Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del pasado 22 de junio que declaró “favorable” el estado de conservación del lobo ibérico en las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea. Las organizaciones consideran que esa decisión, respaldada por Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria, abre la puerta a intensificar el control de la especie pese a que, aseguran, no existe respaldo científico suficiente para ello.

El recurso se dirige contra el acuerdo aprobado el pasado 22 de junio, que salió adelante con el voto en contra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Según las organizaciones ecologistas, el propio informe técnico elaborado por el ministerio advertía de que la ficha utilizada para justificar el cambio “adolece de justificación científica”, por lo que sostienen que la decisión respondió a una mayoría política y no a criterios técnicos.

Las entidades recurrentes relacionan esta decisión con la recuperación de los programas autonómicos de control del lobo tras la salida de la especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en el 2025 y las puntualizaciones sobre los permisos de su caza contenidos en una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de este año.

En su recurso, Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico señalan que la población de la especie, estimada en 333 manadas, continúa por debajo de las alrededor de 500 unidades reproductoras que consideran necesarias para garantizar su viabilidad genética a largo plazo. También recuerdan que amplias zonas de distribución histórica aún no se han recuperado y que la población de Sierra Morena desapareció hace aproximadamente una década.

Las dos organizaciones argumentan además que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han establecido que no pueden autorizarse extracciones de ejemplares cuando el estado de conservación de la especie sea desfavorable. A su juicio, si el informe sexenal recurrido se remite finalmente a la Comisión Europea, desaparecería uno de los principales obstáculos legales para ampliar los controles poblacionales del lobo en España.

“No estamos ante un desacuerdo técnico legítimo, sino ante la imposición de una mayoría política sobre la evidencia científica. Que una especie deje de estar protegida no puede decidirse a golpe de votos autonómicos, sino con datos”, ha señalado Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción. “Detrás de este posicionamiento de las comunidades autónomas subyace el propósito de matar lobos con cobertura legal. Ya entre 2025 y principios de 2026, Cantabria mató más lobos de los que marcó su propio plan, y Asturias abatió decenas de ejemplares, entre ellos hembras gestantes y cachorros”, cuestiona Ernesto Díaz, portavoz del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico.

En los dos últimos años el lobo ha vivido una compleja situación administrativa y legal. En marzo del 2025 el lobo ibérico quedó fuera del Lespre (listado de especies protegidas) por al aprobación de una enmienda del PP en la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario que desprotegió la especie. El Defensor del Pueblo ha recurrido esta norma al Constitucional, pero está pendiente de resolución.

En febrero de este año una sentencia del Tribunal Supremo señaló que la autorización de la caza del lobo solo sería posible “cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado”. En ella se especifica que la muerte de ejemplares del lobo “deben someterse a unas rigurosas condiciones” después de que se hayan analizado “medidas alternativas” que “razonablemente” puedan adoptar los ganaderos para impedir los ataques del lobo. Según las comunidades autonómas esta situación ya se da y han ido aprobando programas de control del lobo para volver a permitir su caza.

El recurso llega el mismo día en que el Boletín Oficial del Principado publica la modificación del II Plan de Gestión del Lobo de Asturias, con la que el Gobierno autonómico recupera la cobertura jurídica para aprobar nuevos programas anuales de control de la especie tras los cambios legislativos y la sentencia del Tribunal Supremo.

“Vamos a seguir en los tribunales las veces que haga falta. Es lo que le debemos a una especie perseguida durante siglos y que, por fin, empezaba a recuperar, muy tímidamente, solo una parte de lo que arrebatamos”, inciden las organizaciones recurrentes ante los nuevos planes de matar lobos en España.

Un informe promovido por Galicia -que dice que el lobo está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, de acuerdo con la legislación vigente, se puede cazar- a debate en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que se ha celebrado este lunes, ha obtenido el respaldo de casi todas las CCAA, según han indicado a Europa Press desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Las mismas fuentes han señalado que Euskadi y Castilla-La Mancha se han abstenido en la votación mientras que la portavoz del PP y coordinadora de temas agrícolas, Milagros Marcos, ha indicado que una de las comunidades participantes no ha votado a favor.

En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de este 22 de junio, comunidades y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) han valorado dos informes: el promovido por Galicia y el elaborado por el Ministerio a partir de datos de las autonomías, que dice que el lobo no está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, no se puede cazar.

La Unión Europea (UE) requiere a cada Estado la realización de informes sexenales para revisar la aplicación de normativas ambientales clave y el estado de conservación de especies y ecosistemas protegidos. Por ejemplo, el lobo, que se enmarca dentro de la Directiva Hábitats.

La organización ambientalista WWF ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que refuerce las medidas de conservación del lobo ibérico, también de su proteccion legal, y que reconozca “el papel estratégico” que desempeñan estas comunidades para la recuperación de la especie en España. Una petición que también ha trasladado a Madrid, La Rioja y Euskadi.

Aunque en estos territorios apenas hay unas pocas manadas, “son muy importantes para el futuro del lobo”, según WWF. Se trata de zonas de reciente recolonización, donde la especie ha vuelto a asentarse en las últimas décadas, por lo que su consolidación, apuntan, “es imprescindible para ampliar su distribución y garantizar su supervivencia a largo plazo”.

En concreto, Castilla-La Mancha y Madrid constituyen el frente sur de expansión del lobo, donde la presencia de esta especie es todavía reciente y debe consolidarse.

Esta petición se produce en el contexto del debate sobre el informe sexenal que España debe remitir a la Comisión Europea sobre el estado de conservación de la especie. WWF insta a estas comunidades autónomas a que respalden el citado informe y también a reconocer “la situación de vulnerabilidad del lobo”. Recuerda que existe un amplio margen de mejora, también en lo que tiene que ver con la coexistencia con la actividad ganadera.

La conservación del lobo se mantiene en estado desfavorable

WWF recuerda que la evidencia científica disponible y la evaluación realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica concluyen que el lobo sigue en estado de conservación desfavorable y que recientemente ha sido clasificado como especie Vulnerable en la Lista Roja Nacional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) España.

No se puede entender que la mayor parte de las comunidades autónomas, donde la presencia del lobo es incipiente o incluso inexistente, apoyen la desprotección del lobo siguiendo criterios políticos, en lugar de cumplir con sus obligaciones de realizar planes de conservación o recuperación

“La recuperación del lobo en España no depende únicamente de los territorios donde la especie es más abundante. También depende de que las poblaciones emergentes se consoliden y se expandan a nuevas áreas”, señala Laura Moreno, responsable del programa de biodiversidad de WWF.

En su opinión, “es un contrasentido considerar favorable el estado de una especie que sigue ausente de gran parte de España, que mantiene problemas genéticos y cuya única población en el sur se ha extinguido”. También cree que “no se puede entender que la mayor parte de las comunidades autónomas, donde la presencia del lobo es incipiente o incluso inexistente, apoyen la desprotección del lobo siguiendo criterios políticos, en lugar de cumplir con sus obligaciones de realizar planes de conservación o recuperación”.

WWF advierte de que estas comunidades no pueden considerar que el lobo haya alcanzado un estado de conservación favorable mientras sus poblaciones sigan siendo escasas, frágiles y dependientes de la expansión natural desde otros territorios. Por ello, reclama que apoyen la evaluación científica presentada por el MITECO y que impulsen medidas activas de conservación.

La organización dice que la experiencia acumulada en distintos países europeos demuestra que la prevención de daños mediante cercados, mastines, vigilancia y otras medidas de protección es “mucho más eficaz” que las políticas basadas en el control de ejemplares. También reclama sistemas ágiles y justos de compensación para las explotaciones ganaderas afectadas. De hecho, Castilla-La Mancha ya cuenta con ayudas para estas situaciones.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado elevar al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad relativa a la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) al norte del Duero, lo que implica una rebaja en su nivel de protección. Según informan fuentes judiciales, el alto tribunal gallego plantea la cuestión con respecto a dos disposiciones de la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, y lo hace por la posible vulneración de los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica; del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en relación con los derechos de participación pública y de acceso a la justicia en materia medioambiental; y del artículo 45 de la Constitución, en relación con el principio de actuación conforme a la mejor y más reciente evidencia científica y el principio de no regresión del estándar ambiental.

En un auto, el TSXG explica que la modificación sobre la protección del lobo se introdujo mediante enmiendas en una ley destinada a prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario, por lo que no detecta una relación suficiente entre el objeto de dicha ley y la regulación del lobo, y ello plantea dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de homogeneidad y congruencia exigidos en el procedimiento legislativo.

Así, indica que “no se discute que, desde la perspectiva formal de la jerarquía normativa, una norma de rango de ley aprobada por las Cortes Generales tiene rango suficiente para aprobar una modificación del LESPRE”, pero advierte de que “desde la perspectiva material del control de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos no se puede obviar que, efectivamente, se ha prescindido de esos trámites administrativos reglados e informes técnicos preceptivos previstos en la regulación del procedimiento administrativo de modificación del LESPRE, utilizándose el rango normativo legal para conseguir su elusión”.

El TSXG explica que, en este caso, se habría utilizado una norma de rango legal para evitar los trámites, informes técnicos y evaluaciones científicas exigidos para modificar el LESPRE.

Los magistrados recalcan en su auto que “se produce una elusión singular del procedimiento administrativo para la exclusión de una población de fauna silvestre del LESPRE, sin una específica referencia motivada a la razón de dicha exclusión”. Estas circunstancias, según subrayan, “impiden a priori valorar cuáles son las concretas razones que avalarían que se haya prescindido del trámite legal y reglamentariamente dispuesto para abordar ese tipo de modificaciones del LESPRE, que incorpora trámites administrativos e informes técnicos específicos para garantizar que su modificación venga avalada por la mejor información científica disponible”.

“En suma, con la modificación del LESPRE cuestionada, el legislador ha asumido mediante una ley funciones que correspondían -y de hecho siguen correspondiendo- a la Administración General del Estado”, señala el tribunal, al tiempo que añade que “existen dudas de la legitimidad constitucional de esa decisión”, pues entiende que debería “basarse en criterios científicos y técnicos verificables con un procedimiento administrativo reglado e impuesto en el marco de las exigencias del derecho ambiental de la Unión Europea”.

Con respecto al posible impacto sobre la tutela judicial efectiva, el TSXG advierte de que “no solo se obvia la competencia y procedimiento administrativos establecidos por la normativa con carácter general como cauce para las modificaciones del LESPRE, sino que ello repercute en las posibilidades de impugnación de asociaciones de defensa del medio ambiente que quieran cuestionar esa rebaja en el nivel de protección de la especie”.

Además, hace referencia en la resolución a una posible vulneración del principio de no regresión ambiental, porque la rebaja del nivel de protección del lobo podría suponer una regresión en la protección ambiental sin una motivación suficiente ni una ponderación acreditada de los datos científicos disponibles.

Por lo tanto, el TSXG suspende provisionalmente las actuaciones del procedimiento contencioso-administrativo iniciado por dos asociaciones ecologistas contra la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad.

Ecologistas en Acción ha alertado de la existencia de “manipulación política” en la evaluación del estado del lobo ibérico y ha presentado alegaciones al informe sexenal en las que denuncia posibles intentos por parte de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León de incluir en este informe “graves deficiencias” científicas, metodológicas y jurídicas para permitir que se mantengan las “matanzas” de esta especie.

Según ha advertido la asociación, dichas comunidades autónomas pretenden “subordinar” un informe científico a “intereses políticos” con la alteración y desnaturalización de la información científica disponible.

La organización ecologista ha señalado que los datos aportados por Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León carecen de justificación científica “suficiente” y buscan construir “artificialmente” un escenario favorable para facilitar futuras políticas de control letal y desprotección jurídica del lobo.

Ecologista ha recordado que el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico apunta que muchos de los datos autonómicos contienen “incoherencias, errores y problemas metodológicos” que no permitirían su validación ante la Comisión Europea.

Para la entidad estos hechos son “especialmente graves” a la hora de evaluar el estado de conservación del lobo y su situación en el Estado español, la minimización sistemática de amenazas como el furtivismo, la caza ilegal, la fragmentación del hábitat, los incendios forestales o los problemas de conectividad genética de la especie por destrucción de hábitats o cuellos de botella.

La organización sostiene que, de igual forma, las administraciones mencionadas “invisibilizan de manera sistemática la mortalidad por extracciones letales de lobos” realizada por distintas comunidades autónomas tras la salida del LESPRE, lo que -dice- supone “la omisión relevante de datos empíricos necesarios para una evaluación completa del estado de conservación”.

En relación a Cantabria, Ecologistas ha indicado que el Gobierno regional (PP) “viene sosteniendo que el lobo en Cantabria se encuentra en un estado de conservación favorable, justificando con ello la matanza de 41 lobos”.

Ecologistas sostiene que en la comunidad se ha superado esta cifra ya que son 42 los que han muerto por diferentes causas. También, ha asegurado que la Consejería de Desarrollo Rural “no ha informado de entre 11 y 17 cachorros”. En este sentido, ha indicado que la organización Fondo Lobo ha tenido acceso a las necropsias de varias hembras abatidas por el Gobierno de Cantabria en 2025 y, tras revisar 14 informes, ha constatado que tres de las lobas habían parido recientemente o todavía estaban gestando a sus crías.

“La muerte de estos cachorros, sumado a los lobos ya abatidos o muertos por otras causas, superaría ampliamente” el cupo fijado por el propio Gobierno regional, establecido en 41 ejemplares“, ha censurado Ecologistas. La organización ha subrayado que ”la ciencia de la conservación no puede ponerse al servicio de intereses políticos espurios y cortoplacistas“.

“Manipular artificialmente el estado de conservación del lobo para justificar su persecución supone una desnaturalización grave de los mecanismos científicos previstos en la Directiva Hábitats”, ha afirmado el coordinador del área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber.

Actualizar censo tras incendios

Entre las alegaciones presentadas se encuentra la necesidad de actualizar los censos poblacionales tras los grandes incendios forestales registrados el pasado año en el noroeste, que afectaron a centenares de cuadrículas de presencia de la especie, algo que ya han reclamado a los respectivos gobiernos autonómicos y que “ha caído en saco roto”.

Ecologistas en Acción ha recordado que los incendios forestales de gran intensidad, además de provocar mortalidad directa de individuos, suponen pérdida de refugios, reducción de presas y fragmentación funcional del hábitat, lo que compromete la viabilidad de las poblaciones y reduce aún más su número y el intercambio genético.

Recuperación de la especie “inexsistente”

Según ha concretado, la situación del lobo en España “dista mucho de poder considerarse favorable” y cuestiones como la desaparición de la población de Sierra Morena, la elevada mortalidad por causas humanas y la escasa recolonización de amplias zonas adecuadas evidencian que la recuperación de la especie “sigue siendo inexistente”.

La organización ecologista también ha cuestionado la “presión política y legislativa” por parte de comunidades autónomas y de determinados partidos políticos con “intereses concretos”, ejercida en los últimos años para rebajar la protección legal del lobo y ha recordado que las modificaciones legales que facilitaron la salida de las poblaciones al norte del Duero del Lesrpe han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo.

Asimismo, Ecologistas en Acción ha señalado que la elaboración del informe sexenal constituye un ejercicio eminentemente técnico y científico, cuya finalidad es trasladar a la Comisión Europea una evaluación objetiva y rigurosa del estado real de conservación de especies y hábitats. Por este motivo, dichos informes no pueden “quedar subordinados a mecanismos de validación política que permitan alterar o desnaturalizar la información científica disponible”.

Por todo ello, la organización ecologista ha exigido que el informe sexenal mantenga la consideración del “estado de conservación desfavorable” para el lobo ibérico y ha reclamado que cualquier evaluación se base “exclusivamente” en información científica “sólida, transparente y coherente” y “alejada de intereses políticos y de sectores económicos”.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria se ha opuesto a suspender cautelarmente el nuevo plan de gestión del lobo en esta comunidad autónoma tal y como solicitaba el Partido Animalista con el Medio Ambiente.

Lo ha resuelto así la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC en un auto, consultado por Europa Press, por el que deniega la medida cautelar interesada por PACMA contra la orden de la Consejería de Desarrollo Rural y Ganadería por la que el plan recibió luz verde en marzo de este año.

El nuevo documento mantiene el control de ejemplares con cupos anuales limitados a un máximo del 20% de la población, como el anterior, mientras se reducen de tres a dos las zonas con presencia del cánido en la región.

El tribunal considera que la suspensión de dicha orden es “completamente desproporcionada” y “nada apunta a que sirviera para las finalidades perseguidas, ni siquiera de conservación de especies”. Y asegura que “la ejecutividad de la orden no genera el daño irreparable e irreversible” al lobo que alega PACMA.

Contra la resolución del tribunal, fechada el pasado 14 de mayo y que impone las costas al partido animalista hasta un límite de 300 euros, cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días desde su notificación. El Gobierno regional ha valorado positivamente la resolución del TSJC.

El puzzle evolutivo del lobo ibérico empieza a completarse. Un equipo de científicos españoles, liderado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha logrado reconstruir parte de la historia evolutiva de esta subespecie endémica (Canis lupus signatus) que habita en la península y que está considerada uno de los animales más emblemáticos de nuestra fauna actual.

La investigación, publicada en la revista The Anatomical Record, ha arrojado datos hasta ahora desconocidos, como que los ejemplares más antiguos de lobo ibérico presentaban un menor tamaño que los actuales o que sus rasgos morfológicos eran más primitivos, especialmente visibles en la dentición del complejo de la muela carnicera. 

Comparando fósiles dentales

El equipo de científicos españoles ha logrado este hito gracias al análisis de fósiles de restos dentales de cánidos recuperados en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca (Burgos) durante los últimos 25 años. Estos pertenecen a la especie extinta Canis mosbachensis, que habitó la sierra entre hace algo más de un millón de años y hace cuatrocientos mil años, durante el Pleistoceno Inferior y Medio. 

La especie extinta Canis mosbachensis no es baladí ni su análisis puede considerarse casual, porque está considerada antecesora de los lobos actuales. Una referencia ideal y de la que extraer una comparativa fidedigna de los cambios evolutivos que ha sufrido este animal con el paso de los años. 

En concreto, se analizó una muestra de 87 ejemplares actuales y fósiles de lobo ibérico, comparados con 108 restos dentales de Canis procedentes de distintos depósitos de la Trinchera del Ferrocarril de la Sierra de Atapuerca. 

El estudio, en el que también han participado investigadores del Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), del CSIC, de la Universidad Rovira i Virgili y del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), ha permitido identificar una notable estabilidad métrica en los antiguos individuos, que presentan de forma constante un tamaño menor que el de los lobos modernos. 

Además, los primeros muestran rasgos morfológicos más primitivos, especialmente visibles en la dentición del complejo de la muela carnicera, esencial para la mordida y asociada a una dieta mesocarnívora. Su análisis apunta a que, con los años, el lobo ibérico evolucionó hacia una dieta más carnívora.

Según la investigadora predoctoral de la Fundación Atapuerca en la UCM y primera autora del artículo, Raquel Blázquez-Orta, “el patrón observado probablemente representa una etapa intermedia de esta transición evolutiva desde la especie ancestral hacia los lobos modernos”.

Las organizaciones Ecologistas Zamora y Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo ibérico (ASCEL) han reclamado a la Junta de Castilla y León que asuma responsabilidades tras la aparición de un lobo muerto con impactos de bala en la provincia de Zamora. El ejemplar ha sido encontrado en el río Esla junto al Puente Quintos del río Esla, entre las comarcas de Tábara y Tierra de Campos.

Ambos colectivos han culpado al Ejecutivo autonómico de que la falta de vigilancia en actividades cinegéticas y las últimas modificaciones normativas han generado un contexto “propicio” para el furtivismo. A su juicio, la Junta de Castilla y León no está contribuyendo a la recuperación de los lobos ni en Zamora ni en el resto de Castilla y León y hay cientos de cotos de caza en los que los cazadores “campan a sus anchas” portando rifles, visores térmicos y reclamos por los recechos de corzo y controles de jabalí. 

El ejemplar, un macho adulto, fue localizado en el río Esla, en la zona de Puente Quintos, con dos heridas de arma de fuego en el costado derecho. Los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Zamora por un posible delito contra la fauna.

Las asociaciones ha manifestado que este episodio vuelve a evidenciar “un problema estructural” relacionado con la caza ilegal del lobo ibérico en Castilla y León.

En su comunicado, han alertado de que el furtivismo continúa teniendo un impacto “significativo” sobre la evolución de la especie y han indicado que está dificultando tanto la consolidación de nuevas manadas como la supervivencia de algunos grupos reproductores.

Según han recordado, un estudio sobre mortalidad de lobos, realizado en Valladolid y zonas limítrofes de Zamora, León y Palencia, recogía que el 73% de las muertes registradas —746 animales— se produjeron de forma ilegal. En total, este trabajo contabilizó 1.023 ejemplares muertos entre 1972 y 2011.

Ecologistas Zamora y ASCEL han apuntado que la situación del lobo ibérico sigue siendo “especialmente delicada” debido al furtivismo y a los atropellos. Es por eso que han recordado que la población peninsular permanece aislada del resto de núcleos europeos desde hace décadas y que la reducción histórica de ejemplares por la persecución humana ha provocado una pérdida de diversidad genética y elevados niveles de endogamia. Según han defendido, el lobo ocupa ahora una cuarta parte de su área de distribución histórica.

Instan a un cambio de normativa

Las organizaciones conservacionistas han afirmado que la Junta no está impulsando medidas suficientes para garantizar la recuperación de la especie y critican especialmente algunos cambios recientes en la normativa cinegética. Entre ellos la Orden MAV/1434/2025, que amplía las posibilidades de caza nocturna del jabalí mediante el uso de fuentes luminosas y dispositivos térmicos.

Para Ecologistas Zamora y ASCEL, ese tipo de autorizaciones, unidas a la “escasa vigilancia” en recechos de corzo y controles poblacionales de jabalí, incrementan el riesgo de actuaciones furtivas. “Son cientos los cotos en los que se realizan actividades cinegéticas con rifles y visores térmicos sin apenas supervisión”, han aseverado.

A las críticas también se le añade el rechazo a la modificación del sistema de control de capturas de corzo aprobada el pasado marzo. A su juicio, la nueva regulación dificulta la labor inspectora de agentes medioambientales y del Seprona y podría favorecer la legalización de ejemplares abatidos de manera irregular.

A esta “delicada situación”, como han reprochado ambas asociaciones también se le suma la falta del personal encargado de tramitar expedientes sancionadores en materia de Medio Ambiente en muchas provincias de la Comunidad. “Ya ni siquiera estaríamos hablando de un asunto de 'dejación de funciones' de una Administración pública, sino de un presunto delito de prevaricación por omisión por parte de los responsables de dicha Administración”, han lamentado.

Para Ecologistas Zamora y ASCEL la caza ilegal del lobo ibérico está contribuyendo de manera significativa al estancamiento poblacional en Castilla y León, provocando el exterminio de varios grupos reproductores. Esta situación, como han alertado, no permitiría el asentamiento de grupos nuevos en algunas zonas menguando su potencial sostenibilidad.

La Junta de Castilla y León ha dado este miércoles carpetazo a uno de sus propios proyectos mineros, muy polémico por situarse en plena Sierra de la Culebra de Zamora, en la comarca de Sanabria, y a escasa distancia de Portugal, un país donde se había generado un amplio rechazo por afectar a zonas protegidas. La consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha publicado la denegación de la autorización ambiental de la mina a cielo abierto de estaño y wolframio denominada Valtreixal, solicitada en el año 2009 por la sociedad Valtreixal Resources Spain, filial del grupo de origen canadiense Almonty Industries.

La explotación pretendía ocupar 246 hectáreas en los términos municipales de Pedralba de la Pradería y Cobreros, proyectaba una mina a cielo abierto con una vida útil de 17 años. Su localización concreta se situaba en plena Red Natura 2000, en el Lugar de Interés Comunitario 'Sierra de la Culebra', a 4 kilómetros aguas arriba del Parque Natural del Montesinho, en Portugal, y en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, hogar del lobo ibérico.

La Junta de Castilla y León ha concluido con una negativa la solicitud de autorización ambiental presentada en el año 2019 “por entender que el proyecto podría suponer afecciones e impactos severos a los valores naturales con los que coincide en un amplio territorio transfronterizo, resultando ambientalmente inviable, tal y como se ha puesto de manifiesto en el análisis técnico efectuado y, en especial, en la valoración realizada desde la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal en su informe relativo a las afecciones al medio natural, así como en el resultado de las consultas transfronterizas realizadas al Estado de la República de Portugal”.

La resolución, firmada por el consejero en funciones Juan Carlos Suárez-Quiñones, califica el proyecto como “ambientalmente inviable”. Los informes técnicos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal advirtieron que la mina causaría perjuicios irreparables a la integridad de espacios de la Red Natura 2000, específicamente a las Zonas de Especial Conservación (ZEC) 'Riberas del Río Tera y afluentes' y 'Sierra de la Culebra'.

El proyecto contemplaba una capacidad de procesado de 500.000 toneladas anuales de mineral durante 17 años. De este volumen, se estimaba una producción anual de entre 770 y 1.300 toneladas de concentrados de wolframio y entre 500 y 620 toneladas de concentrados de estaño.

Un proyecto impulsado por la propia Junta de Castilla y León

La controvertida mina a cielo abierto era, en realidad, un proyecto impulsado por la Junta de Castilla y León a través de la sociedad mixta Siemcalsa, que se hizo con los derechos mineros en el año 2006 de una explotación concedida en 1978 pero que nunca se llevó a cabo. Los orígenes mineros de la zona se datan a finales del S. XIX y en 1932 hubo una explotación de wolframio denominada Alto Calabor.

En el año 2013 la multinacional Almonty Industries firma un acuerdo de opción de compra con SIEMCALSA para adquirir el 51% del proyecto, del que se hizo con la totalidad en el año 2017. El 1 de abril del 2019 se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León la solicitud de declaración de impacto ambiental del llamado proyecto minero Valtreixal.

En el 2020 la Junta de Castilla y León presumía en una nota de prensa del impulso del proyecto mediante la aprobación de las Normas Urbanísticas de Pedralba de la Pradería. Aseguraba el gobierno autonómico entonces que “Este proyecto empresarial supondrá un revulsivo importante para la zona con la creación de 200 puestos de trabajo directos y casi 400 indirectos”. Las nuevas normas contemplaban autorizar el uso del suelo solicitado para el proyecto, que contemplaba una inversión de 42.357.000 dólares “en una zona y una provincia que necesita de empresarios y empresas que crean en los recursos que genera nuestra tierra”, recalcaba la Delegada Territorial Clara San Damián.

Oposición social y portuguesa

La Confederación Hidrográfica del Duero elaboró hasta tres informes sobre el proyecto minero. Sus técnicos se centraron en la vulnerabilidad de la red fluvial que atraviesa el área de explotación, considerando que las actuaciones supondrían un impacto muy significativo sobre el dominio público hidráulico y los arroyos que atravesaban la zona de explotación, concluyendo que vulnerarían la Ley de Aguas.

Además la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal identificó una lista de especies cuya supervivencia o hábitat se vería seriamente comprometido como del desmán ibérico, el lobo ibérico, diversas especies de murciélagos, el milano real y negro, el buitre negro, el buitre leonado, el águila real, la culebrera europea y el aguilucho pálido, entre otras.

Durante el periodo de información pública, una decena de asociaciones (como Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y diversas plataformas ciudadanas) presentaron miles de alegaciones en contra de la mina a cielo abierto denunciando falta de rigor en los informes técnicos, riesgos no evaluados por el uso de explosivos, afección a especies protegidas y amenazas a la economía y patrimonio local.

Desde el otro lado de la frontera la postura ante el proyecto minero Valtreixal fue de una firme y generalizada oposición, manifestada tanto por su gobierno como por diversas instituciones y colectivos ciudadanos,. Esta resistencia se fundamentó en la preocupación por los impactos ambientales y sociales que la mina tendría sobre el territorio luso, dada su extrema cercanía a la frontera (a apenas 5 kilómetros) y en la Reserva de la Biosfera compartida.

En el periodo de consultas el Gobierno de Portugal consideró que la documentación y los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa promotora eran insuficientes para garantizar la seguridad ambiental en la zona, alertando de que la explotación afectaría gravemente al Parque Natural de Montesinho y a la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, advirtiendo que el sello de la UNESCO para esta reserva estaba en riesgo por culpa de la mina.

Portugal denunció que el proyecto podría contaminar la cuenca hidrográfica del Duero a través del río Sabor e identificó que las aldeas de Rio de Onor, Aveleda y Varge serían las más directamente perjudicadas por el ruido de las voladuras y el polvo generado por la actividad minera.

La Xunta de Galicia se opone a la protección del lobo y es una firme defensora de que debe poder cazarse. Ni los datos de su último censo, que concluye que la población de la especie no crece, sino que está estable, ni las conclusiones del Gobierno central sobre que el estado es desfavorable en la península ibérica ni las decisiones judiciales que han frenado las normas gallegas que permiten abatir ejemplares han hecho cambiar de idea a la Consellería de Medio Ambiente. En su persistente batalla por aplicar un control letal sobre estos animales, se ha puesto al frente de una inusual maniobra que pretende forzar que el informe que se presente ante Bruselas sobre la situación del lobo no sea el elaborado por el Gobierno central, sino uno alternativo redactado por la Xunta y al que han dado su apoyo varias comunidades autónomas. Con este embrollo sobre la mesa, y tras la petición de varias organizaciones de que se pueda consultar toda la documentación, el Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido que va a sacar a información pública el material, según adelantó la Agencia EFE.

Una de esas organizaciones es el Fondo para la Protección del Lobo. Ernesto Díaz, su coordinador, considera que la estrategia de las comunidades que pelean por poder cazar lobos, con la Xunta al frente, es “insólita”. Dice no recordar otro caso en el que una comunidad haya decidido recopilar la información de las demás para presentar un informe alternativo al ya elaborado por el Gobierno central con los datos remitidos por las propias autonomías. Asegura que lo que se está desplegando es “una maniobra orquestada fundamentalmente por los gobiernos de las comunidades del noroeste”, que han ido reuniendo apoyos de otras administraciones “afines”, sobre todo del PP. Y detrás de todo esto interpreta que lo que hay es “una búsqueda del voto rural”, con el discurso, cuestionado por expertos, de que están aumentando los ataques de lobos al ganado y amenazando su viabilidad.

Pero, para llegar a la situación actual, se han entrecruzado varios hilos. La postura de la Xunta ha sido clara y favorable a la caza de lobos. En 2021, cuando la especie se incluyó en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que llevó a que no se pudiese cazar, el Gobierno gallego se opuso. Esa prohibición duró hasta marzo de 2025, cuando una enmienda a la ley sobre desperdicio alimentario le retiró esa protección, con el apoyo de PP, Vox, Junts y PNV. La Consellería de Medio Ambiente se había preparado para aprovechar de inmediato ese nuevo escenario: autorizó de nuevo la caza de lobos solo un día después de que el cambio entrase en vigor. La Justicia paralizó después esa posibilidad de matar a estos animales (y la Xunta lo recurrió).

Esa modificación normativa contiene un segundo aspecto que ha permitido la maniobra con el contrainforme: obliga a que los informes sexenales sobre el estado de conservación de fauna y flora silvestres que se deben remitir a la Comisión Europea pasen antes por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente -que reúne a Gobierno central y comunidades- y reciban su visto bueno. Antes de ser elevados a esa Conferencia, deben analizarse en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que también están representadas las comunidades autónomas y el Ejecutivo estatal. Y en este foro es en el que la Xunta presentó su informe alternativo. Antes de estos cambios, que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo, el Gobierno central los elaboraba y los enviaba directamente a Bruselas.

El Gobierno español está fuera de plazo para presentar estos informes sexenales (y Bruselas ha abierto expediente por este motivo), que debía haber entregado antes de julio de 2025. Fue a esas alturas cuando el Ministerio para la Transición Ecológica difundió los datos del último censo del lobo: hay 333 manadas en España, que son 36 más que una década antes, pero menos que las 500 que los expertos defienden como el umbral de seguridad para confiar en las buenas perspectivas de la especie a largo plazo. Con esta información, el informe sobre el estado de conservación concluyó que la situación era desfavorable, algo que hace más difícil que entre las medidas de gestión que se adopten para la especie estén las letales.

El documento se presentó en Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, pero no fue aceptado. Lo que ocurrió fue que la Xunta acudió a la cita con un informe alternativo que llega a la conclusión contraria y que ha sido apoyado por buena parte de las comunidades autónomas. Votaron a favor Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra, Comunitat Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Asturias, Murcia, la ciudad autónoma de Ceuta y la propia Galicia. Castilla-La Mancha, Catalunya y Euskadi se abstuvieron y el Gobierno central votó en contra. El siguiente paso es elevarlo a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, algo que aún no ha ocurrido y que va a tardar, dado que el Gobierno central ha decidido sacar a información pública toda la documentación.

El contrainforme

La Xunta defiende la maniobra de intentar forzar el cambio en las conclusiones que se envíen a Bruselas y asegura que su informe alternativo “es una especie de réplica/alegación a la propuesta del Ministerio”. En su justificación, la Consellería de Medio Ambiente acusa al Gobierno central de estar haciendo “valoraciones subjetivas” y exponer “falsedades” con el “único fin” de que la conclusión sea que el estado es desfavorable. El documento gallego, al que ha tenido acceso elDiario.es, repasa parámetro por parámetro los datos para las regiones atlántica y mediterránea y defiende que en ambas debe considerase que la situación es favorable. Cuestiona la interpretación que hace el Gobierno de los criterios establecidos en Europa para las evaluaciones y también critica que se tome como referencia que la población de seguridad sea de 500 manadas para la península ibérica.

El Ministerio replica a varias de las consideraciones de la Xunta y agrega un análisis de los resultados si no se tomasen como referencia esas 500 manadas. La conclusión es que, aun así, el estado sigue siendo desfavorable en las tres regiones (atlántica, mediterránea y alpina). El Gobierno central defendió también que es necesario tener en cuenta el impacto de los ejemplares que ya han sido cazados en comunidades como Cantabria y Asturias y el de los gigantescos incendios del pasado verano en territorios habitados por la especie.

La Consellería de Medio Ambiente señala, en respuesta a preguntas de esta redacción, que tomó la iniciativa de elaborar un análisis que contradice el del Ministerio “en el marco de la coordinación y colaboración existente entre las comunidades autónomas con intereses en esta materia”. Asegura que, en otras ocasiones y asuntos, han sido otras comunidades las que han adoptado este papel. Sobre la elaboración del informe afirma que lo hicieron técnicos de la Xunta, que es un trabajo riguroso y que el contenido “recoge la información aportada por las distintas regiones” y que se han utilizado para el censo estatal - los datos “son los oficiales, que son públicos”, aclara-. Es decir, han empleado la misma información que el Gobierno central para llegar a la conclusión opuesta.

Mientras la Xunta acusa al Ministerio de hacer valoraciones subjetivas, son varios los expertos que dicen que quien tiene una postura ideológica y alejada de la ciencia es la Consellería de Medio Ambiente. Ernesto Díaz la califica de “arbitraria” y cree que Galicia y el resto de comunidades del noroeste, como Asturias, Cantabria o Castilla y León están en “una carrera hacia el precipicio de matar lobos”.

La beligerancia de la Xunta

En enero de este año, varios responsables de estos territorios se reunieron en Cantabria para reclamar la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que debería aprobar el informe sexenal sobre el lobo y en la que quieren que salga adelante el documento de la Xunta. Tras el encuentro, la conselleira gallega, Ángeles Vázquez, volvió al argumento del impacto en el ganado y consideró que eso es una evidencia de su buena situación en Galicia: “Su estado de conservación es favorable, como acredita el hecho de que los ataques de esta especie hayan aumentado un 72% en relación con 2021”. Estos datos de muertes de animales causadas por el lobo también son discutidos por biólogos, que avisan de que un aumento de los reportes no implica necesariamente que hayan crecido los ataques porque no se analiza si hay ADN de esta especie o de perros asilvestrados ni se distingue depredación de carroñeo. Apuntan también a posibles fraudes en un contexto en el que han aumentado las compensaciones por ganado muerto.

Vázquez ha insistido en los últimos años en una postura especialmente beligerante para autorizar la caza de lobos en Galicia, a pesar de que es una medida que, cuando ha estado permitida, apenas se ha usado ni ha tenido éxito en Galicia: un informe publicado en 2023 por Unións Agrarias indicaba que en la década anterior se habían autorizado 60 batidas, que se saldaron con solo 11 animales cazados. Después de que la Justicia paralizase la medida que reintroducía la posibilidad de abatir ejemplares de esta especie, la conselleira reaccionó con exageración: “Lo que no se puede pretender es que Galicia albergue a todos los lobos de toda España”.

A la espera de que se inicie el proceso de información pública anunciado por el Ministerio para la Transición Ecológica lo que se abren son incógnitas sobre el informe sexenal del estado del lobo. Ernesto Díaz señala que se desconoce cómo va a ser el trámite, de qué manera se van a gestionar las alegaciones y cómo van a influir posteriormente en la información que se remita a Bruselas.

En el Geoparque de las Loras, espacio protegido por la Unesco que comparten las provincias de Burgos y Palencia, se ha detectado presencia de cinco grupos de lobos, que se moverían por su área de influencia aunque buena parte de sus territorios estarían fuera del ámbito del geoparque.

Estas son las conclusiones de la investigación desarrollada, durante casi dos años, dentro del proyecto de mejora de la convivencia entre el lobo y lo ganaderos en el geoparque, y que se han presentado este martes en el Museo del Petróleo de Sargentes de la Lora (Burgos), ha informado el Geoparque en nota de prensa.

El equipo de trabajo estima que la población de lobos en el área de influencia del Geoparque de las Loras -95.000 hectáreas- es de cinco grupos familiares, aunque admite que “con toda probabilidad” tendrían buena parte de sus territorios fuera del ámbito del geoparque, dos de ellos en la comunidad de Cantabria.

Del estudio realizado también se deduce que de los cinco grupos estimados dos se reprodujeron en 2023 y tres en 2024, un comportamiento similar al que tiene la población ibérica del lobo en otros espacios.

Además, el proyecto ha recogido datos sobre la cabaña ganadera para identificar tendencias y comprender la evolución del conflicto entre lobos y ganaderos.

Así, en el área de influencia del Geoparque de Las Loras hay identificadas 54 explotaciones de ganado en extensivo y semiextensivo, con más de 8.000 cabezas, y si se suma la cabaña ganadera mixta, la cifra se elevaría a 66 explotaciones con más de 12.000 cabezas.

El 80% del censo ganadero corresponde a vacuno en el caso de Palencia, y el 70% a ovino, en el caso de Burgos, según los datos recabados por el estudio.

Junto al objetivo general de favorecer la coexistencia entre lobo y ganaderos, el proyecto permite también evaluar el impacto real del lobo sobre la ganadería, identificar las medidas preventivas utilizadas por los ganaderos y detectar oportunidades de mejora en la gestión ganadera que favorezca la convivencia.

El acto de presentación en Sargentes de la Lora ha contado también con el biólogo Juan Ángel de la Torre, que ha analizado los beneficios de compartir territorio con los grandes carnívoros, como el control de enfermedades que afectan al ganado o la provisión de alimentos a otras especies de fauna salvaje.

Y Laura Martínez, propietaria de la ganadería 'La Caperuza' (Sierra Norte de Madrid), quien ha hablado sobre la gestión del ganado a través de la geolocalización con collares GPS con una manera más eficiente que favorece, además, la coexistencia con el lobo.

El proyecto de coexistencia entre el lobo y los ganaderos en el Geoparque de las Loras está desarrollado por DRIU Asociación para el Estudio, Conservación y Restauración Ambiental (DASECORA) junto a la empresa Loras y Cañones, dirigida por Alicia de la Iglesia, licenciada en biología, y Vanessa Díaz-Vaquero, especialista en ecología y grandes carnívoros.

Está promovido por el Observatorio Campo Grande e Iniciativa Humanidad-Fauna Silvestre y financiado por la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco.

El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha han formulado un requerimiento ante la Consejería de Desarrollo Sostenible en el que instan a la administración autonómica a adoptar, en el plazo máximo de tres meses, el Plan de Recuperación del lobo ibérico (Canis lupus signatus), una especie que, recuerdan, se encuentra identificada “en peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas aprobado en 1998.

El requerimiento ya tramitado subraya que la ausencia de este instrumento de planificación incumple lo dispuesto tanto en la Ley estatal de Patrimonio Natural y de Biodiversidad como en la Ley autonómica de 9/1999 de Conservación de la Naturaleza. Ambas normas obligan a elaborar y ejecutar planes de recuperación para las especies amenazadas declaradas en peligro de extinción.

“El mal estado de conservación del lobo en Castilla-La Mancha exige un plan transparente, dotado de recursos y con medidas claras que aseguren que la especie se recupera. La Junta de Comunidades ha incumplido desde hace casi 30 años la obligación legal de aprobar este instrumento. Con este requerimiento damos el último paso previo a acudir a los tribunales si no se produce una respuesta firme y ejecutiva por parte de la administración autonómica”, advierte Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha.

“La presencia del lobo en Guadalajara y los avistamientos en Toledo son buenas noticias desde el punto de vista biológico, pero hay que constatar que esta situación se ha estancado desde hace años y la especie no progresa. Es más, desde que se declaró en peligro de extinción, la especie ha dejado de observarse en Sierra Morena y Montes de Toledo. Por lo tanto, es preciso actuar y hacerlo ya”, señala Ernesto Díaz, del Fondo Lobo.

“La catalogación como especie en peligro de extinción no es un adorno: exige medidas concretas, urgentes y vinculantes. Que el lobo haya vuelto a algunas zonas por sus propios medios no exime a la Junta de elaborar un Plan de Recuperación que garantice su viabilidad a largo plazo y, lo que es más importante, que restaure la presencia de esta pieza fundamental de nuestros ecosistemas en el conjunto de la región. No podemos permitir que la inacción administrativa determine el futuro del lobo en esta tierra”.

Castilla-La Mancha no tiene instrumentos para gestionar la especie

Las organizaciones denuncian que, pese al avance del conocimiento científico que reclama la recuperación de la especie, Castilla-La Mancha continúa sin contar con un instrumento de gestión que consideran “ineludible” para garantizar la supervivencia de una población que se encuentra “en uno de los momentos más delicados de su historia reciente en el territorio regional”.

Sara González, abogada ambientalista que integra el equipo jurídico, señala que el hecho de que el lobo esté presente en algunas zonas de Guadalajara por recolonización natural “es un dato relevante, pero jurídicamente no altera ni un ápice la obligación de la administración” y añade que “el ordenamiento español y castellanomanchego es claro: cuando una especie está catalogada en peligro de extinción, la administración no tiene discrecionalidad para decidir si elabora o no el plan de recuperación”.

En este aspecto subraya que “es una obligación legal directa” y que “la inactividad material de la Junta constituye una vulneración del principio de legalidad ambiental”.

Es una obligación legal directa y la inactividad material de la Junta constituye una vulneración del principio de legalidad ambiental

Sara González — Abogada ambientalista

Las entidades que impulsan el requerimiento recuerdan la importancia de disponer de “una herramienta sólida de gestión y conservación” que permita implementar y fomentar las medidas preventivas ante eventuales daños al ganado, así como agilizar indemnizaciones e impulsar campañas formativas e informativas que sirvan para tender puentes hacia una coexistencia con la especie como pieza fundamental para el buen funcionamiento de los ecosistemas.

Castilla-La Mancha lleva más de una década habilitando ayudas directas a los ganaderos afectados por ataques de lobo en la comunidad autónoma.

La Xunta se va a sumar a otro de los frentes abiertos para mantener la desprotección del lobo en España. El Gobierno gallego ha indicado que se va a personar en el proceso iniciado ante el Tribunal Constitucional con un recurso del Defensor del Pueblo contra la norma que permitió volver a matar ejemplares de esta especie el año pasado. El cambio normativo iba incluido en una ley contra el desperdicio alimentario y, tras recibir numerosas peticiones para que presentase un recurso de inconstitucionalidad, el organismo que dirige Ángel Gabilondo formalizó el trámite en julio de 2025.

La conselleira de Medio Ambiente de Galicia, Ángeles Vázquez, confirmó que la Xunta se va a presentar como parte interesada en el proceso. Vázquez estuvo este viernes en una reunión con responsables de otras comunidades con competencias en la materia, varias de las cuales ya se han personado.

El Gobierno gallego, que se opuso a que el lobo entrase en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial en 2021, considera que la desprotección que volvió a permitir que la especie se pudiese abatir al norte del Duero “hizo justicia”. La Xunta insiste en que los ataques han aumentado y lo justifica con cifras crecientes de notificaciones de reses afectadas que, según expertos, no necesariamente quieren decir que haya más actividad de lobos ni más ejemplares -argumentan que hay ataques mal atribuidos, animales que mueren y son carroñeados después y fraude en la comunicación de casos-.

De hecho, el último censo encargado por el Gobierno gallego concluye que la población de estos animales no ha crecido en Galicia, sino que está estable. Pese a este dato, la Xunta repitió este viernes que “los informes autonómicos sobre el estado de la especie revelan que su estado al norte del Duero es favorable”. La conselleira acusó al Gobierno central de estar retrasando en envío del informe sexenal sobre la especie a Europa porque los resultados “no son los que desearía”.

Las comunidades que participaron en el encuentro (Cantabria, Euskadi, Galicia, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Madrid) pidieron una convocatoria urgente de una conferencia sectorial para abordar la gestión del lobo. En la reunión, Ángeles Vázquez volvió a defender que la situación de la especie es favorable y, según la nota de prensa distribuida por la Xunta, lo argumentó con que hay “un total de 93 manadas, según el censo de esta especie elaborado por la Xunta en 2022, con presencia en más del 90% del territorio. Por lo tanto, su estado de conservación es favorable, como acredita el hecho de que los ataques de esta especie aumentasen un 72% en relación con 2021”. Lo que no aclaró fue que el censo anterior, elaborado entre 2013 y 2015, estimaba que había 90 manadas en territorio gallego y que el estudio de 2022, el que calculaba la existencia de 93 manadas, especificaba que eso significa estabilidad, no crecimiento.

Las normas gallegas que volvían a permitir la caza del lobo una vez salió del listado de especies silvestres en régimen de protección especial fueron paralizadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con el argumento de los datos sobre el lobo no permiten considerar que el estado de la especie sea favorable.

Esta semana se ha estrenado en la Filmoteca de Andalucía en Córdoba el corto documental 'Tierra de lobos, escuela de pastores', basado en una investigación liderada desde el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) y publicada en la revista Ecosystems and People. La película, que puede verse en abierto, recoge las prácticas de la ganadería tradicional respecto a lobo a través de entrevistas a pastores de la montaña leonesa, y explora cómo estas facilitan la convivencia con el lobo. La pieza está dirigida por Carlos Javier Durá (CSIC) y realizada por Alberto Redondo (UCO).

El lobo (Canis lupus) está recolonizando parte de su territorio histórico en Europa y en 2023 su población alcanzó los 21.000 individuos. En España ha registrado una importante expansión desde los años setenta y alcanza en la actualidad los 2.400 ejemplares. Diversos factores han contribuido a este proceso de recuperación, como el despoblamiento del medio rural, la recuperación de ecosistemas, las medidas legales en su favor y el aumento de presas silvestres como el ciervo (Cervus elaphus), el corzo (Capreolus capreolus) y el jabalí (Sus scrofa).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Estrategia de la UE para la conservación de la biodiversidad 2030 establecen que la gestión del lobo ha de basarse en la coexistencia con las actividades del sector primario. Una convivencia basada en la ciencia y en las medidas de tipo preventivo. Sin embargo, allí donde el lobo había desaparecido hace décadas, su recolonización plantea ciertos desafíos, especialmente para los ganaderos de sistemas de pastoreo extensivo que deben adaptarse a su regreso.

Para comprender mejor cómo coexiste el lobo con la ganadería extensiva, desde el Instituto de Estudios Sociales Avanzados entrevistamos a un total de 21 ganaderos y pastores de tres regiones españolas con diferentes densidades de la especie: la primera fue una zona con presencia ininterrumpida del lobo, situada en las montañas de Babia, Omaña y Luna (León). La segunda comprendía un área de recolonización reciente repartida entre La Rioja y el norte de la provincia de Soria, donde se han establecido tres o cuatro manadas en los últimos años. La tercera, con presencia esporádica de lobos abarca el resto de la provincia de Soria, donde no existen poblaciones estables en la actualidad, aunque está previsto que se establezcan en los próximos años.

Prácticas tradicionales de pastoreo que facilitan la coexistencia

Los resultados muestran que en la zona leonesa donde el lobo nunca desapareció, las prácticas ga­naderas tradicionales continúan sin apenas cam­bios desde tiempos inmemoriales. En estas regiones no se ha levantado ninguna frontera social ni cultu­ral con respecto a la presencia del lobo, y el manejo del ganado, basado en los conocimientos tradicio­nales de los pastores, continúa sin apenas cam­bios. Un conocimiento que se caracteriza por el uso de perros mastines, el resguardo del ganado en cercados durante la noche y, especialmente, la presencia constante de un pastor.

Estas prácticas permiten un enfoque proactivo eficaz para mitigar los ataques de lobos, facilitando así la coexistencia. Los ganaderos de estas zonas incluso perciben aspectos positivos en la presencia del lobo y se aprecia un sentimiento de orgullo hacia sus perros mastines, esenciales para proteger al ganado. La mayoría de los ganaderos de esta zona consideran viable la coexisten­cia, ya que ponen en práctica las medidas tradicio­nales adecuadas.

Esta visión mucho más positiva hacia la presencia del lobo queda patente en los re­latos de algunos de los pastores entrevistados: “Si hay un jabalí enfermo o un corzo herido, el lobo se lo comerá y así elimina enfermedades del campo”, “si no fuera por los lobos, los puertos de montaña estarían llenos de corzos, jabalíes, rebecos y cier­vos”, “los lobos son necesarios, igual que lo son los osos, los jabalíes y otros”.

Estos ganaderos también han desarrollado un alto grado de profesionalidad en el manejo del ganado, lo que se refleja en una menor preocupación por la presen­cia de lobos. Esto se debe, en gran parte, al conoci­miento tradicional que guía las prácticas diarias de los pastores. Por ejemplo, cuando afirman: “Te­niendo buenos mastines, no me preocupan los lo­bos”, “por supuesto, siempre he tenido mastines”, “si no tienes mastines cuando estás en la monta­ña, entonces tendrás problemas todos los días. Si tienes buenos mastines, no habrá problemas con los lobos.”

El valor de los mastines y la amenaza de las prácticas especulativas

Aunque los ataques de lobos son poco frecuentes, cuando ocurren, los ganaderos pueden llegar a sentir cierta culpabilidad por llevar a cabo malas prácticas en el manejo del ganado o achacan el ataque a la falta de buenos mastines. Sus percepciones están profundamente enraizadas en el conocimiento tradicional pastoril: “algunos ganaderos pierden una oveja o dos, o cuatro, por un lobo o por cualquier razón. Pero no lo informan porque tienen malos mastines”; o “tener media docena de perros es suficiente para unas setecientas ovejas, pero tener más perros no es mejor. Lo mejor es que sean buenos perros.”

En efecto, los ganaderos reconocen el valor de tener buenos mastines y no conciben su trabajo sin ellos. Este conocimiento tradicional, basado en el uso de perros guardianes, es esencial para el manejo del ganado, como se refleja en las siguientes citas: “el problema con los lobos radica en la gente que no tiene mastines. Aquí, con la cultura de los mastines, se ven ocho o diez mastines por cada rebaño. Como siempre ha habido lobos, simplemente se toman medidas”, “si no hubiera lobos, no habría mastines” o “tengo 58 años y nunca he tenido problemas con los lobos en mi vida.”

Pero los ganaderos no sólo afrontan retos relacionados con la convivencia con la fauna, sino que también señalan problemas estructurales que amenazan su forma de vida: “el problema es la administración, que no nos respeta ni nos quiere, y también los ‘ganaduros’, que nos quitan los pastos comunales en los puertos”. Estas dificultades evidencian que, más allá del manejo del ganado, el contexto administrativo y las prácticas especulativas añaden presión a una actividad ya de por sí exigente.

Nuestros hallazgos tienen implicaciones importantes para la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea. Destaca, en particular, la necesidad urgente de integrar los conocimientos tradicionales en las estrategias que permitan la coexistencia entre los sistemas de pastoreo extensivo y la existencia de grandes carnívoros como el lobo. Es fundamental que la Administración evite utilizar al lobo como herramienta política. Avivar un conflicto que, en muchos casos, es más mediático que real, únicamente con fines electorales, no contribuye a la solución de los problemas estructurales del sector ganadero. Estas iniciativas no solo promoverían la conservación del lobo, sino también el fortalecimiento de las prácticas tradicionales y la sostenibilidad del pastoreo extensivo, contribuyendo a la armonización entre humanos y grandes carnívoros en los paisajes europeos.

Coordinación y edición: Adelina Pastor, Delegación del CSIC en Andalucía.

La Xunta mantiene su batalla por que la caza de lobo ibérico esté permitida de nuevo en Galicia. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explicó que este lunes estaba previsto remitir un escrito al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para que levante la paralización de la decisión autonómica que daba luz verde a abatir ejemplares de esta especie en la comunidad. La razón por la que la Justicia frenó la posibilidad de darles caza es que el estado de las poblaciones de lobos siguen teniendo una calificación desfavorable. Ahora, Vázquez no solo atribuye a esta especie ataques al ganado, sino también a perros, que “están desapareciendo”.

Aunque constan ataques de lobos a perros, la conselleira no apoyó su afirmación con datos: “No los tenemos contabilizados, pero son un buen número”. Y añadió que en algunas zonas de Galicia las personas mayores han dejado de pasear y en otras se están viendo afectados cerdos, según declaraciones recogidas por Europa Press.

En abril de 2025, la Xunta esperó solo un día para volver a autorizar la caza de lobos ibéricos en Galicia, después de que un cambio normativo aprobado en el Congreso desprotegiese a la especie. Los recursos presentados contra la decisión del Gobierno gallego frenaron la posibilidad de cazarlos, sin embargo. Un auto del Tribunal Superior de Xustiza paralizó cautelarmente la medida para la temporada 2024-2025 y otro, unos meses después, la frenó para la temporada 2025-2026.

El Gobierno gallego mantiene el lobo en su agenda y repite que los ataques están yendo a más. Sigue con la pelea por poder aplicar su “plan de gestión”, que es el que admite que se abatan lobos en zonas en las que se concentren ataques al ganado. Este lunes, la conselleira de Medio Ambiente insistió en su postura ante un grupo de representantes de ayuntamientos gallegos en los que asegura que hay un “número importante” de notificaciones.

“A pesar de que la ley permite nuestro plan de gestión, fue el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el que nos ha paralizado esas actuaciones”, dijo Vázquez, que afirma que se ha pasado de una media de nueve ataques denunciados al día a 10. Los expertos en el lobo ibérico apuntan que un incremento de las notificaciones no equivale a un aumento real de lobos: argumentan que los mordiscos que se aprecian en los animales muertos son, a veces, de perros asilvestrados; que hay casos en los que las dentelladas son a un animal que ya se encontraron muerto y que hay incluso casos de fraude. El censo encargado por la propia Xunta concluye que la población del lobo no ha aumentado en Galicia, sino que está estable.

La conselleira se reafirma en que las reses que mata el lobo son cada vez más y apunta a municipios como Curtis y Ferrol, en A Coruña, o Cerdedo-Cotobade, en Pontevedra, con “una concentración muy importante” de pérdidas. Vázquez asegura que en Cercedo-Cotobade que se produce un ataque cada día y ya se han registrado 96. “No menos importantes son los ataques de Curtis, que son a vacas de leche y están al lado de las explotaciones o muy cerca”, añadió.

“En este escrito [ante el TSXG] lo que se va a solicitar es que se levante la suspensión porque se suspendió y nunca más se volvió a escuchar absolutamente nada”, expuso la responsable de Medio Ambiente.

Un desequilibrio ecológico provocado por los humanos a base de eliminar lobos o facilitar comida y la huida rural pasa ahora su factura en forma de peste porcina africana (PPA) que amenaza la gigante maquinaria española del cerdo.

Porque un desajuste ambiental es lo que está detrás del boom de las poblaciones de jabalí en España. Y una de sus consecuencias –ahora preocupante– es que una población silvestre muy grande aumenta la reserva de virus como el de la peste que pueden saltar a otra especie como los cerdos de granja.

Por más jabalíes que los cazadores matan cada año, la especie crece. Si en 2005 se abatieron 143.000 ejemplares, en 2022 fueron 450.000, según la estadística anual de caza. Un 214% más. Mientras, un informe del Instituto de Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC) de 2023 –basado en los datos de animales cazados– detectó que las poblaciones de jabalí están en fase de “crecimiento acelerado en la mayoría de provincias españolas”. Tras Huesca y Girona que tienen “alta densidad”, pero bajo crecimiento, aparecen Barcelona, Valencia y Alicante que mostraban altas tasas de incremento.

A la luz de los datos, no parece que los humanos estemos haciendo muy bien el control de las poblaciones. Aunque es una actividad socieconómica importante y la principal fuente de mortalidad de ungulados, la caza recreativa se ha mostrado insuficiente

Rocío Tarjuelo — Doctora en Ecología e invetigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales

“A la luz de los datos, no parece que los humanos estemos haciendo muy bien el control de las poblaciones”, reflexiona la doctora en Ecología e investigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Rocío Tarjuelo que ha estudiado los métodos de gestión de ungulados.

Pero los jabalíes no se multiplican porque sí. La abundancia de cualquier especie depende del equilibrio entre el éxito de su reproducción y cría (reclutamiento) y la mortalidad. El reclutamiento depende del alimento disponible y la mortalidad de la depredación, la caza y las enfermedades.

A los jabalíes en muchas partes de España, los humanos les han librado de los depredadores naturales y les proporcionan más comida. La fórmula hacia la sobreabundacia.

Sin depredadores, menos muerte natural

El depredador natural del cerdo salvaje es el lobo. Y casi solo el lobo: “En Europa ningún otro gran depredador contribuye tanto como el Canis lupus”, explica Rocío Tarjuelo. El lince o el oso no tienen a los jabalíes como presa habitual. Entre las décadas de los años 50 y 70 del siglo XX el territorio con lobos en España pasó de 400.000 km2 a 82.000 km2.

En Catalunya, donde ha brotado ahora la peste porcina, el lobo autóctono se declaró extinto en 1929. A partir de 2004 se ha constatado la presencia de ejemplares divagantes provenientes de Italia: una veintena en el Pirineo y pre-Pirineo. En Aragón, la otra gran potencia porcina de España, no hay tampoco manadas de lobos, sino alguna presencia esporádica.

Suplemento alimenticio: basuras y maíz

Por otro lado, los jabalíes han encontrado una fuente de alimento extra fácil que viene de los humanos. “Se calcula que los recursos antropogénicos pueden llegar a triplicar la disponibilidad de alimentación de origen natural en las zonas urbanas”, según describe el Ministerio de Agricultura.

Esa comida suplementaria llega por la basura urbana y los desperdicios, el alimento para gatos callejeros e incluso colocada directamente para ellos. También es importante el alimento que encuentran en cultivos de cereal.

Los cultivos de maíz brindan importantes ventajas a los jabalíes. Por un lado, la densidad del cultivo les proporciona un refugio perfecto durante buena parte del año, y por otro, también ofrece una fuente de alimento apetecible y altamente nutritivo

Plan nacional de gestión de poblaciones de jabalíes — Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

El Ministerio de Agricultura explica en su Plan nacional de gestión de poblaciones de jabalíes: “Uno de los cultivos [de regadío] que ha aumentado sustancialmente es el maíz, que brinda importantes ventajas a los jabalíes. Por un lado, la densidad del cultivo les proporciona un refugio perfecto durante buena parte del año y, por otro, también ofrece una fuente de alimento apetecible y altamente nutritivo”.

En el parque natural de la Sierra de Collserola, foco del brote de peste porcina, se ha dado un aumento paralelo de las zonas urbanas y las poblaciones de jabalíes. En este parque, situado el área metropolitana de Barcelona, “el jabalí se ha habituado a las personas y a las áreas urbanas como consecuencia de la alimentación directa por parte de vecinos”, según explicaba este estudio ya en 2012. Los ejemplares se acostumbraron a ir a los municipios a comer. Las hembras adultas habituadas a la presencia humana pueden llegar a pesar un 35% más.

Además, el abandono rural ha hecho que zonas antes ocupadas por los humanos se hayan vuelto naturales de nuevo. Las áreas forestales son el refugio y fuente de alimento de los jabalíes. Así que tienen más casa. Y para rematar, los científicos añaden que “los inviernos cada vez más suaves” también favorecen que las camadas salgan adelante.

Los inviernos más suaves no dejan de ser una consecuencia del calentamiento global provocado también por los humanos con las emisiones intensivas de CO₂. El cambio climático extiende sus impactos negativos a parcelas, a veces, insospechadas.

Soluciones: ¿más lobos que escopetas?

El plan de contingencia para este brote de 2025 centra sus esfuerzos en que el virus no salga de la zona perimetrada. Contener la expansión de la enfermedad. Es una actuación específica. De forma más general, para intentar controlar el crecimiento de los jabalíes se ha recurrido, sobre todo, a la caza.

“Aunque es una actividad socioeconómica importante y la principal fuente de mortalidad de ungulados –describe Rocío Tarjuelo– la caza recreativa actual se ha mostrado insuficiente como para impedir o reducir significativamente el crecimiento de sus poblaciones”.

La caza recreativa busca esencialmente los mejores trofeos: animales grandes, con grandes colmillos, que no son, precisamente, los más adecuados para recortar la población que son las crías y las hembras jóvenes, según las conclusiones del informe sobre el papel de la caza en la gestión de sobreabundancia de jabalíes del IREC-CSIC.

Esta bióloga experta en dinámicas de población añade que “la mayoría de los cambios medioambientales que han facilitado los incrementos de ungulados, como los inviernos suavizados, la intensificación de la agricultura o el éxodo rural, no van a revertirse en el corto plazo”.

Ahí resurge el “papel de los lobos que debería promocionarse en la mitigación de las superpoblaciones de ungulados como es el jabalí”, ya que “no hay evidencias de que, recientemente, se haya ralentizado su tendencia al alza”.

En este sentido, un trabajo específico sobre cómo los lobos en el Principado de Asturias controlan la población de jabalíes y sus enfermedades –llevado a cabo por las universidades de Edimburgo, León, Oviedo y el IREC en 2019– determinó que “la depredación de las manadas sobre los ungulados puede contribuir al control de la tuberculosis bovina y reducir la liberación del patógeno en el medio ambiente”. Los lobos atacan a los individuos más débiles y los que están enfermos son vulnerables.

Esta caza selectiva de los cánidos hace más difícil que la enfermedad llegue al ganado asturiano y convierte en rentable el sistema de control de jabalíes mediante lobos incluso si se tiene en cuenta los posibles daños a la cabaña comercial. El estudio reseña que Asturias paga al año alrededor de un millón de euros de compensación a los ganaderos por ataques de lobos mientras que los programas de sacrificio de ganado para combatir la tuberculosis bovina supone pérdidas de cuatro millones de euros anuales.

“Los depredadores rinden un servicio clave que debería ser reconocido”, remata el trabajo.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santander ha admitido a trámite la querella criminal que presentó a comienzos de octubre el Partido Animalista PACMA contra la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, y contra el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, por las extracciones para el control poblacional de lobo que se ejecutan en la comunidad.

En un auto dado a conocer por PACMA, el Juzgado acuerda incoar diligencias previas y cita el 12 de noviembre a declarar como investigados a Susinos y Serdio, a quienes el Partido Animalista acusa de presuntos delitos de falsedad documental y maltrato animal con agravante de muerte.

Asimismo, el auto judicial -contra el que cabe recurso de reforma o de apelación- requiere al Gobierno de Cantabria que remita el expediente administrativo completo relativo a la resolución del 2 de abril de 2025, mediante la cual se estableció el cupo de extracción de lobos, así como un informe de cada uno de los documentos técnicos que consten en dicho expediente.

PACMA ha celebrado esta resolución ya que destaca que es la primera vez que un tribunal abre diligencias penales por estos controles de lobos en España, de modo que Susinos y Serdio serán “los primeros responsables políticos que deberán rendir cuentas penalmente” por el cupo de caza del lobo ibérico aprobado por el Gobierno regional.

Para el Partido Animalista, el auto representa un “avance sin precedentes” en la defensa de la especie, ya que hasta ahora las resoluciones judiciales sobre este asunto se habían limitado al ámbito contencioso-administrativo.

La formación acusa a los querellados de haber autorizado la muerte de ejemplares de lobo “pese a conocer que su estado de conservación es desfavorable/inadecuado” según “informes oficiales remitidos por España a la Comisión Europea”, lo que a su juicio “podría convertir en ilegal cualquier autorización de caza o extracción”.

El partido denuncia además presunta falsificación y manipulación de informes técnicos para justificar dichas batidas.

Por otro lado, subraya la “gravedad” de que los tribunales del orden contencioso-administrativo estén denegando medidas cautelares basándose en informes elaborados por la propia administración denunciada, “sin que exista un control judicial efectivo sobre su legalidad o veracidad”. Esta práctica, advierten, “consolida decisiones administrativas potencialmente delictivas y deja indefenso al patrimonio natural y a las especies protegidas”.

Así, desde PACMA esperan que la reciente resolución establezca jurisprudencia para el resto de comunidades autónomas que han autorizado batidas “alegando motivos económicos y relativos a los intereses de la ganadería y la caza”.

Al igual que ocurrió con el permiso para abatir lobos en la temporada que terminó el pasado mes de julio, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha suspendido cautelarmente la caza de esta especie en Galicia para el periodo cinegético 2025-2026, según informa la organización ambientalista WWF, que es una de las que solicitó la paralización de la autorización de la Xunta para disparar a estos animales.

En un comunicado, WWF informa de que la decisión está recogida en un auto que lleva fecha del 14 de octubre y que reitera los mismos argumentos que empleó el verano pasado: los daños a la ganadería se pueden indemnizar y los datos disponibles apuntan a que la situación del lobo no se puede considerar favorable. La organización recuerda que, pese al cambio de estatus legal, la especie sigue siendo de interés comunitario, está incluida en el anexo V de la Directiva de Hábitats y tiene protección.

Según el coordinador de conservación del WWF España, la resolución del TSXG vuelve a recordar que el lobo está en un estado de conservación frágil, que “no puede ser gestionado a tiros”. En toda España el último censo de la especie (2021-2024) indica que la población está estancada, con 333 manadas estimadas. La cifra se sitúa lejos de las 500 manadas que se consideran el “umbral de seguridad” para permitir la viabilidad de la especie a largo plazo.

Apunta también a que permitir matar lobos en Galicia tiene efectos sobre la población compartida con Portugal y puede tener un impacto “inasumible” en las regiones limítrofes. En el país vecino, el Estado considera que la especie está en una “situación precaria”. La organización pide a la Xunta que “asuma su responsabilidad” con este animal y apueste por una gestión “basada en la ciencia”. En vez de prometer la caza del lobo, insiste, el Gobierno gallego debería “actuar de forma efectiva frente a amenazas como el furtivismo”.

La Xunta ha batallado contra incrementar la protección del lobo en los últimos años y se opuso a su inclusión en 2021 en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre), una medida con la que se prohibía abatirlo al norte del Duero. Una enmienda a una ley sobre desperdicio alimentario aprobada por las derechas en el Congreso -PP, Vox, Junts y PNV- en marzo de este año volvió a posibilitar su caza. De forma inmediata, la Xunta adaptó sus normas para autorizar de nuevo que se abatiese lobos. Los permisos eran para los casos en los que se demostrasen ataques al ganado. El argumento recurrente del Gobierno gallego es que los números de reses muertas no paran de crecer. Los expertos rebaten que lo que aumenta son las notificaciones de ataques, pero que no se verifica con el ADN si son de lobo o de perro, y que puede haber fraude en los avisos. El propio censo de la Xunta concluye que la población no crece, sino que está estable.

La Consellería de Medio Ambiente ya ha anunciado que va a recurrir el auto del TSXG: “Seguimos manteniendo que el estado de conservación del lobo es favorable, como respaldan los informes técnicos elaborados al respecto”.

La caza sin límites del jabalí

Un año más, la Consellería de Medio Ambiente ha declarado la emergencia cinegética para permitir que se abatan jabalíes sin límite en Galicia. La medida entra en vigor este sábado y hace que la caza de la especie no tenga restricciones en 254 ayuntamientos hasta el 22 de febrero de 2026. La medida se adoptó ya en 2019, 2021, 2023 y 2024. Pero ni siquiera los propios cazadores están de acuerdo con la decisión del departamento que dirige Ángeles Vázquez. El presidente da Federación Galega de Caza en Pontevedra, Francisco Couselo Castiñeira, no la ve “muy acertada”. Dice que es “suficiente” la temporada hábil de caza, según recoge Europa Press.

Couselo recalca que ahora se acaban de recoger las cosechas, así que no hay daños del jabalí a la agricultura como ocurre cuando se siembra el maíz. El animal, dice, se acerca ahora a zonas urbanas y periurbanas en donde los cazadores no pueden intervenir por seguridad y la única manera de reducir ejemplares en este contexto es que los ayuntamientos los capturen con jaulas.

Inmigración, igualdad, mundo rural... En los campos de su lucha contra Vox para hacerse con votos ultraconservadores, el Partido Popular ha visto un filón en desproteger al lobo. Y no suelta la presa. El PP ha encontrado la manera de colar al Canis lupus en la titulada Declaración de la Región de Murcia rubricada este fin de semana por Alberto Núñez Feijóo y sus barones autonómicos.

Los populares han escrito en esa especie de declaración de intenciones que “limitar” lo que llaman “las políticas de protección” de los ganaderos a base de salvaguardar al lobo “es un error en el que se empecinan quienes desconocen la realidad del medio rural”, lo que abunda en el repetido discurso del PP sobre que “la especie en peligro es el ganadero, no el lobo”.

La idea, convertida en argumento diseminado insistentemente por todo tipo de dirigentes del partido, es que el lobo –una especie que ha sido exterminada de casi el 70% de su territorio natural– pone en grave riesgo la actividad económica de la ganadería en España.

Este discurso puede rastrearse por casi cualquier estamento del PP. Este mismo año, la portavoz del grupo en el Senado, Alicia García, afirmó: “Los ganaderos están en peligro de extinción si el Gobierno sigue poniéndose del lado del lobo”. Ya antes, el responsable de agricultura en el Congreso, Pedro Gallardo, afirmaba en una sesión de control parlamentario que “el que está en peligro de extinción es el ganadero, no el lobo”.

Es el mismo mantra que ya había expuesto en 2023 el que entonces era vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local el partido, Pedro Rollán, ahora presidente del Senado, quien repetía en diversas ocasiones: “Quienes están en riesgo de extinción son los ganaderos y no las manadas de lobo”. Lo cierto es que el último censo oficial de la especie ha revelado que la población lobuna está un tercio por debajo del umbral de seguridad para subsistir.

El discurso ha sido machacado desde casi cualquier esquina del Partido Popular, incluso en lugares donde no hay lobos. El portavoz popular en la Diputación de Córdoba, Félix Romero, llegó a decir en 2021: “El lobo supone una amenaza real para el ganado y afecta al Norte de nuestra provincia y creemos que está suficientemente protegido y recuperado, sin embargo, los ganaderos, que son los que crean desarrollo económico y fijación de la población al territorio, están cada vez más desprotegidos”.

Romero declaraba todo esto a pesar de que la Junta de Andalucía sabía desde 2020 que la especie se había extinguido en la comunidad autónoma al dejar por escrito que “el esfuerzo de muestreo realizado desde 2016 (...), no ha detectado ninguna evidencia de presencia de lobo”, según la ficha técnica del Plan de Actuaciones para la conservación del lobo. Ni un ejemplar desde 2014. Ni un “grupo reproductor”, es decir, una manda, desde 2003.

Así que, desde que se incorporara el Canis lupus al listado de protección en toda la Península, esta idea de que la “verdadera especie en peligro es el ganadero” ha sido agitada constantemente por el PP –hasta llevarla a su reunión de hace dos días en la capital murciana– mientras que el grupo ultraderechista Vox pedía no solo “la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial en todo el territorio”, sino que fuera “especie cinegética” –que pudiera cazarse– en toda España.

La normativa europea, también

De hecho, la Declaración de Murcia de este fin de semana también recoge que “debe cumplirse la directiva europea igualando el estatus del lobo al norte y sur del Duero”, a pesar de que ya se están cubriendo los trámites legales para materializar en España esa desprotección a nivel continental. La rebaja de estatus de la especie en la UE surgió de las mismas presiones del sector ganadero sostenidas por los grupos políticos más a la derecha que hallaron el apoyo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La realidad es que desprotección parcial de los lobos en España se introdujo en la ley contra el desperdicio alimentario aprobada este 2025 con un par de enmiendas del PP que apoyaron Vox, PNV y Junts. La primera permitía volver a cazar lobos al norte del río Duero. Los Gobiernos de Asturias y Cantabria se apresuraron a autorizar la muerte de casi cien de ejemplares.

La segunda preveía una actualización automática del tratamiento legal de la especie una vez que se cambiara la directiva europea que, hasta entonces, blindaba con más fuerza las manadas al sur del río Duero. Con la aprobación esa medida en la Unión Europea en junio pasado, se activaba la disposición legal prevista e la norma anti desperdicio de alimentos.

La Junta de Castilla y León ha decidido personarse como parte coadyuvante en el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Defensor del Pueblo contra varios artículos de la Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario que facilitaban la caza del lobo ibérico.

El Consejo de Gobierno ha acordado este jueves esa personación con el fin de que se les escuche, ya que son “parte interesada”, ha explicado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández-Carriedo en rueda de prensa.

Carriedo ha incidido en que la comunidad está de acuerdo con la ley y con el parlamento nacional y europeo pero cree que en el informe que ha hecho el Gobierno sobre el censo de lobos y manadas deben ser escuchados. “El lobo no está en peligro de extinción al norte del Duero, y hay un equilibrio que queremos mantener”, ha defendido.

El pasado 28 de julio, el Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Defensor del Pueblo contra varios artículos de la Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario que facilitaban la caza del lobo ibérico.

Y ahora, Castilla y León adopta esa decisión de personarse, que “responde a la necesidad de defender la constitucionalidad de la norma, ya que las disposiciones impugnadas afectan directamente a las competencias de Castilla y León en materia de protección del medio ambiente y los ecosistemas, y en concreto, en la gestión del lobo”.

La personación en este proceso se realiza para garantizar el respeto de las competencias autonómicas y para apoyar una ley que se considera fundamental.

La Junta de Castilla y León tiene la potestad de personarse ante el Tribunal Constitucional en este tipo de recursos, según lo establece su normativa; y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también respalda que las comunidades autónomas puedan defender la constitucionalidad de una norma cuando un recurso afecta a sus propias competencias.

El Defensor del Pueblo cuestionaba tres puntos concretos de la citada ley de desperdicio alimentario: la disposición adicional octava, la disposición transitoria única y la disposición final decimonovena de la Ley 1/2025 de 1 de abril que a su juicio vulnerarían los artículos 45 —derecho al medioambiente— y 24.1 de la Constitución -derecho a la tutela judicial efectiva-.

La disposición octava justifica en la “eficiencia del sistema productivo” la posibilidad de conceder autorizaciones excepcionales para cazar lobos pero está redactada de manera que, según el recurso del Defensor del Pueblo, “hace que no sea preciso invocar ninguna situación especial o extraordinaria” para ello.

La disposición transitoria única permite la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) al sur del Duero, una vez se modifique el régimen de protección a nivel comunitario, lo que de hecho ya ha sucedido porque la Unión Europea redujo recientemente ese nivel.

En cuanto a la disposición decimonovena, saca a las poblaciones de esta especie al norte del Duero directamente del LESPRE.