Más de la mitad de los adolescentes han estado expuestos a discursos de odio, un porcentaje que alcanza el 77% entre quienes tienen 15 y 16 años. Además, un 36,1% de chicas y un 22,1% de chicos de 15 a 16 años afirma haber sido víctima de algún episodio de acoso cara a cara, “lo que evidencia la magnitud de un fenómeno que combina espacios físicos y digitales”, según detalla el informe EU Kids Online, con participación destacada de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) a través de Maialen Garmendia, doctora en Ciencias Políticas y Sociología y Profesora Titular de Universidad en la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la EHU.

“El acoso online tiene su origen en casi todos los casos en el acoso cara a cara, y nace como una extensión de este perpetrado mayoritariamente en las aulas. No se trata solo de un problema digital, sino de convivencia, sobre el que hay que formar y apoyar a toda la comunidad escolar y a las familias”, reconoce Garmendia.

La investigación, en la que han participado 2.596 menores de 10 a 16 años en España y ha sido cofinanciada por la Unión Europea y coordinado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), también destaca que uno de cada tres escolares afirma haber visto contenidos potencialmente perjudiciales —desde teorías conspirativas hasta retos peligrosos— y cerca de uno de cada cinco reconoce enfrentarse a experiencias negativas en la red al menos una vez al mes. “Seis de cada diez niños no saben verificar si una información es falsa o un sitio web es confiable”, advierte Garmendia, en un contexto marcado por la proliferación de discursos de odio y desinformación.

Sobre el uso de las pantallas, el estudio recalca que el 70% utiliza el smartphone a diario y uno de cada cinco lo hace incluso después de acostarse. Entre las actividades más habituales destacan escuchar música (75%), ver vídeos en redes sociales (59,3%) y consumir contenidos en streaming (54%), cifras que aumentan entre los 13 y los 16 años. En cuanto al uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, la investigación sostiene que uno de cada tres menores la emplea para resumir o explicar textos y uno de cada cuatro para redactar trabajos escolares. Además, la mitad recurre a internet a diario para hacer los deberes.

Ante este escenario, la investigadora subraya la necesidad de “reforzar las competencias digitales críticas” y reclama un mayor “compromiso de las plataformas en la moderación de contenidos”. “La falta de control facilita la difusión de mensajes dañinos y evidencia la necesidad de avanzar hacia entornos digitales más seguros, especialmente para la infancia”, advierte Garmendia.

EU Kids Online es una red europea de investigación que busca mejorar el conocimiento sobre las oportunidades, riesgos, competencias digitales y bienestar de la infancia y la adolescencia en Europa. Actualmente, la red está formada por equipos de investigación de 34 países, emplea metodologías comparativas y enfoques empíricos rigurosos para comprender las experiencias digitales de los niños, niñas y adolescentes, y de sus familias. Sus trabajos, basado en las evidencias científicas acumuladas durante más de 15 años, tienen incidencia muy relevante en el desarrollo de políticas de seguridad en internet en la UE. EUKids Online Spain está compuesto por investigadoras e investigadores de la EHU, y es un grupo de investigación consolidado reconocido por el Gobierno vasco y la universidad.

Más de un centenar de mujeres políticas alavesas de la historia de la democracia, que representaron y representan a distintas formaciones políticas en las Juntas Generales de Álava, se darán cita el 7 de mayo en la sede histórica del Parlamento alavés para recibir un reconocimiento. Así lo ha trasladado en un comunicado la Cámara alavesa, que ha informado que el acto está impulsado por el Grupo de Igualdad de Juntas Generales y recogido en las acciones del 'Plan de Igualdad'.

Las primeras procuradoras, elegidas para la primera legislatura, fueron María Lourdes Aburto Ascolizaga, María Jesús Aguirre Uribe, María Jesús López de Vergara Berriozábal y María Mercedes Villacián Peñalosa (del grupo Nacionalistas Vascos), Cristina Valverde Ibáñez (del grupo Socialista), Rosario Muela Velasco (del grupo Unión del Centro Democrático) y Begoña Zunzarren Irigoyen (elegida como representante de la hermandad de Llodio). En aquella primera legislatura, aunque más adelante, se sumaron también Milagros Gobantes García (socialista), Begoña Rebuelta Castresana (del PNV) y María Ángeles Tauste García (de UC).

“Cabe destacar en este sentido, que aún contando con tan sólo un 12,5% de mujeres respecto del total de representantes en la Cámara foral alavesa, este porcentaje resultó ser el más alto de las instituciones parlamentarias de nuestro entorno en aquel momento. Las Juntas Generales de Bizkaia y Gipuzkoa alcanzaron un 4,44% (4 de 90) y un 3,70% (3 de 81) respectivamente, el parlamento vasco en su legislatura 1980-1984 un 5,33% (4 de 75), el Congreso de los Diputados un 6% (21 de 350) en la legislatura constitutiva y un 6,85% (24 de 350) en la 1979-1982, y el Senado un 2,41% (6 de 248) en la legislatura constitutiva y un 2,82% (6 de 213) en la 1979-1982”, explican desde las Juntas Generales.

Según ha destacado, siete mujeres fueron las pioneras en 1979, las primeras en tomar posesión como procuradoras en la primera legislatura de la democracia, informa Europa Press. A ellas les han ido tomado el testigo hasta 127 mujeres de diversas siglas políticas. El encuentro del jueves 7 de mayo no se limitará a un reconocimiento al uso, ya que las Juntas Generales han colaborado con la Escuela de Artes y Oficios en una iniciativa que une, además, a profesorado y alumnado.

El Gobierno vasco ha aprobado una modificación del reglamento de desarrollo de la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, una reforma que tiene como objetivo “corregir aspectos mejorables” de la normativa actual y ofrecer una mayor seguridad en procesos de revocación de las habilitaciones del personal de servicio de admisión.

Esta reforma ha sido aprobada un año después de la muerte de Kerman Villate, el joven fallecido el 23 de febrero de 2025 tras ser golpeado por un portero de la sala Mítika de Vitoria. Con la modificación de este reglamento se persigue que se detecte de forma efectiva y coordinada quiénes pueden haber incurrido en alguna causa de revocación, y actuar en consecuencia para evitar que puedan seguir desarrollando dichas tareas, según recoge Europa Press.

El nuevo decreto regula el procedimiento de revocación de la habilitación y consiguiente baja en el registro, incluyendo la posibilidad de suspensión inmediata. El proyecto de decreto de segunda modificación del decreto por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas también refuerza los canales de comunicación entre administraciones competentes para el control, inspección y sanción en la materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, a fin de que las conductas impropias constitutivas de causa de revocación de la habilitación sean conocidas y compartidas para impedir que se repitan.

Así, se establece la obligación de comunicar la iniciación y resolución del proceso al ayuntamiento del municipio donde el hecho motivo de revocación haya tenido lugar, así como la suspensión. Del mismo modo, el ayuntamiento que detecte comportamientos o hechos susceptibles de dar lugar a la revocación deberá comunicárselo a la Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco.

Las modificaciones

La reforma especifica mejor las funciones del personal de servicio de admisión y define en qué establecimientos se debe disponer de personal de servicio de admisión habilitado y registrado. A su vez, se diferencia la habilitación e inscripción, por una parte, y el registro del personal de servicio de admisión, por otra. La habilitación es la prueba o examen que se realiza y la inscripción en el registro se hace de oficio. Una vez comprobado que la persona solicitante cumple con todos los requisitos, queda registrada y se le entrega un carné de personal de servicio de admisión.

La modificación incluye un artículo relativo al periodo de vigencia o validez de la habilitación que hasta ahora era indefinido. A partir de ahora tendrá una vigencia de diez años. Ese plazo se contabilizará desde el día de entrada en vigor del presente decreto para todas aquellas habilitaciones otorgadas con anterioridad. Además, se incluye un artículo relativo a la renovación de la habilitación y un apartado referente a la expiración de la vigencia de la habilitación y su no renovación como causa de revocación de la habilitación.

El nuevo texto establece el periodo de cinco años para presentarse a las pruebas para poder obtener la habilitación quienes hayan estado desarrollando funciones de personal de servicio de admisión sin cumplir los requisitos establecidos en el decreto o cuando se haya revocado la habilitación. Además, no será posible obtener una nueva habilitación y consiguiente inscripción en el registro de personal de servicio de admisión hasta pasados cinco años desde que la revocación se formalice.

El consejero Alberto Martínez prepara una reorganización de la estructura del Departamento de Salud que implicará, entre otras medidas, un cambio de nombre en la actual viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias (a partir de ahora de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitaria) y la desaparición de las históricas delegaciones territoriales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y de la figura de los delegados, tres altos cargos. En este segundo caso, el objetivo principal es centralizar los contratos de concertación de servicios sanitarios para evitar que se produzcan condiciones diferentes en función de los territorios.

En paralelo al decreto de creación del nuevo Instituto Vasco de Salud Pública, que se llamará Osasungintza, adelantado por este periódico, el consejero tiene ya un borrador de otro decreto para modificar la estructura del Salud. El viceconsejero Aritz Uriarte, ahora de Administración y Financiación Sanitarias pero próximamente de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitaria, explica a este periódico que se busca acomodar el organigrama a los compromisos adquiridos en el denominado pacto vasco de salud, alumbrado en el verano de 2025.

En el caso de las delegaciones territoriales, se van a reconvertir en “sedes” de Salud en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Estará destinado en ellas el “mismo personal”, pero ya no habrá un delegado del que dependan jerárquicamente. Actualmente hay 607 funcionarios destinados en estos servicios, 259 en la delegación vizcaína, 231 en la guipuzcoana y 117 en la alavesa. La importancia del cambio, más allá de lo simbólico, es que permitirá la “homogeneización” de contrataciones de servicios concertados.

Ahora, en lugar de hacerse adjudicaciones en cada provincia para cada servicio, habrá un único expediente de licitación con varios lotes, lo que permitirá evitar “inequidades”, ahorrar costes en derivaciones y “controlar más de cerca” los servicios externalizados, según expone el viceconsejero. Actualmente, los delegados son José Antonio Beltrán de Salazar en Álava, José Ramón Aranbarri en Gipuzkoa y Andoni Gamboa en Bizkaia, según el directorio del Departamento de Salud.

Las delegaciones colgaban hasta ahora de la viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias, que a la aprobación del decreto pasará a ser de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitaria. El cambio de denominación, según Uriarte, tiene que ver con la nueva fiolosofía política que se le quiere imprimir mirando a “sostenibilidad, cultura participativa o resultados en salud”.

Además del cambio de los delegados, se creará una nueva subdirección de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades, coordinada con la nueva institución Osasungintza, el Instituto Vasco de Salud Pública. Igualmente, se articulará la participación de los pacientes en el sistema con un “plan director” y un “registro vasco de organizaciones de pacientes”, según indica el viceconsejero. Igualmente, se adscribirá a la nueva estructura de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitaria todo lo relativo al área sociosanitaria, de coordinación entre el sistema de salud y las residencias de mayores, de gestión foral.

Los orígenes de la Catedral de Santa María, conocida popularmente como la Catedral Vieja, se remontan al año 1150 con un templo románico, reconstruido posteriormente en estilo gótico durante el siglo XIII. Este magnífico monumento de Vitoria-Gasteiz presenta una planta de cruz latina, tres naves y un imponente pórtico del siglo XIV. A lo largo de los siglos, el edificio evolucionó de simple parroquia a colegiata y, finalmente, a catedral en 1862. Sin embargo, su construcción sobre una antigua fortaleza defensiva le acarreó graves e históricos problemas de carácter estructural.

Columnas deformadas por el peso de las bóvedas alertaron durante décadas sobre su delicado estado de salud material, de ahí que el templo gótico que admiramos hoy sea el resultado de una evolución histórica ligada intrínsecamente a la propia capital de Euskadi. Es, sin duda, un baluarte arquitectónico que ha resistido el paso del tiempo mientras luchaba contra su propia fragilidad. Y es que el destino de la catedral cambió drásticamente en octubre de 1994, cuando parte de la bóveda cayó sobre los bancos. Afortunadamente no hubo heridos, pero el suceso obligó al cierre inmediato del templo ante la amenaza real de ruina. Lejos de ser un final, este incidente propició una oportunidad única para diseñar un ambicioso proyecto de restauración. 

Se buscó el asesoramiento de expertos internacionales para acertar con el remedio adecuado antes de iniciar las obras. Y así comenzó un trayecto emocionante para salvar un tesoro que corría el riesgo de desaparecer para las futuras generaciones. Aquel derrumbe fue el catalizador necesario para transformar una necesidad técnica en un referente cultural a nivel mundial. En mayo de 1999 se constituyó la Fundación Catedral Santa María para liderar este proceso de rehabilitación integral. Un año después nació el revolucionario eslogan “Abierto por obras”, una iniciativa pionera que cambió las reglas del juego. En lugar de ocultar la restauración tras vallas y carteles de prohibido el paso, se invitó al público a entrar. 

Los visitantes, ataviados con cascos de seguridad, empezaron a recorrer un templo en plena transformación arqueológica y arquitectónica. Esta filosofía permitía compartir cada descubrimiento con la sociedad, convirtiendo la obra en un espectáculo educativo constante. El modelo ha sido tan exitoso que hoy es un referente internacional para el turismo alternativo y la conservación. Instituciones de todo el mundo, como el capitolio de La Habana, han replicado este sistema de gestión patrimonial. La catedral se convirtió así en un motor de cohesión social y de desarrollo económico para Vitoria-Gasteiz.

La fascinante atmósfera de las obras atrajo la atención de grandes figuras de la literatura como el autor Ken Follett. El escritor galés reconoció que la catedral de Vitoria fue una fuente de inspiración directa para sus famosas novelas. Concretamente, su obra “Un mundo sin fin” se nutrió de la documentación proporcionada por la propia fundación catedralicia. Follett quedó tan impresionado por los trabajos técnicos que presentó su libro en el pórtico del templo en 2008. En agradecimiento a su difusión internacional, la ciudad le dedicó una estatua en la cercana plaza de las Burullerías. Otros autores como Mario Vargas Llosa o Paulo Coelho también pasaron por estas naves buscando inspiración literaria. 

La catedral no solo se restauraba físicamente, sino que se posicionaba como un centro de creatividad y cultura internacional. Este vínculo con las letras ha reforzado el aura mágica y el prestigio de este monumento gótico de la provincia de Álava. Realizar una visita guiada por Santa María supone un auténtico viaje en el tiempo desde la cripta hasta la torre, con un recorrido que permite pasear por andamios y ver de cerca cómo trabajan arqueólogos, canteros, restauradores y arquitectos. Uno de los mayores atractivos es el espectáculo “El pórtico de la luz”, que proyecta las policromías originales. El itinerario incluye el paso de ronda y el triforio, ofreciendo perspectivas únicas del interior del templo gótico. Además, los visitantes pueden subir a la torre campanario para disfrutar de una panorámica inigualable de la capital. 

La experiencia se completa con modernos soportes tecnológicos, vídeos y realidad virtual que facilitan la comprensión histórica. Es una oportunidad excepcional para aprender sobre la construcción medieval mientras se observa la ciencia moderna en acción. Cada rincón de la catedral cuenta una historia diferente sobre el peso de la historia y el arte. Las excavaciones arqueológicas han revelado que la catedral se asienta sobre una inmensa necrópolis con más de mil años. Se han hallado cerca de 2.000 cadáveres, confirmando que este fue un punto neurálgico religioso desde la Edad Media. Entre los descubrimientos más sorprendentes destaca un pozo milenario y antiguos canales situados en el pleno corazón del templo. Estos hallazgos demuestran que la iglesia primitiva se construyó directamente sobre un cementerio que fue utilizado durante siglos. 

La cripta ha sido transformada en un museo donde se puede recorrer la historia de la ciudad de forma cronológica. Los estudios realizados han permitido conocer a fondo los orígenes de Gasteiz y su primer recinto amurallado defensivo. La arqueología ha sido complementaria a las obras de ingeniería, aportando luz sobre la vida de los antepasados. Cada estrato excavado ha servido para desentrañar los secretos que la tierra guardaba bajo los cimientos del edificio.

Tras 25 años de trabajos y una inversión de casi 50 millones de euros, se han culminado hitos fundamentales. Las cubiertas han sido renovadas completamente tras un proceso que mejoró el aislamiento y el drenaje. Se ha inaugurado un balcón mirador en la entrecubierta que permite ver la cara superior de las bóvedas. También se ha habilitado una zona acristalada sobre el pórtico para usos múltiples y salas de reuniones culturales. Los operarios se centran ahora en las cubiertas de la girola, continuando con el plan de restauración previsto. Aunque la consolidación estructural principal está terminando, el enfoque se traslada ahora hacia el mantenimiento preventivo. La catedral sigue evolucionando para asegurar que su estructura permanezca estable y segura durante los próximos siglos.

Agenda cultural

A pesar de las obras continuas, la catedral de Santa María compagina a la perfección su vida religiosa con un intenso programa de actividades culturales y turísticas. El templo acoge conciertos de diversos estilos musicales, conferencias y talleres educativos adaptados para los más pequeños. Es el principal recurso turístico de Vitoria-Gasteiz y de todo el territorio histórico de Álava en la actualidad. El objetivo de la fundación es armonizar el carácter sagrado del edificio con su uso como motor cultural. Se ha logrado que todos sus espacios sean accesibles y útiles para la sociedad, rompiendo barreras arquitectónicas. La catedral es hoy un organismo vivo que late al ritmo de la ciudad que la vio nacer. Es un ejemplo de cómo el patrimonio puede ser un espacio de encuentro para la fe, el arte y la ciencia.

El programa “Abierto por obras” ha superado la impresionante cifra de dos millones de visitantes totales. Solo durante el último año, más de cien mil personas recorrieron sus naves para ser testigos de esta gran gesta. Lo que comenzó como una medida de emergencia se ha transformado en un éxito social y cultural sin precedentes. 

Facua, una organización que defiende los derechos de los consumidores, le ha pedido al Ayuntamiento de Vitoria que retire diez unidades de autobuses urbanos que adolecen de “graves problemas” y suponen un “peligro para la seguridad”. Conductores de la sociedad municipal de autobuses de Vitoria (Tuvisa) venían quejándose de que la flota cuenta con un modelo fabricado por la empresa Vectia que “se apaga” cuando hay algún problema electrónico, lo que les deja sin asistencia de frenado ni dirección. La compañía, que ya ha confirmado a este periódico la existencia de estas incidencias en otras ocasiones, subraya, sin embargo, que los vehículos están “debidamente homologados”.

Las unidades, con matrículas de la K, datan de 2018 y 2019. “En ciertas circunstancias, de estar en curvas o entrando en marquesinas, sí es peligroso. Al estar entrando a una parada, te apoyas en esos sistemas de frenada y dirección parra hacer una aproximación correcta. Si de repente, y de repente es de repente, sin ningún tipo de aviso, se apaga, ese frenado con el que contabas desaparece de golpe y se convierte en un problemón”, explicaba a este periódico Asier López de Sabando, conductor y miembro del comité de empresa. Los trabajadores han dado repetidos partes de estas incidencias y aseguran que, en la práctica, se está evitando sacar estas unidades durante los fines de semana. En recientes fechas festivas, con menos frecuencia en las líneas, se han podido ver también otros modelos más antiguos cubriendo los trayectos que habitualmente hacen los Vectia.

Facua ha instado al Consitorio, gobernado por una coalición de PSE-EE y PNV, que “tome de manera urgente las medidas que sean necesarias para retirar de la circulación los vehículos afectados hasta que sus problemas de funcionamiento sean solucionados y ya no supongan un peligro para los usuarios del transporte de autobús urbano de la ciudad y para la seguridad vial en general”.

Tuvisa ya había respondido al escrito de Facua antes de que la organización lo hiciera público este jueves. En su respuesta, Tuvisa subraya que los autobuses Vectia, como todos los demás, son “debidamente homologados y sometidos a todos los mantenimientos e inspecciones periódicas correspondientes, incluidas las Inspecciones Técnicas de Vehículos”. “En dichas inspecciones se realizan, entre otras pruebas, ensayos específicos del sistema de frenado que implican la retirada de aire y la ejecución de dos frenadas de emergencia, lo que permite verificar que, incluso en situaciones de desconexión, el vehículo mantiene en todo momento su capacidad de frenado”, abunda.

Explica Tuvisa en ese escrito también que, a lo largo de los años, ha tomado diversas medidas relacionadas con el funcionamiento de estas unidades concretas. Ha brindado a todos los conductores información sobre su comportamiento, los ha puesto en contacto con personal de Vectia, ha llevado a cabo auditorías de los vehículos y ha emitido recordatorios informativos, entre otras acciones que enumera.

Facua subraya que “el funcionamiento correcto y eficiente del transporte público tiene efectos positivos para cualquier población, como la menor contaminación, la disminución de atascos y la promoción de condiciones de igualdad entre los ciudadanos al otorgarles una posibilidad de desplazamiento con independencia de su edad, estado físico o situación financiera”.

Sobre el funcionamiento de estos autobuses, Tuvisa ha explicado en otras ocasiones que todo en estos autobuses está “conectado a través de una red de comunicación”. “Si alguno de los módulos deja de comunicarse o hay una señal incorrecta, la unidad electrónica puede deshabilitarse para proteger el sistema y evitar daños mayores o un comportamiento imprevisible”, ha señalado, preguntada por este periódico. Se debe, abunda la sociedad municipal, a que estos vehículos híbridos están equipados con baterías que funcionan a “tensiones elevadas”, por lo que una anomalía podría generar “daños en componentes o generar un riesgo en la seguridad operacional”. “En absoluto”, defienden, significa esto que el autobús pierda la dirección.

Con una resolución estrictamente procesal y que no entra en ningún caso al fondo de los hechos, el Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a juzgar como homicidio doloso o asesinato el crimen sucedido en la entrada de la antigua discoteca Mítika de Vitoria de febrero de 2025. El alto tribunal estima que no cabe un recurso de casación contra la decisión de la Audiencia Provincial de Álava que, adelantándose al final de la investigación, estimó que los hechos, como mucho, eran constitutivos de un homicidio imprudente.

El asunto no es menor, ya que las penas que puedan pedirse son mucho más limitadas. En el primer supuesto, las peticiones de condena pueden ser superiores a los veinte años de prisión y, además, el juicio se desarrollaría con un jurado. En el segundo, se hará con un tribunal profesional. El Código Penal plantea penas de hasta cuatro años de cárcel en estos supuestos, aunque añade una inhabilitación de seis años en caso de que se halla realizado en un contexto profesional.

Los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Martínez Arrieta y Eduardo de Porres redactaron el 16 de abril y firmaron el 24 un auto en el que inadmitían el recurso de casación formulado por los abogados de la familia de la víctima, Kerman Villate, un joven de 31 años en el momento de los hechos y que fue golpeado en la entrada del local por uno de los porteros, que tenía numerosos antecedentes. Estaba contratado por la empresa Le Basque, señalada como responsable civil de los hechos y multada ya en vía administrativa.

La sala ofrece una larga lista de resoluciones que pueden ser revisadas en casación por el Supremo y estiman que, a pesar de lo que ponía en el propio auto de la Audiencia Provincial objeto de polémica, éste no sería el caso. Y se inhiben. Recalcan que, además, eso no implica una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, aunque “contra la presente resolución no cabe interponer recurso ordinario alguno”.

La familia de la víctima ha encajado con enfado la decisión del Supremo. Creen que “la propia resolución de inadmisión incurre en errores elementales difíciles de justificar”. Expone, por ejemplo, que se menciona una supuesta decisión judicial de 2024, previa a los hechos, que nada tiene que ver con el caso. O que se diga ahora que no cabe una revisión en casación cuando en la instancia anterior sí la preveía. “Fue precisamente esa indicación la que nos llevó a interponer el recurso”, lamenta la familia en un comunicado.

¿Qué escenario le queda al caso? Ahora, la nueva magistrada instructora, Marta Escudero, que relevó a Álvaro Silván, que sí veía base para un juicio por “asesinato” u “homicidio doloso”, tendrá que decidir si accede a la prórroga de seis meses y si admite las nuevas peticiones de prueba de la acusación ejercida por la familia, como un informe sobre los riesgos de la seguridad en Mítika que podría reabrir el debate de si hubo o no dolo en el crimen. La Fiscalía, representada por Josu Izaguirre, siempre ha defendido como la defensa del agresor que se trató de un suceso sin premeditación.

Desde el 7 al 17 de mayo en 100 localidades de Euskadi, Navarra e Iparralde se llevará a cabo la iniciativa 'Eusfera', un universo interactivo a partir de actividades presenciales y digitales para que el entorno de los menores de hasta 12 años sea cada vez más euskaldun. “Buscamos que todos los menores tengan un acercamiento al euskera y los que viven en un entorno euskaldun tengan a su disposición herramientas para disfrutar del ocio en euskera”, explican desde la organización de la iniciativa, el movimiento euskaltzale Taupa.

Hay dos formas de formar parte de 'Eusfera', las dos completamente gratuitas y que no requieren inscripción. La primera será a través de 'Euspacios', puntos de encuentro para familias que serán organizados en todos los municipios participantes en los que se podrá hablar euskera. Para ello, se desarrollarán actividades en las que toda la familia deberá participar, independientemente de su nivel de euskera. “Valoraremos el esfuerzo y se organizarán las actividades ajustándolas a la realidad lingüística de la zona y de cada familia, en la que puede que uno de los dos progenitores sepa euskera y el otro no o puede que ninguno sepa. Por eso es importante que el propio niño o niña sea quien guíe a sus padres y les enseñe euskera”, reconocen.

La segunda forma de participar será a través de los dispositivos digitales de cada familia, con “misiones” que deberán ir completando. Una especie de juego interactivo adaptado a cada nivel de euskera que tengan. El nivel se sabe a partir de rellenar un cuestionario en la página web de Eusfera. “Las misiones pueden ser, por ejemplo, crear un diccionario de palabras en euskera que se usan independientemente de si se habla en euskera o no. Puede haber personas que hablen en castellano o en francés y se saluden con un 'kaixo' o hablen de los días de la semana en euskera. Lo importante es que se vayan añadiendo palabras. En el caso de las familias euskaldunes, lo que nos pedían era herramientas y contenidos digitales, por lo que habrá películas y cuentos en euskera que podrán disfrutar en familia”, detallan.

“Fomentar el uso del euskera no es solo responsabilidad de la escuela o de las instituciones, sino de toda la comunidad. Iniciativas como Eusfera nos parecen necesarias; no son soluciones mágicas, pero sí herramientas efectivas para avanzar en el camino. Lo más importante es que crean movimiento, despiertan conciencias y activan a la gente”, reconoce Fabio Pérez Lasso de la Vega, miembro de la asociación de euskera Egizu de Getxo y uno de los organizadores de esta iniciativa en la localidad vizcaína.

Según aclara, al principio muchos padres y madres sienten recelo cuando se les habla de este tipo de actividades, pero suele ser debido al desconocimiento. “En el caso de las familias que no viven en euskera, al principio les cuesta entender y tenemos que hacer un esfuerzo para hacerles llegar estas iniciativas, pero una vez que participan, lo reciben de forma muy positiva, porque todo es desde el aprendizaje y desde el ocio en familia”, explica.

Jon Txarroalde Antolin es uno de los padres que participará en las actividades que se desarrollen en 'Eusfera' en Arrigorriaga y reconoce que el universo infantil es mucho más amplio que la escuela y que hay necesidad de construir una red para dar vida a la lengua. “Muchas veces, aunque queremos vivir más y mejor en euskera, no sabemos cómo hacerlo, o nos encontramos obstáculos en el camino. 'Eusfera' nos da la oportunidad de dar un pequeño paso como comunidad, en nuestros barrios y pueblos”, indica.

Desde la organización lo que quieren dejar claro es que “los menores imitan lo que ven, y que está en manos de las familias transmitir que el euskera es un idioma útil y natural, dando ejemplo tanto en lo que respecta a su uso, como en torno a la actitud que se muestra frente al idioma”.

La empresa Acciona se ha llevado el mayor contrato actual del Ayuntamiento de Vitoria y, quizás, el mayor que la ciudad ha firmado nunca en su historia. La compañía ha resultado adjudicataria por 381,8 millones de euros de la contrata de limpieza y gestión de residuos para los próximos diez años, es decir, a razón de 38,1 millones anuales. Hace cinco años, como precedente más cercano, se firmó un contrato de 103,1 millones con la UTE de Cespa (Prezero) y la local Onaindia para cuatro ejercicios, es decir, no más de 26 millones.

La renovación de las condiciones propuesta inicialmente ya mejoraba sustancialmente tanto el canon anual, de unos 25 a unos 35 millones de euros, como la duración total del servicio, de cuatro a diez años. Sin embargo, un recurso del sector y la ausencia de ofertas dejó desierta la primera convocatoria y obligó a una prórroga del acuerdo con la UTE anterior. Finalmente, el Ayuntamiento se avino a subir aún más el presupuesto. Es prácticamente un 50% más de lo que se venía pagando hasta ahora. Acciona, que recibe esta adjudicación en un contexto en que su nombre ha aparecido en investigaciones de corrupción, ha sido la única licitadora y ha ofrecido una rebaja del 0,8% del precio de salida.

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, del PSE-EE, ha señalado que la etapa de Acciona, que nunca antes había pasado por Vitoria para realizar el servicio de limpieza, “va a marcar un antes y un después”. Las previsiones es que la nueva contrata entre en vigor en junio.

La documentación oficial de la contrata plantea, por ejemplo, que se implementará una nueva aplicación móvil llamada 'City in touch'. Servirá para abrir los contenedores que requieran de identificación, como los de basura orgánica y fracción resto (el marrón y el gris), pero también en un futuro para denunciar incidencias y gestionarlas, entre otros servicios. Las pruebas han mostrado que este sistema, complementario al de la tarjeta física ciudadana, permite abrir los contenedores en un margen de entre ocho y diez segundos.

En general, la única oferta posible, la de Acciona, ha recibido 73,6 puntos sobre 100 en el apartado técnico, según el informe firmado por el alto funcionario municipal Joseba Sánchez. En él se alude a un sistema “puerta a puerta muy ambicioso” para la hostelería, por ejemplo, o a la calidad y “robustez” de los nuevos contenedores de “acero galvanizado” frente a los actuales, que se vuelan con facilidad. También son más firmes contra el “vandalismo”, dijo la alcaldesa.

La documentación muestra que se incorporarán a la flota vehículos eléctricos, en concreto barredoras de la marca Tenax o vehículos Renault Master. Habrá también barredoras de combustión de Ros Roca y la mayoría de camiones serán de la casa Iveco, salvo algunos Fuso (Mitsubishi) para la recogida de vidrio.

Otras novedades anunciadas por el Ayuntamiento son el “nuevo servicio de fregado de pavimento con la utilización de unas máquinas específicas para extraer la suciedad” que harán las calles más “pulcras”, equipos de “desbroce de la vegetación o retirada de la hoja en función de cada estación” y limpiezas intensivas de los barrios al menos una vez al año. Asimismo, desaparece el camión que hacía las veces de punto verde móvil y “se va a transformar con la colocación de veinte puntos fijos para el reciclaje de aceite de cocina, pilas, radiografías, residuos electrónicos, entre otros materiales”. “Se van a distribuir por diferentes espacios y barrios de la ciudad, para que se conviertan en pequeños Garbigunes, mucho más cercanos a la ciudadanía y no tener así ya que estar pendientes de la visita” del cambión, expuso Etxebarria.

Tubos Reunidos está cada vez más cerca de un proceso concursal ante la imposibilidad de reducir su deuda. La compañía sopesa la posibilidad de entrar en concurso de acreedores, según han confirmado fuentes de la empresa, aunque el consejo de administración todavía no ha tomado la decisión definitiva sobre esa posibilidad. Así se lo han trasladado también desde la dirección de la compañía a representantes del comité de empresa, que se han trasladado a las oficinas radicadas en Bilbao, donde han sido recibidos por directivos de Tubos Reunidos.

La posibilidad de una entrada en concurso de acreedores de manera inminente se ha publicado este lunes en 'El Confidencial', y la noticia ha provocado un desplome del valor sus acciones en Bolsa, con caídas de hasta el 40%. Al parecer, la empresa ha contratado los servicios de asesoría del despacho Uría Menéndez para analizar la posibilidad de pasar a una gestión judicializada, además de otras opciones, con la intención de buscar una salida y aliviar la presión de una deuda que crece cada día. Ya en el momento en que las negociaciones del ERE finalizaron sin acuerdo, al empresa advirtió de que “estudiaría todos los escenarios”.

Con unas pérdidas el año pasado de 118,1 millones de euros y una deuda de 263,2 millones de euros, la empresa ha puesto en marcha un plan de viabilidad que ha llevado aparejado un ERE para 242 trabajadores -se anunció para 301- que no ha conseguido el acuerdo con el comité, aunque ha recibido el visto bueno de la inspección. No obstante, ha sido impugnado por la mayoría de los sindicatos ante el juzgado, en concreto por ELA, UGT, LAB y ESK. Precisamente, los sindicatos han señalado este lunes que el hecho de que, pese al ERE, se valore el concurso de acreedores, demuestra que el problema de la empresa no estaba en la dimensión de la plantilla.

Despues de encarrilado el ERE, el plan de la empresa era abordar la deuda, pero la Sepi, que es el principal acreedor de la compañía, no está dispuesta a admitir una quita. La Sociedad Estatatal de Participaciones Industriales ya acudió en ayuda de Tubos Reunidos en 2021 con un préstamo de 112 millones. Los intereses de ese préstamo han elevado la deuda con el organismo estatal por encima de los 150 millones de euros, con unos plazos de devolución que el Gobierno central está dispuesto a flexibilizar, lo que ya ha hecho con otras empresas en dificultades a las que ha prestado fondos. Pero Tubos Reunidos no quiere renegociar la deuda, ya que renegociar supondría alargar el periodo de devolución del préstamo, cuyos intereses seguirían creciendo haciendo más grande la bola de la deuda. En la situación en la que se encuentra la empresa sólo le valdría una quita, y eso hoy por hoy, la Sepi considera que es jurídicamente inviable.

Hay que recordar que el trato por parte de la Sepi a Tubos Reunidos no puede diferir del que han recibido otras empresas que también se beneficiaron de esos préstamos, y que están devolviéndolos o lo han hecho ya. Por otro lado, el de Tubos Reunidos se trata de un préstamo que está siendo investigado por la Audiencia Nacional para determinar si el expresidente de Sepi, Vicente Fernández Guerrero, que fue asesor de Tubos Reunidos, medió a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo, englobado en el concedido a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de COVID-19.

Según datos de la Sepi del mes de agosto del año pasado, con Tubos Reunidos son veinte empresas las que cuentan actualmente con este crédito: Tubos Reunidos, Vicinay -con la que ha pactado una renegociación de la deuda-, Air Europa, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, Isastur, Vivanta, Imasa y Meeting Point. Son ocho las que ya han cancelado su préstamo: Grupo Hotusa, Grupo Soho, Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica y Hesperia.

Sin el previo acuerdo con Sepi, la renegociación de la deuda con el resto de acreedores es inviable. Y con una deuda de más de 263 millones, que crece cada día, hace impensable conseguir un inversor, como ha recordado en muchas ocasiones el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jáuregi.

La situación de la empresa es tan crítica en estos momentos que el propio informe de la Inspección de Trabajo en el que no se veían “indicios de fraude” en el ERE, consideraba que la empresa se encuentra en “causa legal de disolución”, ya que el ejercicio 2025, de acuerdo con el balance provisional, el capital social era de 21.000 euros, y el patrimonio neto de 8.608 euros. Es decir, que el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social (10.500 euros).

Paula tiene 25 años y a la salida de una discoteca varios hombres la abordaron y le agredieron sexualmente. Tras lo ocurrido sufre fuertes crisis de ansiedad y es incapaz de salir sola de casa. Nerea tiene 46 años y desde hace dos su jefe se le insinúa continuamente. A pesar de que la mujer le ha dicho que no quiere tener ninguna relación con él, su acoso no cesa y teme perder su trabajo si presenta una denuncia. Ainhoa tiene 13 años y desde hace dos meses su tío le realiza tocamientos cada vez que están a solas. Tiene miedo de que se enteren sus padres. Las tres son víctimas de violencia sexual. Se trata de casos ficticios basados en otros reales que han acudido a los centros de crisis 24 horas para la atención de víctimas de violencia sexual de Euskadi.

Las tres Diputaciones Forales gestionan estos centros con la colaboración del Gobierno vasco y del Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde). En Vitoria, el centro se llama 'Tximeletak' y está abierto desde abril de 2024. En Bizkaia el centro 24 horas se divide en dos espacios. En diciembre del 2023 abrió lo que denominan como 'Centro de Atención en Crisis', que dispone de cinco plazas de alojamiento temporal en situaciones de emergencia y está atendido las 24 horas del día por un equipo especializado compuesto por ocho personas. Su ubicación se mantiene en secreto para garantizar la seguridad física y la intimidad de las víctimas. En julio de 2024 se abrió un segundo 'Centro de Atención Ciudadana de Recuperación Integral', situado en la calle Ledesma de Bilbao. Se trata de un centro de acceso libre en horario de oficina y está especializado “en recuperación a largo plazo”. “Aquí se ofrecen apoyos sociales, educativos, jurídicos y psicológicos para que las supervivientes puedan reconstruir sus proyectos de vida tras superar la fase crítica”, detallan desde la Diputación de Bizkaia.

En el caso de Gipuzkoa, bajo el nombre de 'Hariberria', se han creado dos sedes, a la espera de la apertura de la tercera. En noviembre de 2024 se comenzó a atender en su sede en la calle de Kale Berria 10, de Donostia, en marzo de 2025 en Arrasate-Mondragón, en un centro ubicado en la calle Uribarri número 5. Mientras que la tercera sede estará ubicada en Lazkao, pero no se conoce aún ubicación. En ellas se ofrece atención y acompañamiento inmediato, integral y especializado, 24 horas al día los 365 días del año y los equipos están compuestos por una coordinadora, una abogada, una trabajadora social y tres psicólogas.

Con el objetivo de explicar su funcionamiento y su papel en la sociedad, Belén Larrion, directora general de Protección a la Infancia, Inclusión Social y Atención a la Violencia Machista contra las Mujeres de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y Óscar Seco, director general de Inclusión Social de la Diputación Foral de Bizkaia han participado en la I Jornada de Intervención en Violencia Sexual, bajo el título 'Abordaje Integral de la Violencia Sexual: el papel de los centros de crisis 24 horas' celebrada este lunes en la Universidad de Deusto. En el caso de Álava, por “incompatibilidad de agenda” ningún representante del centro de crisis 'Tximeletak' ha acudido a la jornada.

Durante sus intervenciones han explicado la diferencia entre una atención de urgencia social y una atención en crisis, dos situaciones que se encuentran cada día en estos centros, pero que requieren un abordaje diferente. La primera atención en urgencia social es cuando la agresión sexual es reciente. “Puede requerir entre otras prestaciones acompañamiento al hospital, dependencias policiales o judiciales, asesoramiento de denuncia, etc. La urgencia está motivada por la preservación de pruebas, por plazos médicos forenses y por la necesidad de reducir el impacto del evento traumático”, ha detallado Larrion.

Los servicios públicos no pueden construirse a espaldas de los que ya existen ni tampoco se debería hacer intervenciones a espaldas de las asociaciones feministas

Belén Larrion — Directora general de Protección a la Infancia, Inclusión Social y Atención a la Violencia Machista contra las Mujeres de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Mientras que, la atención en crisis, es aquella situación que puede experimentar una mujer que requiere de atención especializada, incluso mucho tiempo después de haber sufrido la violencia sexual. “No necesariamente requiere activar acompañamiento de urgencia a dependencias policiales, sanitarias o judiciales, ni tampoco otras medidas”, ha aclarado.

En el último año, en el caso de Gipuzkoa, han realizado 141 intervenciones a víctimas y 43 familias o personas del entorno. 92 víctimas 26 familiares han requerido atención inmediata y 78 víctimas y 31 familiares han requerido atención integral. “Según los datos recogidos hasta la fecha, podemos observar que casi el 70% de las 141 víctimas atendidas son de nacionalidad española y se encuentran en situación regular y un 31,94% son jóvenes de entre 18 y 23 años. Casi la mitad, un 48,63% refiere haber sufrido agresión sexual como forma de violencia sexual y violación de la libertad por parte de un conocido en un 77,3% de los casos, de los cuales sin convivencia con el agresor un 82,27%”, ha detallado Larrion.

“En cuanto al tiempo transcurrido un 44,68% de las víctimas han sufrido recientemente la agresión, hace menos de 6 meses de su llegada al servicio. El 21,98% entre los 6 meses y 3 años y un 9,93% entre 3 y 10 años atrás. Un 19,15% no ha acudido al servicio hasta después de entre 10 y 20 años de la agresión. Mientras que, un poco más de la mitad, el 51,77% ha puesto la denuncia antes de entrar al servicio y/o acompañada por las compañeras de los centros. En el caso de las víctimas atendidas en el último año, la mayoría han sido atendidas durante un mes y medio aproximadamente, 64 de ellas tienen hijos e hijas y 27 de los menores dependen únicamente de ellas. En cuanto a las personas acompañantes el 72,09% también son mujeres”, ha aclarado la directora general de Protección a la Infancia, Inclusión Social y Atención a la Violencia Machista contra las Mujeres de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

No estamos llegando a las víctimas de violencia digital ni a la juventud. La agresión sexual no ocurre en túneles oscuros

Óscar Seco — Director general de Inclusión Social de la Diputación Foral de Bizkaia

Sobre los datos recogidos en Bizkaia, Óscar Seco, director general de Inclusión Social de la Diputación Foral de Bizkaia ha indicado que entre el 70% y el 80% de las agresiones sexuales recogidas en los centros son cometidas por personas conocidas o del entorno cercano de la víctima. “Esto refuerza la necesidad de intervenciones comunitarias y educativas, la detección precoz en ámbitos familiares, escolares y sanitarios, abordajes que contemplen el daño relacional y no solo el derecho penal”, ha explicado.

En el caso de Bizkaia ha reconocido que “se detecta una creciente judicialización y desconfianza en el sistema penal, especialmente en violencia sexual”. “No estamos llegando a las víctimas de violencia digital ni a la juventud. La agresión sexual no ocurre en túneles oscuros, la víctima conoce al agresor la mayoría de las veces. Entre el 24% y el 27% de los casos atendidos corresponden a violencia sexual contra menores. Gran parte de estos casos son intrafamiliares y de revelación tardía, lo que complementa la complejidad clínica y la duración de la intervención. Este dato consolida la violencia sexual a la infancia como uno de los principales retos estructurales del sistema”, ha detallado Seco.

Preguntados por la relación con asociaciones feministas, que antes de la llegada de estos centros de crisis se encargaban de la primera atención en casos de violencia sexual, han reconocido que los nuevos recursos “no restan, suman”. “En el caso de Gipuzkoa es importante contar con el tejido asociativo y las casas de las mujeres que ya existen. Evidentemente los servicios públicos no pueden construirse a espaldas de los que ya existen ni tampoco se debería hacer intervenciones a espaldas de las asociaciones feministas. Se debe sumar y construir de manera conjunta y desde la Diputación estamos abiertas a esas colaboraciones”, ha apuntado Larrion.

Por su parte, Seco ha añadido que desde la Diputación de Bizkaia “hay grandes apuestas y firmes en lo que tiene que ver con las alianzas con el movimiento feminista”. “Las arquitecturas del machismo son tan grandes, tan desmesuradas las estrategias que están poniendo ahora en marcha con tiktokers, gamers, youtubers y la manosfera que necesitamos manos para luchar contra esto. Si además añadimos la creciente desmembración social, la falta de vínculo que tienen las mujeres, la necesidad de comunidad que tenemos todas para seguir construyendo esta sociedad libre de machismos y libre de violencia, nos damos más cuenta de que nos necesitamos recíprocamente. Yo no creo que un sistema público se pueda construir al margen del movimiento feminista”, ha concluido.

La campaña de la renta de este año (correspondiente al ejercicio 2025) ya está en marcha en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Muchos contribuyentes ya pueden consultar el borrador de propuesta de autoliquidación, modificarlo y aceptarlo y dar por hecho el trámite de forma sencilla. En otros casos en los que haya supuestos más complejos (que se haya transferido la vivienda habitual o si se tienen diversos pagadores, por ejemplo), los contribuyentes tendrán que confeccionar su propia declaración. La Hacienda de cada uno de los tres territorios habilita diferentes herramientas para cumplimentar este trámite.

La fecha límite depende de cada provincia, pero oscila entre finales de junio y comienzos de julio. Pueden consultarse a continuación algunas claves de cada uno de los territorios.

Álava

La campaña de la renta se extiende en Álava hasta el 25 de junio. En Álava, existen tres sistemas para presentar la declaración de la renta:

Hay varias novedades para esta campaña de la renta. ¿Cuáles son? Los jóvenes menores de 36 años, por ejemplo, verán incrementada la deducción por las cantidades destinadas al alquiler de vivienda habitual: hasta un porcentaje del 35% con un límite de 2.800 euros. Hay también nuevos límites en las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social. Se pueden consultar todas las novedades, en detalle, en este enlace.

Bizkaia

La campaña de la renta no concluirá en Bizkaia hasta el 30 de junio. El borrador de la declaración de la renta en Bizkaia es accesible desde cualquier dispositivo en este enlace. Es necesario contar con un medio de identificación electrónica, como puede ser Bak, que asocia el DNI con una contraseña. También sirven la BakQ, certificados electrónicos, certificados ciudadanos y el DNIe. También se puede consultar la información sobre el borrador en el número de teléfono 94 608 3000. De forma presencial, los trámites se pueden efectuar tanto en las oficinas de Hacienda como en Gertu.

La Diputación asegura que, en caso de que la declaración resulte a devolver, el importe no tardará más de una semana en ingresarse en la cuenta. En caso de que haya que ingresar a Hacienda, es posible domiciliar el pago y de esa forma no se cobrará hasta el mes de julio.

Las novedades fiscales de esta campaña incluyen más deducciones por alquiler y compra de vivienda, con beneficios fiscales para los menores de 36 años; nuevas deducciones por conciliación (incluidos cuidados de menores, reincorporación laboral y viudedad), y deducciones por transición verde, como, por ejemplo, por tener vehículos ecológicos. Puede consultarse una lista con hasta 24 deducciones aquí.

Gipuzkoa

Hay tres modalidades diferentes. La fecha límite para la aceptación de propuestas, la modalidad de Internet y la renta mecanizada es, en todos los casos, el 2 de julio. Estos son los detalles de cada modalidad:

La Guardia Civil ha sido condenada a pagar una indemnización de 6.944,59 euros a un agente de la comandancia de Álava y con destino en el aeropuerto de Foronda por un “incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales” en lo tocante a las prácticas de tiro con armas de fuego. Hubo una primera sentencia de un juzgado de Vitoria a mediados de 2025 que dio la razón al demandante y la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) no ha admitido el recurso de la Abogacía del Estado y ratificó la condena.

El guardiacivil protagonista de la historia nació en 1979 y se incorporó al cuerpo en 2008. Además, es miembro de la asociación AUGC. El funcionario estaba en la academia de Baeza, en la provincia de Jaén, cuando en 2006 se produjo un accidente en una “actividad formativa” en el que murió un compañero y varios más resultaron heridos. Según Efe, el instructor estaba haciendo una demostración con un arma cargada y, al apretar el gatillo, la bala atravesó el costado de un auxiliar, impactó en el pecho del fallecido y, al tirar la pistola al suelo, se disparó y una segunda bala atravesó la bota de una joven aspirante de 19 años.

Años después, en 2015, el agente presenció otro caso similar en la base militar vitoriana de Araka durante unas prácticas, aunque esta vez sin heridos. La Guardia Civil de Álava se entrena en las instalaciones del Ejército de Tierra y, durante una actividad de reciclaje, el monito apretó el gatillo de un arma pretendidamente descargada y se produjo un disparo que atravesó una pared de pladur, cruzó todo el gimnasio anexo y acabó impactando en una pared de ladrillo. Con síndrome de ansiedad, el agente fue dado de baja y le retiraron el arma reglamentaria.

Regresó a sus funciones a comienzos de 2016 y, desde entonces, empezó a hacer escritos de queja para mejorar los protocolos en las actividades de práctica de tiro. Hasta 2023 no tuvo más bajas, pero ese año acudió a una psiquiatra y asesiones de psicoterapia. Se demostró que había desarrollado “un trastorno de estrés postraumático” originado en el accidente de 2015. El problema se “reactivaba” cada vez que lo tocaba “volver a exponerse” a esas actividades.

El juzgado de Vitoria dio por probada la insuficiente respuesta de la Guardia Civil a las necesidades de su agente. Y fue ahí donde fijó la cuantía de la indemnización en 6.944,59 euros, así como la obligación de realizar la “oportuna evaluación de los resigos psicosociales”. El cuerpo, sin embargo, presentó un recurso, pero los magistrados Pablo Sesma, Florentino Eguaras y Maite Alejandro han refrendado en su integridad la primera resolución. Tampoco han accedido a las pretensiones del policía de endurecer la pena. La Abogacía del Estado, representante legal del instituto armado, ha defendido en todo momento que la comandancia de Álava, con base en Sansomendi, ha operado correctamente.

La 45.ª edición de los Cursos de Verano de la Universidad pública vasca (EHU) oferta este año 133 cursos y 29 workshops, con los cuidados como base de un futuro “inclusivo e innovador” como tema central y bajo el lema “Piensas, luego existimos”. Desde finales de junio y hasta finales de septiembre, las jornadas se desarrollarán en 15 municipios, con Donostia, Bilbao, Vitoria y Baiona como sedes principales.

Los detalles del programa formativo han sido ofrecidos en rueda de prensa por la directora académica de Uda Ikastaroak (UIK), Idoia Otaegui; el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea y la subdirectora de la Fundación BBVA, Laura Poderoso, quienes han explicado que la edición mantiene el objetivo de ampliar la presencia territorial y la oferta llegará también a otros municipios, como Aramaio, Ataun, Beasain, Bermeo, Gernika-Lumo, Irun, Lesaka, Oñati, Ordizia y Zaldibia, según recoge Europa Press.

El plazo de inscripción está abierto desde este jueves 23 de abril y los interesados en inscribirse pueden hacerlo hasta el día de inicio de cada curso. En su intervención, el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha querido resaltar el significado que tiene el lema elegido para esta edición, porque “refleja perfectamente nuestra identidad y sigue el lema de nuestra universidad, 'Eman ta zabal zazu', somos porque tú también lo eres y esa colectividad es la que nos hace grandes”, ha explicado.

Asimismo, ha proseguido, “frente a quienes dicen que el individualismo se impone, los Uda Ikastaroak quieren subrayar la calidad del 'nosotras y nosotros', pensando en colectivo, reflexionando, en un proyecto compartido que hace camino y responde a los grandes retos que tenemos entre manos y hacer propuestas que responden a las preocupaciones de la sociedad”.

La mayoría de los cursos se impartirán en formato presencial y, en muchos casos, también se ofrecerá la modalidad online en directo. Más allá de los formatos tradicionales, en 43 cursos se aplicarán metodologías participativas e innovadoras. En este contexto, seis cursos se enmarcan en el proyecto TopaGune, desarrollado con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa. De los 133 cursos programados, 21 se desarrollarán íntegramente en euskera, mientras que la lengua vasca tendrá presencia en otros 62, junto a otros idiomas. Además, determinados cursos brindarán la posibilidad de participar en actividades experienciales.

Oferta especial para jóvenes

Para facilitar el acceso a los Cursos de Verano, las personas jóvenes de entre 18 y 25 años contarán con una oferta especial, de manera que en la mayoría de los cursos el precio será para ellos de 25 euros. En su intervención, la directora académica de UIK, Idoia Otaegui, ha subrayado que con el lema elegido para este año buscan transmitir un mensaje “simple pero muy significativo”, a partir de reinterpretar la frase de Descartes y trasladar que “las ideas, cuando se comparten, no se pierden; al contrario, crecen y se transforman”.

Otaegui ha destacado que los cuidados, como base de un futuro inclusivo e innovador, serán el tema central de la edición, aunque, en respuesta a los retos actuales, el programa abordará temáticas relevantes estructuradas en ciclos estratégicos. En esta edición, los ocho ejes principales serán: Cultura y Arte, Sociedad, Salud, Educación, Derecho, Economía y Empresa, Ciencia y Tecnología y Sostenibilidad.

En conjunto, según ha resaltado su directora, el programa de 2026 ofrece “una visión integradora, situando a las personas y sus condiciones de vida en el centro”, en un momento en que “los cuidados se entienden como base del modelo de desarrollo y como clave para avanzar hacia una sociedad más justa e innovadora”.

En este contexto, se abordarán de manera conjunta los retos actuales y futuros, analizando, entre otros, la crisis ambiental, la transformación tecnológica y el impacto de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, se tratarán cuestiones relacionadas con el bienestar, como la salud, la inclusión, la igualdad de género y las consecuencias del aumento de la esperanza de vida.

También se estudiará la adaptación de los modelos de gobernanza, la democracia y los sistemas de justicia, combinando perspectivas globales y locales. Finalmente, la cultura, la educación y la comunidad se considerarán herramientas fundamentales para fortalecer vínculos y avanzar hacia una sociedad más cohesionada y transformadora.

El ciclo de Cultura y Arte está compuesto de nueve cursos, en los que se abordan el patrimonio, la creación contemporánea y la reflexión en torno a la cultura desde múltiples perspectivas.

Entre ellos, se profundizará en las bases de la prehistoria y la mitología vascas en el curso “Jose Migel Barandiaranen ekarpena Arkeologia, Etnografia eta euskal Mitologiara IV”, y se analizan la evolución y los retos de futuro del cine vasco en las dos últimas décadas en “Aupa Etxebestetik Maspalomasera: euskal zinemak 20 urte (2005-2025)”.

El ciclo de Sociedad reúne una oferta de veintisiete cursos, entre los que destacan los dedicados a analizar el impacto de las crisis globales en los derechos humanos y otro sobre la construcción de la convivencia y de una cultura de paz.

El ciclo de Salud reúne una oferta de dieciocho cursos y ofrece una visión actualizada e integradora de la salud, mientras que en Educación se impartirán 17 cursos centrados en responder a los retos educativos actuales desde enfoques innovadores.

El ciclo de Derecho reúne un total de 20 propuestas que abordan, desde una perspectiva actualizada y aplicada, los principales desafíos jurídicos y sociales contemporáneos, entre las que su directora ha destacado “Migraciones en Euskadi. Reto de inclusión y prosperidad”, que examinará el contexto actual de la migración y las claves para construir sociedades más inclusivas. Asimismo, el curso “La garantía de los cuidados basada en la igualdad de las personas y en los derechos humanos: su impacto en la organización social y en las políticas públicas” invita a repensar el papel de los cuidados como eje de los derechos humanos y de las políticas públicas.

Otaegui ha destacado que la dimensión internacional constituye un eje fundamental en la transferencia de conocimiento, al permitir conectar el saber local con los debates globales y construir sólidas redes de colaboración.

De este ciclo ha destacado el curso “Los grandes retos actuales de la Unión Europea (VI edición)”, que analiza desde una perspectiva global los principales desafíos políticos y jurídicos del proyecto europeo con la aportación de especialistas 5 internacionales; y el encuentro internacional “Retos y estrategias para la defensa de Derechos humanos en tiempos de criminalización y represión”, que aborda los retos de la defensa de los derechos humanos en el contexto global, desde un enfoque feminista y de justicia global.

El Vehículo Integral de Documentación (VIDOC) de la Policía Nacional ha expedido 6.881 DNI y 2.551 pasaportes en 77 localidades vascas durante su primer año en activo, en el que ha prestado más de 260 servicios de forma itinerante que han ahorrado desplazamientos a la ciudadanía vasca para la renovación de documentos. La delegada del Gobierno de España en Euskadi, Marisol Garmendia, ha comparecido en Bilbao para dar a conocer las principales cifras del balance de este primer año, que ha calificado de “muy positivo” porque ha facilitado la expedición de documentos a quienes viven en localidades alejadas de las grandes ciudades.

El servicio inició su andadura el 8 de abril de 2025 en Ermua y, en palabras de Garmendia, “el objetivo del servicio que ofrece la Policía Nacional se está cumpliendo” ya que, ha subrayado, “con este vehículo itinerante, las personas ya pueden sacarse o renovar sus DNI y sus pasaportes en su mismo pueblo sin tener que desplazarse a las ciudades con oficinas físicas, como ocurría hasta ahora”. Tras animar a los municipios que aún no lo han solicitado a que “contacten con la Policía o con las Subdelegaciones del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos”, la delegada del Gobierno ha lamentado que ayuntamientos gestionados por EH Bildu “priven por prejuicios políticos a la ciudadanía de este servicio ofrecido por la Policía Nacional que beneficia de forma sustancial a muchos vascos, sobre todo a aquellos con dificultades para desplazarse”.

En ese sentido, Garmendia ha incidido en que la acogida y el funcionamiento han resultado ser muy positivos, a pesar de las “reticencias” mostradas por algunos ayuntamientos para solicitar que el vehículo acuda a sus poblacione, según recoge Europa Press. Estas reticencias, ha proseguido, se han dado sobre todo en Gipuzkoa, donde EH Bildu gobierna en más de 50 municipios del territorio, por lo que la delegada del Gobierno ha lamentado que alcaldes y alcaldesas de EH Bildu “priven a sus ciudadanos de este servicio” ofrecido de la Policía Nacional ya que, a su juicio, “el servicio público debe estar por encima de los prejuicios políticos sin fundamento”, ha destacado Marisol Garmendia.

De hecho, ha subrayado, solo dos de los municipios gestionados por EH Bildu (Arrasate y Tolosa) han solicitado hasta la fecha disponer del servicio ofrecido por el VIDOC. La delegada ha celebrado que hasta la fecha “numerosas localidades de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa hayan solicitado el desplazamiento de la VIDOC que, a través de las citas concertadas a través de sus respectivos ayuntamientos, han tramitado la nada desdeñable cantidad de 9.432 documentos entre DNI y pasaportes”.

n total, han sido más de 260 salidas de los tres vehículos habilitados, uno por cada territorio, teniendo en cuenta que muchos municipios optan por repetir la visita del VIDOC para satisfacer la alta demanda de sus vecinos.

Por territorios

Por territorios, en Bizkaia, el primero donde el 8 de abril de 2025 se puso en marcha el Vehículo Integral en Ermua, el servicio ha pasado ya por 40 localidades y hay otras 10 con visitas concertadas o en vías de concertación. Seis de ellas tienen, además, programadas una visita mensual para atender las necesidades de sus vecinos. Hasta la fecha, el VIDOC ha tramitado 3.500 DNI y 1.382 pasaportes.

En Gipuzkoa, la Policía Nacional ha visitado 10 localidades desde su debut en Zumarraga en noviembre de 2025. Por el momento hay otros dos municipios (Soraluze y Tolosa) a la espera de cuadrar fechas para sumarse a esta lista. El balance hasta ahora es de 62 salidas, contando las repeticiones, y la expedición de 1.714 DNI y 650 pasaportes.

En Álava, el VIDOC se puso en marcha en octubre en Iruña de Oca. Desde entonces, el Vehículo Integral de Documentación ha prestado su servicio en 27 municipios, en los que ha completado un total de 90 visitas. De aquí al final de año hay previstas otros 64 desplazamientos a 14 localidades. Por el momento, la Policía Nacional ha expedido en este territorio 1.667 DNI y 519 pasaportes.

En la 74.ª edición del Festival de San Sebastián que se celebrará del 18 al 26 de septiembre, además de los estrenos de las películas y proyectos cinematográficos, se presentará de forma oficial Zinemaren Akademia, una nueva institución formada por 150 profesionales del mundo del cine de Euskadi, Navarra e Iparralde. Se trata de la primera academia del cine creada en Euskadi y, como sus creadores han manifestado a través de su primer comunicado, busca ser “un espacio inclusivo, plural y representativo, al servicio de las y los profesionales del cine y del audiovisual”. “La primera semilla de un proyecto colectivo que aspira a representar, fortalecer y visibilizar el sector audiovisual del territorio”, han asegurado.

El proyecto ha surgido tras varias reuniones, la última de ellas en Bilbao, en la que se ha puesto la guinda a Zinemaren Akademia. Se ha tratado de “un encuentro cerrado y exclusivamente profesional”, en el que han pedido a los medios de comunicación que respeten el proceso, puesto que quieren evitar que “dinámicas externas” condicionen el desarrollo de la iniciativa. Para ello, han participado representantes de otras academias cinematográficas autonómicas, como Laia Aubia (Catalunya), Miguel Mariño (Galicia) e Irene Belert (Comunitat Valenciana), quienes han compartido sus experiencias y han servido de guía para lo que se quiere desarrollar en Euskadi.

Tras las intervenciones se ha celebrado un espacio de debate abierto en el que los asistentes han podido compartir sus “reflexiones e inquietudes en torno a los pilares que definirán la futura academia: su identidad, su modelo de participación, sus funciones y su forma de organización”, han adelantado.

Con esta última reunión se llevará a cabo la formalización legal de la entidad. “Asimismo, se ha establecido que la junta fundacional tendrá carácter transitorio hasta la celebración de las primeras elecciones de la futura junta de gobierno, momento en el que se definirá de manera democrática su estructura definitiva”, han reconocido desde la nueva organización.

Por el momento todo está en el aire, aunque existe una “voluntad compartida” de que el proyecto tenga éxito. De hecho, Zinemaren Akademia, podría tratarse incluso de un nombre provisional, y queda por determinar qué requisitos serán necesarios para formar parte, su ámbito geográfico, su sede, sus fuentes de financiación o el nombre de los 'Goya' vascos, que sí que buscan crear una vez la nueva institución de sus primeros pasos en el mundo del cine.

El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) de Euskadi ha estimado un recurso interpuesto por la empresa Servicios Globales Araba, S.L., después de que el Ayuntamiento de Vitoria declarase desierta la licitación de un contrato para brindar asistencia técnica en la realización del proyecto Zaramaga Mugituz, orientado a la dinamización de ese barrio de la ciudad. Ahora, la resolución ordena la retroacción de las actuaciones, de tal forma que la empresa tendrá la posibilidad de subsanar la documentación que presentó.

En la descripción del objeto del contrato, presupuestado sin IVA en 181.818,18 euros, se explica que el proyecto Zaramaga Mugituz “consta de una serie de actividades culturales, deportivas, mercados y actividades de encuentro y convivencia en el espacio público” con cuatro objetivos: “dinamizar la vida del barrio de Zaramaga”, “fomentar el encuentro en el espacio público”, “atraer a personas de otros barrios” y “poner en valor los espacios recién rehabilitados haciendo hábito de uso de los mismos como espacios de encuentro”.

La Junta de Gobierno Local acordó el 9 de enero declarar desierta la licitación del contrato. La única oferta era la de Servicios Globales Araba. El 2 de febrero, esta empresa interpuso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales un recurso especial en materia de contratación.

Según se recoge en la resolución, datada el 15 de abril, el Ayuntamiento alegó una “supuesta falta de acreditación de la solvencia técnica por el recurrente, único licitador presentado en el procedimiento”. “El acuerdo no concreta el requisito incumplido ni concede trámite de subsanación, causando indefensión a la recurrente”, subraya. Hace hincapié, más adelante, en que “la concesión de la oportunidad de subsanación, si se cumplen los requisitos, es obligatoria para el poder adjudicador”, en este caso para el Ayuntamiento. ¿Qué debería haber hecho? “Este Órgano [Administrativo de Recursos Contractuales] entiende que el poder adjudicador debió conceder un plazo de subsanación para que el recurrente aportara la documentación acreditativa de la solvencia técnica exigida en los pliegos”, responde.

Ahora, con la resolución del OARC, el expediente se retrotrae al estado anterior, antes de que fuera declarada desierta la licitación. “Se le va a dar la opción de subsanar la documentación. No quiere decir que se le vaya a validar”, aclaran desde el Ayuntamiento. En cualquier caso, la empresa podrá presentar nueva documentación y el Ayuntamiento tendrá que analizarla. Este periódico también ha tratado, en este caso sin éxito, de ponerse en contacto con la empresa. En cualquier caso, contra la resolución cabría la interposición de un recurso contencioso-administrativo en un plazo de no más de dos meses.

EH Bildu, la coalición Elkarrekin (encabezada por Podemos) y el PP han presentado varias enmiendas a los proyectos de norma foral del impuesto sobre estancias turísticas que se tramitan en Gipuzkoa, Álava y Bizkaia. En general, buscan que se endurezca la normativa planteada por PNV y PSE-EE en algunos supuestos, por ejemplo con mayor presión a los pisos turísticos o a los cruceros. Las enmiendas adquieren un papel relevante en Gipuzkoa y en Álava, ya que en estos dos territorios los partidos de Gobierno foral no tienen mayoría y precisan del voto de uno de estos grupos para sacar adelante la norma. No sucede así en Bizkaia, donde tiene mayoría en las Juntas Generales el equipo de Gobierno. En 2025, nacionalistas y socialistas sacaron adelante la reforma fiscal con Podemos.

Una vez finalizada la presentación de enmiendas -cuyo plazo en el caso de Gipuzkoa terminaba este viernes, no así en el resto de territorios, ya que en Bizkaia ni siquiera ha empezado- arrancará el proceso de tramitación para que el impuesto entre en vigor el 1 de enero de 2027, como se ha pactado entre las tres diputaciones para dar margen a los Ayuntamientos vascos a adecuar sus ordenanzas municipales a la norma. Pese a la petición expresa del alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, a los grupos para que adelantaran la aplicación del impuesto vía enmiendas, sólo el PP presenta una enmienda para que el proyecto se aplique cuanto antes. En concreto, los 'populares' introducen la salvedad de que, pese a que con carácter general entre en vigor en 2027, “los ayuntamientos que hubieran aprobado la correspondiente ordenanza fiscal adaptada a esta norma foral podrán acordar la aplicación efectiva del impuesto desde una fecha anterior en su ámbito territorial”. Es decir, que aunque PNV y PSE-EE no contemplan la posibilidad de adelantar la entrada en vigor, si necesitan pactar con el PP en Gipuzkoa podrían introducir la salvedad que permitiría al alcalde de Donostia adelantar la aplicación.

En concreto ,en las Juntas Generales de Gipuzkoa Elkarrekin (que allí solamente tiene representantes de Podemos) ha presentado siete enmiendas, las mismas que EH Bildu, y cinco el PP. En los dos primeros grupos las enmiendas serán iguales para los tres territorios. En el caso del PP es previsible que también, aunque no se ha confirmado este extremo desde esta formación.

Elkarrekin: “Intensidad” turística

Los representantes de Elkarrekin en las Juntas de Bizkaia, y Álava, Eneritz de Madariaga, y David Rodríguez, respectivamente, junto al coordinador general de Podemos, Richar Vaquero, han presentado este viernes las enmiendas con las que pretenden “que el impuesto refleje mejor el impacto real de las estancias y refuerce su capacidad de retorno social”. De entrada, proponen ampliar de cinco a seis el número máximo de días sujetos al impuesto, y que “se están destinando recursos y políticas públicas a alargar las estancias de las y los turistas en Euskadi y, en la medida que estas políticas tengan éxito, el impuesto tendrá que responder con ambición a la realidad del turismo y las estancias prolongadas”. Además, modifican las tablas de tarifas elevando los máximos y los mínimos a pagar, y equiparan el impuesto de los pisos turísticos a los hoteles de cinco estrellas, que pasarían a pagar entre 4,5 euros y 6,5 euros, En el proyecto de norma se fija entre 2,5 euros y 5 euros, para los hoteles de cinco estrellas, y las viviendas de uso turístico entre 2 y 4 euros. Podemos también plantea elevar el pago para los cruceristas, de entre 2,50 y 5,00 euros por día de amarre, a una horquilla entre 6 y 7 euros.

Además, plantea incluir un nuevo concepto en la norma, el de intensidad turística, entendida como “la ratio de plazas alojativas existentes en el municipio respecto del número de habitantes de derecho en el término municipal”. Con ello se dotaría de mayor flexibilidad a los ayuntamientos que más sufren las cargas del turismo y deseen añadir un recargo en base a un concepto medible. A su vez, plantea ampliar los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar una bonificación de hasta el 100% del impuesto, incorporando no solo el número de plazas alojativas, sino también el nivel de intensidad turística. En concreto, se plantea que esta bonificación pueda aplicarse tanto en municipios con hasta 25 plazas como en aquellos con menos de un 1% de intensidad turística y hasta 75 plazas alojativas. Y en el otro extremo, propone ampliar los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar un recargo de hasta el 50% sobre la cuota del impuesto. En concreto, se plantea que este recargo pueda aplicarse en municipios con más de 750 plazas alojativas, así como en aquellos con más de 5.000 habitantes cuando la intensidad turística sea igual o superior al 10%.

Además proponen incorporar en la norma foral la obligación de evaluar y revisar el impuesto cada dos años desde su entrada en vigor y extender la exención del pago a los acompañantes de personas discapacitadas con un grado de discapacidad igual o superior al 65% o una situación de dependencia de grado II o III.

EH Bildu: un día más “se paga”

Desde EH Bildu las enmiendas también se dirigen entre otras cuestiones a que las viviendas turísticas tengan la “tasa máxima”, ya que, “con la actual crisis de vivienda, sobre la que inciden las viviendas turísticas, no se pueden tratarlas de manera ligera”, ha señalado en la Cámara vasca la parlamentaria Itziar Murua, que ha interpelado al consejero Javier Hurtado sobre los retrasos en la aplicación de este impuesto. De entrada, una de las enmiendas presentadas va encaminada a que quede especificado el impacto que genera la actividad turística en los alquileres de vivienda. En este sentido, piden también que el pago de este impuesto en las viviendas de uso turístico se iguale con los hoteles de cinco estrellas. También plantean modificar las horquilla de pagos al alza sobre todo para los cruceros que los equipara también con los hoteles de máxima categoría.

EH Bildu propone eliminar el límite de máximo de cinco días sobre los que se paga el impuesto, porque si argumenta que los costes que genera el turismo están directamente relacionados con la duración de la estancia, la “lógica es que un día más, se paga”, ha señalado Murua. Además, introduce cambios para los ayuntamientos puedan acceder a la información de los alojamientos de manera fiable y segura, y establecen que se pueda poner a disposición de las administraciones municipales “la información que los establecimientos de alojamiento deban remitir de acuerdo con la normativa aplicable en materia de seguridad pública”. En la misma línea de facilitar el trabajo a los ayuntamientos introduce el compromiso de la Diputación Foral de Gipuzkoa de que “poner a disposición de los ayuntamientos los medios técnicos adecuados, mediante la creación de un sistema eficaz para la recogida fiable de la información y el cumplimiento de sus obligaciones”.

EH Bildu propone también que la evaluación del impacto del impuesto se lleve a cabo mediante una comisión de evaluación constituida por las tres Haciendas forales y por Eudel.  Por otra parte, propone que se modifique la norma cuando se defina o desarrolle el concepto e intensidad turística en el marco de la normativa turística de Euskadi.

PP: adelantar la fecha

En lo que se refiere a los 'populares', las enmiendas presentadas introducen la citada permitiendo a los ayuntamientos la entrada en vigor antes del 1 de enero de 2027, si tienen aprobado la correspondiente ordenanza fiscal adaptada. Consideran que de esta forma se permite “una implantación progresiva y flexible del impuesto respetando la autonomía municipal”. Además, se incluye la posibilidad de que los ayuntamientos puedan “establecer bonificaciones sobre la cuota tributaria de hasta el cien por cien, en función de las características del municipio, del volumen de plazas alojativas, de la tipología de los establecimientos o de otras circunstancias de interés público debidamente justificadas”. La norma actual prevé bonificaciones de hasta el 100% sólo para los municipios con 25 o menos plazas alojativas. En la misma línea solicitan que “las bonificaciones previstas en este artículo podrán dar lugar a una cuota tributaria efectiva nula, en los términos que establezca la correspondiente ordenanza fiscal”. Es decir, que se permita que “en la práctica y con total seguridad jurídica, un ayuntamiento apruebe y aplique el impuesto, pero con un impacto económico cero para el contribuyente si así lo decide”. También pide que se pueda eximir del impuesto a alojamientos rurales y de pequeña escala, adaptando la carga fiscal a la realidad de cada municipio.

Por último, desde el PP, se establece sobre el destino de la recaudación que los ayuntamientos establecerán en la ordenanza fiscal que desarrolle el Impuesto sobre Estancias Turísticas que “el ingreso generado se destine a partidas presupuestarias de mantenimiento urbano, seguridad, mejora de infraestructuras locales, limpieza, promoción de un turismo más sostenible y conservación del patrimonio histórico y cultural o cualquier otro siempre y cuando dichos recursos no se empleen para la creación de ningún tipo de sociedad ni para el funcionamiento administrativo de empresas públicas de turismo.”

Una mujer, con dos niñas de 8 y 14 años a su cargo, ha sido desahuciada este viernes de su vivienda de alquiler social gestionada por la sociedad autonómica Alokabide en el barrio vitoriano de Salburua, al este de la ciudad. El Sindicato Socialista de Vivienda ha denunciado que ella, además, es víctima de violencia machista.

Fuentes del Gobierno vasco han confirmado a este periódico que se ha dado la orden de “lanzamiento”, pero recalcan que solamente se actúa de esta forma en circunstancias extremas, es decir, cuando hay deudas muy altas que son continuadas e injustificadas y no se ve una voluntad de corregir la situación. Recalcan que son pisos sociales con rentas mensuales muy bajas -menos de la mitad del precio medio del mercado en Vitoria, en este caso- y que hay demanda para acceder a ellos por parte de familias que sí quieren cumplir con los requisitos.

Desde Vivienda añaden que los servicios sociales municipales de Vitoria no han emitido un criterio contrario a la ejecución del desahucio. Fuentes del Ayuntamiento consultadas, en cambio, no ofrecen ningún dato sobre este caso remarcando que se trata de circunstancias particulares sujetas a protección de datos.

En carteles aparecidos en el barrio de Salburua, el Sindicato de Vivienda, que forma parte de las organizaciones articuladas alrededor de GKS, denuncia que “en plena crisis de vivienda, las instituciones públicas actúan igual que los propietarios privados”. Insisten en que están “priorizando la rentabilidad económica y dejando de lado el bienestar de las capas más empobrecidas y vulnerables de la clase trabajadora”. Según este colectivo, no se trata de un “caso aislado” porque Alokabide, solamente en Álava, desalojó a “una familia al mes” de viviendas de alquiler social. El desahucio se ha producido en medio de una protesta. La Ertzaintza se ha desplegado en la zona y se han registrado algunos momentos de tensión.

El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha informado este viernes de la detección de un caso de tuberculosis en un niño escolarizado en un centro educativo de Bilbao, tras lo que, como medida preventiva, estudiará sus contactos escolares para descartar la infección e indicar, en su caso, tratamiento preventivo.

Según ha explicado en un comunicado Salud, a través de su Dirección de Salud Pública y Adicciones, se ha detectado un caso de tuberculosis en un niño escolarizado en un centro educativo de Bilbao. Este caso ha sido evaluado y “manejado conforme a los protocolos vigentes de vigilancia y control”.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que, ha remarcado Salud, “en la actualidad dispone de tratamiento eficaz y curativo”. Su transmisión se produce por vía aérea -al toser o hablar- y, en términos generales, requiere “una exposición prolongada y estrecha” para que se produzca el contagio.

Como “medida preventiva estándar”, Salud va a proceder a la identificación y al estudio de los contactos escolares “con el fin de descartar la infección y, en su caso, indicar tratamiento preventivo”. Las familias del alumnado potencialmente expuesto serán contactadas directamente por Osakidetza. Desde la Consejería han precisado que estas actuaciones forman parte de los procedimientos de vigilancia epidemiológica y se desarrollan con el objetivo de garantizar la detección precoz y la protección de la salud de la población.