El Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles la ideoneidad de los nueve candidatos propuestos por PP, PSOE y Vox como senadores por designación autonómica, que serán nombrados este jueves en el primer Pleno de la legislatura y el último de este periodo de sesiones. Cuatro serán populares, tres socialistas y dos de Vox (uno cedido por los de Juanma Moreno, tras firmar el pacto de Gobierno de coalición).

Este procedimiento solía ser un trámite pactado previamente por los grandes partidos, en el que los aspirantes elegidos por cada grupo comparecían ante la comisión parlamentaria de Nombramientos sin que el rival político les cuestionara ni les hiciera preguntas incómodas.

Pero no ha ocurrido así hoy, sobre todo con los candidatos propuestos por Vox, en especial cuando ha llegado el turno de Álvaro Zancajo, que está siendo investigado por la Oficina Andaluza contra el Fraude por supuesta incompatibilidad de su puesto como miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA) y su rol de jefe de comunicación del lider nacional de Vox, Santiago Abascal.

Adelante Andalucía es quien interpuso esa denuncia hace meses y hoy su portavoz, José Ignacio García, llevaba preparadas las preguntas para zamarrear a Zancajo. También el PSOE y Por Andalucía cuestionaban públicamente su designación para el Senado, partiendo de una “incompatibilidad manifiesta” por su papel en la RTVA, donde ha cobrado un sueldo público de 60.000 euros los últimos cuatro años.

Sin embargo, ha sido el propio Zancajo quien ha admitido en su exposición inicial que siendo miembro del Consejo de Administración de Canal Sur ha estado “trabajando para Vox”, porque fue designado “a propuesta de Vox”.

En la breve presentación de su experiencia profesional ha terminado diciendo: “Luego comencé a trabajar aquí, de nuevo, en Andalucía, en Vox. Primero como responsable de comunicación en la campaña electoral de hace cuatro años y después como responsable de comunicación del grupo parlamentario Vox en Andalucía de la mano del entonces portavoz, Manolo Gavira, actual vicepresidente de la Junta. Posteriormente, como saben, seguí trabajando para Vox, volviendo a la Radio Televisión Pública Andaluza como miembro del Consejo de Administración de la RTVA, de Canal Sur, a propuesta de Vox y, por tanto, trabajando para Vox”.

Esa incompatibilidad -trabajar para un organismo público designado por el Parlamento andaluz y, a la vez, para un partido político- es lo que está investigando ahora la Oficina Antifraude. Lo que ha declarado hoy Zancajo ante la comisión de idoneidad de la Cámara no encaja con lo establecido en el artículo 15.6 de la Ley que regula la agencia pública empresarial de la RTVA: “La condición de miembro del Consejo de Administración y de representante de los trabajadores en este es incompatible con cualquier vinculación directa o indirecta con empresas publicitarias, editoriales, periodísticas, de telecomunicaciones, informáticas, de servicios de la sociedad de la información, empresas cinematográficas y agencias y gabinetes de prensa, con empresas de producción de programas, discográficas o con cualquier tipo de entidad relacionada con el suministro o la dotación de material o de programas audiovisuales, servicios conexos e interactivos a la RTVA o a sus sociedades filiales y con todo tipo de prestación de servicios o de relación laboral en activo con la RTVA o con otras entidades de radio y televisión de cualquier tecnología y ámbito de cobertura, salvo la laboral que el representante de los trabajadores ya tuviera con la RTVA al adquirir tal condición”, reza la ley.

Y remata: “Los miembros del Consejo de Administración estarán sometidos al régimen propio de las incompatibilidades de los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. Asimismo, serán incompatibles con la condición de Diputado o Diputada del Parlamento de Andalucía”.

El consejero designado por Vox en la RTVA no es el único que compagina su puesto, con salario público, con el trabajo que realiza para su partido político. También lo hacen los miembros designados por el PP y por el PSOE, aunque no se han dejado ver públicamente en cada comparecencia de su líder ante los medios, como hizo Zancajo acompañando a Abascal en las campañas electorales de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Él es el único denunciado por incompatibilidad ante la Oficina Antifraude.

“Un fraude a los andaluces”; “un currículum brillante”

La declaración de Zanjado en la comisión parlamentaria ha soliviantado aún más a los portavoces de los grupos de izquierda. El socialista Mario Jiménez ha calificado su designación como senador por la comunidad como “un fraude a los andaluces” y ha añadido: “Veremos si más adelante no es este Parlamento el que le quita la idoneidad, sino otra instancia política porque usted hoy clara y abiertamente ha hecho una manifestación pública que constará en el acta de esta comisión de un caso flagrante de incompatibilidad manifiesta”.

La notificación de la admisión a trámite de la denuncia de Adelante Andalucía contra Zancajo ante la Oficina Antifraude es del pasado 23 de abril (antes de las elecciones andaluzas), y está firmada por el director de la OAAF, Francisco de Paula Sánchez Zamorano. Durante la campaña electoral, el candidato de Adelante Andalucía ya acusó a Zancajo de “no dedicar ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal”, y exigió su cese en el ente público. También amagó con elevar su denuncia ante la Fiscalía si la Oficina Andaluza Antifraude “no actúa”, denunciando una “presunta financiación ilegal” de Vox.

En la denuncia, la formación andalucista señaló que la labor de Álvaro Zancajo con el partido “incumple” la ley 18/2007 de la RTVA y el reglamento de incompatibilidades del propio Consejo. Zancajo fue nombrado miembro del Consejo de RTVA en 2022, y dos años después, en 2024, empezó a desempeñar su trabajo como coordinador nacional de comunicación de Vox.

El artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración de la RTVA prescribe que “el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados, incluidos la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas”.

García le ha preguntado hoy si se marcha al Senado para “evitar” la investigación que pesa sobre él y Antonio Maíllo, portavoz de Por Andalucía, también ha denunciado la incompatibilidad de su puesto en el partido con la RTVA, añadiendo que tampoco “tiene en absoluto la idoneidad para representar a esta comunidad”.

El diputado de Vox Ricardo López Olea ha reprochado a las izquierdas que traigan asuntos “ideológicos” a esta comisión y ha defendido que Zancajo es un “profesional brillantísimo”, por eso recibe los “ataques” de la oposción. El candidato al Senado de la ultraderecha no ha respondido a las preguntas de estos grupos, que ha calficado de “campañitas” y “falsos relatos” de la izquierda. “Esto no tiene absolutamente nada que ver con el objeto de esta comparecencia”, ha sentenciado.

El Parlamento también ha aprobado, sin unanimidad de los grupos, la idoneidad como senadores del expresidente del PP andaluz Javier Arenas, de los exsecretarios generales del PSOE andaluz Juan Espadas y Susana Díaz, expresidenta de la Junta; de la abogada María Pastor, a propuesta de Vox, que desde abril dirigía la Oficina de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla con un discurso abiertamente antiabortista; y los populares Virginia Pérez y Francisco Javier Oblaré (diputados autonómicos en la anterior legislatura).

Ante la comisión consultiva de nombramientos sólo tienen que comparecer los candidatos que no sean diputados del Parlamento andaluz, lo que excluye de este trámite a Jesús Aguirre --parlamentario por Córdoba--, y a María Jesús Montero, con escaño por la provincia de Sevilla.

El actual miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión Andaluza (RTVA) Álvaro Zancajo y la directora de la Oficina Municipal de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla, María Pastor Pérez-Angulo, serán los senadores de Vox en representación de la comunidad.

Zancajo, investigado por la Oficina Antifraude después de que se admitiera la denuncia presentada por Adelante Andalucía, compagina su puesto como director de comunicación del partido de ultraderecha con el percibimiento de un sueldo público de 60.000 euros correspondiente al Consejo de Administración de RTVA. Por tanto, los andalucistas le acusaban de “no cumplir con el reglamento de incompatibilidad” debido a sus funciones en el acompañamiento y asesoría a Santiago Abascal.

Vox ha registrado este lunes el escrito proponiendo a Zancajo como senador en representación de la comunidad y, en el documento que ha tenido acceso este medio, Zancajo declara que “cumple los requisitos exigidos” en la ley y, a su vez, admite que “no se encuentra incurso en ninguna causa de incompatibilidad”.

De acuerdo con los resultados de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, al PP-A le correspondían cinco senadores; al PSOE-A, tres, y a Vox, uno, como en la anterior legislatura. No obstante, el PP-A se quedará finalmente con cuatro porque cede uno a Vox, en virtud del acuerdo de gobierno suscrito por ambas formaciones. El plazo para la presentación, en el registro del Parlamento andaluz, de propuestas a senadores en representación de la comunidad en la XIII legislatura ha finalizado este lunes.

Propuesta del PP

Por otro lado, Vox contará como senadora con María Pastor Pérez-Angulo, que ha sido candidata del partido en listas a autonómicas, municipales y generales y que actualmente ejerce como directora de la Oficina Municipal de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla.

Este nombre no ha sido registrado formalmente por Vox, sino que lo ha hecho el PP-A en su propuesta de cinco senadores, de los que uno es cedido a dicha formación. En la anterior legislatura Vox contaba con Paloma Gómez como senadora por la comunidad.

Este martes, las selecciones de fútbol masculino de España y Francia pelearán en semifinales por intentar llegar a la final del Mundial que está teniendo lugar en EEUU, México y Canadá. Pero en vísperas del encuentro el Partido Popular está enfangando las relaciones con el país vecino tanto por una de sus últimas decisiones parlamentarias como a través de uno de sus referentes, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

El jueves, el PP utilizó su mayoría absoluta en el Senado para paralizar por el momento la ratificación definitiva del Tratado de Amistad con Francia suscrito por ambos gobiernos en enero de 2023. Los populares aprobaron un requerimiento para pedir al Tribunal Constitucional que certifique si el apartado que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministros es conforme con la Carta Magna. En concreto, el artículo 2.4 del Tratado, prevé que un ministro pueda participar en el Consejo de Ministros del otro, al menos una vez cada tres meses y por rotación, algo que en el PP consideran que es contrario a la Constitución y por ello ya promovieron hace un año otro recurso ante el Constitucional en este sentido.

Para solventar esta cuestión, que en última instancia motivó que fracasara la ratificación en 2025, los ministros de Exteriores de los dos países llegaron en abril a un acuerdo sobre cómo interpretar dicho artículo, acordando que la invitación será “para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado” y no propiamente en el mismo. Pero esta fórmula no le valió al PP, que ahora sostiene que la “cláusula interpretativa” que se ha añadido “ni modifica la redacción del artículo 2.4, ni forma parte 'stricto sensu' del texto del Tratado” por lo que, una vez aprobado, los dos gobiernos podrían adoptar una cláusula interpretativa en “distintos términos”.

La decisión del PP causa perplejidad en las autoridades francesas, pero también en el Gobierno español que considera que el tratado de amistad es “bueno” para España y en particular para los 300.000 españoles que viven en el país vecino y el millón que lo hace en municipios fronterizos, tanto en Catalunya como Euskadi, Aragón o Navarra. “Desde luego el Partido Popular con esta medida ataca a España. Yo espero que lo paguen caro en las urnas”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la semana pasada.

A todo ello se sumó por sorpresa el expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy, que introdujo una reflexión racista en su habitual columna en El Debate sobre el último partido del Mundial en el que España ganó a Bélgica, lo que le aboca a enfrentarse en semifinales a Francia, este martes. El exmandatario afirmó que la selección francesa de fútbol tiene “una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”. En realidad, apenas tres futbolistas de la plantilla de 26 jugadores de Francia no nacieron en el país europeo: Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba. El resto nacieron en Francia y son todos franceses.

Declaraciones “absolutamente inaceptables”

Al menos tres ministros del gobierno francés han salido en las últimas horas a hacer frente a las palabras de Rajoy. Para el titular de Interior, Lauren Núñez —descendiente de almerienses que antes de llegar a Francia pasaron por Argelia—, las declaraciones del expresidente del Gobierno son “absolutamente inaceptables”. “Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia”, afirmó, en la televisión BMF TV. El ministro añadió que “Francia es un país diverso donde todo el mundo puede desarrollarse” y que considera que “hay una Francia, simplemente, que es una República en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar”.

La Embajada de Francia en España también ha publicado un breve mensaje en su cuenta oficial en la red social X en el que recuerda que “de los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Y otros miembros del gobierno francés, como la ministra delegada para la Igualdad de Género y la Lucha Contra la Discriminación de Francia, Aurore Bergé, también han salido al paso de las palabras de Rajoy. En su caso ha afirmado que ”los resbalones racistas repetidos son insoportables“ y ha mostrado su orgullo por la selección francesa.

Sémper: “Es sin mala intención”

La ministra para los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, ha pedido a la Federación Francesa de Fútbol que inicie “todas las acciones legales posibles” contra el expresidente Rajoy, algo sobre lo que por el momento no se ha pronunciado la Federación de Francia. “A cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No son 'deslizamientos'. Es un odio metódico y banalizado de Francia y de lo que representa”, apuntó, en un mensaje publicado en X.

Pese a que las principales críticas llegaban desde Francia, Rajoy respondía este lunes como si quienes hablaran de su racismo fueran solo españoles. “No me voy a poner al nivel de ciertos miembros del Gobierno español”, ha asegurado en El Mundo. Su entorno también ha tratado de restar importancia en ese mismo medio ante esta polémica al asegurar que “no había mala intención” en el expresidente y que es “un tema menor”.

“No puedes jugar en ninguna selección nacional si no eres nacional de ese país”, afirmó este lunes el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, al ser preguntado por la polémica reflexión que hizo Rajoy en su artículo en El Debate. A continuación, Sémper ha justificado la expresión racista del expresidente: “Una columna de estas que escribe el presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. Y esto yo lo circunscribiría a este perímetro. No le daría otra interpretación”, ha añadido, para concluir: “Sánchez dice que quiere que gane el mejor. Nosotros queremos que gane España aunque juegue peor”.

El PP ha conseguido paralizar por el momento la ratificación definitiva del Tratado de Amistad con Francia suscrito por ambos gobiernos en enero de 2023 tras sacar adelante gracias a su mayoría absoluta un requerimiento para pedir al Tribunal Constitucional que certifique si el apartado que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministros es conforme con la Carta Magna.

La propuesta de los 'populares' ha salido adelante por 146 votos a favor, los del PP y Vox, y 112 en contra, incluidos los socialistas, mientras que también ha habido dos abstenciones, la de la senadora de UPN María del Mar Caballero y el senador por el Hierro Aniceto Armas.

Esta es la segunda ocasión en la que el Senado pide la opinión del Constitucional respecto al tratado, tras hacer lo propio en febrero de 2025. El alto tribunal terminó pronunciándose en diciembre para inhibirse, al considerar que no era necesaria su opinión puesto que el Congreso había tumbado el texto y por tanto no podía ser ratificado.

El principal escollo es el artículo 2.4 del Tratado, en el que se prevé que un ministro pueda participar en el Consejo de Ministros del otro, al menos una vez cada tres meses y por rotación, algo que en el PP consideran que es contrario a la Constitución y por ello ya promovieron hace un año otro recurso ante el Constitucional en este sentido.

Para solventar esta cuestión, que en última instancia motivó que fracasara la ratificación en 2025, los ministros de Exteriores de los dos países llegaron el pasado mes de abril a un acuerdo sobre cómo interpretar dicho artículo, acordando que la invitación será “para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado” y no propiamente en el mismo.

VAGUEDAD DE LA CLÁUSULA INTERPRETATIVA

En su requerimiento, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP sostiene que la “cláusula interpretativa” que se ha añadido “ni modifica la redacción del artículo 2.4, ni forma parte 'stricto sensu' del texto del Tratado” por lo que, una vez aprobado, los dos gobiernos podrían adoptar una cláusula interpretativa en “distintos términos”.

Además, según sostiene el PP, la “vaguedad” de la redacción de dicha cláusula, que no explica lo que significa “en los márgenes del Consejo” y “una reunión por separado”, “no hace más que acrecentar las dudas ya existentes sobre la constitucionalidad” del citado artículo.

Por todo ello, plantean que el Pleno del Senado, como así ha ocurrido, requiera al Constitucional que “se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución” y el artículo 2.4 del Tratado de Amistad con Francia, acordando al mismo tiempo “suspender la tramitación de la autorización” del texto hasta que se pronuncie dicho tribunal.

Todo ello después de que el Congreso dio luz verde el pasado 18 de junio al tratado, remitido de urgencia de nuevo por el Gobierno en abril. Al igual que un año antes, PP y Vox votaron en contra del texto pero Podemos y Junts cambiaron el sentido de su voto, pasando de la abstención al respaldo.

PP Y VOX CONSIDERAN UNA “CUTREZ” LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO

Durante el debate, el senador del PP Miguel Ángel Ferrer, ha considerado “una cutrez” como el Gobierno ha querido sacar adelante el tratado, pidiendo que se ignore lo que en realidad dice en lugar de presentar un nuevo texto y ha afeado que pida a la oposición “un acto de fe” al secundarlo.

“No están ustedes en condiciones de pedir que les blanqueemos sus conductas, no están ustedes en condiciones para pedir favores y mucho menos están ustedes en condiciones de pedir la confianza de esta Cámara”, ha defendido, denunciando que el Gobierno ha optado por “el atajo” en lugar de “corregir el error”.

“¿Cómo nos vamos a fiar del Gobierno más corrupto de la democracia?”, ha sostenido en la misma línea la también 'popular' María José Pardo, que ha esgrimido que la política exterior del Ejecutivo es “la defensa del regímenes dictatoriales como Venezuela, Cuba, China” y “fabricar nuevos votantes”.

A su vez, el portavoz de Vox, Ángel Gordillo, también ha coincidido en que se trata de una “chapuza” y ha cuestionado “por qué tiene que sentarse en el Consejo de Ministros de España un representante del Gobierno francés” ni a la inversa para que haya una buena relación bilateral, defendiendo igualmente la necesidad de que se pronuncie el Constitucional y ejerza su “control preventivo”.

ALBARES ACUSA AL PP DE SER “ANTISISTEMA”

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había venido reclamando en los últimos días al PP que no diera el paso de llevar al Constitucional el Tratado, que considera “bueno” para España y en particular para los 300.000 españoles que viven en el país vecino y el millón que lo hace en municipios fronterizos.

“Desde luego el Partido Popular con esta medida ataca a España. Yo espero que lo paguen caro en las urnas”, ha comentado en declaraciones en 'Telecinco' recogidas por Europa Press esta misma mañana antes del debate.

Posteriormente, en LaSexta, ha incidido en que con este gesto los de Alberto Núñez Feijóo se convierten “abiertamente en un partido antisistema que boicotea las relaciones con uno de nuestros grandes amigos y socios en Europa y en el mundo”.

“No se creen ni un segundo esta patraña del tratado anticonstitucional”, ha añadido, subrayando que lo que quiere el PP es “dilatar, demorar, sabotear, pero lo hacen jugando con la vida de los españoles, los puestos de trabajo de los españoles, las exportaciones de tantas empresas”.

“Esto lo que demuestra es que el señor Feijóo está incapacitado para gobernar España. No hace falta saber hablar inglés y francés para saber que este es un tratado no solo bueno, sino absolutamente necesario”, ha remachado.

En la misma se ha pronunciado durante el debate la senadora socialista Concha Andreu, que ha afeado el “filibusterismo vulgarote más próximo a Vox” que está haciendo el PP al impedir que se ratifique ya el tratado, que la Asamblea francesa ya avaló, así como su compañero de filas Rafael Lemus, que ha acusado a los de Feijóo de “basarse en la falacia y la mentira”.

Lemus ha denunciado el boicot del PP a un tratado que “no modifica nuestra Constitución, que no supone cesión alguna de soberanía y que lo único que hace es institucionalizar una cooperación que ya existe y dotarla de mecanismos permanentes para afrontar juntos los desafíos del siglo XXI”.

También han cargado contra el PP los senadores de los distintos partidos que sustentan la coalición de gobierno, como el senador de Compromís Xavier Morera, que ha sostenido que se trata de “un error gravísimo que pasará factura” mientras que el portavoz del PNV, Luis Jesús Uribe-Etxebarría, ha reprochado a los 'populares' que “oponerse a todo, constante y reiteradamente, es lo mismo que negar la legitimidad del gobierno español actual”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respaldado la actuación de Mercedes González como responsable de la Guardia Civil en su comparecencia ante el Senado. Además, Marlaska ha situado la trama de la exmilitante del PSOE Leire Díez “fuera del Ministerio del Interior” y ha cuestionado que se presionara a la Unidad Central Operativa (UCO) desde la cúpula del Instituto Armado.

Durante su comparecencia en la 'comisión Koldo' en la Cámara Alta, Marlaska se ha referido a las informaciones reservadas abiertas a agentes de la UCO y a la investigación en la Audiencia Nacional sobre la supuesta orden de ponerse de perfil en las causas que afectaban al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Jamás he dicho a ningún funcionario público algo sobre dejar de investigar un hecho”, ha sostenido Marlaska, que acto seguido ha mencionado a lo que ha conocido recientemente por la prensa sobre la declaración en la Audiencia Nacional de dos exjefes de la UCO, Rafael Yuste y Alfonso López Malo, al entender el ministro que esa afirmación de ponerse de perfil “ha sido matizada suficientemente”.

“Estoy convencido de que nadie dependiente del Ministerio del Interior ha actuado en una forma como la indicada”, ha subrayado Marlaska al ser preguntado sobre los informes de la UCO que sí mencionaban supuestas presiones a los agentes y órdenes para ponerse de perfil.

Marlaska ha reiterado que Mercedes González le comunicó que tuvo en encuentro con Leire Díez en el que la exmilitante del PSOE le pidió rehabilitar al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, detenido tras estallar el 'caso Koldo', algo a lo que ella se negó en rotundo. “Es una trama generada fuera, en el ámbito exterior, ninguna persona del Ministerio del Interior está relacionada con la misma”, ha indicado Marlaska, que también ha rechazado que haya mentido o dado versiones contradictorias sobre las reuniones entre Leire Díez y Mercedes González, porque según el, nunca se trató nada relacionado con perjudicar a la UCO.

Marlaska ha rechazado que haya mentido sobre estos encuentros. “No engañé a nadie, no tengo ninguna duda sobre el buen hacer de la directora de la Guardia Civil”, ha enfatizado. Además, ha recordado que ni Mercedes González ni su antecesor, Leonardo Marcos, están investigados en la Audiencia Nacional. También ha dicho que él informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su reunión con la UCO del 30 de mayo de 2025, después de que se publicara el audio “deleznable” en el que Leire Díez hablaba de “matar” al teniente coronel de la UCO Antonio Balas. Según, el jefe del Ejecutivo le comentó que le parecía “perfecto” que trasladara su apoyo a la UCO.

Marlaska ha comentado que, con anterioridad, “tuvo conocimiento de la existencia de la trama” a partir de que la directora de la Guardia Civil le comentó que el director adjunto operativo (DAO) había recibido de la Jefatura de Información una nota sobre la existencia de un grupo de personas que tratan de imputar irregularidades a la UCO. “Evidentemente, el DAO dio el trámite a Policía Judicial, es decir, a la UCO, para que tomara razón del mismo y se procediera en los términos oportunos al respecto; ahí es cuando yo tengo conocimiento de esa trama que está siendo objeto de investigación actualmente”, ha dicho Marlaska.

Mercedes González aseguró el pasado 16 de junio, también en su comparecencia en el Senado, que trasladó al teniente coronel Antonio Balas y al resto de la cadena de mando de la UCO que había mantenido encuentros con Leire Díez. La reunión se produjo, a iniciativa de González, el 29 de mayo de 2025. Los generales de la Guardia Civil Rafael Yuste y Alfonso López Malo dijeron de forma posterior ante el juez Santiago Pedraz lo contrario: que Mercedes González no mencionó en ningún momento a Leire Díez.

El ex 'número dos' del PSN Ramón Alzórriz, que dejó su cargo en el partido el pasado año por tener a su pareja trabajando en la empresa Servinabar 2000, investigada por corrupción, ha negado que eso fuera un trato de favor por parte de Antxon Alonso, el empresario dueño de esa mercantil. Es más, Alzórriz ha acusado al empresario guipuzcoano de haber despedido a su pareja de manera “improcedente” en el año 2024 por el “revuelo” que se había generado en torno a la obra de los túneles de Belate tras la denuncia de UPN. Alzórriz, que aún se mantiene como parlamentario, era una persona de la máxima confianza de Santos Cerdán, a quien la Guardia Civil atribuye la titularidad del 45% de Servinabar 2000.

“Le llamó su jefe, Antxon Alonso, a una reunión a su despacho, le dijo que con el revuelo que se había montado con la adjudicación de los túneles de Belate, ella era la pareja del portavoz del Partido Socialista y del secretario de Organización y que, por lo tanto, no quería problemas y la despidió de manera improcedente”, ha explicado Alzórriz este martes en su comparecencia en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado a preguntas de la senadora del PP Ana Beltrán. Según ha añadido, recibió una indemnización por ello.

El todavía parlamentario socialista en la Cámara navarra ha asegurado que Santos Cerdán, con quien ha reconocido que ha hablado tras su salida de prisión, “no tuvo nada que ver” en la contratación de su pareja en Servinabar 2000. Ha afirmado que habló con Antxon Alonso para pedirle un empleo para su pareja porque el que tenía era “precario” y que fue contratada tras realizar una entrevista y una formación en prevención de riesgos laborales. “Su sueldo era de 30.000 euros brutos anuales, un sueldo normal”, ha apostillado.

Alzórriz, que en junio del año pasado, salió en rueda de prensa para anunciar que dimitía de todos sus cargos en el PSN, ha explicado ahora que fue Chivite quien, al enterarse de que le había ocultado la relación laboral de su pareja con la empresa investigada por corrupción, le forzó a dejar la vicesecretaría general del partido. “Ella me lo pidió y yo, por coherencia con la situación que se estaba produciendo y también por lealtad, no solo a ella sino al proyecto que tenemos en Navarra, acepté”, ha reconocido un año después.

Con todo, el ex 'número dos' del PSN ha vuelto a reiterar que desconocía que Santos Cerdán fuese propietario de Servinabar 2000 y ha asegurado que no ha leído los informes de la UCO de la Guardia Civil que vinculan al ex secretario de Organización del PSOE con esta mercantil. “Me he distanciado de esta situación”, ha apuntado.

Por último, Alzórriz ha negado que se hayan cometido “irregularidades” en las obras que realizó en su domicilio particular y que fueron encargadas a la misma constructora a la que Parquenasa, sociedad participada por el Gobierno de Navarra, le adjudicó cuatro contratos para la reconstrucción del parque Sendaviva y que están siendo investigados por un juzgado por un posible fraccionamiento ilegal. Hace una semana el Tribunal Superior de Justicia de Navarra inadmitió una querella presentada por Vox contra Alzórriz por estas obras de su casa.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha adelantado este martes que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero volverá a comparecer en la comisión de investigación sobre la SEPI, aunque todavía sin fecha. Por su parte, la vicepresidenta Sara Aagesen será interrogada en este foro el próximo lunes 6 de julio, mientras que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, acudirá el martes 14 de julio a la 'comisión Koldo', informa Europa Press.

Así lo ha anunciado la portavoz 'popular' en una rueda de prensa desde el Senado, donde también ha explicado que el martes 7 de julio está citado el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. Y la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, comparecerá el lunes 13 de julio en la comisión de investigación sobre la SEPI. El PP ya ha avanzado que le preguntará por las joyas de Zapatero, entre otras cosas.

Alicia García ha recordado que Zapatero ya compareció en la 'comisión Koldo' del Senado y ahora tendrá que acudir a la comisión que indaga en la gestión de la SEPI, aunque los 'populares' todavía no han puesto la fecha a este interrogatorio. “Quien faltó a la verdad en sede parlamentaria y ahora tiene que dar explicaciones ante un juez está obligado a dárselas también a los españoles. Aquí no vamos a pasar ni una”, ha proclamado Alicia García.

Además de Zapatero, la portavoz del PP ha garantizado que el mes de julio estará copado por varias comparecencias en las diferentes comisiones de investigación abiertas en el Senado. La primera en hacerlo será Sara Aagesen, ya que el PP pone el foco en el rescate a la empresa Tubos Reunidos. “Mientras millones de autónomos no llegan a fin de mes y pagan impuestos, el Gobierno inyectó millones de euros a empresas por el interés personal de Sánchez. Unos rescates plagados de irregularidades, sospechas y opacidad”, ha denunciado Alicia García.

Según la portavoz del PP, Tubos Reunidos “no podía ser rescatada por motivos ecológicos”, como defendió Aagesen, que por aquel entonces era secretaria de Estado de Energía, aunque luego finalmente fue rescatada. “¿Qué pasó en esas tres semanas?, ¿por qué la vicepresidenta cambió de opinión?, ¿quién la presionó?, ¿cómo la convencieron?”, preguntará el PP a Aagesen.

Asimismo, Alicia García ha garantizado que la 'comisión Koldo' del Senado seguirá investigando lo que ella denomina el “comando cloacas”, por lo que citarán al DAO de la Guardia Civil y a la presidenta del PSOE. “Ambos tendrán que dar la cara sobre su relación con el comando cloacas. Porque mientras Sánchez escribía con una mano su carta de enamorado, con la otra lanzaba a Leire Díez a una operación contra quienes querían destapar su corrupción”, ha apostillado Alicia García.

Conmemoramos hoy, como cada 30 de junio, el Día del Parlamentarismo. Y lo hacemos en medio de un incremento de la crispación en las asambleas legislativas de nuestro país. Me gusta recordar que hace casi cien años el político, jurista e intelectual Fernando de los Ríos dijo que la revolución pendiente en nuestro país es la del respeto. Desgraciadamente, esta sentencia está más vigente que nunca.

Sufrimos una carencia evidente de respeto al adversario y al representado. Lo comprobamos en cada sesión del Congreso, la cámara con mayor resonancia, aunque también en el Senado y en el resto de las asambleas autonómicas. El cúmulo de salidas de tono hace que algunos episodios que deberían resultar inadmisibles -o como mucho ocasionales- resulten ya prácticas habituales. Solo en los últimos meses hemos visto a un diputado encararse con agresividad en la Mesa del Congreso a quien presidía en ese momento la sesión; cruces de acusaciones graves y sin pruebas de “asesino” o “criminal” entre sus señorías y, por citar solo algún fenómeno especialmente ruidoso, comunicadores reconvertidos en agitadores ultras que acosan a representantes públicos e impiden el trabajo verdaderamente útil del resto de periodistas.

El insulto se ha convertido en parte de la estrategia política de confrontación. Causa un bochorno insoportable ver hasta qué niveles se hace uso de exabruptos y los ataques indiscriminados. ¿Quién podía imaginar que la presidenta de una comunidad autónoma llamase “hijo de puta” al presidente del Gobierno de España en el propio Congreso y que, lejos de disculparse y rectificar, ironizase con ello una vez tras otra, o más recientemente le calificase de “sinvergüenza”, como si se tratase de algo convencional? Ya incluso hay ministros que hacen gala de un lenguaje más propio del ‘matonismo’ que del decoro.

Más allá de aceptar que los insultos son los argumentos de quienes, como diría Rousseau, “están equivocados”, enfangar el terreno de juego hasta esos niveles nos conduce justo al extremo opuesto al que deberíamos ocupar: nos estamos convirtiendo en un nuevo problema de la sociedad, en lugar de ser parte activa en la resolución de los problemas que ya existen. Y por eso resulta imprescindible recordar lo que debería ser obvio: se puede discrepar con los planteamientos del adversario, e incluso contestar con vehemencia sus posiciones, pero hay que hacerlo de manera respetuosa y ejemplar, sin perder de vista que nuestro paso por las instituciones debería mejorar la vida de la gente a la que representamos, algo imposible si perdemos las formas.

Lo expresó muy bien el sabio expresidente uruguayo Pepe Mujica: “el problema es ganar voluntades, no aplastar”. Pero parece obvio que estamos en una espiral constante de aplastamiento y que hemos renunciado a buscar los puntos de encuentro.

A menudo digo que en las Cortes de Castilla-La Mancha el nivel de decibelios aún sigue por debajo de la locura nacional y que disfrutamos de cierto microclima de moderación y entendimiento, pero me preocupa el deterioro que pueden conllevar la proximidad de las elecciones, que siempre predispone a las subidas de tensión, y la contaminación permanente a la que estamos sometidos por los comportamientos nacionales tan tóxicos.

Por otra parte, el método recurrente de algunos grupos de acusar con palabras tan gruesas como veto o censura a los órganos de dirección del parlamento por no admitir asuntos que son presentados a sabiendas de que no cumplen el Reglamento resulta una deslealtad y una falta de respeto con la institución. El código de circulación prohíbe saltarse los semáforos: nadie se puede rasgar las vestiduras porque le restrinjan la libertad de circulación cuando no se atienda a las normas. Quienes precisamente trabajamos produciendo leyes debemos ser especialmente escrupulosos con el cumplimiento de las reglas.  

Téngase en cuenta que en esta legislatura ha habido predisposición para acordar nuevas normas, y ese fue el ánimo con que avanzamos hasta que una de las partes acordantes ha decidido dar marcha atrás a los acuerdos adoptados. Me estoy refiriendo obviamente a la profunda reforma del Estatuto de Autonomía pactada entre los dos grandes partidos y con la sociedad civil, y que ahora ha quedado paralizada en el Congreso, con motivo de un cambio de postura por parte del PP. Si no se han puesto en marcha nuevos mecanismos relativos al control al gobierno, ha sido exclusivamente porque los pactos en los que se enmarcaron han quedado dinamitados.

El problema de respeto alcanza, por tanto, al trato entre las personas que ejercemos en los parlamentos, a la palabra dada y votada en sede parlamentaria y al funcionamiento de las propias instituciones. Las faltas de respeto en cada uno de estos ámbitos nos llevan a reivindicar otro ejercicio del parlamentarismo. Y el mejor ejemplo lo tenemos en La Transición: hace 50 años nuestro país vivió un momento crucial, el paso de la dictadura a la democracia, y lo hizo en un ambiente de enorme agitación social. Lejos del idílico mito de una Transición pacífica, hay que recordar que había un clima de enormes hostilidades en las calles.

En este ambiente marcado por el terrorismo de ETA, Grapo y grupos de extrema derecha; con las heridas recientes de la Guerra Civil y de la durísima represión franquista; con amenazas de golpes de estado permanentes; con manifestaciones muy tensas, una severa crisis económica y decenas de muertos por violencia social cada año, los representantes políticos españoles supieron calmar los ánimos y tender puentes para llegar a acuerdos que han propiciado el mayor periodo de progreso, paz y bienestar de nuestro país. El papel de esa generación política resultó no solo determinante sino providencial. Cada una de las partes renunció a una victoria total -que en realidad era solo una victoria parcial- para pensar en el interés común. Con una mirada a largo plazo y por supuesto con respeto. Cuanto más se elevaba el volumen en la calle, más necesario fue rebajar el tono en los despachos y el Congreso para hacer posible un diálogo fructífero, porque se entendió que “el ruido no hace bien, ni el bien hace ruido”.

Por eso merece la pena reivindicar la Transición política española, como vamos a hacer a la vuelta del verano desde las Cortes Regionales y el Gobierno Autonómico. Ojalá que esta mirada atrás nos inspire para retomar el espíritu constructivo con el que debemos afrontar nuestro trabajo en los parlamentos. Una tarea que no solo debemos vivir como un privilegio, sino como una ocasión única para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas.

El Gobierno de Castilla-la Mancha está trabajando “para poner en marcha en los próximos meses una línea de ayuda por hectárea para los cultivadores de azafrán porque creemos que es fundamental que nuestro apoyo se constate en una realidad” y así lo ha explicado hoy el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

Este anuncio sucede pocas horas después de que la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Senado rechazara ayer jueves una iniciativa del Grupo Socialista para reforzar la protección, promoción y competitividad del Azafrán de La Mancha con Denominación de Origen Protegida presentada por la senadora por Albacete Amparo Torres y que, tras su debate, fue rechazada por la mayoría absoluta del PP, junto con Vox, sumando 10 votos a favor y 18 en contra

El consejero ha señalado hoy que este apoyo del Ejecutivo de García-Page contrasta con lo que sucedió ayer en el Senado donde los grupos del Partido Popular y de VOX votaron en contra de una moción del Partido Socialista de apoyo a este cultivo “que para Castilla-La Mancha, no siendo de grandes extensiones, sí tiene una reseña histórica que hace que nos sintamos orgullos de un cultivo que, además, tiene un nivel de calidad tremendo”, ha dicho Julián Martínez Lizán. Para el responsable regional, lo que pasó en la sesión de ayer “es prácticamente surrealista” y ha zanjado la cuestión afirmando que “se equivocan no apoyando en estas circunstancias el cultivo del azafrán”.

“Sabemos que es un cultivo condicionado a muchos factores, pero se merecen que les podamos ayudar en lo que podamos para poder seguir desarrollando esa actividad”, ha continuado.

Negociaciones PAC

En declaraciones a la prensa antes de inaugurar una cooperativa de pistachos en Madridejos, el consejero también ha valorado que ayer el Congreso refrendase el apoyo al Gobierno para defender una PAC fuerte, con un Marco financiero Plurianual fijo, con precios constantes que respondan a la necesidad que tiene el campo europeo, en este caso el español, de mantener con un presupuesto suficiente y con normativa adecuada al momento actual.

Este hecho “refrenda el trabajo que desde el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas venimos haciendo” desde la unanimidad en la defensa del interés agropecuario del territorio nacional en Europa y “queremos agradecer que esa unión sea la que nos marque el camino”.

En cuanto a la reunión que se mantiene hoy el Ministerio de Agricultura con las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) para abordar el mantenimiento de las ayudas al sector agrario con el fin de paliar los efectos de la guerra, el consejero la ha valorado como “una cuestión lógica” y ha continuado asegurando que la interlocución con el sector y con las comunidades autónomas es “bastante fluida” para atender a las demandas que puedan plantear el sector y las regiones.

Y ha asegurado que “en Castilla-La Mancha también lo hemos hecho con un documento único por parte de las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias que refleja las necesidades e inquietudes de Castilla-La Mancha” relacionadas con la próxima PAC. En ese sentido, ha deseado que en las reuniones que se producen a nivel ministerial, como la de hoy, “se vayan encauzando la necesidad de un presupuesto adecuado al momento para la PAC”, pero también de normativa y de una gobernanza que desarrolle una buena política agraria europea, en la que se consolide la soberanía alimentaria, la salud de las personas, la sostenibilidad y sobre todo que garantice la continuidad y la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha comparecido este viernes en el Senado y ha rechazado dar detalles sobre las reuniones que miembros de la Fiscalía mantuvieron con un abogado y Leire Díez. “Se ha dado cumplida información al magistrado que nos ha requerido”, se ha limitado a afirmar. Pero también ha salido en defensa del Ministerio Público ante las críticas de PP y Vox de haber maniobrado junto con esa trama. “Se ha insinuado que la Fiscalía puede estar al servicio de una trama criminal, eso es una falta de respeto absoluto a la institución”.

“Los 2.804 fiscales de España trabajan con rigor, con absoluta imparcialidad y con autonomía. Hablar de que somos parte de una trama criminal es poner ese trabajo diario a los pies de los caballos. La Fiscalía de ninguna manera se puede entender vinculada a una trama criminal”.

También ha negado haber impartido algún tipo de orden a los fiscales Anticorrupción que llevan las riendas de algunas de las investigaciones más comprometidas para el Gobierno y el PSOE. “No he tenido que dar ninguna instrucción, ni en el caso Leire, ni Koldo ni Plus Ultra, no ha habido ningún tipo de instrucción”.

La fiscal general, que tomó posesión del cargo a finales de 2025 como sucesora de Álvaro García Ortiz tras su condena, ha comparecido este viernes en la Comisión de Justicia del Senado después de que su departamento haya informado por escrito a la Audiencia Nacional de las dos reuniones que mantuvieron con el abogado Jacobo Teijelo, hoy imputado en el caso Leire, y la propia Leire Díez, que en esas reuniones fue identificada como colaboradora del despacho de este letrado. Dos reuniones, afirmó la Fiscalía ante el juez Santiago Pedraz, “en el marco de la más absoluta normalidad institucional” y en las que el letrado Teijelo expuso “alegaciones carentes de cualquier tipo de sustento probatorio”.

El interlocutor de Teijelo y Díez en estas reuniones fue Diego Villafañe, hoy fiscal en el Tribunal Supremo y entonces teniente fiscal en la Secretaría Técnica, uno de los puestos más cercanos al fiscal general dentro del organigrama del Ministerio Público. También estuvo en las reuniones de la sala de tapices Beatriz López, fiscal de este mismo departamento.

El resto del sumario del caso completa el dibujo de la estrategia que Leire Díez y sus colaboradores desarrollaban en esos meses, y también cuáles eran sus objetivos: buscar la manera de torpedear causas judiciales que afectaran al PSOE, al Gobierno o a sus propios intereses. Desde el caso Hidrocarburos hasta Koldo pasando por las diligencias contra la esposa y el hermano de Pedro Sánchez con el foco puesto en los fiscales Alejandro Luzón y José Grinda o el teniente coronel Antonio Balas. Varias de estas acciones se interpusieron, sin éxito, ante la propia Fiscalía General, y Leire Díez llegó a prometer al abogado de José Manuel Villarejo que la Fiscalía negociaría con él a cambio de su ayuda, algo que nunca sucedió.

La condena de García Ortiz

Peramato también ha defendido la actuación de la Fiscalía en la causa en la que terminó condenado su predecesor, Álvaro García Ortiz. “Conviene afirmar que la actuación del Ministerio Fiscal en este procedimiento se ha desarrollado en todo momento con sujeccion a los principios de legalidad e imparcialidad”. En esta causa, ahora pendiente del Tribunal Constitucional, según Peramato “se ha atendido exclusivamente a criterios jurídicos y objetivos que no han dependido de ninguna voluntad individual, el Ministerio Fiscal en mi opinión ha actuado en esta causa como exactamente exije la Constitución”.

Tanto PP como Vox, este último desde el grupo mixto, han hecho una defensa cerrada de Almudena Lastra, la ex fiscal jefe de Madrid que testificó en contra de García Ortiz en el Tribunal Supremo y que no ha sido renovada en su cargo en el Ministerio Público madrileño. “Una purga ejecutada en la Fiscalía de Madrid porque cometió el delito de actuar con integridad, un castigo ejemplarizante”, ha dicho Paloma Gómez (Vox). “Usted la purgó por negarse, por ser fiel a sus principios constitucionales”, ha dicho poco antes María José Pardo (PP). “Niego la mayor, no ha habido ninguna purga”, ha contestado Peramato.

En una primera parte de su intervención, Peramato ha instado a trabajar desde la Fiscalía “sin entrar al debate político ni al debate mediático”. También ha defendido su política de nombramientos que, ha recordado, corresponde en exclusiva a la fiscal general aunque el Consejo Fiscal emita su opinión. “No puede ser sustituido por otros órganos”, ha dicho, citando una sentencia reciente del Tribunal Constitucional y refiriéndose a uno de los grandes problemas a los que se enfrentaron sus dos predecesores: las sentencias del Tribunal Supremo que anularon varios nombramientos y ascensos recurridos por otros candidatos o por otras asociaciones. “He asumido como prioridad reforzar la transparencia, la coherencia y la racionalidad de cada decisión”, ha añadido.

Posteriormente a esta primera intervención la portavoz del PP, María José Pardo Pumar, ha advertido a Peramato de la posibilidad de convertirse en “cómplice de la cloaca” y ha cargado contra su “escandalosa política de nombramientos”. También lo ha negado la fiscal general. “Se me podrá criticar lo que quieran, pero no que no haya atendido al mérito y la capacidad”. Desde su toma de posesión ha ascendido a cuatro fiscales de sala y solo uno era de la Unión Progresista de Fiscales, y en los 14 nombramientos de fiscalías territoriales “cinco pertenecen a la UPF, cinco a la AF y cuatro no asociados, no creo que no se me puede tachar de que no haya equilibrio”.

“Nunca. Jamás”. Fueron las dos palabras más repetidas por Mercedes González, directora de la Guardia Civil, en su comparecencia del martes en la Comisión de Interior del Senado. El tema era sus contactos con Leire Díez, imputada por sus maniobras para atacar a los jueces, los fiscales y la UCO que realizan investigaciones que perjudican al Gobierno. Durante demasiado tiempo ha dejado que fuera creciendo la bola en función de la aparición de informes policiales. El comunicado que difundió la semana pasada no era un prodigio de claridad. Ahora tenía la oportunidad de dejar las cosas más claras.

“No he participado jamás nunca en ninguna trama conspirativa contra la UCO ni contra ninguna unidad de la Guardia Civil”, dijo. Supo de Leire Díez cuando era delegada del Gobierno en Madrid y ella trabajaba en Correos. Solo se intercambiaron algunos mensajes por WhatsApp a cuenta de conflictos laborales en la empresa. Su primer encuentro en persona fue poco después de su nombramiento en la Guardia Civil. Básicamente, Díez se estaba ofreciendo por si había algún puesto para ella, cosa que no se produjo. Tres meses después, hubo otro encuentro —el informe de la UCO habla de tres contactos—, pero ella dice que “no lo recuerda”, pero parece que no descarta que se produjera.

González dijo que el último encuentro fue parecido al primero, pero en él Díez sacó el tema del comandante Rubén Villalba, separado del servicio por estar imputado en una investigación judicial. En ese momento, puso fin a la reunión, que se celebró en una cafetería. “Jamás volví a verla”, terminó diciendo.

Esta es una información bastante precisa que González podía haber dado hace mucho tiempo. Leire Díez lleva apareciendo en los medios de comunicación desde hace más de un año. Ella sabrá por qué no la ha compartido en persona con la opinión pública hasta que el Partido Popular la ha convocado en el Senado. Una vez que apareció en una grabación que Díez presumió en una conversación con otro implicado que González era “de mi confianza”, la directora había quedado comprometida.

El caso es que la directora de la Guardia Civil ya sabía lo que se estaba cociendo. Leyó frases de un artículo publicado el año pasado en un medio del que no dio el nombre que decía que ella se había reunido con Leire Díez en su despacho en la sede del Instituto Armado. Ahí volvió a repetir lo de “jamás nunca”. Se quejó de ese “ruido ensordecedor” y de la “bola mediática”, pero en esa época decidió no contar con claridad en qué habían consistido esos contactos.

Sus explicaciones no sirvieron al PP, como era previsible. Su portavoz, Luis Santamaría, la llamó “comandante cloaca” y dijo que ha quedado desautorizada por el contenido de los informes de la UCO: “¿Por qué mintió sobre sus reuniones con Leire cuando el informe dijo que eran tres?”. “Son todo mentiras, mentiras y más mentiras”, dijo.

Tuvo tiempo para hacer una reflexión general sobre la democracia: “¿Cómo se llaman las operaciones en las democracias en las que se quitan de en medio a policías y guardias civiles que investigan delitos?”. Precisamente, eso fue lo que se intentó en el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz contra el trabajo del inspector de la UDEF Manuel Morocho, que investigó la corrupción de la Gürtel. Santamaría ha hecho las preguntas en nombre del PP en varias comisiones de investigación en los últimos años con la única intención de sugerir que toda la investigación policial y judicial de la Gürtel fue una operación política contra su partido.

El senador del PP insinuaba, y lo hizo en más de una ocasión, que ha habido “purgas” en la Guardia Civil para obstaculizar las investigaciones que perjudican al Gobierno. González respondió recordando que se reunió con los altos mandos de la Guardia Civil, incluidos los de la UCO, para reiterarles su apoyo cuando se publicaron en mayo de 2025 audios de conversaciones de Leire Díez en los que la exconcejal socialista salía diciendo que quería ver “muerto” al teniente coronel Antonio Balas. En esa reunión, les comunicó que sabía quién era Díez: “Expresamente reconocí que conocía a Leire y que me había visto con ella en alguna ocasión”.

En un momento posterior de la comparecencia, decidió dar su apoyo específico a Balas, jefe de la unidad de delitos económicos de la UCO. El teniente coronel tuvo un papel esencial y también polémico en el juicio del fiscal general para facilitar su condena, así como lo ha tenido en el juicio reciente de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. No solo por las pruebas facilitadas en su testimonio en esas vistas, sino también por sus deducciones con las que fundamenta la culpabilidad de los acusados.

González destacó que Balas está donde estaba cuando ella se estrenó en el cargo. “Dígame dónde estaba el teniente coronel Balas cuando llegué a la Guardia Civil y dónde está ahora. En el mismo sitio. Haciendo su trabajo. Escrupulosamente”.

Con las palabras de la directora de la Guardia Civil, Balas queda blindado en el puesto. Por lo demás, y a pesar de lo que denunció el PP, no hay pruebas de que su puesto estuviera en peligro o que vaya a dejar de dirigir las investigaciones de presuntos delitos de corrupción que persiguen ahora al Gobierno. Si Leire Díez quería matarlo, no cabe duda de que nadie le hizo mucho caso en ese punto.

El empresario lanzaroteño Manuel Aarón Fajardo y el excomiario del aeropuerto de Barajas, ahora jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez, comparecerán el 22 y 29 de junio en la comisión del Senado que investiga presuntas irregularidades de la SEPI.

Manuel Aarón Fajardo ha sido señalado por el juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, como el “enlace” con Venezuela del entorno del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuya secretaria, Gertrudis Alcázar, también comparecerá el 29 de junio en la comisión del Senado, según el calendario que ha anunciado este viernes en rueda de prensa la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Fajardo, residente desde hace años en Caracas (Venezuela) e hijo del actual senador del PSOE por Lanzarote, Manuel Fajardo Palarea, es definido por el juez de la Audiencia Nacional como “el hombre de Zapatero en Venezuela” y habría sido el primer enlace entre la cúpula de la aerolínea Plus Ultra -a la que la SEPI concedió un préstamo público de 53 millones de euros en 2021- y el entorno del expresidente socialista.

Por su parte, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, a la que la portavoz del PP se ha referido como su “asistenta y presunta fontanera para el blanqueamiento de dinero”, acudirá a declarar a la comisión el día 29 por la mañana.

La portavoz popular en el Senado ha dicho que Gertrudis Alcázar tendrá la oportunidad, entre otras cosas, de “aclarar de dónde provenía la colección de joyas que ocultaba Zapatero en una caja fuerte en su oficina propiedad del PSOE” y “quién le dio la orden para falsear facturas que tenían cómo objetivo el blanqueamiento de dinero”.

Ese mismo día por la tarde rendirá cuentas el excomisario del aeropuerto de Barajas Jesús María Gómez Martín, máximo responsable policial de Barajas en 2020 cuando se produjo el polémico aterrizaje en España de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

La portavoz del PP ha considerado que el llamado “Delcygate” fue “el embrión de toda una red de tráfico de influencias, corrupción y abuso de poder que se ha generado en torno al expresidente Zapatero y al presidente el Gobierno, Pedro Sánchez”

El PP ha preparado un mes de junio “caliente” para el Gobierno en el Senado con una batería de citaciones en diferentes comisiones a cuenta de las revelaciones del llamado 'caso Leire Díez', así como por las investigaciones judiciales contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Las fechas más destacadas serán el próximo viernes 19 de junio, cuando deberá comparecer la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y el martes 30 de junio, cuando será el turno del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

“El PP ha diseñado un calendario de cerco total a la corrupción del 'sanchismo”, ha asegurado en una rueda de prensa la portavoz en el Senado, Alicia García, quien ha acusado al Gobierno de esconderse “detrás del papa” ante la avalancha de actuaciones judiciales e informaciones que acorralan al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“Podemos afirmar que Leire planeó, [el ex fiscal general, Álvaro] García Ortiz ejecutó y P.S. ordenó”, ha afirmado, para reiterar la acusación de que el PSOE ha cometido “delincuencia de Estado” para proteger “a quien llaman ‘el uno’, el one, P.S.”.

La primera de las citaciones ya se conocía: la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparecerá el próximo martes 16 de junio en la Comisión de Interior del Senado. No será, por tanto, un interrogatorio sujeto a las normas de una comisión de investigación. Con todo, González deberá responder por las reuniones que mantuvo con Leire Díez después de haber reconocido dos. En ellas, Díez le pidió ayuda para un comandante implicado en el 'caso Koldo'.

En la Comisión de Justicia comparecerá Peramato para responder “por qué Leire Díez tenía pase VIP en la Fiscalía General del Estado”, donde mantuvo también reuniones con el que fuera teniente fiscal de la secretaria técnica de dicho organismo cuando lo lideraba Álvaro García Ortiz, condenado por la filtración de la confesión de dos delitos fiscales por parte del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El PP se ha llevado la principal de las comparecencias a final de mes. El 30 de junio será el turno del ministro del Interior, esta vez sí en una comisión de investigación. Marlaska “mintió sobre las reuniones de la directora de la Guardia Civil con Leire” y “quien miente, repite”, ha sostenido García.

La portavoz ha avanzado que le preguntarán “por qué gozó de escolta” Leire Díez, “por qué negó las reuniones” y “por qué no cesa” a González.

También el 'caso Zapatero'

El PP también tiene en su punto de mira a José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en una supuesta trama de cobro de mordidas y blanqueo de capitales. Alicia García ha explicado que, de momento, no van a citar al expresidente del Gobierno, quien está pendiente de declarar ante el juez José Luis Calama la semana que viene.

Pero sí llamarán a declarar al “delegado de Zapatero en Venezuela, Manuel Fajardo, a quien el juez sitúa como pieza clave en la supuesta ”trama internacional“ que implica al expresidente. Será citado el 22 de junio.

Una semana después, el día 29, será el turno de la secretaria personal de Zapatero, Gertrudis Alcázar, “presunta fontanera para el blanqueamiento de capitales”, en palabras de García, quien ha avanzado que le cuestionarán “quién le dio la orden para falsear facturas para blanquear dinero”.

Ese mismo día por la tarde está citado el excomisario en Barajas Jesús María Gómez para que explique qué ocurrió la noche que aterrizó brevemente un avión en el que viajaba la entonces vicepresidenta de Venezuela y hoy presidenta, Delcy Rodríguez.

García ha dicho que quieren saber si en las “maletas” de Delcy había “oro o joyas”, en referencia a las alhajas encontradas a Zapatero en su despacho profesional y que han sido tasadas en 1,3 millones de euros. El juez Calama ha abierto una pieza separada que investiga al expresidente por contrabando y delito fiscal.

“Estamos en los estertores del sanchismo”, ha dicho García, quien ha asegurado que “la agonía judicial y la soledad parlamentaria y social” será “realmente dura” para el Gobierno.

El PP considera que el Tribunal Constitucional es una de esas instituciones “invadidas” por el ‘sanchismo’. Un órgano tomado al asalto por el PSOE para ponerlo al servicio del Gobierno con sentencias como la de la ley de amnistía. Su principal ‘infiltrado’ es el presidente del órgano, Cándido Conde Pumpido. Su mandato concluyó el pasado mes de diciembre, pero el PP bloquea su renovación desde hace meses. La última prórroga, hasta el 30 de septiembre, se debe a la cántabra Virgen de la Bien Aparecida.

Así figura en las actas tanto de la Mesa del Parlamento de Cantabria como del propio Senado. La asamblea autonómica aprobó el pasado 4 de mayo pedir a la Cámara Alta retrasar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional hasta después del 15 de septiembre. Ese día es la festividad autonómica de la Virgen de la Bien Aparecida, y el calendario de plenos no suele empezar hasta después de esta celebración. 

La decisión se tomó con el visto bueno de todos los miembros de la Mesa oída la Junta de portavoces. El PSOE aceptó con naturalidad la decisión sin cuestionarse si la demora en la elección responde a un interés político en Madrid, informa Olga Agüero.

En el Senado la votación fue distinta, tal y como figura en el acta de la reunión del 12 de mayo. El PP usó su mayoría absoluta para aprobar una nueva prórroga del plazo para presentar candidatos con el voto en contra del PSOE. El documento recoge las quejas de los representantes socialistas, que consideraron que no se había “ofrecido la debida justificación” y que, en todo caso, el Parlamento cántabro tenía muchas semanas por delante antes del verano para hacer sus deberes. 

El presidente de la Cámara, Pedro Rollán, zanjó el debate sin atender a estos razonamientos y aludió a una hipotética falta de acuerdo en el Parlamento Cántabro que no se había mencionado previamente, según el acta.

Un bloqueo con objetivo político

El Senado acumula así media docena de aplazamientos de la renovación del tribunal de garantías español, pese a que el PP lo ha puesto en su punto de mira como uno de los organismos que Pedro Sánchez ha “asaltado” para utilizarlo en su interés, con su presidente, Cándido Conde-Pumpido, como principal objetivo de las críticas de la derecha.

El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros, y se renueva cada tres años por bloques de cuatro magistrados. Un tercio le corresponde al Congreso, otro al Senado y el tercero se lo reparten Gobierno y Consejo General del Poder Judicial. La elección en las Cortes Generales requiere de una mayoría cualificada de tres quintos de cada Cámara, lo que ha obligado históricamente al entendimiento entre el PP y el PSOE, con momentos de participación de otros partidos.

En el caso del Senado, tres quintos representan 159 senadores. El PP tiene 143 (ha perdido alguno tras cedérselos a Vox en sus pactos autonómicos). Esos 16 senadores de diferencia explican el bloqueo al que la derecha somete al máximo órgano de interpretación de la Constitución española.

El mandato de los magistrados elegidos hace nueve años por el Senado concluyó el pasado mes de diciembre. Entre ellos está el actual presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, gran enemigo de la derecha ya desde los tiempos en que fue Fiscal General del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero.

El PP ha acusado a Pumpido expresamente de tumbar sentencias o avalar leyes para favorecer al PSOE y al Gobierno (como el ‘caso ERE’ o la amnistía a los líderes del procés, por ejemplo). También la judicatura se ha lanzado contra el presidente del Constitucional por revertir sentencias del Supremo.

El PP tiene la mayoría absoluta del Senado, y cabría pensar que querría sacar a Pumpido lo antes posible de uno de los cargos institucionales más relevantes que existen en España. Pero no. Los de Alberto Núñez Feijóo han hecho lo posible por posponer el relevo con diferentes excusas.

Pumpido mandó una carta al Senado en agosto de 2025 para recordar que debían poner en marcha el proceso de renovación. La Cámara tenía por delante varios meses para hacerlo, pero el PP optó por el bloqueo. 

La primera excusa para posponer la elección llegó al filo de noviembre, María Guardiola anunció la disolución de la Asamblea de Extremadura y la convocatoria de elecciones para diciembre. El Senado elige a los magistrados del Constitucional a partir de las propuestas que le llegan de los parlamentos autonómicos. Y con el extremeño disuelto, el PP pidió la prórroga.

La excusa decae cuando se constata que el Senado esperó al 15 de diciembre de 2025 para abrir formalmente el plazo de presentación de candidaturas, apenas a dos días de la expiración de los mandatos de los magistrados, y sabedores de que el arranque de 2026 estaría plagado de convocatorias electorales autonómicas.

Los comicios extremeños llegaron el 21 de diciembre. En febrero, fueron los de Aragón. En marzo, los de Castilla y León. Y en mayo, los de Andalucía. Cada elección ha dado lugar a su respectiva prórroga, aplicable a todas las regiones pese a que tanto antes como entre medias ha habido oportunidades para que dichas asambleas legislativas cumplieran con su obligación constitucional.

Porque no solo estas cuatro han pedido prórrogas y están pendientes de enviar sus candidatos. La Asamblea de Madrid, por ejemplo, reclamó el pasado 17 de abril retrasar el plazo con el objetivo de disponer de más tiempo para negociar, proponer y consensuar los perfiles entre los grupos parlamentarios. Su petición fue atendida y sirvió para llevárselo a después del verano.

Otros sí han cumplido. El Parlamento Vasco aprobó el pasado 30 de abril nominar para el cargo a Xabier Arzoz Santisteban y a Javier García Roca. Esta es, junto con la catalana, la única cámara autonómica donde el PP es irrelevante a efectos de una mayoría cualificada.

Dar la vuelta a la mayoría progresista

La realidad, expresada por diferentes dirigentes del PP, es que Alberto Núñez Feijóo no quiere pactar con el Gobierno de Sánchez para evitar los ataques de Vox. El líder de la oposición no quiso dar un perfil pactista con “la mafia”, como llaman al Ejecutivo, durante los procesos electorales de la primera parte del año. Así lo han referido altos cargos del PP en los últimos meses cuando se les ha cuestionado por el bloqueo a la renovación. 

Pero la derecha sueña, además, con ampliar su mayoría en el Senado en las próximas elecciones generales, lograr esos 16 escaños que le faltan para alcanzar los tres quintos y elegir los cuatro nuevos magistrados sin contar con el PSOE.

De esta forma, el PP daría la vuelta a la actual mayoría progresista del Tribunal Constitucional y podría elegir al futuro presidente del órgano.

El pasado marzo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, denunció en el Senado que el PP “incumple la Constitución” por no renovar “en plazo” el tribunal de garantías. “Fijemos día y hora, señora portavoz, señores del Grupo Parlamentario Popular. Nos sentamos esta misma tarde para empezar a hablar de la renovación”, dijo Bolaños.

No ocurrió. Y sigue sin ocurrir, confirman desde el Ministerio de Presidencia, “lo que evidencia la nula disposición del PP”. El departamento de Bolaños asegura a elDiario.es que “queda clara la voluntad expresa de la mayoría del PP en el Senado para incumplir el mandato constitucional de renovar el Tribunal Constitucional en el plazo debido”, y recuerdan que el partido de Feijóo ya lo hizo con “el Consejo General del Poder Judicial por cerca de cinco años”.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, comparecerá el próximo martes 16 de junio en la Comisión de Interior del Senado para dar cuenta de las reuniones que mantuvo con Leire Díez la 'fontanera' relacionada con el PSOE que, según investiga la Audiencia Nacional, habría maniobrado de forma ilegal para hacer descarrilar las pesquisas judiciales y policiales que afectan al ala socialista del Gobierno.

González ha reconocido ya que en el pasado tuvo varias reuniones con Leire Díez, pero ha afirmado que “jamás” ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil, ni tampoco “ha interferido en ninguna investigación”.

Según la directora, se vio en persona con la ya exmilitante socialista. Esta le habló en el último de esos encuentros del comandante Rubén Villalba, que fue detenido al principio del 'caso Koldo'. Según explican fuentes de la Guardia Civil, Díez le preguntó si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo, “una petición que la directora rechazó de plano, recordándole que éste se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial” y “dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro”.

En el sumario de la causa, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acreditan tres encuentros entre Mercedes González y Leire Díez. Los agentes infieren que esos tres encuentros y el resto de contactos telefónicos entre González y Díez motivaron las informaciones reservadas que se abrieron en el seno de la Guardia Civil para determinar el origen de las filtraciones a los medios. En un audio que también consta en el sumario de la causa, Díez afirma ante terceros que Mercedes González es de su “confianza”.

Tras difundirse estas reuniones, el PP citó de urgencia a González en el Senado, donde tiene mayoría absoluta y, por tanto, el control de los tiempos. Pero la normativa no obliga a las comparecencias en comisión, salvo en los casos especiales de las comisiones de investigación.

González informó al Senado de su imposibilidad de acudir este jueves por el despliegue de seguridad alrededor del viaje de León XIV a España. La directora de la Guardia Civil asistirá el próximo martes, un día después de la citación de Begoña Gómez en sede judicial y un día antes de que lo haga el imputado José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha propuesto investigar a Alfonso Carlos Moscoso, alcalde de Villaluenga del Rosario (464 habitantes, Cádiz) y senador socialista, por proponer como jueza de paz a su esposa, afiliada también al PSOE, lo que podría constituir un delito de nombramiento ilegal. La Sala ha acordado “abrir causa” a raíz de una querella de la Fiscalía contra Moscoso, pero aún debe solicitar el suplicatorio a la Cámara Alta y que este levante la inmunidad del senador.

En un auto firmado el pasado el pasado 1 de junio, la Sala de lo Penal explica que los jueces de paz, según su reglamento, no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos, algo que recoge también la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 127 de la Constitución prohíbe a los jueces la pertenencia a un partido político.

La Sala del Tribunal Supremo recoge en su resolución que la persecución de este delito pretende “fortalecer la independencia del Poder Judicial”, incluidos los jueces de paz, “de modo que desterrar cualquier sesgo de afinidad política partidista en sus componentes sea un objetivo esencial en un Estado de Derecho”.

Querella de Fiscalía

La Fiscalía del Tribunal Supremo se querelló contra Moscoso y su esposa el pasado mes de octubre, meses después de que la Fiscalía de Jerez recibiera una denuncia contra ellos por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. La Fiscalía local remitió la denuncia a la del Supremo, por ser esta la que debe decidir si investiga a aforados.

Según esa denuncia, el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario, un pequeño pueblo en la Sierra de Grazalema (Cádiz), donde el senador es alcalde, anunció mediante edicto la elección de juez de paz en noviembre de 2022. La convocatoria se publicó también en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, pero surtió poco efecto: nadie se presentó. Así que en vista de que ningún habitante del pueblo manifestaba su interés en ocupar dicho cargo, E.S.G., esposa del alcalde y afiliada al PSOE desde octubre de 2007, cursó su solicitud, de común acuerdo según los denunciantes.

La mujer presentó su candidatura para jueza de paz el 30 de marzo de 2023, y el Pleno la aprobó por unanimidad, y elevó la propuesta al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que tampoco puso problemas: la Sala de Gobierno aprobó su nombramiento cuatro meses después. Según la Fiscalía, la mujer presentó al TSJA una declaración jurada en la que declaraba que no tenía incompatibilidades para desempeñar el cargo de Jueza de Paz no presentaba incompatibilidades, ya que su profesión es la de sanitaria.

En su querella, la Fiscalía concluye que hay indicios de que durante los casi dos años en que ejerció como jueza de paz E.S.G. asistió a los actos públicos del partido en el que milita, incluyendo mítines en la campaña electoral a las elecciones generales de 2023 en las que su marido se presentaba en la lista del Senado; hasta que el 2 de mayo del año pasado El Español publicó un reportaje con el siguiente titular: “El Senador y alcalde del PSOE Alfonso Moscoso colocó a su mujer como jueza de paz de su pueblo en Cádiz siendo afiliada”. Ese mismo día, la mujer renunció al cargo, según la denuncia.

El Tribunal Supremo asume la competencia para investigar tanto al aforado Moscoso como a su esposa. El artículo 405 del Código Penal castiga con multa de tres a ocho meses y suspensión de cargo público de uno a tres años a la “autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello”. El artículo 406 sanciona a “la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión (...) sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles”.

El PP ha registrado una petición de ampliación de los trabajos de la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo', cuyas pesquisas se han extendido ya a otros casos de corrupción relacionados con el Gobierno y aborda, entre otros, el 'caso Leire'. El partido de Feijóo quiere interrogar al secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, y a quien fuera director de comunicación del PSOE, Ion Antolín. También abre la puerta a citar al presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, quien ya compareció antes de ganar las elecciones.

La semana pasada se desveló parte de la investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre las supuestas maniobras del PSOE para frenar las causas judiciales que atenazan al Gobierno. El magistrado señala en su extenso auto la existencia indiciaria de una trama urdida en la misma sede federal de los socialistas, con quien fuera secretario de Organización, Santos Cerdán, a la cabeza.

Entre los señalados por Pedraz están Hernando y Antolín, quienes se estrenarían como comparecientes ante las muchas comisiones de investigación abiertas por el PP gracias a su mayoría absoluta. Ambos habrían participado en reuniones con Leire Díez y serían parte de la trama teóricamente delictiva que investiga la Audiencia Nacional.

El PP también incluye en la lista de potenciales comparecientes, que anunciará esta misma mañana, a Lourdes Solís, responsable de cumplimiento normativo del PSOE.

La propuesta de ampliación de los trabajos presentada por el PP será aprobada gracias a su control total sobre la Cámara, aunque está todavía por determinar la fecha efectiva de citación de las personas incluidas en el listado.

Entre ellas, además de las tres novedades citadas, el PP plantea recuperar a comparecientes a los que ya ha interrogado en esta misma comisión. Es el caso de Salvador Illa. El hoy presidente de la Generalitat ya acudió al Senado justo antes de las elecciones de 2024 que le catapultaron al cargo.

El auto de Pedraz señala, precisamente, pagos dudosos en la campaña electoral de Illa ese mismo año y cómo Ferraz pudo usar al grupo de Leire Díez para atacar a sus rivales en las urnas.

El PP se prepara también para citar de nuevo a la propia Leire Díez; a la gerente del PSOE, Ana Fuentes; a su predecesor, Mariano Moreno; a quien fuera directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández; a su predecesor, Jesús Gascón; y a quien fuera director de gabinete de Pedro Sánchez en el partido, Juan Manuel Serrano.

Sánchez, “autor intelectual”

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha confirmado en una rueda de prensa la nueva batería de citaciones en la comisión de investigación, y ha asegurado que “el comando” que, según la investigación judicial, lideraban Santos Cerdán y Leire Díez, en realidad tenía “un autor intelectual, Pedro Sánchez”. “Ese que dijo 'límpiese”, ha añadido, en referencia a un testimonio indirecto que recoge el sumario que instruye el juez Santiago Pedraz.

La portavoz ha dicho que quien fuera “lugarteniente” de Sánchez en la Moncloa, Antonio Hernando, actuó de “enlace” y “se reunió con Leire Díez cuando era director adjunto de Gabinete” del presidente del Gobierno. El sumario recoge, efectivamente, una reunión. “¿Quién dio la orden de acudir a esa reunión con Leire Díez, Santos Cerdán y otros?”, se ha preguntado García. “¿Qué se acordó y a quién reportaba sobre los avances de las cloacas?”, ha concluido.

La investigación de la Audiencia Nacional a José Luis Rodríguez Zapatero choca con algunas de las explicaciones que el expresidente del Gobierno ha dado hasta el momento sobre su labor cómo consultor, su relación con Plus Ultra y los negocios de su amigo Julio Martínez Martínez, al que otros investigados identifican como su “lacayo”. Así lo evidencia el análisis de las casi cuatro horas de escrutinio a las que se sometió el que fuera líder del PSOE el pasado marzo en el Senado y la entrevista que concedió en Onda Cero.

Entonces, Zapatero admitió que sabía que su amigo Julio Martínez Martínez tenía “alguna relación” con Plus Ultra, aunque negó que él trabajara para la aerolínea o que hubiera influido en su rescate con dinero público. También aseguró que él no conocía a los socios de la aerolínea. E insistió en que desconocía quiénes eran los clientes de la consultora de su amigo, de cuya creación también se desvinculó. “Yo no tengo el dato de quiénes eran los clientes, no lo tengo, porque no pertenezco a esa sociedad”, dijo a preguntas del periodista Carlos Alsina. 

Los documentos del sumario que sustentan la investigación a Zapatero no incluyen, hasta ahora, ninguna prueba directa de que la supuesta influencia ejercida por el presidente derivara en la decisión de la SEPI de otorgar el rescate de 53 millones. Sin embargo, comunicaciones incautadas en 2021 por Estados Unidos al antiguo dueño de la aerolínea, Rodolfo Reyes, un ciudadano venezolano que está en busca y captura por llevarse parte del dinero del rescate a paraísos fiscales, incluyen “referencias constantes” a recurrir a Zapatero para sortear las dificultades en la tramitación de la ayuda e incluso a conversaciones o encuentros entre el expresidente del Gobierno y accionistas de Plus Ultra. 

En el inicio de la pandemia, el 30 de abril de 2020, hay un mensaje en el que el entonces presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, avisa a Reyes de que Zapatero le “va a llamar”. Poco después, Reyes confirma a un tercero esa comunicación: “Julio habló con ZP. 11 min. Le explicó todo”. En ese momento, los directivos de la aerolínea estaban intentando que diferentes bancos les consiguieran un crédito ICO. Llegaron a enviar una carta al Banco Santander en la que indicaban expresamente en su encabezado que se ponían en contacto “siguiendo instrucciones del Presidente, D. José Luis Rodríguez Zapatero”. 

Esa opción no prosperó, así que optaron por activar la vía de buscar el rescate. En julio de 2020, apenas 24 horas después de aprobarse el fondo de la SEPI, el vicepresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, le comunicó a Rodolfo Reyes que ya se había puesto en marcha para conseguir esa ayuda: “Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Ya estaban en ello (dicen)”.

Meses después, el 6 de febrero de 2021, un mes antes de que el Consejo de Ministros aprobara el préstamo público, Reyes escribió otro mensaje a Martínez Sola: “Puedes organizar una comida con el tocayo, tu y Camilo. Camilo estuvo hoy con Zp. Le dijo que todo va viento en popa”. “Lo sabía. De hecho, me pregunto el tocayo (estaba con ZP) cuanto tenía Camilio en Plus (sic)”, responde Martínez Sola. El “tocayo” al que se refieren es el citado Julio Martínez Martínez.

Además, el propio Reyes había dejado constancia de que él estaba seguro de que Zapatero estaba ayudando a Plus Ultra el 22 de julio de 2020. Ese día se escribió con un abogado que se acababa de reunir con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, para plantear la situación de la compañía. El abogado le dijo: “Se notaba que nos han recibido por altas recomendaciones”. Y Reyes contestó: “Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás”. 

En el Senado, Zapatero negó tajantemente que conociera al citado Camilo Ibrahim Issa, un hombre clave en la aerolínea. Y, cuando fue preguntado por Martínez Sola, afirmó: “No he tenido ninguna relación con él. Si le he saludado alguna vez… Yo saludo a miles de personas”. “O sea, que él no le ha llamado para pedir ayuda”, le preguntó la senadora de UPN Mar Caballero. “No, en absoluto, ninguna relación. Cero”, contestó el expresidente. 

También suscitan dudas los más de 900.000 euros que Plus Ultra pagó de forma directa o indirecta en cinco años a Julio Martínez Martínez. Y el hecho de que, en ese mismo periodo de tiempo, la consultora de este empresario al que otros investigados también apodaban “el banco del jefe”, abonara más de 700.000 euros a la familia del expresidente: 490.780 a Zapatero y 239.755 a Whathefav, la agencia de marketing de sus hijas. Además, la agencia recibió otros 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón.  

Las dos sociedades que pagaron a las hijas de Zapatero comenzaron a operar con un mes de diferencia. Ninguna de las dos tiene una actividad real, según Hacienda, la Policía y el juez. Pero entre ambas pagaron más de 800.000 euros a Whathefav entre 2020 y 2025 a pesar de que los investigadores consideran que no aportaba ningún “valor técnico especial”. 

Así, sostienen que su única función era recibir los informes de consultoría que elaboraba un tercero, “maquetarlos” y enviarlos a un listado de clientes que el propio Zapatero les había proporcionado. “Esa falta de coherencia organizativa podría no corresponder con necesidades empresariales reales y estar orientada a la canalización de pagos”, afirman los investigadores.

En el Senado, Zapatero defendió que la contratación de Whathefav fue una “propuesta” suya y que “formaba parte del acuerdo” con su amigo. Además, mantuvo que sus hijas hacían tareas de “marketing, de comunicación, de apoyo a la sociedad y también de apoyo al consultor” y que sus trabajos, en ocasiones, se materializaron en “informes orales”. También afirmó que tras dar el “visto bueno definitivo” a los informes que elaboraban un tercero y él, estos se enviaban a la empresa de sus hijas que, a su vez, se los enviaban a su amigo Julio Martínez Martínez. 

La investigación, sin embargo, ha constatado que era la agencia de las hijas la que se encargaba de enviar esos trabajos a un listado de clientes que el propio Zapatero les había proporcionado. Durante la investigación, la Policía intervino varios archivos de Excel que recogen listados con supuestos clientes que el expresidente envió a Julio Martínez Martínez. La Policía afirma que no se trata de “un simple listado”, sino que esos documentos reflejan una “planificación previa y sirven como herramienta logística”. Y que eso evidencia que era Zapatero quien establecía los “criterios de actuación”. 

Esos listados que facilita Zapatero incluyen relevantes empresarios del país y las direcciones donde se les puede contactar. Entre ellos hay clientes que tenían suscritos contratos mensuales de asesoramiento con Análisis Relevante y otros que no, a los que el expresidente habría informado a la consultoría a favor de enviarles informes. Pese a ello, Zapatero le dijo al periodista Carlos Alsina: “Yo no tengo el dato de quiénes eran los clientes, no lo tengo, porque no pertenezco a esa sociedad”. 

Entre los supuestos clientes que sí habían suscrito esos contratos la UDEF cita Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos. También aparecen mencionadas las sociedades Softgestor y Grupo Aldesa, que abonaron 145.200 y 127.050 euros, respectivamente, a la consultora del amigo del expresidente. En el listado figuran otros nombres vinculados a la aerolínea Plus Ultra, como los citados Julio Martínez Sola o Camilo Ibrahim Issa. Así como relevantes empresarios como Florentino Pérez (ACS), Beatriz Corredor (REE), Josu Jon Imaz (Repsol), Javier Hidalgo (Globalia), Antonio Catalán (AC-Hoteles), Víctor Madera (Quirón Salud) o directivos de la tecnológica Huawei.

La conclusión de la UDEF es que esos informes mensuales elaborados por Análisis Relevante y distribuidos por Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, “se estarían remitiendo tanto a clientes que abonan notables cifras por ellos”, como a otros destinatarios de los que “se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago”. Lo que evidencian los listados, en todo caso, es que Zapatero puso su agenda de contactos a disposición del empresario.

La tesis de los investigadores es precisamente que la red de contactos del expresidente habría servido para influir en la concesión de ayudas públicas. Y que al expresidente se le compensaba después con los contratos y facturas simuladas que sustentarían los ingresos poco claros recibidos tanto por él como por la agencia de marketing de sus hijas. Guiado por las provisionales, pero contundentes conclusiones de la Policía, el juez José Luis Calama llega con ello a la conclusión de que Zapatero es el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”.

El Pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado por unanimidad una moción en defensa de la cuchillería suscrita por todos los grupos políticos municipales. Por acuerdo de todos los portavoces, la moción ha sido leída por la presidenta de la Asociación de Empresas de Cuchillería y Afines Aprecu, Pilar Jiménez, que estaba en el Salón de Plenos acompañada por muchos representantes del sector.

Los grupos municipales de PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos han suscrito esta moción para que “el Ayuntamiento de Albacete lidere un pacto que reivindique la protección de la cuchillería albaceteña y luche contra la criminalización de un sector estratégico para nuestra economía y que cuenta con más de seis siglos de historia”.

La propuesta se dirige al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado para que futuras modificaciones legislativas, como la Ley de Seguridad Ciudadana o el Reglamento de Armas, “se orienten hacia el endurecimiento de penas y la lucha contra las actitudes criminales en lugar de criminalizar a la cuchillería”.

Además, se pide al Ejecutivo y el Legislativo que “cualquier modificación normativa incorpore definiciones técnicas claras y objetivas, garantice la seguridad jurídica, contemple periodos transitorios razonables y evite trasladar toda la carga regulatoria al comercio legal”.

También se solicita “diálogo y colaboración con todas las administraciones públicas para avanzar en medidas eficaces que compatibilicen seguridad ciudadana, proporcionalidad normativa y protección de un sector histórico y estratégico para territorios como Albacete”.

La presidenta de la Asociación de Fabricantes de Cuchillería y Afines (Aprecu), Pilar Jiménez, ha leído el 'Manifiesto por una Cuchillería Responsable, Legal, Segura y No Estigmatizada' en la plaza del Altozano, al que, entre otros, han asistido el alcalde, y el presidente de la Diputación, Santi Cabañero.

Moción en el Congreso

El alcalde, Manuel Serrano, ha anunciado además, durante la sesión plenaria, que, a petición suya, el Partido Popular ha registrado ya una Proposición No de Ley (PNL), en el Congreso de los Diputados en defensa de la cuchillería albaceteña para que “nuestra navaja no se incluya en la modificación del reglamento de armas”.

Manuel Serrano ha señalado que “del mismo modo que le he pedido al presidente del Gobierno que defienda la navaja albaceteña con rotundidad, también se lo he solicitado al presidente de mi partido”, recordando que “el señor Sánchez es quien tiene la capacidad reglamentaria y normativa para modificar un reglamento y admitir las alegaciones para proteger la cuchillería y la navaja de Albacete”.

Serrano ha negado la responsabilidad del PP nacional con respecto a la introducción de la navaja en el reglamento de armas, apuntando a la iniciativa del PNV en el Congreso.

El PSOE abandona el pleno

En respuesta, el Grupo Municipal socialista ha acusado al alcalde de “utilizar tanto el Pleno municipal como al sector de la cuchillería con fines puramente partidistas” al ordenar “directamente a sus concejales y concejalas que mostraran unas pancartas de crítica al presidente del Gobierno”.

Los concejales y concejalas del Grupo Municipal Socialista han abandonado en bloque el salón de Plenos en señal de protesta. “El señor Serrano se presenta ante la ciudadanía como un hombre moderado, de centro, cuando la realidad demuestra que es todo lo contrario, es un provocador que se dedica a generar enfrentamientos, porque en el barro se desenvuelve muy bien”, ha manifestado el concejal socialista, José González, que ha exigido disculpas públicas al alcalde.

Apoyo al sector desde el Gobierno de Castilla-La Mancha

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado que el próximo 1 de junio, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará la convocatoria de ayudas para la modernización y la mejora de los talleres artesanos de la región, también para el sector cuchillero, con una dotación de 600.000 euros y que incluye por segundo año consecutivo la posibilidad de que las asociaciones del sector puedan incluir los gastos de consultoría para la consecución de la Indicación Geográfica Protegida (IGP).

El senador de Coalición Canaria (CC) Pedro San Ginés se abstendrá el miércoles en la votación de la moción del PP de reprobación al Gobierno por su respuesta a los casos de corrupción, que incluye instar a iniciar el procedimiento para un cambio de gobierno y que es vista como un ensayo de moción de censura.

Fuentes de CC, al avanzar a EFE este martes el sentido del voto, han indicado que el partido no se sitúa en ningún bloque y que entienden que ahora es momento de que la Justicia haga su trabajo. Sin embargo, este mismo lunes tanto la única diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, como el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, dijeron públicamente que consideran la legislatura “finiquitada” y señalaron que Pedro Sánchez debía dar un paso a un lado.

Desde CC señalan ahora que son conscientes de que su apoyo no es determinante para sostener al Gobierno, con el que tienen que seguir abordando los problemas de los canarios, aunque, recuerdan, también le pidieron ya una cuestión de confianza y un adelanto electoral.

Por un problema de salud, San Ginés podría no estar presente en el hemiciclo, advierten, no obstante, desde CC.

El PNV y Junts, por su parte, no han avanzado el sentido del voto a la reprobación al Gobierno, que saldrá adelante gracias a la amplia mayoría del PP en el Senado y que no es vinculante.

El PP ofrece “la oportunidad”

Fuentes del PP han explicado a EFE que la intención con esta moción tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es que otros partidos tengan una oportunidad de expresar con su voto lo que dicen de palabra.

Desde el PP creen que la situación es insostenible, que el Gobierno merece una reprobación y que es imprescindible abrir un nuevo tiempo en España con un cambio de gobierno, por lo que gracias a su moción otras formaciones podrán pronunciarse al respecto en el Senado.

El PSOE cree que al PP “le da igual” qué vote el resto

No está de acuerdo el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, quien en una rueda de prensa ha señalado que “al Partido Popular le da exactamente igual lo que voten el resto de grupos”.

Ha argumentado que durante toda esta legislatura el PP ha utilizado de forma partidista la Cámara Alta, sin que le haya importado el diálogo con las demás formaciones, y sin hacer “ni siquiera el más mínimo gesto de búsqueda de acuerdos parlamentarios”.

Por ello, sostiene Espadas que “esta moción es una moción más”, pues la única pretensión del PP es ofrecer su relato sobre los casos que se investigan en los tribunales.

Sobre Zapatero, Espadas ha dicho que en el PSOE tienen claro que siempre van a respetar los procesos judiciales y que además lo van a hacer “siendo absolutamente escrupulosos con las garantías procesales que tienen aquellos que se ven incursos”.

Cree que, en cambio, el PP lo hace “al revés”, porque, sin respetar la presunción de inocencia, “cada informe policial lo convierte en una condena”, como prueba que “ni siquiera utiliza el término presunto”, algo “deleznable” y que hacen “sin ningún tipo de pudor, con una sonrisa”.

Espadas también ha lamentado que se comparen casos cuya instrucción acaba de comenzar con la moción de censura de 2018 por la que Pedro Sánchez relevó a Mariano Rajoy en el Gobierno, que fue tras “una sentencia firme”.