La localidad guipuzcoana de Eibar lleva casi una década, desde el año 2018, sin celebrar la sokamuturra, un festejo taurino popular tradicional de Euskadi que consiste en soltar una vaca o novillo por las calles, atado a una soga. Ahora los va recuperar en las fiestas de San Juan. Y el asunto ha abierto una brecha en el Gobierno local, de PSE-EE y PNV, que ya se han enfrentado en el municipio en otras ocasiones.

Este año, al igual que se hace en municipios como Durango, Azpeitia, Tolosa, Pasaia o Getxo, el Ayuntamiento con el PSE-EE al frente ha decidido retomarlo en su programa de fiestas con tres sesiones organizadas para el 21, 24 y 25 de junio. Con el objetivo de que se cancelen y en su lugar se propongan actividades “libres de maltrato animal”, se han debatido este jueves en un pleno extraordinario dos mociones. Una ha sido presentada por la plataforma ciudadana Sokamuturra Ez Eibar a través de los grupos municipales EH Bildu y Elkarrekin (coalición de Podemos, IU y Equo), y otra alternativa la ha presentado el PNV.

La moción de los partidos de la oposición, además de la cancelación de la sokamuturra, proponía además que el Ayuntamiento “no vuelva a organizar, financiar, subvencionar ni colaborar con actos en los que exista maltrato animal”, y que los criterios de programación festiva se acuerden en la Comisión de Fiestas con cauces de participación ciudadana. Además, en la moción se instaba al Consistorio a “organizar actividades lúdicas, musicales o de otra índole” en sustitución de la sokamuturra. Sin embargo, no ha sido aprobada, ya que ha contado con los votos en contra del PNV y el PSE-EE y la abstención de EH Bildu. En su lugar, se ha aprobado la presentada por el PNV, con los votos a favor de EH Bildu y la abstención de Elkarrekin, aunque la votación de las propuestas no tiene un carácter vinculante, por lo que la decisión final de mantener o anular el festejo sigue en manos del equipo de gobierno local. Y todo apunta a que sí o sí habrá festejos taurinos, puesto a que la primera sokamuturra está organizada para dentro de cuatro días, el próximo domingo 21, aunque se espera que el alcalde, Jon Iraola, este viernes realice declaraciones confirmando este extremo.

La moción aprobada se compone de cuatro puntos, que se basan en la apertura de un diálogo sobre el regreso de la sokamuturra, un proceso de participación y consulta ciudadana sobre este tema, decidir si es conveniente o no volver a tener el festejo taurino y tomar la decisión desde el consenso. “Hace casi una década, en este Ayuntamiento, en este mismo salón de plenos, se adoptaron por unanimidad acuerdos para abrir una reflexión sobre la presencia de animales en los festejos y fruto de ese proceso se consolidó en la práctica una línea de actuación que ha llevado a que durante todos estos años no se incluyera el uso de animales en la programación festiva. No estamos, por lo tanto, en nuestra opinión, ante una decisión aislada, sino ante una alteración de una trayectoria que se había mantenido de manera continuada en el tiempo”, ha argumentado el concejal del PNV, Alberto de la Hoz.

Según ha destacado, en su moción no están planteando el debate “en términos de posicionamiento ideológico a favor o en contra de una actividad concreta”. “Lo que planteamos es una cuestión de responsabilidad institucional. Debatir si en este momento, en este contexto y en estas condiciones se dan las circunstancias adecuadas para su celebración, con normalidad, con consenso y con convivencia y más a las puertas de Sanjuanes. No pretendemos imponer una decisión ni cerrar el debate en falso. Pretendemos abrir un espacio de diálogo real entre el Ayuntamiento, los grupos políticos, los agentes sociales y la ciudadanía para recoger de forma ordenada las diferentes sensibilidades existentes que hoy constatamos. A partir de este proceso podamos estudiar y valorar con serenidad la idoneidad de incorporar esta actividad también en las próximas fiestas, priorizando en todo momento la convivencia, la seguridad y el normal desarrollo de las mismas. Porque no podemos permitir que unas fiestas que deben ser de encuentro se conviertan en un espacio de confrontación”, ha apuntado.

Tras estas palabras, la concejala del PSE-EE Vanesa Hortas ha criticado que “un Gobierno de coalición” como el que mantienen los dos partidos tanto en el Ayuntamiento de Eibar como en el Gobierno vasco y otros municipios “no funciona así”. “Estáis en coalición con nosotros y sinceramente, considero que el Gobierno en coalición no funciona así. No es de recibo que mientras que estéis con nosotros gobernando, estéis articulando y forméis parte de una solicitud de un pleno extraordinario para debatir temas que competen a una de las áreas que gestionamos nosotros. Además, es que resulta paradójico que aquí abráis debates, habléis de falta de contraste por un lado, y luego en el Parlamento Vasco estéis promoviendo una proposición no de ley para bajar la edad de participación en estos eventos. No hay más que ver los municipios que en los que gobernáis, que son muchos, el tipo de eventos que se realizan. ¿Por qué un debate en Eibar y no en otros lugares? Me gustaría que fuerais más coherentes y que vierais un poco vuestro grado de responsabilidad en este caso, porque bueno, en el resto de municipios en los que apoyamos vuestros gobiernos nosotros también podemos empezar a abrir mociones y debates sobre este punto o sobre otros puntos”, ha lamentado.

La concejala del PSE-EE se ha referido así a la ley que aprobará la semana que viene el Parlamento, promovida conjuntamente por socialistas y nacionalistas y que busca el fomento de la tauromaquia entre los jóvenes. Se votará en la Cámara el 25, es decir, justo coincidiendo con las actividades programadas en Eibar.

Hortas ha comenzado su intervención en el pleno leyendo un texto de “la juventud” de Eibar, sin especificar de cuántas personas se trata, a favor del regreso de la sokamuturra apelando a la tradición. “Estas palabras han sido escritas por algunos jóvenes de Eibar que creemos en la continuidad de la Sokamuturra y que deseamos que esta tradición tan ligada a la historia y a las fiestas de nuestro pueblo, siga formando parte de ellas en el futuro. No hablamos en nombre de ningún partido político ni de ninguna ideología. Hablamos como jóvenes eibarreses que sentimos la sokamuturra como parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestras raíces. Y lo hacemos desde el respeto hacia todas las opiniones, pero también desde la convicción de que una tradición con más de dos siglos de historia merece ser escuchada y respetada. No venimos aquí para enfrentarnos con nadie, ni para entrar en debates políticos. Venimos simplemente a defender algo que consideramos nuestro, algo que pertenece al pueblo de Eibar y que ha pasado de generación en generación durante más de dos siglos. Los primeros testimonios documentados de la Sokamuturra en Eibar se remontan al año 1815. Han pasado más de 200 años desde entonces y durante todo este tiempo, nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros antepasados han mantenido viva una tradición que forma parte de la identidad de nuestro pueblo. Hace diez años se perdió la sokamuturra. Fueron muchos los aficionados y vecinos que se sintieron aquella desaparición como la pérdida de una parte de sus fiestas”, ha leído la concejala del PSE-EE, justificando la decisión de retomar la fiesta taurina en el programa de este año.

Una decisión que según la oposición ha sido tomada de “forma unilateral”. Desde Elkarrekin, Isabel Fernández, ha criticado que “no se trata de una tradición inocente”. “Por lo visto, como es tradición, tenemos que seguir con ello sí o sí. Si siguiéramos otras tradiciones estaríamos quemando todavía brujas, prohibiendo a las mujeres leer o poniendo gansos vivos en Lekeitio. No es una tradición inocente, es un entrenamiento en la falta de empatía. Es decirle a una criatura de ocho o nueve años 'mira, ese animal tiene miedo, o está desorientado o le tiran de la cuerda, le gritan, le persiguen y es divertido'. Pues a nosotras no nos parece divertido. Y es más, se les acostumbra a los menores a que espectáculos violentos, a aceptar la violencia y a maltratar a los más vulnerables. Curiosamente, por lo general participan solo hombres, ya que es una expresión perfecta del modelo de masculinidad hegemónica en el que el ser hombre se basa en la fuerza, la competitividad, la agresión y el control. La vaquilla o el becerro no es un depredador salvaje porque está atado con las astas protegidas y está agotada. Es un rival que ya ha perdido de antemano, pero se le trata como una amenaza para que la victoria parezca épica y se le somete para sentirse poderoso. ¿Eso es lo que queremos enseñar a nuestras infancias? ¿Queremos transmitir que el espacio público, el riesgo, el dominio sobre los demás y la fiesta son cosas de hombres?”, se ha preguntado la concejala.

Por su parte, desde EH Bildu, la concejala Nerea Barruetabeña ha respondido a las críticas del PSE-EE sobre que en esta ocasión, en Eibar están en contra de la sokamuturra, pero que en otros municipios en los que gobiernan, como Azpeitia o Tolosa, la permiten. “Sabemos lo que nos vaís a decir, que en otros municipios en los que gobierna EH Bildu, estos eventos se producen. Sí, pero la naturaleza, costumbres y particularidades de cada pueblo son distintas y cada pueblo ha vivido sus propias vivencias y procesos. Si queréis saber lo que la gente quiere, ¿por qué no le preguntáis? No, aquí las decisiones se toman de forma unilateral y autoritaria”, ha señalado la concejala que ha lanzado dos mensajes: uno al PSE-EE, diciéndole que con “solo 8 concejales no representan al pueblo entero de Eibar” y al alcalde, Jon Iraola, que este “no es su cortijo” para que tome las decisiones de “forma unilateral”.

Sobre su decisión de votar a favor de la moción del PNV, Barruetabeña ha explicado que ante “la imposibilidad” de haber podido presentar una moción conjunta con el PNV, algo cuyas razones no ha explicado, votan a favor de su propuesta porque consideran que es “la única forma de hacer frente a la actitud autoritaria del PSE-EE y del alcalde de Eibar”. “Ante la decisión tomada de forma unilateral nuestro grupo considera que se necesitan acuerdos y procesos abiertos de partipación, por eso hemos intentado presentar una moción conjunta con el PNV. El pueblo necesita acuerdos, diálogo y escucha activa y que se tenga en cuenta la opinión de todos los ciudadanos y no solo la de unos pocos”, ha concluido la concejala.

Mientras se celebraba el pleno extraordinario, decenas de personas se han manifestado frente al Ayuntamiento de Eibar, al igual que lo hicieron el martes pasado, contra la celebración de la sokamuturra en el municipio guipuzcoano convocados por la plataforma ciudadana Sokamuturra Ez Eibar. “Eibar fue durante casi diez años un municipio sin sokamuturra. Queremos recordar que la desaparición de la sokamuturra en Eibar no fue casual: fue fruto de años de movilización y sensibilización ciudadana que consiguieron avanzar hacia unas fiestas sin animales, llegando incluso a conseguir el cierre de la plaza de toros. Sin embargo, este año el alcalde ha decidido de forma unilateral incluir en el programa festivo no una, sino tres sokamuturras consecutivas, sin consenso social ni político suficiente y utilizando argumentos que consideramos que no reflejan la realidad, como afirmar que la juventud lo ha pedido”, denuncian desde la plataforma animalista.

En este sentido, desde la plataforma insisten en que “el maltrato animal y las prácticas que lo fomentan no deben de ser objeto de debate como no lo es ningún tipo de violencia contra cualquier ser humano” y que “todo tipo de práctica que lo fomente debe ser rechazada y expulsada del espacio público”. “¿Qué mensaje educativo se transmite a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que aprenden de aquello que se normaliza en los espacios públicos? Hay otras alternativas de ocio para reemplazar a la sokamuturra como juegos de cuadrillas o pelota”, sentencian.

La jueza de lo mercantil de Vitoria, María Teresa Trinidad Santos, que se ocupa del concurso de acreedores de Tubos Reunidos, ha iniciado el proceso para intentar la venta de la empresa. En un auto con fecha de este lunes día 15 de junio publica las reglas del proceso para una eventual adquisición, en las que da a los posibles interesados cinco días hábiles de plazo desde la recepción mediante correo de su interés para que presenten la carta de confidencialidad firmada con la que se iniciarán los contactos, visitas y acceso a documentación para que pueda materializarse la venta.

La publicación de las reglas con las que se pone en marcha el proceso, a las que la jueza ordena dar la mayor difusión, se ha conocido este jueves, cuando la matriz de Tubos Reunidos ha entrado oficialmente en concurso de acreedores. Era la sociedad que faltaba de entrar en proceso concursal porque al ser cotizada estaba a la espera de que la CNMV enviara una terna de posibles administradores entre los que la magistrada debería elegir. El administrador concursal de la matriz será PKF-Attest, que es también el designado para el resto de las sociedades del grupo, siete en total, el pasado mes de mayo.

La jueza señala en el auto en que fija las bases de la posible venta que “la transmisión de la empresa insolvente pero económicamente viable”, constituye en principio la solución que “mejor satisface el interés del concurso, entendiendo que desde una perspectiva exclusivamente económica la venta del conjunto es la forma de obtener el mejor valor de mercado de la masa activa en beneficio de los acreedores”. “Al mismo tiempo, además de la mejor satisfacción de los acreedores se pretende mantener la actividad productiva o empresarial con conservación de contratos de trabajo y capacidad de generar rendimientos futuros”, indica.

En cualquier caso, todo este procedimiento está condicionado a que se presenten ofertas por la empresa, que en estos momentos está en el punto de mira por la investigación abierta en la Audiencia Nacional en relación al rescate de la compañía por parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en 2021, valorado en 112,8 millones de euros. Se analiza si se abonaron comisiones ilegales al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y a su grupo Hirurok, conformado también por Leire Díez y Antxon Alonso.

En principio, se priorizarán las ofertas por el conjunto de la empresa, ya que considera que “la transmisión íntegra de la unidad productiva permite garantizar, en mayor medida, la continuidad de la actividad empresarial, la conservación del mayor número posible de puestos de trabajo y la optimización del valor global de los activos transmitidos, evitando riesgos de desagregación, pérdida de sinergias o deterioro del valor económico que podrían derivarse de transmisiones parciales o fragmentadas”. Esto supone que, “sin perjuicio de la admisibilidad de ofertas estructuradas sobre perímetros intermedios, la valoración de las mismas tendrá en cuenta, entre otros criterios, su impacto en la continuidad de la actividad, la cohesión del negocio y la maximización del retorno para el conjunto de interesados, primándose aquellas propuestas que se ajusten al marco máximo y supongan una transmisión unitaria de la unidad productiva o, la compra de todas las compañías”.

En cuanto al procedimiento se estructurará en tres fases. Si hay potenciales compradores lo primero que tendrán que hacer es enviar, en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde la recepción mediante correo, de la carta de confidencialidad debidamente firmada por persona con poder de representación. Esta carta de confidencialidad permitirá la organización de la primera visita a las instalaciones de las sociedades incluidas en el perímetro para que “los interesados formarse un conocimiento directo y suficiente de la realidad operativa, técnica y material de la unidad productiva mixta o de las sociedades objeto de transmisión, facilitando así la formulación de ofertas más fundadas, consistentes y alineadas con el objetivo de maximización del valor en el marco concursal”. Además se abrirá el proceso del potencial comprador tendrá la oportunidad de participar en un proceso de revisión o auditoría legal y financiera de la unidad productiva o sociedades ('Due Diligence').

Una vez los potenciales interesados hayan accedido a la totalidad de la información relevante relativa a las sociedades incluidas en el perímetro, incluyendo, en particular, la documentación de carácter laboral, se les reconocerá la posibilidad de mantener hasta un máximo de dos reuniones, a celebrar en días consecutivos, con los representantes legales de los trabajadores de las plantas de Amurrio, Trapagaran e Iruña de Oca.

Después llegará el periodo de presentación de ofertas de las que se seleccionarán un máximo de cinco que hayan ofertado los precios más altos en sus primeras ofertas y que pasarán a las siguiente fase, con la posibilidad de participar en un proceso de preguntas -un máximo de 30- sobre los aspectos financieros y legales de la unidad productiva. Además, cada potencial comprador seleccionado tendrá la posibilidad de mantener una única reunión con el equipo gestor. A partir de ahí tendrá que presentarse la oferta final, que deberá incluir obligatoriamente las fórmulas de financiación de para asegurar la continuidad de la actividad de la concursada. “Mediante aportaciones dinerarias directas, consistentes en inyecciones de liquidez destinadas a cubrir necesidades de tesorería corriente; o mediante fórmulas indirectas de apoyo financiero, tales como la aportación del suministro o la financiación de la adquisición de bienes, materias primas o recursos esenciales para el desarrollo de la actividad productiva”. “La inclusión de esta exigencia responde a la necesidad de asegurar que todas las ofertas que concurran al proceso incorporen soluciones reales y efectivas de sostenimiento de la actividad, contribuyendo de manera directa a la continuidad operativa en condiciones óptimas, la preservación del tejido productivo y del empleo, la estabilidad del proceso de transmisión y la maximización del valor de la masa activa”, señala el documento.

Los trabajadores del sector de espectáculos de Euskadi amenazan con nuevas huelgas este verano que podrían afectar a los eventos previstos para la época estival. Sin concretar fechas concretas, este viernes han advertido de que los nuevos paros en defensa del convenio coincidirán con el BBK Live y las fiestas de Vitoria, Donostia y Bilbao, lo que podría dejar en el aire parte del programa los cuatro eventos con mayor asistencia de público de la época estival. Serán en principio tres nuevas jornadas de huelga después de que la que llevaron a cabo el pasado 15 de mayo, que han calificado de “rotundo e incuestionable éxito”, no sirviera para acercar posturas con la patronal Euki, en la negociación del convenio.

Los sindicatos Teknikariok, ESK, LAB, CCOO, UGT y ELA han denunciado este jueves el “inmovilismo” de la patronal y el “punto muerto” en el que se encuentran las negociaciones. “No vamos a permitir que se vulneren nuestros derechos ni que se perpetúe la inestabilidad que sufrimos”, han señalado. Según han denunciado, la patronal se niega a desbloquear, lo que consideran “el punto más sangrante” de la negociación y el detonante de la ruptura de las negociaciones: la flexibilidad y la falta de preaviso digno en los calendarios laborales.

“La respuesta por parte de Euki confirma lo que ya temíamos: no tienen la más mínima voluntad real de negociar. La desconexión de la patronal con la realidad es total, afirman sin pudor que este no es un sector precarizado y venden humo escudándose en supuestos 'acuerdos individuales de conciliación', algo que sabemos perfectamente que no se ajusta al día a día de las trabajadoras y trabajadores, dejándolos desprotegidos ante la arbitrariedad de las empresas”, señalan.

Además, los trabajadores denuncian “falta de respeto” por parte de la patronal porque “dicen estar dispuestos a hablar, pero vetan el debate sobre el calendario laboral y los preavisos”. “Su oferta sigue siendo mantener la propuesta inaceptable de sólo cinco días de antelación, pretendiendo que estemos totalmente disponibles bajo el pretexto de su 'diversidad organizativa'”. La línea roja de los sindicatos es contar con un mes de preaviso en la asignación de turnos y horarios. Por ello advierten a los empresarios que “mientras no haya una voluntad real y avances tangibles, continuaremos con las movilizaciones. De momento, a la espera de que se concreten las fechas, las huelgas coincidirán con el BBK Live, y las fiestas de las tres capitales. La huelga del pasado 15 de mayo obligó a cancelar varios espectáculos entre obras de teatro y conciertos en los tres territorios.

Un autobús ocupado por alrededor de 60 personas, en su mayoría menores de edad, ha sufrido una avería cuando circulaba por la autopista AP-68 en el término de Kuartango (Álava) y seis de sus ocupantes —tres chicos y tres chicas de unos 15 años— han debido ser trasladados al hospital al sufrir un golpe de calor por las elevadas temperaturas que se están registrando este jueves.

Los hechos se han producido sobre las 13:10 horas, cuando un autobús que transitaba por la autopista AP-68 a su paso por el término alavés de Kuartango, en dirección Zaragoza, ha quedado parado por una avería mecánica, según ha informado la Ertzaintza en un comunicado que recoge Europa Press. Al lugar se ha desplazado patrullas de la Unidad de Tráfico de Álava de la Ertzaintza, que han confirmado que el vehículo obstaculizaba el arcén, por lo que se ha cortado un carril por seguridad y se han iniciado tareas de regulación de tráfico.

En el autobús viajaban unas 60 personas, en su mayoría menores de edad de alrededor de 15 años, acompañados por dos personas adultas, responsables del grupo, al parecer, de procedencia catalana. A causa de las altas temperaturas y hasta la llegada de otro autobús, se han movilizado servicios de emergencias y recursos de bomberos y sanitarios para asistir a los ocupantes y facilitarles agua. Seis de estas personas, tres chicos y tres chicas, se han sentido indispuestas por el efecto del calor y han precisado de su evacuación, cuatro al hospital de Txagorritxu y dos a Santiago, ambos en Vitoria. El resto del pasaje ha continuado ruta en otro autobús movilizado al lugar.

Un centenar de artistas y grupos vascos han suscrito un manifiesto del colectivo Denok Gara Kultura en el que exigen transparencia y equidad en el reparto del dinero público. Entre los firmantes se encuentran Fermín Muguruza, Izaro, Itziar Ituño (Ingot), Betagarri, Olatz Salvador, Soziedad Alkoholika, Mikel Markez, Kaotiko, Marte Lasarte, Merina Gris y Lisabö.

En su manifiesto, el colectivo expresa su intención de pronunciarse sobre el debate abierto por diferentes agentes de la cultura vasca como el colectivo Aurka o Fermín Muguruza recientemente, sobre la necesidad de transparencia e igualdad de oportunidades en la asignación de dinero público por parte de instituciones públicas a proyectos musicales, las artistas, grupos, y diversos agentes relacionados con la cultura, según recoge Europa Press.

Muguruza criticó recienteme, al recoger el Premio Etxepare Euskal Institutua Musika Saria, el reparto de ayudas a la música en euskera del Gobierno vasco, aludiendo directamente a los 300.000 euros que el Ejecutivo autonómico ha concedido al grupo En Tol Sarmiento (ETS) por sus conciertos en Barcelona y Madrid. Según recordó, las ayudas para giras musicales pueden ser de un máximo de 5.000, 10.000 o 15.000 euros, teniendo en cuenta la distancia de la gira y el número de actuaciones. El año pasado, con un presupuesto de 175.000 euros, 47 proyectos recibieron esta ayuda. “Yo fui uno de los beneficiarios, recibiendo 12.500 euros”, relató, para contrastar los 75.000 euros para 47 grupos con los 300.000 euros para un solo grupo.

“Como se ha dicho ya, creemos que los recursos públicos destinados a la cultura deben gestionarse con transparencia, criterios públicos y mecanismos accesibles para el conjunto del tejido cultural”, afirman, por su parte, los fimantes del manifiesto. Por ello, rechazan la concesión de dinero público mediante procedimientos de “dudosa claridad, que distan mucho de garantizar la igualdad de oportunidades para todes”, al tiempo que señalan “con preocupación” el modelo cultural que se está impulsando a través de estas decisiones.

Decenas de alumnos, en su mayoría de colegios privados concertados y que estudian en el modelo A, en el que el castellano es la lengua principal y el euskera se enseña únicamente como una asignatura adicional, o en el modelo B, en el que se imparten algunas asignaturas en euskera y otras en castellano, han denunciado una “oleada de suspensos y ceros” en el examen de Lengua Vasca y Literatura de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la antigua Selectividad. En una concentración celebrada este lunes ante la Escuela de Ingeniería de Bilbao, han exigido “soluciones” y han asegurado que confían en que se trate de “un error del corrector”, porque de no ser así han lamentado que se están “jugando su futuro”. El asunto ha motivado una reunión “de urgencia”, este martes, con el rector, Joxerramon Bengoetxea, y los consejeros de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y Educación, Begoña Pedrosa.

Según alumnos y profesores de colegios como el Ayalde-Munabe de Leioa, el Colegio Vizcaya de Zamudio o en Bilbao los centros El Carmen, María Inmaculada y Nuestra Señora de la Merced, los resultados que han obtenido sus alumnos y en concreto los que se han examinado en una de las salas de la Facultad de Economía y Empresa Sarriko y cuentan con apellidos a partir de la letra I, no coinciden con las notas que han ido obteniendo a lo largo del curso. Aunque reconocen que la media de euskera en la PAU de sus alumnos no suele ser especialmente alta, coinciden en que jamás ha habido un “número tan grande de ceros”.

Por ello, se han unido para exigir una corrección extraordinaria del examen de euskera. Sin embargo, desde la EHU han destacado que “la corrección de las pruebas se realiza bajo estrictos criterios de objetividad, anonimato y confidencialidad”. “Las personas integrantes de los tribunales no conocen en ningún momento la identidad del alumnado examinado ni su centro educativo de procedencia, precisamente para garantizar la igualdad de trato y la imparcialidad de las evaluaciones”, han detallado.

El examen de Lengua Vasca y Literatura de este año, al igual que en años anteriores consta de una parte de escritura y otra de lectura, con preguntas para evaluar la comprensión de texto, gramática, adjetivos y la opción de escoger entre escribir un correo electrónico o un comentario de texto, por un lado y por el otro, ligar en un texto un anuncio publicitario o un bertso con un texto que aportan al alumno. Es, no obstante, la primera vez que esas preguntas para evaluar la comprensión del texto que se aporta no se pueden responder tipo test.

La EHU ha criticado que “resulta incomprensible la solicitud de una mayor transparencia en los términos planteados mientras el procedimiento permanece abierto”. “La transparencia debe ser compatible con el respeto a la confidencialidad y a las garantías jurídicas que protegen los derechos de todas las personas afectadas. La obligación de preservar la reserva de determinadas actuaciones durante la tramitación del procedimiento responde precisamente a la necesidad de asegurar que este concluya con todas las garantías, con pleno respeto a los principios de objetividad, igualdad de trato y seguridad jurídica”, ha apuntado la Universidad pública vasca, que según ha publicado en un comunicado, “reitera su compromiso con el rigor, la imparcialidad y la calidad del sistema de acceso a la universidad, así como con la defensa de un procedimiento que ofrezca las máximas garantías para todo el alumnado”.

A pesar de ello, la Universidad ha recordado que “el procedimiento de segunda corrección continúa desarrollándose con normalidad y conforme a los plazos legalmente establecidos, y que las calificaciones resultantes de este proceso se publicarán el próximo lunes”, 22 de junio.

Tras la polémica, este martes por la tarde se han reunido de urgencia los consejeros de Universidades y Educación, Juan Ignacio Pérez Iglesias y Begoña Pedrosa, con el rector de la EHU Joxerramon Bengoetxea. Lo han hecho después de que la portavoz del Gobierno vasco y consejera de Gobernanza, María Ubarretxena haya señalado que comprende la preocupación de las familias, pero que el procedimiento de elaboración y corrección de exámenes y su revisión corresponden exclusivamente a la EHU. “Ahora esperamos rigor, transparencia y celeridad. El procedimiento de revisión está abierto y debe desarrollarse con las máximas garantías. Los dos consejeros han pedido una reunión de urgencia al rector, que se llevará a cabo esta tarde”, ha indicado a preguntas de los periodistas. Asimismo, la portavoz ha solicitado que no se use esta situación “para atacar al euskera”.

Sobre esta cuestión y a modo de respuesta a Ubarretxena, la Universidad ha querido aclarar que la organización de la PAU no es responsabilidad exclusiva de la EHU. La comisión organizadora está integrada por cinco representantes del Gobierno vasco y cinco de la EHU, y los tribunales evaluadores cuentan con profesorado universitario y de Educación Secundaria. “La Universidad considera importante recordar que la confianza de la ciudadanía en este proceso exige reconocer la responsabilidad compartida de las instituciones que participan en él. Presentar la organización de la PAU como una responsabilidad exclusiva de la EHU no se corresponde con la realidad de un modelo de gobernanza y gestión compartido entre el Gobierno vasco y la Universidad”, han criticado desde la EHU.

La Defensoría del Pueblo (el Ararteko) ha reprochado al Ayuntamiento de Vitoria que no ofreciera una “respuesta más proactiva” ante las “múltiples y reiteradas” agresiones que se venían sucediendo a la entrada de la discoteca Mítika. Fue allí donde, en una madrugada de febrero de 2025, un portero del local golpeó a un cliente que esperaba para entrar, Kerman Villate, de 31 años, que cayó al suelo muerto. La defensoría, dirigida por Mikel Mancisidor, sostiene que la respuesta por parte del Consistorio habría debido ir más allá de la “intervención puntual” de la Policía local. En la vía judicial, el caso sigue sin resolución.

Según se recoge en la resolución del Ararteko, adelantada por 'El Correo', entre enero de 2023 y la fecha de la muerte de Villate, la Policía local desarrolló un total de 29 actuaciones en Mítika, trece de ellas por “agresiones y empujones del personal de control de accesos de la discoteca”. Asimismo, se esbozaron hasta cuatro atestados que se remitieron al juzgado de guardia, tres por “presunta agresión con lesiones” y uno más por “presunto delito de discriminación racial [o] delito de odio”.

El Ararteko se apoya en noticias publicadas en prensa para aludir a “numerosas irregularidades” relacionadas con la falta de habilitación de los porteros. Este mismo mayo, el Gobierno vasco ha aprobado una modificación del reglamento correspondiente —la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas— que busca, entre otros objetivos, dotar de mayor seguridad a los procesos de revocación de las habilitaciones del personal de admisión. Si bien es obligación de la empresa titular cerciorarse de que su personal cumple con estos requisitos, el Ararteko defiende que la Policía local, que se desplazó hasta el lugar en más de una ocasión, podría habérselo hecho saber, lo que habría “facilitado la adopción de medidas adecuadas para evitar que las conductas violentas por parte del personal de control de acceso se siguieran produciendo”.

La actuación de algunos de los miembros del personal de control de acceso estaba alterando, dice el Ararteko, “la convivencia y el disfrute del ocio de las personas que acudían al local”. Y ello se debía, en parte, a que el Ayuntamiento no estaba adoptando “las medidas adecuadas y suficientes para paliar [...] los efectos negativos concretados en la actuación” de esos trabajadores.

La resolución, que pide mejoras que posibiliten un control preventivo en los locales de ocio, se ha formulado a raíz de una queja presentada por los padres del fallecido. Se quejaban de la “inacción” y de la “falta de respuesta” por parte del Ayuntamiento. En otros foros, ya habían protestado por lo mismo. En una comparecencia en el Parlamento Vasco, por ejemplo, criticaron la “permisividad” de las instituciones con las empresas del sector del ocio nocturno. Se ha presentado recientemente una asociación que busca esclarecer “toda la verdad” sobre el crimen. Entre otros objetivos, se marca el de conseguir “la revisión y corrección de las respuestas ofrecidas por las instituciones públicas”.

Como cada año, el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), la asociación de municipios vascos (Eudel) y las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han dado a conocer la campaña ‘Beldur Barik, gau eta egun’, de cara a las fiestas populares que tienen en lugar en verano para prevenir las agresiones machistas. La campaña de este verano cuenta con una guía dirigida a los ayuntamientos y un decálogo para la ciudadanía con pasos a seguir en el caso de presenciar o ser víctima de una agresión y pone el foco, más allá de las agresiones que ocurren por las noches, en las que pasan a plena luz del día. Sin embargo, solo cuenta con un único punto dirigido al agresor.

“Hemos querido mostrar que las violencias machistas y contra las mujeres no son algo exclusivo de las noches. Debemos asumir la responsabilidad de construir espacios libres y seguros durante las fiestas para garantizar el respeto hacia todas las personas. No vamos a tolerar actitudes machistas ni de noche ni de día. La violencia machista está latente aún en nuestra sociedad las 24 horas del día, manifestándose en sus diferentes formas: violencia simbólica, psicológica, física y sexual”, ha insistido la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

Así, el “decálogo para unas fiestas libres de violencia machista”, como ha sido titulado, cuenta con diez pasos. El primero de ellos, la declaración de que “todas las personas” tiene la “responsabilidad de construir espacios festivos en los que se garantice el derecho a disfrutar las fiestas en libertad y sin miedo”. El segundo paso indica que si alguna persona “observa conductas machistas”, debe “desaprobarlas públicamente, dejando claro que la fiesta no justifica ninguna actitud que limite la libertad de las mujeres”. El tercero: “Si alguien a quien han agredido te pide ayuda escúchala, no la dejes sola, nunca emitas juicios y pregúntale antes de llamar a algún servicio o dar algún otro paso. Recuerda que la última decisión es suya”.

No tienes ninguna excusa: el consumo de alcohol o drogas no te exculpa. La agresión es siempre tu responsabilidad

Los pasos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno están dirigidos a las víctimas y les indican que si se encuentran en “una situación de peligro” pueden llamar al 112 o a la Policía municipal, les recuerdan que “solo sí es sí” y que que si se sienten incómodas con alguien, forzadas a hacer algo que no quieren o no se está respetando su palabra “tienen todo el derecho a decir basta y a no seguir”. Además, les advierten de que en el caso de haber sufrido una agresión sexual, si se lavan o se cambian la ropa pueden “eliminar pruebas” y les recuerdan que si sufren una agresión pueden llamar al teléfono 24 horas de atención a las víctimas (SATEVI) 900 840 111 donde el personal especializado les podrá asesorar y que “en cada territorio existen centros de crisis 24 horas” a los que también pueden acudir “sin necesidad de interponer denuncia, tanto si la agresión se ha producido de forma reciente como si ha sucedido en el pasado”. Solo en el último punto el decálogo se dirige al agresor a quien le alerta de que “no tiene excusa”. “No tienes ninguna excusa: el consumo de alcohol o drogas no te exculpa. La agresión es siempre tu responsabilidad”, recoge el documento.

En cuanto a la guía para los ayuntamientos, se basa en un protocolo a seguir en casos de agresiones para los organizadores de las fiestas, los participantes en entornos festivos, como el personal que atiende en las txosnas y también para los hosteleros. “Si estás detrás de la barra, formas parte de la comisión de fiestas o de alguna asociación y organizas alguna actividad, tu colaboración es fundamental para construir espacios festivos en los que todo el mundo pueda disfrutar en libertad”, recoge el documento, que detalla una serie de medidas que se pueden tomar en los locales para evitar agresiones como “ubicar baños en espacios que no estén aislados e iluminar los espacios oscuros en los que pueda generarse alguna situación que pueda resultar peligrosa” o “informar a todas las personas de la asociación, comisión, txosnagune… de la manera de actuar en caso de una agresión machista”. “Si existe un protocolo, es muy importante que lo pongas en conocimiento de toda la plantilla y que lo coloques en un lugar visible”, indica la guía.

“Es importante que desde el primer momento en el que se empiezan a organizar las fiestas, se tenga en cuenta que deben ser espacios seguros para las mujeres. Que sean espacios de libertad en los que las mujeres tengan presencia y participen activamente. En la guía que enviamos a los ayuntamientos se sugiere en este sentido que se diseñen actividades que promuevan la igualdad y la visibilidad de las mujeres en los espacios de ocio. Porque hablar de prevención de agresiones machistas es hablar de igualdad. En muchas localidades se han dado avances importantes de sensibilización, pero debemos seguir insistiendo en que nada, ni la fiesta ni el alcohol, justifica una agresión machista”, ha aseverado Elgarresta.

Si estás detrás de la barra, formas parte de la comisión de fiestas tu colaboración es fundamental para construir espacios festivos en los que todo el mundo pueda disfrutar en libertad

Conciertos y teatros igualitarios y playlist feministas

En este sentido, la guía dirigida a los ayuntamientos recomienda que se diseñen actividades como conciertos o teatros que “promuevan la igualdad, a través de actividades que fomentan la visibilidad de las mujeres en los espacios de ocio”. Otro de los puntos que destacan es la necesidad de música y cartelería no sexista, con playlist específicas contra el machismo y que de forma visible se vea un listado de números de emergencia durante la fiesta, además de en redes sociales. “Nuestro objetivo es que las fiestas sean un espacio de libertad para todo el mundo, un espacio en el que puedan disfrutar sin miedo”, ha destacado la directora de Emakunde.

A raíz de la alarma que surgió en 2022 por presuntos casos de “pinchazos” que producían sumisión química, esta forma de agresión ha ido introduciéndose también en protocolos de prevención. La guía ofrecida este verano a los ayuntamientos vascos también cuenta con un apartado específico sobre ello que enumera una serie de posibles síntomas que podrían confirmar que alguien está siendo víctima de una sumisión química, como tener el habla confusa, alteraciones visuales, somnolencia, confusión, desinhibición, agitación o alucinaciones, alteración del juicio, mareo o vértigo, alteraciones de la motricidad o del equilibrio o náuseas o vómitos. Aun así, la guía alerta de que “el alcohol y las drogas también pueden causar estos síntomas”. “Sospecha cuando hayas bebido de otro vaso, hayas descuidado el tuyo, tras un pinchazo o cuando tu estado no sea razonablemente explicable por lo que has ingerido”, recoge.

No obstante, al igual que en el caso del decálogo dirigido a la ciudadanía, en la guía para los ayuntamientos apenas se indica qué se debe hacer con el agresor. “Muestra al agresor que estás en contra de su actuación, sin poner en riesgo tu integridad física”, explica la guía, que recalca que no se deben difundir datos ni información sobre lo sucedido sin antes pensar cómo puede llegar a afectar a la víctima y que la última decisión es siempre suya, por lo que no se debe hacer nada sin consultarle.

En España, el 14,8% de las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33 % ha sufrido violencia física a lo largo de la vida por parte de alguna pareja. Además, la prevalencia de la violencia física aumenta con el grado de discapacidad, situándose en el 13,4% entre las mujeres que tienen una discapacidad acreditada de entre un 33% y un 64% y en el 18,2% entre aquellas con un grado del 65% o superior de discapacidad. En cuanto a la violencia sexual ejercida por alguna pareja, el 11,3% de las mujeres con discapacidad igual o superior al 33% la ha sufrido, así como en la violencia económica a lo largo de la vida, padecida por el 16,6% de las mujeres con una discapacidad de entre el 33% y el 64% y por el 19,2% de aquellas con un grado de discapacidad del 65% o superior.

Se trata de datos aportados por el estudio 'Mujeres especialmente vulnerables a la violencia' publicado este mayo por el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) que concluye que las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33% denuncian la violencia en una proporción más elevada que las que no tienen discapacidad. Ese porcentaje es del 27,6% en el primer colectivo, frente al 16,2% del segundo. Lo mismo ocurre en la búsqueda de ayuda cuando la violencia ocurre. Un 58% de las mujeres con discapacidad ha recurrido a servicios de ayuda como médicos, psicológicos, servicios sociales, etc., debido a la violencia ejercida por alguna de sus parejas, frente al 40,3% del resto de mujeres.

¿Pero qué ocurre cuando esa violencia es ejercida por el principal cuidador de las mujeres con discapacidad? ¿Cómo puede pedir ayuda una mujer cuya movilidad, vestimenta o cuidados diarios dependen estrictamente de su propio maltratador? La abogada Ana Balboa Montavez, y las psicólogas y facilitadoras procesales Sara Poncela Chafik y Sofía Remón Chozas junto con el equipo multidisciplinar de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual de Navarra (UAVDI) abordan estas cuestiones y aportan algunas claves en el estudio Violencias machistas y diversidad funcional del Máster de Formación Permanente de la EHU Violencias Machistas: Intervención en Red de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU).

La alta necesidad de algunas mujeres con discapacidad de cuidados íntimos y la dependencia en tareas de higiene y cuidado físico incrementan notablemente las oportunidades de agresión. Además, las expertas alertan de que el riesgo de sufrir agresiones se eleva de manera pronunciada cuando la atención y el cuidado cotidiano son provistos por múltiples adultos o cuidadores con escasa supervisión. “La falta de herramientas de comunicación accesibles o de educación sexual impide que las mujeres comprendan que están siendo objeto de una agresión”, destaca el estudio, que menciona una práctica frecuente —y errónea— es utilizar a familiares o cuidadores como “intérpretes” en los procesos de revelación, lo cual vulnera la confidencialidad de la víctima y eleva el riesgo de revictimización.

Una educación afectivo-sexual adecuada permite reconocer el propio cuerpo, identificar situaciones de riesgo, aprender sobre el consentimiento y desarrollar habilidades para establecer límites en las relaciones

Para evitar que esto ocurra, en primer lugar las expertas exponen algunos de los mitos que dificultan la valoración de la sospecha de un caso de violencia machista contra las mujeres con discapacidad intelectual y aportan argumentaciones que desmontan esos mitos, como el de “las mujeres con discapacidad intelectual son personas asexuadas”. “La sexualidad es inherente a todas las personas. Tener una discapacidad intelectual no elimina deseos, emociones, ni necesidades afectivas; simplemente puede requerir otras formas de apoyo para su expresión segura y autónoma”, sostienen. El segundo de los mitos es que las personas con discapacidad “tienen una sexualidad desinhibida, incontrolable, impulsiva”. “La supuesta «desinhibición» suele reflejar falta de educación afectivo-sexual, entornos sobre protectores o ausencia de modelos positivos, no una característica propia de la discapacidad. Con información y apoyos adecuados, pueden regular su conducta igual que cualquier persona”, reconocen. El tercer mito a derribar es que “sus dificultades les impiden tener relaciones sexuales normales”. “No existe una única forma «normal» de vivir la sexualidad. Con apoyos, comunicación y respeto mutuo, las mujeres con discapacidad intelectual pueden disfrutar relaciones afectivas y sexuales satisfactorias y seguras”, añaden. El cuarto mito es que “las mujeres con discapacidad intelectual no son personas con atractivo o deseadas”. Según las expertas, “esta idea surge del capacitismo y de la mirada infantilizadora”. “El atractivo es diverso y subjetivo; negarles deseo o capacidad de ser deseadas es negar su derecho humano”. Por último, está el mito de que “las mujeres con discapacidad intelectual no entienden ni necesitan la educación afectivo-sexual”. “Precisamente por su vulnerabilidad a abusos y desinformación, necesitan educación accesible y adaptada. Comprenden mucho más cuando se les ofrece información clara, concreta y respetuosa”, sentencian.

Una vez aclaradas estas cuestiones las expertas ahondan en la necesidad de prevención y formación específica en violencia machistas tanto para las propias mujeres como para las familias de estas. “La prevención del abuso hacia personas con discapacidad intelectual es una responsabilidad social que requiere un enfoque integra. Las mujeres con discapacidad intelectual se encuentran en diversas situaciones de mayor vulnerabilidad ante los diferentes tipos de abuso; físico, emocional, sexual, económico o institucional—, lo que hace indispensable actuar desde el origen del problema. Para prevenir y adelantarse a que puedan darse más situaciones de abuso, es necesario trabajar desde la formación y sensibilización. Esto implica, en un primer momento, educar y formar a las propias mujeres con discapacidad intelectual, empoderándolas a través de información y conocimientos, impartidos por profesionales especializados. Es esencial proporcionarles herramientas accesibles para reconocer situaciones de riesgo, conocer sus derechos y saber cómo pedir ayuda. Del mismo modo, las familias tienen un papel clave como agentes protectores y aliados en el desarrollo de entornos seguros y de confianza”, aseguran.

Una herramienta fundamental para la prevención de conductas machistas, según determinan, es la educación afectivo-sexual a personas con discapacidad intelectual, adaptada a las necesidades cognitivas de cada persona. “Una educación afectivo-sexual adecuada permite reconocer el propio cuerpo, identificar situaciones de riesgo, aprender sobre el consentimiento y desarrollar habilidades para establecer límites en las relaciones. Si bien es cierto que las mujeres con discapacidad intelectual suelen ser excluidas de estas formaciones por mitos sobre la discapacidad que se han expuesto anteriormente como la asexualidad o la falta de madurez, esto solo genera limitaciones en su autonomía como personas con sexualidad”, aseguran.

Las expertas detallan que la mejor forma para trabajar adecuadamente la prevención del abuso a mujeres con discapacidad intelectual, es un espacio en grupo donde puedan formar equipo y puedan compartir sus dudas y sus esfuerzos en distintos aspectos. En esas sesiones, además de la educación afectivo-sexual, es fundamental abordar otras como el reflejo del dolor, los derechos de las personas con discapacidad, el trauma o enseñarles señales y comportamientos que pueden indicar situaciones de abuso, para que puedan identificar posibles riesgos y saber cómo actuar.

A falta de señales físicas, hay que atender a cambios bruscos de conducta como regresiones, retraimiento y agresividad o rechazo a lugares y personas

Al igual que con las personas con discapacidad intelectual, es importante dar un espacio a las familias donde puedan formar equipo de trabajo y puedan compartir sus vivencias, sus miedos y sus herramientas. En este sentido, a modo de claves, a las familias les recomiendan “evitar juicios de valor y tomar en consideración lo que cada persona expone sobre su familiar, evitando minimizar y dando valor de manera individual”, “dar a conocer los recursos y servicios disponibles para actuar ante posibles situaciones de abuso, así como orientarlas sobre cómo buscar apoyo y acompañamiento profesional” y “capacitarlas para identificar signos de alerta físicos, emocionales o conductuales que puedan indicar que algo no va bien, favoreciendo una detección temprana”.

Qué hacer y qué no hacer cuando hay una sospecha de agresión

¿Qué hacer cuando hay sospecha de una agresión? El estudio indica que “solo se revela aproximadamente el 3% de los casos de abuso sexual contra personas con discapacidad intelectual”. Esto se debe a barreras como el desconocimiento de lo que constituye un abuso, las amenazas del agresor, la “ley del silencio”, el miedo a no ser creídas y las dificultades de expresión. Por ello, la detección por parte de profesionales y familias es crucial, fundamentándose en claves básicas, como considerar siempre la posibilidad de abuso. “Las familias y profesionales no deben esperar a que la víctima lo revele directamente. El miedo, la culpa, la vergüenza y las limitaciones de comunicación provocan que el malestar se exprese de forma indirecta. Dado el elevado riesgo del colectivo y los mitos existentes, se debe mantener siempre una actitud de alerta activa”.

“A falta de señales físicas, hay que atender a cambios bruscos de conducta (regresiones, retraimiento, agresividad o rechazo a lugares/personas). Entre las secuelas clínicas comunes se encuentran el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) —que suele manifestarse de forma atípica como trastornos de conducta debido a las limitaciones verbales de la víctima —, la ansiedad , la depresión y problemas de conducta (autolesiones, conductas desafiantes o hipersexualización). Los profesionales deben investigar la raíz de estos cambios sin atribuirlos erróneamente a la propia discapacidad. Cabe destacar que hasta un 40% de las víctimas de abuso no muestran síntomas evidentes, por lo que la ausencia de señales jamás debe restar credibilidad a un relato”, explican las expertas, por ello, inciden en que “cuando una persona con discapacidad intelectual revela un abuso, existe una alta probabilidad de que sea real. Se debe desterrar el mito capacitista de que suelen inventar o fantasear. No obstante, para no interferir en investigaciones judiciales, se aconseja corroborar los hechos con especialistas y evitar que la víctima repita el relato múltiples veces, ya que esto puede alterar su memoria”.

Las cosas que sí que tienen que hacer desde las familias una vez hay sospecha de agresión son “generar un ambiente íntimo y discreto, ofrecer contención emocional, transmitir confianza y credibilidad, practicar la escucha activa, fomentar el relato libre respetando ritmos y silencios, y registrar todo de forma minuciosa evitando formular preguntas cerradas”. Lo que no deben hacer cuando una persona con discapacidad muestra signos de alerta por posible agresión es “permanecer inactivos, dudar del relato, juzgar o restar importancia a la confidencia, realizar preguntas cerradas o sugerir respuestas, e interrogar de manera insistente”.

El siguiente paso sería ya acudir a los profesionales que detectarán lo que ocurre y siempre informando a la posible víctima y a sus familiares sobre los pasos a dar y nunca a sus espaldas, decidirán cómo proceder. Ante la sospecha o confidencia de un abuso, el profesional tiene la obligación de actuar bajo criterios de coordinación con especialistas y activar de manera conjunta cinco líneas de acción prioritaria: protección de la víctima, valoración de la capacidad para decidir la denuncia, planificación de los apoyos para el proceso judicial, manejo de la divulgación desde la institución y, por último la valoración de intervención psicoterapéutica o psiquiátrica. “Es indispensable realizar una evaluación clínica adaptada que pondere el impacto del trauma y las particularidades cognitivas de la persona. Un correcto abordaje especializado permite diagnosticar patologías asociadas (depresión, ansiedad, TEPT) y diseñar un plan personalizado enfocado en la recuperación de la autoestima y el desarrollo de la autonomía personal”, concluyen las expertas.

Una macrofiesta que ha reivindicado el orgullo de estudiar y pertenecer a la Universidad pública vasca. Ese era el objetivo principal de la primera fiesta de fin de grado y posgrado de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) que ha reunido a miles de estudiantes y a sus familias, nada más y nada menos que en el estadio San Mamés de Bilbao. “Es un día que las y los estudiantes recordarán para siempre donde se reconocerá el esfuerzo que han hecho para llegar hasta aquí, un día para compartir con las familias”, ha explicado el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea.

El estudiantado de grado que está a punto de finalizar sus estudios, los de posgrados y másteres, así como los graduados de las aulas de la experiencia, cerca de 4.000 estudiantes, han sido los protagonistas. Durante el acto, en el que han ocupado los asientos que se han instalado en el centro del propio campo, además de la banda de su área de conocimiento, han vestido de forma especial para el evento una txapela del mismo color. Mientras, a través de pantallas gigantes instaladas por todo San Mamés, se han mostrado fotos de las orlas de los estudiantes, además de imágenes en directo tomadas a los asistentes.

El acto ha comenzado con la interpretación del himno de EHU, Ehunenekoak, a cargo de EHU Abesbatza. Con todo el estadio en pie, la actuación ha marcado el inicio de una celebración que ha puesto en valor el esfuerzo realizado por el alumnado durante años de formación universitaria y ha reconocido su contribución al presente y al futuro de la sociedad.

Además de los propios estudiantes que se gradúan, también han sido protagonistas artistas que han pasado por las aulas de EHU como Nogen, Janus Lester, Eñaut Elorrieta (junto a Sol Band con Gaza), Maialen Lujanbio y Amets Arzallus, quienes han ofrecido un espectáculo en la Catedral. También han participado en el evento, la periodista y presentadora Nerea Reparaz y el locutor de radio y presentador Julen Telleria, ambos también exalumnos de la Universidad pública vasca.

Juan Ignacio Pérez Iglesias, consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, exrector y catedrático de la Universidad, ha ejercido como padrino del acto y ha ofrecido la conferencia Ezagutzaren mugak, una reflexión sobre el papel del conocimiento y la ciencia y sus límites.

Otro de los puntos fuertes del evento ha sido la entrega de se entregarán los premios EHU Alumni, que han celebrado este viernes su primera edición. Las personas premiadas han han sido: la arquitecta y diseñadora Sofia Arribas, la ingeniera Itxaso Ariza, el abogado y primer presidente de EHU Alumni Iñigo Lamarka, extitular del Ararteko, la economista y gerente Teresa Madariaga, la química y una de las primeras mujeres en estudiar en la Facultad de Ciencia y Tecnología Carmen Mijangos, y la entrenadora y exjugadora de fútbol Iraia Iturregi. “La comunidad de Euskal Herriko Unibertsitatea es una comunidad que se extiende más allá de la finalización de los estudios. Así lo demuestra EHU Alumni, una red de antiguos alumnos y alumnas de la EHU que conecta a miles de personas que comparten conocimientos y experiencias; entre otras cosas, la figura que sirve para dar a conocer el orgullo de pertenecer a la EHU. Los premiados son representantes de varias generaciones de exestudiantes la EHU que han tenido una significativa trayectoria profesional y que merecen un sentido homenaje como representantes de los valores de la universidad pública”, han apuntado desde la EHU.

Con este acto, “EHU reafirma su compromiso con una educación superior pública, inclusiva y de excelencia, capaz de formar a las generaciones que liderarán la transformación científica, tecnológica, cultural y social de nuestro entorno”, ha afirmado el rector Joxerramon Bengoetxea. “La jornada celebrada hoy en San Mamés constituye un hito en la historia de la universidad, que pretende, además, tener continuidad. Una celebración del conocimiento, del esfuerzo y del talento de miles de graduados y graduadas que comienzan una nueva etapa llevando consigo los valores de la universidad pública vasca”, ha concluido.

Tras la intervención del rector, Joxerramon Bengoetxea, miles de estudiantes han lanzado simultáneamente sus txapelas al cielo de San Mamés en una imagen que ha simbolizado el cierre de una etapa y el comienzo de otra nueva llena de oportunidades, retos e ilusiones para los alumnos de la Universidad pública vasca.

El primer móvil llega en Euskadi a los 11,18 años de media, el acceso a contenidos pornográficos se produce, por término medio, a los 12 años, en uno de cada tres casos de forma fortuita, y el 73,7% de menores de 13 años está ya registrado en alguna red social, según los datos recogidos en el informe 'Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital', elaborado por Unicef España, la Universidad de Santiago de Compostela, el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática y Red.es.

La presentación del informe en Bilbao ha corrido a cargo del presidente de Unicef Comité Euskadi, Joseba Madariaga; el director del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad y de Red.es, Juan Miguel Márquez; el decano del Colegio de Ingeniería Informática de Euskadi, Álvaro Vicente Gómez; el miembro asesor científico del estudio, Juan Manuel Machimbarrena (EHU); la coordinadora de Unicef Comité Euskadi, Elsa Fuente, y tres jóvenes del Grupo Asesor Juvenil de Unicef.

El informe a escala de Euskadi ha recogido las respuestas de más de 7.600 niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 20 años de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava y constata que las y los adolescentes vascos están registrados en redes sociales de forma masiva, con el 93% en, al menos, una red social y hasta el 77,7% en tres o más, según recoge Europa Press. Además, la mitad de los adolescentes tiene más de un perfil en una sola red social, lo que evidencia, según el informe, que optan por un perfil 'blanco' de cara al posible seguimiento de sus padres.

En cuanto al tiempo dedicado, el 7,1% de las y los adolescentes vascos que han participado afirma que dedica más de 5 horas diarias entre semana, porcentaje que se dispara hasta el 16% de los que afirman estar más de 5 horas durante el fin de semana. Además, el 77% sigue “de forma activa a algún influencer, el 17% cree que podría convertirse en uno y otro 7% afirma que ya está dedicando tiempo a convertirse en influencer.

En cuanto a los usos problemáticos y el riesgo de adicciones, el informe concluye que el 4,3% de la adolescencia en Euskadi realiza “un uso problemático” de las redes sociales, siendo ese porcentaje mayor entre las chicas (5,5%) que entre los chicos (2,8%), al tiempo que van aumentando con la edad. La tasa de jugadores y jugadoras problemáticos relacionado con el juego o las apuestas (problem gambling) asciende al 2,1% y se registra mayoritariamente entre los chicos.

Pornografía y 'sexting'

El acceso a contenidos pornográficos se produce, de media, a los 12 años, y en uno de cada tres casos el primer acceso se produce de manera fortuita. El 30% de los niños, niñas y adolescentes encuestados admite haber consumido pornografía alguna vez, un porcentaje que es mayor entre los chicos 45% que entre las chicas 14,3%. Aunque el consumo habitual se sitúa en el 11,1%, la prevalencia de un posible consumo problemático entre quienes la consumen es elevada, según el estudio, que lo estima en aproximadamente uno de cada seis jóvenes.

En cuanto al acoso escolar, en Euskadi asegura haberlo sufrido el 21,4%, y el 6% ciberacoso, que se asocian con mayor malestar emocional entre quienes la sufren. Aun así, se constata un descenso significativo respecto al estudio de 2021 (32,3% y 19% respectivamente). Se percibe también violencia digital en pareja, de forma que en Euskadi, uno de cada cuatro adolescentes (25,6%), que tiene o ha tenido pareja en algún momento de su vida refiere haber sufrido alguna manifestación de este tipo de violencia de manera frecuente, un porcentaje que de media en España crece hasta el 31,3%.

En cuanto a riesgos como mantener contacto con desconocidos online o de practicar 'sexting', casi el 54% ha hablado con desconocidos en redes sociales, Internet o en videojuegos, el 33% ha aceptado contactos que no conocía de nada, el 14,3% ha quedado con alguien que solo conocía online y el 7% (el 4,9% de estos menores de 16 años) ha recibido proposiciones sexuales de adultos. En este aspecto, los niveles de 'sexting' pasivo y activo encontrados en Euskadi se sitúan en el 14% y el 6,2%, valores similares a los del conjunto de España (14,9% y 6,4%, respectivamente).

El informe se detiene en analizar el malestar emocional y un posible riesgo suicidad, de forma que el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes encuestados en Euskadi presenta síntomas de malestar emocional (ansiedad, somatización o depresión), y el 6,1% un riesgo suicida elevado, un punto menos que el promedio español (7,1%). Los niños y niñas que presentan un uso problemático de las redes sociales presentan también un mayor malestar emocional con porcentajes significativamente mayores de ansiedad, somatización y depresión. En estos casos el riesgo suicida se multiplica por 4.

Frente a estos datos, el informe plantea a los encuestados si han sentido la necesidad de desconectar, ámbito donde más de la mitad de las y los adolescentes vascos asegura que ha empezado a manifestar cierta necesidad de desconexión del entorno digital. Ante estas evidencias, el informe constata que, a pesar de que el 90% hacen un uso no problemático de las redes sociales, “estamos ante un reto relevante de salud pública y prevención”, ha asegurado Madariaga, quien ha subrayado la recomendación del informe que apunta a que la mediación parental “sigue siendo un área de mejora en los hogares vascos”.

En este sentido, más de la mitad de los progenitores (51,6%) habla habitualmente con sus hijas e hijos de los riesgos de Internet, pero mientras el 42,4% suele poner normas o límites respecto a las horas que utilizan el móvil, Internet o las redes sociales, sólo uno de cada cuatro (27,5%) limita los contenidos que suben. El estudio subraya “cómo algunos hábitos sencillos, como no dormir con el móvil en la habitación o evitar su uso durante las comidas familiares se asocian con tasas más bajas de usos problemáticos y conductas de riesgo online”.

En todo caso, para los autores del informe, “la mediación parental en solitario no es suficiente” ya que considera “necesario un abordaje comunitario para afrontar los desafíos que genera el uso intensivo y sin acompañamiento de la tecnología”. En este sentido, “las instituciones, el entorno escolar, las familias y el sector privado tienen la responsabilidad de actuar, contando con la participación activa de niños, niñas y adolescentes”.

El estudio recuerda que más del 90% de la ciudadanía expresa preocupación por los riesgos del entorno digital, un dato que refleja la urgencia de actuar de manera coordinada ya que, ha concluido Madariaga, “el bienestar digital debe abordarse desde las perspectivas de la salud, la convivencia, la educación y el enfoque de derechos de infancia, no solo desde el uso de pantallas”. El director del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) de Red.es, Juan Miguel Márquez, ha destacado que “la transformación digital debe construirse desde la responsabilidad compartida porque los menores no simplemente usan tecnología: crecen dentro de ecosistemas digitales diseñados para captar atención e influir en comportamientos”.

A su entender, “ya no basta con hablar de tiempo de pantalla, debemos hablar también de diseño responsable, transparencia algorítmica, educación digital crítica y protección efectiva de la infancia en el entorno digital”, ha explicado el decano del Colegio de Ingeniería Informática de Euskadi.

Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia ha presentado este viernes su dimisión como consejero independiente de la empresa de Amurrio Tubos Reunidos. La empresa, actualmente en concurso de acreedores, ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su cargo es “incompatible” con otras “responsabilidades”, pero coincide con su imputación en la investigación por corrupción seguida en la Audiencia Nacional en relación al rescate de la compañía por parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en 2021, valorado en 112,8 millones de euros. Se analiza si se abonaron comisiones ilegales al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y a su grupo Hirurok, conformado también por Leire Díez y Antxon Alonso.

Según el sumario, el ejecutivo participó en reuniones con Fernández Guerrero en el momento del rescate, cuando el socialista andaluz reclamó un “agradecimiento” por su participación como facilitador de la financiación. Igualmente, participó en un momento posterior en que tocaba renegociar la devolución de intereses y, supuestamente, se celebró un encuentro en Ferraz, la sede del PSOE, en el que también estuvo Santos Cerdán. En el primer momento Fernández Guerrero cobró 114.950 euros a través de la pantalla Mediaciones Martínez, unos hechos ya admitidos por Tubos Reunidos. En el segundo momento se sospecha que se pudo abonar una nueva comisión de 40.000 euros, según un informe de la UCO de la Guardia Civil.

El empresario es bilbaíno de nacimiento pero andaluz de adopción. Según Tubos Reunidos, “cuenta con una amplia experiencia de más de 36 años ejerciendo funciones de dirección en grandes compañías como CEO o de dirección general y dirección financiera”. “A lo largo de su larga experiencia profesional ha sido presidente en España de BNPP Real Estate, CEO de Occidental Hoteles, CFO de Metrovacesa, Director General Corporativo de Grupo Ence y CEO de Planeta DeAgostini así como CFO y secretario general de Abengoa. [Y] Cuenta con amplia experiencia en consejos de administración donde ha pertenecido a los consejos de Abengoa, Befesa,Telvent, Logista, la Socimi francesa Gecina, GMP, Levantina de Mármoles o Denarius, entre otros. Asimismo ha sido presidente en España de BNPRE y consejero de las compañías Project Qsar Investments y Rio Narcea Recursos SA. Actualmente es miembro del consejo asesor de Schindler en España, senior advisor de Denarius Metals en España, miembro del consejo de Vertikal Elevadores, S.L.U. y director general en Madrid de Cesur (Círculo de Empresarios del Sur de España)”, se puede ver en su curriculum.

En la causa judicial está imputado también Francisco Irazusta, el presidente de la compañía en el momento del rescate y que presuntamente cenó con Fernández Guerrero a finales de julio de 2021 para acordar la mecánica de los pagos, según describió la Fiscalía en un documento adelantado por este periódico. Cesó en 2023 y, por lo tanto, no participó ya en la siguiente fase. Hay un tercer directivo de Tubos Reunidos investigado que acompañó a Pérez Rodríguez-Urrutia a Ferraz, siempre según el sumario.

La empresa, sumida en concurso de acreedores, ha comunicado también a la CNMV que entrará al consejo Carmen Motellón. Será presidenta de la comisión de auditoría. Ingenera de formación, es funcionaria del Estado y cuenta con “amplia experiencia”, según la compañía.

Mercedes-Benz, la principal empresa vasca, ha iniciado ya en su planta de Vitoria la producción en serie de su nuevo vehículo 100% eléctrico, la VLE, tras una inversión de más de 1.000 millones para transformar y adaptar las instalaciones. El acto institucional de arranque de la producción se ha celebrado este viernes con la presencia del CEO de Mercedes-Benz, Ola Källenius, del director de Mercedes-Benz Vans, Thomas Klein, y del director de la planta de Vitoria, Bernd Krottmayer, además de representantes institucionales como el lehendakari, Imanol Pradales, el ministro de Industria, Jordi Hereu, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, el diputado general de Álava, Ramiro González, y la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria.

Previamente, en un encuentro previo con los medios de comunicacion, el director de Mercedes-Benz Vans, Thomas Klein, el responsable de desarrollo de Mercedes-Benz Vans, Andreas Zygan, y el director general de Vitoria, Bernd Krottmayer, han subrayado que es el “comienzo de una nueva era” en el segmento de las grandes limusinas. Según han precisado, la idea es mantener la fabricación de la clase V durante unos años pero, con el tiempo, la nueva furgoneta eléctrica será “el producto estrella” de la planta de Vitoria y los planes también incluyen el desarrollo de un producto de “lujo” a futuro.

A su juicio, el nuevo vehículo, con una autonomía de 700 kilómetros, va a “cambiar las reglas de juego en cuanto a confort de pasajeros y de conducción”. Los responsables de la compañía han señalado que la producción actual en esta planta alavesa es de 150.000 unidades al año, pero se “escalará” en ese volumen para la producción del nuevo vehículo eléctrico VLE, del que no se han dado previsiones de unidades para este año. La planta de Vitoria se convierte en la primera que fabrica este nuevo modelo.

Para acometer este nuevo proyecto, a partir del 13 de julio se introducirá un tercer turno en la planta -donde trabajan 5.000 personas- y, además de personal fijo, también se contará con temporal. Por otra parte, han destacado la importancia de los proveedores locales. La planta de Mercedes-Benz en Vitoria ha rediseñado en los últimos años sus instalaciones, que se han ampliado hasta los 870.000 metros cuadrados, con el fin de producir estas nuevas furgonetas eléctricas a partir de este año.

En marzo de 2024 se presentaron públicamente esas obras de adecuación de su planta vitoriana en un acto que contó con la presencia, entre otras autoridades, del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Un año antes, en 2023, el Consejo de Administración de Mercedes-Benz Vans había decidido que las nuevas furgonetas medianas basadas en la nueva arquitectura eléctrica modular y escalable VAN.EA se producirían en las instalaciones alavesas a partir de 2026.

El lehendakari, que ha intervenido en castellano, euskera e inglés, ha señalado que el nuevo proyecto coloca a Euskadi “en el centro” del impulso europeo al vehículo eléctrico. “Estamos obligados a recuperar terreno perdido. Vamos a seguir respondiendo a la confianza que nos dais, a vuestra apuesta inversora y al reconocimiento que conlleva, desde la autoexigencia y la ambición”, ha agregado.

La Justicia ha absuelto al acusado de vandalizar con pintura negra y embadurnar de heces la tumba de Fernando Buesa, político del PSE-EE asesinado por ETA en el año 2000. La sentencia de la plaza 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Vitoria, firmada por el magistrado Roberto Ramos, recoge que ha quedado acreditado que junto al panteón se encontró “un trozo de una bolsa de plástico blanco en la cual fueron localizadas sendas huellas correspondientes a los dedos pulgares de ambas manos del acusado”. El acusado alegó, sin embargo, que regenta una tienda en la que se ofrecen bolsas de ese tipo con los productos y que por ello podían encontrarse sus huellas dactilares. La sentencia suscribe la tesis de que esta prueba no resulta “suficiente como para fundar o basar” en ella una condena. “Tal versión exculpatoria o alternativa [ofrecida por el acusado] no resulta del todo extraña, descabellada, inverosímil o increíble”, recoge.

El mausoleo de la familia de la esposa de Fernando Buesa, en el que está enterrado también el que fuera vicelehendakari y dirigente del PSE-EE, se encuentra en el cementerio de Santa Isabel. En apenas 24 horas, entre el 4 y el 5 de octubre de 2023, hubo dos ataques contra su memoria. Primero, el monolito que recuerda tanto a él como a su escolta —Jorge Díez, asesinado en el mismo atentado— apareció pintado de negro. Poco después, se produjo el ataque con pintura y heces, que acarreó contundentes mensajes de repulsa de las principales autoridades vascas, incluido el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu. “Este nuevo ataque a la tumba me ha golpeado muy adentro. Respiro mi dolor y me repito: que el hielo no penetre en mi corazón, que nunca deje de sentir ni pierda la sensibilidad ante el dolor ajeno. Seguiré cultivando semillas de amor y compasión frente al odio y la barbarie”, escribió entonces Sara Buesa, hija del político asesinado.

La sentencia, fechada este lunes, sostiene que la versión del acusado ahora absuelto concordaba con “el hecho común de que la persona que regenta una tienda o comercio proceda a abrir una bolsa para introducir en su interior el producto comprado por el cliente, para lo cual el dependiente de forma usual introduce sus manos o alguno de sus dedos en la bolsa para abrirla y tener fácil acceso a su interior (ya que las bolsas habitualmente están pegadas y muy juntas)”. “Y la versión ofrecida por el acusado resulta suficiente como para contradecir la versión incriminatoria que se realiza contra él”, abunda.

El magistrado recrimina a la Policía local, que fue la encargada de confeccionar el atestado, que no practicase una prueba de ADN a las heces, lo que, considera, habría resultado “muy útil, claramente concluyente y esclarecedor sobre la autoría de los hechos”. El agente municipal alegó que le constaba que la Policía científica no analiza heces y que estas habitualmente no contienen manterial genético que permita cincelar un perfil. “Más allá de la experiencia que pudiera tener dicho agente en supuestos similares, creo que es más que dudoso desde un punto de vista científico o técnico que no se pueda obtener un perfil genético o una muestra de ADN de restos de heces”, le reprocha el juez.

Tanto la Fundación Fernando Buesa Blanco, que honra la memoria del político asesinado, como el Ayuntamiento de Vitoria ejercían la acusación particular. Contra la sentencia cabe la interposición de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Álava.

Saski Baskonia, en el año en que ha ganado la Copa del Rey de baloncesto, será el encargado de lanzar el chupinazo de inicio de las fiestas de La Blanca de 2026, el 4 de agosto a las 18.00 horas. Así lo ha propuesto el PNV, el partido al que le corresponde el honor de designar al protagonista del inicio festivo este año, el último de la legislatura.

La noticia se ha dado a conocer esta mañana en una comparecencia pública celebrada en la balconada de San Miguel en la que han participado la teniente de alcaldesa y portavoz del PNV, Beatriz Artolazabal, el director deportivo del club, Félix Fernández, el entrenador, Paolo Galbiati, el capitán, Tadas Sedekerskis, y Myriam Pereda, en este caso en representación de la afición baskonista.

“Hay ciudades que tienen un equipo. Y luego están las ciudades que sienten que ese equipo forma parte de su vida. En Vitoria-Gasteiz ocurre eso con Baskonia”, ha destacado Artolazabal durante su intervención. La portavoz nacionalista ha explicado que la elección quiere reconocer “no sólo los éxitos deportivos del club, sino también todo lo que el Baskonia y su afición representan para esta ciudad”. “Estamos hablando de una entidad que durante décadas ha llevado el nombre de Vitoria-Gasteiz por toda Europa y de una afición que ha demostrado siempre una fidelidad, una implicación y un orgullo de pertenencia absolutamente extraordinarios”, ha añadido.

Artolazabal ha recordado además que este año el Baskonia “ha vuelto” a “regalar” a la ciudad “un momento inolvidable” con la conquista de la Copa del Rey. “Pero más allá de los títulos, hay algo todavía más importante: la capacidad que tiene este club para generar ilusión, orgullo colectivo y sentimiento de ciudad”, ha señalado. En esa línea, ha añadido que el Baskonia y su afición “han ayudado a construir identidad de ciudad, han hecho que mucha gente mire a Vitoria-Gasteiz con admiración y han convertido el Buesa Arena en un símbolo reconocible mucho más allá de la ciudad”.

El Parlamento Vasco ha aprobado, este jueves, la reforma de la normativa autonómica de Juventud para endurecer los controles a los campamentos de verano tras el caso aún bajo investigación penal de una veintena de denuncias por presunta violencia sexual en la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo, conocidos en 2025. Pocos minutos de terminar la sesión, la consejera Nerea Melgosa, del PNV, ha anunciado también que está ya listo el decreto sobre actividades de tiempo libre con el mismo objetivo de subir la exigencia: se aprobará en junio sí o sí. En realidad, el campamento ya está prohibido de antemano porque la Diputación de Álava, la pasada semana, anunció un expediente sancionador a la entidad organizadora y a posibles otras vinculadas con Euskal Udalekuak que pudieran sustituirla.

La votación ha sido extraña. La nueva ley ha contado con el voto a favor general de PNV y PSE-EE, los partidos del Gobierno que tienen mayoría absoluta y no precisan de más apoyos. El PP ha apoyado los artículos pactados con ellos y se ha abstenido y votado en contra en otros. EH Bildu ha dicho 'sí' a algunas partes y ha optado por la abstención en el resto. Vox y Sumar han tirado de abstención general. Nacionalistas y socialistas han tramitado la reforma como proposición de ley y no como proyecto del Ejecutivo, con todo lo que eso comporta de no emisión de informes de control. Es algo que está siendo recurrente esta legislatura y las críticas de la oposición son crecientes, también este jueves.

Buena parte de las medidas han sido pactadas con el PP, principalmente el endurecimiento de las sanciones con respecto a la redacción original. Las cuantías máximas para los casos más graves pasarían de 45.000 euros a 600.000 euros. Los 'populares', con todo, han criticado que lo aprobado sigue teniendo lagunas. Según Laura Garrido, la reforma sólo busca “lavar la cara” de la “dejación” de la Administración en años anteriores. Ha mencionado que antes de la edición de 2025 ya había sospechas que no se atendieron. Y ha añadido que PNV y PSE-EE no podían no aceptar las enmiendas del PP porque, jurídicamente, no hacerlo habría generado una grave inseguridad jurídica, ya que por ejemplo las sanciones en la normativa de infancia sí alcanzan los 600.000 euros por hechos muy similares. Ha criticado, igualmente, que el Gobierno presente como novedoso que se exija la ausencia de antecedentes sexuales a los monitores cuando es algo ya previsto en la ley estatal desde hace años y cuando la Diputación de Álava ya lo reclama sin esperar a que entre en vigor la nueva reforma y el decreto.

Edurne Benito del Valle, de EH Bildu, ha reconocido que las enmiendas del PP han corregido las “chapuzas jurídicas” de la iniciativa inicial y ha criticado que nacionalistas y socialistas les hayan acusado a ellos de tener escaso rigor jurídico en las enmiendas. También ha apuntado que la reforma ofrece “cambios muy limitados”. Opina que PNV y PSE-EE sólo han buscado dar “imagen de que se actúa”, más que actuar. “Los supuestos endurecimientos no existen. Son cosas ya recogidas en otras normas”, ha denunciado. Entiende Benito del Valle que “se ha perdido una oportunidad” para abordar una reforma más profunda. “No suele ser conveniente legislar en caliente, haciendo las cosas de manera apresurada e impulsiva”, ha concluido. Y ha añadido, mirando al calendario, que ya es junio y que adoptar cambios de cara al verano en esta época del año “genera nerviosismo” en los organizadores de actividades.

Desde los partidos del Gobierno, Ander Añibarro del PNV, que fue director de Juventud, ha explicado que los “acontecimientos recientes exigen respuestas contundentes”. “Nos obligan a dar un paso más adelante”, ha solemnizado. Y ha añadido: “Cuando hablamos de menores, la seguridad está por encima de cualquier otra consideración”. Ha rogado también “que no se quite importancia” a las novedades de la ley, como la exigencia de una declaración responsable a los organizadores“. En este sentido, ha considerado Garrido y Benito del Valle han hecho discursos ”iguales“ y alarmistas. ”Esto va a ser bueno. Le pese a quien le pese“, ha prometido Añibarro. El PSE-EE, por boca de Itxaso Asensio, ha destacado que el texto ”refuerza la protección“ de los menores y que garantiza un ”mayor control previo“ de los campamentos. Estas modificaciones ”son muy necesarias“ para que las colonias sean ”espacios seguros“, ha apostillado.

Sumar se ha abstenido. También lo ha hecho Vox. Falsamente, la portavoz de la formación de ultraderecha, Amaia Martínez Grisaleña, ha acusado a EH Bildu de “frenar la tramitación urgente” de esta reforma. Sin embargo, la ley sí se ha tramitado por la vía de la urgencia, como constaba en el orden del día. De hecho, ha sido resuelta en unos pocos meses. En la votación no ha participado el lehendakari, Imanol Pradales. Está de viaje oficial en Canarias para asistir a los actos con motivo de la visita del papa de la Iglesia católica, León XIV, invitado por el presidente autonómico, Fernando Clavijo. La presidenta, Bakartxo Tejeria, ha señalado que Javier de Andrés, del PP, no tenía derecho a intervenir para dar la réplica a un comentario de Añibarro.

Tras el debate, ha tomado la palabra la consejera Melgosa. Ha dicho que “Euskadi ha dado un paso necesario” y que “esto no acaba aquí”. “En breve”, este mismo mes, estará listo el decreto con más medidas. Ha puesto en valor también que tiene “tres inspectoras” para garantizar la seguridad de los menores. “Con eso no puede haber zonas grises”, ha señalado. Asimismo, ha confiado que con todo el armazón jurídico en vigor no haya conflicto en julio cuando estaba prevista una nueva edición del campamento de Bernedo. En los últimos meses, Euskal Udalekuak ha recibido un buen número de apoyos, también de rostros conocidos de la cultura. Asimismo, ellos siempre han sostenido que defienden un modelo que naturalice la sexualidad y la desnudez y han rechazado las acusaciones de violencia sexual. La investigación penal sigue su curso en el Tribunal de Instancia de Vitoria.

Un total de 11.507 estudiantes de Bachillerato de los 12.080 que se han presentado a la fase de acceso de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Universidad pública vasca (EHU) han aprobado, lo que supone que la ha superado el 95,26%, según ha informado en una nota. Según ha recordado, la Selectividad consta de dos fases, una de acceso, que el alumnado de Bachillerato debe aprobar para poder acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, y una de admisión, voluntaria, que permite mejorar la calificación obtenida en la fase de acceso. Así, 952 estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior se matricularon a las pruebas de materias de la fase de admisión.

Por territorios, han aprobado la PAU 1.602 estudiantes de Bachillerato de los 1.700 que se han presentado en Álava (94,24%), 5.575 de los 5.044 que realizaron la prueba en Bizkaia (93,79%) y 4.321 de los 4.413 que la realizaron en Gipuzkoa (97,92%). Además, ha aprobado un alumno de los 12 que, por diversas circunstancias, no tienen asignado un campus para realizar la PAU. En cuanto al idioma, de los 9.447 estudiantes que realizaron la prueba en euskera la han superado 9.145, el 96,80%, mientras que han aprobado 2.362 estudiantes de los 2.633 que la hicieron en castellano, el 89,71%.

Las calificaciones han podido ser consultadas por el propio alumnado este miércoles a través de la aplicación Sarbidea y la solicitud de revisión se puede presentar del 11 al 15 de junio. Los resultados definitivos de las pruebas se publicarán el 22 de junio y la petición para ver exámenes se debe realizar los días 23 y 24 de junio. La convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. El alumnado que desee presentarse debe matricularse del 18 al 23 de junio.

El barrio de Zaramaga de Vitoria ha acogido este miércoles la inauguración oficial de la recreación del mural conmemorativo de las víctimas de la masacre del 3 de marzo de 1976. Está ubicado en la fachada del número 28 de la calle de los Reyes de Navarra y recuerda a las cinco personas que fueron asesinadas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta laboral que dejó también decenas de heridos. Puedes leer aquí el especial por el quincuagésimo aniversario.

Esta intervención recupera uno de los símbolos más reconocibles del barrio y actualiza la obra original realizada en 2013, que tuvo que ser retirada por la rehabilitación del edificio que la acogía. La recreación del mural fue realizada de forma colectiva durante el verano de 2025 con la participación de más de 30 personas voluntarias vinculadas al barrio de Zaramaga y al movimiento memorialista. Los trabajos de pintura se desarrollaron pieza a pieza sobre tela y en formato modular, permitiendo su posterior instalación -a modo de puzle- sobre la nueva fachada ventilada del edificio rehabilitado.

El nuevo mural ocupa una superficie de 180 metros cuadrados y está compuesto por 50 piezas modulares de 150x240 centímetros. La obra reproduce y actualiza el mural original creado en 2013, respetando su composición y su mensaje principal: la reivindicación de memoria, verdad y justicia medio siglo después de los sucesos de 1976. El mural, tanto en su versión original como en esta nueva recreación, imita un gran panel compuesto por recortes de prensa, fotografías y documentos alusivos a los sucesos.

El acto de presentación ha contado con la participación de la teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal, de la concejal de Gobierno abierto y Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa, y del viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana , Juan Carlos Abascal. Además de los representantes institucionales, han asistido vecinos del barrio, personas voluntarias participantes en el proceso de creación colectiva y miembros de la asociación Martxoak 3. También han participado Verónica Werckmeister, muralista y coordinadora del trabajo, y Javier Hernández Landazábal, autor del mural original, que han explicado el trabajo de recreación del mural realizado durante el pasado verano y la instalación sobre la fachada efectuada recientemente.

Artolazabal ha destacado que la recuperación del mural supone “mucho más que la inauguración de una obra artística”, ya que el mural “representa la memoria colectiva de un barrio y de una ciudad” e invita a “mantener vivo su recuerdo para seguir construyendo una sociedad basada en la convivencia, la democracia y el respeto”. Por su parte, Fernández de Landa ha destacado el valor simbólico y comunitario de esta intervención. “Hoy devolvemos al barrio un símbolo muy importante de memoria colectiva; este mural representa el compromiso de Zaramaga con la memoria, la justicia y la participación vecinal”, ha afirmado.

El viceconsejero ha indicado que el mural se integra en la estrategia de regeneración integral que el Gobierno vasco impulsa en Zaramaga a través del programa Opengela. Abascal ha recordado que esta actuación moviliza más de 31 millones de euros de inversión pública y beneficiará a más de 350 viviendas. La muralista Werckmeister y el artista Hernández Landazábal han agradecido la implicación de todas las personas que han hecho posible el proyecto y han destacado el carácter colectivo del trabajo.

Los plenos de las Juntas Generales de Álava y de Gipuzkoa han aprobado este miércoles el nuevo impuesto a las estancias turísticas. Bizkaia lo tiene ya ultimado, porque perfiló el articulado en comisión este lunes, aunque lo ratificará próximamente en sesión plenaria. Se trata de un texto propuesto por los partidos del Gobierno en los tres territorios, PNV y PSE-EE, ajustado con enmiendas de Podemos y al que EH Bildu no se ha opuesto. Ahora, la pelota pasa al tejado de los municipios, que tienen que desarrollar las ordenanzas. Se estima que entre en vigor en enero de 2027.

En el caso de Álava, sólo ha contado con la negativa de PP y Vox. La diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Itziar Gonzalo, del PNV, ha destacado que esta iniciativa responde “al crecimiento de la actividad turística y su impacto directo en los servicios públicos, la convivencia y la sostenibilidad de nuestros municipios”. “La actividad turística genera riqueza y proyección exterior, pero también supone un uso intensivo de infraestructuras, servicios y recursos públicos que sostenemos entre todas y todos. Por ello, esta norma no nace para limitar el turismo, sino para garantizar que esa actividad contribuya de forma equilibrada al interés general, reforzando el principio de corresponsabilidad”, ha argumentado.

En Gipuzkoa, la diputada de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre, también del PNV, ha destacado que se trata de una medida “flexible” que propiciará “un turismo más sostenible y equilibrado”, ya que cada municipio “decidirá la tasa en función de sus necesidades”. Asimismo, ha señalado que el objetivo es “responder de manera proporcionada a las consecuencias de esta actividad y dar herramientas” a las distintas localidades.

Las medidas

La norma introduce, como novedad en relación a la propuesta inicial, el concepto de “intensidad turística”, la relación entre el número de plazas turísticas y la población, para dar mayores opciones a los municipios que más sufren las cargas del turismo o para liberar de la carga burocrática de la implantación del impuesto a aquellos ayuntamientos con una intensidad turística muy baja.

Entre las medidas que se han incorporado se contempla la exención a las personas con un grado de discapacidad extensible a las personas acompañantes, que se aplicará tanto a quienes acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65% o una situación de dependencia de grado II o III, como a la persona que las acompaña, con un máximo de un acompañante por cada persona beneficiaria.

Otra de las medidas ajustadas con las enmiendas son las tarifas más amplías y se gravará más intensamente las viviendas de uso turístico y los cruceros. La tabla definitiva establece tarifas en los establecimientos hoteleros de 5 estrellas o categoría equivalente entre 4,50-6,50 euros; de 4 estrellas o categoría equivalente entre 3,50-5,50; de 3 estrellas o categoría equivalente entre 1,50-3,50; de 2 estrellas o categoría equivalente entre 1,00- 2,50; y de 1 estrella o categoría equivalente 0,75-1,75.

En las pensiones será entre 0,75-1,75 euros; en apartamentos turísticos entre 1,50-3,50 euros; en Campings y otras modalidades de acampada entre 0,75-1,75 euros; en Agroturismos entre 0,50-1,25 euros: en Casas rurales y en Albergues entre 0,75-1,75 euros. En las viviendas para uso turístico cedidas enteras y en las viviendas particulares para uso turístico cedidas por habitaciones la tarifa será de entre 4,50-6,50 euros; y en las embarcaciones de crucero turístico será de entre 6,00-7,00 euros. Asimismo, será de seis el número máximo de días sujetos al impuesto para adaptarlo a la realidad del modelo turístico actual.

Además, se amplían los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar una bonificación de hasta el 100% del impuesto, incorporando no sólo el número de plazas alojativas, sino también el nivel de intensidad turística. En concreto, esta bonificación podrá aplicarse tanto en municipios con hasta 25 plazas como en aquellos con menos de un 1% de intensidad turística y hasta 75 plazas alojativas.

Las medidas también contemplan la ampliación de los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar un recargo de hasta el 50% sobre la cuota del impuesto, incorporando no sólo el número de plazas alojativas, sino también el nivel de intensidad turística. En concreto, este recargo podrá aplicarse en municipios con más de 750 plazas alojativas, así como en aquellos con más de 5.000 habitantes cuando la intensidad turística sea igual o superior al 10%, informa Europa Press.

Reacción en Donostia

El alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha celebrado la aprobación del impuesto turístico como “una victoria de los donostiarras”, ya que se trata de “una reivindicación histórica y sostenida en el tiempo que responde a la necesidad de dotar a la ciudad de más recursos para gestionar mejor su realidad turística”. Insausti, en un comunicado, ha subrayado que con este instrumento “gana Donostia y ganan los donostiarras”. “Creemos en el desarrollo turístico que revierte en la mejora de la calidad de vida local”, alega.

El regidor donostiarra ha recordado que este impuesto “es fruto de años de trabajo y de una apuesta clara” de la capital guipuzcoana, al tiempo que ha subrayado que “Donostia ha empujado para que este instrumento exista”. “Tiene sentido que quienes se alojan y disfrutan de la ciudad contribuyan también a mejorarla. Donostia es una ciudad para compartir, pero ante todo tiene que ser una ciudad para vivir”, ha afirmado.

La vecindad de Riberas de Loiola ha comparecido en el Parlamento Vasco este martes para denunciar la falta de respuesta coordinada entre instituciones en torno al desarrollo del barrio donostiarra. Ha advertido de que la planificación urbana no ha ido acompañada de servicios ni de equipamientos suficientes para la población residente y proponen una mesa interinstitucional para lograr una mayor coordinación. Piden la paralización de las viviendas dotacionales anunciadas.

Javier Santos, vecino del barrio Riberas, ha explicado que el barrio, con más de 20 años desde su construcción, cuenta con 2.527 viviendas y más de 6.000 habitantes, según los datos que recabaron del Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Donostia. Ha expuesto que, a pesar de ello, Riberas no cuenta con un centro de salud, hogar de jubilados, haurtxoko ni gazteleku, servicios que quedaron pospuestos por falta de presupuesto a la hora de construir el barrio.

El vecino ha explicado que el planteamiento institucional que propone el Gobierno vasco con la construcción de apartamentos dotacionales no aborda integralmente la falta de equipamientos, servicios y planificación coordinada que denuncian desde hace años. En ese sentido, han insistido en que las soluciones planteadas “no responden a la magnitud de los problemas detectados”. Santos ha pedido que se haga un mayor diagnóstico del barrio para reconocer estas necesidades y la importancia de que sean atendidas.

En ese contexto, Santos ha pedido, en el nombre de su comunidad, la creación de una mesa interinstitucional que reúna al Gobierno vasco, al Ayuntamiento de Donostia y al resto de agentes implicados en el proyecto para alcanzar una propuesta global. “La coordinación actual es insuficiente”, ha añadido. Ha invitado a los comparecientes a tocar la puerta en las demás comisiones para hacer frente al desequilibrio en el crecimiento del barrio.

Desde la oposición, el PP, representado por Ana Morales, ha criticado la falta de coordinación institucional y ha reprochado los desencuentros entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Donostia. Ha advertido de que la situación podría estar bloqueando el avance de proyectos clave en la ciudad. Con ella, se alineaba Marijo Etxegoien, portavoz del PNV, quien también ha abogado por una mayor cooperación institucional para desbloquear actuaciones urbanísticas.

Itziar Murua, portavoz de EH Bildu, ha señalado la necesidad de reforzar la intervención pública en materia de vivienda y planificación urbana, concordando más con el PSE-EE. Este último partido, representado por Adrián Fernández, ha respaldado la gestión del Gobierno, cuyo consejero proviene del mismo partido político, y ha subrayado la necesidad de seguir ampliando el parque público de vivienda en Donostia.

Tras la comparecencia de los vecinos, la comisión ha continuado con la presencia del consejero de Vivienda y Agenda Urbana del , Denis Itxaso. Morales le ha preguntado durante la comisión al respecto de la coordinación interinstitucional entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Donostia para la intervención en las parcelas de Riberas de Loiola. Durante el mes de febrero, tanto Itxaso como Jon Insausti, el alcalde de Donostia, anunciaron que, en la misma parcela, construirían 200 y 400 viviendas respectivamente. Dichos anuncios mostraron esa falta de coordinación.

El consejero ha comenzado su intervención criticando lo “curioso que resulta” que el PP esté haciendo preguntas sobre vivienda pública. “Donde gobierna, ha hecho precisamente de la descoordinación del incumplimiento de la normativa estatal y de la ausencia de política pública, su principal señal de identidad”, ha opinado Itxaso.

Contestando la pregunta de la portavoz del PP, Itxaso ha defendido que sí existe coordinación interinstitucional y ha rechazado la idea de bloqueo entre administraciones, enmarcando la actuación del Gobierno en una estrategia de colaboración con el Ayuntamiento de Donostia y otras instituciones. Ha sostenido que el foco debe ponerse en los resultados de las políticas de vivienda y no en los desencuentros políticos, y ha reivindicado los proyectos en marcha como prueba de esa cooperación, afirmando que “eso es coordinación útil”, en referencia a las actuaciones de vivienda pública impulsadas en distintos ámbitos de la ciudad.

Tras la respuesta del consejero, Morales ha replicado criticando duramente su intervención y acusándole de evitar la autocrítica sobre los desencuentros con el Ayuntamiento de Donostia. Ha considerado que Itxaso ha centrado su discurso “dar aquí anuncios y autobombo”, en lugar de explicar la situación de coordinación institucional. Morales ha señalado su mayor enfoque en otros gobiernos que en su relación con el consistorio donostiarra. Además, ha advertido de que los proyectos en Riberas de Loiola estarían viéndose afectados por esos cruces de declaraciones y ha reclamado que se asuman responsabilidades.

La preocupación por las viviendas de Vitalquiler llega al Parlamento

Previo a la comparecencia de los vecinos de Riberas de Loiola, la comisión se ha centrado en Vitoria, específicamente, en los cientos de inquilinos de Vitalquiler. Rubén Iturre y Miriam Díaz, representantes del sindicato LAB, junto a Amaya de la Cruz, inquilina de Vitalquiler, han comparecido para denunciar la situación de familias afectadas por la pérdida progresiva de la calificación de vivienda protegida.

Según ha declarado la inquilina, desde septiembre de 2025, cuando las viviendas pasaron al mercado libre en manos de Vitalquiler, hubo una subida de renta de hasta 300 euros mensuales. Junto a este aumento, se adjuntan unas nuevas condiciones que consideran abusivas, como la obligación de pagar el IBI, avales de 3.500 euros o la renuncia al derecho de adquisición preferente. De la Cruz ha señalado que muchas de estas viviendas “solo cuentan con el baño, unos pocos muebles de cocina y no tienen electrodomésticos, ni siquiera vitrocerámica”.

El sindicato LAB ha advertido de una situación de inseguridad residencial, con familias que desconocen si podrán seguir en sus viviendas o asumir las nuevas condiciones económicas. Por ello, ha reclamado garantías para la continuidad en los alquileres, la revisión de cláusulas consideradas abusivas y la intervención directa del Gobierno vasco. Entre estas intervenciones, han pedido la aplicación efectiva de la normativa de zonas tensionadas, el respeto a las prórrogas legales, la revisión de los contratos ya firmados bajo presión y el estudio de la incorporación de estas viviendas al parque público de alquiler social de forma permanente.

Fernández, portavoz del PSE-EE, ha defendido que la vivienda “no puede tratarse como un bien de mercado ordinario” y que “no existe una relación de igualdad entre una familia y un fondo de inversión que gestiona cientos de viviendas”. Ha insistido en la aplicación de las prórrogas legales incluso en contratos previos a 2023 y en la intervención del Gobierno vasco para reequilibrar la situación. En la misma línea, Jonatan Moreno del PNV ha subrayado la importancia de la “mediación” para “tratar de reequilibrar esas situaciones de desigualdad”. También, ha defendido el refuerzo de las ayudas públicas y del nuevo marco normativo como herramientas para evitar desprotección en el acceso a la vivienda.

Por otro lado, EH Bildu y el PP han compartido la idea de que la respuesta debe ir más allá del corto plazo, aunque con enfoques distintos sobre el papel del mercado y la intervención pública. Murua, representando a EH Bildu, ha reclamado que “se cumpla la normativa de zonas tensionadas de forma activa” y que “a quien no lo cumpla, se le aplique ese régimen sancionador en modo activo, de forma proactiva”. Por su parte, Morales, del PP vasco, ha sostenido que el cambio de calificación implica un nuevo escenario en el que “hoy esas viviendas ya no tienen la calificación de vivienda protegida y el paraguas que existía antes de un programa social de alquiler ya no existe”. Ha defendido explorar soluciones institucionales y de mercado como prestaciones o acuerdos de apoyo.