Ni Koldos, ni Ábalos, ni Peinados…. Barcelona ha apartado durante 48 horas al presidente del Gobierno de la toxicidad que desprende la conversación pública nacional y le ha permitido elevarse por encima de la política doméstica. Uno diría que, a falta de debates de altos vuelos, Pedro Sánchez busca trascender fronteras y proyectar a toda costa su innegable influencia global del “no a la guerra” para remontar el vuelo. Lo haga en busca de un legado, de la redefinición de su liderazgo más allá de las restricciones internas o de la paz mundial, su adversario no parece que sea ya Alberto Núñez Feijóo, sino el mismísimo Donald Trump y la ola ultraderechista que recorre el mundo. 

Durante un par de días, en Barcelona, se ha erigido en azote de la ola autoritaria que recorre el mundo, un papel que ha visto reforzado y reconocido en Europa y en América sin duda por su tensión con Trump y su firme oposición a las veleidades bélicas de la Administración norteamericana. Y así se ha dado un baño de progresismo global, no en una, ni dos, sino en tres cumbres internacionales que han situado la mirada única y exclusivamente sobre el turbulento escenario mundial. Una bilateral España-Brasil en la que Sánchez y Lula da Silva se han conjurado para hacer frente al autoritarismo y espantar la sombra del fascismo. La IV Reunión en Defensa de la Democracia con la participación de los presidentes de Brasil, México, Colombia, Sudáfrica, Uruguay y Lituania. Y la Global Progressive Mobilisation, en la que un centenar de líderes de la izquierda de todos los continentes se han conjurado en defensa de las instituciones y el multilateralismo, contra la desinformación y el extremismo y la desigualdad.

Y es que mientras en España, las derechas dibujan al presidente como un líder aislado y en decadencia “rodeado de corrupción”, fuera de ella se le aplaude, se le admira y suma aliados para su cruzada contra la ola autoritaria que proyecta la sombra del fascismo, como se ha podido comprobar este fin de semana. Políticos de todos los continentes, así como académicos, activistas, sindicalistas, influencers y varios presidentes de gobiernos, principalmente de América Latina, han compartido una misma visión del mundo y hecho una encendida defensa del Derecho Internacional, el multilateralismo y la paz. 

Sánchez, por tanto, no está solo en su propósito de liderar un espacio progresista, renovar el orden internacional y poner freno a la industria de la mentira, el odio y la violencia verbal. En la ciudad condal, con Salvador Illa y Jaume Collboni de anfitriones, le acompañaron los presidentes de Brasil (Lula Da Silva), México (Claudia Sheinbaum), Colombia (Gustavo Petro), Sudáfrica (Cyril Ramaphosa) y Uruguay (Yamandú Orsi). Pero también la primera ministra de Barbados (Mia Amor Mottley), el presidente de Cabo Verde (José María Neves), el vicepresidente de Botsuana (Ndaba Gaolathe) y la vicepresidenta de Ghana (Jane Naana), así como el gobernador de Minnesota, del Partido Demócrata, Tim Waltz, que puso en pie al auditorio con un sonoro “No es América, primero; es la humanidad, primero. Adelante, España”.

A todos ellos se sumó una buena representación de integrantes de otros gobiernos europeos como Edi Rama, primer ministro de Albania; Catherine Connolly, presidenta de Irlanda; Inga Ruginiené, primera ministra de Lituania; Lars Klingbeil, vicecanciller de Alemania y colíder del SPD; Andreas Babler, vicecanciller de Austria y líder del SPÖ o David Lammy, viceprimer ministro de Reino Unido, entre otros. Hillary Clinton, Michelle Bachelet, Bernie Sanders o el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani mandaron videos de salutación y apoyo a Sánchez y alentaron a la movilización progresista en el mundo.

Fue Lula quien cargó contra los ultrarricos y afirmó que “los multimillonarios alimentan la meritocracia, pero derriban las escaleras para que los de abajo no puedan subir” y coligió que “la desigualdad no es un hecho, es una elección política y nosotros debemos elegir la igualdad”, ha defendido“. El brasileño elogió el coraje de Sánchez y cargó contra Trump sin mencionarlo expresamente da idea de hasta qué punto comparte la agenda exterior del líder de los socialistas españoles y su negativa a que los aviones de EEUU utlicen las bases españolas para sus ataques contra Irán. 

Y es que al presidente del Gobierno se le ha quedado pequeño el tablero nacional y “está haciendo crecer el rebaño progresista” (Lula Da Silva, dixit). Lo que Isabel Díaz Ayuso llama despectivamente “gestores de la pobreza y narcoestados” y, en realidad, es una extensa representación contra el “no a la guerra” y a favor de la política exterior del Gobierno de España que también busca respuestas sobre los riesgos de la democracia y el declive de la socialdemocracia, como explicitó Lula cuando en su intervención durante la bilateral Brasil-España invitó a los asistentes a preguntarse qué ha pasado para que “la imbecilidad gane adeptos”.

Sánchez habla de una comunidad política en construcción y de un grupo de países dispuestos a hacer lo necesario para proteger y fortalecer la democracia ante un contexto en el que “vemos ataques al sistema multilateral, la impugnación de las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza”. Sabe que el horizonte está cargado de incertidumbres y que la internacional ultraderechista y lo que llamó “las derechas lacayas de ésta”, en clara alusión al PP, hacen mucho ruido, pero “tienen pocas ideas”.

“No gritan porque estén ganando”

“Pero que no os engañen -jaleó a los más de 6.500 asistentes a la Global Progress Mobilisation-: los ultras y las derechas no gritan porque estén ganando. Gritan porque saben que su tiempo se acaba y porque saben que su ortodoxia neoliberal ineficiente y cruel murió en 2008 con la gran crisis financiera”.

En una optimista y encendida intervención con la que pretende espantar el mantra sobre su languidez política, se mostró convencido de que no es su tiempo, sino el de la internacional ultraderechista y el de una “derecha rendida a los postulados reaccionarios” el que ha llegado a su fin. Y que así será con la utilización de tres instrumentos: la unidad entre fuerzas progresistas, países y generaciones; el orgullo de identidad de la socialdemocracia y la fe en el progreso.

Consciente de que durante años, en España y fuera de ella, las derechas han denostado la identidad progresista con insultos como ¡zurdos! ¡progres! ¡charos! o ¡rojos! para que se avergüencen de sus ideas y su pasado, se ha propuesto que sean ellas las que, en adelante, se abochornen. “Por callar ante la injusticia, por explotar trabajadores, por criminalizar al diferente, por convertir los derechos en mercancías y por apoyar la guerra y la violencia. En Gaza. En Ucrania. En Líbano y en Oriente Medio poniéndose de perfil como unos cobardes”, arengó ante un entregado auditorio en la Fira de la Ciudad Condal, donde aventuró también que la rendición de la derecha “al negacionismo climático, a la xenofobia y al machismo de la internacional ultraderechista ha sido un error del que no podrán dar marcha atrás”.

La reserva moral de la izquierda

Ante esta especie de guadiana emocional en la que acostumbra a vivir el PSOE, ministros, dirigentes de todas las federaciones socialistas y cargos intermedios reunidos en Barcelona en esta especie de chute moral ven una oportunidad en que el liderato de Sánchez traspase fronteras y haya reunido durante dos días a la reserva moral del progresismo mundial. Eso sí, también se preguntan si todo ello servirá para dar la vuelta a la tozuda realidad demoscópica, que arroja una inequívoca mayoría del bloque de las derechas en España.

“El partido no existe. Su latido es inaudible. Muchos cargos están convencidos de que viene un fin de ciclo y aquí cada uno está buscándose ya las habichuelas, si bien todo el mundo reconoce que Sánchez tiene arrojo y que en 2027 puede volver a dar la sorpresa como ya pasó en 2023”, analiza un socialista madrileño. Luego está el análisis en profundidad de los datos, tras los que asoman que “todo es complicado porque además nuestro líder se ha convertido en una apisonadora de la izquierda alternativa a la que se está comiendo y ni hay trasvase entre bloques”, añade un eurodiputado de la delegación española. “Nada es imposible”, tercia en la conversación un veterano socialista balear. “Hay claros síntomas de que la ola ultraderechista ha tocado, si no techo, sí pared”, defiende el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en conversación con los informadores antes de que concluyera la cumbre progresista y mientras suena Imagine, de John Lennon, en un plenario entregado.

Próxima edición, en México

Lo que cada día parece más claro es que el presidente del Gobierno ya no compite con Alberto Núñez Feijóo, sino con Trump y que piensa explotar su liderazgo internacional lo que haga falta para sacar a la socialdemocracia española de la depresión antes de enfrentarse a las urnas. Una estrategia que no parece baladí y que en la Global Progressive Mobilisation, cuya siguiente edición se celebrará en México, hubo quien la comparó con la que en su día desplegó Ayuso para salir de la refriega madrileña y elevarse a la escena nacional para confrontar solo con el jefe de Gobierno. “Sánchez ha visto en Trump lo que la condesa de Quirón vio en su día en el líder nacional de los socialistas y que tan buenos resultados le dio entre su electorado”, ironiza otro de los asistentes. De hecho, en La Moncloa saben que cada vez que el presidente de los EEUU desprecia al gobierno español o a su presidente con la palabra, en el parqué internacional sube la cotización de Sánchez.

El presidente sabe que la respuesta a la ola ultra debe ser ofensiva, nunca defensiva, y que como prioridad hay que afrontar una renovación “urgente y en profundidad” del orden multilateral para el que como primera medida dijo ha llegado el momento de que sea una mujer quien dirija las Naciones Unidas “por justicia y por credibilidad”.

Y así fue como acabó este sábado bien entrada la tarde ya el festival de los sueños progresistas, que solo el tiempo y las urnas dirán si es posible convertirlos en realidad. Hasta entonces, como en Imagine, nothing to kill or die for (nada por lo que matar o morir), living life in peace (viviendo la vida en paz).

En un acto cargado de emoción y reconocimiento, Comisiones Obreras (CCOO) ha celebrado hoy un homenaje a la figura de Juan Antonio Mata Marfil, exsecretario regional del sindicato y pieza clave en la historia reciente de Albacete y de toda la comunidad autónoma.

El evento ha congregado a a unas 600 personas que han recordado el legado de un hombre cuya trayectoria es inseparable de “la lucha por las libertades” en este país, definiéndole como un “soñador y luchador” que no se amilanó ante la dictatura.

Entre los presentes estaban Remedios Toboso, su esposa; Aurora Mata y Clara Mata, sus hijas; y sus cuatro nietas, Lucía, Inés, Alba y Emma, y también 'la familia sindical', representada por los secretarios generales de CCOO en Albacete, Paco Gómez; en Castilla-La Mancha, Javier Ortega; y en España, Unai Sordo, que ha participado a través de un vídeo. También han acudido representantes institucionales, políticos, sociales y empresariales de Albacete y Castilla La Mancha.

El homenaje ha servido no solo para recordar a un dirigente con visión estratégica que “se adelantó a su tiempo”, sino para reivindicar el diálogo social como la herramienta fundamental para el entendimiento, un legado que, según sus allegados, permanece vivo en el corazón de los trabajadores de Castilla-La Mancha.

“Representa a una generación de compañeros y de compañeras, de hombres y mujeres muy valientes y muy jóvenes en ese momento, que dieron un paso adelante para crear las libertades y la democracia que ahora mismo estamos disfrutando”, ha manifestado Ortega al inicio del acto, celebrado en el Paraninfo universitario de Albacete.

Su familia ha expresado un “orgullo máximo” por los valores de justicia y dignidad que les inculcó. Han definido a Comisiones Obreras como su propia “casa” y “familia”, agradeciendo el inmenso cariño recibido por parte de la ciudadanía y los trabajadores.

RemediosToboso ha calificado que es “un día de muchísimo orgullo, de reencuentro de muchísimos compañeros de lucha y de trabajo”, agradeciendo a la sociedad de Albacete, a los ciudadanos de Albacete y de Castilla-La Mancha, “todo el calor”.

Además, se ha recordado la excelente y cercana relación que Mata mantenía con los medios de comunicación, incluso en periodos de huelga general, demostrando siempre “una gran calidad humana”.

Por su parte, Paco Gómez lo ha recordado como “un luchador” cuando “luchar estaba perseguido en este país, cuando luchar costaba incluso la integridad física y la libertad personal”. “Fue un gran sindicalista, fue un sindicalista de los de antes, de los de siempre, una persona que convencían con la palabra, pero que también convencía con sus actos”.

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, lo ha definido como “una figura imprescindible en esta tierra, que ha dejado una huella imborrable”. Además, ha subrayado la apuesta de Juan Antonio Mata por el consenso y el diálogo como herramientas claves para la resolución de conflictos.

Por su lado, la concejala del equipo de gobierno albaceteño Gala de la Calzada ha asegurado que es “justo” recordar y rendir homenaje “a una personal que dedicó toda su vida a la defensa de los trabajadores y trabajadoras de Albacete y de toda la región”. “Su compromiso con la sociedad y su altura de miras fue fundamental para la mejora de condiciones laborales, ya desde la Transición, lo que sin duda ha contribuido al desarrollo económico de nuestra tierra”, ha agregado.

Al acto han acudido también el expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, o el exdelegado del Gobierno en la región, Francisco Tierraseca, entre otros. 

La dilatada trayectoria de un activo de la democracia

Nacido en 1949 en Benajarafe (/Málaga), aunque su familia se trasladó a Albacete cuando él tenía 8 años, Juan Antonio Mata adquiriró desde muy joven una conciencia de clase que le llevó a jugar un papel muy activo en la lucha social y política contra el franquismo, y a participar en la creación de las primeras Comisiones Obreras en Albacete, antes incluso de la legalización de los sindicatos y del Partido Comunista.

Formó parte de la famosa asamblea fundacional de CCOO Albacete en La Marmota, en julio de 1976, y fue detenido en 1977 durante la manifestación prohibida del Primero de Mayo.

Fue concejal del Partido Comunista en Albacete en las primeras elecciones democráticas municipales y secretario general de CCOO Albacete entre 1985 y 1995. Posteriormente, asumió la Secretaría General de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, cargo que ocupó hasta 2004. Desde 1976 hasta entonces, fue miembro del Consejo Confederal de Comisiones Obreras.

En 2005, Juan Antonio Mata fue nombrado presidente del Consejo Social y Económico de Castilla-La Mancha, puesto que ejerció hasta que el organismo fue suprimido en 2011. Volvió entonces a su puesto de funcionario de la Administración de Justicia en Albacete. De 2018 a 2022, representó a CCOO en el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha.

CCOO de Castilla-La Mancha destaca su papel fundamental en las luchas y conquistas de la clase trabajadora de la región, siendo protagonista en multitud de conflictos y momentos clave, como la huelga general del 14D, y una figura esencial en la construcción del diálogo social en una joven comunidad autónoma.

El autoritarismo empieza a supurar en las sociedades democráticas cuando los ciudadanos perciben que el relato de convivencia y progreso no se compadece con su realidad vital, según la tesis que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha formulado ante la quincena de mandatarios internacionales que acudieron a Barcelona para participar en la IV Reunión en Defensa de la Democracia. “Si amplias capas de la población sienten que el sistema no responde, la democracia pierde legitimidad. Ahí crece el extremismo, que no abre la grieta, sino que ocupa el espacio”, ha advertido Sánchez.

Sentado ante la quincena de dirigentes internacionales que acudieron —entre ellos los de Brasil, México, Colombia y Sudáfrica—, Sánchez empezó su discurso evocando la imagen del vecino que ve un incidente en la calle y decide bajar a la calle a intervenir, en lugar de quedarse mirando por la ventana. “La preocupación hace observar, la responsabilidad hace actuar”, ha apuntado.

“La democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza”, ha indicado Sánchez, que ha advertido de que el gran riesgo de las sociedades modernas es que “la democracia se vacíe por dentro mientras se la ataca desde fuera”.

Para poner coto a la situación y responder al empuje de la internacional ultraderechista, los líderes reunidos quieren dar estabilidad al formato tras una reunión en la que se debatió en torno a tres ejes principales: el multilateralismo, la gobernanza digital y la lucha contra la desigualdad, elementos necesarios para resistir al arreón ultra. “La respuesta no puede ser meramente defensiva”, ha defendido Sánchez. “Tenemos que demostrar que se fortalece día a día”, ha insistido.

Multilateralismo frente a la ley de la selva

“Sabemos que el sistema multilateral necesita renovarse con urgencia y debemos hacerlo en profundidad. Solo podrá sobrevivir si se reforma para reflejar la realidad del mundo en el siglo XXI”, ha señalado Sánchez, que ha vuelto a insistir en su propuesta de que la próxima secretaria general de la ONU sea una mujer.

Otra de las ideas compartidas es acabar con la mentira descarnada en redes sociales, que España ya trata de regular con las últimas reformas legales en marcha. “No podemos aceptar que la desinformación condicione nuestras sociedades y la conversación pública en nuestros países. Ni que los algoritmos premien el odio, la polarización, la confrontación y mensajes violentos, o que el poder tecnológico quede fuera del control democrático”, ha señalado.

La grieta del extremismo

“Además de injusta, la desigualdad no es compatible con democracias sanas y fuertes. Si amplias capas de la población sienten que el sistema no responde, la democracia pierde legitimidad”, ha reflexionado el presidente. “Ahí crece el extremismo, que no abre la grieta, sino que ocupa el espacio. Nuestra agenda democrática es también por la justicia social, la cohesión, la igualdad de oportunidades, la paticipación de jóvenes, la igualdad de género y por sociedades más inclusivas”, ha dicho.

Sánchez elogió, en ese sentido, iniciativas como la del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que en la reunión del G20 en su país del año pasado planteó un Panel internacional sobre Desigualdad, así como el Observatorio Multilateral de Juventudes contra el Extremismo que salió de la segunda de las reuniones con el formato de la actual.

“Lo que nos une es más que un diagnóstico, es una visión. Nuestras democracias deben adaptarse y renovarse para responder a demandas de nuestro tiempo [...] Debemos hacer frente al miedo con mas democracia y a la desigualdad con más justicia”, terminó.

Traperos de Emaús Región de Murcia celebra la próxima semana en el Espacio 0 del Centro Párraga dos nuevas sesiones del ciclo “Imaginar el futuro que queremos”, una iniciativa que forma parte de su 30 aniversario y que propone abrir espacios de reflexión colectiva sobre los grandes retos del presente.

Las citas, de entrada libre hasta completar aforo, abordarán cuestiones clave como el futuro de la democracia, los modelos económicos y los desafíos en torno a la igualdad y el racismo, en un contexto marcado por la desigualdad social, la crisis ecológica y la fragilidad de los vínculos comunitarios.

La primera conversación tendrá lugar el martes 21 de abril a las 19:00 horas, bajo el título “Democracia y postcapitalismo”, con la participación de Rafael Díaz-Salazar, profesor de Sociología y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en desigualdades internacionales, sociología de la religión y políticas de justicia global, ofrecerá claves para repensar los modelos democráticos y económicos actuales.

La segunda sesión se celebrará el sábado 25 de abril a las 19:00 horas, con la conversación “El futuro de la igualdad y el racismo”, a cargo de la periodista y escritora Lucía-Asué Mbomío. Licenciada en Ciencias de la Información y especializada en desarrollo y cooperación internacional, es autora de obras como Hija del camino, Las que se atrevieron y Tierra de luz, y abordará los retos actuales en torno a la igualdad y la construcción de sociedades más inclusivas.

Ambos encuentros se celebrarán en el Espacio 0 del Centro Párraga (Murcia) y están abiertos a toda la ciudadanía. Las sesiones están concebidas como espacios para escuchar, dialogar y construir pensamiento colectivo en torno a una pregunta común: qué futuro queremos construir y qué puede empezar a cambiar ya en el presente.

El ciclo “Imaginar el futuro que queremos” forma parte de la programación con la que Traperos de Emaús Región de Murcia conmemora sus 30 años de trayectoria, marcada por el trabajo en inserción social, reutilización y economía solidaria. Tras estas dos últimas sesiones, el ciclo hará una pausa hasta después del verano, cuando retomará su programación.

Este sábado 18 abril tendrá lugar un acto de homenaje a Juan Antonio Mata, el que fuera secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, recientemente fallecido y con el que el sindicato quiere rendir “un merecido reconocimiento público a quien ha sido referente del sindicalismo de clase en esta región”.

El acto se celebrará el sábado 18 de abril, a las 11 horas, en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete y en él está previsto que participen “compañeros y compañeras que compartieron luchas y trabajo a lo largo de sus más de 50 años de trayectoria en CCOO, en los que asumió distintas responsabilidades”, según ha informado el sindicato.

Tendrá lugar “en recuerdo a quien ha sido, y seguirá siendo en la memoria colectiva de varias generaciones, un defensor de la libertad y de los derechos laborales, y pieza fundamental de la construcción de CCOO en la provincia de Albacete y del fortalecimiento del sindicato en la comunidad de Castilla-La Mancha”, ha comentado el sindicato.

Testimonios desde la clandestinidad a la creación del sindicato

Será un acto con los testimonios de personas que le han acompañado en sus distintas etapas y de imágenes que recorren su vida, tanto en la esfera pública como privada. Se le recordará desde los tiempos de la clandestinidad, en los que luchó contra la dictadura y participó junto a otros compañeros en la creación de CCOO en Albacete, pasando por sus diferentes etapas al frente del sindicato a nivel provincial y regional, y la presidencia del Consejo Económico y Social, hasta su vuelta a su puesto de funcionario en la Administración de Justicia.

El secretario general de CCOO Castilla La Mancha, Javier Ortega, explica que “este acto se ha concebido desde la necesidad de poner en valor el compromiso de Juan Antonio Mata con la defensa de los derechos de la clase trabajadoras, su contribución a hacer de este sindicato una de las organizaciones más grandes y con más peso en Castilla La Mancha y como reconocimiento de toda la familia de Comisiones Obreras”.

Ortega ha añadido que, transcurrido algo más de un año desde que Juan Antonio Mata falleció, era el momento de recuperar entre todos y todas su memoria, no sólo sólo para reivindicarsu figura y significar el papel que ha desempañado en este sindicato, sino también para recordar momentos, emociones, valores y enseñanzas que han marcado a quienes tuvieron la suerte de conocerle“.

Al acto está previsto que asistan, además de afiliados y afiliadas, compañeros y compañeras del sindicato, una representación de la ejecutiva confederal de CCOO, la actual dirección regional y uniones provinciales, así como representantes institucionales, políticos, sociales y empresariales de Albacete y Castilla-La Mancha.

La dilatada trayectoria de un activo de la democracia

Nacido en 1949 en Benajarafe (/Málaga), aunque su familia se trasladó a Albacete cuando él tenía 8 años, Juan Antonio Mata adquiriró desde muy joven una conciencia de clase que le llevó a jugar un papel muy activo en la lucha social y política contra el franquismo, y a participar en la creación de las primeras Comisiones Obreras en Albacete, antes incluso de la legalización de los sindicatos y del Partido Comunista.

Formó parte de la famosa asamblea fundacional de CCOO Albacete en La Marmota, en julio de 1976, y fue detenido en 1977 durante la manifestación prohibida del Primero de Mayo.

Fue concejal del Partido Comunista en Albacete en las primeras elecciones democráticas municipales y secretario general de CCOO Albacete entre 1985 y 1995. Posteriormente, asumió la Secretaría General de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, cargo que ocupó hasta 2004. Desde 1976 hasta entonces, fue miembro del Consejo Confederal de Comisiones Obreras.

En 2005, Juan Antonio Mata fue nombrado presidente del Consejo Social y Económico de Castilla-La Mancha, puesto que ejerció hasta que el organismo fue suprimido en 2011. Volvió entonces a su puesto de funcionario de la Administración de Justicia en Albacete. De 2018 a 2022, representó a CCOO en el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha.

CCOO de Castilla-La Mancha destaca su papel fundamental en las luchas y conquistas de la clase trabajadora de la región, siendo protagonista en multitud de conflictos y momentos clave, como la huelga general del 14D, y una figura esencial en la construcción del diálogo social en una joven comunidad autónoma.

La historiografía contemporánea de España se enfrenta a un desafío sistémico: la desconexión informativa de las nuevas generaciones sobre la dictadura. Para combatir lo que él define como “ignorancia activa”, el escritor y periodista José Antonio Martínez Soler protagonizó el viernes en Cáceres una intensa jornada de pedagogía democrática que ha trascendido los muros académicos para alcanzar a la sociedad civil interesada.

Bajo la organización de la profesora de la Facultad de Formación del Profesorado, Toñi Paín, y enmarcado en el programa de Memoria Histórica de la Diputación de Cáceres, el proyecto ‘Memoria, Educación y Verdad’ ha cumplido su objetivo de involucrar no solo al alumnado y a los futuros docentes y educadores y educadoras sociales, sino también al público general. Los encuentros tuvieron lugar en el salón de actos de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura (UEx) y en el Espacio UEx (antiguo ILM), donde la conferencia 'La libertad no tiene precio' cerró una jornada de profunda reflexión colectiva.

Resistencia en las aulas y la “barrera del miedo”

Uno de los puntos más críticos tratados ante los estudiantes fue la denuncia de la situación actual en los centros de enseñanza. Martínez Soler señaló que, a pesar de que la obra ya alcanza su quinta edición con gran éxito editorial, persiste una “barrera de miedo”. El autor relató cómo muchos responsables de institutos temen las reacciones de familias o presiones de sectores políticos vinculados a la extrema derecha, lo que deriva en una autocensura de docentes que prefieren evitar temas polémicos.

Este vacío educativo es, según el análisis de Martínez Soler, el caldo de cultivo ideal para que en plataformas como TikTok proliferen discursos que estetizan el autoritarismo ante una audiencia carente de herramientas críticas. “A Franco, unos le querían y otros le odiaban. Sí. Pero todos le temían”, sostuvo el autor, subrayando que la democracia actual no fue un regalo, sino el resultado de una lucha costosa.

La mujer: de “ser de segunda” a la vanguardia de la memoria

La crónica de la dictadura que Martínez Soler trasladó a la audiencia cacereña puso un énfasis particular en la situación de las mujeres, descritas como “seres de segunda categoría” tutelados permanentemente por varones. El libro detalla cómo el nacional-catolicismo utilizó el sistema educativo para segregar por sexos y ofrecer currículos diferenciados, privando a las niñas de formación científica o técnica y relegándolas al ámbito doméstico. Este análisis fue especialmente relevante para los jóvenes estudiantes actuales, que contrastaron los derechos actuales con la falta absoluta de autonomía que sufrieron sus abuelas.

Desmontando los mitos del “progreso” franquista

Martínez Soler, doctor en Ciencias de la Información y profesor titular de Economía Aplicada, utilizó su rigor académico para desmontar los tópicos de la nostalgia autoritaria, por un lado, el mito del desarrollo: Frente a la narrativa del “milagro económico”, el autor demostró que el crecimiento de los años 60 se produjo “a pesar de Franco” y no gracias a él, manteniendo a España en un retraso crónico respecto a Europa Occidental debido a la falta de libertades sindicales y salarios de precariedad extrema. Por otro, el secuestro de 1976: El momento de mayor carga ética fue el relato de su secuestro y tortura el 2 de marzo de 1976 tras publicar un artículo en el semanario Doblón. Este suceso evidenció que los aparatos del Estado mantenían su capacidad represiva intacta meses después de la muerte del dictador. Al no revelar sus fuentes bajo tortura, Martínez Soler impidió que los sectores inmovilistas purgaran a los militares comprometidos con el cambio democrático.

Además, a Martínez Soler, según sus propias palabras, le inquietan especialmente algunas ideas que escucha repetirse, como esa que sostiene que “con Franco había más orden y paz”. Él lo rebate sin titubeos: “Eso no es cierto; era la paz de los cementerios, el silencio sepulcral” y advierte del peligro de que estos mensajes acaben calando entre los jóvenes si no existe en las aulas una “vacuna” contra la desinformación.

“Conocen al detalle la Edad Media, pero ignoran lo que significó la dictadura y lo cruel y tenebrosa que fue”, lamenta. Le duele, dice, ver a chicos en Ferraz con el brazo en alto y cantando el Cara al sol, cuando —recuerda— “Franco lo que hizo fue una inversión brutal en terror”.

Un puente intergeneracional

La obra, publicada por Los Libros de la Catarata, y que va por su octava edición, destaca por su enfoque dual gracias a la colaboración de su hijo, el documentalista Erik Martínez Westley. Esta alianza permite que el texto combine la experiencia testimonial de quien fue figura central en la Transición —fundador de 20 Minutos, El Sol y redactor jefe en El País y Cambio 16— con la narrativa ágil y pedagógica que demanda la juventud actual.

Con esta doble cita en Cáceres, Martínez Soler ha logrado poner una vacuna de recuerdo a la ciudadanía contra la desinformación, reafirmando que la memoria histórica es una herramienta clave para la defensa de los valores democráticos en una Extremadura que mira a su pasado para asegurar su futuro.

En el debate público andaluz y español se ha instalado una premisa inquietante: la idea de que las nuevas generaciones están abrazando en bloque la extrema derecha. Sin embargo, los datos exigen enfriar el diagnóstico. La evidencia empírica demuestra que no estamos ante una hegemonía radical, sino ante un fenómeno más complejo: una polarización generacional creciente y un aumento significativo de la influencia de estos discursos en segmentos específicos, particularmente entre los varones.

No obstante, minimizar el problema sería un error de cálculo. Aunque no exista una adhesión mayoritaria, las encuestas en España arrojan un dato que debería encender las alarmas en cualquier democracia: cerca de una cuarta parte de los jóvenes declara preferir una dictadura al sistema democrático en determinadas circunstancias. Este indicador no revela necesariamente una convicción ideológica firme, sino una profunda vulnerabilidad ante los relatos autoritarios. Para entender este deslizamiento, es necesario diseccionar las causas estructurales que operan en nuestro entorno y, sobre todo, el papel que está jugando —o dejando de jugar— nuestro sistema educativo.

El caldo de cultivo: precariedad, género y algoritmos

El atractivo de la extrema derecha no es un fenómeno meteorológico; es el síntoma de una triple crisis que golpea con especial dureza en regiones con tejidos económicos frágiles como el nuestro.

En primer lugar, opera un elemento material clave. La juventud se enfrenta a un horizonte vital marcado por la precariedad laboral, la sobrecualificación y unos salarios que convierten el acceso a la vivienda en una quimera. Esta realidad genera una sensación de “horizonte cerrado” y humillación social. En este contexto, los discursos que prometen orden, mano dura y protección identitaria frente a “los de fuera” encuentran un terreno fértil, presentándose no como amenazas a la libertad, sino como remedios rápidos a la angustia vital.

En segundo lugar, la brecha de género es el gran vector de esta radicalización. Los datos europeos sitúan el apoyo a la extrema derecha en torno al 21% entre los hombres jóvenes, frente a un 14% de las mujeres. Existe una reacción antifeminista palpable: narrativas que presentan la igualdad de género como un ataque a la “normalidad” y que capitalizan malestares masculinos que no han sido abordados desde una perspectiva igualitaria.

Finalmente, el campo de batalla es el ecosistema digital. Plataformas como TikTok o Instagram se han convertido en los principales espacios de socialización política. Allí, actores de extrema derecha despliegan estrategias sofisticadas, utilizando el humor, la estética aspiracional y la pseudoautoayuda para permear en el imaginario juvenil. Sin una alfabetización mediática crítica, los mensajes de odio o conspirativos se normalizan con pasmosa facilidad.

La Escuela ante el espejo: de la inacción a la responsabilidad

Frente a este escenario, es común escuchar voces que acusan a la escuela pública de adoctrinamiento. Sin embargo, la investigación educativa sugiere que el problema no es el exceso de política en las aulas, sino su ausencia. Podría hablarse más de inacción y timidez que de manipulación.

El sistema educativo, también en Andalucía, ha tendido a evitar el abordaje frontal de los conflictos políticos actuales y del pasado traumático reciente. El tratamiento escolar del franquismo y las experiencias autoritarias suele ser tardío y a menudo superficial, lo que ha generado un déficit de cultura histórica. Esta carencia facilita que una parte de los adolescentes relativice la dictadura o simpatice con figuras autócratas por simple desconocimiento de sus implicaciones reales.

Ese vacío que deja la educación formal al no querer “politizar” la enseñanza lo ocupan inmediatamente otros agentes: los algoritmos de recomendación y los creadores de contenido extremista, que asumen la iniciativa formativa sobre qué significa vivir en sociedad.

Hacia una pedagogía de la resistencia democrática

Si aspiramos a revertir esta tendencia, la solución no pasa por incrementar las horas de instrucción memorística sobre las instituciones, cuyo impacto ha demostrado ser limitado. La investigación internacional señala el camino hacia una educación ciudadana más robusta y vivencial.

En conclusión, una educación ciudadana conectada con la realidad material y digital de los jóvenes no garantiza por sí sola la inmunidad ante la extrema derecha, pero es la herramienta más potente que tenemos para reducir la vulnerabilidad ante las soluciones autoritarias. Si la escuela no ofrece respuestas complejas a los problemas difíciles de nuestro tiempo, otros seguirán ofreciendo respuestas simples, falsas y peligrosas.

Acabada ya la Semana Santa, nos encontramos ya inmersos en otra semana de pasión para los corruptos -supuestamente, claro- de la política. Los juicios de los denominados casos 'Ábalos' y 'Kitchen' se solapan, y, aunque en el primero haya bastado poco más de año y medio de instrucción, y para el segundo, más de trece años -muy curiosa la diferencia de tiempo-, en ambos casos, a los ojos de los ciudadanos aflora, una vez más, el descrédito de la política.

La corrupción es, sin duda, una de las mayores lacras del sistema democrático, por lo que es siempre necesario extremar los controles y evitar el riesgo. La condición humana, y la falta de ética -esta última, sin duda-, acaban llevándonos a situaciones esperpénticas, en las que algunos se creen por encima del bien y del mal -e incluso, consideran que mal, no hacen- y pervierten lo que debería ser sagrado: la dignidad inmensa del servicio público, y de la política.

Ojalá la sociedad pueda avanzar con más transparencia y democracia y la política gane de nuevo la confianza de los ciudadanos, que lo que quieren es propuestas, ideas y decisiones para mejorar su vida -y la del conjunto de la sociedad, me atrevo a apostillar- a nivel local, autonómico y nacional.

Paradójicamente, al mismo tiempo, los astronautas del Artemis II llegaban más allá de la Luna, desde donde nunca antes otro ser humano había podido contemplar nuestro satélite y nuestro mundo. En un prodigio extraordinario de la ciencia y el conocimiento pausado de décadas de preparación y grandes dosis de inteligencia, la humanidad avanza y promete un nuevo futuro de esperanza.

Seguramente los cuatro astronautas de la misión, al observar nuestro planeta, debieron pensar lo pequeña que es la Tierra y lo pequeños que somos en lo infinito del universo, en un ejercicio de reflexión que deberíamos hacer todos, aunque no estemos en el espacio.

De aquí podríamos extraer un par de lecciones muy válidas para el ejercicio de la política. En primer lugar, que la ciencia es fundamental para tomar decisiones, y que debe estar, sin ambages, al servicio de los hombres y mujeres. Y, en segundo lugar, que las cosas pequeñas, las que nos rodean, son siempre importantísimas, pero que para que la sociedad avance, hay que tener miras altas, pensar en grande y saber establecer prioridades. Aunque lamentablemente no siempre es así, no perdamos la esperanza.

Hace de esto muchos años, vi una película en la que un rebaño enorme de ovejas se despeñaba entero por un acantilado sin explicación posible. Hace menos, en la realidad, más de 200 ovejas reaccionaron de la misma manera en los Pirineos, despeñándose. Nadie tenía una explicación aunque la más verosímil es que estaban huyendo de un oso al que nadie había visto.

Más bonita es esta otra historia. La pelota, el baseball, se desarrolló tanto en Cuba y otros territorios hispanos porque los insurrectos y revoltosos filibusteros boicoteaban las corridas de toros que organizaban los capitanes generales de la metrópolis. A ellas asistían la gente bien en un acto de afirmación patriótica de los valores españoles en ultramar mientras que la gente menos bien, para no actuar de figurantes, se organizaba para jugar pelota de manera ostentosa practicando un deporte yanki como símbolo de la emancipación. Hoy en día son los mejores del mundo.

Son dos maneras distintas de afrontar el desengaño, el disgusto, la contrariedad. El fatalismo, por un lado, la autoexclusión, por otra. Un desengaño que lleva al desánimo y este a la reclusión, el aislamiento. En la versión política, el desengaño lleva a la abstención en ausencia de soluciones más imaginativas.

La de Andalucía, la más festera, ha sido utilizada literalmente como un plató televisivo con un seguimiento y programación exhaustiva en beneficio de la persona de Moreno Bonilla como no se veía, con otros medios, desde la irrupción inteligente en las cofradías sevillanas por parte de Queipo de Llano

Hubo un tiempo en el que la abstención era una actitud revolucionaria, no participar, hoy, es un suicido político, en el momento de la mayor revolución conocida de las derechas a escala mundial. Una revolución que no es silenciosa ni siquiera pacífica y que abarca con mucha inteligencia el territorio de lo simbólico, bien anclado en los medios de comunicación, una parte muy activa de la mencionada revolución.

El ejemplo de la finada Semana Santa es muy elocuente. La de Andalucía, la más festera, ha sido utilizada literalmente como un plató televisivo con un seguimiento y programación exhaustiva en beneficio de la persona de Moreno Bonilla como no se veía, con otros medios, desde la irrupción inteligente en las cofradías sevillanas por parte de Queipo de Llano. El virrey castellano ya había probado con éxito su estrategia del camión.

El colofón, el domingo de Resurrección, la gran corrida. Un medio sevillano habla de la reaparición del rey honorífico Juan Carlos —que sigue disfrutando de honores reglamentarios— en términos taurinos como si se hubiera retirado, cortado la coleta, a Emiratos. Reaparece junto con un torero que nunca tampoco había desaparecido. Un rey, un torero y un falso doloroso. El aquelarre es tal que se presenta la corrida como un acto contra Pedro Sánchez. Y Felipe rey, sin que lo digan los antisistemas reaccionarios, el menos interesado en que reaparezca.

En estos marcos, la desactivación del voto progresista no puede ser un triunfo del desengaño ni de la derrota ante la batalla cultural de la reacción. Y duele, lo sé, que sea sobrevolando la miseria y los miserables de la política, los que la debilitan desde sus sillones reales o prometidos, o desde sus pozos tuiteros. La milituiteancia o las expresiones mediáticas más burdas de tanta mediocridad no pueden acabar con la política real, con la batalla de la clase trabajadora demócrata contra un oso que sí existe.

Entre tirarse por el acantilado y jugar a la pelota hay resquicios y solo el voto responsable los llena. Abstenerse no es una opción, por mucho desengaño y actitudes miserables que se produzcan. Hay siempre una urna para un demócrata, para un progresista.

Que la historia se repite es el gran tópico que, no por reiterado, es menos cierto. Cambia el contexto, cambian las víctimas y los poderes, los discursos y las retóricas, las herramientas y las armas, las mentiras y las verdades, los vencedores y los vencidos. Pero la maquinaria de poder se mantiene, siempre dispuesta a disfrazar sus privilegios de orden y progreso, a blindarse tras discursos de salvación y seguridad, a convertir los intereses propios en supuestos intereses comunes, y a repetir, bajo nuevas banderas, las mismas viejas dinámicas de dominación.

El siglo XXI no es el siglo XX. Pero al igual que en la Europa anterior a la Segunda Guerra Mundial, hoy vivimos una crisis del capitalismo y de las instituciones democráticas incapaces de hacer frente a esta crisis. A comienzo del siglo XX eran las democracias liberales, hoy, el estado de bienestar, pero en ambos casos, una democracia debilitada cede espacio a actores que ofrecen alternativas y fórmulas simples, fáciles de digerir y que, muchas veces enmascaran, cuando no ocultan, las verdaderas dinámicas de las crisis y los intereses de unos pocos, por encima del bien colectivo.

De nuevo el empobrecimiento de la clase media, el aumento de la desigualdad, el auge de las políticas expansionistas de grandes potencias, la incapacidad para integrar a la ciudadanía en la vida política, la percepción de falta de legitimidad de las instituciones políticas, la movilización emocional y el triunfo de narrativas simples y falsas, ultra individualistas y ultra nacionalistas son campo de cultivo de retóricas autoritarias y antidemocráticas.

Los paralelismos con el contexto europeo donde arraigó el fascismo son, cuanto menos, inquietantes. De todos ellos quizá el más permeable y, que parece mentira que volvamos a aceptar, es la retórica que canaliza el malestar social hacia un “afuera”.

Volvemos a buscar un chivo expiatorio que cargue con las culpas de todo; el de otro sitio, de otra etnia, de otra raza, de otro país. Y, sobre todo, que desvíe la carga hacia las personas más vulnerables y que peor se pueden defender

Reproducimos la historia y volvemos a buscar un chivo expiatorio que cargue con las culpas de todo; el de otro sitio, de otra etnia, de otra raza, de otro país. Y, sobre todo, que desvíe la carga hacia las personas más vulnerables y que peor se pueden defender. Es más efectivo arremeter contra los de abajo que contra los de arriba.

Los discursos criminalizadores de la migración y las personas migrantes están calando peligrosamente y pudriendo los cimientos de una sociedad democrática y sana. La culpa de la violencia contra las mujeres, de los inmigrantes (no de una sociedad que sigue sin superar el patriarcado); la culpa de la criminalidad y la inseguridad, de los inmigrantes (y de paso, todos y todas tenemos más miedo y somos más sumisos y sumisas); la culpa del mal funcionamiento de los servicios públicos, de los inmigrantes (y no de la falta de financiación y además, legitimamos el negocio privado del bienestar); la crisis del Estado, de la falta de control de las fronteras (y así, no exigimos responsabilidades y reformas estructurales) y quizá la más digerible: la culpa del precio de la vivienda, de los inmigrantes.

Toda esta construcción de mentiras, manipulaciones, y maldades cala mucho más de lo que pensamos, y silenciosamente va creando un peligroso imaginario. Peligroso para la democracia y para nosotros y nosotras mismas porque nos deshumaniza.

Pienso sobre todo en los niños y las niñas, que están en pleno proceso de construcción de su identidad y entender el mundo que los rodea

¿Nos hemos parado a pensar cómo se sienten nuestros amigos y amigas, vecinos y vecinas, familiares, compañeros y compañeras de trabajo al vivir en una sociedad que les culpa de sus males? Pienso sobre todo en los niños y las niñas, que están en pleno proceso de construcción de su identidad y entender el mundo que los rodea. En la crueldad de percibir que su origen, su idioma o sus costumbres son motivo de rechazo.

Convivir con la sensación de que tú o tu familia sois responsables de los problemas de la gente que te rodea, y sentir el odio de la comunidad donde has puesto las esperanzas de una vida mejor, desde luego, debería hacernos pensar la clase de país y personas que queremos y debemos ser.

Cuidado con repetir la historia y sobre todo banalizar el mal; ser permeables a estos discursos y no combatirlos nos convierte en seres sin empatía y en cómplices de su éxito.

Las sociedades democráticas no se sostienen únicamente sobre instituciones, sino también sobre la capacidad colectiva de reconocer al otro como igual en derechos y en humanidad. Ignorar o minimizar los discursos que criminalizan a quienes migran, empobrece nuestros fundamentos éticos, erosiona nuestra propia cohesión social, y deteriora los fundamentos mismos de la convivencia democrática.

La guerra actual ha sacudido al régimen iraní, pero no ha acercado al país a un cambio democrático. Al contrario, refuerza un patrón bien conocido en los sistemas autoritarios: la presión militar externa rara vez produce transformaciones internas. En su lugar, permite al poder consolidar el control, reprimir la disidencia y ocultar las crisis más profundas. El debate en España y en Europa se ha detenido a menudo en el rechazo a la guerra, sin afrontar la cuestión más difícil: cuál debería ser el resultado político.

Desde la intensificación de los ataques a finales de febrero, Irán ha entrado en una fase marcada por el conflicto externo y una represión interna reforzada. El liderazgo ha utilizado la guerra para reinterpretar el descontento interno como una cuestión de seguridad nacional, justificando una represión más dura en un contexto de creciente presión interna. El levantamiento de enero de 2026 lo ilustra claramente: en lugar de abrir un espacio para el cambio, la guerra ha contribuido a cerrarlo.

En este contexto de represión intensificada, el régimen ejecutó los días 30 y 31 de marzo de 2026 a cuatro presos políticos de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI): Mohammad Taghavi (59) y Akbar Daneshvarkar (59), seguidos por Babak Alipour (34) y Pouya Ghobadi (33). Estas ejecuciones evidencian una campaña sistemática para eliminar a la oposición y sembrar el miedo.

Una guerra sin estrategia política

La idea de que los bombardeos pueden provocar un levantamiento popular parte de una comprensión equivocada de la naturaleza del Estado iraní. La guerra y los bombardeos aéreos no crean las condiciones para la movilización democrática. Al contrario, proporcionan a los regímenes en crisis un escudo que les permite cerrar filas, reprimir la disidencia con mayor eficacia y ocultar los fallos estructurales.

A menudo falta un vínculo claro entre la presión y el resultado político. La acción militar, las sanciones o la diplomacia se tratan con demasiada frecuencia como fines en sí mismos, sin integrar el factor decisivo: el papel del pueblo iraní y de la oposición organizada.

Este ha sido un argumento central de la resistencia iraní durante años. La política de apaciguamiento y de compromiso con los mulás —impulsada por el comercio, el petróleo, el temor a la escalada nuclear, los proxies regionales, el terrorismo y la toma de rehenes— no constituía una alternativa a la guerra. Fueron políticas fallidas y contraproducentes que reforzaron al régimen y acabaron desembocando en la guerra. La advertencia de Churchill sigue siendo pertinente: «Se os dio a elegir entre la guerra y el deshonor. Elegisteis el deshonor, y tendréis la guerra».

La idea de un “colapso desde el aire” espontáneo es, por tanto, ilusoria. El régimen no es una estructura hueca que vaya a derrumbarse bajo presión externa. Es un sistema de seguridad capaz de absorber golpes y utilizar las amenazas externas para afianzar la cohesión interna. No se derrumba desde arriba; es cuestionado y, en última instancia, derrocado desde dentro.

Esta perspectiva ha sido defendida durante mucho tiempo por el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, liderado por Maryam Rajavi, que aboga por una república democrática basada en la soberanía popular y elecciones libres. Ha rechazado de forma constante tanto el apaciguamiento como las soluciones militares externas, defendiendo una “tercera vía”: el cambio impulsado por el pueblo iraní y la resistencia organizada.

El papel de la resistencia organizada

El cambio democrático en Irán no es espontáneo ni el resultado de una intervención extranjera. Requiere una fuerza estructurada dentro del país capaz de mantener la presión sobre el régimen.

Desde hace más de una década existe en Irán una red clandestina de resistencia que opera en todo el país, conocida como las Unidades de Resistencia. Estas estructuras, vinculadas a la OMPI, han desempeñado un papel activo en la movilización y el sostenimiento de las protestas, incluido el levantamiento de enero, pese a una represión intensa. Según informes, tras esos acontecimientos, más de 2.000 miembros de estas unidades han desaparecido, es decir, han sido detenidos en secreto o asesinados. La reciente formación de un ejército clandestino de liberación, tras el levantamiento de enero, refleja un intento de organizar la resistencia de forma más coordinada.

Más allá del “no a la guerra”

El conflicto actual también ha puesto de manifiesto los límites de los eslóganes predominantes en Europa. Los llamamientos a un alto el fuego o al “no a la guerra” son necesarios, pero no suficientes. Oponerse a la guerra sin abordar la estructura política de fondo corre el riesgo de congelar la crisis en lugar de resolverla.

Para los actores europeos, incluida España, la conclusión es clara: decir no a la guerra es insuficiente si se deja intacto el sistema existente. Una política seria debe reconocer el derecho del pueblo iraní a lograr un cambio democrático.

Las ilusiones del cambio desde el exterior

La guerra también ha puesto de relieve la debilidad de las narrativas basadas en la intervención externa. Reza Pahlavi, hijo del depuesto sha, y sectores de su base de apoyo de extrema derecha han descrito el conflicto como una “guerra humanitaria”, sugiriendo que los ataques militares podrían allanar el camino para un cambio político.

Esta visión es profundamente errónea. La guerra no favorece los levantamientos populares; tiende a sofocarlos. Proporciona al régimen la justificación necesaria para intensificar la represión y silenciar la disidencia. La hipótesis de un colapso espontáneo desde el aire refleja un desconocimiento de la estructura y la resiliencia del régimen.

Esta distorsión también ha sido alimentada por ciertos medios. La cadena Iran International, cuya financiación ha sido vinculada por diversos informes a Arabia Saudí, y en ocasiones amplificada por BBC Persian, ha contribuido según críticos, a una percepción distorsionada del panorama opositor.

Una república democrática desde dentro

La cuestión central no es si el régimen está bajo presión, sino qué fuerza puede transformar esa presión en un resultado democrático. Sin el papel activo del pueblo iraní y de una resistencia organizada, ninguna presión externa producirá un cambio democrático. La verdadera cuestión para Europa es si está dispuesta a reconocer de dónde puede surgir ese cambio en Irán.

Tenemos diagnosticado cómo mueren las democracias porque los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt nos lo explicaron de manera detallada hace casi ocho años. Ahora asistimos en directo al derrumbe de la de Estados Unidos, una involución que los expertos ya califican de autocratización, y al avance de la extrema derecha en Europa, impulsada por un programa común basado en la islamofobia. Este fenómeno solo consigue frenarse en las grandes ciudades que, ya sea París, Roma, Ámsterdam o Barcelona, se han convertido en refugios frente a la oleada totalitaria.

Hecha la breve constatación del sombrío panorama, y diagnosticado que el avance de Trump y de la extrema derecha en Europa tiene que ver también (aunque no solo) con el malestar que determinados colectivos expresan por sus condiciones económicas, la pregunta no es si hay alternativas. La pregunta es por qué no se aplican.

Una de ellas sería el impuesto a los ultrarricos cuyo principal teórico es el economista francés Gabriel Zucman. La socialdemocracia, siempre demasiado timorata cuando se trata de recetas para combatir el neoliberalismo, como recordaba con acierto el colega Enric González en su artículo de este domingo, debe remangarse de verdad. 

Zucman argumenta que necesitamos proteger la democracia del auge de la riqueza extrema, y que eso pasa por un impuesto a los megamillonarios. Se trataría de gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros. Ahora bien, las personas con un patrimonio por encima de esa cifra no tendrían que pagar nada adicional si, a través de otros impuestos, ya abonasen ese 2% del valor de sus activos. “Es el impuesto más selectivo y más justo que se pueda imaginar. No solo grava a los ultrarricos, sino únicamente a aquellos que escapan a los impuestos”, explica.

En el caso de España, estaríamos hablando de aproximadamente un millar de contribuyentes. El ministro Pablo Bustinduy calcula que los hasta 5.200 millones de euros adicionales que se recaudarían permitirían financiar una “prestación universal para erradicar la pobreza infantil”.

Zucman es discípulo de Thomas Piketty, y alumno aventajado, puesto que su propuesta para combatir la desigualdad llegó a la Asamblea Francesa, aunque no prosperó por el rechazo de los partidos conservadores y, claro está, por el de las grandes fortunas francesas.

“No debería permitirse que los multimillonarios paguen menos [impuestos] que el resto; es una violación de nuestros principios más básicos de igualdad ante la ley”, resumía Zucman hace unas semanas en esta entrevista. Estamos ante un fallo sistémico y como tal hay que intentar buscar soluciones. 

Ultrarricos es una palabra clave, aunque la verdaderamente importante —como ha estudiado Piketty con detalle— es igualdad. O quizá sería más acertado hablar de desigualdad, de ese 1% al que hizo famoso Joseph Stiglitz en su artículo de Vanity Fair hace ya 15 años: el 1% de estadounidenses que controlaba el 40% de la riqueza del país. De ahí surgieron un libro y el lema de Occupy Wall Street: “Nosotros somos el 99%”.

No es que la situación haya mejorado demasiado. El Informe Mundial sobre la Desigualdad, presentado el pasado mes de diciembre y cuyo prólogo firman Stiglitz junto a la economista india Jayati Ghosh, analiza en ocho capítulos cómo la desigualdad de oportunidades actual alimenta la desigualdad de resultados del futuro. Se trata de un exhaustivo trabajo en el que participan 200 expertos (entre ellos también Zucman) y que advierte de que la riqueza ha alcanzado máximos históricos, pero sigue estando muy desigualmente distribuida. El 0,001% más rico —menos de 60.000 multimillonarios— posee tres veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. En casi todas las regiones, el 1% más rico concentra más riqueza que el 90% más pobre en conjunto.

“Los impuestos y las transferencias son algunas de las herramientas más poderosas que tienen las sociedades para financiar bienes públicos y reducir la desigualdad. La tributación progresiva también fortalece la cohesión social y limita la influencia política de la riqueza extrema. Sin embargo, la progresividad tributaria se desmorona en la cima: los multimillonarios suelen pagar proporcionalmente menos impuestos que la mayoría de la población. Esto no solo socava la justicia fiscal, sino que también priva a las sociedades de los recursos necesarios para la educación, la sanidad y la acción climática”, señala el informe.

Las grietas sociales siguen ahí, como los privilegios de ese 1%. Ya no se ocupa Wall Street ni tampoco las plazas españolas, pero no será porque falten motivos.

Cada vez hay más motivos. La oposición a Donald Trump inauguró el No Kings Day, el día contra los reyes, a raíz del megalómano desfile militar que organizó en Washington DC el pasado 14 de junio, coincidiendo con su 79 cumpleaños. Para entonces, apenas llevaba seis meses en el cargo. Desde entonces, se ha celebrado otro No Kings Day —18 de octubre—, pero el de este sábado llega después de dos asesinatos del ICE en Minneapolis en enero pasado en lo más alto de la represión migratoria de la Administración Trump, que acabó con la destitución del encargado del operativo, Greg Bovino, y de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Pero este No Kings llega, sobre todo, en medio de la guerra más impopular de la historia reciente de Estados Unidos; una guerra, en Irán, que no quería nadie más que Benjamín Netanyahu, y que, además de una gran oposición por parte de las organizaciones sociales y el Partido Demócrata, está generando un nuevo cisma en la base MAGA del trumpismo, con referentes como Tucker Carlson y la ex congresista Marjorie Taylor Greene, profundamente movilizados en contra de la guerra, y hombres fuertes del trumpismo, como Steve Bannon, diciendo que la guerra sobre todo interesa a Israel, y no a Estados Unidos.

La convocatoria, formada por unos 400 grupos, prevé superar las movilizaciones previas, que llegaron a 7 millones de asistentes y 2.700 convocatorias en octubre; y hasta 5 millones de manifestantes en 2.100 lugares en el pasado junio.

En este contexto, este sábado se están celebrando más de 3.000 protestas repartidas por todo el país en las que se están movilizando millones de estadounidenses contra las políticas de Donald Trump quien, después de prometer rebajar los costes de vida de la ciudadanía, está al frente de un país con los precios de la gasolina disparados por su guerra en Irán, con las consecuencias que eso tiene en la cadena económica: el alza de los precios energéticos encarece los procesos productivos, y el extra de dinero destinado a pagar la gasolina en un país en el que todo se hace en coche repercute en el dinero disponible para otros gastos.

Minneapolis, la principal ciudad de Minnesota y lugar en el que fueron asesinados Renee Good y Alex Pretti en enero a manos de agentes del ICE, alberga una de las principales movilizaciones, con la participación del senador progresista Bernie Sanders, las principales autoridades del estado, la actriz Jane Fonda y representantes de los mayores sindicatos del país.

Y todo esto en pleno año electoral, con unas elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre en las que Trump se juega el control absoluto del que disfruta sobre el poder legislativo, mientras da muestras cada vez más significativas de cierta pérdida de facultades: este viernes llamó estrecho de Trump al estrecho de Ormuz.

Hundido en las encuestas

El índice de aprobación de Trump como presidente ha caído en los últimos días hasta su punto más bajo desde que regresó a la Casa Blanca, en pleno repunte en los precios de los combustibles y una desaprobación generalizada de la guerra que ha lanzado contra Irán de la mano de Israel, según revela una encuesta de Reuters/Ipsos.

La encuesta muestra que sólo el 36% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump. La opinión de los estadounidenses sobre Trump se ha deteriorado significativamente con respecto a su gestión de la economía y el coste de la vida, dado que los precios de la gasolina se han disparado desde el 28 de febrero. Apenas el 25% de los encuestados aprueba la gestión que Trump ha hecho del coste de la vida, un tema central en su campaña para las elecciones presidenciales de 2024.

Solo un 29% del país aprueba la gestión económica de Trump; en lo que supone la calificación más baja registrada en cualquiera de las Administraciones presidenciales de Trump y es inferior a cualquier índice de aprobación económica obtenido por su predecesor, el demócrata Joe Biden.

Las preocupaciones de los votantes sobre la economía —y, específicamente, sobre el creciente coste de la vida— fueron un factor determinante en la derrota de Biden, y Trump basó su campaña en la promesa en resolver eso.

La posición de Trump dentro del Partido Republicano se mantiene, en gran medida, sólida. Solo alrededor de uno de cada cinco republicanos afirma desaprobar su gestión general en la Casa Blanca.

El índice de aprobación general de Trump se situó en el 47% durante los primeros días de su presidencia y, desde el verano pasado, se había mantenido en torno al 40%. Dicho índice se mantiene por encima del punto más bajo de su primera administración (33%) y ligeramente por encima del punto más bajo alcanzado por Biden (35%).

La guerra en Irán podría estar cambiando este panorama para un presidente que asumió el cargo prometiendo evitar las “guerras estúpidas”. La encuesta revela que el 35% de los estadounidenses aprueba los ataques de Estados Unidos contra Irán, cifra inferior al 37% registrado en una encuesta de Reuters/Ipsos realizada la semana pasada. Alrededor del 61% desaprueba los ataques, en comparación con el 59% de la semana anterior.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos ha aumentado cerca de un dólar por galón –3,78 litros– desde que comenzó la guerra, dado que el conflicto ha restringido los envíos de petróleo desde Oriente Medio hacia el resto del mundo.

En el equipo de Un tema Al día nos hemos acordado esta semana de una serie muy conocida entre periodistas… porque va de periodistas. La serie tiene un arranque, una primera secuencia, de impacto. Vemos a un presentador dar una charla, una mesa redonda, con estudiantes, en la universidad. Le hace una pregunta que es un cliché que esconde muchas cosas: “¿Por qué Estados Unidos es el mejor país del mundo?”. Le aprietan para que conteste y acaba saltando: “Estados Unidos no es el mejor país del mundo”. 

La serie fue rodada en 2011. Ahora, con Trump como presidente… ¿Es más pertinente esa conversación? Ahora que el presidente de los Estados Unidos se salta la separación de poderes, bombardea países, secuestra presidentes… Ahora que los organismos internacionales y las leyes comunes no importan nada y el comercio se usa para la extorsión ideológica… Dejamos la ficción y nos preguntamos por la realidad: ¿se merecen tanto apoyo? ¿Es Estados Unidos el mejor país del mundo? Lo analizamos con Carlos Hernández - Echevarría, de Maldita.es, y con Alba Leiva, de El Orden Mundial.

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Más de 60 entrevistas a periodistas, políticos, abogados, artistas, militares y académicos son suficientes para profundizar, a través de los anhelos y los miedos, pero también los recuerdos y las grandes hazañas, en la Transición española. Grandes nombres del momento componen un nuevo ensayo del historiador Francisco J. Leira Castiñeira, cuyo subtítulo marca la tesis: ‘Retrato de la Transición. La memoria que escondimos en el desván’ (Siglo XXI, 2026). En estas líneas, el autor aboga por reformular aquella transición de hace medio siglo y recuperar la conversación pública que se produjo hace 15 años, durante el 15M, entre dos generaciones que no supieron entenderse, pero que añoraban lo mismo.

La monografía que presenta Leira, de 17 capítulos y casi 500 páginas, supura en los primeros capítulos unas emociones compartidas por los ilustres entrevistados. Era un tiempo en el que el miedo se conjugaba con la ilusión, sobre todo en aquellos primeros años en los que la calle y los políticos se debatían entre la ruptura y la reforma. Ganó la segunda, cuando muchos se quitaron la camisa azul y se pusieron el traje de demócrata. “Lo que he visto es que, aunque muchas personas no sabían muy bien qué querían que ocurriera de manera definida, sí que anhelaban un objetivo común: que España pudiera asimilarse al resto de países europeos”, introduce el también docente de Historia Contemporánea la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

Una mirada internacional y legalización del PCE

La influencia del exterior empezaba a impregnar a una nueva generación de opositores al régimen, pero también de políticos. Antonio Garrigues Walker le contó a Leira para su libro que su hermano Joaquín, quien llegó a ser ministro de Obras Públicas y Urbanismo durante la Transición, un viaje a Estados Unidos hizo que acabara con una perspectiva liberal de lo que debía ser la política.

Murió Franco, pero no la España franquista. El proceso transicional estuvo marcado por amenazas constantes por parte de los militares y un ruido de sables incesante que explotó en 1981, con los comunistas sentados en el Congreso. Para entonces, el PCE ya era un partido más. “Y en eso coinciden la mayoría de políticos de la época que he entrevistado. Sabían que en ningún caso el resultado de esas elecciones sería democrático si no permitían que el Partido Comunista se presentara”, apunta Leira.

Así lo demuestran las palabras recogidas por el historiador a través de decenas de conversaciones, como las que mantuvo con Iñaki Anasagasti, antiguo portavoz del PNV en el Congreso; Miquel Roca, ponente constitucional y político de CDC; Enrique Barón Crespo, socialista y expresidente del Parlamento Europeo; Joaquín Almunia, socialista y antiguo ministro de Trabajo y Seguridad Social y de Administraciones Públicas; los periodistas Joaquín Estefanía, Manuel Campo Vidal, Soledad Gallego-Díaz y Nativel Preciado; así como con políticos regionalistas como Xosé Manuel Beiras y Joan Tardá.

Otra posible Constitución

A pesar de su título, ‘Retrato de la Transición’ abarca hasta 1996, año en que el PP de Aznar ganas las elecciones por primera vez en España. Sin embargo, para llegar tan lejos, Leira se detiene algunos capítulos en abordar, de forma directa o tangencial, la ponencia constitucional. Las elecciones de 1977 no fueron constituyentes como tal. Aquel año, la población votó un parlamento que comenzaría a trabajar en una Carta Magna, pero sin una hoja de ruta clara.

En este punto, el historiador sostiene que, si los resultados electorales hubieran sido otros, seguramente el tipo de Constitución también habría sido diferente, tal y como explicita en la monografía Óscar Alzaga, catedrático de Derecho y diputado por UCD y, más tarde, por Alianza Popular, y también Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, ministro de Educación con la UCD.

El trabajar codo con codo unos y otros durante ese proceso de diálogo en el que había políticos de la UCD, el PSOE, AP, el PCE, Convegència y Unió de Catalunya dio paso a cierta trabazón de buena relación. “Se turnaban en las ruedas de prensa. En cada ocasión, era un ponente constitucional diferente el que atendía a los medios. Y discutían hasta dónde se ponía una coma”, comenta el autor.

Significativo aquí es el testimonio de Miquel Roca, único ponente constitucional que queda con vida. “Él y Jordi Solé Tura decían que para que no hubiera dudas o ambigüedades siempre se decantaban por introducir alguna palabra que especificara bien la norma”, ejemplifica Leira. La buena relación del democristiano catalán con el comunista se dejaba ver incluso por los chascarrillos que hacían de otro de los ponentes, Manuel Fraga Iribarne, antiguo ministro franquista y fundador de AP. Según Roca, ambos se preguntaban cuánto tardaría Fraga en meterles en la cárcel de nuevo.

La amenaza continua del terrorismo

Horas y horas delante de los protagonistas más ilustrados de la Transición, pues no hay que olvidar que aquel proceso también golpeó y se batalló en los barrios y barriadas, por las gentes sin estudios ni la habilidad de la elocuencia, han conmovido al autor de este ensayo. Es lo que le ocurrió con las víctimas del terrorismo con la que se entrevistó, tales como Gorka Landanburu, antiguo periodista de Diario 16. Leira admite que escuchar su relato, que con honestidad ha transferido al texto, le puso la piel de gallina.

Sin embargo, el nudo en la garganta lo sintió al verse con Manuela Carmena, Cristina Almeida y Paca Sauquillo, quienes vivieron en primera persona la masacre de los abogados laboralistas de Atocha en 1977. El historiador no rehúye esta cuestión a través de la mirada de sus fuentes. Se decanta por no pintar la Transición de color de rosa, de un periodo de concordia y consenso pacífico. “Aquí teníamos el terrorismo de extrema derecha e izquierda, pero también de las fuerzas del orden público, que seguían matando y torturando en la cárcel, y unos jueces herederos del franquismo”, sostiene.

La mirada al presente

Leira teje una línea con el presente y acerca la Transición a lo ocurrido con el 15M de 2011 en España: “Para mí esta fue la oportunidad perdida. Teníamos dos generaciones que defendían mayor democracia y no fueron capaces de ponerse de acuerdo, de llegar a un consenso en el que pudiéramos entender al otro”. Gregorio Peces Barba, socialista y también padre de la Constitución, lo explicitó cuando defendió “una Constitución que enfadase a todos un poco pero no tanto como para tener que cambiarla a los pocos años”, en sus propios términos.

Más de tres décadas después de aquello, decenas de miles de personas en España se echaron a la calle defendiendo, si no un nuevo proceso constitucional, sí cambios estructurales en la Carta Magna. Acamparon en las plazas y las asambleas tomaron los barrios. Una nueva pulsión emergía tras una latencia que tiempo antes parecía dormida. La conflictividad volvía. Se sucedían las huelgas, las manifestaciones en solidaridad por los detenidos en las protestas, las mareas en defensa de los servicios públicos, las marchas de los mineros y los Rodea el Congreso. También las acciones para luchar contra la Ley Mordaza, que en parte consiguió aplacar el estallido social.

Sin embargo, poco de eso cristalizó en medidas que mejoraran la vida de la gente. “Una de las cosas que defiendo en el libro es que, ya que no nos pusimos de acuerdo en el pasado, tenemos que hacerlo ahora”, asegura Leira en referencia a esas dos generaciones que no supieron entenderse. Ahora que vivimos una ola reaccionaria mundial es el momento, según subraya el historiador, de “reactualizar la democracia”. La respuesta al cómo la da el mismo Leira: introduciendo los derechos del colectivo LGTBI o feministas en la Constitución, blindándolos de ataques ideológicos imbricados en intereses espurios y creencias religiosas antagónicas con el progreso.

Fortalecer la democracia contra la ultraderecha

El docente de la UC3M comenta sin ambages que, “en el fondo, lo que hay que recuperar es la idea de concordia entre quienes se sienten demócratas y quienes consideran que no hay otro camino para defender la democracia que el antifascismo y el antitotalitarismo”. Para eso, propone rebajar el tono y huir de expresiones vertidas en el pasado con las que la generación del 78 se sintió atacada. Por otra parte, esta generación también pudo hacer gala de su reivindicación de la Transición negociando un nuevo consenso con las generaciones más jóvenes.

Lo dice al final de su libro. La democracia no puede ser patrimonio de una generación o contexto histórico. “La democracia debe seguir actualizándose continuamente, no puede quedar anclada en el pasado porque si no muchos derechos sociales van a estar perdidos”, añade. Aquella generación que vio el ocaso del franquismo no pensó en los derechos del colectivo LGTBI, ni tampoco la mujer ocupaba el espacio que ocupa ahora (no hay madres de la Constitución). Y cambiar eso tampoco haría variar el sistema político. 

En definitiva, Leira sostiene que se produjo cierta incomprensión hacia la gente que protagonizó la Transición por parte de los jóvenes, la mayoría, que llegaban al 15M con ganas de cambiarlo todo, pero también sumidos en una crisis social y económica que golpeó el país como no lo hacía en mucho tiempo. “Deberíamos volver a juntarnos para fortalecer las estructuras de la democracia y, aunque pueda llegar a gobernar la extrema derecha, no haya un retroceso en los derechos sociales y los derechos humanos”, concluye.

Contra el descontento, el libro con el que Cristina Monge acaba de ganar el Premio Paidós 2026, parte de una pregunta compleja y urgente: ¿qué hacer cuando el malestar acumulado durante décadas cristaliza en un descontento profundo que erosiona la convivencia democrática, la confianza institucional y la propia idea de futuro?

La autora aragonesa estructura su análisis en tres grandes bloques. En el primero, traza de forma brillante el origen del descontento y el tránsito que nos ha llevado de la indignación del 15M a la decepción actual. En el segundo, describe las distintas caras de ese descontento, desde la precariedad hasta el miedo al futuro. En el tercero y último, propone diversos caminos para recuperar la esperanza y volver a creer en el futuro.

El objetivo de Monge no es pontificar ni dar su receta para acabar con el descontento sino abrir el debate, proponer y escuchar. Una actitud que se echa especialmente de menos en el panorama político actual.

En el libro sostiene que hemos pasado de la indignación a la decepción. ¿Qué ha ocurrido en este tránsito para que una energía transformadora como la del 15M se haya convertido en un descontento tan profundo y desmovilizador?

Es la madre del cordero. Hemos pasado de la indignación a la decepción y por medio han pasado muchas cosas. Primero, unas expectativas muy altas tanto desde los nuevos partidos de la izquierda, en especial Podemos, como de la derecha con Ciudadanos. Se iba a regenerar la democracia, se iba a resetear el sistema, se iban a asaltar los cielos.

Pero conforme pasó el tiempo y esos partidos empezaron a gestionar ayuntamientos, comunidades autónomas o el propio Gobierno de España, se encontraron con las limitaciones del sistema y empezaron a sufrir las contradicciones de cualquier organización política. De la misma manera que supieron leer el momento 15M, pronto perdieron el olfato para interpretar lo que vino después.

Mientras todo esto ocurría, los problemas que alimentaban la indignación han continuado estando ahí. Hoy en día, la vivienda vuelve a estar en el top de las preocupaciones, como lo estuvo en 2011. La corrupción vuelve a ocupar portadas. Y sobre todo se instala la percepción de que las élites, en vez de gestionar para el bien común, gestionan para protegerse a sí mismas.

La política democrática siempre tiene un punto de decepción. La cuestión es que lo que entonces era un problema, ahora está más enquistado y, además, hay una diferencia fundamental: quienes querían regenerar el sistema lo hacían en clave de más democracia. Ahora quienes articulan el descontento cuestionan valores de convivencia democrática. Esa es la gran diferencia.

Habla de malestares y de descontento. ¿Cuál es la diferencia?

Los malestares tienen una base más material. Por ejemplo, el acceso a la vivienda genera malestar. Pero además de malestares, estamos ante un descontento que es más difuso, más etéreo. Ese descontento tiene mucho que ver con un contexto de profunda desconfianza en las instituciones, en los agentes de intermediación y en nosotros mismos.

Estamos ante grandes retos globales como el cambio climático, la revolución digital o la inteligencia artificial. Desafíos de una dimensión que nos supera. Si no confiamos en nadie para gestionarlos, ¿quién lo va a hacer? Ahí está la base del descontento.

Ante este desasosiego que genera mirar hacia adelante, surgen propuestas políticas que invitan a mirar hacia atrás. Si el feminismo implica cambios en los roles que generan incertidumbre, la ultraderecha propone la familia tradicional como espacio de seguridad. Algunos jóvenes, sobre todo varones, encuentran ahí un lugar de confort.

También existe una crisis de liderazgo.

Es una crisis de liderazgo y al mismo tiempo un momento de hiperliderazgos. En las últimas elecciones regionales, muchos electores no sabían cómo se llama el candidato territorial de un partido porque todo gira en torno a una figura nacional.

Es lo que Bernard Manin llamó la democracia de la audiencia: la relación entre política y ciudadanía se hace a través de los medios, con un protagonismo central del líder, y la ciudadanía adopta el papel de espectadora.

El partido y el contenido pierden peso frente a la persona y su capacidad de comunicación. Eso atrofia las organizaciones y reduce los liderazgos territoriales.

Ahora quienes articulan el descontento cuestionan valores de convivencia democrática. Esa es la gran diferencia respecto al 15-M

Una de las ideas más inquietantes del libro es la pérdida de la esperanza. ¿En qué momento el futuro empezó a dar miedo?

Para mí eso es algo que define el momento actual. Nos hemos cargado la idea de futuro. El futuro se percibe como un lugar apocalíptico al que nadie quiere ir: cambio climático, revolución digital, guerras a las puertas de Europa. Se parece mucho a la serie Years and Years.

Pero las personas y, en especial, las sociedades democráticas necesitan una idea de futuro, un lugar al que llegar. En los años ochenta en España, por ejemplo, se estaba construyendo un futuro en color frente al blanco y negro de la dictadura. Ahora nos falta un paradigma compartido de hacia dónde queremos ir. Si no sabemos el destino, no hay rumbo. Ahí es donde crecen las propuestas que invitan a quedarse en el pasado. La crisis actual de las democracias es, en buena medida, una crisis de desconfianza ligada a esa aniquilación del futuro.

Todo esto afecta especialmente a los jóvenes que cada vez apoyan más a la ultraderecha.

Sí, pero hay que señalar que se habla mucho del 20 o 25% de jóvenes que compran el producto de la ultraderecha. Sin embargo, hay otro 75 u 80% que mantiene su adhesión a valores democráticos y feministas. No obstante, en el ascenso de las ideas de ultraderecha entre los jóvenes influyen varios factores. El primero es que el establishment actual se asocia a democracia, feminismo y solidaridad, y la juventud tiende a impugnar lo establecido. Segundo, tras los avances en derechos suele haber retrocesos.

Pero es que además, si repasamos su biografía, vemos que crecieron con la resaca de la crisis de 2008, vivieron la pandemia en plena adolescencia y luego estalló una guerra en Europa. Cuando empezó la guerra de Ucrania, algunos alumnos me preguntaban si tendrían que ir a la guerra. ¿No se suponía que las guerras eran algo del pasado? En ese contexto, y como quienes no somos tan jóvenes no hemos puesto en valor las ventajas de vivir en una sociedad libre y democrática, no es descabellado ese movimiento de reacción.

La pregunta es qué hacer. Yo les digo constantemente a los jóvenes con los que hablo: “Vale, constatamos los problemas, de acuerdo, pero ¿qué vais a hacer al respecto?” Hay que evitar el victimismo. No hay que regodearse en el descontento, es necesario construir el futuro.

Es casi inevitable preguntarte por el movimiento que se está produciendo estos días en la izquierda. ¿Cree que la reconfiguración del espacio de la izquierda puede devolver la ilusión?

Era evidente que había que hacer algo. Pero hay que tener en cuenta que en las coaliciones electorales dos y dos nunca son cuatro. No obstante, hay una forma de evitar esto: generar un proyecto que levante una ilusión capaz de conseguir que el resultado sea más que la suma de las partes.

Unidas Podemos lo hizo en su momento y se puede volver a hacer si hay un proyecto con mensajes claros de futuro. Eso es más importante que la cara que lidere.

¿Qué tendría que cambiar para devolver la confianza en la política?

Hay que ser valientes para reconocer los problemas. A veces se niegan evidencias por miedo a comprar el marco del adversario. En la transición ecológica hay medidas que generan problemas al sector primario. Reconocerlo no es frenar la transición, como puede pensar algún sector de la izquierda, es entender los conflictos para construir alternativas con quienes se ven afectados.

Lo mismo ocurre con algunos varones jóvenes descolocados ante el replanteamiento de roles resultado de los avances del feminismo. Reconocerlo no es cuestionar estos avances, es querer seguir progresando con ellos.

No hay recetas mágicas. Son transiciones de enorme complejidad y es la primera vez que las hacemos. Necesitamos humildad intelectual y reconocer que podemos equivocarnos, pero equivoquémonos pronto para rectificar pronto.

Podemos centrarnos en la última declaración polémica de Ayuso o profundizar, por ejemplo, en modelos de vivienda que funcionan en otros países. Cuidar la conversación pública es clave.

¿Es necesario regular las redes sociales y la inteligencia artificial?

Sin duda. La inteligencia artificial no es un debate tecnológico, es un debate político y, como tal, no puede quedar al margen de las normas. Hay que regularla. El mantra regulación versus innovación es falso. De hecho, los sectores con marcos estables son los que más innovan.

La digitalización, las redes y la IA pueden ser grandes aliados en la transición ecológica, en la productividad o en el debate público. Siempre que entendamos que detrás de ellos hay parámetros políticos.

En el libro también alerta del deterioro de la conversación pública.

La democracia es un proceso de toma de decisiones y una conversación pública. Hemos estudiado mucho lo primero y menos lo segundo. Pero es necesario reflexionar sobre qué temas llevamos a debate.

Podemos centrarnos en la última declaración polémica de Ayuso o profundizar, por ejemplo, en modelos de vivienda que funcionan en otros países. Cuidar la conversación pública es clave.

Frente al pesimismo determinista propone voluntad de cambio. ¿Cuáles serían los primeros pasos para redactar un nuevo contrato social?

Primero, desechar la idea de que no hay alternativa. Siempre hay alternativas. Segundo, abrir una conversación pública amplia y plural para encontrarlas, con honestidad y humildad intelectual. Tercero, asumir que el contrato social debe partir de una base material que es la biosfera.

Normalmente, hablamos de la sostenibilidad como el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Yo propongo un giro, que la economía, las sociedades que se generan a partir de ella y el proyecto político que hay detrás, tienen que partir de una base, que es el planeta. Si la biosfera de repente se enferma, no hay economía posible, como ha ocurrido en la Manga del Mar Menor.

Creo que esa conversación amplia debe dar lugar a un contrato social que parta de esa base material y que permita imaginar un futuro deseable.

La democracia española tiene muchos padres, según quién te cuente la historia. Tiene padres oficiales, aquellos siete “padres de la Constitución” que redactaron nuestro texto supremo y que los niños de la EGB recitábamos como los afluentes del Tajo o una alineación futbolística: Cisneros, Herrero de Miñón, Peces-Barba, Pérez-Llorca, Solé i Tura… Tiene también padres repudiados, como el rey Juan Carlos, al que algunos siguen reconociendo la paternidad, pero nadie quiere sentarlo ya en la mesa familiar. Tiene muchos otros padres, no reconocidos pero más queridos que aquellos: líderes sindicales, políticos, vecinales y sociales que en las calles, instituciones y centros de trabajo empujaron la democracia más allá de donde pretendían aparcarla algunos. Y tiene por supuesto madres, mujeres luchadoras que quedaron fuera del relato oficial durante años y solo recientemente reivindicadas.

Y también tiene un padrastro: el ex teniente coronel Antonio Tejero, fallecido por una ironía de la Historia el mismo día en que se desclasifican los documentos del 23F. Digo padrastro, no en el sentido civil del término (el segundo marido de tu madre), sino en las otras acepciones que recoge la Real Academia: 2. Mal padre. 3. Obstáculo, impedimento o inconveniente que estorba o hace daño en una materia. 4. Pedazo pequeño de pellejo que se levanta de la carne inmediata a las uñas de las manos, y causa dolor y estorbo.

“Mal padre” lo fue sin duda: Tejero es, a nuestro pesar, otro de los padres de la democracia pues su golpe de Estado marcó el paso a la recién nacida democracia, que no volvió a ser la misma tras la experiencia traumática. Un padre violento, claro. Somos hijos de aquellos padres y madres del primer párrafo, pero también un poco de aquel guardia civil malencarado que subió a la tribuna del Congreso y gritó una de las frases más populares, repetidas, temidas y parodiadas del último medio siglo español: “¡Se sienten, coño!”.

Con su golpe, Tejero metió en cintura a la jovencísima democracia, en un momento en que la agitación política y social amenazaba desbordar el cauce. No sabemos dónde estaríamos hoy sin el “tejerazo”, pero sí podemos decir que el 23F, como los ruidos de sables que lo precedieron (la “Operación Galaxia”, en la que también estaba Tejero) metió miedo a los españoles y moderó mucho las posiciones. Por ejemplo, frenó en seco las exhumaciones de fosas y retirada de símbolos franquistas que ya habían empezado en tantos ayuntamientos democráticos. La España desmemoriada, en la que todavía hoy el franquismo es motivo de disputa política y reaparece con fuerza la ultraderecha, es en muchos sentidos hija, o hijastra, de aquel tipo siniestro que aterrorizó a nuestros padres.

En la acepción de “Obstáculo, impedimento o inconveniente” también fue Tejero el padrastro de la democracia: un tronco en la rueda de un país que empezaba a caminar solo, y que a partir de su acción frenó el ímpetu democrático. Sabemos ya que Tejero era solo un mandao, un peón a las órdenes de la España más retrógrada, y que además facilitó la épica del rey Juan Carlos, que como sabemos “paró el golpe” (guiño, guiño, codazo, codazo). Aunque su golpe fracasó, bien pudo Tejero decir “misión cumplida”: el suyo fue un aviso, un susto bien orquestado, tras el que nada sería igual.

Y ya puestos, el padrastro Tejero fue también un “pedazo pequeño de pellejo que se levanta” causando “dolor y estorbo”. A la democracia española se le levantó un pellejo con tricornio o bigote, un grano molesto que nos recordó dolorosamente de dónde veníamos, quiénes habían ganado una guerra civil y se habían beneficiado de cuatro décadas de dictadura, y no estaban dispuestos a desmadres democráticos. Otro residuo de la España más negra muere con él.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado la intención del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz de legislar para aumentar la democracia interna de las empresas, con más participación de los trabajadores en su gobernanza, un proyecto apoyado por un informe encargado a un grupo de expertos y expertas internacional sobre la materia. “La empresa es democrática, cuidao, con sus accionistas, que son los que se juegan el dinero”, ha sostenido el empresario vasco.

“Si estáis tranquilos, nos viene la ley del intervencionismo en estado mágico y máximo, que le llaman la ley de la democracia en la empresa”, ha ironizado Garamendi durante un encuentro empresarial organizado en el Hotel Palace de Madrid, por la Fundación Conexus Madrid-Comunidad Valencia.

“Id preparando, tranquilos, el 10% vais a repartirlo, los sindicatos que nos van a dirigir la empresa, van a tener el 50% del Consejo (de Administración) y otras tantas cosas que parece que se plantean”, ha ironizado Garamendi, entre risas del público. El líder empresarial se ha referido a varias medidas del comité de expertos, como facilitar que los trabajadores accedan a la propiedad de las empresas y participen con un peso relevante en las decisiones de su gobernanza, con asientos en los consejos de administración.

El presidente de CEOE ha indicado que, aunque todo apunta a la dificultad de esta ley para salir adelante, “solo el anuncio provoca ya la desconfianza”.

Aunque esta mayor participación de los trabajadores en las empresas existe en la mayoría de países de la UE, como señalaba en esta entrevista la profesora Isabelle Ferreras, presidenta de la comisión de expertos, Antonio Garamendi ha afirmado espera que España no sea “el país del experimento” para estas medidas.

La vicepresidenta Yolanda Díaz anunció que iba a convocar la mesa de diálogo social para negociar esta regulación, pero Garamendi ha deslizado la posibilidad de no sentarse siquiera a hablar con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. “Cuando nos convoquen a esta otra mesa no sé lo que haremos, pero lo que no vamos a aceptar es una premisa que es falta”, ha sostenido. Este mismo argumentó justificó la patronal para no sentarse a negociar una modificación legal del despido improcedente.

Denuncia ahora el “ausentismo”: “Es un dumping a los compañeros”

El líder de los empresarios españoles ha criticado este jueves el aumento de las bajas médicas, ahora no con la palabra “absentismo”, sino con una nueva: “El ausentismo”. Con este término, Garamendi parecía señalar los comportamientos abusivos con las bajas, que no ha cifrado, pero que ha señalado “que existe”.

“Es un dumping, es un daño horrible que le hace una persona a su compañero, porque le está chuleando en algún caso”, ha afirmado el empresario vasco. A renglón seguido ha precisado que las patronales quieren “que la gente sane” y que no dicen que todos los trabajadores sean “ausentistas”.

“Va a ser que la desigualdad es culpa nuestra”

El líder de la CEOE ha mostrado también enfado y perplejidad por el debate sobre la desigualdad, que señala a algunas empresas y empresarios por no repartir la riqueza generada con sus trabajadores, pieza clave en la producción de estas ganancias, y con el conjunto de la sociedad, vía impositiva. También por su reticencia a alcanzar un acuerdo para subir salarios, cuando los márgenes empresariales están en máximos.

“Se habla de desigualdad y, curiosamente, va a ser que la desigualdad es cosa nuestra. Tiene su gracia. Porque se está planteando todo lo público que no se gestiona bien.... Pues al final, la culpa es nuestra. Más fácil, es más sencillo”, ha lamentado.

Garamendi ha denunciado “el mundo en estos momentos, que es terriblemente injusto para quienes creamos progreso, riqueza, que son las empresas”. El dirigente patronal ha señalado que los empresarios son verdaderamente “los progresistas” porque generan “progreso”.

Sí que es todo un regalo de aniversario. Al cumplirse 45 años desde el golpe de Estado del 23F, Pedro Sánchez ha anunciado la desclasificación de los documentos secretos relacionados con los hechos de 1981. Aparecerán este miércoles en la página web de Moncloa. La medida es inesperada y nos recuerda las discusiones en Moncloa en las que los asesores pensaban en decisiones de impacto que no obligaran a realizar una votación en el Congreso.

La desclasificación, solicitada por la izquierda desde hace décadas, tiene más que ver con la debilidad del Gobierno de Sánchez que con su buena salud. Sale adelante porque solo necesita la voluntad del presidente del Gobierno para hacerse efectiva. Aprobar una nueva ley de secretos oficiales que sustituya a la originada en el franquismo resulta un empeño más complicado. Sánchez se ve cada vez más forzado a aceptar lo posible antes que lo deseable.

Y, sin embargo, a pesar de esta vulnerabilidad, no hay semana en que la derecha no anuncie otro plan diabólico de Sánchez para acabar con la democracia en España. A veces esos avisos macabros los hace gente que ya había anunciado tiempo atrás el fin del Estado de derecho, por ejemplo con la ley de amnistía. Se ve que luego resucitó de alguna manera y que Sánchez vuelve a intentar finiquitarlo.

Nunca hay déficit de periodistas de derecha dispuestos a revelar estos planes siniestros. Bien con sus propias ideas, bien con las del Partido Popular. Ese Fu Manchú del autoritarismo está dispuesto a todo y carece de principios o límites que puedan frenarlo. Luego resulta que ni siquiera consigue que el Congreso ratifique el decreto del escudo social –Junts ha anunciado que votará en contra–, pero columnistas y tertulianos lo ven como un ente todopoderoso.

Es difícil conseguir tanto drama como con la hipótesis que planteó la semana pasada El Confidencial. Citando fuentes anónimas del PP y dándoles la credibilidad suficiente como para publicar el artículo, el autor escribe que Sánchez estaría planeando el shock institucional definitivo: “Quiere que en las próximas elecciones empiece un proceso que acabe con él presidiendo la III República”. Y con esa presidencia, obtendría “la inviolabilidad” que le libraría de sus problemas con la justicia.

Con esta noticia, por abracadabrante que parezca, el PP consigue que El Confidencial compre su relato por el que hay posibilidades reales de que Sánchez acabe en el banquillo de los acusados, como no dejan de repetir sus diputados en el Congreso y ahora también Feijóo.

Al menos según las encuestas, Sánchez y el PSOE no tienen muchas opciones de sobrevivir a las próximas elecciones. Se supone que la hipótesis se basa en que el presidente pondría sobre la mesa un referéndum sobre la República como forma de movilizar a su electorado.

“Los requisitos legales para conseguir tal cosa son inalcanzables incluso para Pedro Sánchez”, dice el propio artículo por los conocidos obstáculos legales y políticos existentes para reformar la Constitución. Sólo esto ya serviría para desdeñar este ejercicio de futurología, pero no es suficiente. “Sánchez es capaz de todo”, dice el mantra del PP. Y, por tanto, cualquier teoría es posible.

José Antonio Zarzalejos dice que el artículo “llega a conclusiones nada improbables”. Si lo dice el PP en voz baja sin que nadie se atreva a poner su nombre en estas elucubraciones, será que es cierto. No es de extrañar si Zarzalejos, antaño paradigma de la derecha no enloquecida, cree ahora que “el sanchismo es irreversible”, como si fuera una condena que la humanidad arrostrará durante décadas, y que “en algunos aspectos la Constitución está herida de muerte”.

Si fuera así, la Carta Magna española sería un cúmulo de desperdicios políticos que puede ser anulada sólo con que el Gobierno no vea aprobado su proyecto de presupuestos. Afortunadamente, no es el caso.

Otro experimento prospectivo es el que Jesús Cacho plantea en Vozpópuli en términos apocalípticos. “Cada día más gente convencida de que el autócrata no convocará (elecciones) ni siquiera cuando está obligado a hacerlo a poco que tenga alguna posibilidad de seguir adelante invocando un grave problema de orden público, una alteración de la paz social, una crisis internacional, una gran catástrofe natural, etc.”. Claro, no ha habido crisis de este tipo en los últimos años y nadie se ha planteado medidas excepcionales, más que las utilizadas en todo el mundo para contener el avance del coronavirus.

Es una versión aún más demente de la idea de que Sánchez es capaz de todo. Instalas ese prejuicio en la mente de la gente y a partir de ahí el cielo es el límite. ¿La Constitución? Herida de muerte, casi agonizando. ¿Las elecciones? Ya veremos si se celebran. Sánchez no lo permitirá.

El Partido Popular pone lo necesario de su parte. Para suscribir la idea de Feijóo de que España “se está cayendo a pedazos”, se le ha ocurrido acompañar a Vox en su denuncia sobre el estado de las presas. No es suficiente con decir que se necesita invertir más fondos en esa infraestructura, una aspiración siempre legítima. Hay que meter más miedo con un escenario de pesadilla, la posibilidad de que algunas de ellas se derrumben y provoquen una tragedia. “La seguridad de los españoles no está garantizada”, dice el PP. Todo ello se hace además haciendo lo posible para ignorar las consecuencias del cambio climático en la mayor frecuencia de las tormentas de grandes dimensiones, no sea que Vox se enfurezca con el PP.

La falta de mayoría absoluta en el Congreso, el balance nada entusiasta de la primera mitad de la legislatura, el desgaste por siete años y medio de Gobierno, la gran erosión de credibilidad que suponen para Sánchez las investigaciones judiciales de Ábalos y Cerdán... todos esos factores contribuyen a hacer más evidente la vulnerabilidad del presidente y de su Gobierno. Nada está escrito hasta que comience la campaña de las próximas elecciones generales, como se vio en 2023, pero las circunstancias actuales no pueden ser peores para Sánchez.

La derecha política y mediática sólo tendría que dejar pasar el tiempo confiando en que el Gobierno ha llegado a un punto de no retorno y que todas las nuevas noticias que aparezcan irán en la misma línea negativa. Pero no pueden esperar. Están aquejados por un estado permanente de ansiedad para el que no existe medicación. No puede ser que Sánchez no sea más que un gobernante al que se le han acabado la suerte o las ideas. Tiene que ser un genio del mal que nos arrastrará al abismo mientras se oye su risa maléfica.

A Juan Ernesto (nombre ficticio por medidas de seguridad) lo detuvieron en 2024 en una avenida del centro de Caracas, a plena luz del día. Un comando policial con capuchas y armamento tipo SWAT lo interceptó y lo bajó del vehículo a empujones. Le pusieron una capucha en la cabeza; cada vez que intentaba preguntar algo, le gritaban que se callara. Faltaban 72 horas para que Nicolás Maduro asumiera un tercer mandato entre acusaciones generalizadas de fraude y el Gobierno había intensificado las redadas policiales.

Juancho —como lo llaman su familia y amigos— es un reputado activista por los derechos humanos y miembro de la directiva de una ONG con treinta años de trabajo. “Me detuvieron sin orden judicial; pensé que me iban a desaparecer”, dice a elDiario.es. Lo llevaron a una casa clandestina de torturas, lo amarraron a una silla y lo interrogaron durante 24 horas, según cuenta. Le preguntaban con insistencia si tenía relación con María Corina Machado. Después lo trasladaron al Helicoide, donde compartió una celda de 40 metros y dos baños con 14 personas. Su familia recorrió durante días los centros de detención de Caracas: en todos negaban que estuviera allí. Introdujeron un habeas corpus, que fue rechazado. Supieron dónde estaba solo gracias a un mensaje cifrado que otro preso logró enviar oculto en un libro.

Nunca le dejaron designar un abogado privado. El Estado le impuso un defensor público al que vio diez minutos por vía telemática. Así supo que estaba acusado de “legitimación de capitales y asociación para delinquir”: un delito fabricado que, según los activistas, sirve para disfrazar la persecución política. Semanas después lo excarcelaron con medidas cautelares. Hoy tiene prohibido hablar con la prensa y debe presentarse ante un tribunal cada 30 días.

Ahora, la ley de amnistía que se acaba de aprobar le deja un sabor agridulce. Se alegra de que algunos presos políticos vayan a recobrar su libertad, pero su caso no está contemplado en la norma. “Con una ley así, Hugo Chávez jamás habría sido amnistiado luego del fallido golpe de Estado en 1992”, me dice.

Más que entenderse como un instrumento definitivo para el 'perdón y olvido', la amnistía en Venezuela puede interpretarse como una medida pragmática y necesaria, cuyos resultados deberían blindarse con mecanismos adicionales de verdad, justicia y reparación

Mibelis Acevedo — periodista y experta en transiciones políticas

La represión política no llegó con Maduro. Desde que Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999 hay presos políticos en Venezuela. José Vicente Rangel, su ministro de Defensa y canciller, acuñó un mantra recordado desde entonces: “En Venezuela no hay presos políticos, sino políticos presos”. Al invertir las palabras, el chavismo despojó al disidente de su motivación política y lo revistió con el traje a rayas del criminal común.

Bajo Chávez, la cárcel fue un bisturí de precisión: castigos ejemplarizantes para figuras específicas que enviaban un mensaje al resto. Con Maduro, la represión se convirtió en maquinaria industrial. Ya no solo caían los generales o los jueces, sino cualquier estudiante que gritara en una esquina o la tuitera que cuestionaba el hambre. Se crearon centros especiales como 'La Tumba', un laboratorio de cinco pisos bajo el asfalto de Caracas: siete celdas de dos por tres metros, paredes de un blanco quirúrgico, luces fluorescentes que jamás se apagan. El preso pierde la noción del día y la noche. Es la arquitectura de la deshumanización: un lugar diseñado para que la mente se rinda.

Varias ONG como Provea, Foro Penal y Espacio Público denunciaron el perverso fenómeno de la “puerta giratoria”: el Gobierno liberaba a un grupo de presos antes de una cumbre internacional, pero apenas se apagaban las cámaras, encarcelaba a otros dos. La libertad ciudadana se convirtió en moneda de cambio, un activo del mercado de la negociación política.

Lo que dice y lo que oculta la ley

El 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de amnistía para la convivencia democrática. Delcy Rodríguez la promulgó esa misma noche. El contexto es decisivo: tras el secuestro de Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero, el Gobierno encargado de Rodríguez inició un proceso de liberaciones que, según Foro Penal, alcanzó a 448 personas antes de la aprobación.

El texto tiene 16 artículos. El ámbito temporal va de 1999 a la fecha, pero la amplitud es engañosa: el artículo 8 restringe la amnistía a 13 episodios concretos (golpe de 2002, paro petrolero, protestas de 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, hechos de 2019, elecciones de 2024 y 2025). Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, calculó que, de 27 años formales, más de 14 quedan fuera, y de los meses restantes apenas unos 20 están cubiertos.

Se excluyen los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, narcotráfico, corrupción y la participación en “acciones armadas o de fuerza” con intervención extranjera. Esta última cláusula apunta directamente a Machado, Edmundo González y Leopoldo López. La propia Rodríguez ha advertido que Machado deberá “rendir cuentas” cuando pise Caracas.

Foro Penal estima que 2.742 personas podrían beneficiarse de forma inmediata. Pero quedan fuera unos 180 militares procesados por rebelión, las personas detenidas en períodos no contemplados y todos aquellos cuya persecución política se disfrazó de delito común, como en el caso de Juan Ernesto. La norma tampoco contempla la devolución de bienes incautados, la rehabilitación de los inhabilitados ni la reapertura de medios clausurados.

Lo que dicen las organizaciones de derechos humanos

Las principales ONG venezolanas coinciden en varios puntos críticos. Foro Penal, la más pragmática, trabaja con el instrumento disponible: ya entregó a la comisión parlamentaria una lista de 232 casos excluidos. Pero su director, Alfredo Romero, advirtió que “el monstruo todavía está ahí y puede morder” y que la amnistía no era requisito para liberar a personas detenidas de forma arbitraria.

Cofavic, fundada tras el conocido Caracazo, es más crítica. “La reconciliación no puede basarse en la impunidad”. Denuncia que la ley no prevé justicia transicional, ni Comisión de la Verdad, ni reparación. Lo más grave: el artículo 14 ordena la eliminación de registros y antecedentes, lo que podría “enterrar la evidencia de los crímenes cometidos contra los amnistiados” y destruir la memoria histórica. Cofavic ha acuñado un concepto para definir este riesgo: “impunidad por absorción”. El Estado, al perdonar al ciudadano por su disidencia, se perdona a sí mismo por la violencia con que la reprimió.

Provea denuncia que la ley califica como “hechos violentos” lo que fueron protestas legítimas y que sin desmontar el aparato represivo no habrá estabilidad democrática. JEP (Justicia, Encuentro y Perdón) la califica de “revictimizante y excluyente”. Rafael Uzcátegui, del Laboratorio de Paz, señala su “falla de origen”: está promovida por el mismo Gobierno responsable de las violaciones. Los expertos de la ONU han pedido que se aplique a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal y que se excluya a los responsables de violaciones graves, incluidos los agentes del Estado.

Un puente de plata con muchos vacíos

“Más que entenderse como un instrumento definitivo para el 'perdón y olvido', la amnistía en Venezuela puede interpretarse como una medida pragmática y necesaria, cuyos resultados deberían blindarse con mecanismos adicionales de verdad, justicia y reparación”, explica a elDiario.es la periodista y experta en transiciones políticas, Mibelis Acevedo. Las leyes de amnistía, señala, también son el “puente de plata” que puede facilitar el paso del autoritarismo a la democracia, un incentivo para que sectores del régimen colaboren con el cambio. Pero advierte que esta ley, en su forma actual, entra en la categoría de las gestionadas por Gobiernos no democráticos, como las autoamnistías de Chile y Uruguay en los años 70 y 80.

La ley de amnistía es un hecho relevante, sostiene, es la primera vez que un Gobierno venezolano reconoce la existencia de presos políticos en sentido amplio. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, pidió perdón a los venezolanos por los crímenes del Estado desde la llegada de Chávez al poder. Ese gesto, inédito en la era bolivariana, no debe subestimarse. Pero no es una ley de justicia transicional: no hay verdad, no hay reparación, no hay garantías de no repetición. Libera a las víctimas de la persecución, pero puede borrar las pruebas de esa persecución. Perdona la disidencia, pero no investiga la represión.

Juan Ernesto, mientras tanto, sigue presentándose cada treinta días ante un tribunal. Tiene prohibido hablar con la prensa. La ley que el Gobierno presenta como acto de reconciliación no cubre su caso. Él, que defendió a decenas de personas, que fue torturado y acusado de un delito fabricado, sigue con un pie dentro del sistema penal. Sin embargo, tiene la oportunidad de solicitar que su caso sea revisado por la comisión de seguimiento de la ley y ser libre completamente. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció este sábado que el Gobierno tiene previsto atender las solicitudes para que “más de 11.000 personas puedan disfrutar de libertad plena”, ya que tienen medidas sustitutivas de libertad, como prohibición de salida del país y régimen de presentación ante tribunales. A pesar de las falencias, Juan Ernesto reconoce que la ley es un “paso pequeñito” hacia una transición y puede impulsar más cambios para recuperar la democracia.