Hoy es la víspera del España-Argentina, en el Nueva York de Mamdani, en los EEUU de Trump. Un espectáculo de masas, global. Que mantendrá atentos a las radios y pantallas a millones en todo el planeta. A argentinos y españoles, y a gente de todos los continentes, idiomas, colores, credos, profesiones, ideologías, géneros… Al mundo diverso.

Mientras, en la quinta ciudad más poblada de España, en Sevilla, el ayuntamiento del PP está cediendo a la presión de Vox para replantearse e impedir que se construya una mezquita. Obstaculizando un proyecto que boicotean hace 20 años y del que tenéis detalles en esta noticia de SevillaelDiario.es. Y diréis, ¿no puede haber una mezquita en Sevilla, la ciudad del alcázar y del minarete que es La Giralda? Justo aquí.

Hasta el arzobispo de Sevilla ha querido pronunciarse de forma “escueta y muy clara” apuntando que la libertad religiosa está garantizada por el art.18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el art.16 de la Constitución Española, y los ha leído textualmente, como podéis ver aquí.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), cediendo a las presiones de Vox, se plantea un referéndum para permitir o prohibir la construcción de una mezquita en Sevilla. Pero, ¿cómo va a depender la libertad religiosa de tal consulta? ¿Qué será lo siguiente, un plebiscito para prohibir o permitir el feminismo?

Este bloqueo municipal a la construcción, por parte del Centro Cultural Islámico de Sevilla, de la mezquita del arquitecto Vázquez Consuegra, esta intolerancia, islamofobia y ataque a la libertad religiosa no es un hecho aislado.

Venimos de Feijóo y Ayuso negando el derecho a voto a españoles de origen inmigrante; venimos de M.Rajoy diciendo que los jugadores de la selección francesa no son franceses por negros; venimos del pacto en Andalucía entre Moreno Bonilla (PP) y Gavira (Vox) que en el punto 64 establece el “Fin del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí” porque dicen querer “promover nuestros usos y costumbres”, sin “adoctrinamiento e injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad”.

Negar el Islam con furor converso

Voy a tunear los famosos versos de mi paisano, poeta romántico, Bécquer:

¿Cuál es nuestra identidad?, dices mientras clavas/En mi pupila tu pupila negrísima./¿Nuestra identidad? ¿Y tú me lo preguntas?/ Pues si no es Al-Ándalus… ya me dirás.

A ver, que yo he disfrutado de un exquisito té a la menta en la colosal Mezquita de París. Que he visto el celo con que agentes alemanes custodian la Sinagoga de Colonia. Que en Granada lleva la Gran Mezquita 23 años en pleno Albaicín. Y en países de mayoría musulmana hay iglesias y catedrales. ¿Por qué Sevilla esconde y niega sus ricas raíces diversas?

Urge leer obras como "La huella morisca", de Antonio Manuel, para entender por qué la islamofobia de la derecha española arranca de mentir diciendo que los musulmanes de Al Ándalus eran extranjeros y desemboca en negar nuestras raíces con el empeño del converso, ése obligado a fingir para sobrevivir.

No dejéis de leer, cuanto antes, La huella morisca. El Al Ándalus que llevamos dentro, del pensador y autor cordobés Antonio Manuel. Lectura que, de forma imperdonable, yo aún tenía pendiente y que ya tarda en incluirse en el programa educativo porque alumbra vivamente quiénes somos.

Y es que el libro revela que si vivimos tan de espaldas y ajenos a que nuestros “Ojalá” y “Ole” vienen de “Insha’Allah” (“si Dios quiere”) y “Allah” (“Dios”), si cerramos los ojos al nexo de los tan castizos “San Isidro” y “La Almudena” con el nombre propio “Idriss” y “almudaina” que significa “ciudadela”, si hablamos alto, llamamos “hacer sábado” a limpiar a fondo y somos los campeones del jamón serrano es porque los judíos y musulmanes que, siendo tan de aquí como el que más (mucho más peninsulares que los posteriores reyes Austria y Borbón), tuvieron que fingir a fondo convertirse al catolicismo para evitar la expulsión y exterminio inquisitoriales.

No podían susurrar, ni estar inactivos en Sabbath, ni negarse a comer cerdo o resultarían sospechosos. Para seguir viviendo, para procrear y legarnos sus genes, incontables antepasados tuvieron que hacer alardes de converso, alardes que se han seguido transmitiendo.

Ganar la final de la vida en equipo

Qué pena y qué pérdida tan grande la cantidad de veces en la historia en que una parte ha machacado a otros y les ha impuesto sus ideas, su fe, su idioma, su supuesta superioridad de sangre y color de piel. También en el franquismo los fascistas obligaron al exilio, exterior o interior, al silencio, miedo y sometimiento so pena de tortura, prisión o exterminio. Pero, probada la libertad, la democracia, la diversidad, el respeto, la convivencia, ¿no son mucho más gustosos? ¿Cómo no preferirlos?

El mundo de homogeneidad blanca, católica, y de raíces sin mezcla, ¿dónde está? En el Mundial no, desde luego. España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, EEUU… tienen a jugadores de todos los colores y credos, cuentan con los mejores. En la selección española se combinan jugadores vascos, navarros, catalanes, andaluces, madrileños, valencianos, extremeños, gallegos y canarios... junto a Aymeric Laporte, nacido en Francia y nacionalizado.

Unidos en su objetivo común, luego, cada cual se encomienda o no a dioses. Algunos, como Nico Williams, se santiguan y Lamine Yamal ha agradecido algún gol a Allah, arrodillándose. Él celebró la liga para el Barça ondeando la bandera Palestina, Borja Iglesias destaca por sus posturas progresistas y pro colectivo LGTBIQ+ y Marcos Llorente por negar la evidencia científica de que tomar el sol sin protección causa cáncer de piel.

No se trata de que todos sean idénticos. O finjan serlo. Por presión, por miedo. Son tan diversos como nuestra sociedad. Con la salvedad de que el fútbol masculino aún no ha conquistado para sus jugadores la libertad de salir del armario. Ojalá la alcance pronto.

Ojalá mañana disfrutemos todos de un gran partido. Y sobre todo ganemos. ¿La Copa del Mundo? Claro. Pero sobre todo, la oportunidad de ser eso que el seleccionador, Luis de la Fuente, declarado creyente católico y creyente en sus jugadores, dice de ellos siempre: que son un equipo, una familia, buena gente. Seamos una sociedad diversa, respetuosa, de buena gente, libre, que, junta, trabaja y avanza.

El debate de una moción presentada por Vox sobre la Cruz de los Caídos de la plaza de América provocó este jueves el abandono del salón de plenos por parte de los doce concejales y concejalas del Grupo Socialista y de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres.

La decisión se produjo después de que el alcalde, Rafael Mateos, rechazara la petición de ambos grupos para retirar la iniciativa del orden del día. Socialistas y Unidas Podemos argumentaron que el Ayuntamiento “no puede utilizar sus órganos de Gobierno para aprobar medidas contrarias a la ley”, en referencia a la Ley de Memoria Democrática.

La portavoz del Grupo Socialista, Belén Fernández, ha esgrimido que las instituciones democráticas tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad“ sosteniendo que la propuesta debatida ”promueve abiertamente el incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática“. A su juicio, ”no podemos normalizar ni ser partícipes de lo que resulta una perversión democrática y una grave degradación institucional“.

Fernández ha añadido que tanto el Ayuntamiento, gobernado por el PP, como Vox ya han recurrido por la vía judicial las decisiones adoptadas sobre este asunto y defendió que corresponde esperar a las resoluciones y acatarlas “por puro respeto democrático”.

Asimismo, el PSOE ha recordado que el pleno municipal aprobó por unanimidad en 2004, durante el mandato del entonces alcalde José María Saponi, un acuerdo para retirar el monolito y sustituirlo por un monumento a la paz. Los socialistas sostienen que la posición actual del Gobierno municipal contradice aquel acuerdo y supone un cambio respecto a la postura que Rafael Mateos defendía cuando era portavoz de la oposición.

Y es que la moción presentada por Vox proponía que el Ayuntamiento manifestara su compromiso con la permanencia de la Cruz de la plaza de América en su ubicación actual, rechazara la aplicación de la Ley de Memoria Democrática para su retirada, instara al Gobierno de España a modificar esa norma y solicitara a la Junta de Extremadura medidas para garantizar su protección patrimonial, además de impulsar actuaciones de conservación y mantenimiento del monumento.

Para Consuelo López, portavoz de la coalición morada, resulta “incomprensible que Rafael Mateos, regidor de esta ciudad, defienda con tanto empeño un símbolo que representa a quienes acabaron con la vida de un alcalde democrático de Cáceres, Antonio Canales. Del mismo modo, cuesta entender que reivindique un elemento sin valor artístico ni arquitectónico mientras impulsa la desaparición del último bulevar de la ciudad, auténtico patrimonio cacereño”.

A su juicio, el problema de fondo es otro: “Mientras miles de jóvenes y familias encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda digna y destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler, el Gobierno municipal sigue poniendo el foco en la defensa de un símbolo franquista en lugar de dedicar todos sus esfuerzos a impulsar medidas que faciliten el acceso a la vivienda. Esa diferencia de prioridades revela una forma de gobernar alejada de las preocupaciones reales de la ciudadanía”. López ha añadido que “el equipo de Gobierno parece haber convertido el incumplimiento de las leyes en su modus operandi, como demuestran la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Vivienda”.

Desde AMECECA, colectivo ciudadano presente también en el salón de Plenos y que lleva más de 30 años trabajando para restaurar la dignidad y la memoria de las víctimas republicanas de la Guerra Civil y la posguerra en la ciudad, se insiste en que “sigue sorprendiendo la posición del alcalde al afirmar que no hay vecinos de Cáceres que quieran retirar la cruz de los caídos”. Para la organización, el abandono de la sesión plenaria por parte de los grupos municipales del PSOE y Unidas Podemos “refleja con claridad la posición favorable de muchos cacereños a retirar este monumento franquista del espacio público”. Recuerdan, además, que “estos grupos representan prácticamente la mitad de la ciudadanía en el consistorio”.

Por ello, concluye AMECECA, “queda nuevamente en evidencia que el alcalde faltó a la verdad cuando aseguró que no conocía a ningún cacereño partidario de retirar la cruz y que todo respondía a una imposición de Madrid”.

Así pues, la moción de Vox para blindar patrimonialmente la Cruz de los Caídos de la plaza de América ha sido aprobada con el apoyo del PP y la ausencia deliberada de PSOE y Unidas Podemos, lo que permitió al alcalde, Rafael Mateos, afirmar que salió “por unanimidad”.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha criticado este martes la actitud del secretario general del PP, Miguel Tellado, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por asegurar que la Ley de Memoria Democrática “será derogada” cuando los populares lleguen al poder.

Tellado, en un acto de recuerdo a Miguel Ángel Blanco, el pasado 13 de julio, en Madrid, insistió en que “la ley de memoria democrática será derogada en el primer Consejo de Ministros que presida Alberto Núñez Feijóo”.

Al ser preguntado por las declaraciones del secretario general de los populares, Torres manifestó que ambos dirigentes, “están demostrando que están en la involución”, y que, además, con respecto a las palabras del secretario general del Partido Popular, considera como algo “antidemocrático” querer derogar la ley que protege “a quienes han conseguido con su sacrificio que hoy disfrutemos de una libertad y una democracia en la que ellos pueden ser representantes políticos”, puntualizó el expresidente canario.

De esta manera, Torres recalca que tanto Tellado como Ayuso “se colocan en el lado incorrecto de la historia”.

Asimismo, el ministro ha cuestionado las palabras de los populares cuando aseguran que con Franco se vivía mejor. “¿Cómo se puede vivir mejor con un dictador que sepultaba los derechos conseguidos, por ejemplo, por las mujeres?”.

En este sentido, Ángel Víctor Torres ha subrayado que “todo lo que hemos conseguido en la Transición Democrática en los años posteriores ha sido gracias a esos valores que hemos podido recuperar que existían en la República”.

Por último, el ministro ha querido “dar una mala noticia” a los populares, y es que “no van a derogar nada” porque, ha asegurado, para después de las elecciones de 2027, “vamos a seguir nosotros gobernando nuestro país, y defendiendo los derechos de las personas, la igualdad, la justicia, y por supuesto, la dignidad de las personas que dieron su vida por tener nososotros hoy la democracia”, ha concluido Torres.

Corría el año 1982. España estaba a punto de dar por finalizado el periodo de la Transición (al menos, según los libros de texto). Leopoldo Calvo Sotelo era aún presidente del Gobierno y cada salón español conocía a Naranjito. Era 5 de julio, pleno Mundial de fútbol y en el barrio barcelonés de Sarrià —donde se ubicaba entonces el estadio del RCD Espanyol— se enfrentaban dos de las selecciones más laureadas de todos los tiempos: Italia y Brasil. Los sudamericanos maravillaban con su fútbol arte, eran favoritos y habían arrasado a la Unión Soviética, a Escocia, a Nueva Zelanda y a Argentina. Les valía un empate. Perdieron. Los italianos ganaron el partido y, más tarde, el torneo: su tercera estrella en el escudo y Paolo Rossi como ídolo. Pero era entre los brasileños, en la llamada 'Canarinha', donde jugaba Sócrates, apodado 'El doctor'.

Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira —conocido simplemente como Sócrates— era el capitán de aquella selección. Nacido en 1954, tenía 28 años cuando recaló en España 82 para maravillar al mundo. Espigado, con una altura de 1,92 metros, tenía un porte elegante y su juego era técnico e inteligente. Había estudiado y ejercido la medicina antes de dedicarse profesionalmente al deporte, de ahí su apodo. Aquel 1982 fue mucho más que una Copa del Mundo: nació una nueva forma de entender el fútbol. Es la historia de un futbolista distinto: uno que no dudó en introducir la política en el deporte (o viceversa). Y le salió bien.

Brasil estaba dominada en esos momentos por una dictadura militar. Vivía una de las peores crisis económicas de su historia hasta la fecha y su selección nacional era el deleite del pueblo —brasileño, pero también internacional—. Aquel fue, dicen, el mejor equipo que jamás ganó un Mundial. Llegó a España como favorita y se fue en segunda ronda.

Otro Sócrates —el filósofo, en este caso— se mostraba crítico con la democracia ateniense. Según expone Platón el pensamiento socrático en La República, se trata de una forma de gobierno degenerada y desordenada, que no garantiza de forma necesaria un buen gobierno y que abre la puerta a la tiranía. Abogaba por una aristocracia del conocimiento. En su Estado ideal, el poder debe recaer en los filósofos, quienes, gracias a su conocimiento y virtud, están capacitados para tomar decisiones justas.

Y si en este Estado ideal el gobierno corresponde a los filósofos, en el fútbol no puede sino recaer en los futbolistas. Sócrates —el futbolista— llevó este principio a la práctica en la década de los 80. Fue en el Corinthians Paulista, club al que había llegado en 1978 y del que era capitán.

Adiós Atenas, hola São Paulo. De nuevo, 1982, abril. El Corinthians, obligado por los malos resultados deportivos, cambia de presidente. Se ponen al frente un empresario de la banca —Waldemar Pires—, un sociólogo —Adílson Monteiro Alves— y varios futbolistas, liderados por Sócrates. Los militares llevaban 18 años gobernando el país y aún quedaban dos años más de régimen. Pero mientras, en ese equipo del sudeste del país nacía la Democracia Corinthiana. Su lema: “Ganar o perder, pero siempre con democracia”.

El periodista escocés Andrew Downie, biógrafo de Sócrates, asegura en conversación con elDiario.es que “el factor más importante” para que se diera la Democracia Corinthiana fue la llegada del sociólogo Monteiro Alves al club como director deportivo: “Era un pensador progresista y políticamente comprometido que inspiró a Sócrates. Juntos concibieron la idea de un movimiento que otorgara poder a los jugadores y que, al mismo tiempo, tuviera un significado más amplio en un momento marcado por la dictadura”.

Democracia Corinthiana fue igual a autogestión: una persona, un voto. De futbolistas, sí, pero también de los demás trabajadores del club: utilleros, personal médico. Los jugadores ganaron autonomía y participaron en decisiones sobre horarios, fichajes, premios, concentraciones y aspectos de la gestión cotidiana. En un momento de restricciones por la situación política del país, el Corinthians supuso una mirada distinta (horizontal) a la vida común. Llevaban camisetas con mensajes como “Democracia” o “Dia 15 Vote” en mitad del movimiento Diretas Ja!, reclamando el derecho al voto.

Muy pocas figuras importantes han mantenido posturas políticas claras y duraderas, especialmente mientras siguen en activo

Andrew Downie — biógrafo de Sócrates

Sobre la reacción del equipo y los aficionados, el biógrafo afirma que, “como la mayoría de los jugadores se sumó a la iniciativa y el movimiento contaba con el respaldo de la dirección, no hubo quejas. El presidente del club estaba dispuesto a permitir que se expresaran libremente siempre que ello no afectara el rendimiento del equipo. En cuanto a los aficionados, nunca hubo unanimidad. Brasil es un país muy grande y el consenso absoluto siempre es difícil. Para los seguidores del Corinthians, lo más importante era ganar; mientras el equipo obtuviera buenos resultados, la Democracia Corinthiana contaba con apoyo”. En 1982 y 1983 ganaron el Campeonato Paulista, uno de los títulos más prestigiosos de Brasil.

“Hoy, por supuesto, los aficionados del Corinthians son mucho más progresistas que la mayoría y la Democracia Corinthiana se ha convertido en un motivo de orgullo para el club. La mayor parte de los medios de comunicación brasileños se opuso al movimiento y la mayoría de los demás clubes ni siquiera intentó imitarlo”, agrega. La Democracia Corinthiana terminó entre el 1984 y el 1985, con la salida de Sócrates a la Fiorentina y la marcha de las personalidades que la sostenían.

Su historia la recuperó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, con motivo del partido entre Brasil y Marruecos en la primera jornada del Mundial de 2026: “Ya fueras el delantero estrella o trabajaras en la lavandería, tenías el mismo voto. Y mientras la dictadura militar torturaba y asesinaba a sus ciudadanos, Sócrates lideraba a los jugadores en la cancha usando chaquetas con las palabras 'Quiero votar por mi presidente' en la espalda”. “El tiempo pasa, pero ciertos legados siguen resonando por el mundo. Orgullo de ser del equipo del pueblo, orgullo de ser del Corinthians”, escribió en redes sociales el club brasileño, agradeciendo a Mamdani que “honrase su legado”.

En una entrevista ofrecida a la cadena británica BBC en el Mundial de 2010 en Sudáfrica, Sócrates comentó que el proyecto corintiano “aportó a la gente la conciencia de que podía votar y cambiar las cosas; hizo que las personas comprendieran, junto con otros movimientos que estaban surgiendo en el país, que era posible generar cambios”. “La gente me dio poder como futbolista popular. Si las personas no tienen poder para expresar lo que piensan, entonces yo puedo decirlo en su nombre. Si yo hubiera estado del otro lado, y no del lado de la gente, nadie habría prestado atención a mis opiniones”.

La implicación política de Sócrates, no obstante, no se materializó en los despachos, a diferencia de otros compañeros que participaron en la Democracia Corinthiana. “Nunca fue partidario de la participación formal”, cuenta Downie. Detestaba las reuniones y los trajes, y no quería someterse a un partido (político), con sus reglas, disciplina y campañas. Disfrutó, eso sí, de “una época feliz” como secretario de Deportes en su ciudad natal, Ribeirão Preto, pero era un cargo “práctico y puntual”. “Era un pensador, no un hacedor. Proponía ideas y dejaba que otros las implementaran”, concreta.

Después de su retirada como futbolista, mantuvo relación con Lula da Silva, a quien admiraba, “aunque ese respeto estaba acompañado de cierta frustración por oportunidades políticas desaprovechadas”. En sus últimos años, acudía al Palacio Presidencial cuando Lula era presidente para jugar al fútbol los fines de semana, en barbacoas que organizaba.

Sócrates murió en 2011, a los 57 años, por un shock séptico causado por una infección intestinal, después de haber sufrido cirrosis hepática tiempo atrás por una vida que acompañó del alcohol y del tabaco.

Desde 2022, junto al Balón de Oro se entrega el premio Sócrates para galardonar a jugadores implicados en causas sociales.

Sobre el fútbol actual, Sócrates valoró en la BBC que “hoy en día se les vende a los niños la idea de que el fútbol puede hacerte rico y famoso, pero nada más”. “Eso no significa nada, lo importante es conocer las dos caras de la vida y experimentar el encuentro con las personas”.

Preguntado por su legado sobre los jugadores, su biógrafo opina: “Trágicamente, Sócrates tuvo poca influencia sobre las generaciones de futbolistas que vinieron después de él. En el baloncesto, el fútbol americano y muchos otros deportes existen atletas que han adoptado posiciones firmes respecto a causas políticas: contra el fascismo, contra el racismo, a favor de una mayor inclusión, entre otras. Sin embargo, el fútbol parece ser, en gran medida, inmune a este fenómeno. Muy pocas figuras importantes han mantenido posturas políticas claras y duraderas, especialmente mientras siguen en activo. Esto ocurre tanto en Brasil como en otros países. Es una verdadera lástima. Sócrates se sentiría decepcionado”.

A Sócrates le sucedieron otros futbolistas que decidieron vincularse con la política directa o indirectamente. En el espectro de la izquierda, el excompañero de Sócrates en el Corinthians de la Democracia, Walter Casagrande, el también exjugador Juninho Pernambucano, Bebeto o Paulinho (aún en activo) han apoyado públicamente a Lula da Silva.

También Pelé, apodado 'O Rei' y considerado por no poca gente el mejor futbolista de la historia, dio el salto a la política a finales del siglo XX. Fue ministro de Deportes durante tres años junto con Fernando Henrique Cardoso, jefe histórico del Partido de la Socialdemocracia de Brasil.

Sin embargo, los casos más sonados recientemente proceden de la ultraderecha, por su simpatía con Jair Bolsonaro o con su hijo Flavio. Es el caso varias leyendas de la Canarinha. Romário, uno de los mejores delanteros de la historia, dio el salto a la política hace 16 años y pasó del centro-izquierda a, en la actualidad, ser senador por Río de Janeiro en el partido de Bolsonaro. Otras figuras como Ronaldinho, Rivaldo, Cafú, Neymar Jr., o Kaká se han sumado a mensajes de apoyo al ultra brasileño.

El Manifiesto por el Bien Común, que empezó a circular en Canarias a finales del pasado mes de junio, ya ha alcanzado las 8.000 firmas, según ha dicho a este periódico una fuente de la organización. De él se pretende que actúe como catalizador para movilizar a personas de todas las islas para una manifestación a celebrar el próximo 26 de septiembre, sábado, a las 12.00, “en defensa de la democracia real, la vida digna y la defensa de lo común”.

El manifiesto, que se puede firmar a través de un correo electrónico (canariasporlapaz1@gmail.com), reclama recuperar la confianza en “lo común” y exigir que derechos básicos como la vivienda, el trabajo y el cuidado estén garantizados ante las amenazas que se ciernen sobre ellos en la actual coyuntura política y la que amenaza con constituirse.

Los promotores denuncian una erosión sistemática de los derechos fundamentales y que la actual situación no responde a prohibiciones explícitas, sino a un “vaciamiento” de derechos que convierte el acceso a una vida digna en una “carrera de agotamiento” administrativa y vital.

El texto critica el modelo vigente, que prioriza los intereses económicos sobre la dignidad humana, afectando especialmente a los colectivos más vulnerables, incluyendo mujeres, personas pobres, migrantes, personas racializadas, trans y mayores.

El movimiento pone el foco en la precariedad específica que padece Canarias, donde fenómenos como la crisis de vivienda, las dificultades laborales y la burocracia impiden que gran parte de la población desarrolle un proyecto de vida sólido.

La comunidad colombiana residente en Madrid ha convocado para este sábado 11 de julio, a las 20.30 horas, un encuentro en la Plaza de España bajo el lema “Salseo y perreo por el futuro de la humanidad”, una jornada que combinará música, conversación y movilización política para expresar su respaldo a la democracia, la justicia social y los derechos humanos en Colombia.

La iniciativa, organizada por La Indiamenta 28 de Abril, invita a participar a personas migrantes sin importar su país de origen. El encuentro tendrá tres ejes principales: exigir el respeto de los derechos y garantías del comunicador colombiano Beto Coral, actualmente detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE); debatir sobre las iniciativas de desobediencia civil que se impulsan desde Colombia; y seguir fortaleciendo las redes de solidaridad entre los pueblos.

La convocatoria se produce en un contexto que el colectivo define como decisivo para Colombia. En un comunicado, la organización sostiene que el país atraviesa una profunda confrontación entre dos modelos políticos: uno basado en la concentración del poder, el extractivismo y la militarización de los conflictos sociales, y otro que apuesta por la democracia, la paz, la justicia social, la participación ciudadana y el respeto por la diversidad.

Desde La Indiamenta 28 de Abril también reiteran su compromiso con la defensa de la vida y los derechos humanos, al tiempo que rechazan cualquier retroceso hacia escenarios marcados por las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento de comunidades, la persecución contra líderes y lideresas sociales y la criminalización de la protesta. Asimismo, insisten en la necesidad de garantizar el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz como una prioridad para el Estado colombiano.

El manifiesto denuncia además que las desigualdades sociales y económicas continúan alimentando la conflictividad en Colombia y expresa preocupación por las denuncias sobre posibles formas de injerencia externa en los procesos democráticos de América Latina mediante campañas de desinformación. En ese sentido, el colectivo reclama respeto por la soberanía del pueblo colombiano y por su derecho a decidir libremente su futuro político.

Entre las reivindicaciones de la jornada también figura la denuncia de políticas migratorias y de seguridad que, según la organización, ponen en riesgo la vida de miles de personas migrantes, refugiadas y exiliadas, entre ellas numerosas colombianas. El colectivo manifiesta igualmente su preocupación por la situación de Beto Coral y reclama que se respeten plenamente sus derechos y garantías procesales conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Los organizadores sostienen que la defensa de la democracia no termina con los procesos electorales, sino que requiere transparencia, garantías para quienes defienden los derechos humanos y espacios de diálogo para resolver las diferencias políticas sin recurrir a la violencia. Por ello, hacen un llamado a las organizaciones sociales, feministas, antirracistas, sindicales y de personas migrantes a fortalecer la articulación y la movilización tanto dentro como fuera de Colombia.

La jornada también contará con una programación cultural. Las artistas La Morena del Chicamocha y La Sandunguera serán las invitadas musicales del encuentro y pondrán ritmo a una convocatoria que reivindica la cultura como una forma de organización, resistencia y construcción de comunidad. Con el lema “La solidaridad también se baila, se conversa y se organiza”, la comunidad colombiana busca convertir Plaza de España en un espacio de encuentro ciudadano donde la cultura y la movilización social confluyan para reafirmar que la defensa de la democracia, la soberanía y la justicia social también se construye desde la diáspora colombiana.

Una sudadera, un pantalón y una camiseta con la palabra Dmocracia en el pecho han desatado la polémica. Medios de comunicación, miles de usuarios de redes sociales y perfiles de ultraderecha como Alvise Pérez han salido en tromba en los últimos días a criticar al Gobierno por haber “lanzado” una colección de moda y haberse gastado en ella “millones de euros”. “El Gobierno crea su propia marca de ropa”, apuntaban. Los mensajes en X, TikTok o Instagram reprodujeron el bulo con rapidez, señalando al Ejecutivo de Pedro Sánchez por “despilfarrar” el dinero público en ropa y a influencers como Marina Rivers por participar en la iniciativa.

La realidad detrás de Dmocracia es otra: se trata de una campaña de comunicación que usa los códigos de la moda “para acercar la democracia” a los jóvenes y que ha puesto en marcha el Comisionado por los 50 años de España en Libertad como parte del programa de talleres, actividades y eventos que desarrolla desde el año pasado para conmemorar el medio siglo desde la muerte del dictador Francisco Franco. La campaña fue lanzada hace tres semanas, pero ha sido esta cuando ha estallado el aluvión de críticas.

La campaña ha sido grabada en el Congreso de los Diputados y muestra a varias personas vistiendo las prendas. “Cuando te vistes, te posicionas. Las prendas que eliges cada mañana en tu armario también hablan de quién eres, de lo que piensas y de lo que defiendes”, reza la iniciativa, que en su vídeo promocional deja claro que se trata de una “colección cápsula” diseñada por el director creativo Bnomio.

“Aunque utiliza el mismo lenguaje que una marca de ropa, no lo es”, apuntan fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que aseguran que las prendas “no están a la venta” y que se ha producido “un número limitado de unidades”, que se usarán a lo largo del año en eventos y actos. Algunas se han sorteado también a través de redes sociales. Según cuantifica el Gobierno, en tres semanas la campaña ha alcanzado 4,2 millones de visualizaciones solo en las redes del Comisionado, llegando a “más de 600.000 personas”, el 75% menores de 35 años.

Tampoco esta supuesta marca de ropa ha costado “14 millones de euros”, como se ha afirmado. Este es el presupuesto total que la iniciativa tiene durante este ejercicio, pero las mismas fuentes aseguran que la campaña “no excederá” de los 380.000 euros. El desglose es el siguiente: la producción —con conceptos como el diseño o la producción de las prendas— ha alcanzado los 185.215 euros; a ello hay que sumarle el trabajo de los creadores de contenido que han participado y seguirán haciéndolo, puesto que la campaña “no está cerrada”. El Gobierno cuenta con 32 influencers “para difundir el mensaje” y cifra en 193.900 euros el “coste máximo” de este concepto.

Entre estas creadoras de contenido está Marina Rivers, que tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram, y que ha utilizado esta red social para responder a los ataques. El eurodiputado y fundador de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, comentó sobre la influencer: “Que mi clon en mujer sea tan sumamente subnormal me avergüenza. Por favor, no me relacionen con esto”, en referencia a que hay quienes en redes comparan físicamente a ambas figuras. Otros mensajes la califican de “socialista” que “ya recibe miles de euros públicos a través de RTVE”.

Rivers ha lamentado en un vídeo que “hasta representantes políticos se crean en libertad de insultarme” y ha defendido “la libertad de criticar un presupuesto público” pero al mismo tiempo ha apuntado a la “demagogia” de los mensajes que apelan a que el dinero gastado podría “haberse usado para los niños con cáncer”, la sanidad o la educación. “No sé si a alguien le sorprende, pero yo estoy a favor de la democracia”, ha justificado sobre su trabajo.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha explicado que la campaña no ha implicado pago publicitario a las plataformas de Meta o TikTok y que tiene “un coste que se encuentra muy por debajo del 50% de la media de las campañas institucionales de los últimos años”. La estrategia de difusión busca que el relato “sea transmitido por personas relevantes” para la generación 'Z' y los perfiles “han sido elegidos por su relevancia en moda y lifestyle, pero también por su capacidad para transmitir los valores del proyecto”.

El hecho de que haya sido grabada en el Congreso de los Diputados también ha despertado críticas. Algo que “ha sido aprobado por la Mesa” de la Cámara Baja, afirman las mismas fuentes. El Gobierno considera que la moda es uno de “los lenguajes que la ciudadanía joven entiende de manera más directa” y por eso ha querido utilizarlo en este caso: “Es indiscutiblemente un elemento más de la comunicación política y valores de hoy en día”.

Hacer frente a las vicisitudes que atraviesa el periodismo en un clima de desinformación, fake news, populismo y descrédito de los medios no es empresa fácil. Sin embargo, la Fundación Gabo, creada hace más de tres décadas para fortalecer el periodismo en Iberoamérica y preservar el legado del colombiano Gabriel García Márquez, sigue siendo un faro de guía en medio de la ventisca. Hace apenas unos días, la entidad fue reconocida con el XIV Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche. Es la primera ver que el galardón recae en esta institución de la que Jaime Abello (Barranquilla, 1958) es su director general y cofundador. “Los periodistas son personas movidas por la vocación, que entienden que prestan un servicio”, adelanta.

La Fundación Gabo se creó legalmente en 1994, a finales de junio. Su primera actividad llegó un año después, con un seminario sobre libertad de expresión y protección al trabajo periodístico en Colombia, al que le siguieron encuentros de comunicadores colombianos y venezolanos durante tensiones fronterizas entre los dos países. “Ha cambiado el mundo y ha cambiado el periodismo desde entonces, y claramente la tecnología ha sido decisiva en esos cambios”, enfatiza Abello en conversación telefónica con elDiario.es.

Desde el punto de vista de este experto en comunicación, la irrupción de la inteligencia artificial (IA) ha generado una “reconfiguración económica, funcional y de relaciones sociales” frente al papel que tradicionalmente cumplían los medios como plataformas de comunicación y el periodismo como fuente de conocimiento de la vida cotidiana de la política y la sociedad. “Claramente, mucho de lo que alimentaba la economía de los medios y las audiencias se ha trasladado a las plataformas digitales. El periodismo está obligado, o lo ha estado, a ir revalorizando y redefiniendo su papel”, añade.

Una pregunta le ronda la cabeza desde hace un tiempo a Abello: qué es indispensable en el periodismo una vez que la comunicación se ha multiplicado al máximo y ya no es un privilegio la capacidad de comunicar de forma masiva y las redes están repletas de opiniones baratas sin demasiada elaboración. Él mismo se responde: “El valor del periodismo se resuelve en aquellos campos donde el periodismo es único, indispensable, decisivo e irremplazable. El periodismo juega una función crucial para la democracia y eso nos hace estar convencidos de que hay futuro”.

Contra la información populista

El diluvio de contenidos al que un usuario de cualquier red social se ve expuesto pasa por el hecho de que la comunicación hacia unas potenciales masas ya no requiere una intermediación mediática. Eso lo explotan bien los políticos populistas, quienes se decantan por una comunicación directa con las audiencias. “Muchos de esos mensajes que lanzan y que llegan sin filtro son pura propaganda. Eso lo vemos ahora en figuras emblemáticas como Trump, con imitadores en otras partes del mundo, quienes con gran descaro y falta de respeto a la ética comunicacional usan la mentira abiertamente como arma política”, completa Abello tras recibir el galardón promovido por la Diputación de Guadalajara, la Universidad de Alcalá de Henares, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la Asociación de la Prensa de Guadalajara y el Ayuntamiento de Brihuega.

De ahí la irrupción del factchecking como modalidad de periodismo que busca preservar la capacidad de que la información sirva como elemento cívico, explica el mismo Abello. “Y tiene mucho sentido preservar ese papel porque la IA, que se erige como una alternativa aparentemente eficaz, no solo está plagada de errores, sino que actúa bajo los sesgos del algoritmo o de los intereses comerciales detrás de la empresa que la desarrolla”, defiende el experto en libertad de información.

La IA no solo está plagada de errores, sino que actúa bajo los sesgos del algoritmo o de los intereses comerciales detrás de la empresa que la desarrolla

Jaime Abello — Director general de la Fundación Gabo

Al director de la Fundación Gabo no le pasa desapercibido que la política usa la comunicación para sus propios fines y propósitos. “Básicamente, para llegar al poder y mantenerse”, abunda. Dentro de esa estrategia, el peligro aparece cuando los partidos se apoyan en “pseudomedios informativos y agentes comunicacionales”, tal y como los define, que responden a esos intereses y no a una verdadera vocación de transmitir de forma honesta y rigurosa lo que sucede.

De esta forma, aparece el dilema de cómo frenar el fenómeno. La libertad de expresión exige responsabilidad, pero hay posiciones que indican lo contrario, asume Abello. Por ejemplo, el Gobierno de EEUU ha legislado de mano de las grandes plataformas para que no haya ningún límite en torno a la libertad de expresión. Por eso, el director general de la Fundación Gabo defiende que los jueces podrían jugar un papel importante en la cuestión, “pero antes hay que perfeccionar los instrumentos jurídicos para que la desinformación dolosa tenga consecuencias”, apuntilla.

Descrédito de las instituciones

En España, la confianza de la ciudadanía en la información que publican los medios se sitúa en una nota media de un 5,4 sobre 10, el registro más bajo desde 2022, según el XXII Informe Anual de la Profesión Periodística, elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid. Desde la perspectiva de Abello, el descrédito es generalizado contra todo tipo de instituciones sociales como “parte del problema que viven las democracias”. Así lo explica: “Nuestras democracias están construidas cada vez más en el miedo. Hay una sensación general de inseguridad e incertidumbre, y dentro de eso el periodismo ha pagado su costo”. Asimismo, recalca que esta realidad también es resultado del poder que en un momento dado llegaron a manejar los medios más masivos y que no siempre fue utilizado con la honradez pertinente.

Abello se decanta por realizar un “gran esfuerzo” en reconocer que la ciudadanía debe generar unas “expectativas más razonables” a la hora de pedir resultados a la democracia. “A veces, vemos que terminamos en manos de unos líderes que aprovechan las debilidades de la democracia para instalarse en el poder y corroer sus propios mecanismos”, valora.

Mientras haya periodistas que creen que su oficio le sirve a la sociedad, existirá el periodismo

Jaime Abello — Director general de la Fundación Gabo

Ilustra la cuestión con El Salvador de Bukele: “Ha conseguido tener un país más seguro y menos democrático al violar los derechos humanos. Se intenta perpetuar en el poder y trabaja activamente contra los partidos de la oposición y los medios de comunicación”. Desde la Fundación Gabo consideran que esta estrategia de incluir al periodismo en la lista de instituciones que merecen el descrédito social es el paso previo para luego limitar y restringir desde el poder su cometido de control al propio poder.

La vocación como diferencia

Varios fenómenos no demasiado halagüeños para el periodismo libre se suceden frente a él. Por un lado, la ciudadanía ha perdido la confianza en el periodismo y prefiere informarse por redes sociales. Por otro, el periodismo crítico que trata de erigirse como factor democrático se queda sin fuentes de financiación. “Muchos medios se ven en medio de este sándwich, entre la audiencia que le pide compromiso con determinadas causas y el reclamo de imparcialidad”, profundiza Abello.

En este sentido, la Fundación Gabo enfrenta el populismo, la falta de financiación y la irrupción de la IA como desafíos a sortear en un futuro en el que será esencial un valor que marca la diferencia: “Tenemos la convicción de que los periodistas son personas movidas por la vocación, que entienden que prestan un servicio, que sienten pasión por participar de la vida pública, de contar historias y tratar de entender y explicar la realidad”.

Abello lo tiene claro. “Mientras esa llama se mantenga, habrá periodismo, aun con las dificultades y adversidades y limitaciones de todo tipo que existan. Mientras haya periodistas que creen que su oficio le sirve a la sociedad, existirá el periodismo”, exclama orgulloso. Eso es lo que les dejó encomendado hace más de 30 años el premio Nobel Gabriel García Márquez, cuya Fundación ahora recibe el mismo reconocimiento que la labor de periodistas como Lydia Cacho, Javier Espinosa, Pepa Bueno, Ramón lobo, Almudena Ariza y Martín Caparrós.

Preparar las oposiciones a la Judicatura en España exige, de media, entre cinco y siete años de dedicación exclusiva. Para muchos jóvenes, el verdadero examen comienza mucho antes de enfrentarse a los más de 320 temas de estudio: comprobar si su familia puede sostener económicamente ese largo periodo sin ingresos.

Esta realidad invita a reflexionar sobre cómo las condiciones materiales de partida pueden influir en quién llega a ejercer una de las funciones más relevantes del Estado y qué implicaciones tiene ello para la igualdad de oportunidades y la legitimidad del sistema judicial.

La Constitución española establece que la justicia emana del pueblo. Sin embargo, al observar el sistema de acceso a la judicatura, surge una pregunta legítima: ¿reflejan nuestros tribunales la diversidad social del país o tienden a reproducir determinados perfiles económicos? El debate sobre el llamado 'filtro de clase' ha dejado de ser una conversación de pasillo para convertirse en una reflexión necesaria sobre la salud de nuestra democracia. No se trata de cuestionar el mérito de quienes superan una de las oposiciones más exigentes del Estado, sino de preguntarse cuántos jóvenes con talento quedan fuera antes siquiera de poder intentarlo.

El coste del mérito: años de dependencia económica

En España, alcanzar la toga no depende únicamente de la capacidad intelectual. Exige, ante todo, una estabilidad económica familiar capaz de sostener durante años una preparación exclusiva. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, la preparación de las oposiciones a judicatura y fiscalía requiere, por término medio, entre cinco y siete años. El modelo, basado en el «cante» de más de 320 temas, contrasta con otros sistemas europeos que priorizan fórmulas más prácticas y, en algunos casos, remuneradas, frente a una memorización intensiva que aquí dificulta enormemente cualquier compatibilidad laboral.

A la ausencia de ingresos se suma el gasto en preparadores privados —con frecuencia magistrados en activo—, cuyos honorarios se sitúan habitualmente entre 300 y 600 euros mensuales. Para un opositor de Castilla-La Mancha, el reto es doble: al coste académico se añade, en muchos casos, el desplazamiento o incluso el desarraigo al tener que trasladarse a ciudades donde se concentran las academias y preparadores. La hemeroteca reciente recoge numerosos testimonios de jóvenes que, cerca ya de la treintena, continúan dependiendo económicamente de sus familias para mantener viva su vocación.

El capital cultural y las sagas familiares

Este sistema no solo pone a prueba la capacidad económica, sino que también puede favorecer a quienes cuentan con un mayor capital cultural heredado. No parte de la misma casilla de salida quien prepara la oposición en solitario que quien ha crecido en un entorno familiar de juristas y conoce desde dentro los códigos, las dinámicas y las exigencias de la profesión. Ello no resta mérito alguno a quienes proceden de familias vinculadas al mundo jurídico, pero sí evidencia que algunos aspirantes disponen de apoyos y referencias que otros no tienen. Sin proponérselo, el modelo actual dificulta enormemente el acceso de quienes carecen de respaldo económico o de una red familiar capaz de sostener años de preparación.

Las becas públicas: un avance, pero no una meta

En los últimos años, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha impulsado las Becas SERÉ con el objetivo de favorecer un acceso más igualitario. La convocatoria para 2026 prevé 1.425 ayudas, dotadas con hasta 12.600 euros anuales y un presupuesto cercano a los 18 millones de euros. Se trata de un reconocimiento institucional de que existe un problema y de un paso en la dirección correcta, aunque todavía insuficiente frente al número de aspirantes y al coste acumulado que supone una preparación de varios años.

Mientras la Asociación Profesional de la Magistratura defiende el rigor del sistema actual como garantía de objetividad e independencia, sectores como Juezas y Jueces para la Democracia sostienen que la verdadera igualdad de oportunidades exige revisar un modelo que, de forma indirecta, favorece a quienes disponen de mayores recursos económicos.

Una justicia que se parezca a su pueblo

El problema no reside en la profesionalidad de nuestros jueces, cuya preparación es incuestionable, sino en la posible homogeneidad de las experiencias vitales de quienes acceden a la carrera judicial.

La sensibilidad ante la precariedad, los desahucios, la vulnerabilidad laboral o las dificultades cotidianas también se nutre del conocimiento directo de la realidad social. En una comunidad como Castilla-La Mancha, donde el progreso de tantas familias ha descansado en el esfuerzo, la educación pública y la igualdad de oportunidades, esta reflexión resulta especialmente pertinente.

Una democracia sólida necesita jueces excelentes, pero también necesita que el camino hacia la toga dependa únicamente del talento, la constancia y el esfuerzo.

Cuando la situación económica de una familia condiciona quién puede aspirar a impartir justicia, no solo se limita una vocación: también se empobrece la representación social de uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Porque la única barrera para defender la ley debería ser la dificultad del Derecho, nunca la cuenta corriente.

¿Los discursos antidemocráticos de Marine Le Pen o de Isabel Díaz Ayuso calan menos en la sociedad que los pronunciados por Donald Trump o Elon Musk? ¿Son las mujeres quienes frenan a la ultraderecha en las elecciones? ¿Son efectivas las cuotas en las listas electorales de partidos políticos? Sobre estas cuestiones y más ha debatido la profesora e investigadora en Ciencia Política de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) Ainhoa Novo-Arbona durante el Curso de Verano de la EHU 'El derecho ante la crisis democrática' y, en concreto, en su ponencia 'Mujeres en política en un contexto de crisis democrática'.

Durante su conferencia 'Mujeres en política en un contexto de crisis democrática' ha explicado que “el desarrollo de las carreras de las mujeres es mucho mayor en el sector público que en privado. ¿A qué se debe?

Ocurre porque en los sistemas que son reglados, basados en reglas claras, con una trayectoria, es más fácil el desarrollo de una carrera individual. El sector público es muy atractivo para las mujeres porque permite mucho más la conciliación. Mientras, en el sector privado funcionan otros elementos como las redes, la confianza, etc. Y esto sigue siendo todavía también un elemento de dificultad para ellas, dados los datos de esa distancia entre los puestos directivos o los puestos de relevancia de mujeres en un sector u otro.

Las listas electorales en España deben ser estrictamente paritarias y ordenarse mediante un sistema de “lista cremallera”, alternando candidatos de distinto sexo en todas las posiciones. Esto garantiza que a partir del cuarto elegido, al igual que en cualquier otro tramo de la lista, la proporción sea equilibrada y no supere el 60% para ninguno de los sexos. Al hablar sobre este tema, considera que las cuotas “no tienen ningún efecto en la elegibilidad”. ¿Cómo se explica esto?

Las cuotas no tiene ningún efecto en los tres primeros candidatos, tú puedes elegir a quien quieras, siempre que hagas equilibrios de género en las posiciones siguientes. Las cuotas solo afectan a partir del cuarto candidato, pero hay muy pocas circunscripciones en las que un partido político obtenga hasta cuatro escaños. Aunque es cierto que las cuotas tienen algún efecto, como que este tema salte a la agenda pública, que se abra debate y empodere a las mujeres que se dedican o quieren dedicarse a la política. Incluso algunos partidos políticos utilizaron esa nueva regulación para renovar sus propias listas.

¿La sociedad se toma menos en serio a las mujeres líderes?

No hemos profundizado en esa investigación, pero tengo la impresión de que líderes como Marine Le Pen en Francia o la líder de extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weid, se viven como líderes menos amenazantes y tienen menos visibilidad y me preocupa internamente el caso de Isabel Díaz Ayuso porque tiene un peso político indudable y, algunos de sus mensajes, son de cuestionamiento del sistema democrático, pero me da la sensación de que no tienen el mismo calado o no terminan de tomarse con el mismo peso político que si fueran pronunciados por hombres.

¿Cuando las mujeres llegan al poder tienden a masculinizarse para ser más visibles o tener mayor influencia?

No. Una de las cuestiones que me gustaría destacar es que las mujeres son plurales y sus liderazgos, al igual que los liderazgos de los hombres, son muy variados. Aunque ellas son más observadas. Se pone el acento en observar si son muy masculinas, si son demasiado comunicativas o si son demasiado cuidadoras. Y eso me parece que ahonda en el cuestionamiento de su autoridad.

Durante su conferencia hizo referencia a los “partidos de hombres” y a cómo las votantes mujeres son capaces de frenar la ultraderecha. ¿Eso es así?

Eta idea surge en los primeros estudios en torno a análisis postelectorales basados en declaraciones de votantes de partidos políticos de Países Bajos, Alemania y Austria. En estas declaraciones descubren la existencia de una distancia de género en el soporte de estos partidos políticos y empieza una línea muy relevante en el análisis. Estamos hablando del año 2004. En el año 2007, Cas Mudde, un politólogo neerlandés y uno de los mayores expertos mundiales en el estudio de la ultraderecha y el populismo, toma una conceptualización que vino de esos estudios que fue lo de “partidos de hombres”, que son partidos que tienen una diferencia drástica de género entre sus votantes. Aunque la realidad es que esos partidos han girado su estrategia en los últimos años para dirigirse a las mujeres. Estos análisis, según hemos constatado, son diferentes al compararlos en distintas comunidades autónomas.

¿Y cuál es la diferencia en ese sentido entre las comunidades autónomas?

Hay algunas comunidades autónomas en las que la distancia es clara y hay otras comunidades autónomas en las que la distancia en el voto no se da. El sostenimiento de Vox entre hombres y mujeres, en concreto en el caso de España, no es tan claro. Por ejemplo, en Madrid no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres a la hora de votar a la extrema derecha. Aunque considero que debería hacerse un estudio específico sobre esta cuestión.

¿Las mujeres en la política actúan de forma diferente en los casos de corrupción que los hombres?

Desde luego están menos envueltas, pero no tenemos estudios específicos al respecto. Yo lo vinculo con ese cuestionamiento del liderazgo de las mujeres o esa creencia de que ellas son buenas, aunque yo creo que se debe a que no están realmente en los núcleos de poder de los partidos.

¿Tal vez porque la corrupción comienza en los entornos informales y en ese 'colegueo' entre hombres?

Quizás un factor puede ser ese.

Escribo dolidísima, indignada, triste y muy preocupada. Ya sé que Moreno Bonilla es PP. Y que el PP va, cuesta debajo, siguiendo a Vox, hacia su propia extinción. Sin aprender del s.XX, ni de actuales derechas fagocitadas por el fascismo, en EEUU, Brasil, Italia, Francia… Mirad en la foto el anillo negro que Moreno lleva en su índice izquierdo. Es para el insomnio. Sufre ansiedad, según él ha contado. Lógico en los gobernantes, dadas las implicaciones de sus decisiones. Pero, ahora ya, el anillo no va a bastarle. Lo siento. De verdad, de corazón, sin cinismo. Ha rendido Andalucía al fascismo. Deja a España sin la esperanza de una derecha democrática. Su pacto de la vergüenza queda para la historia.

Yo nunca dejo cerrada, si no una puerta, una rendija a la esperanza. Yo nunca menosprecio la humanidad y la conciencia que cada cual tenga dentro de su pecho. Y no hago excepción con Moreno ni líderes, miembros, militantes, simpatizantes o votantes del PP. El fascismo viene a por todos los demócratas. También a por ellos, aunque, en la lista, les precedan los inmigrantes, las personas no blancas y cristianas, las feministas, miembros del colectivo LGTBIQ+, nacionalistas periféricos, sindicalistas, gente de izquierdas, crítica… Aunque algo más tarde, las mujeres y hombres demócratas de derecha también son para el fascismo, como demuestra la historia, objetivo a batir.

Moreno ha abierto la Junta de Andalucía al fascismo. Deja a España sin la esperanza de una derecha democrática. Su "pacto de la vergüenza" queda para la historia. Pero yo no menosprecio la conciencia de nadie. Ojalá, si los remordimientos le impiden dormir, sea capaz de rectificar.

Pero hoy debemos poner el foco en la traición del PP de Moreno. De subrayar la irresponsabilidad de asumir, con su firma, postulados racistas, discriminatorios, islamófobos, contrarios a nuestra identidad y al legado de Al-Ándalus, anticonstitucionales y negacionistas de los derechos humanos universales y de la catástrofe climática que, avisa Francia, allí, ya ha causado 2.025 muertes la última semana de junio. La insensatez de fraguar este pacto con Vox para que la gente vea normal la escalofriante opción de Feijóo-Abascal como presidente y vicepresidente de España, 90 años después del golpe de Estado de Franco.

Moreno, que tanto ha reivindicado al ministro de la UCD Clavero Arévalo, quien contradijo a Suárez para defender la plena autonomía andaluza, y ha ensalzado a Blas Infante, padre de la patria andaluza, asesinado por los franquistas y echado a una cuneta aún por localizar… Moreno debía haber defendido, frente a cualquier presión centralista, la dignidad de una Andalucía libre del fascismo que quiere cargarse nuestra autonomía, como todas.

Rendir los principios al fascismo

Leed, por favor, el “pacto de la vergüenza”. Ojead, siquiera por encima, esa ignominia. Y compartidla. Son 60 páginas y 150 puntos, pero atrapa y te lo bebes: los ataques a esos pobres niños y adolescentes inmigrantes solos, ataques a las organizaciones humanitarias que los protegen, a los sindicatos, ¡si hasta anula impuestos a las bolsas de plástico, a las emisiones de gases y a los vertidos a ríos y mares!

Yo creí a Moreno Bonilla cuando, en julio de 2024, paró los pies al líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, diciéndole que vincular extranjeros y delincuencia es mentir para rascar votos. Me hice eco, en este artículo, de las palabras de Moreno (escuchadlas en este vídeo) al señalar que “solo el 7% de los delitos anuales en Andalucía los cometen inmigrantes, muchos europeos”. Ahora Gavira es su vicepresidente.

Moreno podría y debería no haberse prestado a la estrategia centralista de normalizar un futuro gobierno de Feijóo-Abascal. Podría y debería, tras haber condenado tantas veces el racismo electoralista de Vox. Duele que él, que tanto ha ensalzado a Blas Infante, padre de la patria andaluza, asesinado y echado a una cuneta por franquistas, convierta al neofranquista Gavira en su vicepresidente.

En septiembre de 2025, en esta columna donde critiqué las dañinas políticas de Moreno para la educación, sanidad, ayuda a la dependencia públicas, y su trilerismo fiscal, pese a todo, empecé así:

“En el contexto de auge neofascista y radicalización de la derecha yo quiero creer, me empeño y busco y defiendo el papel que debe jugar una derecha con cuya visión y enfoques yo discrepo, pero que es demócrata y valora y quiere proteger y preservar para nosotros y nuestros hijos y nietos la convivencia en paz de los diferentes. Con esa convicción mía en mente, prefiero el PP que encarna el presidente de la Junta andaluza, Juan Manuel Moreno, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.”

Con la legitimidad que me da haberle dado crédito, puedo decir ahora que, o bien nos ha mentido siempre sobre sus principios solidarios y humanitarios, o se ha traicionado a sí mismo al vendernos al fascismo.

Vox en la Consejería de Turismo para amordazar a los medios

Desde la firma del pacto y la investidura de Moreno, el PP andaluz intenta restar importancia a su traición a la democracia. Por los pasillos del Parlamento andaluz decían que nadie prestaría atención al tema “el día en que han imputado a la Directora General de la Guardia Civil y se juega el España-Austria”. Los populares minimizaban la cesión de una sola consejería, la de Turismo, Justicia, Administración Local y Desregulación, a Gavira, a Vox.

Incluyendo el área de Turismo en la Consejería para Vox, el PP de Moreno le da un presupuesto millonario, que suele pagar muchas campañas de publicidad institucional en medios de comunicación. Algo que Vox espera que le sirva para amordazar a la prensa y que no desvele sus atropellos.

Periodistas y medios acríticos con la derecha también minimizaban la cesión del PP (callando que, además, se da a Vox una vicepresidencia de la mesa del parlamento y un senador autonómico). Bien puedo afear a esos colegas su irresponsabilidad, con la legitimidad de ser yo crítica con la izquierda, que me es afín, en mis columnas y noticias, como la que publiqué, ayer mismo, sobre el incomprensible caso de 33 estudiantes gazatíes que llevan hasta dos años a la espera de que el gobierno central los traiga para formarse en las universidades españolas que les han concedido plaza.

Apuntemos algo no evidente de primeras: ¿Por qué Vox se “conforma” con Turismo si en Agricultura, Igualdad o Cultura podría dar más “batalla cultural”? El Turismo es el principal motor económico de Andalucía, con casi el 13% del PIB, y la Consejería, ahora en manos de Vox, tiene casi 200 millones de euros de presupuesto. Buena parte ha ido siempre a campañas de publicidad institucional en medios de comunicación. Algo clave para sus cuentas y subsistencia. Veis la jugada, ¿verdad? La estrategia facha es cargarse todo lo que puedan, con los 150 puntos del acuerdo y las múltiples competencias de la macro consejería, manteniendo amordazada a la prensa. Apañados van con muchos de nosotros. No nos conocen.

Hará falta toda la unión, estrategia y coordinación democrática, de la gente, la sociedad civil organizada y los partidos políticos, para hacerles frente. Pero se lo haremos. Todas y todos, juntos, protegeremos nuestra democracia. Y, ojalá tengamos la generosidad e inteligencia de acoger a nuestro lado a las y los demócratas, liberales, democristianos y de derecha que también se sientan traicionados o que rectifiquen, más pronto que tarde, firmes y constructivos ante el fascismo demoledor.

El presidente del Gobierno ha anunciado este viernes que el próximo Consejo de Ministros dará el “paso definitivo” para retirar a Antonio Vallejo-Nájera (1889-1960) la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad. “Ninguna democracia puede seguir homenajeando a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio, la represión y la desigualdad”, ha justificado Pedro Sánchez.

En un mensaje a través de sus redes sociales, Sánchez se ha preguntado “cómo es posible que, en pleno 2026, un hombre que afirmaba que las mujeres tenían ”la inteligencia atrofiada“ y que su única misión era tener hijos para la patria siga teniendo una de las máximas condecoraciones del Estado”.

El presidente del Gobierno se ha referido a Vallejo-Nájera como “el psiquiatra de cabecera del franquismo, conocido como el Mengele español por sus despreciables experimentos sobre la supuesta limpieza de la raza”.

“Sostenía que quienes defendían la igualdad social y, por tanto, también la igualdad política, eran mentalmente inferiores y calificaba a las personas progresistas como enfermas”, asegura Sánchez, que indicó que Vallejo-Nájera “dedicó su vida a buscar un inexistente gen rojo que, según él, había que extirpar”.

“Sus teorías, además, sirvieron para justificar el robo de bebés durante el franquismo, con el objetivo de impedir que heredaran la supuesta degeneración ideológica de sus padres y madres”, ha explicado el presidente del Gobierno.

El Procurador del Común -equivalente al Defensor del Pueblo- de Castilla y León ha presentado su informe anual. En 2025, se dictaron 1.333 resoluciones, de las cuales se emitieron recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias en el 82,75% de las resoluciones. Las administraciones públicas aceptaron (parcial o totalmente) el 84% de las 1.103 resoluciones que incluían recomendaciones y sugerencias.

A lo largo de 2025, el Procurador del Común ha recomendado a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social que reduzca los tiempos de espera sanitarios, especialmente en Atención Primaria y las Unidades del Dolor. También ha exigido que se eliminen las sujeciones físicas en las residencias de mayores y que se aumente el número de plazas públicas para reducir las listas de espera. También ha reclamado “un enfoque preventivo y estructural” para abordar la contaminación del agua por nitrato y universalizar la instalación de contadores de agua y una tarificación vinculada al consumo real en los municipios.

El Procurador del Común ha detectado un incumplimiento generalizado del límite recomendado del uso de pantallas y dispositivos electrónicos en la etapa escolar, por lo que ha pedido a la Consejería que establezca criterios pedagógicos para regular y limitar estas actividades. Además, ha reclamado que se dote a los centros de recursos materiales y humanos para atender a los alumnos que necesitan más apoyo, además de impulsar protocolos para prevenir el acoso escolar y proteger la salud mental de los menores.

Además, este 'Defensor del Pueblo' señala a los 168 ayuntamientos que no han querido colaborar en algún punto de sus informes. Estos municipios no colaboradores se clasifican entre aquellos que no contestaron a las peticiones de información, aquellos que no respondieron a recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias y los que se han negado a participar de cualquier forma con el Procurador del Común. León y Burgos son las provincias con menos ayuntamientos no colaboradores (35 y 31, respectivamente).

No contestaron al Procurador cuando pidió información

Cuando el Procurador del Común recibe una queja e inicia la investigación pertinente, se pone en contacto con las administraciones públicas. El año pasado, fueron 23 ayuntamientos los que no respondieron a la consulta de esta institución independiente.

Ignoraron las recomendaciones del Procurador del Común

También hay 104 municipios que no contestaron a las recomendaciones, recordatorios o sugerencias del Procurador del Común, la mayoría de ellos de León (25), Burgos (18) y Valladolid (15). En este grupo, destacan municipios grandes como los de Miranda de Ebro (PSOE-IU-Podemos), Astorga (PP), Ponferrada (PP-Coalición por el Bierzo), Palencia (PSOE) y Soria (PSOE), entre otros.

No contestaron a nada

Hay 41 municipios que no contestaron ni durante la investigación de cada una de las quejas ni una vez resueltas. Entre ellos, destacan los ayuntamientos de las ciudades de Burgos (PP), León (PSOE), Segovia (PP) y Valladolid (PP-Vox).

En esta ocasión, se han incluido como entidades no colaboradoras a la Diputación de Ávila (que no ha contestado a nada) y a la Diputación de Burgos, que no remitió un informe sobre los servicios de extinción de incendios. También se afea la falta de colaboración en las pedanías de Hiniesta, Hormaza y Moradillo de Sedano, la Mancomunidad Bajo Arlanza (Burgos) y la Junta Vecinal Villamarco (León).

La formación Cantabristas ha anunciado la convocatoria de una concentración para este viernes, 3 de julio, a las 18:00 horas en la Plaza de la Constitución de Laredo. La movilización ciudadana se presenta como una respuesta directa a lo que la organización define como un “boicot antidemocrático” orquestado por el Ayuntamiento de la villa, actualmente bajo el gobierno del Partido Popular.

El conflicto se originó el pasado sábado, 27 de junio, cuando un acto público programado por la formación fue interrumpido e impedido por la intervención de la Policía Local. Según denuncian los organizadores, la fuerza pública actuó siguiendo órdenes de precintar el área, imposibilitando el desarrollo normal de la jornada política en la vía pública.

Javier Mata, portavoz local de Cantabristas Laredo, ha sido contundente al calificar esta intervención como una decisión “totalmente antidemocrática” que vulnera los principios más básicos de la participación ciudadana.

Mata ha subrayado que el objetivo primordial de la protesta de este viernes es visibilizar la repulsa colectiva ante la actitud de la alcaldía. El portavoz ha denunciado que el bloqueo de un acto político en espacios públicos representa un ataque frontal a los derechos de reunión y expresión. “Creemos que ese boicot del Ayuntamiento es algo inaudito, es intolerable, que ha vulnerado derechos fundamentales”, ha afirmado, insistiendo en que este tipo de actuaciones no deben quedar impunes en un sistema democrático.

Desde la agrupación local se ha realizado un llamamiento extensivo a toda la sociedad cántabra para que se sume a la defensa del ejercicio de los derechos y del uso del espacio público.

Para Cantabristas, lo ocurrido en Laredo trasciende las siglas del partido y afecta a la calidad democrática de toda la comunidad, argumentando que las plazas y calles deben ser lugares de encuentro y debate libre.

La formación ha sido tajante al recordar que las administraciones locales no pueden situarse por encima del ordenamiento jurídico. En este sentido, Javier Mata ha hehco hicapié en una premisa básica para la convivencia: “Nadie, ni el alcalde, está por encima de la ley”.

Con esta concentración, Cantabristas busca que la vulneración de estos derechos fundamentales “tenga consecuencias” y se garantice, de ahora en adelante, el respeto a la actividad política en la vía pública.

Unidos x Laredo solicita el expediente administrativo

La formación Unidos x Laredo se ha unido a las críticas y ha señalado que lo sucedido el pasado sábado “empieza a formar parte de un patrón de actuación institucional profundamente preocupante”.

Así, desde el partido consieran que “afirmaciones públicas tan contundentes como que un acto carecía de autorización o de comunicación administrativa, deben acreditarse en documentos oficiales, expedientes e informes. No basta con decirlo. Hay que poder demostrarlo”.

Por ese motivo, Unidos x Laredo ha registrado una solicitud para acceder íntegramente al expediente administrativo y conocer exactamente qué documentación respaldaba las manifestaciones públicas realizadas desde la Alcaldía. “En un Estado de Derecho las instituciones hablan a través de los expedientes, no de las ocurrencias”, ha añadido la formación en un comunicado.

Unidos x Laredo ha recordado que “el Ayuntamiento no pertenece al alcalde, la Policía Local no está para resolver discrepancias políticas” y “las instituciones no pueden utilizarse para decidir quién habla y quién no habla”, incidiendo en que “mucho menos cuando están en juego derechos fundamentales como la libertad de expresión, la participación política o el derecho de reunión”.

“Si las afirmaciones realizadas por la Alcaldía son ciertas, bastará con exhibir el expediente y toda la documentación que las respalde. Especialmente lo relativo a la autorización o no de la Delegación del Gobierno”, han argumentado. “Si no lo son, estaremos ante un problema mucho más grave: el de una institución que habla antes de comprobar los hechos”, ha concluido la formación política.

“Eso no lo publiques tal cual”, repite con una sonrisa. Pablo Beramendi pide disculpas por el lenguaje coloquial del que tira a ratos para dar oxígeno a la profundidad académica. Como buen profesor, tiene la capacidad de ser claro sin resultar simplista. Este docente de Ciencia Política en la Duke University habla de la situación en Estados Unidos bajo la administración Trump sin concesiones –“Es la expresión política de procesos que llevan décadas desarrollándose”– y sin catastrofismo. De visita en España para la inauguración del instituto de investigación Juan Linz en la Universidad Carlos III de Madrid, Beramendi rechaza en esta conversación la idea de una crisis global de la democracia, pero pone el acento en los problemas que la erosionan: pérdida de confianza institucional, dificultad para gestionar desigualdades, polarización...

En el análisis se mezclan algunos de los elementos sobre los que Beramendi lleva años investigando: cómo influyen en los comportamientos y elecciones políticas los aspectos económicos, culturales, territoriales o de identidad. Y advierte: “La democracia necesita una sociedad integrada, con cierta igualdad y con la sensación de que las instituciones representan algo. La gran pregunta es si nuestras sociedades tienen la capacidad política de hacer esas reformas”.

¿La democracia tal y como la conocemos está en crisis?

No sé si podemos hablar exactamente de una crisis de la democracia. En los países más avanzados económicamente, la posibilidad de que colapse la democracia entendida de una manera muy minimalista —como un sistema donde los partidos pierden elecciones— no parece probable. Pero eso no quiere decir que las democracias no estén cambiando ni que no tengan problemas. 

¿Puede que nuestros países sigan siendo plenamente democráticos en términos electorales, pero que lo sean cada vez menos en términos de representación?

La teoría de la democracia dice que hay una serie de personas con preferencias distintas que se organizan, se presentan a elecciones, mandan delegados a unas instituciones y esos delegados representan sus intereses, que después se traducen en políticas públicas. Pero ese vínculo con grupos sociales o partidos ha dejado de funcionar, porque las organizaciones de intermediación y la gestión de la información están obsoletas. La gente ya no se informa a través de revistas de partidos, seminarios o reuniones, sino en TikTok, Instagram, Truth Social…

Eso debilita a organizaciones tradicionales como partidos políticos o sindicatos vinculados a una clase social.

Durante mucho tiempo, los partidos y sindicatos eran mecanismos que organizaban intereses colectivos. No solamente representaban una ideología: también construían comunidades, generaban vínculos y daban una estructura para interpretar la realidad. Cuando esas organizaciones pierden fuerza, el vínculo entre los ciudadanos y la política cambia. Los partidos pasan a depender más de líderes individuales y de su capacidad de comunicación, favoreciendo liderazgos personalistas.

¿Esa vía directa con los líderes genera un desapego hacia las instituciones democráticas?

El desapego tiene que ver en parte con esto, pero también con otra cuestión más importante: muchos sectores sociales perciben que los sistemas políticos son incapaces de atender sus demandas. Tienen expectativas muy altas sobre lo que esperan del Estado y sienten que el Estado no llega.

La llamada España vaciada es algo que aparece en muchos países que se han desarrollado tarde: hay una gran diferencia entre los polos de innovación, donde van los jóvenes a estudiar y trabajar, y el resto del territorio

¿Las expectativas dependen también de dónde vive esa persona?

Los procesos de concentración territorial han dibujado relaciones muy diferentes con las instituciones del Estado. En España, por ejemplo, gran parte de la riqueza, la inversión, la actividad y el dinamismo están concentrados en unos pocos lugares. La llamada España vaciada es algo que aparece en muchos países que se han desarrollado tarde: hay una gran diferencia entre los polos de innovación, donde van los jóvenes a estudiar y trabajar, y el resto del territorio.

Esto genera en mucha gente una sensación de que el Estado no les sirve, aunque en realidad dependan del Estado porque son pensionistas, empleados públicos o realizan actividades vinculadas al sector público.

La concentración territorial lleva a otros problemas. Por ejemplo, el del acceso a la vivienda en zonas fuertemente tensionadas como Barcelona o Madrid.

Esa es la otra cara de la moneda. Las ciudades globales se convierten en centros muy interesantes para las élites del mundo y eso genera procesos de hipervalorización de activos como la vivienda. Y esos jóvenes formados y preparados que protestan porque no pueden acceder a una casa, oscilan entre la abstención, los partidos radicales y, en algunos momentos, posiciones más pragmáticas. 

¿La ultraderecha está capitalizando esa frustración?

Hay una división muy grande entre quienes tienen padres con vivienda y quienes no tienen ese respaldo. Además, las ciudades se están diversificando mucho. La inmigración las transforma en lugares más diversos y menos cerrados, pero también genera resistencia en algunos grupos que sienten que la ciudad les pertenece. Eso provoca una hostilidad que partidos como el PP de Madrid o Vox pueden instrumentalizar muy bien.

Antes, muchas personas podían imaginar que con trabajo estable podían mejorar su posición social. Ahora esa promesa es mucho más difícil de sostener

Muchas veces se compara este momento con los años 30 del siglo XX, ¿la desigualdad actual es distinta de la que conocieron las democracias occidentales después de la Primera Guerra Mundial?

En los años 30, la desigualdad provocó que las posiciones políticas de derecha e izquierda estuvieran muy polarizadas. Eso nos suena, sí. Pero hay una gran diferencia. En muchos países donde la democracia acabó quebrando existía en ese momento una amenaza real desde la izquierda: movimientos cuyo objetivo era acabar con la democracia existente e instalar otro tipo de régimen. Eso generaba incentivos para que los partidos moderados de derecha se acercaran a posiciones autoritarias. Hoy esa amenaza revolucionaria desde la izquierda prácticamente no existe.

Y, sin embargo, hay países como Colombia, por poner un ejemplo reciente, en los que la ultraderecha hace campaña con una supuesta amenaza comunista.

Hoy tenemos una desigualdad que no está basada únicamente en la propiedad de los medios de producción. La economía actual genera una concentración enorme de riqueza en algunos sectores y deja a otros con mucha más inseguridad. Antes, muchas personas podían imaginar que con trabajo estable podían mejorar su posición social. Ahora esa promesa es mucho más difícil de sostener. Y cuando las expectativas de una generación son peores que las de la anterior, aparece una sensación de pérdida.

¿Esa sensación de pérdida es la que alimenta parte del voto populista?

Sí, aunque hay que tener cuidado. No todo el voto populista viene de personas económicamente perjudicadas. Hay una mezcla de factores: económicos, culturales, territoriales y de identidad. Una parte importante tiene que ver con la percepción de que el sistema ya no funciona para ellos. Aunque objetivamente algunas personas sigan estando en una situación relativamente buena, sienten que están perdiendo algo.

Entonces, ¿la cuestión identitaria pesa tanto como la económica?

Sí. De hecho, muchas veces se mezclan. Cuando una persona siente que pierde estatus económico o social, puede interpretar esa pérdida como una amenaza cultural. Por eso vemos discursos donde la inmigración, la identidad nacional o los cambios sociales aparecen como explicaciones sencillas para problemas mucho más complejos.

A veces una elección política consiste en proteger un privilegio pequeño: sentir que perteneces a un grupo que está un poco por encima de otro

La política identitaria funciona porque convierte problemas estructurales en problemas de pertenencia. Es más fácil señalar a un grupo concreto como responsable que analizar procesos económicos mucho más amplios. Esto no es nuevo. La diferencia es que ahora los canales de comunicación hacen que esas explicaciones circulen mucho más rápido.

¿Cómo se teje la relación entre inmigración y ultraderecha?

A veces se piensa que la extrema derecha crece simplemente porque hay más inmigración, pero la relación es mucho más compleja. Hay un fenómeno de competición dentro de los propios grupos sociales. Por ejemplo, algunos inmigrantes que han conseguido una posición económica estable pueden percibir la llegada de nuevos inmigrantes como una amenaza.

¿Eso lleva a algunos inmigrantes a apoyar a políticos con discursos antiinmigración?

En Estados Unidos ocurre, por ejemplo. A primera vista parece contradictorio, pero si miras los incentivos económicos puede tener cierta lógica. Una persona que ha llegado hace un tiempo y ha creado una pequeña empresa puede beneficiarse de que exista mano de obra disponible, pero al mismo tiempo puede temer que una llegada constante de nuevos trabajadores reduzca su capacidad de generar ingresos.

Entonces no sería solamente una cuestión de identidad.

La identidad importa mucho, pero no explica todo. Muchas personas no votan únicamente por lo que ganan o pierden materialmente, sino por la posición que sienten que ocupan en la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos las relaciones entre comunidades latinas y afroamericanas no siempre son sencillas. Hay competencia por recursos, representación y reconocimiento. A veces una elección política consiste en proteger un privilegio pequeño: sentir que perteneces a un grupo que está un poco por encima de otro.

Usted vive en Estados Unidos, un país que combina varios de los fenómenos que ha estudiado: desigualdad económica, fragmentación territorial, polarización y desconfianza institucional. ¿Hasta qué punto es un caso excepcional o está anticipando tendencias que pueden aparecer en otras democracias?

Estados Unidos tiene características muy específicas, pero al mismo tiempo concentra procesos que aparecen en otros lugares. Es un caso particular porque tiene un presidencialismo fuerte, un sistema electoral determinado y una historia de desigualdad muy profunda. Pero también es un caso que anticipa problemas que estamos viendo en otras democracias: la pérdida de confianza institucional, la dificultad para gestionar desigualdades y la polarización. 

¿La polarización es causa o consecuencia de esa dificultad de gestión de las desigualdades?

La polarización surge de problemas sociales reales, pero al mismo tiempo los intensifica. Cuando la política se organiza en torno a identidades muy fuertes, cualquier negociación empieza a verse como una traición. La gente deja de pensar en términos de políticas concretas y empieza a pensar en términos de 'mi grupo contra el otro'. Eso hace más difícil que las instituciones funcionen. Un político que quiera construir una posición moderada tiene más dificultades para competir en un entorno donde la atención se consigue con mensajes muy emocionales.

¿Cómo puede afrontar Europa esta ola de ultraderecha?

En algunos países la extrema derecha llega al gobierno y modera parte de su comportamiento porque las instituciones generan límites. Italia es un ejemplo interesante. El Gobierno de Meloni no es una ruptura democrática en el sentido clásico. Pero su ideología y algunas de sus políticas tienen consecuencias importantes.

Los sistemas electorales y los sistemas de partidos importan mucho. A diferencia de los sistemas presidencialistas, un sistema parlamentario, donde necesitas formar coaliciones, puede actuar como un elemento de contención frente a movimientos muy radicales. En España, el famoso 'gobierno Frankenstein' que algunos critican es, desde otra perspectiva, una manifestación de parlamentarismo: partidos diferentes obligados a coordinarse. La democracia parlamentaria funciona precisamente así.

¿Cómo se puede saber si una democracia está entrando en un proceso de deterioro?

Ese es un debate muy complicado. Durante mucho tiempo se entendía la democracia de una forma más sencilla: si había elecciones competitivas y los gobiernos podían perder el poder, el sistema funcionaba. Ahora hablamos más de erosión democrática, pero es un concepto difícil de medir. 

¿Hay indicadores concretos?

El primero es la manipulación de los medios de comunicación. No simplemente que un gobierno critique a periodistas o intente influir políticamente, sino que se modifiquen las reglas del sistema para limitar la libertad de prensa, como ha ocurrido en Hungría. Un segundo elemento es el control político de los jueces. Claro que siempre existe una relación entre política y justicia; el problema es cuando los jueces pasan a funcionar como instrumentos del poder político. Esa es una señal grave.

Una cosa es desconfiar de una institución porque no funciona bien, y otra es considerar que cualquier institución que no da la respuesta que uno quiere es ilegítima. Esto rompe la idea básica de la democracia

La manipulación del proceso electoral es otro indicador fundamental. No hablamos simplemente de ganar elecciones con una estrategia política efectiva, sino de cambiar las reglas o impedir que los rivales puedan competir en igualdad de condiciones. Y otro elemento importante es cuando los ciudadanos empiezan a aceptar que una parte de los procedimientos democráticos pueden sacrificarse porque favorecen a su propio grupo político.

Aceptar un recorte de derechos para que ganen 'los míos'.

Los estudios muestran que muchas personas, cuando se enfrentan a escenarios concretos, están dispuestas a aceptar medidas que en abstracto considerarían antidemocráticas si creen que sirven para proteger sus intereses. Ese es uno de los grandes problemas de la polarización. La democracia necesita que existan reglas aceptadas incluso cuando el resultado no nos gusta. 

¿Cómo saber si estamos ante una crisis real?

Cuando varias de estas cosas ocurren al mismo tiempo. Si hay manipulación de medios, control político explícito de jueces, ataques al proceso electoral y una pérdida de derechos básicos, entonces sí estamos ante una crisis democrática. Pero un conflicto político fuerte o una sociedad muy polarizada no significan automáticamente que la democracia vaya a colapsar. Hay que mirar cómo responden las instituciones.

Pero en Estados Unidos o Brasil, la pérdida de confianza en la democracia provocó intentos de golpistas.

Aunque Estados Unidos muchas veces se presenta como una de las democracias más antiguas del mundo, hay que recordar que hasta mediados del siglo XX una parte importante de la población no podía ejercer plenamente sus derechos políticos. Además, sus instituciones fueron diseñadas con una enorme capacidad de las élites para proteger sus intereses. Trump no aparece de la nada. Es la expresión política de procesos que llevan décadas desarrollándose.

El hecho de que ahora algunas fuerzas independentistas tengan menos apoyo no significa que hayan desaparecido las condiciones que hicieron aparecer el conflicto en Catalunya. Un problema territorial no desaparece simplemente porque cambien los resultados electorales

Ahora, bien, una cosa es desconfiar de una institución porque no funciona bien, y otra es considerar que cualquier institución que no da la respuesta que uno quiere es ilegítima. Esto es más peligroso porque rompe la idea básica de la democracia: que puedes perder una elección y seguir participando del sistema. El intento de Trump de no aceptar el resultado electoral fue un momento muy grave porque tocaba un elemento básico: la transferencia pacífica del poder. Pero al mismo tiempo, las instituciones resistieron y el cambio de gobierno se produjo.

¿En España ve alguno de los indicadores de erosión democrática?

España tiene problemas, pero no creo que esté en una situación de colapso democrático. Tiene tensiones importantes, como el problema territorial o la politización de algunas instituciones, pero eso no es lo mismo que una ruptura del sistema.

¿Cree que el debate territorial catalán o vasco puede volver a aparecer con fuerza con un gobierno de PP y Vox?

Es posible. El hecho de que ahora algunas fuerzas independentistas tengan menos apoyo no significa que hayan desaparecido las condiciones que hicieron aparecer ese conflicto. El procés fue el resultado de varios factores: la crisis económica, una falta de solución institucional al encaje territorial y decisiones políticas que aumentaron la frustración. Y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut tuvo un papel importante porque concentró muchas de esas frustraciones.

La democracia necesita una sociedad integrada, con cierta igualdad y con la sensación de que las instituciones representan algo. La gran pregunta es si nuestras sociedades tienen la capacidad política de hacer esas reformas

Después, el proceso evolucionó con contradicciones internas y con una respuesta institucional y judicial que terminó frenándolo, pero el problema territorial no desaparece simplemente porque cambien los resultados electorales. La política muchas veces parece resolver un problema porque deja de estar en el centro del debate, pero eso no significa que las causas hayan desaparecido.

Para terminar, ¿es optimista sobre la capacidad de las democracias occidentales para recuperarse?

No soy completamente optimista, pero tampoco creo que todo esté perdido. Las grandes crisis democráticas del pasado se resolvieron con transformaciones sociales e institucionales. Hoy el problema principal es que necesitamos reducir desigualdades y reconstruir expectativas para las generaciones jóvenes. La democracia necesita que la gente crea que el sistema puede mejorar sus condiciones de vida. Si las personas sienten que el futuro será peor, la frustración política seguirá creciendo.

La democracia no funciona solo con reglas electorales. Necesita una sociedad integrada, con cierta igualdad y con la sensación de que las instituciones representan algo. La gran pregunta es si nuestras sociedades tienen la capacidad política de hacer esas reformas.

En el umbral de un nuevo mundo, no se ve nada. Y dirás: pues lo que se ve, buf, ¡qué mala pinta! Qué va. Es peor lo que no se ve. Esta semana ha publicado The New York Times un reportaje escalofriante: el mayor experto del mundo en vídeos ultrafalsos o deepfakes ha dicho que ya no confía en sus ojos. 

Hany Farid ha sido durante más de 20 años el más diestro en el campo de la investigación forense digital: le han hecho encargos los gobiernos, las organizaciones de derechos humanos, los medios de comunicación. Le enviaban un vídeo y él emitía su veredicto: verdadero o falso. Pero ya no puede. Uno de los últimos le bloqueó: era una secuencia viral que parecía mostrar un misil estadounidense en el momento de impactar en un colegio de Irán, en el que murieron más de 150 personas. Llegó a una conclusión difusa: no encontró pruebas de que fuera falso o manipulado. Pero tampoco pudo asegurar al cien por cien que fuera real. Su drama es el nuestro. 

“Cualquiera puede crear un vídeo de cualquiera haciendo o diciendo lo que sea”, ha dicho Farid. Describe en pocas palabras la situación en la que nos encontramos: “Siento que me estoy quedando ciego”, ha confesado. Y no por un defecto en sus ojos, sino porque todo se puede fabricar. La realidad se disuelve ante él.

Me ha recordado al Ensayo sobre la ceguera de Saramago. Los personajes van perdiendo la vista, pero no quedan sumidos en una negra oscuridad, como sería previsible, sino en una luminosidad lechosa que lo invade todo. Esos somos nosotros, deslumbrados ante la pantalla, que refulge sin cesar con su resplandor, cada vez vemos menos. 

Si el mayor experto mundial en distinguir lo real ha claudicado, ¿qué podemos esperar nosotros, pequeños mortales? Farid se marcha a vivir a Vermont, a una casa sobre un gran terreno donde puede mirar en lontananza. Seguirá identificando lo real, pero asegura que necesita levantar la vista, atisbar a lo lejos. Ha empezado a dedicar su tiempo a cortar leña, y siente que hace un trabajo útil.

Somos ciegos que viendo, no ven. No es fácil asumirnos ni entendernos. El último informe del Reuters Institute for the Study of Journalism, hecho público esta semana, nos deja una impresionante paradoja: cada vez más gente se informa a través de las redes sociales, en plataformas de vídeo y con inteligencia artificial. Por primera vez, de hecho, las redes y las plataformas superan, con un 54% a nivel global, a la televisión (52%) y a las aplicaciones de los medios de comunicación (51%). Al mismo tiempo, aumenta la preocupación por los riesgos de la desinformación. O sea, nos informamos más en lugares de los que no nos fiamos: más que paradoja, esto es desquicie.

¿Qué habrá pensado Farid, allí retirado del mundo, al saber que cada vez más gente, en lugar de leer noticias, prefiere verlas en vídeo? Seguramente les lanzaría una admonición: no, no lo hagáis, nadie puede saber ya si las imágenes son verdaderas o falsas. Si no las descifro ni yo…

Me siento dividida. Dudo de que pueda ser viable una sociedad cegada por destellos luminiscentes que no reconoce lo real. Y al mismo tiempo me parece sencillo identificar la realidad cuando dejo la pantalla y salgo a la calle. 

A veces pienso: llega una nueva era y nos pilla de esta guisa, con nuestro sistema epistémico en pelotas, cada vez con menos fe en periodistas, jueces y académicos, los guardianes del conocimiento y la verdad (perdón por mentar la bicha). En cambio, otras veces me digo: quizá tiene que ser así, tal vez hemos de llegar cegados al umbral de un tiempo nuevo para no sentir miedo. Venid hasta el borde, nos dicen. Y vamos porque no vemos. 

Para resolver mi dilema de forma constructiva, no hay otra, he empezado a leer Contra el descontento, de Cristina Monge, que me devuelve la esperanza: os lo recomiendo. Coincido plenamente con ella en que la soledad producida por la hiperconexión digital agrava la crisis de la realidad. Cristina es una optimista irredenta y el libro me deja un dulce regusto ciudadano: la certeza de que podemos cambiar las cosas. Hemos de empezar por reconstruir la conversación pública, dice. ¿Y sabes lo que pienso? Que eso se hace en la plaza del barrio. Se baja una, empieza a hablar con personas de carne y hueso sobre los problemas comunes y ya está. Si el mayor experto mundial en analizar vídeos falsos ha reencontrado el camino cortando leña, la cosa está clara. 

“La educación de un libertario”, el artículo que Peter Thiel publicó en 2009, era escalofriante en su momento. Ahora lo es más. Porque la profecía de Thiel está cumpliéndose.

Peter Thiel no es el más rico de los tecnomagnates, pero es el más influyente de todos ellos. Los demás, incluyendo a Elon Musk, el primer billonario de la historia, le consideran el jefe. Recuerden aquella célebre portada de la revista “Fortune” en 2007, en la que los miembros de “la mafia de PayPal” (la empresa que transformó Silicon Valley) aparecían ataviados como gángsters de “Los Soprano”, con Thiel, el “capo”, en primer plano.

Thiel lleva casi 20 años proclamando que la libertad es incompatible con la democracia. La idea se comprende mejor si se sustituye “libertad” por capitalismo y “democracia” por cualquier forma de gobierno que implique de alguna forma a los ciudadanos y trate de mejorar sus vidas. Según Thiel, la gente es esencialmente estúpida y entorpece el progreso.

Hablamos de un tipo muy, muy inteligente. Precoz campeón de ajedrez en su Alemania natal, con estudios en Derecho, Filosofía y Economía y experiencia laboral en los tres ámbitos, multimillonario antes de cumplir los 30 años, Thiel se considera miembro de una pequeña élite obligada a distanciarse, física y moralmente, de la masa embrutecida. Cree que los océanos, el espacio exterior o, en menor medida, los universos virtuales de Internet ofrecerán en un futuro próximo posibles refugios para dicha élite.

La última frase de su artículo de 2009 es reveladora: “El futuro de nuestro mundo puede depender del esfuerzo de una sola persona que construya o difunda la maquinaria de libertad que haga del mundo un lugar seguro para el capitalismo”.

Probablemente se vea a sí mismo como esa persona, ese “ultrahumano” nietzscheano (pero sin el humanismo fundamental de Friedrich Nietzsche) destinado a la gran hazaña cósmica: lograr la sumisión de la especie a la maquinaria capitalista, único baluarte, supuestamente, de la libertad y la justicia.

Una de las creaciones del tecnomagnate es el Proyecto Maven, un sistema bélico basado en la inteligencia artificial (con su empresa Palantir al frente y otras, como Amazon, aportando tecnología complementaria y datos) que otorga una casi completa autonomía a los sistemas armamentísticos. Estados Unidos y su apéndice militar en Oriente Próximo, Israel, llevan cinco años ensayándolo. Maven ha sido puesto a prueba en Gaza. Con éxito, se supone, vistas la matanza y la devastación.

Por supuesto, Peter Thiel, gran admirador de Javier Milei (ha comprado una casa de 12 millones de dólares en Buenos Aires para residir en Argentina), no ve contradicción en que el Proyecto Maven haya sido subvencionado de forma masiva por los contribuyentes estadounidenses. Considera que el dinero de los impuestos está correctamente invertido en su sistema de inteligencia artificial, a diferencia del que se destina al bienestar público o (en eso no le falta un punto de razón) a salvar a los bancos de sus propios errores.

¿Está cumpliéndose la profecía de Thiel? Veamos. Los tecnomagnates son cada día más inconcebiblemente ricos. Los tecnomagnates (Elon Musk y Jeff Bezos) dirigen la nueva carrera espacial estadounidense. Los tecnomagnates han lanzado sistemas de inteligencia artificial más y más intrusivos ante la pasividad impotente de los gobiernos. Y los tecnomagnates se deleitan aprovechando sus redes sociales y sus sistemas de inteligencia artificial para azuzar conflictos sociales y desacreditar a los gobiernos legítimos (véase el papel de Elon Musk en los disturbios de Belfast y en la campaña continua contra el primer ministro británico, Keir Starmer).

Me parece que Thiel y los suyos van ganando.

El historiador extremeño Juan Sánchez González (Villanueva de la Serena, 1962) reivindica el reformismo y la complejidad de la Transición en un libro que reconstruye con precisión el surgimiento de la Extremadura política contemporánea, es decir, la transformación de una conciencia identitaria previa —más cultural que social— en un proyecto político articulado. Esta lectura, anclada en los matices y en la larga duración, sitúa el proceso extremeño dentro del entramado más amplio de la Transición española y subraya cómo aquella identidad difusa encontró, en aquellos años decisivos, su primera concreción institucional. Su nueva obra, España y Extremadura en Transición. Conversaciones con Enrique Sánchez de León, se presenta como un ejercicio de memoria crítica, análisis histórico y relato político que busca iluminar un periodo decisivo de la historia reciente desde una perspectiva regional hasta ahora insuficientemente explorada.

El punto de partida intelectual del libro queda ya anticipado por el propio Sánchez González cuando afirma: “Resulta decepcionante el estéril y casi siempre interesado presentismo detectable en interpretaciones de procesos históricos complejos”. Esta reflexión funciona como declaración de intenciones: el historiador propone alejarse de los relatos simplificados, de las visiones maniqueas y de las lecturas interesadas que, a su juicio, han distorsionado con frecuencia la comprensión de la Transición española.

Doctor en Historia Contemporánea y profesor titular de la Universidad de Extremadura, Sánchez González defiende la necesidad de recuperar “la escala de grises” y de contextualizar los procesos históricos sin caer en ensalzamientos ni vituperaciones. Su aproximación se fundamenta en la convicción de que la Transición no puede entenderse sin conectarla con el tardofranquismo, ni sin analizar las interrelaciones entre la primera y la segunda mitad de la década de los setenta. Para él, tanto los sectores reformistas del régimen como la oposición antifranquista desempeñaron papeles decisivos en un proceso que fue, ante todo, complejo, incierto y abierto.

Conversación de cinco años

Ese enfoque se materializa en el libro recién publicado a través de una extensa conversación mantenida durante aproximadamente cinco años con Enrique Sánchez de León, figura clave de la política extremeña y nacional. Su trayectoria —aperturista en el franquismo, reformista durante la Transición, procurador en las últimas Cortes franquistas, diputado, ministro, defensor del asociacionismo político, líder de AREX, Acción Regional Extremeña, el primer partido regionalista, y uno de los fundadores de UCD— ofrece un prisma privilegiado para comprender la evolución política de aquellos años. La obra no se limita a recoger entrevistas: reconstruye procesos, contrasta memorias y confronta la mirada del político con la del propio historiador.

Sánchez González explica que el libro surge también de un vacío historiográfico evidente. Aunque existe una amplia bibliografía sobre la transición del franquismo a la democracia en España, apenas se ha estudiado ese periodo en Extremadura. Resulta especialmente llamativa, señala, la ausencia de investigaciones sobre la etapa preautonómica extremeña, “sin la cual difícilmente cabe entender la Extremadura actual”. A ello se suma otro problema: la separación artificial entre la historia nacional y las historias regionales, concebidas “inexplicablemente como compartimientos estancos”. Con esta obra, el autor aspira a contribuir a superar esa fractura, integrando ambas perspectivas.

Una de las singularidades de la Transición en Extremadura fue, según el historiador, “el nacimiento de la Extremadura política”: la transformación de una identidad regional principalmente cultural en una realidad política concreta. Esa identidad, todavía difusa en los años setenta, tuvo que definirse en medio de tensiones interprovinciales, debates sobre el modelo autonómico y discusiones sobre el papel que la región debía desempeñar en el nuevo marco constitucional. “La Extremadura actual hunde sus raíces y mantiene, con levísimas modificaciones, la estructura institucional diseñada en aquellos momentos”, afirma Sánchez González, quien considera que la región debe afrontar sus desafíos actuales sin autocomplacencia y con capacidad para combinar cambios y permanencias. “Los retos siguen siendo considerables”, advierte, reclamando “más ilusión y valentía” tanto en el plano institucional como en el actitudinal.

No había ningún estudio específico sobre la etapa preautonómica extremeña, sin la cual difícilmente cabe entender la Extremadura actual

Proceso abierto

El libro dedica también un espacio relevante al papel de los movimientos ciudadanos y de la sociedad civil durante el proceso democrático. Sánchez González insiste en que “todos los sectores sociales estuvieron involucrados” en un cambio tan profundo como el de los años setenta, aunque rechaza las lecturas parciales o excluyentes que privilegian a unos actores sobre otros. “El proceso siempre estuvo abierto”, afirma. Las relaciones entre ciudadanía, organizaciones políticas y movimientos sociales generaron “confluencias y complementariedades” que, pese a los inevitables conflictos, hicieron posible el triunfo del reformismo frente a las alternativas más radicales, tanto inmovilistas como revolucionarias. La movilización ciudadana contribuyó “extraordinariamente al cambio político”, mientras que el liderazgo de determinadas organizaciones permitió encauzar tensiones y alcanzar consensos “difícilmente imaginables”.

El historiador dirige parte de su reflexión a las generaciones más jóvenes, a quienes invita a aproximarse a la Transición desde el conocimiento histórico y no desde prejuicios ideológicos. “Los procesos históricos son muy complejos porque en ellos interactúan circunstancias y múltiples actores”, recuerda. Y añade: “sin conocer los hechos y sus correspondientes contextos difícilmente puede resultar operativo el conocimiento del pasado”. A su juicio, muchas interpretaciones sectarias responden a “intereses presentistas” y desvirtúan la comprensión histórica. “El conocimiento histórico es útil, muy útil y necesario, si antes que ponerse al servicio de sus pasiones alimenta el entendimiento y con ello el espíritu crítico de los ciudadanos”, afirma.

El azar

Durante la investigación, Sánchez González asegura haber comprendido aún mejor “la importancia del azar y de las incertidumbres” en los procesos históricos. “Lo que acaba sucediendo no tenía necesariamente que haber sucedido”, resume, subrayando la contingencia y la fragilidad de los equilibrios políticos de la época.

El formato conversacional del libro fue una decisión consciente. El autor quería construir “un libro singular desde la óptica de la historia del tiempo presente”, una disciplina que necesita trabajar con testigos directos. No pretendía elaborar unas memorias ni una simple recopilación de entrevistas, sino reconstruir procesos y acontecimientos, ofreciendo al protagonista todos los elementos necesarios para “sortear los ruidos asociados a la inevitable evanescencia de la memoria”. La obra fue redactada íntegramente por Sánchez González, respetando “escrupulosamente los términos y giros” de las intervenciones de Sánchez de León, quien supervisó el texto completo antes de fallecer a los 90 años, cuando el proceso de edición ya estaba iniciado.

Sobre él, el historiador destaca “su disponibilidad y energía” para reconstruir una trayectoria política marcada por “vicisitudes, éxitos y contratiempos”, así como “la fortaleza de sus convicciones, su capacidad de liderazgo, su perseverancia y su resiliencia”. Incluso establece un paralelismo entre Sánchez de León y Adolfo Suárez: “Fueron, de alguna manera, hombres de transición para la transición”.

Currículo del autor

A lo largo de su trayectoria académica, Sánchez González ha impartido docencia en instituciones como la Universidad Paris IV-Sorbona, la Universidad Paris VIII-Vincennes-Saint Denis, la Università degli Studi L’Orientale de Nápoles o la Escuela Nacional de Antropología de México. Ha dirigido el Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura, los Cursos Internacionales de Verano de la UEx y el Servicio de Acción Cultural de la universidad, además de formar parte del primer Consejo de Administración de la CEXMA.

Entre sus principales líneas de investigación figuran el análisis del discurso político, el regionalismo extremeño, la historia contemporánea, los medios de comunicación y la formación de la opinión pública. Ha publicado estudios sobre ideología, prensa y mentalidades en la Extremadura contemporánea, así como trabajos sobre José López Prudencio y el regionalismo extremeño de los siglos XIX y XX.

Su último libro, España y Extremadura en Transición. Conversaciones con Enrique Sánchez de León, culmina años de investigación sobre la Historia del Tiempo Presente y sobre el papel desempeñado por Extremadura en el complejo tránsito del franquismo a la democracia. En definitiva, la publicaciónse erige como una invitación a mirar de frente un pasado decisivo sin nostalgias ni simplificaciones, reivindicando la fuerza del matiz y la necesidad de un análisis sereno. Al reconstruir el nacimiento de la Extremadura política y al dialogar con una figura tan central como Enrique Sánchez de León, Sánchez González no solo llena un vacío historiográfico: también recuerda que la democracia se construye desde la pluralidad, el compromiso y la conciencia histórica. Su obra interpela al presente, reclamando una ciudadanía capaz de pensar con rigor, de asumir la complejidad y de comprender que, como en toda transición, el futuro sigue siendo un territorio abierto que exige responsabilidad, memoria crítica y una voluntad firme de seguir avanzando.

El profesor Levitsky, célebre profesor de Harvard y autor del superventas Cómo mueren las democracias (Levitsky et al., 2018), profirió lo siguiente en una conferencia magistral a la que fui invitado en 2025 en la Universidad Cornell: “A pesar del contexto internacional desfavorable, las democracias persisten”. Esta frase debería tenerse en cuenta en todos los análisis sobre la crisis actual de la democracia y los procesos que han venido a denominarse de autocratización, a fin de no caer en el tipo de fatalismos que hoy prolifera y que capta más fácilmente la atención de las audiencias.

Las democracias están en crisis, sí. Pero esta crisis no supone una teleología negativa que conduce a la inexorable caída de un régimen democrático tras otro —al igual que la afirmación de Fukuyama del fin de la historia no implicó un avance ininterrumpido de los procesos de democratización (Fukuyama, 1992) en el mundo—. Esta crisis, según V-Dem, una de las tres organizaciones cuyos indicadores sobre calidad democrática son más reconocidos —junto con Freedom House y The Economist—, se asocia con tres fenómenos. 

El primero es que la democratización mundial experimentó tres olas que llegaron a su pico en 2016, con 95 países democráticos; en cambio, en 2025, hay 87. El segundo es que, a lo largo del siglo XX, también hubo dos olas de autocratización; y el siglo XXI parece que está sufriendo una tercera ola, puesto que en 2004 había 82 autocracias y, en 2025, 92 (Limberg et al, 2026). El tercero es que esta tercera ola, a diferencia de las dos primeras —que impactaron sobre sistemas políticos ya algo autocráticos—, está afectando a las democracias occidentales principalmente (Lührmann et al, 2019). 

Las causas del deterioro democrático son menos fáciles de identificar que sus manifestaciones. Los signos de autocratización pueden ser múltiples: la politización de las instituciones que menoscaba la separación de poderes; la reducción de las libertades individuales; los intentos de modificar las leyes para ampliar el tiempo en el gobierno; el ataque a la prensa libre y a la libertad de expresión; el recurso excesivo del decreto ley o de las órdenes ejecutivas; la realización de elecciones sin medidas de seguridad que blinden la libertad de voto; el ejercicio del gobierno bajo el estado de excepción; la corrupción y la poca transparencia; el debilitamiento de los contrapesos; la erosión del Estado de derecho; la persecución de las minorías; o el auge de la polarización, del populismo y de la demagogia. 

Las causas, en cambio, de acuerdo con algunas de las teorías más consolidadas en la materia (Ziblatt et al., 2024), no son tantas, y tienen mucho que ver con tres compromisos tácitos entre los partidos: a) respetar a la oposición como adversario legítimo, b) comprometerse a no usar las instituciones, cuando se llega al poder, con fines partidistas e interesados, y c) no recurrir a candidatos con tintes autoritarios, aunque supongan un gran tirón electoral. 

Uno de los signos de este deterioro, la polarización, brota principalmente como estrategia de movilización política inducida por los partidos, que recurren a todo tipo de narrativas para encontrar nichos de votantes —explotando el potencial de las redes—, tal como la del rechazo a la migración, desdeñando el conocimiento y la verdad y azuzando las emociones más básicas y las identidades primarias. Sin embargo, hay un contexto cultural e ideológico más sutil y profundo que favorece esta tendencia.

Las sociedades modernas occidentales han adoptado, principalmente, sistemas políticos democráticos liberales. Incluso aquellos Estados que abogan por una democracia social se han fundido con un tipo de liberalismo que coloca a la libertad individual —en contraposición al pueblo, la nación o la comunidad— como el valor más importante alrededor del cual se ha de vertebrar la organización política y social. Vinculada a la libertad individual, además, se ha consolidado una noción de excelencia que plantea que la competición logra extraer lo mejor de la sociedad en su conjunto. Es decir, se parte de la base de que los individuos, libres, buscando sus intereses propios, y compitiendo en condiciones de igualdad, logran generar la mejor sociedad posible para todos.

Sin entrar en los tipos de desigualdad que ha propiciado esta ideología, especialmente en ausencia de regulación estatal y moral —los dos marcos que Adam Smith consideraba esenciales para que la mano invisible operara beneficiosamente—, estos planteamientos han engendrado una dinámica cultural propia: el antagonismo normativo.

Este tipo de antagonismo normativo relacional, que no solo describe, sino que prescribe comportamientos, tiene diferentes ramificaciones. Por un lado, los diferentes subsistemas sociales han asumido la competición y el conflicto como principios articuladores de su funcionamiento: el sistema jurídico enfrenta acusación y defensa, así como partes enfrentadas, para lograr la verdad y la justicia; la economía se basa en la competencia por los mejores precios, productos y servicios; la política de los partidos, tanto la interna como la externa, nutre la competición entre facciones para supuestamente lograr las mejores ideas y propuestas; los medios de comunicación compiten por audiencias y explotan el conflicto visceral para conectar con el gran público; la academia se vertebra sobre la competencia para plazas, proyectos y becas; incluso los movimientos sociales hacen de la lucha y la confrontación su estrategia central para lograr derechos (Karlberg, 2004; García-Magariño, 2017).

Por otro lado, este clima cultural se ha convertido en un caldo de cultivo propicio del que emergen ciertas tendencias que amenazan la convivencia y debilitan la democracia, tales como la xenofobia y otras formas de prejuicios, la desinformación, la radicalización violenta, los discursos de odio y la misma la polarización. 

Por último, desde la década de los 60, las estrategias de márquetin político han incluido una suerte de polarización inducida para encontrar nichos electorales diferenciados. Esta estrategia, cuando las campañas políticas eran algo que ocurría cada varios años por un período corto antes de las elecciones, se podía absorber como un residuo sin demasiada importancia que el cuerpo social metabolizaba. Sin embargo, desde que, por un lado, se televisan y graban los debates parlamentarios y, por el otro, se reducen los períodos entre elecciones y se alargan los períodos de campaña, la polarización dejó de poderse asimilar.

Las campañas basadas en la polarización, además, utilizaban los canales de los medios de comunicación de masas para ampliar las audiencias. Sin minusvalorar su impacto en la opinión pública y su poder de influencia, estos medios, a partir del siglo XXI, han sido desbordados por dos nuevos instrumentos que amplifican casi infinitamente la capacidad de persuadir y de propagar mensajes: las redes sociales y los sistemas de inteligencia artificial. Las primeras enganchan intencionalmente a las personas en entornos de resonancia donde la sugestión crece con el tiempo dedicado a ellas. Los segundos multiplican exponencialmente los mensajes y aumentan quirúrgicamente la puntería para llegar a quien se pretende. 

El diagnóstico parece claro. Ahora es necesario un debate público racional y sosegado para encontrar soluciones. Probablemente, el tono ecuánime en sí sea parte de la solución. 

Entramos, aquí, en España, en una semana marcada por la visita del Papa. Lo sabéis bien quienes, en Madrid, Barcelona, Tenerife o Gran Canaria ya lidiáis con los líos de los preparativos. Pero, creyente o no, la mayoría de la gente, en el mundo, actuamos como si no hubiera más vida que esta, de carne y hueso, sobre la Tierra.

Por diferentes que seamos, compartimos como especie el deseo de poder desarrollar nuestras existencias con salud y amor, en una buena casa, con un empleo que nos guste y nos dé el dinero para mantenernos, y con tiempo para gozar de algún ocio y no sentir que solo existimos para producir. Un programa cada día más inalcanzable hasta en el Occidente, la Europa, la España que veníamos siendo lugares privilegiados.

En democracia, la gente vota a sus representantes políticos para que velen por sus intereses. Lógicamente, si ven que las legislaturas pasan y sus expectativas de vida no mejoran, sino que se estancan o empeoran y, peor aún, todo bajo un diluvio de noticias, ciertas, falsas e hinchadas, acerca de la corrupción de los dos principales partidos, a derecha e izquierda, PP y PSOE, la gente se frustra y enerva. Hasta aquí todo entendible.

¿Desde cuándo el fascismo arregla algo?

Lo extraño es, ¿cómo no surge una ola social que pida cuentas al capitalismo, achacándole que su Evangelio del Libre Mercado, la competencia y la Ley de la Oferta y la Demanda, no está cumpliendo su Buena Nueva de prosperidad?

Al contrario, se da por inevitable que la naturaleza injusta del capitalismo irá siendo cada vez más salvaje, sacrificará a más gente, de la clase obrera y media, para beneficio de unas élites más pequeñas y más obscenamente ricas.

La gente ve que el sistema democrático capitalista no garantiza sus expectativas. Pero en vez de exigir que se controle a las élites explotadoras globales, está permitiendo, por acción y omisión, el ascenso del fascismo, rendido a esos ricachones, y que aún empeoraría más sus vidas.

Nadie quiere caer, ni que caiga su familia. Quizá, deben pensar, si apoyan que se niegue toda ayuda a los inmigrantes, ellos puedan recibir algo. Incluso gente que ha sido la primera de su estirpe en tener estudios universitarios gracias a la enseñanza pública, mete a sus hijos en la concertada como si el estatus se contagiara. Y consienten el destrozo de la sanidad pública ajenos al día en que el cáncer irrumpa en sus vidas y Quirón o Sanitas se los quite de encima porque el coste del tratamiento oncológico los convierta en “pacientes no rentables”.

La inmensa mayoría española no confía en Vox para gestionar España. Solo un 16% los votaría en las generales, según el CIS de mayo. Pero es ya muy preocupante la sucesión de pactos de gobierno PP-Vox, asumiendo postulados supremacistas, en Aragón, Extremadura, Castilla y León y el que se hace esperar, pero llegará en Andalucía… anticipando el que Feijóo está dispuesto a firmar con Abascal.

Es un delirio que el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, insista en no darse por aludido por la amenaza de echar de Europa a los no blancos, defendida por su compañera Rocío de Meer en la cumbre de Oporto. Quizá, como las sociedades que sucumben al fascismo, él calle por miedo o esperando que la sumisión lo salve.

Todo esto ocurre en plena oleada de victorias en Latinoamérica de derechas extremas y ultraderechistas, como en la recién celebrada primera vuelta en Colombia donde el ganador es un exaltado que amenaza con “destripar a la izquierda”. Pasa cuando la UE asume ideas xenófobas que ya han contaminado al gobierno socialista danés para echar a inmigrantes de Europa rumbo a lugares ¡“tan seguros” como el Afganistán gobernado por los talibanes! Sucede cuando el neofascismo global, Vox incluido, acaba de celebrar una cumbre supremacista en Oporto defendiendo la deportación de Europa, no ya sólo de los inmigrantes, sino de quienes no sean blancos, como su secretario general, Ignacio Garriga, aunque él no se dé por aludido.

¿Plantarse o achantarse?

El espíritu fascista está contaminando tanto ya nuestras sociedades democráticas que esta semana hemos visto, en Valencia, a un policía dar un empujón brutal que le ha partido el tabique a una profesora jubilada y a dos sindicatos policiales justificarle con unos comunicados de lenguaje intolerablemente hostil hacia la delegada del Gobierno.

Hay una violencia abriéndose paso, como en aquellas familias donde el carácter bronco del padre, pasa de los insultos, amenazas y vejaciones al guantazo. En la familia que como sociedad formamos, tenemos que abrir los ojos al peligro, no caer en minimizarlo y menos aún justificarlo y, sobre todo unirnos y actuar. Denunciar el fascismo, aislarlo y vencerlo. Pese al miedo de ponerse firme, de señalarse, porque por más arriesgado que sea, achantarse es aceptar vivir en el pánico. E incluso poder llegar al peor desenlace.  

La violencia fascista se abre paso como en las familias donde el padre bronco pasa de los insultos al guantazo. En la familia que como sociedad formamos no debemos minimizarlo y menos justificarlo sino unirnos y actuar juntos, pese al miedo con el que quieren achantarnos. Porque firmes y unidos podremos protegernos y salvarnos.

¿Las mujeres creemos que las injusticias que sufrimos se arreglarán o empeorarán con un gobierno rendido al fascismo? ¿La gente trabajadora estima que ganará más dinero o que se dejará el que tiene en deudas de estudios y médicas? ¿Las familias pensamos que las vidas de nuestras hijas, hijos e hijes serán más felices o desgraciadas si los homófobos gobiernan? ¿Las gentes de cada autonomía consideramos que un gobierno facha impulsará o aplastará el desarrollo de nuestras identidades? ¿Las y los empresarios españoles podrán subsistir en un sistema rendido a los cinco megarricos del círculo de Trump? Esos que están intentando quedarse una paradisíaca isla de Albania, para hacer un resort que recuerda al del pederasta Epstein, sobre un suelo lleno de túneles antinucleares que podrían protegerles de la catástrofe atómica que no descartan causar.

¿Qué progreso y bienestar trajo el fascismo a Europa en los años 40? ¿Y el franquismo a España entre 1936 y 1975, cuando éramos un país atrasado, pobre, emigrante, atemorizado, machista, intolerante, donde se torturaba, se impedía opinar, manifestarse, reunirse con libertad, donde el dictador y su corte se enriquecían y abusaban, corruptos hasta la médula, y en el que disentir se castigaba hasta con el garrote vil, como se ejecutó, en 1974, a Salvador Puig Antic?

Recordemos y no caigamos en la trampa de entregar nuestros sueños a quienes, lejos de ayudarnos a alcanzarlos, se están organizando, son financiados y actúan para embaucarnos e impedirnos realizarlos.