El PP bloquea la comisión de investigación sobre Altri en el Parlamento de Galicia

La mayoría absoluta del Grupo Popular en el Parlamento ha bloqueado la comisión de investigación sobre el proyecto de macrocelulosa de Altri que reclaman tanto BNG como PSdeG. Las portavoces de los dos partidos de la oposición en el debate han criticado la falta de transparencia de la Xunta y han considerado que la negativa a crear este órgano en el Cámara gallega es un indicio de que el Gobierno gallego “tiene mucho que ocultar”.

Tanto la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como la diputada del PSdeG Patricia Iglesias recordaron la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condena a la Xunta por haber retirado de su estrategia verde la protección de unos terrenos en los que se proyectaba la fábrica de Altri. Y volvieron a pedir que se haga público el acuerdo declarado confidencial entre la Sociedad Impulsa -una empresa público-privada ya disuelta y que estaba presidida por el titular de la Consellería de Economía- y Altri. El Gobierno gallego se ha negado a divulgar el contenido de este memorándum de entendimiento alegando que se pactó entre dos sociedades privadas. Pese a ello, el presidente de la Xunta, que no formaba parte de los órganos de gestión de Impulsa, desveló que él si conoce la información contenida en ese documento.

“Les pedimos que desclasifiquen los papeles secretos de Altri. Si no lo hacen, solo nos demostrarán que tienen mucho que ocultarnos”, recalcó Pontón, según informa Europa Press. La portavoz del BNG fue la primera en intervenir, como representante de la formación que presentó la solicitud para crear la comisión. Los socialistas, que apoyan el movimiento, no tienen suficientes diputados para registrar la petición.

La líder nacionalista criticó que el proyecto de Altri es “el mayor ejemplo de la política industrial fracasada y errónea del PP de Rueda” y “un ejemplo de manual” de cómo “gobiernan desde la mentira”. Expuso que son tres los motivos para pedir la comisión: la sentencia del TSXG sobre la zona de amortiguamiento de la Serra do Careón donde se planeaba instalar la fábrica, el acuerdo secreto entre la Sociedad Impulsa y Altri y la falta de transparencia.

Sobre la sentencia del TSXG, Pontón preguntó “por qué se hizo esa modificación, cuándo y con base en qué informes técnicos”. “La Xunta modificó de manera consciente y premeditada un instrumento para favorecer a Altri. Los informes no existen porque esta fue una decisión política de la Xunta del PP para favorecer a Altri en contra del interés general y de la protección del medio ambiente”, denunció. Respecto al acuerdo Impulsa-Altri, consideró que ya no hay excusas para entregarlo, tras haber reconocido Rueda que sabe su contenido. La tercera cuestión a la que apela Pontón es la “higiene democrática” y la necesidad de transparencia.

Iglesias, por su parte, acusa al Ejecutivo autonómico de “posible tráfico de influencias”. La portavoz del PSdeG en el debate recordó que la formación pidió hasta en nueve ocasiones el expediente relativo a Impulsa, que insiste en que no se puede considerar una sociedad privada. “Hay que saber si el Gobierno gallego actuó a favor del interés público o, por el contrario, se estaba trabajando para favorecer el interés privado de una multinacional. Porque eso tiene un nombre, que se llama posible tráfico de influencias”, dijo.

Si se sigue negando la información, avisó de que valorarán acudir a los tribunales: “Si todo fue correcto, si todo se hizo conforme a la ley, ¿por qué no desclasifican el memorando secreto firmado con Altri? ¿Qué hay en ese documento que no pueden explicar?”.

El portavoz popular, Alberto Pazos Couñago, se mantuvo en su postura de tachar de “bulos” las críticas de la oposición. “Me encantaría que el juzgado diga que se puede hacer pública esa documentación para poder acreditar todo lo que han mentido y para pedirles la dimisión”, agregó. También repitió la argumentación de su partido y de la Xunta para justificar el archivo del expediente de Altri: sostiene que no se debe a la fuerte oposición social, sino por la decisión “infame” del Gobierno central de no incluir en su planificación una subestación eléctrica que necesitaría ese proyecto.