La tasa de pobreza equivale a día de hoy a unos ingresos de 1.000 euros al mes en el caso de personas solas y a unos 2.000 en hogares de dos adultos y dos menores. Esa pobreza atraviesa a un 19,5% de la población, a un 44,7% de los migrantes y a un 24,5% de los jóvenes, pero esas cifras se agravan si se restan los gastos de la vivienda. Uno de cada tres hogares jóvenes está en situación de pobreza una vez se descuentan estos gastos, según un informe presentado este jueves por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). 

Una vez descontados los gastos en vivienda, la pobreza alcanza a un 23% de la población, a un 52,3% de los inmigrantes y a un 32,9% de la población joven.

Entre las personas con rentas más bajas, las que dedican más del 40% de sus ingresos a la vivienda alcanzan el 31,3%, mientras que esa cifra se reduce al 2% entre las rentas más altas. En Madrid, Baleares, Navarra, Cataluña y País Vasco, el porcentaje de población del primer quintil de renta que realiza un sobreesfuerzo en vivienda supera el 50%, mientras en Extremadura, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha o Galicia no llega al 35%, apunta el informe.

Los jóvenes de entre 16 y 34 años emancipados destinan por su parte casi un 29% de los gastos del hogar en vivienda, 10 puntos más que los mayores de esta edad, situación que se agrava aún más en las comunidades con precios más elevados, ya mencionadas anteriormente. 

La precariedad y el sobreesfuerzo en vivienda retrasan la edad de emancipación hasta los 30 años, muy por encima de la media de 26 en la Unión Europea. Un 45% de los jóvenes emancipados viven de alquiler, mientras que los jóvenes propietarios han caído tras el estallido de la burbuja inmobiliaria del 65% en 2008 al 40,8% en 2025. 

Las personas que viven de alquiler presentan un esfuerzo económico un 10% superior a las que viven en un piso propio con hipoteca: del 34,2% de las primeras al 24,2% las segundas. En medio, se encuentran quienes viven en cesión o alquiler inferior al precio de mercado, que destinan un 17,7% de sus ingresos, y los que viven en propiedad sin hipoteca, que tan solo dedican un 9,9% de sus ingresos a la vivienda. Así, de media los españoles destinan un 18,8% de los ingresos a la vivienda. 

Existe un colectivo que está en peor situación que los jóvenes ante la vivienda y son los inmigrantes. Aunque los extranjeros no residentes concentran más del 50% de las compras de vivienda en la provincia de Alicante o el 27,2% en Málaga, la mayoría de extranjeros que vienen a trabajar viven de alquiler en condiciones complicadas. Un 63,4% de los inmigrantes viven de alquiler, frente a un 23,9% que han comprado su vivienda. 

Los inmigrantes cuentan con unos salarios un 23% por debajo de los nacionales y contratos menos estables y por ello su esfuerzo en vivienda es mayor. Así, el 25,8% de los inmigrantes residentes han de destinar más del 40% de sus ingresos a gastos en vivienda frente al 9% de media para el conjunto de la ciudadanía. 

El informe resalta también que en España tan solo se han construido entre 2021 y 2025 454.000 viviendas, un 45% de los hogares que se han creado, que son 965.000, en el mismo periodo. 

Y recomienda para subsanar este problema impulsar la construcción industrializada, agilizar la tramitación urbanística y facilitar la coordinación entre comunidades para acelerar los permisos y obras. Apunta a que es necesario aumentar tanto el parque privado como público de alquiler. 

El VII Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social se celebrará en Logroño el 25 y el 26 de junio, según ha avanzado la portavoz del Ayuntamiento de Logroño. El congreso está organizado por EAPN (European Anti Poverty Network) España junto con su delegación en La Rioja.

Serán dos jornadas que servirán para reflexionar sobre el futuro de las políticas sociales en Europa, la cohesión social y la garantía de derechos, con énfasis en asuntos como la lucha contra la pobreza, la vivienda asequible, la inclusión y los derechos sociales.

Para ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio de colaboración con la delegación riojana de la EAPN para la realización de este congreso. De este modo, el Ayuntamiento cooperará en la organización del encuentro, facilitará el espacio, los medios técnicos para la emisión vía streaming y participará en las diferentes mesas de debate.

En un momento en el que España lidera el crecimiento económico en Europa y que bate máximos históricos de empleo, la pobreza y la exclusión social apenas se reducen. “Solo una décima”, ha subrayado este miércoles Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa, la red de ONG especializadas en pobreza, que señala que España ha encontrado cierto “suelo” en la mejora de la población más vulnerable con su actual Estado del Bienestar. Entre otros, sobresalen dos vacíos pendientes: la protección de la infancia y el acceso a la vivienda.

Que en una época de bonanza macroeconómica como la actual en España, envidia de otros muchos países, la pobreza se reduzca tan poco es una prueba viviente de que “el mero crecimiento no erradica la pobreza”, ha insistido Carlos Susías en la presentación de XVI Informe ‘El Estado de la Pobreza en España. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030’.

Hay que “focalizar las políticas y tener la intención de erradicar la pobreza”, ha sostenido el presidente de EAPN, que ha recordado que en la última década España no logra bajar su nivel de pobreza y exclusión del 25% de la población. Es decir, una de cada cuatro personas. Son 12,6 millones de personas en la actualidad.

Hay que recordar que, en un país rico como España, la pobreza se mide de forma relativa, en comparación con el nivel de vida de la sociedad. También con una mirada más amplia, la tasa de pobreza y exclusión social (AROPE) mide la pobreza monetaria (vivir con ingresos por debajo del 60% de la mediana) y también otras dificultades, como la intensidad laboral y la carencia material y social severas, como no poder afrontar gastos imprevistos o la dificultad para llegar a fin de mes.

Lo que se hace importa, pero se necesita más

Las ONG son claras: no es que lo que se esté haciendo en materia de protección social en los últimos años –como el lanzamiento del ingreso mínimo vital y la revalorización de las pensiones– no valga de nada. Todo lo contrario: la actuación protectora del Estado sacó el año pasado de la pobreza a 11 millones de personas, calcula la EAPN con el análisis de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE.

En concreto, se evitó que cayeran en la pobreza “8,1 millones gracias a los ingresos por jubilación y supervivencia y 2,9 millones al resto de transferencias”, recoge el estudio.

La cuestión es que continúa habiendo importantes márgenes de mejora, que se puede hacer mucho más, como demuestran los países de nuestro entorno europeo, que en general logran reducir la pobreza mucho más que España con las ayudas del Estado distintas más allá de la jubilación.

“Hay espejos en los que mirarse”, ha destacado Alejandro Sanz Angulo, investigador principal del estudio, que ha señalado el ejemplo de Suecia. Si se eliminasen todas las transferencias del Estado salvo las pensiones, la tasa de pobreza española sería similar a la de Suecia (25,4% y 25,3%, respectivamente). Sin embargo el resto de ayudas del Estado del Bienestar sueco logra sacar de la pobreza a mucha más población que en España, con un balance final del 19,5% y del 15,6% de personas afectadas por pobreza monetaria en cada país.

Suecia no es un caso aislado, como ilustra el anterior gráfico, sino que Francia reduce su pobreza relativa en 10,2 puntos e Irlanda, en 13,8 puntos. Más bien es España (con 5,9 puntos) la que se distancia del panorama mayoritario, con una escasa protección del resto de ayudas del Estado más allá de la jubilación.

Vivienda e infancia, los mayores vacíos de protección

La EAPN ha señalado especialmente dos agujeros de protección en el Estado de Bienestar español que, si se indaga en los datos oficiales, se observa que se vuelcan de manera clara en altos indicadores de pobreza, sobre todo en ciertos grupos de población más vulnerables.

Se trata de la escasa protección social de la infancia y en materia de vivienda. Este último se ha convertido en uno de los principales factores empobrecimiento en los últimos años no solo para las personas más vulnerables sino también “para la clase media”, ha sostenido Carlos Susías.

En este sentido, las ayudas a la vivienda siguen siendo muy reducidas (3,1%), indica el estudio, y se mantiene un escaso parque público de viviendas, con una cobertura a un 1,6% de los 18,6 millones de hogares en España, según la última memoria anual del CES.

Las ONG han subrayado el gran aumento del precio de la vivienda y especialmente del alquiler, que ahoga cada vez más a personas en un “circulo vicioso”. No pueden comprar una vivienda, por lo que se ven obligadas a vivir en alquiler, pero este es cada vez más caro, lo que implica que se va comiendo más parte de sus ingresos y les impide mejorar su situación.

En el caso de las personas en pobreza, la situación es límite, porque el alquiler se come más de la mitad de sus ingresos (51%), frente al 26% de renta que se va en la hipoteca de las personas en pobreza. En la población total, los porcentajes son de casi el 35% y 12%, respectivamente.

Por el lado de la infancia, las ONG han insistido en reclamar una prestación universal por crianza, consolidada en la mayoría de países europeos y con la que coinciden múltiples organismos, como recientemente el Consejo Económico y Social (CES), ante la elevada tasa de pobreza infantil de España, la más alta de toda la Unión Europea, y muy por encima del resto de la población.

En 2025, un tercio de los niños, niñas y adolescentes está en pobreza y exclusión (el 34%), lo que supone cerca de 2,7 millones de personas, y más de uno de cada cuatro (el 28%) está en situación de pobreza monetaria, lo que supone más de 2,2 millones de menores.

También hay otros indicadores, como la elevada pobreza de hogares monoparentales (el 51% está en pobreza o riesgo de exclusión) y en familias numerosas (47%), que sitúan el foco en la protección de la infancia en España, inferior a la europea.

La EAPN también ha exigido acabar con “la discriminación” por edad para acceder al ingreso mínimo vital (IMV) para las personas jóvenes, de menos de 23 años. “Ningún joven quiere vivir con 400 euros”, ha sostenido Ruth Caravantes, responsable de Investigación e Incidencia Política de EAPN-ES, que ha tachado de “aporofobia” el enfoque que les excluye de esta renta mínima estatal por el temor de que no busquen un empleo.

En las calles de Málaga, la vida de Gremlin y su dueño transcurría marcada por la precariedad y el fuerte vínculo que los unía profundamente día tras día. Por la necesidad y el afecto mutuo, esa persona encontraba en su perro el apoyo emocional necesario para enfrentar su dura realidad cotidiana. Como tantas otras personas que están en situación de sinhogarismo, ellos formaban una unidad familiar inseparable. A menudo, estos animales son los únicos confidentes de quienes habitan los márgenes urbanos. Su presencia es vital, pero su salud depende de una estabilidad que sus dueños no poseen. El sinhogarismo no solo afecta a humanos, sino también a sus leales amigos. La situación de Gremlin es un ejemplo de cómo la pobreza impacta en la salud de los animales.

Con el paso del tiempo, el estado de salud de Gremlin comenzó a deteriorarse de forma muy preocupante, afectando de manera grave a sus orejas por la falta de higiene y cuidados adecuados. A pesar de los esfuerzos constantes de su dueño por cuidarlo, la falta de ingresos estables imposibilitaba totalmente el acceso a una atención veterinaria que fuera de calidad profesional. La situación se volvió insostenible cuando el dolor del animal se hizo evidente para todos los testigos, y la desesperación se apoderó de su dueño al no poder costear ni una consulta veterinaria básica. Este empeoramiento progresivo no era solo una cuestión médica, sino una barrera social impuesta por la pobreza extrema. La esperanza de una cura parecía desvanecerse ante los altos gastos de una intervención, imposibles de asumir para alguien que vive en la calle. 

Eutanasia, única opción

El primer diagnóstico fue un golpe demoledor que amenazaba con separar para siempre a los dos compañeros de vida en un momento de absoluta y total vulnerabilidad emocional. Los profesionales consultados inicialmente indicaron que la única opción real y viable, ante la gravedad del caso y la falta de medios, sería proceder con la eutanasia, final trágico de una lealtad inquebrantable forjada durante las noches frías de la ciudad. La idea de sacrificar a Gremlin por motivos económicos ponía de manifiesto las carencias de un sistema que a veces olvida a los seres más vulnerables de nuestra sociedad. Fue en ese momento de máxima oscuridad cuando la intervención de apoyo cambió el rumbo. La desesperación del dueño era inmensa al pensar que su perro moriría por falta de dinero. No había otra salida aparente.

La entrada en escena de la Fundación FAADA, a través de su consolidado programa Mejores Amigos, supuso un soplo de aire fresco y esperanza. Esta iniciativa multidisciplinar, desarrollada en colaboración con el Ministerio de los Derechos Sociales, ofrece servicios veterinarios gratuitos a personas en exclusión social. El programa reconoce que el vínculo entre el humano y el animal es un pilar fundamental para la salud mental y la integración de las personas que viven sin un hogar fijo. Al priorizar casos de sinhogarismo, Mejores Amigos actúa donde otros no pueden llegar fácilmente. Gracias a esta red, se pudieron realizar nuevas pruebas diagnósticas sobre el animal para valorar su estado. Estas evaluaciones arrojaron una luz de esperanza necesaria sobre el complejo caso de Gremlin. De hecho, una valoración profunda del equipo permitió descartar el sacrificio como opción única y final. 

Tras un análisis exhaustivo y la valoración de alternativas quirúrgicas, se determinó que Gremlin tenía una oportunidad real de sobrevivir y recuperar plenamente su salud auditiva. No se trataba de un milagro, sino de la aplicación de recursos y conocimientos al servicio de quienes más lo necesitaban en ese momento crítico para su supervivencia física. El equipo de FAADA decidió no dejar escapar ninguna posibilidad médica para salvar al can de la muerte. Apostaron firmemente por una intervención que le devolviera su antigua calidad de vida perdida. Esta decisión no solo salvaba al perro, sino que también devolvía la esperanza a su dueño. Se activaron todos los protocolos necesarios para garantizar que la operación fuese satisfactoria. 

Finalmente, Gremlin entró en el quirófano y la intervención quirúrgica se desarrolló sin ninguna complicación, marcando el inicio de su nueva vida lejos del dolor físico crónico. En la actualidad, el perro se encuentra recuperándose de manera muy favorable en Málaga. Demuestra una fortaleza admirable tras los duros momentos vividos recientemente en el asfalto. Este proceso de curación es supervisado de cerca por los expertos veterinarios del programa. Se aseguran de que las curas y el postoperatorio se realicen en condiciones óptimas para él. Su mejoría es un testimonio de que los finales felices son posibles con apoyo real y directo. La alegría del dueño al ver a su compañero sano es el motor de este programa social. Gremlin vuelve a disfrutar de la vida junto a su inseparable compañero humano tras la operación. 

El caso de Gremlin no es un hecho aislado, ya que en lo que va de 2026, el programa ha atendido a treinta animales de personas en situación de sinhogarismo en toda España. Historias como la suya subrayan la urgencia de seguir construyendo redes de apoyo sólidas. Desde FAADA continúan su labor de asesoramiento y acompañamiento a los equipos sociales municipales y recuerdan que la salud animal es también una cuestión de salud pública y de justicia. Gremlin ya no es una cifra más, sino un símbolo de vida y de esperanza en una segunda y merecida oportunidad.

El director de Cáritas Diocesana de Canarias, Gonzalo Marrero, ha alertado este martes de que las personas que han atendido durante el año 2025 han crecido un 2%, hasta situarse en 21.372 ciudadanos y 7.633 hogares en la provincia de Las Palmas, según datos recogidos en la Memoria Institucional del año 2025 de la organización.

Asimismo, Marrero ha destacado en una rueda de prensa, junto al obispo de Canarias, José Mazuelos, y la secretaria general de Cáritas de Las Palmas, Caya Suárez, que precisan de más recursos para atender, sobre todo, el servicio de comedor, las ayudas de alquiler, de suministro de agua y luz, de medicamentos y para la cobertura a las personas mayores, ya que no llegan a cubrir la demanda existente.

El director ha recalcado que las aportaciones de las administraciones no se ajustan al coste de los servicios que ofrece Cáritas para atender las necesidades de las personas más vulnerables de la provincia de Las Palmas, al tiempo que ha resaltado que las cuotas y donaciones particulares han disminuido porque el encarecimiento de la vida también afecta a sus colaboradores.

En 2025 las donaciones en especie cayeron un 60 % y el aumento del 3,1% en el coste de la vida encareció el mantenimiento de proyectos y servicios como el comedor social, ha advertido.

Marrero ha enfatizado que los recursos tienen que llegar a tiempo y las administraciones deben dar una respuesta eficiente a los que están atrapados en la pobreza y en la exclusión social, que cada vez son más, por la “injusta distribución de la riqueza”, ya que Canarias es la comunidad autónoma que más crece y España el país de la UE cuya economía aumenta por encima de la media europea, pero la “pobreza se cronifica y se hereda en las islas”.

La memoria de Cáritas Diocesana de Las Palmas de 2025, que se ha presentado este martes, lleva por ello como lema 'Falla el sistema, no las personas', y detecta cinco “claves”: el aumento de la pobreza frente al crecimiento de la economía; la emergencia habitacional, con la vivienda como primer motor de desigualdad en Canarias; la precariedad del empleo; la falta de recursos públicos como “escudo social”, y el aumento de la pobreza infantil, ha indicado Marrero.

El obispo ha destacado que, según la Fundación Foessa, más de medio millón de personas se encuentran en Canarias en situación de exclusión social, lo que obedece a un fenómeno estructural, continuado en el tiempo, al que el sistema no da respuesta, y no logran salir del círculo.

Entre esas personas, ha subrayado, se encuentran los migrantes, el 54 % de las atendidas el pasado año por Cáritas, una realidad que con la próxima visita del papa León XIV “será aún más visible”, ha considerado.

En cuanto a las personas atendidas, la secretaria general de Cáritas de Las Palmas ha recalcado que se ha constatado un estancamiento en la precariedad de las personas más vulnerables y la incorporación de otras con situaciones más severas.

Casi la mitad de los hogares (el 46%) acudieron por primera vez a Cáritas en 2025 con perfiles más jóvenes, mayoritariamente mujeres y de origen extranjero en situación irregular, que se encuentran fuera del alcance de las políticas públicas.

“La aparición de nuevas familias en nuestros dispositivos está íntimamente relacionada con las dificultades de acceso a la vivienda, la precariedad laboral y la gestión de la migración”, ha abundado Suárez.

Más del 80% de las 655 mujeres atendidas por Cáritas en 2025 eran extranjeras, la mitad de ellas en situación administrativa irregular.

En cuanto a la precarización habitacional, Suárez ha considerado que es “alarmante”.

Ha expuesto que “se están normalizando prácticas abusivas” en torno a la vivienda que derivan en exclusión residencial: alquiler de infraviviendas, familias hacinadas en habitaciones, alquiler de literas, viviendas sin suministros, viviendas sin contrato, alquiler de empadronamientos, entre otros casos.

Según los datos del pasado año, un 35% de las familias atendidas vive en régimen precario y un 21% se ve obligado a compartir vivienda“, ha destacado la secretaria general de Cáritas, que ha subrayado también que la ONG ayudó a 306 familias con menores para que no se quedaran en la calle, lo que supuso un aumento del 26 % en este tipo de intervenciones respecto a 2024.

Suárez ha hecho hincapié en que el 21% de las personas que atendieron contaba con un empleo, pero en condiciones precarias.

Cáritas atendió a 1.604 personas en situación de sin hogar, un 2,1% más que en 2024. 

Claudia Patricia ingresó en un alojamiento de urgencia gestionado por Cáritas Toledo junto a su hija que sufre un autismo severo. Se le ayudó a gestionar una plaza especializada para la menor y, finalmente, pudieron acceder a una vivienda normalizada y un empleo estable en octubre de 2025..

Diana Carolina llegó a España embarazada y sin red de apoyo, y cuenta que Cáritas le dio techo y acompañamiento humano. Otro caso es el de J.M.D.L., quien tras años de trabajo terminó viviendo en la calle tras una crisis personal, y el albergue de Cáritas en Toledo fue el punto de partida para recuperar su identidad y dignidad: “No solo me ofrecieron un techo, me ofrecieron escucha y respeto”, relata.

Son testimonios recogidos en la Memoria Económica correspondiente a 2025 que acaba de publicar Cáritas Toledo y que confirma “un empeoramiento de los indicadores de exclusión” en esta provincia.Los datos son demoledores: hay más pobreza y más personas vulnerables.

La radiografía de la acción social realizada por la entidad refleja un incremento de la vulnerabilidad en el que, entre sus 43 programas, identifica la vivienda “como una de las grandes y más severas pobrezas de la sociedad actual”.

El encarecimiento de los precios en el mercado libre, señala el informe, “ha provocado una saturación en los recursos de alojamiento” que proporciona la entidad. También hay “una reducción” drástica en la rotación de las familias acogidas, dadas las enormes dificultades existentes para acceder a un alquiler convencional.

La entidad cuenta en Toledo con el Centro de Alojamiento de Urgencia y Residencial 'Cardenal González Martín', en Talavera de la Reina está el Centro de Alojamiento de Urgencia y Residencial 'Virgen de Guadalupe', en Villacañas el Albergue (CBE) 'Casa San José y en Quintanar de la Orden la Casa Belem..

Además dispone de recursos de estancia en Sonseca, la Parroquia de San Juan Bautista en La Puebla de Almoradiel y la Ermita de San Roque en Villanueva de Alcardete.

La metodología de trabajo en estos espacios no es meramente asistencial; se basa en el “acompañamiento residencial y Desarrollo personal, proporcionando un recurso temporal que sirva como plataforma de estabilidad para iniciar itinerarios de inserción personalizados y supervisados”, según recoge el informe.

Además de las plazas residenciales, los centros de Toledo y Talavera ofrecen Atención Diurna, espacios de acogida donde se prestan servicios básicos a personas no alojadas.

Después hay vivienda para familias y colectivos específicos como núcleos familiares en exclusión, familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia o personas migrantes para las que gestionó recursos habitacionales críticos para evitar la exclusión residencial de unidades familiares con menores. En concreto, en el alojamiento familiar de urgencia 'Madre Teresa' de Toledo atendió a 86 personas (34 hombres y 52 mujeres), beneficiando a un total de 122 individuos.

En este contexto, la Red de Centros para Personas Sin Hogar de la Archidiócesis atendió a 1.770 personas, destacando el albergue de Toledo con 485 usuarios y el de Talavera de la Reina con 204.

De hecho, el esfuerzo financiero para los programas de vivienda fue considerable para sostener los recurso residenciales. El gasto en el programa de Personas sin Hogar ascendió a 406.989 euros, el área aociosanitaria (Hogar 2000) requirió una inversión de 876.225 euros y los albergues específicos en localidades como Toledo y Talavera gestionaron presupuestos considerables (421.460 euros y 249.502 euros respectivamente) para cubrir gastos de personal contratado, mantenimiento de instalaciones y suministros.

Aumenta más de un 14% el número de personas atendidas

En 2025, Cáritas Diocesana de Toledo atendió de forma directa a 9.215 personas, lo que permitió alcanzar a un total de 19.663 beneficiarios en toda la Archidiócesis. Estas cifras suponen un incremento neto del 14,6% en atención directa (+1.176 personas) y del 17,2% en el volumen de beneficiarios totales (+2.881 personas) respecto al año anterior.

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha subrayado el carácter “profundamente humano” de este balance. “y ha reconocido que ”las cifras reflejan una realidad que no podemos esquivar: la demanda de ayuda social sigue al alza y las situaciones de vulnerabilidad se están agravando y haciendo cada vez más complejas“.

Las cifras reflejan una realidad que no podemos esquivar: la demanda de ayuda social sigue al alza y las situaciones de vulnerabilidad se están agravando y haciendo cada vez más complejas

Francisco Cerro Chaves — Arzobispo de Toledo

El arzobispo, que preside la entidad, ha recordado la labor de los 1.156 voluntarios, así como trabajadores de la entidad, que sostienen las 117 Cáritas parroquiales y las dos interparroquiales de Talavera de la Reina y Seseña.

“Una tendencia progresiva a la feminización de la pobreza”

Los datos de la memoria económica también confirman “una tendencia progresiva hacia la feminización de la pobreza y un repunte de la vulnerabilidad infantil”. En el área de familia, mujer y vida, Cáritas Toledo atendió a 259 personas.

El año pasado se puso en marcha el Hogar Belén, un recurso de alojamiento temporal cofinanciado por la Fundación La Caixa orientado a la semiautonomía e integración de mujeres víctimas de violencia y sus hijos.

En lo que tiene que ver con el área de inclusión y migrantes, Cáritas refleja un incremento al atender a 508 personas (frente a las 495 del ejercicio anterior).

La entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería disparó las consultas sobre el proceso de regularización de migrantes

De hecho, el informe recoge que “la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería disparó las consultas sobre el proceso de regularización de migrantes”.

En este sentido, Cáritas Diocesana de Toledo explica que “priorizó y adaptó sus Escuelas de Acogida, ofreciendo formaciones específicas en valores constitucionales, igualdad de género y derechos, obligatorias para la obtención del Informe de Integración”.

Microcredenciales para la inserción laboral con la UCLM

En cuanto al empleo y la inserción laboral, la entidad atendió a 894 personas. Una de las novedades fueron las formaciones de microcredenciales en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), especializando a 101 alumnos en sectores como la agricultura ecológica, la atención sociosanitaria y el comercio. Por su parte, la empresa de inserción Inserta Toledo generó 28 puestos de trabajo directos y gestionó la recogida de 1.053,4 toneladas de residuo textil a través de su red de contenedores.

También se ha dado cuenta de la constitución de la nueva Cáritas parroquial de El Toboso y se consolidó la red de economatos Cor IESU, con 15 economatos, asistiendo mensualmente a 950 familias.

En el entorno rural, el Proyecto San José prestó cobertura a cerca de 1.300 familias en municipios de menos de 9.000 habitantes. En el apartado sociosanitario, el centro residencial Hogar 2000 atendió a 36 personas con enfermedades crónicas avanzadas, prestando un soporte médico, psicosocial y de salud mental especializado.

¿Cómo se financia?

Cáritas Toledo ha explicado que para sostener la red de recursos y poder hacer frente a las distintas pobrezas, se ejecutó una inversión social total de 5,74 millones de euros. Esta cifra responde, asegura, “a una estricta política de racionalización, control de costes internos y revisión de proveedores implementada para mitigar el impacto de la inflación y el encarecimiento de los suministros básicos”. Un encarecimiento, abunda, que ha sido “especialmente gravoso en los centros residenciales abiertos las 24 horas del día”.

La estructura de ingresos mantuvo “el modelo estratégico de sostenibilidad de la entidad”, con más fondos privados que públicos, y con el objetivo de “salvaguardar la independencia de la acción caritativa”.

Cáritas Toledo se financia en un 53% con fondos privados. Entre ellos, con las aportaciones de 678 socios, 1.172 donantes puntuales y 3.352 colaboradores económicos vía canales digitales (Bizum). En el tejido corporativo destaca la alianza con 43 empresas, además del apoyo de la Fundación La Caixa y la Fundación Mutua Madrileña.

La financiación pública asciende a un 47% y corresponde a subvenciones y convenios finalistas con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha , el Gobierno de España, el Fondo Social Europeo , la Diputación Provincial de Toledo y diversos ayuntamientos de la archidiócesis, como Toledo, Talavera e Illescas

El balance económico fue aprobado por el Consejo Diocesano del 27 de mayo y, al igual que en los últimos tres ejercicios, será sometido a una auditoría externa independiente antes de su publicación íntegra en la web institucional.

Las puertas de la Federación Liberación abren pronto en el Polígono Norte. En este reducto del barrio sevillano el jaleo de la formación del nuevo Parlamento queda lejos, aunque el rumbo que tomen las políticas públicas impacta de lleno en cada una de las personas que acuden a este recurso social en busca de apoyo, ya sea para descifrar el lenguaje de la administración que les requiere informes, facturas y una retahíla de documentos, o para estar acompañados en su proceso de desintoxicación y reinserción sociolaboral. “Hay un triunfalismo a nivel de datos y de empleo que no tiene una repercusión directa en las personas más empobrecidas y vulnerables”, adelanta Macarena Olid.

La educadora social lleva más de una década trabajando en la entidad. Busca en el ordenador los modelos a cumplimentar, lee en voz alta a los usuarios las condiciones de las ayudas sociales que piden y se las explica una a una, se pone sus gafas rojas y habla con su compañera Paula Suárez, trabajadora social, de las tareas pendientes. “Las condiciones socioeconómicas de estas personas no han cambiado”, zanja. En el interior del local, dividido en varias zonas, se hace una atención integral, tanto psicológica como en formación o de asesoramiento jurídico.

A las diez de la mañana entra José, nombre ficticio. Deja a un lado su bicicleta y se sienta frente a Olid, le da una notificación de la Junta de Andalucía y le pide ayuda para resolverla. En realidad, la carta está dirigida a su hijo, que tiene acreditado un 66% de discapacidad, al que se le reclama dónde ha estado empadronado durante los últimos cinco años debido a que tiene una pensión no contributiva. Una documentación que ahora es prioritaria para no perder la asignación. La respuesta más práctica viene de la educadora social: “Hay que decirles que estuvo en la cárcel y, también, que en el Ingreso Mínimo Vital se constata que vive en vuestra casa”.

La brecha digital y el analfabetismo funcional

En un papel, el vecino, de unos 60 años, anota lo que necesita para resolver rápido este conflicto. Irá a su casa a recoger la información, donde ha estado viviendo con su esposa y cuatro hijos desde que las primeras promociones se construyeron y costaban un millón de pesetas, apenas 6.000 euros, y por las que ahora se piden 120.000 euros. “Las cosas tampoco están tan mal... Ahí está lo de la vivienda, pero dentro de lo que cabe, todo va bien”, comenta sobre las recientes elecciones autonómicas del 17 de mayo. Él voto a la izquierda, afirma sin medias tintas, y reza porque a los de su círculo estén bien. Es su único propósito, por eso está aquí resolviendo dudas entre tanto papeleo.

“Hay que proveer de un espacio en el que estas personas puedan sacar la documentación, más cuando se niegan las citas presenciales en la administración”, siendo una de las grandes barreras la brecha digital, “muchas de ellas no tienen un móvil o no tienen las habilidades para solicitarlo adecuadamente”. Hay quien tiene serias dificultades para comprender los requerimientos de la administración, pese a que saben leer y escribir, lo que se denomina como analfabetismo funcional.

Este es el caso de Marta, nombre ficticio, una mujer de mediana edad que vive en Polígono Norte desde los cuatro años. Heredó la casa de sus padres y recibe el IMV al no tener recursos. Hace un tiempo, acogió a su sobrino en la casa, que es como el hijo que nunca tuvo, y ahora tiene que justificar su presencia para que no le retiren a ella la ayuda social. “Estamos moviendo todos los papeles, a ver qué me dicen, y hoy mismo me presento sin cita para que me atiendan”, comenta. Al preguntarle por la actualidad política, por cómo ve su zona, el barrio, encoge los hombros, como disculpándose: “Ya tengo bastante lío en la cabeza... No estoy metida. Ya ellos harán, digamos lo que digamos”.

Bonanza económica vs. índices de pobreza

La bonanza económica de la que presume el Gobierno andaluz se traduce en varios datos, con más de 3,6 millones de personas trabajando en 2025, especialmente en Málaga, Cádiz y Sevilla, y una tasa del paro en el 14,6% al cierre de 2025. A los datos macroeconómicos, que fijan el crecimiento del PIB andaluz en un 3,2% frente al 2,8% nacional, habría que sumar la reforma laboral, que ha reducido en un lustro el empleo temporal en un 9%. En algunos círculos se habla de un “milagro económico andaluz” que viene pregonando la Junta. Exportaciones millonarias, creación de empresas, todo ello, en un contexto dependiente del sector servicios, que supone el 77% del PIB —el turismo registró un récord histórico con la llegada de 27,9 millones de personas el año pasado—, pero la industria se queda en el 11% y la agricultura y la construcción en un 6%, respectivamente, a tenor de lo publicado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Estas cifras deberían traducirse en mejoras palpables para toda la población mediante un reparto de la riqueza, ya que la inflación acumulada desde 2020 supera el 25%, subrayan desde UGT, mientras que los salarios pactados apenas alcanzan el 18%. Además, la comunidad continuó en 2024 a la cola de las retribuciones, solo por delante de Extremadura, Murcia y Canarias. Es decir, los andaluces ganan de media 2.146 euros brutos al mes, lejos del País Vasco (2.809 euros), Madrid (2.761 euros), Navarra (2.589 euros) y Cataluña (2.529 euros), según la Encuesta de Población Activa (EPA). Unas cantidades que entroncan con lo que muestran los análisis sociales: el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía estima que alrededor de dos millones de personas viven en exclusión social, un 23,1% de la población, mientras que 270.000 personas lo hacen en exclusión severa, un 10,2%.

Por tanto, un 33'3% de la población andaluza vive en exclusión social, donde la vivienda y el empleo precario son las principales barreras para prosperar. Una cifra que ampara la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social AROPE, hecha a partir de las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, en la que se reseña que Andalucía obtiene un 34,7%, nueve puntos por encima de la media estatal (25,7%).

“No paro de tomar calmantes”

Tras un rato, llega Antonio, nombre ficticio, que necesita ayuda para la bonificación social de las facturas del agua. Ha revisado el contador de la casa que comparte con su esposa y su nieto en varias ocasiones a causa de las cantidades desorbitantes que el sistema determina que han gastado. Procedente de Rumanía, encontró en Sevilla un lugar en el que prosperar y, ahora, dos décadas después, contempla cómo su propio hijo es el que migra a Reino Unido para ahorrar más y volver con mejores condiciones para su familia.

“Nos dejó a la criatura, ya que aquí tenía la escuela, el tema del idioma... Fue lo mejor”, le cuenta a las trabajadoras. Olid le lee las condiciones de la administración para recibir la subvención y él asiente. Entonces, en un momento dado en el que la educadora va a hacer algunas fotocopias, cuenta que tiene un dolor indescriptible en la boca: le dieron cita con el médico de cabecera, pero ahora tendrá que esperar otros seis meses a que le atiende un especialista. “No paro de tomar calmantes”.

“Me acaban de llamar de Cruz Roja porque Encarna, una señora de 90 años, ha dejado nuestro contacto para casos de emergencia y, por lo visto, ha sonado el botón rojo”, comenta Paula Suárez. Busca el teléfono en las carpetas y, si no, irá en busca de algún familiar en la plaza de atrás. En otra ocasión, atendieron a dos hermanos migrantes, mientras que el pequeño permanecía en un centro de menores, el mayor pidió ayuda para encontrar un albergue municipal en el que dormir esa noche. “Fuimos con él a servicios sociales, pero estaban todas las plazas llenas y con lista de espera”, relata Olid, “muchos días nos vemos en este círculo de la pobreza y la exclusión, que no sabe si estamos en época de bonanza o de crisis, porque siempre se está en modo supervivencia”.

Cáritas Diocesanas de Tenerife alerta de que se ha normalizado la precariedad y son más graves las situaciones de exclusión, ya que el sinhogarismo ha aumentado en un 70 % en los últimos cinco años. El año pasado atendió a 12.466 personas, un 16,5 % menos que en 2024.

Son datos correspondientes a la memoria de Cáritas provincial presentada este martes por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, y por el director de la entidad social de la Iglesia en Santa Cruz de Tenerife, Juan Rognoni, quien ha reclamado “un nuevo pacto social donde las personas estén en el centro” de la acción.

Además, Rognoni ha reclamado políticas públicas valientes y sostenidas, no sólo de carácter asistencial, para que “nadie quede descartado” por la precariedad laboral y en el acceso a la vivienda, al tiempo que el obispo Eloy Santiago ha calificado de “alarmante” las cifras de sinhogarismo y de exclusión social, y ha pedido “no mirar para otro lado”.

(Habrá Ampliación)

Abandonar el hogar familiar nunca ha sido tan difícil para los jóvenes. Y no es una manera de hablar. El alquiler promedio de un piso se come el 98,7% del sueldo de un joven y eso empuja a la tasa de emancipación juvenil a mínimos históricos: solo un 14,5% de los jóvenes menores de 29 consiguieron emanciparse en 2025. El sueldo medio es de 1.191 euros entre los jóvenes y el alquiler medio, de 1.176 euros. A quien se aventurara, le quedarían 15 euros para vivir. La edad media ya alcanza los 30,2 años, según el Observatorio de Emancipación publicado este viernes por el Consejo de la Juventud de España.

Estos 30,2 años ya rebasan incluso la consideración estadística de juventud, alerta el duro informe basado en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Alerta, además, que el alquiler por habitaciones ha crecido un 85,4% desde 2022, con cifras de Idealista, lo cual permite a los caseros elevar su rentabilidad.

Ni el aumento del salario medio de los jóvenes de un 1,7% hasta los 14.292 euros anuales, ni el mayor descenso del desempleo juvenil desde antes de la crisis de 2008 hasta el 17,2% atenúan una crisis de vivienda en que los precios crecen mucho más que los indicadores laborales.

El precio de compraventa crece también a ritmos altísimos y no es una alternativa al alquiler, sobre todo porque exige una gran cantidad de ahorros para alcanzar el 30% recomendado de entrada para la hipoteca. Con la vivienda protegida estancada y la vivienda libre a un precio medio de 223.000 euros (un 13% más que el año anterior), una persona joven necesita dedicar su salario íntegro durante 15,6 años para comprar en propiedad. Las cifras de precios promedio se disparan aún más en grandes ciudades y áreas metropolitanas.

El alquiler sigue siendo, por tanto, la forma más común de tenencia entre los jóvenes que se independizan, con un 55%, entre los cuales predominan quienes comparten: un 33% frente al 19,7% de jóvenes que se emancipan solas. Todo ello teniendo en cuenta que solo el 25,2% de las personas jóvenes con empleo estaban emancipadas del hogar familiar en 2025, lo que implica más de 7 de cada 10 viviendo aún en el hogar familiar.

En contra de los prejuicios generacionales, existen más personas que estudian y trabajan (un 33% del total de personas ocupadas), que ninis, personas que no hacen ni una cosa ni la otra y que desde que se reactivó la economía han ido descendiendo hasta el 2,2% actual.

Pero los bajos salarios de la juventud y su dificultad de acceso a la vivienda la convierten, tras la infancia, en el segundo grupo más vulnerable de la sociedad. Un 29,3% de las personas jóvenes están en riesgo de pobreza o exclusión social con cifras de 2025, situación que afecta incluso a un 19,9% de las personas jóvenes con empleo.

Entrando al detalle de las cifras de emancipación joven, existen en España 7,3 millones de jóvenes de entre 16 y 29 años, un 1,1% menos que el año pasado y un 17,7% de la población. De ellos, un 86,60% viven en el hogar de sus padres o se benefician de los ingresos familiares, o sea, 6,3 millones de jóvenes. La tasa está 20 puntos por encima de la media europea (que es del 68,5%) y la edad cuatro años por encima, entre los 30,2 en España y la media europea de 26,3. Los hombres se independizan un año después que las mujeres en España: 30,8 contra 29,6 años de media.

El director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni, ha advertido este martes que unas 2.853 personas se encuentran en situación de exclusión residencial extrema en la isla, y señala la necesidad de seguir poniendo el foco sobre una realidad “cada vez más compleja y cronificada” también “desde una perspectiva de salud pública”.

Así lo ha expresado en una rueda de prensa ofrecida en el Cabildo de Tenerife, durante la presentación de la sexta edición del informe Exclusión Residencial Extrema en Tenerife, la desigualdad habitacional y la vulnerabilidad social (2025), junto a la directora insular de Acción Social, Yolanda Baumgartner, y el técnico del área de Vivienda e Inclusión Social de Cáritas y coordinador del estudio, José Antonio Díez.

Durante su intervención, Juan Rognoni recordó que detrás de las situaciones de exclusión residencial extrema confluyen múltiples factores como la ruptura de redes familiares, el desempleo, las dificultades de acceso a la vivienda, las adicciones o los problemas de salud mental.

Rognoni subrayó además que muchas de las personas atendidas “presentan situaciones de enorme vulnerabilidad emocional y psicológica, en muchos casos sin el acompañamiento adecuado”, y alertó del impacto que están teniendo problemáticas como la ansiedad, la depresión o el deterioro de la salud mental dentro de los procesos de sinhogarismo, insistiendo en “la necesidad de abordar esta realidad también desde una perspectiva de salud pública”.

El documento, construido a partir de la experiencia y el trabajo de intervención directa que desarrollan diariamente entidades y recursos especializados, no pretende funcionar como un censo exacto de la realidad del sinhogarismo en Tenerife, sino como una herramienta de análisis y aproximación que permite detectar tendencias, identificar necesidades emergentes y comprender mejor cómo está evolucionando esta problemática en la isla.

Por su parte, Yolanda Baumgartner destacó la necesidad de seguir avanzando hacia una respuesta insular “más coordinada, estructurada y conectada entre administraciones, entidades sociales y profesionales” frente a una realidad “cada vez más compleja y sostenida en el tiempo”.

La directora insular subrayó además el papel que viene desempeñando el Cabildo de Tenerife, a través del IASS, en el impulso y coordinación de una estrategia común frente al sinhogarismo mediante el desarrollo del Marco Estratégico para la Inclusión Social y Comunitaria de las Personas en Situación de Sinhogarismo en Tenerife.

Baumgartner recordó asimismo que, aunque la atención de proximidad y buena parte de la intervención directa corresponden principalmente a los municipios, “desde el Cabildo hemos asumido un papel de coordinación, conexión entre recursos y trabajo conjunto con las entidades sociales para construir una respuesta común a nivel insular”.

Acabar con la situación de riesgo de pobreza costaría unos 24.000 millones de euros anuales, lo que supone el 1,8% del producto interior bruto (PIB) del país, aunque hay “grandes diferencias” entre la renta necesaria en diferentes comunidades autónomas. Esta es una de las conclusiones del 'Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios', que han publicado este miércoles la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

A pesar de que la economía española está en proceso de expansión, con aumentos importantes de la población ocupada y del salario mínimo, el objetivo de acabar con la pobreza aún está lejos, según se desprende del estudio elaborado por el equipo de investigación del IVIE, dirigido por Carmen Herrero e integrado por Antonio Villar y Carlos Albert.

El riesgo de pobreza se define como una renta por debajo del 60% de la mediana (el valor que separa al 50% de población con más ingresos de aquella con menos) y la pobreza extrema o exclusión, como una renta por debajo del 40% de la mediana. Así, en 2025 el 19,5% de la población española estaba en riesgo de pobreza (un 12% menos que en 2025) y el 8% se encontraba en pobreza extrema o exclusión (un 28% menos que hace una década), según recoge Europa Press.

Si en 2015, el 50,4% de las personas en riesgo de pobreza estaba también en riesgo de exclusión, en 2025 ese porcentaje se ha recortado en casi diez puntos, hasta el 41,3%.

Teniendo en cuenta no sólo la proporción de población en riesgo de pobreza o exclusión, sino sus rentas medias, se estima que acabar con la situación de riesgo de pobreza costaría unos 24.000 millones de euros anuales, lo que supone un 1,8% del PIB del país, y eliminar el riesgo de exclusión tendría un coste mucho más reducido, alrededor de 8.800 millones de euros anuales, lo que representa un 0,7% del PIB de cada uno de los años del periodo analizado.

El riesgo de pobreza en Andalucía roza el 28%

El estudio detecta diferencias significativas en el riesgo de pobreza y exclusión tanto entre comunidades autónomas, como entre colectivos (jóvenes, mujeres, trabajadores con empleo temporal). Por ello, propone una orientación más específica de los instrumentos de protección social.

Si para el conjunto del país, el 19,5% de personas se sitúa por debajo del umbral de la pobreza (12.220 euros anuales por unidad de consumo), en Andalucía ese porcentaje se eleva hasta el 27,7%. También están por encima de la media, Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%), Comunitat Valenciana (26%), Castilla-La Mancha (25,9%) y Canarias (22,9%). Por el contrario, la menor proporción de personas en riesgo de pobreza está en País Vasco (9,3%), Illes Balears (11,6%), Navarra (12,3%) y Madrid (12,7%).

Similares diferencias se observan en el caso de la población en riesgo de exclusión. Si la incidencia media se sitúa en el 8% (rentas inferiores a los 8.147 euros anuales por unidad de consumo), en Comunitat Valenciana el porcentaje aumenta hasta el 11,8%, en Andalucía alcanza el 11,4%, en Murcia el 11,2% y en Extremadura el 9,9%.

Una de cada tres personas en riesgo de pobreza tienen empleo

Otro aspecto destacable que muestra este estudio es que tener un empleo no garantiza eludir la pobreza, ya que un 33% de las personas en riesgo de pobreza están ocupadas. Un porcentaje medio que sube hasta el 40% en el caso de Illes Balears, pero que no baja del 25% en ninguna región en 2025.

Aunque la tasa de pobreza de la población ocupada se ha reducido desde el 14,8% de 2015 hasta el 11,6% de 2025, sigue siendo muy elevada en algunas comunidades autónomas. En Andalucía alcanza el 17,4%, mientras que en Navarra, la probabilidad de que las personas con trabajo entren en riesgo de pobreza es solo del 6%.

La disminución del porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión se ha dado en todas las regiones a lo largo del periodo 2015-2025. Sin embargo, las diferencias en la incidencia entre las comunidades autónomas siguen siendo elevadas.

La renta media de la población en riesgo de pobreza era de 4.869 euros anuales a nivel nacional en 2023, mientras que la renta media de las personas en esta situación de Navarra baja hasta los 4.128 euros y, en Illes Balears, a 4.362 euros.

En el lado contrario, la población en riesgo de pobreza de Galicia cuenta con una renta media de 5.498 euros, seguida de Extremadura, con 5.325 euros. Si nos centramos en las personas en riesgo de exclusión, la renta media en España de 2.849 euros anuales oscila entre los 2.090 euros de mínima en Illes Balears y los 3.397 de máxima en Aragón.

En términos de PIB, la situación es muy variada según las autonomías. Si a nivel nacional habría que destinar un 1,8% del PIB (24.000 millones de euros), en Andalucía se requeriría un 3,9% de su PIB, frente al País Vasco, donde bastaría con destinar el 0,6%.

El trabajo realizado construye dos índices sintéticos para establecer una clasificación de las CC.AA. según la evolución de estos grupos de población entre 2015 y 2023. En el primer grupo se consolidan las regiones líderes con mejores resultados (País Vasco, Aragón, Cantabria y Catalunya). En el segundo grupo se sitúan las comunidades con mejoras sostenidas a lo largo del periodo (Madrid y La Rioja). El tercer escalón agrupa a regiones que han registrado retrocesos destacados (Navarra y Asturias).

El cuarto grupo son las regiones que se mantienen siempre en posiciones intermedias (Galicia, Illes Balears, Extremadura y Castilla y León). Y, por último, una zona baja en la que se incluyen Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunitat Valenciana y Región de Murcia, aunque esta última ha ganado posiciones desde 2015.

Empeora la situación de las mujeres

Además, el estudio alerta de la mayor incidencia e intensidad de la pobreza en determinados colectivos. En concreto, las mujeres, que partían de una situación ligeramente más favorable que los hombres en 2015, han empeorado su situación en 2025. Entonces, el porcentaje de mujeres en riesgo de pobreza era del 21,8% frente al 22,5% de los hombres. En 2025 las tasas han variado hasta el 20,3% de las mujeres y el 18,6% de los hombres.

Por edad, se mantiene la menor incidencia de pobreza en los mayores de 65 años, frente a los más jóvenes, aunque esa tendencia está cambiando ligeramente en los últimos años y en algunas regiones la menor incidencia ya se da en la población en edad de trabajar. En todos los casos, el riesgo de pobreza de los jóvenes menores de 18 años es mayor y roza casi el 30%.

Aprendín de neno a aceptar con resignación os límites da miña clase social. Educáronme para sentir que o que me faltaba era superfluo. E tamén para convencerme de que co esforzo suficiente todo chegaría. Medrei impulsado pola idea de que se me portaba ben, se dobraba a roupa como correspondía, se lavaba os dentes con esmero, se estudaba as horas suficientes... Todos aqueles xestos pequenos me igualarían aos demais ou conseguirían incluso que eu os superase a todos.

O engado permaneceu perfectamente engraxado ata os 15 ou os 16 anos, cando no meu instituto organizaron unha viaxe a unha capital europea. Varias profesoras estaban convencidas de que eu debía ir. Era o tipo de alumno que tiraría gran proveito desa experiencia: os museos, a lingua estranxeira. Dous anos antes, participara xa nunha daquelas excursións. Fora un esforzo grande. Axudara o resto da familia. Vendera unha cantidade enorme de rifas. Conseguírao. Conseguirámolo. Pero polo que sexa —quen sabe que factura sen pagar, que imprevisto, que recorte no soldo...— esta vez fora diferente. Dixen que non ía e mantívenme. O centro ofreceuse a adiantar os cartos. Non sei se chamaron á casa para negocialo cos meus pais, pero eu non dixen nada. Mantívenme firme na idea de que non quería ir a esa viaxe. Convencinme. Aínda é hoxe o día en que sigo convencido de que simplemente non quería ir. Non era necesario. Pouco tempo despois daquilo gañei os primeiros premios literarios e, canda eles, os meus primeiros cartos propios. Gardámolos nun sobre, na habitación de meus pais. A escrita permitiu que a fantasía da igualdade de oportunidades seguise adiante. Pero xa nunca máis foi o mesmo.

Non empreguei unha conta bancaria ata que tiven o meu primeiro traballo. Non a precisei. De feito, meus pais apenas usaban a súa ata hai moi pouco tempo. En efectivo un gasta menos, adminístrase mellor. Cando o efectivo é pouco empregar diñeiro dixital fai que pareza aínda menos. Nunca falei disto con ninguén. E é curioso, porque quizais experiencias coma esta, son as que conforman a miña identidade por enriba de ningunha outra. Aparece ás veces nalgúns contos, en detalles soltos debidamente esparexidos e ficcionados. E tamén nos poemas que a miña nai menos lle gusta que eu lea en voz alta.

Dende que son profesor no ensino público, teño reflexionado moito sobre se o que sucede é que ninguén pensa xa nos pobres. Teño visto como o sistema educativo e a sociedade en xeral seguen tratando a diferenza de clase e a escaseza de recursos case coma un fallo na Matrix e non coma unha consecuencia directa do sistema. Os pobres xestiónanse en secreto. Respéctase a súa vergonza. Pero quen a colocou aí? Cubríndolles a cara, apertándolles a gorxa.

Nos últimos tempos, ao discurso sobre a pobreza superpúxoselle sempre o da migración. As axudas, as paguiñas. É coma se aquí nunca houbese desigualdade. A pobreza vén de fóra e inféctanos. Ese é o discurso da dereita que cala ata nos fogares máis humildes desprazando o foco, distraendo a fame. Os seus traballos e estreiteces son culpa dos estranxeiros, tan pobres coma eles. Se non se poden permitir unha casa, é porque o país vai a pique regularizando migrantes pobres. Atendendo bocas que non son nosas. É curioso observar como unha parte da sociedade española odia as carnizarías halal e as tendas asiáticas de alimentación, pero nunca detesta coa mesma forza os supermercados británicos da Costa do Sol. É tan doado sinalar o racismo que parece inofensivo. Cala tan fondo ás veces a aporofobia.

Acontece que aos pobres se lles pide que non o digan. Baséase niso a súa dignidade: na capacidade para estar calado e resistir. No relato infantil que nos convence de que somos iguais. E se cadra nin sequera eles —eu— se miran no espello. O desclasamento é tal, e tal é o xeito no que percibimos o mundo a través das redes sociais na súa versión máis adulterada, que non me estrañaría que sexa agora aínda máis difícil que hai vinte ou trinta anos recoñecerse pobre.

En Galicia, arredor do 20% da poboación está en risco de pobreza ou exclusión social. Case un 25% se poñemos o foco na pobreza infantil. Unha de cada cinco persoas. Un de cada catro nenos. Por que seguimos falando dos pobres coma se fosen outros? Coma se viñesen de fóra. Coma se non estivesen xa nas aulas, na rúa. Coma se non levasen aquí dende o principio dos tempos, aprendendo a dicirse cada vez cunha voz máis baixa en lugar de ocupar un espazo político. Fagámonos relevantes, públicos. Mentres se discute sobre quen merece as axudas, ninguén parece querer sinalar por que son necesarias. Descansemos da nosa vergonza sentando sobre o seu privilexio.

Con una crisis habitacional que se ha convertido en una de las preocupaciones y exasperaciones más acuciantes de la población de todo el país, el acceso a una vivienda se antoja una carrera de obstáculos para las rentas medias y bajas ante la escalada de precios tanto para la compra de inmuebles como para el acceso a un alquiler. Entre los afectados están las personas sin hogar, que sufren un agravante más: la Junta de Andalucía exige para las ayudas al alquiler a las personas especialmente vulnerables que exista un preacuerdo de arrendamiento. Un apartado que despierta la crítica entre las asociaciones del tercer sector porque impone una doble barrera para el colectivo. Ante el mantenimiento de la norma, han elevado al Defensor del Pueblo Andaluz una queja formal para que se revise y anule esta orden.

“Intenta acercarte a una inmobiliaria y pedir que reserven una vivienda durante seis meses, a la espera de que te concedan la ayuda”, ejemplifica Rafael Díaz, miembro de Elige la Vida. A ello habría que añadir que las personas sin hogar pertenecen a un grupo con unas carencias graves, ya sea a la hora de medios físicos como competencias digitales para acceder al trámite o su propia situación vital, donde la falta de ingresos o el deterioro físico y de salud mental que sobrellevan al vivir en la calle hacen que se les descarte rápidamente por parte de los caseros. “No vamos a darle ilusiones a nadie en estas circunstancias, así que hemos decidido movernos para que modifiquen el modelo”, afirma desde Sevilla, a sabiendas de que hay hasta 8.000 personas viviendo en la calle en toda Andalucía.

En colaboración con Proyecto Emaús - Parroquia Santas Justa y Rufina, se presentó el documento al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, el pasado 22 de marzo. El texto, al que ha tenido acceso este medio, señala la orden presentada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en octubre de 2025, en la que se recoge que los colectivos vulnerables para los que está destinada la subvención deben ser titulares de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual para acceder a la subvención. La subvención se ideó en el año 2020 y publicada en el BOJA en 2022. Fue entonces cuando los entes protestaron para que se modificaran las bases de la convocatoria y la Junta accedió a incluir un subapartado con el que se pretendía arreglar el entuerto. Pero, en la actualidad, el punto 6 de los formularios exige: “En el caso de personas sin hogar, preacuerdo de contrato de arrendamiento, debiendo presentar el contrato de arrendamiento una vez se formalice el mismo, a fin de poder recibir la ayuda solicitada”.

“Discriminación indirecta”

A pesar de que se incluyera una modificación para intentar “solventar la incoherencia absoluta” que supone exigir a una persona sin hogar un contrato de alquiler previo, “la realidad del mercado del alquiler de vivienda lo hace imposible”, observan. En cualquier anuncio de Idealista o Fotocasa se leen las obligaciones previas para obtener una visita: contrato de trabajo, avales, hasta dos meses de fianza, un mínimo de renta anual... Un largo listado que, como señalan en la carta remitida al Defensor, hace inviable el acceso para quien carece de apoyo económico: “Es una tarea imposible para las personas que se encuentran en situación de exclusión social severa, es decir, exclusión residencial, incluso cuando pueden contar con un acompañamiento social y con la previsión de una posible ayuda pública”.

Por tanto, califican las peticiones de la Junta como una “discriminación indirecta” hacia las personas sin hogar al imponer un principio que vulnera el principio de igualdad para obtener una ayuda pública y que va en contra de los propios planes de la Junta dirigidos a aliviar las circunstancias de estas personas, como el Plan Vive en Andalucía o la I Estrategia de Atención a las personas sin hogar en Andalucía (2023 - 2026), donde hay contemplada una de 400.000 euros en ese periodo con el fin de “aumentar el número de personas sin hogar que acceden a una solución habitacional” y “prevenir el fenómeno del sinhogarismo”. Con esta petición al Defensor, pretenden que se inste a la Junta de Andalucía a eliminar este apartado y se convengan otras cláusulas acordes a las condiciones del colectivo.

María del Carmen Jiménez, portavoz de Emaús y firmante de la petición, explica las obras de caridad que realizan con el apoyo de Cáritas. Desde la distribución de mantas hasta la compra de medicamentos o reparto de caldo a pie de calle, buscan la manera de acompañar a los que viven en las calles del barrio de Los Remedios. “Hay quienes no tienen nada o que logran una pequeña pensión no contributiva o el cobro del Ingreso Mínimo Vital, y es una realidad que afecta tanto a los nacionales o a los extranjeros”, comenta en declaraciones a esta cabecera.

Alquilar habitaciones

Ya no habla de la posibilidad de alquilar un piso con esta ayuda, sino de una habitación, que en Andalucía ronda los 400 euros, según los datos recopilados por Fotocasa, en un momento en el que los anuncios han crecido un 17% en 2025 frente a 2024. “Nadie alquila sin que haya una garantía, entonces, ¿quién les va a hacer un contrato previo a esa ayuda?”, cuestiona. Sin respuesta por parte de la administración, ha hecho piña con Elige la Vida para forzar el cambio y sugiere que sean las propias entidades las que acompañen al particular: “Con los datos del arrendatario, nos podríamos comprometer a ayudar en el pago de la habitación y que, una vez recibida la ayuda, se dé el dinero a posteriori”.

Las asociaciones son las que vehiculan las ayudas en la mayoría de las ocasiones, como recogen las bases de la Consejería y la I Estrategia de atención a personas sin hogar en Andalucía, para lo que también se recoge una línea de 400.000 euros repartidos en cuatro años. En estos casos, reciben directamente el importe y promocionan planes de acceso a la vivienda, como indica Juan Luis Delcán, presidente de EAPN en la delegación andaluza. “Las ayudas al alquiler de la Consejería tienen ese hándicap y, además, hay que tener en cuenta que resuelven la línea en cuatro o cinco meses, ¿qué propietaria te va a aguantar la vivienda?”, apunta. En la Fundación Atenea, de la cual es miembro, también se topan con las dificultades para facilitar inmuebles a las personas más vulnerables, ya sea por miedo a posibles destrozos o por aporofobia. En todo caso, adelantan el montante económico a los propietarios gracias a que tienen esa capacidad como organización del tercer sector.

“Habría que darle una vuelta porque las ayudas se idean y se destinan para una población que no llega”, lamenta, “en todo esto, las entidades tenemos un papel fundamental a la hora de trabajar con las personas en situación de calle en tiempos tan complicados”. El caso de las subvenciones particulares difiere de las que gestionan las organizaciones, ya que, como apunta, programas como el de Atenea contemplan un proceso de reinserción laboral y una rotación de las seis plazas que tienen disponibles una vez y que la persona sea autosuficiente en un proceso complejo en el que hay cuestiones relacionadas con la salud mental, la drogodependencia o la falta crónica de empleo.

Con casi dos millones viviendo en exclusión social, como estimaba el IX Informe Foessa, la vivienda se ha convertido en el epicentro del debate en la esfera pública. Una de las entidades que han estado asesorando y gestionando este tipo de ayudas ha sido la Asociación Provivienda. Pepa Muñoz Cañuelo, delegada territorial en Andalucía, comenta que a partir de un análisis realizado en colaboración con otras asociaciones comprobaron que estas líneas públicas “no llegan a las personas sin hogar y deberían tener otras ayudas con otros requisitos más directos, porque estos no se están aprovechando”. Desde la entidad, brindan apoyo directamente en la gestión de los trámites y preparan con antelación a las personas que están en sus programas, ya que son por concurrencia no competitiva, mientras que facilitan el asesoramiento a nivel grupal o individual en los casos que estén fuera de su red.

Sin el número de las personas sin hogar beneficiadas

En respuesta a este periódico, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda justifica con motivo del requisito de preacuerdo que “como toda convocatoria de ayudas, es necesario una justificación documentada, porque hay que preservar el fin de los recursos públicos”. “Esa fiscalización previa es necesaria porque, de lo contrario, no se podría conocer si verdaderamente cumplen su cometido”, añaden. “No es un obstáculo, sino una garantía de que llega a las personas que lo necesitan, y los números de solicitantes y beneficiados cada año corrobora que la ayuda llega”, argumentan las fuentes oficiales. En este caso, apuntan que se han canalizado 96,5 millones de euros para 28.689 viviendas y un total de 86.000 personas beneficiarias en Andalucía. Pese a la insistencia de este medio, la Junta no ha proporcionado el dato desagregado sobre las personas sin hogar.

Asimismo, la Consejería traslada que la ayuda, impulsada en 2020, “supone una oportunidad para muchas familias que, de otra manera, no dispondrían de la posibilidad de acceder a una vivienda”, refiriéndose a que la subvención está contemplada para todo un espectro en el que están contempladas las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, al igual que las personas sin hogar y otros individuos especialmente vulnerables. El importante máximo que se contempla por persona es de 500 euros mensuales, más gastos de comunidad, hasta 200 euros al mes. “Consideramos que el modelo actual funciona, pero estamos abiertos al diálogo con todas las asociaciones y entidades para que nos trasladen sus casuísticas y circunstancias”, concluyen.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) celebra desde este miércoles, 22 de abril, al viernes, día 24, el XIX Encuentro Estatal de Participación en el Institución Ferial de Ciudad Real (Ifedi), junto a su red territorial de Castilla-La Mancha.

La presente edición reunirá a un centenar de personas con experiencia en pobreza de todo el país, con el objetivo de trabajar en propuestas políticas en materia de acceso a la vivienda y de transición justa, en un contexto de “emergencia habitacional que está abocando a miles de personas a situaciones de pobreza y exclusión social”, según apunta la organización.

En la inauguración del evento, que tendrá lugar el 22 de abril a las 16.30 horas, está previsto que participen Inés Sandoval, directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Francisco Cañizares, alcalde de Ciudad Real; Rocío Zarco, diputada de la Diputación Provincial de Ciudad Real; Mar González, presidenta de EAPN Castilla-La Mancha; y Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa.

El programa del primer día concluirá con la grabación en directo del vídeo podcast 'Sin derechos estamos apañaos', un proyecto desarrollado por el Grupo de Participación de EAPN Castilla-La Mancha. Se trata de una iniciativa donde personas con experiencia en pobreza dialogan con referentes de ámbitos culturales, políticos, científicos o sociales sobre temas de interés social. En esta ocasión, se realizará una entrevista a Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC y reconocido divulgador científico.

Por su parte, en la jornada de clausura el viernes 24 de abril está prevista la intervención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, con la Comunicación 'Los rostros y el lenguaje de la pobreza'.

Previa a la intervención de Gabilondo, se llevará a cabo un encuentro con las instituciones, donde representantes de las diferentes delegaciones territoriales de EAPN España trasladarán las propuestas en materia de derecho a la vivienda trabajadas en las jornadas a representantes institucionales, entre ellos Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; y Santiago Vera, director general de Acción Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La presente edición del encuentro coincide, además, con la celebración del Día Internacional del Libro, el 23 de abril. En este contexto, el miércoles 22 de abril se realizará el acto simbólico 'Lecturas por una vivienda digna', una lectura pública de fragmentos de obras centradas en la defensa del derecho a la vivienda y la denuncia de la pobreza y la exclusión social.

EAPN España tiene una larga trayectoria en la celebración de Encuentros y Congreso de Participación tanto a nivel europeo, estatal y autonómico. Gracias a estos espacios se potencia el reconocimiento de las personas en situación de pobreza o exclusión y se facilita que representantes institucionales se acerquen a problemáticas y realidades a las que, sin estas iniciativas, no tendrían acceso.

Hola.

¿Cómo va la semana?

En medio de tanto caos y desconcierto, doméstico e internacional, me he agarrado a la idea con la que titulo el boletín de hoy para hablar de noticias positivas. Pero no sé si es verdad. Me explico: OpenAI, que como sabrás es la empresa matriz de ChatGPT, la del maléfico Sam Altamn, ha publicado hace unos días un estudio, Industrial policy for the intelligence age: ideas to keep people first, que ha pasado bastante desapercibido. El documento es muy interesante. Esboza la visión de la empresa que desató la actual fiebre del oro tecnológico en torno a tres grandes temas: distribuir la prosperidad impulsada por la IA de forma más equitativa, el fin del dogma del libre mercado frente a la IA y una gobernanza más democrática. Planteado así es para sorprenderse.

Vamos por partes. El estudio, de una docena de páginas, propone recuperar una política industrial activa, similar al New Deal, donde el Estado no solo regule para evitar riesgos, sino que intervenga para alinear los avances tecnológicos con el interés público. Bien. También que se redistribuya la riqueza. ¿Cómo? Por dos vías: con un fondo público que otorgue a cada ciudadano una “acción” directa en los beneficios de la IA, independientemente de su patrimonio, asegurando que la bonanza no se quede solo en los balances de la big tech. Y, segunda, a través de un “dividendo de eficiencia”, que propone convertir la productividad de las máquinas en tiempo de vida para el trabajador, sugiriendo ¡semanas laborales de 32 horas sin reducción salarial! de modo que la productividad se traduzca en tiempo de vida y no solo en márgenes para el accionista. ¡Caray!

Pero aún hay más. OpenAI reconoce que a medida que “la IA transforma el trabajo y la producción” –menudo eufemismo–, se podría erosionar las bases imponibles basadas en los salarios, poniendo en jaque la sanidad o las pensiones. Por lo que pide modernizar el sistema tributario, desplazando la presión fiscal hacia las rentas del capital, los beneficios corporativos y los rendimientos derivados del trabajo automatizado. La guinda. Increíble.

No nos engañemos. Aunque se presente como un manual de buenas prácticas, la nueva política industrial para la era de la inteligencia que plantea OpenAI suena más a señal de alarma. Reconoce por escrito algunas evidencias y varios temores que pueden resumirse en lo siguiente: el mercado, por sí solo, es incapaz de gestionar el terremoto que viene. Es una confesión donde admite que la IA es una bestia que solo un Estado fuerte puede domar para evitar que el poder se concentre en unas pocas manos, y que existe el riesgo de que el progreso se convierta en una fractura social insalvable.

La idea de jornadas de cuatro días semanales sin recorte salarial es música para los oídos de la izquierda, pero, ojo: si no hay límites claros, la tecnología se usará para “intensificar cargas de trabajo” y “minar la autonomía”, según expresiones del propio documento, convirtiendo el sueño de la abundancia en una nueva forma de explotación algorítmica. Ya está pasando. En lo económico, la compañía de San Francisco confiesa el riesgo real de que la riqueza se concentre en “un pequeño número de firmas” como la suya propia.

Al pedir un New Deal tecnológico, parece que OpenAI esté intentando diseñar el tablero de juego antes de que la realidad les arrolle; prefieren una regulación negociada a una impuesta por un clamor social. Uno de los problemas es la falta de músculo político para enfrentarse a quienes más tienen que perder.

El dato

829.399

Son los hogares a los que llegó el ingreso mínimo vital (IMV) en marzo, un 18 % más que hace un año. La cuantía media de la prestación se sitúa en los 543,1 euros al mes por hogar, por lo que la nómina total del tercer mes del año ascendió a los 495,6 millones de euros. Son datos del viernes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que añade que en dichos hogares viven 2,53 millones de personas, de las cuales 1,03 millones son niños y adolescentes.

¿Éxito o fracaso? El Gobierno siempre lo vende como lo primero. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, considera que el IMV “marca la diferencia, especialmente en la infancia”, y demuestra que el Gobierno está “donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país”. Hay millones de personas que hoy tienen un ingreso básico que antes no tenían.

Pero otras voces dicen que, si el número de beneficiarios sube, también puede interpretarse como que la economía no está siendo capaz de sacar a la gente de la exclusión mediante el empleo. Desde un punto de vista de progreso social, es una señal de alarma.

A ello se suma otro debate: ¿más pobreza o mejor detección? El aumento de hogares beneficiarios puede deberse a dos causas opuestas: a que la pobreza está creciendo y hay más gente necesitada, o bien a que ahora el Estado es capaz de identificarla mejor.

El gráfico

Este cuadro es uno de tantos que reflejan la importancia de la inmigración para nuestra sociedad. En este caso se trata de la distribución de trabajadores afiliados por sectores. Por si no lo ves bien, el azul oscuro es el porcentaje de inmigrantes. Las tres primeras actividades son las del hogar, hostelería y agricultura. Lo he sacado de este estudio de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) de La Moncloa. Se lo encargó el Gobierno para contestar básicamente a estas dos preguntas: ¿Cómo sería España en los próximos 50 años si las entradas de inmigrantes se mantienen al ritmo actual? ¿Qué pasaría si, por el contrario, se aplicase una política restrictiva y se redujesen las llegadas en un 30%?

La primera respuesta describe un país envejecido y encogido, con un 25% menos de habitantes en comparación con otro escenario en que las llegadas de inmigrantes se mantuvieran al ritmo actual. Un país con nueve millones menos de trabajadores, lo que podría acarrear la pérdida de riqueza, hasta “un 22% del PIB”, y un fuerte golpe para sectores como la agricultura, los cuidados y la hostelería. Un país en el que, para mantener el actual sistema de pensiones, cada cotizante debería aportar en torno a 2.000 euros más cada año que si se mantuviese el flujo migratorio actual.

El informe no tiene desperdicio. Conviene tenerlo presente estos días, coincidiendo con la regularización de inmigrantes, ante tanta demagogia vomitiva por parte de la derecha y la extrema derecha, más allá de la falta de empatía y deshumanización.

Por cierto, y cambiando de tema: esta semana el exministro Miguel Sebastián se ha estrenado en elDirario.es, donde escribirá de manera periódica. Cada miércoles analizará algún tema económico a partir de un gráfico; de ahí que me haya parecido oportuno recordarlo en este espacio. Por si no lo has visto, el de ayer es este.

Tipos (y tipas) de interés

Sube Amparo Moraleda, presidenta de Airbus. Su nombramiento rompe por primera vez el eje francoalemán en la cúspide de gobernanza del consorcio europeo aeronáutico y coloca a una directiva española al frente. Fuentes de la compañía lo han presentado como un reconocimiento al “rol crucial de España” —un país que apenas controla el 4% del capital—, con plantas repartidas entre Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. Sustituirá al alemán René Obermann.

Moraleda (Madrid, 1964) representa una figura de continuidad con conocimiento interno. Lleva más de una década en el consejo, donde actualmente preside el comité de remuneraciones, y ha construido su carrera en la intersección entre tecnología, energía y finanzas: dos décadas en IBM (donde fue presidenta para España), paso por Iberdrola y vicepresidencia en CaixaBank. Ingeniera industrial por Comillas y con formación en el IESE, su perfil encaja con el papel que le espera: dirigir el consejo, fijar la estrategia junto al resto de consejeros y supervisar al consejero delegado, el francés Guillaume Faury, con quien deberá mantener una interlocución constante.

Moraleda tuvo en su abuela una de sus principales inspiraciones para su exitosa carrera como alta ejecutiva. “Me dijo muy pronto que el único camino para la independencia de la mujer era la independencia económica y profesional”, contó en una entrevista que concedió a la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos en 2022, recogida por Efe. Ha desarrollado su carrera en sectores donde la presencia femenina era marginal. Su rol en Airbus no será ejecutivo, pero sí decisivo en la supervisión y en la estrategia industrial.

Nos gusta la competencia 

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Y con esto lo dejamos por hoy.

Muchas gracias por estar ahí y nos reencontramos la semana que viene.

¡Un abrazo!

Cruz Roja atendió a lo largo de 2025 a un total de 337.383 personas en Andalucía, de las cuales 218.000 participaron con atención directa y cerca de 120.000, en acciones de sensibilización. Además, la organización ha llevado a cabo más de 1.139.870 intervenciones con estas personas, a través de su equipo técnico, pero sobre todo gracias a una red de solidaridad formada por 29.144 voluntarios en el conjunto de Andalucía, según resalta en su memoria de actividad.

El delegado de Cruz Roja en Andalucía, Jerónimo Vera, avanzó que el análisis de 2025 confirma que en Andalucía “persisten brechas sociales, especialmente relacionadas con la pobreza, la soledad, el desempleo y las emergencias, como la vivida en Adamuz, pero también las meteorológicas, como la de comienzos de este año y durante 2025, muy relacionadas con los efectos del cambio climático”.

Entre los datos más relevantes, el informe recoge que el pasado año 30.365 personas en Andalucía, atendidas por Cruz Roja, se encontraban ante una vulnerabilidad que les enfrenta a problemas de pobreza energética, falta de recursos básicos, y en los casos más extremos, al sinhogarismo.

De todas ellas, más de 9.800 personas recibieron apoyo a través del proyecto de Atención Integral a Personas Sin Hogar, que incluye la asistencia de equipos voluntarios que recorren las calles de 14 ciudades, para ofrecer productos de abrigo, alimentación y, sobre todo, escucha y acompañamiento, en un año en el que las condiciones meteorológicas han obligado a crear nuevas respuestas, como los albergues provisionales frente a las olas de frío y de calor.

“Extremo riesgo social”

Vera ha señalado que, aunque las causas son complejas y diversas, “hemos visto cómo la escalada de precios de los últimos años, sumada a los problemas de acceso a una vivienda, provoca que muchas personas se enfrenten a situaciones de extremo riesgo social”. Así, “nos preocupa que los actuales conflictos internacionales traigan consigo una nueva escalada de precios, que agudice y precarice la situación de todas estas personas”, ha apuntado.

En rueda de prensa celebrada en la Fundación Cajasol, y parafraseando a una de las familiares de las víctimas del accidente de Adamuz, pronunció en agradecimiento a la labor desempeñada por la organización: “Cruz Roja se moviliza para curar, aliviar, consolar y, cuando nada de lo anterior sea posible, acompañar”.

“El equipo de Cruz Roja es nuestra principal fortaleza, gracias a su cercanía, su profesionalidad y la enorme capacidad de movilización de nuestra organización”, ha explicado Vera, que hace partícipe de esta labor a todas las personas que forman Cruz Roja: las 151.692 personas y empresas socias, así como a las entidades que colaboran a través de alianzas y donaciones.

Más del 90% de los municipios andaluces

Otra de las fortalezas de Cruz Roja es, sin duda, su implantación territorial en Andalucía, ya que a través de sus 90 asambleas locales y comarcales, desarrolla su actividad en 778 localidades de la comunidad, es decir, más del 90% de los municipios andaluces, tanto en grandes núcleos urbanos como en zonas rurales y comarcas más despobladas, con menos accesos a recursos sociales.

A lo largo del pasado año, Cruz Roja ejecutó en Andalucía un presupuesto de 141.737.083 euros, que en la memoria se distribuye por cada una de las áreas de intervención que desarrolla la Organización: Inclusión Social, Empleo, Socorros, Educación, Salud, Cooperación Internacional y Medio Ambiente. Además, del área de Voluntariado y Cruz Roja Juventud, la sección juvenil de la organización.

No obstante, la memoria de actividad recoge, entre las cifras de la actividad, el número de personas que participaron en cada una de estas áreas. Así, el delegado de Cruz Roja, ha subrayado que estas cifras “solo pueden entenderse desde un modelo de intervención integral, que nos permite acompañar a las personas más allá de la ayuda puntual”. Además, ha añadido que “es un modelo basado en el enfoque de derechos, que pone a las personas en el centro de la actividad y la hace partícipe de ella”.

25 aniversario

Cruz Roja “no se limita a la entrega de ayudas; la labor del voluntariado incluye orientación, apoyo emocional y acompañamiento para acceder a prestaciones y recursos públicos”. Además, 2025 ha sido también el año del 25 aniversario del Plan de Empleo de Cruz Roja, “consolidado como uno de los ejes estratégicos de la organización”.

Igualmente, la memoria refleja una cifra “histórica” ya que más de 45.000 personas participaron en proyectos de empleo, formación y mejora de competencias. Esto fue posible gracias a 10.730 alianzas con 3.770 empresas en Andalucía, que colaboraron en prácticas, orientación e intermediación laboral.

Asimismo, la organización ha reafirmado que “la soledad sigue siendo uno de los grandes desafíos en Andalucía”. Personas mayores, jóvenes, mujeres víctimas de violencia o personas sin hogar “siguen necesitando espacios de encuentro y relaciones significativas”. Así, la imagen “más reconocible” del voluntariado es su capacidad de acompañar: “el brazo que sostiene, la llamada que rompe el silencio, la presencia que reconforta”, ha afirmado Vera.

Además del acompañamiento, Cruz Roja impulsa iniciativas que activan las comunidades, para conectar a las personas con otros recursos en sus barrios y ciudades, dinamizando actividades colectivas, grupos de apoyo mutuo y redes vecinales. En esta línea, el delegado ha puesto como ejemplo la iniciativa 'Comercios Amigos de las Personas Mayores', con los que Cruz Roja teje alianzas con comercios de cercanía para “concienciar sobre la soledad, para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad y dar a conocer los recursos que ofrece la propia Cruz Roja a personas mayores”.

Años marcados por catástrofes

Cruz Roja ayudó a las emergencias ocurridas en 2025 (incendios ocurridos durante el verano, grandes borrascas y situaciones tan excepcionales como el gran apagón de hace un año, que afectó a todo el país).

En este sentido, el delegado ha señalado que “hemos comprobado la importancia de la coordinación” y, ha detacado el papel esencial de dos dispositivos de Cruz Roja en Andalucía, en la movilización ante las emergencias. Por un lado, el Centro de Operaciones Autonómico, situado en Sevilla, desde el que se reciben llamadas de aviso del 112, para activar a los equipos de emergencias de todas las provincias, entre ellos, los que intervienen en el rescate y atención de migrantes en las costas.

Y, por otro lado, el Centro Logístico Autonómico, situado de Córdoba, uno de los tres más importantes de Cruz Roja en todo el país, desde el que se han enviado materiales a todas las provincias, para proveer de camas, equipos electrógenos, agua, etcétera cuando las emergencias superaban las capacidades de los territorios.

El comité de responsabilidad social corporativa de La Despensa Supermercados ha acordado incluir por un año más a la ONG 'Socorro de los Pobres', conocida popularmente como la 'ONG de Cipriano', en su plan de donaciones contra el desperdicio alimentario.

La compañía castellanomanchega, a través de su proyecto 'La Despensa Solidaria', sigue incrementando su compromiso con las personas más vulnerables, siendo conscientes “de las necesidades del entorno y actuando con responsabilidad social y solidaridad”.

El acto ha contado con la presencia de Reyes Calvo, secretaria de la ONG, y en representación de La Despensa Supermercados, de David García Lázaro, director de calidad y seguridad alimentaria y Luis Aznal, director de comunicación y RSC.                                                    

Un año más los voluntarios de la ONG recogerán cada semana los alimentos de las cinco tiendas de La Despensa Supermercados en la ciudad de Toledo.

Además, la compañía castellanomanchega, con sede en Toledo, vuelve a incluir en el acuerdo la entrega mensual de un vale de compra para para que la ONG pueda adquirir los alimentos más demandados por las familias.

El compromiso y la entrega de los voluntariados

Reyes Calvo expresó su “profunda gratitud” a La Despensa Supermercados por la renovación del acuerdo y todas las donaciones recibidas que, debido al aumento de las familias vulnerables, cada vez hay más necesidad de recibir estas donaciones.

Por su parte, David García Lázaro destacó la loable labor que lleva a cabo esta ONG y el compromiso y entrega de todos sus voluntarios, algo que nos obliga a seguir estando a su lado y atender a sus demandas.

Cipriano González fue el fundador de la ONG 'Socorro de los Pobres', que lleva más de cinco décadas repartiendo alimentos a personas vulnerables en Toledo. Falleció el 11 de abril de 2024 a los 86 años de edad, recibiendo innumerables muestras de cariño y agradecimiento de toda la sociedad toledana por su encomiable labor solidaria, gran carisma y energía ilimitada.

Su casa está situada en la Bajada de San Marti­n, numero 6, y es un local lleno de bolsas de alimentos y ropa nueva que recibe de sus donantes (particulares e instituciones) y que se encarga de administrar y repartir a las familias en paro y personas con muchas necesidades.

El presidente de la patronal hotelera en Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, se ha pronunciado este lunes sobre las personas que viven en chabolas: “En menos de un año tenemos una favela de Los Cristianos”.

En declaraciones en el programa De La Noche Al Día de Canarias Radio La Autonómica, Marichal en esta entrevista ha obviado la emergencia habitacional y ha insistido en que “ahora ya tenemos asentamientos y tenemos chabolismo en algunos de los espacios naturales, incluso que tenemos alrededor de algunos destinos turísticos en Canarias y parece que nadie hace nada”.

“Sinceramente, yo no entiendo nada cuando una empresa, una persona que tiene DNI pone un bloque donde no lo puede poner, le cae todo el peso a la ley al punto cero. Sin embargo, la gente entra en casa de los demás, la gente pone sus casas en el suelo de los demás y no pasa absolutamente nada”, ha dicho en la radio.

No es la primera vez que Marichal hace unas declaraciones polémicas. En 2023, aseguró que no se encuentran empleadas para el sector turístico, poniendo el foco en el “absentismo” y subrayando que se debe hacer “un control” de esas bajas así como facilitar la contratación de personas extranjeras.

En 2018, en otra entrevista en El Día llegó a decir que “en este país, hoy en día, quien se deja explotar es, quizá voy a ser muy duro, es porque quieren. Aquí estamos supercontrolados, hipercontrolados”, aunque luego matizó sus palabras.

También fue noticia en 2025 por criticar la huelga que convocaron los sindicatos en la provincia para reivindicar mejoras salariales en el sector turístico. “La huelga de la hostelería en Tenerife es absurda; los sindicatos tiran de los políticos para lograr sus objetivos”, apuntó.

El vicepresidente de Ashotel, Gabriel Wolgeschaffen, también advirtió en 2024 sobre la movilizaciones contra el turismo masivo que “a la vaca que da leche hay que dejarla tranquilita”.

Vivir de alquiler triplica el riesgo de pobreza en Catalunya. El 34,4% quienes alquilan están en peligro de sufrir carencias básicas, cifra que se desploma hasta el 11,3% de entre los que tienen una vivienda en propiedad. Es una de las principales conclusiones de la Radiografía Insocat, elaborada por la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS).

La vivienda se sitúa así como el principal factor de empobrecimiento, lo que deriva en otras problemáticas materiales también dentro del hogar: en 568.000 hogares (que alojan a unos dos millones de personas, casi un 27% de la población catalana) sufre de pobreza energética. Por otro lado, el 14% de la población declara retrasos en los pagos vinculados al hogar.

Según ECAS, gran parte de la culpa de la crisis la tiene la “fuerte concentración de la propiedad y un parque público claramente insuficiente”. Y destacan que un 1,2% de los grandes tenedores poseen casi una cuarta parte del mercado inmobiliario libre y sólo un 2% del público -frente al 15% de la media europea. Lo que contrasta con los 400.000 pisos vacíos que hay en Catalunya. “Esta combinación agrava la inseguridad residencial y convierte una necesidad básica en un factor de desigualdad estructural”, remachan los autores del informe.

Con todo, recuerdan que la tasa AROPE sitúa el índice de pobreza en un 24,8% en Catalunya, 0,8 puntos más que hace un año. Esta cifra “subralla la contradicción entre una supuesta bonanza económica y el malestar social que atraviesa a buena parte de la población”, destacan. Así, contrastan la subid adel 2,7% del PIB y unas tasas de paro que bajan al 8,4%, con el hecho de que el 47% de la población declara problemas para llegar a final de mes.

Y es que tener un empleo no es un salvavidas contra la pobreza: más del 42% de los trabajadores sufren precariedad laboral y casi el 12% están en situación de pobreza. “El encarecimiento del coste de vida, que absorbe el 95% de la renda media disponible, es lo que explica estos datos”, explica Teresa Bermúdez, vocal de pobreza de ECAS.

Desde la federación aseguran que estos datos, si bien son graves, deben ser mirados con lupa para obtener la radiografía completa y destacan que hay que observar a los colectivos más vulnerables, que son la infancia, las mujeres y las personas migradas.

En esta línea, recuerdan que la pobreza infantil ha escalado hasta el 36%, que el riesgo para las mujeres es mayor que el de los hombres y que casi el 50% de la población sin nacionalidad española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión.

Con todo, insisten en que “las desigualdades se transmiten y se cronifican”. Destacan que hasta el 35% las desigualdades de ingresos son heredadas y están determinadas por “circunstancias no escogidas” como el género, el lugar de nacimiento de los padres y el origen socioeconómico. “El ascensor social que había funcionado en décadas anteriores está estropeado y ahora tener estudios superiores o trabajo no garantiza llegar a final de mes con tranquilidad”.

Desde ECAS destacan la capacidad de las prestaciones sociales y las ayudas públicas para revertir la pobreza, pero no pierden la oportunidad de recordar que estas funcionan mucho mejor en la vejez que en la infancia. Mientras que las pensiones reducen la tasa de pobreza del 77% al 14%, en el caso de la infancia sólo consiguen bajarla del 40% al 30%.

Por todo ello, reclaman “fortalecer la capacidad redistributiva de las políticas públicas para mejorar la cobertura de las prestaciones sociales”. En este sentido, ECAS recuerda que Catalunya sigue a la cola de España en inversión social, con 2.789 euros por habitante y año, lejos de los 3.277 de media. Igualmente, recuerdan que prestaciones como la Renta Garantizada o el IMV sólo llegan al 15,9% y al 11% de los hogares que las necesitan-

Una familia de siete miembros, entre ellos cuatro menores de edad, fue desahuciada en la mañana de este miércoles en Gran Canaria al no poder hacer frente al pago del alquiler. La familia de María (nombre ficticio) había logrado evitar el desalojo en varias ocasiones gracias a la protección in extremis del llamado “escudo social”, una medida que decayó el pasado mes de febrero tras ser rechazada en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Desde la retirada de ese paraguas legal, el escenario para las familias vulnerables amenazadas por la pérdida de su vivienda ha cambiado radicalmente. En el caso de María, el resultado fue un desalojo forzoso sin alternativa habitacional inmediata, pese a tener cuatro hijos a su cargo. “Solo pedía un mes de plazo”, explicó la afectada a los medios de comunicación mientras esperaba por la comitiva judicial.

Tras la negociación con la cominitiva judicial personada en la puerta de la casa, se pidió “aunque sea” una semana de plazo para la familia de María, petición que también fue denegada.

“El escudo social hizo mucho, hizo mucho y por unos pocos, y no quiero politizar, pero por culpa de Junts, PP y Vox, el tope del alquiler no ha salido hacia adelante, por lo tanto hay muchos que están en alquiler, que se va a elevar”, expresa la afectada.

El procedimiento fue instado por un propietario particular que no reside en las Islas, y que no accedió a demorar el lanzamiento pese a que la alternativa ofrecida por el Gobierno de Canarias a través de VISOCAN todavía no estaba disponible.

María cuenta su historia

“Tenemos ingresos mensuales de más de 1.200 euros de prestaciones de la Seguridad Social, pero los propietarios no aceptan ni prestaciones ni contratos indefinidos; piden un año de fianza y avalista”, explicó a los medios, detallando cómo alquilaron el piso hace cinco años con la idea de quedarse solo seis meses durante la pandemia, que extendió su estancia en un “efecto dominó” que les dejó sin alternativa.

A pesar de solicitar ayudas al alquiler y ERTE -“denegadas por el Gobierno de Canarias”, María insistió en su disposición a trabajar: “Busco conciliación familiar y estabilidad, porque la hostelería es precaria, con despidos cada tres meses”. Actualmente está opositando. Su familia espera una vivienda de VISOCAN, lista en un mes, pero ya espera en la calle.

“No tenemos ni idea de a dónde van a ir”

Para el portavoz de Derecho al Techo Jonhy, el panorama que se presenta ahora para la familia de María es de más vulnerabilidad. “Pensábamos que se podría parar. Ahora apelamos a lo que siempre apelamos desde el colectivo, a la solidaridad vecinal”.

Para el portavoz de Derecho al Techo Javier Marrero “la familia solo estaba pidiendo un tiempo, pero la procuradora y los abogados han decidido que no van a solicitar al juez que paren el desahucio”. Las cosas de María y su familia ya están apiladas en el zaguán de la que hasta hoy fue su casa.