El PSOE ha señalado este sábado que la solicitud de comparecencia en el Senado por la crisis en Ceuta de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, que reclama el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue rechazada por la Mesa de la Cámara Alta dominada por mayoría de los 'populares'.

Núñez Feijóo ha reclamado este sábado la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el Senado para explicar cuándo se avisó, qué información se trasladó y qué sabía el Gobierno antes de la entrada ilegal de miles de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Una solicitud similar fue registrada a principios de agosto por Vox, para reclamar entre otros documentos las comunicaciones previas que pudieran contener alertas, previsiones o cualquier información destinada a anticipar la entrada en España de unas 70.000 personas. Sin embargo, la Mesa del Senado, donde hay mayoría del PP, no ha admitido a trámite la solicitud del partido de Santiago Abascal alegando motivos legales porque la directora del CNI “solo puede comparecer ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados, como marca la normativa vigente”.

Según consta en el escrito de la mesa, recogido por Europa Press, la ley reguladora del CNI establece en su artículo 5.1 que las actividades de la institución, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de algunas de esas materias, constituyen “información clasificada, con el grado de secreto”.

Así, el escrito no admite a trámite la petición de Vox para una comparecencia pública porque contiene información clasificada y la cual “legalmente solo se puede dar cuenta a través de los medios establecidos en el artículo 11 de la citada ley, así como en la propia Ley de Secretos Oficiales”.

El artículo 11 establece que el CNI someterá al conocimiento del Congreso, en la forma prevista por su Reglamento, a través de la comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados (también conocida como comisión de secretos oficiales), la información apropiada sobre su funcionamiento y actividades. “El contenido de dichas sesiones y sus deliberaciones será secreto”, zanja el artículo.

“Volverá a ser jefe de la oposición”

En esta línea, los socialistas han arremetido contra Feijóo: “Una vez más, hemos confirmado que Feijóo volverá a ser jefe de la oposición. Nuevo curso político, viejas costumbres. Hay cosas que no cambian”, han dicho a través de la red social.

En declaraciones remitidas a los medios, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha acusado a Feijóo de querer “hacer de líder de la extrema derecha” en España ya que, tal y como ha recordado, fue Vox quien solicitó primero esta comparecencia de la directora del CNI en la Cámara Alta. Espadas ve en Feijóo “incompetencia, mala fe o ignorancia”, unas críticas a las que se ha sumado la portavoz del propio partido PSOE, Montse Mínguez. “Tiene mayoría absoluta en el Senado. Lo que no tiene es idea de nada. Y así con todo”, ha escrito Mínguez en la red social X.

De una forma similar se han pronunciado en la red social la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, quien ha tirado de ironía: “Es que no da una”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclama que comparezca ante el Senado la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, para explicar qué sabía el Gobierno antes de la entrada de masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio. En el acto de arranque del curso político que su partido celebra tradicionalmente en Galicia, cargó contra el equipo de Sánchez y señaló que su conclusión, tras las explicaciones de los ministros es que, “como mínimo, alguien miente”. “Yo creo que mienten todos. Vamos a saberlo, que comparezca la directora del CNI en el Senado comprometiéndose a decir la verdad de cuándo avisaron y que concrete qué sabía el Gobierno”.

Feijóo señaló también que el PP se va a personar en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional a raíz de la crisis de Ceuta: “¡Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad nacional no tenga consecuencias!”. Ha distribuido las responsabilidades por todo el Gobierno y por sus socios. En el 'sanchismo', dijo, “no hay héroes y villanos; todos son villanos”. “No hay izquierda alternativa decente. Se ha fusionado con el 'sanchismo'”, añadió.

El líder del principal partido de la oposición insistió en hablar de “invasión” y acusó al Gobierno de abandonar Ceuta. Agregó que las familias ceutíes tienen “miedo de salir a la calle” y que muchas le han trasladado que no van a llevar a sus hijos al inicio del curso escolar si la situación no se encauza antes. “Es justa la rabia, es legítima la indignación”, dijo, en un discurso de tono preelectoral en el que esa fue la mención que hizo a la tensión en la ciudad, que ha derivado en los últimos días en un estallido de violencia. La crisis es, agregó, “de una magnitud sin precedentes y afecta a la propia existencia de la nación”.

Dirigió también unas palabras al Ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los que ha dicho que han tenido que intervenir en Ceuta sin que el Gobierno les dé “medios ni cobertura legal para actuar”. “Ver al Ejército huir porque no tiene capacidad para defenderse de los inmigrantes es indignante para nuestra nación”, criticó.

Feijóo confirmó que va a participar en las concentraciones convocadas el día 2 de septiembre. “Es el día de Ceuta y allí estaré”, avanzó. “Ceuta y Melilla son España”, repitió. La intención del líder del PP es acudir a la ciudad por la mañana y asistir por la tarde al acto de Madrid. Llamó a la ciudadanía a sumarse el miércoles a una convocatoria que asegura que “no va en contra de nadie”.

Ante centenares de miembros del PP gallego y simpatizantes, Feijóo aprovechó su intervención en la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo Cotobade (Pontevedra), para anticipar un curso político especialmente bronco que va a estar marcado por las citas electorales -municipales, autonómicas en varias comunidades y generales-, que asegura que va a ser “el del cambio”. “El sanchismo está acabado, pero ahora toca certificar su defunción en las urnas”, dijo al público, en el que se sentaban el expresidente Mariano Rajoy, el presidente del Senado, Pedro Rollán, y varios cargos de la actual dirección: el secretario de Organización, Miguel Tellado; la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, y la de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez.

También participó en el acto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que llamó a que Pedro Sánchez convoque elecciones tras el “escaqueo” que considera que ha protagonizado con Ceuta. El Gobierno, dijo, “parece que está más pendiente de los agresores que de los agredidos”. Ofreció también a Galicia como espejo en el que mirarse en cuestiones de migraciones y como referente de lo que, a su juicio, debe ser una persona migrante: “Si quieren lecciones de lo que es emigrar con arraigo, con respeto, entendiendo que a un país se va a trabajar, que nos pregunten a nosotros cómo hay que hacer las cosas”.

La busca i adquisició de baixos comercials tancats per a la seua transformació en apartaments turístics, siga com a apartaments o com a aparthotels, sembla ser el filó que han trobat inversors de l’Est assessorats legalment pel bufet Soriano i Piqueras, del qual és cofundador Víctor Soriano, assessor adscrit a la Secretaria Primera del Senat, Eva Ortiz (PP), tal com reflecteix el Butlletí Oficial de les Corts.

En concret, es tracta de Business Decision and Advice SL i de la seua matriu, Skydive90 SL, responsables de les obres de tres aparthotels que s’executen als baixos comercials de tres residencials de la zona d’expansió de Benicalap. Els veïns han denunciat la seua oposició a aquesta activitat, com també la modificació d’elements comuns sense permís de la comunitat per a obrir finestrals.

A més d’aquests tres projectes, Business Decision and Advice SL ha presentat a l’Ajuntament diversa documentació per a posar en marxa allotjaments turístics als baixos dels números 4, 6, 8 i 10 del carrer de Gayano Lluch (Torrefiel), on fa anys es van ubicar temporalment els jutjats penals. Encara que inicialment la idea de la mercantil era fer apartaments turístics, la negativa de l’Ajuntament ha fet que ara sol·liciten permís per a un aparthotel de 29 habitacions.

De la mateixa manera, la mercantil tracta de fer el mateix als baixos comercials dels números 1, 3, 5 i 7 del carrer de Millares, al barri de la Raiosa, presentant a l’Ajuntament diversa documentació per a sol·licitar un canvi d’ús d’habitatges turístics a hoteler. A més, tracta de convertir en habitatge turístic un baix comercial situat al número 61 de l’avinguda de Burjassot.

Com ha informat elDiario.es, segons consta en el Registre Mercantil, Business Decision and Advice SL, juntament amb la seua matriu, Skydive90 SL, són dirigides per inversors de l’Est. Totes dues firmes estan presidides per Ilya Fischman, qui, a més, exerceix de conseller delegat. En la primera mercantil figura també Mariia Kolhanova com a consellera delegada i Konstantin Podsvirov com a conseller i secretari. En la segona, Skydive90 SL, Mariia Kolhanova figura com a consellera i Podsvirov com a conseller delegat.

A través de Business Decision and Advice SL, executen un aparthotel de 38 habitacions als baixos d’un residencial del carrer de Carlos Cortina, un altre de 22 habitacions als baixos d’un altre residencial del carrer d’Encarna Albarracín i un tercer a l’encreuament dels carrers Carlos Cortina, Manuel Meliá, Hermanos Machado i Salvador Cerveró, on compten amb una vintena d’apartaments tancats per un problema amb els permisos. Recentment, han iniciat obres per a reconvertir-los en un altre aparthotel amb habitacions. Els tres edificis estan a la nova zona d’expansió de Benicalap, molt pròxims entre si.

En els dos primers casos, a més que els veïns s’oposen a un ús turístic tan intensiu, com queda reflectit en els seus estatuts i per acord de la junta general de propietaris, denuncien que s’han obert finestrals en les façanes que donen a les zones comunes interiors sense permís de la comunitat, una cosa que asseguren que és il·legal segons la Llei de propietat horitzontal.

Quant al tercer residencial, els veïns han denunciat que la mateixa empresa ha posat en marxa obres d’enderrocament de façanes exteriors i ha perforat el revestiment d’un pilar de càrrega de l’edifici, que compta amb huit altures (vegeu vídeo): “Tenim por que puguen danyar l’estructura de l’edifici. Quan es van posar a picar la columna aquest dimarts 25 d’agost, vam telefonar a la Policia Local, però no va vindre. Temem que també obriran finestrals a l’interior de les zones comunes, alterant la convivència normal de la comunitat. Ens sembla una aberració que es permeta això”, van comentar diversos residents consultats per aquesta redacció.

Urbanisme es reunirà amb els veïns

El regidor delegat d’Urbanisme, Habitatge i Llicències, Juan Giner, mantindrà el pròxim dilluns 31 d’agost una reunió amb els veïns que s’han personat o s’han interessat pels expedients administratius vinculats a les obres que s’estan fent als edificis del carrer de Carlos Cortina, número 2 i número 5, i al carrer d’Encarna Albarracín, número 6, de València.

El regidor estarà acompanyat per tècnics municipals d’Urbanisme i Llicències. L’objectiu d’aquesta trobada és atendre personalment els veïns sobre els expedients pels quals s’han interessat, com també informar-los de les actuacions d’inspecció dutes a terme per l’Ajuntament. La reunió tindrà lloc el pròxim dilluns 31 d’agost, a les 11.30 hores, a la seu de la Delegació d’Urbanisme, edifici Tabacalera, carrer d’Amadeo de Saboya, 11.

La búsqueda y adquisición de bajos comerciales cerrados para su transformación en apartamentos turísticos, ya sea como apartamentos o como apartahoteles, parece ser el filón que han encontrado inversores del este asesorados legalmente por el bufete Soriano i Piqueras, del que es cofundador Víctor Soriano, asesor adscrito a la Secretaría Primera del Senado, Eva Ortiz (PP), tal y como refleja el Boletín Oficial de las Cortes.

En concreto, se trata de Business Decision and Advice SL y de su matriz, Skydive90 SL, responsables de las obras de tres apartahoteles que se ejecutan en los bajos comerciales de otros tantos residenciales de la zona de expansión de Benicalap. Los vecinos han denunciado su oposición a esta actividad, así como la modificación de elementos comunes sin permiso de la comunidad para abrir ventanales.

Además de estos tres proyectos, Business Decision and Advice SL ha presentado al Ayuntamiento diferente documentación para poner en marcha alojamientos turísticos en los bajos de los números 4, 6, 8 y 10 de la calle de Gayano Lluch (Torrefiel), donde hace años se ubicaron temporalmente los juzgados de lo penal. Aunque inicialmente la idea de la mercantil era realizar apartamentos turísticos, la negativa del Ayuntamiento ha hecho que soliciten ahora permiso para un apartahotel de 29 habitaciones.

Del mismo modo, la mercantil trata de hacer lo propio en los bajos comerciales de los números 1, 3, 5 y 7 de la calle de Millares, en el barrio de La Raiosa, presentando al Ayuntamiento diversa documentación para solicitar un cambio de uso de viviendas turísticas a hotelero. Además, trata de convertir en vivienda turística un bajo comercial ubicado en el número 61 de la avenida de Burjassot.

Como ha informado elDiario.es, según consta en el Registro Mercantil, Business Decision and Advice SL, junto a su matriz, Skydive90 SL, están dirigidas por inversores del este. Ambas firmas están presididas por Ilya Fischman, quien además ejerce como consejero delegado. En la primera mercantil figura también Mariia Kolhanova como consejera delegada y Konstantin Podsvirov como consejero y secretario. En la segunda, Skydive90 SL, Mariia Kolhanova figura como consejera y Podsvirov como consejero delegado.

A través de Business Decision and Advice SL, ejecutan un apartahotel de 38 habitaciones en los bajos de un residencial de la calle de Carlos Cortina, otro de 22 habitaciones en los bajos de otro residencial de la calle de Encarna Albarracín y un tercero en los cruces de las calles Carlos Cortina, Manuel Meliá, Hermanos Machado y Salvador Cerveró, donde cuentan con una veintena de apartamentos cerrados por un problema con los permisos. Recientemente, han iniciado obras para reconvertirlos en otro apartahotel con habitaciones. Los tres edificios están en la zona nueva de expansión de Benicalap, muy cercanos entre sí.

En los dos primeros casos, además de que los vecinos se oponen a un uso turístico tan intensivo, como queda reflejado en sus estatutos y por acuerdo de la junta general de propietarios, denuncian que se han abierto ventanales en las fachadas recayentes a las zonas comunes interiores sin permiso de la comunidad, algo que aseguran que es ilegal según la Ley de Propiedad Horizontal.

En cuanto al tercer residencial, los vecinos han denunciado que la misma empresa ha puesto en marcha obras de derribo de fachadas exteriores y ha taladrado el revestimiento de un pilar de carga del edificio, que cuenta con ocho alturas (ver vídeo): «Tenemos miedo de que puedan dañar la estructura del edificio. Cuando se pusieron a picar la columna este martes 25 de agosto, llamamos a la Policía Local, pero no vino. Nos tememos que van a abrir también ventanales en el interior de las zonas comunes, alterando la normal convivencia de la comunidad. Nos parece una aberración que se permita esto», comentaron varios residentes consultados por esta redacción.

Urbanismo se reunirá con los vecinos

El concejal delegado de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, mantendrá el próximo lunes 31 de agosto una reunión con los vecinos que se han personado o interesado por los expedientes administrativos vinculados a las obras que se están realizando en los edificios de la calle Carlos Cortina, número 2, y número 5, y en la calle Encarna Albarracín, número 6, de València.

El concejal estará acompañado por técnicos municipales de Urbanismo y Licencias. El objetivo de este encuentro es atender personalmente a los vecinos sobre los expedientes por los que se han interesado, así como informarles de las actuaciones de inspección llevadas a cabo por el Ayuntamiento. La reunión tendrá lugar el próximo lunes 31 de agosto, a las 11.30 horas, en la sede de la Delegación de Urbanismo, edificio Tabacalera, calle Amadeo de Saboya, 11.

Els dubtes al voltant de la gestió administrativa per part de l’Ajuntament de València sobre els permisos per a l’execució dels 60 allotjaments turístics als baixos de dos residencials de Benicalap no deixen de créixer entre els veïns i veïnes afectats. I més després de confirmar elDiario.es que el bufet d’advocats d’un assessor del PP al Senat porta la representació legal de l’empresa que executa els projectes, en concret, Business Decission and Advice SL, la matriu de la qual és Skydive90 SL.

En concret, es tracta del despatx Soriano i Piqueras, del qual és cofundador Víctor Soriano, assessor adscrit a la Secretaria Primera del Senat, Eva Ortiz (PP), tal com reflecteix el Butlletí Oficial de les Corts.

El mateix Soriano, a preguntes d’elDiario.es, puntualitza que no és assessor del PP pròpiament, sinó del Senat, si bé reconeix que està adscrit a la senadora popular Eva Ortiz. El lletrat, que va treballar per a Manos Limpias en el cas del fiscal general de l’Estat, afirma que, efectivament, Skydive90 SL “és un client important” del bufet.

Aquesta mateixa empresa executa un aparthotel de 38 habitacions als baixos d’un residencial del carrer de Carlos Cortina i un altre de 22 habitacions als baixos d’un altre residencial del carrer d’Encarna Albarracín, tots dos a la nova zona d’expansió del barri de Benicalap. En tots dos casos, a més d’oposar-se a un ús turístic tan intensiu, com queda reflectit en els seus estatuts i en un acord de la junta general, denuncien que s’han obert finestrals en les façanes que donen a les zones comunes interiors sense permís de la comunitat, una cosa que asseguren que és il·legal segons la Llei de propietat horitzontal.

Sobre aquest aspecte, Soriano explica que el seu despatx tan sols porta la representació legal en el cas de l’edifici del carrer de Carlos Cortina, ja que en el d’Encarna Albarracín assegura que també va treballar per a la cooperativa propietària dels baixos, per la qual cosa, si bé no incorria legalment en un conflicte d’interessos, no li semblava el més apropiat. En aquest sentit, la representació de Skydive90 SL en el projecte del carrer d’Encarna Albarracín la porta el lletrat Jaume Argilés.

En el cas del projecte de Carlos Cortina, sense entrar en detalls sobre la qüestió de l’alteració d’elements comuns, Víctor Soriano assegura que “l’obra és plenament legal, compta amb tots els permisos municipals; en cas contrari, la Policia, en alguna de les inspeccions, l’hauria paralitzada”.

En termes similars es pronuncia Argilés, després de ser contactat per aquest periòdic: “L’empresa en tot moment ha actuat amb tots els permisos, llicències i altres requisits que exigeix la llei, i informant en tot moment, amb l’adquisició dels locals, del que s’anava a fer. Els veïns sempre han fet la venda sabent què s’anava a fer en aquests baixos i el que implicava. Tot i això, hem intentat, i continuem intentant, negociar amb ells per a arribar a un enteniment i fer les modificacions que deixen tots contents”.

La presidenta de la comunitat, tanmateix, desmenteix la majoria de les afirmacions d’Argilés: “És cert que compten amb la llicència municipal, però és una llicència que ha vulnerat els nostres drets i ha incomplit els estatuts de la comunitat, que prohibeixen taxativament les activitats que estan desenvolupant, específicament l’accés a zones comunes i l’explotació de restauració i hostaleria. Des del moment en què vam tindre coneixement de la situació, se’ls ha anat notificant i advertint formalment per escrit. En l’última junta general, i davant de la presència d’aquest advocat, la comunitat va votar unànimement exigir el compliment estricte d'allò que permeten els estatuts. La seua proposta de negociació consisteix, fonamentalment, a imposar la seua pròpia voluntat de manera unilateral; per tant, no hi ha marge de negociació possible si no es respecten íntegrament els estatuts que regeixen tota la comunitat”.

El bufet que va denunciar el regidor d'Urbanisme del PP

L’Ajuntament de València va aprovar la suspensió de llicències per a habitatges d’ús turístic i apartaments turístics a la ciutat el 28 de maig de 2024, quan el govern de María José Catalá va acordar la moratòria de llicències. Aquesta decisió va paralitzar la petició de llicència ambiental i d’obres que la mercantil Business Decission and Advice SL va sol·licitar a l’Ajuntament per al seu projecte al carrer de Carlos Cortina just un dia abans de la seua aprovació, el 27 de maig de 2024, segons documentació recopilada per aquesta redacció.

Malgrat tot, la moratòria va afectar el projecte, que va quedar paralitzat. Davant d’aquesta situació, l’empresa va prendre dos camins. D’una banda, va recórrer als jutjats la moratòria. El procés judicial el va portar el despatx de Víctor Soriano, però el jutjat el va arxivar el maig passat.

Paral·lelament, la mercantil va presentar a l’Ajuntament una modificació del projecte que li va permetre quedar exempta de la moratòria, per la qual cosa es va tramitar la llicència, que finalment va ser concedida el passat 28 de maig.

Segons la documentació a la qual ha tingut accés aquest diari, el projecte inicial abastava una superfície de 1.777 metres quadrats, excedint el que establia el planejament. Tanmateix, posteriorment, l’empresa va reduir l’afecció per a ajustar-la al que estableix el planejament per a l’ús terciari exclusiu, fixant la superfície dedicada a l’aparthotel en 1.270 metres quadrats, més 367 corresponents a l’entresolat que, segons la resolució municipal, no computaria.

D’aquesta manera i amb aquests paràmetres, l’empresa va tornar a sol·licitar la llicència d’activitat i d’obres el 28 de novembre de 2025, a la qual es va donar tràmit i que finalment es va concedir el passat 28 de maig. Tres dies després es va arxivar la demanda del bufet de Víctor Soriano. Amb la llicència d’obres ja concedida, l’empresa, assessorada pel seu bufet, va descartar recórrer. L’empresa va poder iniciar abans els treballs mitjançant la presentació d’una declaració responsable i un certificat ECUV.

Sobre la resolució denegatòria de la llicència d’obres del passat 14 de juliol per excedir el 15% d’allotjaments turístics previst per illa, fonts municipals han explicat que l’empresa va presentar diverses instàncies demanant la llicència amb projectes diferents que van donar lloc a diferents expedients i resolucions.

Un apartahotel de 93 places encastat en un residencial

La resolució municipal per la qual s’aprova la concessió de la llicència d’obres, consultada per aquesta redacció, estableix que els baixos del residencial del carrer de Carlos Cortina tindran un aparthotel de 38 habitacions amb planta baixa i entresolat per a un total de 93 places d’allotjament. El recinte inclourà “zones comunes compostes per vestíbul amb recepció, menjador per a desdejunis, saló comú, lavabos públics, zona de treball, consigna d’equipatges, gimnàs, bugaderia per a clients i aparcament per a bicicletes”.

En l’apartat de descripció de les obres es fa un resum general que, en qualsevol cas, no menciona la modificació d’elements comuns de la comunitat.e

Las dudas en torno a la gestión administrativa por parte del Ayuntamiento de València sobre los permisos para la ejecución de los 60 alojamientos turísticos en los bajos de dos residenciales de Benicalap no dejan de crecer entre los vecinos y vecinas afectados. Y más tras confirmar elDiario.es que el bufete de abogados de un asesor del PP en el Senado lleva la representación legal de la empresa que ejecuta los proyectos, en concreto, Business Decission and Advice SL, cuya matriz es Skydive90 SL.

En concreto, se trata del despacho Soriano i Piqueras, del que es cofundador Víctor Soriano, asesor adscrito a la Secretaría Primera del Senado, Eva Ortiz (PP), tal y como refleja el Boletín Oficial de las Cortes.

El propio Soriano, a preguntas de elDiario.es, puntualiza que no es asesor del PP propiamente, sino del Senado, si bien reconoce que está adscrito a la senadora popular Eva Ortiz. El letrado, que trabajó para Manos Limpias en el caso del fiscal general del Estado, afirma que, efectivamente, Skydive90 SL “es un cliente importante” del bufete.

Esta misma empresa ejecuta un apartahotel de 38 habitaciones en los bajos de un residencial de la calle de Carlos Cortina y otro de 22 habitaciones en los bajos de otro residencial de la calle de Encarna Albarracín, ambos en la nueva zona de expansión del barrio de Benicalap. En ambos casos los vecinos, además de que se oponen a un uso turístico tan intensivo, como queda reflejado en sus estatutos y en un acuerdo de la junta general, denuncian que se han abierto ventanales en las fachadas recayentes a las zonas comunes interiores sin permiso de la comunidad, algo que aseguran que es ilegal según la Ley de Propiedad Horizontal.

Al respecto, Soriano explica que su despacho tan solo lleva la representación legal en el caso del edificio de la calle de Carlos Cortina, puesto que en el de Encarna Albarracín asegura que también trabajó para la cooperativa propietaria de los bajos, por lo que, si bien no incurría legalmente en un conflicto de intereses, no le parecía lo más apropiado. En este sentido, la representación de Skydive90 SL en el proyecto de la calle de Encarna Albarracín la lleva el letrado Jaume Argilés.

En el caso del proyecto de Carlos Cortina, sin entrar en detalles sobre la cuestión de la alteración de elementos comunes, Víctor Soriano asegura que “la obra es plenamente legal, cuenta con todos los permisos municipales, de lo contrario, la Policía en alguna de las inspecciones la habría paralizado”.

En términos similares se pronuncia Argilés, tras ser contactado por este periódico: “La empresa en todo momento ha actuado con todos los permisos, licencias y demás que exige la ley, e informando en todo momento con la adquisición de los locales de lo que se iba a hacer. Los vecinos siempre han realizado la venta sabiendo qué se iba a hacer en esos bajos y lo que implicaba. Aun así, hemos intentado, y seguimos intentando, negociar con ellos para llegar a un entendimiento y hacer las modificaciones que dejen a todos contentos”.

La presidenta de la comunidad, sin embargo, desmiente la mayoría de las afirmaciones de Argilés: “Es cierto que cuentan con la licencia municipal, pero es una licencia que ha vulnerado nuestros derechos e incumplido los estatutos de la comunidad, que prohíben taxativamente las actividades que están desarrollando, específicamente el acceso a zonas comunes y la explotación de restauración y hostelería. Desde el momento en que tuvimos conocimiento de la situación, se les ha ido notificando y apercibiendo formalmente por escrito. En la última junta general, y ante la presencia de este abogado, la comunidad votó unánimemente exigir el estricto cumplimiento de lo permitido en los estatutos. Su propuesta de negociación consiste, fundamentalmente, en imponer su propia voluntad de forma unilateral; por lo tanto, no existe margen de negociación posible si no se respetan de manera íntegra los estatutos que rigen a toda la comunidad”.

El bufete que denunció al concejal de Urbanismo del PP

El Ayuntamiento de València aprobó la suspensión de licencias para viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos en la ciudad el 28 de mayo de 2024, cuando el gobierno de Maria José Catalá acordó la moratoria de licencias. Esta decisión paralizó la petición de licencia ambiental y de obras que la mercantil Business Decission and Advice SL solicitó al Ayuntamiento para su proyecto en la calle de Carlos Cortina justo un día antes de su aprobación, el 27 de mayo de 2024, según documentación recabada por esta redacción.

Pese a todo, la moratoria afectó al proyecto, que quedó paralizado. Ante esta situación, la empresa tomó dos caminos. Por un lado, recurrió en el juzgado la moratoria. El proceso judicial lo llevó el despacho de Víctor Soriano, pero el juzgado la archivó el pasado mes de mayo.

Paralelamente, la mercantil presentó al Ayuntamiento una modificación del proyecto que le permitió quedar exento de la moratoria, por lo que se dio trámite a la licencia, que fue finalmente concedida el pasado 28 de mayo.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el proyecto inicial abarcaba una superficie de 1.777 metros cuadrados, excediendo lo que establecía el planeamiento. Sin embargo, posteriormente, la empresa redujo la afección para ajustarla a lo establecido en el planeamiento para el uso terciario exclusivo, fijando la superficie dedicada al apartahotel en 1.270 metros cuadrados, más 367 correspondientes al entreplante que, según la resolución municipal, no computaría.

De esta forma y con estos parámetros, la empresa volvió a solicitar la licencia de actividad y de obras el 28 de noviembre de 2025, a la que se dio trámite y que finalmente se concedió el pasado 28 de mayo. Tres días antes se archivó la demanda del bufete de Víctor Soriano. Con la licencia de obras ya concedida, la empresa, asesorada por su bufete, descartó recurrir. La empresa pudo iniciar antes los trabajos mediante la presentación de una declaración responsable y un certificado ECUV.

Sobre la resolución denegatoria de licencia de obras del pasado 14 de julio por exceder el 15% de alojamientos turísticos previsto por mazana, fuentes municipales han explicado que la empresa presentó varias instancias pidiendo la licencia con proyectoa distintos que dieron lugar a diferentes expedientes y resoluciones.

Un apartahotel de 93 plazas empotrado en un residencial

La resolución municipal por la que se aprueba la concesión de la licencia de obras, consultada por esta redacción, establece que los bajos del residencial de la calle de Carlos Cortina tendrán un apartahotel de 38 habitaciones con planta baja y altillo para un total de 93 plazas de alojamiento. El recinto incluirá “zonas comunes compuestas por vestíbulo con recepción, desayunador, salón común, aseos públicos, zona de trabajo, consigna de equipajes, gimnasio, lavandería para clientes y aparcamiento para bicicletas”.

En el apartado de descripción de las obras se hace un resumen general que, en cualquier caso, no menciona la modificación de elementos comunes de la comunidad.

La Sala de vacaciones del Tribunal Supremo ha denegado la medida cautelarísima solicitada por tres senadores del Grupo Popular para forzar la comparecencia urgente de varios ministros en el Senado durante el mes de agosto a raíz de la crisis migratoria en Ceuta.

El Supremo concluye que no se ha acreditado la “especial urgencia” necesaria para adoptar una decisión sin escuchar a la parte contraria (inaudita parte). El tribunal señala que el control parlamentario vinculado al ejercicio del cargo representativo puede llevarse a cabo tras seguir el procedimiento por la vía ordinaria, que no sufrirá un retraso excesivo y no hará perder su finalidad al recurso, puesto que el interés público de la crisis migratoria en Ceuta se mantendrá en el tiempo.

Por ello, el tribunal ordena tramitar el incidente como una pieza cautelar ordinaria y concede un plazo de diez días a la Abogacía del Estado para formular alegaciones. Los magistrados aclaran que esta decisión no prejuzga la decisión final sobre la admisibilidad o el fondo del asunto.

El Grupo Popular registró esta semana un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, anunció en su comparecencia junto al presidente de Ceuta que la petición se debía a la decisión de ministros del Gobierno de no comparecer este agosto en el Senado para “informar a los ceutíes” y al resto de españoles de “por qué se ha invadido Ceuta”.

“En este momento se opta por el Tribunal Supremo porque, a través de la petición de medidas cautelarísimas, el Supremo puede resolver y poner fin a la maniobra obstruccionista del Gobierno”, explicaron entonces los populares, que señalan que este movimiento “no es incompatible con acudir al Tribunal Constitucional”.

Este sábado, sin embargo, los magistrados del alto tribunal han determinado que el PP no ha acreditado la “especial urgencia” necesaria para adoptar la medida sin escuchar a la otra parte y que el derecho de control parlamentario no pierde su eficacia por ejercerse fuera de la última semana de agosto, dado que el trámite cautelar ordinario no se demorará en exceso.

Además, está previsto que hasta ocho ministros comparezcan en el Congreso entre el 25 y el 31 de agosto. El día 25 comparecerá la ministra de Defensa (Margarita Robles); el 27, los ministros de Presidencia (Félix Bolaños) y Sanidad (Mónica García); el 28, los de Exteriores (José Manuel Albares), Interior (Fernando Grande Marlaska) e Inclusión (Elma Saiz); y el día 31 irán las titulares de Juventud e Infancia (Sira Rego) e Igualdad (Ana Redondo).

El PP respeta la decisión del Supremo: “El Gobierno tendrá que explicar por qué se negó a comparecer”

Tras conocerse la decisión del Supremo, el PP ha asegurado que respeta el auto, aunque “no resuelve el fondo del problema”, y ha destacado que el alto tribunal rechaza “únicamente” la tramitación excepcional de la medida cautelarísima pero mantiene abierta la vía cautelar ordinaria. “El Gobierno tendrá que explicar ahora por qué se negó a comparecer”, ha afirmado la formación en una nota enviada a los medios.

Para el PP, la cuestión sigue siendo la misma: “Ningún Gobierno puede decidir qué Cámara le controla, cuándo lo hace y en qué condiciones”. “El Supremo reconoce expresamente que se está invocando un derecho fundamental de los senadores, que el control al Gobierno es inherente a la condición de senador y que dicho control no ha perdido su finalidad”, ha detallado.

Asimismo, adelanta que el PP volverá a insistir en que “el Gobierno tiene que comparecer en ambas Cámaras”.

Bolaños: “Los numeritos del PP en el Senado no van a ningún lado. Vaya papelón”

Por su parte, desde el Gobierno, el ministro Bolaños ha asegurado que “los numeritos del PP en el Senado no van a ningún lado”. “En esta legislatura, el PP en el Senado ha presentado 22 recursos ante el TS y el TC contra el Gobierno o el Congreso. Vaya papelón”, ha escrito el ministro en su cuenta de X.

Desde el PSOE, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi López, ha acusado al PP de ser “el mayor alimentador de bulos” y ha contrarrestado su estrategia con la actividad del Gobierno y las comparecencias de siete ministros en el Congreso la próxima semana para dar explicaciones de la crisis de Ceuta. En un audio remitido a los medios, ha afirmado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “ha gobernado, gobierna y seguirá gobernando” mientras que el PP “ha mentido, miente y seguirá mintiendo”.

“Constatar que el ministro del Interior no está”. Así ha arrancado este miércoles la comisión de Interior del Senado, que celebraba una sesión extraordinaria a cuenta de la situación en Ceuta. Fernando Grande-Marlaska ha cumplido el guion y ha plantado a la Cámara Alta, que lo había convocado este miércoles de forma urgente para cuestionarlo por la crisis humanitaria provocada por la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma. El Gobierno no asistirá a las varias citaciones del PP, que controla la Cámara Alta, con la excusa de que acudirá al Congreso a finales de mes. PP y Vox han señalado la culpabilidad del Ejecutivo por la “invasión”, en sus palabras, y han abierto la puerta a emprender acciones legales contra sus miembros.

La sesión extraordinaria de la Comisión de Interior convocada este 12 de agosto ha contado solo con la presencia de los representantes de PP, Vox y Junts, quienes han arremetido contra el Gobierno durante cerca de una hora ante la vacía silla del compareciente. El presidente de la comisión, Fernando Martínez-Maíllo, ha tildado la ausencia de “inexcusable” y ha anticipado que el Senado tomará “decisiones políticas y legales” contra los ministros.

Marlaska no es el único miembro del Gobierno convocado de urgencia ante el Senado. También lo han sido el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la de Defensa, Margarita Robles. Los tres excusaron su presencia a través del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y lo justificaron en la comparecencia en el Congreso prevista para las próximas semanas.

No es suficiente para el PP y Vox, quienes han lamentado la ausencia de los ministros. El presidente de la comisión ha tildado la ausencia de “inexcusable desobediencia al Senado” y ha asegurado que “la mesa del Senado tomará las decisiones políticas y legales para que este acto injustificado no quede sin las medidas oportunas” de respuesta.

La decisión de qué hacer ante el plante del Gobierno queda así en manos del máximo órgano de gobierno de la Cámara, controlado por el PP con su mayoría absoluta. No es la primera vez que un miembro del Ejecutivo desoye una petición de comparecencia del Senado, que ha iniciado los trámites para plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.

El desmarque de Robles

La solución a esa disputa legal no llegará pronto. Pero el conflicto político está servido, con la colaboración de la ministra de Defensa. Robles envió una misiva al presidente del Senado, Pedro Rollán, para disculpar su ausencia y mostrarse dispuesta a comparecer en otro momento, sin concretar fecha alguna.

El gabinete de Rollán se puso en contacto con el de Robles. Según explicó el presidente del Senado este martes en una entrevista en 13TV, en una conversación telefónica informal se le ofrecieron tres posibles fechas la semana que viene: el 18, el 19 o el 20. Los dos últimos son imposibles porque la ministra está de viaje oficial en Líbano.

Pero el 18 no. Desde la Presidencia del Senado se informó a los medios de comunicación de que Robles había aceptado asistir ese día, algo que no ha confirmado Defensa. De hecho, Rollán asumió en la misma entrevista que no tiene una comunicación formal aceptando dicha fecha y, como ha reconocido este mismo miércoles un representante del PP en la Comisión de Interior, los ministros “no deciden si vienen o no”, pero sí “deciden el cuándo”.

Tanto la Constitución como el Reglamento del Senado establecen la obligación del Gobierno de rendir cuentas ante las Cortes Generales, pero ninguno de estos textos legales fija criterios ni procedimientos concretos. La costumbre seguida en las últimas décadas es que las fechas de las comparecencias se pactan entre las cámaras y los citados.

El PP se pone de perfil

Antes de la comisión ha comparecido ante los medios desde Ceuta la vicesecretaria del PP Alma Ezcurra, quien ha criticado al Gobierno por no resolver la situación generada por la permanencia en la ciudad autónoma de un número indeterminado de personas migrantes.

La dirigente del PP ha sostenido que el Ejecutivo español es “responsable” de lo ocurrido los pasados 30 y 31 de julio, además de cuestionar a Pedro Sánchez si va a “ceder” a Rabat el control de las fronteras españolas. Ezcurra ha hablado de “invasión”, de que fue Marruecos quien propició la entrada “ilegal y violenta” de miles de personas “a toque de silbato”.

Ezcurra ha endurecido el discurso del PP sobre Marruecos, después de que ayer mismo su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, dijera que él “honradamente” no tiene que “pedir explicaciones a Marruecos”.

“Marruecos es responsable de lo que ha sucedido y está sucediendo en este momento en Ceuta”, ha afirmado Ezcurra. “Nos hemos dado cuenta los españoles, se han dado cuenta los europeos y se ha dado cuenta el mundo entero”, ha concluido.

También ha asegurado que Ceuta “no puede” gestionar por sí misma la crisis migratoria desatada, y ha reclamado que se ayude a la ciudad. Pero la dirigente del PP ha negado que dicha asistencia le corresponda a las comunidades autónomas que gobierna su partido, especialmente en el caso de los menores que han entrado solos, y cuyo acogimiento corresponde legalmente a los gobiernos regionales.

“Esos niños han entrado por vulneración de las fronteras” por lo que es responsabilidad de la “administración general del Estado”. “No saben cuántos son”, ha lamentado. “Es curioso que el debate sea qué van a hacer las comunidades, no sabemos qué hacer con ellos”, ha zanjado.

Junts: “Allá ustedes con Ceuta y Melilla”

En la comisión, la senadora del PP Cristina Díaz ha lamentado que “el Gobierno de España ha decidido esconderse y no dar la cara”, y le ha acusado de actuar con “cobardía e incompetencia”.

Díaz ha alentado el miedo a un nuevo intento de entrada masiva este mismo fin de semana. “Cada vez que este país afronta una crisis se repite el mismo patrón: hay un Gobierno que llega tarde, reacciona tarde y después explica lo que se pudo evitar. El 15 de agosto hay una nueva entrada, una nueva convocatoria masiva. El Gobierno reconoce que le consta. Esperemos a ver cuáles son sus órdenes, porque a fecha de hoy no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer”.

“Pedimos la dimisión del ministro Marlaska y que venga alguien capaz de sentarse en esa silla”, ha zanjado. Desde Vox, Ángel Gordillo ha anunciado que su grupo pedirá “la reprobación de Marlaska”, lo que supondría el quinto repudio por parte de las Cortes Generales al ministro del Interior.

También ha pedido que el Senado vuelva a reclamar su comparecencia, y que le aperciba de acciones legales si vuelve a ausentarse.

No solo el PP y Vox han acudido este miércoles a la comisión. Del resto de grupos, solo Junts ha asistido para exigir la transferencia a Catalunya de las competencias en materia de inmigración.

En una clara referencia a Aliança Catalana, el partido ultra e independentista que se ha disparado en las encuestas, el senador Eduard Puyol ha sostenido que “la puerta está abierta y sin control”, en referencia a las fronteras. “La irresponsabilidad da votos a la extrema derecha” porque “la sensación de intranquilidad alimenta a los populismos”.

Pujol ha sostenido que la sentencia del TJUE que autoriza a aplicar la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica desde 2017, es el motivo de que el Gobierno no haya impedido la entrada de miles de personas en Ceuta: “Ahora que Europa ya le ha dicho a la España más oscura que el president Puigdemont debería ya estar en Catalunya, los sótanos de Interior vuelven a estar nerviosos y no pueden prestar atención a la frontera de Europa con África”.

Pese a sus críticas a las “lenguas afiladas que confunden el Parlament con un pub a las cuatro de la madrugada”, el senador de Junts ha dicho que a su partido no le interesa “defender las fronteras de España”. “Allá ustedes con Ceuta y Melilla”, ha añadido, para concluir: “Lo miramos con las manos en la cabeza porque sus líos ponen en riesgo nuestra cohesión social”. Pujol ha exigido “orden, seguridad y control” y ha arremetido contra los “papanatas del buenismo”.

Es sobradamente conocido que el PP no metabolizó bien los resultados de las elecciones generales del 23 de julio. Convencido Alberto Núñez Feijóo de que sería presidente del Gobierno, aceptó solamente a regañadientes que no sería así cuando fracasaron todas sus iniciativas para impedir que Pedro Sánchez fuera investido presidente, con evocación incluso de una repetición del tamayazo, que posibilitó que Esperanza Aguirre fuera en 2003 presidenta de la Comunidad de Madrid.

Incluso cuando ya sabía que Pedro Sánchez contaba con la mayoría parlamentaria de investidura, Feijóo empezó a manipular la Constitución de manera inédita hasta la fecha. Con la finalidad de hacer visible su tesis de que él había ganado las elecciones, presionó al rey para que lo propusiera como candidato a la presidencia del Gobierno.

Desde la entrada en vigor de la Constitución se había impuesto una suerte de convención constitucional que consistía en que el rey propondría a un candidato que disponía de mayoría parlamentaria para ser investido. La única excepción fue la propuesta de Pedro Sánchez en 2016. Excepción que se produjo porque Mariano Rajoy “declinó” la propuesta del rey, bloqueando de esa manera la celebración del debate de investidura al que están vinculadas bien la elección del presidente o bien la fecha a partir de la cual corre el plazo de dos meses para la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de nuevas elecciones.

La “declinatoria” de Mariano Rajoy paralizaba el sistema parlamentario previsto en la Constitución. La propuesta de Pedro Sánchez fue la fórmula por la que optó el rey con la finalidad de salir de la parálisis. No es la misma que la de Alberto Núñez Feijóo en 2023. Primero, por lo que se acaba de decir, y después, porque Pedro Sánchez intentó configurar una mayoría parlamentaria de investidura combinando el aval de Ciudadanos y la abstención de Podemos. Se trataba de una operación muy difícil, pero era un movimiento que se producía dentro de lo previsto en la Constitución. No fue una negativa a moverse dentro de la Constitución.

En 2016 el PP pretendió paralizar el sistema parlamentario previsto en la Constitución. En 2023 le exigió al Rey una interpretación del artículo 99 de la Constitución inédita hasta la fecha, con la finalidad de subrayar, por una parte, que el PP había sido el partido más votado y de torpedear, por otra, preventivamente la investidura de Pedro Sánchez con un discurso centrado no en su programa de gobierno, sino en la ley de amnistía.

Tras el fracaso de esta primera operación fraudulenta, el PP, a diferencia de Vox, se ha negado a hacer uso de la moción de censura, que es el instrumento que la Constitución pone a su disposición para la exigencia de responsabilidad política con consecuencias jurídicas, y ha intentado, sin embargo, atribuir al Senado una función que no tiene constitucionalmente encomendada.

Lo ha hecho de varias maneras. Una primera, de manera anticonstitucional, reformando el reglamento del Senado para retrasar la aprobación de la ley de amnistía. Una vez decidida su tramitación por el procedimiento de urgencia, el Senado disponía de 20 días para decidir sobre el texto aprobado por el Congreso. La reforma del Reglamento mantuvo esos 20 días para los textos de los proyectos de ley, pero no para los de las proposiciones de ley, para los que disponía que fueran dos meses. Consiguió retrasar cuarenta días la aprobación de la ley.

Pero ha sido, sobre todo, en el control de la acción política del Gobierno donde el Senado se ha desviado de manera manifiesta de la forma en que la Constitución prevé su participación en dicha función.

En la Constitución está claro que es al Congreso de los Diputados al que se atribuye la función de control de la acción política del Gobierno en sentido estricto. El artículo 108, primero del Título V, “De la Relación entre el Gobierno y las Cortes Generales”, dice literalmente: “El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados”.

El artículo no dice que responde “de manera exclusiva y excluyente”, pero sí lo dicen los restantes artículos del Título V. El Senado no aparece mencionado en ninguno de ellos. Solamente aparecen mencionadas “las Cámaras” en los artículos 109, 110 y 111, en los que se prevé que las Cámaras y sus Comisiones pueden “recabar información del Gobierno” o “la presencia de sus miembros” o que “el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras”. Eso es todo.

Por el contrario, es el Congreso de los Diputados el que exclusivamente figura en el artículo 112 y 114.1, cuestión de confianza, 113 y 114.2, moción de censura, en el 115 se contempla la posibilidad de la disolución del Congreso sin que se produzca la del Senado, y en el 116 únicamente el Congreso de los Diputados participa en los estados de alarma, excepción y sitio.

Es al Congreso de los Diputados al único órgano constitucional al que expresamente se le atribuye el control de la “gestión política del Gobierno” en general y al único órgano, cuya participación se contempla en todos los institutos de control político con consecuencias jurídicas tanto en la gestión ordinaria como en los momentos de protección excepcional o extraordinaria del Estado.

El bicameralismo español es un bicameralismo sumamente imperfecto, en el que el Senado juega un papel muy secundario, por no decir insignificante, en el ejercicio de las funciones constitucionales incluidas en el artículo 66, 2 de la Constitución: función legislativa, función presupuestaria y función de control gubernamental.

La pretensión del PP en esta legislatura de que el Senado ocupara el lugar del Congreso de los Diputados en el control de la acción del Gobierno, supone un fraude de constitución manifiesto. En mi opinión, el Gobierno ha pecado de prudencia, al no negarse a comparecer con la reiteración que se le ha exigido. En esta legislatura ha habido más comisiones de investigación en el Senado que en todas las anteriores juntas. Ha sido, probablemente, el respeto al Tribunal Constitucional el que le ha llevado a no plantear el conflicto constitucional pertinente.

Este abuso sistemático de sus funciones por el Senado ha llegado en esta semana a su máxima expresión. Tras la invasión del territorio producida en Ceuta, el Senado pretende atribuirse la prevalencia sobre el Congreso en la comparecencia de los ministros.

Como el lector probablemente sabe, los ministros han solicitado comparecer ante el Congreso de los Diputados en la última semana del mes de agosto para dar las explicaciones pertinentes. El Senado exige que comparezcan antes en el Senado con base en el argumento de que el Senado ha solicitado la comparecencia antes de que los ministros solicitaran la suya en el Congreso.

Resulta increíble que el Senado no sepa cuál es el lugar que ocupa en el sistema constitucional español. La máxima prior tempore no juega en las relaciones entre el Congreso y el Senado.

Tanto es así que, incluso en el ejercicio de la potestad legislativa, cuando el Senado toma la iniciativa y registra una proposición de ley, tiene que remitirla a continuación al Congreso de los Diputados, que puede decidir si la toma o no en consideración y si la tramita a continuación y la aprueba. Una vez aprobada por el Congreso de los Diputados, la proposición vuelve al Senado para aprobarla en los mismos términos, enmendarla o vetarla.

Ni siquiera cuando el Senado adopta una iniciativa en términos constitucionalmente previstos, como es en el caso de una proposición de ley, puede pronunciarse sobre la misma sin que lo haya hecho previamente el Congreso de los Diputados. En el supuesto de que sobre una materia tengan que debatir y, eventualmente, decidir, el Congreso y el Senado, la precedencia del primero sobre el segundo es indiscutible.

Una vez que los ministros se han dirigido al Congreso para dar las explicaciones que estimen pertinentes sobre lo ocurrido en Ceuta y responder a las preguntas que se le formulen, la solicitud de comparecencia del Senado decae y, únicamente si después de la comparecencia en el Congreso, el Senado sigue considerando que debe producirse también la comparecencia en dicha Cámara, puede reiterar la solicitud.

El pleno del Parlamento andaluz ha designado este jueves a los nueve senadores por la comunidad autónoma, tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo. Cuatro senadores son del PP-A; tres, del PSOE-A, y dos de Vox. Al PP-A le correspondían, en función de los resultados electorales, cinco senadores, pero ha cedido uno a Vox, en virtud del acuerdo de gobierno entre ambas formaciones.

Por el PP-A, ha sido elegidos senadores por la comunidad el expresidente del partido Javier Arenas -quien ya ocupa este puesto en la Cámara alta-; el expresidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y los exparlamentarios Francisco Javier Oblaré y Virginia Pérez.

Por parte del PSOE-A, han sido elegidos la actual secretaria general del partido, María Jesús Montero, y sus antecesores en dicho cargo Susana Díaz y Juan Espadas, que repetirán así como senadores por designación autonómica.

En cuanto a Vox, se estrenan como senadores el periodista Álvaro Zancajo (que deja de ser miembro del consejo de administración de la RTVA) y la hasta ahora directora de la Oficina de la Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla, María Pastor.

Aguirre dejará su escaño por Córdoba

La elección por el pleno se ha producido después de que los recién designados senadores comparecieran ayer miércoles como aspirantes -salvo Jesús Aguirre y María Jesús Montero por ser parlamentarios autonómicos- ante la comisión consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento, que declaró la idoneidad de todos ellos.

Jesús Aguirre dejará su escaño por Córdoba para centrarse en su nueva responsabilidad como senador y será sustituido en la Cámara andaluza por la actual concejala en el Ayuntamiento de Lucena Miriam Ortiz López de Ahumada.

La votación en el Pleno se ha llevado a cabo por llamamiento de los diputados, que han depositado papeleta en urna. Los que han obtenido más votos han sido los senadores propuestos por el PP-A, con un total de 98; los del PSOE-A, 83, y los de Vox, 65 votos.

El Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles la ideoneidad de los nueve candidatos propuestos por PP, PSOE y Vox como senadores por designación autonómica, que serán nombrados este jueves en el primer Pleno de la legislatura y el último de este periodo de sesiones. Cuatro serán populares, tres socialistas y dos de Vox (uno cedido por los de Juanma Moreno, tras firmar el pacto de Gobierno de coalición).

Este procedimiento solía ser un trámite pactado previamente por los grandes partidos, en el que los aspirantes elegidos por cada grupo comparecían ante la comisión parlamentaria de Nombramientos sin que el rival político les cuestionara ni les hiciera preguntas incómodas.

Pero no ha ocurrido así hoy, sobre todo con los candidatos propuestos por Vox, en especial cuando ha llegado el turno de Álvaro Zancajo, que está siendo investigado por la Oficina Andaluza contra el Fraude por supuesta incompatibilidad de su puesto como miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA) y su rol de jefe de comunicación del lider nacional de Vox, Santiago Abascal.

Adelante Andalucía es quien interpuso esa denuncia hace meses y hoy su portavoz, José Ignacio García, llevaba preparadas las preguntas para zamarrear a Zancajo. También el PSOE y Por Andalucía cuestionaban públicamente su designación para el Senado, partiendo de una “incompatibilidad manifiesta” por su papel en la RTVA, donde ha cobrado un sueldo público de 60.000 euros los últimos cuatro años.

Sin embargo, ha sido el propio Zancajo quien ha admitido en su exposición inicial que siendo miembro del Consejo de Administración de Canal Sur ha estado “trabajando para Vox”, porque fue designado “a propuesta de Vox”.

En la breve presentación de su experiencia profesional ha terminado diciendo: “Luego comencé a trabajar aquí, de nuevo, en Andalucía, en Vox. Primero como responsable de comunicación en la campaña electoral de hace cuatro años y después como responsable de comunicación del grupo parlamentario Vox en Andalucía de la mano del entonces portavoz, Manolo Gavira, actual vicepresidente de la Junta. Posteriormente, como saben, seguí trabajando para Vox, volviendo a la Radio Televisión Pública Andaluza como miembro del Consejo de Administración de la RTVA, de Canal Sur, a propuesta de Vox y, por tanto, trabajando para Vox”.

Esa incompatibilidad -trabajar para un organismo público designado por el Parlamento andaluz y, a la vez, para un partido político- es lo que está investigando ahora la Oficina Antifraude. Lo que ha declarado hoy Zancajo ante la comisión de idoneidad de la Cámara no encaja con lo establecido en el artículo 15.6 de la Ley que regula la agencia pública empresarial de la RTVA: “La condición de miembro del Consejo de Administración y de representante de los trabajadores en este es incompatible con cualquier vinculación directa o indirecta con empresas publicitarias, editoriales, periodísticas, de telecomunicaciones, informáticas, de servicios de la sociedad de la información, empresas cinematográficas y agencias y gabinetes de prensa, con empresas de producción de programas, discográficas o con cualquier tipo de entidad relacionada con el suministro o la dotación de material o de programas audiovisuales, servicios conexos e interactivos a la RTVA o a sus sociedades filiales y con todo tipo de prestación de servicios o de relación laboral en activo con la RTVA o con otras entidades de radio y televisión de cualquier tecnología y ámbito de cobertura, salvo la laboral que el representante de los trabajadores ya tuviera con la RTVA al adquirir tal condición”, reza la ley.

Y remata: “Los miembros del Consejo de Administración estarán sometidos al régimen propio de las incompatibilidades de los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. Asimismo, serán incompatibles con la condición de Diputado o Diputada del Parlamento de Andalucía”.

El consejero designado por Vox en la RTVA no es el único que compagina su puesto, con salario público, con el trabajo que realiza para su partido político. También lo hacen los miembros designados por el PP y por el PSOE, aunque no se han dejado ver públicamente en cada comparecencia de su líder ante los medios, como hizo Zancajo acompañando a Abascal en las campañas electorales de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Él es el único denunciado por incompatibilidad ante la Oficina Antifraude.

“Un fraude a los andaluces”; “un currículum brillante”

La declaración de Zanjado en la comisión parlamentaria ha soliviantado aún más a los portavoces de los grupos de izquierda. El socialista Mario Jiménez ha calificado su designación como senador por la comunidad como “un fraude a los andaluces” y ha añadido: “Veremos si más adelante no es este Parlamento el que le quita la idoneidad, sino otra instancia política porque usted hoy clara y abiertamente ha hecho una manifestación pública que constará en el acta de esta comisión de un caso flagrante de incompatibilidad manifiesta”.

La notificación de la admisión a trámite de la denuncia de Adelante Andalucía contra Zancajo ante la Oficina Antifraude es del pasado 23 de abril (antes de las elecciones andaluzas), y está firmada por el director de la OAAF, Francisco de Paula Sánchez Zamorano. Durante la campaña electoral, el candidato de Adelante Andalucía ya acusó a Zancajo de “no dedicar ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal”, y exigió su cese en el ente público. También amagó con elevar su denuncia ante la Fiscalía si la Oficina Andaluza Antifraude “no actúa”, denunciando una “presunta financiación ilegal” de Vox.

En la denuncia, la formación andalucista señaló que la labor de Álvaro Zancajo con el partido “incumple” la ley 18/2007 de la RTVA y el reglamento de incompatibilidades del propio Consejo. Zancajo fue nombrado miembro del Consejo de RTVA en 2022, y dos años después, en 2024, empezó a desempeñar su trabajo como coordinador nacional de comunicación de Vox.

El artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración de la RTVA prescribe que “el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados, incluidos la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas”.

García le ha preguntado hoy si se marcha al Senado para “evitar” la investigación que pesa sobre él y Antonio Maíllo, portavoz de Por Andalucía, también ha denunciado la incompatibilidad de su puesto en el partido con la RTVA, añadiendo que tampoco “tiene en absoluto la idoneidad para representar a esta comunidad”.

El diputado de Vox Ricardo López Olea ha reprochado a las izquierdas que traigan asuntos “ideológicos” a esta comisión y ha defendido que Zancajo es un “profesional brillantísimo”, por eso recibe los “ataques” de la oposción. El candidato al Senado de la ultraderecha no ha respondido a las preguntas de estos grupos, que ha calficado de “campañitas” y “falsos relatos” de la izquierda. “Esto no tiene absolutamente nada que ver con el objeto de esta comparecencia”, ha sentenciado.

El Parlamento también ha aprobado, sin unanimidad de los grupos, la idoneidad como senadores del expresidente del PP andaluz Javier Arenas, de los exsecretarios generales del PSOE andaluz Juan Espadas y Susana Díaz, expresidenta de la Junta; de la abogada María Pastor, a propuesta de Vox, que desde abril dirigía la Oficina de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla con un discurso abiertamente antiabortista; y los populares Virginia Pérez y Francisco Javier Oblaré (diputados autonómicos en la anterior legislatura).

Ante la comisión consultiva de nombramientos sólo tienen que comparecer los candidatos que no sean diputados del Parlamento andaluz, lo que excluye de este trámite a Jesús Aguirre --parlamentario por Córdoba--, y a María Jesús Montero, con escaño por la provincia de Sevilla.

El actual miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión Andaluza (RTVA) Álvaro Zancajo y la directora de la Oficina Municipal de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla, María Pastor Pérez-Angulo, serán los senadores de Vox en representación de la comunidad.

Zancajo, investigado por la Oficina Antifraude después de que se admitiera la denuncia presentada por Adelante Andalucía, compagina su puesto como director de comunicación del partido de ultraderecha con el percibimiento de un sueldo público de 60.000 euros correspondiente al Consejo de Administración de RTVA. Por tanto, los andalucistas le acusaban de “no cumplir con el reglamento de incompatibilidad” debido a sus funciones en el acompañamiento y asesoría a Santiago Abascal.

Vox ha registrado este lunes el escrito proponiendo a Zancajo como senador en representación de la comunidad y, en el documento que ha tenido acceso este medio, Zancajo declara que “cumple los requisitos exigidos” en la ley y, a su vez, admite que “no se encuentra incurso en ninguna causa de incompatibilidad”.

De acuerdo con los resultados de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, al PP-A le correspondían cinco senadores; al PSOE-A, tres, y a Vox, uno, como en la anterior legislatura. No obstante, el PP-A se quedará finalmente con cuatro porque cede uno a Vox, en virtud del acuerdo de gobierno suscrito por ambas formaciones. El plazo para la presentación, en el registro del Parlamento andaluz, de propuestas a senadores en representación de la comunidad en la XIII legislatura ha finalizado este lunes.

Propuesta del PP

Por otro lado, Vox contará como senadora con María Pastor Pérez-Angulo, que ha sido candidata del partido en listas a autonómicas, municipales y generales y que actualmente ejerce como directora de la Oficina Municipal de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla.

Este nombre no ha sido registrado formalmente por Vox, sino que lo ha hecho el PP-A en su propuesta de cinco senadores, de los que uno es cedido a dicha formación. En la anterior legislatura Vox contaba con Paloma Gómez como senadora por la comunidad.

Este martes, las selecciones de fútbol masculino de España y Francia pelearán en semifinales por intentar llegar a la final del Mundial que está teniendo lugar en EEUU, México y Canadá. Pero en vísperas del encuentro el Partido Popular está enfangando las relaciones con el país vecino tanto por una de sus últimas decisiones parlamentarias como a través de uno de sus referentes, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

El jueves, el PP utilizó su mayoría absoluta en el Senado para paralizar por el momento la ratificación definitiva del Tratado de Amistad con Francia suscrito por ambos gobiernos en enero de 2023. Los populares aprobaron un requerimiento para pedir al Tribunal Constitucional que certifique si el apartado que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministros es conforme con la Carta Magna. En concreto, el artículo 2.4 del Tratado, prevé que un ministro pueda participar en el Consejo de Ministros del otro, al menos una vez cada tres meses y por rotación, algo que en el PP consideran que es contrario a la Constitución y por ello ya promovieron hace un año otro recurso ante el Constitucional en este sentido.

Para solventar esta cuestión, que en última instancia motivó que fracasara la ratificación en 2025, los ministros de Exteriores de los dos países llegaron en abril a un acuerdo sobre cómo interpretar dicho artículo, acordando que la invitación será “para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado” y no propiamente en el mismo. Pero esta fórmula no le valió al PP, que ahora sostiene que la “cláusula interpretativa” que se ha añadido “ni modifica la redacción del artículo 2.4, ni forma parte 'stricto sensu' del texto del Tratado” por lo que, una vez aprobado, los dos gobiernos podrían adoptar una cláusula interpretativa en “distintos términos”.

La decisión del PP causa perplejidad en las autoridades francesas, pero también en el Gobierno español que considera que el tratado de amistad es “bueno” para España y en particular para los 300.000 españoles que viven en el país vecino y el millón que lo hace en municipios fronterizos, tanto en Catalunya como Euskadi, Aragón o Navarra. “Desde luego el Partido Popular con esta medida ataca a España. Yo espero que lo paguen caro en las urnas”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la semana pasada.

A todo ello se sumó por sorpresa el expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy, que introdujo una reflexión racista en su habitual columna en El Debate sobre el último partido del Mundial en el que España ganó a Bélgica, lo que le aboca a enfrentarse en semifinales a Francia, este martes. El exmandatario afirmó que la selección francesa de fútbol tiene “una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”. En realidad, apenas tres futbolistas de la plantilla de 26 jugadores de Francia no nacieron en el país europeo: Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba. El resto nacieron en Francia y son todos franceses.

Declaraciones “absolutamente inaceptables”

Al menos tres ministros del gobierno francés han salido en las últimas horas a hacer frente a las palabras de Rajoy. Para el titular de Interior, Lauren Núñez —descendiente de almerienses que antes de llegar a Francia pasaron por Argelia—, las declaraciones del expresidente del Gobierno son “absolutamente inaceptables”. “Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia”, afirmó, en la televisión BMF TV. El ministro añadió que “Francia es un país diverso donde todo el mundo puede desarrollarse” y que considera que “hay una Francia, simplemente, que es una República en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar”.

La Embajada de Francia en España también ha publicado un breve mensaje en su cuenta oficial en la red social X en el que recuerda que “de los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Y otros miembros del gobierno francés, como la ministra delegada para la Igualdad de Género y la Lucha Contra la Discriminación de Francia, Aurore Bergé, también han salido al paso de las palabras de Rajoy. En su caso ha afirmado que ”los resbalones racistas repetidos son insoportables“ y ha mostrado su orgullo por la selección francesa.

Sémper: “Es sin mala intención”

La ministra para los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, ha pedido a la Federación Francesa de Fútbol que inicie “todas las acciones legales posibles” contra el expresidente Rajoy, algo sobre lo que por el momento no se ha pronunciado la Federación de Francia. “A cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No son 'deslizamientos'. Es un odio metódico y banalizado de Francia y de lo que representa”, apuntó, en un mensaje publicado en X.

Pese a que las principales críticas llegaban desde Francia, Rajoy respondía este lunes como si quienes hablaran de su racismo fueran solo españoles. “No me voy a poner al nivel de ciertos miembros del Gobierno español”, ha asegurado en El Mundo. Su entorno también ha tratado de restar importancia en ese mismo medio ante esta polémica al asegurar que “no había mala intención” en el expresidente y que es “un tema menor”.

“No puedes jugar en ninguna selección nacional si no eres nacional de ese país”, afirmó este lunes el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, al ser preguntado por la polémica reflexión que hizo Rajoy en su artículo en El Debate. A continuación, Sémper ha justificado la expresión racista del expresidente: “Una columna de estas que escribe el presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. Y esto yo lo circunscribiría a este perímetro. No le daría otra interpretación”, ha añadido, para concluir: “Sánchez dice que quiere que gane el mejor. Nosotros queremos que gane España aunque juegue peor”.

El PP ha conseguido paralizar por el momento la ratificación definitiva del Tratado de Amistad con Francia suscrito por ambos gobiernos en enero de 2023 tras sacar adelante gracias a su mayoría absoluta un requerimiento para pedir al Tribunal Constitucional que certifique si el apartado que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministros es conforme con la Carta Magna.

La propuesta de los 'populares' ha salido adelante por 146 votos a favor, los del PP y Vox, y 112 en contra, incluidos los socialistas, mientras que también ha habido dos abstenciones, la de la senadora de UPN María del Mar Caballero y el senador por el Hierro Aniceto Armas.

Esta es la segunda ocasión en la que el Senado pide la opinión del Constitucional respecto al tratado, tras hacer lo propio en febrero de 2025. El alto tribunal terminó pronunciándose en diciembre para inhibirse, al considerar que no era necesaria su opinión puesto que el Congreso había tumbado el texto y por tanto no podía ser ratificado.

El principal escollo es el artículo 2.4 del Tratado, en el que se prevé que un ministro pueda participar en el Consejo de Ministros del otro, al menos una vez cada tres meses y por rotación, algo que en el PP consideran que es contrario a la Constitución y por ello ya promovieron hace un año otro recurso ante el Constitucional en este sentido.

Para solventar esta cuestión, que en última instancia motivó que fracasara la ratificación en 2025, los ministros de Exteriores de los dos países llegaron el pasado mes de abril a un acuerdo sobre cómo interpretar dicho artículo, acordando que la invitación será “para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado” y no propiamente en el mismo.

VAGUEDAD DE LA CLÁUSULA INTERPRETATIVA

En su requerimiento, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP sostiene que la “cláusula interpretativa” que se ha añadido “ni modifica la redacción del artículo 2.4, ni forma parte 'stricto sensu' del texto del Tratado” por lo que, una vez aprobado, los dos gobiernos podrían adoptar una cláusula interpretativa en “distintos términos”.

Además, según sostiene el PP, la “vaguedad” de la redacción de dicha cláusula, que no explica lo que significa “en los márgenes del Consejo” y “una reunión por separado”, “no hace más que acrecentar las dudas ya existentes sobre la constitucionalidad” del citado artículo.

Por todo ello, plantean que el Pleno del Senado, como así ha ocurrido, requiera al Constitucional que “se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución” y el artículo 2.4 del Tratado de Amistad con Francia, acordando al mismo tiempo “suspender la tramitación de la autorización” del texto hasta que se pronuncie dicho tribunal.

Todo ello después de que el Congreso dio luz verde el pasado 18 de junio al tratado, remitido de urgencia de nuevo por el Gobierno en abril. Al igual que un año antes, PP y Vox votaron en contra del texto pero Podemos y Junts cambiaron el sentido de su voto, pasando de la abstención al respaldo.

PP Y VOX CONSIDERAN UNA “CUTREZ” LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO

Durante el debate, el senador del PP Miguel Ángel Ferrer, ha considerado “una cutrez” como el Gobierno ha querido sacar adelante el tratado, pidiendo que se ignore lo que en realidad dice en lugar de presentar un nuevo texto y ha afeado que pida a la oposición “un acto de fe” al secundarlo.

“No están ustedes en condiciones de pedir que les blanqueemos sus conductas, no están ustedes en condiciones para pedir favores y mucho menos están ustedes en condiciones de pedir la confianza de esta Cámara”, ha defendido, denunciando que el Gobierno ha optado por “el atajo” en lugar de “corregir el error”.

“¿Cómo nos vamos a fiar del Gobierno más corrupto de la democracia?”, ha sostenido en la misma línea la también 'popular' María José Pardo, que ha esgrimido que la política exterior del Ejecutivo es “la defensa del regímenes dictatoriales como Venezuela, Cuba, China” y “fabricar nuevos votantes”.

A su vez, el portavoz de Vox, Ángel Gordillo, también ha coincidido en que se trata de una “chapuza” y ha cuestionado “por qué tiene que sentarse en el Consejo de Ministros de España un representante del Gobierno francés” ni a la inversa para que haya una buena relación bilateral, defendiendo igualmente la necesidad de que se pronuncie el Constitucional y ejerza su “control preventivo”.

ALBARES ACUSA AL PP DE SER “ANTISISTEMA”

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había venido reclamando en los últimos días al PP que no diera el paso de llevar al Constitucional el Tratado, que considera “bueno” para España y en particular para los 300.000 españoles que viven en el país vecino y el millón que lo hace en municipios fronterizos.

“Desde luego el Partido Popular con esta medida ataca a España. Yo espero que lo paguen caro en las urnas”, ha comentado en declaraciones en 'Telecinco' recogidas por Europa Press esta misma mañana antes del debate.

Posteriormente, en LaSexta, ha incidido en que con este gesto los de Alberto Núñez Feijóo se convierten “abiertamente en un partido antisistema que boicotea las relaciones con uno de nuestros grandes amigos y socios en Europa y en el mundo”.

“No se creen ni un segundo esta patraña del tratado anticonstitucional”, ha añadido, subrayando que lo que quiere el PP es “dilatar, demorar, sabotear, pero lo hacen jugando con la vida de los españoles, los puestos de trabajo de los españoles, las exportaciones de tantas empresas”.

“Esto lo que demuestra es que el señor Feijóo está incapacitado para gobernar España. No hace falta saber hablar inglés y francés para saber que este es un tratado no solo bueno, sino absolutamente necesario”, ha remachado.

En la misma se ha pronunciado durante el debate la senadora socialista Concha Andreu, que ha afeado el “filibusterismo vulgarote más próximo a Vox” que está haciendo el PP al impedir que se ratifique ya el tratado, que la Asamblea francesa ya avaló, así como su compañero de filas Rafael Lemus, que ha acusado a los de Feijóo de “basarse en la falacia y la mentira”.

Lemus ha denunciado el boicot del PP a un tratado que “no modifica nuestra Constitución, que no supone cesión alguna de soberanía y que lo único que hace es institucionalizar una cooperación que ya existe y dotarla de mecanismos permanentes para afrontar juntos los desafíos del siglo XXI”.

También han cargado contra el PP los senadores de los distintos partidos que sustentan la coalición de gobierno, como el senador de Compromís Xavier Morera, que ha sostenido que se trata de “un error gravísimo que pasará factura” mientras que el portavoz del PNV, Luis Jesús Uribe-Etxebarría, ha reprochado a los 'populares' que “oponerse a todo, constante y reiteradamente, es lo mismo que negar la legitimidad del gobierno español actual”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respaldado la actuación de Mercedes González como responsable de la Guardia Civil en su comparecencia ante el Senado. Además, Marlaska ha situado la trama de la exmilitante del PSOE Leire Díez “fuera del Ministerio del Interior” y ha cuestionado que se presionara a la Unidad Central Operativa (UCO) desde la cúpula del Instituto Armado.

Durante su comparecencia en la 'comisión Koldo' en la Cámara Alta, Marlaska se ha referido a las informaciones reservadas abiertas a agentes de la UCO y a la investigación en la Audiencia Nacional sobre la supuesta orden de ponerse de perfil en las causas que afectaban al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Jamás he dicho a ningún funcionario público algo sobre dejar de investigar un hecho”, ha sostenido Marlaska, que acto seguido ha mencionado a lo que ha conocido recientemente por la prensa sobre la declaración en la Audiencia Nacional de dos exjefes de la UCO, Rafael Yuste y Alfonso López Malo, al entender el ministro que esa afirmación de ponerse de perfil “ha sido matizada suficientemente”.

“Estoy convencido de que nadie dependiente del Ministerio del Interior ha actuado en una forma como la indicada”, ha subrayado Marlaska al ser preguntado sobre los informes de la UCO que sí mencionaban supuestas presiones a los agentes y órdenes para ponerse de perfil.

Marlaska ha reiterado que Mercedes González le comunicó que tuvo en encuentro con Leire Díez en el que la exmilitante del PSOE le pidió rehabilitar al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, detenido tras estallar el 'caso Koldo', algo a lo que ella se negó en rotundo. “Es una trama generada fuera, en el ámbito exterior, ninguna persona del Ministerio del Interior está relacionada con la misma”, ha indicado Marlaska, que también ha rechazado que haya mentido o dado versiones contradictorias sobre las reuniones entre Leire Díez y Mercedes González, porque según el, nunca se trató nada relacionado con perjudicar a la UCO.

Marlaska ha rechazado que haya mentido sobre estos encuentros. “No engañé a nadie, no tengo ninguna duda sobre el buen hacer de la directora de la Guardia Civil”, ha enfatizado. Además, ha recordado que ni Mercedes González ni su antecesor, Leonardo Marcos, están investigados en la Audiencia Nacional. También ha dicho que él informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su reunión con la UCO del 30 de mayo de 2025, después de que se publicara el audio “deleznable” en el que Leire Díez hablaba de “matar” al teniente coronel de la UCO Antonio Balas. Según, el jefe del Ejecutivo le comentó que le parecía “perfecto” que trasladara su apoyo a la UCO.

Marlaska ha comentado que, con anterioridad, “tuvo conocimiento de la existencia de la trama” a partir de que la directora de la Guardia Civil le comentó que el director adjunto operativo (DAO) había recibido de la Jefatura de Información una nota sobre la existencia de un grupo de personas que tratan de imputar irregularidades a la UCO. “Evidentemente, el DAO dio el trámite a Policía Judicial, es decir, a la UCO, para que tomara razón del mismo y se procediera en los términos oportunos al respecto; ahí es cuando yo tengo conocimiento de esa trama que está siendo objeto de investigación actualmente”, ha dicho Marlaska.

Mercedes González aseguró el pasado 16 de junio, también en su comparecencia en el Senado, que trasladó al teniente coronel Antonio Balas y al resto de la cadena de mando de la UCO que había mantenido encuentros con Leire Díez. La reunión se produjo, a iniciativa de González, el 29 de mayo de 2025. Los generales de la Guardia Civil Rafael Yuste y Alfonso López Malo dijeron de forma posterior ante el juez Santiago Pedraz lo contrario: que Mercedes González no mencionó en ningún momento a Leire Díez.

El ex 'número dos' del PSN Ramón Alzórriz, que dejó su cargo en el partido el pasado año por tener a su pareja trabajando en la empresa Servinabar 2000, investigada por corrupción, ha negado que eso fuera un trato de favor por parte de Antxon Alonso, el empresario dueño de esa mercantil. Es más, Alzórriz ha acusado al empresario guipuzcoano de haber despedido a su pareja de manera “improcedente” en el año 2024 por el “revuelo” que se había generado en torno a la obra de los túneles de Belate tras la denuncia de UPN. Alzórriz, que aún se mantiene como parlamentario, era una persona de la máxima confianza de Santos Cerdán, a quien la Guardia Civil atribuye la titularidad del 45% de Servinabar 2000.

“Le llamó su jefe, Antxon Alonso, a una reunión a su despacho, le dijo que con el revuelo que se había montado con la adjudicación de los túneles de Belate, ella era la pareja del portavoz del Partido Socialista y del secretario de Organización y que, por lo tanto, no quería problemas y la despidió de manera improcedente”, ha explicado Alzórriz este martes en su comparecencia en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado a preguntas de la senadora del PP Ana Beltrán. Según ha añadido, recibió una indemnización por ello.

El todavía parlamentario socialista en la Cámara navarra ha asegurado que Santos Cerdán, con quien ha reconocido que ha hablado tras su salida de prisión, “no tuvo nada que ver” en la contratación de su pareja en Servinabar 2000. Ha afirmado que habló con Antxon Alonso para pedirle un empleo para su pareja porque el que tenía era “precario” y que fue contratada tras realizar una entrevista y una formación en prevención de riesgos laborales. “Su sueldo era de 30.000 euros brutos anuales, un sueldo normal”, ha apostillado.

Alzórriz, que en junio del año pasado, salió en rueda de prensa para anunciar que dimitía de todos sus cargos en el PSN, ha explicado ahora que fue Chivite quien, al enterarse de que le había ocultado la relación laboral de su pareja con la empresa investigada por corrupción, le forzó a dejar la vicesecretaría general del partido. “Ella me lo pidió y yo, por coherencia con la situación que se estaba produciendo y también por lealtad, no solo a ella sino al proyecto que tenemos en Navarra, acepté”, ha reconocido un año después.

Con todo, el ex 'número dos' del PSN ha vuelto a reiterar que desconocía que Santos Cerdán fuese propietario de Servinabar 2000 y ha asegurado que no ha leído los informes de la UCO de la Guardia Civil que vinculan al ex secretario de Organización del PSOE con esta mercantil. “Me he distanciado de esta situación”, ha apuntado.

Por último, Alzórriz ha negado que se hayan cometido “irregularidades” en las obras que realizó en su domicilio particular y que fueron encargadas a la misma constructora a la que Parquenasa, sociedad participada por el Gobierno de Navarra, le adjudicó cuatro contratos para la reconstrucción del parque Sendaviva y que están siendo investigados por un juzgado por un posible fraccionamiento ilegal. Hace una semana el Tribunal Superior de Justicia de Navarra inadmitió una querella presentada por Vox contra Alzórriz por estas obras de su casa.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha adelantado este martes que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero volverá a comparecer en la comisión de investigación sobre la SEPI, aunque todavía sin fecha. Por su parte, la vicepresidenta Sara Aagesen será interrogada en este foro el próximo lunes 6 de julio, mientras que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, acudirá el martes 14 de julio a la 'comisión Koldo', informa Europa Press.

Así lo ha anunciado la portavoz 'popular' en una rueda de prensa desde el Senado, donde también ha explicado que el martes 7 de julio está citado el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. Y la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, comparecerá el lunes 13 de julio en la comisión de investigación sobre la SEPI. El PP ya ha avanzado que le preguntará por las joyas de Zapatero, entre otras cosas.

Alicia García ha recordado que Zapatero ya compareció en la 'comisión Koldo' del Senado y ahora tendrá que acudir a la comisión que indaga en la gestión de la SEPI, aunque los 'populares' todavía no han puesto la fecha a este interrogatorio. “Quien faltó a la verdad en sede parlamentaria y ahora tiene que dar explicaciones ante un juez está obligado a dárselas también a los españoles. Aquí no vamos a pasar ni una”, ha proclamado Alicia García.

Además de Zapatero, la portavoz del PP ha garantizado que el mes de julio estará copado por varias comparecencias en las diferentes comisiones de investigación abiertas en el Senado. La primera en hacerlo será Sara Aagesen, ya que el PP pone el foco en el rescate a la empresa Tubos Reunidos. “Mientras millones de autónomos no llegan a fin de mes y pagan impuestos, el Gobierno inyectó millones de euros a empresas por el interés personal de Sánchez. Unos rescates plagados de irregularidades, sospechas y opacidad”, ha denunciado Alicia García.

Según la portavoz del PP, Tubos Reunidos “no podía ser rescatada por motivos ecológicos”, como defendió Aagesen, que por aquel entonces era secretaria de Estado de Energía, aunque luego finalmente fue rescatada. “¿Qué pasó en esas tres semanas?, ¿por qué la vicepresidenta cambió de opinión?, ¿quién la presionó?, ¿cómo la convencieron?”, preguntará el PP a Aagesen.

Asimismo, Alicia García ha garantizado que la 'comisión Koldo' del Senado seguirá investigando lo que ella denomina el “comando cloacas”, por lo que citarán al DAO de la Guardia Civil y a la presidenta del PSOE. “Ambos tendrán que dar la cara sobre su relación con el comando cloacas. Porque mientras Sánchez escribía con una mano su carta de enamorado, con la otra lanzaba a Leire Díez a una operación contra quienes querían destapar su corrupción”, ha apostillado Alicia García.

Conmemoramos hoy, como cada 30 de junio, el Día del Parlamentarismo. Y lo hacemos en medio de un incremento de la crispación en las asambleas legislativas de nuestro país. Me gusta recordar que hace casi cien años el político, jurista e intelectual Fernando de los Ríos dijo que la revolución pendiente en nuestro país es la del respeto. Desgraciadamente, esta sentencia está más vigente que nunca.

Sufrimos una carencia evidente de respeto al adversario y al representado. Lo comprobamos en cada sesión del Congreso, la cámara con mayor resonancia, aunque también en el Senado y en el resto de las asambleas autonómicas. El cúmulo de salidas de tono hace que algunos episodios que deberían resultar inadmisibles -o como mucho ocasionales- resulten ya prácticas habituales. Solo en los últimos meses hemos visto a un diputado encararse con agresividad en la Mesa del Congreso a quien presidía en ese momento la sesión; cruces de acusaciones graves y sin pruebas de “asesino” o “criminal” entre sus señorías y, por citar solo algún fenómeno especialmente ruidoso, comunicadores reconvertidos en agitadores ultras que acosan a representantes públicos e impiden el trabajo verdaderamente útil del resto de periodistas.

El insulto se ha convertido en parte de la estrategia política de confrontación. Causa un bochorno insoportable ver hasta qué niveles se hace uso de exabruptos y los ataques indiscriminados. ¿Quién podía imaginar que la presidenta de una comunidad autónoma llamase “hijo de puta” al presidente del Gobierno de España en el propio Congreso y que, lejos de disculparse y rectificar, ironizase con ello una vez tras otra, o más recientemente le calificase de “sinvergüenza”, como si se tratase de algo convencional? Ya incluso hay ministros que hacen gala de un lenguaje más propio del ‘matonismo’ que del decoro.

Más allá de aceptar que los insultos son los argumentos de quienes, como diría Rousseau, “están equivocados”, enfangar el terreno de juego hasta esos niveles nos conduce justo al extremo opuesto al que deberíamos ocupar: nos estamos convirtiendo en un nuevo problema de la sociedad, en lugar de ser parte activa en la resolución de los problemas que ya existen. Y por eso resulta imprescindible recordar lo que debería ser obvio: se puede discrepar con los planteamientos del adversario, e incluso contestar con vehemencia sus posiciones, pero hay que hacerlo de manera respetuosa y ejemplar, sin perder de vista que nuestro paso por las instituciones debería mejorar la vida de la gente a la que representamos, algo imposible si perdemos las formas.

Lo expresó muy bien el sabio expresidente uruguayo Pepe Mujica: “el problema es ganar voluntades, no aplastar”. Pero parece obvio que estamos en una espiral constante de aplastamiento y que hemos renunciado a buscar los puntos de encuentro.

A menudo digo que en las Cortes de Castilla-La Mancha el nivel de decibelios aún sigue por debajo de la locura nacional y que disfrutamos de cierto microclima de moderación y entendimiento, pero me preocupa el deterioro que pueden conllevar la proximidad de las elecciones, que siempre predispone a las subidas de tensión, y la contaminación permanente a la que estamos sometidos por los comportamientos nacionales tan tóxicos.

Por otra parte, el método recurrente de algunos grupos de acusar con palabras tan gruesas como veto o censura a los órganos de dirección del parlamento por no admitir asuntos que son presentados a sabiendas de que no cumplen el Reglamento resulta una deslealtad y una falta de respeto con la institución. El código de circulación prohíbe saltarse los semáforos: nadie se puede rasgar las vestiduras porque le restrinjan la libertad de circulación cuando no se atienda a las normas. Quienes precisamente trabajamos produciendo leyes debemos ser especialmente escrupulosos con el cumplimiento de las reglas.  

Téngase en cuenta que en esta legislatura ha habido predisposición para acordar nuevas normas, y ese fue el ánimo con que avanzamos hasta que una de las partes acordantes ha decidido dar marcha atrás a los acuerdos adoptados. Me estoy refiriendo obviamente a la profunda reforma del Estatuto de Autonomía pactada entre los dos grandes partidos y con la sociedad civil, y que ahora ha quedado paralizada en el Congreso, con motivo de un cambio de postura por parte del PP. Si no se han puesto en marcha nuevos mecanismos relativos al control al gobierno, ha sido exclusivamente porque los pactos en los que se enmarcaron han quedado dinamitados.

El problema de respeto alcanza, por tanto, al trato entre las personas que ejercemos en los parlamentos, a la palabra dada y votada en sede parlamentaria y al funcionamiento de las propias instituciones. Las faltas de respeto en cada uno de estos ámbitos nos llevan a reivindicar otro ejercicio del parlamentarismo. Y el mejor ejemplo lo tenemos en La Transición: hace 50 años nuestro país vivió un momento crucial, el paso de la dictadura a la democracia, y lo hizo en un ambiente de enorme agitación social. Lejos del idílico mito de una Transición pacífica, hay que recordar que había un clima de enormes hostilidades en las calles.

En este ambiente marcado por el terrorismo de ETA, Grapo y grupos de extrema derecha; con las heridas recientes de la Guerra Civil y de la durísima represión franquista; con amenazas de golpes de estado permanentes; con manifestaciones muy tensas, una severa crisis económica y decenas de muertos por violencia social cada año, los representantes políticos españoles supieron calmar los ánimos y tender puentes para llegar a acuerdos que han propiciado el mayor periodo de progreso, paz y bienestar de nuestro país. El papel de esa generación política resultó no solo determinante sino providencial. Cada una de las partes renunció a una victoria total -que en realidad era solo una victoria parcial- para pensar en el interés común. Con una mirada a largo plazo y por supuesto con respeto. Cuanto más se elevaba el volumen en la calle, más necesario fue rebajar el tono en los despachos y el Congreso para hacer posible un diálogo fructífero, porque se entendió que “el ruido no hace bien, ni el bien hace ruido”.

Por eso merece la pena reivindicar la Transición política española, como vamos a hacer a la vuelta del verano desde las Cortes Regionales y el Gobierno Autonómico. Ojalá que esta mirada atrás nos inspire para retomar el espíritu constructivo con el que debemos afrontar nuestro trabajo en los parlamentos. Una tarea que no solo debemos vivir como un privilegio, sino como una ocasión única para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas.

El Gobierno de Castilla-la Mancha está trabajando “para poner en marcha en los próximos meses una línea de ayuda por hectárea para los cultivadores de azafrán porque creemos que es fundamental que nuestro apoyo se constate en una realidad” y así lo ha explicado hoy el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

Este anuncio sucede pocas horas después de que la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Senado rechazara ayer jueves una iniciativa del Grupo Socialista para reforzar la protección, promoción y competitividad del Azafrán de La Mancha con Denominación de Origen Protegida presentada por la senadora por Albacete Amparo Torres y que, tras su debate, fue rechazada por la mayoría absoluta del PP, junto con Vox, sumando 10 votos a favor y 18 en contra

El consejero ha señalado hoy que este apoyo del Ejecutivo de García-Page contrasta con lo que sucedió ayer en el Senado donde los grupos del Partido Popular y de VOX votaron en contra de una moción del Partido Socialista de apoyo a este cultivo “que para Castilla-La Mancha, no siendo de grandes extensiones, sí tiene una reseña histórica que hace que nos sintamos orgullos de un cultivo que, además, tiene un nivel de calidad tremendo”, ha dicho Julián Martínez Lizán. Para el responsable regional, lo que pasó en la sesión de ayer “es prácticamente surrealista” y ha zanjado la cuestión afirmando que “se equivocan no apoyando en estas circunstancias el cultivo del azafrán”.

“Sabemos que es un cultivo condicionado a muchos factores, pero se merecen que les podamos ayudar en lo que podamos para poder seguir desarrollando esa actividad”, ha continuado.

Negociaciones PAC

En declaraciones a la prensa antes de inaugurar una cooperativa de pistachos en Madridejos, el consejero también ha valorado que ayer el Congreso refrendase el apoyo al Gobierno para defender una PAC fuerte, con un Marco financiero Plurianual fijo, con precios constantes que respondan a la necesidad que tiene el campo europeo, en este caso el español, de mantener con un presupuesto suficiente y con normativa adecuada al momento actual.

Este hecho “refrenda el trabajo que desde el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas venimos haciendo” desde la unanimidad en la defensa del interés agropecuario del territorio nacional en Europa y “queremos agradecer que esa unión sea la que nos marque el camino”.

En cuanto a la reunión que se mantiene hoy el Ministerio de Agricultura con las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) para abordar el mantenimiento de las ayudas al sector agrario con el fin de paliar los efectos de la guerra, el consejero la ha valorado como “una cuestión lógica” y ha continuado asegurando que la interlocución con el sector y con las comunidades autónomas es “bastante fluida” para atender a las demandas que puedan plantear el sector y las regiones.

Y ha asegurado que “en Castilla-La Mancha también lo hemos hecho con un documento único por parte de las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias que refleja las necesidades e inquietudes de Castilla-La Mancha” relacionadas con la próxima PAC. En ese sentido, ha deseado que en las reuniones que se producen a nivel ministerial, como la de hoy, “se vayan encauzando la necesidad de un presupuesto adecuado al momento para la PAC”, pero también de normativa y de una gobernanza que desarrolle una buena política agraria europea, en la que se consolide la soberanía alimentaria, la salud de las personas, la sostenibilidad y sobre todo que garantice la continuidad y la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha comparecido este viernes en el Senado y ha rechazado dar detalles sobre las reuniones que miembros de la Fiscalía mantuvieron con un abogado y Leire Díez. “Se ha dado cumplida información al magistrado que nos ha requerido”, se ha limitado a afirmar. Pero también ha salido en defensa del Ministerio Público ante las críticas de PP y Vox de haber maniobrado junto con esa trama. “Se ha insinuado que la Fiscalía puede estar al servicio de una trama criminal, eso es una falta de respeto absoluto a la institución”.

“Los 2.804 fiscales de España trabajan con rigor, con absoluta imparcialidad y con autonomía. Hablar de que somos parte de una trama criminal es poner ese trabajo diario a los pies de los caballos. La Fiscalía de ninguna manera se puede entender vinculada a una trama criminal”.

También ha negado haber impartido algún tipo de orden a los fiscales Anticorrupción que llevan las riendas de algunas de las investigaciones más comprometidas para el Gobierno y el PSOE. “No he tenido que dar ninguna instrucción, ni en el caso Leire, ni Koldo ni Plus Ultra, no ha habido ningún tipo de instrucción”.

La fiscal general, que tomó posesión del cargo a finales de 2025 como sucesora de Álvaro García Ortiz tras su condena, ha comparecido este viernes en la Comisión de Justicia del Senado después de que su departamento haya informado por escrito a la Audiencia Nacional de las dos reuniones que mantuvieron con el abogado Jacobo Teijelo, hoy imputado en el caso Leire, y la propia Leire Díez, que en esas reuniones fue identificada como colaboradora del despacho de este letrado. Dos reuniones, afirmó la Fiscalía ante el juez Santiago Pedraz, “en el marco de la más absoluta normalidad institucional” y en las que el letrado Teijelo expuso “alegaciones carentes de cualquier tipo de sustento probatorio”.

El interlocutor de Teijelo y Díez en estas reuniones fue Diego Villafañe, hoy fiscal en el Tribunal Supremo y entonces teniente fiscal en la Secretaría Técnica, uno de los puestos más cercanos al fiscal general dentro del organigrama del Ministerio Público. También estuvo en las reuniones de la sala de tapices Beatriz López, fiscal de este mismo departamento.

El resto del sumario del caso completa el dibujo de la estrategia que Leire Díez y sus colaboradores desarrollaban en esos meses, y también cuáles eran sus objetivos: buscar la manera de torpedear causas judiciales que afectaran al PSOE, al Gobierno o a sus propios intereses. Desde el caso Hidrocarburos hasta Koldo pasando por las diligencias contra la esposa y el hermano de Pedro Sánchez con el foco puesto en los fiscales Alejandro Luzón y José Grinda o el teniente coronel Antonio Balas. Varias de estas acciones se interpusieron, sin éxito, ante la propia Fiscalía General, y Leire Díez llegó a prometer al abogado de José Manuel Villarejo que la Fiscalía negociaría con él a cambio de su ayuda, algo que nunca sucedió.

La condena de García Ortiz

Peramato también ha defendido la actuación de la Fiscalía en la causa en la que terminó condenado su predecesor, Álvaro García Ortiz. “Conviene afirmar que la actuación del Ministerio Fiscal en este procedimiento se ha desarrollado en todo momento con sujeccion a los principios de legalidad e imparcialidad”. En esta causa, ahora pendiente del Tribunal Constitucional, según Peramato “se ha atendido exclusivamente a criterios jurídicos y objetivos que no han dependido de ninguna voluntad individual, el Ministerio Fiscal en mi opinión ha actuado en esta causa como exactamente exije la Constitución”.

Tanto PP como Vox, este último desde el grupo mixto, han hecho una defensa cerrada de Almudena Lastra, la ex fiscal jefe de Madrid que testificó en contra de García Ortiz en el Tribunal Supremo y que no ha sido renovada en su cargo en el Ministerio Público madrileño. “Una purga ejecutada en la Fiscalía de Madrid porque cometió el delito de actuar con integridad, un castigo ejemplarizante”, ha dicho Paloma Gómez (Vox). “Usted la purgó por negarse, por ser fiel a sus principios constitucionales”, ha dicho poco antes María José Pardo (PP). “Niego la mayor, no ha habido ninguna purga”, ha contestado Peramato.

En una primera parte de su intervención, Peramato ha instado a trabajar desde la Fiscalía “sin entrar al debate político ni al debate mediático”. También ha defendido su política de nombramientos que, ha recordado, corresponde en exclusiva a la fiscal general aunque el Consejo Fiscal emita su opinión. “No puede ser sustituido por otros órganos”, ha dicho, citando una sentencia reciente del Tribunal Constitucional y refiriéndose a uno de los grandes problemas a los que se enfrentaron sus dos predecesores: las sentencias del Tribunal Supremo que anularon varios nombramientos y ascensos recurridos por otros candidatos o por otras asociaciones. “He asumido como prioridad reforzar la transparencia, la coherencia y la racionalidad de cada decisión”, ha añadido.

Posteriormente a esta primera intervención la portavoz del PP, María José Pardo Pumar, ha advertido a Peramato de la posibilidad de convertirse en “cómplice de la cloaca” y ha cargado contra su “escandalosa política de nombramientos”. También lo ha negado la fiscal general. “Se me podrá criticar lo que quieran, pero no que no haya atendido al mérito y la capacidad”. Desde su toma de posesión ha ascendido a cuatro fiscales de sala y solo uno era de la Unión Progresista de Fiscales, y en los 14 nombramientos de fiscalías territoriales “cinco pertenecen a la UPF, cinco a la AF y cuatro no asociados, no creo que no se me puede tachar de que no haya equilibrio”.