Más de 43.300 personas han acudido a los txertogunes de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en sus dos semanas de funcionamiento, entre el 19 de octubre y el 1 de noviembre, más de 2.000 de ellas pertenecientes a la población infantil. Osakidetza ha administrado más de 421.732 dosis de la vacuna de la gripe y 251.563 frente a la COVID-19 desde el inicio de la campaña de vacunación, el 28 de septiembre, en los centros de salud de Atención Primaria y, desde el 19 de octubre, en los txertogunes.

Estos puntos de vacunación sin cita previa, habilitados en los tres territorios, finalizaron este pasado domingo su actividad y desde este lunes la vacunación frente a la gripe está abierta, con cita previa, a toda la ciudadanía. Los 12 txertogunes habilitados en los tres territorios vacunaron frente a la gripe, entre el 19 de octubre y el 1 de noviembre, a más de 43.300 personas, una media de más de 3.000 al día, y además, se administraron más de 18.000 vacunas frente a la covid-19.

Por territorios, las personas vacunadas frente a la gripe fueron más de 18.000 en Bizkaia, más de 15.000 en Gipuzkoa y más de 9.000 en Álava. Entre las personas vacunadas, 2.093 pertenecen a la población infantil y 948 son mujeres embarazadas. Además, el 16% de las personas vacunadas, 6.793 en total, llevaba al menos cinco años sin vacunarse. Asimismo, los txertogunes de Vitoria, Bilbao y Donostia mantuvieron su actividad los sábados y domingos, con cerca de 6.000 personas vacunadas a lo largo de los dos fines de semana de funcionamiento.

Por edades, el grupo más numeroso fue el de 60 a 79 años, que supone el 50% del total, seguido del de 15 a 59 años, con el 39%. Cerca de siete de cada diez vacunaciones se realizaron por la tarde, horario en el que atendieron los doce puntos de vacunación sin cita previa. El Departamento de Salud y Osakidetza ha valorado “positivamente” la respuesta de la ciudadanía a los txertogunes, que han ofrecido durante dos semanas “una alternativa sencilla para vacunarse sin cita previa, con horarios amplios y en los tres territorios”.

El año pasado, Osakidetza puso en marcha en La Casilla de Bilbao un único centro de refuerzo de vacunación sin cita previa, de lunes a domingo, en el que se vacunó a 14.512 personas. Esa “buena acogida” ha llevado al Departamento de Salud y a Osakidetza a ampliar la iniciativa este año a los tres territorios con 12 txertogunes, con el objetivo de facilitar el acceso a la vacuna sin cita previa, de anticiparse a la enfermedad y de reducir los ingresos hospitalarios asociados a la gripe.

Atención primaria

Desde el inicio de la vacunación se han administrado 378.362 dosis de la vacuna de la gripe en Atención Primaria y 43.370 en los txertogunes. Frente a la coviD-19 se han administrado 233.047 dosis en Atención Primaria y 18.516 en los txertogunes. En el conjunto de Osakidetza se han administrado más de 421.700 dosis de la vacuna de la gripe y más de 251.500 frente a la covid-19. En el caso de la gripe, la cifra es un 5,2% superior a la del mismo periodo del año pasado, con 20.808 dosis más.

Entre los niños y niñas de 6 a 59 meses se han vacunado 22.521, un 34,4% de cobertura en este grupo. La vacunación frente a la gripe en la población infantil es un 5% superior a la del mismo periodo del año pasado. Hasta el momento, Osakidetza ha registrado más de 384.800 citas para vacunarse frente a la gripe en Atención Primaria, de las cuales más de 27.700 corresponden a población infantil y más de 1.900 a mujeres embarazadas. Además, desde el 5 de octubre, 9.589 profesionales de Osakidetza se han vacunado frente a la gripe.

Según los últimos datos de vigilancia epidemiológica, correspondientes a la semana del 19 al 25 de octubre, los casos de infección respiratoria atendidos en Atención Primaria han aumentado un 26%, mientras que los casos graves que han requerido ingreso hospitalario han descendido un 14%. El virus más detectado en las muestras analizadas es el rinovirus, causante del catarro común. La gripe y la bronquiolitis aumentan ligeramente, aunque se mantienen en niveles propios de los periodos sin epidemia, y la covid-19 desciende. Hasta este lunes, se han registrado en Atención Primaria 919 casos de gripe y 122 personas han requerido ingreso hospitalario por esta causa. En el caso de la covid-19, se han registrado 2.479 casos en Atención Primaria y 468 ingresos hospitalarios.

Desde este lunes, toda la ciudadanía puede solicitar cita para vacunarse frente a la gripe, pertenezca o no a los grupos recomendados. La cita se puede pedir en el centro de salud, en la web o la app de Osakidetza o en el teléfono 900 20 30 50. El Departamento de Salud y Osakidetza han destacado que la vacunación es “la medida más eficaz para prevenir complicaciones y fallecimientos asociados a la gripe”, y se aconseja especialmente a las personas de 60 años o más, a quienes padecen enfermedades crónicas, a las mujeres embarazadas y a los niños y niñas de entre seis meses y cinco años.

Para reducir el contagio de los virus respiratorios, el Departamento de Salud y Osakidetza recuerdan la importancia de mantener la higiene de manos, ventilar con regularidad los espacios cerrados, evitar salir de casa si hay síntomas y utilizar mascarilla cuando sea necesario para proteger a las personas más vulnerables.

EDA Drinks & Wine Campus, la subsede del Basque Culinary Center con edificios en construcción en Laguardia, en la Rioja Alavesa, y en Vitoria, mantiene su plan de recibir sus primeros alumnos en septiembre de 2027. Esta Universidad privada ha presentado este lunes el que será su primer grado, bajo el título de Ciencia, Tecnología e Innovación en vino y bebidas. Se habilitarán medio centenar de plazas y tendrá una duración de cuatro años.

Se trata de unos estudios con un coste anual de 11.903 euros. Está por encima de los cerca de 9.000 que implica matricularse en la Universidad privada Euneiz, vinculada al grupo Saski Baskonia-Deportivo Alavés, y que fue la última en sumarse al club universitario vasco. También supera los alrededor de 7.000 de Deusto o, desde luego, los precios de la pública EHU, con carreras incluso desde los 805 euros. Dice la entidad, vinculada con Mondragon Unibertsitatea, que “con el objetivo de favorecer el acceso al grado” se contempla “la puesta en marcha de diferentes líneas de becas, actualmente en fase de definición”. No obstante, la entidad confía en que la demanda cubra pronto todas las plazas ofertadas.

Joxe Mari Aizega, director general del Basque Culinary Center, ha indicado que se buscan egresados “capaces de afrontar desafíos como el cambio climático, la sostenibilidad o la evolución de los hábitos de consumo”. La carrera se impartirá en ambos centros, con Laguardia como punto de “contacto directo” con el viñedo “en un entorno donde el vino forma parte del paisaje, la cultura y la identidad local”, y Vitoria para abordar “el universo de las bebidas en su conjunto”.

Una vez más, este nuevo avance del proyecto ha contado con el máximo respaldo institucional. Al acto de presentación del grado han acudido, por ejemplo, la consejera Amaia Barredo, del PNV, y la alcaldesa Maider Etxebarria, del PSE-EE. El Basque Culinary Center ha contado siempre con apoyo público, por ejemplo para la cesión de las parcelas en las que se asientan las dos sedes del EDA o incluso la segunda sede en Donostia, llamada GOe y estrenada hace ahora un año. “Quiero que Vitoria ofrezca a las nuevas generaciones oportunidades para formarse y desarrollar su futuro profesional. [...] Seguimos avanzando con EDA para atraer talento y abrir nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento en el sector del vino y las bebidas”, ha dicho la alcaldesa socialista.

Este grado es el primero de la oferta que aspira a ofrecer el nuevo proyecto universitario. No se descarta que en septiembre de 2027 pueda haber también en algún máster. Las fuentes consultadas indican que las obras, tanto en Laguardia como en Vitoria, marchan “en plazo”. En el caso de la capital, el esqueleto ya es visible frente a la sede central del Gobierno vasco, en Lakua. Saldrán los últimos obreros y entrarán los primeros alumnos, pero todo llegará a tiempo, ha confiado Aizega.

La plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Vitoria ha condenado a Osakidetza a indemnizar con 1,2 millones de euros a unos progenitores por la muerte de su bebé en diciembre de 2020, cuando tenía cinco meses. El juzgado considera que hubo 'mala praxis' en la actuación de la genetista a la que acudió la pareja cuando decidió volver a tener un hijo tras la muerte en 2019 de un primer bebé por causas en las que no se descartó una “causa genética”, según ha informado el Consejo General del Poder Judicial en un comunicado de su web.

Según se recoge en la sentencia, la pareja se sometió a una reproducción asistida en 2018 y se consiguieron tres embriones. Se implantó uno y nació un bebé que falleció en 2019. A este primer bebé se le hizo un informe genético “que no identificó ninguna alteración patogénica”, pero tampoco descartó entonces la existencia de una “causa genética desconocida”, informa Europa Press.

Antes de volver a ser padres de nuevo, la pareja contactó con una genetista e investigadora de un hospital público vasco porque no quería volver a pasar por lo mismo. La doctora recabó el estudio genético hecho en su día y “a su vista, tranquilizó a la pareja” e indicó que podían ser padres de nuevo con “un riesgo muy bajo” sin recomendarles “más estudios, para asegurar su consejo genético”.

La pareja tuvo un segundo bebé que falleció en diciembre de 2020 a los cinco meses. A este bebé se le hizo un estudio de exoma genético, “mucho más amplio” que el hecho a su hermano. que determinó que sufría una mutación del gen NFU1 que no había sido analizado en el estudio del primero.

La pareja consideró que hubo mala praxis en la actuación de la doctora porque no dio relevancia a la falta de un exoma genético más amplio en el caso del primer bebé, ni consideró hacer un cribado preimplantacional a los dos embriones congelados o un estudio genético de los progenitores. Osakidetza, sin embargo, mantuvo que no hubo relación causal entre la asistencia prestada y el resultado lesivo porque los síntomas identificados en el primer bebé no permitían establecer un diagnóstico como el que se logró después.

El juzgado da la razón a los demandantes y concluye a la vista de la prueba practicada que hubo “mala praxis”, “desidia y dejadez” en la actuación de la genetista porque debería haber revisado la historia clínica completa del primer bebé y haber hecho más pruebas, como haber solicitado un exoma de la muestra de ADN del primer hijo y un estudio genético de los progenitores.

Con esos estudios, añade el juzgado, “hubiera aparecido la mutación de NFU1 asociada al síndrome de disfunción mitocondrial múltiple, que hubiera dado perfecta explicación al fallecimiento” del primer bebé y con este resultado la doctora hubiera “recomendado evitar la gestación natural, así como hacer exoma de los dos embriones congelados, ya dirigido de forma específica a encontrar el gen NFU1 mutado”. De este modo, se habría evitado el nacimiento del segundo bebé con su enfermedad genética congénita idéntica al primero y que los progenitores “pasaran por el hecho traumático de gestar y ver morir a un segundo bebé, de nuevo, y por la misma causa”, afirma el juzgado.

Daño moral de “gravedad excepcional”

La resolución considera que el daño moral causado es de una “gravedad excepcional” y fija en 1.220.106,66 euros la cantidad que Osakidetza debe abonar a la pareja. “Al fallecimiento del segundo hijo debe añadirse el drama adicional de que la pareja hizo lo que estaba en su mano para evitar la enfermedad genética del segundo hijo y la muerte del mismo, de modo que les generó la frustración de no haber hecho lo suficiente, así como la rabia y frustración de que terceros técnicos en la materia no hicieron lo que les incumbía y podían haberlo evitado”, añade el juzgado. Esta sentencia no es firme y ha sido recurrida en apelación por el Servicio Vasco de Salud.

El 26 de abril de 2027, el museo Artium de Vitoria, referente del arte contemporáneo en Euskadi, soplará veinticinco velas. De cara a ese vigesimoquinto aniversario, la galería, que alberga más de tres millares de piezas, está ya vistiéndose de gala y ha anunciado las principales líneas de la programación. Una de ellas pasa por un trueque que efectuará en colaboración con el museo de Bellas Artes de Álava: recibirá el tríptico de la Guerra Civil del artista vasco Aurelio Arteta y prestará el 'Mousquetaire à la pipe' de Pablo Picasso.

La obra de Arteta, expuesta desde hace unos meses en Vitoria, conecta con la de Picasso, pues es una suerte de 'Guernica' que representa tres escenas de la Guerra Civil española. Puede leerse más sobre él en este reportaje. Que una obra vaya de un museo a otro y la otra recorra el trayecto inverso, se explica desde Artium, “reactiva la lectura de los cuadros” y también “abre un puente de colaboración estable entre ambas instituciones de Álava”. Un paseo de apenas veinte minutos a pie separa una de otra.

Las celebraciones por el cuarto de siglo estarán centradas, según ha explicado el museo esta semana, en su colección. Una exposición ahondará en los orígenes de la pinacoteca, investigando “conceptos, términos y obras”. Otras salas, al mismo tiempo, se dedicarán a “obras de la colección representativas de la producción artística contemporánea”.

Habrá, asimismo, una muestra —titulada 'I Baschi alla Biennale 1976/2026'— que recuerda, medio siglo después, la participación vasca en la Bienal de Venecia de 1976. Aquella edición, que se conoce también como 'Bienal Roja', no permitió la participación de la España franquista como muestra de rechazo a la dictadura de Franco. El pabellón oficial español permaneció cerrado, pero, en su lugar, se preparó una exposición centrada en la “vanguardia artística y la realidad social” que se había vivido en los cuarenta años que habían transcurrido entonces desde el estallido de la Guerra Civil.

Un cuarto de siglo abierto

La inauguración de la pinacoteca tuvo lugar el 26 de abril de 2002. Asistieron, entre más de cuatro centenares de personas, el jefe del Estado, Juan Carlos I; el lehendakari, Juan José Ibarretxe; el diputado general de Álava, Ramón Rabanera, y la ministra de Cultura, Pilar del Castillo. El rey descubrió una placa que recuerda la inauguración. Las fotografías de día, algunas de ellas desplegadas en el portal PhotoAraba, muestran a personalidades del arte, el mundo empresarial y la política. Puede leerse más sobre el acto de inauguración en este reportaje.

Desde aquel día, el museo, sito en la calle de Francia, tiene sus puertas abiertas. Pero su recorrido ha sido mucho más extenso. Hay que remontarse a 1966 para encontrar una exposición que se presentaba como de la 'Escuela vasca de arte contemporáneo', fomentada por los grupos Orain, Gaur y Emen. Integrantes de Orain fueron artistas como Juan Mieg, Carmelo Ortiz de Elgea, Jesús Echevarría y Alberto Schommer, cuya obra nutriría una colección que iba germinando y daría lugar a Artium. “Varios de aquellos trabajos expuestos hoy en el museo dieron inicio a la Colección Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco”, se explica.

Por otro lado, la Diputación de Álava empezó a impulsar ya a mediados de la década de 1970 la creación de una colección de arte contemporáneo, a la que luego habría que buscarle una ubicación. Cayetano Ezquerra, Pascual Jover y Pedro San Cristóbal fueron figuras destacadas de aquel proyecto de búsqueda de obras.

Ezquerra, que estaría al frente de la Diputación entre 1977 y 1979, se carteó con artistas de primera fila, como Salvador Dalí. “Mi admirado maestro: Estamos realizando un nuevo museo, como contrapunto a nuestro desarrollo industrial, intentando así la mayor participación cultural como línea de equilibrio. Deseamos adquirir alguna de sus obras para nuestro museo, el más joven de España y, quizá, el más prometedor en arte contemporáneo”, le escribía al polifacético artista gerundense a finales de 1974 en una misiva recogida por 'El Correo' en su obituario. Se desempeñaba entonces como vicepresidente de la Diputación y estaba encargado de la comisión de Cultura.

A las pocas horas del desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid, el desalojo en el Casco Viejo de Vitoria de un matrimonio con dos hijos menores, de ocho y diez años, motivó protestas y un despliegue especial de la Ertzaintza. Ahora, un mes después, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha enviado al Parlamento Vasco a instancias del representante de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea información sobre esa actuación policial. Y uno de los datos contenidos en ese informe es que “el matrimonio desahuciado” está entre la lista de personas identificadas, nueve en total.

Zupiria explica que los antidisturbios se desplegaron “por una petición de auxilio de la Policía Local” y para “llevar a cabo la ejecución de desahucio ordenada por la autoridad judicial”. El cordón policial se estableció a las 7.33 horas. Erróneamente, se indica que los hechos tuvieron lugar en las proximidades de calle de San Prudencio, cuando fue en las del Colegio de San Prudencio.

Los primeros incidentes tuvieron lugar a las 7.53 horas, cuando “doce personas rebasaron el cordón e intentaron amarrarse al vallado del portal con el propósito de obstaculizar la labor de la autoridad judicial”. Sostiene Zupiria que esas personas no atendieron los requerimientos policiales y que “forcejearon con los agentes”. Se empleó con ellos la porra. Cuatro de ellas fueron identificadas, ya en el hospital de Txagorritxu. Llevaban una mochila con “pasamontañas y guantes de obra”.

Mucho después, a las 12.33 horas la “comitiva judicial” accedió a la vivienda. Había “300 personas” protestando en el exterior convocados por el colectivo Auzoan Bizi. Realizaron “cantos despectivos hacia la Policía”. A las 13.00 horas se completó el desahucio y a las 13.06 horas la Ertzaintza “retiró el cordón policial”.

Según el consejero, no hubo detenidos, pero sí nueve identificados. Son las cuatro personas que rebasaron el cordón a primera hora, que están acusados de “desobedecer a los agentes” y de “atentar” contra ellos, pero también se recogieron los datos de “una persona que se identificó como periodista pero que no presentaba acreditación”, de una “persona empleada del colegio” de los hijos del matrimonio, de la “responsable” de Auzoan Bizi y “del matrimonio desahuciado”. No se explica nada de los motivos de estas últimas identificaciones. Se añade que “cuatro agentes de la Ertzaintza resultaron lesionados y no fue posible la identificación de los autores”.

Tres medios de comunicación, 'Marca', 'Mundo Deportivo' y Europa Press, han publicado este viernes informaciones relativas a una posible salida de Josean Querejeta de la presidencia de Saski Baskonia, el club de baloncesto de Vitoria que ha dirigido desde hace casi cuatro décadas y en el que antes fue jugador. Querejeta es también el dueño de un grupo empresarial más amplio del que forma parte el Deportivo Alavés y el NK Istra, equipos de las máximas categorías masculinas de fútbol de España y Croacia, respectivamente, de la universidad privada Euneiz y de otros negocios no deportivos.

Fuentes del club consultadas por este periódico han optado por no hacer comentarios y rechazan expresamente confirmar o desmentir los extremos publicados. Es decir, no cortan la bola de nieve que se ha colado también en los programas de radio locales. Las informaciones, sin embargo, llegan apenas 72 horas después de los hechos sin precedentes acaecidos en el pabellón Fernando Buesa Arena en el partido de Euroliga contra el Real Madrid.

En el día de su 'cumpleaños' como presidente baskonista, una buena parte de la afición presente abucheó a la directiva en varias ocasiones e incluso se escucharon insultos personales contra Querejeta que motivaron la reacción de su hijo Joseba, exjugador del club, con un mensaje de apoyo en Instagram. Indar Baskonia, el principal grupo de animación, mostró una pancarta crítica con la planificación deportiva tras un convulso arranque de temporada con el despido del entrenador Paolo Galbiati y una clamorosa ausencia de fichajes desde el inicio.

La sociedad unipersonal Lazkaokoa es el instrumento de Querejeta para controlar Saski Baskonia, del que tiene el 63,68% del capital. Toma el nombre de su localidad de origen en Gipuzkoa, Lazkao. Con apenas 31 años (va a cumplir ya 70) y después de haber sido jugador, en 1988 se convirtió en presidente del club, que experimentó un rápido crecimiento deportivo ya con la figura de SAD desde muy pronto. Es uno de los únicos cuatro clubes que han disputado todas y cada una de las ediciones de la Euroliga, la segunda competición mundial de baloncesto en relevancia después de la NBA, y también ha logrado un puñado de títulos de ACB y de Copa del Rey, la última este mismo año con Galbiati.

Lazkaokoa articula también otro instrumento llamado Kiroletako Bazkideak. Con ambos, el Baskonia pasó a controlar el Deportivo Alavés en dos tiempos, 2011 y 2016. En concreto, ambas mercantiles suman el 78% del capital social. En Vitoria, Querejeta no es solamente una figura deportiva, sino de uno de los principales y más influyentes empresarios. Su colaborador Roberto Larrañaga llegó a ser presidente de la patronal vasca Confebask, por ejemplo.

Estos movimientos se producen también cuando Querejeta aspira a comprar a la Diputación de Álava el pabellón Fernando Buesa Arena y el aparcamiento circundante. Una tasación ha fijado el precio en 54,8 millones de euros y el grupo dijo contar con unos 150 para la adquisición y otras inversiones en el “distrito Ondare”, como quiere llamar al entorno de Zurbano.

Precisamente este viernes la Diputación ha ofrecido a la oposición en las Juntas Generales nuevos datos sobre ese recinto foral en respuesta a una solicitud de EH Bildu. Un informe, por ejemplo, señala que se han destinado 29 millones de euros desde 1998 en ampliaciones y mejoras del pabellón, todas ellas disfrutadas por el club. Los últimos 3 millones se pusieron en 2025 para adquirir al Ayuntamiento el aparcamiento. Esto se suma a los acuerdos fiscales de la Hacienda foral con el grupo, que le han permitido tener una gran flexibilidad en el pago de impuestos.

Los 54,8 millones salen de una tasación elaborada por la consultora Tecnitasa, contratada 'ad hoc' para este proceso de enajenación de una instalación pública. Sin embargo, esa misma empresa valoró el complejo en 47,9 millones en 2022, según otro de los documentos entregados a las Juntas Generales.

La Autoridad del Transporte de Euskadi ha decidido mantener los actuales descuentos del transporte público de cara al año que viene. Eso sí, la cantidad concreta de esa bonificación dependerá de si el Gobierno central mantiene la bonificación actual, ya que la decisión aprobada en la reunión de este martes implica únicamente a la parte pagada por las instituciones vascas, que se mantendrá independientemente de la decisión que tome en el Estado. El mínimo del descuento será del 20% en el caso de que decaiga la financiación estatal, a lo que se añade la gratuidad para los menores de 12 años.

Los descuentos están en vigor desde septiembre de 2022 para paliar la subida del IPC como consecuencia de la guerra en Ucrania, y se han ido prorrogando anualmente. Este año suponen una bonificación del 50% para los jóvenes y la gratuidad en menores hasta cumplir los 15 años, que sufraga el Gobierno de España, y una subvención del 40% para la población general en abonos y títulos multiviaje, cuya financiación procede en un 50% del Gobierno central (el 20% del precio) y otro tanto de las instituciones vascas (el 10% del Gobierno vasco y el 10% restante de cada operador).

En caso de que esta estructura de descuentos se prorrogue más allá de final del presente año, el pleno de la Autoridad del Transporte de Euskadi se ha mostrado partidario de “mantener la financiación actual”, mientras que si decae la subvención del Estado “ha acordado aplicar el acuerdo establecido por las administraciones vascas”. Es decir, un sistema de descuentos del 20% en la población general con abonos y títulos multiviaje personalizados -Bat, Barik y Mugi-, financiado por cada operador, y mantener la gratuidad hasta los 12 años.

La decisión llega después de que el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou, no quisiera adelantar en el Parlamento Vasco el pasado 23 de octubre si habría una prórroga y remitía la decisión que tomara la Autoridad del Transporte, en la que están representadas las diferentes instituciones vascas con competencia en materia de transporte público. Es decir, Gobierno vasco, diputaciones forales y ayuntamientos. No obstante, advertía de que la decisión de aplicar bonificaciones “no surgieron como una medida permanente o estructural” sino que surgieron “en un contexto muy concreto, como respuesta a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania y al importante incremento de precios que se produjo en toda Europa”.

Por otra parte, la Autoridad del Transporte de Euskadi ha acordado autorizar el acceso al transporte público con patinetes eléctricos que cumplan la normativa, mientras que la prohibición se mantendrá en vehículos de movilidad personal que no estén registrados o que hayan sido manipulados. Es decir, “tendrán luz verde aquellos vehículos de movilidad personal que estén inscritos en el Registro de Vehículos Personales Ligeros, porten la etiqueta identificativa y cuenten con el correspondiente certificado de características y con un seguro de responsabilidad civil en vigor. Aquellos patinetes que no cumplan con estos requisitos seguirán prohibidos en el transporte público, al igual que está prohibida su circulación por el espacio público. La restricción se extenderá asimismo a patinetes que hayan sido manipulados o presenten indicios de riesgo de incidentes térmicos”, se ha informado.

El panorama político vasco verá nacer, próximamente, una nueva sigla. El partido, que aún no ha desvelado su nombre pero que celebrará el 9 de enero su asamblea fundacional, se define como “abertzale” y “progresista”, aunque su principal prioridad es una política migratoria “ordenada”. “No caben toda África ni Latinoamérica en Euskal Herria”, se puede leer en su programa electoral, un documento de doce puntos en euskera y en castellano. Fuentes del equipo promotor insisten en que no se trata de un proyecto espejo a la xenófoba e islamófoba Aliança Catalana de Silvia Orriols –“no somos racistas”– y añaden que quieren precisamente una alternativa de izquierdas que responda a lo que supuestamente piensa la “mayoría” sobre los extranjeros para que ese nicho no lo vaya ganando la ultraderecha.

La nueva formación dice estar “en proceso de cumplir todos los trámites legales” ante el Ministerio del Interior y confía en hacerlo en “unas pocas semanas”. Será entonces cuando se anuncie el nombre del partido, así como su imagen de marca. Las personas que se han acercado a través de las redes sociales al proyecto han recibido ya un programa “provisional” con el ideario, pero igualmente el aviso de que se están haciendo controles “para que no entren personas que quieren reventar el partido desde dentro o convertirlo en otra cosa distinta”.

Está acordado ya que el 9 de enero se celebrará la asamblea fundacional, donde se elegirá a un primer “comité ejecutivo” y se aprobarán los estatutos y el programa “definitivo”. Esta sigla se presentará a las cuatro elecciones forales de mayo de 2027 –Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra– y aspiran a llegar igualmente al mayor número posible de los más de 500 municipios de ese mismo ámbito territorial. Los simpatizantes de “fuera de Euskal Herria” ayudarán a “completar” las listas electorales en “puestos sin salida” y sin descartar que pueda después crearse “una izquierda así en todos los lugares” de los que procedan.

Eso sí, esta fuerza política defiende la soberanía de Euskal Herria y su derecho de autodeterminación. Pide también su salida de la OTAN. Pero inciden sobremanera en que defienden “la recuperación de la racionalidad en el ámbito de las políticas migratorias”. “El proceso migratorio de las últimas décadas no es una cuestión ni de solidaridad ni de necesidad, sino de explotación laboral descontrolada, división y destrucción social”, afirman.

Su tesis es que hay un “modelo migratorio neoliberal” que está “basado en la importación masiva de trabajadores extranjeros”. Esto “perjudica a todos”, creen. “Los extranjeros son tan víctimas de un modelo de inmigración masivo y descontrolado como los jóvenes y trabajadores vascos, porque ven cómo suben sus alquileres y no los sueldos por la llegada de más personas para competir en sus trabajos”, se puede leer en el argumentario. Insisten en que no hay ni “trabajo ni viviendas para todos los que quieran venir”. Es ahí donde mencionan su idea de que “no caben toda África ni Latinoamérica en Euskal Herria”.

Se dicen también “en contra de que las personas migrantes vivan de ayudas públicas sin intención de entrar en el mercado laboral”, en línea con los discursos de Vox. “Tener a jóvenes inmigrantes sin trabajar en nuestras calles es la causa de que porcentualmente sean muy superiores los delitos, hurtos, robos con violencia, agresiones y violaciones cometidos por este colectivo. Es la migración descontrolada y no los migrantes la responsable de estas situaciones de precariedad y riesgo de delincuencia. Estaremos siempre con los que sufren estos delitos que nunca se pueden justificar [...]. El partido defenderá que las personas detenidas por varios delitos cometidos contra ciudadanos vascos salgan de Euskal Herria pidiendo medios judiciales para que las resoluciones sean rápidas en estos casos para evitar la impunidad, las reincidencias y la inseguridad en nuestras calles”, argumentan.

Y agregan: “El partido es partidario [sic] de un modelo migratorio solidario similar al cubano o soviético, basado en formar jóvenes estudiantes de países subdesarrollados becados para que puedan tener una formación universitaria como médicos, ingenieros, agrónomos, etc. y formación profesional técnica, sin permitir que sean explotados laboralmente y que puedan ejercer en sus países de origen, muy necesitados de personal cualificado, para contribuir así a sacarlos del subdesarrollo en lugar de explotarlos como mano de obra barata en Europa”. Sobre Rusia, además de la admiración a la URSS, abogan también por el final de la invasión en Ucrania porque “acabar la guerra permitiría que puedan volver todos los refugiados y dejar libre sus viviendas a otros trabajadores”. Pero demandan, asimismo, final de las sanciones al régimen de Vladímir Putin.

Otra referencia internacional es Austria, o más bien Viena, en este caso para las políticas de vivienda. Plantean igualmente un salario mínimo de 21.000 euros anuales y ayudas a la natalidad. “Hay que ayudar a que los jóvenes puedan formar una familia porque es necesario para mantener la identidad cultural vasca”, argumentan. Piden apoyo para “baserritarras y arrantzales”. Reclaman “igualdad material, económica y de oportunidades” para mujeres y hombres, aunque “superando las políticas de identidad que, sin abordar los problemas reales, fragmentan y debilitan la cohesión social”. El programa incluye igualmente una reivindicación de la “oficialidad de las selecciones vascas”.

A nivel orgánico, proponen una cuota anual de afiliación de 15 euros. También abogan por recortar lo que llaman “gasto político”, reduciendo “a la mínima expresión” los “cargos de confianza y asesores”, y combatiendo el “enchufismo” o las denominadas puertas giratorias. “Se evitarán a toda costa concesiones a empresas afines a partidos políticos. Para evitar la corrupción, deberían imponerse los criterios objetivos teniendo en cuenta la calidad y el dinero de los que pujen a cada adjudicación a los subjetivos de los políticos”, añaden. Plantean que sus cargos no cobren más del salario medio. Ahora es de unos 35.000 euros. “El excedente se destinará a reforzar la estructura del partido”, plantean. Se excepcionará “los cargos de mayor responsabilidad”, a los que se les permitirá “igualar” lo que perciben en la empresa privada.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha vuelto a dar la razón a la Universidad pública vasca (EHU) al tumbar nuevamente unas medidas cautelares que permitían no tener en cuenta, a la hora de calcular la media, la baja nota obtenida por un alumno (de 0,10 puntos sobre 10) en el examen de euskera de las pruebas de acceso a la universidad. A raíz de las denuncias de varios alumnos con bajas notas, se abrió un debate político y social de grandes dimensiones en Euskadi. Desde entonces, ha habido ya otras sentencias en la misma dirección.

En la más reciente de estas sentencias, fechada el 23 de octubre, el Superior vasco estima el recurso de apelación planteado por la EHU. “La medida cautelar otorgada ha conferido al alumno una situación de la que no disfrutaba, cual es la reserva de plaza en la Universidad a pesar de que su calificación definitiva en la PAU ha sido NO APTO, con una nota de 3,456 puntos. Solamente a través de no computar en el cálculo la calificación del ejercicio en la que obtuvo un cero, ha conseguido la calificación defnitiva APTO con 4,765 puntos”, se señala en la sentencia, haciendo hincapié en que “lo que ha obtenido con la medida cautelar no podrá conseguirlo en caso de que se dictase una sentencia estimatoria”.

Subraya el texto que la ley establece cuáles son las asignaturas que componen las pruebas, de manera que el examen de euskera “deberá ser realizado y deberá computar necesariamente”. De lo contrario, se abunda, “se estaría privilegiando injustificadamente al alumno [...] y se ocasiona una grave perturbación de los intereses generales y de terceros”.

La defensa del alumno sostenía que, sin contar la nota de Lengua y Literatura Vasca II, habría obtenido una calificación de apto en las pruebas de acceso a la universidad con un 4,765. Alegaba, por ello, que al alumno estaba sufriendo “una afectación directa al acceso universitario en un procedimiento competitivo, de calendario cerrado y difícilmente reversible”.

La EHU ha defendido en todo momento “la profesionalidad, el rigor y la responsabilidad del profesorado” que participó en el proceso de corrección. Cuando se conocieron anteriores sentencias, aprovechó para recalcar que “el proceso de acceso a la universidad ha contado desde el principio con todas las garantías, tanto en la corrección de los exámenes como en la protección del derecho del estudiantado a solicitar revisiones de sus calificaciones y presentar reclamaciones” y recordó que los criterios han de ser los mismos para “todo el estudiantado”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha suspendido un mitin que tenía previsto celebrar en Vitoria este jueves, según ha informado el PSE-EE. Es una más de las cancelaciones motivadas por el grave accidente ferrorivario en Castilla-La Mancha, con decenas de fallecidos.

Sánchez, en su calidad de candidato del PSOE, tenía previsto intervenir en el palacio de congresos Europa de Vitoria este jueves a las 18.30 horas, en la que iba a ser su primera aparición en Euskadi en el marco de las elecciones generales del 29 de noviembre. Con él, iban a tomar la palabra el líder en Euskadi, Eneko Andueza, la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, y el candidato por Álava y exconsejero Javier Hurtado.

Asimismo, por las mismas razones el Parlamento Vasco ha detenido su sesión de este miércoles para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas por acuerdo de todos los partidos político. El lehendakari, Imanol Pradales, ha telefoneado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, y ha ofrecido colaboración a Castilla-La Mancha y la “solidaridad” de la ciudadanía vasca.

¿Qué opciones hay para ir desde Vitoria a Bilbao en autobús? Si tengo que salir de Donostia para estar en Irún a cierta hora, ¿cuál es la combinación que mejor funciona? Son preguntas que no tienen respuesta sencilla, pues aplicaciones como Google Maps, que resultan muy prácticas a la hora de trazar itinerarios urbanos, no lo son tanto cuando se quiere planear un viaje interurbano. La búsqueda con IA proporciona a veces conexiones antiguas que ya no funcionan, o incluso enlazan, para comprar los billetes, a páginas web que ya no existen. A la vista de estos problemas, dos desarrolladores amigos han creado Sarebus, una plataforma que integra más de 140.000 trayectos de una treintena de operadores diferentes de Euskadi, Navarra y zonas limítrofes.

“Moverse en autobús entre los pueblos y ciudades de Euskadi y Navarra en autobús es todavía para muchas personas algo lioso. La coexistencia de más de una treintena de empresas concesionarias y operadores públicos y privados —cada uno con sus propios sitios web y aplicaciones— obligaba a los usuarios a saltar de plataforma en plataforma para planificar un viaje”, explican.

La página web de Sarebus incorpora una selección de los destinos más socorridos, pero también permite hacer cualquier otra búsqueda: hay que introducir origen (lugar o incluso parada concreta), destino y fecha. El buscador devuelve una serie de opciones, en un listado que indica hora de partida y llegada y operador. Incorpora, además, un enlace directo a la página web del operador donde se puede efectuar la compra del billete. Se indica, además, si se pueden usar las tarjetas Bat, Barik y Mugi. Se puede elegir también desplegar itinerarios que incluyen transbordos.

“Una sola búsqueda para todo el territorio”, destacan los desarrolladores. Se incluyen los siguientes operadores: Alavabus, Arrasate Hiribusa, La Guipuzcoana, Bermibusa, Bilman Bus, Buruntzaldeabus, DBus, Erandiobusa, EtxebarriBus, Grupo Interbus, IRB Castro, Kbus, Lasarte-Oria Herribusa, Navarra Interurbano, Oñatiko Herribusa, Sopelbus, Tolosaldeabus, Udalbus Eibar, Alsa, La Cantábrica, La Unión, Bilbobus, Bizkaibus, Conda, Ekialdebus, Errenteriako Herribusa, Euskotren Autobusa, Hernaniko Herribusa, Irunbus, La Rioja Interurbano, Lejoan Busa, Oiartzun Herribusa, Pesa, Tolosa Hiribusa, Tuvisa y Zarauzko Hiribusa.

Más datos para el futuro

Los desarrolladores tienen previsto incorporar más información. “Tenemos ideas de mejorar también resultados de búsqueda para estaciones de trenes, metro y hasta facultades de las distintas universidades, pero por el momento, además de que cada noche se actualizan los datos que nos proporcionan los operadores, decidimos mejorar incluyendo más capas de complejidad, agrupamos las paradas y las corregimos, y mostramos algo más de información que podemos sacar para que, esas búsquedas no queden sin resolver”, explican en la página web.

Cuenta uno de los dos desarrolladores que la idea surgió un día en la cola del autobús en Zarauz. Se percató entonces de que la mayoría de la gente que estaba esperando no sabía cómo comprar el billete a través de Internet. Lo habitual, admitían, era que se acercasen con más tiempo para adquirir el título físicamente. A la falta de conocimientos, se suma también que las páginas web de algunos de los operadores son “del Pleistoceno”, lamenta uno de los creadores de Sarebus. “Cada página web es de una manera. Es complicado”, añade.

Se juntaron los dos y, valiéndose de la inteligencia artificial para crear modelos que luego aplican a las herramientas que generan los itinerarios, empezaron a desarrollar Sarebus. Usan la IA, pero luego corrigen los datos “ruta a ruta”, matizan. Y tienen trabajo para rato.

La unidad de Investigación Criminal de la Ertzaintza entregó a comienzos de verano a la juez de Vitoria Marta Escudero y al fiscal de menores de Álava, Manuel Pedreira, un informe resumiendo todas las denuncias de presuntos casos de violencia sexual sobre el campamento de Euskal Udalekuak de Bernedo. La Policía estima que se produjo una “elevada sexualización” en la “práctica totalidad” de las actividades de esa colonia y que resultaron “del todo inapropiadas para la corta edad” de los asistentes, en algunos casos niños de nueve o diez años. Se atribuyen delitos como “exhibicionismo”, “coacciones” o “provocación sexual” a catorce monitores o personas relacionadas con Euskal Udalekuak pero, como ha venido publicando este periódico, están bajo investigación igualmente unos hechos tipificados como “agresión sexual”.

La Ertzaintza empezó a investigar unas primeras quejas sobre Euskal Udalekuak en enero de 2025. En aquel momento, fue una trabajadora social de Gipuzkoa la que alertó de que menores tutelados por la Diputación, ya adolescentes más próximos a la mayoría de edad, referían algunos episodios que les preocupaban en las colonias de verano a las que les enviaban. Esta asociación gestiona no solamente la colonia de Bernedo, en Álava, sino también otras dos en Navarra, Goñi y Abaigar.

La Policía entregó al Tribunal de Instancia de Vitoria un primer atestado en abril de 2025, pero quedó en un cajón del entonces titular de la plaza tercera de la sección de Instrucción, Álvaro Silván. Ese verano se repitió el campamento y las denuncias se multiplicaron, más de una veintena en la propia Ertzaintza pero también en Emakunde o en Kontsumobide. El asunto trascendió a la opinión pública y, entonces sí, se activó la investigación penal. En paralelo, la Diputación de Álava, con competencias en materia de ocio juvenil, activó una vía administrativa para tratar de sancionar los mismos hechos e impedir la colonia de 2026, aunque con varios tropezones judiciales tras los recursos de Euskal Udalekuak. Este verano no se ha celebrado la actividad ordinaria en Bernedo —pero sí una fiesta multitudinaria de apoyo a Euskal Udalekuak— y sí los campamentos de Navarra.

En el marco de la causa penal y tras la llegada de una nueva instructora, la magistrada Escudero, justo a finales de junio la Ertzaintza entregó su informe completo sobre el caso, al que ha tenido acceso este periódico. Son 32 páginas en las que se exponen los relatos de todos los niños y adolescentes denunciantes, la identidad de los presuntos responsables de los delitos que se imputan e incluso se señala a otras personas presentes en Bernedo por no haber protegido a los menores. La Policía, que da máxima gravedad a lo sucedido, llegó a pedir medidas cautelares adicionales a la vía administrativa de la Diputación para impedir todas las colonias, hasta el punto de sugerir un cambio en las cerraduras de los edificios.

Dice la Policía que “la conducta ilícita no se limitó a un acto único, instantáneo o que pudiera ser valorado de forma individual”. “Nos encontramos ante una pluralidad de actividades y acciones (físicas, psicológicas, omisivas o comisivas) que tuvieron lugar de manera continua durante los días de celebración de los 'udalekus'. Se considera que las actividades verbalizadas por los menores habrían sido aceptadas y llevadas a la práctica por la totalidad de los monitores y monitoras, ya que no se tiene constancia de que éstos hubieran denunciado situaciones de indefensión y vulnerabilidad alguna sufrida por los menores. El daño causado a éstos derivaría precisamente de la suma, reiteración y contexto en el que se produjeron estas actividades, entendiéndose por parte de este instructor que diversas acciones que individualmente podrían revestir menor gravedad, al ser evaluadas en su conjunto, integran un tipo penal más complejo y de mayor lesividad. Por último, [cabe] destacar la elevada sexualización de la práctica totalidad de las diversas dinámicas y actividades impuestas que se llevaban en las instalaciones del campamento”, indica justo en el inicio el atestado policial.

Según la Ertzaintza, añade gravedad a los hechos que “los monitores, directores y la entidad organizadora de los 'udalekus' ostentaban una posición de garante jurídica y fáctica respecto de los menores de edad que les fueron confiados por sus tutores legales”. “Se estima que quien asume la custodia de un menor asume la obligación de evitar cualquier menoscabo a sus derechos fundamentales. En el presente caso, lejos de proteger a los menores, los sujetos obligados utilizaron su posición de superioridad y autoridad para institucionalizar prácticas de desprotección, coacción y vulneración de la intimidad corporal de los niños”, estiman los ertzainas autores del informe.

En el apartado relativo a la individualización de los presuntos delitos, la Ertzaintza da por probado que el chef “cocinaba y servía la comida a los menores desnudo”. Se alude, asimismo, a que hubo prácticas de “exhibicionismo” y “provocación sexual”, como que hubiera personal “prácticamente todo el día en topless” o que “realizó prácticas de índole sexual” delante de menores. Los relatos de los menores incluyen una descripción detallada de las prácticas.

Sobre la agresión sexual, se estima que una de las imputadas solicitaba masajes en su espalda desnuda a cambio de comida. También hay una acusación de “coacciones” porque se obligaba a los menores “a ducharse desnudos a pesar de su oposición” en unas instalaciones mixtas y también con adultos. “Incluso se obligaba a los menores a desplazarse desde las habitaciones a la zona de duchas totalmente desprovistos de ropa, prohibiéndoles cubrirse con toallas, a pesar de las reiteradas muestras de incomodidad de éstos”, añade el informe.

“Esta absoluta falta de intimidad y la eliminación de barreras físicas y de protección facilitó que, durante los quince días que duraban los 'udalekus', se produjeran situaciones de verdadera angustia, vergüenza y desasosiego entre los menores, llegándose a producir incluso una situación grave en la que uno de los menores asistentes iniciara y mantuviera una situación de acoso sexual continuado sobre otra de las menores asistentes. La angustiosa situación provocó que varios de los y las menores afectados comunicaran la situación de forma expresa a sus monitores de referencia. Lejos de activar los protocolos de protección de menores, separar a las partes o cesar la práctica de la desnudez, restaron importancia al relato. Esta inacción, consintió y permitió que la situación de acoso sobre la menor se prolongara en el tiempo”, agrega el dictamen. Y abunda: “Obligar de forma sistemática a niños y niñas a marchar desnudos en grupo, prohibirles cubrirse con toallas o usar bañador, y forzar la convivencia íntima desnuda con adultos vulnera frontalmente el derecho a la integridad moral y la dignidad de los menores, lo que provocó en muchos de ellos sentimientos de humillación y desprotección física”.

“El sometimiento al que se expuso a los menores haciéndoles presenciar y participar en escenas de desnudez adulta impuesta, unidas a elementos de angustia, podría calificarse como un atentado contra la integridad moral. Se vulneraría aquí el derecho del menor a ser sometido a experiencias que menoscabaran su dignidad, o provocaran un sufrimiento psíquico innecesario”, dice también la Ertzaintza. Pone algunos ejemplos: “Se detectaron conductas de naturaleza coercitiva cuando las monitoras, mostrando sus pechos, forzaban a los menores a recibir abrazos no deseados. Ante la negativa de estos, el personal les impuso una charla en la que dijeron a los menores que continuarían abrazándolos, aunque fuera en contra de su voluntad y recriminándoles que vistieran 'muy tapados'. [...] Siendo significativo el episodio en el que un monitor, en el transcurso de una marcha y con el fin de forzar a los menores a caminar más rápido, se quitó las prendas inferiores mostrando sus genitales”.

El informe apunta también que en el campamento hubo “adoctrinamiento contra España” porque “se procedió a la quema de una bandera” en un juego y contra la Policía. Igualmente, se han identificado problemas con la alimentación y los materiales. “No había platos ni vasos, ni cucharillas ni servilletas para todos los niños, tenían que compartir los vasos y al acabar de comer les decían que chupasen el plato para usarlo la próxima vez. Al desayunar bebían leche y al darles la leche muy caliente salía nata; al día siguiente, cuando volvían a desayunar leche en el vaso había restos de nata, los vasos estaban sucios”, indicó una denunciante.

“Los menores expuestos a los hechos investigados verbalizaron, entre otros, sentimientos de miedo, desesperación, vergüenza extrema y sensación de vulneración, llegando a manifestar alguno de ellos que habían sido 'los peores días de su vida'. [...] Los monitores ignoraron deliberadamente los ruegos repetidos de algunos de los menores para abandonar el 'udaleku' y regresar a sus casas”, insiste la Ertzaintza. Explica que fue “impuesta” una prohibición de comunicaciones telefónicas salvo para casos de “gravedad”, siendo los trabajadores los que la determinaban. Sí pudieron escribir cartas y en algunas de ellas los menores refieren sus quejas. “A MI NO VAN A OBLIGAR. A MI NO ME VAN A SILENCIAR. ME VOY A QUEJAR. #MEVOYAESCAPAR”, redactó una niña. Correos entregó muchas de estas misivas una vez finalizada la actividad.

En 2024, una niña sí consiguió telefonear a sus padres. “A raíz de la llamada, sus padres fueron a recogerla y abandonó el campamento días antes de su finalización”, se puede ver en su declaración. Añade la menor que, cuando fue a por su maleta, varias monitoras le recriminaron el haber pedido irse. La madre pidió a la Ertzaintza que quedara constancia de que Euskal Udalekuak le “insistió reiteradamente” en que les contara la forma en que había conseguido hacer la llamada.

La investigación judicial avanza muy lentamente. Este otoño están siendo citados imputados y menores denunciantes para exponer su versión ante la instructora. Uno de los menores ya ha ratificado su testimonio anterior ante la Ertzaintza. Los interrogatorios se han hecho con el formato de “exploración” para que puedan servir ya como prueba preconstituida para un hipotético juicio, de modo que no tengan que repetir todas sus vivencias una vez más.

Por su parte, Euskal Udalekuak, que ha recibido un volumen de apoyos y adhesiones en estos meses claramente superior cuantitativamente a las denuncias recibidas, ha insistido en que su modelo busca la desexualización de la desnudez y ofrecer a los menores una perspectiva feminista y transinclusiva. En el sumario consta un documento en que la asociación Sarrea, la gestora concreta de la colonia de Bernedo —hay otras para los campamentos navarros—, ofrece su “voluntad de colaborar” con la Justicia, “siempre que se respeten los derechos y garantías procesales [...] conforme a la ley de enjuiciamiento criminal y la Constitución Española”.

Una familia recibió también una respuesta de Euskal Udalekuak tras quejarse directamente a la organización antes de la judicialización del asunto. En ella, la entidad lamentaba “profundamente” la “experiencia” negativa relatada. “El bienestar de les niñes y jóvenes y la confianza de las familias son prioritarias para nosotres”, señalaban también.

Y agregan: “En cuanto al uso de las duchas, aclaramos que en ningún momento se obliga a les jóvenes a desnudarse. Es cierto que, con el fin de garantizar una mejor higiene, se les propone retirar los bañadores una vez que entren en la ducha. Siempre hacemos un esfuerzo para que les jóvenes vivan su desnudez y su cuerpo con naturalidad y tranquilidad. Aún así, cuando se ha identificado la necesidad de ofrecer alternativas, siempre lo hemos hecho, y nunca hemos obligado a quitarse el bañador, como ha ocurrido con algunes jóvenes durante el campamento. Situamos las duchas y los baños, no solo como lugares de higiene, sino como oportunidades para normalizar todos los cuerpos, romper estigmas y liberar la desnudez de la vergüenza y de la carga sexual que se le impone. Por este motivo, los espejos se mantienen inutilizados y los utilizamos para promover los objetivos antes mencionados, sin ningún fin sexualizador, sino todo lo contrario”. “En ningún momento se ha permitido ni tolerado ninguna burla en ninguna dirección. Les jóvenes han sido correctamente atendides en todo momento”, se exponía igualmente.

El Ayuntamiento de Vitoria ha ejecutado el anunciado cambio de nombre de dos calles del barrio de San Martín cuyas denominaciones estaban vinculadas al franquismo. Así, la ronda de Sáez de Tejada pasa a llamarse por el nombre de la pintora Paz Díaz de Espada, mientras que Vicente Abréu cambia su denominación por el de la artista mexicana feminista Frida Kahlo. Se trata de una zona conocida como Los Pintores por estar todas las arterias consagradas a esos artistas.

En julio la alcaldesa, Maider Etxebarria, del PSE-EE, acordó seguir dando pasos para eliminar denominaciones del callejero “vinculadas a la dictadura”. Los cambios cuentan con el visto bueno de expertos consultados por el Ayuntamiento. Etxebarria ha asegurado que “la ciudad debe apoyarse en la memoria democrática para seguir avanzando y, al mismo tiempo, incorporar más nombres de mujeres al callejero”.

En el mismo plan está previsto, igualmente, que el Ayuntamiento también sustituya el nombre de la calle de Juan de la Cierva, en el parque tecnológico de Miñano, por el de la bioquímica Margarita Salas. Sin embargo, no se actuará, por ejemplo, en la calle de José Lejarreta, falangista y segundo alcalde en la dictadura, o en la de Carmelo Ballester, obispo también en ese período y que llegó a participar en actos de homenaje a la Alemania nazi. El caso de otro regidor, Pedro Orbea, ni siquiera ha sido considerado por los expertos.

Quiénes eran los “pintores”

Carlos Sáez de Tejada fue un ilustrador y muralista de familia diplomática con orígenes en Laguardia, en la Rioja Alavesa. En la Guerra Civil, trabajó para la propaganda franquista, con sede en Salamanca, con dibujos y publicaciones alegóricas. La Fundación Francisco Franco pone en valor su labor en defensa de la “cruzada”. Ilustró incluso publicaciones del propio dictador o el 'Cara al sol', el himno falangista. Pero también 'Platero y yo' de Juan Ramón Jiménez, Nobel de literatura y exiliado tras el golpe de Estado. Un hotel de Vitoria luce uno de sus murales más conocidos, el que hizo para la antigua fábrica de naipes Heraclio Fournier. El Ateneo Republicano, promotor de estos cambios de nombres, entendió que retirarle la calle “no impide” su “reconocimiento” artístico.

De su lado, Vicente Abréu, aunque aparecía como “pintor y recibió su calle en la transición entre la dictadura y la democracia con una corporación encabezada por Alfredo Marco Tabar, de UCD, era un militar nacido en Vitoria. Fue miembro de la Unión Militar Española (UME, sin nada que ver con la actual unidad del Ejército de Tierra) en la II República. Este grupo ”conspirativo“ -en definición del historiador Antonio Rivera- quería derrocar el régimen constitucional. Abréu colaboró con Camilo Alonso Vega en la sublevación. Alonso Vega, amigo personal de Franco, era el máximo mando militar en Vitoria en julio de 1936 e hizo que Vitoria fuera la primera capital conquistada por los golpistas. A finales de 1936, Abréu ya era gobernador militar de Álava y presidió Consejos de Guerra que acabaron en fusilamientos y detenciones. En un período breve, en 1943, presidió la Diputación. Fue designado como ”hijo predilecto“ de Vitoria por el alcalde José Lejarreta. Una entidad social apoyada Ayuntamiento, Diputación y Fundación Vital, la Fundación Vicente Abréu, lleva el nombre de este personaje por estar ubicada su sede en esa calle.

El PNV presiona a la SEPI para que busque una salida para Tubos Reunidos y sea “flexible” con la deuda de 150 millones de euros que la empresa mantiene con el organismo público. En los últimos días, diferentes cargos nacionalistas como el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, o la diputada de Desarrollo Económico de Álava, Saray Zárate, han emplazado a los dirigentes de SEPI a estudiar posibilidades que permitan que los posibles compradores de la empresa vasca, en pleno proceso de concurso de acreedores, no tengan que asumir esta deuda de la empresa.

La SEPI ha advertido esta semana de que no es posible una condonación de la deuda porque se consideraría una ayuda de Estado. Lo ha hecho con un informe en la mano de la Comisión Europea remitido al administrador concursal, que parece haber sorprendido a instituciones y a posibles compradores, pese a que desde el organismo público se ha advertido desde que empezaron a hacerse evidentes las dificultades de la empresa que la llevaron al concurso de acreedores, de que la condonación de la deuda, 150 millones de dinero público no era una opción factible y de que solo podía negociar aplazamientos en los pagos.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, ha pedido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que sea “flexible” con esa deuda porque de no ser así “abocará a la empresa a una salida que no tiene retorno”. Ha considerado que la opinión de Bruselas que apunta a que no sería factible una quita “no es definitiva” y ha recordado que “esta parte de la Comisión la lleva Teresa Rivera” socialista y exministra, insinuando un cierto componente político en el informe. “No es una posición definitiva”, ha dicho, y ha adelantado que hablará con la sociedad estatal “para poder sacar a Tubos Reunidos adelante”.

De igual forma la diputada de Desarrollo Económico de Álava, Saray Zárate, insistía en que “lo fundamental para la actividad siga adelante es la reestructuración de la deuda con la SEPI”. “Si no es así está abocada a un cierre. Hablamos de 1.000 empleos”, puntualizaba, señalando la importancia del impacto que supondría el cierre de la empresa, aunque parece que todas las ofertas por Tubos Reunidos contemplan reducción de plantilla en una cantidad aún por determinar.

Al parecer, los cinco posibles inversores que pujan por la empresa hicieron sus ofertas dando por sentado que esta deuda no existiría. “Ha sido una sorpresa para ellos y están muy preocupados porque dicen que las ofertas que hicieron ellos estaban condicionados a que esta deuda no existiese”, confirmaba Jauregi. De hecho, a partir de la próxima semana los ofertantes iban a comenzar a reunirse con los comités de empresa. El primer encuentro estaba fijado para este lunes entre el comité de Trápaga y el grupo indio Welspun, que lo ha aplazado para analizar la situación en torno a la deuda con la SEPI. 

La propia dirección de la empresa y la administración concursal señalaban en un comunicado interno que “ninguno de los oferentes ha solicitado una condonación de la deuda de SEPI”, pero que la “la petición de todos ellos es que esta deuda no sea asumida por las unidades productivas que se adquieran y, por tanto, por los oferentes”. Sin embargo, la SEPI considera que “la deuda debe ser asumida por las unidades productivas transmitidas y, por este motivo, ha presentado una opinión preliminar de los servicios de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea”, aunque la dirección de la empresa insiste en que dicho informe “no tiene carácter vinculante y no representa la posición definitiva de la propia Comisión”.

Frente a este informe presentado por la SEPI, los informes elaborados por la administración concursal califican la deuda de la SEPI como “subordinada, por tratarse de un préstamo participativo”. Esto implicaría que “la deuda no debe ser transferida con las unidades productivas”. No obstante, reconoce que “en último término, habrá que estar a lo que decida el Juzgado competente del concurso”.

El hecho de que se considere la deuda de la SEPI como subordinada, supondría que quedaría a la cola en el cobro de los créditos, una vía que ya se barajó en el momento en el que se declaró en concurso de acreedores, cuando ya el organismo público dejó claro que no era factible una quita porque supondría un trato de favor respecto a otras empresas que también ha recibido estos créditos y los han pagado o los están pagando. Algunas de estas empresas, también en dificultades, han pactado aplazamientos en los pagos.

En cualquier caso, ahora está en manos de la jueza María Teresa Trinidad Santos, titular del juzgado de lo Mercantil de Vitoria, la decisión de si se establece con los acreedores una quita de la deuda entra en ella el crédito de la SEPI, o al menos una parte de él, aquel que tenga consideración de crédito ordinario y que, por lo tanto, no tenga privilegio de cobro.

Este crédito supuso el rescate de la empresa en 2021, con 112,8 millones de euros concedidos por el Estado a través Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), constituido para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de COVID-19, que ahora superan ya los 150 millones por los intereses. La concesión de este crédito está siendo investigada ahora por la Audiencia Nacional, ante la sospecha de que el expresidente de Sepi, Vicente Fernández Guerrero, que fue asesor de Tubos Reunidos un tiempo, mediara a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo. La investigación sigue si curso pero está en este momento en pausa, ya que comparte causa con todo lo relacionado con las denominadas 'cloacas' del PSOE y es eso lo que está avanzando en estos momentos.

El calendario del Baskonia en la Euroliga de baloncesto incluye la visita a Vitoria de dos equipos israelíes, ambos de Tel Aviv: el Hapoel jugará en el Fernando Buesa Arena el 17 de noviembre y el Maccabi lo hará el 4 de diciembre. El colectivo Palestinarekin Elkartasuna ha exigido que ambos encuentros se suspendan para evitar que Israel pueda, a través del deporte, “lavar su imagen y normalizar sus crímenes”. Mira a la Euroliga, un torneo privado al que acusa de “complicidad con el Estado sionista”; a la dirección del Baskonia, por no negarse a jugar, y a las instituciones (Gobierno vasco, Diputación de Álava y Ayuntamiento de Vitoria), por no suspender los partidos y por permitir que se disputen en sus instalaciones.

Palestinarekin Elkartasuna —que ha escenificado sus exigencias esta semana con la lectura de un comunicado frente a la tienda que el grupo Saski Baskonia-Deportivo Alavés regenta en el centro de la ciudad— subraya que Israel usa a estos equipos para presentarse como “un Estado moderno”, de tal manera que separa “su imagen de lo que es en realidad: una entidad colonial y supremacista” que desarrolla, inciden, un “proyecto genocida”. “Frente a los cómplices mediáticos e institucionales que han dejado de hablar de Palestina y, cuando lo hacen, hablan de un proceso de paz que no existe, y así tratan de desmovilizarnos, no vamos a normalizar la presencia de embajadores deportivos de Israel”, han clamado, tanto en castellano como en euskera.

El colectivo lamenta que ninguno de los actores tiene “interés real en frenar las relaciones” con Israel. “Durante décadas y después de un genocidio retransmitido en vivo y en directo, no solo no han tomado ninguna medida para deslegitimar a Israel, sino que siguen manteniendo las complicidades. Estos partidos son un ejemplo de ello”, aseveran. Al club le dicen que “la única respuesta aceptable es que no se jueguen esos partidos”.

Las reivindicaciones a favor de Palestina han sido una constante en los últimos años durante las visitas de los equipos israelíes. En 2024, cientos de banderas palestinas inundaron el pabellón y a ellas se sumaron cánticos de “Israel, genocida” y “Estado sionista, Estado terrorista”. Durante aquella visita, el equipo de Tel Aviv estuvo blindado por la Ertzaintza, que custodió el hotel e hizo un despliegue especial.

Ya en 2026, durante la pasada temporada, los partidos ante ambos equipos se disputaron a puerta cerrada, sin que los aficionados pudiesen acercarse a las gradas del pabellón de Zurbano. La dirección del Baskonia achacó la medida excepcional al “contexto”. Aun así, también hubo despliegue especial de la Ertzaintza, que de cara al encuentro contra el Maccabi, por ejemplo, movilizó a 150 agentes adicionales.

Las altas temperaturas del verano han dejado decenas de quejas por el calor en el transporte público de Euskadi, al menos en la parte gestionada por el Gobierno vasco. Los usuarios han denunciado el funcionamiento deficiente del aire acondicionado en tranvías, trenes y autobuses, mientras que las olas de calor también han provocado averías, cancelaciones de servicios y problemas en las vías. La documentación remitida por la consejera de Movilidad, Susana García Chueca, a la parlamentaria Amancay Villalba Eguiluz, de EH Bildu, recoge más de 180 reclamaciones en los distintos servicios de transporte y temperaturas de hasta 40 °C en los vagones del tranvía de Vitoria, por ejemplo.

La parlamentaria de EH Bildu pidió información a la consejera García Chueca sobre las incidencias registradas durante el verano, el número de usuarios afectados y las medidas adoptadas para hacer frente a las altas temperaturas. En su respuesta, fechada el 15 de octubre, la consejera ha explicado que las unidades se retiran del servicio cuando presentan fallos de climatización y ha reconocido que no es posible concretar cuántos viajeros se han visto afectados. Según ha señalado, algunas incidencias se resolvieron sustituyendo rápidamente los vehículos o trasladando a los pasajeros al siguiente convoy, aunque sí quedaron registradas las quejas recibidas.

El tranvía de Vitoria concentra el mayor número de reclamaciones, con 85, seguido de los trenes de Euskotren en Gipuzkoa, con 38, y del servicio Lottu, las antiguas Cercanías de Renfe, con 33. En el tranvía de Bilbao se han registrado 11 quejas, la misma cifra que en los trenes de Euskotren en Bizkaia. A estas se suman siete reclamaciones en las líneas de autobús: tres en Bizkaia y cuatro en Gipuzkoa. Las quejas de los usuarios se han centrado principalmente en la ausencia o el mal funcionamiento del aire acondicionado y las molestias provocadas por el calor dentro de los vehículos. Estos datos no incluyen los servicios forales, municipales o estatales.

Los registros técnicos muestran que las temperaturas llegaron a los 35, 37 y hasta 40 grados en los vagones del tranvía de Vitoria, mientras que en las cabinas de conducción alcanzaron los 44 °C. Durante la ola de calor del 22 de junio, la compañía redujo a la mitad la frecuencia del tranvía para poder enfriar los vehículos en cocheras y rotarlos en cada vuelta. La medida provocó la supresión de 37 servicios. El tranvía de Bilbao también tuvo que cancelar circulaciones durante las jornadas de calor intenso.

Las altas temperaturas afectaron, además, la infraestructura de los trenes. El 24 de junio, ocho unidades de Euskotren sufrieron averías simultáneas en convertidores, cargadores de batería y sistemas de climatización. También, cuando las temperaturas ambientales superaban los 32 °C y había radiación solar, los raíles de las vías podían dilatarse y deformarse, un fenómeno conocido como 'garrotes'. Estas incidencias obligan a establecer limitaciones temporales de velocidad y a realizar trabajos de alineación, nivelación y liberación de tensiones cuando bajan las temperaturas.

Ante la repetición de estos episodios y la posibilidad de volverlos a vivir durante el próximo verano, García Chueca menciona que Euskotren ha unificado sus medidas de actuación frente al calor en un protocolo aprobado por su Comité de Dirección. El documento contempla actuaciones para reducir los riesgos tanto para los viajeros como para la plantilla, entre ellas retirar del servicio las unidades que no tengan una climatización adecuada. También identifica instalaciones especialmente vulnerables al calor, como la estación de Kukullaga, en el municipio vizcaíno Etxebarri, donde se ordenará retirar al personal debido a las altas temperaturas acumuladas bajo la cubierta.

La magistrada de lo social de Donostia Saioa Irigaray ha dictado una sentencia en la que condena a la empresa Ambulancias Gipuzkoa, adjudicataria del servicio externalizado de transporte sanitario de Osakidetza en ese territorio y también en Álava, por utilizar trabajadores asignados al contrato guipuzcoano para atender tareas del alavés que también están pagadas y cubiertas con el presupuesto que reciben de la Administración. El fallo no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia.

El contexto de este conflicto laboral hay que buscarlo en la crisis con la empresa catalana Grup La Pau. En noviembre de 2024, después de meses de sanciones, impagos y otras irregularidades, Osakidetza rescindió anticipadamente el contrato que le unía con ella. Grup La Pau gestionaba las ambulancias de Bizkaia y de Álava, tanto las urgentes como las programadas. Como solución de emergencia, sin concurso, el Gobierno vasco extendió el radio de acción de Ambulancias Gipuzkoa, la contratista guipuzcoana, para que atendiera también la zona de Álava. Para Bizkaia, en cambio, se creó 'ad hoc' la marca Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (llamada Sanir) y la local Baztan-Bidasoa.

El sindicato ELA, el mayoritario en el comité de Ambulancias Gipuzkoa, denunció ante los tribunales que, a comienzos de 2025, la empresa había modificado sustancialmente las condiciones del personal coordinador de la empresa, cuya base está en Urnieta. A estas 18 personas, además de sus labores de gestión de llamadas y de otras incidencias en Gipuzkoa, se les añadieron tareas similares de Álava. Se trata de lotes distintos y, por lo tanto, Osakidetza paga por ese servicio de forma separada, por lo que se podría dar también un lucro inadecuado. La central LSB-USO apoyó la demanda.

El fallo señala claramente que Ambulancias Gipuzkoa ha de “reponer” a esos trabajadores a las “condiciones laborales que venían disfrutando con anterioridad”. La “decisión empresarial” de darles trabajo de Álava a los operadores de Gipuzkoa es “injustificada y no ajustada a derecho”, se puede leer en la sentencia. De hecho, la resolución indica que la propia empresa ha asumido los hechos, aunque aportó un informe en el que veía “residual” el incremento de trabajo, de un 8-10%. El fallo señala que el informe en un “documento Word” sobre los cambios de trabajo no es válido porque ni tiene sellos o firmas y se añade que el servicio en Álava es “claramente diferenciado” del de Gipuzkoa, “con presupuesto y personal definido”, por mucho que la empresa sea ahora la misma. Se desestiman también las peticiones de cortocircuitar la demanda por defectos de forma, algo también planteado por los abogados de la compañía.

Tensión y cargas policiales este viernes en el barrio de Sansomendi de Vitoria ante un desahucio, que ha congregado a varios centenares de manifestantes. Alumnos de varios colegios han abandonado las clases para sumarse a las protestas en solidaridad con la familia, que habían empezado ya en la tarde de este jueves con una acampada. Los antidisturbios de la Ertzaintza y agentes de la Policía Local, que han llegado después, han cargado en varias ocasiones y varios manifestantes han resultado heridos. Se han volcado contenedores de vidrio y arrojado botellas y otros objetos. Según datos de la Policía vasca, hay dos detenidos, uno de 26 años y otro de 17. Pasadas las 13:00 horas, tras cuatro horas de enfrentamientos más o menos velados según el momento entre la Policía y los manifestantes, la familia ha abandonado la vivienda.

Se trata de una familia con seis hijos menores de edad, ocho personas en total, que reside de alquiler y está al corriente de pagos. El desahucio estaba previsto para la mañana de este viernes, después de que el desalojo se hubiese ido retrasando a lo largo de los últimos años, en los que el asunto ha estado sumido en litigios en los tribunales. El periódico 'El Correo' ha apuntado que la familia propietaria también es “vulnerable”. Desde la noche de este jueves, se había organizado una acampada para evitarlo, a la que se habían sumado decenas de personas.

Ya este viernes, uno de los hijos oteaba desde la ventana de la casa, viendo llegar a decenas y decenas de personas más. Una abundante columna, nutrida de estudiantes de colegios de la zona, ha llegado hasta el lugar en el que estaban instaladas las tiendas de campaña y se ha unido a la protesta, coreando consignas como “Borroka da bide bakarra” (“La lucha es el único camino”, en euskera). “PSOE, ¿dónde está la alternativa?”, se leía en una colgadura. En la ciudad, gobierna el PSE-EE en coalición con el PNV.

Ante la llegada de la Ertzaintza, poco antes de las 10:00, decenas de manifestantes se han concentrado ante el portal. Los han desalojado muy rápido. “Ser policía vergüenza me daría”, coreaban. “Policía asesina”, les han cantado también. Y “estos delincuentes desahucian a la gente”. Los momentos de tensión se han recrudecido cuando la primera línea de los manifestantes ha tratado de volver a avanzar. Se han volcado contenedores para arrojar objetos a los antidisturbios de la Brigada Móvil. Ha habido cargas y varios manifestantes han resultado heridos. La zona alrededor del edificio ha quedado perimetrada por la Ertzaintza, con los manifestantes divididos a un lado y otro. “Asesinos a sueldo, abuso de poder”, coreaban los manifestantes.

El desahucio se ha consumado en torno a las 13:30 horas, entre protestas. Varias dotaciones de comisarías de la Ertzaintza de fuera de Vitoria han reforzado la guarnición inicial. Varios manifestantes habían accedido a la vivienda, en la que esperaban a los antidisturbios acompañando a la familia. Al salir, se han escuchado disparos de 'foam'.

El Sindicato Socialista de Vivienda, impulsor de las protestas, ha denunciado “violencia policial” y ha apuntado a al menos cuatro detenidos y decenas de heridos. Se ha convocado una manifestación para la tarde de este viernes, que discurrirá desde las 19:00 horas desde la plaza de la Virgen Blanca, con el lema “Contra todos los desahucios y la represión policial”.

El Departamento de Seguridad, pr su parte, ha acusado a varias personas de lanzar “botellas y objetos contra agentes”. “Un grupo de concentrados ha comenzado a lanzar botellas, petardos y bolsas con orines contra los agentes, que, primeramente, han disparado varias salvas al aire y, después, han tenido que hacer uso de material antidisturbios y de los bastones policiales para contener la agresión”, ha señalado en una nota. Cifran en 58 las personas identificadas y apuntan a diecinueve agentes heridos, de los que una decena han requerido asistencia sanitaria.

“Hemos buscado dentro y fuera”

Uno de los hijos de la familia había comparecido este jueves ante los medios de comunicación para explicar el caso. “Hemos acudido a todas las inmobiliarias, hemos buscado dentro y fuera de Vitoria, pero en todas partes nos han cerrado las puertas”, explicaba. “Hemos ido a pedir ayuda a asociaciones de Vitoria y todas nos han dirigido a los Servicios Sociales, a los que hemos acudido muchísimas veces, y ahí también han dicho que no pueden hacer nada y no nos ofrecen ninguna alternativa”, relataba, asegurando que lo único que se les ha ofrecido es “una hoja con apartamentos turísticos”. La familia pide alternativas a las instituciones, para no acabar en la calle. De su lado, el diario 'El Correo' ha apuntado que la familia propietaria también es “vulnerable”.

El Ayuntamiento, en una nota publicada este viernes, ha explicado que a la familia se “le ha ofrecido la única alternativa posible disponible, una acogida de urgencia y provisional en un recurso social, que ha rechazado”. Los Servicios Sociales, ha señalado el Consistorio, “no disponen de viviendas para adjudicarlas directamente”.

“Esta familia se encuentra en situación de vulnerabilidad, por lo que desde hace años las administraciones públicas le prestan ayuda para afrontar tanto su situación económica como social. Por respeto a la intimidad de la familia, el Ayuntamiento no va a dar información de su expediente. El compromiso es seguir trabajando dentro de las competencias municipales, ofreciendo la respuesta social en función de sus necesidades”, ha añadido el Ayuntamiento.

“Absoluta dejadez”

Las reivindicaciones de la familia han contado con el respaldo del Sindicato Socialista de Vivienda. Ane Mendiguren, en representación del sindicato, denunciaba ante los medios la “absoluta dejadez” del Gobierno municipal, compuesto por PSE-EE y PNV. “A menos de 24 horas del desahucio de ocho personas, seis de ellas menores de edad, todavía no han dado ningún tipo de respuesta, ni se han pronunciado, no les han dicho nada ni a la familia ni al Sindicato Socialista de Vivienda”, se quejaba este jueves.

Desde este jueves, había alrededor de un centenar de personas acampadas frente al portal en el que estaba previsto el desahucio. En torno a las tiendas, se han celebrado conciertos (con la música de Kiliki, de Chill Mafia, y Kullen) y se ha organizado incluso una chocolatada.

El sindicato Erne, por su parte, ha echado en cara al Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, encabezado por el consejero Bingen Zupiria, una “nula previsión” y una “deficiente organización”. “Era una situación que se veía venir desde [el jueves], pero, una vez más, la falta de planificación ha obligado a movilizar precipitadamente efectivos policiales desde diferentes puntos de Euskadi”, se ha quejado la central. “¿Por qué no se planificó con antelación un dispositivo adecuado? ¿Por qué se espera al último momento para movilizar recursos?”, se pregunta en una nota hecha pública este viernes.

Erne ha exigido responsabilidades y que se ejecute una planificación “seria” de los dispositivos policiales. “Esta improvisación no solo pone en riesgo la integridad de nuestros compañeros y compañeras, sino que puede comprometer la seguridad de otras localidades al retirar efectivos de sus demarcaciones”, ha protestado.

Hay decisiones que superan una legislatura, una institución o incluso una generación. Decisiones que determinan cómo serán nuestras ciudades dentro de cincuenta o cien años. Cómo llegue la alta velocidad a Vitoria-Gasteiz es una de ellas.

A lo largo de los últimos años, todas las instituciones alavesas hemos compartido y trabajado con el mismo objetivo: la llegada del ferrocarril y su integración en nuestra ciudad debía realizarse de forma soterrada, tal y como se había acordado en los sucesivos convenios firmados. No se trataba de una ocurrencia, ni de una reivindicación política, ni de una demanda desconocida. Se trataba de transformar Vitoria-Gasteiz aprovechando una oportunidad que probablemente no se vuelva a producir en décadas, eliminando una barrera física que divide la ciudad y que posibilitaría el desarrollo de nuevos espacios urbanos, económicos y sociales para nuestra capital.

La semana pasada se reunió, tras la petición que realicé al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Consejo de Administración de la Sociedad Alta Velocidad Vitoria-Gasteiz. No voy a ocultar mi intranquilidad porque este consenso político inicialmente compartido de ejecutar el soterramiento en Vitoria-Gasteiz pueda verse cuestionado o relegado. Y creo que los alaveses y las alavesas merecen una reflexión serena sobre lo que esto puede significar.

Porque cuando hablamos del soterramiento no estamos hablando únicamente de infraestructuras ferroviarias. Estamos hablando de ciudad. Estamos hablando de cohesión urbana. Hablamos de construir una ciudad más habitable, más cómoda, de unir barrios, generar espacios para viviendas y personas, de crear oportunidades económicas. En definitiva, de transformar Vitoria-Gasteiz.

La llegada de ferrocarril de alta velocidad a otras ciudades europeas o del Estado ha supuesto un cambio profundo en su trama urbana. No ha resuelto sólo un problema de movilidad. Ha servido para mejorar la ciudad y hacerla más habitable, más conectada y más competitiva.

Ese era precisamente el espíritu con el que se planteó el proyecto para Vitoria-Gasteiz.

Es cierto que el coste es importante. También es cierto que las administraciones públicas debemos gestionar con rigor los recursos disponibles y que habrá dificultades técnicas. Pero no hay que olvidar que hablamos de un proyecto para décadas.

Precisamente por la trascendencia de esta decisión, debemos preguntarnos cuál es el coste de la alternativa. Porque las oportunidades perdidas también tienen un precio.

Renunciar al soterramiento puede hipotecar durante décadas la posibilidad de una transformación urbana que difícilmente volverá a presentarse. Las infraestructuras ferroviarias tienen una vida útil de generaciones. Lo que hagamos o no hagamos ahora condicionará a quienes vivan en Vitoria-Gasteiz dentro de muchos años.

Por eso me preocupa especialmente que el debate se esté planteando únicamente en términos económicos. Es un factor importante, sin duda, pero no puede ser el único. Es necesario ampliar la mirada y ser ambiciosos.

Cuando una sociedad afronta una decisión estratégica debe preguntarse no solo cuánto cuesta una actuación, sino también qué beneficios aporta y qué ciudad desea construir para el futuro.

Álava ha demostrado históricamente ambición cuando se trataba de defender proyectos transformadores. Apuestas como la recuperación del aeropuerto de Foronda, la apuesta por la logística, inversiones en industria o el Parque Tecnológico han creado miles de empleos, y cuando nacieron también parecían difíciles o costosas.

Gracias a estas apuestas compartidas, Álava es hoy un territorio más fuerte, más competitivo, con mayor bienestar y más oportunidades.

El soterramiento constituye, como las anteriores, una inversión estratégica. Y tenemos la obligación de hacerla posible. Se trata de una inversión que no solo beneficiaría a quienes utilizan el tren, sino al conjunto de la ciudad y de la sociedad alavesa.

Lamento profundamente que nos estemos alejando de ese horizonte. Lo lamento porque creo sinceramente que estamos ante una oportunidad histórica. Y no la podemos dejar pasar, porque raramente vuelven.

Estamos aún a tiempo de reflexionar, de no desviarnos del consenso inicial y de analizar fórmulas que hagan realidad esta aspiración. Las grandes transformaciones nunca han sido sencillas. Exigen determinación, diálogo institucional y visión de largo plazo.

Como Diputado General tengo la obligación de defender lo que considero mejor para Álava y para las generaciones futuras. Así ha sido durante estos años y con este objetivo seguiré actuando.

El soterramiento del ferrocarril en Vitoria-Gasteiz es una decisión sobre el modelo de territorio que queremos legar a quienes vendrán después. Y sobre estas decisiones nos valorarán.

Por eso sigo convencido de que Vitoria-Gasteiz merece aprovechar plenamente una oportunidad que solo se presenta una vez.

La selección vasca de pelota, que se está estrenando en el Mundial que se celebra en Argentina y Uruguay, ha conseguido sus dos primeras medallas: una de oro masculina y otra de plata femenina, ambas en la modalidad de cesta punta. Xabier Barandika y Unai Lekerika participaban en cesta punta en frontón de 54 metros y se han impuesto a los estadounidenses (aunque procedentes de Biarritz) Johan y Gorka Sorozabal. En la final femenina, en un frontón de esas mismas dimensiones, Maia Goikoetxea y Maite Ortiz de Mendívil han perdido ante Erika Mugartegui y Arai Lejardi, también vascas pero que representan a España. Los partidos se han disputado en el frontón Real de San Carlos de Colonia del Sacramento, en Uruguay.

El Gobierno vasco se ha congratulado de que Euskadi ha hecho “historia” con estas dos primeras medallas. “Estamos viviendo un momento histórico. Estas son las primeras medallas que Euskadi conquista en un Campeonato del Mundo compitiendo oficialmente como selección propia, y eso les otorga un valor deportivo y simbólico extraordinario. Detrás de estos logros hay años de trabajo, esfuerzo y perseverancia por parte de deportistas, federaciones e instituciones”, ha señalado Gorka Iturriaga, director de Actividad Física y Deporte.

La selección vasca, que está participando en un Mundial por primera vez, está representada en el torneo por 41 deportistas que compiten en diversas modalidades. “La oficialidad deportiva no es un objetivo en sí mismo, sino una herramienta para que nuestros y nuestras deportistas puedan competir representando a Euskadi allí donde les corresponda hacerlo. El Gobierno Vasco ha acompañado este camino convencido de que el deporte vasco merece tener presencia propia en los ámbitos internacionales, y jornadas como la de hoy demuestran el enorme potencial de nuestras selecciones”, ha añadido Iturriaga.