La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha propuesto investigar a Alfonso Carlos Moscoso, alcalde de Villaluenga del Rosario (464 habitantes, Cádiz) y senador socialista, por proponer como jueza de paz a su esposa, afiliada también al PSOE, lo que podría constituir un delito de nombramiento ilegal. La Sala ha acordado “abrir causa” a raíz de una querella de la Fiscalía contra Moscoso, pero aún debe solicitar el suplicatorio a la Cámara Alta y que este levante la inmunidad del senador.

En un auto firmado el pasado el pasado 1 de junio, la Sala de lo Penal explica que los jueces de paz, según su reglamento, no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos, algo que recoge también la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 127 de la Constitución prohíbe a los jueces la pertenencia a un partido político.

La Sala del Tribunal Supremo recoge en su resolución que la persecución de este delito pretende “fortalecer la independencia del Poder Judicial”, incluidos los jueces de paz, “de modo que desterrar cualquier sesgo de afinidad política partidista en sus componentes sea un objetivo esencial en un Estado de Derecho”.

Querella de Fiscalía

La Fiscalía del Tribunal Supremo se querelló contra Moscoso y su esposa el pasado mes de octubre, meses después de que la Fiscalía de Jerez recibiera una denuncia contra ellos por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. La Fiscalía local remitió la denuncia a la del Supremo, por ser esta la que debe decidir si investiga a aforados.

Según esa denuncia, el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario, un pequeño pueblo en la Sierra de Grazalema (Cádiz), donde el senador es alcalde, anunció mediante edicto la elección de juez de paz en noviembre de 2022. La convocatoria se publicó también en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, pero surtió poco efecto: nadie se presentó. Así que en vista de que ningún habitante del pueblo manifestaba su interés en ocupar dicho cargo, E.S.G., esposa del alcalde y afiliada al PSOE desde octubre de 2007, cursó su solicitud, de común acuerdo según los denunciantes.

La mujer presentó su candidatura para jueza de paz el 30 de marzo de 2023, y el Pleno la aprobó por unanimidad, y elevó la propuesta al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que tampoco puso problemas: la Sala de Gobierno aprobó su nombramiento cuatro meses después. Según la Fiscalía, la mujer presentó al TSJA una declaración jurada en la que declaraba que no tenía incompatibilidades para desempeñar el cargo de Jueza de Paz no presentaba incompatibilidades, ya que su profesión es la de sanitaria.

En su querella, la Fiscalía concluye que hay indicios de que durante los casi dos años en que ejerció como jueza de paz E.S.G. asistió a los actos públicos del partido en el que milita, incluyendo mítines en la campaña electoral a las elecciones generales de 2023 en las que su marido se presentaba en la lista del Senado; hasta que el 2 de mayo del año pasado El Español publicó un reportaje con el siguiente titular: “El Senador y alcalde del PSOE Alfonso Moscoso colocó a su mujer como jueza de paz de su pueblo en Cádiz siendo afiliada”. Ese mismo día, la mujer renunció al cargo, según la denuncia.

El Tribunal Supremo asume la competencia para investigar tanto al aforado Moscoso como a su esposa. El artículo 405 del Código Penal castiga con multa de tres a ocho meses y suspensión de cargo público de uno a tres años a la “autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello”. El artículo 406 sanciona a “la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión (...) sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles”.

El PP ha registrado una petición de ampliación de los trabajos de la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo', cuyas pesquisas se han extendido ya a otros casos de corrupción relacionados con el Gobierno y aborda, entre otros, el 'caso Leire'. El partido de Feijóo quiere interrogar al secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, y a quien fuera director de comunicación del PSOE, Ion Antolín. También abre la puerta a citar al presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, quien ya compareció antes de ganar las elecciones.

La semana pasada se desveló parte de la investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre las supuestas maniobras del PSOE para frenar las causas judiciales que atenazan al Gobierno. El magistrado señala en su extenso auto la existencia indiciaria de una trama urdida en la misma sede federal de los socialistas, con quien fuera secretario de Organización, Santos Cerdán, a la cabeza.

Entre los señalados por Pedraz están Hernando y Antolín, quienes se estrenarían como comparecientes ante las muchas comisiones de investigación abiertas por el PP gracias a su mayoría absoluta. Ambos habrían participado en reuniones con Leire Díez y serían parte de la trama teóricamente delictiva que investiga la Audiencia Nacional.

El PP también incluye en la lista de potenciales comparecientes, que anunciará esta misma mañana, a Lourdes Solís, responsable de cumplimiento normativo del PSOE.

La propuesta de ampliación de los trabajos presentada por el PP será aprobada gracias a su control total sobre la Cámara, aunque está todavía por determinar la fecha efectiva de citación de las personas incluidas en el listado.

Entre ellas, además de las tres novedades citadas, el PP plantea recuperar a comparecientes a los que ya ha interrogado en esta misma comisión. Es el caso de Salvador Illa. El hoy presidente de la Generalitat ya acudió al Senado justo antes de las elecciones de 2024 que le catapultaron al cargo.

El auto de Pedraz señala, precisamente, pagos dudosos en la campaña electoral de Illa ese mismo año y cómo Ferraz pudo usar al grupo de Leire Díez para atacar a sus rivales en las urnas.

El PP se prepara también para citar de nuevo a la propia Leire Díez; a la gerente del PSOE, Ana Fuentes; a su predecesor, Mariano Moreno; a quien fuera directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández; a su predecesor, Jesús Gascón; y a quien fuera director de gabinete de Pedro Sánchez en el partido, Juan Manuel Serrano.

Sánchez, “autor intelectual”

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha confirmado en una rueda de prensa la nueva batería de citaciones en la comisión de investigación, y ha asegurado que “el comando” que, según la investigación judicial, lideraban Santos Cerdán y Leire Díez, en realidad tenía “un autor intelectual, Pedro Sánchez”. “Ese que dijo 'límpiese”, ha añadido, en referencia a un testimonio indirecto que recoge el sumario que instruye el juez Santiago Pedraz.

La portavoz ha dicho que quien fuera “lugarteniente” de Sánchez en la Moncloa, Antonio Hernando, actuó de “enlace” y “se reunió con Leire Díez cuando era director adjunto de Gabinete” del presidente del Gobierno. El sumario recoge, efectivamente, una reunión. “¿Quién dio la orden de acudir a esa reunión con Leire Díez, Santos Cerdán y otros?”, se ha preguntado García. “¿Qué se acordó y a quién reportaba sobre los avances de las cloacas?”, ha concluido.

La investigación de la Audiencia Nacional a José Luis Rodríguez Zapatero choca con algunas de las explicaciones que el expresidente del Gobierno ha dado hasta el momento sobre su labor cómo consultor, su relación con Plus Ultra y los negocios de su amigo Julio Martínez Martínez, al que otros investigados identifican como su “lacayo”. Así lo evidencia el análisis de las casi cuatro horas de escrutinio a las que se sometió el que fuera líder del PSOE el pasado marzo en el Senado y la entrevista que concedió en Onda Cero.

Entonces, Zapatero admitió que sabía que su amigo Julio Martínez Martínez tenía “alguna relación” con Plus Ultra, aunque negó que él trabajara para la aerolínea o que hubiera influido en su rescate con dinero público. También aseguró que él no conocía a los socios de la aerolínea. E insistió en que desconocía quiénes eran los clientes de la consultora de su amigo, de cuya creación también se desvinculó. “Yo no tengo el dato de quiénes eran los clientes, no lo tengo, porque no pertenezco a esa sociedad”, dijo a preguntas del periodista Carlos Alsina. 

Los documentos del sumario que sustentan la investigación a Zapatero no incluyen, hasta ahora, ninguna prueba directa de que la supuesta influencia ejercida por el presidente derivara en la decisión de la SEPI de otorgar el rescate de 53 millones. Sin embargo, comunicaciones incautadas en 2021 por Estados Unidos al antiguo dueño de la aerolínea, Rodolfo Reyes, un ciudadano venezolano que está en busca y captura por llevarse parte del dinero del rescate a paraísos fiscales, incluyen “referencias constantes” a recurrir a Zapatero para sortear las dificultades en la tramitación de la ayuda e incluso a conversaciones o encuentros entre el expresidente del Gobierno y accionistas de Plus Ultra. 

En el inicio de la pandemia, el 30 de abril de 2020, hay un mensaje en el que el entonces presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, avisa a Reyes de que Zapatero le “va a llamar”. Poco después, Reyes confirma a un tercero esa comunicación: “Julio habló con ZP. 11 min. Le explicó todo”. En ese momento, los directivos de la aerolínea estaban intentando que diferentes bancos les consiguieran un crédito ICO. Llegaron a enviar una carta al Banco Santander en la que indicaban expresamente en su encabezado que se ponían en contacto “siguiendo instrucciones del Presidente, D. José Luis Rodríguez Zapatero”. 

Esa opción no prosperó, así que optaron por activar la vía de buscar el rescate. En julio de 2020, apenas 24 horas después de aprobarse el fondo de la SEPI, el vicepresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, le comunicó a Rodolfo Reyes que ya se había puesto en marcha para conseguir esa ayuda: “Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Ya estaban en ello (dicen)”.

Meses después, el 6 de febrero de 2021, un mes antes de que el Consejo de Ministros aprobara el préstamo público, Reyes escribió otro mensaje a Martínez Sola: “Puedes organizar una comida con el tocayo, tu y Camilo. Camilo estuvo hoy con Zp. Le dijo que todo va viento en popa”. “Lo sabía. De hecho, me pregunto el tocayo (estaba con ZP) cuanto tenía Camilio en Plus (sic)”, responde Martínez Sola. El “tocayo” al que se refieren es el citado Julio Martínez Martínez.

Además, el propio Reyes había dejado constancia de que él estaba seguro de que Zapatero estaba ayudando a Plus Ultra el 22 de julio de 2020. Ese día se escribió con un abogado que se acababa de reunir con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, para plantear la situación de la compañía. El abogado le dijo: “Se notaba que nos han recibido por altas recomendaciones”. Y Reyes contestó: “Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás”. 

En el Senado, Zapatero negó tajantemente que conociera al citado Camilo Ibrahim Issa, un hombre clave en la aerolínea. Y, cuando fue preguntado por Martínez Sola, afirmó: “No he tenido ninguna relación con él. Si le he saludado alguna vez… Yo saludo a miles de personas”. “O sea, que él no le ha llamado para pedir ayuda”, le preguntó la senadora de UPN Mar Caballero. “No, en absoluto, ninguna relación. Cero”, contestó el expresidente. 

También suscitan dudas los más de 900.000 euros que Plus Ultra pagó de forma directa o indirecta en cinco años a Julio Martínez Martínez. Y el hecho de que, en ese mismo periodo de tiempo, la consultora de este empresario al que otros investigados también apodaban “el banco del jefe”, abonara más de 700.000 euros a la familia del expresidente: 490.780 a Zapatero y 239.755 a Whathefav, la agencia de marketing de sus hijas. Además, la agencia recibió otros 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón.  

Las dos sociedades que pagaron a las hijas de Zapatero comenzaron a operar con un mes de diferencia. Ninguna de las dos tiene una actividad real, según Hacienda, la Policía y el juez. Pero entre ambas pagaron más de 800.000 euros a Whathefav entre 2020 y 2025 a pesar de que los investigadores consideran que no aportaba ningún “valor técnico especial”. 

Así, sostienen que su única función era recibir los informes de consultoría que elaboraba un tercero, “maquetarlos” y enviarlos a un listado de clientes que el propio Zapatero les había proporcionado. “Esa falta de coherencia organizativa podría no corresponder con necesidades empresariales reales y estar orientada a la canalización de pagos”, afirman los investigadores.

En el Senado, Zapatero defendió que la contratación de Whathefav fue una “propuesta” suya y que “formaba parte del acuerdo” con su amigo. Además, mantuvo que sus hijas hacían tareas de “marketing, de comunicación, de apoyo a la sociedad y también de apoyo al consultor” y que sus trabajos, en ocasiones, se materializaron en “informes orales”. También afirmó que tras dar el “visto bueno definitivo” a los informes que elaboraban un tercero y él, estos se enviaban a la empresa de sus hijas que, a su vez, se los enviaban a su amigo Julio Martínez Martínez. 

La investigación, sin embargo, ha constatado que era la agencia de las hijas la que se encargaba de enviar esos trabajos a un listado de clientes que el propio Zapatero les había proporcionado. Durante la investigación, la Policía intervino varios archivos de Excel que recogen listados con supuestos clientes que el expresidente envió a Julio Martínez Martínez. La Policía afirma que no se trata de “un simple listado”, sino que esos documentos reflejan una “planificación previa y sirven como herramienta logística”. Y que eso evidencia que era Zapatero quien establecía los “criterios de actuación”. 

Esos listados que facilita Zapatero incluyen relevantes empresarios del país y las direcciones donde se les puede contactar. Entre ellos hay clientes que tenían suscritos contratos mensuales de asesoramiento con Análisis Relevante y otros que no, a los que el expresidente habría informado a la consultoría a favor de enviarles informes. Pese a ello, Zapatero le dijo al periodista Carlos Alsina: “Yo no tengo el dato de quiénes eran los clientes, no lo tengo, porque no pertenezco a esa sociedad”. 

Entre los supuestos clientes que sí habían suscrito esos contratos la UDEF cita Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos. También aparecen mencionadas las sociedades Softgestor y Grupo Aldesa, que abonaron 145.200 y 127.050 euros, respectivamente, a la consultora del amigo del expresidente. En el listado figuran otros nombres vinculados a la aerolínea Plus Ultra, como los citados Julio Martínez Sola o Camilo Ibrahim Issa. Así como relevantes empresarios como Florentino Pérez (ACS), Beatriz Corredor (REE), Josu Jon Imaz (Repsol), Javier Hidalgo (Globalia), Antonio Catalán (AC-Hoteles), Víctor Madera (Quirón Salud) o directivos de la tecnológica Huawei.

La conclusión de la UDEF es que esos informes mensuales elaborados por Análisis Relevante y distribuidos por Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, “se estarían remitiendo tanto a clientes que abonan notables cifras por ellos”, como a otros destinatarios de los que “se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago”. Lo que evidencian los listados, en todo caso, es que Zapatero puso su agenda de contactos a disposición del empresario.

La tesis de los investigadores es precisamente que la red de contactos del expresidente habría servido para influir en la concesión de ayudas públicas. Y que al expresidente se le compensaba después con los contratos y facturas simuladas que sustentarían los ingresos poco claros recibidos tanto por él como por la agencia de marketing de sus hijas. Guiado por las provisionales, pero contundentes conclusiones de la Policía, el juez José Luis Calama llega con ello a la conclusión de que Zapatero es el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”.

El Pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado por unanimidad una moción en defensa de la cuchillería suscrita por todos los grupos políticos municipales. Por acuerdo de todos los portavoces, la moción ha sido leída por la presidenta de la Asociación de Empresas de Cuchillería y Afines Aprecu, Pilar Jiménez, que estaba en el Salón de Plenos acompañada por muchos representantes del sector.

Los grupos municipales de PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos han suscrito esta moción para que “el Ayuntamiento de Albacete lidere un pacto que reivindique la protección de la cuchillería albaceteña y luche contra la criminalización de un sector estratégico para nuestra economía y que cuenta con más de seis siglos de historia”.

La propuesta se dirige al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado para que futuras modificaciones legislativas, como la Ley de Seguridad Ciudadana o el Reglamento de Armas, “se orienten hacia el endurecimiento de penas y la lucha contra las actitudes criminales en lugar de criminalizar a la cuchillería”.

Además, se pide al Ejecutivo y el Legislativo que “cualquier modificación normativa incorpore definiciones técnicas claras y objetivas, garantice la seguridad jurídica, contemple periodos transitorios razonables y evite trasladar toda la carga regulatoria al comercio legal”.

También se solicita “diálogo y colaboración con todas las administraciones públicas para avanzar en medidas eficaces que compatibilicen seguridad ciudadana, proporcionalidad normativa y protección de un sector histórico y estratégico para territorios como Albacete”.

La presidenta de la Asociación de Fabricantes de Cuchillería y Afines (Aprecu), Pilar Jiménez, ha leído el 'Manifiesto por una Cuchillería Responsable, Legal, Segura y No Estigmatizada' en la plaza del Altozano, al que, entre otros, han asistido el alcalde, y el presidente de la Diputación, Santi Cabañero.

Moción en el Congreso

El alcalde, Manuel Serrano, ha anunciado además, durante la sesión plenaria, que, a petición suya, el Partido Popular ha registrado ya una Proposición No de Ley (PNL), en el Congreso de los Diputados en defensa de la cuchillería albaceteña para que “nuestra navaja no se incluya en la modificación del reglamento de armas”.

Manuel Serrano ha señalado que “del mismo modo que le he pedido al presidente del Gobierno que defienda la navaja albaceteña con rotundidad, también se lo he solicitado al presidente de mi partido”, recordando que “el señor Sánchez es quien tiene la capacidad reglamentaria y normativa para modificar un reglamento y admitir las alegaciones para proteger la cuchillería y la navaja de Albacete”.

Serrano ha negado la responsabilidad del PP nacional con respecto a la introducción de la navaja en el reglamento de armas, apuntando a la iniciativa del PNV en el Congreso.

El PSOE abandona el pleno

En respuesta, el Grupo Municipal socialista ha acusado al alcalde de “utilizar tanto el Pleno municipal como al sector de la cuchillería con fines puramente partidistas” al ordenar “directamente a sus concejales y concejalas que mostraran unas pancartas de crítica al presidente del Gobierno”.

Los concejales y concejalas del Grupo Municipal Socialista han abandonado en bloque el salón de Plenos en señal de protesta. “El señor Serrano se presenta ante la ciudadanía como un hombre moderado, de centro, cuando la realidad demuestra que es todo lo contrario, es un provocador que se dedica a generar enfrentamientos, porque en el barro se desenvuelve muy bien”, ha manifestado el concejal socialista, José González, que ha exigido disculpas públicas al alcalde.

Apoyo al sector desde el Gobierno de Castilla-La Mancha

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado que el próximo 1 de junio, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará la convocatoria de ayudas para la modernización y la mejora de los talleres artesanos de la región, también para el sector cuchillero, con una dotación de 600.000 euros y que incluye por segundo año consecutivo la posibilidad de que las asociaciones del sector puedan incluir los gastos de consultoría para la consecución de la Indicación Geográfica Protegida (IGP).

El senador de Coalición Canaria (CC) Pedro San Ginés se abstendrá el miércoles en la votación de la moción del PP de reprobación al Gobierno por su respuesta a los casos de corrupción, que incluye instar a iniciar el procedimiento para un cambio de gobierno y que es vista como un ensayo de moción de censura.

Fuentes de CC, al avanzar a EFE este martes el sentido del voto, han indicado que el partido no se sitúa en ningún bloque y que entienden que ahora es momento de que la Justicia haga su trabajo. Sin embargo, este mismo lunes tanto la única diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, como el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, dijeron públicamente que consideran la legislatura “finiquitada” y señalaron que Pedro Sánchez debía dar un paso a un lado.

Desde CC señalan ahora que son conscientes de que su apoyo no es determinante para sostener al Gobierno, con el que tienen que seguir abordando los problemas de los canarios, aunque, recuerdan, también le pidieron ya una cuestión de confianza y un adelanto electoral.

Por un problema de salud, San Ginés podría no estar presente en el hemiciclo, advierten, no obstante, desde CC.

El PNV y Junts, por su parte, no han avanzado el sentido del voto a la reprobación al Gobierno, que saldrá adelante gracias a la amplia mayoría del PP en el Senado y que no es vinculante.

El PP ofrece “la oportunidad”

Fuentes del PP han explicado a EFE que la intención con esta moción tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es que otros partidos tengan una oportunidad de expresar con su voto lo que dicen de palabra.

Desde el PP creen que la situación es insostenible, que el Gobierno merece una reprobación y que es imprescindible abrir un nuevo tiempo en España con un cambio de gobierno, por lo que gracias a su moción otras formaciones podrán pronunciarse al respecto en el Senado.

El PSOE cree que al PP “le da igual” qué vote el resto

No está de acuerdo el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, quien en una rueda de prensa ha señalado que “al Partido Popular le da exactamente igual lo que voten el resto de grupos”.

Ha argumentado que durante toda esta legislatura el PP ha utilizado de forma partidista la Cámara Alta, sin que le haya importado el diálogo con las demás formaciones, y sin hacer “ni siquiera el más mínimo gesto de búsqueda de acuerdos parlamentarios”.

Por ello, sostiene Espadas que “esta moción es una moción más”, pues la única pretensión del PP es ofrecer su relato sobre los casos que se investigan en los tribunales.

Sobre Zapatero, Espadas ha dicho que en el PSOE tienen claro que siempre van a respetar los procesos judiciales y que además lo van a hacer “siendo absolutamente escrupulosos con las garantías procesales que tienen aquellos que se ven incursos”.

Cree que, en cambio, el PP lo hace “al revés”, porque, sin respetar la presunción de inocencia, “cada informe policial lo convierte en una condena”, como prueba que “ni siquiera utiliza el término presunto”, algo “deleznable” y que hacen “sin ningún tipo de pudor, con una sonrisa”.

Espadas también ha lamentado que se comparen casos cuya instrucción acaba de comenzar con la moción de censura de 2018 por la que Pedro Sánchez relevó a Mariano Rajoy en el Gobierno, que fue tras “una sentencia firme”.

El Senado ha superado el máximo histórico de gasto para transporte y viajes oficiales. Y se prepara para aumentarlo. Sin haberse cumplido todavía el tercer año de legislatura, la Cámara Alta ha autorizado hasta ahora el desembolso de más de diez millones de euros para el contrato de “servicios de gestión y asistencia técnica de viajes y visitas”, con tres ampliaciones presupuestarias aprobadas en solitario por el PP. La institución ha abonado ya nueve millones por los desplazamientos de los representantes públicos, más que en las pasadas legislaturas completas. 

El incremento de este gasto ha motivado que el Senado casi triplique la cantidad que prevé gastar a futuro en este capítulo. La Cámara tenía hasta ahora presupuestado un gasto anual de 2,7 millones anuales (IVA incluido) en un contrato que ha venido gestionando El Corte Inglés. Dicho contrato se cerró en 2022, durante la anterior legislatura. La Cámara ha sacado a concurso un nuevo convenio que pasa de esos casi 2,7 millones de euros anuales actuales a 7,8 millones, siempre con el IVA incluido. 

La notable diferencia tiene una causa: el actual Senado ha roto el techo de gastos en viajes oficiales y transporte. La Mesa ha aprobado en los últimos años continuas transferencias de dinero de diferentes partidas presupuestarias para ampliar el crédito disponible para cubrir el desembolso en este capítulo. Siempre con el voto favorable del PP, que controla la institución con su mayoría absoluta, y la abstención del PSOE.

Desde el Senado explican a elDiario.es que “el contrato entró en vigor el día 1 de enero de 2023 y finalizó el día 31 de diciembre de 2024”, pero que las cláusulas permitía su prórroga “por hasta tres veces mediante acuerdo de la Mesa del Senado”. Es lo que ha ocurrido. Con todo, apuntan fuentes oficiales de la Cámara, la última de las ampliaciones aprobada no se ejecutará, ya que, en su lugar, se ha optado por lanzar un nuevo concurso ya con la cantidad prevista triplicada.

Las dos ampliaciones que sí se han ejecutado datan de 2024 y 2025, cuando el Senado aprobó sendas prórrogas del contrato en vigor por un valor de 539.000 euros, IVA incluido, hasta superar los 3,2 millones de euros anuales. En diciembre de 2025 se autorizó una modificación al alza, esta vez por 1,34 millones. Esa es la que no se llegará a ejecutar, según el Senado, aunque de momento no hay acuerdo de la Mesa que lo haya revertido.

Cobertura de gastos

¿Y a qué va destinado ese dinero? El propio Senado aprobó el 29 de agosto de 2023, en el arranque de la legislatura, las “directrices de la actividad internacional” de la Cámara. Ahí se recoge que en todo viaje deberá ser comunicado el lugar del desplazamiento, la composición de la delegación, la duración del viaje oficial y la cobertura de gastos. Cada viaje es autorizado por la Mesa del Senado, aunque aquellos que atañen al propio presidente, Pedro Rollán, o al resto de integrantes del órgano de gobierno de la Cámara se dan por autorizados de antemano.

La página web del Senado recoge una relación de todos los viajes oficiales, más de 100 en lo que va de legislatura. El último, por ejemplo, es un “viaje de una delegación del Senado, encabezada por su Presidente, con motivo de la organización por las Cortes Generales del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, 23 a 27 de marzo de 2026”.

La Cámara Alta abona los gastos del transporte y de alojamiento de los senadores que asisten al viaje. Además, se incluyen “dietas por desplazamiento (que tienen por finalidad cubrir gastos distintos de los anteriores como los de traslado a y desde el aeropuerto, almuerzos y cenas durante el viaje oficial)” o “los gastos derivados del uso de la Sala de Autoridades en los aeropuertos” (cuando viaje algún miembro de la Mesa), así como “otro tipo de gastos extraordinarios que se consideren necesarios”, aunque estos “deberán autorizarse específicamente”.

El acuerdo asegura al menos un puesto a los dos grupos mayoritarios (PP y PSOE) en los viajes que organizan las comisiones parlamentarias, y permite que la Mesa pueda autorizar que otras personas ajenas puedan incorporarse a la comitiva.

Los vuelos se contratan, de forma habitual, “en clase preferente”, mientras los trenes “en clase club o similar”. “Como criterio general”, apuntan las normas, “las habitaciones que se reserven serán de categoría estándar, dobles para uso individual y con desayuno incluido”.

Nueve millones en transporte

El gasto en viajes oficiales no es el único que asume el Senado. Ni siquiera es el más oneroso del capítulo. La Cámara también abona los “gastos de los desplazamientos de los senadores” en territorio nacional, un desembolso de dinero público que no ha parado de crecer desde 2014, año a partir del que la ley obliga a publicar los datos.

Descontadas ese primer año (incompleto) y las dos legislaturas sin investidura (en 2016 y 2019), el gasto ha pasado de poco más de 2 millones de euros en 2015 a los 3,57 millones de 2025, último año completo publicado en la web del Senado.

La evolución ascendente solo se ha visto interrumpida por la pandemia, que afectó a los ejercicios de 2020 y 2021. El salto se produce en la presente legislatura, cuando el gasto ha superado los tres millones de euros anuales. 

A diferencia del contrato para viajes oficiales, en este caso se trata del dinero efectivamente gastado, por lo que se publica con cierto decalaje una vez que se ha cerrado la contabilidad. Así, la última actualización es de este mismo mes de mayo, con la aprobación del coste del primer trimestre del año, que ascendió a 935.377 euros.

El total en la presente legislatura, de la que resta más de un año salvo que haya un adelanto electoral, asciende a 9,28 millones de euros. Es más dinero del que se consumió en las anteriores legislaturas completas (8,14 y 6,96, respectivamente).

La “actividad parlamentaria”, la más costosa

¿Y qué gastos se cubren? “El Senado cubre los gastos de los senadores en los medios de transporte colectivo (avión, tren, autobús o barco), para el desempeño de su actividad parlamentaria, para realizar actividades de naturaleza política, sectorial o de representación institucional, así como también los viajes oficiales que se realicen en representación del Senado”, asegura la web de la Cámara Alta. 

Ese primer punto que habla del “desempeño de su actividad parlamentaria” ocupa el grueso del desembolso año tras año, e incluye un reembolso de “0,26 euros por kilómetro, así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas” cuando se utiliza el vehículo propio.

Fuentes oficiales del Senado explican que, precisamente, las modificaciones al alza del contrato “se han realizado debido al aumento de la actividad parlamentaria e institucional de los miembros del Senado, lo que ha incrementado el volumen de servicios inicialmente previsto”. 

Durante esta legislatura, el PP usó su mayoría para ampliar las semanas que se celebran pleno de dos a tres, lo que implica un incremento del gasto de desplazamiento de los senadores, aunque en los seis primeros meses de 2026 solo en uno, abril, se convocaron efectivamente esos tres plenos.

El Senado recurre a sus 'ahorros'

Para asumir el incremento del coste en viajes y transporte el Senado ha tenido que recurrir en los últimos años a la transferencia de fondos de unos conceptos a otros, o incluso a tirar del llamado “Fondo de Remanentes Presupuestarios”, es decir, de los ‘ahorros’ de la Cámara de cada ejercicio que se guardan para financiar gastos extraordinarios o imprevistos. El problema es que la prórroga presupuestaria en la que vive España desde 2023 afecta también a las Cortes Generales, que tienen también prorrogadas sus propias cuentas. Así, las cámaras tienen que ‘mover’ cantidades entre capítulos para cuadrar las cuentas.

Por ejemplo, en los últimos meses se han pasado “140.000 euros, del subconcepto 48000 ‘A instituciones sin conferencias’ al subconcepto 22606 ‘Reuniones” u otros “140.000 euros, del subconcepto 48000 ‘A instituciones sin fines de lucro’ al subconcepto 22606 ‘Reuniones y conferencias”. Son solo algunos ejemplos de las muchas transferencias aprobadas en diferentes reuniones de la Mesa del Senado, que también ha tenido que recurrir al “fondo de remanentes”, a los ahorros, para ajustar los gastos.

Todas estas transferencias fueron votadas a favor por el PP y rechazadas por el PSOE. Fuentes socialistas consultadas por elDiario.es tildan de “vergonzoso que se utilice el dinero público del Senado para pagar las ocurrencias y la propaganda del PP”. 

“A nadie se le escapa que la proliferación de comisiones de investigación ha incrementado significativamente la actividad de una Cámara que, paradójicamente, no cumple con su función territorial y solo es utilizada de manera partidista para atacar al Gobierno y crear desinformación”, sostienen las mismas fuentes.

Desde el PSOE aseguran que han optado por abstenerse en las ampliaciones de los contratos y en las transferencias presupuestarias en que “nunca” se van a “oponer al funcionamiento normal del Senado, que incluye viajes oficiales y gastos de transporte para asistir a plenos y comisiones ordinarias”. “Pero sí nos mostramos contrarios al uso sectario que hace el PP de una institución pública que pagamos entre todos y que hoy se parece más a un circo que a una institución dedicada a mejorar la calidad de vida de la gente”, concluyen.

El PP citará en las próximas semanas en una comisión de investigación del Senado al actual gobernador del Bando de España y exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y a la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar, tras la imputación del expresidente del Gobierno por su presunta participación ilegal en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y el cobro de comisiones también supuestamente irregulares.

La citación se producirá después de la declaración como investigado de Zapatero ante el juez de instrucción de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien decretó el pasado martes la imputación del expresidente y el registro de varias oficinas.

Así lo ha anunciado este jueves la portavoz parlamentaria del PP en el Senado, Alicia García, quien ha anticipado también las citaciones de Cristóbal Cano, el gestor del teórico pagador de Zapatero por sus intermediaciones, Julio Martínez Martínez, y de Manuel Aarón Fajardo, “el lugarteniente” del expresidente en Venezuela.

La portavoz del PP ha asegurado que “según el auto” del juez, “Plus Ultra no podía ser rescatada porque tenía deudas con la Seguridad Social”, asunto que se desbloqueó “por arte de magia” tras “una reunión entre Zapatero y el exministro.

“La deuda se aplazó y el rescate salió adelante posteriormente en el Consejo de Ministros”, ha sostenido García. “Por eso Escrivá tendrá que responder en esta Cámara” sobre “quién le dio la orden para reunirse con Zapatero y quién le exigió que hiciese desaparecer por arte de magia la deuda de Plus Ultra con la Seguridad Social”.

Según el auto del juez Calama, Plus Ultra tenía una deuda de más de 450.000 euros con la Seguridad Social, lo que habría impedido recibir el rescate durante la pandemia. Pero sí estaba al corriente de pago cuando se concedió el préstamo público ya que había negociado aplazar la deuda. Sobre aplazamiento quiere preguntar el PP a Escrivá.

En cuanto a María Gertrudis Alcázar, se trata de la secretaria personal de Zapatero ya desde hace 25 años, cuando era secretario general del PSOE y líder de la oposición. Gertru, como la conocen sus allegados, continuó esta labor en la oficina oficial del expresidente, desde donde teóricamente se cometieron los actos delictivos que investiga la Audiencia Nacional.

Críticas a las “recogidas de cable parciales”

García ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido “la defensa de Zapatero en un asunto de Estado”. “Defenderemos su inocencia hasta que nos demuestren lo contrario”, aseguró este miércoles en el Congreso.

“En cualquier democracia un Gobierno ya habría caído”, ha asegurado García en una rueda de prensa en el Senado en la que ha reclamado la convocatoria anticipada de elecciones generales.

Con todo, García ha reiterado la tesis oficial del PP sobre una hipotética moción de censura que no llega. Aunque ayer mismo Alberto Núñez Feijóo dijo que va a “hacer todo lo posible porque haya un cambio de Gobierno”, la realidad es que el primer partido de la oposición no termina de dar el paso de lanzar la única iniciativa parlamentaria que podría suponer el descabalgamiento de Sánchez.

“No nos faltan ganas, nos faltan votos”, ha dicho la portavoz. “No vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida porque nos faltan los votos”, ha insistido.

Alicia García ha arremetido contra los socios que mantienen el apoyo al Gobierno, pese a haber arreciado las críticas desde la izquierda. “Recogidas de cable parciales, no”, ha ironizado.

“Ellos tendrán que ser quienes decidan”, ha dicho. “Sus votantes, sus afines dirán qué hace sosteniendo al Gobierno más corrupto de la democracia. Tendrán que decidir ellos si quieren sostener a un Gobierno acabado y rodeado de corrupción”.

La comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la SEPI ha acogido este miércoles la comparecencia del auditor que analizó las cuentas de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de dinero público en la pandemia y que está en el punto de mira de la Justicia. El auditor Jesús Ángel Carbajo ha reconocido que durante esos trabajos vio “alguna factura” de Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez, el amigo de José Luis Rodríguez Zapatero que estuvo contratado por la aerolínea como una especie de facilitador para sus problemas en Venezuela y que, a su vez, contrató los servicios del expresidente por supuestos informes geoestratégicos.

Según información de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) aportada a la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, Plus Ultra pagó a Análisis Relevante un total de 301.290 euros entre 2020 y 2025. Además, otra de las empresas de Julio Martínez Martínez, Idella, firmó con Plus Ultra en enero de 2021 un contrato de “prestación de servicios de asesoramiento y enfoque estratégico” por el que, si se lograba el préstamo, el empresario percibiría un 1% más IVA de los 53 millones. Esto es, alrededor de 640.000 euros.

El auto admite que no hay “constancia del pago [de esa cantidad] en España” y apunta que esa remuneración se podría haber canalizado a través de una sociedad en Dubái creada a petición de Zapatero. Fuentes del entorno del expresidente señalan que han tenido conocimiento por terceros implicados en la trama de que esa sociedad de Dubái nunca llegó a crearse a pesar de que Julio Martínez Martínez sí se lo propuso a Tomás Guerrero, quien dirigía una oficina del Gobierno del emirato dedicada a facilitar exportaciones.

Sin embargo, el auto también hace referencia a un encuentro que tuvo lugar el 2 de marzo de 2021, con la ayuda de la SEPI a punto de ser aprobada, entre la cúpula de la aerolínea y Julio Martínez Martínez en la terraza de un restaurante. Ante la broma de este último sobre quién pagaría la cuenta señalando que “la SEPI no aprueba esos gastos”, el director financiero de Plus Ultra respondió: “Tranquilo, eso sale del 1%”.

En la comparecencia, el senador del PP Salvador de Foronda ha preguntado al auditor si la “salida de dinero” para esa presunta comisión del 1% estaba reflejada en la contabilidad de la compañía. “Sí, eso sí”, ha afirmado el auditor. Horas después, en conversación con este periódico, el auditor ha matizado que en ningún caso se quiso referir en su respuesta a una comisión del 1% por el rescate, sino que quiso confirmar que hubo pagos a la empresa de Julio Martínez Martínez tal y como reflejaba la contabilidad de la compañía.

Niega “irregularidades” en las cuentas 

Por otro lado, el auditor ha reiterado que no vio “irregularidades” en las cuentas de la aerolínea. “Los informes técnicos de auditoría son normas muy pautadas y nosotros tenemos la obligación de mirar cosas muy concretas y con esas es con las que emitimos. Todos los años, desde que llevamos auditando a la compañía, hemos hecho especial hincapié en los párrafos de énfasis porque era lo que considerábamos adecuado que había que hacer, no hemos considerado que hubiera que poner una salvedad porque una salvedad hubiera determinado que nuestro informe hubiera sido negativo porque hubiera irregularidades y nosotros irregularidades no hemos detectado”, ha aseverado.

La comparecencia del auditor se produce un día después de que trascendiera el auto del juez José Luis Calama que sitúa el origen de la trama corrupta en la que implica al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una reunión celebrada en el Ministerio de Transportes entre altos cargos de ese departamento y directivos de Plus Ultra. Tras esa reunión, los directivos alardearon de que habían sido recibidos por las “altas recomendaciones” y que el “pana Zapatero” estaba “detrás”. 

La resolución judicial no aclara si el rescate (préstamo) aprobado por el Consejo de Ministros a favor de Plus Ultra tuvo su origen en las presiones de los colaboradores de Plus Ultra, pero considera probado que la compañía pagó el 1% del préstamo a una empresa creada en Dubái por orden de Zapatero y solo participada por la compañía de Julio Martínez Martínez. 

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elDiario.es publicó una primera versión de esta información con el siguiente titular: “El auditor de Plus Ultra dice que la comisión del 1% del rescate para el amigo de Zapatero figuraba en la contabilidad”. El titular se basaba en la respuesta textual que ofreció el auditor a una de las preguntas formuladas por el portavoz del PP. Horas después, en conversación con este periódico, el auditor matizó que en ningún caso se quiso referir a una comisión del 1% por el rescate sino que quiso confirmar que hubo pagos a la empresa de Julio Martínez Martínez tal y como reflejaba la contabilidad de la compañía.

El diputado de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, volverá a ocupar un escaño en la Cámara Alta como representante de la Asamblea de Extremadura. Su elección se ha materializado en el pleno ordinario celebrado este jueves, donde ha contado con el respaldo de los diputados de extrema derecha y del PP, en cumplimiento del acuerdo del gobierno de coalición suscrito para investir a María Guardiola. La votación se ha saldado con la abstención del Grupo Socialista y el voto en contra de Unidas por Extremadura.

Gordillo, quien también ejerce como portavoz adjunto de Vox en el parlamento regional, regresa al Senado en sustitución del Laureano León (PP). Cabe recordar que León fue designado para el cargo en un momento en el que aún no se había formalizado el pacto que hoy sustenta al Ejecutivo extremeño, y del que forma parte como nuevo consejero de Cultura, Turismo y Deportes.

Asimismo, en este primer pleno ordinario tras siete meses, ha tomado posesión de su acta nueve diputados, tras la renuncia de ocho, todos del PP, como consecuencia de sus nombramientos como consejeros o altos cargos del Ejecutivo, y uno del PSOE.

Los ocho nuevos diputados del PP han jurado su cargo: Bibiano Serrano, María Durán, Miguel Ángel Nieto, José Manuel García Ballesteros, Olivia Labrador, Susana Rodríguez, Manuel Martín e Isabel Sánchez, así como el nuevo diputado del PSOE Julio César Rodríguez.

La incorporación a la Asamblea de los ocho nuevos diputados del PP se produce a raíz de los seis nombramientos como consejeras de Elena Manzano (Hacienda), Mercedes Morán (Industria, Energía, Ciencia y Territorio), Sandra Valencia (Educación y FP), Laureano León (Cultura, Turismo y Deportes), Sara García Espada (Salud y Atención a la Dependencia) y Guillermo Santamaría (Economía y Empleo).

También renuncian los diputados José Pedro Catalán Durán, pues asume el cargo de secretario general de Educación de la Consejería de Educación y Formación Profesional, y Julio Morales, ahora responsable de Extraval.

Por su parte, el diputado Julio César Rodríguez sustituye a José María Vergeles, quien recientemente anunció que dejaría su acta para regresar a su puesto de médico de familia. El exvicepresidente segundo y consejero de Sanidad anunció recientemente su salida de la primera línea política para reincorporarse a su plaza como médico de familia, cerrando así una etapa de peso dentro del grupo parlamentario socialista.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente ha rechazado que el trazado del AVE Madrid-Jaén vaya a plantearse en el eje de localidades como Alcázar de San Juan en Ciudad Real alegando razones “técnicas”.

El comentario se ha producido en el Senado y el ministro respondía así a la senadora del PP por Jaén Mariola Aranda, cuando preguntaba por el estado de las infraestructuras ferroviarias en la provincia andaluza.

Aranda, que es además teniente de alcalde del Ayuntamiento de Linares, no solo cuestionaba las inversiones ferroviarias en aquella provincia sino que reprochaba al ministro que fuese a Jaén “a presentar el bypass de Montoro como la gran solución a la alta velocidad”, en relación a la línea AVE Madrid-Jaén, que en su opinión no es tal solución.

“Nadie discute la alta velocidad, claro que la queremos, pero no aceptamos promesas que aplazan soluciones durante décadas”, decía la dirigente 'popular'. “Hablamos de una infraestructura compleja y de muy larga ejecución”, abundaba, con la que el Ministerio de Transportes, continuaba relatando “lleva más de cinco años para apenas 1,7 kilómetros del bypass de Almodóvar del Río”.

Era entonces cuando la senadora citaba la “alternativa” que están defendiendo hasta doce instituciones de Jaén, Toledo y Ciudad Real, muchas de ellas gobernadas por el PP (pero no solo), y que pasa por un trazado distinto.

“Existen alternativas viables que ya están sobre la mesa, como la opción norte por Mora-Alcázar de San Juan, una propuesta que permitiría conectar Jaén con Madrid en aproximadamente 2 horas y 48 minutos, reducir costes y mantener las conexiones actuales”, ha defendido.

“Usted aseguró que iban a seguir mejorando la línea convencional, pero un año después la realidad es contundente: no hay mejora en tiempo, no hay más trenes, no hay más frecuencia. Después de este abandono, lo que este gobierno está pidiendo a los jienenses no es paciencia, es resignación ante el aislamiento”, espetaba al ministro.

Ha sido entonces cuando Óscar Puente, en su turno de cierre, rechazaba el planteamiento de la 'popular'. “Dice usted que el bypass de Montoro no es la mejor solución técnica. Debo decirle que esa no es la solución que comparten los técnicos de ADIF. La mejor opción es la del bypass de Montoro, una solución que reduciría en 50 minutos las tres horas 42 que se tarda en este momento en ir desde Madrid hasta Jaén, dejándolo en apenas dos horas 50 minutos. Es una solución competitiva”.

Para el ministro, “lo primero” es hacer el estudio informativo para después licitar el proyecto y construir, aunque no será a través de lo que las plataformas ciudadanas, ayuntamientos y otros colectivos están reivindicando y que han dado en denominar 'el tren de la Mancha'.

Tras las palabras del ministro, la Plataforma en Defensa del Tren del Centro de la Mancha ha anunciado que seguirá defendiendo la “alternativa norte” para el AVE Madrid-Jaén por Alcázar de San Juan -Madridejos-Consuegra y Mora-Orgaz, estas últimas localidades en la provincia de Toledo. El portavoz José Damián García-Moreno ha anunciado que seguirán con nuevas acciones en próximos días y semanas para defender su posición.

El Gobierno niega haber utilizado fondos europeos para el pago de pensiones y defiende la legalidad de efectuar modificaciones presupuestarias, haya unas cuentas en vigor o sean prorrogadas, después de que el Partido Popular les haya acusado de usar el Plan de Recuperación como “respiración asistida del sanchismo”.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado en el Senado que las modificaciones presupuestarias –la vía que ha permitido efectuar cambios en las cuentas prorrogadas, a pesar de que no se han aprobado unos Presupuestos Generales del Estado desde 2023– son un “instrumento ordinario”, legal, y que los fondos europeos se han destinado “exclusivamente” a las inversiones comprometidas con Bruselas.

El Partido Popular ha salido este martes en tromba contra el 'número dos' del Ejecutivo durante la sesión de control en la Cámara Alta, aprovechando el informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024 del Tribunal de Cuentas. El supervisor afeó que en aquel año se utilizaron de fondos europeos “sobrantes” para atender el pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos por importe de 2.389,4 millones de euros, según recoge EFE.

En una intervención en la que ha hilado desde el juicio al exministro José Luis Ábalos a la gestión del hantavirus, la portavoz popular, Alicia García, ha dicho que el Ejecutivo utiliza el “método del trilero”, moviendo dineros entre partidas presupuestarias y usando los fondos europeos como “respiración asistida del sanchismo”.

Un instrumento “ordinario” y “transparente”

Una acusación en la que ha incidido el senador Gerardo Camps, también de los populares, asegurando que han convertido la “oportunidad histórica” del Plan de Recuperación en “oxígeno presupuestario” para seguir en el poder. “La pregunta que miles de pensionistas tienen derecho a preguntarse es inquietante: si no hubieran existido los fondos europeos, ¿habría podido este gobierno ejecutar con normalidad el pago de las pensiones?”, se ha cuestionado, ominoso.

Cuerpo, al que le han reprochado su “serenidad impostada” y ser “la sonrisa tranquila del régimen sanchista”, ha defendido que las modificaciones presupuestarias son “instrumentos ordinarios” y “transparentes” para adaptar las cuentas públicas ante circunstancias sobrevenidas. Este año ya se han reprogramado 32.000 millones de euros, entre los que se han destinado 7.300 millones para hacer frente al impacto de las borrascas de principios de año o 10.300 millones para poner en marcha el fondo España Crece.

Para defenderse de las acusaciones de trilerismo, Cuerpo ha esgrimido los datos de las modificaciones presupuestarias efectuadas por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda entre 2012 y 2018 en el Gobierno de Mariano Rajoy: 193.000 millones.

“Los fondos del Plan de Recuperación se destinan exclusivamente a los proyectos e inversiones recogidos en el Plan de Recuperación y esto forma parte de su éxito”, ha zanjado el vicepresidente en su cara a cara con la portavoz popular.

Hacienda ya defendió que era legal el traspaso entre partidas presupuestarias en sus alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas, aunque fueran de créditos procedentes de fondos europeos, ya que no todos los ejercicios se perciben las mismas anualidades del Plan de Recuperación.

La Comisión Europea autoriza los desembolsos en función del cumplimiento de una serie de hitos y objetivos, con independencia del coste ejecutado, por lo que “existe una total desconexión entre los recursos recibidos y los gastos necesarios para dar cumplimiento a dichos hitos y objetivos”. Y una prórroga supondría adjudicar a 2024 los mismos recursos que en 2023, aunque las necesidades y recursos a percibir fueran distintos.

Por ello, los criterios de prórroga presupuestaria aprobados por el Gobierno establecieron la adaptación del servicio 50 de 2023 a las necesidades presupuestarias de 2024, lo que se tradujo en la identificación y puesta a disposición de Hacienda de 4.528 millones de créditos sobrantes: 1.965 millones del Ministerio de Industria, 1.380 millones de Vivienda y 1.183 millones de Educación. Parte de estos créditos sobrantes se utilizaron para financiar el complemento de pensiones mínimas (667 millones), una opción permitida legalmente por los presupuestos de 2023, y para ampliar la partida de clases pasivas (1.722 millones), tal y como permite la Ley General Presupuestaria, explica Hacienda en el documento, recogido por EFE.

De hecho, en la Comisión Europea no hay demasiada preocupación, más allá del anuncio de que estudiarán el caso. Según un portavoz comunitario, los Estados miembros pueden tener que adelantar dinero para financiar algunas inversiones de sus planes de recuperación antes de recibir los fondos europeos y, “de manera similar, un Estado miembro puede también utilizar la liquidez de los pagos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para cubrir otros gastos”. “En principio, estas operaciones ordinarias de gestión de tesorería por parte de los Estados miembro no afectan a los intereses financieros de la Unión ni tienen consecuencias para la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, añadió.

El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón ha propuesto al abogado Javier Alonso como nuevo senador por designación autonómica, en virtud del pacto de gobierno con el PP, por el que ambos partidos se comprometieron a votar al candidato propuesto por la formación de Santiago Abascal. El futuro senador, sin embargo, no dejará su acta y seguirá desempeñando también su cargo de diputado autonómico.

Según informa la formación, Alonso (Zaragoza, 1974) cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional, donde se ha especializado en derecho civil, mercantil y económico penal, han informado desde Vox.

Javier Alonso ha trasladado su agradecimiento a la formación por la confianza, a la par que ha garantizado “seguir trabajando, ahora desde el Senado, para defender las políticas de sentido común que ya comparten más de 117.000 aragoneses y cada vez más españoles”.

Respecto al trabajo de Vox en el Senado, ha destacado que “es la única formación que ha demostrado estar dispuesta a ilegalizar a los herederos de ETA, EH Bildu, quienes jamás han condenado los sanguinarios crímenes de esta banda terrorista y siguen amparando y promoviendo los repugnantes actos de enaltecimiento a etarras que tienen lugar en determinados municipios de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra”.

A Aragón le corresponden dos senadores por designación autonómica y, salvo sorpresa en la votación, uno irá para el candidato elegido por PP y Vox, Javier Alonso, que sustituirá al popular Eloy Suárez, mientras que el otro será el socialista Rafael Guía, líder del PSOE en Teruel y alcalde de Andorra, que sustituye a Mayte Pérez por decisión de la Ejecutiva regional socialista.

En las elecciones autonómicas celebradas el pasado 8 de febrero, tanto Alonso como Guía fueron elegidos diputados, uno por la provincia de Zaragoza y el otro por la de Teruel. El senador por Vox compatibilizará su cargo con el de diputado autonómico, pese a que en un principio se comunicó que dejaría su acta, no así el del PSOE, Rafael Guía que será sustituido por Carlos Ros Alonso en el grupo parlamentario socialista.

Uno de los últimos movimientos que le quedaban al PSOE aragonés en el proceso de renovación interna que vive desde la elección de Pilar Alegría como secretaria general, y que ha supuesto la purga de prácticamente todos los nombres vinculados a su antecesor Javier Lambán, era designar quién será la persona que suceda a Mayte Pérez como senador o senadora autonómica. Y la respuesta se conocerá tan pronto como el lunes, el día anterior a que expire el plazo en el que hay que proponerlo a las Cortes de Aragón. Pese a que habría surgido el rumor de que Zaragoza capital trataría de obtener este botín, finalmente será la provincia de Teruel la que represente al partido en la Cámara alta.

El lunes, los socialistas turolenses celebrarán una Comisión Ejecutiva Provincial en la que decidirán a quién eligen dentro de una terna –en principio, ya que no se descarta al 100% que al final surjan nuevos candidatos– compuesta por Rafael Guía, alcalde de Andorra y secretario provincial; Carlos Ros, alcalde de Ariño y miembro de la Ejecutiva de Pilar Alegría, y Joaquín Noe, exalcalde de esta localidad y secretario de Organización provincial.

Así lo han apuntado a este periódico fuentes del partido, que confirman que el territorio elegido para quedarse con el puesto de senador es la provincia turolense. En algunos foros se había apuntado a la posibilidad de que fuese Zaragoza capital la que optase al cargo, con el objetivo de la dirección del partido de acallar el runrún que nunca cesa en este importante núcleo. Sin embargo, por una cuestión de equilibrios internos en el partido será finalmente Teruel. Porque, de perderlo, de los puestos de relevancia a repartir en el partido en las Cortes de Aragón –los dos miembros de la Mesa, el escaño de senador autonómico, el portavoz parlamentario y el portavoz adjunto– Teruel se habría quedado únicamente con este último, de lejos el de menor importancia.

Mayte Pérez dejará el cargo un año después

La persona elegida relevará a Mayte Pérez, quien dejará este cargo apenas un año después de su designación. La exsecretaria provincial aceptó renunciar como diputada autonómica –era la portavoz socialista– e irse a la Cámara alta para no tensionar el partido y a su entorno y para facilitar una transición tranquila. A cambio, la nueva dirección del partido se comprometió a contar con ella para los órganos socialistas y para las listas electorales, algo que por ahora no ha sucedido.

Pese a retener el puesto en el Senado, la situación interna del partido en Teruel se encuentra lejos de estar tranquila. Según ha podido constatar elDiario.es de varias fuentes, hay malestar por la “inacción” de la dirección provincial, algo que no es nuevo ya que las mismas voces surgieron durante la campaña electoral respecto del trabajo llevado a cabo con anterioridad. A esto se suma la “descompensación” que hay entre la denominada 'tierra alta' y la capital, que “está ninguneada”, según estas fuentes. Lo cierto que es la mencionada terna para el Senado proviene de una única comarca, Andorra-Sierra de Arcos, dentro del partido judicial de Alcañiz.

La senadora por Más Madrid, Carla Antonelli, ha abandonado este martes la comisión de Igualdad después de que la también senadora María Asunción Mayo (PP) haya emitido frases que, según un comunicado de la formación, “vejaban su identidad y expresión de género y del colectivo de las personas trans”.

Antonelli había pedido amparo en varias ocasiones a la presidenta de la comisión, Rosa María Romero Sánchez, también del Partido Popular, después de que Mayo se refiriera al colectivo trans con expresiones como “convertirse en mujer”.

La senadora del PP, que había afirmado que su partido era “el único que defendía a las mujeres”, se mostró a favor de que se permitiera participar en el deporte a las personas trans, pero “no a costa del sacrificio de las mujeres”. Mayo ha recordado que Lydia Valentín, campeona olímpica de halterofilia, recibió dos de esas medallas “en un despacho” por detectarse dopaje en varias de las primeras clasificadas. Sin embargo, en ninguno de esos casos se trataba de deportistas trans.

Pese a ello, la 'popular' relató que “en los Juegos Olímpicos de Londres quedó cuarta y todo el podio se fue por doping. ¿Qué es nacer con un sexo, hacer la transición y convertirte en mujer? El doping está castigado tanto si es voluntario como si es involuntario. Tú lo puedes hacer para hacer trampas o porque tu médico equivocadamente te dio una medicación por un problema que tenías”. Antonelli protestó a la presidenta tras esta declaración, que consideró una “barbaridad” y señaló que se la estaba “insultando”. “No ha habido ningún insulto”, respondió Sánchez. “Me está faltando al respeto. Nadie se convierte en mujer”, exclamó Antonelli, mientras Mayo la rebatía desde su asiento.

Minutos después, tras concedérsele la palabra, la senadora de Más Madrid expresó: “Ninguna persona nos cambiamos de sexo para ser mujeres o para ser hombres. Somos mujeres y adecuamos nuestro físico a nuestro cuerpo. He tenido que escuchar hoy una serie de insultos, vejaciones y denigraciones hacia mi persona y hacia el colectivo de las personas transexuales. Y usted, como presidenta, no me ha dado amparo. No todo vale”.

Tras ello, Antonelli ha anunciado que se iba. Mientras se marchaba de la sala, Sánchez ha alegado que “aquí no ha habido ningún insulto ni yo como presidenta lo hubiera consentido”.

“Nos guste o no”. Así ha lamentado el senador del PP Severiano Cuesta que la actual legislación española no permite ilegalizar a la coalición vasca EH Bildu, tal y como ha reclamado este miércoles Vox en la Cámara Alta. El partido de Alberto Núñez Feijóo se ha abstenido en una moción de los ultras para sacar del juego político a los 'abertzales', aunque han asegurado que no es algo que decida el PP, sino los tribunales.

Vox ha defendido este miércoles una moción (un texto meramente declarativo y sin vinculación legal) que considera que la actividad de EH Bildu “vulnera los principios democráticos, derechos humanos y apoya el terrorismo de forma grave y reiterada”.

El partido de Abascal se ha acogido a la ley de partidos, aprobada con José María Aznar en el Gobierno y ETA activa, y que permitió en su día la ilegalización de Herri Batasuna y las diferentes marcas con las que se intentó reconstruir el partido ligado a la organización terrorista. El motivo fue, precisamente, el “apoyo o justificación” a esa violencia.

Vox planteaba que EH Bildu “no puede disociarse de la trayectoria de ETA”, organización terrorista que no existe desde 2011. Para el partido ultra existe una relación por la inclusión en candidaturas electorales de personas condenadas por delitos relacionados con la banda o que su coordinador general sea Arnaldo Otegi, condenado por pertenencia a ETA y por “enaltecimiento” del terrorismo.

La ley de partidos permite que el Congreso o el Senado insten al Gobierno a promover “la ilegalización de formaciones que apoyen o justifiquen la violencia terrorista”. Y eso ha reclamado, sin éxito, este miércoles ante el Pleno.

Pactan revisar la política penitenciaria

La respuesta del PP ha sido ponerse de perfil. Ni a favor ni en contra, más allá de los límites legales que ha reconocido el senador Cuesta, quien, de hecho, ha apelado a la “frustración” que podría generar en la sociedad instar la ilegalización de EH Bildu solo para que el Tribunal Supremo o el Constitucional la tumben, como ya ocurrió hace tres lustros.

Tal y como ha recordado Cuesta, en 2011 y en 2012 se instaron las ilegalizaciones de EH Bildu y de Sortu (el principal partido de la coalición). Ambas iniciativas fueron tumbadas por el tribunal de garantías. Y hoy los “criterios no se cumplen”, ha asumido el senador.

“Nos gusten o no, no se cumplen”, ha lamentado, para añadir que “los españoles necesitan certezas, no brindis al sol”.

“Una cosa es la postura política y otra muy distinta la viabilidad legal”, ha apuntado, para plantear que eso “no implica que no se puedan tomar medidas para que los terroristas de ETA no campen a sus anchas en nuestras calles y sean tratados como héroes, se esclarezcan los asesinatos por ellos cometidos, se respete la dignidad de las víctimas, se eviten homenajes a los asesinos y se persiga la violencia callejera”.

Porque PP y Vox sí han coincidido en otro punto del orden del día en el Pleno del Senado: poner en marcha una ponencia de estudio dentro de la Comisión de Interior para revisar el artículo 100.2 del reglamento penitenciario que ha permitido que algunos presos de ETA puedan salir a la calle durante el día a realizar determinadas labores y en circunstancias muy concretas.

Para el PP, la aplicación de este artículo supone la concesión “encubierta” de semilibertades a estos reclusos. Así, el Senado ha aprobado una moción que, con el apoyo de Vox y UPN, pide revisar el reglamento porque “desde que el País Vasco asumió estas competencias” se han producido “salidas de prisión de presos etarras cuyas condenas en absoluto han sido cumplidas”.

La aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario es una decisión del Gobierno vasco de acuerdo a las autoridades carcelarias, pero pasa también el filtro de la Audiencia Nacional. El tribunal madrileño solo ha tumbado dos de las decenas aprobadas.

Tellado pidió ilegalizar a los independentistas

No es la primera vez aue el PP coquetea con la ilegalización de partidos tras el final de ETA.

En enero de 2024, el entonces portavoz y hoy secretario general, Miguel Tellado, presentó una iniciativa legislativa que proponía la disolución de las organizaciones o personas jurídicas por promover consultas o referéndums de autodeterminación.

Así se recogía en una enmienda del PP a la ley de amnistía que, entonces, se debatía en el Congreso. La idea suponía, en la práctica, la ilegalización de partidos políticos como ERC, Junts, EH Bildu, el BNG o incluso el PNV.

Tellado tuvo que enmendarse a sí mismo un día después, y el PP al final renunció a su propuesta.

Un mes después, diferentes medios, entre ellos elDiario.es, publicaron que Feijóo había negociado con Junts su investidura tras las elecciones de 2023.

Según revelaron en febrero de 2024 fuentes cualificadas de la dirección, el PP estudió la amnistía, aunque la descartó, y sí planteó a los negociadores la posibilidad de indultar a Carles Puigdemont, el que fuera presidente de la Generalitat durante el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la posterior , y fallida, declaración de independencia.

Després d'un llarg període, i després d'una reforma constitucional -ajust o supressió de vocables-, s'atorga el senador que li correspon a l'Illa de Formentera.

Després de la Proposició de reforma, per fi (ja que va presentar-se l'expedient el Parlament de les Illes Balears en la XII Legislatura), i ara, en la XV Legislatura Espanyola, s'ha reformat l'art.69.3 que permetrà a Formentera que elegeixi un senador propi -i no tenir-ne un a temps parcial que en la pràctica compartia amb l'illa d'Eivissa-.

Després de la seva admissió a tràmit com a Proposició de reforma constitucional al setembre de l'any 2023, es buscava suprimir el terme “agrupació d'Illes”, en aquesta unió Eivissa-Formentera, i el guió entre ambdues, a fi de crear una circumscripció electoral independent al senador per l'illa de Formentera i que, en les immediates eleccions, després d'aquesta reforma tingués un senador.

A partir de la reforma estatutària de 2007, en virtut de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, que va aconseguir la creació d'un Consell Insular propi per a l'illa de Formentera; i la creació del Consell Insular de Formentera, constituït el 10 de juliol de 2007, que estableix que s'integri en el citat consell insular l'Ajuntament de Formentera, la reivindicació ha estat una constant, tant a nivell insular com autonòmic.

Fins i tot, sent un territori amb una població a nivell nacional no reduïda, i al costat d'això, que el Consell de Formentera sigui una institució singular en el conjunt del Dret espanyol, amb personalitat jurídica única, però amb diverses naturaleses jurídiques superposades. Certament, posa fi a una dependència administrativa històrica lligada amb l'illa d'Eivissa. Per tant, la lògica possibilitat d'elecció d’un senador propi.

En principi, malgrat ser una cosa aparentment simple i sense problemes polítics, i comptar amb suport previ del Consell i del Parlament balear, i amb un acord de tramitació directa i en lectura única (176 vots a favor, 33 en contra, 138 abstencions).

Finalment, en la votació tant del Ple en el CD com al Senat va sofrir abstencions i vots en contra, encara que amb una majoria suficient per a la seva aprovació.

Així, encara que està pràcticament resolt, després de l'aprovació pel Ple del Congrés dels Diputats en la seva sessió del dia 26 de març de 2026, i havent obtingut aquest text, en votació final, la majoria de tres cinquens prevista en el citat precepte constitucional. I l'aprovació per part del Ple del Senat en la seva sessió del dia 22 d'abril de 2026 i havent obtingut aquest text, en votació final, la majoria de tres cinquens i sense introduir modificacions al text remès pel Congrés dels Diputats. Conclourà el 12 de maig de 2026, després de fer-se pública l'obertura del termini de quinze dies previst en l'article 167 de la Constitució Espanyola, dins del qual una desena part dels membres de la Cambra podrà sol·licitar que la reforma aprovada per les Corts Generals sigui sotmesa a referèndum per a la seva ratificació.

El Parlamento Vasco propondrá la semana próxima al Senado a los juristas Xabier Arzoz y Javier García Roca como candidatos al Tribunal Constitucional. Son nombres lanzados por PNV y PSE-EE, respectivamente. Por diferentes circunstancias, los intentos de 2013, 2015, 2016 ó 2022 de activar ese procedimiento no se llevaron a término y es algo que no se somete a consideración de la Cámara desde 2008. Pero no es un mero trámite. Hace 18 años se plantearon también dos nombres, los de José Luis Aurtenetxe y Adela Asua. Y la segunda, propuesta por los socialistas, acabó como magistrada y vicepresidenta de la corte de garantías.

Arzoz, el propuesto por el PNV, tiene un amplia formación en derecho, es catedrático de la UNED y ha sido letrado en el Constitucional precisamente al lado de Asua primero y después del ahora presidente, Cándido Conde-Pumpido. Ha participado como asesor de la Defensoría del Pueblo estatal en el proceso de reparación de las víctimas de violencia sexual en la Iglesia católica y tiene 150 publicaciones y una veintena de libros entre obras propias, compartidas o coordinadas. Están hechas en castellano, euskera, inglés y alemán.

Se da la circunstancia de que Arzoz compareció en noviembre de 2025 en el Parlamento en el marco de la reforma sobre la normativa de empleo público en lo tocante a las exigencias de euskera en la Administración tras una sucesión de recursos y sentencias judiciales. Se trata de una doble tramitación que sigue abierta, aunque ya es público que hay una brecha en el Ejecutivo de PNV y PSE-EE. Por un lado, se analiza una propuesta de artículo único del PNV para dotar de “seguridad jurídica” a las instituciones locales en sus convocatorias modificando los índices de obligado cumplimiento preexistentes; por otro lado, EH Bildu ha planteado un articulado más amplio para solicitar de entrada ambas lenguas oficiales, inspirada en el modelo catalán o gallego, y luego regular las excepciones.

Arzoz, el ahora candidato del PNV, no fue precisamente benévolo con la iniciativa legislativa de ese partido. Mencionó que el texto de los nacionalistas “no era muy comprensible” y que, en lo tocante a la seguridad jurídica, no preveía grandes cambios en las sentencias, es decir, que la propuesta fuese a ser “efectiva”. La calificó de “parche”. Después aludió al texto de EH Bildu, mencionó su inspiración gallega y catalana y señaló que el Constitucional, órgano al que aspira a entrar, no las ha anulado, aunque con el relevante matiz de que el alto tribunal tampoco ha ofrecido un “cheque en blanco” a exigencias de todo lo que no sea castellano. El portavoz del PNV en la ponencia legislatura, Markel Olano, encajó la intervención asumiendo que habían recibido “palos”. “Elijamos la fórmula que elijamos, no tendremos seguridad del 100%”, se defendió, poniendo en valor a sus juristas.

García Roca, de su lado, es licenciado en derecho y diplomado en economía. También ha sido letrado del Constitucional y miembro de diferentes órganos jurídicos. En su currículum se mencionan, igualmente, hasta once obras relativas al constitucionalismo, incluidas una “pautas para una reforma”, editado en 2014.

De los doce integrantes del Constitucional, cuatro los designa el Senado. La Cámara alta de las Cortes Generales, a su vez, pide dos nombres a cada uno de los Parlamentos autonómicos. En ese contexto, el presidente, Pedro Rollán, escribió a su homóloga vasca, Bakartxo Tejeria, y se los solicitó. El pleno los visará la semana que viene. Solamente PNV y PSE-EE han propuesto sus candidatos, de modo que se da por hecho que serán elegidos Arzoz y García Roca, ya que ambas formaciones gozan de mayoría absoluta. Tras varios intentos fallidos por disoluciones o del Senado o del Parlamento Vasco, hay que remontarse a 2008 para encontrar una votación similar. De los 65 participantes en aquella sesión solamente quedan dos en la actualidad, la propia Tejeria, entonces parlamentaria rasa del PNV, encabezado por Juan José Ibarretxe como lehendakari, y Laura Garrido del PP. La izquierda abertzale de entonces, EHAK, no participó, y tenían presencia partidos como EA, Aralar y EB (la marca de entonces de IU). En el grupo del PP ocupaba un escaño Santiago Abascal, actual líder de Vox.

El PP ha vetado este jueves que el Senado se persone como parte perjudicada en la causa judicial que investiga el supuesto espionaje cometido por dos extrabajadores de la Cámara y que afectó tanto a parlamentarios como a personal interno. La derecha ha recurrido a su mayoría absoluta para rechazar en la Mesa del Senado una petición del PSOE para que la institución solicite su personación en la instrucción.

El juzgado de instrucción número 45 de Madrid ha abierto una investigación tras una denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid, que realizó pesquisas durante varios meses para concluir que existen indicios de delito.

La titular del juzgado, Luisa María Prieto Ramírez, ha llamado a declarar como imputados a los dos informáticos despedidos hace ahora un año, tal y como adelantó ayer elDiario.es.

El Senado tiene conocimiento de la denuncia de la Fiscalía al menos desde el pasado mes de febrero, cuando la Mesa de la institución (el órgano de gobierno interno). Ya entonces el PSOE reclamó que la propia Cámara solicitara su personación en la causa, pero la letrada mayor, Sara Sieira, aseguró que “a su entender” la Cámara “ya no tiene ningún papel ni interés en el proceso”, según se puede leer en el acta de la reunión.

Sieira planteó al PSOE que podía dirigir un escrito para que la propia Mesa, controlada por el PP, debatiera la decisión política de personarse en la causa.

Ese debate se ha producido este jueves. El PSOE ha pedido que el Senado se persone en la causa, pero el PP ha tirado de mayoría absoluta para vetar la petición, pese a que la institución fue claramente perjudicada por la actuación de sus extrabajadores. De hecho, la versión oficial de la dirección de la Cámara es que ningún senador fue perjudicado, pero sí los ordenadores, equipos y documentos de organismos tan relevantes como la Secretaría General (que ejerce el mando administrativo de todo el Senado).

Fuentes del propio Senado ya anticiparon ayer a este medio que no había intención alguna de ser parte de la causa.

En un comunicado, el PSOE se pregunta “¿qué tiene que ocultar?” el PP. “¿Por qué no quiere formar parte de una investigación que afecta directamente a la seguridad de la Cámara?”, se cuestionan.

“Los senadores tienen derecho a conocer las diligencias de investigación con transparencia y el PP no debe bloquearlo con su mayoría absoluta”, añade el comunicado, que denuncia que el PP “se ha negado” a trasladar al PSOE “información” sobre la denuncia.

Desde la Presidencia del Senado que ocupa Pedro Rollán se asegura a elDiario.es que “la Cámara no tiene nada que ver” con lo ocurrido hace un año. “Se hizo un informe que decía que estos señores no habían tenido acceso a datos personales, a los ordenadores ni a ningún dispositivo” de los senadores. Por lo que “la decisión de la Mesa ha sido no personarse”.

El juzgado de instrucción número 45 de Madrid ha llamado a declarar como imputados a los dos informáticos despedidos del Senado el año pasado por acceder de forma ilegítima a equipos de parlamentarios y trabajadores de la Cámara Alta, según ha confirmado elDiario.es de fuentes jurídicas. Ambos deberán comparecer el próximo 24 de junio ante la jueza, quien abrió la causa por un delito genérico de ataque a sistema informático, de acuerdo a las citadas fuentes. La magistrada ha puesto en marcha el procedimiento a instancias de la Fiscalía, que presentó una denuncia el pasado 22 de enero por un presunto delito de descubrimiento de secretos tras investigar los hechos de forma reservada durante seis meses. El auto de apertura de diligencias por parte del juzgado está fechado el pasado 15 de abril.

El escándalo salió a la luz en mayo de 2025, cuando el Senado despidió a dos empleados por acceder sin permiso a ordenadores personales de parlamentarios y otros trabajadores. El PP, que domina la Cámara Alta con mayoría absoluta, intentó desmontar desde el principio las acusaciones de espionaje y trató de circunscribir la actuación de los dos informáticos, que están casados, al intento de asegurarse sendos ascensos en el escalafón interno.

Esa fue la conclusión que defendió el PP, apoyado en los informes de los servicios internos de la Cámara, con la letrada mayor, Sara Sieira, al frente. La Cámara Alta aseguró que los trabajadores no accedieron sin permiso al ordenador de ningún parlamentario y que solo obtuvieron “información específica sobre los procesos de promoción interna” en equipos de la Secretaría General. Pero la resolución definitiva del expediente sancionador que sirvió para despedir a ambos sí constata “accesos indebidos” de ambos “a los portafirmas” de otros empleados, de “diversos senadores” y de “la letrada mayor”.

Los técnicos informáticos, que formaban parte de la plantilla del Senado como personal laboral, presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para tratar de anular el despido, ya que consideran que no existió infracción laboral alguna. Fuentes de su defensa aseguran que ese pleito todavía no se ha resuelto. 

La investigación interna tampoco justificó por qué los dos trabajadores habían accedido a equipos que poco o nada tenían que ver con el proceso de promoción interna abierto y para el que, supuestamente, querían obtener ventaja. De hecho, el director del Departamento de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Senado, Manuel Pereira, dijo haber detectado accesos ilegítimos de ambos trabajadores desde marzo de 2024, pero el concurso se convocó en septiembre. Incluso aunque en el seno de la Cámara se supiera que se iba a poner en marcha el proceso, algo habitual, los méritos no se hubieran tenido que aportar hasta después de la convocatoria oficial. 

“Un alto riesgo”

La Mesa del Senado, a petición del PSOE, trasladó por unanimidad lo ocurrido a la Fiscalía y a la Agencia de Protección de Datos. El órgano administrativo cerró de plano las pesquisas porque, según explicó, el Senado tomó las medidas adecuadas para evitar que se replicara el ataque, y que este no entrañó “un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas”.

La Fiscalía sí abrió una investigación para determinar si existía algún indicio, por leve que fuera, de la comisión de algún delito. En un escrito remitido en septiembre del año pasado al presidente del Senado, Pedro Rollán, se aseguraba que los “hechos podrían ser, en su caso, constitutivos de infracción penal”. Las pesquisas las dirigió la fiscal Eva Calafat, de la Sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía de Madrid. Se trata de una unidad especializada en las investigaciones criminales vinculadas a la ciberdelincuencia y a la utilización de las nuevas tecnologías y de internet. 

La Fiscalía acabó judicializando los hechos y su denuncia recayó en el juzgado de Instrucción 45 de Madrid que preside Luisa María Prieto Ramírez, quien abrió diligencias por un delito genérico de ataque a sistema informático, de acuerdo a las fuentes consultadas. La denuncia de la Fiscalía se presentó el pasado mes de enero. El Senado fue informado y el asunto se debatió en la Mesa del 16 de febrero, según consta en el acta oficial de la reunión.

La secretaria general explicó que no se les había trasladado copia de la denuncia “porque el Senado no es parte en el proceso”. Ante las quejas de uno de los representantes socialistas, el secretario cuarto, Francisco Manuel Fajardo, Sieira aseguró que “a su entender” la Cámara “ya no tiene ningún papel ni interés en el proceso”, según se puede leer en el acta de la reunión. En todo caso, Sieira planteó al PSOE que dirija un escrito para que la propia Mesa, controlada por el PP, debata si la Cámara debería personarse en la causa.

Fuentes del Senado aseguran a elDiario.es que la Cámara “no es parte ni está personado en la causa penal”. Y no lo quiere estar, salvo que la Mesa decida lo contrario. Desde el Senado apuntan que “la auditoría interna concluyó que no hubo ningún acceso a los ordenadores personales de los senadores ni a ningún dispositivo de estos”. “Tampoco existió ningún acceso ilícito a ninguna documentación ni portafirmas electrónico de senadores ni miembros del personal o personal al servicio de los grupos parlamentarios”, apuntan las mismas fuentes, pese a que los expedientes internos afirman lo contrario. “No hubo suplantación de la identidad de ningún senador, nadie utilizó los usuarios ni las claves de los Senadores para realizar ningún acceso ilícito”, concluyen las fuentes del Senado.

Fundación Eurocaja Rural ha participado esta mañana en la presentación del VI Estudio ‘Evolución de la Percepción de los Avances en la España Rural 2025‑2026’, celebrada en la Sala Europa del Senado, una iniciativa impulsada por la Cátedra de Despoblación y Desarrollo Rural de Next Educación y Fundación AXA que analiza la evolución, retos y oportunidades del medio rural en España.

En este acto han intervenido el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto Aranzábal; el secretario general para la lucha contra la despoblación, Francésc Boya Alós; y el presidente de Next Educación y director de la Cátedra de la Despoblación y Desarrollo Rural, Manuel Campo Vidal, quienes han subrayado la importancia de impulsar la sostenibilidad y el desarrollo del medio rural y de promover “estudios rigurosos que permitan analizar la situación real de nuestros núcleos rurales y diseñar políticas eficaces frente al reto demográfico”.

La gerente de Fundación Eurocaja Rural, Susana Cortés Martínez, ha participado desde el escaño del Senado subrayando el compromiso de Eurocaja Rural y su Fundación con la cohesión territorial, el apoyo al emprendimiento y la lucha activa contra la despoblación en los territorios donde opera, en línea con su constitución como entidad de economía social hace más de 60 años.

Conclusiones del estudio

El VI Estudio ‘Evolución de la Percepción de los Avances en la España Rural 2025‑2026’, elaborado a partir de una amplia encuesta a población vinculada al medio rural, constata “una mejoría en la percepción de los avances, aunque subraya que estos siguen siendo limitados”. Entre los principales retos señalados destacan el exceso de burocracia, la falta de vivienda y el escaso apoyo a los emprendedores, así como la necesidad de una mayor coordinación entre administraciones.

En este contexto, Susana Cortés subrayó “la importancia de seguir impulsando proyectos que generen futuro, que fortalezcan el tejido social y que contribuyan a que nuestros pueblos sigan siendo espacios vivos, dinámicos y llenos de posibilidades”. En definitiva, permitir que cada persona pueda elegir dónde vivir, sin ninguna limitación.

Iniciativas promovidas por Eurocaja Rural y su Fundación

La entidad financiera y su Fundación desarrollan una labor “continuada” para favorecer el progreso socioeconómico y fortalecer el desarrollo del medio rural en los territorios donde está presente.

Según señala Eurocaja Rural, desempeñan “un papel clave en la lucha contra la exclusión financiera, manteniendo e inaugurando oficinas en pequeños municipios”. No se trata sólo de facilitar acceso a liquidez, sino de permitir a los vecinos acceder a un asesoramiento financiero completo, un servicio esencial. De hecho, a cierre de 2025 Eurocaja Rural “es la única entidad financiera con presencia física en 71 localidades, garantizando el acceso a servicios bancarios a más de 89.000 habitantes, generando empleo y estimulando la actividad económica, en contraposición a la tendencia generalizada de cierre de oficinas del sector financiero”. Por otra parte, presta servicio en estas localidades desde 266 oficinas a más de 552.000 personas.

Fundación Eurocaja Rural desarrolla su actividad a través de iniciativas sociales y solidarias, para ayudar a los colectivos más vulnerables, y a través de proyectos que mejoran la competitividad, fomentan el empleo y la igualdad de oportunidades, especialmente en el ámbito rural. En muchos casos, en colaboración con instituciones públicas, algo que es imprescindible.

Respecto a las iniciativas promovidas desde Fundación Eurocaja Rural, destacan las ‘Ayudas Sociales’, que cuenta con una categoría específica dirigida al ‘Desarrollo Rural’, donde se respaldan proyectos que contribuyen a crear empleo, abrir oportunidades para la juventud fijando así población o mejorar la autonomía de las personas mayores en núcleos rurales, avanzando hacia un territorio más cohesionado y reduciendo la brecha entre el mundo rural y el urbano.

También organiza desde 2021 el foro ‘Empuéblate’, un espacio de referencia a nivel nacional dedicado a ofrecer soluciones innovadoras e intercambio de ideas eficaces desarrolladas por emprendedores, pymes, grandes empresas, asociaciones y Administraciones Públicas frente al desafío de la despoblación. Y ofrece formación gratuita en materias sensibles o de carácter específico o de capacitación, dirigida especialmente a colectivos con menos recursos, por ejemplo: ‘Campus Talento’, para menores de 30 años con formación técnica o universitaria para especializarse en Inteligencia Artificial y Transformación Digital Empresarial; ‘Cursos de Seguridad Digital’, para personas mayores; Programas de especialización en procesos agroalimentarios y sector cooperativo dirigidos a profesionales y posible relevo generacional: ‘Aula Virgen Extra’.

Además, Fundación Eurocaja Rural trabaja para dar visibilidad a la riqueza cultural, social y económica del medio rural, como la convocatoria para impulsar proyectos rurales a través de la Cátedra “Cultura y Desarrollo Rural” con la UCLM, que reconocen iniciativas comprometidas con el desarrollo sostenible y la cohesión territorial.