El Tribunal Superior de Galicia paraliza el permiso de la Xunta para cazar lobos en la temporada 2025-26

Al igual que ocurrió con el permiso para abatir lobos en la temporada que terminó el pasado mes de julio, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha suspendido cautelarmente la caza de esta especie en Galicia para el periodo cinegético 2025-2026, según informa la organización ambientalista WWF, que es una de las que solicitó la paralización de la autorización de la Xunta para disparar a estos animales.

En un comunicado, WWF informa de que la decisión está recogida en un auto que lleva fecha del 14 de octubre y que reitera los mismos argumentos que empleó el verano pasado: los daños a la ganadería se pueden indemnizar y los datos disponibles apuntan a que la situación del lobo no se puede considerar favorable. La organización recuerda que, pese al cambio de estatus legal, la especie sigue siendo de interés comunitario, está incluida en el anexo V de la Directiva de Hábitats y tiene protección.

Según el coordinador de conservación del WWF España, la resolución del TSXG vuelve a recordar que el lobo está en un estado de conservación frágil, que “no puede ser gestionado a tiros”. En toda España el último censo de la especie (2021-2024) indica que la población está estancada, con 333 manadas estimadas. La cifra se sitúa lejos de las 500 manadas que se consideran el “umbral de seguridad” para permitir la viabilidad de la especie a largo plazo.

Apunta también a que permitir matar lobos en Galicia tiene efectos sobre la población compartida con Portugal y puede tener un impacto “inasumible” en las regiones limítrofes. En el país vecino, el Estado considera que la especie está en una “situación precaria”. La organización pide a la Xunta que “asuma su responsabilidad” con este animal y apueste por una gestión “basada en la ciencia”. En vez de prometer la caza del lobo, insiste, el Gobierno gallego debería “actuar de forma efectiva frente a amenazas como el furtivismo”.

La Xunta ha batallado contra incrementar la protección del lobo en los últimos años y se opuso a su inclusión en 2021 en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre), una medida con la que se prohibía abatirlo al norte del Duero. Una enmienda a una ley sobre desperdicio alimentario aprobada por las derechas en el Congreso -PP, Vox, Junts y PNV- en marzo de este año volvió a posibilitar su caza. De forma inmediata, la Xunta adaptó sus normas para autorizar de nuevo que se abatiese lobos. Los permisos eran para los casos en los que se demostrasen ataques al ganado. El argumento recurrente del Gobierno gallego es que los números de reses muertas no paran de crecer. Los expertos rebaten que lo que aumenta son las notificaciones de ataques, pero que no se verifica con el ADN si son de lobo o de perro, y que puede haber fraude en los avisos. El propio censo de la Xunta concluye que la población no crece, sino que está estable.

La Consellería de Medio Ambiente ya ha anunciado que va a recurrir el auto del TSXG: “Seguimos manteniendo que el estado de conservación del lobo es favorable, como respaldan los informes técnicos elaborados al respecto”.

La caza sin límites del jabalí

Un año más, la Consellería de Medio Ambiente ha declarado la emergencia cinegética para permitir que se abatan jabalíes sin límite en Galicia. La medida entra en vigor este sábado y hace que la caza de la especie no tenga restricciones en 254 ayuntamientos hasta el 22 de febrero de 2026. La medida se adoptó ya en 2019, 2021, 2023 y 2024. Pero ni siquiera los propios cazadores están de acuerdo con la decisión del departamento que dirige Ángeles Vázquez. El presidente da Federación Galega de Caza en Pontevedra, Francisco Couselo Castiñeira, no la ve “muy acertada”. Dice que es “suficiente” la temporada hábil de caza, según recoge Europa Press.

Couselo recalca que ahora se acaban de recoger las cosechas, así que no hay daños del jabalí a la agricultura como ocurre cuando se siembra el maíz. El animal, dice, se acerca ahora a zonas urbanas y periurbanas en donde los cazadores no pueden intervenir por seguridad y la única manera de reducir ejemplares en este contexto es que los ayuntamientos los capturen con jaulas.