La oposición ha reclamado al gobierno de Jaume Collboni la apertura “inmediata” de espacios de diálogo con los trabajadores municipales en huelga, entre ellos los de servicios sociales, oficinas de atención ciudadana o escuelas infantiles. Así lo recoge una proposición que se ha aprobado en el pleno extraordinario convocado a petición de Junts, BComú y ERC.

El texto ha salido adelante con los votos a favor de los grupos impulsores del pleno, así como del PP. El Gobierno y Vox han votado en contra. El teniente de alcalde Albert Batlle, responsable de Régimen Interno, ha admitido que son conscientes del “malestar”, pero ha criticado que los sindicatos CGT, Intersindical y Ábacos —que son minoritarios, y contrarios al convencio cerrado en enero– “no han puesto sobre la mesa ninguna propuesta seria”.

De hecho, Batlle ha cargado duramente contra estos sindicatos y ha defendido el convenio aprobado en enero. Ha recordado que se aprobó por una amplia mayoría, con los votos favorables de 12 de los 15 representantes sindicales, sumando los de CCOO, UGT y CSIF. Así, ha considerado un “precedente peligroso” que se quiera dar espacio “a la parte más beligerante y minoritaria del conflicto”, en relación con el pleno extraordinario y las demandas del resto de sindicatos.

El debate ha tenido lugar con una protesta a las puertas del Ayuntamiento protagonizada precisamente por trabajadores municipales en huelga. La protesta ha sido convocada por la CGT y la Intersindical, que critican la falta de diálogo y el empeoramiento de las condiciones para los colectivos de atención directa a la ciudadanía, como las oficinas de atención al ciudadano, los servicios de feminismos o los servicios sociales.

El origen del conflicto es la aprobación el pasado enero del acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Barcelona para el periodo 2025-2028. El convenio se aprobó entonces con los votos favorables del gobierno del PSC y también de BComú y ERC, mientras que Junts se abstuvo y PP y Vox votaron en contra.

Las huelga de estos trabajadores municiapales es formalmente “indefinida” desde hace casi cuatro meses, aunque se llevan a cabo de forma parcial, en jornadas y franjas horarias concretas.

La oposición censura la falta de diálogo

Junts ha afirmado que allí donde gobierna el PSC hay “huelgas y conflictos” y ha pedido al ejecutivo que “se remangue” para solucionar el conflicto abierto. “Tienen la ciudad colapsada, no nos colapsen también el Ayuntamiento y sus servicios”, ha afirmado Josep Rius.

Desde los Comuns, Marc Serra ha expresado que si votaron a favor del convenio en su día es porque respetan los acuerdos alcanzados con una mayoría sindical y porque creen que la jornada de 35 horas semanales es un “avance”. Con todo, ha señalado también que ya advirtieron de que era necesario resolver la situación de los colectivos más perjudicados. Serra ha pedido un giro de “180 grados”, que el gobierno deje de “ignorar” a los trabajadores en huelga y que aparten a Batlle de las negociaciones.

Jordi Coronas, de ERC, ha lamentado “la manera de actuar” del gobierno en torno a las huelgas y el debate y ha defendido que lo “ideal” sería rebajar la tensión y poner “en el centro” a los usuarios de los servicios, además de a los trabajadores. Los grupos también han lamentado que el pleno extraordinario llegue tan tarde, puesto que lo solicitaron hace más de un mes.

Por su parte, el PP se ha sumado a la petición de que el gobierno no ignore las huelgas y ha argumentado que ellos ya se posicionaron en su día para pedir que se revise el acuerdo y se dialogue para corregir los anexos de colectivos que tienen reticencias, como pueden ser las escuelas infantiles, las oficinas de atención al ciudadano o la Guardia Urbana. Vox ha hablado de “cinismo” porque los mismos grupos que han impulsado el pleno son los que permitieron la aprobación del convenio laboral.

Batlle ha iniciado su intervención condenando comportamientos “intimidatorios” y de “confrontación violenta” por parte de los sindicatos no firmantes y ha defendido que el convenio aprobado supone “mejoras sustanciales y objetivas” para el conjunto de la plantilla. También lo ha hecho la teniente de alcaldía Laia Bonet, que en una atención posterior a los medios de comunicación ha dicho que es un convenio “histórico” con “avances” que afectan a cerca de 16.000 personas de la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona.

Bonet ha dicho que desde entonces cada semana hay reuniones de interpretación del convenio y reuniones semanales de la mesa general, donde también está la CGT, el único sindicato contrario al acuerdo que tiene representación. “Desde entonces hasta ahora no ha habido ninguna propuesta de la CGT”, ha remachado.

Trabajadores municipales de bibliotecas, servicios sociales o escuelas infantiles se han concentrado, minutos antes de que comenzara el plenario extraordinario, frente a la puerta principal del Ayuntamiento de Barcelona. El delegado sindical de la CGT en el consistorio, Víctor Guimerà, ha atribuido la celebración del pleno a la “insistencia” y la “persistencia” demostradas. El sindicalista ha vinculado el malestar de los empleados al convenio, firmado en enero por el gobierno municipal con el apoyo de CCOO, UGT y CSIF: “Ha sido la gota que ha colmado el vaso”. Ha concretado que los servicios sociales están “muy colapsados” y el nuevo acuerdo marco ha “agravado” la situación.

En la misma línea se ha expresado el delegado de la Intersindical, Miquel Rubio, que ha reclamado “sentarse y hablar”. “Lo único que hacen hasta ahora es menospreciarnos e insultarnos”, ha criticado. Rubio ha apuntado que los servicios sociales están “paralizados” y ha precisado que más de la mitad de las bajas laborales “tardan meses en cubrirse”. De este modo, ha continuado, “ponen más carga de trabajo” a los empleados. El representante de la Intersindical ha insistido en dialogar y ha instado a Collboni a negociar. Rubio ha ironizado con que, si no saben hacerlo, “páguense un curso de mediación” y dejen “a otras personas hacer política”.

Tras desmarcarse del acuerdo alcanzado entre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y los sindicatos mayoritarios, la situación en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo sigue igual. Las trabajadoras mantienen sus movilizaciones, con una nueva concentración este jueves a las 11.00 horas frente a la sede del ICASS en Santander, al considerar que las medidas acordadas no resuelven la falta estructural de personal.

Uno de los puntos de mayor controversia es el uso indebido de los ocho “acúmulos de tareas” (contrataciones temporales) concedidos al centro. Según denuncian representantes de los trabajadores, la dirección del CAD de Laredo está utilizando estos refuerzos para cubrir necesidades estructurales, como vacaciones y bajas laborales, en lugar de para aumentar los efectivos reales en las plantas.

“El acuerdo firmado por los cuatro sindicatos indicaba que no se podía hacer uso de esos acúmulos para cubrir bajas o vacaciones, pero es exactamente lo que se está haciendo”, explica Anjana González, trabajadora del centro asistenicial. Con cerca de 12 compañeras de baja, el personal denuncia que la carga de trabajo sigue siendo la misma y que los refuerzos no llegan a mejorar el ratio de atención al residente. Además, lamentan que los turnos de noche siguen sin reforzarse y que, en muchas ocasiones, trabajan incluso sin personal de enfermería.

El factor humano: 10 minutos para un aseo completo

La falta de “manos” tiene una consecuencia directa en la calidad asistencial. Los trabajadores describen una situación de “atropello” constante donde apenas disponen de 8 o 10 minutos para asear, duchar y vestir a cada usuario. “Casi no les das tiempo ni a abrir el ojo cuando ya les estás lavando a las 8 de la mañana; vas a una velocidad que no permite una manipulación adecuada”, lamenta González.

Esta urgencia horaria afecta especialmente a los residentes con necesidades específicas. Por ejemplo, una persona con disfagia (riesgo de atragantamiento) requeriría unos 45 minutos para comer con seguridad; sin embargo, debido a la falta de personal, los trabajadores se ven obligados a reducir drásticamente el tiempo de comida de otros usuarios a apenas 15 minutos para poder atender a todos los usuarios. Esta situación, según explica a eldiario.es, genera un “alto nivel de estrés y frustración” entre los empleados, quienes sienten que no pueden ofrecer la dignidad y el cuidado que los mayores merecen.

Un problema de “organización”, según el ICASS

Desde su primera movilización, el pasado 8 de mayo, González explica que la subdirectora de Dependencia del Gobierno de Cantabria, Patricia Blanco, ha visitado en un par de ocasiones el centro y ha sugerido que el problema es de “organización” y no de número de personal. La trabajadora se muestra tajante al respecto: “Me puedo organizar muy bien, pero si necesito cinco manos y solo tengo dos, voy a seguir necesitando tres más por muy bien que me organice”.

Asimismo, existe un profundo malestar con los sindicatos mayoritarios firmantes del pacto con el ICASS (UGT, CCOO, SIEP y TU). Desde el CAD de Laredo sostienen que ninguna de estas organizaciones ha acudido al centro para supervisar si se está cumpliendo lo firmado o para pedir explicaciones sobre el uso de los contratos de refuerzo.

Ante la inacción de la administración, las trabajadoras pretenden ser escuchadas directamente por los responsables del ICASS que se encuentren en su jornada laboral este jueves y desean, a su vez, poder contar con el apoyo de compañeras y compañeros de otros CAD como el Santander o Torrelavega que quieran solidarizarse con su situación. “No vamos con intención de negociar, porque no somos órgano negociador, pero queremos que se nos escuche y se dé una solución real”, concluyen, advirtiendo que no pararán hasta que se garantice una atención de calidad en el centro.

La ayuda a la dependencia sigue estancada en Canarias en 15.336 personas que no la reciben pese a tener derecho. Se trata del llamado limbo de la dependencia, personas que han presentado la solicitud, han sido reconocidas pero siguen esperando. Según los últimos datos del IMSERSO publicados en el mes de abril, de estas personas 555 llevan más de seis meses esperando

Asimismo, los datos correspondientes al mes de abril, reflejan que 14.386 se encuentran sin prestación efectiva por “motivos no imputables a la administración”. La mayoría de las prestaciones que se conceden suelen ser prestaciones vinculadas al servicio, para lo cual las familias o las personas dependientes deben contratar una empresa, de las cuales no hay suficientes en las Islas.

La propia Consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destacó durante la firma del convenio del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Tenerife, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura la necesidad de corregir una de las “debilidades” del sistema de dependencia en las Islas, señalando que muchos beneficiarios con prestación reconocida no podían hacerla efectiva por falta de empresas que prestaran el servicio.

“¿Por qué hay 15.000 prestaciones no efectivas? Porque no hay servicios que ofertar”, explica la senadora Marta Arocha, que también fue directora de Dependencia del Gobierno de Canarias. “Y porque las empresas que prestan servicios a través de la prestación vinculada al servicio ahora mismo están desbordadas”, añade.

“Hay listas de espera para las empresas privadas y en los centros residenciales privados, si te dan 800 euros, no puedes pagar los 2.500 o 3.000 que cuestan. Por lo tanto, si no se crean plazas públicas de centros de día, de centros sociosanitarios, van a seguir dando PIAS, pero que serán siempre no efectivos”, añade.

La consejera de Bienestar Social, por su parte, insistió hace unos días en el Parlamento en que la lista de espera se ha reducido en el primer trimestre del año en 1.911 personas y el limbo de la dependencia ha descendido un 5,1%. “Queda trabajo por hacer, pero los datos oficiales ponen de manifiesto una mejora objetiva, medible y comparada”, defendió entonces.

“Un sistema low cost”

Arocha considera que Canarias se está convirtiendo en un sistema low cost, ya que una de las prestaciones que más está creciendo es la de la teleasistencia; “y las teleasistencias nunca pueden ser, según la ley, una prestación principal, es siempre complementaria de otra”.

De hecho, si se atiende a los datos del mes de abril del IMSERSO se aprecia por tipo de prestaciones que, en las Islas hay 11.082 personas con la prestación de teleasistencia.

El mayor volumen son las prestaciones vinculadas al servicio (33.605) para las cuales las personas deben elegir entre diversas empresas. Le siguen las prestaciones para el cuidado en el entorno familiar; 31.452; la atención residencial, con 5.903; los centros de día y noche; 5.576, la prevención y promoción de la autonomía personal; 2.191 y por último con 1.379 la ayuda a domicilio.

En las Islas aún pasan 354 días desde que se solicita la ayuda hasta que se concede. Si bien es cierto que este dato se ha ido reduciendo y de ello ha presumido el Gobierno de Canarias, el hecho de agilizar las resoluciones e incorporar a más personas al sistema no ha conseguido paliar el hecho de que haya más de 15.000 personas sin su prestación efectiva.

El PP tombarà finalment una transacció amb què Vox a Balears buscava excloure dels serveis d'atenció primerenca infants de famílies en situació irregular a Balears, un plantejament que ha generat un fort rebuig entre les formacions d'esquerres i les entitats socials.

La formació d'extrema dreta havia presentat la proposta en una de les esmenes dels populars a la llei autonòmica d'acceleració de projectes estratègics, una norma concebuda per agilitzar inversions però reconvertida per PP i Vox en calaix de sastre per modificar, mitjançant mútliples modificacions legislatives, bona part de l'ordenament autonòmic balear. Com denuncien des de l'oposició, les correccions estan provocant la reforma encoberta de més de 50 lleis autonòmiques.

Segons ha explicat aquest dilluns el portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, l'esmena registrada originalment pels populars no modificava els criteris d'accés al servei, sinó que buscava introduir canvis de caràcter administratiu per reduir burocràcia i, més en concret, facilitar la consulta telemàtica de documentació vinculada a l'atenció primerenca.

Posteriorment, Vox va presentar una transacció a aquesta esmena per incorporar nous requisits i limitacions d'accés. Sagreras ha subratllat que les condicions per accedir a aquests serveis estan regulades per normativa estatal i ha assegurat que, “per evitar dubtes”, el PP votarà en contra de la transacció o, si no, retirarà directament la seva esmena.

L'accés a l'atenció primerenca a Balears està regulat pel Decret 85/2010, aprovat durant el segon mandat del socialista Francesc Antich i que organitza la xarxa pública i concertada destinada a menors d'entre 0 i 6 anys amb trastorns del desenvolupament o risc de patir-los. La norma defineix aquest servei com una atenció integral de caràcter preventiu, assistencial i rehabilitador dirigida a nens especialment vulnerables, i estableix que la valoració d'accés ha de basar-se en criteris clínics, evolutius i socials.

“És un servei que atén nens molt vulnerables, nens petits, amb discapacitat o necessitats especials, i creiem que el darrer que necessiten és que es faci soroll polític”, ha afirmat el portaveu popular en la roda de premsa prèvia al ple del Parlament. La qüestió es debatrà aquest dimarts en una nova reunió de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos de la Cambra balear, òrgan encarregat d'elaborar el dictamen de la llei de projectes estratègics.

La polèmica ha provocat dures crítiques de l'esquerra, que acusa el PP d'assumir parcialment postulats de Vox i d'haver rectificat únicament després del rebombori social generat per la proposta. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha qualificat la iniciativa d'“indecent” i ha sostingut que els populars han fet marxa enrere per l'“escàndol” suscitat entre entitats de l'àmbit social i educatiu.

També el portaveu parlamentari del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha carregat contra les esmenes pactades entre PP i Vox durant la tramitació de la llei. Negueruela ha acusat el Govern d'“acceptar discursos que ataquen els menors segons el seu origen” i ha denunciat que una altra de les modificacions impulsades elimina el terme “violència masclista” per substituir-lo per “violència contra la dona”, una reivindicació habitual de Vox.

Així mateix, el dirigent socialista ha criticat que el PP hagi incorporat en una altra esmena propostes relatives al sòl rústic que, segons ha dit, contradiuen compromisos previs del Govern sobre els límits a l'increment d'edificabilitat en aquest tipus de terrenys.

A finals d'abril, Vox va presentar una Proposició No de Llei (PNL) per reclamar que els espanyols tinguin preferència en àmbits com la sanitat, l'habitatge o les prestacions públiques sota el concepte de “prioritat nacional”. El Govern del PP va expressar la seva disposició a donar suport a la iniciativa sempre que es plantegi en termes de residència legal i no de nacionalitat, remetent-se a l'acord assolit amb la formació d'extrema dreta per endurir l'accés a determinades ajudes socials.

Aquest pacte contempla exigir un mínim de tres anys de residència legal ininterrompuda a les Balears per poder accedir a la renda social garantida (Resoga), a més de reforçar els mecanismes de control, revisió i reintegrament de prestacions. La modificació suposa un gir rellevant en la principal xarxa de protecció social de la comunitat, en introduir criteris més restrictius que, segons la pròpia argumentació política de Vox, persegueixen frenar l'anomenat “efecte crida”.

El PP tumbará finalmente una transacción con la que Vox en Balears buscaba excluir de los servicios de atención temprana a niños de familias en situación irregular en Balears, un planteamiento que ha generado un fuerte rechazo entre las formaciones de izquierdas y las entidades sociales.

La formación de extrema derecha había presentado la propuesta en una de las enmiendas de los populares a la ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma concebida para agilizar inversiones pero reconvertida por PP y Vox en cajón de sastre para modificar, mediante múltiples modificaciones legislativas, buena parte del ordenamiento autonómico balear. Como denuncian desde la oposición, las correcciones están provocando la reforma encubierta de más de 50 leyes autonómicas.

Según ha explicado este lunes el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, la enmienda registrada originalmente por los populares no modificaba los criterios de acceso al servicio, sino que buscaba introducir cambios de carácter administrativo para reducir burocracia y, más en concreto, facilitar la consulta telemática de documentación vinculada a la atención temprana.

Posteriormente, Vox presentó una transacción a esa corrección para incorporar nuevos requisitos y limitaciones de acceso. Sagreras ha subrayado que las condiciones para acceder a estos servicios están reguladas por normativa estatal y ha asegurado que, “para evitar dudas”, el PP votará en contra de la transacción o, en su defecto, retirará directamente su enmienda.

El acceso a la atención temprana en Balears está regulado por el Decreto 85/2010, aprobado durante el segundo mandato del socialista Francesc Antich y que organiza la red pública y concertada destinada a menores de entre 0 y 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos. La norma define este servicio como una atención integral de carácter preventivo, asistencial y rehabilitador dirigida a niños especialmente vulnerables, y establece que la valoración de acceso debe basarse en criterios clínicos, evolutivos y sociales.

“Es un servicio que atiende a niños muy vulnerables, niños pequeños, con discapacidad o necesidades especiales, y creemos que lo último que necesitan es que se haga ruido político”, ha afirmado el portavoz popular en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament. La cuestión se debatirá este martes en una nueva reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara balear, órgano encargado de elaborar el dictamen de la ley de proyectos estratégicos.

La polémica ha provocado duras críticas de la izquierda, que acusa al PP de asumir parcialmente postulados de Vox y de haber rectificado únicamente tras el revuelo social generado por la propuesta. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha calificado la iniciativa de “indecente” y ha sostenido que los populares han dado marcha atrás por el “escándalo” suscitado entre entidades del ámbito social y educativo.

También el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha cargado contra las enmiendas pactadas entre PP y Vox durante la tramitación de la ley. Negueruela ha acusado al Govern de “aceptar discursos que atacan a los menores según su origen” y ha denunciado que otra de las modificaciones impulsadas elimina el término “violencia machista” para sustituirlo por “violencia contra la mujer”, una reivindicación habitual de Vox.

Asimismo, el dirigente socialista ha criticado que el PP haya incorporado en otra enmienda propuestas relativas al suelo rústico que, según ha dicho, contradicen compromisos previos del Govern sobre los límites al incremento de edificabilidad en este tipo de terrenos.

A finales de abril, Vox presentó una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar que los españoles tengan preferencia en ámbitos como la sanidad, la vivienda o las prestaciones públicas bajo el contepto de “prioridad nacional”. El Govern del PP expresó su disposición a respaldar la iniciativa siempre que se plantee en términos de residencia legal y no de nacionalidad, remitiéndose al acuerdo alcanzado con la formación de extrema derecha para endurecer el acceso a determinadas ayudas sociales.

Ese pacto contempla exigir un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder acceder a la renta social garantizada (Resoga), además de reforzar los mecanismos de control, revisión y reintegro de prestaciones. La modificación supone un giro relevante en la principal red de protección social de la comunidad, al introducir criterios más restrictivos que, según la propia argumentación política de Vox, persiguen frenar el denominado “efecto llamada”.

El PSOE Santander ha registrado una batería de preguntas en el Ayuntamiento para denunciar la “ineficiente gestión” del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), una prestación municipal destinada a ofrecer apoyo personal, doméstico y social a personas o familias en situación de dependencia o con dificultades para desarrollar tareas cotidianas.

En este sentido, los socialistas reclaman conocer cuántas personas solicitantes del servicio permanecen pendientes de valoración, así como el número de usuarios que, pese a haber sido ya evaluados por los profesionales municipales, continúan esperando el inicio de la prestación.

El secretario general y portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández, ha señalado en un comunicado que la lista de espera para acceder a la Ayuda de Servicio a Domicilio es actualmente de “un año y medio”.

“Esperar 18 meses convierte en inservible la valoración realizada previamente por las trabajadoras sociales. Después de un año y medio, lo más probable es que las necesidades de atención de la persona hayan cambiado, e incluso empeorado, por lo que esa valoración puede quedar desactualizada o invalidada”, ha argumentado.

A finales de 2024, el Ayuntamiento de Santander anunció la licitación del contrato para la prestación del SAD, con una inversión de 9 millones de euros y una duración de dos años. Posteriormente, en octubre de 2025, el contrato fue adjudicado a la empresa Servisar, según han recordado los socialistas.

Daniel Fernández ha criticado que “el PP presentó esta inversión como una gran apuesta para reforzar la atención a las personas más vulnerables, pero la realidad es muy distinta”. En esta línea, ha denunciado que, pese al incremento del gasto y a la adjudicación de un nuevo contrato millonario, las listas de espera “no solo no se han reducido, sino que continúan creciendo, dejando a numerosos vecinos y vecinas sin una atención esencial durante meses”.

La semana pasada le tocó a Calahorra y esta a Arnedo. El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha inaugurado este lunes el nuevo Centro de Día de Arnedo, que duplica sus plazas públicas hasta alcanzar las 40 y mejora su cobertura con atención especializada y personalizada además de reforzar la red de recursos de atención a la dependencia en Rioja Baja, contando con un equipamiento sociosanitario avanzado y tecnologías aplicadas a la rehabilitación, la estimulación cognitiva y la terapia ocupacional.

Al igual que en Calahorra, el anterior gobierno socialista de La Rioja ya ideó la construcción de un nuevo centro de día en Arnedo. En noviembre de 2011, el exconsejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, y el entonces alcalde de Arnedo, Javier García, anunciaron la construcción de un nuevo centro de día con capacidad para 40 usuarios junto a la entonces directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, María Somalo y la concejala de Servicios Sociales, Rosa Herce. De hecho, esta última, hoy diputada del PSOE La Rioja denunció a finales de mayo el retraso en la apertura de este nuevo recurso “de forma deliberada”. La apertura estaba programada para el 1 de mayo (finalmente se ha realizado el 11). “El Ejecutivo regional ha tenido esta instalación cerrada durante dos años”, decía la alcaldesa socialista, Rosa Herce, además de recordar “el sello socialista” de este recurso y calificar este retraso de “cálculo tacticista y electoralista”.

Un nuevo edificio moderno y adaptado

El nuevo Centro de Día se ha construido en una parcela contigua a la residencia ‘Ciudad de Arnedo’, en la avenida Cruz Roja, y cuenta con una superficie construida de 879,28 metros cuadrados, además de una zona ajardinada de 148,78 metros cuadrados.

El edificio se organiza en dos volúmenes diferenciados. La zona exterior, orientada hacia la calle, concentra los espacios de servicios, despachos, salas técnicas, almacenes y cocina; mientras que la zona interior, abierta al jardín, alberga las salas destinadas a los usuarios, como comedor, áreas de descanso, fisioterapia y terapia ocupacional.

El centro dará cobertura no solo a Arnedo, sino también a una decena municipios del entorno como Herce, Santa Eulalia, Préjano, Arnedillo, Munilla, Enciso, Muro de Aguas, Villarroya, Zarzosa o Tudelilla, reforzando así la atención sociosanitaria en toda la comarca de Rioja Baja.

A este respecto, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha destacado que “los fondos europeos aterrizan en el territorio y se traducen en servicios útiles y cercanos para la ciudadanía”, en referencia a la apertura del nuevo centro de día de Arnedo. Asimismo, ha agradecido la implicación de todas las administraciones para hacer realidad este proyecto y ha subrayado que esta nueva infraestructura prestará un servicio fundamental no solo a Arnedo, sino a toda su comarca.

Las nuevas instalaciones incorporan equipamiento sociosanitario avanzado y tecnologías aplicadas a la rehabilitación, la estimulación cognitiva y la terapia ocupacional, con el objetivo de mejorar la autonomía personal y prevenir el deterioro funcional de las personas mayores con distintos grados de dependencia. Entre otros recursos, el centro dispone de sillones geriátricos anatómicos, grúas de movilización e higiene, bicicletas estáticas, equipos de electroestimulación, ejercitadores respiratorios y dispositivos específicos para fisioterapia y rehabilitación.

Además, la ampliación de plazas lleva aparejada la incorporación de nueve nuevos profesionales: un médico-psicólogo, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, dos enfermeras y cuatro auxiliares-gerocultores más. En total, el centro contará con una plantilla de 17 trabajadores. 

“Hemos multiplicado por dos la capacidad de atención hasta las 40 plazas y de manera acorde a esta ampliación, se aumenta el personal con nueve profesionales sociosanitarios más”, ha recordado el presidente. Entre los servicios que se prestarán destacan la atención sanitaria y de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, apoyo social y familiar, higiene y cuidados personales, administración de fármacos, comedor y transporte adaptado.

Por su parte, la alcaldesa de Arnedo, Rosa María Herce, también ha puesto en valor la colaboración entre administraciones para hacer realidad una infraestructura beneficiosa para Arnedo y toda la comarca del Valle del Cidacos. En este sentido, Herce ha subrayado que este nuevo recurso público “contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas mayores” y ha defendido la importancia de dotar a los municipios de servicios públicos que permitan fijar población y garantizar una atención digna y cercana a los vecinos, especialmente a los más vulnerables.

Santander abrirá este lunes 18 de mayo, a partir de las 15.00 horas, el plazo de inscripción para las actividades de verano de las ludotecas municipales. Los programas se desarrollarán en los centros Callealtero, Cazoña, Nueva Montaña, Numancia, Tabacalera y Cueto entre el 19 de junio y el 7 de septiembre, dando así cobertura a distintas zonas de la ciudad.

Según ha informado la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Santander en nota de prensa, los interesados podrán realizar las preinscripciones de forma telemática en las ludotecas, a través de los correos electrónicos que podrán encontrar en www.redludotecassantander.com. A la hora de hacer la preinscripción habrá dos modalidades: las plazas de conciliación, dirigidas a aquellas familias cuyos progenitores trabajan o estudian -con prioridad del 18 al 29 de mayo-, y las plazas abiertas al público en general.

A estas actividades podrán acceder todos los niños con edades comprendidas entre los 3 y 12 años cumplidos en el momento de realizar la solicitud y las familias numerosas y las familias monoparentales que así lo acrediten están exentas de pago.

Las actividades se desarrollarán desde el 19 de junio al 7 de septiembre y durante este periodo todas las ludotecas de la red abrirán de lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas. Las familias podrán escoger un máximo de tres periodos en el horario que necesiten.

En la solicitud deberá figurar el nombre y apellidos del niño y la edad, así como el nombre, apellidos y teléfono del responsable del menor, además de la ludoteca y el turno en el que desea inscribirse.

En el caso de optar a las plazas de conciliación, se debe adjuntar un justificante laboral actualizado de ambos progenitores (o de uno si es monoparental y así lo acredita), que refleje su horario laboral y que éste coincida con el horario de ludoteca que desea reservar.

Para las plazas abiertas al público en general, los interesados tendrán que enviar un correo electrónico a la ludoteca en la que desea inscribirse con el formulario de preinscripción completado.

En nota de prensa, la concejala de Igualdad, Zulema Gancedo, ha explicado que este servicio tiene el fin de apoyar a las familias en el ámbito de la conciliación.

El reciente anuncio de un acuerdo entre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y los sindicatos UGT, CCOO, SIEP y TU para reforzar las plantillas de los centros de dependencia en la región —que preveía la incorporación de nuevos efectivos para aliviar la carga de trabajo— no ha sido bien recibido por la totalidad del personal público vinculado a este sector. Los trabajadores del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo no solo consideran la medida insuficiente, sino que la califican como un “parche” que no resuelve su crisis estructural. Por ello se concentrarán este sábado, 9 de mayo, a las 14.00 horas, a las puertas del edificio para reclamar soluciones “reales” ante “la grave falta de personal” que sufre el servicio.

Anjana González, técnica auxiliar del CAD de Laredo, es una de las voces que lidera esta movilización que ha nacido, según subraya, desde la propia base de los trabajadores y no desde las cúpulas sindicales. “Encima de que han firmado menos de lo que se nos ofrecía en primera instancia, no estamos de acuerdo”, explica González en referencia al acuerdo que otorga ocho ‘acúmulos’ más uno en el centro de día, frente a los nueve técnicos sociosanitarios que se habían planteado inicialmente en las reuniones con el ICASS.

'Acúmulos' frente al problema de la temporalidad

El núcleo del conflicto reside en la naturaleza de las contrataciones. Para la plantilla de Laredo, la fórmula del “acúmulo de tareas” es una solución de corto recorrido para un problema crónico. “Lo que necesitamos son efectivos reales, no un 'acúmulo' que sea un parche que me dure seis meses y luego me lo vuelvan a quitar y me encuentre en la misma situación o peor”, ha lamentado González en declaraciones a elDiario.es.

En el argot administrativo, según ha explicado, estos 'acúmulos' sirven para cubrir picos de trabajo, pero no consolidan una plaza estructural o vacante. Mientras tanto, el centro sigue lidiando con bajas y vacaciones que quedan sin cubrir, obligando a los profesionales actuales —unos 71 técnicos y auxiliares de una plantilla total cercana a las 200 personas— a asumir turnos interminables sin respetar los descansos mínimos. “Estamos agotados física y mentalmente”, reza una carta enviada por los trabajadores a los medios de comunicación.

El riesgo añadido de la falta de enfermeras

La situación es especialmente alarmante en el área de enfermería. La falta de estas profesionales está provocando un efecto dominó que pone en riesgo tanto a los trabajadores como a los residentes. Según ha denunciado González, cuando no hay enfermeras disponibles, la responsabilidad de tareas críticas recae sobre el personal auxiliar y técnico sociosanitario, quienes no poseen la cualificación legal para desempeñarlas.

“Es grave. La gente se piensa que es un tema muy sencillo, pero es que un mínimo error puede provocar algo grave”, advierte la trabajadora. González pone como ejemplo reciente una sentencia judicial por homicidio imprudente contra un auxiliar de enfermería en la Comunidad de Madrid por un error en el suministro de medicación, un riesgo que, aseguran, planea sobre su día a día debido a la sobrecarga asistencial.

Actualmente, el CAD de Laredo atiende a 121 residentes permanentes, a los que se suman unos 20 usuarios del centro de día. A pesar de que existen habitaciones vacías que no se ocupan por la falta de personal, la presión sobre las empleadas y empleados no cesa, afectando directamente a la calidad del servicio que reciben los dependientes.

Una protesta unánime de toda la plantilla

Lo que hace singular este conflicto es su carácter asambleario. Aunque cuentan con el asesoramiento legal de sindicatos como CSIF o SUC -que han reclamado también más empleados de servicios en el CAD de Sierrallana y se han negado a firmar el acuerdo del ICASS-, los trabajadores recalcan que la gestión de las protestas es propia. “Esto no ha salido de parte de los sindicatos, ha salido de los trabajadores”, ha insistido Anjana González, señalando que incluso la dirección del propio centro de Laredo apoya sus reivindicaciones ya que “son testigos directos de la falta de efectivos”.

Los trabajadores de Laredo sienten que sus necesidades específicas han sido ignoradas en la mesa de negociación por parte de los sindicatos firmantes (UGT, CCOO, SIEP y TU). “No estamos nada de acuerdo en lo que ha firmado el comité porque no ha tenido en consideración lo que los trabajadores estábamos pidiendo”, ha sentenciado González.

Tras años trabajando bajo mínimos, el objetivo de la concentración de este sábado es dar visibilidad al problema. “Hemos visto el momento de dar un golpe en la mesa”, afirma González. “Ya se ha escuchado nuestro grito de socorro y no vamos a parar hasta que no mejore. No sé a dónde nos llevará todo esto, pero que no vamos a parar lo tenemos clarísimo”, ha añadido.

La movilización de Laredo busca no solo presionar al ICASS para que convierta los “parches” temporales en plazas estructurales, sino también alertar a la sociedad cántabra sobre la precariedad de un sector público que debería ser garante de la dignidad en los cuidados de la tercera edad y la dependencia.

Los sindicatos UGT, CCOO, SIEP y TU han alcanzado un acuerdo con la Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para reforzar de manera urgente las plantillas de los centros de atención a la dependencia y responder a los problemas organizativos existentes en distintos servicios del organismo.

El acuerdo se ha suscrito tras una reunión de la Dirección del ICASS y el comité de empresa del personal laboral del Gobierno de Cantabria, que tenía como asunto principal la grave falta de personal que vienen sufriendo desde hace tiempo los centros dependientes del ICASS, una situación denunciada reiteradamente por UGT, CCOO, SIEP y TU, han indicado este viernes en un comunicado.

“Tras un intenso proceso de negociación”, los cuatro sindicatos han logrado un acuerdo que contempla nuevas contrataciones y acumulaciones de tareas en distintas categorías profesionales especialmente afectadas por la falta de efectivos, entre ellas, técnico socio sanitario, auxiliar de enfermería, cocina y servicios, han señalado.

Además, incluye “el compromiso” de cobertura de plazas comprometidas y medidas específicas para afrontar las necesidades derivadas del horario intensivo en los centros de atención a la primera infancia.

UGT, CCOO, SIEP y TU consideran que este acuerdo supone “un paso importante” para mejorar la atención a los usuarios y para avanzar en unas condiciones laborales “más dignas” para los trabajadores de los centros del ICASS.

Asimismo, han solicitado de manera inmediata la utilización de la bolsa abierta y permanente de técnico socio sanitario para agilizar la cobertura de sustituciones y necesidades urgentes de personal, y han reclamado la publicación definitiva de dicha baremación en el menor plazo posible.

Por otra parte, han lamentado que no haya sido posible alcanzar la unanimidad sindical en torno al acuerdo, “pese a existir coincidencias importantes en buena parte de las propuestas planteadas durante la negociación”, han asegurado.

Al hilo, han reafirmado su compromiso “con la negociación, la defensa de los servicios públicos y la mejora de las condiciones laborales de toda la plantilla del ICASS, entendiendo que este acuerdo debe servir para estabilizar la situación de los centros y garantizar una atención adecuada a las personas dependientes”.

“Entendemos que este acuerdo pone fin a actuaciones planteadas en los próximos días y las cuatro organizaciones nos comprometemos a vigilar el cumplimiento del acuerdo y seguir negociando mejoras”, han concluido.

La gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio en Logroño ha llegado al pleno municipal. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño ha defendido este jueves la prestación de este servicio en Logroño frente a las crítica de buena parte de la oposición por la “privatización” y el “mal servicio”.

Así se ha puesto de manifiesto durante el debate de una moción, planteada por el Grupo Mixto Podemos “para recuperar la calidad, la estabilidad y el control público del SAD en Logroño”. Una propuesta que ha sido rechazada con el 'no' de PP y Vox, la abstención de la concejala no adscrita Eva Loza y el voto a favor de PR+, Podemos y PSOE.

En defensa de su moción, la portavoz de Podemos Amaia Castro ha subrayado que “el Servicio de Ayuda a Domicilio es un servicio esencial del Ayuntamiento, del que dependen más de 2.000 familias, ”un servicio que no puede depender de un fondo que busca el beneficio económico“, citando ”numerosas quejas que están llegando por parte de los usuarios“.

Frente a eso, ha reclamado “reafirmar los principios del SAD, con criterios de continuidad asistencial, atención centrada en la persona o estabilidad de equipos”; “reforzar la inspección y el control municipal del contrato”; “habilitar un canal de comunicación y seguimiento con los usuarios y sus familias”; “actuar ante los incumplimientos de la empresa adjudicataria”; y “avanzar hacia la remunicipalizacion del SAD”.

En respuesta a la moción, desde el PR+ se ha reclamado la financiación “necesaria” y tener en cuenta “a las empresas de aquí”. Por parte de VOX, reconociendo “preocupación” por problemas en el servicio, ha considerado la propuesta como “simplista” e “ideológica”. El PSOE, por su parte, ha planteado la creación de una ordenanza específica y de una empresa municipal de servicios sociales “para una mejor gestión directa”.

La concejala de Servicios Sociales, Patricia Sáinz, ha dicho que “genera profunda tristeza escuchar el mensaje que están lanzando, parece que es un desastre y nada más lejos de la realidad, está ayudando a muchas personas y con una gestión muy buena, los logroñeses pueden venir con confianza, estamos viviendo aumento de horas y de usuarios”. Ha reconocido la edil que una de las quejas principales de la prestación del servicio es el cambio de personal, señalando que “el mercado ahora mismo no nos ofrece personas formadas”, aunque ha citado acciones “en las que estamos trabajando para poder contar con más personal”.

A ello ha sumado que “estamos implantando el SAD de cercanía, con lo que se está intentando poner solución al cambio de personal”, un proceso que “se está haciendo poco a poco”. “Todo cambio asusta, hemos estado haciendo acompañamiento personalizado para llevar adelante ese cambio y se han reconducido practicamente todas las situaciones”, ha asegurado Sáinz, quien ha incidido para finalizar en que “la valoración del servicio donde se ha ido implantando es positiva”.

El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha la Oficina de Atención a las Personas Mayores. Este nuevo servicio se ubica de forma provisional en uno de los locales exteriores del Mercado de San Blas, en la calle Hermanos Moroy, estando prevista su sede definitiva en el nuevo espacio intergeneracional que se está ejecutando en la antigua estación de autobuses. No obstante, esta apertura provisonal estaba prevista para finales del año pasado.

La concejala de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, ha visitado esta mañana las instalaciones y ha destacado que “el Ayuntamiento cumple así el compromiso de ofrecer a nuestras personas mayores una atención más cercana, acompañándoles e informándoles de todas aquellas cuestiones municipales que puedan ser de su interés”.

La concejala ha recordado que Logroño forma parte de la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, cuenta con el Plan de acción del proyecto ‘Logroño, Ciudad Amigable con las Personas Mayores’, que recoge diferentes medidas encaminadas a favorecer el envejecimiento activo, la autonomía personal, la prevención de la soledad no deseada y la atención y el apoyo a las personas mayores en todos los ámbitos.

Entre las iniciativas que atenderá la Oficina se encuentran las siguientes

Horario y profesionales que prestarán servicio en la oficina

El equipo de profesionales, bajo la dirección de la Sección de Familia y Apoyo a la Unidad de Convivencia, está compuesto por una trabajadora social, una animadora sociocultural y una gestora administrativa.

El horario de atención será de lunes a jueves de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas y viernes de 10:00 a 13:00 horas.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha inaugurado este lunes el nuevo Centro de Día para Personas Mayores Dependientes de Calahorra, una infraestructura completamente nueva que duplica su capacidad hasta alcanzar las 60 plazas. Apertura que llega con algo de retraso porque a principios de 2022 ya se hablaba de este nuevo recurso para las personas mayores y se apuntaba una fecha de apertura: año 2024.

El entonces consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, y la exalcaldesa, Elisa Garrido, hablaban ya del nuevo centro de día junto a la exdirectora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Carmen Benito. “El nuevo centro de día tendrá más de 1.300 metros cuadrados para 60 plazas más una zona exterior y ajardinada de más de 500 metros cuadrados. En su construcción se invertirán 4,2 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation. El plazo de ejecución es de 18 meses y se prevé que esté en funcionamiento en 2024, decían hace cuatro años.

Así es el nuevo centor de día

El nuevo centro sustituye al anterior ubicado en la calle Paletillas y se traslada a un edificio de nueva construcción junto a la residencia ‘Los Manitos’ y el Hospital Universitario de Calahorra. Esta nueva infraestructura permite dar respuesta al aumento de la demanda detectada en la zona y amplía la cobertura a municipios como Pradejón, El Villar de Arnedo y Aldeanueva de Ebro.

Con una superficie total de 3.373 metros cuadrados, el centro dispone de espacios especializados para la atención integral: áreas de terapia ocupacional, fisioterapia, atención sanitaria, comedor, zonas de descanso, servicios de podología y peluquería, así como zonas exteriores ajardinadas.

El centro incorpora equipamiento sociosanitario avanzado y tecnologías aplicadas a la rehabilitación y la estimulación cognitiva, con el objetivo de prevenir el deterioro funcional y promover la autonomía personal. La inversión en equipamiento asciende a 278.167,32 euros.

Entre los servicios que se prestan destacan la atención sanitaria y de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, apoyo psicosocial, dinamización sociocultural y transporte adaptado. Además, el refuerzo de plazas conlleva la incorporación de 12 nuevos profesionales, fortaleciendo el equipo asistencial.

La construcción y puesta en marcha del centro ha supuesto una inversión total de 4,19 millones de euros, financiados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos Next Generation. La gestión del servicio ha sido adjudicada a SOCIALCORE, S.L., e incluye mejoras como programas de innovación tecnológica, formación continua y apoyo a familiares y cuidadores.

Capellán ha subrayado que este nuevo centro supone “una muy buena noticia para Calahorra, para el entorno y para toda La Rioja. Hoy observamos por fin la materialización y la puesta ya en servicio del Centro de día de Calahorra, un espacio que ofrece cuidado a las personas mayores, rehabilitación activa y muchos servicios próximos a su entorno vital”. 

Durante la inauguración, el presidente ha estado acompañado por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín; la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz; la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo; y la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, entre otras autoridades.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha destacado la importancia de los fondos europeos para fortalecer los servicios sociales: “Estos recursos nos permiten situar a las personas en el centro, acercando servicios fundamentales como los centros de día al entorno más cercano de nuestros mayores”, ha destacado. Por su parte, la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha celebrado la apertura de las nuevas instalaciones destacando que este proyecto “atiende las necesidades reales de los calagurritanos” y reafirma el compromiso del Gobierno regional con el municipio. 

Innovación y atención personalizada con 12 nuevos profesionales

El centro incorpora equipamiento sociosanitario avanzado y tecnologías aplicadas a la rehabilitación y la estimulación cognitiva, con el objetivo de prevenir el deterioro funcional y promover la autonomía personal. La inversión en equipamiento asciende a 278.167,32 euros.

Entre los servicios que se prestan destacan la atención sanitaria y de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, apoyo psicosocial, dinamización sociocultural y transporte adaptado. Además, el refuerzo de plazas conlleva la incorporación de 12 nuevos profesionales, fortaleciendo el equipo asistencial.

La construcción y puesta en marcha del centro ha supuesto una inversión total de 4,19 millones de euros, financiados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos Next Generation. La gestión del servicio ha sido adjudicada a SOCIALCORE, S.L., e incluye mejoras como programas de innovación tecnológica, formación continua y apoyo a familiares y cuidadores.

La coalición Compromís denuncia el “colapso” en los servicios sociales de València y la escasa repercusión del plan de choque anunciado por el Ayuntamiento de PP y Vox. Los valencianistas denuncian que se ha producido un “cuello de botella” en la lista de espera de la dependencia, que ya supera las 12.000 personas.

En 2024 el equipo de gobierno anunció un plan de choque para atajar las listas de espera, un proyecto que “apenas dos años después, se ha convertido en un completo fracaso”, porque no solo no ha logrado reducir las cifras, sino que las ha seguido disparando: un 78% en informes de entorno, un 68% en valoraciones y un 144% en revisiones de grado. En global, el aumento es del 104% en este período, denuncia la coalición.

Actualmente, hay 11.234 personas esperando el reconocimiento de la dependencia (sumando las denominadas listas A y B), una cifra que se eleva hasta 12.622 si se incluyen también las revisiones de grado, muchas vinculadas a enfermedades graves como ELA, Alzheimer o demencias.

Robles resume así el plan de choque de Catalá: “La alcaldesa ha convertido un derecho fundamental en un calvario burocrático. Estamos ante una situación límite que no deja de empeorar”. Desde mayo de 2024 hasta abril de 2026, los datos acumulados confirman el fracaso del plan anunciado por el gobierno municipal. Las personas en espera de informe de entorno han pasado de 2.365 a 4.210, un incremento del 78%. Las valoraciones han crecido de 3.261 a 5.473, un 67,8% más.

El caso más preocupante es el de las revisiones de grado, que han pasado de 569 a 1.388 expedientes, con un aumento del 144%. Es decir, se han más que duplicado en solo dos años. “Lejos de reducir la lista de espera, el ‘plan de choque’ ha coincidido con un crecimiento sostenido del sistema en todos sus puntos críticos”, lamenta la portavoz valencianista. Por otro lado, la coalición denuncia que hay 1.074 niños y niñas en lista de espera, un 57% más que hace un año, con casos que acumulan retrasos desde 2023.

El equipo de gobierno ha respondido al análisis de Compromís acusando a la coalición de “crear confusión” con los datos. Según fuentes municipales, el presupuesto en Servicios Sociales con el Gobierno de María José Catalá creció hasta los 46.549.963 euros, un 14’1% más.

En el año 2025, insisten desde Servicios Sociales, el PP ha elevado los trabajadores esta cifra hasta los 566, es decir un 38% más de personal. También apuntan que con el gobierno de Compromís existía en el año 2021, 2.104 expedientes en Ayuda Domicilio, en el año 2025 las personas que se benefician son 4.355, un 100% de aumento. En dependencia, señalan, se hay en el sistema más de 35.000 personas, un 217% más que en 2021.

En la foto, Emma sonríe. A su lado, Mario levanta la mano y dibuja con los dedos el símbolo de la victoria. La imagen llega por WhatsApp a primera hora de la mañana, después de pasar la noche a la intemperie. Han conseguido entrar en los servicios sociales municipales de Madrid y lo celebran. La desorganización del proceso les ha empujado a hacer horas de cola para solicitar el certificado de vulnerabilidad que necesitan para iniciar el proceso de regularización. Durante unas horas, creen que han resuelto el trámite que está entorpeciendo la medida. No era así, y lo sabrán dos días después.

Cuando el matrimonio acude a otra ventanilla del Ayuntamiento de Madrid para validar el documento se topan con una respuesta inesperada: no pueden emitir su informe de vulnerabilidad. Nos han dicho que no estamos empadronados en el municipio y, sin ese requisito, el informe no puede validarse“, dice Emma. Acaba de percatarse de que la madrugada en la calle no ha servido de nada. Toca empezar de nuevo: ”El Ayuntamiento nos ha dicho que tenemos que ir a una ONG“.

La exigencia del llamado informe de vulnerabilidad —exigido a los migrantes sin papeles que no vivan con hijos a cargo o no prueben una vinculación laboral anterior o futura— ha abierto un frente inesperado en el proceso de regularización. Este requisito es el principal responsable de las largas colas, noches a la intemperie o choques entre el Gobierno central y muchos ayuntamientos, especialmente los del Partido Popular. Su elaboración corresponde en primer lugar a los servicios sociales municipales pero, a sabiendas de que estos trámites suelen traer problemas, el Gobierno añadió la posibilidad de que estos documentos fuesen validados por las llamadas ONG colaboradoras, incorporadas a un listado oficial. Y, mientras muchas oficinas municipales aún no han empezado a emitir estos documentos o validan solo unas decenas al día, las ONG de pequeño y mediano tamaño, pese a sus escasos recursos, se desloman para entregar el mayor número de informes posible.

Tras el varapalo recibido en el Ayuntamiento de Madrid, tras horas de llamadas, derivaciones y puertas cerradas, Emma y Guillermo escuchan hablar de la organización Servicio Doméstico Activo (Sedoac). Cuentan su caso, cuando la trabajadora de la organización asiente, suspiran. Emma agarra la carpeta que arrastra desde hace una semana por medio Madrid y gesticula su alegría contenida. Llegado su turno, Isabel, con cercanía, pregunta sobre su situación en España. Sin papeles, sin trabajo estable y con dificultades para pagar el alquiler de la pequeña habitación donde viven, la ONG valida su certificado de vulnerabilidad. Emma y Guillermo clavan su mirada en el sello que la trabajadora estampa en el papel. Se miran cómplices y sonríen.

No es la concesión de la regularización. No es el registro de su petición. Es un simple formulario, un requisito de las decenas de documentos que tienen que presentar para optar al proceso extraordinario. Pero cuánto les ha costado conseguir el último papel que les queda para entregar su expediente a su abogado e iniciar el trámite. Tenían todo preparado desde hace semanas, y esta exigencia de última hora desbarató sus planes y les avivó el miedo de quedar excluidos de la medida.

Con el documento sellado en sus manos, Emma se emociona: “Hemos sufrido mucho, por eso agradecemos tanto tenerlo en nuestras manos por fin”. Mientras escucha a su esposa, Guillermo se rompe: “No entendemos como, hasta para una medida esta, nos hacen pasar por todo esto. Por qué lo ponen tan difícil de repente, por qué nos tienen que hacer pasar por tantas horas de cola, por ir de un lado a otro, casi suplicando, para conseguir este último requisito”, dice el salvadoreño, antes de abandonar la ONG entre decenas de palabras de agradecimiento.

Desde la semana pasada, la sede de la ONG Rumiñahui en Madrid amanece con cientos de personas esperando en su puerta. Tras la publicación de varios post en su Instagram que anuncian la emisión de cientos de certificados de vulnerabilidad cada día, se ha corrido la voz. La organización ha elaborado un sistema ágil para emitir de manera rápida, y obviamente gratuita, el mayor número de informes posibles. “Hemos habilitado varias salas y organizamos grupos de unas 80 personas. En ellas, durante una hora, les damos una charla. En grupo, les explicamos las distintas casuísticas de vulnerabilidad y, así, hablando en común, les vamos indicando la casilla que les corresponde marcar. Una vez comprobado todo, los validamos.

La organización está sacando adelante alrededor de 600 informes al día en cada sede. La oficina de servicios sociales de Puerta de Toledo, permite cada día realizar el trámite a unos 80. La ONG, apoyándose en trabajadores y voluntarios, atiende casos de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, aunque no es su horario habitual. Según varios testimonios recabados, las oficinas de servicios sociales municipales que el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado para poder hacer dicho trámite, atienden estas peticiones hasta las 12 de la mañana aproximadamente, durante unas tres horas.

La misma organización, Rumiñahui, realizó este viernes una misión en Lorca, municipio con un alto porcentaje de población migrante, la mayoría empleada en el campo. “Hay unas mil personas en la cola, ya hemos validado unos 600 informes de vulnerabilidad”, explica por teléfono desde allí Vladimir Paspuel, presidente de la entidad, a elDiario.es. En otros lugares, muchos ayuntamientos aún no han empezado a sellar los informes, por lo que la labor está recayendo en muchas organizaciones que no dan de sí: “En Andalucía, nos estamos encontrando muchos municipios que directamente se niegan a realizar este documento, o dan citas para junio. No puede ser que las ONG, que además suelen ser las pequeñas o medianas, hagan más informes que los servicios sociales. Tienen que habilitar más recursos, sean del estado o municipales, para reforzar esa atención”, sostiene Diego Boza, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

El 'Centro de Empoderamiento de Trabajadoras de Hogar' de Sedoac suele abrir sus puertas solo de jueves a domingo para recibir a mujeres empleadas domésticas, a quienes apoyan a través de talleres o distintas actividades. Ahora, el espacio se ha convertido en una suerte de oficina de servicios sociales. En una sala, dan cita. En otra, sellan informes o registran expedientes urgentes. “Con todo esto, hemos ampliado el horario”, dice Edith Espínola, portavoz de Sedoac. Es martes, acaba de salir de una entrevista y mira el reloj apurada. Es su día libre en su trabajo y quiere aprovecharlo para sellar informes de vulnerabilidad y registrar algunas peticiones. “Tengo ya a gente esperando en la puerta”, dice antes de tomar un taxi para empezar cuanto antes. Ella es una de las integrantes más activas del movimiento que lleva seis años de lucha por la regularización, conoce lo que está en juego y el significado de cada papel.

Sentada en la mesa, empieza a atender a quienes esperaban. No son muchos. Aún no se ha corrido la voz de que Sedoac ha empezado a sellar el documento por el que cientos de personas hacen fila en los servicios sociales. Primero empezaron con las mujeres a las que atienden en sus proyectos, pero ya han abierto sus puertas para todo el que lo necesite. Espínola atiende cada caso sin importar el tiempo, conoce de primera mano lo farragoso del proceso y la importancia de comprender cada detalle. Además de sellar el documento, se interesa por el caso específico de quienes se sientan frente a ella.

Ante la falta de un sistema de coordinación estatal, estas organizaciones con escasos recursos van adaptándose en función de la demanda. Ese martes, Sedoac recibió a unas 30 personas. El miércoles fueron 150. El jueves, algo más. El viernes, la organización decidió rediseñar su sistema, exigiendo cita previa. Como saben que aunque el plazo finaliza el 30 de junio, no todos pueden esperar a registrar su petición, la organización permite cierta flexibilidad en determinados casos que requieran urgencia: como la previsible caducidad de otro de los documentos recopilados, como los antecedentes penales; o ante situaciones laborales específicas, como los complejos horarios de las empleadas domésticas internas.

“Tú te lo sabes mucho mejor que mi abogado, y le he pagado 300 euros. Él no responde mis dudas, y tú me lo explicas muy fácil, paso a paso”, se sorprende una mujer que llegó a este punto de casualidad y se fue con su informe validado después de varios días en una suerte de juego de la oca en busca del certificado de vulnerabilidad. Espínola, con cierto sonrojo y humildad, baja la mirada y sonríe: “Bueno, es que yo he pasado por esto, lo he vivido”, responde la paraguaya. La activista vivió durante seis años en España sin papeles y se enfrentó al enjambre de trámites exigidos para lograr un permiso de residencia. Sabe de lo que habla.

El PSOE de La Rioja ha criticado el retraso de la apertura del centro de día de Arnedo, que consideran de “forma deliberada”. La apertrua está programada para el próximo 1 de mayo, mientras el actual Ejecutivo regional “ha tenido esta instalación cerrada durante dos años”, ha afeado la alcaldesa del PSOE del municipio, Rosa Herce. Además de subrayar el “sello socialista” del centro, consideran que el retraso es “un cálculo tacticista y electoralista”.

Por su parte, el PP ha defendido su gestión aludiendo al cumplimiento de “todos trámites relacionados con la preceptiva concesión de certificados y licencias administrativas”, así como ha destacado que ahora el centro de día tiene 40 plazas más, el doble de las amparadas por la licitación anterior.

Rosa Herce y la diputada regional María Somalo han analizado también la situación de la dependencia. Somalo ha señalado que el Gobierno de Capellán “ha desviado más de 12 millones de euros del presupuesto para la dependencia para pagar otros gastos”. La diputada regional ha asegurado que “estamos ante un ejemplo más de mala gestión y ante un evidente desinterés del Gobierno de Capellán por las personas más vulnerables”.

Con esta forma de proceder, “no nos sorprenden los datos del Observatorio Estatal de la Dependencia, que vuelve a otorgarnos un sonoro suspenso en esta materia con un 4”, ha destacado. Un dato “especialmente preocupante y que no es coyuntural puesto que viene consolidando una tendencia de valoración a la baja desde que gobierna Capellán”. Frente a esta situación, ha dicho Somalo, “nos encontramos con un compromiso total del Gobierno de España con la financiación de la dependencia”.

Y sobre las infraestructuras, María Somalo ha denunciado que el Ejecutivo del PP “no es capaz de desplegar un plan serio”. Es más, “lo que Capellán y María Martín están haciendo es aprovecharse del Plan de infraestructuras elaborado durante el pasado mandato, pero recortándolo y demorándolo con un puro interés partidista”, han resaltado desde el PSOE

Además, Rosa Herce ha reclamado también que al Gobierno de La Rioja “que refuerce la financiación que se destina a ayuntamientos y mancomunidades para la ayuda a domicilio”. La alcaldesa ha recordado que es “un servicio imprescindible” que se da a la gente más vulnerable de la sociedad.

La aprobación de un decreto extraordinario para regularizar a medio millón de migrantes ha disparado las solicitudes en centros de servicios sociales. Como era de esperar, desde que entró en vigor la medida el miércoles pasado se han batido récords de peticiones en varios puntos del país. Solo en Madrid, que una semana antes registraba alrededor de 1.500 citas diarias, subieron rápidamente las visitas hasta alcanzar las 4.000 nada más publicarse la norma en el BOE (Boletín Oficial del Estado), y 5.500 más a lo largo del jueves.

Lo ha confirmado este lunes el responsable local de su gestión, José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad en el Ayuntamiento, que advierte de un “colapso” en los servicios municipales y lo atribuye a la gestión del Gobierno central por “no consensuar” una hoja de ruta clara con las comunidades autonómas, implicadas en la cadena de la regularización. Con la puesta en marcha de la norma, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones habilitó en la capital algunos centros de la Seguridad Social, además de las oficinas de Extranjería, para ampliar su capacidad de atención.

Sin embargo, ya el mismo viernes de la semana pasada hubo una respuesta contundente del alcalde: su ayuntamiento “no va a colaborar” con Moncloa más allá de sus competencias habituales en la materia, en represalia por haber quedado fuera de la planificación. Un día antes de que José Luis Martínez-Almeida sellara esta decisión, que comunicó al salir de una Junta de Gobierno, el Ayuntamiento había comenzado a repartir unos formularios no vinculantes para tantear las solicitudes, y este lunes se cerró una primera petición oficial de regularización: la de Andrés, un colombiano de 32 años.

La barrera del certificado de vulnerabilidad

Aun así, el responsable de Políticas Sociales ha reafirmado ese discurso que lanzó Almeida antes del fin de semana. José Fernández denuncia que uno de los requisitos indispensables para conceder la regularización a perfiles más desfavorecidos, el nuevo certificado de vulnerabilidad, no llegó a sus oficinas hasta el jueves de la semana pasada, con el decreto recién aprobado y “varias solicitudes acumulándose”.

El llamado “informe de vulnerabilidad”, un formulario de apariencia sencilla que sirve para justificar que cualquier situación de irregularidad conlleva unas condiciones de vida precarias, se ha convertido en la piedra en el zapato de muchos de los migrantes que salieron a la calle nada más estrenarse la medida. Dicho certificado acredita las situaciones de máxima vulnerabilidad entre personas en condición irregular. Desde Cibeles explican que el procedimiento será más ágil si para el solicitante ya consta alguna intervención previa de los Servicios Sociales, aunque de no ser así también pondrá hacerse el trámite.

“Lo que yo no voy a hacer (...) es certificar aquello que no podamos acreditar”, ha determinado Fernández, confiando en que este mecanismo permita descartar a quienes traten de beneficiarse de este sistema sin hallarse totalmente desprotegidos.En resumidas cuentas: para obtener el certificado harán falta, en palabras del delegado, “un trabajo previo, una historia social y una intervención social” anterior a la solicitud. En el plano político, el Ayuntamiento también ha arremetido contra Pedro Sánchez, sugiriendo que en realidad la regularización “solo responde a intereses parlamentarios” y pidiendo directamente la supresión del decreto.

María y su familia estuvieron más de un año esperando para recibir una ayuda que les permitiese afrontar con más recursos la discapacidad de su hijo. “Te hacen pasar momentos de angustia, es un desgaste increíble”, lamenta ella. La media desde que se solicita una prestación hasta que se obtiene una respuesta fue de 246 días, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad para el primer trimestre de este año. Y, desde que se recibe una respuesta favorable hasta que finalmente se obtiene, pasan otros 62. En total, el tiempo medio para hacer efectivo un derecho legal alcanza los 329 días.

Los datos del último Panel del Servicio para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) arrojan algunas mejoras. Hay récord de personas con derecho a prestación, más de 1,6 millones; las listas de espera se han reducido en 12 días respecto a marzo de 2025; y el total de gente esperando, ha caído un 16,6%. Pero muchas voces piden huir del triunfalismo. “Está muy bien que se reduzca la espera en 12 días, pero cuando llevas años esperando, da un poco de rabia”, apuntan desde la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales.

Según los últimos datos disponibles, 1,66 millones de personas reciben en España algún tipo de prestación por dependencia. Como muestra el siguiente gráfico, son apenas unos pocos miles más que en 2025, pero un 90% más que hace una década. Precisamente, en 2015 se incluyó en la ley a los usuarios de grados menos dependientes, lo que amplió los potenciales receptores.

Para el presidente de la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, José Manuel Ramírez, “es normal que todos los meses se incremente el número de personas atendidas, cuando hay 270.000 en lista de espera”. Va más allá, porque el Ministerio solo incluye en el conteo a aquellas personas que superan el umbral de los 180 días esperando. Tampoco se tienen en cuenta, por ejemplo, las revisiones.

Las personas en lista de espera se dividen en dos grupos: las que están pendientes de ser valoradas y las que lo están de recibir la prestación. En el año 2025, el total se redujo en 12.158 personas, pero cada mes unas 10.000 personas piden entrar en el sistema de dependencia, lo que tensiona la tramitación. Con todo, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ponía en valor la “capacidad del sistema para responder más rápido de lo que la demanda está creciendo”, porque “mientras las solicitudes crecen a un ritmo del 7,3%, las personas atendidas lo hacen a un 9,8%”.

Esa “capacidad” del sistema se traducía a finales de marzo en 329 días de espera —casi once meses— de media estatal. Pero hay comunidades donde las familias esperan mucho más y otras donde los trámites van más ligeros. Según los últimos datos disponibles, Murcia es quien más hace esperar a sus personas con dependencia, 553 días de media, y Castilla y León, la que menos, con 116.

Desde 2023, la mayoría de comunidades han hecho esfuerzos por agilizar los tiempos de tramitación de la prestación concedida. Sin embargo, en general, han subido los días de espera hasta obtener una respuesta, con lo que el saldo medio ha mejorado en apenas una semana.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de ambos indicadores y del total, comunidad a comunidad. Por ejemplo, en ese periodo, Asturias redujo en 62 días (hasta los 62) el tiempo de tramitación de la prestación concedida, pero ahora hay que esperar 164 días más (308) para llegar a ese momento, por lo que el retroceso ha sido más que notable, pasando de 260 a 375 días. En el caso de Madrid, esta región ha empeorado en todos los indicadores.

Esos días los reflejan las estadísticas, pero los cuentan las familias. “Acceder a los recursos es burocracia, papeleo, obstáculos y tiempo, mucho tiempo, en el que tienes que poder seguir manteniéndote, con la dificultad que esto supone en la vida cotidiana para la supervivencia de las personas”, explica Silvina Funes, la presidenta de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, un colectivo eminentemente feminizado y para quién “superar estos obstáculos es como los juegos del hambre”.

30.000 muertes al año

La espera tiene su cara más amarga en las personas que fallecen sin haber recibido una prestación a la que tienen derecho. Solo en el primer trimestre de este año fueron unas 9.000, entre las que esperaban la valoración o la ayuda en toda España. En 2025, sumaron más de 32.700 y en 2026, 34.250.

Al margen de los tiempos, hay otro factor que preocupa en el marco de la atención a la dependencia. Una deriva 'low cost', que carga a las familias. Del total de 2,4 millones de prestaciones totales a final del primer trimestre del año, “el 57% se dan ya en los hogares y en el entorno más cercano”, destacaba el Ministerio de Derechos Sociales. Es decir, la mayor parte de esas ayudas van destinadas a familiares que cuidan y suponen 172,5 euros de media para dependientes de grado I; 276,6 euros para los de grado II; y 383,6 euros para los de grado III.

“Vamos hacia un sistema de bajo coste, con servicios de baja intensidad y prestaciones económicas muy bajas. Con 260 euros al mes no se puede decir que se está atendiendo este tema”, considera Ramírez. Un informe de Comisiones Obreras, publicado en febrero de 2025, ya alertaba de que el sistema estaba dominado por “prestaciones baratas y basadas en cuidados no profesionales”, aunque se reduzcan las listas de espera.

El caso de María pone de manifiesto una de las reivindicaciones que comparten todas las voces consultadas: aliviar a las familias de trámites burocráticos que frenan las ayudas. Ella solicitó la valoración en diciembre de 2022. En febrero de 2023 le pidieron un documento, que entregó en marzo por sede electrónica. Cuando un año después preguntó por el estado de su solicitud, le dijeron que faltaba ese papel. No era cierto. “Me dieron cita urgente y me pagaron los atrasos, pero un año después”, recuerda. Entre media, tuvo que afrontar, entre otros gastos, unos 300 euros mensuales solo para llevar a su niño a un especialista, porque los tenía: “En ese momento trabajábamos los dos y los padres de mi pareja estaban en casa, pero imagínate una familia en otra situación”.

Otro de los handicaps que presenta la normativa actual es la incompatibilidad de algunas prestaciones. “Es como si vas a una operación y te hacen elegir entre el cirujano y el anestesista”, ejemplifica Silvina Funes. En la práctica, los datos ya “apuntan a un cambio de modelo”, explicaba el pasado viernes la secretaria de Estado, porque el número de prestaciones por persona pasó de 1,28 en 2021 a 1,44 en 2026. “Las personas que entran en el sistema combinan más cuidados, apoyos más adaptados a su situación y sus decisiones”, afirmó.

El Ministerio de Derechos Sociales trabaja en una reforma de la ley de dependencia, que tiene “dos orientaciones principales: eliminar las incompatibilidades de las prestaciones y ampliar la cartera de servicios y reforzar recursos con gran potencial para transformar el modelo, como la asistencia personal, los centros de día o la ayuda a domicilio”.

Para la presidenta de la Fundación Pilares de la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, el sistema de autonomía y dependencia sí ha dado un salto en los últimos años. Sobre todo, tras los recortes del año 2012, a consecuencia de la crisis económica, que no terminaron de revertirse hasta 2023, con Ione Belarra al frente del departamento de Derechos Sociales. En este sentido, Rodríguez, que fue una de las autoras del libro blanco sobre dependencia previo a la norma de 2006, considera que ha habido un esfuerzo por “analizar la calidad de las prestaciones y comprobar si con ellas se resuelve realmente el problema de las familias, porque el peso de los cuidados todavía recae sobre las mujeres”.

Desde el Ejecutivo buscan avanzar en la idea de la desinstitucionalización. Tiene sus ventajas e inconvenientes, porque permite a las personas permanecer en sus hogares, pero sin los recursos suficientes supone, en muchos casos, una carga incompatible con la propia vida para las cuidadoras. “Ninguna economía del mundo es capaz de asumir en exclusiva el coste que supone la dependencia, mientras muchas familias quieren seguir cuidando, pero sin sobrecargarse de una manera excesiva”, explica Rodríguez.

Según un reciente estudio de Fedea, con datos de 2024, España continúa “rezagada respecto al contexto europeo”. “El esfuerzo financiero destinado a cuidados de larga duración se sitúa en torno al 0,9-1% del PIB, una proporción notablemente inferior al promedio de la OCDE, que alcanza el 1,8%”, indica el trabajo. La financiación es otra de las vías de mejora que reclaman las entidades y asociaciones y que para la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales se encuentra en este momento paralizada, porque el aumento en el gasto corresponde a mayor número de prestaciones, pero no tanto a que estas se incrementen.

Desde las familias, han reclamado también que la nueva ley incorpore un reconocimiento económico y laboral de las cuidadoras y que se reduzca la carga que asumen en solitario. “Somos nosotras las que sostenemos el sistema, gracias a nuestro trabajo, y nuestras renuncias”, explica Patricia, también de la plataforma, que destaca que, en muchas ocasiones, son ellas quienes renuncian a trabajo remunerado, salario, cotizaciones y pensión.

“No haces nada con una prestación o una teleasistencia. Hay que ir sumando atributos, una serie de pocos que hacen un todo para la persona que realmente lo necesita”, coincide Rodríguez, que pide tener una visión más holística: “Necesitamos un ecosistema de cuidados en el entorno comunitario de salud, de servicios sociales, farmacia, elementos asociativos en los barrios, políticas preventivas... Vamos a vivir muchos años y vamos a necesitar más cuidados, así que tenemos que meternos en la cabeza que esto es cosa de todos”.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa grave y progresiva que afecta al sistema nervioso, concretamente a las neuronas motoras, que son las encargadas de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo. Hace ya año y medio que se aprobó el Real Decreto para financiar la nueva ley ELA en España, destinada a la cobertura y atención de enfermedades neurodegenerativas que van más allá de la Esclerosis Lateral Amiotrófica que le da nombre, principalmente aquellas que produce atrofia muscular progresiva.

Pasado el tiempo, ahora la implementación de esta normativa depende de las comunidades autónomas, que tienen las competencias en Sanidad. Las administraciones autonómicas son responsables de gestionar los servicios sociales y sanitarios para hacer efectivas las ayudas públicas.

Concretamente, deben adaptar el marco nacional de dependencia notificando al Ministerio de Derechos Sociales las solicitudes reconocidas para activar las prestaciones. Y el despliegue de las ayudas, que pueden llegar hasta los 10.000 euros mensuales para cuidados intensivos durante 24 horas, se financia al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas.

Esto quiere decir que la norma establece un marco obligatorio para todas las administraciones públicas con el objetivo de mejorar la atención especializada, pero su efectividad real está vinculada a la gestión autonómica.

Castilla-La mancha andaba rezagada, respecto a otras regiones, en la publicación de nuevas ayudas, pero finalmente, el pasado mes de marzo, la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria aprobó una línea de subvenciones para personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. En total, ha destinado medio millón de euros y la cuantía a conceder será de 4.000 euros por persona beneficiaria.

Hay que incrementar los cuidados y hacerlo de forma muy rápida

“Esta enfermedad, además de suponer una carga de cuidados muy importante para las familias, supone también un coste económico elevadísimo porque son muchos los cambios y los apoyos técnicos necesarios, que además se suceden muy rápidamente por lo que hay que incrementar los cuidados y hacerlo de forma muy rápida”, argumenta el Gobierno regional.

Castilla-La Mancha cuenta con tres consultas específicas de ELA (Talavera de la Reina, Toledo y Albacete) en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y una Unidad Específica de ELA, ubicada en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real.

Se estima que alrededor de 150 personas sufren ELA en la región, además de otras enfermedades contempladas en la nueva ley. Entre ellos está Álvaro Llave, de 34 años. Es vecino de Valdeverdeja, un pequeño pueblo de la provincia de Toledo con apenas 600 habitantes, bajo el área de influencia de Talavera de la Reina, a 40 kilómetros.

Tiene Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) que le fue diagnosticada al año y medio de su nacimiento. Se trata de una enfermedad genética rara y degenerativa, ligada al cromosoma X, que provoca debilidad muscular progresiva. Causada por la falta de distrofina, los síntomas aparecen antes de los 6 años, incluyendo retraso motor, caídas frecuentes y dificultad para levantarse.

Actualmente, Álvaro está en silla de ruedas y necesita atención durante todo el día. De esa labor se encarga su madre, Elena, de 55 años. Y debido a ello, esta última no puede acceder a un empleo con una jornada completa de ocho horas. No puede dejarle solo tanto tiempo.

Su enfermedad es degenerativa y que le obliga a depender constantemente de otra persona para realizar tareas básicas. “Para moverme, vestirme, cambiar de postura, ir al médico o cualquier cosa básica del día a día, necesito la ayuda constante de otra persona”, relata.

Acaba de solicitar las ayudas recién aprobadas en Castilla-La Mancha, pero afirma que las necesitaba “para ayer” o “para hace diez años”, porque ahora “entraremos en varios trámites que se alargarán en el tiempo y será volver a esperar y esperar”. De hecho, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento de estas ayudas es de seis meses desde la presentación de la solicitud de subvención.

Si tuviera ya esa ayuda, podría disponer de dos personas que, de forma rotatoria, pudieran atenderle en casa y que todos los cuidados no recayeran sobre su madre. “Porque también hay que cuidar al que cuida”, defiende.

“Mi madre no puede tener un trabajo estable porque tiene que dejarlo todo para cuidarme. Y creo que también merece poder trabajar y tener un poco de aire”, explica.

Empecé a necesitar cada vez más cuidados. Eso es condenar a mi madre solo a eso. Vamos tirando y sobreviviendo, pero no son cuidados dignos

Le indigna que en otras comunidades autónomas ya se hayan aprobado y concedido esas ayudas, generando importantes diferencias entre autonomías. “Los cuidados dignos no deberían depender del código postal”, denuncia ante este medio.

Es el motivo por el que ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para contar con más recursos para sus cuidados, además de una petición agilizar la prestación de ayudas para la asistencia personal y el apoyo a las familias, y que cuenta ya con más de 50.000 firmas. 

Álvaro nunca ha recibido ninguna ayuda pública. “Yo antes era un poco más independiente, pero la enfermedad avanzó y ahora estoy más en casa. Empecé a necesitar cada vez más cuidados. Eso es condenar a mi madre solo a eso. Vamos tirando y sobreviviendo, pero no son cuidados dignos”, resalta.

Insiste en que el retraso en la activación de la ley tiene consecuencias directas en su vida y en la de su familia: “Unos meses de espera suponen mucha diferencia. Necesito tener ya un poco más de independencia para mí”. Subraya que no se trata de privilegios, sino de “derechos básicos, cuidados dignos y apoyo a las familias que conviven con la dependencia”.

Álvaro concluye su llamamiento recordando que esta situación puede afectar a cualquier persona: “Nadie elige necesitar cuidados para vivir, pero cualquiera puede necesitarlos algún día”.

Una atención “coordinada, integral y centrada en la persona”

Precisamente, coincidiendo con la publicación de las ayudas en Castilla-La Mancha, Talavera de la Reina acogió en marzo las V Jornadas 'ELA en Castilla-La Mancha' para avanzar en la atención integral a las personas afectadas. Se celebraron en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina organizadas por la Asociación ELA CLM-AdELAnte, bajo el lema 'La ELA no se puede curar, pero sí se puede cuidar'.

El encuentro, reconocido de interés sociosanitario por la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, reunió a profesionales sanitarios, sociales, responsables institucionales y entidades del ámbito de la ELA con el objetivo de seguir avanzando hacia un modelo de atención “coordinada, integral y centrada en la persona”.

En este evento participaron representantes institucionales de la Diputación de Toledo, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, de la Gerencia de Atención Integrada y de la propia asociación organizadora.

En tres mesas de trabajo, se abordaron aspectos clave para la mejora de la atención: el funcionamiento, circuitos y modelo asistencial de la Unidad de ELA del Hospital de Talavera, la ruta asistencial de los pacientes, poniendo el foco en la coordinación sociosanitaria, y también los avances de la ley ELA y su desarrollo normativo, con el objetivo de trasladar el marco legal a la realidad concreta de las personas y sus familias.

Desde la Asociación ELA CLM-AdELAnte destacaron la necesidad “construir una respuesta más eficaz, humana y adaptada a las necesidades” de las personas con ELA u otras enfermedades neurodegenerativas, especialmente en territorios como Castilla-La Mancha, “donde la dispersión geográfica añade complejidad a la atención”.

Mientras tanto, Álvaro sigue esperando. Es muy activo en redes sociales y afirma que no dejará luchar por mejorar su situación mientras pueda hacerlo. Insiste en que es “una cuestión de dignidad” para él y para su madre, y en que a ello dedicará todas sus fuerzas.

La situació en què es troben els centres de menors de la Comunitat Valenciana és més que preocupant per l’“incompliment sistemàtic” per part de la Generalitat Valenciana de la llei per no renovar els contractes, caducats des del 2017, segons denuncien des del sector. Aquesta circumstància provoca problemes de personal generalitzats i instal·lacions deficients.

Un exemple d’aquestes mancances, tal com denuncien des de CCOO-PV és el centre de menors La Torre d’Alboraig, on més de 120 adolescents resideixen actualment en un recurs previst per a un màxim de 84 places. Davant aquesta situació, els treballadors denuncien l’amuntegament dels menors, la falta de recursos i personal, així com l’“augment de la violència” registrat en un centre que opera amb el contracte caducat (enriquiment injust), mentre s’espera l’arribada de més menors a la Comunitat Valenciana.

Aquest col·lapse, relaten els representants dels treballadors, ja s’ha convertit en una cosa “habitual” durant els últims anys i, “lluny de millorar aquest escenari, podria veure’s agreujat en els pròxims mesos a causa de la previsió actual de repartiment de menors plantejat des del Govern central”. En aquesta previsió, recorden, es preveu l’arribada de 450 menors més a la Comunitat Valenciana procedents de Ceuta i les Canàries, cosa que “incrementaria encara més la pressió sobre uns recursos que ja estan al límit de les seues possibilitats”.

Aquesta sobreocupació, sosté CCOO-PV, es tradueix en “condicions indignes” per als menors que són atesos en aquestes dependències: “Les habitacions, dissenyades per a dos o tres menors, acaben acollint fins a cinc menors, amb circumstàncies que freguen el maltractament institucional: matalafs en terra, roba interior compartida, peces llavades a mà i eixugades en les finestres, i un llarg etcètera que posa de manifest el col·lapse que els treballadors denuncien”.

Ràtios excedides i actes violents

En un altre pla, el professional i educatiu, aquesta situació també afecta de manera directa amb unes ràtios excedides (un professional o dos poden arribar a fer-se càrrec de grups de fins a 18 o 20 adolescents), “cosa que impedeix que l’atenció i la intervenció amb els menors puga donar amb unes mínimes garanties, de manera que queda difuminada la intervenció individualitzada i augmenta de facto el risc de conflictes”.

En aquesta mateixa línia, els treballadors alerten d’un augment dels episodis de violència amb motins, incendis provocats o agressions, tant entre els mateixos interns i com als treballadors. “I a tot això se suma el fet que es tracta d’un dels molts centres que la Conselleria manté sense contracte, amb la licitació caducada”, expliquen des del sindicat.

La plantilla denuncia, a més, una deterioració progressiva de les condicions laborals, amb una falta de personal que no compleix les ràtios necessàries, i amb un augment de baixes mèdiques i de dimissions.

Després d’anys traslladant aquesta situació a l’empresa, a l’Administració i a la Inspecció de Treball, finalment els professionals han decidit fer-la pública. Si no s’adopten mesures urgents, adverteixen els mateixos professionals del recurs, que el risc d’incidents greus continuarà augmentant en un centre que consideren ja desbordat.

La Conselleria de Serveis Socials ja va explicar fa unes setmanes a elDiario.es que s’ha posat en marxa un procés progressiu de renovació dels contractes de gestió integral de tota la xarxa de centres socials, caducats des de fa anys i que estan en situació d’enriquiment injust. Les primeres renovacions corresponien a residències de persones majors i centres de dia; després es licitaran els centres de menors i es posarà en marxa el nou decret de tipologies i funcionament dels centres. Consultats per aquest diari sobre aquest cas en concret, el departament que dirigeix Elena Albalat ha declinat fer valoracions.