Fundación Eurocaja Rural ha participado esta mañana en la presentación del VI Estudio ‘Evolución de la Percepción de los Avances en la España Rural 2025‑2026’, celebrada en la Sala Europa del Senado, una iniciativa impulsada por la Cátedra de Despoblación y Desarrollo Rural de Next Educación y Fundación AXA que analiza la evolución, retos y oportunidades del medio rural en España.

En este acto han intervenido el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto Aranzábal; el secretario general para la lucha contra la despoblación, Francésc Boya Alós; y el presidente de Next Educación y director de la Cátedra de la Despoblación y Desarrollo Rural, Manuel Campo Vidal, quienes han subrayado la importancia de impulsar la sostenibilidad y el desarrollo del medio rural y de promover “estudios rigurosos que permitan analizar la situación real de nuestros núcleos rurales y diseñar políticas eficaces frente al reto demográfico”.

La gerente de Fundación Eurocaja Rural, Susana Cortés Martínez, ha participado desde el escaño del Senado subrayando el compromiso de Eurocaja Rural y su Fundación con la cohesión territorial, el apoyo al emprendimiento y la lucha activa contra la despoblación en los territorios donde opera, en línea con su constitución como entidad de economía social hace más de 60 años.

Conclusiones del estudio

El VI Estudio ‘Evolución de la Percepción de los Avances en la España Rural 2025‑2026’, elaborado a partir de una amplia encuesta a población vinculada al medio rural, constata “una mejoría en la percepción de los avances, aunque subraya que estos siguen siendo limitados”. Entre los principales retos señalados destacan el exceso de burocracia, la falta de vivienda y el escaso apoyo a los emprendedores, así como la necesidad de una mayor coordinación entre administraciones.

En este contexto, Susana Cortés subrayó “la importancia de seguir impulsando proyectos que generen futuro, que fortalezcan el tejido social y que contribuyan a que nuestros pueblos sigan siendo espacios vivos, dinámicos y llenos de posibilidades”. En definitiva, permitir que cada persona pueda elegir dónde vivir, sin ninguna limitación.

Iniciativas promovidas por Eurocaja Rural y su Fundación

La entidad financiera y su Fundación desarrollan una labor “continuada” para favorecer el progreso socioeconómico y fortalecer el desarrollo del medio rural en los territorios donde está presente.

Según señala Eurocaja Rural, desempeñan “un papel clave en la lucha contra la exclusión financiera, manteniendo e inaugurando oficinas en pequeños municipios”. No se trata sólo de facilitar acceso a liquidez, sino de permitir a los vecinos acceder a un asesoramiento financiero completo, un servicio esencial. De hecho, a cierre de 2025 Eurocaja Rural “es la única entidad financiera con presencia física en 71 localidades, garantizando el acceso a servicios bancarios a más de 89.000 habitantes, generando empleo y estimulando la actividad económica, en contraposición a la tendencia generalizada de cierre de oficinas del sector financiero”. Por otra parte, presta servicio en estas localidades desde 266 oficinas a más de 552.000 personas.

Fundación Eurocaja Rural desarrolla su actividad a través de iniciativas sociales y solidarias, para ayudar a los colectivos más vulnerables, y a través de proyectos que mejoran la competitividad, fomentan el empleo y la igualdad de oportunidades, especialmente en el ámbito rural. En muchos casos, en colaboración con instituciones públicas, algo que es imprescindible.

Respecto a las iniciativas promovidas desde Fundación Eurocaja Rural, destacan las ‘Ayudas Sociales’, que cuenta con una categoría específica dirigida al ‘Desarrollo Rural’, donde se respaldan proyectos que contribuyen a crear empleo, abrir oportunidades para la juventud fijando así población o mejorar la autonomía de las personas mayores en núcleos rurales, avanzando hacia un territorio más cohesionado y reduciendo la brecha entre el mundo rural y el urbano.

También organiza desde 2021 el foro ‘Empuéblate’, un espacio de referencia a nivel nacional dedicado a ofrecer soluciones innovadoras e intercambio de ideas eficaces desarrolladas por emprendedores, pymes, grandes empresas, asociaciones y Administraciones Públicas frente al desafío de la despoblación. Y ofrece formación gratuita en materias sensibles o de carácter específico o de capacitación, dirigida especialmente a colectivos con menos recursos, por ejemplo: ‘Campus Talento’, para menores de 30 años con formación técnica o universitaria para especializarse en Inteligencia Artificial y Transformación Digital Empresarial; ‘Cursos de Seguridad Digital’, para personas mayores; Programas de especialización en procesos agroalimentarios y sector cooperativo dirigidos a profesionales y posible relevo generacional: ‘Aula Virgen Extra’.

Además, Fundación Eurocaja Rural trabaja para dar visibilidad a la riqueza cultural, social y económica del medio rural, como la convocatoria para impulsar proyectos rurales a través de la Cátedra “Cultura y Desarrollo Rural” con la UCLM, que reconocen iniciativas comprometidas con el desarrollo sostenible y la cohesión territorial.

El Senado no ha logrado, una vez más, bloquear los poderes de guerra del presidente Donald Trump sobre Irán. Los demócratas habían vuelto a forzar una nueva votación este miércoles para limitar la capacidad del magnate para seguir bombardeando el país persa, pero esta ha sido dinamitada por los republicanos con 52 votos en contra y 47 a favor. Pese al creciente malestar entre las bases MAGA por la guerra, el resultado de hoy es un recordatorio de que en el Congreso la disciplina de partido sigue intacta.

Tan solo un republicano ha dado apoyo a la propuesta demócrata: el senador de Kentucky, Rand Paul. El legislador se ha convertido en la pareja política del congresista Thomas Massie, oriundo del mismo estado, y una de las voces más abiertamente críticas con el presidente. En las filas demócratas también ha habido una fuga, con el senador John Fetterman de Pensilvania votando con los republicanos.

La votación se produce en medio del frágil alto el fuego, que ha cumplido una semana y expira el próximo miércoles. Trump ha dicho que en los próximos días podría haber una segunda ronda de conversaciones con Irán, aunque las expectativas son magras. Irán ha advertido este miércoles de que, si EEUU continúa con el bloqueo naval en Ormuz, lo consideraría como una violación del acuerdo de alto el fuego y respondería deteniendo el comercio marítimo en toda la región.

El de este miércoles es el cuarto intento de los demócratas de limitar los poderes de guerra de Trump desde que, junto con Israel, bombardeó Irán el pasado 28 de febrero. Pero, en esta ocasión, el proceso parlamentario suponía un auténtico test de lealtad para los senadores republicanos después de que el presidente estadounidense amenazara con “destruir” la civilización persa. Esas palabras, proferidas horas antes de que el magnate aceptara un alto el fuego mediado por Pakistán, provocaron estupor tanto entre las filas demócratas como entre los seguidores del trumpismo. 

Por primera vez, republicanos que no forman parte de la lista de los críticos habituales de Trump levantaron la voz contra el presidente. “Déjenme ser claro: no apoyo la destrucción de una ‘civilización entera’. Eso no es quiénes somos y no es coherente con los principios que durante mucho tiempo han guiado a Estados Unidos”, escribía el congresista tejano, Nathaniel Moran. Fuera del Capitolio, también se repitió el mismo esquema. Más allá de Tucker Carlson y Marjorie Taylor Greene —díscolos oficiales del trumpismo-, figuras menos críticas con el magnate mostraban su perplejidad. “Trump suena como un supervillano de Marvel. Esto no es lo que votamos”, escribía en X el podcaster y conspiracionista Alex Jones. 

Dos meses, punto de inflexión

El conflicto se acerca a los dos meses, que se cumplirían el 28 de abril. Según la ley federal, el presidente necesita la autorización explícita del Congreso para continuar con las operaciones militares pasados los 60 días. Si después de ese período no ha recibido la aprobación parlamentaria, las fuerzas estadounidenses deben ser retiradas. Aunque la Casa Blanca aún podría invocar una prórroga de 30 días por razones de seguridad nacional.

Pero más allá de agotar el período legal, Trump también se está arriesgando a agotar la paciencia de algunos republicanos hasta ahora fieles. Varios congresistas han indicado que este plazo podría marcar un punto de inflexión para ellos, a pesar de haberse opuesto esta semana a la cuarta resolución de poderes de guerra. El senador de Utah John Curtis ha argumentado que el Congreso deberá aprobar la continuación de la campaña en Oriente Medio a los dos meses, mientras que el senador de Carolina del Norte Thom Tillis ha dicho que la Administración “tiene que empezar a responder preguntas”, a medida que se acerca ese momento. Incluso el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, advertía esta semana de que “la gente va a estar buscando señales de progreso”.

El informe del PP para la comisión de investigación que los populares impulsaron en el Senado, aprovechando su mayoría absoluta, sobre el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 culpa al Gobierno y al operador del sistema, Red Eléctrica (REE), y apunta a “falta de diligencia” de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su papel de regulador del sector.

El PP, que no aprecia ninguna responsabilidad en el histórico cero energético de las eléctricas privadas, ha concluido que la “responsabilidad política” del apagón es del Gobierno de Pedro Sánchez y “sus políticas radicales y sectarias, basadas en la ideología y no en la tecnología”.

La portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado, Alicia García Rodríguez, ha señalado en una rueda de prensa este miércoles para presentar las conclusiones de esta comisión que el apagón “no fue un hecho fortuito, no fue una catástrofe natural sobrevenida. Fue el resultado de una gestión irresponsable y de unas políticas negligentes”.

García Rodríguez ha exigido la “dimisión inmediata” de la vicepresidenta del gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el “cese fulminante” de la presidenta de Redeia (matriz de REE, en la que el Estado es primer accionista), la exministra Beatriz Corredor.

La portavoz popular ha señalado que los populares concluyen que “las señales, las alertas, los avisos sí existían. Por tanto, el problema no fue la falta de avisos, sino la falta de reacción ante ellos”, informa EFE.

Además de considerar “responsables” de ese cero energético a REE y su matriz, Redeia, y al Ministerio para la Transición Ecológica, el informe del PP apunta también a la CNMC, el organismo que este partido creó en 2013 aniquilando el antiguo modelo de reguladores sectoriales y aglutinándolos en un único ente, en un modelo prácticamente inédito en el mundo.

El documento señala que “la CNMC conocía o debía conocer los riesgos sistémicos que precedieron al apagón, pero no actuó con la diligencia exigible, y tras el apagón ha adoptado decisiones que pretenden preservarla en la opacidad sobre su propia corresponsabilidad en los hechos”, en alusión al procedimiento de operación para controlar la tensión eléctrica que el denominado superregulador aprobó poco después del cero energético, cuando la actualización de esa normativa “había sido identificada como necesaria desde al menos 2019” por el propio organismo.

La propuesta de infome del PP se aparta de las conclusiones de los dictámenes que han elaborado en los últimos meses la propia CNMC, los expertos de la Comisión Europea, REE y el Gobierno. El Ejecutivo fue el primero en publicar un dictamen, que apuntó que este fue un fenómeno “multifactorial”. La Comisión sobre el cero eléctrico del Senado celebrará este jueves su última reunión para aprobar las conclusiones definitivas, que serán llevadas a Pleno, aunque García consideró “imposible” poder llegar a acuerdos con el PSOE.

Los populares presumen de que esta comisión, creada en mayo de 2024 para, afirman, “esclarecer las causas del apagón y depurar las eventuales responsabilidades políticas derivadas de un suceso de extraordinaria gravedad”, “ha cumplido una fundamental función de servicio público que ha permitido a los españoles contar con una información” que ha sido “deliberadamente urtada” [sic].

Una labor, dicen en el PP, “necesaria, para que cada ciudadano pueda ejercer sus propio juicio de valor sobre un hecho demasiado triste en nuestra historia reciente”.

La inteligencia artificial es la herramienta digital de moda. Un cambio de paradigma y un salto para la humanidad, si se hace caso a expertos y publicistas. Existen innumerables sistemas para diferentes usos, con distinta procedencia y coste. 'Influencers' de toda índole monetizan vídeos que apremian a todo el mundo a no dejar pasar el tren de la modernidad que representan estos sistemas. Su uso está extendido en ámbitos empresariales, educativos y sociales. Pero entraña riesgos, especialmente para los poderes públicos. Al menos así lo entiende el Senado, que ha aprobado una prolija normativa interna que pone límites tanto a los representantes públicos como a funcionarios o trabajadores.

“Tiene sentido que el Senado utilice el potencial transformador de la IA para mejorar la eficiencia y calidad de sus funciones”, asegura el documento, aprobado por la Mesa de la Cámara el pasado 16 de febrero. Según el texto, redactado por la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones que dirige Manuel Pereira, la IA permitirá “perfeccionar nuestras libertades en el marco del Estado de Derecho, así como la calidad de nuestra democracia”.

El problema es que no se está haciendo bien. “Nuestros parlamentarios y gente de la casa ya están usando la IA, y la están usando mal”, dijo Pereira en una jornada sobre el uso de esta tecnología que acogió el propio Senado. Porque la IA plantea “riesgos de diversa naturaleza, para los derechos y libertades, operativos, de seguridad o institucionales”. Entre otras cuestiones, la IA produce “información incorrecta o engañosa” en su forma generativa (es decir, los ‘chatbots’ que resuelven preguntas, los más utilizados). Mientras los “agentes dotados de autonomía”, es decir, los sistemas que toman decisiones, a veces dan órdenes “inadecuadas o incorrectas”. Por eso, apunta el documento del Senado, “la utilización o difusión” de la IA “podría ocasionar daños y comprometer a la institución”.

Los senadores y los trabajadores de la Cámara usan la IA a diario, pero no hay información sobre qué herramientas concretas se emplean. Desde el Senado apuntan a elDiario.es que se está “preparando la información sobre todos los sistemas que utilizan” esta herramienta “para publicarla en las próximas semanas en el Portal de Transparencia” de la institución.

La intención del Senado es hacer una “lista” con los sistemas de IA autorizados para su uso por el personal al que aplica la normativa: senadores y senadoras, personal funcionarial, laboral o eventual, así como “a cualquier persona que trabaje para o bajo la supervisión y la dirección” de la institución. Las directrices aprobadas apuntan a dos tipos de herramienta: las de uso general y las que puedan tratar documentación o información confidencial. Para esta segunda las limitaciones que se plantean son amplias y pasan, principalmente, por exigir contractualmente a los proveedores que no utilicen al Senado para “entrenar” a sus herramientas.

El Senado presupuestó en 2026 96.000 euros para el “suministro de licencias de aplicaciones de Inteligencia Artificial”. Preguntados al respecto, la respuesta oficial de la Cámara es que se están “evaluando las distintas herramientas disponibles”, con especial atención en aquellas que tienen “capacidades de gestión y tratamiento documental, que es donde se espera que aporten mayor valor”. En los acuerdos se incluirán “cláusulas específicas sobre el respeto a la normativa de regulación de la IA, protección de datos, igualdad y derechos de autor”, según las mismas fuentes oficiales.

Dichos contratos con los proveedores deberán “garantizar que no se entrene el sistema de IA con los datos que se introduzcan por el personal del Senado”, especialmente con la información que no sea de carácter público. Dichos sistemas, apuntan desde la Cámara, “solo podrán ser utilizados por usuarios autorizados”. La institución también se plantea desarrollos propios a través de plataformas ya existentes.

Sobre estos proveedores se pronunció el director tecnológico del Senado en las jornadas sobre la IA antes mencionadas. Pereiro planteó que los procedimientos de contratación públicos son lentos y que la Cámara “no puede permitirse” una latencia de un año. “Hay que ser ágiles”, planteó. Y anunció que las contrataciones se harán por “convenio marco”, “sin necesidad de un procedimiento abierto” que pase “por la Mesa del Senado, la Intervención, la asesoría jurídica, etcétera” para dotar al proceso de “mucha agilidad”. La idea, dijo, es colaborar con alguna “empresa con la que ya se estaba trabajando con algún software” y se valoran “proyectos ejecutados ‘on premise”, es decir, en las propias instalaciones del Senado.

Posibles ataques y “supervisión” humana

La idea es “integrar la IA en todos los procesos internos”. Las 38 directrices aprobadas intentan acotar su uso, y plantean, por ejemplo, que “los resultados obtenidos” con el uso de la IA “siempre deberán ser supervisados por personas”, máxime si atañen “a los derechos y libertades o al funcionamiento institucional”. En caso de error, las personas no podrán escudarse en la IA para evadir su responsabilidad, que podrá incluso llegar al proveedor del sistema, “quien deberá asumir en su integridad estas directrices”.

El documento advierte también de que “los sistemas de IA pueden generar vulnerabilidades que podrían ser explotadas mediante ataques de terceros, con el fin de manipular los sistemas, redes o datos del Senado, comprometer su disponibilidad, o poner en peligro su confidencialidad y su fiabilidad”. 

El año pasado, el Senado fue el centro de una polémica por el despido de dos trabajadores del departamento que dirige Pereira por, supuestamente, haberse infiltrado en dispositivos electrónicos de representantes y trabajadores de la institución. La Fiscalía investiga los hechos. El senado se da seis meses para aprobar un régimen disciplinario para quienes incumplan las directrices.

Riesgo para los trabajadores

Una de las cuestiones que se planteó durante el debate en la Mesa del Senado previo a la aprobación de las directrices fue la afectación que el uso de la IA puede tener para los trabajadores. Es decir, que determinados puestos puedan ser sustituidos por una máquina.

Lo planteó la vicepresidenta segunda, Concha Andreu, tal y como recoge el acta oficial de la reunión. La representante del PSOE pidió “que se garantice que no se produzca una reducción de empleos como consecuencia de la aplicación de la IA”, y el documento aprobado así lo recoge: “Se tendrá especial cuidado en que no incida negativamente en la estrategia de recursos humanos de la Cámara”.

Pero la IA ya está afectando a trabajadores relacionados con el Senado, como expuso Manuel Pereira en las jornadas sobre esta herramienta. Citó tres ejemplos concretos: la transcripción automática de las sesiones, el subtitulado en tiempo real de las intervenciones y la traducción a lenguas oficiales. 

Tres tareas que hoy hacen personas y que pasarán a hacer máquinas, según dijo Pereira: “Lo queremos sustituir por una IA”.

La exvicepresidenta primera del Gobierno María Jesús Montero comparecerá en la comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Senado el próximo lunes 20 de abril, según informan fuentes del PP de la Cámara Alta.

El partido ha recordado que hace más de dos meses, antes de la convocatoria electoral en Andalucía, presentó el plan de trabajo de la comisión anunciando que María Jesús Montero sería de las primeras en comparecer antes de la convocatoria de las elecciones andaluzas y que, en ese momento, “Montero dijo no habría ningún problema y que iría las veces que hiciera falta”.

“No somos como el PSOE”, ha subrayado el PP, que ha recordado que los socialistas llamaron en la última semana de la campaña aragonesa al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a declarar en la comisión de la dana pese a no tener ninguna competencia en la gestión de la misma.

“Nosotros no lo haremos con Montero pese a las recientes novedades que ha habido en el caso SEPI”, han expresado desde el PP. Desde el PP aseguran que a ellos no les mueve el electoralismo: “Nos mueve la verdad y que los españoles sepan qué ha hecho el Gobierno con sus impuestos”.

En octubre de 2019, Chaves, Griñán, Díaz y Montero comparecieron por el uso de fondos públicos en prostíbulos al filo de la jornada de reflexión.

“Centro de operaciones de la corrupción sanchista”

El PP ha insistido en que Montero tendrá que explicar en el Senado “cómo se convirtió la SEPI en el centro de operaciones de la corrupción sanchista”.

En la comisión del Senado comparecerán este lunes 13 la presidenta de la SEPI, Belén Gualda; el vicepresidente, Bartolomé Lora, el miércoles 15; y el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández, que lo hará el jueves 16.

“No sé si nunca antes una mujer había tenido tanto poder como ella; pero lo que sí sé es que nunca antes una vicepresidenta había estado tan rodeada de corruptos y de corrupción como Montero”, han expresado fuentes del PP, que ha asegurado que Montero “salió del Gobierno de los ERES y ahora sale del Gobierno de las mordidas” pero insiste en que “su responsabilidad en todos estos escándalos le persiguen”.

El PP ha señalado además que “pasó a ser la vicepresidenta de las mordidas” y que fue la “máxima dirigente” de un organismo “que ha llevado a empresas que eran punteras como Correos a números rojos, rescató a Air Europa de manera sospechosa, rescató a Plus Ultra de manera sorprendente, cobijó a la fontanera Leire Díez, contrató con Servinabar y que tiene a muchas de sus empresas investigadas por malversación y contratos amañados”.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha vuelto a rechazar “de forma rotunda” el traslado, siquiera temporal, del 'Guernica' de Pablo Picasso del museo Reina Sofía de Madrid al Guggenheim de Bilbao. El Gobierno vasco lleva semanas insistiendo en la importancia simbólica de tener el cuadro coincidiendo con el nonagésimo aniversario del primer Estatuto (octubre de 1936) y del propio bombardeo nazi denunciado con la obra (abril de 1937), pero Urtasun, en el Senado, ha insistido en que es de las obras “más frágiles del siglo XX”, que no puede ser “sometida a más estrés” y que el mejor homenaje a las víctimas de Gernika es cuidar ese símbolo para que “pueda cumplir 90 años más”.

El senador del PNV Igotz López Torre ha preguntado a Urtasun por el posible traslado del 'Guernica' durante la sesión de control al Gobierno. Aunque el propio ministro y el Reina Sofía ya habían descartado la posibilidad en los últimos días, el Gobierno de Imanol Pradales ha insistido en ello. El lehendakari, Imanol Pradales, ha llegado a ironizar que cómo es posible haber exhumado los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y no poder mover un cuadro de Madrid a Bilbao.

Urtasun ha arrancado expresando que entiende “perfectamente” la “sensibilidad” del debate porque es una obra “profundamente vinculada” a la memoria y al “dolor” que supusieron los bombardeos aéreos en la Guerra Civil. Pero ha agregado rápidamente que “hay que escuchar a los técnicos” y que los informes del Reina Sofía sobre el estado del cuadro “son claros”. “Desaconsejan el traslado de forma rotunda por criterios estrictamente técnicos, por el riesgo que suponen las vibraciones inevitables en cualquier transporte y que pueden provocar nuevas grietas, levantamientos, pérdidas de la capa pictórica o incluso desgarros”, ha indicado Urtasun.

“El 'Guernica' no es un cuadro cualquiera. Es probablemente una de las obras más frágiles y complejas de conservar del siglo XX. De hecho, lleva sin moverse desde el año 1992. Hablamos de una obra que ya presenta deformaciones, craquelado por los antiguos enrollados, pequeñas roturas reparadas y un deterioro acumulado tras décadas de traslados internacionales, hasta once países distintos. Por eso, todos los técnicos y restauradores coinciden en el diagnóstico: no someter a la obra a más estrés”, ha agregado el ministro, de la parte de Sumar del Gobierno de coalición, aunque la bancada socialista ha aplaudido también sus palabras.

Y ha añadido: “Celebrar el noventa aniversario del bombardeo de Gernika debe ser también garantizar que esta obra pueda cumplir noventa años más, que siga explicando el horror de la guerra y del fascismo que Picasso quiso denunciar. Mi obligación como minisitro de Cultura es preservar este valiosísimo patrimonio”.

El 'Guernica', que data de 1937, fue encargado por el legítimo Gobierno de España de la época, el republicano, para denunciar el ataque aéreo nazi a Gernika. Se presentó al mundo en una exposición universal de París ese mismo año. En 1981 llegó a España por vez primera, procedente de su última escala, la de Nueva York. Se instaló a Madrid, donde ha tenido varios emplazamientos hasta su definitiva colocación como gran pieza de la colección del Reina Sofía. Las reclamaciones del nacionalismo vasco para su exhibición en Euskadi han sido continuadas, pero todas han sido desoídas.

El senador del PNV ha lamentado que haya tenido “más de cuarenta traslados” en sus 89 años de historia y que “nunca jamás” haya aterrizado ni en Gernika ni en ninguna localidad vasca. Sostiene el Gobierno vasco y el partido que “los avances técnicos podrían hacer posible” un movimiento seguro. “Lo único que hace falta es voluntad política”, ha repetido López Torre. El PNV ha deslizado que la cesión del cuadro supondría una “reparación y dignificación” que “ningún” Gobierno español ha tenido “jamás” hacia Gernika, aunque el cuadro fue encargado precisamente por el Ejecutivo, del que formaba parte el PNV de la mano de su primer y único ministro en la historia, Manuel de Irujo.

El presidente ejecutivo de Forestalia, Fernando Samper, ha reconocido este lunes en el Senado, en la comisión de investigación del caso Koldo, haber mantenido una reunión con el exdirigente socialista Santos Cerdán, aunque ha negado cualquier relación empresarial tanto con él como con la empresa Servinabar. Sí ha admitido, no obstante, haber ejercido como facilitador en su relación con Antxón Alonso, socio de Cerdán.

Samper, que ha sido llamado en la mencionada comisión en relación con el caso de las mascarillas, ha explicado que coincidió con Alonso en encuentros celebrados en Pamplona y en el País Vasco, en los que también mantuvo contactos con representantes del PNV, PSE y EH Bildu. “Hablamos de posibles colaboraciones, centros de datos… Con Antxón he trabajado para que defendiera mis proyectos, pero no trabajaba para mí”, ha señalado.

Asimismo, ha matizado que no fue él quien buscó a Alonso, aunque no ha aclarado cómo se conocieron. Sobre Cerdán, ha insistido en que “no tuvo nada que ver” en sus actividades empresariales. “Con él estuve en una ocasión a través de Antxón Alonso. No ha hecho ningún negocio conmigo, ni tampoco Servinabar”, ha subrayado.

Durante su comparecencia, Samper ha asegurado no conocer en absoluto a Koldo García, ni a José Luis Ábalos, ni a Leire Díez. “No los conozco ni tengo nada que ver con ellos. No he estado jamás en mi vida con Koldo”, ha afirmado con rotundidad.

El empresario también ha rechazado cualquier vinculación con el caso de las mascarillas, recordando que tanto él como su familia realizaron donaciones durante la pandemia: un millón de euros al Gobierno de Aragón y 350.000 euros al Ejecutivo central.

Reunión con Sara Aagesen

Samper se ha acogido a su derecho a no responder determinadas preguntas relacionadas con asuntos bajo secreto de sumario. No obstante, ha indicado que conoce a la exvicepresidenta Teresa Ribera “por los medios”, aunque nunca ha tenido trato directo con ella. Sí mantuvo, en cambio, un encuentro en La Moncloa con su sucesora, la actual ministra Sara Aagesen, cuando esta era secretaria de Estado de Energía el 2 de febrero de 2024. dato confirmado por fuentes del Ministerio, en la que participaron varias empresas del sector energético para abordar la relevancia de la cadena de valor europea frente a Asia. Según ha relatado Samper, también estuvieron presentes Manuel de la Rocha y un director de Energía. “Toda la conversación fue sobre tecnología”, ha precisado.

Mientras, el empresario ha declinado responder a otras cuestiones “para no cometer un delito de revelación de secretos”, al tratarse de diligencias bajo secreto de sumario, y ha señalado su intención de comparecer primero ante un juez. Muchas de las preguntas estaban relacionadas con Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, a quien la UCO vincula estrechamente con el empresario aragonés. En cualquier caso, Samper ha asegurado que Teresa Ribera “no intercedió en nada”.

Por último, Samper ha defendido el liderazgo de España en energías renovables y ha explicado que, tras desvincularse del grupo familiar en 2010, estuvo presente en el momento en que cambió el modelo de subastas. “Podría haber acaparado el 80% o el 90% de los puntos en toda España”, ha afirmado.

En 2016, durante el mandato del ministro José Manuel Soria, llegó a adjudicarse el 60% de los megavatios ofertados. “Era una subasta modelo y podría haber accedido hasta al 600%, pero no lo hice por prudencia, porque entendí que debía desarrollar mi propio modelo”, ha explicado. Según recuerda, aquella subasta supuso el fin de las primas y generó fuertes críticas, aunque posteriormente el sistema se consolidó como referencia para el desarrollo de proyectos renovables, incluyendo la siguiente subasta, ya con Alberto Nadal.

Tramitación en Aragón

El empresario también ha tenido que dar explicaciones sobre las gestiones de Forestalia en el clúster del Maestrazgo (Teruel), un megaproyecto que contempla 22 parques eólicos y sobre el que pesan acusaciones de fraccionamiento para eludir una tramitación ambiental más exigente.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) era el encargado de emitir las declaraciones de impacto ambiental al estar por debajo de 50 MW. Su entonces director, Jesús Lobera, es señalado en un informe de la UCO como una “figura central” en las supuestas presiones. Samper ha reconocido que conocía a Lobera, pero se ha desvinculado de cualquier presión sobre funcionarios o de haber influido en apartar a técnicos de los expedientes. En concreto, se ha referido a la funcionaria Ainhoa Ruiz, quien denunció haber sido relegada por oponerse a una presunta trama de corrupción. “Ainhoa trabajó en mi empresa y la despedí por mala trabajadora. Sé lo que hizo en mi casa. Y esta señora irá a los tribunales en algún momento”, ha afirmado tajantemente.

Asimismo, ha negado irregularidades en las relaciones con empresas vinculadas a la familia de Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe. Según ha explicado, los senadores han sacado de contexto prácticas habituales en la fase de desarrollo de proyectos, cuando se presentan avales y se negocia la prelación. “Se entra en negociación con distintas sociedades y se intercambian proyectos para ganar eficiencia”, ha señalado, asegurando que este tipo de acuerdos no solo se produjeron con la empresa vinculada a Sumelzo, sino también con otras de mayor tamaño y relevancia.

Críticas políticas la comisión

El senador socialista Ramón Morales ha sido el único que no ha formulado preguntas al compareciente, al considerar que la comisión de investigación se ha convertido en un “cajón de sastre”. Morales ha acusado al PP de utilizar este órgano con fines políticos y de “generar ruido” mientras mantiene abiertas otras investigaciones propias. A su juicio, una comisión de investigación debe servir para esclarecer hechos concretos, “no para impulsar campañas políticas como está haciendo el PP”. El senador ha cuestionado además la pertinencia de algunas comparecencias, incluida la de Samper, en relación con la investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia. “Nos preguntamos qué tiene que ver la comparecencia de hoy con las mascarillas. Vamos por fascículos en este circo en el que el PP ha convertido el Senado”, ha afirmado. Asimismo, ha denunciado la proliferación de nuevas comisiones —tres más, según ha indicado— y ha criticado el coste que suponen para las arcas públicas. “Buscan ruido y fango, y no actuamos igual ante los casos de corrupción”, ha añadido, antes de concluir que la presencia de Samper responde a “la desesperación del PP”.

La senadora del PP, Rocío Dívar, por su parte, denuncia que en torno a Forestalia y el PSOE existe “un patrón sistemático de procedimientos trucados, presiones sobre funcionarios y favores cruzados”. A su juicio, el grupo empresarial de Samper ha concurrido pero en competencia desleal “y alguien le facilitó el camino” y ha concluido asegurando que “hoy no acaba nada, sino que empieza a entenderse todo”, a lo que el empresario ha contestado que se ha excedido en tal valoración y remitiéndose al juicio en los tribunales para demostrar su verdad.

Igualmente, las senadoras que han interpelado al empresario desde el grupo Mixto y Vox, Mari Mar Caballero y Paloma Gómez, respectivamente, han tratado sin éxito de obtener respuesta a muchas de sus preguntas por considerar que obedecen a investigaciones que están bajo secreto de sumario, aunque sí han conseguido desvelar algunos encuentros de Samper como su relación con el exministro y expresidente de Castilla-La Mancha José Bono, del que ha dicho que ha estado con él, han hablado “muchas cosas”, pero que “todavía” no le ha pedido ningún favor.

Una comisión de investigación por trimestre. Es el récord que ha establecido el PP en su estrategia de uso del Senado contra el Gobierno. Desde abril de 2024, cuando se abrió la del llamado ‘caso Koldo’ (y que ha diluido su justificación inicial) el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su mayoría absoluta para promover hasta siete pesquisas parlamentarias con el objetivo, a menudo malogrado, de hacer oposición al Gobierno.

La última la anunció este mismo Lunes Santo su portavoz en la Cámara Alta, Alicia García. El objeto de la investigación esta vez es RTVE. El PP ha puesto la proa al ente público que gestiona la radio y la televisión española, a la que tildan de “Tele Pedro”. 

Los de Feijóo arremeten tanto contra la gestión económica como profesional del ente, desprecian sus informativos y la calidad de sus programas. Y eso que la televisión pública estatal vive su mejor momento en lustros. La semana pasada, el Consejo de Administración aprobó las cuentas de 2025, ejercicio que se cerró con 55 millones de euros de superávit gracias a los ingresos comerciales, una reducción del coste por programa y los mejores datos de audiencia en 14 años, según datos públicos. La 1 cerró 2025 con una cuota de pantalla del 11%, su mejor ‘share’ en 13 años. La tendencia ascendente se mantiene en el comienzo de este año: un 12,2% en enero y un 12,3% en febrero.

Para el PP, “mientras los bolsillos de los españoles se vacían, RTVE aumenta su presupuesto para comprar obediencia editorial” y hacer “propaganda ‘sanchista”. Según dijo Alicia García, el ente público está “al borde de la quiebra” y el Consejo de Administración hace “ingeniería contable”, una forma sutil de acusar al presidente de la Corporación, José Pablo López, de manipular las cuentas.

“Quien haya dilapidado fondos, falseado cuentas y manipulado oposiciones tendrá que comparecer en la comisión de investigación y asumir responsabilidades”, zanjó García, quien no aportó nombres, datos ni fechas sobre estas futuras citaciones.

La comisión se establecerá formalmente a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, salvo que RTVE logre impedir legalmente su constitución, tal y como ha anunciado que intentará. Y sustituirá en la agenda de oposición del PP a otras que ya se han agotado o están dando sus últimos coletazos.

La más provechosa de las comisiones es la del llamado ‘caso Koldo’. Fue la primera en constituirse, en abril de 2024. Originalmente, se centró en “los contratos públicos realizados durante la pandemia de covid-19”. Es decir, por la presunta intermediación a cambio de comisiones en la compra de mascarillas y otro material sanitario durante la pandemia, y que la semana que viene llega a los tribunales.

Después pasó a investigar “los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre”. También a “las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme”. Y a “los presuntos delitos relativos a la corrupción que tengan una relación, directa o indirecta, o conexión con las mismas”. 

Esta última redacción ha permitido al PP, por ejemplo, citar en dicha comisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o tener en reserva la comparecencia de su esposa, Begoña Gómez, a quien amagan con llamar a declarar sin decidirse a hacerlo. También ha sido interrogado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo. El PP amenazó incluso con llamar al expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales. A quien sí convocó fue a Paco Salazar, despedido de Moncloa y del PSOE por supuesto acoso sexual. Lo citó justo antes de las elecciones en Aragón. 

El momento álgido de la comisión fue la comparecencia de Sánchez, quien logró salir del trance políticamente indemne. Tras la citación de Zapatero, interrogado por su supuesta intermediación con el Gobierno de Venezuela, la comisión se ha descafeinado. Aun así, dos años después de constituirse no tiene fecha de cierre. El PP usa su mayoría para ampliar calendario y objeto de la investigación, aprobar las citaciones, señalar cuándo deben producirse y evitar aquellas que no sirven a sus objetivos políticos. 

CIS y apagón, visto y no visto

Otras comisiones han sido despachadas con mucha más celeridad, y han sido cerradas sin pena ni gloria. Uno de los ejemplos más palmarios es la comisión sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que incluyó las comparecencias del presidente de la institución, José Félix Tezanos, y del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. 

Como conclusión, el Senado como institución se limita a pedir la dimisión o la destitución de Tezanos y hace algunas propuestas como limitar el mandato del presidente del CIS a ocho años —Tezanos los cumplirá el próximo mes de junio— y exigir “dedicación exclusiva”.

Al margen del Senado, el PP ha anunciado una querella contra el presidente del CIS por delito electoral por usar sus encuestas para “inflar sistemáticamente” y “beneficiar” al PSOE para “alterar” la voluntad de los ciudadanos. Le podría acarrear de tres meses a un año de cárcel. De momento, la denuncia no se ha formalizado.

También se ha clausurado ya la investigación sobre el apagón de abril de 2025, en la que han comparecido la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y la presidenta del grupo Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, entre otras personas. En menos de un año, los senadores han ventilado la causa, pese a que los informes oficiales definitivos europeos y españoles sobre qué lo provocó todavía no se han hecho públicos. El PP no ha comunicado sus conclusiones.

El Senado tiene en marcha otras dos comisiones, una para analizar lo ocurrido en la dana de Valencia de 2024 y otra para evaluar el estado de la red ferroviaria tras el accidente de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas. El PP citó en la primera a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, futura candidata del PSOE al Ayuntamiento de Valencia. También a otros cargos estatales, especialmente adscritos a la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuyo presidente, Miguel Polo, ha acudido ya dos veces. Pese a su carácter constitucional de “Cámara de representación territorial”, aquí no se ha sentado el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

En cuanto a la comisión por el accidente del AVE del pasado mes de enero, todavía no ha realizado un solo trabajo. El PP ha citado al ministro de Transportes, Óscar Puente, pero no aquí, sino en la del ‘caso Koldo’. Puente sí ha dado explicaciones ante el Pleno del Senado.

SEPI y RTVE, siguientes en la lista

Y como si del juego de la oca se tratara, de comisión a comisión, el PP ha activado o va a activar dos nuevas investigaciones parlamentarias. La destinada a analizar “las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)” apenas ha echado a andar. Todavía no se han aprobado el plan de trabajo ni, por tanto, las comparecencias previstas. El PP ya apunta a que citará a la ya exvicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien ha dependido precisamente la SEPI durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez. 

En ocho años, los de Feijóo no han constituido esta comisión ni han citado a Montero. Lo harán ahora, cuando ya no ejerce el cargo, y lo harán ante las elecciones andaluzas en las que Montero será la candidata del PSOE.

Cierra la lista la comisión de RTVE, que ya ha recibido el reproche del ente público, que la considera “un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación” que “puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”. Este martes, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, respondió: “Entiendo que hay mucha gente de la izquierda que considera que las comisiones de investigación sirven para juzgar políticamente. Pero la realidad es que las comisiones de investigación no juzgan a nadie penalmente ni civilmente”.

El PP prepara una nueva ofensiva contra el Gobierno en una comisión de investigación en el Senado. Esta vez, a cuenta de las pesquisas parlamentarias para determinar las responsabilidades del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas. La portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, ha anunciado este viernes el plan de trabajo de su grupo, que incluye las futuras citaciones del ministro de Transportes, Óscar Puente; de su predecesora, Raquel Sánchez; e incluso del anterior responsable, José Luis Ábalos, y de su asesor Koldo García, quienes dejaron sus respectivos cargos cuatro años antes del siniestro.

García ha asegurado que en el accidente “falló el Gobierno”, y ha planteado su intención de relacionar el siniestro con la supuesta trama de corrupción que anidó en el Ministerio de Transportes bajo el mando de Ábalos. El que fuera secretario de Organización del PSOE asumió el cargo en junio de 2018 y fue destituido en julio de 2021. Junto a él, salió Koldo García.

Ambos están en prisión preventiva, investigados judicialmente por el amaño de contratos a cambio de comisiones, entre otras cuestiones.

García ha dicho que quiere “seguir el rastro del dinero” teóricamente desfalcado en Transportes, y ver qué posible relación hay con el accidente. El PP quiere reclamar una amplísima cantidad de documentación sobre las obras que se llevaron a cabo en el tramo del siniestro. Pero no solo. El plan de trabajo anunciado este viernes incluye informes y expedientes de hace 10 años.

La portavoz ha asegurado que se pedirá “toda la documentación” para “reconstruir cada decisión, una a una”, que llevaron al descarrilamiento y choque del pasado 18 de enero en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. También se reclamarán las “comunicaciones del día del accidente”, las “diligencias abiertas por la Fiscalía europea” por el posible “desvío de fondos europeos”, los “informes remitidos a los juzgados sobre los contratos amañados en Adif” o los “expedientes que justifiquen los cambios de velocidad en algunos tramos” de la red de ferrocarril.

El PP también llamará a asociaciones de víctimas del accidente de Adamuz. Una decisión que choca con su bloqueo a que las víctimas de la dana de Valencia, donde murieron 238 personas según los datos oficiales, fueran citadas en la comisión de investigación del Senado que investiga las riadas de octubre de 2024.

En el listado anunciado por el PP figuran también los máximos responsables de empresas operadoras como Renfe, Iryo y Ouigo; el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña; o la ex secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera (también investigada en las causas relacionadas con la corrupción de Transportes), entre otras personas, un total de 75.

El plan de trabajo anunciado hoy tiene todas las posibilidades de ser el aprobado en su integridad o con pequeños cambios, ya que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y el control de todas las decisiones. Eso no quiere decir que finalmente se ejecuten todas las citaciones ni peticiones de información contempladas en el documento. Esa decisión será tomada por la propia comisión de investigación, también controlada por el PP, en función de sus trabajos.

El Gobierno impedirá que se debata en el Congreso la enmienda a través de la cual el PP pretendía endurecer los requisitos que deberán cumplir los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en España para poder acogerse al proceso de regularización que pondrá en marcha el Gobierno en las próximas semanas. El Ejecutivo trasladó este martes su decisión de hacer uso de esta prerrogativa a la Mesa de la Cámara Baja, controlada por PSOE y Sumar, apenas dos días antes de que el Pleno apruebe defintivamente la ley de multirreincidencia para castigar con mayor dureza los hurtos reiterados, un texto al que el PP había introducido esa enmienda aprovechando su mayoría absoluta en el Senado.

La modificación aprobada por la Cámara Alta introducía una pequeña reforma en la ley de extranjería para prohibir que los aspirantes a beneficiarse de un procedimiento de regularización extraordinaria probaran su falta de antecedentes penales con una mera declaración responsable. El PP pretendía que solo una certificación oficial sirviese para demostrar la ausencia de un historial delictivo, y dicha enmienda tenía opciones de salir adelante, puesto que Junts tenía previsto votar a favor de la misma. Su apoyo, sumado al de PP y Vox, hubiera sido suficiente para incluir la medida dentro de la ley de multirreincidencia, con lo que esa norma —que será aprobada el jueves con apoyo del PSOE— hubiera podido acabar entorpeciendo la regularización de inmigrantes que se pondrá en marcha en las próximas semanas.

Para justificar su decisión de utilizar su derecho a veto, una prerrogativa de la que el Gobierno únicamente puede disponer si una ley o una enmienda recortan ingresos presupuestarios o imponen un mayor gasto al Estado, el Ejecutivo argumenta que la obligatoriedad de disponer de un certificado de penales para acceder a la regularización obligaría a contratar a contratar a 400 funcionarios en las brigadas provinciales de extranjería. Moncloa calcula que el coste de estos nuevos empleados públicos sería de casi 17 millones de euros.

En cualquier caso, y aunque no se votará esa enmienda introducida por el Senado, el jueves el Pleno del Congreso dará luz verde de manera defintiva a la ley de multirreincidencia, que ha sido apoyada durante su tramitación por PP, PSOE, Vox y Junts. La norma, propuesta por los independentistas catalanes y que los socialistas aceptaron reactivar para reconstruir los puentes con los de Carles Puigdemont, endurecerá las penas por hurto —hasta tres años de cárcel— en dos supuestos: cuando el autor del delito haya sido condenado de manera repetida y cuando el objeto robado sea un teléfono móvil u otro dispositivo electrónico.

En mayo de 2024, el Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun (Sumar) decidió anular el Premio Nacional de Tauromaquia. Y como respuesta, el Gobierno de Castilla-La Mancha apostó por impulsar, junto a otras comunidades autónomas, todas ellas gobernadas por el PP, el Senado (donde este partido tiene mayoría absoluta) y la Fundación Toro de Lidia su propio galardón.

Ahora, el Ejecutivo de Emiliano García-Page, ferviente defensor de la tauromaquia, volverá a impulsar la segunda convocatoria de este galardón 'alternativo' al que suprimió Urtasun. El año pasado, de hecho, el premio se falló en las dependencias del Gobierno castellanomanchego. Este año se fallará en Santander el próximo 8 de abril y se entregará, como el año pasado, en el Senado, en una fecha aún por determinar.

Concretamente, el galardón está convocado conjuntamente el Senado, la Junta de Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Gobierno de Aragón, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Junta de Extremadura, Comunidad de Madrid, Junta de Castilla y León, Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación Toro de Lidia.

Al igual que en la pasada edición -que premió al director de cine Albert Serra y a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia- la dotación económica será de 30.000 euros, el mismo importe que el correspondiente a los Premios Nacionales de Cultura.

Las candidaturas al Premio Nacional de Tauromaquia podrán ser presentadas por los miembros del jurado o por las entidades, centros instituciones o profesionales relacionados con la tauromaquia, mediante “propuesta razonada”, dirigida al presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín García.

El desafío de Page

Hace dos años, la iniciativa de Page fue un desafío a la decisión del ministro Urtasun de suprimir el premio. Solo unas horas después de que este último anunciara que ese galardón no se volvería a entregar, el presidente de Castilla-La Mancha anunciaba en redes sociales su intención de contactar con el sector taurino para crear desde Castilla-La Mancha unos Premios de Tauromaquia. A la iniciativa se sumaron finalmente otras comunidades autónomas, todas del PP.

No era la primera vez que Page se enfrenta al Gobierno de Pedro Sánchez por la cuestión taurina. Cuando el Ejecutivo central aprobó el bono cultural para jóvenes y decidió, en un primer momento, no incluir la tauromaquia entre las actividades bonificados, el presidente de Castilla-La Mancha dijo que no le parecía bien “trabajar en el fomento de la cultura excluyendo”. Después, el Tribunal Supremo obligó al Gobierno a la incorporación de estos festejos.

El premio nacional de tauromaquia ahora suprimido se creó en 2011 para añadirlo a los que ya se daban en Bellas Artes, Teatro, Música u otras disciplinas artísticas. Se estableció una dotación económica de 30.000 euros, 10.000 más, por ejemplo, que los que recibían los ganadores de los premios nacionales de literatura. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ya en sus últimos meses, quiso reconocer la tauromaquia como una “disciplina artística” y creó el premio a la vez que traspasaba las competencias del Ministerio de Interior al de Cultura.

El Gobierno insiste en que habrá Presupuestos Generales del Estado (PGE) en esta legislatura y que se elevarán las inversiones en materia de Defensa al 2,1% del producto interior bruto (PIB) sin recortar, para ello, partidas de gasto social. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comparecido este miércoles en el Senado para dar cuenta del aumento de gasto militar y se ha comprometido a que estas partidas se incrementarán sin perjuicio de adoptar medidas para aliviar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

La 'número dos' del Gobierno ha defendido la “intención clara” de elevar este año el gasto en Defensa al 2,1% del PIB, unos 1.700 millones más, tal y como comprometió el Ejecutivo en la Cumbre de Washington de la OTAN, pero lejos del 3,5% o el 5% que exigen con dureza desde la Casa Blanca, bajo amenazas de embargos. Un aumento que se acompañará de “medidas de urgencia” que se adopten, en los sucesivos Consejos de Ministros, para paliar las subidas de precios a cuenta del conflicto bélico, como avanzó el presidente Pedro Sánchez en una entrevista en elDiario.es.

En este sentido, Montero ha abierto la puerta a pedir que la Comisión Europea active la 'cláusula de escape' de las reglas fiscales para impedir que gasto en defensa y en partidas sociales “compitan” en el marco del Presupuesto, obligando a recortarlas para elevar los desembolsos militares. Sobre las Cuentas Públicas ha insistido en que las van a presentar, aunque ha evitado plazos, cuando solo quedan veinte días para que termine el primer trimestre que la propia vicepresidenta se marcó como límite a finales del año pasado.

“Si la situación se complica, seguiremos insistiendo en la desactivación de las reglas fiscales. Entre otras razones, porque el Gobierno de España pondrá en marcha un paquete de medidas para paliar las consecuencias de la guerra, no de Pedro Sánchez”, ha dicho, con el último mensaje dirigido al PP.

“Sé lo que hubiera hecho el PP con la guerra en Irán”

La vicepresidenta ha mantenido un bronco desencuentro con los responsables populares y el grueso de la sesión, planteada para hablar del gasto en Defensa, se ha desarrollado con el conflicto bélico en Irán de fondo y con una fecha marcada en rojo en el calendario: el aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004, que se cobraron 193 vidas.

Montero ha acusado al PP de estar “despistado” y confundidos con su postura en relación con la guerra en Irán. “Yo sé lo que hubieran hecho”, ha dicho la vicepresidenta. “Hoy tenemos el aniversario de las consecuencias de lo que hicieron. (...) Lo hicieron con la guerra de Irak. Cambia una consonante”, ha aseverado Montero.

La también 'número dos' del PSOE ha recriminado a los populares unas declaraciones que hizo su líder, Alberto Núñez Feijóo, la pasada semana, en las que justificaba el ataque ilegal de Estados Unidos e Israel a Irán por el objetivo de derrocar al régimen de los ayatolás. “El derecho internacional es lo que permite garantizar y proteger los derechos humanos; no es una dicotomía en la que haya que escoger uno u otro ni se puede dar prioridad a uno sobre el otro”, ha dicho en su primera intervención.

“¿Cómo pueden hacer ver que a veces hay que sacrificar el orden internacional en pro de los derechos humanos, que es la posición que ha defendido el PP? ¿Pero qué es para ustedes el orden internacional, sino la garantía jurídica del respeto a los derechos humanos? ¿O es que vamos a darle pie al sálvese quien pueda, a la ley del más fuerte, o a que cada uno invada un país cuando le venga en gana porque le guste o no le guste el régimen que gobierna?”, ha alegado.

Junts reitera su rechazo a la financiación autonómica

Sobre las consecuencias de la guerra, Montero ha insistido en que monitorizan la evolución de los precios energéticos y ha contrapuesto la actuación del Gobierno actual con lo que hicieron Ejecutivos del PP. “¿Qué haría el Partido Popular? ¿Qué hubiera hecho en la pandemia? ¿Qué hubiera hecho en la guerra de Ucrania? ¿Qué haría en la guerra de Irán? ¡Recortes! Es lo que hizo siempre, siempre. Nunca auxilió a otras administraciones territoriales. ¡Jamás!”, ha lanzado.

La determinación de la titular de Hacienda –que en pocas semanas tendrá que abandonar el Gobierno para encabezar la candidatura del PSOE a la Junta de Andalucía– a presentar unas cuentas y a seguir gobernando choca con las posiciones de algunos de sus socios habituales. Singularmente, por el gasto en Defensa, el objeto de la comparecencia. Pero también por la propuesta del Ejecutivo para reformar la financiación autonómica, que Hacienda quería cerrar este mes, pero que ha contado con la negativa frontal de Junts.

Los neoconvergentes han reiterado el rechazo de su formación a la reforma planteada por Montero al considerar que la mejora prevista —unos 4.700 millones de euros adicionales— está muy lejos de corregir el déficit fiscal que sufre Catalunya. Su representante, Joan Baptista, ha defendido que Catalunya recauda en torno al 19% del total de impuestos del Estado pero recibe un retorno en inversiones de entre el 9% y el 10%. Según sus datos, el déficit fiscal de los ciudadanos catalanes superó los 21.000 millones de euros en 2022, lo que equivalía al 8,2% del PIB catalán, una cifra que —aseguró— nunca baja de los 20.000 millones anuales y que convierte a Catalunya en “la región de Europa que más recursos transfiere a otras administraciones”.

Montero ha reprochado a la formación independentista su negativa a negociar el nuevo sistema y ha invitado al portavoz de Junts a “reconsiderar su postura”. La ministra, además, ha sostenido que el debate sobre financiación no debe plantearse en términos de confrontación territorial y que el Gobierno ya ha alcanzado acuerdos con Esquerra Republicana que ha valorado como “buenos no solo para Catalunya, sino para el conjunto de España”.

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha escrito una carta este jueves al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al término de cuyo mandato se produjo el cese del terrorismo de ETA. El socialista, que fue jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011, elogió en el Senado a la actual izquierda abertzale, representada por Sortu y por la coalición EH Bildu, y destacó la “convivencia” que se ha instalado en la sociedad vasca. Para la hermana del asesinado Gregorio Ordóñez, sin embargo, sus palabras fueron “hirientes”. Cree que las víctimas soportan “el coste de una paz construida sobre altas dosis de impunidad”.

Ordóñez, que recalca que su entidad aglutina a 500 víctimas del terrorismo y que es la “mayoritaria” en Euskadi, lamenta que Rodríguez Zapatero usara en la Cámara Alta palabras como “perdón”, “olvido” o “reconciliación” y reivindicara la “contribución” de la izquierda abertzale al actual escenario de paz. “Quienes hemos sufrido directamente el terror de ETA no podemos aceptar ese apoyo moral en el que usted insiste una y otra vez”, escribe la presidente de Covite.

Y añade: “[EH] Bildu será una formación legal, pero la legalidad no equivale automáticamente a legitimidad democrática”. Según Ordóñez, la “calidad democrática” de la formación que aglutina a Sortu, EA (escisión socialdemócrata del PNV), Alternatiba (surgida de IU) e independientes es “como mínimo profundamente cuestionable mientras no condene y deslegitime de manera inequívoca la trayectoria criminal de ETA” y “mientras no asuma la injusticia radical del terror ejercido”. Lamenta, por ejemplo, que considere “presos políticos” a los condenados por delitos de terrorismo. Desde Covite remarcan también que EH Bildu sigue liderada por Arnaldo Otegi, que encarna una “simbiosis” con el pasado de ETA.

Concede Ordóñez que, sin asesinatos, no ha habido tiempo “mejor” en Euskadi. Pero el “legado” de los victimarios “sigue muy presente en el espacio público”, critica. “La libertad sigue condicionada en demasiados ámbitos por los mismos sectores que durante años jalearon, justificaron o encubrieron a los terroristas. Las calles siguen siendo, con demasiada frecuencia, un lugar de legitimación del terrorismo [y de] homenajes a terroristas como si fueran héroes”, le expone a Rodríguez Zapatero.

La hermana de quien fuera parlamentario vasco y portavoz 'popular' en Donostia sostiene que Rodríguez Zapatero propició un final negociado y de “blanqueamiento” para ETA y su brazo político, “sin vencedores ni vencidos”, sin “la foto de la derrota” de la banda. “Los ideólogos y responsables políticos de aquella maquinaria de terror hacen política con alfombra roja y reciben sus elogios, como si ETA no hubiera existido jamás”, opina. Y añade que “lo mínimo que cabría esperar de un expresidente del Gobierno es un actitud de prudencia, respeto y reconocimiento hacia las víctimas de ETA”.

Los grupos parlamentarios de PSOE, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís se han unido en el Senado para impulsar una iniciativa contra el agitador Vito Quiles por la “agresión” que perpetró contra la colaboradora de televisión Sarah Santaolalla, aunque han acusado a PP y Vox de impedir que esta propuesta salga adelante en el Pleno. Por ello, el PSOE y sus socios parlamentarios han comparecido en rueda de prensa conjunta desde el Senado para leer la declaración que habían propuesto, ya que para un texto de esta naturaleza salga adelante se necesita el apoyo de todos los grupos, y PP, Vox y UPN han declinado avalarlo.

La encargada de leer el texto de la propuesta ha sido la senadora del PSOE Rocío Briones, que acompañaba, junto con otros senadores, a Sarah Santaolalla en el incidente que se produjo el pasado lunes a las puertas de la Cámara Alta. “El señor Vito Quiles se personó en el Senado y estuvo deambulando por la zona de Pasos Perdidos con la clara e inequívoca intención de acosar a la señora Sarah Santaolalla, algo que viene haciendo de forma reiterada desde hace tiempo. No acudió a informar, no acudió a preguntar, no acudió a debatir, acudió a hostigar”, reza el texto.

Según ha relatado la senadora del PSOE, Quiles introdujo un teléfono móvil “a escasos centímetros” del rostro de Santaolalla, “mientras profería declaraciones de contenido machista”. “La situación obligó a que varias senadoras la rodearan físicamente para protegerla y evitaran que continuara el hostigamiento, y los hechos no terminaron ahí. La persecución continuó hasta la Plaza de la Marina, donde una persona vinculada a su entorno adoptó una actitud claramente intimidatoria y agredió a Sarah Santaolalla y a las senadoras que trataban de garantizar su seguridad”, ha agregado Briones.

Por todo ello, el texto propuesto por estos grupos “condena rotundamente el acoso y las agresiones” sufridas ese día, además de comprometerse a “promover las medidas necesarias para garantizar que ninguna mujer vuelva a ser acosada en esta Cámara ni en sus inmediaciones por el hecho de participar en la vida pública”.

Al final de su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, José Luis Rodríguez Zapatero resumió la prioridad del Partido Popular en su intento de implicarle en varios delitos: “Ustedes seguirán con la campaña de insultos y difamaciones porque sé lo que buscan, sobre todo desde julio de 2023, y es que no realice el apoyo que hago a este Gobierno. ¿Pero saben qué les digo? Que ganaré”.

El PP ha convertido a Zapatero en una especie de siniestro comisionista internacional sospechoso de incurrir en numerosas ilegalidades. Lo que no ha hecho es presentar una querella en los tribunales, porque sabe que no tendría éxito. La parte fácil es que no necesitas convencer a un juez para sacar un titular.

“Vamos a seguir por la vía política. Sobre la vía judicial, no se ha tomado ninguna decisión”, dijo después Carmen Fúnez en representación del PP. Ni para utilizar al Senado como cámara de eco de tus intereses ni para acusar a Zapatero de “hacer negocios con una dictadura a costa del dinero de los españoles”, estás obligado a contar con indicios sólidos. Incluso puedes comunicar a Zapatero en la comisión que es obligación suya demostrar que es inocente, por ejemplo entregando los mensajes y llamadas del móvil. Es el mundo al revés de la justicia. Él es culpable a menos que demuestre lo contrario.

Fue Alberto Núñez Feijóo, no el Senado, quien decidió que había llegado el momento de convocar a Zapatero. Él fue quien lo anunció y de postre hizo una acusación directa. “Hemos visto publicado que daba chivatazos a los investigados para que borrasen pruebas”, había dicho en la fiesta de Navidad del PP de Madrid. Este es el nivel de la oposición. Se acusa a un expresidente de cometer el delito de obstrucción a la justicia y no pasa nada. Lo ha leído en un medio. ¿Qué más necesita?

Zapatero empezó la sesión con energía y la terminó de forma menos convincente cuando el PP le acosó por las características de los informes que escribió para su amigo Julio Martínez, asesor de Plus Ultra, a través de la sociedad Análisis Relevante. Este fue detenido en diciembre y se le investiga en una causa secreta sobre un presunto delito de blanqueo de dinero relacionado con los fondos del rescate de la compañía aérea. Su situación legal es un elemento que afecta a la reputación de Zapatero –eso es innegable–, pero él no está siendo investigado en ningún juzgado.

El grupo ultra HazteOír lo intentó y salió trasquilado. Zapatero recordó que la Audiencia Nacional estableció que lo que se buscaba eran “unas diligencias prospectivas sobre una investigación patrimonial sin la presencia de indicios de criminalidad”. El objetivo era “dañar mi imagen pública, dañar mi honor”.

El expresidente negó haber intervenido en el rescate de Plus Ultra. Negó haber hablado del tema con Pedro Sánchez u otro miembro del Gobierno. Negó haber presionado a José Luis Ábalos. Solo se ha reunido con él una vez y fue después del rescate. Informó de que ha cobrado de la empresa de Martínez 70.000 euros brutos al año desde 2020 hasta 2025. “Soy un autónomo. Nunca he tenido una sociedad ni aquí ni en ningún sitio del mundo, ni aquí ni en Kuala Lumpur”.

Los portavoces de UPN, Vox y el PP se dedicaron a lanzarle titulares aparecidos en medios como OKDiario, The Objective o El Debate. El del PP enseñó copias de páginas enteras de El Mundo. La mecánica era la misma. Presentar titulares y preguntar a Zapatero por ellos. Eso hacía bastante fácil desmentirlos, en especial aquellos basados en especulaciones, como los generados por las fotos de la mañana en que él y Martínez estuvieron corriendo en el Monte de El Pardo tres días antes de la detención del segundo. “Julio Martínez no me dio ningún papel”, dijo. “Fue un montaje burdo para dar la sensación de que estábamos tramando algo”.

Un elemento sospechoso de esa primera información de El Debate fue que contó que corrieron en una zona de la que se decía que no había cobertura de móvil. Como si la hubieran elegido específicamente. Zapatero dijo que desde luego que hay cobertura en esa zona.

La senadora de UPN fue la primera que sacó el tema de Venezuela. Lo hicieron todos los representantes de la oposición. La relación del caso Koldo o Ábalos con Venezuela es muy tenue, pero al PP siempre le interesa ponerla en primera línea. El presidente de la comisión dejó a la de UPN que se explayara con el tema. Solo cuando Zapatero empezó a hablar de que solo viajó a ese país a partir de 2019 para realizar gestiones en favor de la liberación de presos, el presidente, Eloy Suárez, decidió que esa cuestión estaba fuera del objeto de la comisión.

Zapatero admitió que coincidió con Víctor Aldama, el comisionista imputado que acusa a Ábalos, Koldo García y el PSOE, en un vuelo de hora y cuarto de Venezuela a República Dominicana organizado por el Gobierno de Caracas y en el que aceptó que le acompañara. No hubo más contactos entre ambos. “Es una patraña absoluta”, dijo sobre el famoso sobre que Aldama dice tener y que probaría la financiación ilegal del PSOE por Venezuela, y que resulta que aún no ha entregado a la justicia meses después de que se empezara a hablar de él. Es un sobre supuestamente entregado por Delcy Rodríguez que aparece en los titulares cuando Aldama ve que necesita volver a aparecer en escena.

En algunos desmentidos, lo tenía más fácil. Negó que fuera propietario de una mina de oro en Venezuela. La historia surgió de una declaración de 'El Pollo' Carvajal, personaje oscuro de los servicios de inteligencia de Venezuela, de cuando intentaba contar lo que fuera para librarse de la extradición a EEUU. No lo consiguió. Zapatero mostró una carta posterior de Carvajal en la que niega la acusación y pide disculpas.

Fernando Martínez Maíllo, del PP, dio por hecho un largo capítulo de cosas. Afirmó que “se había pasado por la IA” un fragmento de uno de sus informes difundido por El Mundo y ofreció como conclusión que solo era un resumen de documentos publicados por la OMS. Le restó todo valor. “Es un corta y pega. Esto es una estafa”, dijo, haciendo el cálculo de que cada página salía por entre 2.500 y 3.000 euros. Zapatero respondió que él escribió algunos de esos informes, otros los hizo en colaboración con otra persona y que además daba asesoramiento de forma verbal.

Ante algunos de los datos de Maíllo sobre la consultora Análisis Relevante, el expresidente no pudo dar respuestas claras. La compañía solo tenía un cliente, Plus Ultra, y dos proveedores. Maíllo dijo que era “una sociedad instrumental” diseñada para ocultar otros asuntos. Zapatero no tenía ninguna respuesta para esa pregunta ni podía desmentirle.

Al final, la pelea fue degenerando, como es habitual en el Senado. Ante la complacencia del presidente de la comisión, Maíllo le preguntó si Venezuela es una dictadura o si se había reunido con María Corina Machado. El nivel de sus comentarios puede encontrarse en esta frase: “Usted parece que ha cobrado del dinero público del rescate de una empresa”. Y con el 'parece' el PP ya tiene suficiente.

Ya lo había dicho el presidente, Eloy Suárez. Como la comisión no es un tribunal de justicia, “las acusaciones no son lo mismo que en un tribunal”. Hay barra libre para la difamación y lo único raro es que no la haya para las bebidas alcohólicas.

Tras semanas en el foco por sus negocios con uno de los empresarios detenidos en el caso Plus Ultra, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se sometió este lunes al escrutinio de los senadores. Durante casi cuatro horas, el que fuera jefe del Ejecutivo reivindicó su labor como consultor y admitió sus trabajos para ese empresario, Julio Martínez Martínez. También negó cualquier tipo de cobro por gestiones con el régimen venezolano o por el préstamo de 53 millones de dinero público a Plus Ultra, la aerolínea que está en el punto de mira de la Justicia por el presunto “uso ilícito” de parte de los fondos obtenidos con ese rescate. 

“No soy ningún lobbista. Mi trabajo vale, mi opinión y mi criterio valen y así me lo reconocen quienes me piden mis servicios de consultoría”, dijo Zapatero ante el intento del Partido Popular de caricaturizarle como “un lobbista de regímenes totalitarios”. “No he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, jamás”, había dicho en los primeros compases de su comparecencia, cuando negó cualquier relación con el rescate de esa compañía que, a su vez, tuvo contratado a su amigo Julio Martínez Martínez como una especie de facilitador para sus problemas en Venezuela. 

Sus explicaciones, en ocasiones acompañadas de documentos dejan, sin embargo, todavía algunos elementos inciertos. Por ejemplo, el hecho de que la cantidad que Martínez Martínez cobró de Plus Ultra es similar a la que, posteriormente, su empresa Análisis Relevante abonó a Zapatero por sus labores de consultoría. Zapatero admitió haber cobrado unos 420.000 euros brutos entre 2020 y 2025 de esa compañía, que también contrató a sus hijas para que realizaran labores de comunicación y marketing. En el mismo periodo, el empresario ingresó casi medio millón de euros de Plus Ultra por asesorías relacionadas, entre otras cuestiones, con problemas de la compañía aérea en Venezuela. Todo ello, a través de una empresa sin empleados. 

El expresidente admitió que sabía que su amigo tenía “alguna relación” con Plus Ultra, aunque negó en numerosas ocasiones que él tuviera vinculación alguna con la aerolínea. “Es una especulación, una conjetura, una hipótesis”, afirmó Zapatero, que reiteró que sus trabajos de consultoría nada tenían que ver con Plus Ultra. El expresidente también se afanó en defender esos trabajos antes los ataques del PP, que aseguró que la empresa a la que le facturaba como consultor era una sociedad fantasma y que sus informes eran “una estafa”. 

Los informes de consultoría para Análisis Relevante eran redactados de forma conjunta con Sergio Sánchez, quien fue asesor del CNI entre 2009 y 2018 y hoy ocupa un cargo directivo en Movistar+. Sánchez, que tenía el 25% de la sociedad cuando se constituyó en 2020, facturó unos 18.000 euros por esos trabajos, que ha cifrado en un total de 15.

A preguntas del senador del PP Fernando Martínez-Maíllo, Zapatero rechazó dar cifras y admitió que esos trabajos, en ocasiones, se materializaron en “informes orales” y que se nutrían de “fuentes abiertas”. “La tarea es mucho más amplia que hacer informes escritos. Es establecer perspectiva, diálogos, seminarios, webinars… Es una tarea amplia que exige un conocimiento”, trató de justificar. También defendió que la contratación de What the fav, la empresa de sus hijas, fue una “propuesta” suya y que “formaba parte del acuerdo” con su amigo. 

La parte del interrogatorio en la que se mostró visiblemente más incómodo fue justo al final de la comparecencia, cuando el senador del PP quiso llegar hasta el fondo de su relación con esa empresa. Martínez-Maíllo acusó a Zapatero de estar en la “génesis” de la creación de esa sociedad, que definió como una simple “empresa instrumental” para cobrar de la rescatada Plus Ultra: “¿Usted sabía que el único cliente de Análisis Relevante era Plus Ultra? ¿Sabía que no tenía empleados? ¿Sabía que sus dos únicos proveedores eran usted y su empresa familiar?”.

Zapatero negó que fuera una “sociedad interpuesta” y también haber participado en su creación, aunque sí admitió que le comentaron la “posibilidad” de crearla, para regocijo del senador del PP, que buscó en todo momento sembrar sospechas sobre esa compañía haciendo alusión a elementos que como la sede estaba en el domicilio de Julio Martínez Martínez o la ausencia de otros clientes o trabajadores. “Lo único que es evidente es que cuando se consolida el proyecto, cuando se registra o se acuerda por los socios, es cuando yo digo que estoy dispuesto a participar”, trató de argumentar después. 

“Mediador” en Venezuela

Durante la comparecencia, Zapatero también reivindicó su papel como “mediador” en Venezuela entre los años 2016 y 2020. Dio explicaciones pormenorizadas de los viajes realizados al país en ese período y explicó que fue llamado por la oposición al régimen de Nicolás Maduro y que siempre trabajó “pro bono”. Recordó, por ejemplo, su participación “directa o indirecta” en la liberación de más de un centenar de presos. 

Sin embargo, también admitió haber “facilitado” que el expresidente de Venezuela recibiera al empresario Javier Hidalgo, que estaba interesado en el pago de una deuda de 200 millones que el Gobierno de Caracas mantenía con la aerolínea Air Europa por la venta de billetes. El expresidente del Gobierno defendió que fue Hidalgo quien le llamó y que propició que se produjera esa reunión “a cambio de nada, para apoyar a una empresa española”. “Ni se habló de comisiones, por favor”, insistió. 

Durante la comisión también salió a colación el nombre del comisionista poliimputado Víctor de Aldama, con quien Zapatero admitió haber coincidido apenas “una hora y cuarto” en un avión contratado por el Gobierno venezolano que hacía la ruta Caracas-República Dominicana. 

“Yo estaba en Venezuela, en Miraflores, en la Presidencia, y me dijeron: ‘¿Presidente, tiene inconveniente en que le acompañe un empresario español que está aquí hasta República Dominicana?’ Y dije: ‘No, por supuesto’. Fui con él en avión, ni me acuerdo de qué hablé con él. No le he vuelto a ver, no he tenido relación ninguna con él. Cero”, dijo Zapatero sobre el empresario, un corrupto confeso que sobornó con dinero y casas de vacaciones a quienes le enriquecieron con contratos públicos: el exministro Jose Luis Ábalos y su asesor, Koldo García.

El PP no lo llevará a los tribunales

A pesar de las graves acusaciones lanzadas por los populares en el Senado, que llegaron a asegurar que Zapatero “está pringado hasta el cuello” y que “se ha convertido en un lobbista de regímenes totalitarios”, desde la dirección de la calle Génova no tienen pensado llevar a los tribunales a Zapatero por su supuesto papel en el rescate de Plus Ultra. 

“Zapatero será recordado como el expresidente del Gobierno que se valió de su condición para hacer negocios con una dictadura a costa del dinero de los españoles y para rescatar a una compañía aérea”, afirmó la vicesecretaria del PP, Carmen Fúnez. “No ha despejado ninguna de las dudas que estaban encima de la mesa y al contrario, lo que ha hecho ha sido alentarlas”, añadió. Preguntada por si piensan denunciar al expresidente, Fúnez zanjó: “Vamos a seguir por la vía política. Sobre la vía judicial no se ha tomado ninguna decisión”.

El PSOE, mientras, cierra filas con Zapatero. La dirección de los socialistas salió en defensa del expresidente inmediatamente después de acabar su comparecencia. “Talento y talante”, destacaron en un comunicado sobre su actuación en la comisión de investigación que, a su juicio, se les está “indigestando” a los populares. “Frente al ruido, serenidad. Frente al bulo, argumentos. Frente a la provocación, institucionalidad”, proseguía ese mismo comunicado. 

Pero en Ferraz dejan sin responder las preguntas sobre las lagunas en el relato del expresidente. En plena campaña electoral en Castilla y León, la consigna es clara: defender a Zapatero y arremeter contra el PP. Cuesta encontrar voces que lo cuestionen y, en todo caso, están alejadas de la dirección.

El PSOE, además, va a dejar claro su respaldo al expresidente del Gobierno y la decisión es recuperarlo para esa campaña, donde ya tiene confirmado un acto este próximo viernes. “No creo que la comisión de investigación y la comparecencia de Zapatero signifiquen ni un diputado más ni uno menos en Castilla y León. No vamos a ganar ni a perder. El que sale peor parado es Feijóo, porque se precipita”, señala un destacado dirigente, que considera que los ataques de la derecha a Zapatero se incrementaron a raíz de su involucración en la campaña de 2023: “No le perdonan que se implicara tanto”, apostilla.

En su alegato final, Zapatero defendió su honorabilidad hasta el punto de recordar que es “el único presidente del Gobierno” que no ha tenido escándalos de corrupción durante su mandato. “Hace 14 años que dejé la vida pública y toda mi trayectoria ha estado marcada por la decencia y la integridad. Son ustedes los que tienen que demostrar sus injurias y sus calumnias y no lo pueden demostrar, porque no tienen nada”, concluyó el expresidente, que otorgó a su citación en la comisión de investigación del Senado un carácter exclusivamente electoralista que solo busca, aseguró, perjudicar su figura para así dañar al Gobierno de Pedro Sánchez.

La semana arranca con la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión Koldo del Senado sobre el rescate de Plus Ultra este lunes a las 9:30, que puedes seguir aquí en directo. El PP, con mayoría para decidir quién es convocado, le ha citado para que dé su versión sobre el rescate de la aerolínea, un asunto sobre el que el expolítico no está investigado judicialmente.

Además, una encuesta del Ateneo del Dato muestra que Gabriel Rufián es el favorito de los votantes progresistas para liderar una candidatura de la izquierda plurinacional. Pese a que ya ha anunciado su renuncia, la segunda preferida es Yolanda Díaz, seguida de Irene Montero y Joan Baldoví.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se gana la vida desde hace años con su actividad privada: trabajos de consultoría para distintas empresas y conferencias bien remuneradas. Es autónomo y paga a Hacienda el 45% de lo que factura, según cuenta su entorno. La imputación de su cliente, amigo y empresario Julio Martínez en el caso Plus Ultra —el supuesto desvío para fines ilegales de parte del préstamo de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a esta compañía— le ha puesto en aprietos.

La empresa Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, pagó desde su creación en febrero de 2020 y hasta 2025 unos 600.000 euros brutos al consultor Zapatero y a la empresa de sus hijas por trabajos de asesoría y mercadotecnia, según adelantó El Mundo. A la vez, Julio Martínez ha ingresado en este tiempo con Análisis Relevante casi medio millón de euros de Plus Ultra por asesorías externas relacionadas, entre otras cuestiones, con problemas de la compañía aérea en Venezuela.

El PP sospecha que Julio Martínez puede ser el testaferro de Zapatero para sus negocios en el país latinoamericano y ha citado en el Senado al expresidente del Gobierno para que responda sobre todas las sospechas de corrupción que han difundido contra él en los dos últimos años, entre ellas el supuesto regalo de una mina de oro en Venezuela.

El rescate de Plus Ultra: un préstamo de 53 millones a una compañía con tres aviones y 350 trabajadores. El 9 de marzo de 2021, casi un año después del decreto de alarma que cerró España por la pandemia, Plus Ultra recibió del Gobierno 53 millones de euros en dos préstamos (uno ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones) para evitar su quiebra por inactividad.

El gestor y máximo responsable del Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas era Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, nombrado para ese puesto en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Lora declaró en el Senado que no había recibido presiones de ningún miembro del Gobierno para adjudicar los préstamos a empresas en crisis, entre ellas a Plus Ultra: “Tramitamos unos expedientes en base a las normativas europea y nacional, con un procedimiento riguroso y tasado”. Hasta el pasado diciembre, Plus Ultra había cumplido con las obligaciones comprometidas en la concesión de los dos préstamos y ya había devuelto nueve millones de euros en intereses.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consideró a Plus Ultra, con licencia tipo A concedida en 2015, una compañía esencial como las otras 19 del mismo tipo existentes en España. Plus Ultra “tuvo una facturación en 2019 de 100 millones de euros, generó empleo directo a 350 personas y empleo indirecto a 2.500. Por tanto, es una compañía relevante, estratégica por el nicho de mercado que ocupa, y cumple los criterios para recibir ayudas vinculadas al Fondo de Solvencia”, explicó Montero en el Congreso cuando le preguntaron por el rescate.

El PP consideró insultante y sospechosa la ayuda del Gobierno a una compañía con una flota de apenas tres aviones (dos A340-300 y un A340-600) y una cuota de mercado “de un 5,9%, con lo cual queda muy lejos de ser una empresa estratégica y, por tanto, susceptible del rescate concedido”. Plus Ultra realizó 765 operaciones en 2019 sobre un total de 1.155.070 operaciones de pasajeros internacionales desde los aeropuertos españoles; y en el año siguiente, en plena pandemia, hizo 220 de un total de 352.652 operaciones.

La formación conservadora preguntó a distintos ministerios si los accionistas de Plus Ultra estaban siendo investigados por blanqueo de capitales en Andcapital Bank Internacional, o sobre los préstamos que tenían en Gibraltar o Suiza, o sobre los vínculos de una parte de la propiedad con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. No obtuvo respuesta.

Zapatero niega ahora que hiciera gestiones con miembros del Gobierno español para el rescate de la aerolínea, y mucho menos que cobrara por nada relacionado con esa operación. La única reunión que mantuvo con José Luis Ábalos, exministro de Transportes, fue posterior a la aprobación de la ayuda a Plus Ultra, según su entorno, y no trató sobre esa cuestión. Los informes que elaboraba para Análisis Relevante, cuentan, no trataron aspectos relacionados ni con este rescate ni con Venezuela.

La Fiscalía Anticorrupción presentó hace dos meses una querella por “uso indebido” de una parte del rescate de 53 millones de euros para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela. El pasado 12 de diciembre, la policía detuvo al presidente, cofundador y actual dueño de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; al consejero delegado, Roberto Roselli; y al asesor externo de la compañía y amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez. La Policía halló una especie de contrato por el que este empresario que contrató a Zapatero y a sus hijas cobraría de Plus Ultra una comisión del 1% (530.000 euros) en caso de que se lograra el rescate. También se hallaron 300.000 euros en billetes que Martínez Martínez atribuyó a la venta de una vivienda no declarada a Hacienda.

Análisis relevante: una empresa sin casi clientes que contrató a la familia Zapatero. Julio Martínez fundó la consultora Análisis Relevante en febrero de 2020, en vísperas de que España entrara en una larga pausa para combatir el coronavirus con un decreto que prohibió la mayoría de actividades económicas y encerró a los ciudadanos en sus casas.

Sergio Sánchez, un cargo relevante en el CNI durante el mandato del general Félix Sanz Roldan (2009-2019), adquirió por 1.000 euros el 25% de Análisis Relevante, una sociedad cuyo objetivo era conseguir clientes a los que vender informes geoestratégicos. Según ha explicado Sánchez a El Mundo y a El País, los clientes nunca llegaron, y él escribió los informes, por los que cobró apenas 18.000 euros mientras la empresa de las hijas de Zapatero se dedicaba a maquetarlos para enviarlos a los potenciales clientes.

Asegura que nunca supo que la empresa de la que era dueño en parte asesoraba a Plus Ultra. El entorno de Zapatero sostiene que Sánchez miente sobre los informes porque el expresidente escribió a mano muchos de ellos. Preguntado por esta circunstancia, Sergio Sánchez evita entrar en polémicas y se ciñe a lo explicado respecto a su participación en una empresa de la que ya no forma parte.

El falso regalo de una mina de oro en Venezuela. Hugo Armando el 'Pollo' Carvajal, exjefe de la contrainteligencia militar venezolana durante el mandato de Hugo Chávez y opositor al Gobierno de Nicolás Maduro desde 2019, desmintió desde la cárcel de Estremera (Madrid) un bulo que él mismo ayudó a difundir, que ya cumple cuatro años de vida y en el que se basan algunas de las denuncias presentadas y archivadas por la Audiencia Nacional contra Zapatero por narcotráfico y blanqueo de capitales, entre otros delitos. El 'Pollo' Carvajal envió en 2023 una carta manuscrita a Zapatero donde le pedía disculpas por las mentiras difundidas sobre el supuesto regalo de una mina de oro por parte del régimen venezolano y se comprometía a “subsanar el malentendido”.

La información publicada por primera vez en octubre de 2021 se basaba en un escrito del propio Hugo Armando Carvajal en el que denunciaba que “el hecho” de que una política colombiana, Piedad Córdoba, fallecida en 2024, señalara a Zapatero como “beneficiario de una mina donde predomina el oro y el diamante, ubicada en el extremo sureste del Estado Bolívar, fronterizo con la República Federativa de Brasil (…)” constituía “una prueba de cómo Nicolás Maduro privilegia, manipula y corrompe a políticos europeos que le dan reconocimiento internacional, a cambio de respaldar y avalar sus crímenes y violaciones de los derechos humanos en perjuicio del pueblo venezolano”. Una declaración confusa de Piedad Córdoba citando el nombre de Zapatero alentó una teoría conspirativa sobre la que no existía ni una sola prueba.

La asociación ultraderechista HazteOír presentó hace dos meses una querella contra Zapatero que aireaba el bulo de la mina de oro. El magistrado Antonio Piña archivó la denuncia tras pedir opinión a la Fiscalía: “En la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva, sino que se recogen conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo”. “Ni se puede afirmar el incremento patrimonial que se indica en la querella, ni que el mismo tenga relación con una actividad delictiva (...). Tampoco puede sostenerse que la colaboración con el Gobierno de Venezuela que en determinados ámbitos haya podido tener Zapatero sea suficiente para considerar que ayudaba de forma consciente al sostenimiento de una organización criminal”, escribió el juez Piña.

Durante los dos años que Hugo Armando Carvajal pasó en las cárceles españolas trató de evitar su traslado a Estados Unidos para ser juzgado. Su principal instrumento de persuasión consistió en ofrecer al juez información sobre tramas de corrupción en Venezuela que implicaban a dirigentes de Podemos. Carvajal llegó a denunciar sin pruebas que la petrolera PDVSA había pagado cientos de miles de euros a políticos de Podemos y que incluso uno de sus dirigentes, Juan Carlos Monedero, había llegado a recoger en mano en un hotel de Caracas 600.000 dólares que habían salido de la embajada de Cuba en la capital venezolana. Estas maniobras para evitar la extradición a cambio de lanzar acusaciones contra políticos de los partidos que gobernaban entonces España resultaron inútiles.

Unos meses antes de ser extraditado a Estados Unidos, el 'Pollo' Carvajal escribió una carta dirigida a Zapatero en la que empezaba ensalzando “su altura personal y compromiso democrático” y agradeciéndole sus gestiones para lograr la libertad de Miguel Rodríguez, primer ministro del Interior del Gobierno de Maduro (2013-2014) que acabó detenido y encarcelado por el régimen venezolano (2018) y pasó cuatro años preso hasta que fue expatriado a España.

Zapatero lleva más de 10 años negociando con el régimen de Maduro la liberación de presos políticos en Venezuela. Ha conseguido la libertad de más de 100 personas. Uno de los últimos en salir libre el pasado enero, Enrique Márquez, líder opositor venezolano, agradeció así el trabajo del expresidente español: “Cuenta con todo mi amor y cariño. Se portó con mi esposa como un hermano mientras yo estuve preso, la atendió, la consoló y le habló de esperanza y posibilidades. Y hoy si creo que el presidente Zapatero juega un papel aún hoy en Venezuela y espero que el tiempo lo reivindique dentro de una guerra de intolerancia que hay no solo en Venezuela sino también en España”.

Hugo Armando Carvajal señalaba en su carta de 2023 que fue un error no desmentir las acusaciones contra Zapatero y ensalzaba el hecho de que el expresidente calificara “sabiamente” de “surrealista” la información difundida sobre la mina de oro. El 'Pollo' Carvajal explica que las declaraciones de la política colombiana Piedad Córdoba en las que él se basó para sus acusaciones estaban “sacadas de contexto” y se ofreció a aclarar la “situación incómoda” y “subsanar el malentendido”. El exjefe de contrainteligencia militar venezolano admite que “medios de derechas” le llamaron, pero no quiso contestar: “Se nota la mala intención cuando se refieren a usted”.

El 'Pollo' Carvajal, encarcelado en España desde septiembre de 2021 a julio de 2023, rompió en 2019 con el Gobierno de Maduro, a quien acusó de asesinar a cientos de jóvenes en las calles y de matar a otros muchos venezolanos por falta de medicamentos y seguridad. La Audiencia Nacional autorizó en 2023 su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico.

El pasado 25 de junio, el fiscal estadounidense Jay Clayton anunció que Hugo Armando Carvajal se había declarado culpable de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y de participar en actividades de narcoterrorismo para beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), delitos castigados en Estados Unidos con penas que llegan hasta la cadena perpetua. Clayton acusó al 'Pollo' Carvajal de coordinar en 2006 el envío de 5,6 toneladas de cocaína a Estados Unidos desde Venezuela en un DC-9 con matrícula. El avión había despegado en Venezuela y aterrizado en México donde las autoridades frustraron la operación y se incautaron del cargamento de droga.

El PP ha anunciado que citará a la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, María Jesús Montero, en la comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del Senado. Aún sin fecha fijada para esta comparecencia, también tienen previsto llamar a los tres secretarios de Estado de Hacienda y los presidentes del holding empresarial con participación estatal que engloba a algunas de las principales empresas públicas durante el Gobierno de Pedro Sánchez. Los populares anunciaron en enero la creación de esta comisión para indagar en “la caja negra de la SEPI” ya que, según explicaron, “pudo servir, entre otras cosas, para pagar favores a la dictadura de Maduro con rescates a empresas” como la aerolínea Plus Ultra, con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como mediador.

Además, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, también ha anunciado este viernes que citará por tercera vez a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. En este caso, en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a su “intervención” en la contratación de la empresa epicentro de la presunta trama de mascarillas que afecta al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

En una rueda de prensa desde la Cámara Alta, García ha señalado que las últimas revelaciones son “gravísimas” y sitúan a Pardo de Vera como “protagonista” de la “trama de amaños de contratos y de cobro de comisiones en la contratación de mascarillas”. “En plena pandemia, mientras los españoles estaban confinados, estamos hablando de comisiones ilegales en los contratos de mascarillas”, ha dicho.

Según la portavoz popular, la expresidenta de Adif era “la mano derecha” de Ábalos y una intermediaria política “clave” en la interlocución con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Además, la ha acusado de “borrar mensajes y documentación”, una cuestión por la que su grupo le cuestionará durante su comparecencia en la Cámara Alta, todavía sin fecha definida. “Pardo de Vera está en el ajo de todas las tramas, siempre está su nombre presente, siempre sale”, ha insistido.

El empresario Julio Martínez, citado el 9 de marzo

También ha informado que el empresario Julio Martínez Martínez, a quien vinculan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como consultor vinculado a Plus Ultra, comparecerá el próximo 9 de marzo. “Julito es el que paseaba con Zapatero por El Pardo (Madrid), es el mismo que recibió un chivatazo 72 horas antes de ser detenido; el mismo que devolvió a Zapatero su favor con Plus Ultra a cambio de asesorías fantasmas”, ha dicho García.

El PP citó a Julio Martínez a comparecer la semana pasada en esta comisión, pero el interrogatorio no se celebró finalmente. El PP afirmó en su momento que el Ministerio del Interior no había logrado localizarle porque existían “muchas personas” que se llaman Julio Martínez Martínez en España. “En el caso de que no venga tendremos que recurrir al edicto, como ya hemos hecho en otras ocasiones”, ha avisado García.

“La actuación del rey no fue ejemplar. Fue algo más, fue decisiva”. Así ha rememorado el expresidente del Gobierno Felipe González el papel de Juan Carlos I para, según ha dicho, detener el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Lo ha hecho en el Senado, ante el rey Felipe VI y pocas horas antes de que se desclasifiquen papeles oficiales ligados al intento de alzamiento. González ha criticado la “abritrariedad” de la decisión del Gobierno y ha pedido “hacer justicia a los comportamientos de los seres humanos, incluso aunque sean reyes”.

El Senado ha albergado un homenaje al libro 'El Rey', del que se publicará una nueva edición. Escrito por el que fuera presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García-Pelayo, el texto analiza el papel del jefe del Estado dentro del ordenamiento español. Al acto han acudido el actual presidente del tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido; la presidenta del Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló; el ministro de Agricultura, Luis Planas, así como el expresidente Mariano Rajoy y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

“Me gustaría que se conociera todo el proceso del 23F para conocer el papel de verdad del rey”, ha dicho González, quien ha defendido que Juan Carlos de Borbón actuó entonces para detener el alzamiento armado, y que si “tardó muchas horas” en dirigirse a los españoles en un mensaje televisado fue porque “tenía que pulsar” lo que estaba ocurriendo en los altos estamentos militares.

“¿No sería una estupidez que no supiera cómo estaban todas las guarniciones y evitar el movimiento de contagio?”, ha planteado González en un discurso en el antiguo Salón de Plenos del Senado. “¿Quiénes son los bobos que no saben cómo es la política?”, se ha cuestionado.

“La actuación de Juan Carlos I fue decisiva”, ha dicho González. “En ningún momento España se quedó sin las libertades garantizadas por la Constitución”, ha añadido.

El expresidente socialista ha negado que el hoy rey emérito tuviera “tentaciones de otra naturaleza”, en referencia a quienes aseguran que dudó si apoyar o no el golpe. “Hubo intentos de engaños”, ha dicho González, quien ha zanjado que “en ningún momento pasó por la cabeza del rey Juan Carlos cometer el error griego”, en referencia al papel de Constantino II en la dictadura griega.

Felipe González ha criticado la decisión del Gobierno, sin citar a Pedro Sánchez, y ha reclamado la aprobación de una ley que equipare a España con el resto de países europeos en el tratamiento de la información confidencial.

El Congreso tramita precisamente una propuesta del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Este mismo miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado en la Cámara Baja que esta norma se apruebe “en este periodo de sesiones”. Es decir, antes del verano.

González mantuvo durante sus 13 años de mandato la ley frsnquista de 1968 y nunca desclasificó documentos secretos sobre el 23F.

Rollán: “El rey fue la Constitución”

El acto lo ha abierto el presidente del Senado, Pedro Rollán, quien ha citado el propio libro para asegurar que el rey “es neutral en sí, pero jamás debe ser neutralizado”. “La neutralidad es la imparcialidad del árbitro. La neutralización es la inoperancia del espectador”, ha añadido.

“El monarca conserva una autoridad moral y una función sistémica insustituible” ha afirmado Rollán, quien ha asegurado que el rey tiene una “reserva de poder, una potestad latente, invisible en tiempos de calma, pero que se activa como un resorte de acero cuando los cimientos del Estado amenazan con quebrarse”.

Rollán ha planteado dos ejemplos de esa “potestad latente”. La primera, el 23 de febrero de 1981, cuando “frente al secuestro de la soberanía, el rey no solo guardó, hizo guardar la Constitución” mientras “las demás instituciones habían sido silenciadas por la fuerza”.

“El rey fue la Constitución misma”, ha afirmado.

El siguiente momento lo protagonizó el actual jefe del Estado, Felipe VI, tras el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Dos días después, el rey compareció ante los españoles en un mensaje institucional.

“Y así llegamos, señorías, a la viva historia que todos recordamos de aquel otoño del 2017, cuando se deshacía la unidad de España y se quebrantó la ley desde los propios poderes públicos”, ha dicho Rollán.

“La nación en aquel momento miró hacia arriba buscando un asidero y lo encontró. El 3 de octubre del 2017, vuestra majestad se dirigió a la nación”, ha asegurado dirigiéndose al rey. “No solo defendisteis la unidad territorial, defendisteis los derechos de millones de españoles que en aquel preocupante momento se sentían desamparados. No fue un acto de voluntad política, sino un acto de imperativo moral”, ha señalado.

Rollán ha concluido: “En los momentos de oscuridad el rey es garante de la luz del Estado de derecho que nos atañe”.