La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado que un empresario español será juzgado por el espionaje al que fue sometido Julian Assange, fundador de WikiLeaks, durante varios años en la embajada de Ecuador en el centro de Londres. Los jueces confirman que David Morales, empresario a cargo de la seguridad de la embajada en esos años, y uno de sus colaboradores deben sentarse en el banquillo acusados de grabar y difundir a los servicios secretos las reuniones que Assange mantenía en el edificio, espionaje por el que la Fiscalía pide 13 años de cárcel.

El fundador de WikiLeaks, considerado el máximo responsable de la filtración de decenas de miles de documentos que expusieron, entre otras cosas, las torturas a los presos de Guantánamo y Abu Grahib o los cables de inteligencia estadounidense, denunció en 2019 que la empresa responsable de la seguridad de la embajada de Ecuador había instalado micrófonos ocultos en el edificio para registrar sus reuniones para después difundir su contenido al servicio secreto ecuatoriano o a personas en Estados Unidos.

Esa primera querella contaba con información que después ampliaron las diligencias que puso en marcha la Audiencia Nacional: los registros en la empresa de seguridad y la casa de su dueño en Cádiz así como la documentación y testimonios aportados por testigos protegidos que revelaban el alcance del espionaje: micrófonos ocultos en extintores, cámaras e incluso un streaming mientras él se recluía en la embajada para evitar las extradiciones a Suecia y Estados Unidos.

El empresario David Morales, exmilitar y en ese momento encargado de la seguridad de la embajada, recurrió la decisión del juzgado de procesarle tanto a él como a uno de sus antiguos colaboradores y la Sala de lo Penal acaba de confirmar que ambos irán a juicio. “Se dedicaron a la obtención de información sobre Julian Assange así como de las personas que con él se entrevistaban en la citada sede, grabando tanto las imágenes como el contenido de estas reuniones, facilitándolas a terceras personas”.

El juicio todavía no tiene fecha pero sí escritos de acusación. La Fiscalía solicita hasta 13 años y medio de cárcel para Morales mientras que la acusación, que ejerce el despacho del exjuez Baltasar Garzón, sube a 20 la petición de presidio para él. El sumario del caso ha desvelado que esas grabaciones no solo afectaron a Assange: fueron grabados políticos como el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, cuando el gobierno de su país pasó a manos de Lenin Moreno, entre muchos otros mandatarios, periodistas y abogados que le visitaron en la embajada.

El empresario y exmilitar español David Morales, según las pruebas pendientes de juicio, es quien “organiza las grabaciones, identifica a las personas objetivo de aquellas y adquiere los medios necesarios para conseguirlo”, según recuerda la Sala. Existen, añaden los jueces, “plurales indicios” para llevar a ambos a juicio, no solo por el espionaje sino también por supuestos sobornos a funcionarios de Ecuador y, finalmente, por varias armas que Morales tenía en su casa de Cádiz sin licencia.

Julian Assange fue uno de los hombres más buscados de todo el planeta en la segunda década el nuevo milenio. Cara visible de WikiLeaks y de algunas de las filtraciones más relevantes de la historia reciente, este programador australiano vivió seis años de su vida recluido en la embajada ecuatoriana de Londres para evitar las extradiciones y a Estados Unidos. Ahora un juicio en Madrid sentenciará si, en esos años, Assange fue espiado por varios servicios secretos a través de un empresario español, encargado de la seguridad de la embajada en la que vivió, para quien la Fiscalía pide 13 años de prisión por grabar no solo a la víctima, también a políticos, periodistas, abogados y diplomáticos que se reunieron con él.

Assange fue uno de los fundadores de WikiLeaks en 2006. La página web se convirtió pocos años después en el escaparate de las filtraciones que expusieron las grandes vergüenzas ocultas de Estados Unidos: el vídeo del asesinato de 12 personas bajo el fuego de un helicóptero Apache en Bagdad en 2007, las torturas en las cárceles de Guantánamo y Abu Ghraib o decenas de miles de 'cables' de inteligencia sobre el espionaje estadounidense, entre otros, a los gobiernos de Francia, Japón, Alemania o Italia.

El activista australiano se instaló en 2012 en la embajada ecuatoriana de Londres para evitar su extradición. Por un lado, las autoridades de Suecia le acusaban de haber agredido sexualmente a dos mujeres, algo que él negaba y que terminó en archivo. Por otro, Estados Unidos abrió su propia investigación, condenó a la soldado Chelsea Manning por ser su fuente y Assange se atrincheró en la embajada, a escasos metros de Hyde Park, mientras su vida era monitorizada, grabada y se daban órdenes para retransmitirla en directo por streaming.

Este espionaje será juzgado en la Audiencia Nacional en Madrid, algo que es posible porque aunque los hechos ocurrieron en el centro de Londres, el principal acusado es un empresario español: David Morales, exmilitar destinado durante años en los Balcanes ahora aquejado de una grave enfermedad cuya empresa, Undercover Global, gestionaba la seguridad de la embajada donde se escondía Assange. Según las acusaciones, Morales monitorizó desde Cádiz que sus trabajadores grabaran todas las reuniones del activista australiano con abogados, médicos, periodistas y políticos durante al menos un año.

Según explica él mismo, Morales fue militar antes de montar su propia empresa privada de seguridad en 2008. Fue en 2015 cuando el gobierno de Ecuador adjudicó la seguridad de su embajada londinense a esta compañía radicada en la localidad gaditana de Puerto Real, a más de 2.000 kilómetros, para reforzar la protección del edificio y controlar las entradas y salidas durante la estancia de Assange. Un contrato firmado cuando Rafael Correa era presidente de Ecuador y que evolucionó a mediados de 2017, pocos meses después de la llegada de Lenin Moreno al poder en Quito y de que Suecia levantara los cargos contra él. Según las acusaciones del caso, en ese momento las órdenes de David Morales cambiaron: tenía que grabar todo lo que hacía Assange. Imagen y sonido.

Hasta ese momento el circuito interno de cámaras solo captaba imágenes del interior de la embajada para controlar quién entraba y salía del edificio. Los empleados de Morales cambiaron los aparatos de forma clandestina para que también recogieran sonido y, en la práctica, grabaran las conversaciones. También pusieron micrófonos ocultos, uno de ellos escondido en la parte de abajo de un extintor de la sala de reuniones de la embajada. Según el relato que hace la Fiscalía, incluso llegaron a copiar los teléfonos y agendas de políticos y periodistas que visitaban al fundador de WikiLeaks.

Toda la información iba directa al Servicio Nacional de Inteligencia (SENAIN), la agencia ecuatoriana de espionaje. En un momento dado, sostienen las acusaciones de este proceso judicial, grabar no fue suficiente y el empresario español acusado dio la orden de retransmitir en directo las reuniones de Assange. Se estableció así un enlace para dar en streaming la vida del fundador de WikiLeaks con dos espectadores: los servicios secretos de Ecuador y “los amigos de Estados Unidos”. Todo mientras el empresario español pagaba a escondidas a funcionarios de Ecuador para seguir teniendo el contrato de la embajada.

El espionaje a uno de los hombres más buscados del planeta pasó desapercibido hasta que en 2019 la Audiencia Nacional aceptó abrir una investigación. El despacho de Baltasar Garzón, que junto con el letrado Aitor Martínez también fue espiado mientras ejercían la defensa de Assange, presentó una querella que ya apuntaba a los hechos que, años después, se han convertido en el auto de procesamiento.

Esa primera querella aportó tres declaraciones de testigos protegidos clave para levantar el secretismo que pesaba sobre el espionaje coordinado que habían ejecutado sobre Assange durante años. Los registros posteriores del juzgado en el domicilio del acusado y la sede de su empresa terminaron por revelar todo el material que ha llevado a la Audiencia Nacional a abrir juicio contra él seis años después.

Correa, Varoufakis y hasta Pablo Iglesias

Saber de lo que hablaba Julian Assange dentro de la embajada de Ecuador mientras WikiLeaks funcionaba a pleno rendimiento era la caza mayor de cualquier servicio de inteligencia de primer nivel. No solo por lo que él pudiera revelar, sino por las personas con las que se reunía en el edificio. Los trabajadores de la empresa gaditana de seguridad documentaron sus conversaciones y encuentros con amigos, médicos y colaboradores pero también con políticos, periodistas, diplomáticos y sus propios abogados.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa y su familia, por ejemplo, fueron “objeto de espionaje”. Y también se documentaron sus reuniones con dirigentes latinoamericanos como Evo Morales (Bolivia), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) o José Mujica (Uruguay) así como con el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias. Las visitas de diversos dirigentes de este partido a Assange desde su llegada a Londres han sido públicas desde el nacimiento de la formación en 2014. La Fiscalía también ubica al exministro griego Yanis Varoufakis entre los testigos del caso.

El espionaje, según las acusaciones, no se limitó a grabar las reuniones de Assange. El personal de la embajada se quedaba los teléfonos de las personas que iban a visitarle y, mientras tanto, sacaban fotos a los móviles, sus tarjetas SIM, los números de serie IMEI e, incluso, de los mensajes que recibían. Llegaron incluso a conseguir las contraseñas para acceder al teléfono y el correo electrónico de la actriz Pamela Anderson durante una de sus visitas.

Dos personas se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional cuando el tribunal ponga fecha al juicio: el empresario y exmilitar gaditano David Morales y su colaborador, el belga Michel Wallemacq, que según las acusaciones participó activamente en el plan de espionaje urdido en Cádiz y ejecutado en Londres. Para el primero Assange pide 20 años de prisión por los 13 que solicita la Fiscalía. Se le atribuyen dos delitos de revelación de secretos, otro más de cohecho por los sobornos que pagó para retener el contrato y uno adicional de tenencia ilícita de armas por las dos pistolas Browning que la Policía encontró en su casa durante los registros.

El tribunal, que ya ha abierto juicio oral contra ambos, tiene pendiente hacer pública la lista de testigos que comparecerá en el juicio, aunque en el proceso hay pocas dudas de que una de las comparecencias ineludibles será la Julian Assange. Quedó en libertad en junio del año pasado tras llegar a un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos y pasar un lustro en la cárcel británica de Belmarsh. Ahora lleva una vida discreta en Australia con una aparición pública pendiente de fecha: su testifical en el juicio por el espionaje que padeció en la embajada de Ecuador en Londres.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido enviar a juicio al gerente y administrador de la empresa española UC Global, David Morales, que prestaba los servicios de seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres por presuntamente espiar al fundador de WikiLeaks y activista Julian Assange, que estuvo asilado durante años en la sede diplomática. Por esos supuestos hechos, la Fiscalía reclama que sea condenado a 13 años y 6 meses de prisión.

A través de un auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez acuerda sentarle en el banquillo junto al responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, tenencia ilícita de armas, organización criminal y blanqueo de capitales.

Además, la Fiscalía reclama que el propio Assange, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comparezcan como testigos en el juicio.

También solicita la testifical de los exministros de Exteriores de Ecuador Ricardo Patiño, Guillaume Long y María Fernanda Espinosa, así como de la actriz Pamela Anderson, que fue pareja del fundador de WikiLeaks.

Julian Assange se llevó un reconocimiento en su primer viaje fuera de Australia desde que fue liberado. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa le declarado “preso político” en una resolución que se ha votado este miércoles tras escuchar al fundador de WikiLeaks la jornada anterior. El texto ha salido adelante con 88 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones, entre las que se encuentran los diputados del PP de Alberto Núñez Feijóo (otros miembros de su familia política han secundado la declaración).

“La Asamblea considera que los cargos desproporcionadamente graves presentados por los Estados Unidos de América contra Julian Assange en virtud de la Ley de Espionaje, que lo exponen a un riesgo de cadena perpetua de facto, combinados con su condena y sentencia en virtud de la Ley de Espionaje (...) justifican la designación del Sr. Assange como preso político”, señala el texto.

La resolución del organismo, en el que están representados 46 países del continente, también reclama a Estados Unidos que modifique su ley de espionaje para que no vuelva a utilizarse contra periodistas o denunciantes. De hecho, los diputados consideran que se hizo un “incorrecto uso” de esa norma de 1917 en el caso Assange causando “un efecto disuasorio peligroso, disuadiendo a editores, periodistas y denunciantes de informar sobre la mala conducta gubernamental”.

Además, reclama al país (que es un país observador del Consejo de Europa) que lleve a cabo investigaciones “exhaustivas, imparciales y transparentes” sobre los crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos revelados por WikiLeaks, además de que coopere con la investigación judicial la denuncia de espionaje por parte de la CIA durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres.

Assange compareció ante los diputados este martes y relató su batalla legal y personal durante los últimos 14 años hasta que llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense. “No soy libre porque el sistema haya funcionado, sino por declararme culpable de hacer periodismo. Me declaré culpable de buscar información de una fuente”, afirmó el fundador de WikiLeaks, que admitió que ahora tiene que “readaptarse” a la vida en libertad.

“Espero que mi testimonio de hoy sirva para poner de relieve los puntos débiles de las salvaguardias existentes y ayudar a aquellos cuyos casos son menos visibles, pero que son igual de vulnerables”, defendió durante su intervención, en la que habló de forma pausada y con varias interrupciones por carraspeos y para beber agua.

El viaje de Assange a Estrasburgo ha sido su primera salida de Australia desde que volvió tras alcanzar el acuerdo con Estados Unidos, que implica que no pueda pleitear por el acoso al que ha sido sometido durante estos 14 años, cuando WikiLeaks publicó miles de cables diplomáticos con relevante información que sacó a la luz irregularidades militares estadounidenses en Irak y Afganistán. Allí empezó su persecución judicial, que le llevó a estar encerrado durante más de una década.

“No soy libre porque el sistema haya funcionado, sino por declararme culpable de hacer periodismo. Me declaré culpable de buscar información de una fuente”. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha roto su silencio tres meses después de quedar en libertad y volver a su Australia natal tras años encarcelado o encerrado en la embajada de Ecuador por la persecución judicial en Estados Unidos por la revelación de documentos clasificados a través de esa plataforma. Assange fue invitado por la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, que este martes debate una resolución sobre la implicaciones de su caso en los derechos humanos.

Assange ha comenzado haciendo un relato de lo duros que han sido los últimos años de su vida, primero asilado bajo el Gobierno de Rafael Correa para evitar ser extraditado a Suecia, donde estaba acusado de delitos sexuales, y después encarcelado en una prisión de máxima seguridad en Londres, donde fue detenido en nombre de Estados Unidos, que había solicitado su extradición. Allí permaneció cinco años hasta que llegó al acuerdo para su liberación con ese país, que le acusaba de alentar y ayudar al exsoldado Chelsea Manning a robar los archivos militares. Por los 18 cargos que le atribuían se enfrentaba hasta 175 años de cárcel.

La comparecencia de Assange ha sido un alegato por la libertad de prensa. “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, ha lamentado el fundador de WikiLeaks, que ha advertido de que “la represión trasnacional no se puede convertir en la norma”, en referencia a la persecución de Estados Unidos, que le llevó a estar bajo la lupa de las autoridades de distintos países.

“Los periodistas no deben ser perseguidos por hacer su trabajo, el periodismo es el pilar de nuestra sociedad”, ha dicho Assange en un momento de su intervención en el que ha provocado el aplauso de los diputados presentes en la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, donde están representados 46 países del continente. Assange ha hecho referencia a los informadores que mueren en conflictos, entre los que ha citado el de Ucrania o Gaza: “Es preocupante que la alineación política y geopolítica de las organizaciones de medios de comunicación haga que no cubran a esas víctimas o que cubran sólo a determinadas víctimas. Es una ruptura de la solidaridad periodística”.

“Espero que mi testimonio de hoy sirva para poner de relieve los puntos débiles de las salvaguardias existentes y ayudar a aquellos cuyos casos son menos visibles, pero que son igual de vulnerables”, ha defendido durante su intervención, en la que ha hablado de forma pausada y con varias interrupciones por carraspeos y para beber agua.

El viaje de Assange a Estrasburgo ha sido su primera salida de Australia desde que volvió tras alcanzar el acuerdo con Estados Unidos, que implica que no pueda pleitear por el acoso al que ha sido sometido durante estos 14 años, cuando WikiLeaks publicó miles de cables diplomáticos con relevante información que sacó a la luz irregularidades militares estadounidenses en Irak y Afganistán. Allí empezó su persecución judicial, que le llevó a estar encerrado durante más de una década. Ahora, ha dicho, tiene que “readaptarse” a la vida en libertad.

Hace un mes en respuesta a la tan anhelada liberación de Julian Assange de Belmarsh, una prisión de alta seguridad de Reino Unido, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, declaró:

 “Amnistía Internacional acoge con satisfacción la noticia positiva de que Julian Assange, que se encontraba bajo custodia del Estado británico, haya quedado por fin en libertad tras cinco años de prisión, y de que esta terrible experiencia se acabe para él y su familia. Creemos firmemente que Julian Assange nunca debió haber sido encarcelado y hemos pedido continuamente que se retiren los cargos.

 El espectáculo que durante años han mostrado al mundo las autoridades estadounidenses, empeñadas en violar la libertad de prensa y la libertad de expresión al usar a Assange como ejemplo por revelar presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos ha causado sin duda un daño histórico“.

En Amnistía Andalucía tuvimos la suerte de haber presentado también justo hace un mes en la Corrala de Santiago de la Universidad de Granada, el documental de las periodistas Clara López Rubio y Juan Pancorbo en torno al periodista Julian Asange y la defensa de éste que estába llevando a cabo el equipo jurídico de Baltasar Garzón, una historia tan interesante que detalla los entramados de una historia que merecía ser contada.

Clara recuerda así su experiencia:

“En 2012 establecimos contacto con el juez Garzón para llevar a cabo el rodaje de un documental sobre su trayectoria en el ámbito de la Jurisdicción Universal, fuimos a visitarlo ese verano a Torres, su pueblo natal en Andalucía. El juez acababa de ser inhabilitado y estaba en proceso de reinventarse como abogado.

Fue en esos mismos días cuando recibió la llamada de Julian Assange y después de unas conversaciones aceptó coordinar su defensa probono. Así que ahí había una historia que empezaba y merecía ser contada.

De repente, teníamos un caso de suma actualidad que despertaba gran interés internacional. Como narradores enseguida nos sedujo el encuentro de estas dos personalidades en apariencia tan distintas. Luego, el propio Baltasar Garzón nos explicó que él entendía la defensa de Julian Assange como la defensa de un principio fundamental en democracia: la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información. Desde esa perspectiva, este caso global encajaba en nuestra visión inicial del proyecto. Decidimos contar un Garzón inédito, trabajando ahora del otro lado del sistema judicial, no ya como juez instructor, sino como abogado“.

Queda claro que cuando la justicia choca con la política, esta última tiene todas las de ganar

“Hacking Justice” muestra su trabajo al frente del equipo legal internacional que defiende al editor jefe de WikiLeaks, Julian Assange. Él y su equipo ejercen como abogados de derechos humanos inmersos en un caso plagado de irregularidades, que implica a varios Estados, en el que queda claro que cuando la justicia choca con la política, esta última tiene todas las de ganar.

En términos visuales, mi codirector Juan Pancorbo y yo planteábamos el documental de esta forma: un hombre encerrado en una habitación y otro que viaja por todo el mundo con la misión de sacarlo de ella. Pero de fondo estaban los grandes temas: el futuro de Internet, la importancia de la transparencia para Gobiernos y corporaciones, la necesidad de proteger a los whistleblowers y la gran influencia de los servicios de inteligencia en nuestras vidas…

Desafíos no nos faltaron. De hecho, inicialmente el título original de nuestra película era “The Challenge”, el desafío: todas las dificultades que conlleva hacer una película sobre abogados que están trabajando en un caso secreto; un caso todavía abierto en aquel momento y de alto voltaje político en el que todos los actores tienen que ser extremadamente cautos, cualquier interferencia nuestra con la cámara podía perjudicar el proceso en marcha.

Muchas veces hicimos viajes en vano, ya que nos negaron los permisos de rodaje por la confidencialidad de los encuentros y nos quedamos sin poder filmar

Muchas veces hicimos viajes en vano, ya que nos negaron los permisos de rodaje por la confidencialidad de los encuentros y nos quedamos sin poder filmar. Multitud de circunstancias complicadas ocasionaron un gran desafío para la producción.

Vivimos por aquel tiempo en una continua incertidumbre. Durante los primeros meses creímos que el caso podía tener una resolución inminente, que Julian Assange podría salir en cualquier momento de la Embajada; trabajábamos con una sensación de urgencia que nos hizo, como documentalistas, tomar decisiones apresuradas. Luego pasamos justamente a vivir la situación contraria: muchos meses y algunos años de aparente bloqueo del caso, en los que parecía que el equipo de defensa no estaba logrando ningún avance y que la situación podía prolongarse eternamente.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU consideró que la situación de Assange debía calificarse de “detención arbitraria” y que tenía derecho a una compensación

Pero ante nuestra sorpresa el equipo de defensa consiguió eficazmente  pronunciamientos favorables de diversos organismos internacionales. La más importante fue la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que consideró que la situación a la que se había llevado a Assange en su persecución debía calificarse de “detención arbitraria” y que éste tenía derecho a una compensación.

 Estuvimos nueve años acompañando con la cámara el caso de cerca, los viajes constantes de Baltasar Garzón, no sólo a Londres, sino también a Estados Unidos, Ecuador, Ginebra, allá donde fuera necesario actuar para liberar a Julian Assange. Aún sabiendo que el equipo legal de diversas nacionalidades y distintas especialidades era brillante, finalizamos la película en 2021 con la frustración de que Assange no estaba aún libre.

Sorprendente, para bien, fue su liberación el pasado 25 de junio, sin duda fruto tanto del trabajo legal como de la enorme presión internacional que se creó alrededor del caso. En todos los lugares del mundo se habían creado grupos de activistas “Free Assange”, muchas organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras, exigieron la liberación del periodista.

 Mandatarios internacionales se dirigieron personalmente a la administración norteamericana para solicitar el cierre del caso, como por ejemplo, los presidentes Andrés Manuel López Obrador o Lula Da Silva. El primer ministro australiano Anthony Albanese y sus diplomáticos entablaron durante meses conversaciones con políticos norteamericanos para buscar posibles vías de negociación.

El proceso que ha padecido Assange no solo ha sido un calvario judicial determinado por intereses políticos

El proceso que ha padecido Assange no solo ha sido un calvario judicial determinado por intereses políticos, como se ha señalado más arriba: el choque entre la justicia y la política, o la justicia y los supuestos intereses de Estado.

En el denominado “caso Pinochet”, al Reino Unido no le interesó políticamente retener a un dictador responsable de horrendos crímenes contra la Humanidad. Sin embargo, en el referido a Assange, al mismo Reino Unido  le pareció oportuno mantener privado de libertad, en una especie de limbo jurídico, a un editor que publicó crímenes de guerra cometidos por el Gobierno de Estados Unidos contra civiles y periodistas. Aquellos criminales de guerra no han sido aún perseguidos. En cambio, Julian Assange ha pasado 14 años privado de libertad, los cinco últimos aislado en una celda de 2x3 metros, sólo por publicar estos crímenes.

Aparte de las ingentes dificultades que tuvo que superar la cámara, lo que ésta muestra en la voz de sus personajes es que hay que seguir trabajando muy duro para garantizar la libertad de prensa en nuestras sociedades. Los periodistas no pueden ser perseguidos como espías cuando publiquen información incómoda para los gobiernos“.

 Amnistía Internacional felicita por el trabajo realizado a la familia de Julián Assange, a activistas, profesionales de la abogacía y otros más, organizaciones de defensa de la libertad de prensa y a muchas personas de los medios de comunicación y de otros ámbitos que lo han apoyado a él y han defendido los principios fundamentales que deben regir el derecho y el acceso de la sociedad a la información y la justicia.

Julian Assange y el Gobierno de Estados Unidos han llegado a un acuerdo. La justicia norteamericana deja de buscar su extradición y él se declara culpable de haber violado la ley de espionaje. Por el camino, Assange se ha pasado 12 años privado de libertad: primero siete años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, y otros cinco años encarcelado en una prisión de alta seguridad en la misma ciudad. Estados Unidos le acusaba de hasta 18 cargos relacionados con el espionaje, que implican hasta 175 años de cárcel. 

En 2010, Assange, a través de su plataforma activista Wikileaks, reveló al mundo algunas de las atrocidades cometidas por el ejército norteamericano en Irak y en Afganistán, así como información reservada que revelaba cómo Estados Unidos vulnera todos los límites con tal de defender sus intereses. Muchas de estas revelaciones se publicaron en coordinación con grandes periódicos de prestigio internacional, que luego le han dejado solo ante el proceso penal que ha pagado por estas filtraciones.

Hablamos con María Ramírez, corresponsal internacional de elDiario.es sobre las claves de este último episodio del caso Assange. Con Sindo Lafuente, colaborador de elDiario.es y adjunto al director del diario El País cuando este periódico publicó las filtraciones de Wikileaks, reflexionamos sobre qué implicó la publicación de estos escándalos y qué precio pagan las personas que se deciden a denunciar públicamente los abusos de poder.     

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La saga judicial de Julian Assange de más de una década en el Reino Unido terminó este lunes tras su liberación de la prisión a las afueras de Londres donde ha estado recluido desde 2019. El fundador de Wikileaks ya está libre y planea instalarse en Australia, su país natal, pero las consecuencias del caso para la libertad de información pueden perdurar más allá por lo que las organizaciones que velan por la protección de los periodistas consideran un precedente peligroso.

El acuerdo que ha firmado el fundador de Wikileaks con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para su liberación supone el reconocimiento de culpa por el delito de conspirar para conseguir y publicar documentos de información clasificada que afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos. A cambio, el Departamento de Justicia abandona los otros 17 cargos en el caso presentado durante la Administración de Donald Trump, en mayo de 2019, y acepta como condena el tiempo que Assange ya ha pasado en la cárcel en el Reino Unido, la mayoría mientras apelaba contra el proceso de extradición a Estados Unidos.

¿Qué es un periodista?

Los abogados que representan a Estados Unidos han insistido en que ni Assange es un periodista ni Wikileaks es un medio, en particular por el desdeño a la protección de activistas, periodistas, abogados de derechos humanos y otras fuentes de Estados Unidos en países como Afganistán, China o Irak, según detalla el escrito de acusación de mayo de 2019. 

Desde que tomó el relevo la Administración Biden, los abogados de la acusación han insistido especialmente en este punto, entre otras cosas porque la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos ofrece una amplia protección para la libertad de prensa y de expresión. 

Pero varias organizaciones especializadas en la libertad de prensa subrayaban este martes en que, sea o no Assange considerado un periodista, el hecho de que se haya reconocido culpable de la actividad que practican periodistas de investigación en todo el mundo puede sentar un precedente. 

Stella Assange, esposa del fundador de Wikileaks y también abogada, aseguró a la agencia de noticias Reuters que su equipo legal pedirá al presidente Joe Biden el perdón porque el cargo que ha quedado es “una preocupación muy seria” para la libertad de prensa en todo el mundo. 

El perdón presidencial es una prerrogativa amplia y puede incluir “alterar una sentencia”, pero no necesariamente significa reconocer la inocencia de la persona perdonada. Otro obstáculo es que se concede habitualmente a residentes en Estados Unidos, algo que Assange no es ni nunca ha sido. La política “general” del Departamento de Justicia, según explica la oficina encargada de los perdones, es no aceptar peticiones de no residentes en el país y sólo abriría un expediente para tramitar la solicitud de manera excepcional si lo pide el fiscal general o el presidente. 

La ley de espionaje de 1917

El cargo que ha quedado responde al uso de la ley de 1917 contra el espionaje y esto inquieta especialmente a los defensores de la libertad de información.

“Estados Unidos ha conseguido una condena con la ley de espionaje, por primera vez en los más de 100 años de historia de la ley, por actividades periodísticas básicas”, aseguró al New York Times David Greene, director de la fundación Electronic Frontier, una ONG que defiende los derechos civiles en Internet.

Otras organizaciones especializadas en la libertad de prensa repitieron la misma preocupación tras la resolución del caso de Assange.

“Aunque nos alegramos del final de su detención, los cargos contra Assange por parte de Estados Unidos han sentado un precedente legal dañino abriendo la vía para que periodistas puedan ser juzgados bajo la ley de espionaje si reciben material clasificado de filtradores. Esto no tendría que haber pasado nunca”, dijo en un comunicado Jodi Ginsberg, la consejera delegada del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), una organización de defensa de la libertad de prensa con sede en Nueva York. 

El matiz del caso de Assange es que se trata de un acuerdo antes de que haya habido un juicio y en circunstancias peculiares en medio de un proceso de extradición. Esto ofrece una valoración mixta por parte de algunos expertos en la Primera Enmienda. 

“Un acuerdo con una declaración de culpabilidad ha evitado el peor escenario para la libertad de prensa, pero este acuerdo contempla los cincos años de prisión para Assange por actividades que los periodistas hacen cada día”, explicó Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight para la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia. “Dejará una larga sombra sobre el tipo de periodismo más importante no sólo en este país, sino alrededor del mundo”.

Estas organizaciones llevan años movilizándose en defensa de Assange por el mismo motivo que ahora siembra dudas sobre el precedente para otros casos.

Si bien los medios con los que antes había colaborado criticaron a Assange por su desprecio a la protección de las fuentes y por su colaboración con el régimen de Vladímir Putin, en la batalla legal que lanzó la Administración Trump también se pusieron del lado del fundador de Wikileaks por el peligro para la libertad de información en general. Entre otras iniciativas, en noviembre de 2022, los directores y editores del Guardian, el New York Times, Le Monde, Der Spiegel y El País publicaron una carta abierta en su defensa.

Alan Rusbridger, que era el director del Guardian cuando el diario publicó parte de los telegramas diplomáticos filtrados por Assange, ahora también está preocupado por los detalles del acuerdo. “El precedente debe alarmar a los periodistas”, escribe en la revista Prospect que ahora dirige. La manera de tratar a Assange, según él, “además de las leyes draconianas en países como el Reino Unido y Australia, sin duda tendrá un efecto disuasorio para el reporterismo genuino y legítimo sobre asuntos de seguridad nacional”.

El problema ‘New York Times’

Los riesgos del caso estaban presentes en la decisión de la Administración Obama de no lanzar un proceso contra Assange por lo que se conocía como “el problema New York Times”, es decir el precedente para la publicación de información de medios que sí cumplan con los estándares periodísticos de proteger las fuentes y tomar precauciones para no poner en peligro a personas en países de riesgo. En 2013, responsables del Departamento de Justicia descartaron presentar cargos contra Assange porque llegaron a la conclusión de que sería imposible sin hacerlo también contra medios y periodistas, según publicó entonces el Washington Post. 

“El problema que el Departamento ha tenido siempre en su investigación de Julian Assange es que no hay ninguna manera de presentar cargos contra él por publicar información sin que la misma teoría se aplique a periodistas”, dijo entonces al Post un ex portavoz del Departamento de Justicia, Matthew Miller. “Y si no vas a presentar cargos contra periodistas por publicar información clasificada, cosa que el Departamento no va a hacer, entonces no hay ninguna manera de hacerlo contra Assange”.  

Varios medios en Estados Unidos publicaron información parecida a la de Wikileaks antes y después de las publicaciones cuestionadas entre 2009 y 2011, y varios periódicos en ese país y en Europa también colaboraron con Assange. Por ejemplo, los abusos de prisioneros en Guantánamo, que Wikileaks publicó en parte por su cuenta y en parte con el New York Times en 2011, ya habían sido revelados, con otras fuentes y otros detalles, por la cadena de televisión CBS, la agencia de noticias AP y el New Yorker desde 2004. 

Entre la información más significativa, publicada con el filtro y la colaboración del New York Times y otros medios, están los informes internos del Pentágono sobre víctimas civiles y militares en la guerra de Irak entre 2004 y 2009. Aunque ya había estimaciones oficiales e investigaciones independientes sobre víctimas civiles, los informes permitieron confirmar los peores escenarios. 

Condena e indulto a Manning

El argumento de que no se podía presentar cargos contra Assange se mantuvo durante toda la Administración Obama. 

El Departamento de Justicia, en cambio, sí acusó a Chelsea Manning, exanalista del ejército de Estados Unidos y la persona que le pasó documentos a Assange. Según el escrito de acusación posterior contra Assange, el fundador de Wikileaks presionó y ayudó a Manning en el hackeo. Manning fue condenada a 35 años de prisión, pero salió de la cárcel en 2017, después de que Obama le concediera el indulto en uno de sus últimos actos como presidente.

Los documentos que filtró Manning para denunciar abusos incluyen la publicación en 2010 de un vídeo de 2007 en que un helicóptero de Estados Unidos disparó y mató a 11 civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters. 

La agencia de noticias pidió cuando ocurrieron los hechos el vídeo al Pentágono y lo vio poco después aunque no tenía autorización para reproducirlo. El jefe del equipo de Reuters en Bagdad dijo después que el Ejército de EEUU había “mentido” sobre qué pasó el día del ataque. 

Julian Assange ha sido excarcelado tras pactar con el Departamento de Justicia de EEUU declararse culpable de un único delito grave, en lo que supone el final de una larga saga que ha abarcado varios continentes.

¿Quién es Julian Assange?

Assange nació en 1971 en Townsville, en el estado australiano de Queensland. Empezó a interesarse por los ordenadores a una edad temprana y a principios de los 90 ya era considerado uno de los hackers más consumados de Australia.

En 2006 fundó WikiLeaks, una organización que publicaba material filtrado. En 2010 Assange alcanzó notoriedad mundial tras publicar una serie de filtraciones de Chelsea Manning, ex soldado del ejército estadounidense. Entre los archivos había un vídeo de un ataque con helicópteros Apache de las fuerzas estadounidenses en Bagdad en 2007 en el que murieron 11 personas, entre ellas dos periodistas de Reuters.

El Gobierno estadounidense inició una investigación penal y Manning fue finalmente condenada y encarcelada por las filtraciones, aunque posteriormente se le conmutó la pena.

En noviembre de 2010, WikiLeaks hizo público un volcado de más de 250.000 cables diplomáticos estadounidenses (algunos de los cuales se publicaron en The Guardian).

En 2016, Assange volvió a ser noticia después de que WikiLeaks publicara correos electrónicos de operativos del Partido Demócrata en el periodo previo a las elecciones presidenciales estadounidenses. Según la Fiscalía estadounidense, los correos fueron robados por la inteligencia rusa y formaban parte de una operación para interferir en las elecciones en nombre de Donald Trump.

Assange ha sido aclamado por muchos en todo el mundo como un héroe que sacó a la luz irregularidades militares estadounidenses en Irak y Afganistán.

¿Por qué estuvo en la cárcel?

En 2010 se dictó una orden de detención contra Assange por dos acusaciones distintas de agresión sexual en Suecia. Después de que un tribunal británico dictaminara que podía ser extraditado a Suecia, Assange ingresó en la embajada de Ecuador, donde se le concedió asilo político bajo el Gobierno de Rafael Correa. En ese momento se informó de que temía que si era extraditado a Suecia podría ser extraditado a Estados Unidos.

Allí permaneció casi siete años, durante los cuales sus relaciones con el Gobierno ecuatoriano se hicieron cada vez más hostiles con la salida de Correa de la presidencia y la llegada de Lenin Moreno. En 2019, el ministro de Asuntos Exteriores del país acusó a Assange de comportamiento inapropiado, que iba desde montar en monopatín y jugar al fútbol dentro de la embajada hasta amenazar al personal de la embajada.

En 2017, las autoridades suecas retiraron sus cargos contra Assange, pero su orden de detención en Reino Unido por saltarse la fianza seguía en pie. En 2019 Ecuador le retiró el asilo y permitió a la policía británica entrar en la embajada para detenerlo.

Tras su salida de la embajada, Assange fue detenido en nombre de Estados Unidos, que había solicitado su extradición. Estados Unidos quería que se enfrentara a 18 cargos y le acusaba de alentar y ayudar a Manning a robar los archivos militares. En caso de ser declarado culpable se enfrentaba a una pena de hasta 175 años de cárcel.

¿Por qué ha sido liberado?

Durante los últimos cinco años, Assange ha estado encarcelado en una prisión de alta seguridad en el sur de Londres, donde se le ha denegado la libertad bajo fianza por considerar que existía riesgo de fuga. Durante todo este tiempo, su familia y simpatizantes afirmaban que su salud física y mental ha ido empeorando.

En 2021, un tribunal británico dijo que Assange podía ser extraditado a Estados Unidos, pero a principios de este año ganó el derecho a apelar ese veredicto.

En febrero, el Parlamento australiano aprobó una moción en la que pedía a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido que permitieran a Assange regresar a su país natal. En abril, el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que estaba estudiando una petición de Australia para que se retirara la acusación contra Assange.

La familia de Assange -incluida su madre- dijo el martes que el final de su “calvario” se debía a una “diplomacia tranquila”, mientras que su padre dio las gracias al primer ministro australiano, Anthony Albanese.

¿En qué consiste el acuerdo?

Está previsto que Assange comparezca este miércoles ante un tribunal federal de las Islas Marianas del Norte, una mancomunidad estadounidense situada en el Pacífico occidental, donde se espera que se declare culpable de un cargo tipificado en la Ley de Espionaje por conspirar para obtener y difundir ilegalmente información clasificada de defensa nacional. Se espera que se retire la solicitud de extradición y que Assange no se enfrente a ningún otro cargo.

La vista se celebra en las Islas Marianas del Norte debido a la oposición de Assange a viajar al territorio continental de Estados Unidos y a la proximidad del tribunal a Australia.

Los fiscales han acordado una condena de cinco años, pero han dicho que el tiempo ya cumplido en una prisión británica contará para ello. Esto significa que saldrá libre tras la sentencia.

La declaración de culpabilidad aún debe ser aprobada por un juez, pero si lo es, se espera que regrese a Australia tras la sentencia.

John Shipton, padre de Assange, declaró el martes a los medios de comunicación australianos que parece que “Julian podrá disfrutar de una vida normal con su familia y su esposa, Stella”.

El portal WikiLeaks ha anunciado en su cuenta de X que Julian Assange dejó este lunes por la mañana la prisión de alta seguridad británica donde estaba recluido y ya abandonó el Reino Unido con el objetivo de volver a Australia.

“Julian Assange está libre. Dejó la prisión de máxima seguridad de Belmarsh la mañana del 24 de junio, tras haber pasado allí 1.901 días”, informó WikiLeaks en X. Uno de los abogados de Assange, Aitor Martínez, ha tuiteado el acuerdo. “Assange ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia y es libre finalmente”, decía Martínez.

El portal asegura que Assange, de 52 años y nacionalidad australiana, “recibió libertad bajo fianza por el Tribunal Superior de Londres y fue liberado en el aeropuerto de Stansted durante la tarde, donde abordó un avión y salió del Reino Unido”.

“Después de más de cinco años en una celda de 2x3 metros, aislado 23 horas al día, pronto se reunirá con su esposa Stella Assange y sus hijos, que solo han conocido a su padre tras las rejas”, afirma el portal, que concluye su mensaje en X diciendo: “La libertad de Julian es nuestra libertad”.

WikiLeaks también publicó un vídeo en el que se ve a Assange, con el pelo blanco peinado hacia atrás, revisando unos papeles y luego subiendo a pie la escalerilla de un avión. Según la agencia de noticias AP, el avión que traslada a Assange ya habría aterrizado en Bangkok, capital de Tailandia, aunque se desconoce si el avión solo está repostando, o cómo Assange continuará el viaje hasta las Islas Marianas, un territorio estadounidense en el océano Pacífico donde deberá comparecer el miércoles a las 9.00 hora local (23.00 GMT del martes) para finalizar su acuerdo con el Departamento de Justicia.

El anuncio de WikiLeaks se produce después de que se desvelara en documentos judiciales que Assange alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense que le permitirá regresar a Australia y pondrá fin a una larga saga judicial por la filtración de documentos clasificados. Assange comparecerá este miércoles para finalizar ese acuerdo con el Departamento de Justicia.

La justicia estadounidense había acusado a Assange de hasta 18 delitos por violar la Ley de Espionaje debido a una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia de Estados Unidos en 2010, que reveló secretos de las guerras de Irak y Afganistán, así como datos sobre los detenidos en la base de Guantánamo, entre otros asuntos.

Según el acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia, Assange se declarará culpable el miércoles, durante una audiencia judicial, de un solo cargo por conspirar para obtener y difundir ilegalmente información clasificada.

La comparecencia se realizará en un tribunal de las Islas Marianas, debido a la oposición de Assange a viajar al territorio continental de Estados Unidos y a la proximidad del tribunal con Australia, según una carta del Departamento de Justicia presentada ante el juzgado.

Según el acuerdo, que aún debe ser aprobado por un juez, Assange solo sería sentenciado a 62 meses de prisión, equivalentes al tiempo que ya ha cumplido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh.

Organizaciones defensoras de la libertad de prensa llevan años pidiendo la liberación de Assange y su esposa, Stella, ha estado liderando una campaña en su defensa con la participación de famosos y personalidades políticas.

El primer ministro australiano: “Lo queremos de vuelta en Australia”

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ya se ha pronunciado sobre la puesta en libertad de Assange y ha manifestado su deseo de que vuelva a Australia. “No hay nada que ganar con su encarcelamiento y lo queremos de vuelta en Australia”, ha señalado este martes Albanese en una sesión de control en el Parlamento de Camberra, al referirse al activista de 52 años.

Albanese ha ensalzado el seguimiento de su Gobierno para terciar por Assange y “defender los intereses de Australia” mediante la diplomacia tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, según ha dicho en el Parlamento. No obstante, el mandatario ha apuntado que “a la vez que acogemos estos rápidos eventos, reconocemos estos procedimientos son cruciales y delicados”, al prometer más declaraciones una vez que concluya la larga batalla legal en torno a una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia de Estados Unidos.

El Gobierno de Albanese, que asumió en mayo de 2022 el poder, había solicitado en varias ocasiones a Washington que desistiera de extraditar a Assange, algo a lo que el presidente estadounidense, Joe Biden, respondió en abril pasado que lo estaba “considerando”.

Julian Assange podrá seguir apelando ante la Justicia del Reino Unido contra su extradición a Estados Unidos, según dictó el Alto Tribunal en Londres este lunes. La corte aceptó los argumentos de la defensa de que el fundador de Wikileaks puede ser discriminado como australiano y no recibir toda la protección que ofrece la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos a sus ciudadanos. 

Ahora la defensa de Assange tiene hasta el 24 de mayo para presentar la apelación en lo que podría ser el comienzo de otro largo proceso, a no ser que Estados Unidos acepte abandonar el caso y aceptar el tiempo pasado en la cárcel a las afueras de Londres por el fundador de Wikileaks como suficiente. El equipo legal de Assange y el Departamento de Justicia de Estados Unidos negocian desde hace meses la retirada de los cargos, según adelantó el Wall Street Journal en marzo y confirmó en abril el presidente Joe Biden. El caso contra Assange por el robo y la publicación de documentos clasificados lo empezó el Departamento de Justicia en 2019, cuando Donald Trump era presidente.

Assange afronta en Estados Unidos 17 cargos por espionaje y uno por pirateo informático por el acceso a información confidencial y su publicación hace 15 años. La fiscalía le acusa de “conspirar” con Chelsea Manning, analista del ejército que fue condenada a 35 años en prisión en 2013 y que el presidente Barack Obama indultó en 2017. Wikileaks publicó cientos de miles de documentos del Gobierno de Estados Unidos, incluidos algunos sobre operaciones militares en todo el mundo. El escrito de acusación del Departamento de Justicia lanzado en 2019, cuando Donald Trump era presidente, se queja, en particular, de la información que Assange publicó por su cuenta, sin la colaboración de medios, porque no hizo un esfuerzo por proteger a activistas de derechos humanos, periodistas y otras fuentes citadas por diplomáticos y militares estadounidenses en lugares donde estas personas podían sufrir torturas o ser asesinadas como China, Irán, Irak, Siria y Afganistán. Por ejemplo, Wikileaks no borró los nombres y otros detalles de personas vulnerables, como hacen habitualmente los medios que publican información confidencial. 

La mayoría del material en cuestión se remonta a hechos sucedidos hace casi dos décadas, y parte de la información ya había sido publicada o lo ha sido después con más detalles por medios en Estados Unidos. 

El Departamento de Justicia disputa que Assange pueda ser considerado un periodista por no haber respetado los estándares mínimos de publicación, pero el Comité para la Protección de los Periodistas y PEN, la organización de escritores, entre otros grupos de activistas de la libertad de expresión, insisten en que una posible condena de Assange sentaría un precedente para la libertad de prensa en Estados Unidos (de hecho, la Administración Obama decidió no abrir un caso contra el fundador de Wikileaks por este motivo).

Assange no asistió a la audiencia en Londres por motivos de salud, según su esposa, Stella Assange, con quien se casó en prisión y tiene dos hijos. Rebecca Vincent, directora de campañas de Reporteros Sin Fronteras y quien estaba presente en la audiencia, aseguró este lunes que las últimas dos veces que visitó a Assange en prisión salió preocupada por “su estado de salud mental y física”. Vincent se dijo después “aliviada” por la decisión del tribunal británico.

De qué se trata

Las revelaciones más sustanciales de Wikileaks salieron de la colaboración con el New York Times y otros medios, por ejemplo, los informes internos del Pentágono sobre víctimas civiles y militares en la guerra de Irak entre 2004 y 2009. Aunque ya había estimaciones oficiales de muertos y heridos civiles, los informes permitieron comparar fuentes y ofrecer un panorama más fiel a la realidad, que incluía 15.000 muertos más respecto a las primeras cifras oficiales. 

Además, en 2010, Wikileaks publicó un vídeo de 2007 en que se veía cómo un helicóptero de Estados Unidos disparó y mató a 11 civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters. La agencia de noticias lo vio poco después de que sucedieran los hechos aunque no tenía autorización para reproducirlo; su jefe de la oficina en Bagdad ya había acusado al Ejército estadounidense de “mentir” sobre lo que había sucedido aquel día.

Wikileaks también publicó en 2011 en parte por su cuenta y en parte en el New York Times más detalles sobre los abusos de prisioneros en Guantánamo, desvelados también con otras fuentes por la cadena CBS, la agencia de noticias AP y el New Yorker en 2004.

Extradición sí o no

Tras años de batalla legal, el Gobierno británico autorizó la extradición de Assange a Estados Unidos en 2022, pero el equipo legal del fundador de Wikileaks la paró con recursos ante la justicia británica, que ofrece un sistema con múltiples vías de apelación en el país, además de someterse a la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que puede parar cualquier extradición en el último minuto. Esta corte ha rechazado hasta ahora asumir el caso. 

En marzo, la justicia británica congeló la decisión sobre la extradición de Assange y le dio la razón sobre la falta de garantías suficientes de Washington de que no será discriminado por ser ciudadano australiano y podrá hacer uso pleno de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión de una manera más amplia que en el Reino Unido o en la mayoría de países europeos, incluido España.

Estados Unidos responde que Assange no tendrá limitadas sus capacidades de defensa por ser australiano y podrá recurrir a la Primera Enmienda, si bien su aplicación en este caso es “competencia de los tribunales de Estados Unidos” y no de lo que diga el Departamento de Justicia. Además, los representantes de la Administración Biden se comprometen por escrito a que “una sentencia de muerte ni será pedida ni será impuesta a Assange”. El equipo de abogados de Assange ha repetido que el fundador de Wikileaks podría ser condenado a 175 años de cárcel o la pena de muerte. Las autoridades estadounidenses aseguran que, si es declarado culpable ante un tribunal en Estados Unidos, la pena podría ser de unos pocos años de prisión. El tribunal británico aceptó este lunes las garantías de Washington de que Assange no estaría en ningún caso en riesgo de ser condenado a pena de muerte, pero rechazó las relacionadas con la Primera Enmienda.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) asegura que las garantías sobre la posibilidad de que Assange sea protegido por la Primera Enmienda no son suficientes. “Esto no hace caso del hecho de que los cargos en sí mismos cuestionan directamente los derechos de la Primera Enmienda”, dice en un comunicado conjunto con otras organizaciones de derechos civiles. “Esto crearía un alarmante precedente legal para la extradición de periodistas a Estados Unidos por la publicación de material clasificado de interés público”.

Assange lleva desde 2019 en una prisión británica y antes pasó siete años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, que investigaba dos acusaciones de violación en ese país (la fiscalía sueca abandonó el caso en 2019 porque consideró que había pasado demasiado tiempo para recoger testimonios). 

Este martes la entrada del alto tribunal de Londres se volvió a llenar de reporteros y activistas con pancartas a favor de Julian Assange. Hubo menos discursos que de costumbre, pero la escena era parecida a la repetida una y otra vez desde 2019 mientras el fundador de Wikileaks sigue apelando contra su extradición a Estados Unidos, que le quiere juzgar por pirateo informático, robo y publicación de información confidencial de defensa nacional.

El equipo legal y la esposa del hacker australiano, Stella Assange, anunciaron en febrero que la decisión de este tribunal de Londres sería el final del camino, pero la decisión de la corte abre un nuevo proceso que puede sigue alargándose durante meses. La batalla legal empezó en Londres hace más de una década. 

¿Qué ha decidido el alto tribunal?

La corte de Londres, que no tiene equivalente exacto en España, pero ejerce en este caso funciones parecidas al Tribunal Supremo español, ha sentenciado que aunque el Gobierno británico firmó la orden de extradición a Estados Unidos en 2022 y parecían agotados todos los recursos, Assange todavía tiene margen para seguir apelando. 

Según el tribunal británico, el Departamento de Justicia de Washington no ha dado suficientes garantías en tres puntos: que el derecho a la libertad de expresión de Assange será protegido según la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, que el acusado no será discriminado por ser ciudadano australiano y que en ningún caso se le condenará por un delito que pueda acarrear la pena de muerte. Los representantes de Estados Unidos tienen tres semanas para presentar más evidencias sobre estos puntos en concreto y, si lo hacen, el 20 de mayo se celebrará una nueva audiencia en Londres para analizarlas. Si el Departamento de Justicia no las presenta o no satisfacen a los jueces británicos, Assange podrá empezar desde cero un recurso más global.

La justicia británica no ha aceptado otros argumentos de la defensa, que alegó en febrero que Assange no tendría un juicio justo en Estados Unidos o que se le estaba persiguiendo por “motivos políticos”. 

¿Y después?

Incluso si esta parte del proceso se resuelve en contra de Assange, todavía le queda la opción de recurrir ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que tiene el poder de paralizar cualquier extradición en el Reino Unido mientras decide si considera el caso. 

Además, según publicó hace unos días el Wall Street Journal, el Departamento de Justicia y el equipo legal de Assange llevan meses negociando un acuerdo para cerrar el caso y que el australiano no sea enviado a Estados Unidos. El Journal publicó que el acuerdo considerado puede consistir en que Assange se declare culpable de un cargo menor y el Departamento de Justicia retire el resto de cargos y acepte que el tiempo que ha estado en prisión en Londres ya es suficiente para considerar que ha cumplido la sentencia. 

El equipo legal de Assange asegura que su defendido puede ser condenado a 175 años de cárcel, pero las autoridades estadounidenses replican que, de ser declarado culpable, recibiría probablemente una pena mucho menor, más bien de seis años. Tras la publicación de la exclusiva del Journal, el equipo de Assange no quiso comentar sobre la información y uno de sus abogados sólo dijo en un comunicado que el Departamento de Justicia no ha dado “ninguna indicación” de que esté cambiando de estrategia.

¿De qué se acusa a Assange?

El proceso actual es el que abrió el Departamento de Justicia de Estados Unidos en mayo 2019, durante la Administración de Donald Trump. La fiscalía le acusó entonces de 17 cargos por robo y publicación de documentos secretos que afectan a la seguridad nacional y un cargo por pirateo informático. El escrito de acusación cita publicaciones de Wikileaks entre 2009 y 2011 y subraya las precauciones para proteger a fuentes y ciudadanos corrientes en zonas de conflicto.

Las publicaciones por las que se acusa a Assange sucedieron durante la Administración de Barack Obama, cuyo Departamento de Justicia, en cambio, decidió no presentar cargos porque creía que afectaría a periodistas y sería difícil ganar un caso de este tipo en Estados Unidos, que tiene una de las protecciones más amplias del mundo de la libertad de expresión a través de la Primera Enmienda de la Constitución. 

En cambio, el Departamento de Justicia sí acusó a Chelsea Manning, exanalista del Ejército de Estados Unidos y que fue condenada por filtrarle documentos a Assange para su publicación. Manning fue condenada a 35 años de cárcel, pero en mayo de 2017 salió de la cárcel después de que Obama le concediera el indulto en uno de sus últimos actos como presidente.

¿De qué documentos se trata?

Manning quería denunciar los abusos que había visto a su alrededor y el encubrimiento del Ejército para el que trabajó. Su colaboración, por ejemplo, sirvió para que en 2010 Wikileaks publicara un vídeo de 2007 en el que se ve cómo un helicóptero de Estados Unidos dispara y mata a 11 civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters. La información no era completamente nueva, pero fue una prueba pública de lo que ya había denunciado la agencia. De hecho, Reuters había pedido el vídeo al Pentágono y consiguió verlo poco después de que sucediera el ataque aunque no tenía autorización para reproducirlo. El jefe de Reuters en Bagdad también dijo que el Ejército de EEUU había “mentido” sobre las circunstancias antes de la publicación del vídeo.

Entre la información más significativa, publicada en colaboración del New York Times, el Guardian y otros medios, están los informes internos del Pentágono sobre víctimas civiles y militares en la guerra de Irak entre 2004 y 2009. Aunque ya había estimaciones oficiales de muertos y heridos civiles, los informes permitieron comparar fuentes y hacer una estimación más fiel a la realidad, que incluía 15.000 muertos más respecto a los datos más documentados, según Iraqi Body Count, una organización que durante años recogió todos los datos disponibles sobre muertes de civiles desde la invasión de Irak.

Wikileaks también publicó en 2011 en parte por su cuenta y en parte en el New York Times más detalles sobre los abusos de prisioneros en Guantánamo, desvelados con otras fuentes por la cadena CBS, la agencia de noticias AP y el New Yorker en 2004.

¿Qué pasa con las fuentes?

Uno de los puntos en los que incide el escrito de acusación y han repetido en las últimas semanas los abogados del Departamento de Justicia es que Assange publicó telegramas diplomáticos y otros documentos sin tomar las precauciones mínimas para proteger a las fuentes de Estados Unidos, en particular de activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos en Afganistán, Irak, Irán, China y Siria. Los medios habitualmente borran nombres y otros detalles de los documentos oficiales, en especial de los sensibles de seguridad nacional, como, de hecho, hicieron los que colaboraron con Assange en 2010, como el Guardian, New York Times y El País. La fiscalía de Estados Unidos asegura que activistas políticos, disidentes y civiles tuvieron que huir de sus países o “desaparecieron” después de la aparición de sus nombres en Wikileaks.

Otro ejemplo que cita el Departamento de Justicia son los documentos de Wikileaks que se encontraron en la casa donde se escondía Osama Bin Laden durante el asalto de las fuerzas especiales de Estados Unidos que acabó con la vida del líder de la red terrorista Al Qaeda en 2011. 

La falta de protección de personas corrientes es uno de los argumentos con el que el Departamento de Justicia asegura que Wikileaks no puede considerarse un medio. Varios diarios que habían colaborado con Assange criticaron el hecho de que, cuando publicó la información por su cuenta, no se preocupara de proteger a personas que podían ser objetivo de terroristas y gobiernos autoritarios.

Luke Harding, reportero veterano del Guardian, contó en un detallado libro cómo Assange despreciaba la protección de personas que, según cuenta que dijo, si eran asesinadas por un régimen autoritario “se lo habían buscado” por trabajar para cualquier agencia occidental. Assange denunció a Harding por difamación (en el Reino Unido, la protección a la libertad de prensa es más baja que en Estados Unidos y los casos por difamación y censura incluso previa son habituales).

¿Por qué preocupa a los periodistas?

Sea o no considerado un periodista, las organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de prensa temen que casos como el de Assange dañen las salvaguardas existentes y que cualquier precedente sea explotado por futuros gobiernos y un sistema de justicia presidido por un Tribunal Supremo muy conservador tras la designación de varios magistrados por parte de Trump durante su mandato.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) volvió a insistir este martes en que una condena de Assange tendría “consecuencias desastrosas” para la libertad de prensa como un precedente que se puede aplicar también a periodistas y medios profesionales en el futuro. Los defensores de Assange, entre ellos también el Guardian y otros medios con los que colaboró, insisten en que el uso en particular de la Ley contra el Espionaje de 1917 que se ha utilizado en varios casos contra filtradores en las últimas dos décadas es especialmente peligroso porque no tiene en cuenta la relevancia de la información publicada.

¿Y las acusaciones por violación?

El caso que ocupa ahora a la justicia británica y la estadounidense es el de los documentos publicados, pero la primera detención de Assange en el Reino Unido fue en 2010 a petición de Suecia por acusaciones de violación y otros abusos sexuales de dos mujeres allí. Mientras estaba en libertad bajo fianza por este caso, en 2012, Assange pidió refugio en la embajada de Ecuador en Londres y vivió allí siete años. En abril de 2019, después de que la embajada de Ecuador le retirara la protección tras años de tensión, fue detenido por el Reino Unido por saltarse las condiciones de la fianza. 

En noviembre de 2019, una fiscal sueca decidió abandonar el caso por violación porque aunque la denunciante, una ciudadana sueca que no fue identificada, era “creíble”, según la fiscal explicó, el tiempo transcurrido –nueve años desde las acusaciones– impedía conseguir información suficiente. El caso por abusos sexuales prescribió en 2015.

¿Y si llega Trump?

La posible victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre podría tener impacto en el futuro de Assange si todavía continúa el litigio. En su anterior mandato, el presidente conservador intentó interferir y presionar de manera habitual en la labor del Departamento de Justicia y no está claro qué haría frente a Assange, con quien ha tenido una relación ambigua.

En 2010, años antes de ser candidato, Trump dijo en una entrevista que el comportamiento de Assange era “vergonzoso” y que debía ser condenado a la pena de muerte. En 2017, cuando ya era presidente, dijo que le parecía “OK” que el Departamento de Justicia presentara cargos contra el fundador de Wikileaks. Unos meses antes, durante la campaña contra Hillary Clinton, Trump había dicho que “amaba” a Wikileaks.

Assange, que presentó un programa en la televisión estatal rusa, colaboró con el Gobierno ruso en el hackeo de la información de los servidores del Partido Demócrata con el objetivo de encontrar información que pudiera ser dañina contra Clinton y desanimar a sus votantes a participar en las elecciones. De hecho, durante esa campaña, el equipo de Trump estuvo en permanente contacto con Wikileaks, según confirmó después la detallada investigación del fiscal especial Robert Mueller. 

En 2020, durante el proceso de apelación en Londres, los abogados de Assange aseguraron que Trump, a través de un congresista republicano, le había propuesto hacer un trato que le garantizara el perdón si aseguraba que Rusia no tenía nada que ver con el hackeo de los emails del Partido Demócrata. La Casa Blanca de Trump dijo que eso era “totalmente mentira”.

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, podrá seguir apelando ante la justicia británica para no ser extraditado a Estados Unidos, donde afronta 18 cargos por el acceso a información secreta y su publicación hace más de una década. Después de cinco años de batalla legal, el Alto Tribunal de Londres dictó este martes que el ciudadano australiano puede volver a apelar. Además, su envío a Estados Unidos también lo puede parar el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o un acuerdo de última hora con el Departamento de Justicia estadounidense.

Si no hay ningún acuerdo antes, el tribunal británico establece el comienzo del nuevo proceso con una audiencia el 20 de mayo. El Departamento de Justicia de EEUU tiene tres semanas para presentar más información requerida para esa audiencia. El tribunal británico no acepta que el proceso contra Assange esté “políticamente motivado” ni que esté en peligro de no ser sometido a un juicio justo, como decía su defensa, pero sí cree que puede vulnerar su derecho a la libertad de expresión, que le puede perjudicar su nacionalidad australiana y no considera que Estados Unidos haya ofrecido suficientes garantías de que si fuera extraditado y condenado no se le podría imponer la pena de muerte, según el escrito publicado este mañana.

En un caso que abrió el Departamento de Justicia cuando Donald Trump era presidente, la Fiscalía de Estados Unidos acusa a Assange de conseguir información de manera ilegal y poner en peligro a activistas, abogados, periodistas y otras personas que aparecían en los cientos de miles de documentos publicados entre 2010 y 2011 por Wikileaks y relacionados, en parte, con las guerras de Irak y Afganistán. Chelsea Manning, exanalista del Ejército de Estados Unidos, fue condenada en 2013 por conspirar con Assange, pero el presidente entonces, Barack Obama, la indultó en 2017. 

El Departamento de Justicia de EEUU, según los argumentos presentados este febrero en Londres, asegura que Assange “no es un periodista” y no respetó los estándares de medios que colaboraron con él en 2010, como el New York Times, El País y el Guardian. Pero varias asociaciones de defensa de periodistas aseguran que el caso de Assange y el hecho de que se utilice la Ley contra el Espionaje de 1917 pueden sentar un precedente en los límites a la libertad de prensa.

“Los argumentos utilizados en el procesamiento contra Assange pueden establecer un camino legal para la persecución de periodistas y debilitar mucho la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de prensa. El derecho de los periodistas a informar sobre asuntos de interés público sin miedo a la censura o las represalias puede verse dañado”, asegura el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), una organización con sede en Nueva York. 

“Estamos contentos de que la extradición del fundador de Wikileaks Julian Assange a Estados Unidos se haya retrasado”, dijo la consejera delegada del CPJ, Jodie Ginsberg, en una declaración publicada este martes. También volvió a decir que el procesamiento de Assange tendría “consecuencias desastrosas” para la libertad de prensa y pidió al Departamento de Justicia que “acabe con todos estos procedimientos legales”.

Negociación con Washington

Stella Assange, con la que Julian se casó en la cárcel en 2022, apela al deterioro de la salud física y mental de su marido para que no sea extraditado.

El fundador de Wikileaks lleva desde 2019 en una prisión a las afueras de Londres y antes pasó seis años refugiado en la embajada de Ecuador en el Reino Unido para evitar un juicio en Suecia por violación y abuso sexual (la Fiscalía sueca retiró los últimos cargos en 2019 porque, aunque consideraba creíble a la denunciante, habían pasado nueve años y concluyó que era demasiado tiempo para poder investigar).

El Gobierno británico firmó en 2022 la orden de extradición a Estados Unidos por las acusaciones relacionadas con la publicación de información secreta, pero Assange siguió apelando hasta el último resquicio legal posible.

Según el diario Wall Street Journal, el equipo legal de Assange ha estado negociando con el Departamento de Justicia para que el fundador de Wikileaks no sea extraditado y terminar con este caso que ha provocado protestas en las calles, campañas políticas, quejas del Gobierno australiano y la movilización de un equipo internacional de abogados. El posible acuerdo citado por el Journal supondría que Assange se declare culpable de un cargo menor de mala gestión de documentos confidenciales y Washington acepte que ya ha cumplido con la sentencia por el tiempo pasado en la cárcel mientras apelaba.

La admiración y la lealtad, transformadas en apoyo, las prestamos por poco tiempo. Enseguida, a las heroínas que se meten en el fango por defender las causas más justas y nobles -las de todos- les buscamos los pies de barro. Inicialmente, dando pábulo a los rumores entorno a ellas, que de manera oportuna lanzan los aspersores del poder. Después, y sin comprobar qué hay de cierto en ellos, haciéndolos nuestros y echándoselos a la cara los que se supone que estamos en frente de ese mismo poder, el de la élite capitalista internacional.

Esto hicimos con innumerables ídolos más o menos transversales, como Lula Da Silva o Greta Thunberg. Qué decir con los más radicales, como el editor de Wikileaks, Julian Assange.

Entre 2010 y 2011 la publicación por parte de WikiLeaks de cerca de 400 mil documentos clasificados de diplomáticos estadounidenses sobre operaciones militares, entre otras, de la guerra de Irak, la guerra de Afganistán y la prisión de Guantánamo, sirvieron para que las principales cabeceras de los medios de comunicación de Occidente, entre ellos, el periódico El País, ampliaran información de interés público en todo el mundo, de la que se beneficiaron tanto económicamente como en términos de prestigio.

La revelación de crímenes de guerra impunes y violaciones de los derechos humanos convenientemente ocultadas, como el asesinato de civiles o ataques aéreos indiscriminados, fueron de dominio público por el buen hacer del oficio de muchos periodistas, pero, sobre todo, gracias a la indispensable valentía de los de Wikileaks.

El entusiasmo inicial en torno a su figura ha venido siendo sido sustituido por la incredulidad, haciendo del de Julian Assange un nuevo caso Dreyfus

Así, el entusiasmo inicial en torno a su figura ha venido siendo sido sustituido por la incredulidad desde 2016 (año en el que ganó Donald Trump, y en el que salieron algunas filtraciones que concernían al Partido Demócrata y a su entonces candidata, Hillary Clinton) por esos mismos medios de comunicación, haciendo del de Julian Assange un nuevo caso Dreyfus.

La prensa internacional no solo se ha hecho eco, sino que ha sido instrumento consciente o no, para presentar el caso de Assange como un doble falso dilema contemporáneo: ¿Es el editor de Wikileaks comendador en Occidente del derecho a la información y su transparencia o, por el contrario, es un peligro público global por precisamente desvelar al común de los mortales cómo opera el poder político que lo tutela? Pero ¿acaso es este un dilema nuevo, de esta era de la información digital, o viene de antiguo?

La Humanidad, desde el origen del concepto platónico de democracia, todavía no ha resuelto la tensión entre el poder de la ciudadanía (materializado en la opinión pública, sus representantes y sus garantes) y las presiones políticas de los poderes fácticos. Es un detalle menor que esta tensión se plasme sobre el papel o sobre una pantalla de teléfono, ni que se traslade a guerras con drones o con hombres a caballo.

Para que el control de sus representantes resida en el pueblo, el pueblo tiene que estar informado

Convenientemente armonizadas, las justicias occidentales se han ido pasando la patata caliente del australiano, presas, junto a sus gobiernos, de este falso dilema de doble condición: se sustancia en lo jurídico, pero es de naturaleza política y, por ello, apela al conjunto de la sociedad. La Ley activa el derecho, pero no lo ejerce por sí sola: para que el control de sus representantes resida en el pueblo, el pueblo tiene que estar informado.

Mientras tanto, Assange lleva en cautiverio 14 años y su salud física y mental continúa depauperándose, desde que se entregara a las autoridades londinenses el 7 de diciembre de 2010, permaneciendo los primeros días en prisión preventiva, hasta el 16 de diciembre, cuando pasó a estar en libertad bajo fianza y arresto domiciliario.

En este momento conviene recordar los hechos que mantienen a Assange en esta situación. A partir de 2010, y conforme Wikileaks fue publicando más documentos militares clasificados de Estados Unidos, más países occidentales se sumaron a esta persecución legal sin precedentes. En agosto de ese mismo año Julian Assange fue invitado a dar una conferencia en Estocolmo, donde dos mujeres, que asistieron como organizadora y participante a la misma, le acusan de sendos delitos de abuso sexual y violación. En noviembre de ese año, invocando el acuerdo europeo del que el Reino Unido formaba parte, Suecia pidió su extradición para interrogarlo.

Agotados los recursos legales, en junio de 2012, Assange solicitó asilo en la Embajada ecuatoriana de Gran Bretaña para evitar la extradición a Suecia, y allí permaneció 7 años. El país andino alegó que le concedía asilo diplomático, no para entorpecer el proceso escandinavo, sino por mor del peligro de que fuera extraditado a Estados Unidos, donde “no tendría un juicio justo y podría ser juzgado por tribunales especiales y sufrir un trato cruel o degradante, e incluso se le podría aplicar la pena capital”.

En abril de 2019, Ecuador le retiró la protección del asilo y la nacionalidad ecuatoriana, concedida en 2017, por lo que Assange fue detenido por la Policía Metropolitana de Londres dentro de la misma Embajada ecuatoriana. Las autoridades de la capital británica actuaron en virtud de una orden de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Un mes después la justicia londinense, por su parte, le condenó a permanecer 50 semanas en una prisión del Reino Unido por violar las condiciones de la libertad bajo fianza (a causa de su entrada en la Embajada de Ecuador). Desde entonces, Assange se encuentra en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres. También en 2019 la fiscalía sueca archivó los cargos por violación en contra del editor, tras abandonar y reabrir varias veces la investigación durante esos nueve años.

Julian Assange, se arriesga a 175 años de cárcel por revelar información secreta de Estados Unidos

En este momento, el que fuera considerado adalid del derecho a la información y a la libertad de prensa, Julian Assange, se arriesga a 175 años de cárcel por revelar información secreta de Estados Unidos. Incluso, como adelantó Ecuador y apuntan algunos juristas, también sobrevuela sobre él la pena capital, pues 17 de los 18 cargos por los que sería procesado lo son en virtud de la ley de espionaje.

El gobierno norteamericano afirma que Assange tendría un juicio justo en su país, pero sin la protección de la Primera Enmienda y sin la defensa del interés público. La famosa Primera Enmienda a la Constitución norteamericana sirve para hacer películas y blindar en el imaginario colectivo mundial la idea de Estados Unidos como país de la libertad, pero no va a servir para el editor de Wikileaks.

En 2024, ya va tocando que sea de consenso universal reconocer y proteger el papel crucial que juegan los periodistas y los informantes en la promoción de la transparencia y la justicia social. De lo contrario, se sentará un precedente peligroso, poniendo en riesgo a cualquier defensor del derecho a la información que se atreva a exponer la verdad sobre los poderosos.

Por todo lo anterior, desde la APDHA hacemos un llamamiento para que se respeten y se garanticen la dignidad y los derechos básicos de la persona de Julian Assange, el derecho a la integridad personal (física y moral), su derecho a la defensa y a un juicio justo. Asimismo, instamos a la comunidad internacional, a los gobiernos, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la libertad de prensa, a unirse en la demanda por la liberación inmediata de Julián Assange. 

Tras dos días de vista y años de batalla legal, el Alto Tribunal de Justicia de Londres decidirá en las próximas semanas si Julian Assange, el fundador de Wikileaks, puede seguir apelando contra su extradición a Estados Unidos, que le acusa de espionaje y hackeo informático hace más de una década. La decisión no se espera antes de principios de marzo.

En cualquier caso, si se agota la vía legal ante la justicia británica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo todavía puede intervenir con una medida de emergencia para paralizar el envío del ciudadano australiano del Reino Unido a Estados Unidos.

La jueza y el juez del Alto Tribunal de Inglaterra y Escocia encargados de este caso tienen que decidir si Assange puede empezar desde el principio un nuevo proceso de apelación, que previsiblemente alargaría años la situación de espera actual. Las partes van a presentar más documentación y la corte tiene hasta el 4 de marzo para examinarla, con lo que no se espera una decisión antes de esa fecha.

La vista de dos días no versaba sobre el fondo de la cuestión y el acceso público estaba limitado, como es habitual en el Reino Unido, pero activistas, periodistas, diputados y simpatizantes de Assange esperaron durante horas delante del tribunal entre cánticos y discursos de apoyo. Después marcharon hacia Downing Street, la sede del Gobierno británico, para seguir protestando.

Este caso arrancó en primavera de 2019, cuando Donald Trump era presidente y el Departamento de Justicia presentó una acusación con 18 cargos contra Assange por haber “conspirado” para obtener información confidencial de seguridad nacional, haber colaborado en el hackeo de sistemas oficiales y haber difundido documentos secretos sin tomar precauciones para evitar poner en peligro a periodistas, activistas y otros civiles en Afganistán, Irán, China y Siria, según el escrito de acusación. 

Estas acusaciones se refieren a las acciones de Wikileaks entre 2009 y 2011, pero el Departamento de Justicia del anterior Gobierno de Estados Unidos, el de Barack Obama, había decidido entonces no presentar cargos contra Assange al considerar que podría estar amparado por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que ofrece amplia protección para la libertad de expresión y de prensa. En cambio, sí fue perseguida judicialmente y condenada Chelsea Manning, antigua analista del Ejército de Estados Unidos y la persona que le pasó documentos a Assange y a la que, según la acusación, el australiano presionó para que accediera a más información. En mayo de 2017, Manning salió de la cárcel después de recibir el indulto de Obama tras siete años en prisión (la condena era de 35 años).

Los documentos que filtró Manning para denunciar abusos incluyen la publicación en 2010 de un vídeo de 2007 en que un helicóptero del Ejército de Estados Unidos cerca de Bagdad disparó y mató a 11 civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters. La agencia ya había pedido el vídeo al Pentágono y lo vio poco después de los hechos aunque no tenía autorización para guardarlo o reproducirlo. El jefe de la redacción de Reuters en Bagdad dijo que el Ejército de EEUU había “mentido” sobre las circunstancias. 

Entre la información más significativa, publicada en principio con el filtro y la colaboración del New York Times y otros medios (en España, El País), están los informes internos del Pentágono sobre víctimas civiles y militares en la guerra de Irak entre 2004 y 2009. Aunque ya había estimaciones oficiales de muertos y heridos, los informes permitieron comparar fuentes y hacer una estimación más fiel a la realidad, que incluía 15.000 muertos más. 

Wikileaks también publicó en 2011 en parte por su cuenta y en parte en el New York Times más detalles sobre los abusos contra prisioneros en Guantánamo, desvelados con otras fuentes en 2004 por la televisión CBS, la agencia de noticias AP y el semanario New Yorker, entre otros.

Qué es un periodista

Varias organizaciones de defensa de la libertad de prensa consideran que una condena de Assange en Estados Unidos podría sentar un precedente jurídico sobre los límites de la Primera Enmienda. Los defensores de este argumento, entre ellos The Guardian y otros diarios con los que Assange colaboró, insisten en que el uso en particular de la Ley contra el Espionaje de 1917 es peligroso porque no tiene en cuenta la relevancia de la información publicada.

La abogada que representaba este miércoles a Estados Unidos ante el tribunal en Londres argumentó que Assange no es periodista porque “publicó para todo el mundo, con conocimiento y de manera indiscriminada, los nombres de individuos que fueron fuentes de información de Estados Unidos” y que esto “distingue la posición del demandante de la del New York Times y otros medios de comunicación”.

La Constitución de Estados Unidos no recoge una definición precisa de lo que es y no es un periodista. Un caso de este tipo podría llegar al Tribunal Supremo, que tiene un historial de dictar a favor de la libertad de expresión y de prensa, con menos límites legales que en países como el Reino Unido o España.

La parte más polémica sobre los estándares de Wikileaks es la protección de fuentes que estaban en peligro. Varios medios que habían colaborado con Wikileaks, como El País, el New York Times y el Guardian, criticaron el hecho de que, cuando publicó la información por su cuenta, Assange no se preocupó de proteger a personas que podían ser objetivo de terroristas y gobiernos autoritarios. 

El Gobierno de Estados Unidos dijo este miércoles que activistas políticos, disidentes y otros civiles tuvieron que huir de sus países o “desaparecieron” después de la publicación de sus nombres en Wikileaks.

Entre la documentación encontrada durante el asalto de las fuerzas especiales de EEUU en 2011 a la casa en Pakistán donde se escondía Osama Bin Laden, el líder de la red terrorista Al Qaeda, había documentos de Wikileaks, según detalla el escrito de acusación.

La relación con Trump

La defensa de Assange aseguró este martes que el caso contra él tiene “motivaciones políticas” y empezó como una campaña de Trump contra todos los periodistas. 

El expresidente de Estados Unidos y el fundador de Wikileaks tienen una relación complicada. Assange colaboró con el Gobierno ruso en el hackeo de la información de los servidores del Partido Demócrata durante la campaña de 2016 de Hillary Clinton en busca de información que pudiera dañarla en las elecciones contra Trump, según detallaron medios como Foreign Policy y el Guardian, entre otros. Entonces el equipo de Trump estaba en permanente contacto con Wikileaks, según confirmó la investigación del fiscal especial Robert Mueller. 

Los abogados de Assange aseguraron durante el proceso en Londres en 2020 que Trump, a través de un intermediario del Partido Republicano, le había propuesto hacer un trato si el fundador de Wikileaks aseguraba que Rusia no tenía nada que ver con el hackeo de los emails del Partido Demócrata. La Casa Blanca de Trump lo negó entonces. 

En la vista DE este martes y este miércoles, la defensa de Assange aseguró que Trump estaba “planeando raptar y asesinar” al fundador de Wikileaks cuando estaba en la embajada en Londres.

Stella Assange, abogada casada desde 2022 con el fundador de Wikileaks y madre de sus dos hijos, comparó a su marido con el opositor ruso Alexei Navalni, que murió en una prisión del Ártico y cuyo cuerpo está retenido por las autoridades rusas sin que haya hasta ahora una causa oficial. Según Stella, a su marido “le puede pasar lo mismo que a Navalni”. 

Assange, de 52 años, no quiso asistir a la vista de esta semana ni siquiera online porque se encontraba mal, según su esposa. “Estuvo enfermo en Navidad, tiene tos desde entonces”, dijo Stella Assange, que habló también en las protestas en defensa de su marido organizadas durante los dos días de la vista delante del tribunal.

Las acusaciones de violación

Assange ha pasado por batallas legales desde los años 90 en Australia, donde fue condenado en 1996 por hackeo informático de la Universidad de Australia y de una red que utilizaba el Ejército de Estados Unidos. Entonces, ya era uno de los piratas informáticos más famosos del país, pero sólo tuvo que pagar una multa porque el juez no vio “malicia” en sus acciones. 

Sus problemas legales más serios en el Reino Unido empezaron en 2010, cuando fue arrestado en Londres a petición de Suecia por las acusaciones de violación y otros abusos sexuales de dos mujeres allí. Mientras estaba en libertad bajo fianza, en 2012, pidió refugio en la embajada de Ecuador en Londres, donde vivió siete años para evitar el proceso legal en Suecia. 

En abril de 2019, Assange fue arrestado en la embajada después de que Ecuador le retirara la protección diplomática tras años de tensión. El Reino Unido le acusaba de haberse saltado las condiciones de su fianza y respondió a la petición de extradición de Estados Unidos por las filtraciones. Unos meses después, una fiscal sueca decidió abandonar el caso por violación porque, aunque la víctima era “creíble”, según explicó, el tiempo transcurrido impedía conseguir información para probar las acusaciones. 

Assange lleva encarcelado desde 2019 en una prisión de alta seguridad a las afueras de Londres mientras su equipo legal ha apelado en varias ocasiones la orden de extradición a Estados Unidos hasta agotar la que cree ahora la última vía legal en el Reino Unido. 

Estados Unidos y Australia

En 2021, la justicia británica paró la extradición ya que aceptó que Assange tenía riesgo de autolesionarse si era deportado a Estados Unidos. Otro recurso le quitó la razón a Assange en abril de 2022 y en junio de ese año la ministra del Interior, entonces Priti Patel, firmó la orden de extradición.

Los abogados de Assange aseguran que, si es condenado, puede afrontar penas de hasta 175 años de cárcel. Las autoridades de Estados Unidos dicen que, si se le considera culpable, la condena sería mucho menor. El Gobierno de Estados Unidos dijo en 2021 ante la justicia del Reino Unido, preocupada por la salud mental de Assange que, de ser condenado, el acusado no sería encarcelado en una prisión de máxima seguridad e incluso podría cumplir la pena en su Australia natal. 

El Gobierno y el Parlamento de Australia han pedido al presidente Joe Biden que pare el proceso contra Assange. Además, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, se quejó de la duración del proceso: “Ya basta... Esto no puede seguir de manera indefinida”, dijo la semana pasada.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos funciona de manera independiente dentro del Gobierno y la Administración Biden está bajo una presión extra para no interferir en sus labores en año electoral y con varios procesos legales abiertos contra Trump. El presidente tiene, en cualquier caso, el poder de indultar a Assange si es condenado.

Después de cuatro años de incesantes ataques a los medios de comunicación y agresiones legales bajo el mandato de Donald Trump, el Gobierno de Biden ha defendido la importancia del respeto a una prensa libre y vigorosa.

El fiscal general, Merrick Garland, incluso ha ampliado la protección a los periodistas este otoño diciendo que “una prensa independiente y libre es vital para el funcionamiento de nuestra democracia”.

Sin embargo, el mayor test para medir el compromiso de Biden está en una celda de Londres. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, lleva recluido desde 2019 y se enfrenta a un proceso judicial en Estados Unidos en virtud de la Ley de Espionaje, una legislación centenaria que nunca antes se había utilizado para perseguir la publicación de información clasificada.

El hecho de que el Departamento de Justicia estadounidense siga adelante con los cargos de la era Trump contra Assange, cuyo grupo publicó información secreta sobre las guerras de Irak y Afganistán, Guantánamo, la diplomacia estadounidense y la política interna demócrata antes de las elecciones de 2016, contribuirá en gran medida a determinar si la actual administración tiene intención de cumplir sus promesas de proteger a la prensa.

Presión internacional

Biden se enfrenta ahora a nuevas presiones en Estados Unidos y en el extranjero para abandonar el largo proceso contra Assange. A principios de mes, cinco importantes medios de comunicación, entre ellos The Guardian y The New York Times, que dependen de poder publicar también secretos oficiales, hicieron pública una carta abierta al Gobierno en la que hablan del “peligroso precedente” y las amenazas contra la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, que protege la libertad de prensa, que representa el procesamiento de Assange.

Altos cargos de Australia se han reunido con sus homólogos estadounidenses para pedir la liberación de Assange, nacido en Queensland y de nacionalidad australiana. “Mi postura es clara y así se la he hecho llegar al Gobierno estadounidense: ha llegado el momento de poner fin a este asunto”, dijo a finales de noviembre el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ante el Parlamento de su país.

Tras reunirse con editores de WikiLeaks que luchan por la libertad de Assange, el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también exigió que termine ya lo que calificó como un “encarcelamiento injusto”.

Algunos de los defensores de Assange, que ven su procesamiento como un atropello a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, están con ánimo optimista pensando que el caso puede haber llegado a un punto de inflexión que podría suponer su liberación.

“Este caso es enormemente significativo”, dice Jameel Jaffer, profesor de Derecho en la Universidad de Columbia y director del Instituto Knight de la Primera Enmienda en la misma universidad. “A fin de cuentas, me cuesta creer que la Administración Biden quiera que su legado en materia de libertad de prensa sea este caso y si siguen adelante con él, eso es lo que va a pasar, eclipsando todo lo demás que pueda hacer en esta materia”.

Las autoridades del Departamento de Justicia no se quieren pronunciar sobre lo que podría pasar finalmente con el procesamiento de Assange, que sigue apelando su extradición a Estados Unidos ante un tribunal británico. El Departamento de Justicia se ha negado a hacer comentarios sobre las peticiones para abandonar el caso, pero uno de sus trabajadores dice sin revelar su identidad que Garland había “dejado claro que seguiría la ley hasta dondequiera que conduzca”, como ya hizo con otros casos de alto contenido político.

¿Un periodista o un espía?

Más allá de todas las presiones que hay sobre el Departamento de Justicia para que retire los cargos, la normativa interna que Garland anunció en octubre para ampliar la protección a periodistas podría terminar siendo un factor clave en este caso: con la excepción de un número limitado de circunstancias, la normativa prohíbe usar registros obtenidos durante incautaciones y otros métodos de investigación contra “medios de comunicación en el curso de su labor informativa”.

Las nuevas regulaciones surgen tras una revisión que ha durado un año y debido a las numerosas quejas presentadas por los medios de comunicación contra las tácticas agresivas del Departamento de Justicia durante la Administración Trump para conseguir datos de periodistas y espiar u trabajo en la investigación de filtraciones y otros asuntos sensibles.

A lo largo de toda la carrera de Assange hacia la notoriedad se ha debatido una y otra vez si se debe considerar como un periodista amparado por la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, la postura de sus defensores desde hace tiempo, o como un agente malintencionado que hace de “medio para la propaganda extranjera y... [es] un enemigo del pueblo estadounidense”, como dijo una vez el senador republicano por Nebraska Ben Sasse.

Barry J. Pollack, el principal abogado de Assange en Estados Unidos, dice a The Guardian que “las nuevas normas piden claramente a gritos que alguien en las más altas esferas del Departamento de Justicia examine de nuevo esta acusación para ver si es realmente coherente con la nueva política” y para determinar “si este es el tipo de caso que queremos perseguir”.

Assange es una figura polarizadora desde que hace 12 años WikiLeaks empezó a publicar y a compartir con The New York Times, The Guardian y con otros grandes medios de comunicación millones de páginas de información clasificada que le enviaban informantes del Gobierno y otras fuentes. Sus defensores lo celebraron como alguien valiente que destapa la verdad. Sus críticos, entre los que a menudo figuraban los servicios de espionaje, fueron contra él por el daño que según ellos habían causado sus filtraciones a las operaciones en curso.

En 2010, las primeras grandes revelaciones de WikiLeaks documentaron los abusos y errores militares de EEUU en Irak y en Afganistán. Assange fue ganando más notoriedad y atención con cada uno de los paquetes de información filtrada que siguieron: desde los telegramas secretos (comunicaciones diplomáticas) del Departamento de Estado hasta las herramientas de la CIA para hackear.

Además de los cargos por las inmensas filtraciones, Assange se enfrentaba en Suecia a una acusación por agresión sexual, pero la demanda fue retirada después de que los fiscales suecos dijeran que las pruebas no eran lo suficientemente sólidas. En 2012 se refugió en la embajada londinense de Ecuador para evitar su captura y en virtud de un acuerdo por el que se le concedió asilo político. Según información publicada el año pasado por Yahoo News, la CIA y la Administración Trump estaban tan obsesionadas con los secretos expuestos por WikiLeaks que llegaron a considerar la posibilidad de sacar a Assange de la embajada para asesinarlo.

Durante el Gobierno de Trump, el Departamento de Justicia presentó por primera vez una demanda penal contra Assange en 2019, el año en que las autoridades británicas lo sacaron a rastras de la embajada para detenerlo. “Esto es ilegal, no me voy”, gritaba un Assange desaliñado y con una larga barba blanca.

En enero de 2021, Biden no llevaba ni dos semanas como nuevo presidente y el Departamento de Justicia volvía a pedir una y otra vez a los tribunales británicos que revisasen la petición estadounidense de extraditar a Assange. Tras una larga batalla en los tribunales británicos, la entonces ministra del Interior, Priti Patel, aprobó en junio la petición estadounidense. Assange ha recurrido esa decisión con el argumento de que lo están “persiguiendo y castigando por sus opiniones políticas”.

Filtración de secretos gubernamentales

En la acusación de 2019 la mayoría de los 18 cargos contra Assange se centran en la publicación en Internet de información secreta militar y gubernamental por parte de WikiLeaks. Gran parte de esa información fue proporcionada por la informante y exmilitar estadounidense Chelsea Manning. Solo en uno de los cargos se dice que Assange trabajó activamente ayudando a Manning a conseguir la información secreta, cuando los fiscales acusan a Assange de ofrecer su ayuda para que Manning lograra descifrar la contraseña de un sistema militar confidencial, un intento que fracasó.

Manning terminó siendo condenada a 35 años de prisión por filtrar secretos gubernamentales y en 2017 el entonces presidente Barack Obama conmutó el resto de su condena poco antes de abandonar el cargo. Durante una vista de 2013 ante un consejo de guerra, Manning volvió a decir que WikiLeaks nunca ejerció ninguna presión sobre ella para obtener material secreto de los sistemas informáticos del ejército. “Las decisiones que tomé de enviar información y documentos a [WikiLeaks] y al sitio web fueron mis decisiones y asumo la plena responsabilidad de mis actos”, dijo.

Según Jaffer, de la Universidad de Columbia, acusar a Assange por obtener y publicar información confidencial sin que haya tenido ningún papel activo en el robo de esa información representa “el cruce de un rubicón legal”. Es un umbral legal peligroso para Assange y para todos los periodistas, según Jaffer: “Es la primera vez que el Gobierno de Estados Unidos utiliza la Ley de Espionaje para perseguir a un editor y las implicaciones son enormes”.

“Assange ha sido acusado por una actividad que los periodistas llevan a cabo todos los días y que los reporteros necesitan hacer todos los días para informar al público”, dice. “Esto podría tener graves implicaciones para el periodismo relacionado con los temas de seguridad nacional”.

Traducción de Francisco de Zárate.

Entrevistar a un periodista siempre es más complicado y, si además es compañera de trabajo, tiene algo de curioso. La subdirectora y responsable de la sección de Internacional en elDiario.es, María Ramírez, lo pone fácil, porque si hay algo que le apasione es hablar de periodismo. Conoce cómo funciona el italiano porque empezó con una beca en Il Corriere della Sera, y es experta sobre todo en el norteamericano puesto que se graduó en el Máster de Periodismo de la Columbia con una beca Fulbright, fue corresponsal en Nueva York para El Mundo, y cubrió como reportera de Univision la campaña de Trump. Sabe también qué es trabajar en Bruselas, donde las jornadas de los corresponsales a menudo casi dan la vuelta al reloj.

Es una periodista que no se deja llevar por presiones y que sabe que la prioridad es explicar bien qué pasa. Algo que no siempre es fácil y a veces tampoco cómodo. De todo eso, su experiencia profesional y los cambios en el oficio va su último libro, El periódico, editado por Debate. Se trata de un repaso a estos últimos 25 años en los que el tránsito del papel al digital ha supuesto un cambio en las herramientas, en la organización de las redacciones, en el modelo de negocio y también en la manera de ofrecer y consumir información.

Un periódico es el resultado del trabajo de una redacción, aunque a veces sea coordinándose por videoconferencia o mensajes. En el libro aparecen algunos de los pioneros de las ediciones digitales, no solo en España. ¿Cuándo te diste cuenta de que aquella revolución era imparable?  

Recuerdo los principios de los pioneros porque tuve la suerte de conocerlos pronto, a Mario Tascón, Gumersindo Lafuente o Borja Echevarría, y ellos lo vieron antes de verlo todos los demás. A principios de la década de los 2000 en las redacciones se vivía como un experimento, una cosa más. El gran cambio fue a mediados de esa década, cuando vimos que la audiencia empezaba a ser mucho mayor y que en las redes sociales había más fuentes de información y también cambiaba la relación con los lectores. En parte coincidió también con la crisis económica, y a los periódicos nos tocó nuestra propia crisis existencial que nos llevó a preguntarnos cuál era nuestro papel en la sociedad, cuál era nuestro modelo de negocio o cómo se podía hacer periodismo en internet. 

En el libro cuentas que coincidiendo con esa etapa se despidieron a más directores que a gerentes.

Coincidió en muchos países y lo que pasó también es que hubo presiones políticas de gobiernos que aprovecharon un momento de debilidad de la prensa para hacer lo que hacen siempre, que es presionar, pero en muchos casos con más éxito. Había periódicos que venían de ganar mucho dinero y al cambiar la cosa culparon a la parte editorial al considerar que los directores y las redacciones habían perdido el pulso de lo que había que hacer. En cambio, muchos gerentes se mantuvieron pese a que tomaron las decisiones de llevar a cabo algunas inversiones multimillonarias cuando ya había crisis.  

¿Uno de los grandes errores fue regalar el trabajo de los periodistas?

Ahora es más fácil verlo y decir que tendríamos que haber cobrado por las noticias. Pero también es verdad que al principio había muy poca audiencia. Algunos como El País lo intentaron y en ese momento no les funcionó. Por otra parte, si hubiésemos cerrado muy pronto probablemente habríamos experimentado menos. Después pagamos el precio de no haberlo hecho, pero las cosas pasan por algo y en ese momento tenía sentido.

El primer gran hito fue la publicación conjunta de Wikileaks, con varios medios de distintos países. Fue un hito periodístico por el contenido pero también por el reto técnico que implicaba.

Wikileaks era un disco duro gigantesco que había que procesar, ordenar y entender. Esa era una parte del trabajo de los desarrolladores. El director de El País en ese momento, Javier Moreno, explica que entonces los desarrolladores eran casi unos bichos raros en unas redacciones todavía muy centradas en el papel. Lo que pasó con Wikileaks es que periodistas y desarrolladores trabajaron juntos. Empezaron a hablar el mismo idioma. Además, en este caso, hay que sumarle el impacto global de varios medios coordinándose para publicar a la misma hora en internet. Una cosa curiosa que pasó es que Der Spiegel se equivocó y lanzó unos ejemplares en papel con la exclusiva. Alguien lo vio y empezó a contarlo en una radio suiza. El resto tuvieron que correr para publicarlo. El impacto, de todos modos, fue el mismo.     

La vida de Julian Assange ha cambiado mucho desde entonces. Se enfrenta en EEUU a una posible pena de 175 años de cárcel. ¿Es un aviso para aquellos que se arriesguen a investigar?

Desde luego lo preocupante del caso Assange es el precedente. Él no es periodista y de hecho necesitó a periodistas para filtrarla y contarla con el cuidado necesario para proteger a las personas que pudiesen quedar expuestas por esa información. Pero jugó un papel de mediador que obviamente es importante en el desempeño de nuestro trabajo. Son casos en los que alguien que, por el motivo que sea, porque está cabreado con su jefe o con el orden mundial, tiene acceso a una información relevante y te lo puede contar. Lo preocupante, más allá del caso particular de Assange y de lo que se opine sobre él, es qué precedente puede significar para la libertad de prensa y para futuros filtradores.     

Lo preocupante, más allá del caso particular de Assange y de lo que se opine sobre él, es qué precedente puede significar para la libertad de prensa y para futuros filtradores

Gracias a internet logramos una mayor velocidad y eso era bueno, pero también tiene su revés. Tenemos menos tiempo para buscar y contrastar. ¿Crees que después de un cierto desconcierto inicial ahora se está desandando camino y la mayoría de medios entienden ya que hay que apostar por una mayor calidad?

Se está desandando un poco el camino también un poco por la presión del modelo de negocio de la prensa. Hubo un momento, sobre todo en la década anterior, en que parecía que el periodismo se iba a venir abajo si no conseguíamos muchos ingresos y muy rápidos de la publicidad online y muy dependiente del clic pasajero aunque fuese un anuncio muy poco valioso. Eso es lo que empujó a la obsesión de dar mucho contenido, muy rápido, antes que nadie. El hecho de que ese modelo no resultase sostenible para casi nadie en el mundo ha conseguido que muchos periódicos se hayan centrado en conseguir unos lectores que realmente se lean un artículo hasta el final, algo que conviene también a los anunciantes, o apostar por modelos de suscripción como el nuestro en el que dependes del apoyo de los lectores y eso significara que no les vale cualquier cosa.  

¿Qué tenemos que hacer para atraer a lectores jóvenes?

Más de lo que ya hicimos durante la pandemia. Diría que menos política entendida como seguir la última polémica de la última declaración de cualquier político y más información cercana a la vida cotidiana. En la pandemia lo tuvimos que hacer porque era una cuestión de vida o muerte de cara a toda la población, joven y no joven, y todos aprendimos mucho. Los equipos volcados en sanidad y ciencia nos enseñaron mucho al resto en las redacciones. Eso nos ha abierto un camino que a veces nos cuesta porque la mayoría de medios en el mundo están muy centrados en la política, pero esa vía nos acercaría a una audiencia más diversa. Eso y la información local. El trabajo de Somos en elDiario.es es un magnífico ejemplo.  

Estuviste en Estados Unidos, primero como corresponsal en Nueva York y después cubriste la campaña electoral más extraordinaria para tu vida pero diría que para la de millones de personas. Trump, su agresividad con los medios y el uso de la mentira para ganar votos a cualquier precio. ¿Cómo la recuerdas?

La recuerdo con horror y como ninguna otra campaña, ni americana ni en otro país. Entonces trabajaba para Univision, una cadena de televisión que en parte emite en español, y a la que Trump señalaba directamente. A uno de los presentadores, Jorge Ramos, lo expulsó de una rueda de prensa porque el periodista le hizo una pregunta sin que él le hubiese dado la palabra. Eso es algo bastante habitual allí porque los periodistas acostumbran a ser más agresivos que aquí. Los momentos en los que Trump en los mítines nos señalaba, a veces por el nombre, sobre todo a las mujeres, era algo que no habíamos vivido nunca y que tiene consecuencias. Tanto que a veces el servicio secreto tenía que escoltar a algunas periodistas para salir de los mítines. Él lo contaba y era algo planeado. Quería que sus votantes no creyeran en los medios porque así cuando tuviese algún problema y lo explicasen nadie les creería. Otros políticos lo han imitado después y es algo muy preocupante.   

Conoces muy bien el periodismo anglosajón. No se puede generalizar porque hay medios muy distintos y de calidad también muy diversa. ¿En qué crees que son mejores? 

Lo que sí que diría es que hay una gran diferencia entre los grandes medios en Estados Unidos y el resto. Una de las cosas más admirables que han hecho allí es saberse adaptar a las demandas constantes y cambiantes de internet y a la hora de mantener el reporterismo más tradicional. Combinar la parte más joven, moderna e incluso divertida de internet y a la vez conservar el núcleo duro de la investigación. Es cierto que tienen muchísimos más recursos que cualquier diario en España, pero también es verdad que podríamos mirarnos un poco más en alguno de los regionales como el Boston Globe, que estaba al borde de la quiebra y haciendo muy buena información local está ahora en una situación mejor. 

Cuando le preguntaste a Matt Karolian, del Globe de Boston, a qué métrica está más atento para medir el éxito al examinar el comportamiento de sus lectores, te respondió que la lealtad. ¿Cómo se puede mantener esa lealtad?

Es verdad que es algo un poco etéreo. Ellos son americanos y están todo el día con todo tipo de métricas para ver cuántas veces entras en un boletín, si has mandado alguna petición a un periodista o si has asistido a los encuentros que organiza el medio. Pero también hay algo cualitativo y eso se notó durante la pandemia y en cómo ayudar a los lectores. El Boston Globe, por ejemplo, creó una plataforma para que colaborasen entre ellos y luego la han mantenido. Muchas veces se trata de escuchar a los lectores.  

El informe de Reuters es el termómetro de cómo estamos los medios de comunicación a nivel mundial y a la vez indica tendencias sociales que van más allá de los medios. ¿Tú qué destacarías del último informe?

En el caso de España llama mucho la atención cómo ha caído la confianza en las noticias, que no en los medios. La definición de noticia, para alguien que no se dedique a esto, puede ser algo que ha visto en Facebook o le ha llegado por WhatsApp, y que puede proceder de un medio o no. En cualquier caso esa tendencia a la baja debería preocuparnos a todos y no solo a los periodistas. A lo mejor hay que explicar mejor qué hacemos, cómo trabaja una redacción. Es una labor de pedagogía en lo que concierne a los periodistas. Pero también es una cuestión social y por eso es algo que debería estar en los colegios, hablar más sobre los bulos, enseñar qué es un medio y qué no lo es y eso es algo que también deberían tener claro los políticos. La erosión en la confianza en las noticias es un problema puesto que implica dejar de confiar en hechos. En Estados Unidos lo hemos visto y después pasan cosas como que llega una pandemia y hay gente que no se quiere vacunar o ponerse la mascarilla porque duda de los hechos más básicos.

En el informe se comprueba que los temas que se esquivan son los que a menudo ocupan las portadas: pandemia, guerra o coste de la vida. ¿Significa que la gente lleva tantas malas noticias acumuladas en los malos tiempos que quieren que les ofrezcamos algo de optimismo, aunque hay días en que sea casi imposible? 

Casi siempre es noticia lo malo. Es verdad que una cosa es lo que la gente dice, casi como algo aspiracional, y otra es lo que lee. Porque cuando hay una noticia mala pero que le afecta, la gente la lee. Una manera de enfocarlo también es ofrecer soluciones o al menos informar de esa parte.  

La erosión en la confianza en las noticias es un problema puesto que implica dejar de confiar en hechos

¿Qué aconsejarías a alguien que empiece ahora en el periodismo? 

Sobre todo que se obsesione con el reporterismo, la tarea más básica, la de ir a un lugar, hacer la entrevista, y explicarlo. El reporterismo es el proceso más bello del periodismo. A veces a lo largo de tu carrera acabas haciendo otras cosas y otros géneros. A veces ponemos a los jóvenes a hacer múltiples tareas, pero la manera más básica de aprender y también de amar este oficio es acercarte a tu barrio y ver qué te pueden contar. 

En este libro se comprueba cómo ha sido esta revolución, 25 años de auge y catarsis del periodismo en internet. Ahora te voy a pedir algo y es, con tu experiencia y después de haber hablado con tanta gente reconocida de la profesión, ¿te atreves a decir cómo serán los diarios dentro de una década?

Ha habido tantos errores... Te diría que quién sabe. Lo que sí creo es que el salto que falta es que los medios adopten el lenguaje más nativo de internet y del mundo que venga más allá del papel. Todavía nuestros ritmos y la manera de hacer nuestras webs siguen replicando muchos de los instintos de la prensa impresa. Probablemente la generación de periodistas más jóvenes, con menos tics heredados de la etapa del papel, nos enseñen cómo hacerlo de manera más natural. Aún estamos encorsetados en las viejas formas. 

Desde sus inicios, a los hackers les han rodeado una serie de estigmas. Si pensamos en la imagen de un hacker se nos viene a la mente la de un joven con capucha y encerrado en su habitación. Probablemente, cometiendo algún delito en la deep web. Para el periodista Alberto Quian, escritor de Civilización hacker (Anaya), estos prejuicios han sido interpuestos por los poderes políticos y económicos de las élites. De hecho, fue Bill Clinton el primer presidente en declarar a los hackers como enemigos del Estado.

“Los hackers construyeron y materializaron una utopía, que fue Internet… Otra cosa es en lo que se ha convertido”, defiende el también doctor en Investigación en Medios de Comunicación y profesor en la UC3M. Asegura que el hacking nada tuvo que ver con un movimiento destructivo, sino que en su ética es algo emancipatorio para el ser humano. ¿Su principio fundamental? Que el conocimiento sea libre. Y es que desde Abbie Hoffman y los yippies hasta los recientes DDoSecrets –sucesores de Wikileaks que están filtrando informaciones sobre la guerra en Ucrania–, los hackers ven en la información la forma de acabar con “la alienación y las formas de consumo impuestas”, asegura Quian en su libro. 

El también galardonado con el Premio de Periodismo Científico Celia Brañas ha tenido acceso a las investigaciones de Wikileaks. Para él, su descubrimiento más importante fue el de la implicación del oligarca ruso Mikhail Fridman en el caso del Prestige, donde él era el fletador del barco. “Trabajar con Wikileaks me ha permitido conocer otra forma de hacer periodismo”, confiesa en esta entrevista a elDiario.es.

En el libro critica cómo se banaliza e infantiliza a los hackers. ¿Cómo de grandes son estos prejuicios?

La criminalización de la cultura y la ética hacker comienza en los años 80. Empiezan a aparecer en los medios y se empiezan también a hacer los primeros estudios o la cultura. Esa popularización es lo que lleva desde determinados sectores del poder, principalmente el económico y el político, a temer una nueva cultura que precisamente lo que hace es plantear un órdago al capitalismo tradicional. Los hackers empiezan a cuestionar la propiedad intelectual o el copyright. 

De hecho, el hacking nunca tuvo nada que ver con ser destructivo.

No. Eso lo han dejado claro ellos. Crearon su propia terminología donde definen todas las categorías léxicas de su cultura. Cuando tú acudes al diccionario hacker, el Jargon File, lo que te dice es no confundir hackers con crackers. Los hackers se introducen en sistemas, pero para explorar, nunca para causar daño. Los crackers son los que hacen daño. Ahora, el término cracker evidentemente no es un término de uso común, que se haya asentado en la cultura popular. Pero sí que en vez de utilizar titulares como “hackers roban” o “hackers cometen un delito”, podemos utilizar terminologías como “ciberdelincuentes” o “cibercriminal”. En vez de hablar de “hackers rusos” podemos hablar de “cibermercenarios”.

También se criminaliza muchas veces a webs de software libre por amparar el tráfico de armas, drogas, etc.

TOR es un navegador que permite mantener una navegación segura o encriptada. Lo que dicen es una herramienta para los delincuentes porque entran en la web profunda, la deep web y que ahí pueden cometer crímenes. Se ha hablado de los famosos “jinetes del apocalipsis” de internet: las drogas, las armas o el abuso de menores. Sin embargo, los delitos se cometen en la vida virtual y en la física. Existen pederastas, narcotraficantes, violadores y asesinos en la vida real y por eso no cerramos calles. Entonces, ¿por qué hay que poner vallas a todo? ¿Por qué hay que criminalizar TOR? Este navegador es una herramienta de seguridad para los individuos y hay que popularizarla cada vez más. Al poder político o a las empresas no les interesa porque no pueden monitorizar tu navegación, por lo que no tienen datos. Cada vez que entramos en internet, nos convertimos en un producto, el cual las grandes tecnológicas utilizan para vender nuestros datos con fines políticos o económicos. A los Estados les interesa tenernos controlados porque no quieren voces disidentes.

Desde la izquierda existe cierto escepticismo hacia el mundo hacker, sobre todo por el anonimato. ¿Cómo deberían ver a los hackers?

Creo que la izquierda tiene un problema con la cultura hacker. También en general con las nuevas tecnologías. Siempre se ha impuesto una mirada desconfiada. Es cierto que tenemos evidencias de que las tecnologías pueden ser una herramienta para vigilarnos, controlarnos, etc. Pero está la otra visión: que es emancipadora y que se puede crear belleza mediante ellas. Se puede crear un mundo justo y equitativo.

En cuanto a ideología, hay una gran identificación con el anarquismo libertario. Se posicionan contra la homogeneidad, la alienación, el consumo impuesto por el sistema... En ese sentido, ¿cómo funciona ese activismo desde la ideología hacia lo que hacen en la práctica?

Volviendo a los principios de la ética hacker, hay uno fundamental, que es el de ser antiautoritario. “Yo soy un individuo con capacidad de decidir sobre mí mismo”. Ese principio nos lleva al anarquismo libertario. Pero aquí el problema del anarquismo es que sucede algo parecido como con el término hacker: se ha pervertido tanto que la gente lo ve como algo peligroso y caótico. El anarquismo no tiene nada que ver con eso. El software libre es puro anarquismo, aunque cuando lo uses no seas consciente de ello. Toda esa ideología se trata de manera material. La gente que visita la Wikipedia, sin ser consciente de ello, está practicando cierto anarquismo. La Wikipedia es un producto fruto de la cultura hacker: software libre, contenidos libres y colaboración mutua...

Todo periodista tiene que tener espíritu hacker, porque hay que tener curiosidad de saltar ciertos límites para buscar información veraz, contrastada y comprometida

Los hackers también nacen contra la distopía. Layla Martínez, en 'Utopía no es una isla' , habla mucho de cómo es importante generar utopías en estos tiempos. ¿Cómo de importante cree que pueden ser los hackers en el desarrollo de nuevos horizontes?

Los hackers construyeron y materializaron una utopía, que fue Internet… Otra cosa es en lo que se ha convertido. Pero Internet en su origen era una utopía que se perseguía. Un espacio de comunicación, de información libre. Que seamos libres y que no haya jerarquías. Ese es el Internet que materializaron los hackers en los 80. El conocimiento libre es una utopía. En el campo del periodismo hemos visto en los últimos años, por primera vez, proyectos de colaboración entre medios de comunicación. ¿Y eso de dónde viene? De la experiencia de Wikileaks, con los famosos Pandora Papers.

Se está hablando mucho del caso Pegasus y el tema del espionaje. ¿Faltaba un protocolo de actuación de cara al presidente del Gobierno?

Parece que Pegasus es algo nuevo, pero ya se conocía. Lo que demuestra es que la cultura hacker tiene toda la razón. Es decir, que si puede venir alguien de fuera y robar datos, por ejemplo del Ministerio de Hacienda, con nuestros contratos, están exponiendo a los ciudadanos y demuestra que tienen razón cuando dicen que precisamente los que se han introducido son los que pueden llamar ciber mercenarios o ciberdelincuentes y realmente ellos quieren un Estado seguro. A los hackers les interesa la vida de los políticos cuando ocultan información que nos afecta.

Los ataques con Pegasus también han sido desde los gobiernos hacia ciudadanos, activistas, periodistas, etc. ¿Cree que se está volviendo un poco al ataque a los grandes poderes fácticos del Estado contra ellos mismos?

No es nada nuevo que el poder político y el económico hayan utilizado las herramientas software para vigilarse entre ellos y a nosotros. Esto se puede volver en su contra. Son mecanismos que han utilizado de manera tóxica empresas y gobiernos y al final han acabado siendo ellos vigilados. Otra cosa es el derecho que tengamos nosotros los ciudadanos a introducirnos en sistemas del Gobierno para conocer sus secretos, que a lo mejor deben ser conocidos por la sociedad porque son de interés general. Hay que ser conscientes también de que cada vez que pasamos un móvil o que estamos conectados a un ordenador, a internet, lo estamos haciendo en un terreno con herramientas, en un terreno controlado absolutamente por el poder, cuando podríamos realmente hacerlo de otra manera. 

Anonymous ha declarado la ciberguerra a Rusia. ¿Hasta qué punto es contra la invasión y no porque haya intereses económicos detrás, por ejemplo, de petroleras estadounidenses o mexicanas?

El caso Anonymous es curioso. En el conflicto con Rusia apoyan a Ucrania. En círculos hackers se dice que no son los verdaderos Anonymous, que son nuevas generaciones que nada tienen que ver con los de hace diez o quince años. Dicen que los verdaderos están en otro lado y que no han declarado ninguna ciberguerra a Rusia. Claro que pueden estar siendo manipulados precisamente por determinados poderes políticos y económicos como Estados Unidos o empresas. Como mínimo es sospechoso. Además, el hacktivismo en su origen rechaza introducirse frontalmente en las ciberguerras entre países porque considera que es ponerse al nivel del imperialismo.

Por otro lado, aunque Wikileaks está bastante desactivada, hay plataformas nuevas con ese espíritu de Wikileaks, como DDoSecrets.

Yo los catalogo simplemente como herederos de Wikileaks. Sí que es cierto que Assange en un momento cambió su rol y dice: bueno, yo soy también editor de prensa. Una esencia periodística. Sin embargo, esta plataforma no busca esa esencia periodística. Es digamos que filtración pura y dura. Sí que es cierto que quizás Wikileaks se posicionaba más. Veremos su popularidad en función del impacto mediático que tengan.

En el momento en que les dices a los rusos que no pueden acceder a Instagram por su Gobierno, es discriminatorio y vulneras derechos fundamentales

Desde Occidente se firma un tratado contra lo que se llama la balcanización de la red. ¿Qué riesgos puede tener?

Tiene que ver con quién controla la red. Y en cuanto a internet y las infraestructuras, que es lo más importante. No se trata de controlar tanto los contenidos, que también, sino las infraestructuras que permiten estas comunicaciones. China hace años que ya ha puesto en práctica esto. Ciber-espacialmente es un país aislado. Los ciudadanos chinos no pueden interactuar con el resto del ciberespacio. Toda comunicación, internet, contenidos y todas las infraestructuras, están controlados por el Gobierno. Sus ciudadanos están aislados del resto del mundo en ese sentido. Esto se ha reproducido en más países. En el caso de Rusia, por ejemplo, es cierto que hace ya tiempo que está construyendo su propia internet y tiene sus propias redes. Sin embargo, no olvidemos que también en Occidente somos muy hipócritas y colaboramos en esto. Nosotros les estamos quitando servicios, no solo censurando, sino desconectando a ciudadanos rusos de plataformas de comunicación y de información como sanción a su Gobierno. En el momento en que les dices a los rusos que no pueden acceder a Instagram por su Gobierno, es discriminatorio y vulneras derechos fundamentales.

Usted ha accedido a las investigaciones de Wikileaks. ¿Cuáles son las informaciones más importantes que ha encontrado?

Estaba en periodo de investigación sobre el fenómeno Wikileaks durante mi doctorado. Empecé a seguir sus redes sociales. En aquella época tenían un proyecto que fue de una red social alternativa a Facebook. Al estar inscrito a esa red en un momento recibí un correo de Wikileaks que me decía que me invitaban a un par de filtraciones. Ahí es donde empecé a descubrir cómo funciona de verdad Wikileaks en el periodismo. Cómo se producen las noticias, todo el proceso desde los orígenes de cómo se articula todo –herramientas, contactos, fuentes, documentación– hasta cómo se desarrolla todo y se publica. 

De los casos en concreto, yo me quedo con el del Prestige. Wikileaks me permitió descubrir que los culpables no son los que han sido juzgados, sino otros. Y detrás estaba la mafia rusa. Todo gira alrededor de Mikhail Fridman. El relato en general, el que tiene la población que ha tenido acceso desde aquel momento hasta hoy, es un relato que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Mikhail Fridman, que actualmente es el dueño de los supermercados Día, era el fletador del Prestige y resulta que es que tiene unos contactos muy estrechos con el Kremlin, con Putin. Han sido estos tipos que se han hecho multimillonarios despojando a los ciudadanos y al Gobierno tras la caída de la URSS. Todos los informes que he consultado de agentes de inteligencia verificaban que sigue vinculado a mafias, a grupos paramilitares… Él y su conglomerado empresarial sabían que estaban fletando un barco en unas condiciones absolutamente pésimas, con una carga que podía acabar como acabó. No digo que sean los únicos responsables, pero tendrían que haber sido sentados en los banquillos. Sin embargo, ostenta un poder muy importante y tiene mecanismos represivos y amenazantes para callar muchas bocas.

Chelsea Manning (Oklahoma, 1987) lleva cinco años libre. En 2017, Barack Obama conmutó la pena de 35 años de cárcel que le impuso un tribunal por una de las mayores filtraciones de documentos de la historia de EEUU. Había entregado a Wikileaks un CD con más de 700.000 documentos clasificados de las guerras de Irak y Afganistán, algo que pagó con siete años en prisión. De aquella época habla poco, pero se filtró que intentó suicidarse dos veces y Amnistía Internacional denunció que sufrió maltrato.

Ella siempre dice que las amenazas no procedían de otros compañeros, sino de los guardias. Una intimidación que se vio agravada cuando la exanalista de inteligencia del Ejército comenzó su transición de género en una cárcel militar para hombres, donde entre otras cosas no le permitían dejarse crecer el pelo y seguían refiriéndose a ella en masculino. “Me siento presionada desde arriba”, reconoció una vez.

Ahora le parece otra vida. La soledad y la incertidumbre de esos años explotaron su sentimiento de comunidad y por eso es activista a tiempo completo en contra del estado de vigilancia de EEUU y por los derechos trans. En calidad de ello ha ido al festival Culture & Business Pride a recibir el premio Alan Turing, la primera vez que pisa España, y a participar en la mesa Derechos Humanos Hoy, moderada por elDiario.es. Allí ha hablado de su labor, de la transformación que vivió en prisión y del futuro violento que le vaticina al colectivo queer y transexual.

“La cárcel cambió por completo mi percepción del mundo y mis valores”, dice Manning. “Ahora aprecio mi tiempo y mi relación con los demás frente a una vida esencialmente materialista. En la cárcel también se generan entornos comunitarios sin tener acceso a una casa, a un coche ni a riquezas”, asegura, pero sin dejar de reivindicar que “la gente no quiere vivir en jaulas, desconectada”. La imposibilidad de asociarse con otros, expresarse libremente y luchar fue “un paso atrás para tomar perspectiva”.

Manning fue condenada en 2013 por espionaje después de haber proporcionado más de 700.000 documentos secretos del Departamento de Estado y el Pentágono a WikiLeaks. “Como dijo una vez el ya fallecido Howard Zinn, no existe bandera lo bastante grande como para tapar el asesinato de gente inocente”, escribió en un comunicado antes de entrar en la cárcel. Pero no le gusta ahondar en la filtración ni en la figura de Julian Assange, en parte por su necesidad de mirar al futuro y en parte porque hay documentos e información que han sido reclasificados por EEUU.

“2010 es una era distinta. Me suelen preguntar por lo que pasó entonces, por el secretismo y por la censura de la información. Pero es que ahora nos enfrentamos al problema contrario. Hay muchísima información y es muy complicado interpretarla: falta de información, desinformación, alteración de la información, sesgo de información. Hay que identificar qué es preciso y qué es útil porque económicamente es muy importante. Hay que replantear su perspectiva política y en términos de los derechos humanos”, defiende.

Me preguntan por lo que pasó [con Wikileaks], por el secretismo y por la censura de la información. Pero es que ahora nos enfrentamos al problema contrario: hay demasiada información

Su preparación le ha permitido especializarse en la red y los algoritmos. “La Inteligencia Artificial se está usando para crear pequeñas burbujas donde la gente interactúa entre sí sin darse cuenta de que una máquina les está dictando las normas. Terminas creyéndote la información que te proporciona esa máquina”, critica. Cree que los algoritmos son una parte causante de la radicalización del mundo y de “generarnos ansiedad y miedo solo para que volvamos a nuestros teléfonos a dejar nuestra información personal”.

Su proyecto político frustrado

En 2018, Chelsea Manning se presentó como candidata al Senado por Maryland. Su programa incluía cerrar cárceles, liberar reclusos, eliminar las fronteras nacionales y reestructurar el sistema judicial penal. Aquel intento político no salió adelante y siempre dice que creía saber más de lo que en realidad sabía, pero no se arrepiente. Ahora bien, con perspectiva, sabe que “cambiar el sistema desde dentro es un tema mucho más profundo que conseguir representatividad”.

“La idea de que si hubiera más mujeres o personas trans en las instituciones mejorarían las cosas es una falacia. He visto a mujeres y minorías –trans o personas racializadas– llegar al poder dentro de este sistema y hacer lo mismo. El establishment les vuelve incapaces de parar el daño y la destrucción. EEUU no se va a convertir en una nación más pacífica por tener un piloto trans de drones o una mujer presidenta”, asegura. “Las normas siguen existiendo, lo que hay que hacer es plantearse reestructurarlas de forma distinta”.

La idea de que si hubiera más mujeres o personas trans en las instituciones mejorarían las cosas es una falacia

Un ejemplo es que después de la legislatura de Donald Trump, con el Partido Demócrata en el Gobierno, algunos estados están retrocediendo en derechos fundamentales ya alcanzados, como el aborto. “Desde hace 50 años, la ultraderecha ha ido acumulando muchísimo dinero y ha respaldado al establishment para lanzar paquetes de medidas vinculados a su ideología y para eliminar determinados derechos. Este proyecto tiene una financiación enorme y el respaldo de figuras públicas como en su día Ronald Reagan o Donald Trump”, explica la exanalista.

Manning avisa de que su enfoque es muy “americanocentrista”, pero que las estrategias que usa la extrema derecha en su país se reproducen en distintas culturas y diferentes idiomas. “Oímos por todas partes términos como wokeness, cultura de la cancelación o fake news. Son las mismas políticas reaccionarias que usan lenguajes testados para minar los movimientos progresistas que puedan emerger”, compara. Por eso hay alianzas de partidos de extrema derecha, procedentes de regiones distintas y que tienen enfoques distintos en muchas cosas, “pero que se han dado cuenta de que les interesa compartir estrategias y explotar sus espacios en internet y los medios de comunicación”.

Mientras tanto, asegura volviendo a EEUU, el Partido Demócrata “no aboga tanto por el progreso, sino por mantener un 'statu quo' de centro donde todo permanezca invariable”. Recuerda que el lema de Joe Biden en la campaña electoral de 2020 era Build Back Better, reconstruir el pasado. “Cuando ven que hay un terreno progresista que amenaza con emerger, lo vuelven a acallar porque no les interesa”, replica.

Manning defiende que la comunidad LGTBI, en especial la trans, vive en la cuerda floja. “Cada día salen por lo menos 12 propuestas y contrapropuestas para perseguirnos y dos tercios de los estados de EEUU están cuestionando actualmente los derechos trans, los de las mujeres y alentando guerras culturales”. Pero lo que más le angustia a este respecto es la escalada de violencia.

“Hay una facción militarizada de la extrema derecha que apuesta por amenazar a la gente. Eso se solapa con la increíble militarización de la policía. No estoy diciendo que el cuerpo entero sea de extrema derecha. Algunos sí, pero como institución son de centro-derecha. Pero van armados hasta los dientes y en breve habrá una escalada de violencia contra la comunidad queer y trans. Lo estoy advirtiendo”, se lamenta.

Preguntada por las alternativas, se queda pensativa. “No me gusta vivir en un país donde cualquiera puede acceder a todo tipo de armas y herramientas. Pero cuando ocurre y tus oponentes están armados hasta los dientes, deberías poder protegerte por algún medio”, dice, sin atreverse a ahondar en el asunto. “Es una posición muy incómoda y muy rara para alguien que es vulnerable y necesita defenderse. No me gusta. No creo que sea el enfoque más saludable, pero ¿qué se supone que tienen que hacer las personas queer y trans cuando las instituciones están controladas por estos tipos?”, concluye.

La ministra de Interior de Reino Unido, Priti Patel, ha aprobado la extradición a EEUU de Julian Assange, fundador de Wikileaks. El caso llegó al Ejecutivo el mes pasado, que tenía la última palabra después de que el Tribunal Supremo del país diese vía libre a la extradición el 14 de marzo. Su equipo recurrirá la decisión en los tribunales

“Es un día triste para la libertad de prensa y la democracia británica. Todo aquel en este país que se preocupe por la libertad de expresión debería estar profundamente avergonzado de la decisión de la ministra de Interior de aprobar la extradición de Assange a EEUU, el país que tramó su asesinato”, ha denunciado la organización Wikileaks.

“Patel será siempre recordada como un cómplice de EEUU en su objetivo de convertir el periodismo de investigación en un trabajo criminal”, señala Wikileaks. “Hoy no es el final de la batalla, solo es el comienzo de una nueva batalla legal. Apelaremos en el sistema legal y el siguiente recurso será en el Alto Tribunal. Lucharemos más alto y gritaremos más en las calles, nos organizaremos y haremos que todos conozcan la historia de Julian”, añade el comunicado.

Estados Unidos acusa a Assange de haber violado su Ley de Espionaje por haber filtrado y publicado secretos diplomáticos y militares en 2010 a través de Wikileaks. En concreto, está acusado de 18 cargos relacionados con la Ley de Espionaje y uno por fraude y abuso informático, lo que podría llegar a 175 años de prisión.

Un juzgado de primera instancia denegó en enero la extradición a Assange por riesgo a su salud e incluso a su vida. “La situación mental de Assange es tal que sería opresivo extraditarlo a EEUU”, señaló entonces la jueza. Posteriormente, el Tribunal de Apelación de Londres revocó esa decisión ante un recurso presentado por la Fiscalía. Los jueces explicaron entonces que EEUU había ofrecido suficientes garantías de que Assange recibiría el trato adecuado para proteger su salud mental. Finalmente, el caso llegó al Supremo en marzo, que dio luz verde a la extradición a la espera de la aprobación del Ejecutivo.

“Si la extradición sigue adelante, a Amnistía Internacional le preocupa enormemente que Assange se enfrente a un alto riesgo de reclusión prolongada en régimen de aislamiento, lo que violaría la prohibición de la tortura u otros malos tratos. Las garantías diplomáticas ofrecidas por Estados Unidos de que Assange no será recluido en régimen de aislamiento no pueden tomarse al pie de la letra, dados los antecedentes”, ha afirmado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.

La detención

Assange fue detenido en abril de 2019 por agentes británicos que irrumpieron en la embajada de Ecuador en Londres. Ecuador le concedió el asilo en 2012 y desde entonces Assange vivía en la embajada. Horas antes de su arresto, desencadenado a petición de EEUU, el ahora expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció por Twitter la retirada del asilo diplomático por considerarlo “insostenible”.

Assange se refugió en la embajazada a raíz de la orden de detención de la Fiscalía de Suecia por una supuesta violación y abuso sexual. Suecia emitió una orden europea de detención y Reino Unido aceptó extraditarlo. Entonces Assange pidió asilo en la embajada de Ecuador. El fundador de Wikileaks dijo que este proceso era una excusa para su extradición posterior a EEUU, donde podría ser juzgado por la filtración masiva de documentos secretos en 2010 a través de Wikileaks. Finalmente Suecia archivó el caso en noviembre de 2019.

El relator especial de la ONU para casos de tortura, Nils Meizer, aseguró en una entrevista publicada en elDiario.es que Assange no intentó en ningún momento huir de la justicia sueca. “Cuatro países democráticos unieron fuerzas [Estados Unidos, Ecuador, Suecia y el Reino Unido] para aprovechar su poder y retratar a un hombre como un monstruo para que luego pudiera ser quemado en la hoguera sin que nadie protestara”.