Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villamalea, en Albacete, han recibido el Reconocimiento 'Somos Km0' en Igualdad y Derechos Humanos otorgado por elDiario.es Castilla-La Mancha en la segunda edición de estos galardones que reconocen a personas, entidades, colectivos o instituciones que trabajan por el desarrollo social, económico o cultural de la comunidad autónoma.

El reconocimiento lo recogió el equipo que trabaja desde hace años en la integración de colectivos vulnerables y busca homenajear su capacidad para proporcionar, desde un municipio de tamaño reducido, recursos y servicios propios de grandes localidades, centralizados para toda la comarca de la Manchuela.

En esta localidad de poco más de 4.000 habitantes conviven más de 30 nacionalidades y los Servicios Sociales ofrecen programas de formación y mediación intercultural, cuyo éxito ha trascendido fronteras, incluso más allá de Castilla-La Mancha.

El trabajador social Florencio Alfaro, al frente del equipo, recogió el reconocimiento de manos de Pedro Pablo Sabrido, delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha. Con un 27% de la población de origen migrante desde hace años se viene haciendo, decía, “un trabajo de pico y pala, silencioso. Yo creo que casi tres décadas, desde 1999, cuando empezó a llegar la población migrante”.

Alfaro destacó no solo la “lluvia fina” del trabajo profesional, sino también “la complicidad de una forma de ser del pueblo, de las asociaciones o entidades religiosas”, que apoyan la labor de los servicios sociales.

Sobre el escenario, la presentadora del acto y periodista Inma Sánchez Morate entrevistaba al trabajador social y le preguntaba sobre las afirmaciones de quienes dicen que “ser extranjero en nuestro país tiene ventajas porque se llevan todas las ayudas” o a aquellos que apuestan solo por “la prioridad nacional”, excluyendo al resto de personas que hoy habitan nuestro país y contribuyen a su desarrollo social y económico.

“Nos gusta trabajar con ejemplos y desmontar eso, con datos, que es lo que llevamos haciendo muchísimos años”, en un pueblo, añadía, donde “hay convivencia, no hay conflictos, no hay delitos, es un pueblo súper tranquilo”. Por otro lado, criticaba los “bulos” en torno a los menores extranjeros no acompañados a los que, lamentaba, “llaman menas para despersonalizarlos y poder atacarlos”. Florencio Alfaro cree que la mejor manera de evitar “ese odio” es visibilizar las historias de los migrantes.

“La ventaja de un pueblo pequeño es que todo el mundo lo conoce o que las redes sociales o las revistas del pueblo hablen de cuál es su día a día, cómo trabaja, cuál fue su experiencia previa. Así el vecino ve quién trabaja a tu lado, quien vive a su lado. Es esa persona a la que en televisión, en radio, en algunas tribunas políticas están criminalizando. Es una forma efectiva de desmentir bulos”.

En Villamalea, presumía, “no está funcionando”.

Son ya 12 años los que elDiario.es Castilla-La Mancha lleva haciendo periodismo veraz y contrastado, a pesar de todo en la región. Doce años en los que hemos conocido historias que nos han sobrecogido y a personas que de una manera u otra, nos han hecho aprender y descubrir realidades que no conocíamos.

Por ello, no podíamos dejar pasar la oportunidad de volver reconocer y visibilizar la labor de personas o grupos de personas, entidades y asociaciones o instituciones que contribuyen día a día al desarrollo social, económico o cultural de nuestra comunidad autónoma. Así ha sido la segunda edición de los Reconocimientos 'Somos Km0'.

Un acto con un carácter muy reivindicativo, pero también científico, social y cultural, que ha sido conducido por la periodista toledana Inmaculada Sánchez Morate y en el que se han entregado siete reconocimientos -dos de ellos honoríficos- a aquellas personas y colectivos de alguna forma han transformado nuestra región y la vida de los castellanomanchegos y castellanomanchegas.

En la gala de reconocimientos en el Círculo del Arte de Toledo nos acompañaron el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido; la consejera-portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, Esther Padilla; Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha; Juan José Alcalde, teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación del Ayuntamiento de Toledo, así como alcaldes, concejales y otros representantes públicos, igualmente de entidades sociales, culturales o deportivas. También socios y socias de elDiario.es Castilla-La Mancha.

En esta ocasión, el reconocimiento que recibieron las personas galardonadas es una pieza de cerámica con forma de botijo, realizada por la artista toledana María Camisón (Alhaja Cerámica), con detalle en arcilla polimérica elaborado por la también toledana Celia Espinosa (fundadora de la marca de joyas Soy la Mona).

Los reconocidos y reconocidas

Primeramente, el Reconocimiento 'Somos Km0' a la investigación y la divulgación científica se concedió al Observatorio Astronómico de Yebes, en Guadalajara, que acaba de cumplir 50 años de trayectoria. Se trata de uno de los referentes mundiales en el ámbito de la Astronomía, donde entre sus aportaciones destaca su participación en el hallazgo del 30% de las moléculas interestelares conocidas y su posición internacional en el desarrollo y fabricación de tecnología vinculada a los radiotelescopios. De igual forma, el Observatorio ha sido declarado centro oficial para poder seguir el denominado Trío de Eclipses -en agosto de 2026 y 2027, y enero de 2028-.

Este galardón fue recogido por su director, Pablo de Vicente que destacó jocosamente que acabó siendo físico por decisión de sus padres: “Me gustaban las matemáticas, pero mis padres me dijeron que eran muy abstractas y me dijeron ponte a estudiar físicas”.

Después llegó el turno de reconocer la iniciativa emprendedora que lucha por el desarrollo rural y contra la despoblación de la región castellanomanchega, en este caso encarnada a través de la Asociación Cultural El Castillejo de Alcantud (Cuenca). Esta asociación cuenta con dos décadas de trayectoria y ahora está en las manos de cinco jóvenes que han desarrollado actividades de ocio y cultura para todos los públicos en Alcantud, un pequeño municipio conquense. La presidenta de la asociación, Irene Ferrer, ha sido la encargada de recoger el galardón. Muy emocionada, Ferrer pedía un aplauso para las mujeres rurales en su día internacional que se celebraba precisamente este 15 de octubre. “En Alcantud la sensación que tiene la gente del pueblo es que no tenemos medios, pero cualquier servicio está en Priego, a 10 minutos. Queremos que la gente no solo venga los fines de semana, sino que se atrevan a vivir aquí”, ha resaltado, haciendo también alusión a la crisis de vivienda en nuestro país.

La igualdad y los derechos humanos también han sido protagonistas con el reconocimiento para los Servicios Sociales de Villamalea (Albacete), por su trabajo en la integración de colectivos vulnerables y por su capacidad para proporcionar en un municipio de tamaño reducido, los recursos y servicios propios de grandes localidades. Además, trabajan desde hace años para favorecer la convivencia de más de 30 nacionalidades presentes en este municipio albaceteño. Ha sido Florencio Alfaro, que forma parte del equipo, quien ha expresado su gratitud por el reconocimiento, explicando que viven “sin delitos ni conflictos”, y que les encanta desmentir bulos acerca de los migrantes “con ejemplos y datos”: “Mostrar el día a día de los menores no acompañados en redes sociales y que los vecinos vean que se está criminalizando a las personas que trabajan a su lado es una manera efectiva de acabar con los bulos”, ha expresado Alfaro.

Un ejemplo de superación es el de Álvaro González Llave, vecino de Valdeverdeja (Toledo) que también recibió el reconocimiento a la visibilidad sociosanitaria por su valiosa labor al divulgar en redes sociales acerca de la Distrofia Muscular de Duchenne, una enfermedad neurodegenerativa con la que lleva conviviendo desde que tiene un año y medio de edad. A través de su cuenta con más de 20.000 seguidores, González comparte su día a día para dar visibilidad a esta enfermedad poco frecuente. “Me gustaría que las autoridades pudieran dar soluciones para acelerar la burocracia porque precisamente a la gente como yo, tiempo no nos sobra para vivir mejor y de manera digna”, ha reivindicado.

Desde elDiario.es Castilla-La Mancha también se quiso reconocer en el ámbito de la cultura la labor de divulgación del patrimonio documental regional, a través del joven historiador Santiago Díaz del Campo, que desde el Archivo Municipal de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) acerca al público documentos centenarios y fotografías históricas a partir de redes sociales. En el escenario ha señalado que “no sirve de nada tener un archivo enorme si luego no sabemos lo que hay”. Díaz del Campo ha reconocido que en redes evita hablar de grandes hechos, porque lo que verdaderamente le interesa es la microhistoria: “Lo que sufre la gente del día a día”, matizó.

Reconocimientos honoríficos

Por otra parte, también se ha entregado un reconocimiento honorífico a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que acaba de celebrar su 40 aniversario, contribuyendo a la formación de miles de jóvenes y por su papel en el desarrollo social, científico, económico y cultural de la región a través de la investigación y la transferencia de conocimiento.

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha señalado al recibir el reconocimiento que están trabajando de cara a los próximos diez años para “actualizarse con los nuevos tiempos que ya han llegado”. En referencia a la Inteligencia Artificial, ha apuntado que desde la UCLM están intentando “aprovecharla como oportunidad, no como un riesgo”.

Durante el acto también se rindió homenaje a Jesús Fuentes Lázaro, el primer presidente de Castilla-La Mancha, recientemente fallecido. Maestro, historiador, con una dilatada trayectoria política hasta su jubilación fue articulista de elDiario.es Castilla-La Mancha. Su directora, Carmen Bachiller, recordó la trayectoria de un hombre comprometido con la democracia, las libertades y los derechos de las personas. Impulsor de la autonomía de Castilla-La Mancha, destacó también por su labor política, periodística y su defensa de una información rigurosa y plural. Apasionado de la cultura, defendió el patrimonio artístico de Toledo. El acto sirvió para recordar su legado público y cultural, así como su calidad humana, su cercanía y su compromiso con la sociedad. Bachiller junto a Inma Sánchez Morate se han mostrado muy emocionadas al recordar “las interesantes conversaciones” que mantuvieron con él.

Tras el emotivo homenaje, el director de elDiario.es Ignacio Escolar se refirió desde el escenario al vertiginoso año 2026, en lo informativo, aludiendo a grandes exclusivas protagonizadas por el medio como el caso Julio Iglesias, después de que ayer se conociese que la Fiscalía es partidaria de investigar al cantante. “Cada vez es más difícil informar por el tema judicial”, ha destacado.

Habló de la necesidad de un periodismo veraz y contrastado, a las puertas de unas elecciones generales en mitad de un ambiente muy crispado y polarizado y también avanzó algunos de los retos futuros para el periódico: “Queremos contar el proceso electoral muy bien y estamos comprometidos a contarlo desde todas las autonomías”, ha expresado, aunque también ha perfilado que un compromiso de este medio es contar la información desde la cercanía: “Hemos defendido siempre que las historias están en los barrios, no en los parlamentos”.

Igualmente, agradeció a los 124.000 socios y socias que siguen apoyando el periodismo a pesar de todo en elDiario.es y en las diferentes ediciones locales.

Una historia... de Pablo Albo

El broche de oro lo puso el cuentista y narrador Pablo Albo (Alicante, 1971) que narró una historia de recuerdos de su infancia, muy humorística y con multitud de elementos participativos con el público congregado en el Círculo de Arte de Toledo.

El artista y escritor, ahora afincado en una pedanía de Chinchilla de Montearagón (Albacete), lleva más de tres décadas dedicado al mundo de las letras y de la narración, habiendo publicado más de 50 títulos, y siendo distinguido en dos ocasiones con el Premio Lazarillo de literatura infantil y juvenil.

En este caso, hizo una radiografía de los niños y niñas que vivieron las décadas de los ochenta y noventa en el colegio, con bocadillos de chorizo o de morcilla: “Íbamos al colegio a crecer, yo iba porque era lo único que había abierto en mi pueblo a esa hora”, ha señalado, aunque reivindicando la escuela pública.

Una sucesión de anécdotas que provocaron las carcajadas de los asistentes y algún que otro susto, para finalmente finalizar con un emotivo aplauso.

La gala de reconocimientos también fue amenizada por el músico y artista afincado en Toledo, Sergi Fecé.

Nos han apoyado en esta gala de reconocimientos la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Guadalajara, la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Toledo, Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha y BBVA. Además, han colaborado la DO La Mancha, Cervezas Arriaca y San Telesforo.

¡Gracias a todos, todas y todes por acompañarnos un año más!

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria ha denunciado este martes que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) ha retirado por segunda vez una pancarta reivindicativa del nuevo convenio colectivo del personal laboral que, en este caso, estaba ubicada en el exterior del Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI) de La Albericia.

“El viernes 9 de octubre, día de reunión del Consejo de Gobierno de Cantabria, se dio la orden a una persona para acudir al centro y retirar la pancarta, que estaba en una verja exterior que en nada impedía el normal funcionamiento del centro”, han explicado los sindicatos, que consideran este hecho “un ejemplo más de que el Gobierno no acaba de sintonizarse con la negociación”. Y es que el día 7 de octubre ya denunciaron que el ICASS había retirado del CAD de Sierrallana una pancarta reivindicativa del nuevo convenio colectivo.

El órgano sindical, que representa a 2.300 trabajadores del personal laboral de la Administración General del Gobierno de Cantabria, considera que “una prueba más de esa falta de sintonía negociadora” es que en el Consejo de Gobierno del pasado viernes se anunció la ampliación de la financiación del convenio en un 1,5 millones pero también dos medidas para el personal del Servicio Cántabro de Salud (SCS) “que se han rechazado categóricamente en la negociación de nuestro convenio” como son el pago de festivos y noches en procesos de incapacidad temporal y del abono de sábados como domingos y festivos.

En un comunicado, el comité de empresa del Gobierno ha reprobado que “lo que a nosotros nos niegan, a otro personal de la Administración autonómica se lo dan y esas son las diferencias de trato entre empleados públicos que este comité viene denunciando desde el inicio de la legislatura”.

En relación a la retirada de la pancarta reivindicativa del nuevo convenio del personal laboral, los sindicatos han considerado que “lo positivo de este atropello es que, de nuevo, una delegación del comité de empresa se acercó esta mañana al CAPI de La Albericia para saludar a las compañeras y compañeros, para recoger la pancarta, hacernos una foto con el personal que pudo acercarse un momento y pudimos conocer las carencias diarias del centro como la falta de material infantil y hablamos de algo tan básico como baberos o la avería de la única secadora desde hace semanas”.

El órgano sindical ha reiterado en que “estamos acudiendo a la negociación pero seguimos sin la propuesta económica alternativa que por fin llegará este jueves 15 y hay que debatir artículos que se deben traducir en derechos laborales avanzados”.

Y es que para los sindicatos, la negociación del nuevo convenio colectivo “no está teniendo el ritmo necesario y seguimos solicitando por lo menos dos reuniones semanales”.

“La parte social de la comisión negociadora estamos reuniéndonos varias veces a la semana para dar agilidad a una negociación que lleva mucho retraso y haciendo un esfuerzo por consensuar propuestas únicas a la Administración en un ejemplo constante de diálogo y concesiones de todas las organizaciones sindicales”, concluye el comunicado.

Toledo acogerá el próximo 15 de octubre la II edición de los Reconocimientos 'Somos Km0' que otorga la edición en Castilla-La Mancha de elDiario.es

El acto tendrá lugar a las 19 horas en el Círculo de Arte de Toledo con el objetivo de visibilizar la labor de personas o grupos de personas, entidades y asociaciones o instituciones que contribuyen al desarrollo social, económico o cultural de la comunidad autónoma.

En 2026, los Reconocimientos 'Somos Km0' de elDiario.es Castilla-La Mancha distinguirán a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen al progreso científico, social, cultural y económico de la comunidad autónoma y a la defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos. El acto contará con la asistencia de Ignacio Escolar, director de elDiario.es, y Carmen Bachiller, directora de elDiario.es Castilla-La Mancha.

'Somos Km0' 2026

En esta edición se reconocerán iniciativas vinculadas a la investigación científica, el emprendimiento y la lucha contra la despoblación, la igualdad y la integración social, la visibilidad sociosanitaria y la divulgación del patrimonio histórico. Además, habrá dos reconocimientos de carácter honorífico, uno de ellos a título póstumo.

En un acto conducido por la periodista Inma Sánchez Morate el Reconocimiento 'Somos Km0' a la investigación y la divulgación científica recaerá en el Observatorio Astronómico de Yebes, en Guadalajara, que acaba de cumplir 50 años de trayectoria.

El centro se ha consolidado como uno de los referentes mundiales en el ámbito de la Astronomía, tanto por su contribución al conocimiento del medio interestelar como por su capacidad de innovación tecnológica. Entre sus aportaciones destaca su participación en el hallazgo de alrededor del 30% de las moléculas interestelares conocidas y su posición internacional en el desarrollo y fabricación de tecnología vinculada a los radiotelescopios. Además, el Observatorio ha sido declarado centro oficial para el seguimiento del denominado Trío de Eclipses. El reconocimiento será recogido por su director, Pablo de Vicente.

En el ámbito de la iniciativa emprendedora, el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación, el Reconocimiento 'Somos Km0' será para la Asociación Cultural El Castillejo de Alcantud, en Cuenca. La asociación cuenta ya con dos décadas de trayectoria y en los últimos cinco años ha visto cómo varios jóvenes tomaban el testigo para impulsar nuevas oportunidades de desarrollo, ocio y cultura en este pequeño municipio conquense. La presidenta de la asociación, Irene Ferrer, será la encargada de recoger el reconocimiento.

Los Servicios Sociales de Villamalea, en Albacete, recibirán el Reconocimiento 'Somos Km0' en Igualdad y Derechos Humanos por su trabajo en la integración de colectivos vulnerables y por su capacidad para proporcionar, desde un municipio de tamaño reducido, recursos y servicios propios de grandes localidades, centralizados para toda la comarca de la Manchuela.

El equipo trabaja además desde hace años para favorecer la convivencia entre las más de 30 nacionalidades presentes en Villamalea, mediante programas de formación y mediación intercultural. Una labor que ha convertido al municipio en una experiencia de referencia más allá de Castilla-La Mancha. El equipo de Servicios Sociales recogerá el reconocimiento.

La visibilidad sociosanitaria tendrá también un reconocimiento propio. En este caso será para Álvaro González Llave, vecino de Valdeverdeja, en Toledo, por su valiosa labor de divulgación en redes sociales sobre la Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), una enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada cuando tenía apenas un año y medio.

A través de sus redes sociales, donde cuenta con más de 20.000 seguidores, Álvaro comparte su día a día y contribuye a dar visibilidad a una enfermedad poco frecuente y a las personas que conviven con ella. Su trayectoria se ha convertido en un ejemplo de perseverancia y vitalidad. Él mismo será quien reciba el reconocimiento.

En el ámbito de la Cultura, el reconocimiento recaerá en el joven historiador Santiago Díaz del Campo, por su labor de divulgación del patrimonio documental de Castilla-La Mancha y, especialmente, por acercar al público documentos centenarios y fotografías históricas conservados en el Archivo Municipal de Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real.

Su trabajo ha permitido acercar el patrimonio histórico a nuevos públicos y contribuir a preservar y difundir la memoria de los municipios rurales. Díaz del Campo será el encargado de recoger un reconocimiento que pone en valor una forma de divulgación histórica apoyada en las nuevas herramientas y canales de comunicación.

Los reconocimientos honoríficos

Junto a estos cinco reconocimientos, elDiario.es Castilla-La Mancha entregará dos más con carácter honorífico.

El primero distinguirá los 40 años de historia de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) por su contribución a la formación de miles de jóvenes y por su papel en el desarrollo social, científico, económico y cultural de la región a través de la investigación y la transferencia de conocimiento.

La institución, creada en junio de 1982 y con actividad académica desde el curso 1985/1986, nació con el propósito de ser útil y con dos principios que continúan formando parte de su identidad: el servicio público y la vertebración territorial. El rector de la UCLM, Julián Garde, recogerá el reconocimiento.

El segundo reconocimiento honorífico lo será a título póstumo para Jesús Fuentes Lázaro, político, periodista, maestro y activista cultural, por su contribución a la construcción de la comunidad autónoma, su defensa de los valores democráticos y de la igualdad de oportunidades y su compromiso con la cultura y el patrimonio. Fue el primer presidente de Castilla-La Mancha tras entrar el vigor el Estatuto de Autonomía, en 1982. El reconocimiento será recogido su esposa, María de los Ángeles Gómez Núñez.

El acto reunirá así a representantes de ámbitos muy diferentes, con el objetivo de reconocer iniciativas y trayectorias que han contribuido a transformar Castilla-La Mancha desde sus pueblos, instituciones, centros de investigación y espacios culturales y sociales.

El acto está patrocinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Guadalajara, la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Toledo, Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha y BBVA. Además, colaboran la DO La Mancha, Cervezas Arriaca y San Telesforo.

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria (CSIF, UGT, CCOO, SIEP, TU, SUC e Independientes) ha denunciado que el ICASS ha procedido a retirar del CAD de Sierrallana una pancarta reivindicativa del nuevo convenio colectivo, lo que en su opinión evidencia “una actuación coordinada del Ejecutivo autonómico contra las movilizaciones sindicales”.

El comité, tras recoger la pancarta, ha calificado el hecho como “sin precedentes en su trayectoria reivindicativa”. “Nunca en la historia de lucha de este comité, en sus numerosas batallas, el Gobierno había retirado una pancarta reivindicativa”, ha señalado en un comunicado el órgano de representación de los trabajadores.

Según ha explicado, la pancarta con el lema 'En lucha por un IX Convenio Colectivo justo y digno' había comenzado su recorrido por distintos centros de trabajo dentro de las movilizaciones por el nuevo convenio, pero fue retirada “en pocas horas” por el ICASS.

Los representantes sindicales han considerado que la actuación podría responder a una “consigna dada por Presidencia de Gobierno a todas las consejerías”, y han vinculado la retirada con lo que consideran una “falta de diálogo” por parte del Ejecutivo autonómico.

Para el comité, se trata de “un hecho más de la actitud dictatorial y antisindical que mueve diariamente sus acciones” y ha denunciado que la decisión afecta al derecho a informar sobre sus reivindicaciones.

“A las personas, no solo a los trabajadores, les han impedido una acción habitual en toda reivindicación, como es informar a la ciudadanía de lo que estamos sufriendo hace dos años, del porqué de nuestra lucha”, han señalado los representantes de los trabajadores.

Asimismo, ha criticado la forma en que el ICASS habría comunicado las indicaciones sobre la pancarta, utilizando “la aplicación informática para el control diario del bienestar de los usuarios para trasladar artículos de la LOLS y señalar que la pancarta debía colocarse en el tablón informativo”, lo que en su opinión “raya lo ridículo”.

El órgano de representación ha expresado su preocupación por la situación generada entre los trabajadores del centro que salieron a apoyar al comité cuando sus representantes acudieron a retirar la pancarta, ya que, según ha afirmado, “se les había advertido de que se les podría descontar de la nómina el tiempo correspondiente incluso por salir un minuto a mostrar su apoyo”.

Pese a lo sucedido, el comité ha asegurado que mantendrá su respaldo a los distintos centros de trabajo y las movilizaciones por un IX Convenio Colectivo “justo y digno”. “El comité de empresa apoya a los centros de trabajo y manifestamos nuestra firmeza en la lucha que hemos iniciado”, ha concluido el órgano de representación, que ha considerado que lo ocurrido evidencia “una actuación coordinada del Ejecutivo autonómico contra las movilizaciones sindicales”.

La empresa concesionaria del servicio de ayuda en el hogar de Santiago de Compostela ha pagado las nóminas de septiembre después de que las trabajadoras denunciasen públicamente que les había trasladado que no las iba a abonar, lo que provocó un reguero de reacciones y críticas por la situación que se vive en este servicio en la capital gallega. La concejala de Servicios Sociales, María Rozas, volvió a cargar contra la empresa por lo que considera una “actitud irresponsable e impresentable” por tratar de culpar al Ayuntamiento del impago.

Rozas señaló que sigue explorando todas las vías, incluida la judicial, contra la empresa adjudicataria, Siad 24 - Asistenzia, que pagó los salarios el jueves, según recoge Europa Press. La edila cargó contra la compañía por haber trasladado a las trabajadoras que no podría pagarles porque Raxoi tenía retrasos en el abono de las facturas, algo que es “rotundamente falso”.

En este sentido, subrayó que cobrar los salarios es un “derecho básico que tienen todas las trabajadoras”, y es una “obligación de las empresas pagarlos en tiempo y en forma”. Lamentó que la situación haya generado “una situación de preocupación enorme” entre las empleadas, “mayoritariamente mujeres y que no tienen una situación económica boyante”.

María Rozas asegura que el Ayuntamiento de Santiago está al “corriente” en el pago de facturas y que las ha abonado “en tiempo y forma” durante el contrato. Recalcó que la empresa pagó las facturas “un día después” de hacer esas afirmaciones falsas a las trabajadoras, por lo que “quedó acreditado” que lo que comunicó previamente era mentira. “No nos va a temblar el pulso para exigir el cumplimiento contractual”, añadió.

El Gobierno local ya inició un procedimiento sancionador contra la empresa por incumplimiento de obligaciones laborales. “En agosto salió una propuesta de sanción a la empresa por no estar cumpliendo con sus obligaciones laborales con las trabajadoras al no haber abonado la paga extraordinaria de junio en plazo”, explicó Rozas, que agregó que la semana pasada terminó el plazo que tenía la empresa para presentar alegaciones.

Las trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar (el servizo de axuda no fogar, SAF) de Santiago de Compostela no cobraron la paga extra de junio y ahora acaban de conocer que no van a ingresar tampoco la nómina de septiembre. Así se lo trasladó el martes la empresa concesionaria, Siad 24 - Asistenzia Santiago, que es, en realidad, una unión temporal de empresas. “No estamos hablando de una cuestión puntual, estamos ante un problema que se repite y que está generando una situación de abandono absoluto de las trabajadoras y de deterioro de un servicio esencial para personas que necesitan una atención todos los días”, protesta UGT, sindicato al que pertenece la presidenta del comité de empresa, Esther Goris.

El sindicato atribuye el problema a un conflicto entre la empresa y el Ayuntamiento y avisa de que las víctimas están siendo las trabajadoras y las personas que reciben los servicios. Exige una solución inmediata: “El Ayuntamiento tiene que garantizar que un servicio esencial funcione y que quien lo presta, cobre por su trabajo”. Recuerda que los destinatarios son personas especialmente vulnerables.

Por su parte, el Ayuntamiento argumenta que no tiene responsabilidad en los impagos en el SAF porque “ha pagado siempre en tiempo y forma”. La concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas (Compostela Aberta) considera “inaceptable” la actitud de la empresa, que dice que no la ha informado. Conoce la situación por las propias trabajadoras y por los medios de comunicación, según recoge Europa Press. La única factura que está pendiente de pago en la actualidad es la del mes de agosto, que se registró el 17 de septiembre, según Rozas, que señala que el Ayuntamiento ha hecho varios requerimientos a la empresa en los últimos meses para que acredite el pago de los salarios.

La concejala agregó que esos requerimientos se hicieron en parte verbalmente, pero también por canales oficiales. “Estamos aplicando las medidas que están a nuestro alcance, implementando sanciones tal como están recogidas en el pliego y tal y como nos demandaron las trabajadoras y los propios usuarios”, defendió. La posibilidad de recurrir a la vía judicial está abierta, según Rozas, que criticó que la empresa incurra en impagos de nóminas cuando “factura millones de euros”.

El contrato para prestar el servicio de ayuda en el hogar en Santiago está prorrogado. La adjudicación se hizo en 2024 por un plazo de dos años. El nuevo contrato está en licitación desde agosto.

También se ha pronunciado sobre la cuestión portavoz del PP en Santiago, Borja Verea, que pide una respuesta inmediata por el impacto que tiene para las trabajadoras, sobre todo en un contexto de encarecimiento de la vivienda y los precios de los bienes de consumo: “Un gobierno que se define como social no puede permanecer impasible cuando 200 trabajadoras de un servicio público esencial no cobran”.

Mientras decenas de profesionales de los servicios sociales se concentraban a las puertas de una comisión municipal, su concejal sorteaba críticas dentro y fuera del edificio. Los gritos de “privatización” y el maletar entre la plantilla han marcado una mañana tensa en la Plaza de la Villa, donde habían decidido reunirse para protestar por la externalización de los CAI. Este es un recurso público para la atención a la Infancia que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido externalizar, pasando a un modelo de gestión indirecta en los tres centros de este tipo que aún tenían bajo su mando.

La protesta se hizo coincidir con una comisión en la que responsables municipales del área de Familias repondía a portavoces de la oposición, que no perdieron la ocasión de recordar este conflicto. La representante de Más Madrid, Lucía Lois, pidió directamente en sala la “paralización de esta privatización” en los Centros de Atención a la Infancia; pero el delegado de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, esquivó el debate reproduciendo vídeos de Rita Maestre, su rival en el Ayuntamiento, hablando de su gestión de los CAI durante su etapa en el Gobierno local de Manuela Carmena.

“Nosotros vamos a ampliar recursos igual que lo hizo Carmena [...] Sois pura hipocresía”, ha zanjado Fernández sobre la protesta por los recursos para la infancia, evitando responder directamente a los ataques hacia su gestión mientras, de puertas para afuera, una multitud de trabajadores hablaba de “asfixia” en los CAI y pedían no solo mantener el servicio como hasta ahora, sino ampliar su cobertura y mejorar las condiciones de la plantilla.

“Ahora mismo hay un aumento de riesgos psicosociales, bajas por estrés o burnout, agresiones que no se visibilizan porque no se puede dar respuesta a las familias y gente que está muy sobrepasada. Todo esto ya está generando el deterioro de un sistema público, así que es necesario que se mantenga como tal”, coincidían frente a los medios las portavoces de la Plataforma de Servicios Sociales Públicos de Madrid, que ha llamado a concentrarse durante la comisión municipal.

Privatizar o no, esa es la cuestión

Por su parte, la propia Lucía Lois se mostró convencida antes de arrancar el pleno de que la gestión privada de todos los CAI implicará “salarios bajos” o “rotación constante” entre profesionales; lo que también puede mermar la calidad de un servicio que sigue siendo público. También la representante del PSOE, Ana Lima, aprovechó para advertir de una “precarización” que puede obstruir la función de estos centros. “La atención a la infancia necesita de profesionales que generen un vínculo y estén especializados”, resolvía Lima, sugiriendo que para ese nivel de implicación hace falta cierta estabilidad.

En realidad, el conflicto con los Centros de Atención a la Infancia estalló en mayo, cuando el Ayuntamiento de Madrid anunció dos nuevas aperturas en Vallecas. Una aparente buena noticia que, sin embargo, no sentó bien a todos; pues implicaba redistribuir a los trabajadores de los CAI 1, 2 y 3. En total, la ciudad alberga 12 y estos quieren ampliarse con dos puntos más. La reorganización municipal contempla que los 38 funcionarios que trabajan actualmente en esos tres centros pasen al nuevo CAI 14, especializado en los procedimientos de declaración de riesgo de los menores.

Aunque el Gobierno de Cibeles recuerda que estos procedimientos deben ser asumidos exclusivamente por personal funcionario, y basan ahí su argumento para redistribuir al personal. De hecho, desde el Área de Servicios Sociales niegan que este giro implique una “privatización” del sistema e insisten en los modelos de gestión indirecta que se han usado en casos similares. De momento, la previsión es que los nuevos CAI entren a funcionar en diciembre: uno de ellos para absorber parte de la carga en Villa de Vallecas y el otro, únicamente para las declaraciones de riesgo. “Nuestra propuesta sigue siendo la misma: hay que municipalizar el servicio”, concluyen los asistentes a la protesta.

Canarias parte de una situación en la que los informes estatales puntuaban el desarrollo de los servicios sociales como “irrelevantes”. Así se constata por ejemplo en el informe del índice DEC de la asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales del año 2012. En el último informe, sin embargo, la comunidad autónoma aprueba con un 6,35 y es la cuarta comunidad en desarrollo de sus servicios sociales, solo por detrás de País Vasco, Castilla León y Navarra.

¿Qué ocurrió para llegar este punto? El informe habla de un momento de inflexión en el año 2022 cuando se aprobó en la anterior legislatura el catálogo de servicios sociales que “consolidó” los derechos del sistema y supuso un impulso decisivo. Entonces, se consiguió pasar de 3,66 puntos en 2021 a 5,09 puntos en 2022 (superando por primera vez el nivel medio).

Esta tendencia ascendente se mantuvo en los años posteriores, pasando de 5,33 puntos en 2023 a 5,38 en 2024, hasta alcanzar el máximo histórico de 6,35 puntos en 2025.

El factor fundamental para la mejora ha sido la financiación. Canarias, de hecho, alcanza un 10 sobre 10 en la dimensión de Relevancia Económica (E) y obtiene la máxima puntuación en los tres indicadores presupuestarios analizados. Así, entre 2014 y 2024, el gasto por habitante aumentó un 134,2%. Asimismo, pone énfasis en el papel de los cabildos en este sistema.

Por su parte el porcentaje que representa el gasto en servicios sociales de las Administraciones Públicas de Canarias sobre el PIB de esa Comunidad ha alcanzado en 2024 su máximo histórico, situándose en el 2,79%, con un incremento de 0,26 puntos respecto al año anterior. La media estatal fue de 1,75%.

De hecho, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias confía en que debido a las nuevas inversiones inyectadas a su red, procedentes de fondos regionales y de los estatales que se derivarán de la recién aprobada reforma de la Ley de Dependencia, la comunidad autónoma pase de estar en el cuarto puesto al tercero en el próximo informe.

No obstante, el informe destaca, por un lado, una serie de aspectos clave en los que la comunidad avanza y otros en los que aún hay deficiencias. Por un lado, en cuanto a las Rentas Mínimas de Inserción canarias se sitúa por encima de la media nacional, pues la cuantía supone, como media el 16,9% de la renta media en Canarias, mientras que en el conjunto de España esta cuantía es del 14,5%.

Los déficit según el informe

Según el informe, la comunidad autónoma destaca también en centros de Día para personas mayores, con una cobertura del 3,15% frente al 2,19 de media del conjunto de Comunidades; en plazas de acogida para víctimas de violencia de género, con 22,9 plazas por cada 100 mujeres con orden de protección en Canarias, frente al 16,2% de media estatal.

También destaca por las plazas residenciales para personas sin hogar, con 245,5 plazas por cada 100.000 habitantes (media del conjunto de Comunidades: 86,4).

Sin embargo, entre los aspectos deficitarios apunta la insuficiencia de profesionales en las estructuras básicas de servicios sociales, con un trabajador o trabajadora a por cada 2.261 habitantes en Canarias, siendo la media estatal un trabajador/a por cada 1.363 habitantes.

Retos en servicios sociales

Otro reto son las plazas residenciales para persona mayores, con una cobertura de 3,76% en relación con las personas mayores de 75 años, siendo la media estatal de 5,50%. Y también sigue a la cola en teleasistencia, con una cobertura de 5,1% en relación con las personas mayores de 75 años, frente al 24,0% de media estatal.

Por otro lado, la atención a la discapacidad se sitúa en niveles inferiores a la media tanto en plazas residenciales (0,9% frente a 1,8% estatal) como en centros diurnos y ocupacionales (2,1% frente a 3,2% estatal). Además, en materia de atención a la dependencia obtiene un 0,45 puntos sobre 1 punto. Asimismo, en el apartado de “ayuda a domicilio” Canarias no puntúa porque presenta en el Imserso un “dato inverosímil” al presentar 15 años seguidos el mismo número de horas de cobertura.

Otros retos de los que habla el informe son: definir e implantar la Historia Social Única en los servicios sociales insulares; aunque dispone de normativa reguladora, aún no ha constituido formalmente el Comité de Ética autonómico y afea la ausencia de una estrategia de investigación.

El Gobierno de Aragón ha eliminado de la convocatoria de subvenciones para familias, infancia y adolescencia que se publica este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la línea 4, dotada con 500.000 euros procedentes íntegramente del Pacto de Estado en materia de violencia de género y aportados por el Gobierno de España. La supresión de esta partida –destinada a “fomentar la parentalidad positiva y el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes, para la prevención de la violencia familiar y de género”– reduce el presupuesto total de la convocatoria hasta los 948.500 euros, frente a los cerca de 1,5 millones del año anterior. La oposición y la Delegación denuncian que la comunidad ha perdido ese medio millón de euros por “motivos ideológicos”.

La medida se enmarca en el acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox en Aragón en abril, que incorpora el criterio de “prioridad nacional” como pauta a aplicar durante toda la legislatura en el reparto de ayudas públicas. El Ejecutivo autonómico, liderado por Jorge Azcón (PP) con Alejandro Nolasco (Vox) como vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, aplicó por primera vez ese criterio en junio a las ayudas para familias en partos y adopciones múltiples, y volvió a hacerlo en julio con las mismas ayudas.

El vicepresidente aragonés compareció este martes junto al director general de Familia, Infancia y Natalidad, David Sainz, para presentar la nueva convocatoria de subvenciones a entidades sociales (un centenar largo en Aragón) en materia de conciliación familiar. “Estas subvenciones traen una novedad con respecto a años anteriores, la introducción de la prioridad nacional. En los criterios de valoración de esta orden se premian en mayor medida aquellos proyectos que prioricen a los nuestros, a los de casa”, afirmó Nolasco.

El criterio otorga 5 puntos adicionales a las entidades que acrediten “un mayor número de familias y personas beneficiarias con residencia legal, efectiva y continuada en Aragón durante un periodo mínimo de cinco años”. Fuentes de la propia Consejería precisaron que se trata de “un criterio de puntuación, que no excluyente”. Nolasco defendió la medida apelando a que “los recursos de cualquier administración pública son finitos”, por lo que existe “la obligación” de repartirlos de la manera “más justa para todos los aragoneses y españoles”.

El reparto de la convocatoria

La convocatoria, dotada con 948.500 euros, se distribuye en tres líneas. La primera, para servicios de apoyo a la conciliación de familias con hijos menores de 16 años (o hasta 21 en caso de discapacidad o dependencia), cuenta con 498.500 euros: 350.000 de fondos propios del Gobierno de Aragón y 148.500 del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad. La segunda, para familias a cargo de personas mayores de 21 años en situación de discapacidad o dependencia, suma 150.000 euros, íntegramente autonómicos. La tercera, para actividades de prevención de la “violencia intrafamiliar”, se dota con 300.000 euros.

Según cifras facilitadas por la propia consejería, el año pasado la línea 1 contó con 600.000 euros (450.000 propios más 150.000 del Plan Corresponsables), 101.500 euros más que este año. A esa reducción se suma la desaparición íntegra de la línea 4, de 500.000 euros. La consejería cifra la merma total de la convocatoria en 600.000 euros respecto al ejercicio anterior.

La Delegación del Gobierno en Aragón, dependiente del Ejecutivo central, ha respondido acusando al Ejecutivo autonómico de “abrazar el negacionismo de la violencia machista” y “renunciar” a los 500.000 euros del Pacto de Estado. Según su versión, no se trata de una decisión del Ministerio, “sino de una renuncia consciente y por cuestiones ideológicas del Ejecutivo autonómico”, que habría perdido esos fondos al sustituir en la convocatoria el término “violencia de género” por el de “violencia intrafamiliar”.

Críticas del PSOE

Tras el Consejo de Gobierno de este miércoles, la vicepresidenta Mar Vaquero ha salido al paso para matizar el alcance del criterio: la prioridad nacional, ha afirmado, “se tiene en cuenta para tener una mayor puntuación”, explicó, y ha precisado que el criterio “se viene incorporando” ya en “alguna de estas convocatorias”. Sobre la reducción presupuestaria, Vaquero ha hablado de “una minoración” y ha trasladado la responsabilidad al Gobierno central, “que recortó fondos”, subrayando que el Ejecutivo aragonés “ha mantenido la aportación a la que se comprometió”. No se ha pronunciado sobre el cambio de terminología señalado por la Delegación del Gobierno.

Desde el PSOE, la diputada Mónica Iglesias ha cargado contra el Ejecutivo de Jorge Azcón por renunciar al medio millón de euros, en línea con lo expresado por la Delegación del Gobierno. La parlamentaria socialista ha recordado que en 2025 existía una línea específica destinada a fomentar la parentalidad positiva, proteger a niños, niñas y adolescentes y prevenir expresamente la violencia familiar y de género. “Estamos ante una renuncia consciente. El dinero estaba disponible. Era dinero para Aragón, para proyectos desarrollados en Aragón y para beneficiar a menores y familias aragonesas”, ha señalado Iglesias, quien considera que el Ejecutivo autonómico “ha decidido prescindir” de ese dinero “por una cuestión estrictamente ideológica”.

“Lo más grave es que ese negacionismo ya no se queda en declaraciones: empieza a tener consecuencias presupuestarias y a costarle dinero a Aragón y a los aragoneses”, ha afirmado la diputada. Iglesias ha indicado que 46 entidades sociales aragonesas se van a ver afectadas por la exclusión de determinados proyectos. Entre ellas ha citado a Fundación Adunare, Fundación DFA, Kairos, Fundación Piquer, Asapme Aragón, entre otras.

El vicepresidente de Vox del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha minimizado la crisis interna en su departamento tras la dimisión, hace unos días, de la gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que llevaba en el cargo poco más de tres meses. Además de asegurar que la decisión ha obedecido a motivos personales, Nolasco ha arremetido contra los sindicatos y partidos de izquierda, a los que acusa de estar interesados en “erosionar al Ejecutivo”.

La dimisión se ha producido tras un periodo convulso en el que Vox ha centrado buena parte de sus políticas públicas en los menores migrantes y los centros de acogida. Entre otras medidas, planteó incrementar la vigilancia policial en el interior de las instalaciones, una iniciativa que frenó el PP. También ha impulsado propuestas como la realización de pruebas para comprobar la edad de los niños y niñas o la retirada de la paga semanal únicamente a los menores extranjeros.

Alejandro Nolasco ha explicado este viernes que “lo que nos dijo Marta Tejero es que se iba por motivos personales. Ella vuelve a ser jefa de servicio de menores y lo que tenemos que hacer es agradecer la labor de lo que ha hecho hasta ahora y desearle muchísima suerte en su jefatura de servicio que ya conoce porque ya viene de ella”.

No obstante, ha reprochado a partidos y sindicatos de izquierda que aprovechen la situación para erosionar al Ejecutivo y tratar de generar una imagen de caos. Sus declaraciones se producen después de que Comisiones Obreras se hiciera eco del malestar de numerosos funcionarios a la hora de ejecutar determinadas órdenes del departamento.

“Me llama mucho la atención que los sindicatos que no se manifiestan cuando sube la luz más que nunca, que no se manifiestan cuando estamos ante una crisis de seguridad como nunca, cuando Ceuta ha sido invadida, cuando los españoles hoy son más pobres que ayer y cada día más, que esos sindicatos solo se manifiestan o hagan declaraciones en base a cosas que ellos mismos se inventan o dicen con el único objetivo de desgastar el gobierno”, ha respondido Nolasco.

El vicepresidente ha considerado además “un chiste” que los sindicatos formulen estas críticas “cuando lo que tienen que hacer es manifestarse contra este gobierno”, en referencia al Gobierno de España.

Lejos de admitir que exista descontento entre los funcionarios, el vicepresidente de Vox y consejero de Bienestar Social ha insistido en que todo responde a “una campaña de este sindicato para intentar hacer daño al departamento porque sabe que lo estamos haciendo bien”.

Nolasco se ha pronunciado así por primera vez sobre la salida de la gerente del IASS. Antes que él lo hizo la portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, quien trató de desvincular la dimisión de una posible crisis interna en el departamento.

“No vamos a alimentar ninguna de las demás cuestiones que se planteen alrededor. Yo creo que la Señora Tejero ha dado sus razones, ha actuado, el consejero también ha actuado con la correspondiente responsabilidad y a partir de ahora les anunciaremos cuando corresponda quién será la persona que va a asumir ahora ese cargo”, afirmó Vaquero.

La elección del próximo responsable del IASS corresponderá al consejero Nolasco, según explicó la portavoz del Ejecutivo, quien expresó su confianza en el criterio del vicepresidente para realizar el nombramiento.

Sin embargo, el vicepresidente tampoco ha despejado la duda de quién sucederá a Tejero, psicóloga de formación y que, hasta su nombramiento como directora gerente, era precisamente jefa del Servicio de Menores del propio IASS, un puesto de carácter funcionarial.

El IASS es uno de los principales organismos del sistema aragonés de servicios sociales y tiene entre sus competencias las residencias de mayores, la dependencia, la gestión de la estancia temporal de menores extranjeros, los centros de menores, el acogimiento familiar, las adopciones y la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital (IMV).

La decisión de Marta Tejero fue comunicada mediante una nota de prensa del Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, en la que se agradecían a la hasta ahora directora gerente del IASS “los servicios prestados” durante estos meses. Según el Ejecutivo, Tejero ha desarrollado “una labor en aras a la mejora constante de los servicios sociales de la comunidad autónoma de Aragón”.

El departamento destacó también que “su gestión fue fundamental para permitir el traslado de las personas mayores que tuvieron que ser desalojadas a consecuencia del incendio forestal en las Cinco Villas a la residencia Mimara en Zaragoza durante el pasado mes de julio”.

Chunta Aragonesista considera que la dimisión de Marta Tejero como directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) “supone un nuevo problema para la gestión de las políticas sociales de Aragón” y reclama al Gobierno de Aragón “explicaciones inmediatas sobre todas las circunstancias que rodean esta salida, cómo va a afectar a la gestión y planificación de este organismo público y, sobre todo, cuándo y quién va a asumir el relevo”.

“Estamos hablando de un organismo clave para garantizar derechos y prestar servicios esenciales a la ciudadanía, y no podemos asumir como normal que se produzcan cambios en su máxima responsabilidad sin conocer todas las razones y sin que exista información clara sobre el relevo”, ha señalado la diputada Mary Carmen Bozal. El IASS desarrolla una parte fundamental de la política social de Aragón y gestiona prestaciones, centros, servicios y programas sociales.

CHA ha advertido de que “esta nueva dimisión genera incertidumbre precisamente en un ámbito que necesita estabilidad, planificación y capacidad de gestión”.

El IASS coordina y gestiona servicios fundamentales como la atención a la dependencia y la discapacidad, la atención temprana, la protección de la infancia y la adolescencia, el acogimiento familiar y distintos recursos destinados a las personas mayores, por lo que “la falta de estabilidad en su dirección genera preocupación sobre la planificación y el funcionamiento de unas políticas que afectan directamente a miles de aragoneses y aragonesas”.

En esta línea, CHA ha manifestado que la dimisión de la gerente del IASS “evidencia un profundo malestar interno y unas discrepancias de fondo, según han denunciado recientemente sindicatos como CCOO, que afectan a la forma de entender la gestión pública”. “El compromiso con lo social y con las personas debe estar siempre por delante de cualquier otra consideración”, han añadido.

“Falta de liderazgo”

Además, CHA ha asegurado que es el presidente del Ejecutivo, Jorge Azcón, “quien no puede seguir dejando hacer” al vicepresidente, Alejandro Nolasco, “y mirar hacia otro lado ante situaciones como esta. Su falta de liderazgo y de asunción de responsabilidades abre una nueva brecha en un Gobierno cada vez más marcado por las discrepancias y la inestabilidad”.

Por todos estos motivos, CHA presentará una batería de iniciativas en el Parlamento autonómico para conocer los motivos que llevan a Marta Tejero a presentar su dimisión, qué valoración realiza el Gobierno de Aragón de esta situación y, especialmente, cuándo tiene previsto sustituir a la actual directora gerente.

“Queremos saber qué está ocurriendo en un organismo tan importante para el sistema público de servicios sociales y exigimos que el Gobierno dé certezas, garantice la continuidad de los servicios públicos y explique cuándo va a producirse el relevo”, ha concluido Bozal.

El PP también cierra filas con Vox a cuenta del cese de Marta Tejero como directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) tras apenas tres meses en el cargo. La responsable de cuestiones como los centros de acogida para inmigrantes, en el foco de la extrema derecha desde su llegada al Gobierno de Jorge Azcón, renunció por motivos personales y a ello se ha agarrado la portavoz del Ejecutivo, la también vicepresidenta Mar Vaquero, quien ha pedido desvincular de “cuestiones polémicas” su cese.

Hasta tres veces le han preguntado a la número dos de Azcón en el Gobierno por la renuncia de Tejero, y en otras tantas se ha remitido a la versión oficial. Hay que recordar que entre las competencias del IASS están la gestión de estancia temporal de menores extranjeros, los centros de menores, el acogimiento familiar, las adopciones o la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital (IMV), todos ellos asuntos en los que Vox ha mostrado sus posiciones más extremistas desde la puesta en marcha de la coalición.

En este tiempo, la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia –que tiene al frente a Alejandro Nolasco, de Vox– ha cargado semana sí, semana también contra los menores migrantes, ha reclamado más actividad policial dentro de estas instalaciones, ha puesto el foco en la edad de estos niños, niñas y jóvenes y ha lanzado iniciativas como la retirada de la paga semanal solo a los menores extranjeros.

Nada de ello estaría, según Vaquero, en la marcha de Marta Tejero, que fue nombrada a finales del mes de mayo. La vicepresidenta y portavoz ha pedido “respeto” para la decisión de la exdirectora del IASS y ha reclamado que no se vincule con las decisiones de Vox: “Reconducir y orientar (su cese) a cuestiones polémicas no forma parte de nuestro día a día”, ha señalado.

De hecho, según Vaquero la “principal labor” que ha llevado a cabo en el corto periodo de tiempo en el que ha ejercido como responsabla de Servicios Sociales es la gestión de las evacuaciones en los incendios de este verano, en asuntos como la búsqueda de “alojamientos” o la participación en las reuniones del CECOPI.

El Departamento de Desregulación, ha apuntado la portavoz autonómica, ya está “trabajando” en el relevo, que se hará efectivo en los próximos días. Y ha querido dejar claro que la marcha de Tejero “no afecta al día a día” del IASS, que “sigue trabajando con total normalidad”.

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a los padres de tres menores de uno, tres y cinco años, después de que estos fueran localizados solos en el interior de su domicilio familiar sin la supervisión de ningún adulto. La vivienda presentaba un “elevado” nivel de suciedad e incluso acumulaba cucarachas y otros insectos, según lo explica el Cuerpo en un comunicado.

Los hechos sucedieron la semana pasada, cuando varios vecinos alertaron a la Policía Nacional al haber escuchado “durante varias horas” el llanto de los menores. Los agentes indicaron que no era la primera ocasión en la que los progenitores dejaban solos a sus hijos para ausentarse.

Una vez en el lugar, la Policía accedió al interior de la vivienda, aunque no tuvo que forzar la puerta, dado que fue abierta por el niño de tres años. Dos niños se encontraban juntos en el salón, llorando por hambre y frío, mientras que el niño de cinco años permanecía dormido solo en una de las habitaciones.

Tras asistir a los pequeños, los agentes comprobaron que la vivienda presentaba unas condiciones de salubridad “muy deficientes”, dado que acumulaban un “elevado nivel de suciedad”, llegando incluso a presentar cucarachas y otros insectos.

También comprobaron ausencia de ropa y otros artículos básicos para los niños. Además, localizaron al alcance de los menores cuchillos, cuchillas y diversos objetos potencialmente peligrosos que “ante la falta de supervisión de un adulto, podrían haberles ocasionado lesiones”.

La Policía Nacional ha esgrimido que los vecinos han concretado que los padres solían consumir alcohol en las inmediaciones, por lo que se estableció un dispositivo para tratar de localizarlos. Finalmente, los encontraron unos minutos después, en una zona próxima al domicilio mientras consumían alcohol.

Los tres menores fueron trasladados al Hospital Universitario Virgen del Rocío para recibir asistencia y ser sometidos a una evaluación médica. Las actuaciones han sido trasladadas a la Fiscalía de Menores de Sevilla y a los servicios sociales competentes.

El Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales (CVIDS) está reconocido por ley como el máximo órgano de participación en materia de servicios sociales. Representa a entidades y usuarios y, entre sus funciones, destaca la emisión de recomendaciones y dictámenes previos sobre anteproyectos de ley y decretos, además de colaborar en la planificación, el funcionamiento y el seguimiento de las políticas inclusivas en la Comunitat Valenciana.

Además, según el artículo 6 de la normativa por la que se rige, debe emitir un informe sobre el anteproyecto anual de los presupuestos autonómicos en materia de servicios sociales, un documento que debe elaborar en la fase inicial de tramitación del anteproyecto de ley.

Así lo hizo el organismo el pasado 3 de julio, durante la fase de tramitación de las cuentas autonómicas en el apartado referido a los servicios sociales. Sin embargo, el informe, que en algunos aspectos fue crítico con las previsiones de la Conselleria, no se remitió a les Corts hasta el 30 de julio, cuando las cuentas ya estaban aprobadas, impidiendo su conocimiento por parte de la oposición y su debate en el Parlamento valenciano.

Entre otras cosas, el informe pone de relieve que, en relación con el análisis económico del apartado 'Sostenibilidad de la Inclusión Social y de la Renta Valenciana de Inclusión', la Comisión recomienda proteger el crédito estructural frente al temporal, con el fin de evitar que se produzca “una merma en los derechos subjetivos de la ciudadanía, considerando que el crecimiento del programa lo hace gracias a un refuerzo clasificado como DANA Integrado”, gracias a una partida de 17 millones de euros dentro de la línea de Renta Valenciana de Inclusión.

Además, evidencia que “las prestaciones ordinarias del Sistema Valenciano de Dependencia —un derecho subjetivo de las personas en situación de dependencia— permanecen prácticamente congeladas en términos estructurales, y el crecimiento aparente del programa descansa sobre una clasificación DANA de naturaleza temporal”.

La Comisión advierte expresamente “del riesgo que ello entraña: de no consolidarse ese crédito como dotación estructural, su extinción situaría a la dependencia ante una caída abrupta de recursos”.

Sobre el Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), detecta que “una vez aislada la inversión no recurrente financiada con fondos europeos, la Comisión observa que la actividad ordinaria de la entidad experimenta una reducción global moderada (−1,69 %), concentrada en dos partidas: el gasto de funcionamiento, que disminuye un 27,58 %, y las inversiones reales ordinarias, que se reducen un 29,19 %”.

La fuerte caída que presentan las cifras agregadas (−8,39 % en el total y −77,30 % en inversiones) se explica, en su mayor parte, “por la finalización del programa temporal financiado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y no por un recorte estructural de la entidad”.

Por este motivo, “la Comisión recomienda garantizar al IVASS una dotación de funcionamiento y de inversión suficiente para preservar la capacidad operativa y la calidad de sus centros, y que la reducción de la inversión ordinaria se acompañe de una justificación expresa sobre su impacto en el mantenimiento y la renovación de los equipamientos”.

El PSPV critica la falta de transparencia

Al respecto, la portavoz del PSPV en servicios sociales, Silvia Gómez, ha criticado que “el PP no puede esconder la información y después pedir confianza; si están tan orgullosos de sus presupuestos, que publiquen todos los datos, que permitan a la oposición analizarlos y que dejen que la sociedad valenciana conozca qué está pasando con la dependencia y con los servicios sociales”.

La diputada socialista ha denunciado que “el PP está intentando convertir los servicios sociales de la Generalitat en un territorio de opacidad”, puesto que “han ocultado a los grupos de la oposición un informe del propio CVIDS, fechado el 3 de julio, que analiza sus presupuestos y que deja en evidencia que el órgano que representa la participación social reclama al Consell más transparencia, información sobre las listas de espera y datos periódicos sobre la ejecución de la dependencia”.

Según Gómez, “mientras los populares presumen de diálogo, esconden los informes; mientras presumen de transparencia, borran o dejan de publicar información; y mientras presumen de reforzar la dependencia, el propio CVIDS advierte de que su crecimiento estructural es prácticamente inexistente y reclama garantías para que no se pierdan recursos cuando desaparezcan los fondos DANA”.

Esto ya no es un problema de comunicación, “es una decisión política de ocultar información sobre la situación real de los servicios sociales y de impedir que la oposición, las entidades y la ciudadanía puedan fiscalizar la gestión del Consell”.

El Consell Valencià d’Inclusió i Drets Socials (CVIDS) està reconegut per llei com el màxim òrgan de participació en matèria de serveis socials. Representa entitats i usuaris i, entre les seues funcions, destaca l’emissió de recomanacions i dictàmens previs sobre avantprojectes de llei i decrets, a més de col·laborar en la planificació, el funcionament i el seguiment de les polítiques inclusives a la Comunitat Valenciana.

A més, segons l’article 6 de la normativa per la qual es regeix, ha d’emetre un informe sobre l’avantprojecte anual dels pressupostos autonòmics en matèria de serveis socials, un document que ha d’elaborar en la fase inicial de tramitació de l’avantprojecte de llei.

Així ho va fer l’organisme el passat 3 de juliol, durant la fase de tramitació dels comptes autonòmics en l’apartat referit als serveis socials. No obstant això, l’informe, que en alguns aspectes va ser crític amb les previsions de la Conselleria, no es va remetre a les Corts fins al 30 de juliol, quan els comptes ja eren aprovats, impedint el seu coneixement per part de l’oposició i el seu debat al Parlament valencià.

Entre altres coses, l’informe posa en relleu que, en relació amb l’anàlisi econòmica de l’apartat ‘Sostenibilitat de la Inclusió Social i de la Renda Valenciana d’Inclusió’, la Comissió recomana protegir el crèdit estructural enfront del temporal, amb la finalitat d’evitar que es produïsca “una minva en els drets subjectius de la ciutadania, considerant que el creixement del programa ho fa gràcies a un reforç classificat com a DANA Integrat”, gràcies a una partida de 17 milions d’euros dins de la línia de Renda Valenciana d’Inclusió.

A més, evidencia que “les prestacions ordinàries del Sistema Valencià de Dependència —un dret subjectiu de les persones en situació de dependència— romanen pràcticament congelades en termes estructurals, i el creixement aparent del programa descansa sobre una classificació DANA de naturalesa temporal”. La Comissió adverteix expressament “del risc que això comporta: en cas de no consolidar-se aquest crèdit com a dotació estructural, la seua extinció situaria la dependència davant d’una caiguda abrupta de recursos”.

Sobre l’Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS), detecta que “una vegada aïllada la inversió no recurrent finançada amb fons europeus, la Comissió observa que l’activitat ordinària de l’entitat experimenta una reducció global moderada (−1,69%), concentrada en dues partides: la despesa de funcionament, que disminueix un 27,58%, i les inversions reals ordinàries, que es redueixen un 29,19%”.

La forta caiguda que presenten les xifres agregades (−8,39% en el total i −77,30% en inversions) s’explica, en la seua major part, “per la finalització del programa temporal finançat amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i no per una retallada estructural de l’entitat”.

Per aquest motiu, “la Comissió recomana garantir a l’IVASS una dotació de funcionament i d’inversió suficient per a preservar la capacitat operativa i la qualitat dels seus centres, i que la reducció de la inversió ordinària s’acompanye d’una justificació expressa sobre el seu impacte en el manteniment i la renovació dels equipaments”.

El PSPV critica la falta de transparència

Respecte a això, la portaveu del PSPV en serveis socials, Silvia Gómez, ha criticat que “el PP no pot amagar la informació i després demanar confiança; si estan tan orgullosos dels seus pressupostos, que publiquen totes les dades, que permeten a l’oposició analitzar-los i que deixen que la societat valenciana conega què està passant amb la dependència i amb els serveis socials”.

La diputada socialista ha denunciat que “el PP està intentant convertir els serveis socials de la Generalitat en un territori d’opacitat”, ja que “han ocultat als grups de l’oposició un informe del mateix CVIDS, datat el 3 de juliol, que analitza els seus pressupostos i que deixa en evidència que l’òrgan que representa la participació social reclama al Consell més transparència, informació sobre les llistes d’espera i dades periòdiques sobre l’execució de la dependència”.

Segons Gómez, “mentre els populars presumeixen de diàleg, amaguen els informes; mentre parlen de transparència, esborren o deixen de publicar informació; i mentre pregonen de reforçar la dependència, el mateix CVIDS adverteix que el seu creixement estructural és pràcticament inexistent i reclama garanties perquè no es perden recursos quan desapareguen els fons DANA”.

Això ja no és un problema de comunicació, “és una decisió política d’ocultar informació sobre la situació real dels serveis socials i d’impedir que l’oposició, les entitats i la ciutadania puguen fiscalitzar la gestió del Consell”.

El Ayuntamiento de València tiene un gran atasco en el padrón, una falta de recursos que está afectando a la población más vulnerable. El sistema de empadronamientos especial registra un retraso notable en la tramitación de los expedientes, con casi 6.000 solicitudes en cola, incluso una de ellas desde el año 2024. Solo entre los meses de enero y mayo de 2026, el consistorio ha recibido 4.816 peticiones, frente a las 5.800 de todo 2025. En paralelo, el consistorio ha dado de baja a más de 7.000 personas extranjeras por irregularidades en el censo o no cumplir los trámites, tal como informó elDiario.es.

Según los datos trasladados por Compromís, que proceden de una respuesta del Ayuntamiento, el municipio ha recibido más de 15.000 solicitudes de empadronamiento especial en tres años. Este sistema engloba el censo de vivienda precaria, personas que residen en vivienda sin autorización, sin poder justificar la residencia con contrato de alquiler, personas sin hogar o personas sin domicilio fijo.

La coalición denuncia un bloqueo en este sistema, que resulta clave para acceder a prestaciones básicas: “Detrás de cada expediente encallado hay una persona que no puede pedir hora al médico, matricular a su hija en un colegio o solicitar una ayuda”, señala la concejala Lucía Beamud. De las 15.774 solicitudes de empadronamiento especiales realizados desde el año 2024, solo 2.296 han acabado en una inscripción efectiva al padrón, mientras el resto ha sido archivadas (3.145), desestimadas (4.516) o sin respuesta (5.817).

La edil de Compromís denuncia que el padrón se ha convertido en “un muro” desde que gobiernan PP y Vox en la ciudad: “Esto no es un retraso, es una puerta cerrada en la nariz”. La concejala de la oposición aprecia intencionalidad política y “racismo institucional”: “Cuando un trámite que tendría que ser automático se convierte en una carrera de obstáculos para las personas migrantes y sin hogar, ya no hablamos de mala gestión. Hablamos de racismo institucional. Catalá ha decidido quién cuenta y quien no cuenta en esta ciudad”, apunta.

El consistorio explica en un comunicado que “entre esos expedientes hay procedimientos pendientes de subsanación por parte de la persona interesada, informes municipales de comprobación de residencia, trámites de audiencia y otras actuaciones necesarias para poder resolver. Así lo recoge expresamente la respuesta municipal”.

Asegura que no es cierto que los expedientes desestimados sean empadronamientos “bloqueados”: “Las desestimaciones se fundamentan en la falta de residencia habitual informada por los correspondientes servicios municipales, mientras que entre los expedientes archivados se encuentran procedimientos finalizados por falta de subsanación o desistimiento”.

Tras seis años de movilización social para paliar el hambre de más de 300 personas sin hogar, el Ayuntamiento de Donostia ha prohibido el reparto de cenas en la vía pública por parte de la iniciativa ciudadana voluntaria Kaleko Afari Solidarioak (KAS). La resolución municipal, firmada este lunes, fue comunicada esa misma noche por agentes de la Guardia Municipal en los puntos de reparto de la plaza de la Constitución, la plaza de Gipuzkoa y el entorno de Anoeta. El documento oficial fundamenta la decisión en informes técnicos de los departamentos de Salud Pública, Seguridad Ciudadana y Espacio Público, estableciendo el cese de la actividad a partir de este martes.

El alcalde, Jon Insausti, del PNV, ha justificado la medida señalando que la decisión nace de una “reflexión rigurosa, sosegada y serena”. El primer edil ha explicado que, aunque no cuestiona el origen solidario de la iniciativa, considera que “una comida al día no es suficiente para garantizar una inclusión social” y que es necesario transitar hacia pasos estructurados desde la vía administrativa. Insausti ha calificado este replanteamiento como un “ejercicio sano y necesario” para adaptar las políticas públicas a las necesidades actuales de acompañamiento.

Pero la prohibición se ha sustentado también en datos sobre “convivencia y seguridad”. Según ha detallado el alcalde, tras el cese de los repartos en el barrio de Egia en octubre de 2024 la delincuencia en la zona descendió un 20%, mientras que en los actuales puntos de reparto las intervenciones policiales se han duplicado. Diferentes voces, incluida EH Bildu, principal fuerza de la oposición, o IU, han acusado al regidor del PNV de comprar los argumentos de la derecha y de la extrema derecha. El PSE-EE, socio de coalición del PNV, sí apoya estas medidas del alcalde.

Como alternativa, Insausti ha anunciado un refuerzo de 500.000 euros adicionales para los servicios sociales, elevando la inversión total a dos millones de euros anuales con el apoyo del Gobierno vasco. Este presupuesto potenciará el programa Otorduak, que permite canjear tickets por platos en establecimientos colaboradores. Se anuncia un incremento de la capacidad de 316 a 416 comidas diarias. El alcalde ha admitido que esta opción “no es suficiente”, mas la ha defendido como un “punto de partida”.

Otro detalle que ha introducido Insausti es que las cenas, supuestamente, no son únicamente repartidas a personas arraigadas en la ciudad, sino provenientes de otros municipios. “Donostia no puede sola”, ha asegurado. El programa Otorduak requerirá un mínimo de empadronamiento para poder acceder a él.

Preguntado por los periodistas sobre cómo se buscará esa colaboración con otros muncipios, el alcalde ha anunciado que la Diputación de Gipuzkoa convocará a los concejales de servicios sociales de los ayuntamientos para coordinar una estrategia conjunta. Ha confirmado la asistencia de María Jesús Idoeta, la concejala de servicios sociales y acción comunitaria de Donostia.

KAS denuncia “falta de respeto” y exige un plan integral

La respuesta de la iniciativa social no se ha hecho esperar. Tras la comparecencia del alcalde, una multitud se ha concentrado frente al Ayuntamiento para denunciar lo que consideran una actuación marcada por la “falta de respeto y responsabilidad”. Portavoces del grupo KAS han criticado que la administración no haya buscado una interlocución directa con el colectivo antes de emitir una orden que deja sin alimento a centenares de personas “de un día para otro”.

Desde la iniciativa han asegurado que ni bajo el mandato de Eneko Goia, también del PNV, ni ahora con Insausti el Gobierno municipal ha mostrado “disposición a colaborar” para mejorar esta red voluntaria. Asimismo, han acusado al consistorio de carecer de un “plan integral” real, afirmando que la comida ofrecida en recursos municipales sigue siendo insuficiente para atender la demanda.

Entre los asistentes, un usuario habitual de las cenas ha querido expresar su angustia ante los medios: “¿Adónde vamos a ir ahora? ¿A quién le ha hecho daño un plato de comida?”, ha lamentado. Ha descrito a los voluntarios como su única “familia” en la ciudad. Ante la gravedad de la situación, el colectivo ha solicitado una reunión urgente con el alcalde y ha asegurado que seguirá luchando por el derecho a la alimentación, convocando una nueva movilización, una cacerolada, para este miércoles a las 20.00 horas en la plaza de la Constitución.

La Consejería de Inclusión Social ha modificado la orden que regula los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales especializados y los requisitos de acreditación de los centros de atención a la dependencia de Cantabria para mejorar la calidad de la atención y flexibilizar algunos aspectos de la gestión.

Tal y como publica el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), entre las novedades que incorpora esta modificación destaca la obligatoriedad de disponer de camas articuladas y regulables en altura, con colchones adecuados para la prevención y manejo de úlceras de presión. De esta forma, a la vez que se incrementa la comodidad de los usuarios, se facilita la tarea de los profesionales que prestan los apoyos necesarios.

También se establece que deberán tomarse en consideración los deseos y preferencias de los residentes sobre las actuaciones a realizar por el centro residencial al final de su vida.

En lo que se refiere a la organización del personal de los centros, la nueva orden posibilita que cuando la persona que ejerce funciones de dirección compatibilice esta actividad con la atención directa a los usuarios, esta última podrá desempeñarse en el mismo o diferente centro.

Otra modificación importante está relacionada con el transporte de personas en situación de dependencia en los centros de día. Con la nueva regulación, cuando el servicio de transporte que presta el centro exija acompañamiento de los usuarios, el tiempo dedicado a esta tarea por el personal de atención directa se computará para la exigencia de horas de la jornada diaria, con el límite máximo de una hora en horario de mañana y otra en horario de tarde.

Un cambio que responde a las necesidades de los usuarios de centros residenciales y viviendas tuteladas es el que exige que, cuando por motivos de salud así se requiera, se deberá ofrecer una recena, además de las cuatro comidas diarias. Asimismo, la nueva orden flexibiliza el horario de prestación de servicios en viviendas tuteladas.

Unidades para personas autónomas

Como novedad de relevancia, se crean las Unidades para Personas Autónomas. De esta forma, en las residencias de personas mayores se podrán establecer un máximo de dos unidades residenciales para personas que tengan suficiente autonomía personal para las actividades básicas de la vida diaria, sin tener reconocida la situación de dependencia o teniéndola reconocida en grado I. Estas unidades tendrán un máximo de veinte plazas cada una, distribuidas en habitaciones individuales o dobles.

Acreditación de centros y simplificación administrativa

En lo que se refiere a los requisitos exigidos para la acreditación de los centros de servicios sociales, las modificaciones guardan relación con la simplificación administrativa. En este ámbito se produce la modificación del sistema de acreditación de la calidad de estos centros, procediéndose a la simplificación y concreción de algunos protocolos, reorientando sus contenidos, registros y criterios hacia una mayor personalización de los cuidados y apoyos que se prestan.

En la línea del proceso de simplificación administrativa, también se modifica la presentación de memorias anuales de la actividad del centro a efectos del mantenimiento de la acreditación, sustituyendo la elaboración de aquellas por un sistema de autoevaluación que resulte de utilidad a los centros en su toma de decisiones y gestión del conocimiento.

Así, los valores en que se centre la calidad de los centros se incorporarán a un formulario digital habilitado por la Administración, lo que facilitará el análisis comparado de los indicadores, a la vez que permitirá una definición compartida por todos los centros de cada uno de los elementos por los que se interroga.

Con las modificaciones establecidas también se avanza en la digitalización de los procedimientos, con la utilización de una aplicación informática para remitir los datos solicitados y facilitar su análisis comparado, y contribuir a una Administración sin papel.

Finalmente, por primera vez se introducen criterios relacionados con la soledad no deseada. Una de las primeras actuaciones planteadas en este sentido es conocer su alcance y para ello se proponen indicadores que persiguen la comprensión del fenómeno y su magnitud.

El macrocontrato del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) de Barcelona, valorado en hasta 900 millones de euros y destinado a prestar cuidados en el hogar a personas mayores y dependientes, ya tiene vencedores provisionales. La propuesta de adjudicación, pendiente de ratificación definitiva y publicada en la plataforma de contratación de la Generalitat, reparte el servicio entre dos grandes empresas del sector: Serveo, la compañía controlada por el fondo de inversión Portobello y anteriormente integrada en Ferrovial; y Atende, la filial de servicios sociales de Clece (del grupo ACS, la constructora que preside Florentino Pérez).

Si la adjudicación definitiva responde a esta propuesta, supondría que por primera vez en 45 años la cooperativa catalana Suara, especializada en servicios sociales, se queda fuera de la atención domiciliaria que presta el consistorio gobernado por Jaume Collboni. La otra empresa que gestionaba hasta ahora el servicio era Servisar (de DomusVi).

De esta forma, el servicio de cuidados en el hogar barcelonés se quedaría sin la presencia de ninguna empresa o entidad del sector social catalán para los próximos años. La aparición de grandes firmas en este ámbito ya generó polémica en 2016, durante el primer mandato de Ada Colau, cuando filiales de ACS y Sacyr ganaron lotes del mismo servicio frente a la entidad ABD.

Desde Suara aseguran a elDiario.es que han recibido con “incredulidad” y “desconcierto” la noticia, puesto que en la última valoración de sus servicios una auditoria externa contratada por el consistorio les puso un 9,10 sobre 10.

La licitación actual del Ayuntamiento de Barcelona, que es para los próximos tres años, divide el contrato de los cuidados públicos a domicilio en cuatro lotes, en el que se agrupan los distritos. Son contratos que en su conjunto adjudicarán por un importe de 452 millones de euros, pero que al ser prorrogables hasta cinco años –y contando otros costes extra–, ascienden a un máximo de 923 millones.

Reparto por distritos

El primer y el segundo lote se los llevaría –a falta de resolución definitiva– Serveo. El primero es de los distritos de Ciutat Vella y Sant Martí, por un importe de 113,375 millones, pese a que por puntos ganaba Atende (la filial de Clece), que se quedó fuera por tener una propuesta económica demasiado baja. El segundo de Serveo corresponde a Eixample, Sants-Montjuïc y Les Corts, por un importe de 105,396 millones de euros. En total, la empresa de multiservicios dirigida por Salvador Urquía se adjudica contratos por 218 millones en la ciudad.

Serveo facturó 1.800 millones en 2025, con un beneficio de 38 millones. En 2024, Ferrovial vendió su 24% de la empresa a Portobello, un fondo de inversión español con participación en empresas como Angulas Aguinaga, Ian Alimentación y Legálitas.

La propuesta de adjudicación del tercer y cuarto lote van para Atende, filial de servicios sociales de Clece, empresa multiservicios propiedad de ACS. Cuidará a las personas de los distritos de Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia y Horta por 110,621 millones de euros y de las de Nou Barris y Sant Andreu por 118,734 millones de euros. El Grupo Clece facturó 2.000 millones en 2025.

El Servicio de Atención Domiciliaria atiende anualmente a unas 20.000 personas en la capital catalana. Además de Suara, Ohla y Servisar se han quedado fuera de la carrera.

Una de las novedades del contrato es que prevé subidas salariales del 8% en los primeros dos años y del 5% en los dos posteriores, hasta alcanzar una subida del 26% en 2029. El precio por hora previsto para la atención personal alcanzará los 35 euros en el tercer año, el de la limpieza cotidiana los 31,93 euros por hora, la limpieza en profundidad 25,67 euros y el mantenimiento básico 38,50 euros por hora.

Entre los costes totales previstos de 435 millones de euros en los tres primeros años, 379 son costes salariales, 15 son de funcionamiento, 15 más son gastos generales de gestión y 24 millones van destinados a los márgenes empresariales.

Suara defiende su modelo

La cooperativa Suara, que gestiona servicios parecidos en numerosos municipios (L’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi del Llobregat, Rubí, Esplugues del Llobregat o Sant Adrià del Besòs), queda ahora pendiente de la revisión del expediente.

Mientras tanto, defienden la oferta presentada. “Respondía a un modelo de atención real, pensado para la persona, sólido e innovador, construido desde los valores de la economía social, sustentada en la experiencia acumulada, el conocimiento del servicio y el compromiso”, apuntan.