El Senado se empantana en conflictos fallidos con el Gobierno y el Congreso

El PP apuntó tras las elecciones de 2023 al Senado en su lista de armas contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El partido de Alberto Núñez Feijóo ejerce un control total de la Cámara Alta gracias a su mayoría absoluta. En la presente legislatura, el PP ha modificado hasta cuatro veces el Reglamento de la institución para ajustarlo a sus necesidades partidistas, ha usado las comisiones de investigación a su antojo, ha intentado bloquear o enmendar la aprobación de leyes como la de amnistía o la de movilidad sostenible. Y ha abierto una docena de enfrentamientos jurídicos con otros organismos institucionales. De momento, no ha ganado ninguno.

El objetivo del PP con el uso de la Cámara presidida por Pedro Rollán está claro: golpear al Gobierno. El Ejecutivo ha estado efectivamente en la diana de los conflictos de atribuciones planteados por la Cámara Alta, bien directamente o bien a través del Congreso. Dichos conflictos implican la denuncia de un supuesto incumplimiento de alguna obligación por parte de la otra cámara de las Cortes o por el Gobierno. 

Es el Constitucional quien debe dirimir la discrepancia. El tribunal de garantías tiene ya cuatro magistrados con el mandato caducado y el PP ha decidido bloquear su renovación. Precisamente es el Senado quien debe poner en marcha el proceso para reponer a su miembros, pero Feijóo ha dado a Rollán la orden de congelarlo.

El último conflicto de atribuciones planteado por el Senado está dirigido contra el Gobierno por no haber presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026. Tal y como recuerda la Cámara que preside Rollán, la Constitución establece la obligatoriedad de remitir a las Cortes antes de finalizar el mes de septiembre del año en curso las cuentas públicas del siguiente ejercicio. Desde la restauración de la democracia, decenas de gobiernos estatales y autonómicos han obviado el deber de presentar las cuentas en tiempo y forma, tal y como exige la Carta Magna. 

Pero el Senado, controlado por el PP de forma muy habitual, ha esperado a este año para denunciarlo. Y reclamó formalmente el pasado 23 de diciembre al Constitucional que anule las prórrogas presupuestarias aprobadas en 2024, 2025 y la que será aprobada para 2026. Una petición inédita que tendría desconocidas consecuencias legales y económicas, ya que toda la actividad de la Administración General del Estado, así como la asignación de recursos a comunidades y ayuntamientos, descansan sobre dichas prórrogas.

Para el Senado, “los dos precedentes de 1995 y 2019, en los que los presidentes del Gobierno propusieron la disolución de las Cámaras” en ausencia de presupuestos “constituyen una convención constitucional”.

Ambos precedentes se produjeron con presidentes socialistas. Obvia el escrito remitido por el Senado al Constitucional que el último jefe del Ejecutivo del PP, Mariano Rajoy, también eludió la obligación de presentar presupuestos durante sus gobiernos. Nunca convocó elecciones como resultado de su imposibilidad de lograr los apoyos para aprobar las cuentas. De hecho, las de 2018 las sacó adelante con casi medio año de retraso. Poco después, cayó en una moción de censura.

El Senado alega en el escrito que ha remitido al Constitucional y que firma la secretaria general, Sara Sieira, que las prórrogas vulneran hasta cuatro preceptos constitucionales. Entre otras cuestiones, señala la letrada mayor que uno de los preceptos afectados sería el 99.2 de la Constitución, el que habla de la investidura del presidente, “debido a la relación que hay entre la no aprobación de los Presupuestos” y la “pérdida de confianza parlamentaria”. El Senado reclama, por último, “que se señale un plazo máximo para que el Gobierno cumpla con su deber constitucional en materia presupuestaria”.

Guerra abierta con el Congreso

El de los presupuestos es solo el último de los conflictos planteados por el Senado. En lo que va de legislatura, la Cámara Alta ha elevado hasta 12 de estas discrepancias. En octubre, por ejemplo, lo hizo a cuenta de la tramitación de la Ley de Navegación Aérea y Seguridad Aérea. En concreto, por el veto del Gobierno a unas enmiendas ajenas al objeto de la norma y dirigidas a modificar tributos.

El Senado denunció tanto al Ejecutivo, por oponerse a la tramitación de dichas enmiendas, que interfieren en la capacidad recaudatoria del Estado, como al Congreso, por aceptar el veto. Volvió a ocurrir este mismo mes de diciembre, cuando la Cámara Baja descartó las enmiendas aprobadas por el Senado a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela para rebajar el IVA temporalmente a algunos alimentos.

Pero estas discrepancias se remontan al inicio de la legislatura, cuando el Senado amenazó con plantear un primero conflicto de atribuciones contra la ley de amnistía. En opinión del PP, aquella norma era una reforma encubierta de la Constitución, por lo que el Pleno de la Cámara Alta planteó la anulación del proceso ante el tribunal de garantías. Entonces Pedro Rollán incumplió el mandato del Pleno de la Cámara que preside y no formalizó el conflicto ante el Constitucional. El tribunal declaró luego constitucional la norma.

Con todo, el objetivo principal del Senado ha sido el Congreso. Este mismo mes de noviembre, planteó otro conflicto de atribuciones contra la Cámara Baja, esta vez por prorrogar el plazo de enmiendas de leyes procedentes de la Cámara Alta. Una práctica habitual en los últimos 40 años.

El PP ha maniobrado durante toda la legislatura para situar al Senado a la misma altura política e institucional que el Congreso. Algo que no contempla la Constitución, que establece expresamente que la Cámara Alta tiene una función “de representación territorial”, y le reserva una función de “segunda lectura” de las leyes que, salvo contadísimas excepciones, siempre deben contar con el visto bueno del Congreso.

Uno de los últimos conflictos entre ambas instituciones se produjo porque el Senado incluyó en un informe mensajes personales de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. 

Mientras, la Cámara que preside Pedro Rollán ha tenido problemas internos de cierta gravedad. Un “problema técnico” bloqueó durante meses el acceso a los contratos menores del Senado de 2025, tal y como publicó elDiario.es. O el despido de dos trabajadores de la casa por haberse infiltrado en equipos informáticos tanto institucionales como de los senadores. La Fiscalía investiga lo ocurrido.