El PSOE acusa al Gobierno de Conrado Escobar de congelar el escudo social para cuadrar las cuentas del Ayuntamiento. En concreto relatan que está “paralizando nuevos contratos mediante medidas de continuidad de los anteriores” obligando de esta manera a las empresas y entidades sociales a trabajar “con los contratos anteriores que no incluyen la subida del IPC y las actualizaciones salariales de los nuevos convenios de sus trabajadores”.

Así lo ha denunciado este lunes en una rueda de prensa el concejal Iván Reinares, quien ha reclamado a Escobar que asuma responsabilidades y “que deje de cuadrar el presupuesto a costa de asfixiar a las entidades sociales y precarizando la atención a los más vulnerables”.

Reinares ha explicado “el mecanismo de asfixia institucional” que está realizando el Gobierno del PP en Logroño y que se basa en que “el Ejecutivo de Escobar presenta un presupuesto que contempla el coste actualizado de los nuevos contratos de Servicios Sociales”, pero “estos contratos no se licitan en plazo, sino que la tramitación se retrasa dejándolos caducar

Así, “el Ayuntamiento recurre a medidas de prórroga que obligan a las empresas a seguir presentado el servicio con los precios fijados hace ya varios años”, ha indicado el edil. Este mecanismo “reduce el gasto real ejecutado, genera un remanente presupuestario que Escobar presenta como buena gestión económica y traslada a las entidades sociales el sobrecoste de mantener unos servicios que dejan además de incorporar las mejoras previstas en los nuevos contratos”, ha lamentado Reinares.

Una forma de actuar que ha conllevado que Escobar “haya dejado de invertir en el escudo social más de 3,7 millones de euros”, ha enfatizado. Una “negligencia” que ha sido repetida en el servicio “de Ayuda a Domicilio, en el contrato de Comedor social, en el de Limpieza y Auxiliares de los centros de servicios sociales, en el del Servicio de Orientación y Promoción Sociolaboral para Desempleados, en el Servicio de Acogida y Atención a Personas sin Hogar, en el de Logroño Acompaña para la Soledad No Deseada o en los contratos de Atención Socioeducativa con menores”, ha enumerado el concejal.

Un “truco contable” que tiene “un impacto letal” para las entidades sociales, ha subrayado Reinares quien ha lamentado que “este estrangulamiento económico ataca directamente al ciudadano vulnerable de Logroño”.

Las cuentas públicas de la regiñon recogen una aparente contradicción matemática. El último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, titulado 'Evaluación de los presupuestos por comunidades autónomas. Gasto social', sitúa a Extremadura a la cabeza de la inversión social en España tras registrar un incremento en el gasto por habitante del 27,4% en los últimos cinco años (2020-2025). La cifra duplica prácticamente el esfuerzo medio del conjunto del país (14,3%) y sitúa a la comunidad como la segunda autonomía con mayor empuje inversor de todo el Estado en este lustro.

Sin embargo, el mismo documento destapa una paradoja presupuestaria en 2025: el porcentaje de recursos que el Gobierno autonómico reservó en sus presupuestos para Sanidad y Educación se situó de manera sistemática por debajo del promedio de las comunidades autónomas.

¿Cómo es posible inyectar más dinero real por ciudadano en hospitales y colegios que casi nadie en España y, al mismo tiempo, registrar un menor peso relativo en el reparto global de la tarta presupuestaria? La respuesta a este fenómeno combina factores como la demografía, el coste real de los servicios públicos sobre el territorio y la propia estructura financiera de la Junta de Extremadura.

Inversión por habitante vs. Cuota presupuestaria

En el área de Sanidad, el presupuesto extremeño escaló un 16,2% en los últimos cinco años (326,4 millones de euros más), frente al avance nacional del 8,8%. Atendiendo en exclusiva a las cuentas de 2025, el porcentaje de gasto sanitario sobre el total del presupuesto autonómico se quedó en un 31,3%, alzándose como el quinto porcentaje de menor peso si se compara con el resto de comunidades. Sin embargo, en contraste con esa cuota del pastel, el gasto real sanitario por habitante en Extremadura alcanzó los 2.224 euros: el tercero más elevado de todo el país y unos 500 euros por encima de la media nacional.

Una asimetría idéntica se reproduce en la parcela de Educación. El presupuesto en enseñanza aumentó un 34% entre 2020 y 2025 (368,7 millones de euros más), registrando el mayor incremento por habitante de toda España con 355,80 euros adicionales por vecino. Sin embargo, en la foto fija de 2025, el peso de la educación dentro del presupuesto general extremeño fue del 19,4%, un punto porcentual menos que la media de las comunidades autónomas. Por contra, la inversión real por ciudadano en las aulas se tradujo en 1.328 euros, consolidándose de nuevo como el tercer importe más alto a nivel nacional (250 euros por encima de la media).

Los expertos apuntan a dos variables clave para entender esta paradoja presupuestaria. Por un lado, se encuentra el factor demográfico, ya que prestar servicios sanitarios o educativos en una región caracterizada por la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población es mucho más costoso por persona que en entornos urbanos compactos; de este modo, mantener consultorios abiertos en el mundo rural o ratios reducidas en colegios de pequeños municipios encarece notablemente el coste por habitante.

Por otro lado, influye la existencia de un presupuesto total más amplio en la región, puesto que al recibir Extremadura un volumen importante de recursos procedentes de los fondos de compensación y de partidas europeas destinados a infraestructuras o desarrollo, el montante total de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma es muy elevado, lo que termina por diluir el porcentaje matemático de la Sanidad y la Educación sobre el total, aunque la cuantía de dinero real que se invierte por cada ciudadano siga estando muy por encima de la media española.

Continuidad presupuestaria de Vara a Guardiola

El análisis del periodo 2020-2025 cobra además una especial relevancia política, dado que el salto inversor abarca la gestión de dos ejecutivos regionales de signo opuesto. Los datos confirman que el blindaje del gasto social ha mantenido una línea de continuidad institucional por encima de las siglas, transitando desde la última legislatura de Guillermo Fernández Vara (PSOE) hasta la irrupción del Gobierno de coalición PP-Vox de María Guardiola.

En total, en el año 2025 Extremadura destinó el 60,1% de sus cuentas totales a políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales combinados). Esto ha posibilitado asignar un gasto total consolidado de 4.270 euros por habitante en estas materias —lo que supone 918,80 euros más respecto a lo invertido en el año 2020—, blindando la posición de la región como la tercera de España con el mayor importe social dedicado a sus ciudadanos.

El liderazgo de los Servicios Sociales

Donde la paradoja presupuestaria se rompe por completo es en el ámbito de los Servicios Sociales. En este sector, Extremadura no solo inyecta más dinero por habitante, sino que la partida devora también un protagonismo absoluto dentro del propio diseño de las cuentas.

Entre 2020 y 2025, el presupuesto asignado a políticas sociales creció un 56,5% en la comunidad autónoma (253 millones de euros más). Con los números de 2025 en la mano, Extremadura dedicó el 9,4% de su presupuesto global en exclusiva a los servicios sociales, fijando la segunda cuota presupuestaria más alta del país, un punto y medio por encima del promedio estatal. Este esfuerzo se traslada de forma directa a la calle: la inversión por habitante alcanzó los 666 euros anuales en 2025, el segundo registro más elevado de toda España, superando en 220 euros la media nacional.

El gasto por habitante y año en políticas sociales en Canarias se acercó a la media estatal en 2024, con 407 euros en las Islas frente a los 431 del conjunto del Estado. Sin embargo, al año siguiente, 2025, sufrió un importante descenso hasta los 348 euros, y eso en un contexto de bonanza económica en las islas, con crecimiento del PIB y aumento de la recaudación vía impuestos.

Es uno de los datos aportados en el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, hecho público este viernes, y que detalla que el archipiélago gastó 7.803,4 millones de euros en políticas sociales el pasado año, lo que supone 1.747 millones más con respecto a lo gastado en 2020 -un 28,8% más-.

Tomando como referencia esa fecha, 2020, las Islas han pasado de 2.789,2 euros a 3.455,6 de 2025, lo que supone un incremento del 23,9% y 666,3 euros más, en una línea que han seguido todas las comunidades autónomas españolas salvo Cataluña.

Pese al aumento, según los presupuestos iniciales de 2026, la inversión por habitante y año en servicios sociales y promoción social en Canarias se mantiene todavía lejos de la media estatal, 457 euros, mientras que en las islas es de 376 euros-, sólo por delante de Baleares, con 288 euros.

Lejos queda la inversión canaria, por ejemplo, de los máximos que anota Navarra, que asciende hasta los 893 euros por habitante y año, más del doble de lo que invierte Canarias.

Desde la propia asociación que ha hecho este análisis, se alerta en cualquier caso de que los datos de presupuesto inicial del año 2026 deben considerarse “con toda cautela” ya que son iniciales y pueden sufrir importantes variaciones conforme avancen los meses.

El porcentaje de las políticas sociales sobre el presupuesto total de la comunidad autónoma fue, el año pasado, del 63,2%, que supone 15 puntos y medio más que lo que representaba en 2020.

Tanto los gastos en sanidad, como en educación y aquellos encuadrados como “resto de políticas” se han visto incrementados en los últimos años en volumen de inversión.

Pero no ha ocurrido igual con los servicios sociales, que, además de ir creciendo de una forma mucho más lenta, el presupuesto dedicado a ellos sufrió un descenso en 2025 respecto a las cuentas de 2024.

Así, si comparamos los gastos de 2020 con los de 2025, en Sanidad, Canarias incrementó sus partidas presupuestarias en un 24,75% -de 3.672 millones a 4.581 millones de euros-; en Educación lo hizo en un 28,28% -de 1.899 millones a los 2.436 millones de euros-. Sin embargo, hay que recordar que durante esta legislatura el presupuesto para educación se ha alejado del 5% del PIB, que es obligatorio según la Ley canaria de Educación.

Y pese al descenso experimentado en el último año, la subida en servicios sociales respecto al 2020 se situó en el 61,93% -de 486 millones de euros a los 787 millones-.

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular llevan años reclamando que el Gobierno central aumente la partida que les transfiere para dependencia. El reclamo encontró su ancla en el compromiso entre PSOE y Sumar para el acuerdo de coalición, pero no tenía respaldo legal. De hecho, la ley solo señala que las autonomías deben hacerse cargo de la mayor parte del gasto en esta materia, sobre la que tienen plenas competencias. Ahora que el Ejecutivo se dispone a incorporar esa cofinanciación al 50% por ley, el PP ha votado en contra en la Comisión de Derechos Sociales, donde se ha emitido el dictamen de la ponencia sobre la reforma de la Ley de derechos de personas con discapacidad e inclusión social.

Los votos en contra de PP y Vox a la enmienda y al dictamen no tiene efectos prácticos, porque el ministro Bustinduy ha logrado para su batería de medidas en dependencia el apoyo del resto de grupos, incluido Junts. Por lo tanto, el dictamen ha sido aprobado con 20 votos a favor y 17 en contra y la norma continúa su trámite parlamentario camino al Congreso.

“El PP ha votado en contra de esta enmienda a pesar de que este partido gobierna en numerosas comunidades autónomas y sus gobiernos regionales llevan años reclamando que la aportación estatal llegase al 50%”, indican fuentes ministeriales, que recuerdan que ese compromiso era “del Gobierno de coalición” y que “ahora se convertirá en norma a través de esta enmienda”.

Los 'populares' han justificado su voto en contra por la ausencia de una memoria económica y de presupuestos, según ha explicado el diputado Enrique Belda, que ha dejado la puerta abierta a votar la ley en el pleno si el Ejecutivo aclara “cómo pagan a partir de 2027 las nuevas prestaciones”.

El objetivo del Gobierno es blindar por ley esa cofinanciación al 50%, para evitar posibles recortes en el futuro, indican las fuentes consultadas. “En la década pasada, cuando el PP estaba en el Gobierno, recortaron en más de 5.000 millones de euros el sistema de la dependencia durante los mandatos de Rajoy”, indican.

El presidente Pedro Sánchez anunció a finales de junio la “mayor inversión en dependencia de la democracia”, con 6.200 millones de euros más en dos años. Con ellos, el Gobierno alcanza ese 50% de financiación para 2027, cuando se llegaría a un total de 7.239 millones, frente a los 3.757 millones de 2025 o los 1.347 de 2018, el último año del presidente Rajoy en la Moncloa.

Ya en 2022 las comunidades del PP exigieron al Gobierno que cumpliera con “su compromiso de financiar al 50%” el Sistema de Dependencia, “como es su obligación”. En aquel momento, ya pedían al Estado “estabilidad financiera”, contra la que ahora votan. En 2024, el senador por Ourense Francisco Fernández aseguró que la Ley de Dependencia ya obliga al Ejecutivo central a “aportar el 50%, al igual que las comunidades autónomas”.

La Ley de Dependencia no mandata ninguna aportación mínima del Gobierno central, más que “la Administración General del Estado garantizará la financiación a las Comunidades Autónomas para el desarrollo del nivel mínimo de protección para las personas en situación de dependencia” recogidas en al ley. Al contrario, si indica que estas deberán aportar cada año “al menos” la misma cantidad que el Estado.

La enmienda presentada por los grupos socialista y plurinacional Sumar reescribe la norma para garantizar, “en todo caso, una financiación equivalente al 50% del gasto total certificado por el conjunto de las comunidades autónomas” en cada ejercicio, “en el que no se incluirá la aportación de las personas beneficiarias”.

Pese a la normativa, y el voto en contra de este jueves, la hemeroteca 'popular' está plagada de peticiones a Sánchez de que financie esa mitad. En 2025, tras el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia le acusaban de “plantear una ley sin recursos y sin comprometerse a cumplir el 50% de la financiación que le corresponde.”

Alrededor un centenar de trabajadores, usuarios y familiares del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo se han concentrado este viernes a las puertas del centro para volver a denunciar “la grave falta de personal” que arrastra el servicio y exigir al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) medidas estructurales que pongan fin a una situación que consideran “insostenible” tanto para la plantilla como para la atención que reciben las personas usuarias.

La movilización, convocada por los propios trabajadores, ha contado nuevamente con el respaldo de CSIF Cantabria, que continúa rechazando el acuerdo suscrito entre el ICASS y las organizaciones sindicales UGT, CCOO, SIEP y TU al considerar que no ofrece soluciones reales ni garantiza el refuerzo estable que necesita el centro.

En un comunicado, CSIF ha señalado que las medidas recogidas en dicho acuerdo “son temporales” y condicionan cualquier consolidación de personal a futuras negociaciones de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y a la disponibilidad presupuestaria, “sin adquirir compromisos concretos sobre la creación de plazas estructurales”.

“Los trabajadores necesitan certezas, no promesas sujetas a futuras negociaciones. El CAD de Laredo lleva demasiado tiempo funcionando gracias al sobreesfuerzo de sus profesionales y eso no puede seguir siendo la respuesta de la Administración”, ha subrayado la organización sindical.

Durante la concentración, los trabajadores han denunciado que la falta de personal sigue afectando gravemente al funcionamiento del centro, especialmente en categorías asistenciales como Enfermería, donde la insuficiencia de efectivos provoca que determinados turnos, especialmente de tarde y noche, no puedan garantizar la presencia necesaria de profesionales.

Una situación que, según la plantilla, “compromete tanto la calidad asistencial como la seguridad de usuarios y trabajadores”.

CSIF ha denunciado que el CAD de Laredo lleva años soportando las consecuencias de una plantilla “insuficiente para atender las necesidades reales del centro” y considera “inaceptable” que un servicio público esencial “dependa de manera permanente de la profesionalidad, el compromiso y el sacrificio de sus trabajadores para poder mantenerse operativo”.

En su opinión, la solución pasa por reforzar de forma estable la plantilla, cubrir todas las vacantes existentes y adaptar definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo a las necesidades actuales del centro.

CSIF Cantabria ha reiterado que continuará respaldando cuantas movilizaciones sean necesarias hasta que el ICASS abandone la política de actuaciones temporales y asuma el compromiso de dotar al CAD de Laredo de los recursos humanos estructurales que necesita.

La situación en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo, dependiente del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), permanece en un punto crítico que las trabajadoras califican de insostenible.

Tras las movilizaciones iniciadas en mayo para denunciar la falta estructural de personal y la degradación de la calidad asistencial, la plantilla advierte que las medidas temporales adoptadas no solo son insuficientes, sino que la presión asistencial ha aumentado con nuevos ingresos mientras el personal facultativo se reduce a niveles alarmantes.

Ante este escenario se ha convocado una nueva concentración de protesta el próximo 3 de julio a las 14:30 horas a las puertas del centro en Laredo, tras la llevada a cabo en la sede del ICASS, el pasado 28 de mayo.

Según recuerda Anjana González, auxiliar de enfermería del centro, el ICASS ofreció inicialmente la contratación de nueve efectivos de “acúmulo de tareas” por seis meses, una medida que los trabajadores veían como un parche temporal urgente bajo la promesa de modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), inalterada desde 2019.

Sin embargo, tras la intervención del comité de empresa (UGT, CCOO, TU y SIEP), la cifra se redujo a ocho acúmulos. “El comité interpretó que buscábamos negociar, cuando solo queríamos exponer una problemática y obtener soluciones”, ha explicado González. Solo el sindicato CSIF, junto a SUC y otros sindicatos independientes, han sido los únicos en desmarcarse del acuerdo para apoyar las reivindicaciones directas de la plantilla.

Actualmente solo quedan cuatro meses para que estos contratos temporales finalicen, sin que se vislumbre una solución estructural.

Un solo enfermero para cuatro plantas

La denuncia más grave que surge en las últimas semanas es la drástica reducción del personal de enfermería. “La decisión del ICASS de dejar a un solo enfermero por turno para cubrir las necesidades de las cuatro plantas del centro está obligando a las auxiliares y sociosanitarios a asumir tareas para las que no están capacitadas ni supervisadas”, lamenta González.

“Estamos supliendo funciones que no nos competen, como la administración de medicación, lo que repercute directamente en la seguridad y salud de los residentes”, advierte.

Esta situación se suma a la carga de trabajo ya denunciada anteriormente, donde el personal apenas dispone de 10 minutos para el aseo de grandes dependientes o se ve obligado a reducir el tiempo de comida de los usuarios a 15 minutos, cuando algunos requerirían hasta 45 por problemas de disfagia (dificultad para tragar).

Más ingresos de pacientes

La portavoz denuncia que a pesar de las protestas y de la evidente falta de manos, la administración no ha paralizado la entrada de nuevos residentes. “Este último mes se han contabilizado cuatro nuevos ingresos”, lo que ha llevado a algunas plantas a completar su aforo máximo, según González.

Desde el ICASS se alega que el centro cumple con los ratios legales, pero los trabajadores rebaten este argumento señalando que no se tiene en cuenta el perfil del usuario actual. “Trabajamos con grandes dependientes que requieren atención en parejas”, explican, subrayando que la organización del trabajo es imposible cuando “se necesitan cinco manos y solo tienes dos”.

Un problema que afecta a toda la ciudadanía

Ante lo que consideran una “falta de respuesta” por parte del Gobierno de Cantabria, la plantilla ha iniciado una ronda de reuniones con diversas asociaciones y partidos políticos para dar voz a lo que califican como “la punta del iceberg” de un problema de gestión pública.

Las profesionales insisten en que no se detendrán hasta que se garantice una atención de calidad, advirtiendo que la degradación del servicio es una problemática que afecta a toda la ciudadanía y al futuro de la atención a la dependencia en la región.

A tan solo tres días del desahucio masivo previsto en Becerril de Guía, se ha celebrado una reunión con las cuatro familias con menores que viven en el poblado. Según ha podido saber este periódico, en la reunión el Ayuntamiento les ha comunicado que “no hay nada para ellos”, al mismo tiempo que les ha advertido de que los menores afectados por el desahucio “no pueden estar en la calle o se los llevarán a un centro de menores”. Afirmación que los vecinos han entendido como una amenaza. A la reunión han asistido el concejal de Servicios Sociales, Alejandro Rivero Díaz, dos trabajadoras sociales y miembros de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Han pasado dos meses desde que el alcalde de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira, informó a los medios de comunicación de que el 30 de junio se produciría un desahucio de 200 personas. El consistorio conoce desde diciembre de 2024, por un auto judicial, que se produciría este desalojo masivo en un terreno propiedad del grupo empresarial Félix Santiago Melián (FSM). Es el propio Ayuntamiento de Guía el que ha empadronado “al menos a 79 personas” en este poblado, según reconocía el propio alcalde a este periódico. Actualmente, el consistorio cifra en 50 las personas que serán desahuciadas el próximo martes y no tiene ningún tipo de ayuda ni solución habitacional para ellas, según afirma uno de los afectados a Canarias Ahora.

El desahucio se ha ido posponiendo por vía judicial desde octubre de 2025 a falta de informes de vulnerabilidad social. La última vez que el Juzgado solicitó estos informes al Ayuntamiento fue el pasado mes de marzo. Hasta ahora, el consistorio no ha informado de cuántos informes de vulnerabilidad social ha preparado y presentado al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa María de Guía.

Por su parte, la abogada de una de las personas afectadas ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria por no haberse tenido en cuenta la situación de vulnerabilidad de su representado. En la parte del recurso a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, la defensa considera que dicho auto carece de “valoración fáctica alguna, solicitud de informe de servicios sociales o ponderación del impacto del lanzamiento”. Es decir, que al menos en el caso de su cliente la vulnerabilidad no está correctamente acreditada para proceder al desalojo.

A la pregunta formulada al Ayuntamiento de Guía sobre cuántos informes de vulnerabilidad ha remitido al Juzgado tras el requerimiento de la jueza, posterior a un primer aplazamiento, el consistorio responde a esta redacción que “ha colaborado en todo momento con el Juzgado”, sin ofrecer más detalles al tratarse, alegan, de “información sensible”.

Colaboración interinstitucional

La noticia de este desahucio saltó a la opinión pública tras una nota emitida por el Ayuntamiento de Guía el pasado 9 de abril, en la que solicitaba colaboración interinstitucional, principalmente al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias, para amortiguar con tiempo el impacto que el desalojo pudiera tener sobre la vida de unas 200 personas.

Ese día, la Junta de Gobierno Local aprobó la declaración de “situación de riesgo social y sanitario” y la solicitud formal del apoyo y la actuación urgente de la Delegación del Gobierno, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria para adoptar las medidas que correspondan en “materia de seguridad pública, atención social especializada, protección de menores, salud pública o recursos de acogida temporal y cuantas otras medidas resulten necesarias”. Se volvió a remitir el 29 de abril por sede electrónica y por correo electrónico a Cruz Roja Española en Las Palmas.

El Ayuntamiento asegura que este jueves se celebró “una última reunión” a la que asistieron representantes de las diferentes administraciones y de los cuerpos y fuerzas de seguridad. El propio alcalde había convocado a la empresa pública de vivienda social VISOCAN, que según ha podido confirmar este periódico “no les consta haber participado”. Hoy, en el poblado permanecen menos residentes —unas 50 personas, según el Ayuntamiento—, ya que muchas han ido abandonando el lugar ante la proximidad de la fecha de lanzamiento.

Un embudo en los recursos

Actualmente, el municipio de Guía carece de recursos habitacionales propios, lo que impide dar una respuesta inmediata a situaciones de emergencia como los desahucios y obliga a recurrir a otras administraciones. Además, el plan concertado de este año tiene una inversión de 4.416,98 euros inferior a la del año anterior, según datos de la Consejería de Bienestar Social.

Con una estructura limitada a cinco trabajadoras sociales -tres fijas, dos interinas y una externa vinculada a la Renta Canaria-, el sistema afronta una sobrecarga crítica. La gestión de expedientes de vulnerabilidad, ayudas y alternativas habitacionales recae sobre un equipo claramente insuficiente, lo que anticipa un posible colapso administrativo ante picos de demanda como el actual.

“Ignorados ocupantes”

Actualmente, hay al menos 79 personas empadronadas en el asentamiento de la antigua finca de Mr. Leacock. Según el auto judicial de 6 de marzo, quien ejecuta el lanzamiento es Félix Santiago Melián SL, y los interpelados son únicamente dos personas con nombre y apellidos. También se menciona como ejecutados a los “ignorados ocupantes” y se cita como interesado al Ayuntamiento de Santa María de Guía.

Según el testimonio de algunos de los residentes entrevistados por Canarias Ahora, “nadie del Ayuntamiento se ha preocupado por nosotros ni ha pasado por aquí”.

En una entrevista anterior, se señalaba que “actualmente 24 residentes de la finca acuden a los servicios sociales municipales; dos familias, con tres menores a cargo cada una, todos ellos escolarizados en Guía”.

Así, según la información recabada, todo apunta a que el desahucio de Mr. Leacock sigue previsto y que no se han producido avances administrativos significativos desde el mes de abril. Algunos residentes han manifestado a este periódico su intención de concentrarse frente al Ayuntamiento y que no saben dónde van a dormir el martes si finalmente se ejecuta el desalojo.

Continúan las denuncias por la situación en la que se encuentra el Centro de Salud Mental de Albelda. Según ha denunciado STAR, este martes a las 19:30 horas alcanzaron los 33 grados en la zona de comedor y el miércoles a las 7:30 de la mañana ya han alcanzado los 30 grados en la zona de control y los 27 en las habitaciones. “Este hecho pone en riesgo directo la salud de personas vulnerables”, subrayan.

Además, recuerdan que llevan años reclamando a la Administración la solución del problema de temperaturas extremas en el Centro, que han llegado en ocasiones a superar los 35 grados, generando una “situación alarmante” para la salud de los residentes y del personal que trabaja en el centro, concretamente la zona del comedor y algunas habitaciones de la Unidad de Gerontopsiquiatría. STAR recuerda que estas condiciones se dan en un centro que es el domicilio habitual de los pacientes.

Las persianas no funcionan en plena ola de calor

“El sistema de climatización del centro no funciona, por lo que las medidas que la Administración iba a llevar a cabo como lamas bioclimáticas en el comedor como medida de aislante térmico siguen sin colocarse”, denuncia STAR, que apunta que tampoco los sistemas de climatización portátil no han sido proporcionados y los sistemas convencionales, como las persianas, no funcionan, por lo que no se pueden bajar ni subir para el control térmico del día.

STAR destaca la situación del personal que trabaja en el centro, el cual sufre de igual manera estas condiciones que tacha de “inadmisibles”, afectando al desempeño de sus funciones y su propia salud. “Los propios trabajadores están tomando medidas tratando de disminuir el calor, como no poder hacer uso de los uniformes de trabajo”. Mientras, STAR describe que las únicas medidas que pueden llevar a cabo los trabajadores es el aumento de la hidratación de los pacientes y evitar su exposición solar.

Ante todo ello, STAR exige “medidas urgentes” para garantizar un control adecuado de la temperatura, con el fin de prevenir golpes de calor, deshidrataciones y otras complicaciones médicas que podrían derivarse de esta situación. “La falta de respuesta inmediata a un problema tan grave resulta inaceptable”, aseguran al reclamar un llamamiento a la Administración para que actúen con “responsabilidad y urgencia” para y solucionen la situación “cuanto antes”.

El PSOE denuncia el “abandono” del Gobierno de La Rioja al centro

También el PSOE ha alertado de esta situación. El diputado regional Miguel González de Legarra ha denunciado que “un año más, y como consecuencia del abandono al que el Gobierno regional somete a este centro”, se están registrando temperaturas que “rozan los 40 grados” en varias dependencias del Centro de Salud Mental de Albelda de Iregua. Un centro dependiente del Servicio Riojano de Salud, en el que “estas temperaturas ponen en grave riesgo la salud y el bienestar de los pacientes, y afectan a las condiciones laborales de los trabajadores”, dice Legarra que señala especialmente al área de gerontología donde se encuentran las personas mayores, “las más vulnerables ante el calor extremo”.

Esta situación, ha dicho el diputado socialista, “no es nueva, ya que se repite en los últimos veranos”. Las altas temperaturas, insoportables para cualquier persona, “resultan especialmente peligrosas para los pacientes con problemas de salud mental, en quienes el calor extremo puede desencadenar reacciones imprevisibles y agravar su estado”. Los trabajadores, por su parte, “no solo sufren las consecuencias físicas de estas condiciones extremas, sino que también deben gestionar la creciente agitación de los pacientes, lo que incrementa su carga emocional y pone en riesgo su propia salud”.

González de Legarra ha señalado que familiares y trabajadores “han denunciado estas altas temperaturas en el centro de forma reiterada ante el Gobierno de La Rioja, exigiendo las inversiones necesarias para dotar al centro de un sistema de climatización adecuado”. Sin embargo, la respuesta de los responsables del SERIS y del Ejecutivo regional ha sido, hasta ahora, “una indiferencia que no podemos aceptar”. Por eso, “exigimos soluciones de forma urgente porque, un año más, estamos ante una situación inadmisible”.

Ya el año pasado, según ha explicado el diputado socialista, propusieron la recuperación e instalación inmediata de aparatos de refrigeración tipo “pingüino” que resuelvan este “abandono por parte del Gobierno” y plantearon enmiendas en los presupuestos regionales para el presente ejercicio, enmiendas que la mayoría del PP rechazó“. Ante esta situación, el PSOE reclama ”medidas estructuarales“ ante lo que consideran la ”inacción“ del Ejecutivo y del SERIS.

El Ayuntamiento de Madrid insiste en que se cuidan todas las garantías, pero las quejas han terminado llegado hasta el Defensor del Pueblo. El organismo público, que dirige Ángel Gabilondo, ha solicitado información a José Luis Martínez-Almeida sobre los protocolos municipales a la hora de atender a las personas que viven en la calle. En concreto, reclama un listado con las actuaciones del último medio año y, especialmente, aquellas que se siguieran antes de retirar enseres a las personas sin hogar, después de que El País publicara testimonios de trabajadores denunciando que estas pertenencias se tiraban sin el permiso de sus dueños.

Según indicaron, el Área municipal de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha dado una orden reciente a los Equipos de Calle (que trabajan diariamente con las personas sin hogar) para no avisar a los afectados si mandaban un operativo especial de limpieza al lugar donde pernoctan, y en el que normalmente guardan enseres como mantas, ropa o algunos muebles de segunda mano.

Aunque el departamento responsable mantuvo en su día que “no se tira nada sin avisar”, el Defensor del Pueblo ha exigido datos que avalen esta respuesta. Entre ellos, el número de actuaciones efectuadas en los últimos seis meses, la cifra de personas afectadas y las alternativas habitacionales que se les ofrecen para salir de esta situación de calle. En un comunicado, la institución nacional detalla que su petición viene después de conocer el caso en los medios y recibir dos quejas distintas: una de los trabajadores municipales y la otra, de una sección sindical con representación.

“Las personas que han interpuesto la queja manifiestan su preocupación por una posible vulneración de derechos fundamentales de personas en situación de sinhogarismo de la ciudad de Madrid al expulsar a estas personas de los espacios públicos en los que pernoctan, sin ofrecer alternativas y retirando sus pertenencias personales sin previo aviso, incluida la documentación y medicación”, sentencia en su nota el Defensor del Pueblo.

No obstante, Almeida ha respondido públicamente a la solicitud de Ángel Gabilondo. Reitera que “en esta ciudad no se tira ni una sola de las pertenencias personales de las personas sin hogar”, salvo los cartones. “Y, en mi opinión, los cartones no son pertenencias personales y en ellos puede haber un riesgo sanitario en esos cartones”, ha sentenciado esta misma semana.

Antes de recibir esta última solicitud, el alcalde de Madrid ya salió al paso de las críticas defendiendo que su equipo actúa “siempre conforme a criterios de salud pública y seguridad”, e insiste en los recursos municipales que ya existen para personas sin hogar. No obstante, un albergue o centro social no siempre es la opción más óptima a ojos de estas personas vulnerables, tal y como explicaron en este reportaje. Por su parte, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz vicealcaldesa aseguró que los protocolos se mantienen y continúa la comunicación con gente en situación de calle.

Más allá del trabajo de campo, existen seis centros de acogida en la red municipal: San Isidro, La Rosa, Juan Luis Vives, Puerta Abierta, Beatriz Galindo y Pedro Meca. En total son 1.210 plazas disponibles para una ciudad que atiende a miles de personas a lo largo del año, y la idea es abrir unas 200 plazas más a lo largo de este año, ya sea en viviendas de la EMVS o con contratos específicos con el mercado privado.

El año arrancó con la promesa de deschabolizar Madrid, eliminando asentamientos improvisados en las laderas de la M-30 a su paso por Ventas. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, lo defendió aludiendo a “molestias” y “problemas de convivencia” con los vecinos, pero ahora vuelve al centro de la diana por un caso parecido: según El País, el Ayuntamiento ha dado la orden de no avisar a las personas sin hogar antes de retirar sus pertenencias del lugar en el que pernoctan, como se venía haciendo hasta ahora desde los equipos municipales de apoyo.

El consistorio niega que esto se haga sin al menos un aviso previo, aunque evita dar respuesta a la pregunta de si ha habido algún cambio en las directrices de su personal, tal y como sostiene El País. En sus informaciones, el periódico recoge que este cambio es efectivo desde marzo, cuando se obligó a los Equipos de Calle no notificar de los operativos de limpiezo que podían acabar tirando algunas pertenencias de personas sin hogar. Sin embargo, fuentes del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento consultadas por Somos Madrid insisten en que “no se tira nada sin notificarlo”.

“Siempre se ha avisado [a las personas sin hogar] y lo seguiremos haciendo”, afirman sobre los protocolos de limpieza, que pueden afectar a sus enseres. El departamento que dirige de José Fernández justifica estas actuaciones como una forma de evitar “problemas de salud pública”, como la acumulación de basura en la calle o la atracción de roedores. También invita a las personas en situación de calle a “tener recogidas sus pertenencias”, aunque no llega a detallar cómo hacerlo si no tienen casa donde guardarlas.

“Los equipos de calle trabajan con ellos cómo hacer uso del espacio público evitando la insalubridad”, se limitan a decir. Pese a las explicaciones municipales, las informaciones publicadas recogen testimonios anónimos de trabajadores sociales que aseguran haber recibido una directriz expresa y haber manifestado expresamente su desacuerdo con ellas. Una cuestión que el consistorio ha esquivado en distintas respuestas.

El propio Almeida también ha salido al paso de las críticas. Ante esta última controversia, el alcalde defiende que su equipo actúa “siempre conforme a criterios de salud pública y seguridad”, e insiste en los recursos municipales que ya existen para personas sin hogar. No obstante, un albergue o centro social no siempre es la opción más óptima a ojos de estas personas vulnerables, tal y como explicaron en este reportaje. Por su parte, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz vicealcaldesa ha asegurado que los protocolos se mantienen y continúa la comunicación con gente en situación de calle.

Sanz es también la responsable de Seguridad y Emergencias, departamento del que depende la Policía Municipal. Este cuerpo es el que se encarga, junto a Samur Social y Selur (el servicio municipal de limpieza), de llevar a cabo los operativos de higiene urbana. Ha pasado medio año desde que Almeida comenzó a desmontar chabolas por todo Madrid, y apenas una semana desde que la visita del Papa León XIV devolviera el protagonismo a las personas sin hogar. Sin embargo, las acusaciones cruzadas ya están de vuelta.

Cantabria tarda una media de 171 días en resolver los expedientes de dependencia, frente a los 320 del conjunto de España, y está por debajo del plazo legal de 180 jornadas. La demora en la región se ha reducido, desde los 203 días, al tiempo que se ha incrementado el número de informes atendidos en los últimos seis meses, en los que se ha pasado de casi 23.800 a 25.854

Así lo ha señalado este lunes la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce, que ha indicado que la comunidad continúa situándose entre las seis autonómicas con menores tiempos de tramitación de expedientes de situación de dependencia del país, además de por debajo del plazo medio nacional y del legal.

En un comunicado, Arce ha destacado que Cantabria es la segunda región que más ha aumentado el número de personas beneficiarias con prestación, a la par que ha reducido el tiempo de resolución -de los 203 días de media citados a 171 días en los cinco primeros meses de este año-.

Además, ha subrayado que en Cantabria se ha ampliado el catálogo de servicios y prestaciones, así como sus compatibilidades. Y este ha sido uno de los factores que han supuesto que más personas soliciten la dependencia, según ha precisado.

Arce ha asegurado que el ICASS y la Consejería de Inclusión Social van a continuar reforzando los recursos destinados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia con el objetivo de “seguir mejorando la atención a las personas usuarias y dar respuesta al aumento constante de la demanda”.

Crecen un 8,6% las solicitudes

En cuanto a las cifras, entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, el número de solicitudes de dependencia ha pasado de 23.795 a 25.854, lo que supone un incremento del 8,65%. Esto supone que, en cinco meses, el sistema cántabro ha tenido que gestionar más de 2.000 expedientes adicionales, de los que solo quedan 98 personas en lista de espera.

A pesar de este “importante” crecimiento de la demanda, la evolución de los expedientes fuera de plazo se ha mantenido prácticamente “estable”. A cierre de mayo existían 1.508 expedientes pendientes de resolución del Programa Individual de Atención (PIA).

De ellos, 1.107 corresponden a personas que se encuentran dentro del plazo legal de tramitación y que no pueden considerarse situaciones de demora ni formar parte de una lista de espera en sentido estricto. Por su parte, la evolución de las valoraciones de grado ha reflejado además una mejora significativa.

Mientras las solicitudes han aumentado un 8,65%, las personas pendientes de resolución de grado durante más de seis meses han descendido de 143 a 49, lo que supone una reducción superior al 65%.

De acuerdo con estos datos, la directora del ICASS ha señalado que los datos oficiales evidencian que Cantabria está atendiendo un volumen creciente de solicitudes y que la práctica totalidad de ese incremento está siendo absorbida dentro de los plazos establecido, de hecho, estos tiempos se han mejorado.

También ha hecho referencia al balance realizado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, con los datos del IMSERSO a cierre de mayo de 2026.

En este sentido, ha apuntado que Cantabria es también la segunda comunidad en la que más ha crecido el número de personas beneficiarias en ese periodo, un 6,6%, solo por detrás de Canarias. Ha precisado que además es la primera con mayor aumento de personas con derecho reconocido a una prestación, un 12,3%.

En 1986, un grupo de profesionales con compromiso progresista nos propusimos superar la vieja beneficencia y la asistencia social basada en la caridad, desde la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo del primer Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por José Bono.

Nuestro objetivo era construir un marco normativo de bienestar social en Castilla-La Mancha donde las personas dejaran de depender de la voluntad ajena y pasaran a ser titulares de derechos subjetivos exigibles por ley. Queríamos crear y consolidar una arquitectura jurídica ambiciosa y con potencialidad de desarrollos reglamentarios posteriores que elevasen la calidad de vida de todos los ciudadanos de la región, pero muy en particular la de colectivos más frágiles (niños de 0 a 6 años, menores y mujeres más desprotegidos, personas con diferencias y/o discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, drogodependientes y los entonces llamados viejos o ancianos).

Intentábamos asegurar mejoras cualitativas para las personas más vulnerables de la sociedad. Pasar de la gracia al derecho, de la discrecionalidad a la responsabilidad pública, de la ayuda puntual a las prestaciones profesionales, de la dispersión institucional a un sistema organizado, del asistencialismo reactivo a la prevención, del receptor pasivo al ciudadano participativo y al establecimiento del cuarto pilar de Estado del Bienestar Social Universal y con presupuestos públicos.

Para lograrlo, realizamos un riguroso trabajo de documentación y debate. El texto final resultó ambicioso, humanista y garantista. La norma consolidó un sistema integral y descentralizado que otorgó un papel protagonista a los ayuntamientos, promovió la participación ciudadana y combinó la atención primaria con la especializada.

Centros para mayores, menores y personas con discpacidad

Esta transformación requirió una financiación sólida y continuada. Con uno de los mayores presupuestos del Gobierno autonómico de la época, se impulsaron recursos históricos como el PRAS, el Fondo Regional de Bienestar Social y una red de centros para mayores, menores, personas con discapacidad, centros de atención infantil y colectivos vulnerables.

Gracias a la Ley y al enorme y continuado esfuerzo presupuestario se fueron estableciendo cientos de Centros Sociales Polivalentes (CSP), CAIS, centros ocupacionales, residencias para mayores, centros de salud y consultorios locales.

Entre las teorías sociopolíticas de “cerrar pueblos” o “ayudarles a sobrevivir y desarrollarse” triunfó esta segunda y justificó el gran desarrollo inversor en centros y servicios Sociosanitarios para las gentes de Castilla-La Mancha, muy despoblada y abandonada históricamente y a la que intentamos transformar con atenciones de calidad de vida.

Todo este engranaje cobró vida gracias a la enorme responsabilidad y eficacia de los profesionales del Trabajo Social, pilares destacados en esta ingente labor.

A cuarenta años de su confección, y tras su actualización en 2010 por la Ley 14/2010, nos sentimos profundamente orgullosos de aquel esfuerzo.

Con sus lógicas limitaciones, este marco normativo moderno permitió transformar la utopía en realidades concretas, cambiando para siempre la vida de los castellanomanchegos.

Salvo excepciones, que las hay, las profesionales de los Servicios Sociales han conocido y conocen las leyes que regulan su quehacer diario y que les afectan directamente, cuando han tenido que preparar oposiciones. No nos engañemos. Esa es la cotidiana realidad.

Si a eso añadimos que la primera Ley de Servicios Sociales de la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha (así se llamaba) es del año 1986 , la mayoría de las y los trabajadores sociales hoy en ejercicio no tienen de ella ni la más remota idea. Y es normal. Demasiado lejos y demasiadas leyes, decretos, órdenes, circulares, planes, programas y notas divulgativas, como para recordar una ley que dejó de estar vigente cuando se publicó la que actualmente está en vigor desde el 30 de junio de 2011, a los seis meses de su publicación.

Sin embargo, permitidme que eche la vista atrás y os cuente algunas cosas de hace cuarenta años, que quizás os interesen.

La Consejería que promovió la redacción y publicación de la Ley fue la de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Curiosamente, 25 años después, la segunda Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha fue promovida también por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Esta vez sin Trabajo y es que, los servicios sociales, como todas sabemos, han estado alojados en variadas y diferentes consejerías.

Aquella primera ley vino a ordenar y dar forma en 27 artículos y unas cuantas disposiciones transitorias a un sistema público inexistente, que nacía con más ganas que ciencia, con toda la ilusión que un nuevo proyecto lleva consigo, con la emoción de poder hacer algo para mejorar las condiciones de vida de los castellanomanchegos y que pudiera participar en el desarrollo de una región en la que todo estaba por hacer.

La ley nos dio un lenguaje propio que permitía entendernos entre nosotros y darnos entidad propia ante otros sistemas. Empezamos a hablar de Servicios Sociales generales y especializados, de residencias de ancianos y/o “minusválidos” (así los nombraba la ley) de centros sociales polivalentes, de día, ocupacionales o de acogida; e incluso de centros de drogodependientes y alcohólicos, que hasta muchos años después no pasaron a ser parte del sistema público de salud.

Del PRAS a los Consejos de Servicios Sociales

Casi en paralelo con la Ley, nació el PRAS, el programa que llevó los servicios sociales generales a toda la región haciendo realidad muchos de los programas que la ley mencionaba.

Y nacieron los Consejos de Servicios Sociales, el regional, los provinciales y los locales, en los que durante muchos años, la Administración daba cuentas a los miembros que los componían (sindicatos, entidades y ONG) de programas, planes y presupuesto.

Fueron años de formación continua y continuada (reglada y no reglada, esa que se adquiere con la práctica diaria, las reuniones y las discusiones con las colegas), de creación de equipamientos y servicios, de aumento paulatino y progresivo de personal, de incorporación de otros profesionales a los incipientes equipos de trabajo, de la implicación de los ayuntamientos grandes a través del Plan Concertado (1989).

Algunas cosas no se hicieron nunca, como el Instituto Castellanomanchego de Servicios Sociales (seguramente “inspirado” en el IMSERSO, que era lo más moderno que conocíamos ) o el mapa de servicios sociales. Y es que a veces la realidad pone freno a las ideas, aunque sin ellas no sea posible avanzar.

Cuando se publicó aquella Ley, yo tenía 35 años, era Jefa de Servicio de Bienestar Social de la Delegación Provincial de Albacete. Asistí a algunas reuniones en Toledo durante la elaboración de la misma y recuerdo que sentía que estábamos haciendo algo importante.

El Gobierno reconoce el trabajo de los Servicios Sociales municipales durante la dana con la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social. El ministro Pablo Bustinduy, titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha anunciado el reconocimiento durante la clausura este martes en Valencia la última jornada del I Congreso Multisede sobre servicios sociales, cuidados y comunidad: ‘Los cuidados que queremos’.

Se trata de una iniciativa impulsada por el ministerio para abordar los grandes retos de los servicios sociales y los cuidados en España. Tras su paso por Barcelona, Sevilla, Pamplona y Zamora, el Congreso ha cerrado su recorrido en la capital valenciana poniendo el foco en el impacto de la emergencia climática sobre las personas y comunidades en situación de mayor vulnerabilidad.

El distintivo supone un reconocimiento a su extraordinaria labor y a los méritos demostrados durante la emergencia y en las posteriores tareas de recuperación social y comunitaria. “Es el reconocimiento de todo un país a quienes han estado sosteniendo a sus vecinos cuando más lo necesitaban, en condiciones muy difíciles, dando la mejor imagen de quienes somos como sociedad, la mejor imagen de lo público”, ha apuntado Bustinduy, señalando que cualquier reconocimiento es limitado pero que “la democracia española en su conjunto quiere reconocer la labor tan difícil como generosa y ejemplar”.

Además, Derechos Sociales anunciará en los próximos días nuevos distintivos destinados a reconocer la labor de entidades, profesionales e instituciones relacionadas con la acción social que hayan redundado en beneficio del bienestar social. Las cruces serán otorgadas el próximo 15 de junio en un acto en la sede del ministerio.

Respecto a los efectos de la crisis climática y las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos, el ministro Bustinduy ha defendido que estos no impactan por igual en toda la población, sino que recaen con una mayor intensidad sobre quienes ya sufren situaciones de desigualdad o exclusión social. “Todos los colectivos ya de por sí expuestos a la discriminación y la desigualdad se ven impactados de forma mucho más severa por las catástrofes climáticas”, ha subrayado. En este sentido, el ministro apunta que la crisis climática exige de una respuesta pública que incorpore una perspectiva social y que tenga en cuenta las diferentes capacidades de las personas para afrontar una realidad marcada por fenómenos climáticos cada vez más frecuentes e intensos.

“La experiencia nos ha enseñado lo cruel que es un sistema que permite que quienes menos tienen, quienes viven mayores dificultades en nuestra sociedad, se vean doblemente afectados por la crisis climática”, ha recalcado. Por ello, Bustinduy defiende la necesidad de “reforzar la incorporación de la dimensión social a toda la actuación en materia climática” que incorpore las necesidades y vulnerabilidades específicas de aquellos colectivos que se ven especialmente afectados, como las personas migrantes; personas en situación de dependencia; con discapacidad; las mujeres, los niños y niñas; las personas inquilinas; las personas con menos recursos o con bajos niveles educativos.

“Hay que adaptar nuestras instituciones, modos de producción y de vida a un escenario distinto”, defiende el ministro. Además, durante la jornada Bustinduy ha anunciado que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 va a publicar un informe conjunto con el Ministerio de Sanidad sobre vulnerabilidad social y crisis climática para dar respuesta a la nueva realidad social del siglo XXI. El encuentro ha servido para compartir experiencias, identificar buenas prácticas y avanzar en una hoja de ruta. A lo largo de la jornada de este martes se ha analizado cómo adaptar los servicios sociales y las comunidades a los efectos del calentamiento global para reforzar la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia. Además, se ha abordado el impulso de una protección social inclusiva que garantice que las políticas de adaptación y mitigación frente al cambio climático contribuyan a reducir las desigualdades.

Cinco voces para un mismo mensaje: no a las guerras, sí a la paz. Muy parecido al que el Papa León XIV está abanderando en sus mensajes durante su visita a España, pero en este caso, desde oraciones pronunciadas en cinco religiones diferentes: la católica, la católica grecolatina, la musulmana, la ortodoxa y la evangélica-protestante.

Ha sido con motivo del nuevo encuentro interreligioso que los Servicios Sociales de Villamalea, en Albacete, han organizado por segundo año consecutivo, como ejemplo de convivencia entre diferentes credos. Un reflejo de las múltiples nacionalidades, más de una treintena, que conviven en este municipio de la comarca de la Manchuela y que ha propiciado que sea muy conocido incluso fuera de las fronteras españolas.

El acto, celebrado en la Iglesia Nuestra Señora de la Anunciación, comenzó con la intervención de Floren Alfaro, trabajador social de la localidad, quien destacó que en un mundo “lleno de ruido, divisiones y enfrentamientos”, resulta “profundamente revolucionario” que todas estas voces se unan por la paz.

“Somos diferentes en nuestra forma de rezar, en nuestras lenguas, en nuestras historias y en algunas de nuestras creencias, pero estamos unidos por algo mucho más grande: la convicción de que la paz es un don sagrado y una responsabilidad compartida”, argumentó.

Tras lamentar que el odio, la violencia, el fanatismo o la indiferencia producen miles de muertes el todo el mundo, también señaló a aquellos que “intentan convencernos de que quienes son diferentes deben vivir separados, desconfiar unos de otros o incluso enfrentarse”.

Frente a esa idea, este encuentro interreligioso demuestra “exactamente lo contrario”. Porque, según resaltó el trabajador social, cuando se abren los libros sagrados de las distintas religiones, “encontramos un mensaje que se repite una y otra vez”.

Somos diferentes en nuestra forma de rezar, en nuestras lenguas, en nuestras historias y en algunas de nuestras creencias, pero estamos unidos por algo mucho más grande: la convicción de que la paz es un don sagrado y una responsabilidad compartida

Puso como ejemplo que en el Evangelio se encuentra la famosa frase “la paz os dejo y mi paz os doy”, una paz que “no nace de la imposición ni de la fuerza, sino del encuentro, del amor y de la reconciliación”. Por su parte, en el Corán, añadió, se enseña que “los siervos del misericordioso son aquellos que caminan por la tierra con humildad y que cuando los ignorantes les hablan con agresividad, responden con palabras de paz”.

Asimismo, precisó que la tradición ortodoxa conserva las palabras del salmo que proclama la búsqueda de la paz, “no como una actitud pasiva, sino como una tarea constante que exige compromiso y perseverancia”.

También mencionó a las iglesias evangélicas, que recuerdan las palabras del apóstol Santiago: “Los que procuran la paz, siembran en paz para recoger frutos de justicia, porque no puede existir una paz verdadera si no está acompañada de justicia y fraternidad”.

Finalmente, la tradición grecocatólica, “heredera de la riqueza espiritual de Oriente y Occidente”, proclama en sus celebraciones “paz para todos”, recordando que esta última “no conoce fronteras, pueblos ni lenguas” y está destinada “a toda la familia humana”.

“Son cinco caminos distintos que se enfocan en una misma verdad: la paz no es debilidad, es valentía, y exige tender la mano cuando otros levantan muros, exige escuchar cuando otros gritan y encontrarse cuando otros quieren separarnos”, resumió el trabajador social.

Por eso destacó que el acto tiene un valor que va “más allá” de la iglesia que lo ha acogido. “Demuestra que la convivencia no es una teoría, es una realidad y la diversidad no es un problema que haya que resolver, sino una riqueza que podemos generar”.

Así, desde ese pequeño rincón de la Manchuela, defendió las diferentes voces para lanzar un mensaje “sencillo, pero poderoso” basada que “es posible convivir, respetarse, caminar juntos desde la diferencia”.

De la llamada del imán a la convivencia del protestantismo

Tras las palabras de Floren Alfaro, subieron al atril seis personas. Uno de ellos fue Abderrahman Louizi, imán que desde ese altar religioso realizó en árabe una llamada al rezo. De leer el Corán, en representación de la comunidad musulmana, se encargó Zakiya Louizi, con pasajes centrados en el pacifismo, la humildad y el respeto.

En representación de la religión protestante, Julia Estela Morales Villa rescató varios versículos de la Biblia centrados en la paz espiritual y en la necesidad de la convivencia.

Mensaje muy similar al promulgado por Anca Mariana Mititelu, en representación de los ortodoxos. Posteriormente, la voz de la religión grecocatólica la puso Maríya Bila Kryvetska, con un claro mensaje destinado principalmente la convivencia y el respeto por la diversidad.

Finalmente, Javier Cano, párroco de Villamalea, recordó el acto previo a la Eucaristía en las misas católicas, cuando se insta a los fieles a darse la paz entre ellos, destacando esa parte de la misa como una de las más importantes por ser el reflejo de la convivencia entre todas las personas.

Con motivo de este encuentro, los Servicios Sociales de Villamalea destacan que la diversidad de orígenes, idiomas, culturas y creencias convierte la convivencia cotidiana “en un mensaje visible y colectivo”. “Fue un acto religioso también de convivencia, de respeto, de comunidad. Una demostración de que es posible encontrarse, escucharse y caminar juntos sin renunciar a lo que cada uno es”.

Y bajo ese mensaje, instan a todas las personas a seguir “encontrándose en la plaza, en las calles, en las tiendas, en el fútbol” y “seguir convivir no es solo vivir juntos, es construir juntos”.

Un pueblo con proyección internacional

De esta forma, Villamalea ha vuelto a conseguir mostrarse como un crisol de diversidad religioso, un hecho del que ya se hicieron eco algunos medios internacionales, entre ellos el periódico inglés The Guardian, cuando este municipio, gobernado por el PP, aprobó, junto con la localidad vecina de Tarazona de la Mancha, una moción para pedir la regularización extraordinaria de migrantes.

Ya entonces, Floren Alfaro mostró su “orgullo y emoción” por el eco que recibió la iniciativa dado por un medio internacional de prestigio a la moción presentada -y aprobada por unanimidad- en ambos consistorios. “No puedo sentir otra cosa que orgullo. Orgullo de nuestros pueblos, de la gente que cree en una sociedad más justa, más humana y más decente”.

Este periódico destacó de los vecinos y vecinas de Villamalea llegados de otras partes del mundo, su “constante aporte de mano de obra” que “ha ayudado a convertir al municipio en una potencia agrícola”, entre otras cosas porque cerca de un 70% de los champiñones vendidos en España proceden de esta localidad albaceteña. Villamalea.

Este pueblo de Albacete ha seguido dando muestras de su espíritu humanitario. El pasado mes de octubre PP, PSOE e IU aprobaron, de nuevo por unanimidad, una moción en apoyo al pueblo palestino y en defensa de los derechos humanos en Gaza.

El PP rompió el aclamado consenso político

No obstante, el pasado mes de mayo ese consenso se rompió cuando en un pleno de la Diputación de Albacete, el segundo teniente de alcalde de Villamalea, Antonio Martínez, que también es diputado provincial, presentó una moción en la que arremetía contra el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, algo que su Ayuntamiento, del PP, había defendido meses antes desmarcándose de la tónica del partido a nivel nacional.

Los argumentos del teniente de alcalde fueron que se trata de un proceso “caótico”, con “falta de recursos” para los ayuntamientos y que, además, “anima a las mafias”, mensaje este último muy parecido al que defienden los discursos de ultraderecha capitaneados por Vox.

Los socialistas de la localidad albaceteña se echaron las manos a la cabeza por este viraje del equipo de Gobierno del Ayuntamiento. Aunque la moción fue rechazada por la mayoría absoluta del PSOE en la Diputación, este partido arremetió duramente contra el PP, que “durante meses quiso aparecer como defensor de la regularización de personas migrantes”.

“El mismo que firmó una moción conjunta con PSOE y Unidas Podemos, y aprovechó la repercusión nacional e internacional que tuvo nuestro pueblo como ejemplo de convivencia, ha terminado mostrando cuál era realmente su posición. Los conocemos (al PP) y sabemos que lo de Villamalea ha sido un postureo de carácter electoralista, sin importarles para nada el bienestar de las personas”, argumentaron.

La oposición ha reclamado al gobierno de Jaume Collboni la apertura “inmediata” de espacios de diálogo con los trabajadores municipales en huelga, entre ellos los de servicios sociales, oficinas de atención ciudadana o escuelas infantiles. Así lo recoge una proposición que se ha aprobado en el pleno extraordinario convocado a petición de Junts, BComú y ERC.

El texto ha salido adelante con los votos a favor de los grupos impulsores del pleno, así como del PP. El Gobierno y Vox han votado en contra. El teniente de alcalde Albert Batlle, responsable de Régimen Interno, ha admitido que son conscientes del “malestar”, pero ha criticado que los sindicatos CGT, Intersindical y Ábacos —que son minoritarios, y contrarios al convencio cerrado en enero– “no han puesto sobre la mesa ninguna propuesta seria”.

De hecho, Batlle ha cargado duramente contra estos sindicatos y ha defendido el convenio aprobado en enero. Ha recordado que se aprobó por una amplia mayoría, con los votos favorables de 12 de los 15 representantes sindicales, sumando los de CCOO, UGT y CSIF. Así, ha considerado un “precedente peligroso” que se quiera dar espacio “a la parte más beligerante y minoritaria del conflicto”, en relación con el pleno extraordinario y las demandas del resto de sindicatos.

El debate ha tenido lugar con una protesta a las puertas del Ayuntamiento protagonizada precisamente por trabajadores municipales en huelga. La protesta ha sido convocada por la CGT y la Intersindical, que critican la falta de diálogo y el empeoramiento de las condiciones para los colectivos de atención directa a la ciudadanía, como las oficinas de atención al ciudadano, los servicios de feminismos o los servicios sociales.

El origen del conflicto es la aprobación el pasado enero del acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Barcelona para el periodo 2025-2028. El convenio se aprobó entonces con los votos favorables del gobierno del PSC y también de BComú y ERC, mientras que Junts se abstuvo y PP y Vox votaron en contra.

Las huelga de estos trabajadores municiapales es formalmente “indefinida” desde hace casi cuatro meses, aunque se llevan a cabo de forma parcial, en jornadas y franjas horarias concretas.

La oposición censura la falta de diálogo

Junts ha afirmado que allí donde gobierna el PSC hay “huelgas y conflictos” y ha pedido al ejecutivo que “se remangue” para solucionar el conflicto abierto. “Tienen la ciudad colapsada, no nos colapsen también el Ayuntamiento y sus servicios”, ha afirmado Josep Rius.

Desde los Comuns, Marc Serra ha expresado que si votaron a favor del convenio en su día es porque respetan los acuerdos alcanzados con una mayoría sindical y porque creen que la jornada de 35 horas semanales es un “avance”. Con todo, ha señalado también que ya advirtieron de que era necesario resolver la situación de los colectivos más perjudicados. Serra ha pedido un giro de “180 grados”, que el gobierno deje de “ignorar” a los trabajadores en huelga y que aparten a Batlle de las negociaciones.

Jordi Coronas, de ERC, ha lamentado “la manera de actuar” del gobierno en torno a las huelgas y el debate y ha defendido que lo “ideal” sería rebajar la tensión y poner “en el centro” a los usuarios de los servicios, además de a los trabajadores. Los grupos también han lamentado que el pleno extraordinario llegue tan tarde, puesto que lo solicitaron hace más de un mes.

Por su parte, el PP se ha sumado a la petición de que el gobierno no ignore las huelgas y ha argumentado que ellos ya se posicionaron en su día para pedir que se revise el acuerdo y se dialogue para corregir los anexos de colectivos que tienen reticencias, como pueden ser las escuelas infantiles, las oficinas de atención al ciudadano o la Guardia Urbana. Vox ha hablado de “cinismo” porque los mismos grupos que han impulsado el pleno son los que permitieron la aprobación del convenio laboral.

Batlle ha iniciado su intervención condenando comportamientos “intimidatorios” y de “confrontación violenta” por parte de los sindicatos no firmantes y ha defendido que el convenio aprobado supone “mejoras sustanciales y objetivas” para el conjunto de la plantilla. También lo ha hecho la teniente de alcaldía Laia Bonet, que en una atención posterior a los medios de comunicación ha dicho que es un convenio “histórico” con “avances” que afectan a cerca de 16.000 personas de la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona.

Bonet ha dicho que desde entonces cada semana hay reuniones de interpretación del convenio y reuniones semanales de la mesa general, donde también está la CGT, el único sindicato contrario al acuerdo que tiene representación. “Desde entonces hasta ahora no ha habido ninguna propuesta de la CGT”, ha remachado.

Trabajadores municipales de bibliotecas, servicios sociales o escuelas infantiles se han concentrado, minutos antes de que comenzara el plenario extraordinario, frente a la puerta principal del Ayuntamiento de Barcelona. El delegado sindical de la CGT en el consistorio, Víctor Guimerà, ha atribuido la celebración del pleno a la “insistencia” y la “persistencia” demostradas. El sindicalista ha vinculado el malestar de los empleados al convenio, firmado en enero por el gobierno municipal con el apoyo de CCOO, UGT y CSIF: “Ha sido la gota que ha colmado el vaso”. Ha concretado que los servicios sociales están “muy colapsados” y el nuevo acuerdo marco ha “agravado” la situación.

En la misma línea se ha expresado el delegado de la Intersindical, Miquel Rubio, que ha reclamado “sentarse y hablar”. “Lo único que hacen hasta ahora es menospreciarnos e insultarnos”, ha criticado. Rubio ha apuntado que los servicios sociales están “paralizados” y ha precisado que más de la mitad de las bajas laborales “tardan meses en cubrirse”. De este modo, ha continuado, “ponen más carga de trabajo” a los empleados. El representante de la Intersindical ha insistido en dialogar y ha instado a Collboni a negociar. Rubio ha ironizado con que, si no saben hacerlo, “páguense un curso de mediación” y dejen “a otras personas hacer política”.

Tras desmarcarse del acuerdo alcanzado entre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y los sindicatos mayoritarios, la situación en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo sigue igual. Las trabajadoras mantienen sus movilizaciones, con una nueva concentración este jueves a las 11.00 horas frente a la sede del ICASS en Santander, al considerar que las medidas acordadas no resuelven la falta estructural de personal.

Uno de los puntos de mayor controversia es el uso indebido de los ocho “acúmulos de tareas” (contrataciones temporales) concedidos al centro. Según denuncian representantes de los trabajadores, la dirección del CAD de Laredo está utilizando estos refuerzos para cubrir necesidades estructurales, como vacaciones y bajas laborales, en lugar de para aumentar los efectivos reales en las plantas.

“El acuerdo firmado por los cuatro sindicatos indicaba que no se podía hacer uso de esos acúmulos para cubrir bajas o vacaciones, pero es exactamente lo que se está haciendo”, explica Anjana González, trabajadora del centro asistenicial. Con cerca de 12 compañeras de baja, el personal denuncia que la carga de trabajo sigue siendo la misma y que los refuerzos no llegan a mejorar el ratio de atención al residente. Además, lamentan que los turnos de noche siguen sin reforzarse y que, en muchas ocasiones, trabajan incluso sin personal de enfermería.

El factor humano: 10 minutos para un aseo completo

La falta de “manos” tiene una consecuencia directa en la calidad asistencial. Los trabajadores describen una situación de “atropello” constante donde apenas disponen de 8 o 10 minutos para asear, duchar y vestir a cada usuario. “Casi no les das tiempo ni a abrir el ojo cuando ya les estás lavando a las 8 de la mañana; vas a una velocidad que no permite una manipulación adecuada”, lamenta González.

Esta urgencia horaria afecta especialmente a los residentes con necesidades específicas. Por ejemplo, una persona con disfagia (riesgo de atragantamiento) requeriría unos 45 minutos para comer con seguridad; sin embargo, debido a la falta de personal, los trabajadores se ven obligados a reducir drásticamente el tiempo de comida de otros usuarios a apenas 15 minutos para poder atender a todos los usuarios. Esta situación, según explica a eldiario.es, genera un “alto nivel de estrés y frustración” entre los empleados, quienes sienten que no pueden ofrecer la dignidad y el cuidado que los mayores merecen.

Un problema de “organización”, según el ICASS

Desde su primera movilización, el pasado 8 de mayo, González explica que la subdirectora de Dependencia del Gobierno de Cantabria, Patricia Blanco, ha visitado en un par de ocasiones el centro y ha sugerido que el problema es de “organización” y no de número de personal. La trabajadora se muestra tajante al respecto: “Me puedo organizar muy bien, pero si necesito cinco manos y solo tengo dos, voy a seguir necesitando tres más por muy bien que me organice”.

Asimismo, existe un profundo malestar con los sindicatos mayoritarios firmantes del pacto con el ICASS (UGT, CCOO, SIEP y TU). Desde el CAD de Laredo sostienen que ninguna de estas organizaciones ha acudido al centro para supervisar si se está cumpliendo lo firmado o para pedir explicaciones sobre el uso de los contratos de refuerzo.

Ante la inacción de la administración, las trabajadoras pretenden ser escuchadas directamente por los responsables del ICASS que se encuentren en su jornada laboral este jueves y desean, a su vez, poder contar con el apoyo de compañeras y compañeros de otros CAD como el Santander o Torrelavega que quieran solidarizarse con su situación. “No vamos con intención de negociar, porque no somos órgano negociador, pero queremos que se nos escuche y se dé una solución real”, concluyen, advirtiendo que no pararán hasta que se garantice una atención de calidad en el centro.

La ayuda a la dependencia sigue estancada en Canarias en 15.336 personas que no la reciben pese a tener derecho. Se trata del llamado limbo de la dependencia, personas que han presentado la solicitud, han sido reconocidas pero siguen esperando. Según los últimos datos del IMSERSO publicados en el mes de abril, de estas personas 555 llevan más de seis meses esperando

Asimismo, los datos correspondientes al mes de abril, reflejan que 14.386 se encuentran sin prestación efectiva por “motivos no imputables a la administración”. La mayoría de las prestaciones que se conceden suelen ser prestaciones vinculadas al servicio, para lo cual las familias o las personas dependientes deben contratar una empresa, de las cuales no hay suficientes en las Islas.

La propia Consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destacó durante la firma del convenio del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Tenerife, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura la necesidad de corregir una de las “debilidades” del sistema de dependencia en las Islas, señalando que muchos beneficiarios con prestación reconocida no podían hacerla efectiva por falta de empresas que prestaran el servicio.

“¿Por qué hay 15.000 prestaciones no efectivas? Porque no hay servicios que ofertar”, explica la senadora Marta Arocha, que también fue directora de Dependencia del Gobierno de Canarias. “Y porque las empresas que prestan servicios a través de la prestación vinculada al servicio ahora mismo están desbordadas”, añade.

“Hay listas de espera para las empresas privadas y en los centros residenciales privados, si te dan 800 euros, no puedes pagar los 2.500 o 3.000 que cuestan. Por lo tanto, si no se crean plazas públicas de centros de día, de centros sociosanitarios, van a seguir dando PIAS, pero que serán siempre no efectivos”, añade.

La consejera de Bienestar Social, por su parte, insistió hace unos días en el Parlamento en que la lista de espera se ha reducido en el primer trimestre del año en 1.911 personas y el limbo de la dependencia ha descendido un 5,1%. “Queda trabajo por hacer, pero los datos oficiales ponen de manifiesto una mejora objetiva, medible y comparada”, defendió entonces.

“Un sistema low cost”

Arocha considera que Canarias se está convirtiendo en un sistema low cost, ya que una de las prestaciones que más está creciendo es la de la teleasistencia; “y las teleasistencias nunca pueden ser, según la ley, una prestación principal, es siempre complementaria de otra”.

De hecho, si se atiende a los datos del mes de abril del IMSERSO se aprecia por tipo de prestaciones que, en las Islas hay 11.082 personas con la prestación de teleasistencia.

El mayor volumen son las prestaciones vinculadas al servicio (33.605) para las cuales las personas deben elegir entre diversas empresas. Le siguen las prestaciones para el cuidado en el entorno familiar; 31.452; la atención residencial, con 5.903; los centros de día y noche; 5.576, la prevención y promoción de la autonomía personal; 2.191 y por último con 1.379 la ayuda a domicilio.

En las Islas aún pasan 354 días desde que se solicita la ayuda hasta que se concede. Si bien es cierto que este dato se ha ido reduciendo y de ello ha presumido el Gobierno de Canarias, el hecho de agilizar las resoluciones e incorporar a más personas al sistema no ha conseguido paliar el hecho de que haya más de 15.000 personas sin su prestación efectiva.

El PP tombarà finalment una transacció amb què Vox a Balears buscava excloure dels serveis d'atenció primerenca infants de famílies en situació irregular a Balears, un plantejament que ha generat un fort rebuig entre les formacions d'esquerres i les entitats socials.

La formació d'extrema dreta havia presentat la proposta en una de les esmenes dels populars a la llei autonòmica d'acceleració de projectes estratègics, una norma concebuda per agilitzar inversions però reconvertida per PP i Vox en calaix de sastre per modificar, mitjançant mútliples modificacions legislatives, bona part de l'ordenament autonòmic balear. Com denuncien des de l'oposició, les correccions estan provocant la reforma encoberta de més de 50 lleis autonòmiques.

Segons ha explicat aquest dilluns el portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, l'esmena registrada originalment pels populars no modificava els criteris d'accés al servei, sinó que buscava introduir canvis de caràcter administratiu per reduir burocràcia i, més en concret, facilitar la consulta telemàtica de documentació vinculada a l'atenció primerenca.

Posteriorment, Vox va presentar una transacció a aquesta esmena per incorporar nous requisits i limitacions d'accés. Sagreras ha subratllat que les condicions per accedir a aquests serveis estan regulades per normativa estatal i ha assegurat que, “per evitar dubtes”, el PP votarà en contra de la transacció o, si no, retirarà directament la seva esmena.

L'accés a l'atenció primerenca a Balears està regulat pel Decret 85/2010, aprovat durant el segon mandat del socialista Francesc Antich i que organitza la xarxa pública i concertada destinada a menors d'entre 0 i 6 anys amb trastorns del desenvolupament o risc de patir-los. La norma defineix aquest servei com una atenció integral de caràcter preventiu, assistencial i rehabilitador dirigida a nens especialment vulnerables, i estableix que la valoració d'accés ha de basar-se en criteris clínics, evolutius i socials.

“És un servei que atén nens molt vulnerables, nens petits, amb discapacitat o necessitats especials, i creiem que el darrer que necessiten és que es faci soroll polític”, ha afirmat el portaveu popular en la roda de premsa prèvia al ple del Parlament. La qüestió es debatrà aquest dimarts en una nova reunió de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos de la Cambra balear, òrgan encarregat d'elaborar el dictamen de la llei de projectes estratègics.

La polèmica ha provocat dures crítiques de l'esquerra, que acusa el PP d'assumir parcialment postulats de Vox i d'haver rectificat únicament després del rebombori social generat per la proposta. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha qualificat la iniciativa d'“indecent” i ha sostingut que els populars han fet marxa enrere per l'“escàndol” suscitat entre entitats de l'àmbit social i educatiu.

També el portaveu parlamentari del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha carregat contra les esmenes pactades entre PP i Vox durant la tramitació de la llei. Negueruela ha acusat el Govern d'“acceptar discursos que ataquen els menors segons el seu origen” i ha denunciat que una altra de les modificacions impulsades elimina el terme “violència masclista” per substituir-lo per “violència contra la dona”, una reivindicació habitual de Vox.

Així mateix, el dirigent socialista ha criticat que el PP hagi incorporat en una altra esmena propostes relatives al sòl rústic que, segons ha dit, contradiuen compromisos previs del Govern sobre els límits a l'increment d'edificabilitat en aquest tipus de terrenys.

A finals d'abril, Vox va presentar una Proposició No de Llei (PNL) per reclamar que els espanyols tinguin preferència en àmbits com la sanitat, l'habitatge o les prestacions públiques sota el concepte de “prioritat nacional”. El Govern del PP va expressar la seva disposició a donar suport a la iniciativa sempre que es plantegi en termes de residència legal i no de nacionalitat, remetent-se a l'acord assolit amb la formació d'extrema dreta per endurir l'accés a determinades ajudes socials.

Aquest pacte contempla exigir un mínim de tres anys de residència legal ininterrompuda a les Balears per poder accedir a la renda social garantida (Resoga), a més de reforçar els mecanismes de control, revisió i reintegrament de prestacions. La modificació suposa un gir rellevant en la principal xarxa de protecció social de la comunitat, en introduir criteris més restrictius que, segons la pròpia argumentació política de Vox, persegueixen frenar l'anomenat “efecte crida”.

El PP tumbará finalmente una transacción con la que Vox en Balears buscaba excluir de los servicios de atención temprana a niños de familias en situación irregular en Balears, un planteamiento que ha generado un fuerte rechazo entre las formaciones de izquierdas y las entidades sociales.

La formación de extrema derecha había presentado la propuesta en una de las enmiendas de los populares a la ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma concebida para agilizar inversiones pero reconvertida por PP y Vox en cajón de sastre para modificar, mediante múltiples modificaciones legislativas, buena parte del ordenamiento autonómico balear. Como denuncian desde la oposición, las correcciones están provocando la reforma encubierta de más de 50 leyes autonómicas.

Según ha explicado este lunes el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, la enmienda registrada originalmente por los populares no modificaba los criterios de acceso al servicio, sino que buscaba introducir cambios de carácter administrativo para reducir burocracia y, más en concreto, facilitar la consulta telemática de documentación vinculada a la atención temprana.

Posteriormente, Vox presentó una transacción a esa corrección para incorporar nuevos requisitos y limitaciones de acceso. Sagreras ha subrayado que las condiciones para acceder a estos servicios están reguladas por normativa estatal y ha asegurado que, “para evitar dudas”, el PP votará en contra de la transacción o, en su defecto, retirará directamente su enmienda.

El acceso a la atención temprana en Balears está regulado por el Decreto 85/2010, aprobado durante el segundo mandato del socialista Francesc Antich y que organiza la red pública y concertada destinada a menores de entre 0 y 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos. La norma define este servicio como una atención integral de carácter preventivo, asistencial y rehabilitador dirigida a niños especialmente vulnerables, y establece que la valoración de acceso debe basarse en criterios clínicos, evolutivos y sociales.

“Es un servicio que atiende a niños muy vulnerables, niños pequeños, con discapacidad o necesidades especiales, y creemos que lo último que necesitan es que se haga ruido político”, ha afirmado el portavoz popular en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament. La cuestión se debatirá este martes en una nueva reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara balear, órgano encargado de elaborar el dictamen de la ley de proyectos estratégicos.

La polémica ha provocado duras críticas de la izquierda, que acusa al PP de asumir parcialmente postulados de Vox y de haber rectificado únicamente tras el revuelo social generado por la propuesta. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha calificado la iniciativa de “indecente” y ha sostenido que los populares han dado marcha atrás por el “escándalo” suscitado entre entidades del ámbito social y educativo.

También el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha cargado contra las enmiendas pactadas entre PP y Vox durante la tramitación de la ley. Negueruela ha acusado al Govern de “aceptar discursos que atacan a los menores según su origen” y ha denunciado que otra de las modificaciones impulsadas elimina el término “violencia machista” para sustituirlo por “violencia contra la mujer”, una reivindicación habitual de Vox.

Asimismo, el dirigente socialista ha criticado que el PP haya incorporado en otra enmienda propuestas relativas al suelo rústico que, según ha dicho, contradicen compromisos previos del Govern sobre los límites al incremento de edificabilidad en este tipo de terrenos.

A finales de abril, Vox presentó una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar que los españoles tengan preferencia en ámbitos como la sanidad, la vivienda o las prestaciones públicas bajo el contepto de “prioridad nacional”. El Govern del PP expresó su disposición a respaldar la iniciativa siempre que se plantee en términos de residencia legal y no de nacionalidad, remitiéndose al acuerdo alcanzado con la formación de extrema derecha para endurecer el acceso a determinadas ayudas sociales.

Ese pacto contempla exigir un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder acceder a la renta social garantizada (Resoga), además de reforzar los mecanismos de control, revisión y reintegro de prestaciones. La modificación supone un giro relevante en la principal red de protección social de la comunidad, al introducir criterios más restrictivos que, según la propia argumentación política de Vox, persiguen frenar el denominado “efecto llamada”.