Desde 1989 hasta la actualidad se han multiplicado por cinco los muros y las vallas construidas. La que separa Ceuta de Marruecos es solo una de ellas. En África, a raíz del proceso de descolonización de la segunda mitad del siglo XX se crearon tres cuartas partes de las fronteras que existen hoy en día. Las dibujaron los europeos. Estos datos y muchos otros igual de interesantes los aporta el historiador Natxo Escandell en su ensayo El arte de habitar la frontera (Barlin Libros, 2025).

Las fronteras no son solo un límite físico. Son, especialmente, una división económica. Y, por supuesto, también mental. Las religiones, las etnicidades o las diferencias culturales a veces separan más que un río y eso que un 23% de las fronteras mundiales están trazadas por ríos.

Otro dato que apunta Escandell y que ayuda a entender nuestros mapas. A partir del nuevo sistema surgido del Congreso de Viena de 1815 se alteraron, aproximadamente, unas 67 fronteras. Desde aquel año, de media, cada tres años ha desaparecido un estado europeo legítimo y con fronteras definidas y aceptadas por el resto de territorios.

La Guerra Fría y las descolonizaciones empezaron a dividir con vallas y alambres y posteriormente, con el avance de la globalización, la separación fue y es entre explotadores y explotados. Los migrantes buscan un futuro, un bienestar o directamente quieren salvar la vida. Describir esa realidad, que en la historia de las migraciones siempre ha sido la misma, se ha convertido en todo un reto en estos tiempos. Se deshumaniza a los migrantes hasta el punto de que Trump (cuyo abuelo llegó de Alemania) se niega a llamarles personas y les acusa de “introducir genes malvados”.

Escandell reproduce una imagen que circuló por redes sociales y que define muy bien cuál es el discurso que se está imponiendo. “Se trata de una mesa a la que se sientan un señor con corbata y dos más, uno con chaleco y otro con casco de obrero. Uno de estos parece del África subsahariana, hecho relevante para una anécdota no tan banal. El caso es que el empresario tiene justo delante de él un plato repleto de galletas y, en el medio de la mesa, vemos otro que contiene solo una. De la boca del trajeado sale una frase dirigida al obrero blanco: ‘¡Hey! ¡Ese inmigrante va a quedarse tu galleta!”.

Al final, como bien concluye este historiador, las fronteras han mutado a lo largo de los años pero su objetivo sigue siendo el mismo: “Controlar, jerarquizar y excluir”. Aquí es el Mediterráneo pero pasa lo mismo en el río Bravo, entre Estados Unidos y México, en las aguas pantanosas de la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, o en la ruta marítima del Yemen. Miles de personas intentan cruzarlas y a la vez miles de personas mueren cada año sin conseguirlo.

El escritor Jorge Volpi, que también ha dedicado su último ensayo, Invasión alienígena (Debate), a analizar el papel de las fronteras y repasar la historia de las migraciones, lo resume con una pregunta que se responde sola: “La mayor fuente de discriminación que persiste en el planeta es obra del nacionalismo: El hecho -indeseado y casual- de nacer en un lado te confiere un sinfín de derechos y oportunidades, mientras que venir al mundo en otro te anuncia una vida de privaciones, inequidad, falta de perspectivas, opresión o pavor. ¿Cómo no ibas a querer cruzar esa línea imaginaria?”.

Según datos de Naciones Unidas, las personas que viven en un país distinto del que nacieron, que por la razón que sea cruzan esa línea, representan aproximadamente el 3,7% de la población mundial. Así que igual a quienes deberíamos interpelar no son a los que tienen hambre y se pelean por una galleta, también en Ceuta, sino a quienes ponen los platos y en el suyo se quedan con toda la caja.

La asociación Harrera Sarea ha comparecido públicamente frente al Ayuntamiento de Donostia para denunciar el hostigamiento que, según asegura, sufren las personas en situación de calle por parte de la Guardia Municipal y la Ertzaintza. El colectivo alerta de que la persecución policial, intensificada tras la prohibición municipal del reparto de cenas solidarias de Kaleko Afari Solidarioak (KAS) el pasado 27 de julio, también se ha extendido a sus voluntarios mediante identificaciones y amenazas de sanción por proporcionar alimentos a personas vulnerables.

Harrera Sarea es una red ciudadana de acogida formada por voluntarios cuyo objetivo es acompañar y apoyar a personas migrantes. Entre sus labores se encuentran el asesoramiento administrativo, el acompañamiento para reforzar la relación con los Servicios Sociales y el empadronamiento, así como el reparto de alimentos —acción que hacía KAS—, ropa de abrigo, mantas y sacos de dormir. Con ocho años de trayectoria, a la red le resulta inaceptable que se normalice, en este nuevo panorama, que “la solidaridad sea vigilada, perseguida o amenazada con sanciones”.

Las portavoces de la red han censurado el aumento durante los meses de verano de actuaciones policiales que, según denuncian, incluyen desalojos, campañas de “limpieza”, amenazas para que las personas abandonen los lugares donde pernoctan, así como la rotura de pertenencias y tiendas de campaña rajadas. En este contexto de vulnerabilidad, Harrera Sarea ha recordado que, desde noviembre de 2025, han fallecido en la ciudad al menos siete personas sin hogar. De ellas, cinco murieron, según la asociación, como consecuencia directa de las precarias condiciones a las que les aboca la vida en la calle.

La plataforma también ha criticado la gestión del alcalde de Donostia, Jon Insausti, a quien acusa de “intentar lavar su actitud” ofreciendo recursos asistenciales “completamente insuficientes”. Según ha detallado la asociación, una persona sin hogar puede enfrentarse a una lista de espera de entre tres y cuatro meses solo para obtener una primera cita con una trabajadora social en el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS).

A partir de ahí, el sistema exige, según Harrera Sarea, otros tres meses de espera para poder empadronarse y, una vez transcurridos seis meses con el padrón activo, solicitar una entrevista de valoración. A esto se suma otro mes de espera para recibir la resolución y las posteriores colas para acceder a un recurso habitacional. En la práctica, aseguran, una persona “puede pasar entre uno y dos años viviendo en la calle sin ningún tipo de recurso estable ni apoyo efectivo”.

A este entramado burocrático se suma, según la denuncia, la falta de servicios básicos municipales para las personas sin hogar. Harrera Sarea ha expuesto que el albergue municipal ofrece un máximo de cinco noches de pernocta cada tres meses, que no existe ningún comedor social público en la ciudad y que el acceso a duchas o lavadoras resulta insuficiente. Asimismo, critican que el Consistorio no proporciona ropa ni mantas a quienes duermen a la intemperie, mientras se presenta como el municipio con más iniciativas desarrolladas en este ámbito, aunque, a su vez, criminaliza la ayuda humanitaria.

Entre los episodios de acoso policial más alarmantes, la red ha relatado la identificación y amenaza de sanción en el interior de la biblioteca del centro cultural Tabakalera a varias voluntarias, algunas acompañadas por sus hijos menores de edad, por compartir la merienda con jóvenes sin hogar. Del mismo modo, según Harrera Sarea, patrullas policiales irrumpieron para identificar y amenazar a colaboradoras que impartían clases básicas y voluntarias de castellano y euskera. Estas clases se organizaban, según lo que explica la red, ante la falta de plazas suficientes en los cursos oficiales, las cuales fueron intervenidas por la simple presencia de alimentos en el espacio de estudio común.

Harrera Sarea ha calificado estas intervenciones de “profundamente discriminatorias y racistas” por obstaculizar, a su juicio, los procesos de integración y aprendizaje de idiomas que las propias instituciones exigen a los jóvenes migrantes. Las portavoces han concluido su intervención incidiendo en lo “grave y triste” que resulta sufrir persecución institucional en pleno siglo XXI por ejercer la solidaridad y han reafirmado que, independientemente del origen de las personas asistidas, “ayudar no es un delito”.

El Observatorio de Desplazamiento Interno calculó que en 2025 los desplazamientos forzosos se produjeron más por violencia que por fenómenos meteorológicos, por primera vez desde 2008. Bajo esta premisa, el fotoperiodista Santiago Palacios inauguró el pasado miércoles 26 de agosto su exposición fotográfica “Fronteras del clima” en el paseo del Urumea de Donostia. El proyecto, realizado junto a ACNUR, busca visibilizar una realidad habitual, aunque se trate de “procesos graduales difíciles de mostrar”. La muestra llega a la ciudad después de pasar por Valencia, Barcelona y Pamplona y permanecerá en Donostia hasta el 20 de septiembre, a la altura del puente de María Cristina por el lado del río en donde se encuentra la estación de buses.

ACNUR y Palacios han centrado el proyecto en tres territorios: Honduras, Sudán del Sur y Bangladesh. Cada uno representa una de las consecuencias de la crisis climática: la subida del nivel del mar, las inundaciones y los ciclones. De esta forma, según explica Palacios a este medio, la exposición realiza una representación geográfica y muestra diferentes fenómenos climáticos dentro de contextos sociales particulares.

La concejala delegada de Diversidad Cultural e Inclusión, Arantxa López, señaló que la exposición es una invitación a reflexionar sobre cómo el cambio climático “golpea con mayor intensidad a quienes ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad”. En la misma línea, la directora de Comunicación de ACNUR, Amaia Celorrio, recalcó que las imágenes pretenden recordar que “detrás de cifras, como son más de 117 millones de personas desplazadas en todo el mundo, hay rostros y hay personas”.

En Honduras, la crisis climática se manifiesta principalmente a través del avance del nivel del mar, afectando a comunidades costeras. El Índice de Riesgo Climático Global ha situado al país como el tercer territorio del planeta más afectado por fenómenos climáticos extremos entre 1993 y 2022. Además, sus habitantes llevan más de 70 años siendo conscientes de la subida gradual del nivel del mar.

El fotoperiodista documenta la situación de Cedeño, un pueblo pesquero de unos 5.000 habitantes situado en el golfo de Fonseca. Allí, el mar hace retroceder las playas más de un metro al año y ha engullido cientos de estructuras de la costa. En las fotografías se observan viviendas tragadas por la arena, retratos de personas afectadas y hasta un mapa antiguo en el que una mano señala dónde se encuentra ahora el mar.

Las consecuencias de esta degradación ambiental y económica son graves para las familias locales, que dependen del mar y del turismo. Además del deterioro de la zona y la pérdida de atractivo turístico, la contaminación provocada por las empresas camaroneras y la pérdida de los manglares —barreras naturales indispensables contra las inundaciones— han diezmado el ecosistema marino. Palacios explica que Yeni Hernández, representante de la Asociación de Mujeres Marisqueras, le contó que algunos moluscos llegan a oler a diésel al cocinarse. A la pérdida de la pesca de subsistencia se suman las consecuencias económicas a escala nacional: entre 1998 y 2017, las pérdidas asociadas al cambio climático representaron el 1,8 % del Producto Interior Bruto (PIB) hondureño.

El recorrido continúa en Sudán del Sur, el país más joven del mundo tras su independencia en 2011. Allí, la crisis climática se manifiesta en forma de lluvias excepcionales que provocan inundaciones recurrentes desde 2019. La localidad de Bor, capital del estado de Jonglei, permanece completamente anegada durante meses debido a las crecidas del Nilo Blanco. Palacios retrata este impacto a través de espacios que pueden parecer un lago, pero que en realidad son enormes extensiones inundadas. Sobre el agua apenas sobresalen los tejados de algunas viviendas, mientras el resto de las construcciones permanece sumergido.

Como consecuencia de estas inundaciones, una población principalmente dedicada al pastoreo y la agricultura sufre la pérdida masiva de alimentos, ganado y medios de vida, agravando la desnutrición y la pobreza estructural. La falta de infraestructuras básicas y de carreteras transitables también aísla a las comunidades de servicios esenciales como la sanidad, la educación y el agua potable. A ello se suma que el clima extremo actúa como un multiplicador de vulnerabilidades. Cientos de miles de personas que ya habían huido de la violencia y de la guerra civil se ven obligadas a afrontar nuevos desplazamientos forzados de manera recurrente.

Por último, la exposición llega a Bangladesh, donde Palacios aborda la situación del campo de refugiados de Kutupalong, en Cox's Bazar, el asentamiento de personas refugiadas más grande del mundo. Allí viven alrededor de 1,2 millones de personas de etnia rohingya, despojadas de su ciudadanía. La zona sufre lluvias monzónicas intensas, ciclones y deslizamientos de tierra que erosionan el terreno y contaminan el agua potable. Las imágenes de Palacios muestran la precariedad del entorno, con calles estrechas de barro y refugios construidos únicamente con cañas de bambú. También retratan a niños recolectores en las orillas de ríos cubiertas de residuos plásticos.

Las consecuencias físicas y psicológicas de estos fenómenos son especialmente graves para la población refugiada. En 2022, las fuertes lluvias monzónicas provocaron un corrimiento de tierras que sepultó por completo la vivienda de Mohammed Yusuf y acabó con la vida de su esposa y sus dos hijos. Además, la elevada densidad de población y el uso de materiales de construcción ligeros aumentan el riesgo de incendios, como el registrado en enero de 2024, cuando un incendio destruyó numerosos hogares en Kutupalong y afectó gravemente a familias enteras.

Para paliar esta situación, ACNUR centra su labor en la asistencia humanitaria, la reubicación de familias en zonas seguras y la distribución de recursos para facilitar el día a día de las personas desplazadas. Un ejemplo es la sustitución de la leña por bombonas de gas para cocinar en Cox's Bazar. La medida busca combatir el deterioro forestal provocado por la quema de unas 900 toneladas diarias de leña y ha permitido salvar más de 14.500 hectáreas de bosque sin necesidad de reforestar.

La visita guiada por Palacios dejó atónito al público presente. Una de las asistentes, con la voz entrecortada, llegó a plantear la posibilidad de enviar ropa a las personas afectadas en Honduras. Fue entonces cuando Amaia Celorrio intervino para recomendar las donaciones económicas frente al envío de ropa, al considerarlas una vía más eficiente y directa para garantizar que la asistencia llegue a las personas desplazadas en estos territorios vulnerables.

La muestra fotográfica “Fronteras del clima” está formada por 16 paneles de doble cara y gran formato, además de una audioguía original narrada por el propio autor. Tras su paso por Donostia, la exposición continuará su recorrido por España, teniendo su próxima parada en la plaza de la Encarnación de Sevilla, donde podrá visitarse del 5 de octubre al 3 de noviembre.

Este jueves se cumplió un mes desde que el Ayuntamiento de Donostia, liderado por el alcalde Jon Insausti, del PNV, prohibiera la actividad de la iniciativa ciudadana Kaleko Afari Solidarioak (KAS). La decisión, que dejó sin cenas diarias a unas 300 personas sin hogar, ha desencadenado protestas, denuncias de hostigamiento y multas a personas voluntarias por repartir alimentos.

El colectivo KAS denunció que el acoso y las identificaciones policiales continúan de manera sistemática por parte de la Guardia Municipal de Donostia. Según ha señalado la iniciativa, el pasado miércoles tres patrullas policiales cortaron el paso en el parque de Cristina Enea a los voluntarios que se disponían a repartir comida. Además, KAS asegura que los agentes identifican y fotografían sin consentimiento a voluntarios y jóvenes migrantes, controlan los carros de comida y prohíben documentar estas actuaciones policiales.

El conflicto se mantiene porque, aunque ya no puedan repartir las cenas calientes como lo hacían antes, los voluntarios de la iniciativa continúan activos mediante la entrega de bocadillos a título personal en diferentes puntos de la ciudad. KAS asegura que de esta forma evitan concentrar a muchas personas en un único lugar durante periodos prolongados.

La iniciativa sostiene que mantienen estos repartos por “responsabilidad humana” para paliar el hambre que sufren estos jóvenes en la calle. Sin embargo, tres personas voluntarias han asegurado a este medio que continúan sufriendo persecución policial e incluso multas, como la sanción impuesta recientemente a una voluntaria por entregar tres plátanos.

Durante la mañana de este jueves, el lehendakari, Imanol Pradales, se pronunció sobre la cancelación de las cenas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en el Palacio de Miramar. Pradales defendió el sistema vasco de protección social, al que calificó de “fuerte, avanzado e integral”. En este sentido, consideró que la decisión del Ayuntamiento fue una respuesta institucional “justificada” por razones de seguridad, salud pública e integración. “Entiendo que cada uno, a veces, quiere dar respuesta con el corazón y no lo voy a criticar, pero tenemos un sistema y creo que funciona”, afirmó el lehendakari.

Por la tarde, KAS realizó un paseo libre por la Parte Vieja de la ciudad que terminó en la plaza de la Constitución, donde se reunieron centenares de personas con carros y bolsas de la compra. Los manifestantes alzaron sus carros, mostraron carteles con el lema ‘¡Peligro, alimentos saludables!’ y corearon consignas como ‘Cenar no es delito’. La concentración improvisada terminó con los asistentes sentados en el suelo y cenando los bocadillos que portaban en sus carros. A la movilización acudieron también los concejales Arantza González y Víctor Lasa, de Elkarrekin Donostia, e Izar Hernando, de EH Bildu.

El conflicto continúa en la calle mientras el proyecto alternativo anunciado por el Consistorio aún no ha comenzado. El Gobierno municipal aprobó el 11 de agosto una partida de 500.000 euros para repartir unas 416 raciones diarias a través de Cruz Roja y Cáritas. No obstante, voluntarias de KAS recuerdan que, tras la reunión mantenida entre el alcalde y tres representantes de la red ciudadana, el Ayuntamiento les aseguró que el proyecto se pondría en marcha a finales de agosto.

Además, las voluntarias advierten de que este programa municipal no atenderá a gran parte de los usuarios habituales. Para acceder a esta vía administrativa es necesario estar empadronado en la ciudad o demostrar una antigüedad de al menos tres meses en ella. Sin embargo, las voluntarias aseguran que la mayoría de las personas a las que atendían no están empadronadas en Donostia y se enfrentan a listas de espera de al menos cuatro meses para obtener una cita en el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS).

Flores, una placa con su nombre y una lata. Arrels despidió el viernes en el cementerio de Montjuïc a Pere López, una persona de 63 años que vivía en la calle en Barcelona y a quien el equipo de calle de la entidad acompañaba desde hacía un año y medio. Pere murió en el hospital después de que miembros de Arrels lo encontraran en mal estado y alertaran a una ambulancia.

Es una de las 21 personas sin hogar de cuya muerte la entidad ha tenido conocimiento desde principios de año; de ellas, once vivían en la calle y cuatro han muerto este verano. Arrels alerta de que las personas que han vivido en la calle mueren, de media, unos 25 años antes que el resto de la población. “Dormir en la calle mata”, resume Bob Walker, del equipo de calle de la entidad.

Pere era “una persona muy afable, muy alegre”, recuerda Aranxa Carassa, educadora social del equipo de calle de Arrels. Lo conoció hace aproximadamente un año y medio y, desde el primer momento, explica, estableció un buen vínculo con él. Le gustaba hablar de política y de la monarquía y, en ocasiones, también de la familia, aunque este era un tema más difícil para él. Arrels lo describe también como una persona divertida, con un gran sentido del humor, crítica con la sociedad y profundamente sensible ante las injusticias.

Cuando le preguntaban qué necesitaba, solía pedir poca cosa: alguna prenda de ropa o un refresco. “Acostumbramos a poner siempre flores y después un objeto que represente un poco a la persona”, explica Carassa. También han colocado una placa identificativa. “Las personas que viven en la calle también tienen nombre, apellidos y fecha de cumpleaños”, reivindica. “Es una manera de dignificar su muerte”.

Miembros del equipo de calle encontraron a Pere en mal estado y alertaron a los servicios de emergencias. Fue trasladado al Hospital de Sant Pau, donde murió posteriormente. Walker señala que muchas personas que duermen en la calle tienen una salud de base muy frágil, tanto física como psíquica o neurológica, y a menudo no pueden realizar el seguimiento médico que necesitarían.

“Dormir en la calle acorta la vida”, señala Walker. Según los datos que maneja la entidad, la esperanza de vida de las personas sin hogar es entre 20 y 25 años inferior a la del conjunto de la población. “Al final, dormir en la calle mata”, sentencia.

Vivir y morir en la calle

Desde principios de año, Arrels ha tenido conocimiento de la muerte de 21 personas sin hogar. Once vivían en la calle en el momento de su fallecimiento y las otras diez estaban en recursos de alojamiento. De las once que todavía vivían a la intemperie, ocho murieron directamente en la calle y las otras después de ser trasladadas al hospital.

Solo durante los meses de julio y agosto han muerto cuatro personas que vivían en la calle en Barcelona: dos en la calle y dos en el hospital. Además de Pere, Arrels recuerda a Raúl E., de 49 años, que tenía un estado de salud frágil y murió en el hospital; Lauris D., de 34 años, que murió el 9 de agosto en un banco de la calle, en el barrio de Les Corts, y Sergi Lluís M., de 51 años, que murió en la calle el 18 de agosto.

Arrels subraya que las muertes se producen durante todo el año porque los factores que deterioran la salud de las personas que viven a la intemperie son permanentes. Los episodios de temperaturas extremas, sin embargo, añaden un factor de riesgo. La entidad recuerda que el invierno pasado murieron un hombre en Badalona y otro en Barcelona coincidiendo con los días de mayor frío.

Entre los elementos que perjudican la salud, Arrels señala el tiempo acumulado viviendo en la calle, la imposibilidad de tener cubiertas las necesidades básicas, las agresiones físicas y verbales y otras situaciones de riesgo, la falta de tarjeta sanitaria o las experiencias traumáticas que pueden haber precedido a la pérdida de la vivienda.

A estos factores se suman las condiciones climáticas. Durante los episodios de calor aumenta el riesgo de quemaduras e insolaciones y pueden agravarse las enfermedades crónicas. La entidad también alerta de que durante el verano hay menos recursos abiertos y algunos reducen sus horarios, lo que obliga a las personas sin hogar a pasar todavía más horas en la calle.

Más allá del termómetro

Ante esta situación, Arrels reclama “mirar más allá del termómetro”. La entidad sostiene que vivir en la calle supone un riesgo durante todo el año y pide que las políticas y los servicios de las administraciones tengan una perspectiva a medio y largo plazo que vaya más allá de los dispositivos temporales que se activan durante episodios de frío o calor.

Entre las medidas que propone está habilitar recursos de alojamiento que aporten estabilidad y permitan ofrecer un acompañamiento y una atención integrales. A corto plazo, también plantea abrir espacios nocturnos y diurnos de baja exigencia en cada barrio, con servicios como duchas, consignas para guardar las pertenencias o salas de estar climatizadas.

Torralba explica que dejar la calle tampoco significa necesariamente dejar atrás las consecuencias de haber vivido en ella durante años. En algunos casos, es precisamente cuando la persona consigue estabilidad residencial cuando vuelve a acudir al médico y se le diagnostican enfermedades que llevaban años sin ser detectadas. “Quizá hacía diez o quince años que no habías ido al médico y salen a la luz muchas cosas”, señala.

Menor esperanza de vida

Cada año, Arrels y otras entidades de Barcelona celebran un acto conjunto de recuerdo a las personas sin hogar que han muerto. Habitualmente, explica Torralba, recuerdan entre 70 y 80 personas que vivían o habían vivido en la calle. Su edad media en el momento de morir suele situarse entre los 56 y los 58 años. “Mueren unos 25 años antes de media que el resto de la gente que sí tenemos casa”, lamenta.

El acto se celebra habitualmente en la plaza de la Catedral y consiste en un sencillo homenaje en el que se recuerda a cada una de las personas con una placa con su nombre, edad y fecha de defunción, unos zapatos y una flor. También hay música y se leen en voz alta los nombres y apellidos de los fallecidos. Según Arrels, unas 300 personas participan cada año.

Evitar entierros en soledad

El acompañamiento de la entidad no termina con la muerte. Arrels procura asistir también a los entierros de las personas con las que ha establecido un vínculo y organizar una despedida con profesionales, voluntarios y otras personas que las conocían. Comparten anécdotas, pueden poner música que les gustaba e intentan, explica Walker, que sea “un final de vida digno y humano”.

“Si no hubiéramos venido hoy aquí, a Pere lo habríamos enterrado en soledad”, afirma Torralba. Arrels empezó a prestar especial atención a estas despedidas después de que, hace años, se enterara tarde de la muerte de una persona a la que acompañaban y que ya había sido enterrada. A raíz de aquel caso, la entidad creó un grupo específico para velar por el acompañamiento hasta la muerte y evitar que volvieran a producirse entierros sin nadie presente.

Walker reivindica que el objetivo es acompañar a las personas “sin temporalidad”, desde el momento en que las conocen “hasta la muerte”, y que este vínculo va mucho más allá de dar respuesta a las necesidades materiales. “No solo hablamos de salud, vivienda, dinero o papeles. Hablamos de cine, de fútbol, como con nuestros amigos o la familia”, explica. “Al final, la intención es humanizar y dignificar a las personas”, concluye.

Tener hijos eleva la probabilidad de vivir en la pobreza en España, pero especialmente a algunos hogares. La pobreza se dispara en aquellos de padres jóvenes, menores de 30 años, y los que están formados por un solo progenitor, monoparentales, que son mayoritariamente mujeres, destaca un estudio de Fedea y la Universidad Complutense de Madrid.

El trabajo 'Hijos, Ciclo Vital y Pobreza en España: 2008–2025', de José Ignacio Conde-Ruiz y Marialejandra Garay Aguirre, trata de profundizar en las causas de la elevada pobreza infantil en España.

En 2025, el 28,3% de los menores de 18 años vivía en hogares por debajo del umbral de pobreza, lo que equivale a aproximadamente 2,07 millones de niños, niñas y adolescentes, frente al 19,5% del conjunto de la población.

La tasa AROPE infantil, que identifica a quienes se encuentran en riesgo de pobreza monetaria, sufren carencia material y social severa o viven en hogares con baja intensidad laboral, se eleva al 33,8%. Más de uno de cada tres menores en España.

Hay coste de la crianza, pero sobre todo en algunos hogares

Los investigadores se plantean si la mayor pobreza de los hogares con hijos refleja el coste económico de la crianza o si responde, sobre todo, a las características socioeconómicas de las familias que tienen hijos.

Los resultados indican que hay una mayor pobreza en los hogares con hijos en general, pero su principal conclusión es que “no existe una penalización homogénea” asociada a la presencia de menores. “La vulnerabilidad depende decisivamente de la interacción entre los ingresos, la etapa del ciclo vital y la estructura familiar”.

En este análisis, detectan una especial vulnerabilidad de los hogares jóvenes, donde la persona de referencia tiene menos de 30 años. “La presencia de hijos menores en hogares jóvenes se asocia con un aumento de 7,26 puntos porcentuales en la probabilidad de sufrir carencia material y social severa”.

La penalización es entre seis y diez veces mayor que la observada en los hogares de edad media, aquellos entre 30 y 44 años, (0,71 puntos), así como en hogares de edad avanzada, donde la persona de referencia tiene 45 años o más (1,16 puntos).

“La magnitud de este coeficiente es cuantitativamente muy relevante y muestra que la presencia de hijos menores en etapas tempranas del ciclo vital está asociada a una situación de especial fragilidad económica”, sostienen los investigadores.

El estudio subraya que los hogares jóvenes suelen afrontar la crianza con “menor acumulación de ahorro, trayectorias laborales menos consolidadas, mayor inestabilidad residencial y menor acceso a redes de apoyo económico”.

Además, señala que “los costes asociados a la crianza en etapas tempranas del ciclo vital —cuidados, equipamiento, vivienda adecuada o gastos recurrentes vinculados al menor— pueden ser especialmente difíciles de absorber en una etapa en la que los recursos líquidos y la estabilidad económica son todavía limitados”.

En cuanto a las familias monoparentales, con la mitad de ellas en España en riesgo de pobreza y exclusión, la penalización de tener hijos “se mantiene especialmente elevada” en todos los grupos de edad. “Este patrón sugiere que la crianza en solitario constituye una fuente persistente de vulnerabilidad que no desaparece completamente a medida que avanza el ciclo vital”, recoge el estudio.

Ayuda universal por crianza, con refuerzo para jóvenes y monoparentales

Los investigadores consideran que “las políticas universales dirigidas a la infancia, aunque necesarias, pueden resultar insuficientes si no se acompañan de instrumentos más focalizados en aquellos hogares donde la crianza coincide con una mayor fragilidad estructural, como ocurre en las primeras etapas del ciclo vital o en las familias monoparentales”.

En este sentido, el trabajo apunta a la necesidad de reforzar el apoyo público a los hogares con menores desde una lógica que combine “protección de ingresos, conciliación y prevención de la transmisión intergeneracional de la desigualdad”.

El Gobierno aprobó en noviembre una declaración institucional en la que abogaba por poner en marcha una prestación universal por crianza, ayuda que existe en la mayoría de países europeos y que reclaman el conjunto de asociaciones de infancia y de ONG contra la pobreza, así como Sumar dentro del Ejecutivo. No obstante, a día de hoy está lejos de ser una realidad.

El PSOE ha enmarcado siempre la negociación de la ayuda en el marco de los Presupuestos Generales del Estado, con muchas dificultades para salir adelante en el Parlamento.

Quedarse en agosto de vacaciones en Madrid, como me ha pasado en los últimos años, sigue siendo un mal plan. También lo es en otras grandes ciudades de España y de Europa. El calor sofocante sin tregua con poco árbol y poca agua, los cierres del comercio, la limitación de los servicios y el vacío un poco inquietante no se ven compensados por la ausencia de atascos, el desahogo de los sitios abiertos y los minutos –desde luego, emocionantes– del eclipse al 99,9%. Pero nada de eso es lo que más destaca.

Pasear, o intentarlo, es ver a más personas dormitando en medio del calor extremo en un banco desconchado o entre cartones en una esquina donde a lo mejor hay algo de corriente. Es ver a más mujeres mayores solas, o las más afortunadas, acompañadas por una cuidadora, renqueando en medio del polvo de las obras o sentadas en un Corte Inglés de oportunidades durante horas buscando aire acondicionado o un poco de conversación.

Madrid en agosto es, sobre todo, pobreza y soledad. No son males estacionales, pero de un lado son más evidentes y del otro están agravados por la falta de servicios y el calor extremo que todo lo empeora. Puede que simplemente mirar para otro lado sea más difícil en agosto que en septiembre entre el bullicio del nuevo curso.

Las personas sin hogar y con menos opciones de refugio o de ayuda, sobre todo de voluntarios y asociaciones cívicas, merodean por calles vaciadas por los locales cerrados y el calor insoportable. Desde luego, no es algo que pase solo en Madrid. Es una escena común en ciudades europeas de todos los tamaños.

En Oxford, ciudad universitaria sin estudiantes hasta octubre y calor también extraordinario este verano, hay más personas sentadas en la acera pidiendo unas monedas o intentando dormir. En el caso británico, se añade el alcohol que degenera en tensión y peleas.

Uno de los primeros propósitos de Andy Burnham, el nuevo primer ministro británico, es acabar con la crisis que lleva a miles de personas a dormir en la calle. Se ha puesto como objetivo que no haya nadie durmiendo en Inglaterra en la calle para Navidad. Él mismo reconoce que el Gobierno no tiene recursos suficientes para hacerlo solo y que los problemas subrayacentes son complejos. Las causas requieren muchos años de esfuerzo, para entender y paliar la indigencia, la soledad y el abuso de drogas y alcohol. En Manchester, cuando Burnham era alcalde, consiguió reducir el número de personas que dormían en la calle, pero luego la cifra volvió a subir hasta niveles parecidos a cuando llegó. Lo pone como una cuestión incluso de identidad frente a la indiferencia habitual: “Esto no es lo que no somos, esto no es lo que debemos ser, nadie debe dormir en las calles británicas”, dijo Burnham esta semana.

Es, sin duda, difícil y hay muchas dudas de que Burnham vaya a lograr tan siquiera acercarse a ese objetivo ambicioso, pero que un primer ministro lo presente como prioridad nacional nada más llegar es una buena noticia de la que podríamos aprender en España. Para que cuando llegue septiembre no dejemos de mirar.

Es oficial. Los 500.000 euros euros que el alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, anunció hace dos semanas ya están aprobados por el Gobierno local y se destinarán a compensar la pérdida de las cenas solidarias de calle de la entidad social KAS. Se estima que desde los servicios sociales se repartirán del orden de 416 raciones diarias.

El aumento presupuestario tiene un contexto. El 27 de julio el Ayuntamiento prohibió la actividad de Kaleko Afari Solidarioak (KAS), una iniciativa ciudadana que brindaba cenas solidarias diariamente a aproximadamente 300 personas sin hogar. La razón de la decisión se escudaba en informes variados. Sin embargo, el alcalde resaltó principalmente los problemas de seguridad que supuestamente ocasionaba la actividad, lo que valió duras críticas. Durante una comparecencia del alcalde el pasado 28 de julio, aseguró que el Ayuntamiento destinaría medio millón de euros –los ahora aprobados– para ofrecer cenas, pero por “vías administrativas”.

La medida llega en plena Semana Grande. Este sábado, en el inicio festivo, una gran pancarta afeaba a Insausti su decisión. Insausti ha indicado que persigue un modelo basado en el “humanismo y la exigencia”, buscando acompañar y reinsertar a estas personas que acuden a los servicios. La alternativa, explica el primer edil, se ofrece mediante “itinerarios individualizados” y lo califica como “seguro” para “aquellas personas que reciben las comidas, para las administraciones y para el resto de la ciudadanía”.

En la Cadena Ser, Insausti ha insistido en la necesidad de que se impliquen también los municipios limítrofes del área metropolitana. Asegura que Donostia no puede cargar con personas que proceden de otras localidades por el 'efecto-llamada'.

Mientras que el Ayuntamiento avanza en sus planes, KAS sigue reivindicado su actividad, sobre todo por medio de redes sociales. Cada día, la iniciativa realiza un conteo de los días que lleva sin brindar sus cenas solidarias. También ha compartido un comunicado de SOS Racismo rechazando la prohibición debido y denunciando la “criminalización de la participación ciudadana”.

Los salarios de los jóvenes son los que más están aumentando en los últimos años. No solo eso: también es uno de los colectivos que más está viendo aumentar el empleo y que más ha reducido el peso del trabajo temporal. Y, sin embargo, cada vez se retrasa más su edad de emancipación. Los avances laborales no se traducen en una mayor autonomía “por las dificultades de acceso a la vivienda”, denuncia el sindicato Comisiones Obreras en un informe presentado este martes.

Con motivo del Día Internacional de la Juventud, el próximo 12 de agosto, CCOO ha presentado el informe Cuando avanzar no basta. La juventud española ante el desafío de la emancipación, del gabinete económico del sindicato.

El Consejo de la Juventud de España (CJE) también ha difundido por adelantado sus reivindicaciones ante la coincidencia de la efeméride internacional con el eclipse solar que se vivirá este miércoles de manera privilegiada desde España. Entre ellas, encabeza el listado “garantizar el acceso a una vivienda asequible, especialmente para quienes no cuentan con patrimonio familiar, mediante políticas que permitan reducir y regular los precios del alquiler y faciliten una emancipación digna”.

“Si alguna vez hemos tenido un pretexto para hablar de eclipses, es este. Pero queremos aprovecharlo para hablar precisamente de lo contrario: de todo aquello que no podemos permitir que siga quedando en la sombra”, sostiene Andrea González Henry, presidenta del CJE.

Precios de la vivienda que se 'comen' las mejoras salariales

El sindicato CCOO subraya que, en esta fase de crecimiento económico, destaca desde 2018 el incremento salarial de la juventud. “Los jóvenes de 25-29 años son el colectivo que más incrementan la capacidad adquisitiva de los salarios”, recoge el estudio, que utiliza datos de salarios promedios deflactados por la inflación (IPC) a partir de la información de la Encuesta de Estructura Salarial del INE.

El gabinete económico de CCOO explica este mayor aumento salarial entre los jóvenes por varios motivos: “Revalorización salarial vía subidas del SMI, creación de empleo a tiempo completo, y una reforma laboral que ha beneficiado más a la población joven en su acceso a un contrato más estable”.

Sin embargo, el sindicato advierte de que, “más allá de la evolución salarial, la cuestión fundamental es si los salarios de los jóvenes son suficientes para poder vivir”. La respuesta es negativa en multitud de casos, a la luz de los datos de emancipación cada vez más tardía.

CCOO señala como “principal escollo” para la emancipación el elevado precio de la vivienda, que afecta tanto a la compra como al alquiler. Este gasto se come las mejoras salariales registradas, impidiendo el salto a la independencia de muchos jóvenes o, cuando se emancipan, lastrando su renta incluso a niveles de pobreza.

No es una realidad marginal: más de dos millones de jóvenes, el 27% de las personas jóvenes de entre 16 y 29 años (más de una de cada cuatro), se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social en nuestro país, recuerda este martes la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN-ES).

Las ONG advierten de que la pobreza es un problema estructural, vinculado a desigualdades como la cronificación de las situaciones de necesidad en la infancia y de los problemas de acceso a la vivienda.

CCOO recuerda que las medidas adoptadas para evitar nuevas burbujas financieras tras la Gran Recesión “han eliminado la posibilidad de recurrir al crédito fácil”. “Por ello, los jóvenes no pueden sortear como en otras épocas los precios cada vez más elevados de las viviendas en propiedad recurriendo a créditos hipotecarios” y “esto deja el mercado del alquiler como la única posibilidad de emanciparse para muchos jóvenes”, recoge el estudio.

Dada la gran insuficiencia de un parque público de vivienda en alquiler, “la única posibilidad es recurrir al mercado privado del alquiler, un mercado donde los precios tampoco han parado de crecer”, argumenta el sindicato.

Importa el pasado: el lastre de las políticas de austeridad

Además, aunque los salarios de los jóvenes están aumentando más que el resto en la época de recuperación económica reciente, es importante ampliar la mirada y observar qué pasó unos años antes: en la pasada crisis financiera y en los años de las políticas de austeridad que la sucedieron.

Durante la Gran Recesión todas las franjas de edad sufrieron importantes pérdidas del poder adquisitivo de sus salarios, pero entre 2008 y 2013 “los jóvenes de 20 a 29 años sufrieron una de las mayores caídas: prácticamente perdieron una quinta parte del poder adquisitivo en esos cinco años”, destaca el estudio de CCOO.

Así, como los salarios de los jóvenes fueron los que más sufrieron estas políticas de devaluación, aunque ahora sus sueldos estén subiendo con más fuerza que el resto, siguen siendo muy bajos en muchos casos. Por este motivo, los sindicatos mayoritarios reclaman un pacto salarial con la patronal que apueste por una subida decidida de los salarios, del 4% anual en los próximos tres años y hasta del 7% en las bandas más bajas.

El problema de la precariedad no termina en el bolsillo o la cuenta bancaria de los jóvenes, advierte el Consejo de la Juventud. “La dificultad para vivir una vida digna también condiciona la posibilidad de participar en la vida pública”, denuncia el organismo. “No es que la juventud no quiera participar, es que muchas veces es que no puede o ni siquiera se les plantea la posibilidad. Cuando tu día a día consiste en pensar cómo pagar el alquiler, encontrar un empleo que te permita vivir o decidir si puedes independizarte, queda mucho menos espacio para participar, organizarse y pensar en el futuro”, señala Pilar Blasco, Vicepresidenta del CJE.

El Gobierno estudia modificar las devoluciones del ingreso mínimo vital (IMV) por los llamados “cobros indebidos”, uno de los aspectos más problemáticos de la renta mínima estatal contra la pobreza y que está investigando el Consejo de Europa a raíz de la denuncia de una ONG. Así lo ha anunciado el Ministerio de la Seguridad Social al Consejo Europeo de Derechos Sociales, en un escrito en el que sostiene que está “promoviendo una norma” que permita las condonaciones de deudas desde 2024.

“Se informa que por parte del ministerio se está promoviendo una norma que permita la condonación de deudas todavía no tratadas correspondiente a los cruces realizados en el año 2024 y 2025”, recoge de manera escueta el documento.

La respuesta del Ministerio liderado por Elma Saiz es fruto de la investigación abierta sobre el IMV por este organismo del Consejo de Europa a raíz de una reclamación presentada por la entidad ATD Cuarto Mundo. El colectivo contra la pobreza pidió a Europa que analizara la renta mínima española por lo que consideran que son varias vulneraciones de la Carta Social Europea.

Casi 320.000 expedientes de devolución

En especial, la ONG puso el foco en las devoluciones de la ayuda que la Seguridad Social reclama cada año a miles de hogares fruto de las revisiones anuales del ingreso mínimo vital, que se realizan a posteriori tras el cruce de datos con Hacienda de las declaraciones de la renta de los beneficiarios.

El Ministerio cifra en su escrito al Comité Europeo de Derechos Sociales en casi 320.000 los expedientes de devolución iniciados desde 2021.

“Desde la experiencia de los afectados, puede estar por debajo del número real, dado que los expedientes tienen cinco años para ser revisados”, consideran en ATD Cuarto Mundo. El IMV llega en la actualidad a 860.500 hogares, según los datos de junio.

La respuesta del Gobierno al organismo europeo no informa de cuánto dinero se ha reclamado en estos expedientes de devolución del IMV. Con datos hasta julio de 2024, la Seguridad Social había reclamado deudas por valor de 500 millones de euros, según informó al Defensor del Pueblo.

Las devoluciones son masivas por el propio funcionamiento del IMV. La ayuda se reconoce según la renta de los hogares del año anterior, la contrastada por la Agencia Tributaria, pero a posteriori se revisa esta cuantía según los ingresos reales del hogar en la siguiente declaración de la renta.

Se trata de un proceso que implica meses de retraso y que deriva en reconocimientos tardíos de atrasos de IMV (si este era inferior de lo debido) o en la exigencia de devolución de toda o parte de la ayuda ya recibida. La Seguridad Social adelantó en 2025 este proceso algunos meses, con una primera revisión provisional en mayo-junio y una segunda definitiva en octubre, para reducir las cuantías reclamadas a las familias.

Estas devoluciones son uno de los aspectos más criticados de la renta mínima estatal por los enormes problemas que generan a hogares ya muy vulnerables y, por tanto, sin capacidad de ahorro ni de afrontar estos pagos, como ha advertido el Defensor del Pueblo, la AIReF, el Tribunal de Cuentas y las ONG especializadas en la lucha contra la pobreza.

Las ONG lo ven positivo, pero insuficiente

Colectivos sociales que denuncian las devoluciones del IMV han recibido como una “buena noticia” que el Gobierno estudie una reforma legal para permitir las condonaciones de deuda, algo recomendado por el Defensor del Pueblo en varias ocasiones, pero insisten en que lo anunciado a Europa es insuficiente, sostienen en ATD Cuarto Mundo y 'Afectados por el IMV'.

“Ha sido una sorpresa y, por una parte, nos alegramos de que el Gobierno reconozca el problema y anuncie condonaciones. Pero por otro, no hay una norma aún, es solo una promesa. Además, estas condonaciones serían solo a futuro, no afectarían a pasado a los miles de hogares ya afectados”, explica Hontanares Arranz, activista de ATD Cuarto Mundo.

elDiario.es ha consultado al Ministerio de la Seguridad Social sobre en qué consistiría esta reforma legal y a quiénes afectaría, pero se ha limitado a responder que es una de las iniciativas que se están estudiando, entre otras muchas. A nivel regional, Catalunya aprobó un decreto para condonar deudas de su Renta Garantizada de Ciudadanía a finales de 2025 y Asturias anunció hace unos meses una reforma en este sentido.

“No podemos olvidar a quienes llevan años sufriendo las consecuencias de un sistema que ha generado reclamaciones de devolución, incertidumbre y graves dificultades económicas”, afirman en 'Afectados por el IMV'. En muchos casos, las devoluciones fueron incluso derivadas de reconocimientos de oficio de la ayuda por parte de la Seguridad Social.

“¿Es que hay perceptores de primera y perceptores de segunda? Miles de personas continúan soportando deudas generadas por el propio funcionamiento del sistema. Una solución justa debe alcanzar también a quienes llevan años soportando las consecuencias de estos errores administrativos”, sostienen en 'Afectados por el IMV'.

ATD Cuarto Mundo responderá al Comité Europeo de Derechos Sociales este mes, gracias a su derecho de réplica, e insiste en la necesidad de acabar con este modelo de devoluciones. “Esto es algo muy gordo, afecta a muchísimas personas. Juegan con que la gente vulnerable no tiene mucho eco, pero esto tiene tal dimensión que algo tienen que hacer. Si no, les va a pasar factura”, sostiene Arranz.

La segunda noche sin cenas solidarias en Donostia tras la prohibición del alcalde del PNV, Jon Insausti, ha sido sustituida por una cacerolada de protesta y por gente cenando en medio de la plaza de la Constitución. KAS (Kaleko Afari Solidarioak, la promotora de la iniciativa) ha rellenado con centenares de personas la plaza del antiguo ayuntamiento este miércoles por la tarde-noche. Este jueves seguirán en la pelea y “finalmente” tendrán una reunión con Insausti. Los portavoces de la iniciativa han exigido “retirar la prohibición” de su actividad solidaria, de la que eran beneficiarias unas 300 personas, y han recordado las propuestas que han puesto sobre la mesa para alcanzar “una alternativa conjunta”.

Lo que se avisó como una concentración ruidosa, con cacerolas, se ha transformado en una manifestación y en una cena. La iniciativa ha partido desde la Constitución hasta la Diputación de Gipuzkoa y ha vuelto a su punto de partida, donde se ha celebrado una cena conjunta. Entre cacerolazos y tambores, los manifestantes andaban cogidos de las manos por las calles mientras gritaban a una voz “cenar no es un delito” o “nadie es ilegal”. Se encontraban presentes desde voluntarios hasta personas que apoyan la iniciativa, incluyendo algunas que disfrutaban de las cenas cada noche.

Al volver a la plaza de la Constitución, los portavoces de KAS han compartido su molestia ante la falta de respeto hacia su labor. Partiendo de la frase que dijo Insausti durante su rueda de prensa de este martes –“humanismo sí, exigencia también”–, KAS ha declarado que humanismo es lo realizado en “seis años” y exigencia “es lo que se puede pedir al alcalde”. La iniciativa ha criticado a Insausti, a su partido el PNV, a sus socios del PSE-EE y al PP, que siempre se ha opuesto, por “fomentar miedo, el odio” y la criminalización de la pobreza. El regidor ha llegado a decir que hay datos que muestran que crece la delincuencia donde se producen los repartos y la oposición de izquierdas le ha acusado de comprar el marco de la ultraderecha.

Voluntarios de KAS le han comentado a este periódico su decepción ante la decisión del Ayuntamiento. Uno de ellos ha confesado no tener “esperanza de que se llegue a un acuerdo con el alcalde”, sobre todo al ver que “ha priorizado prohibir” antes que nada. Con cierto nivel de indignación, una trabajadora social le explica a elDiario.es/Euskadi que “cuando hay hambre” aumenta la tensión, insistiendo en la “falta de empatía” por parte de las autoridades. Adicionalmente, cree que el trabajo municipal puede “ser complementado” por iniciativas como ésta: “Una cosa no tiene que quitar la otra”.

Tras seis años de movilización social para paliar el hambre de más de 300 personas sin hogar, el Ayuntamiento de Donostia ha prohibido el reparto de cenas en la vía pública por parte de la iniciativa ciudadana voluntaria Kaleko Afari Solidarioak (KAS). La resolución municipal, firmada este lunes, fue comunicada esa misma noche por agentes de la Guardia Municipal en los puntos de reparto de la plaza de la Constitución, la plaza de Gipuzkoa y el entorno de Anoeta. El documento oficial fundamenta la decisión en informes técnicos de los departamentos de Salud Pública, Seguridad Ciudadana y Espacio Público, estableciendo el cese de la actividad a partir de este martes.

El alcalde, Jon Insausti, del PNV, ha justificado la medida señalando que la decisión nace de una “reflexión rigurosa, sosegada y serena”. El primer edil ha explicado que, aunque no cuestiona el origen solidario de la iniciativa, considera que “una comida al día no es suficiente para garantizar una inclusión social” y que es necesario transitar hacia pasos estructurados desde la vía administrativa. Insausti ha calificado este replanteamiento como un “ejercicio sano y necesario” para adaptar las políticas públicas a las necesidades actuales de acompañamiento.

Pero la prohibición se ha sustentado también en datos sobre “convivencia y seguridad”. Según ha detallado el alcalde, tras el cese de los repartos en el barrio de Egia en octubre de 2024 la delincuencia en la zona descendió un 20%, mientras que en los actuales puntos de reparto las intervenciones policiales se han duplicado. Diferentes voces, incluida EH Bildu, principal fuerza de la oposición, o IU, han acusado al regidor del PNV de comprar los argumentos de la derecha y de la extrema derecha. El PSE-EE, socio de coalición del PNV, sí apoya estas medidas del alcalde.

Como alternativa, Insausti ha anunciado un refuerzo de 500.000 euros adicionales para los servicios sociales, elevando la inversión total a dos millones de euros anuales con el apoyo del Gobierno vasco. Este presupuesto potenciará el programa Otorduak, que permite canjear tickets por platos en establecimientos colaboradores. Se anuncia un incremento de la capacidad de 316 a 416 comidas diarias. El alcalde ha admitido que esta opción “no es suficiente”, mas la ha defendido como un “punto de partida”.

Otro detalle que ha introducido Insausti es que las cenas, supuestamente, no son únicamente repartidas a personas arraigadas en la ciudad, sino provenientes de otros municipios. “Donostia no puede sola”, ha asegurado. El programa Otorduak requerirá un mínimo de empadronamiento para poder acceder a él.

Preguntado por los periodistas sobre cómo se buscará esa colaboración con otros muncipios, el alcalde ha anunciado que la Diputación de Gipuzkoa convocará a los concejales de servicios sociales de los ayuntamientos para coordinar una estrategia conjunta. Ha confirmado la asistencia de María Jesús Idoeta, la concejala de servicios sociales y acción comunitaria de Donostia.

KAS denuncia “falta de respeto” y exige un plan integral

La respuesta de la iniciativa social no se ha hecho esperar. Tras la comparecencia del alcalde, una multitud se ha concentrado frente al Ayuntamiento para denunciar lo que consideran una actuación marcada por la “falta de respeto y responsabilidad”. Portavoces del grupo KAS han criticado que la administración no haya buscado una interlocución directa con el colectivo antes de emitir una orden que deja sin alimento a centenares de personas “de un día para otro”.

Desde la iniciativa han asegurado que ni bajo el mandato de Eneko Goia, también del PNV, ni ahora con Insausti el Gobierno municipal ha mostrado “disposición a colaborar” para mejorar esta red voluntaria. Asimismo, han acusado al consistorio de carecer de un “plan integral” real, afirmando que la comida ofrecida en recursos municipales sigue siendo insuficiente para atender la demanda.

Entre los asistentes, un usuario habitual de las cenas ha querido expresar su angustia ante los medios: “¿Adónde vamos a ir ahora? ¿A quién le ha hecho daño un plato de comida?”, ha lamentado. Ha descrito a los voluntarios como su única “familia” en la ciudad. Ante la gravedad de la situación, el colectivo ha solicitado una reunión urgente con el alcalde y ha asegurado que seguirá luchando por el derecho a la alimentación, convocando una nueva movilización, una cacerolada, para este miércoles a las 20.00 horas en la plaza de la Constitución.

¿Por qué Canarias es la segunda comunidad autónoma de España con mayor tasa de abandono escolar temprano, solo superada por Murcia? Profesores y administración lo tienen claro: un modelo económico basado en el turismo y las necesidades de unas familias más pobres que la media nacional empujan al alumnado a buscar trabajo, y encontrarlo, antes.

La facilidad para acceder a un puesto de trabajo con baja remuneración y sin necesidad de titulación superior tanto en el turismo como en la hostelería hace que una parte nada desdeñable de la juventud entre 18 y 24 años prefiera empezar a cotizar y dejar de lado los estudios: un 15,9%, según los últimos datos conocidos.

Hay que recordar que la inversión del Gobierno de Canarias en Educación se ha alejado en esta legislatura del 5% del PIB al que obliga la Ley Canaria de Educación, cayendo del 4,67% de la pasada legislatura, al 4,05% de mínimo en esta.

La cifra de abandono escolar ha vuelto a subir después de alcanzar su mínimo en 2021 (un 12 %). La explicación, según el viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Manuel Cabrera, es clara: la pandemia hizo que muchas empresas “echaran el cerrojo” y dejaran de contratar, y eso empujó a muchos estudiantes a seguir formándose.

Según él, “en la época de la pandemia, cuando era más difícil encontrar trabajo, se vio que ese abandono descendió a un nivel menor. Ahora que es más fácil el acceso al trabajo, esos niveles aumentan”.

Eso es, ahonda, “fácil de apreciar en todas las zonas donde el nivel de ocupación es mayor, donde existe menos desempleo, como las zonas turísticas, y que en el trabajo que se solicita no requiere una formación tan especializada”.

En ello coincide el presidente del sindicato ANPE, mayoritario entre el profesorado canario, Pedro Crespo, quien también apunta en otra dirección, la desigualdad territorial y la pobreza.

“Cuando en casa hay dificultades, es muy complicado que el pibe pueda centrarse en estudiar”, indica en conversación con EFE, para después agregar que la cuestión de la insularidad también juega un papel importante en este tipo de decisiones, puesto que no todas las personas pueden desplazarse hacia las islas capitalinas o las grandes ciudades a estudiar lo que les gustaría.

Crespo no esconde la “preocupación” que les generan los datos que dio a conocer la semana pasada el Ministerio de Educación. “Nos preocupa que haya chavales de 16 o 17 años que se quedan fuera, y eso es una muy mala noticia para ellos y para el futuro de Canarias”, asegura.

“Canarias parte de esos hándicap: una situación económica que puede estar por debajo de la media nacional e implica la necesidad de buscar ingresos adicionales, y todo lo que tiene que ver con el sector turístico, en el que el acceso al empleo es más sencillo de lo normal”, lo resume el viceconsejero de Educación.

¿Cómo combatir el abandono escolar en Canarias?

Orientación académica temprana, mejor y mayor Formación Profesional que se apegue también a la demanda real del mercado laboral y una mayor conciliación que permita a quienes lo requieran poder dedicarle tiempo a sus estudios mientras trabajan. Estas son las tres cuestiones que se ponen sobre la mesa para intentar combatir estas tasas de abandono escolar temprano tan altas con las que cuenta el archipiélago.

Desde la administración regional tratan de “promover la reincorporación” de estos jóvenes que abandonan la educación antes de tiempo y de incrementar “los porcentajes de éxito”, cuestión esta última en la que ya se están logrando avances.

En palabras de José Manuel Cabrera, es “fundamental” que las empresas puedan facilitar el acceso de su plantilla a la formación, a través de dos vías: compaginando la situación laboral con seguir estudiando, y orientarlas a consolidar los puestos de trabajo solo cuando el alumnado tenga la formación adicional adquirida.

Igualmente, apunta medidas que ya se han puesto en marcha y que tienen que reforzarse, como la orientación escolar, “unida a la cultura de la sociedad de que es necesario formarse para poder desempeñar un puesto de trabajo con condiciones adecuadas”, y favorecer un mejor rendimiento para que no abandonen.

Ello se suma a apostar por la Formación Profesional, con un aumento del número de ciclos, pero también para hacer que estos se adecuen a la realidad laboral.

Esta idea también la comparten desde ANPE, que aboga por una FP “más conectada con el empleo”, algo en lo que se han dado pasos en los últimos tiempos, pero que necesita consolidación.

Pero, para Crespo, todo esto parte de una base que los políticos, a su juicio, no han conseguido todavía entender: hace falta más financiación.

“Yo creo que al final no es solamente cuestión de intención, sino de tener los medios”, recalca el presidente de ANPE, quien habla de un camino ineludible: “Debemos llegar hasta el 5 % de los presupuestos para financiar la educación”.

Y es que, de no intentar revertir la situación, Pedro Crespo lo tiene claro, Canarias soportará una triple problemática: social, económica y territorial.

Jaime Bretón lleva al frente del Comisionado para el Polígono Sur siete años. Un periodo atravesado tanto por una pandemia como, luego, por el florecimiento de una Sevilla que es escenario de eventos internacionales. Una ciudad con dos caras y que va a dos velocidades, como él mismo observa: mientras se fulminan los récords de visitantes, también se constata cada año la pobreza y precariedad crónica que vive el Distrito Sur. Envuelto en la polémica sobre la construcción de una mezquita, zanja la controversia generada por Vox: si cumple la legalidad, la licencia se concederá. La cuestión es dar nuevos servicios en esos terrenos vacíos que logren revitalizar la comunidad.

Bretón dejará pronto la cartera del Comisionado y le pide a las administraciones un esfuerzo conjunto para sacar adelante los proyectos retrasados, ya sea la eliminación del muro de Hytasa, como la adecuación de Su Eminencia o la construcción de edificios administrativos o de un centro de mayores, a cargo del Gobierno central y de la Junta, respectivamente, para que cualquiera pueda proyectar su desarrollo personal en el Polígono Sur y no emprender el vuelo a otra localidad sevillana, lo que, para el político del PP, es una más de las derrotas del sistema.

El Ayuntamiento dará la licencia de obras de la mezquita, después de que se paralizara la concesión a raíz de la controversia generada por Vox. ¿Cuál es la valoración que hace sobre esta decisión?

Evidentemente, si el Ayuntamiento otorga la licencia es porque cumple con la normativa, por lo que respetamos la legalidad. Yo ya me he pronunciado públicamente y nuestra prioridad siempre ha sido que el Polígono Sur se ponga en valor y que, en los otros solares que hay, también haya actividad, sea deportiva, educativa, residencial, religiosa, al final, eso es lo que da vida a un barrio.

A lo largo del año, los solares son utilizados como aparcamientos indiscriminados, se llenan de matorrales, y conlleva problemas para la convivencia vecinal. La mayoría de las parcelas son del Ayuntamiento, al igual que hay uno del Gobierno de la nación frente a la Fundación Don Bosco y las innumerables peticiones de la oficina han ido en ponerlas en valor. Me es indiferente que sea un edificio administrativo, un supermercado, o un centro cultural islámico.

Es más, en la avenida Victoria Domínguez Serrato hay un terreno cedido a la Universidad de Sevilla porque se iba a construir la Facultad de Farmacia. Hace siete años, cuando llegué al Comisionado, me puse en contacto con el director general de Infraestructura y me comentó que no había dinero para afrontar el proyecto. Ahora menos. Bien, le dije, 'que revierta de nuevo en el Ayuntamiento', y ahora está cerrado porque había problemas.

En concreto, en el tema de la mezquita, ni estamos a favor ni en contra, solo que se cumpla la legalidad. No tenemos que decir nada si cumplen con todos los requisitos y la normativa.

¿Así se lo trasladó a Vox en la reunión que tuvieron la semana pasada?

Así es. Me dijeron que el barrio estaba en contra. Entonces, les dije que a mí no me había venido nadie a protestar por la mezquita. La gente viene a protestar por otras cosas. Por ejemplo, semanalmente vienen por las plantaciones de marihuana, que generan mucho conflicto vecinal, y que provoca que vaya la luz. O porque hay olores que son insoportables las 24 horas del día o que no se pueden ir tres días a Chipiona a veranear a la casa de su hija por temor a que les ocupen la vivienda, o que les coja de por medio un tiroteo entre clanes. Además, un 99% de las personas que vienen a reclamar son mujeres, mujeres con miedo, que no quieren exponerse.

No dudo en lo que Vox me dijo, pero, mire usted, nadie se me ha presentado con tal problema sobre la mezquita. Independientemente, estamos en un país donde hay libertad de culto y, considero, que todo el mundo tiene derecho a ejercer esa libertad religiosa. En el Polígono Sur hay tres iglesias católicas y varias más evangelistas, y se convive perfectamente. No hay ningún conflicto.

En cambio, los temas prioritarios son dos: la seguridad, que te permite desarrollar libremente tu actividad, y la limpieza, que te da dignidad. Sobre esto, siempre pongo en valor el esfuerzo titánico que realiza el Lipasam, para mí, dentro de todos los servicios que prestan las administraciones públicas, el mejor. La gente me dice, “hombre, es que está sucio”, pero el esfuerzo que hacen en el Polígono Sur es solo comparable con el que hacen en Semana Santa y en Feria. Recogen los restos de marihuana, de obras, de pintura, y trabajan en la carretera de Su Eminencia los lunes, miércoles y viernes con ingentes cantidades de basura.

Quisiera preguntarle por el mensaje de rechazo y señalamiento a la comunidad musulmana que realiza Vox. ¿Cree que podrían enturbiarse las relaciones en el barrio de llegarse a construir la mezquita?

Creo que no. Si el barrio se destaca por algo es porque hay integración. Todos lo sabemos. Hay un porcentaje de gente de etnia gitana que convive con los payos sin ningún problema, también, aunque en menor número, hay gente subsahariana, al igual que sudamericanos, y también conviven en los centros educativos.

Por ejemplo, en las escuelas de verano participan alrededor de 1.000 niños y, mediante la Fundación Telefónica, donamos una serie de tablets a una serie de niños para gente estudiosa, que no tiene recursos económicos, y cada año se lo damos a un colectivo. El año pasado fue a un grupo de estudiantes ucranianos y, este, lo concedimos a través de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo a los alumnos de cuarto de la ESO que están en el proyecto Azarías. Es gente que utiliza bien los recursos, e incluso muchas veces mejor que la gente local.

La gente viene a protestar por otras cosas, y lo prioritario es la seguridad y la limpieza

A pesar de la incursión de la prioridad nacional en el Gobierno andaluz.

Yo me atengo a lo que veo. Es más, me retrotraigo al tema de la limpieza: no sé lo que el Lipasam hace en el resto de la ciudad, en El Cerezo, por ejemplo, pero sé lo que pasa aquí porque llevo siete años como comisionado, desde septiembre de 2019, y la oficina se encuentra en el Polígono Sur, donde trabajo junto a un equipo de 17 personas que llevan desde su origen, hace 22 años. Así que me pronuncio sobre lo que veo en el día a día.

¿Qué me puede decir de la parcela que compró la Fundación Mezquita?

El solar está cerca de las vías del tren, [de la estación Virgen del Rocío], y pertenecía a la iglesia de los mormones. Cuando llegué, desecharon la idea de construir y, entonces, hablé, en aquel momento, con Antonio Muñoz, que en aquel entonces no era alcalde, sino delegado de Urbanismo y Turismo. Le dije que por qué no se compraba el solar y que, de esa forma, revirtiera otra vez en el Ayuntamiento y se intentara sacar una licitación pública para poner un hostel para la gente joven. Era un buen sitio, tienes el Cercanías y los autobuses cerca.

¿Y el Gobierno de Sanz no pudo retomar la operación?

Los mormones ya lo habían vendido a la nueva propiedad, la Fundación. Pero, de igual manera, hay otro solar muy importante, frente a la Fundación Dos Bosco, y para ello he hablado con el Ayuntamiento, pero no mueven ficha. También, se lo comenté al Gobierno central en varias ocasiones, porque sería muy interesante meter el centro administrativo que está en Plaza de España aprovechando la reordenación de la Avenida de las Razas.

A mí lo que me interesa es que en estos solares se hagan cosas, que vengan funcionarios, que vayan a desayunar, que se le dé vida al barrio. Al igual que sucede con el que hay en Campos de Castilla, para el que le he pedido a la Junta de Andalucía que haga un centro de día para personas mayores, porque estamos hablando de que son 144 hectáreas y 29.000 personas, y solo hay uno pequeñito en La Oliva. Considero que haría falta.

Cuando llegó en 2019, apostaba por la eliminación del muro de Hytasa y el acondicionamiento de la carretera de Su Eminencia. Con la reactivación del Plan Especial de Hytasa, ¿cómo beneficiará al Polígono Sur y cuándo cree que se verán estos resultados?

El Polígono Sur está encerrado en tres zonas. Una, el muro de la vía del tren que, dada su envergadura, es mucho más complejo de resolver. En cuanto a la carretera de Su Eminencia, el Ayuntamiento ha arreglado el firme, se ha puesto un carril bici y ya se han licitado las obras para construir pistas deportivas, de petanca y baloncesto. La idea es regenerar el barrio y hacer un bulevar al estilo de Bellavista. En cuanto al muro de Hytasa, no es más que la oportunidad del barrio para integrarse en la zona del Cerro del Águila. Cogería aire y se regeneraría todo lo que viene siendo la zona de Paz y Amistad.

¿Pero se aventura a poner una fecha?

No depende de mí. Dependerá del acuerdo al que llegue el Gobierno central con el Ayuntamiento, donde ha habido sus más y sus menos. El Comisionado no tiene esas competencias y nuestro trabajo se centra en hacer un diagnóstico de la situación y decirle a las administraciones lo que consideramos, tanto al Gobierno central, como a la Junta y al Ayuntamiento, a la vez que intentamos mediar entre ellas y coordinar esfuerzos. Otro esfuerzo importante, titánico, es el de las entidades sociales, dado que la mayoría de ellas están financiadas con fondos públicos a través de las subvenciones y la concurrencia competitiva.

Los vecinos de la barriada de Martínez Montañés se quejaban de que no contaran con ellos para rehabilitar la zona. ¿Sucede con el nuevo planeamiento sobre las Tres Mil Viviendas?

Hay quien se queja de una falta de diálogo, pero hay personas que, con todos mis respetos, se arrogan una representación que no tienen. Hay asociaciones, como Entre Amigos, la Fundación Alalá, Atenea o Don Bosco, que atienden a través de proyectos sociales de todo tipo, educativos, medioambientales, formativos, de inserción laboral, y también contratan a gente, ya que estos programas están subvencionados tanto por la administración como, por ejemplo, la Fundación La Caixa. Ellos sí tienen peso y representatividad, ya que mueven a muchas familias.

En cuanto a los edificios, todo lo contrario. Antes de yo llegar al Comisionado, había una división entre las entidades sobre si había que tirar o no algunos. Luego ha habido unanimidad, porque, al final, estos edificios se convierten en plantaciones de marihuana y, a lo mejor, hay una o dos personas normalizadas. La idea es regenerar esta zona. Coges a las familias más normalizadas, le haces un seguimiento y se quitan las edificaciones más deterioradas. En estos solares lo que está previsto son aparatos de gimnasio, campos de deportes, zonas verdes.

Le he pedido al alcalde y al gerente de Tussam la reposición de las paradas, incluso, hemos dado una alternativa en caso de que hubiera más problemas para evitar la zona más conflictiva

Estamos en verano y hay tres cuestiones acuciantes. Por una parte, no hay refugios climáticos, tampoco piscinas y los cortes de luz se multiplican. ¿Cómo se revierte esta situación?

Los cortes de luz son motivados por las plantaciones de marihuana. ¿Cómo se puede revertir? Entrando en los pisos, quitando las plantaciones de marihuana y endureciendo las penas, que es asunto del Congreso de los Diputados. No es un fenómeno exclusivo del Polígono Sur, sino que se está extendiendo a todos los barrios con características similares por toda España. Lo que no puede ser es que la policía desmantele el cultivo, te coja, te caigan seis meses y, como no tienes antecedentes penales, no pase nada. El enganche ilegal se produce cuando las mafias plantan marihuana.

Acerca de la piscina, la más cercana está en el Tiro de Línea y está prevista otra en lo que era el asentamiento de infraviviendas que el Ayuntamiento del PSOE empezó a desmantelar y ya el Partido Popular ha culminado. A toda esta gente se le ha realojado y se le ha hecho un seguimiento a través de los servicios sociales municipales. Por el momento, esa zona está ocupada por el Lipasam, ya que el parque público del que disponían para los vehículos era muy chico, y ahora el Ayuntamiento decidirá si se ampliará la instalación deportiva con la piscina. Y sobre los refugios climáticos, no me parece mal que haya en determinadas zonas, aunque los centros cívicos reciben a la gente.

¿Cuándo se restituirán las paradas eliminadas de Tussam?

Yo le he pedido al alcalde y al gerente de Tussam en varias ocasiones su reposición, incluso, le hemos dado una alternativa en caso de que hubiera más problemas para evitar la zona más conflictiva, sobre todo en el tramo que hay desde la Factoría Cultural a Maese Pérez. Pero no me han hecho caso, ese es mi sino.

¿Cómo ha vivido las protestas por el cierre de la residencia Flora Tristán?

Confío en que la Universidad Pablo de Olavide sea capaz de solucionar este tema. Si hay un informe técnico, tendrán que tomar parte y cerrar por los problemas ocasiones. Lo comprendo, ya que nadie quiere asumir la responsabilidad si ocurre algo. Ahora bien, creo que la solución que ahora han ofrecido me parece acertada, porque, de una forma u otra, el objetivo es el proyecto que se mantenga. Nació como una apuesta de la Universidad en un sitio donde nadie quería venir, lo que encontraba un poco con mi reivindicación, como los edificios que proponía en los solares. Es positivo que la gente venga, al igual que vino la Esperanza de Triana, porque había quien no había pisado el Polígono Sur en su vida.

La gente me pregunta si llevo guardaespaldas. Nada de eso. Pero la gente se cree que esto es peor de lo que es. No negamos ni ocultamos lo que hay, tanto lo bueno como lo malo. Sabemos que no es lo mismo ir por el Polígono Sur de día que de noche, pero también hacemos una feria de empleo muy potente en la Factoría Cultural e invitamos a grandes empresas y a los ayuntamientos, como el de Carmona, para que traigan a sus chicos. Hacemos publicidad y, como ocurre con la mezquita, si exponen la obra de Ben Yessef Sordo y atrae a gente, bienvenido sea.

La gente, en cuanto puede, se va del barrio. A mí me gustaría que se quedaran y fueran referentes, que lideraran a su comunidad y tutorizaran en ciertas cosas

¿Cuál es su impresión cuando Sevilla bate récord en número de turistas, atrae grandes eventos, y a la vez tiene a los barrios más pobres del país?

Se lo dije tanto al alcalde anterior como a este: Sevilla no puede ser una ciudad que es capaz de organizar los Goya, los Grammy latinos, la Feria, la Semana Santa, que reúna a los ministros de Defensa de la OTAN y, aun así, tener los seis barrios más pobres de España. Hay que revertirlo, y me consta que el alcalde es consciente de ello. No puede haber dos Sevilla a dos velocidades.

Comprendo que aquí hay un esfuerzo que hacer por parte de las tres administraciones, Ayuntamiento, Junta y Gobierno central, porque son muchos temas y hablamos de inserción laboral, educación, seguridad o el tema de la droga. Y vuelvo a sacarlo dado que es difícil concienciar a la gente de que se forme cuando puedes ganar 3.000 euros vendiendo marihuana.

Después de siete años, ¿se ha ido a mejor, peor, se ha estancado el Polígono Sur?

Hay gente que va mejor y que utiliza los recursos, tanto públicos como privados. Eso no es noticia en los periódicos. No se ve la rehabilitación, que se tire un edificio, que alguien se forme... Eso sí es un problema. La gente, en cuanto puede, se va del barrio. A mí me gustaría que se quedaran y fueran referentes, que lideraran a su comunidad y tutorizaran en ciertas cosas.

Podría diseñarse un plan para retener el talento.

Es difícil. Todo el mundo tiene la libertad de elegir y no puedo obligar a nadie a que se quede. Conozco muchos casos, como algún trabajador del Comisionado, que salieron del barrio y ahora viven en el Cerro del Águila. Merece la pena el esfuerzo, ya sea por este porcentaje que mejora. El objetivo es normalizar la zona, como trayendo aquí la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que la Junta construya un centro para la tercera edad, convencer a Mercadona para que instale un supermercado cerca, mejorar la carretera de Su Eminencia: darle vida a esto.

Aquí hay 16 centros educativos, ocho colegios, cuatro institutos, cuatro escuelas infantiles y un centro de adultos. A mí, hay directores que me dicen, 'bueno, es una pena ver a alumnos con potencial y que los padres los quiten de los estudios para que ayuden en casa o en la venta ambulante', o lo que fuera. ¿Cómo convences a esos padres? El gran cambio también tiene que venir de la propia gente, que den un paso adelante, y cada vez hay más gente que estudia, va a la universidad.

Tras siete años al frente del Comisionado para el Polígono Sur, ¿cuál será su próximo destino?

Es algo sabido: hablé con el presidente de la Junta de Andalucía con el objetivo para cambiar. Como decía, no gestiono nada ni tengo presupuesto, entonces, llega un momento en que yo me canso y se cansan a los que les pido el decirles lo que hay que hacer. Así que, veo positivo que venga otra persona que pueda convencer de otra manera. Ahora bien, mi trayectoria ha sido política: estuve 14 años en el Defensor del Pueblo Andaluz, también en el Consejo Audiovisual, en la Diputación, y me pongo a disposición de lo que venga.

Queda la sensación de que el Comisionado debería estar más presente en el día a día de la población, ya sea por redes sociales, de alguna manera.

Intento utilizar los medios de comunicación y las redes sociales para lanzar mensajes, aunque, ya sabes, hay gente que te metes en el Facebook y ya critica las fotos que te haces en algún acto. Desde que llegué, mi objetivo fue poner en la agenda pública de la ciudad al Polígono Sur. Nos olvidamos que hay 29.000 personas, que son 144 hectáreas, que están tan solo a cuatro kilómetros de La Campana, el kilómetro cero de la ciudad. Hay que intentar traer aquí a las autoridades, por ejemplo, a los portavoces del Ayuntamiento, a los consejeros de la Junta, al subdelegado del Gobierno, al presidente de la Diputación, es decir, que vean la realidad del barrio. Asociaciones, entidades, hermandades, Ateneo... La cuestión es que participen, vean esto, y que vean la proyección del Polígono Sur.

La decisión de tirar, sin previo aviso, los pocos enseres de las personas sin hogar con la excusa de limpiar la calle ha despertado la indignación de colectivos y entidades del tercer sector. La decisión del Ayuntamiento de Madrid, sobre la que puso el foco del Defensor del Pueblo, que solicitó al consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida información sobre las actuaciones en este sentido, no es exclusiva de esta administración. “Esto es consecuencia de una política generalizada en España, que trata de gestionar las consecuencias del sinhogarismo pero no dedica a solucionarlo”, adelanta el director general de Hogar Sí, José Manuel Caballol.

Lo sucedido en Madrid ha sido el penúltimo ejemplo de una decisión que perjudica a los más vulnerables, pero no es el único: desde sustituir bancos por sillas como parte del mobiliario urbano o colocar reposabrazos para impedir que las personas puedan dormir en ellos, hasta las protestas por los escasos recursos del centro de acogida Juan Luis Vives de Vicálvaro, cuyos trabajadores denuncian condiciones de “hacinamiento”, según adelantó la Cadena Ser.

Según aduce el mismo Caballol, bajo normas aparentemente cívicas se termina castigando a las personas en situación de calle. En mayo de 2024, alrededor de los Jardines del Turia, en Valencia, aparecieron unos carteles que avisaban del desmantelamiento del asentamiento de personas en la zona. Para llevarlo a cabo, se valieron de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, que prohíbe “tirar y abandonar en la vía pública toda clase de productos que puedan deteriorar el aspecto de limpieza de la ciudad”.

La intervención en Valencia se ejecutó bajo el mandado de la regidora del PP María José Catalá, sin acompañamiento de los servicios sociales y sin alternativa habitacional para los afectados, que acabaron reasentándose en otras zonas de la ciudad. Todo ello sucedió tras la puesta en marcha de otras medidas, como la prohibición del reparto de comida a las entidades sociales y la aprobación de una estrategia de arquitectura hostil con el objetivo de “evitar los asentamientos ilegales”, con el anuncio de la construcción de unos estanques en la zona donde antes vivían personas en situación de calle.

En Málaga, la ordenanza de Convivencia también puede afectar de manera directa, por medio de sanciones administrativas, a las personas en exclusión social, incluidas aquellas en situación de calle. A pesar de la oposición del sector social, la modificación realizada en esta norma en 2023, por el equipo del 'popular' Francisco de la Torre, no despenalizó algunas de las prácticas a las que se ven abocadas las personas en situación de calle. Por ejemplo, “cualquier manipulación en las instalaciones o elementos de los estanques y fuentes, así como bañarse” o “lavar cualquier objeto” supone multas de hasta 750 euros.

“Estrategias hostiles para desalojar”

Según Hogar Sí, estas normativas sirven a los Ayuntamientos “como elemento promotor de estrategias hostiles para desalojar los asentamientos de personas en situación de sinhogarismo”. Otro ejemplo es Barcelona y su Pla Endreça, que recoge que la limpieza se establece como “uno de los ámbitos prioritarios de actuación del mantenimiento integral del espacio público”. Este Plan bebe de las ordenanzas de convivencia, sobre el uso de las vías y los espacios públicos, medio ambiente, circulación y la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. La norma fue aprobada en julio de 2023 bajo el mandato del socialista Jaume Collboni.

Tal y como recalcan desde la entidad dirigida por Caballol, de las medidas derivadas de este Plan no solo se afirma la sanción de conductas incívicas, sino que también se promueve la denuncia del vecindario por medio de un portal online o a través de un número de teléfono. Una de las situaciones que animan a denunciar es la de “personas molestando en la calle”.

La Fundación Arrels, que trabaja con personas en situación de calle en la capital catalana, ha denunciado que desde que está en vigor este Plan han aumentado las multas, las amenazas de quitarles sus animales de compañía, tirar sus pertenencias o mojarlos para que se marchen de los lugares en los que viven.

Tenerife recula

Más allá de la geografía peninsular, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han intentado aprobar un reglamento de Atención Ciudadana que atentaba contra los derechos de las personas sin hogar. Tal y como expuso el propio Caballol en las alegaciones realizadas durante la tramitación del reglamento, algunos de sus artículos podían acabar con la denegación de entrada a las personas en situación de calle a los lugares en los que se ofrecen los servicios públicos municipales. En general, había una aportación al reglamento de una trabajadora municipal en la que se desprendían “diversos estereotipos o prejuicios relacionados con la higiene y la salud tanto física como mental de las personas en situación desinhogarismo”, afirma Hogar Sí.

El Consistorio tinerfeño está gobernado por José Manuel Bermúdez, integrante de Coalición Canaria, quien dirige el Ayuntamiento en coalición con el PP. En este caso, la alegación planteada por la entidad sí ha tenido el éxito buscado y el Consistorio ha modificado el texto propuesto para contemplar los requisitos establecidos por la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación que protegen a las personas en situación de calle.

Alta tasa de pobreza severa en España

Según el informe de 2026 sobre El estado de la pobreza, realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, la tasa de pobreza severa española se sitúa por encima del promedio de la Unión Europea (5,3%) y alcanza el 8%. Por encima solo queda Bulgaria (8,1%), Croacia (8,3%) y Letonia (9,8%).

Asimismo, el documento recoge que las transferencias del Estado juegan un papel esencial en la contención de la pobreza y la reducción de la desigualdad, aunque existe margen de mejora. En este sentido, las transferencias —entre las que se cuentan los ingresos por jubilación o el ingreso mínimo vital— evitan que un 22,4% de la población esté en pobreza, 11 millones de personas. Sin embargo, otros países que parten de situaciones parecidas logran reducir mucho más la pobreza gracias a políticas más eficaces. Al mismo tiempo, la Red Europea afirma que en los últimos años más personas acceden a prestaciones sociales, tanto entre la población general como entre la población en pobreza.

Iván Lendrino, representante de Pueblos Unidos en la Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid, ha criticado las últimas medidas impulsadas por el Ayuntamiento de la ciudad y el Gobierno regional. El Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que no permitirá utilizar el abono transporte a aquellas personas no empadronadas en la Comunidad, lo que golpea directamente a muchas en situación de calle. “La Administración toma decisiones sin tener en cuenta otras perspectivas y por el camino quedan los más vulnerables, los que no tienen papeles, los que vive en la calle”, ilustra el propio Lendrino.

Por su parte, Alberto Tabernero, responsable del centro de atención a personas sin hogar Acouga de A Coruña, gestionado por Accem, reivindica que la población en situación de calle tiene que tener “la misma capacidad a la hora de ejercer sus derechos y posibilidades de participación”. Por eso, tirar a la basura los enseres de estas personas supone “desposeerles de lo poco que tiene”, dice Tabernero, quien alerta que, en muchas ocasiones, en esa acción también se pierde documentación importante.

La aporofobia, concepto creado por Adela Cortina y desarrollado en ‘Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafía para la democracia’ (Paidós, 2025), también tiene consecuencias severas a la hora de facilitar la participación ciudadana a las personas más desfavorecidas. “Las personas sin hogar se ven excluidas de esta participación, lo que hace que la opresión que recae sobre ellas sea mucho mayor. Tanto a nivel político como el voto o a nivel administrativo con quejas, su capacidad de réplica es muy limitada”, finaliza el responsable coruñés.

Estas medidas se producen y alimentan contextos de desprecio por los más pobres. En abril de 2024 en Valencia un grupo de individuos intentó quemar vivo a un hombre sin hogar en la zona de la Ciudad de la Justicia. Al mes siguiente y en la misma ciudad, fueron detenidos 11 jóvenes por humillar y agredir a personas en situación de calle. Las normativas que de forma directa o tangencial golpean a las personas sin hogar conllevan la deshumanización, el primer paso para que puedan tener lugar este tipo de acciones.

Una miniván avanza por las desordenadas calles de la ciudad de Davao, en el sur de Filipinas. Al volante va Sherwin Tuna, que recorre el territorio polvoriento y ruidoso donde comenzó a hacer música, en tanto que su compañero de viaje, su representante e investigador Jorge Juan B. Wieneke, contempla cómo la vida de los barrios más humildes pasa zumbando ante sus ojos. Viajan rumbo a las playas de Mabini, donde les espera un festival masivo, pero lo que importa es lo que se escuchan durante el viaje. Se trata, en realidad, del portal de entrada al universo del budots, un género musical que nació en estos mismos suburbios marginados y que ha terminado explotando como uno de los grandes fenómenos de TikTok.

En ese simple trayecto con las ventanillas bajadas, ya se cruzan con el estilo callejero y casi espontáneo que caracteriza el budots. Ya sea que escuches el sonido de la bocina de un coche, las voces de vendedores ambulantes o los silbidos típicos que caracterizan el ambiente de cualquier ciudad, cualquier elemento cotidiano puede acabar en una de las canciones de este género. Sherwin Tuna lo sabe mejor que nadie: conocido artísticamente como DJ Love, es el gran pionero del budots. Dio vida a esta música en su modesto cibercafé, donde experimentaba en su ordenador con ritmos acelerados que encajaran con los bailes que veía en su vecindario.

Estos bailes se observaban en las zonas de gran pobreza de Davao. Allí, la palabra budots se usaba para describir a una persona “vaga” que pasaba el día sin hacer nada. Eran personas, en su mayoría adolescentes sin hogar, que consumían pegamento industrial barato para intentar olvidar el hambre y sus problemas familiares. Estos muchachos eran llamados popularmente rugby boys por la marca de pegamento que utilizaban y, para camuflar su consumo de drogas ante la gente o la policía, recurrían a estos bailes a los que se les empezó a poner melodía. “El budots se convirtió en una herramienta para el bien social de forma natural, no por decisión deliberada”, explica DJ Love a elDiario.es.

“Para las personas que vivían con esa etiqueta, esta nunca reflejó la realidad. El budots surgió del aburrimiento, la curiosidad y la supervivencia cotidiana”, añade el artista que reflexiona que, “a través de la música, ese significado cambió”. “Lo que antes se menospreciaba se convirtió en una fuente de orgullo, alegría y conexión”, cuenta. Tanto es así que, cuando suena la música, la gente se reúne, los jóvenes bailan, experimentan con la mesa de mezclas o ayudan a montar equipos de sonido. DJ Love argumenta que “les dio algo a lo que pertenecer, algo creativo en lo que centrarse en lugar de verse arrastrados a meterse en líos”: “La música se convirtió en un camino alternativo”.

El ruido cotidiano y los sonidos de la calle incorporados en los temas nunca se añadieron a propósito, pues “simplemente estaban ahí” cuando DJ Love se puso a crear estas canciones a inicios de siglo. “El budots no intenta escapar de su entorno, sino que lo refleja”, comenta el pionero. “Con el tiempo, pasaron a formar parte de la identidad de la música. La densa vida de los barangays [la división territorial y administrativa más pequeña de Filipinas, equivalente a lo que en otros países conocemos como un barrio o una aldea] es ruidosa, comunitaria, repetitiva y compartida, y la música es un reflejo de esa realidad”, detalla.

De esta manera, el género budots conecta directamente con aquellos que no tienen recursos. “Lo que hace que sea tan poderoso es su conexión con la clase trabajadora y los pobres, no como público, sino como su fuente. No habla de ellos, sino con ellos. Por eso resuena con tanta fuerza y sigue llegando mucho más allá de donde comenzó”, celebra DJ Love. Es algo que sostiene Jorge Juan B. Wieneke, representante del artista. “Es una música que no requiere formación académica, gustos elitistas ni infraestructuras costosas para ser sentida o para participar en ella”, alega el investigador.

Una liberación mucho más que física

Wieneke afirma que, para muchas personas que viven en condiciones precarias, el budots “ofrece una liberación emocional y física directa, comunitaria y sin pretensiones”. “Surge de los espacios cotidianos, del software pirata, de los estudios caseros improvisados, de la difusión por bluetooth, de las fiestas callejeras, de los mercados públicos, de los cibercafés y de los equipos de sonido montados con lo que haya a mano”, expone el agente de DJ Love a elDiario.es, aseverando que “es música de baile creada a partir de la limitación, pero que transforma esa limitación en placer, humor, movimiento y presencia”.

Lo que llamó la atención de Wieneke fue, precisamente, lo autosuficiente y descaradamente local que era la escena. “El trabajo de DJ Love no parecía tanto una imitación como una documentación de la realidad vivida”, asegura. Aun así, esta música fue considerada de mal gusto durante mucho tiempo. Las canciones se propagaban de forma lenta y muy rudimentaria, compartiéndose de teléfono a teléfono mediante conexiones bluetooth de baja calidad. Sin embargo, todo este aislamiento cambió radicalmente con la llegada de las redes sociales y la expansión de la conexión de internet móvil barata en las islas.

La viralización del género

El budots encontró en la plataforma TikTok el trampolín perfecto para darse a conocer ante millones de personas gracias a la sencillez de su ritmo y el enfoque divertido de sus coreografías. Varios temas se han convertido en la banda sonora de infinidad de vídeos virales en todo el planeta. Entre ellos destaca la clásica canción TiwTiw de DJ Love, que se ha coronado como un himno fundamental del género. Por otro lado, el remix Paro Paro G del productor DJ Sandy alcanzó la fama gracias a un baile colectivo que fue imitado incluso por las celebridades más famosas de la televisión filipina.

“A medida que el budots llega a un público global, proteger la propiedad intelectual y el trabajo de Sherwin es una prioridad. Esto implica acuerdos claros, licencias adecuadas y garantizar que los colaboradores entiendan que esta música es una obra cultural, no contenido gratuito o desechable”, defiende Wieneke. “La protección no es solo legal; es ética. Equilibrar la visibilidad global con la autenticidad significa negarse a suavizar las asperezas. No intentamos hacer que budots resulte más 'agradable'. Su carácter local es precisamente la razón por la que conecta a nivel internacional. El objetivo no es exportar un producto, sino invitar a la gente a adentrarse en su contexto”, agrega.

Algunas de las artistas más importantes del momento han utilizado este tipo de música para acompañar sus vídeos, como sucedió con Olivia Rodrigo en una de sus publicaciones en TikTok durante su anterior gira. Una canción que no venía de un refinado estudio de Los Ángeles, sino de los callejones más humildes de la ciudad de Davao. Por su parte, DJ Love se propone a seguir llevando él mismo estas canciones a todos los rincones del planeta. “Actuar a nivel internacional ha sido una lección de humildad. Da igual dónde sean los conciertos, ya sea en Europa o en Asia, mantenerse conectado con el hogar es esencial. La música siempre lleva consigo a la comunidad”, concluye.

María del Carmen derrocha energía. Le cuenta su vida a cualquiera que le pregunte, habla rápido y se muestra muy alegre. Nadie diría que hace seis años, la primera vez que cruzó las puertas de Hogar 2000, lo hizo en silla de ruedas, con unas cataratas muy avanzadas y sumida en una depresión.

Ella es una de las 29 residentes que viven actualmente en este centro de Toledo que acoge a personas con problemas de salud mental o enfermedades crónicas. Pero no se trata solo de una cuestión médica: aquí llegan quienes tampoco tienen recursos económicos ni apoyo familiar.

La diversidad de situaciones es alta, aunque con un patrón común. “Son personas que normalmente no han tenido una buena vida”, cuenta Lorena Aguado, terapeuta ocupacional del centro. “Ya sea porque no tienen recursos económicos o porque vienen de adicciones como alcohol o drogas”. Cuando a alguien en esas circunstancias le sobreviene una enfermedad incapacitante —como un ictus o un trastorno mental grave—, se genera una situación de dependencia sin un entorno que pueda o quiera hacerse cargo.

Es entonces cuando aparece Hogar 2000.

Un recurso público gestionado por Cáritas

Hogar 2000 es un recurso sociosanitario gestionado por Cáritas e integrado en la red pública de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha. Es esta última entidad la que lo financia mediante subvención en un 75% y la que deriva a los nuevos residentes hasta aquí.

En 2026 cumple 25 años desde la colocación de su primera piedra y, en todo este tiempo, ha alojado entre sus paredes a más de 300 personas. Sus 29 plazas están hoy todas ocupadas, con una lista de espera para entrar “bastante grande”, según sus trabajadores.

María del Carmen (57 años), la mujer que abre este reportaje, es una de ellas. Llegó a través de los servicios sociales tras una etapa depresiva en la que no salía de la cama ni comía, lo que la debilitó hasta el punto de necesitar temporalmente una silla de ruedas para desplazarse. Tiene tres hijos, aunque solo mantiene contacto con Asier, el pequeño, de 23 años, del que tiene una fotografía que, asegura, lleva “a todos lados”.

Para ella, Hogar 2000 es su segunda casa, porque le ofrece todo lo que necesita. “Tienes tu habitación, tu ducha y tus cinco comidas; tienes excursiones…”.

Joaquín es otro de los residentes. Lleva dos años en el centro, al que llegó desde otro albergue de Cáritas después de sufrir un ictus y dos infartos cerebrales que le causaron un importante deterioro cognitivo y físico. Antes había vivido con desconocidos en una casa okupa en muy malas condiciones de salubridad.

A sus 59 años, recuerda que se dedicaba a la jardinería en Madrid, que estudió Derecho y que le gustaba jugar al ajedrez. Por desgracia, a consecuencia del ictus, todos esos recuerdos se han emborronado debido a las lagunas de memoria que le han quedado como secuelas.

Pese a su estado de salud, también está contento de estar aquí. “Aquí me cuidan y me atienden muy bien. ¿Qué más quiero?”, dice.

Lorena Aguado explica que lo que intentan los trabajadores es mejorar su autonomía personal “en la medida de lo posible”. “Es decir, si se puede lograr que la persona salga autónoma, se intenta, pero es verdad que no suelen ser la mayoría de los casos y el objetivo es trabajar en su comodidad y en que su última etapa de la vida sea en las mejores condiciones posibles”.

En el centro también se les ayuda en todo tipo de gestiones: a los inmigrantes sin papeles, a regularizar su situación; a quienes puedan tener derecho, a conseguir una pensión; e incluso a recuperar el contacto con la familia, si el residente quiere intentarlo.

“Tenemos un residente que es de Nigeria y no tiene documentación. Como solo habla inglés, había tenido muchos problemas de comunicación y no se sabía si tenía familia. Cuando llegó aquí, conoció a otra chica también de Nigeria a la que le dio el nombre de un familiar. Nos pusimos a buscar y dimos con él. Gracias a ello, él ahora está haciendo videollamadas con su familia”, cuenta Lorena.

“Vienen emocionalmente muy dañados”

El equipo es amplio y variado: 21 personas entre psicóloga, enfermera, terapeuta ocupacional, trabajadora social, auxiliares de enfermería y equipo de atención sociosanitaria, además del personal de limpieza y cocina.

Como terapeuta ocupacional, el trabajo de Lorena se centra en ayudarles a recuperar su autonomía dentro de lo posible: mejorar la capacidad de hacer tareas domésticas o introducir adaptaciones para que retomen la rutina que llevaban antes. “También hago un trabajo rehabilitador para que las personas que tengan una disfuncionalidad física no vayan a peor, sino que se mantengan o mejoren. Y luego también hago mucho un trabajo grupal con ellos, de darles rutinas con diferentes tipos de talleres”.

La psicóloga del centro es Carmen Iglesias. Como son personas “que vienen emocionalmente muy dañadas”, explica, su trabajo consiste en acompañar y ayudarlas a trabajar las emociones. “Hay personas que sí que mejoran anímicamente, pero hay otras con las que, como su situación de salud mental está muy cronificada, es complicado”.

Una de las señas del centro es su aislamiento. Se levanta a las afueras de Toledo, rodeado de fincas y zonas agrícolas, a unos diez minutos en coche del centro de la ciudad.

La ubicación se escogió a propósito. La primera piedra de Hogar 2000 se puso en 2001, siendo concebido en origen como un lugar para atender a personas con VIH en un momento en el que el estigma y los prejuicios hacia esta enfermedad seguían muy extendidos en la sociedad. Por eso se consideró que lo mejor era tratarlas en una zona apartada. Gracias a ese emplazamiento, el espacio nunca fue un problema y pudo diseñarse desde cero una residencia adaptada a las necesidades.

El edificio cuenta con varias salas comunes donde los residentes pasan la mayor parte del tiempo —hacen talleres, ven la tele—, además de varios patios, pistas deportivas, un gimnasio para la rehabilitación física y habitaciones, comedor y cocina.

Aunque lo gestiona Cáritas, una ONG de la Iglesia católica, al tratarse de un recurso público la religión no es un requisito para entrar. En el centro hay una pequeña capilla donde se celebra misa los domingos, pero la asistencia no es obligatoria. “De hecho, tenemos una mujer que es de Guinea Ecuatorial y musulmana. Ella reza en su alfombra cuando le toca, celebra el Ramadán y no come cerdo. Se respeta la religión y no se obliga a nadie”, indica Lorena.

“Familia”

En todos estos años, el centro ha vivido situaciones complicadas. La pandemia fue una de ellas. “Se contagiaron varias personas que afortunadamente tenían la capacidad cognitiva para estar en su habitación y no salir”, recuerda la terapeuta ocupacional. “Pero los que no estaban tan bien no comprendían que tenían que quedarse encerrados, así que era imposible tenerlos en una habitación. Como yo había pasado el COVID, me encargué de ese grupo para que no estuvieran en contacto con los demás que sí estaban aislados”.

La borrasca Filomena fue otro momento crítico. Dejó el centro aislado durante varios días y los trabajadores que estaban de turno tuvieron que quedarse allí en los primeros días, sin posibilidad de relevo. “Hubo residentes a los que sí se les tuvo que sacar en todoterreno porque tenían que acudir a tratamientos médicos urgentes como diálisis”.

Es en estas situaciones difíciles cuando se muestra que la convivencia de residentes y trabajadores ha forjado lo que todas las personas entrevistadas en este reportaje denominan como “una familia”.

María del Carmen y Joaquín ponen un ejemplo muy sencillo, pero muy representativo, que se dio en una de las últimas excursiones a Toledo que hicieron los residentes.

“Íbamos caminando, él estaba cansado y le dije que se agarrase del brazo”, cuenta ella.

“Me dice: 'Agárrate a mí'”, confirma él.

“Es que estaba ya el hombre cansado de tanto andar. A ver, para eso estamos, para ayudarnos entre nosotros”, remata María del Carmen.

Familia.

Zakarías, Auxi, Bernardino, Carlos y Mariví se reúnen una vez por semana en Sevilla. Llevan bolsas con lo básico para que una persona pueda comer o asearse y olvide unos minutos que vive en la calle, en una Sevilla muy hostil con sus 40 grados en verano para la gente que no tiene un techo sobre sus cabezas.

Una ciudad en la que “los cartones duelen mucho”, como explica Fernando Sánchez, una de las personas a las que ayuda semanalmente este grupo de personas, agrupada bajo el nombre de 'La Calle'.

Inician su paseo en el barrio El Arenal y, desde ahí, recorren todos los puntos donde saben que hay alguien que les pueda necesitar, a pie de calle o en sus propias 'minichabolas' de cartón.

Así viven unas mil personas en distintas zonas de Sevilla, cuya situación se agrava en periodos de intenso frío o calor, gente que “se juega la vida” en una ciudad en la que el Ayuntamiento señala que se han habilitado en torno a 125 refugios climáticos en periodos de intenso calor, que se pueden ampliar a 145 si es necesario, pero que no es suficiente.

El problema de encontrar dónde dormir

Hasta hace dos años, algunas de estas personas, hombres en su mayoría, dormían en los soportales del mercado de abastos de la calle.

En 2022, el Ayuntamiento gobernado entonces por el PSOE inició el proceso para cerrarlos con rejas, aduciendo quejas vecinales, y el actual gobierno del PP lo culminó en 2025.

No obstante, “por inercia” muchos pasan buena parte del día apoyados en las rejas, buscando la poca sombra que les alivie del calor.

Mariví López recuerda con rabia cómo vio que le quitaban el sitio para dormir a mucha gente cuando, además, algunos cajeros se cierran de noche para no acoger a estos “inquilinos”.

Ella prefiere mirar hacia adelante y hablar del tío Paco, un hombre para el que es “su sobrina”, o de un joven marroquí, Ahmed, al que han ayudado a regularizar su situación en España, y ahora está ilusionado con trabajar en la fresa en Huelva.

Todo empezó años atrás, cuando se encontró por la calle a una persona que, más que alimentos, necesitaba cariño. “Le dije que si quería tomar un café, y nos pusimos a hablar”, ha explicado. A partir de ahí fue conociendo a más personas en la misma situación, hasta que decidió que, al menos una vez por semana, les ayudaría con lo básico.

Entre los voluntarios está Carlos Wehbi, un argentino que estuvo a punto de perderlo todo por adicción al alcohol, pero que, ya recuperado ha recuperado “la alegría de vivir, las ganas de todo”, y ahora está “en el otro lado”, porque ha pasado de vivir en la calle a ayudar a los sintecho.

Cada uno aporta lo que quiere

Todos ponen algo de su tiempo y ganas por los que menos tienen, como Bernardino, un médico jubilado al que llaman todos “el doctor”, y que les pasa consulta sin coste alguno si lo necesitan, para intentar que su salud no se deteriore más todavía por dormir al raso doce meses al año.

Auxi lleva bocadillos y Zakarías, un té marroquí. Un joven que les pide lo que le puedan dar, porque no había comido en todo el día. En ese momento, ese chico pasa a ser la prioridad de todos. Mariví le sigue con la mirada hasta que se asegura de que ha comido las pastas que le han dado.

“Pastas que no tienen manteca de cerdo, porque nos aseguramos de que todo lo que traemos lo pueda comer cualquier persona sin problemas de creencias”, ha explicado.

Los voluntarios se aseguran de que todos tienen al menos lo básico para no pasar hambre en unas horas, y se llevan a casa algunos encargos, como conseguir que Carlos encuentre trabajo como cuidador de personas mayores en casa u hospitales. Toda ayuda es poca y casi siempre es cuestión más de cariño que de alimentos.

La historia de una perra llamada Luna es un testimonio de supervivencia que comienza en un contenedor de basura. Fue allí donde su dueño la rescató, iniciando un vínculo inquebrantable forjado en la adversidad más extrema de la vida urbana. Durante años, ambos compartieron la calle como único refugio, enfrentando juntos el frío, el hambre y la constante invisibilidad social, siendo su escenario cotidiano, aunque la lealtad de Luna fue el motor que impidió que su compañero se rindiera. Sin embargo, la esperanza ha llegado finalmente a sus vidas tras un largo periodo de incertidumbre y precariedad absoluta.

Y es que hoy ambos se preparan para dejar atrás la intemperie y cruzar el umbral de lo que será su primer hogar estable. Este cambio no es solo un golpe de suerte, sino el resultado de un apoyo integral especializado. La transición hacia una vivienda digna representa el reconocimiento de que su unión es una familia legítima. Para las personas en situación de extrema vulnerabilidad, el miedo a ser separados de sus animales es una barrera constante. Muchos recursos residenciales tradicionales todavía obligan a estas personas a elegir entre un techo o mantener a su compañero. El programa “Mejores Amigos” pilotado por FAADA nace precisamente para asegurar que las familias vulnerables con animales no se separen nunca en momentos críticos. Proteger este vínculo es esencial, ya que el animal suele ser la principal y única fuente de apoyo social.

Se trata de una atención multidisciplinar que entiende que la recuperación personal pasa necesariamente por mantener esta unión afectiva. Luna y su dueño son el ejemplo vivo de por qué es vital que los recursos públicos se transformen. Asegurar que sigan juntos es el objetivo primordial de esta iniciativa que opera con éxito desde hace años. La magnitud de esta necesidad social se refleja claramente en las cifras que manejan los servicios sociales de atención básica. El programa atiende anualmente más de 1.500 peticiones referentes a personas vulnerables acompañadas de sus animales. Estas solicitudes provienen de casos donde individuos en situación de sin hogar necesitan una respuesta que sea empática y técnica.

El equipo trabaja estrechamente con trabajadores sociales para gestionar cada expediente de manera personalizada y con gran sensibilidad. El apoyo ofrecido no es solo emocional, sino que implica una estructura legal que facilita el acceso a nuevos recursos. La colaboración entre entidades permite que casos de exclusión severa tengan ahora una respuesta institucional real y efectiva. Es un modelo de intervención que busca transformar profundamente la mirada de la sociedad hacia el sinhogarismo. Cada caso de éxito representa una oportunidad de empezar de nuevo sin renunciar a la identidad afectiva.

Uno de los pilares fundamentales para que Luna y su dueño accedan a su nuevo hogar es el acompañamiento técnico legal. El programa ofrece protocolos específicos de acceso a recursos residenciales que permiten la convivencia con animales de familia. Hasta hace muy poco tiempo, la entrada en albergues o viviendas sociales con mascotas era una barrera institucional infranqueable. Gracias a la formación de profesionales en el ámbito social, estas limitaciones están desapareciendo gradualmente en todo el territorio. Se asesora técnicamente para asegurar que tanto los derechos de la persona como el bienestar animal sean respetados. Este acompañamiento garantiza que la transición desde la calle hacia una vivienda sea exitosa y sostenible en el tiempo.

La gestión integral permite que los servicios públicos comprendan finalmente la importancia de no romper estos núcleos. Así, el nuevo hogar de Luna no es solo un techo físico, sino un espacio de seguridad jurídica. La salud de Luna ha sido otra de las prioridades absolutas durante todo este complejo proceso de cambio de vida. El programa proporciona asistencia veterinaria gratuita a los animales de personas que acreditan una situación de gran precariedad. Esto incluye desde las vacunaciones obligatorias y desparasitaciones hasta tratamientos de mayor complejidad que serían inasumibles económicamente.

Asegurar que Luna esté sana y con su cartilla sanitaria al día es un requisito indispensable para entrar en viviendas. De esta manera, se garantiza la salud pública y el bienestar de la perra, facilitando su plena integración comunitaria. La asistencia veterinaria actúa como un puente técnico que elimina cualquier excusa sanitaria para denegar el acceso habitacional. Varios colectivos de veterinarios colaboran activamente para que estos servicios esenciales lleguen a quienes más lo necesitan. Luna podrá entrar en su casa con todas las garantías de salud y la protección legal necesaria.

Red de seguridad

El éxito rotundo de casos como el de Luna se cimenta en la colaboración entre diversas instituciones y organizaciones sociales. En ciudades como Barcelona, se ha acompañado ya a más de 400 casos de personas sin techo con animales. Este trabajo conjunto involucra directamente a los equipos de calle y a las oficinas municipales de protección animal. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 también subvenciona parcialmente estas acciones tan necesarias para la justicia. Se ha creado una red de seguridad que abarca desde la asistencia legal hasta la investigación científica universitaria. Estudios de la UAB avalan el impacto positivo de los animales en la salud mental humana. Esta base científica permite argumentar con rigor que mantener a Luna con su dueño es salud pública.

Hoy, la historia de Luna da un giro definitivo hacia un futuro lleno de estabilidad, calor y muchas nuevas esperanzas. Atrás quedan los días amargos en el contenedor y las noches de frío intenso buscando refugio entre las sombras. Ella y su dueño son ahora el rostro de la victoria del vínculo animal sobre la burocracia y la exclusión. El programa “Mejores Amigos” continúa trabajando para que ninguna otra familia tenga que enfrentar la calle por amor.

El Ayuntamiento de Arona, en colaboración con Cáritas Diocesana de Tenerife ha presentado este mediodía el informe Las personas en situación de exclusión residencial extrema en el municipio de Arona 2025, un diagnóstico pionero elaborado por la entidad eclesial que saca a la luz una realidad “invisibilizada” en uno de los principales destinos turísticos del sur de Tenerife.

En una nota, Cáritas revela que el estudio identifica a 307 personas en situación de sinhogarismo entre 2024 y 2025. No obstante, las estimaciones sobre asentamientos informales elevan la cifra real a un rango de entre 470 y 885 personas.

Lejos del denominado “efecto llamada”, el informe señala que el 52,1% de las personas afectadas lleva más de un año en exclusión residencial, y un 14% supera los cinco años. El perfil mayoritario corresponde a hombres (77,9%) de entre 36 y 65 años (64,2%), aunque destaca el incremento de mujeres (22,1%) y de unidades familiares con menores, que se han duplicado desde el primer semestre de 2025.

Además, el sinhogarismo en Arona presenta una importante dimensión migratoria: el 69,8% de las personas afectadas son de origen extranjero y un 36,2% extracomunitarias, lo que agrava su situación debido a las dificultades administrativas que pesentan.

Una emergencia habitacional invisibilizada

El informe de Cáritas, basado en 172 entrevistas en profundidad, ha permitido localizar 22 asentamientos informales en el municipio aronero, que incluyen chabolas, cuevas, edificios inacabados y caravanas.

En este sentido, los datos más relevantes reflejan una situación de extrema vulnerabilidad:

Asimismo, Cáritas Diocesana de Tenerife advierte de que “no se puede normalizar que personas vivan sin acceso a agua o electricidad, expuestas a la violencia y a enfermedades”. Así, desde la entidad eclesial subrayan que este estudio “no es solo un diagnóstico, sino una herramienta para impulsar respuestas urgentes y coordinadas”.

Por todo ello, el documento plantea una batería de propuestas orientadas a generar un impacto real en el municipio, “desde un enfoque de derechos, con perspectiva de género e interseccionalidad”.

Según asegura Cáritas, estas medidas se integran en el desarrollo del plan estratégico municipal que actualmente impulsa el Ayuntamiento.

El consistorio de Arona, por su parte, ha anunciado su compromiso de trabajar de forma coordinada con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para implementar soluciones eficaces. “Conocer la realidad es el primer paso para transformarla. Y este informe nos obliga a pasar de la visibilización a la acción”, concluye el equipo técnico.