivienda y manutención.

Las situaciones de mayor vulnerabilidad también afectan a las personas con discapacidad, cuya tasa de riesgo de pobreza o exclusión social alcanza el 27,2%, frente al 26,3% registrado en 2024. Se trata, además, de uno de los colectivos en los que el indicador empeora pese a la evolución positiva del conjunto de Aragón.

Casi el 29% no puede afrontar un gasto imprevisto

Las dificultades para mantener una estabilidad económica van más allá de los hogares considerados oficialmente en riesgo de pobreza. El 28,7% de la población aragonesa carece de capacidad para afrontar un gasto imprevisto de 900 euros, aunque el porcentaje ha mejorado ligeramente respecto al 29,9% del año anterior.

A esta situación se añaden otras privaciones materiales que afectan a una parte significativa de los hogares. El 24,6% de la población no puede permitirse una semana de vacaciones fuera de casa al año y el 11% carece de recursos suficientes para mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de invierno.

La falta de recursos también repercute en la alimentación. Según el informe, el 4,9% de la población aragonesa no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado, o su equivalente vegetariano, al menos cada dos días. Este indicador ha empeorado respecto al 4% registrado en 2024, a diferencia de la evolución favorable de la mayoría de los parámetros analizados.

En conjunto, unas 89.000 personas, el 6,5% de la población aragonesa, sufren carencia material y social severa. Aunque la tasa ha descendido desde el 8,2% del ejercicio anterior, continúa siendo más del doble de la registrada en 2015, cuando se situaba en el 2,6%.

Uno de cada cuatro menores, en riesgo de pobreza o exclusión

La infancia continúa siendo uno de los grupos más expuestos a la vulnerabilidad económica. El 24,8% de los menores de 18 años de Aragón está en riesgo de pobreza o exclusión social, casi seis puntos por encima de la media autonómica.

Aunque la tasa infantil ha descendido 3,9 puntos respecto al año anterior, cuando alcanzaba el 28,7%, el informe constata que las desigualdades siguen afectando con mayor intensidad a los hogares con menores económicamente dependientes. En estos hogares, el riesgo de pobreza o exclusión social alcanza el 21,8%, frente al 16,5% de aquellos en los que no viven menores o jóvenes dependientes.

Las diferencias también se observan por sexo. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social entre las mujeres se sitúa en el 20,1%, frente al 18% de los hombres. Aunque ambos grupos han mejorado respecto al año anterior, el descenso ha sido más intenso entre los hombres, lo que ha ampliado la brecha de género.

El informe recoge una reducción de la pobreza severa, que pasa del 6% al 4,2% de la población. Esta tasa, la segunda más baja de España, corresponde a quienes viven en hogares con ingresos inferiores a 679 euros mensuales por unidad de consumo, de acuerdo con el umbral utilizado por EAPN.

Pese a esta evolución, la pobreza severa continúa afectando aproximadamente a 57.000 personas en Aragón y presenta diferencias importantes según las circunstancias personales. La tasa alcanza el 12,4% entre las personas desempleadas y el 11,4% entre quienes viven de alquiler a precio de mercado.

El informe también advierte de que la tasa general de pobreza varía cuando se utiliza el umbral de ingresos propio de Aragón en lugar del estatal. Con el criterio oficial, el 13,6% de la población aragonesa se encuentra en riesgo de pobreza, unas 186.000 personas. Sin embargo, al aplicar el umbral regional, que tiene en cuenta el nivel de renta de la comunidad, la proporción asciende al 16,6%.

Andalucía vuelve a situarse entre las comunidades autónomas con peores resultados en erradicación de pobreza en el país dado que, en 2025, el 34,7% de la población andaluza se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que equivale a alrededor de tres millones de personas. De esta forma, se pone de manifiesto que el crecimiento económico y la mejora de determinados indicadores laborales no se traducen, por sí solos, en una reducción suficiente de la desigualdad.

Así lo indica la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía), que ha presentado este jueves en Sevilla el XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemorará el próximo 17 de octubre.

El estudio, elaborado a partir de fuentes estadísticas oficiales en colaboración con EAPN España, ofrece un diagnóstico de la situación de pobreza, exclusión social y desigualdad en Andalucía. Los datos correspondientes a 2025 reflejan una ligera mejoría en algunos indicadores, en consonancia con la evolución registrada en el conjunto del país.

Además, ocupa el segundo puesto en pobreza severa y en pobreza y exclusión social infantil. Igualmente, encabeza cuatro de los cinco principales indicadores analizados: tasa Arope, tasa de pobreza, carencia material y social severa y baja intensidad de empleo en el hogar. Asimismo, el informe evidencia que la pobreza en Andalucía sigue teniendo un carácter “estructural”. Por tanto, “aunque algunos indicadores mejoran, millones de personas continúan sin disponer de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y ejercer plenamente sus derechos”.

El 11,4% de la población andaluza sufre pobreza severa

Por su parte, la tasa Arope se ha reducido 0,9 puntos porcentuales respecto a 2024, con unas 67.000 personas menos afectadas. Sin embargo, Andalucía mantiene la tasa más elevada de todas las comunidades autónomas, nueve puntos por encima de la media estatal, situada en el 25,7%. Además, la tasa de pobreza se sitúa en el 27,7%, lo que representa aproximadamente 2,4 millones de personas con ingresos inferiores al umbral de pobreza. El indicador desciende 1,5 puntos respecto al año anterior, una reducción equivalente a unas 110.000 personas.

Pese a ello, Andalucía continúa encabezando el ranking autonómico de pobreza, ya que la pobreza severa alcanza el 11,4%, la segunda tasa más elevada del país. Además, este indicador refleja las dificultades de quienes viven en hogares con ingresos inferiores a 679 euros mensuales por unidad de consumo y pone de manifiesto la persistencia de situaciones de privación económica extrema. La carencia material y social severa aumenta tres décimas, hasta el 10,9%, y afecta a casi 943.000 personas. Así, Andalucía vuelve a registrar el valor más elevado entre las comunidades autónomas.

Durante la presentación del Informe, el presidente de EAPN Andalucía, José Miguel Morales, ha añadido que “aunque los indicadores macroeconómicos muestran una leve mejoría en la región, la pobreza en Andalucía sigue siendo estructural y profundamente desigual”.

La pobreza afecta en mayor medida a las mujeres

La feminización de la pobreza continúa siendo una de las principales expresiones de la desigualdad estructural en Andalucía. En 2025, la tasa Arope femenina alcanza el 36,7%, frente al 32,6% de los hombres. La brecha de género se amplía hasta los 4,1 puntos porcentuales, el valor más elevado desde 2015, debido a que la reducción de la pobreza ha sido menor entre las mujeres.

Esta desigualdad se manifiesta también en el mercado laboral. En el segundo trimestre de 2026, la tasa de desempleo femenino se sitúa en el 16,38%, frente al 13% de los hombres. Asimismo, el 22,8% de las mujeres ocupadas trabaja a tiempo parcial, frente al 5,7% de los hombres, una diferencia que limita sus ingresos y sus posibilidades de desarrollo profesional.

Igualmente, la brecha salarial en Andalucía alcanza el 25,9%. Más de la mitad de las mujeres ocupadas, el 55%, percibe salarios anuales por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. A estas desigualdades se suman la mayor carga de los cuidados, el trabajo doméstico no remunerado y las dificultades para acceder a empleos estables y bien remunerados.

Por su parte, la violencia de género constituye otra manifestación extrema de esta desigualdad. Andalucía vuelve a encabezar en 2025 el número de denuncias registradas entre las comunidades autónomas, con 41.316, frente a las 40.168 del año anterior. Además, se contabilizaron 36.785 mujeres víctimas de violencia de género.

El 43% de los menores están en riesgo de pobreza

Mientras la crisis habitacional y el encarecimiento de la vida sigan asfixiando a los hogares con menores y a las trabajadoras con sueldos por debajo del SMI, “estaremos perpetuando una brecha social que se hereda de generación en generación”, ha afirmado el vicepresidenta de la Red, Salima El Meziani.

La pobreza infantil sigue representando uno de los principales retos sociales de Andalucía. El 43,4% de los niños y adolescentes se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que sitúa a la comunidad como la segunda región con mayor tasa del país. Aunque el indicador disminuye 1,5 puntos respecto al año anterior, la magnitud del problema continúa siendo “alarmante”.

Se reduce la vivienda en propiedad y aumenta el alquiler

El acceso a una vivienda “digna” y “asequible” se ha convertido en uno de los principales factores de presión económica para la población andaluza, especialmente para quienes cuentan con menores ingresos. El encarecimiento de la vivienda, el aumento de la demanda de alquiler y la insuficiencia de alternativas residenciales asequibles “dificultan cada vez más el acceso y la permanencia en una vivienda adecuada”.

La proporción de personas que viven en una vivienda en propiedad ha pasado del 80,9% en 2008 al 78,8% en 2025, mientras que el alquiler ha aumentado del 11,1% al 14,2%. Esta evolución refleja las crecientes dificultades de acceso a la propiedad para una parte de la población, que debe recurrir al mercado del alquiler, donde el incremento de la demanda presiona los precios al alza.

Según el Índice de Precios de Vivienda del INE, el precio de compraventa en Andalucía ha aumentado un 79,2% entre 2015 y 2025. Además, el precio medio tasado de la vivienda libre alcanza los 1.924 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2026, con un incremento interanual del 13,3%. Además, el coste del alquiler también continúa aumentando.

En 2025, el desembolso medio mensual por arrendamiento se sitúa en 522 euros, por encima de la cuota hipotecaria media, de 492 euros. En ese mismo año, los hogares andaluces destinan de media el 15,7% de sus ingresos a la vivienda. Entre la población en situación de pobreza, este porcentaje asciende al 28,5%, y el 21,1% de las personas pobres soporta un gasto elevado en vivienda, equivalente al 40% o más de sus ingresos.

Según el informe, si no existieran las transferencias del Estado, la tasa de pobreza en Andalucía alcanzaría aproximadamente al 52% de la población. Esta estimación evidencia la importancia de las pensiones, las prestaciones por desempleo, el Ingreso Mínimo Vital y otros mecanismos de garantía de ingresos para evitar un deterioro aún mayor de las condiciones de vida.

Por último, la situación de la población pensionista también refleja importantes dificultades económicas. El 41% de los pensionistas recibe una pensión cuyo importe no supera el umbral de pobreza, situado en 873 euros mensuales en 14 pagas. En cuanto al alcance de las prestaciones sociales, las ayudas de garantía de rentas, entre las que se encuentran el Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones asistenciales, llegan al 12,4% de la población andaluza en 2025.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y/o la Exclusión Social (EAPN) en Castilla-La Mancha ha presentado este jueves su XVI Informe 'El Estado de la Pobreza', apuntando al coste de la vivienda como uno de los principales factores que condiciona la situación económica e impulsa la exclusión social de las personas con menos ingresos.

Durante la presentación del informe en Toledo, la presidenta de de EAPN Castilla-La Mancha, Mar González, acompañada por el gerente de la entidad, Raúl del Viso, y la técnica de proyectos, Irene Sergio, ha subrayado que “detrás de todas estas cifras hay personas y familias y no deberíamos estar hablando de que en Castilla-La Mancha somos la segunda comunidad autónoma más pobre”.

Así, ha destacado el efecto del coste de la vivienda, como “el factor clave que agrava la pobreza”. En este sentido, ha arrojado el dato de que dos de cada tres personas que residen en una vivienda de alquiler a precio de mercado están en riesgo de pobreza o exclusión social. Un dato que contrasta con el porcentaje de riesgo de exclusión de las personas que residen en una vivienda en propiedad, que desciende al 26,6%.

La segunda comunidad autónoma más pobre

En 2025, el 34,0 % de la población castellanomanchega, alrededor de 724.000 personas, se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE), una tasa que mejora respecto al año anterior, cuando se situó en el 34,2 %. Sin embargo, Castilla-La Mancha soporta una de las tasas de pobreza y exclusión más elevadas del país, situándose, por segundo año consecutivo, como la segunda comunidad autónoma con la tasa AROPE más alta, solo detrás de Andalucía.

Bajo este dato general, la vivienda marca una diferencia especialmente significativa. Dos de cada tres personas (63,7 %) que viven en alquiler a precio de mercado están en AROPE, frente a una de cada cuatro personas (26,6 %) de quienes viven en una vivienda en propiedad.

El esfuerzo económico que supone la vivienda es todavía mayor entre quienes ya se encuentran en situación de pobreza. En 2025, estas personas destinaban el 30,2 % de sus ingresos a la vivienda, prácticamente el doble que el conjunto de la población de Castilla-La Mancha, que destinaba el 16,2%.

Más dificultades para afrontar los gastos de vivienda

El informe también refleja un aumento de las dificultades para hacer frente a los pagos relacionados con el mantenimiento de la vivienda. En 2025, el 12,2 % de la población de Castilla-La Mancha había sufrido retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, 1,2 puntos más que el año anterior y 1,6 puntos por encima de la media estatal, situada en el 10,6%.

El problema se intensifica entre la población en pobreza: el 22,8 % soporta un gasto elevado en vivienda, frente al 6,7 % del conjunto de la población castellanomanchega. Este porcentaje ha aumentado 1,9 puntos respecto a 2024.

A ello se suma la dimensión energética de la vivienda. El informe muestra que el 19,3% de la población de Castilla-La Mancha no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno, una situación que evidencia cómo el coste de la vivienda y de los suministros condiciona la capacidad de los hogares para cubrir otras necesidades básicas.

La pobreza infantil y la brecha de género también empeoran

Los datos muestran también un empeoramiento de la situación de la infancia. La tasa AROPE entre las personas menores de 18 años alcanza el 43,4 % en 2025, frente al 41,1 % registrado en 2024. Esto supone un incremento de 2,3 puntos y sitúa a la infancia como el grupo de edad con mayor riesgo de pobreza y exclusión de la región.

También aumenta de forma significativa la brecha de género. El AROPE alcanza el 36,9 % entre las mujeres, frente al 31,2 % entre los hombres. Como consecuencia, la brecha pasa de 2,1 a 5,7 puntos en un solo año.

Además, la pobreza severa alcanza al 15,4 % de los menores de 18 años y al 12,3 % de las personas que viven en hogares con niñas, niños y jóvenes económicamente dependientes, frente al 5,3 % en los hogares sin menores.

Los datos del informe muestran también el papel que desempeña el sistema de protección social en la reducción de la pobreza. En Castilla-La Mancha, las transferencias del Estado evitan que un 21,8 % de la población caiga en situación de pobreza: un 14,8 % gracias a las pensiones de jubilación y supervivencia y un 7,0 % gracias al resto de prestaciones.

Sin embargo, persisten importantes dificultades para que las prestaciones lleguen a todas las personas que las necesitan. En el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la tasa de personas que, pese a cumplir los requisitos, no reciben la prestación alcanza el 60,3 % en Castilla-La Mancha, frente al 55,0 % a nivel estatal. Esto significa que seis de cada diez personas que podrían estar accediendo al IMV no lo están haciendo.

Reclama situar la vivienda en el centro de las políticas contra la pobreza

Para EAPN-CLM, y pese a la leve mejoría, los datos muestran que no es posible abordar la pobreza sin abordar el acceso a una vivienda asequible y adecuada. El elevado peso de la vivienda sobre los ingresos de los hogares con menos recursos limita su capacidad para afrontar otros gastos básicos y aumenta el riesgo de pobreza y exclusión.

Las familias con menores a cargo siguen soportando importantes tasas de pobreza y exclusión social, por lo que desde la Red contra la Pobreza reclamamos más y mejores políticas públicas de inversión en vivienda pública accesible y gestionada; mejorar el acceso a más y mejores empleos; así como una red pública de seguridad que prevenga y actúe sobre las situaciones de mayor vulnerabilidad antes de que las situaciones de vulnerabilidad se agraven o cronifiquen.

La presión social ha logrado frenar de nuevo el desahucio de Paca Blanco. Alejandra Jacinto, abogada de la activista ecologista y feminista, ha sido informada este miércoles de que el juzgado ha suspendido durante 60 días el procedimiento, aplazando así el lanzamiento previsto para el próximo 30 de noviembre. Las organizaciones que respaldan a Blanco atribuyen esta decisión a la movilización social y advierten de que la suspensión no garantiza aún su permanencia en la vivienda.

Ecologistas en Acción, Anticapitalistas y diversas organizaciones del movimiento por la vivienda, entre ellas el Sindicato de Inquilinas y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), reclaman al Ayuntamiento de Madrid y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) una solución definitiva que regularice su situación contractual y le permita acceder a un alquiler social ajustado a sus ingresos.

Más de diez años en una vivienda pública

Blanco reside desde hace más de una década en una vivienda pública de la EMVS a la que se trasladó junto a su hijo, adjudicatario original del piso. Cuando él se marchó, comenzó a solicitar la subrogación del contrato para regularizar su situación. Según las organizaciones que la respaldan, durante estos años ha tratado de conseguir una respuesta institucional y ha abonado el alquiler.

Para los colectivos, encadenar suspensiones sin resolver el conflicto prolonga la incertidumbre y el desgaste de vivir bajo la amenaza de perder la casa. La nueva paralización concede un margen de tiempo, pero no ofrece garantías de estabilidad residencial ni evita que la activista vuelva a enfrentarse a un posible lanzamiento.

Más de 150 organizaciones y colectivos de todo el Estado, entre ellos sindicatos, movimientos por la vivienda, entidades ecologistas, asociaciones vecinales y colectivos de pensionistas, han respaldado un manifiesto en su apoyo. Esta red consiguió frenar un intento anterior de desahucio y mantiene la movilización para exigir una solución estable.

El comunicado vincula también la urgencia de esta reivindicación con la muerte de Maricarmen, de 87 años, la semana pasada. Las organizaciones han señalado este caso al denunciar el sufrimiento que padecen las personas que viven bajo la amenaza de perder su vivienda. En su denuncia incluyen asimismo a Mariano y a otras personas desahuciadas o en riesgo de serlo.

Una trayectoria marcada por las luchas ecologistas y feministas

La amenaza de desahucio afecta a una mujer cuya trayectoria pública está ligada a décadas de activismo social. Paca Blanco es una militante histórica de Ecologistas en Acción y Anticapitalistas y ha participado en luchas ecologistas, feministas, antinucleares y por el derecho a la vivienda.

Su historia también está marcada por experiencias de precariedad y represión. Durante su juventud sufrió el internamiento forzado en instituciones del Patronato de Protección a la Mujer, el organismo franquista que sometió a miles de jóvenes a un sistema de control moral y social.

Años después, Blanco fue expulsada de su vivienda en El Gordo, en Extremadura, cuando era coordinadora de Ecologistas en Acción en ese territorio y encabezaba la oposición al complejo de lujo Marina Isla de Valdecañas.

Ahora vuelve a enfrentarse a la posibilidad de perder su hogar. Las organizaciones que la acompañan advierten de las consecuencias que un desahucio podría tener sobre su autonomía y sus condiciones de vida. Consideran que su caso trasciende la situación individual de la activista y pone de manifiesto las dificultades para garantizar el derecho a la vivienda, incluso en el ámbito de la vivienda pública.

La suspensión de 60 días vuelve a aplazar el lanzamiento, pero deja pendiente la solución de fondo. Las organizaciones han anunciado que mantendrán la movilización hasta que Blanco tenga garantizada su permanencia en la vivienda.

La propia activista resume el desgaste que le provoca esta situación como una montaña rusa emocional: “Me dan bajones, ataques de ansiedad y estoy muy medicada; por otra parte, cuando veo el apoyo me dan subidones y así estoy”.

El fundador del Centro de la Familia, Raimundo Moreno, ha exigido este martes en el Parlamento de Canarias el desarrollo de un pacto por la infancia y contra la pobreza infantil a diez años que incluya, entre otras medidas, el aumento de la inversión, la creación de centros de día para mejorar la conciliación familiar e implantar una tasa turística de un euro cuyos fondos se inviertan en la atención a la infancia de las islas.

En una comparecencia ante la comisión de estudio sobre la pobreza infantil en el Parlamento de Canarias Moreno no ha obviado que hace falta “mucho dinero” para corregir el rumbo y cohesionar la aplicación de las políticas públicas, pues, en su opinión, están disgregadas.

“Hace mucho tiempo que tenemos muchas familias pobres y eso da lugar a que haya muchos niños pobres, y a eso se ha añadido el que nos han venido muchos niños sin familia que también son niños pobres, con lo cual ha aumentado exponencialmente la pobreza infantil. Esto es una realidad, entonces no podemos mirar a otro lado”, ha comentado.

Ha animado a la Cámara a “no poner paños calientes” y ser “radical” en la toma de medidas ya que, por ejemplo, la nueva ley canaria sobre la infancia y la familia no incluye “nada especial” y mantiene el “estigma” de la declaración de riesgo, un concepto que ya considera caduco. “Hay que cambiar el sistema, no se puede plantear siempre lo mismo”, ha explicado.

“Una pena” de colegios

Ha dicho también que los colegios en las islas son una “pena y una lástima” que “deprimen” solo con verlos y aboga por crear espacios más abiertos, más convivenciales y más en contacto con la naturaleza.

“La mayoría de los colegios son mamotretos de hormigón donde metemos a los niños en un rectángulo para que vean a un señor que les enseña cosas y así no se puede crecer en salud y así te deprimes”, ha señalado.

En esa línea ha afirmado que el horario escolar “no es el adecuado” y debería abrirse a turnos de mañana y tarde para que las familias puedan conciliar pues muchos menores pasan las tardes solos, con pantallas, y encima en un “casucho”.

Además ha pedido “cambiar” los planes educativos para “educar más en contacto con la naturaleza”, una modalidad que se ha ido perdiendo por el riesgo de incendios forestales y la práctica casi generalizada de que los campamentos se realizan en las mismas instalaciones de los centros educativos.

Ahí ha introducido la propuesta de los centros de día, vinculados a los ayuntamientos, para que los niños “puedan estudiar” y también complementar su jornada con actividades de ocio o de alimentación, con equipos profesionales y objetivos marcados.

“Hagamos prevención, si no, estaremos siempre poniendo remedios de bomberos y eso no arregla Canarias ni la pobreza”, ha afirmado, subrayando que tienen que ser centro “organizados, serios, no cualquier chiringuito”.

Buscar viviendas “debajo de las piedras”

En cuanto a la vivienda ha comentado que hacen falta “ya” con un plan de construcción y un comisionado especial de la vivienda que “busque viviendas debajo de las piedras” porque lo que se hace ahora es un “paño caliente”. “El problema no es una broma, el problema es que se nos va a caer encima y nos va a aplastar”, ha agregado.

Méndez ha alertado también del “silencioso veneno” que supone el consumo de drogas entre los jóvenes, al igual que el de las pantallas, y ha puesto como ejemplo el caso de la isla de El Hierro, donde están “alucinados” con el consumo de droga.

“La droga funciona como el que vende papas fritas”, ha indicado, por lo que ha pedido extremar los controles en los ferries.

Ha cargado también contra el alquiler vacacional, que ha sacado 42.000 viviendas del mercado residencial y para hacer frente al turismo que “desborda” las islas y exige “mejores” carreteras y servicios, ha propuesto una tasa turística de un euro por pernoctación que daría una recaudación anual de 180 millones de euros y que podrían reinvertirse en políticas de apoyo a las familias.

En el caso concreto de la inmigración ha apuntado que lo primero que hacen las familias al llegar a Canarias es “buscarse la vida” y los niños se quedan “solos en casa” y “llegan deprimidos, llegan con autolesiones, llegan con intentos de suicidio”.

“Están solos en casa todo el día porque sus padres están buscándose la vida para poderlos alimentar, para poder pagar el alquiler que han conseguido allí de mala manera y poder salir adelante. Entonces, todo esto tiene una solución. Dinero, conciliación y poner los remedios”, ha comentado.

En España hay casi tres millones de personas que viven ahogadas por el precio de los alquileres que no hacen más que subir cada año. Hogares que tienen que destinar más de un tercio de todo su salario a pagar la renta a los propietarios de sus viviendas y que se ven cada vez más empobrecidos y desprotegidos en un mercado de la especulación sin freno. Los decretos que PP, Vox y Junts tumbaron el viernes, las leyes que este gobierno de coalición o el anterior no pudieron o no quisieron aprobar en 8 años o el boicot a las leyes que sí existen de comunidades autónomas o ayuntamientos, afecta severamente a uno de cada cuatro hogares que viven de alquiler.

Con Raúl Sánchez, redactor Jefe de la sección de Datos de elDiario.es, desmenuzamos la realidad que hay detrás de los números y estadísticas sobre los precios del alquiler y los niveles de renta de los inquilinos que viven en esas. Con Noemí, Óscar y Trini nos asomamos al día a día de personas que viven en una situación angustiante.

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