A ver, en la Andalucía desde donde escribo, no hacemos más que salir de las autonómicas donde ganó el PP, pese a su destrozo sanitario, y ahora va a necesitar a Vox para gobernar, y justo empieza a caer toda la tromba de acusaciones contra Zapatero y el PSOE que nos tiene en shock, como a toda España.

Yo confieso que, con lo de Zapatero, estoy atónita. Sin ser nada mitómana, siempre he dicho y escrito que lo considero el mejor presidente de nuestra democracia. Aunque, acto seguido, invariablemente, he recordado que fue a él a quien le hicimos el 15M por rendirse a la Troika y cambiar, junto al PP, la Constitución para priorizar la devolución de la deuda al pago de los servicios públicos en plena ola austericida. Eso y algo que se recuerda menos: que las terribles concertinas antiinmigrantes, en la frontera sur, no las puso Aznar sino que son parte de su legado.

Con todo y con eso, que no es poca cosa, quizá porque el listón esté bajo, aún hoy me reitero en que veo su mandato el mejor de la democracia. Y lo creo así por la retirada de las tropas de Irak, la aprobación del matrimonio igualitario y todo el avance aparejado en visibilidad y justicia del colectivo LGTBIQ+, la ley de igualdad, la ley contra la violencia de género, la de ayuda a la dependencia, la de memoria histórica… ¿olvido algo? Ah, el fin de ETA. Pues eso, que González, Aznar, Rajoy o Sánchez no le empaten.

Que Zapatero haya sido el mejor presidente de la democracia, no quita que deban investigarse posibles delitos, ni que critiquemos actos suyos aun no delictivos. Y nada de ello quita tampoco que nos demos perfecta cuenta de la estrategia de PP y Vox para desmoralizarnos a la gente progresista y tumbar el gobierno de PSOE y Sumar.

Dicho lo cual, nada justifica, a mis ojos, no ya, la posible comisión de delitos (organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias) sino cosas que, aun sin serlo, dañan su crédito de referente: como el conchabeo/asesoramiento/puerta giratoria con empresas por haber sido presidente; o la implicación de sus hijas; sí, también lo de las joyas, que choca por extraño, ostentoso y hortera (y, ojo, por tenerlas en una caja fuerte en el partido); y lo del “amigo Julito” escondiendo casi 300.000 euros, billetes en un radiador, otros en una caja de vasos, más en una bolsa de palos de golf…

Este numerito (como los de Koldo, Ábalos, Cerdá, Leire…) nos los debían haber ahorrado. Estoy esperando una explicación. De verdad la espero. Por lo impresentable que, a priori, parece y por el material que da a quienes están deseando desacreditar a la izquierda.

Ahora que, desde luego, lecciones de Felipe y Aznar ni una. Que los dos se han lucrado asesorando a más empresas que Zapatero. Y de muy cuestionables maneras. Que el primero jugó a dos barajas, siendo presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana, y, acto seguido, convirtiéndose en fichaje estrella del Consejo de Gas Natural, con sueldo de 126.500 euros/año, justo cuando se aprobó, ¡oh casualidad!, un gasoducto para una filial de Gas Natural que ponían en riesgo Doñana. Y el otro perla, el de “El que pueda hacer, que haga”, pactó una comisión del 1% con Abengoa a cambio de conseguir adjudicaciones en Libia gracias a su amigo, el luego asesinado presidente Muamar el Gadafi.

Que Felipe González y Aznar se alineen en sus críticas furibundas a Zapatero es de traca, pues ambos se han lucrado, mucho más que él, asesorando a empresas. Y de formas tan cuestionables como, en el caso de González, jugando a dos barajas, entre el Consejo de Doñana y Gas Natural a cuenta de un gaseoducto, y, en el de Aznar, pactando comisiones con Abengoa a cambio de conseguirles adjudicaciones en la Libia de Gadafi.

Habrá que creerse que los hijos de Aznar-Botella, que trabajan “de inversores”, no se benefician de los contactos de sus padres, ¿o no? Y a mí tampoco me entra en la cabeza que María González Romero haya mantenido tantos años el vínculo profesional con su padre, siendo Felipe capaz de irse de una reunión sin darse siquiera cuenta de que la ha dejado atrás. Lo que tampoco es delito. Pecado, quizá.

Comer pieza para lanzar jaque al progreso

La situación es seria. Preocupante. Peligrosa. Muchas y muchos lo sentimos así. Porque actuaciones y decisiones judiciales injustificables (como las manifestaciones de jueces togados, a la puerta de los juzgados, contra la amnistía a líderes catalanes, o la condena sin pruebas, al fiscal general achacando la culpabilidad “a él o su entorno”), o el hecho de que los casos de corrupción del PP o de Vox tarden años en juzgarse mientras los del PSOE se ventilan en un plis plas, o la reciente reunión en secreto de Feijóo con fiscales, nos hacen desconfiar de la imparcialidad del sistema judicial.

No ayuda tampoco que Aznar se reafirme esta misma semana en su llamamiento de “El que pueda hacer, que haga”, subiendo el tono amenazador al usar la expresión muy militar de “servir a España” y que, a la mañana siguiente, la UCO entre en tromba en la sede socialista de Ferraz, mientras en los medios se hablaba de investigación sobre financiación ilegal del PSOE cuando, en realidad, los agentes buscabas información del caso Leire, que lleva coleando un año.

A menudo logran hacernos correr, como a perrillos, tras cada palo que nos lanzan. Pero, de pronto, una se serena y recuerda. También acusaron, condenaron y echaron de la política a Dilma Roussef y Lula da Silva, presidentes de Brasil. Él, incluso pasó en prisión ¡580 días! Por decisión de un juez. Un tal Sérgio Moro, luego ascendido, ¡oh casualidad, otra vez!, a Ministro de Justicia, por el fascista Bolsonaro. Pero, años después, las acusaciones y condenas han sido declaradas falsas y Lula hasta ha sido reelegido presidente de la República. Por desgracia, demasiado tarde ya para el más de medio millón de muertos brasileños por Covid, a consecuencia del negacionismo y del abandono de Bolsonaro.

Cada demócrata que haga también

Cunde, entre la gente progresista, una sensación de “Game over”, de que es imposible hacer frente, como demócratas, a la estrategia de tumbar al gobierno de PSOE y Sumar, por la mezcla tanto de errores no forzados, como del implacable asedio. Cunde la frustración porque “hay mucho facha en la justicia”, “mucho facha en el poder económico”, “mucho facha en las empresas mediáticas”, “mucho facha en la policía, guardia civil, el ejército”, “mucho facha entre la gente normal y corriente”.

No perdamos la perspectiva: buscan cobrarse las piezas de Zapatero y Sánchez, por errores suyos o falsedades, ya veremos, para minarnos la moral a la gente de izquierda, derribar el gobierno PSOE-Sumar e instaurar uno PP-Vox, neofranquista. No cabe rendirse. Cada demócrata y progresista que pueda hacer, que haga para construir la realidad necesaria.

¿Acaso se ha vuelto facha todo el mundo de repente? ¿Nadie reconoce las ventajas de vivir en democracia, pese a las imperfecciones de esta? ¿Nadie prefiere un gobierno como el actual o similar al de Feijóo y Abascal de presidente y vicepresidente, bajo el retrato de Franco y con los violentos de Desokupa por lugartenientes, atacando a la prensa libre, atacando a los sindicatos, como hemos visto en la manifestación del pasado fin de semana, en Madrid?

No me lo creo. Creo que nos minan la moral para paralizarnos. Y tenemos que espabilar y darle más vueltas al magín y reunirnos, hablar, poner en pie iniciativas desde la sociedad civil. Crear. De nuevo. Sabiendo que volveremos a decepcionarnos, que nada será nunca perfecto, como nada en la vida. Pero sí infinitamente mejor que la jaula fascista en la que quieren meternos, de la que tenemos que librar a nuestras hijas e hijos y también a los de ellos. Con convicción en los pilares del compromiso de izquierdas: que el reparto y el progreso son mejores que la avaricia y los privilegios. Que no nos achante el peor presidente de la democracia. Demos la vuelta a su órdago. Cada demócrata, cada progresista que pueda hacer, que haga. Sabemos lo que nos jugamos y qué queremos. Hagamos.

Las democracias liberales son resistentes y flexibles. Pero pueden romperse. Y cuando eso ocurre cuesta mucho recomponerlas. Como siempre, ahí está el ejemplo de Donald Trump: si las cosas van bien (el condicional es importante), Trump pasará y el fenómeno autoritario perderá pujanza. Quedarán, sin embargo, enormes fracturas. La desconfianza, la inseguridad colectiva, el revanchismo.

Estados Unidos despertará (en el mejor de los casos, insisto) como si hubiera sufrido una guerra civil. Nada volverá a ser lo mismo.

Tendemos a olvidar que entre las condiciones que conforman una democracia liberal (libertad de expresión, independencia judicial, control parlamentario sobre el gobierno, etcétera) hay dos fundamentales: los valores compartidos y el fomento de la cohesión social. En España, desde hace algún tiempo, flaquean ambas. Y las otras tampoco gozan de buena salud.

Poco a poco, ganar las elecciones o conformar una mayoría viable pareció convertirse en el único objetivo del sistema político. Y cuando la mayoría ya no es tan viable, porque resulta imposible aprobar siquiera unos presupuestos, lo que importa es resistir y evitar una mayoría alternativa.

Comprensiblemente, una parte de la sociedad apoya, con entusiasmo o con resignación, la proverbial resistencia de Pedro Sánchez. Comprensiblemente también, otra parte de la sociedad la considera un abuso.

Volvamos a Trump. Nadie, o casi nadie, lo vio venir. Para la inmensa mayoría de los medios de comunicación, era imposible que aquel energúmeno alcanzara la presidencia. Y ganó. E intentó subvertir de forma violenta la derrota que terminó con su primer mandato. Y, pese a todo, cuatro años después volvió al poder.

Parecía imposible. Pero, leyendo la letra pequeña de la información (los comentarios de los lectores a las noticias, la evolución de las audiencias, la aparición de medios fantasiosos y disparatados como Breitbart News, e incluso atendiendo al oleaje distorsionador de las redes sociales), no lo parecía tanto. Era perceptible un creciente rumor de fondo ya desde los años 80, los de Ronald Reagan, el primero que prometió “hacer grande de nuevo” su país.

La llamada “polarización”, buen negocio para los profesionales de la política y para las grandes empresas de comunicación, fue abriendo una brecha en el sistema. El adversario pasó a ser el enemigo. El bulo adquirió legitimidad, porque lo importante eran las emociones, no los elementos racionales de la realidad. La judicatura dejó de ser una garantía y pasó a ser campo de conquista.

Y la clase política se vio superada por sus electores.

El Partido Demócrata, que había relegado su antigua prioridad (el bienestar económico y la promoción de las clases trabajadoras) para adoptar nuevos baremos basados en criterios más complejos e individuales (la raza, la sexualidad y, en general, cualquier cosa encajable en el neoliberalismo), se desconectó de su gente.

El Partido Republicano dejó de lado sus viejos principios (austeridad presupuestaria, reducción al mínimo posible del poder federal) y consideró que, tras la victoria en la guerra fría, lo oportuno era reforzar la proyección imperial de Estados Unidos.

¿El resultado? Al Partido Republicano le surgió un tumor en forma de Tea Party. El Partido Demócrata derivó hacia el más puro “establishment”, mientras su militancia tendía al activismo universitario.

Entonces apareció Donald Trump. Y secuestró un partido, el republicano, que había dejado de creer en sí mismo. Quizá también, diciendo otro tipo de barbaridades, podría haber secuestrado el Partido Demócrata. Quién sabe. Las sociedades descoyuntadas son presa fácil para la demagogia.

Así ocurren las cosas impensables. Un día surge un concepto tan extraño como “la izquierda plurinacional y soberanista”, al otro se normaliza lo de la “prioridad nacional”, y al siguiente, quién sabe.

Dicen que para todo hay una primera vez. Y en las elecciones autonómicas de este pasado domingo 17 de mayo me tocó a mí estrenarme como miembro de una mesa electoral. Fui nombrado vocal 2º y no tenía excusas para escaquearme. Así que me resigné y dije, pues mira, vivo una experiencia nueva y aprovecho para explicarle la maquinaria electoral de primera mano a los lectores de SevillaelDiario.es.

Vayan por delante unos titulares. Fue un día largo, agotador, estresante, frustrante por momentos, pero no fue para nada aburrido y, si crees en la democracia, tiene el punto romántico e idealista de facilitar la participación de la gente, de tus vecinos. En mi caso, encima, pude recibir en mi mesa el voto de mi hija mayor, de 19 años, en su estreno electoral. Muy emocionante. Pero vayamos por partes.

El domingo arrancó raro. Me sonó el despertador a las 6.30, incluso antes que un día laborable. Ducha, desayuno en casa, y al colegio electoral. Mi puesto estaba en el IES Beatriz de Suabia, en pleno Nervión. Cinco minutos antes de las 8.00 ya estábamos allí muchos de los miembros de las mesas, entre titulares y suplentes.

El personal de la Administración Electoral (no llegué a enterarme bien a qué organismo pertenecen) nos pasó lista y verificó qué pudieran constituirse las mesas, incluido el sacrificio de algunos suplentes, que contaban con pasar el domingo en casa y sufrieron un brusco cambio de planes.

En cada mesa somos tres, presidente y dos vocales. Nos entregan una gran carpeta negra con todo el material: un manual detallado para seguir paso a paso durante todo el día, modelos de actas, formularios y material de oficina (papel, lápices, bolígrafos, etc.). Es como un juego de cuando yo era niño, el Quimicefa, que traía todo lo necesario para montar un laboratorio. Pues igual, pero para unas elecciones. Lo único que no teníamos eran las papeletas y sobres, que estaban fuera, en el vestíbulo, pero comprobamos que estuvieran todas en su sitio.

Muchos votantes entran al aula sin saber dónde les corresponde votar, y con la tarjeta censal en casa o no recibida. Hay que preguntar en qué calle viven y qué apellido tienen. Lo que haga falta por facilitarles el voto

Una vez verificado que todo está en orden, constituimos formalmente la mesa con un acta de constitución que recoge la hora y el nombre de los miembros de la mesa, así como de los suplentes que han estado presentes y se han podido marchar a casa. Y a las 9.00, llega el momento. El presidente declara en voz alta abierta la mesa y ya pueden llegar los votantes. Para completar cada proceso, hay que verificar la identidad del elector con su DNI y su registro en el listado del censo que tiene cada mesa. Una vez comprobado, se le permite depositar el sobre en la urna.

Sentarte 11 horas en una mesa electoral recibiendo votantes es como cualquier posición de atención cara al público, un auténtico ejercicio de sociología. Todo el barrio (bueno, un 76% al menos de nuestro censo) pasa por delante de ti en ese día. La mayoría son muy educados. Buenos días, buenas tardes, hasta luego. Los más simpáticos preguntan qué tal va el día o nos desean ánimo y suerte. Los vecinos y amigos, los socios de mi peña, se acercan aunque voten en otra mesa, te saludan y preguntan cómo va la cosa. Pero, sorprendentemente, también hay auténticos imbéciles que se ponen delante de ti, te alargan el DNI para que los identifiques, depositan su voto y se marchan sin dirigirte ni una sola palabra. Acojonante lo numeroso que llega a ser ese tipo de ciudadano maleducado.

Muchos votantes entran al aula sin saber dónde les corresponde votar, y con la tarjeta censal en casa o no recibida. Hay que preguntar en qué calle viven y qué apellido tienen. Lo que haga falta por facilitarles el voto. También llegó alguno con errores en la inscripción en el censo, por haberse mudado después de enero. Un caso en el que, con mucha empatía, tuvimos que hacerles ver que no podíamos hacer nada y que debían votar en su antiguo colegio electoral. Difícil hacerlo en Madrid con apenas dos horas de margen, como le ocurrió a una chica. U otra que llegó con cinco minutos de tiempo antes del cierre de las urnas, y confundió el centro de votación con uno que estaba varias manzanas más allá. Nos dejó a todo correr a ver si llegaba a tiempo.

En muchos casos, el voto se hace en familia. Vienen los padres con los hijos ya mayores. O los hijos traen a sus padres ancianos. Y, si es su primer voto, hacen fotos a los chavales para inmortalizar el momento. Yo estaba esperando allí a mi hija Candela, que ejercía su derecho por primera vez. Vino con su madre y su hermana, aún menor. Y para mí fue bonito y emocionante, aunque apenas pude pararme a hablar con ella porque había cola. Un beso y adiós. Al menos, pudimos comentar el momento luego esa noche y a la mañana siguiente.

Nos ocurrió que un señor votó en nuestra mesa cuando debía haberlo hecho en la de al lado. Y no nos dimos cuenta hasta que vino su hermana, con los mismos apellidos, a ejercer su derecho con nosotros. ¿Cómo pudo ocurrir? Error nuestro

El ritmo de llegada de los votantes es creciente hasta mediodía, alrededor de las 14.30. A partir de ahí, se nota el bajón de la hora de comer. Hasta las 17.00-17.30, la frecuencia baja mucho y puedes rotarte con los compañeros de mesa para salir a tomar algo (siempre tiene que haber al menos dos miembros de la mesa presentes). Ante la falta de votantes, llega el momento de la tertulia con los compañeros de las otras urnas. Hubo buen ambiente. Cada uno de su padre y de su madre, pero muy prudentes con los comentarios y con muchas ganas de reírnos. La salvación pendiente del Sevilla en la penúltima jornada de Liga, la generosa compensación económica que nos espera (70 euros por toda la jornada) y las incidencias ocurridas protagonizan las conversaciones. 

A lo largo de la jornada sufrimos una incidencia seria y alguna de menor enjundia. Nos ocurrió que un señor votó en nuestra mesa cuando debía haberlo hecho en la de al lado. Y no nos dimos cuenta hasta que vino su hermana, con los mismos apellidos, a ejercer su derecho con nosotros. ¿Cómo pudo ocurrir? Error nuestro. El hombre vino a la mesa equivocada. Tenía apellidos poco comunes y, vistos en el censo, no reparamos en el nombre. ¿Cómo lo arreglamos? Tras consultar por teléfono a la Junta Electoral de Zona, en el acta de cierre de la votación reconocimos que el voto de ese señor, con nombre y apellidos, estaba en nuestra urna en lugar de en la de al lado. Y los compañeros hicieron constar en su acta justo lo contrario.

El resto de incidentes surgieron por las presiones de los apoderados de los partidos para que hagas las cosas de una manera o de la otra. En algún caso, incluso hubo que pedir ayuda a la policía. El problema es que tanto los agentes como los representantes de la Administración Electoral te dicen que la autoridad son los miembros de la mesa, con el presidente a la cabeza. Y tú eres un ciudadano normal, sin idea del proceso, con un manual de instrucciones en las manos. Los representantes de los partidos intentan aprovecharse de eso para pedirte tal o cual documento. Finalmente, con paciencia y buena voluntad, y con mucho sentido común, todo logra solucionarse y no llega al río la sangre de nadie.

En las últimas dos horas, a partir de las 18.00, hubo un repunte de votantes, muchos de ellos vestidos con camisetas del Sevilla, camino del estadio. Y empezamos a bromear con la cuenta atrás. A falta de cinco minutos para el final, aún entraron tres votantes. Nos sentíamos como en un bar, cuando alguien pide comida con la cocina a punto de cerrar.

Cuando salí del instituto, pasadas las 22.00 horas, 14 después de mi llegada, me sentía agotado, vacío físicamente. Pero también tenía un puntito de orgullo, de satisfacción

A las 20.00, cerrada la votación, incorporamos a la urna los votos por correo, que nos había traído un cartero por la mañana. Comprobando cada sobre, con su certificado y su identidad en el censo. Y, los últimos, los votos de los miembros de la mesa. A partir de ahí, el escrutinio. Abrimos la urna, que habíamos sellado por la mañana con dos precintos, y sacamos los votos de los sobres. Los agrupamos por candidaturas y contamos. Que casara el número de sobres con los votos, además de los nulos y en blanco. Y que casara la suma de candidaturas con el número total de votos emitidos.

Una vez cuadrado el balance electoral, rellenamos el acta de escrutinio, con los resultados, y el de sesión, con resultados e incidencias. Verificado todo, repartimos toda la documentación, y sus copias, en tres sobres: dos para la Junta Electoral y uno para Correos. Recogido este último por el cartero, le tocaba al presidente, ya él solo, llevar el resto al Prado de San Sebastián. Los vocales, en ese momento, cesamos en nuestras funciones.

Cuando salí del instituto, pasadas las 22.00 horas, 14 después de mi llegada, me sentía agotado, vacío físicamente. Como si hubiera corrido una maratón o llevara todo el día de excursión por el monte. Pero también tenía un puntito de orgullo, de satisfacción. Pude formar parte desde dentro del aparato electoral y todo había salido razonablemente bien. Comprobé así que, a pesar de problemas e incidencias, la máquina de la democracia funciona bien en Andalucía.

Desde el escándalo de Matesa en la dictadura hasta el reciente caso Koldo, la corrupción en España ha demostrado ser un problema estructural capaz de sobrevivir a cualquier régimen o ideología. Así lo refleja el libro La corrupción en España: un problema enquistado (Tirant Lo Blanch) que acaban de publicar el magistrado Joaquim Bosch y el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia Fernando Jiménez. 

El ensayo analiza las raíces de una lacra que nuestro sistema democrático no ha logrado erradicar al nivel de los países europeos más avanzados. Y detalla sus consecuencias en la economía, la eficiencia de las instituciones y la confianza ciudadana en el sistema democrático. En esta entrevista telemática con elDiario.es, los autores proponen crear infraestructuras éticas, proteger a quienes denuncian y alcanzar un modelo donde la gestión pública equilibre la independencia de los técnicos con la visión de los políticos. 

Uno de los capítulos del libro se abre con el ‘caso Matesa’, el gran escándalo de corrupción del franquismo, y concluye con el ‘caso Koldo’. ¿La corrupción sobrevive a cualquier sistema político e ideología?

Fernando Jiménez: Pese a distintos regímenes políticos con distintos partidos en el poder, la corrupción pervive. Uno de los motivos para hacer este libro es ver la continuidad de los escándalos. Hay problemas estructurales que nunca se han tomado suficientemente en serio, pero tampoco pensamos que sean irresolubles. Países que hoy día son un ejemplo en el control de la corrupción, como los nórdicos, han pasado épocas de su historia donde la corrupción estaba muy presente y fueron capaces de construir instituciones que la desincentivan. Esa es la clave. 

Afirman que las prácticas corruptas enriquecieron a buena parte de los dirigentes franquistas y a los empresarios cercanos al régimen. Viéndolo así, parece que no hemos avanzado demasiado. 

Joaquim Bosch: En la última etapa del franquismo, España evolucionó hacia un Estado moderno, con servicios públicos, con presupuestos de cierta entidad, pero no lo hizo a través de un sistema democrático. Y por eso muchas de estas dinámicas arrancan en la dictadura. La manipulación de las decisiones urbanísticas o de la contratación pública, la construcción incontrolada del ámbito turístico que generó tantísimos beneficios, los tratos de favor… La pregunta es por qué nuestro sistema democrático, al menos hasta ahora, no ha sido capaz de cortar esto al nivel de las democracias europeas más avanzadas. 

Ustedes apuntan a que en la Transición no existió una voluntad política para romper con las redes clientelares y la contratación fraudulenta heredada del régimen. 

Fernando Jiménez: En la Transición, los partidos no tenían suficientes anclajes sociales debido a la despolitización del franquismo. En los primeros años, nombraron a mucha gente en la Administración. No se vio mal porque veníamos de una administración franquista donde se había hecho una fortísima depuración después de la guerra. El problema es que la capacidad de los partidos de atraer buenos profesionales cada vez ha sido menor debido al clientelismo y a que sus organizaciones juveniles se han convertido en una escuela de arribismo. Los partidos tendrían que haber apostado por la profesionalización de la Administración, pero no lo hicieron para salvaguardar sus equilibrios internos. 

Joaquim Bosch: En la Transición, los partidos no rompieron con la corrupción del franquismo porque, por un lado, sirvió para financiarse y para que sus dirigentes controlaran más esos espacios de poder. Y, por otro lado, hubo sectores empresariales que se enriquecieron gracias a esa corrupción y que luego pudieron seguir haciendo lo mismo en democracia, porque los partidos seguían necesitando corruptores. Cuando la corrupción impregna a las principales fuerzas políticas y genera unas dependencias de todo tipo, rectificarlo es muy complicado. 

De hecho, las leyes que han tratado de rectificar parcialmente todo esto se aprueban muy tarde. El delito de financiación irregular de partidos no se incorporó al Código Penal hasta 2015. La Ley de Contratos del Sector Público no se reformó de manera sustancial hasta 2017. 

Fernando Jiménez: Se hace tarde y mal. La reforma de 2015 de la ley de financiación de partidos prohíbe las donaciones de empresas a los partidos, pero no a sus fundaciones, que se permiten sin límite de cantidad. La ley de contratos es complejísima y muy fácil de sortear. El problema es que las reformas se han hecho porque estábamos entre la espada y la pared, sin mucha convicción, debido a los incentivos que han tenido los partidos para seguir teniendo acceso a unos recursos a los que, de otra manera, no podrían acceder y, así, mantener la paz interna y el control por parte de sus dirigentes. 

Joaquim Bosch: Las redes clientelares de los partidos vienen de lejos, incluso antes del franquismo. Hay decenas de miles de cargos de partido en el Gobierno central, gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos, empresas públicas, empresas mixtas y fundaciones institucionales. Son espacios que tienen grandes efectos en los equilibrios internos de los partidos. El problema es que están ocupando espacios donde debería haber profesionales especializados y técnicos independientes e imparciales que alertaran de dinámicas de corrupción. Hay multitud de casos de corrupción en los que están implicados cargos de fontanería de partido. 

¿Qué soluciones proponen? 

Joaquim Bosch: Hay que reforzar la objetividad en la contratación pública, reforzar los controles internos para que puedan saltar alarmas, dificultar amistades peligrosas en materia de puertas giratorias u otro tipo de complicidades en el espacio público privado. También poner el foco en el ámbito empresarial para que haya sanciones reales y efectivas a las empresas que aparecen continuamente en los hechos probados de los casos de corrupción. Hay mecanismos legales que no harían tan fácil corromperse. Si solo lo dejamos en función de la loable honradez de los políticos, tenemos un grave problema. Las democracias europeas más avanzadas han generado infraestructuras éticas, han mejorado los mecanismos de transparencia y también han generado espacios de control y de vigilancia que aquí en España, en algunos ámbitos, brillan por su ausencia. 

Fernando Jiménez: Los partidos no pueden determinar los nombramientos de los altos cargos de la Administración y de las empresas públicas. En Portugal, cuando estuvieron bajo el control de la Unión Europea en la Gran Recesión, crearon una comisión donde estaban universidades y empresas cazatalentos que hacían un filtro previo y seleccionaban solo tres perfiles para cada cargo y ya luego el político nombraba entre esos tres. Ese tipo de inventos cambiaría de la noche a la mañana este sistema tan perverso. 

¿Parte de la alternativa entonces es la tecnocracia? ¿No supone eso un déficit democrático?

Joaquim Bosch: Es evidente que los políticos son los que tienen que tomar las decisiones. Aquí lo problemático sería dar a determinados cargos no elegidos democráticamente capacidad para marcar líneas de gestión. Los técnicos no pueden tomar decisiones de gestión de carácter político o de desarrollo de un programa, pero otra cosa es que espacios que tendrían que ser independientes e imparciales estén colonizados por los partidos.

Fernando Jiménez: Estamos en el punto absolutamente contrario, en la colonización política máxima, nos faltaría mucho por recorrer para llegar a la tecnocracia. Una Administración pública funciona bien cuando está dirigida por un técnico profesional y un político que está representando ahí el viento fresco de las opiniones ciudadanas en un determinado momento. Si tú dejas la Administración solo en manos de técnicos profesionales, aquello acaba asfixiándose. Es decir, acaba teniendo en cuenta los intereses particulares de los funcionarios. Hay que conseguir el equilibrio entre el interés del técnico y el interés del político. No es ir a la tecnocracia como solución, sino equilibrar las dos almas. 

Si los partidos hubieran hecho bien su papel y hubieran nombrado buenos profesionales próximos a ellos ideológicamente no estaríamos haciendo esta entrevista. El eslogan sería “menos Koldo y más Maurici Lucena”, presidente de Aena, quien rechazó borrar los vídeos de las cámaras del aeropuerto de Barajas de la visita de Delcy Rodríguez cuando se lo pidió [el entonces ministro] José Luis Ábalos. Alguien que sea próximo pero que tenga muy claro qué puede hacer y qué no puede hacer y que sea un buen profesional. Si hubiéramos seguido teniendo los técnicos por los que apostaron en los años de la Transición seguro que no habría los niveles de corrupción que tenemos ahora. 

¿Por qué apenas han saltado alarmas internas en las administraciones ante grandes casos de corrupción? 

Joaquim Bosch: No podemos exigir tampoco heroicidades. Los pocos denunciantes de corrupción que han dado la cara han sufrido represalias que les han llevado a enormes perjuicios profesionales, económicos y familiares. Además, en las últimas décadas, los técnicos independientes e imparciales han sido arrinconados para colocar asesores que dicen a los políticos lo que quieren escuchar. 

Fernando Jiménez: Tenemos una directiva europea de protección de los informantes de corrupción y una ley española, pero que tiene muchos agujeros. Los funcionarios tienen mecanismos legales para denunciar, pero junto a ellos hay instituciones informales que desincentivan la denuncia temprana y esto es lo que hay que cambiar. Hay que proteger realmente a la gente que es conocedora del caso porque está dentro de la organización y que avisa a tiempo. 

Afirman que sin protección real, muy pocos se arriesgan a romper el silencio. Pero recientemente hemos visto al fiscal jefe Anticorrupción defendiendo que es “posible” aplicar una atenuante muy cualificada a un empresario —Víctor de Aldama— que ha emprendido una “colaboración con la Justicia” salpicada de bulos, conjeturas sin base y acusaciones sin pruebas. ¿Es esa la vía? 

Joaquim Bosch: No habría corruptos sin corruptores y necesitamos enfoques contra la corrupción desde la perspectiva empresarial. En el caso de Aldama, la colaboración con la Justicia y la aplicación de una atenuante de confesión pueden llevar a que se practiquen atenuantes. La discusión es el alcance y si pueden llevar hasta una reducción de la pena que supondría que ni siquiera ingresara en prisión, lo que podría generar una percepción de impunidad. 

El tribunal va a tener que valorar esa posibilidad desde algunas dificultades porque la jurisprudencia indica que no basta con que haya una colaboración con la Justicia, sino que tiene que ser decisiva y esencial para perseguir el delito o desmantelar la actividad delictiva. Cuando Aldama empezó a colaborar con la Justicia ya había muchas pruebas, no es él el que desmantela todo. Además, la UCO lo sitúa en la cúspide de la organización. En todo caso, la aplicación de la atenuante es una competencia del tribunal. 

En cualquier estrategia anticorrupción son fundamentales los controles y contrapesos. Entre ellos, el Poder Judicial, la Fiscalía, las policías... ¿La corrupción y las corruptelas permean también a esos órganos llamados a combatirla? 

Fernando Jiménez: Hemos tenido muchísimos ejemplos de corrupción policial y algunos casos de corrupción judicial. Evidentemente, eso exige que las organizaciones policiales, los jueces… tengan sus sistemas de integridad propios y adecuados al tipo de trabajo que hacen. Cuando tienes unos niveles de colonización política de la Administración tan grandes, esto se extiende incluso a aquellos cuerpos que son especialmente claves a la hora de perseguir la corrupción, como es la policía, la judicatura, la Fiscalía. Antes de aspectos técnicos de la lucha contra la corrupción, necesitamos acabar con el exceso de politización que tenemos en nuestras administraciones y, especialmente, en los órganos de control, en los contrapesos de la Administración. Eso es absolutamente clave.

Joaquim Bosch: Me preocupa la parte judicial de esos contrapesos. Nuestros altos tribunales generan problemas de falta de apariencia de imparcialidad porque hay demasiadas posibilidades de injerencia de las principales fuerzas políticas en la configuración de estos tribunales que, según dicen los organismos europeos, no están diseñados con criterios lo suficientemente objetivos de mérito y capacidad. Esto lleva a posibles presiones o situaciones que puedan generar dudas a la ciudadanía. 

¿Mejora la lucha contra la corrupción que se eliminen de los procesos a las acusaciones populares, como pretende imponer la reforma legislativa del Gobierno? 

Joaquim Bosch: En un país con la configuración institucional que tiene España, en el que la Fiscalía está muy vinculada al poder político, es peligroso dejar solo en manos del Ministerio Público la posible apertura de una causa. La acusación popular ha demostrado en muchos procedimientos que sigue siendo necesaria. También se han evidenciado disfunciones y actuaciones abusivas. Pero es posible regularla con sanciones en caso de actuaciones fraudulentas. Perderíamos bastante en la lucha contra la corrupción si la dejáramos fuera. A veces se piensa en determinadas acusaciones populares, pero hay que ver el conjunto. Han conseguido llevar adelante muchas investigaciones por corrupción y en conjunto su labor ha sido positiva.

En último lugar, les quería preguntar sobre el lawfare. ¿Existen esos abusos en la práctica judicial? 

Joaquim Bosch: El lawfare no es la regla general de actuación del Poder Judicial en nuestro país cuando hay causas de carácter político. Ha habido supuestos que han tenido condena, el más conocido es el de Salvador Alba. Y sí que hay casos en los que puede haber dudas razonables sobre una actuación judicial incorrecta. A los jueces de base solo nos pueden juzgar los altos tribunales, que son también los que juzgan a la gran mayoría de los políticos. Si queremos evitar la tentación del lawfare, cuanto más reforzados estén los altos tribunales en su apariencia de imparcialidad y en evitar que existan injerencias partidistas, será más difícil que se generen dinámicas de lawfare. Si un juez cree que puede actuar de manera indebida y no le va a ocurrir nada, estamos favoreciendo las dinámicas irregulares. 

La democracia no solo trajo el derecho al voto, sino también muchos otros derechos que hoy nos parecen lo normal: derechos cuyo valor pasa desapercibido, como si toda la vida hubieran estado ahí. Para la gran mayoría de quienes nacieron en España a partir de los años 80, la educación, la sanidad, la libertad sexual o el simple hecho de salir por la noche sin restricciones –ni horarias ni morales– forman parte de su vida cotidiana, llegándolos a contemplar con la distancia de quien hereda algo sin conocer su precio ni el esfuerzo colectivo que implicó, como si las luchas que los hicieron posibles pertenecieran a una historia que no les concierne. 

En la dictadura que algunos idealizan –porque no la vivieron en carne propia o por no haber nacido–, no había libertades políticas ni se podía vivir al margen de la moral católica. Cuando la democracia llegó, con sus luces y sus sombras, cada persona, hombre o mujer, empezó a imaginar un proyecto de vida propio, sin pedir permiso y, sobre todo, sin miedo a un régimen que castigaba cualquier disidencia política, social, religiosa, afectiva o sexual. El espacio público dejó de estar sometido al control policial y el espacio privado a la moral del confesionario. En la España que ahora habitamos, resultarían inconcebibles muchas situaciones que se vivieron en el franquismo. Nos hemos acostumbrado tan deprisa a los derechos que olvidamos que nada garantiza su permanencia. 

Los primeros derechos conquistados en democracia fueron los políticos y los civiles. Recuperar la libertad de expresión, de asociación, de reunión y de manifestación supuso devolver a la ciudadanía lo que la dictadura había arrebatado. La legalización de los partidos políticos que hasta ese momento eran tachados de enemigos de España desactivó una lógica de persecución antidemocrática. La calle se convirtió en espacio de convivencia, las manifestaciones por la amnistía se mezclaron con las de los movimientos feministas, LGTBI y vecinales.

El derecho a decidir

La democracia no solo permitió ir a las urnas, sino que reconoció que la voz de cada persona tenía el mismo valor político y moral. El voto dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho que no distingue género, ideología ni clase social, aunque su universalidad plena siga siendo una tarea pendiente. De hecho, no ha sido hasta 2019 cuando las personas con discapacidad intelectual o psicosocial han podido votar por primera vez, al eliminarse una restricción anacrónica sostenida por el paternalismo capacitista. Sin embargo, esa democracia, que nació para devolver la voz a quienes no la tenían, sigue debiendo reconocimientos políticos, entre otras a quienes ya forman parte de nuestra comunidad, a cientos de miles de personas migradas a nuestro país que viven y trabajan en España y que siguen excluidas de ese derecho fundamental. 

La democracia no solo recuperó derechos políticos, también ha ido transformando la vida privada. Y fueron las mujeres quienes, al reclamar derechos de igualdad y autonomía, convirtieron esa libertad recién estrenada en una revolución que ha ido cambiando el país desde dentro. Durante los 40 años de dictadura franquista, el Estado y la Iglesia habían decidido por ellas: el cuerpo, la moral, la educación, el trabajo y el deseo. Al avanzar la democracia, dejaron de necesitar el permiso del varón para trabajar o abrir una cuenta, y empezaron a firmar sus propias decisiones. Cada conquista (el divorcio, el aborto, la igualdad laboral…) ha sido una conquista real, pero también simbólica: el derecho a decidir sobre la propia vida y los propios cuerpos, derechos que todavía se niegan a reconocer y respetar los movimientos más reaccionarios que anhelan recuperar el control sobre las mujeres, para gobernar sus vidas. Sin embargo, la igualdad que empezó a escribirse en el Código Civil, ha ido cambiando también la manera en la que el país mira a las mujeres. Sin embargo, aquel impulso de cambio que marcó los primeros tiempos de la democracia no siempre ha mantenido su fuerza y a fecha de hoy, persisten desigualdades estructurales (en el empleo, en los cuidados, en la representación política o en la violencia machista) que recuerdan que la igualdad legal no basta si no se traduce en igualdad efectiva, un recordatorio que no cae en saco roto gracias al movimiento feminista.

El camino de las mujeres abrió otras puertas. De la mano del feminismo, la democracia comenzó a reconocer otras realidades que habían sido silenciadas, reprimidas, tortuosas y encarceladas. Las personas LGTBIQ+ pasaron de ser perseguidas por la Ley de Peligrosidad Social (heredera de la de Vagos y Maleantes) a tener un lugar en la calle, la cultura y las leyes. En 1977, mientras los presos políticos salían de las cárceles, las personas homosexuales seguían dentro de ellas lo que provocó que centenares de personas marcharan en Barcelona reclamando “amnistía sexual”. La historia había empezado a cambiar con aquel primer Orgullo. En 1979 se despenalizó la homosexualidad, en 1982 la reasignación sexual dejó de ser delito y en 2005 España reconoció el matrimonio igualitario, afirmando que el amor y la familia no tienen una sola forma posible. En 2007 se aprobó la Ley de Identidad de Género, que permitió por primera vez el cambio registral de nombre y sexo sin necesidad de autorización judicial, si bien no permitía el cambio sin necesidad de autorización médica. No ha sido hasta el 2023 cuando se aprobó la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans que ha reconocido el derecho a la identidad y a la libre autodeterminación de género, incluyendo a la infancia y la adolescencia. 

A lo largo de esas décadas, la protección de las personas LGTBIQ+ se ha ido extendiendo también al ámbito laboral, educativo y penal. Desde la reforma del Código Penal que incorporó los delitos de odio como agravante por motivos de orientación sexual o identidad de género, hasta las leyes autonómicas que prohíben expresamente la discriminación en el trabajo, en la atención sanitaria o en la educación. España ha ido tejiendo un marco de igualdad que, aunque imperfecto, nos sitúa entre las democracias más avanzadas en equiparación de derechos entre las personas que son LGTBIQ+ y la que no lo son.

Sustituir tutela por autonomía

Esa misma lógica de igualar y equiparar los derechos de todas y todos ha guiado también los cambios en la respuesta social, que pasó de la beneficencia, el estigma y el castigo a un sistema de protección y de derechos. Los servicios sociales, la atención a la infancia, a las personas mayores y a las personas con discapacidad sustituyeron la vigilancia por el acompañamiento y la tutela por la autonomía. Supuso reconocer que la vulnerabilidad no es un fallo individual, sino una responsabilidad colectiva ante una vulneración de derechos. Las inclusas, los reformatorios y el Patronato de Protección de la Mujer –instituciones que durante décadas sirvieron para disciplinar la pobreza, la maternidad fuera del matrimonio o la disidencia moral– fueron desapareciendo a medida que la democracia se hacía cargo de sus sombras. 

Sin embargo, ahora que es tiempo de memoria y de reparación, se echa en falta que durante todos estos años apenas se haya prestado atención a quienes pasaron por esos lugares. Las víctimas de aquellas instituciones (niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, todas ellas pobres o marginadas) siguen siendo invisibles, no solo por el silencio de la historia, sino por el de las propias instituciones y administraciones que, en base a los mismos sesgos de entonces, perpetúan hoy una forma de violencia institucional difícilmente justificable en una lógica de derechos humanos.

En los años ochenta y noventa, España construyó un sistema público de salud, educación y servicios sociales que situó a las personas en el centro. Se crearon las becas que permitieron a hijas e hijos de familias obreras llegar a la universidad. En 2006, la Ley de Dependencia reconoció que cuidar y ser cuidado también es un derecho. La ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) y la de la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) marcaron un cambio de paradigma: todas las personas, sin distinción de edad o capacidad, debían ser reconocidas como sujetos de derechos. Ese mismo principio de autonomía y dignidad, se extendió también al tramo final de la vida con la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (2021), que ha ampliado el horizonte de la libertad individual al reconocer el derecho a decidir sobre el propio final de vida. 

Sin democracia no hay derechos

Sin embargo, la democracia que derribó en las leyes tantas jerarquías mantiene abiertas las heridas del racismo estructural y del legado colonial a través de una ley de Extranjería que funciona como un muro interior y penaliza la irregularidad, precariza la vida y convierte la falta de papeles en una forma contemporánea de esclavitud y sometimiento. Ningún país es libre mientras niegue derechos a quienes ya forman parte de él.

España es hoy un país plural, hecho de muchas procedencias, lenguas, acentos y memorias. Pero también es cierto que la democracia no ha logrado traducir esa diversidad en igualdad de derechos. Sin embargo, en los últimos años, la desigualdad económica, el descrédito institucional y la expansión de discursos de odio están erosionando nuestra confianza en la necesidad de un sistema democrático. La crisis de 2008 y las políticas de austeridad recortaron derechos sociales y la pandemia puso a prueba la fortaleza de los servicios públicos y la fragilidad de las vidas sostenidas por los cuidados. El auge de la extrema derecha ha devuelto al debate público discursos que creíamos superados: el cuestionamiento de la violencia machista, la negación del cambio climático, la criminalización del feminismo o del movimiento LGTBI. Frente a esa ofensiva, conviene recordar que los derechos humanos son el esqueleto invisible de la democracia. 

La historia demuestra que el retroceso empieza siempre en los márgenes: cuando se cuestiona el derecho de las mujeres a decidir, el de las personas migrantes a ser protegidas o el de las minorías a existir, lo que se debilita no es solo su libertad, sino la de todos. La gran paradoja es que muchos de quienes hoy desconfían de la democracia lo hacen gracias a los derechos que ella les da: la libertad de expresión, la educación que los formó, la sanidad a la que acceden y el dinero público que les sostiene, no solo a través de ayudas sino pagando los sueldos de las y los funcionarios o a través de la financiación de colaboraciones público-privadas. Celebrar la democracia es señalar no solo los fallos sino también reconocer que el camino recorrido es fruto de luchas colectivas y que los derechos no se heredan, se ejercen.

El pasado día 7, en el programa Interesting Times, de The New York Times, el milmillonario Ray Dalio le dice al columnista Ross Douthat, director del programa, que estamos viviendo en un tiempo no solamente desordenado, sino en el que el desorden progresa de manera creciente. Este avance del desorden, concluyen ambos, conduce a la imprevisibilidad. Es mucho menos lo que sabemos respecto de lo que puede ocurrir en los próximos tres o cinco años que lo que no sabemos y, en consecuencia, avanzamos a ciegas con el inmenso riesgo que ello comporta. 

La moraleja es clara: el sistema político de la democracia ha dejado de ser fiable. Hasta en los países con una tradición política democrática más prolongada, los procesos electorales están dejando de ser instrumentos razonables para la adopción de decisiones políticas de una manera jurídicamente ordenada y están convirtiéndose en una suerte de lotería que puede desembocar en cualquier disparate.

Mi impresión, tras oír la conversación entre Ray Dallio y Ross Douthat, es que lo que decían sobre el futuro inmediato, los próximos tres o cinco años, se viene produciendo ya desde 2016. Hemos acumulado una experiencia de desorden más que notable en estos años. Y no parece que hayamos aprendido algo que nos permita hacerle frente. Más bien todo lo contrario.

El resultado del referéndum del Brexit y el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de ese 2016 han sido las formas de manifestación más destacadas del fracaso de los dos sistemas políticos democráticos más sólidos del mundo. Si un personaje como Nigel Farage era capaz de imponerse al Partido Conservador británico, que había sido la maquinaria político-electoral más eficaz conocida hasta la fecha en el continente europeo y si Donald Trump era capaz de “apropiarse” del Partido Republicano, que también lo había sido en el continente americano, estaba claro que dejábamos de saber qué es lo que podía pasar de ahora en adelante. 

Inicialmente se pudo pensar que se trataba de dos “episodios” especialmente desafortunados que la propia consistencia de los sistemas políticos afectados podría superar. El resultado de las elecciones de mitad de mandato de 2018, con el triunfo inequívoco del Partido Demócrata y la elección de Joe Biden en 2020, así pareció indicarlo en los Estados Unidos. El fracaso de los cuatro primeros ministros conservadores en la gestión del Brexit, la amplia mayoría absoluta del Partido Laborista en las elecciones de 2024 y el creciente rechazo del Brexit por parte de la opinión pública británica que indican todos los estudios de opinión, parecía indicar lo mismo en el Reino Unido. 

Pero no ha sido así. Ni el sistema político de los Estados Unidos ha sido capaz de hacer un ajuste de cuentas a Donald Trump, a pesar del asalto al Capitolio, ni el sistema político del Reino Unido se lo ha podido hacer a Nigel Farage, que acaba de derrotar tanto al Partido Laborista como al Partido Conservador en las elecciones municipales celebradas hace unos días y que, si se mantiene el sistema electoral, puede tener mayoría absoluta en las próximas elecciones generales, que no es improbable que tengan que anticiparse.

El desorden no está empezando a producirse, el desorden empezó hace ya diez años como mínimo y no ha parado de extenderse cada vez con más intensidad. No solamente en los Estados Unidos y en el Reino Unido, sino en todos los países democráticamente constituidos.

¿Cuánto desorden más pueden soportar la ONU o el Derecho Internacional o la integridad de Organizaciones supranacionales como la Unión Europea o la propia integridad territorial de los Estados nacionales? 

¿A dónde puede llevar el resultado de las elecciones celebradas esta semana en Escocia y Gales y la voluntad de los partidos ganadores en ambas de convocar un referéndum en 2028 para redefinir su posición en el Reino Unido? Referéndum que se puede celebrar con Nigel Farage como primer ministro, como escribía Rafael Behr en The Guardian: “El colapso nacional del laborismo amenaza con hacer a Nigel Farage el rostro de la frágil unión del Reino Unido” (6 de mayo). Si ese programa se implementa, ¿qué impacto puede tener en otros países europeos?

¿O adónde puede llevar la escisión entre estados “azules” y “rojos” en los Estados Unidos tras los intentos de manipulación electoral por parte de la Administración Trump? ¿Pueden entre Donald Trump y el Tribunal Supremo hacer imposible la alternancia electoral y desposeer de facto a la población afroamericana del derecho de sufragio?

¿La fragmentación electoral que se está produciendo en todos los Estados democráticos puede ser el indicador de una potencial fragmentación territorial? Cada vez resulta más difícil formar Gobiernos en prácticamente todos los países. Las fórmulas electorales no permiten que las distintas sociedades hagan una síntesis política de sí mismas mediante el ejercicio del derecho de sufragio para poder autodirigirse. Y esa carencia de síntesis conduce a una agresión, que ya empieza a no ser exclusivamente verbal, que envenena la convivencia. En España, sin ir más lejos, lo estamos viviendo. Hasta con el Hantavirus. 

 Y eso sin tomar en consideración el desorden que puede provocar el cambio climático o la hecatombe demográfica que se asoma a la puerta, a los que no solamente no estamos prestando la atención que se merecen, sino que estamos retrocediendo en las políticas que serían necesarias para hacerles frente. 

Preferiría equivocarme, pero me temo que, como diría Sánchez Ferlosio, vendrán más años malos y nos harán más ciegos.

El franquismo daba sus últimos coletazos cuando los padres de Niserine Chelbat, dedicados al turismo en Marruecos, se asentaron en la Costa del Sol. Rondaban los 70, España había empezado a abrirse al exterior tras décadas de aislamiento y los españoles observaban con fascinación la llegada de miles de extranjeros atraídos bajo la promesa de “sol y playa”. Las fronteras empezaban a abrirse, pero apenas llegaban inmigrantes, el país aún no era atractivo para ellos y la diversidad brillaba por su ausencia. 

“Siempre digo orgullosa que soy hija de la democracia española porque nací en el 78”, dice. Nacida y criada en Torremolinos de padres marroquíes, Chelbat ha sido testigo de la transformación demográfica vivida en España desde el inicio de la democracia. En los 80 y primeros 90, era la única alumna de ascendencia magrebí en su clase. “Aunque en la Costa del Sol el ambiente era más internacional, los extranjeros eran ingleses, suecos, alemanes, pero no conocía a nadie de origen magrebí. Todo mi círculo era español”, recuerda la malagueña. Apenas dos décadas más tarde, su sobrina cotidianamente estudia rodeada de compañeros de distintos rasgos y procedencias. 

Por entonces, cuando Chelbat era una cría, el número de niños nacidos de una madre extranjera no alcanzaba el 1%, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). Durante la democracia, el porcentaje ha ascendido al 31%, señala la misma fuente. Un estudio demográfico de la Fundación Funcas, que cruza los números de la Encuesta de Población Activa y el padrón, ha arrojado recientemente un dato aún más revelador para evidenciar el profundo cambio experimentado por la sociedad española en las últimas décadas: casi 4 de cada 10 menores de cinco años residentes en España tienen al menos un progenitor extranjero. La diversidad en la procedencia familiar es ya habitual en las nuevas generaciones. 

La llegada de extranjeros a España comenzó a aumentar de manera paulatina tras el inicio de la democracia, después de la entrada del país en la Comunidad Económica Europea en 1986 y especialmente a partir de la década de los 90. Si en 1985 estaban registrados 242.000 ciudadanos extranjeros, la cifra superaba los 600.000 inmigrantes empadronados en 1998. Pero el ritmo del incremento se aceleró en los primeros años del siglo XXI, coincidiendo con el crecimiento económico, el cambio de la peseta al euro y la demanda de mano de obra extranjera durante la llamada “burbuja inmobiliaria”. El volumen de población inmigrante pasó de representar un 2,6% en los 2000 al conformar un 11% en 2008, alcanzando entonces la cifra de cinco millones de ciudadanos extranjeros. 

La mayoría de quienes se asentaron en suelo español en aquellos años procedían de Rumanía, Marruecos y Ecuador. “Hasta la entrada en la comunidad europea, no se consideraba a España un país interesante para la inmigración. Incluso para quienes cruzaban sus fronteras, era solo un país de tránsito para luego ir al resto de Europa”, explica el historiador Antumi Tosaijé. Uno de los condicionantes más evidentes para el boom posterior, añade el experto, fue la entrada de España en el euro. “Son lógicas laborales. La UE demandaba trabajadores, y los inmigrantes van allá donde saben que necesitan mano de obra y donde la moneda es fuerte, para que compense con el cambio de divisas”. 

El boom de los 2000

Atraída por esa demanda de mano de obra y empujada por la crisis financiera en su país, Pilar Moyolema llegó a Madrid desde Ecuador con sus dos hijos en 2002. Forma parte de aquel “boom migratorio” que ha acabado siendo crucial para explicar la diversidad demográfica actual. Su entonces marido ya se había trasladado a Madrid en los 90 y, como hicieron muchos, la ecuatoriana utilizó la vía que siguen empleando decenas de miles de latinoamericanos para migrar a España: viajar con un visado de turista y permanecer una época sin papeles hasta conseguir regularizar su situación. Desde su llegada, nunca paró de trabajar: cuidó a jornada completa de los hijos de un militar. “Aunque solo cotizaba por media jornada y eso me perjudicó”. Luego, trabajó en los servicios de limpieza de una empresa para después estar empleada en la casa de la misma señora por la que continúa madrugando cada mañana. 

En España viven 9,38 millones de personas nacidas en el extranjero. La población migrante aporta el 10% de ingresos a la Seguridad Social y representa el 1% del gasto

“Me dediqué a buscar trabajo. Dando gracias a Dios, a mí me ha ido muy bien”, resume la ecuatoriana. “No he sentido humillación, como sí le ha pasado a otras compañeras. Tampoco he sentido que me han apoyado, pero si uno trabaja y sale adelante por sí mismo, no necesitamos que nos ayuden otras personas, porque nos valemos por nosotros mismos. Y eso es lo que les he inculcado también a mis hijos”, añade Moyolema. 

Desde el boom migratorio de los 2000, no se ha producido un pico tan pronunciado de la población extranjera en España. Durante la crisis económica (2008-2014), cayó el número de ciudadanos inmigrantes y el flujo migratorio se invirtió: mientras regresaron a sus países muchos de quienes habían migrado en esos primeros años del nuevo siglo y apenas llegaban nuevos inmigrantes, los españoles fueron quienes empezaron a marcharse al extranjero en busca de oportunidades laborales. 

La tendencia decreciente de extranjeros residentes se mantuvo hasta el 2017. A partir de ese momento, la población inmigrante volvió a crecer año a año, excepto durante el parón producido en la pandemia, pero el ritmo de crecimiento no ha superado los niveles de la primera década de siglo. Y, si antes la mayoría de recién llegados eran ecuatorianos y rumanos, ahora vienen más venezolanos y colombianos, además de la habitual migración procedente de Marruecos. Actualmente, viven en España 9,38 millones de personas nacidas en el extranjero que constituyen el 19,1% de la población total, según datos de principios de 2025. De ellos, más de dos millones de personas tienen la nacionalidad española. 

Si le preguntan a Pilar si se siente española, ella sonríe con cierto rubor y niega con la cabeza. Ha vivido en España casi 25 años, tiene la nacionalidad desde hace décadas, aquí ha criado a sus hijos y empieza a ver dar sus primeros pasos a su nieta, pero Ecuador siempre será el hogar al que quiere regresar. Durante años se quedó por sus hijos, pero ya como adultos, no son ellos quienes la aferran a Madrid. Ahora tiene otro “nudo”, como ella lo describe, que la ata y le impide regresar a su país: la señora española a la que cuida desde hace más de una década. No es el dinero, sino el vínculo construido durante los años en que la ha acompañado. No se va a ir, dice, mientras ella la necesite.

Habla de la anciana como si de su madre se tratase. Su compromiso ha dejado de tener una motivación solo económica: la siente como un familiar y no es capaz de volver a Ecuador porque sabe lo importante que su compañía se ha convertido para la mujer para la que ha trabajado, primero por horas en tareas de limpieza, después como interna para encargarse de su cuidado a tiempo completo y, ahora, ya en una residencia, la acompaña cada mañana, incluidos fines de semana, porque no quiere dejar de verla un solo día. “Me da mucha pena. Hay veces que la hija me insiste en que me tome algún día libre. No, le digo. Veo la necesidad que tiene de que una persona vaya, la visite y le dé un abrazo. Yo no me siento a gusto estando aquí en casa y no ir a verla”, se justifica Pilar. 

“Ganas no me faltan de irme a mi país. Pienso en volver si se me va la señora, que es la que más me ata, que ni mis hijos me atan como me ata la señora”, cuenta la mujer en la casa donde ha vivido durante dos décadas en España, una vivienda de tres habitaciones por donde han pasado varias familias de migrantes. Pilar ha vivido durante años en uno de esos cuartos junto a sus dos hijos, mientras que alquilaba el resto del espacio a otras personas para poder sufragar entre todos el coste. Solo desde hace poco puede permitirse compartir la casa únicamente con su hija Belén, su yerno y su nieta. 

Un pilar para el Estado de bienestar

Desde 2018, el aumento de la incorporación de trabajadores extranjeros en el mercado laboral se ha acelerado hasta convertirse en una de las principales piezas que, junto con el turismo y la hostelería, explican la mejoría de la economía española. En la última década, el empleo de los inmigrantes ha crecido más rápido que el de los nacionales hasta superar en 2025 por primera vez en la historia los tres millones de afiliados extranjeros, según los datos de la Seguridad Social. La presencia de su mano de obra destaca en sectores como hostelería (30%), agricultura (24%), construcción (22%) y actividades administrativas (17%). 

Según los estudios del Banco de España, la Comisión Europea y la Airef, España necesita 300.000 trabajadores migrantes al año, hasta 2050, para sostener el Estado del bienestar. Los análisis de organismos internacionales como el Banco Central Europeo, la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo Monetario Internacional han señalado el papel clave que la inmigración tiene para el crecimiento económico. Según el Ministerio de Migraciones, la población migrante aporta actualmente el 10% de ingresos a la Seguridad Social y solo representan el 1% del gasto.

Suena la cerradura de la puerta de la vivienda y entra Belén después de pasar un rato en el parque con su hija. La niña, de dos años, irrumpe en el salón con los ojos muy abiertos y uno de sus enérgicos saludos hace reír a su abuela. Si para Pilar regresar a Ecuador es uno de sus mayores anhelos, su hija asiente con seguridad cuando se le pregunta si ella piensa en quedarse. “Mi vida está aquí. He vivido la mayoría de mi vida aquí, mis amigas son de aquí. Y, ahora, ella es de aquí”, dice señalando a su pequeña, apoyada entre sus piernas. Su bebé forma parte de ese 39% de menores de cinco años con al menos un progenitor extranjero.

Según el estudio de Funcas, publicado a través de la revista académica Panorama Social, el proceso de inclusión en la sociedad de la llamada segunda generación de inmigrantes en España ha sido “en general positivo y exitoso”. El 82% de ellos se identifica como español, según sus conclusiones. No obstante, los investigadores sí advierten de “desigualdades relevantes” que afectan a las condiciones en las que crecen muchos de estos menores, especialmente aquellos cuyos padres proceden de Marruecos y el resto de países africanos. En ellos, alerta el informe, “se concentran con mayor intensidad las desventajas” en relación a la precariedad laboral de los progenitores, lo que puede llegar a tener un impacto en su desarrollo social y académico.

Un estudio del Ministerio de Igualdad en 2021, basado en dos encuestas a 1.300 personas afrodescendientes y africanas, concluyó que pese a que el 71% de los entrevistados tenían nacionalidad española, el 60% no se sentía como tal. 

En el 97, Mohamed migró a España siguiendo los pasos de su hermano. También lo hizo con un visado de turista, llegó a Huelva para visitar a su familiar y se quedó. Trabajó en el sector agrícola sin papeles durante un par de años hasta conseguir regularizarse. Dos años después, su mujer pudo unirse a él a través de la reagrupación familiar y también se dedicó durante un tiempo a la recolección de fruta en los campos andaluces. Ya en los años 2000 llegó su hija, Chaimae Kadourri. 

De la inclusión al racismo

La onubense creció, como tantos niños de la denominada “segunda generación”, entre la tradición marroquí absorbida en casa y la cultura española de la que se empapaba en el exterior. “Me siento enriquecida de crecer entre dos culturas. Hablar árabe es un privilegio y estoy orgullosa de todo lo que han hecho mis padres por nosotras”, dice la joven, trabajadora social en la Asociación Marroquí para la Integración. Kadourri cuenta que, mientras en su infancia no sufrió discriminación, en la adolescencia sí comenzó a sentirla. “Cuando eres niño, los otros niños te tratan como a una más, pero en el instituto empiezan los prejuicios. Tal vez por el desconocimiento de lo que escuchan en casa, empiezas a recibir comentarios como ‘Vete a tu país’, ‘Mora de mierda’, etc.”, lamenta Kadourri. Desconcertada, la adolescente llegó a preguntar a sus padres: “¿Es que es algo malo ser marroquí?”. Los ataques que recibía llegaron a empujarla a esconder ese lado magrebí que convive en ella, pero ahora siente orgullo y reivindica las dos culturas que conforman su identidad. 

Pese a la transformación demográfica que hubo en España, apenas se hablaba de inmigración; pero el discurso xenófobo actual de VOX puede alterar la convivencia

Uno de los factores clave para los demógrafos al estudiar las razones que pueden explicar una mayor tasa de abandono escolar en la población de origen inmigrante es una especie de crisis de la “ambición”. La ambición de los menores o adolescentes en relación a sus estudios, si aspiran a llegar a la universidad o si, por el contrario, no entra en sus objetivos. Para Kadourri, esos prejuicios sentidos en el instituto pueden marcar el futuro de muchos menores de segunda generación. “Me he criado en una cultura mixta y te hacen sentir inferior por proceder de un país concreto. Incluso los orientadores tienen prejuicios”, asegura.

Pese al rápido cambio demográfico experimentado, las investigaciones sociológicas suelen concluir que la reacción de la población española al aumento de la inmigración “no ha sido problemática” como en otros países europeos, según Héctor Cebolla, del CSIC: “Todos los estudios apuntan que España es un ejemplo porque absorbió un gran flujo de población extranjera en poco tiempo sin que se produjesen destacables problemas de convivencia”, indica el experto, que menciona los altercados de El Ejido y, recientemente, las cacerías de Torre Pacheco como algunos de los “escasos” ejemplos.

 “Eso no quiere decir que en España no haya racismo ni invalida que las personas extranjeras se sientan discriminadas en su día a día y haya que avanzar en la deconstrucción de ciertos prejuicios, pero los datos que tenemos evidencian que en España se ha vivido este proceso con más normalidad”. Aunque también advierte: “Ahora eso está cambiando”. 

Había un factor en el panorama político español al que los expertos vinculaban esa “normalidad”: “Pese a la transformación demográfica que hubo en España, apenas se hablaba casi de inmigración”, indica el investigador del CSIC, que considera que el aumento del debate en la agenda política, azuzado por la extrema derecha y respondido por los partidos progresistas, podría alterar la convivencia que hasta ahora ha caracterizado a la sociedad. 

Para el historiador Antumi Toasijé, la discriminación sufrida por la población de origen migrante, especialmente afrodescendiente, ha ido en aumento a partir de 2018. “Hay quién se ha sacudido esa idea de que ser racista es algo terrible, ahora se puede opinar de todo, se puede odiar tranquilamente y no pasa nada”, indica el expresidente del Consejo Español contra la Discriminación Racial o Étnica. “Uno de los retos fundamentales para evitarlo es la educación. Es un problema porque se ha vuelto tecnocrática. Desde Bolonia, está solo orientada al mercado laboral y el aspecto humanista ha quedado relegado. Debería ser antirracista, feminista y promotora de los derechos humanos”, sostiene este experto antirracista. 

El discurso xenófobo azuzado por la extrema derecha, a cuyos postulados se ha aproximado en los últimos años el Partido Popular, sostiene sin datos que la inmigración está amenazando una supuesta “identidad española”. Cuando Chaimae Kadourri lo escucha, resopla, y contesta con varias preguntas: “¿Qué es ser española? ¿Qué es ser marroquí? Mi nacionalidad es española, pero también me siento marroquí. No he vivido allí, pero sí he crecido en una cultura mixta”, resume la veinteañera. “Disfruto con mi vestido de flamenca en la feria y también me puedes ver en la Fiesta del Cordero con un traje típico marroquí. Religiosamente, soy musulmana. Me gusta la tortilla de patata y también el cuscús. Convive todo. No limita, enriquece”, resume la trabajadora social.

Maximiliano Paiser (Las Palmas de Gran Canaria, 1950) fue una de las personas, familias y entidades homenajeadas el pasado viernes en Irún (Guipúzcoa) en un acto presidido por el ministro de Administraciones Públicas y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en torno al Puente Avenida, declarado Lugar de Memoria Democrática por haber sido “testigo del paso de miles de españoles que huyeron a Francia durante la Guerra y en los años posteriores”. 

Paiser entró en 1967 a formar parte de la Unión de Juventudes Comunistas en la lucha contra la dictadura franquista por la conquista de las libertades y la democracia. Sufrió detenciones, torturas, procesos, prisión y exilio. Los dos procesos a los que fue sometido por iniciativa del Tribunal de Orden Público (TOP) fueron por propaganda, y optó por salir clandestinamente sin documentos a Italia y posteriormente a Inglaterra. El fiscal del TOP solicitaba una condena de 6 años y 1 día por reincidente. Por indicación de su abogado, Jaime Miralles Alvarez , y con la ayuda del socialista canario Juan Rodriguez Doreste, quien fuera ya en democracia alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y por entonces director de la Marítima Italiana, logró salir de la isla en barco hacia Italia, evitando así una segura condena y muchos años de prisión.

En esta última detención, el 25 de noviembre de 1970, fue torturado con corrientes eléctricas por policías de la Brigada Político Social en las dependencias de la Comisaría de Las Palmas, en el Gobierno Civil, de lo que se hicieron eco algunos medios informativos extranjeros. 

Durante sus años de exilio en Londres colaboró con el Servicio Latinoamericano de la BBC y participó en las actividades organizadas por los exiliados en Londres contra el régimen franquista en los clubs Antonio Machado y Riada Ibérica.

Regresó a España en 1978 al restablecerse las garantías democráticas.

En los últimos veinte años ha desarrollado una intensa actividad en la lucha por la Memoria Democrática y contra el olvido a través de artículos de investigación memorialista y la publicación de un libro sobre el médico canario asesinado por falangistas en Talavera Manuel Monasterio Mendoza, del que es coautor.

Durante el acto del viernes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, agradeció a los homenajeados su “enorme contribución”, y resaltó que “con cada reconocimiento, podemos encajar una de las múltiples piezas del puzzle de nuestra historia, y hacer así honor a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”.

El ministro hizo un llamamiento a “estar atentos al reverdecimiento de postulados extremistas” contra las personas migrantes, ya que son “iguales” a quienes emigraron a América buscando un futuro mejor y a quienes hoy arriban a las costas de Canarias, “huyendo de conflictos y miseria”.

La memoria humana, cuando se ejerce de manera colectiva y se prolonga durante los años hasta sedimentarse en una vaga certeza compartida, posee una extraña inclinación hacia la simplificación, como si le resultara insoportable la complejidad de las personas reales y necesitara reducirlas a una imagen fija, reconocible y cómoda, aunque para ello deba sacrificar cuanto en ellas hubo de contradictorio, matizado o sencillamente verdadero.

Acaso porque recordar exige un esfuerzo de precisión que no siempre estamos dispuestos a asumir, solemos preferir el contorno rápido del prejuicio a la fatigosa tarea de la comprobación; y así, una vez que cierta atribución se adhiere a una figura pública, por tenue o infundada que haya sido en su origen, termina convirtiéndose, con la fuerza opaca de la repetición, en una verdad aceptada que casi nadie se detiene a discutir, incluso cuando la realidad, obstinada y a menudo documental, se empeña en desmentirla.

Sólo de ese modo se explica que durante décadas -y todavía hoy, con una frivolidad que asombra por su persistencia- se haya repetido acerca de Miguel Fisac que fue un arquitecto afecto a la dictadura, cuando no beneficiario directo de ella, y que incluso se haya insinuado, con esa sospecha retrospectiva tan propia de quienes juzgan el pasado con la impunidad de saberse a salvo de sus riesgos, que su indudable éxito profesional obedeció menos a su talento excepcional que a sus supuestas connivencias políticas.

Es cierto, desde luego, que Fisac, como cualquier personalidad de relieve cuya actividad dependía de encargos públicos o de grandes estructuras empresariales, mantuvo contacto frecuente con los más altos niveles administrativos del Estado y con las principales compañías del país. No podría haber sido de otro modo. Quien proyecta laboratorios nacionales, centros de investigación, grandes sedes corporativas o edificios institucionales no trabaja en un vacío social, sino en relación inevitable con las estructuras de poder de su tiempo. Pero de esa evidencia, tan obvia como inevitable, no cabe deducir de manera automática adhesión ideológica, y menos aún complicidad doctrinal. La historia española del siglo XX está llena de trayectorias intelectuales y profesionales que atravesaron el régimen sin por ello identificarse con él, del mismo modo que la cercanía funcional al poder no implica necesariamente su aceptación moral.

Conviene recordarlo ahora, justo cuando se cumplen veinte años de la muerte del arquitecto, y hacerlo además con pruebas, porque pocas cosas resultan tan saludables frente a la falacia memorística como la terquedad de los documentos.

Con motivo del vigésimo quinto aniversario del final de la Guerra Civil, el diario ABC invitó en 1964 a diversas personalidades destacadas de la vida pública española a reflexionar sobre aquella efeméride. Entre ellas figuró Miguel Fisac, y el 02 de abril de ese año publicó un texto cuya lectura, hoy, resulta tan esclarecedora como sorprendente por su valentía.

Escribía allí:

“Estos veinticinco años de construcción y reconstrucción nacional han sido extraordinariamente fecundos, pero yo no les llamaría, propiamente, de paz.

Para mí, la paz de España no puede ser sólo que no luchemos los españoles unos contra otros; ha de ser algo más profundo y que implique, en primer lugar, una grata igualdad, no de derechos o de situación pública, que en realidad existe, sino más bien de respeto, o mejor, de consideración para todas las posiciones que tengan un contenido de digno y libre comercio de ideas.

Hablando con claridad: que no quede ni rastro de vencedores ni vencidos, sin que esto quiera decir que olvidemos nuestra guerra, pero sí que la recordemos únicamente por lo que ella tiene de advertencia y de enseñanza.

En segundo lugar, que una concentración de poder, que fue una necesidad al final de la contienda, vaya dejando paso a una genuina institucionalidad, en la que todos los españoles estén auténticamente representados.

Estas son las premisas previas e indispensables que creo que son necesarias para que España —cara al futuro— marche por el camino de la paz que deseamos todos los españoles.“

No parece necesario subrayar demasiado lo evidente. En estas líneas Fisac no sólo reclama la reconciliación civil, exigiendo que desaparezca todo vestigio de vencedores y vencidos, sino que va más allá y formula, con una claridad extraordinaria para la España de 1964, una inequívoca defensa de un régimen genuinamente representativo; esto es, de una institucionalidad democrática que sustituyera la concentración personal del poder.

Conviene reparar en la fecha. No se trata de una declaración retrospectiva pronunciada cuando el franquismo agonizaba o cuando disentir resultaba ya un gesto inocuo. Se trata de palabras escritas y publicadas cuando el régimen se encontraba aún en plena vigencia, sólidamente asentado y lejos de cualquier horizonte inmediato de desaparición. Expresarse así entonces requería no sólo independencia intelectual, sino una forma serena de coraje moral.

Fisac sabía perfectamente -como lo sabía cualquier español adulto de su tiempo- cuáles podían ser las consecuencias de una opinión públicamente disonante. Y aun así escribió lo que consideraba justo y razonable. Quizá por eso resulta tan revelador volver hoy sobre ese texto. Porque obliga a corregir una imagen que la memoria colectiva ha preferido conservar sin demasiadas comprobaciones, acaso inducida por una apariencia física que no ayudaba precisamente a la simpatía inmediata: aquel hombre menudo, de bigote severo, gesto adusto y mirada más bien hosca, parecía responder exteriormente al cliché visual que tantos quisieron atribuirle también en lo ideológico. Y así, de una asociación puramente superficial, acaso casi fisiognómica, hemos terminado deduciendo durante

demasiado tiempo unas convicciones políticas que la documentación desmiente, para desde ellas condicionar incluso nuestra lectura de su arquitectura. Ahora que se cumplen veinte años de su muerte ha llegado el momento de resituar a Miguel Fisac no sólo como uno de los grandes creadores de la modernidad española, sino también como un hombre cuyo compromiso con la concordia, la genuina representación democrática y la superación moral de la lógica de la victoria lo situó, con notable anticipación y valentía, por encima de muchas de las ideas imperantes en la España de su tiempo.

Porque también la memoria, como la arquitectura, exige de vez en cuando una reconstrucción rigurosa. Y acaso la justicia hacia Fisac empiece precisamente por ahí.

Siempre me hizo gracia ese concurso que todavía hacen en las escuelas y que pregunta ‘¿Qué es un rey para ti?’. De pequeña deseaba que lo hiciesen en mi clase porque habría respondido que era aquel señor al que mi abuela esperaba cada día para darle las buenas noches cuando salía de madrugada en la tele. De mayor, mi respuesta sería muy distinta y me temo que ella me reprendería aunque sé por qué, inocentemente, mi abuela lo hacía: era su manera de asegurarse que no había pasado nada, que podía acostarse tranquila porque no había novedad, no retrocedía otra vez a la miseria del franquismo. Pero eso nunca fue mérito de un rey que la tuvo engañada a ella y a millones de españoles durante décadas.

Si la pregunta fuese otra, ‘¿Qué es para ti la democracia?’, contestaría que es un régimen que debe regirse por el principio de igualdad, a menudo más aspiracional que real, y que a mí, como a tantos otros hijos de obreros, me permitió ser la primera universitaria de mi familia. Pero es también un sistema que necesita una reforma en profundidad para no estar cada vez más al servicio de un modelo económico que siega la equidad y favorece el nepotismo. 

Libertad, justicia e igualdad. Eso es lo que nos enseñaron que es o debe ser una democracia. Y la española, que saltó del franquismo a una monarquía constitucional a una velocidad vertiginosa, sin hacerse demasiadas preguntas no fuese que las respuestas diesen al traste con el camino emprendido en la Transición, ha aprobado. Eso no significa que como todas las democracias consolidadas, y más con los vientos que soplan ahora mismo, no tenga problemas. Los tiene y no son pocos.

El sistema educativo, que es el pilar básico para combatir las discriminaciones sociales, se ha convertido en un instrumento ideológico al servicio del gobierno de turno. En los últimos años, con una desvergüenza sonrojante y con la Comunidad de Madrid como abanderada, no para de recortar la inversión en los centros públicos para favorecer a los privados y los más elitistas. El resultado es una mayor segregación que reduce, todavía más, las oportunidades de los alumnos más vulnerables. La segregación escolar va de la mano de la urbanística y esta incluye el acceso a la sanidad o a la cultura. La educación, como la vivienda, es un derecho que se ha convertido en negocio. De todos los desafíos que tiene la democracia española, estos dos deberían ser prioritarios. Súmenle unas condiciones laborales mejores, una mayor transparencia por parte de las administraciones y una justicia menos politizada y completarán buena parte de los deberes que tiene este país.

El otro gran reto de España, no resuelto pese a que ya lleve más de cuatro décadas en democracia, son las dificultades para reconocer su plurinacionalidad. 

Sí, los pesados de los catalanes y los vascos, cuyo encaje sigue sin estar bien resuelto. Ojo, que igual no tiene solución y a lo único a lo que hay que aspirar es a no hacerse demasiado daño. A estas alturas ya debería entenderse que una cosa es descentralizar decisiones y competencias y otra reconocer que en España conviven territorios con sentimientos nacionales distintos. No por molestar sino porque son los nuestros.

El mundo político de 2026 está viviendo un declive en la cultura y la realidad democrática en diversas regiones del planeta. Entendemos por democracia un concepto que se remonta a la Grecia clásica y que se resume en la potestad de decidir colectivamente, porque el pueblo es el titular del poder político.

La democracia es igualdad. Igualdad frente a la ley (enmienda XIV de la Constitución de EEUU) y en el goce de los derechos (artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789).

La democracia es libertad. Como límite al poder político (Locke) o como voluntad general ilimitada y soberana (Rousseau). Siempre anhelo de los individuos y los pueblos. Una persona es libre si se somete a las leyes que ha decidido hacer.

La democracia es también participación, que se hace posible, no solo a través del sufragio, sino de la libertad de opinión y del derecho a la información (artículo 20 de la Constitución española). Es la evolución desde una democracia representativa y delegativa a una democracia que Habermas llamó democracia deliberativa.

La democracia protege los intereses personales esenciales y evita la tiranía que León XIV repetidamente viene condenando. La democracia, en definitiva, como dice Asa Wikfurss, es la forma de gobierno que mejor sirve a la humanidad y a los seres humanos. Se toma en serio la razón y el conocimiento.

Pero la democracia es vulnerable, porque es abierta, por ejemplo, ante la desinformación. Así, ocurre que el mundo está cambiando. El número de regímenes democráticos disminuye.

En los años 80 y 90 del siglo pasado el número de democracias en el mundo aumentó. Sin embargo, a partir del comienzo del siglo XXI, la democracia retrocede. Hoy, según los datos que suministra Varieties of Democracy (V-Dem) —la mayor fuente de información existente sobre democracia— 45 países que representan el 43% de la población están en proceso de autocratización. En muchos lugares, la gente parece estar insatisfecha con la democracia, probablemente por el crecimiento imparable de las desigualdades globales y por la desinformación galopante.

A principios de 2026 el número de autocracias en el mundo son 92, frente a 87 democracias. El 74% de la población del planeta vive bajo regímenes autocráticos.

En la actualidad, como advierte Jesús de Miguel, el nivel de democracia en la Europa occidental y Norteamérica está al nivel más bajo en cincuenta años. El factor que más influye en ello es la deriva de EEUU, que en el ranking de democracias de V-Dem ha descendido del puesto 20º al 51º, de un total de 179 países. Por contraste, por cierto, España ha pasado del puesto 26 al 21.

La concentración de poder en el “ejecutivo solitario”; la limitación de los derechos civiles; el asedio a las universidades y los medios, y la política exterior de Donald Trump, violando el derecho internacional y oponiéndose bruscamente al multilateralismo, explica el descenso abrupto del nivel democrático de Estados Unidos. Trump inició la guerra con Irán sin provocación previa de éste y sin autorización del Congreso, tras lo cual amenazó con acabar con toda la civilización iraní.

La política de Trump ha terminado por debilitar los intereses de su propio país y la democracia global, dando un malísimo ejemplo a imitar por otras potencias, a las que se regala una entidad democrática que no poseen: Rusia es una “autocracia electoral” y China una “autocracia cerrada” según V-Dem.

De acuerdo con lo anterior, EEUU ha dejado de pertenecer a lo que V-Dem llama “democracias liberales”, que garantizan con solidez las libertades y la separación de poderes. Según esa valoración, las democracias liberales sólo existen en la actualidad en países que representan al 7% de los habitantes del mundo.

EEUU habría pasado a ser lo que V-Dem llama “democracias electorales”, o incompletas, en donde los elementos que atribuimos a las democracias plenas están afectados seriamente. Es lo que en Europa se ha dado en llamar “democracias iliberales” (la Hungría de Orbán era el mejor ejemplo).

Este panorama se completa con el impetuoso crecimiento de partidos populistas en el mundo occidental. De orientación autoritaria. Negacionistas del cambio climático o de la violencia de género. Opuestos a los movimientos migratorios y las minorías étnicas. Partidos que han utilizado para sus objetivos electorales las redes sociales o las plataformas digitales fraudulentamente. Es lo que sucedió en la campaña del referéndum por el Brexit en el Reino Unido (caso Cambridge Analytica). El nuevo mundo digital ha recibido la denominación de “era de la posverdad”.

En la era de la posverdad la sinceridad en política ya no es tan relevante. Karanach y Rich definen esta situación por las siguientes características:

Un ejemplo de esta dicotomía es el cambio climático: es difícil o imposible entenderse si hay un desacuerdo de base sobre un hecho demostrado científicamente.

Ante esa disruptiva realidad, ante la “decadencia de la verdad”, gana en importancia la lucha por la democracia como forma de gobierno. Un gobierno en el que ninguna opinión es desechable, tal y como enfatizaba Stuart Mill en su Sobre la libertad (1859). Una forma política en la que se distingue “convencer” de “persuadir” (Wikforss). Convencer es tratar al otro como un ser capaz de tener un pensamiento independiente. Persuadir es tratar al otro como un objeto.

Hay una última reflexión a hacer sobre la democracia contemporánea, sobre su dimensión supranacional, superadora del más estricto nacionalismo. El orden mundial basado en el derecho internacional y en la Carta de Naciones Unidas no ha muerto, aunque esté obviamente amenazado. La democracia política y constitucional necesita de una dimensión por encima de los Estados nacidos en 1648 del Tratado de Westfalia. Es lo que llamamos multilateralismo. Sin él, en el siglo XXI, la democracia se debilita y no puede desarrollarse conforme a sus principios fundamentales. Porque la vocación de la democracia es convertirse en una fuerza global y, con ello, en una verdadera civilización.

Lo siento. Hace falta citar por enésima vez a Thomas de Quincey: “Si uno se permite un asesinato, pronto no le da importancia al robo; el robo le conduce a beber y a faltar a misa, y desde ahí acaba cayendo en la descortesía y en dejarlo todo para el día siguiente”.

El poder siempre se ha permitido asesinatos. Dejando de lado las dictaduras, esencialmente criminales, abundan los ejemplos en democracia. La policía francesa mató a nueve personas el 8 de febrero de 1962, durante una manifestación contra la extrema derecha; el 10 de julio de 1985, los servicios secretos pusieron bombas en un barco de Greenpeace y mataron a un fotógrafo. Sería demasiado extenso enumerar las muertes que sucesivos gobiernos británicos causaron en Irlanda del Norte, o la cantidad de sangre derramada por los servicios secretos italianos durante los “años de plomo”. Para qué hablar de los asesinatos cometidos por el gobierno de Estados Unidos, dentro de su país y en todo el mundo. También ha matado el poder español, ya en democracia: los GAL son un ejemplo entre varios.

Nunca ocurre nada en estos casos. Hay razones de Estado. La lucha contra el terrorismo tiene estas cosas. La seguridad nacional es prioritaria. La democracia también se defiende en las cloacas. Etcétera.

Si el poder puede matar, y puede, porque es el Poder, ¿por qué va a darle importancia al robo? No les aburriré con una historia de la corrupción política y el latrocinio institucional: podríamos colapsar Internet. Basta con prestar atención a algunos juicios en curso.

Parece que nos hemos habituado a estos delitos. Porque, ateniéndonos a la evolución general de los centros de poder del planeta, elección tras elección, hemos dejado de preocuparnos ante la dejadez de los dirigentes. A muchísimos ciudadanos, según confirman los votos, les hacen gracia los políticos ignorantes y mal preparados. Nunca nos ha importado que beban o que no vayan a misa. Últimamente, lo fundamental es que mientan con salero.

El siguiente escalón en este descenso es la glorificación del político zafio, soez y faltón. El que llama “hijos de puta” a los “zurdos”. La que viaja a México para explicar a los mexicanos cómo escribir correctamente el nombre de su país y para recordarles que las colonizaciones son gloriosas (incluso cuando la propia nación colonizadora juzga al conquistador de turno por múltiples delitos).

Y Donald Trump, compendio de todos los rasgos de la degeneración política (y, por tanto, cívica): un presunto violador de menores mentalmente perturbado que roba a manos llenas, apaliza a sus ciudadanos y va por ahí amenazando con masacres apocalípticas.

Llegado a este punto, el político no necesita hacer ningún trabajo: sus cómplices corporativos lo hacen por él, engullendo poco a poco lo que solía ser público y destruyendo a buen ritmo el entramado institucional. El político moralmente degradado suele presumir de que, gracias a él, el país vive “una edad de oro”, aunque se caiga a pedazos. En los casos de mayor vagancia, se limita a soltar una coletilla pegadiza. Del tipo “gestionando”. Y a otra cosa.

No sé si existe eso que llamamos memoria sentimental, pues en una sociedad conviven muchas memorias, a veces contrapuestas. Esta es la de alguien que ha nacido en 1974, se ha criado en Extremadura en una familia obrera y de izquierdas, y que llegó a la edad adulta en el Madrid del cambio de siglo. Quienes tengan más o menos años, hayan vivido otras realidades familiares o en otros territorios, seguramente tengan su propia memoria sentimental. Pero creo que hay elementos compartidos por una mayoría social en un tiempo y lugar. Son los que intento recoger aquí, década a década.

1981

¡Chanquete ha muerto!

Españoles, Franco ha muerto. Españoles, Chanquete ha muerto. La Transición se abre con una muerte y se cierra con otra. Las dos anunciadas en televisión, las dos recibidas con gran conmoción. Fin del paralelismo. En términos políticos podemos discutir si la Transición termina en realidad con la aprobación de la Constitución, el golpe de Tejero o la victoria socialista. En términos populares no ofrece discusión: ‘Verano azul’ es la bisagra entre dos tiempos. Hasta aquí la Transición, a partir de aquí la democracia. Silba un poquito la sintonía antes de seguir leyendo.

La mítica serie de Antonio Mercero tenía algo de ingeniería social: capítulo tras capítulo sus tramas daban carta de naturaleza a transformaciones que ya estaban en marcha, imparables pero que encontraban todavía fuertes resistencias: voto ciudadano, protesta social, divorcio, madres solteras, emancipación de la mujer, especulación inmobiliaria, enfrentamientos generacionales… Todo en versión suave, para todos los públicos, que nadie se molestase. Una serie donde los policías eran bonachones (aquel entrañable Barrilete); y que reinterpretó y desactivó un clásico canto de la lucha obrera (“No nos moverán”).

Con Verano azul, estrenada en octubre de 1981, se acabaron las vacaciones políticas como se acaban las vacaciones de la pandilla en Nerja, fin al tiempo de aventura y experimento que fue la Transición. Y con ella empieza la democracia, un tiempo de convivencia pacífica que se quería guiado por el sentido común, la calma y la sabiduría mediadora de un Chanquete.

Los 80

Ni la madre que la parió

A España, tras la victoria socialista del 82, no la iba a conocer ni la madre que la parió, profetizó Alfonso Guerra. Y en efecto la década de los ochenta fue una fuerte sacudida en la España todavía tardofranquista. La década prodigiosa para algunos, el desencanto para otros, arrasó astilleros y siderurgias en la reconversión industrial, barrios enteros con la heroína y más de 400 vidas a manos de ETA. Los obreros levantaban barricadas en carreteras y polígonos, y los estudiantes se enfrentaban a pedradas con la policía mientras el icónico Cojo Manteca rompía mobiliario urbano con la muleta. Los ochenta se llevaron también parte del ideario del PSOE, que una vez en el gobierno moderó sus posiciones (“OTAN, de entrada no”), se tragó sucesivos sapos ideológicos (la educación concertada) y dejó la economía en manos de un neoliberal: Miguel Boyer. Su relación con Isabel Preysler (ex de Julio Iglesias y del Marqués de Griñón) mezcló la política con la prensa rosa, y fue emblema de la ‘Beautiful People’: el coqueteo del socialismo gobernante con las clases altas y el poder financiero, para estupor de sus votantes más obreristas, que todavía tenían en la pared aquel póster naif dibujado por José Ramón Sánchez.

Los 80 son la zona cero de toda la chatarra nostálgica que todavía hoy nos enternece: la generación EGB, ‘La Bola de Cristal’, Naranjito, el 12-1 a Malta, la muerte de Chanquete...

Pero las palabras de Guerra se referían a la modernización de un país que se sacudía el atraso de décadas. Nuestros ochenta fueron lo que los sesenta a otros países occidentales, ya que no habíamos tenido revoluciones culturales y sociales en 1968. Había que acelerar para que la histórica entrada en la Comunidad Económica Europea no fuese un mero trámite: decir adiós al ‘Spain is different’. Mientras crecía la población universitaria y todavía funcionaba el hoy añorado ascensor social, los jóvenes daban salida a su rebeldía por la vía cultural, sobre todo musical.

La Movida puso la dosis justa de transgresión y radicalidad, pero sin pasarse: centralizada sobre todo en Madrid (con episodios locales), pronto institucionalizada y patrocinada por los socialistas (con el alcalde Tierno diciendo aquello tan loco de “el que no esté colocado, que se coloque”), la Movida excitaba (y despolitizaba) a los jóvenes y espantaba a los viejos, mientras opacaba una contracultura mucho más transgresora y menos publicitada. Ajenos a la Movida eran también quienes se integraban en tribus urbanas, tema habitual de la prensa de la época con su dosis de pánico moral. Por no hablar de los últimos quinquis que dejaron huella en barrios marcados por la heroína.

A la Movida la mayoría la vimos por la tele, como casi todos los grandes cambios. En la televisión pública triunfaban programas musicales como Tocata (más popular que el minoritario La Edad de Oro) que renovaban el más rancio Aplauso de los setenta, y cuya finalidad principal, ahora lo sabemos, era alimentar los Cachitos nostálgicos del futuro. Para los no tan jóvenes, los ochenta fueron los años dorados de la canción socialdemócrata: Serrat, Sabina o Miguel Ríos llenaban plazas de toros, mientras La puerta de Alcalá (Víctor y Ana) quedó para toda una generación como himno de la década. Pensaba enumerar grupos del entonces pujante pop español, pero la práctica totalidad siguen en activo cuarenta años después, con la excepción del más popular entonces: Mecano. Si te digo “no hay marcha en Nueva York”, tú me contestas “y los jamones son de York”. Te vas a pasar el día cantándola, ódiame.

Volviendo a la Movida, mientras copiábamos hombreras y cardados de aquellos artistas radicales ‘ma non troppo’ (algunos acabarían en la ultraderecha con el correr de los años) y queríamos ser chicas Almodóvar y dedicarnos a trabajos creativos (“¿Estudias o diseñas?”, era el chiste), vivíamos una revolución sexual (pese al SIDA), el divorcio y el aborto se normalizaban contra la resistencia de la derecha y de la iglesia católica, la homosexualidad asomaba del armario (a riesgo de recibir una paliza), a nuestras ciudades llegaban las primeras familias inmigrantes y también los primeros hipermercados o los restaurantes chinos. Los jóvenes seguían haciéndose hombres en la mili, las mujeres accedían a profesiones antes vetadas (las primeras policías), contábamos chistes sobre el recién creado IVA, y envidiábamos las vidas de ricos en culebrones como Falcon Crest.

Por aquella televisión pública desfilaban Jesús Hermida, Mercedes Milá, Pedro Ruiz, Rosa María Sardà, la Trinca, Juan Tamariz con su inolvidable “air-violin”, Torrebruno, Con las manos en la masa (te has puesto a cantar la sintonía, reconócelo), los “zero points” de Remedios Amaya en Eurovisión, Miguel Bosé con falda, y la mitificada La Clave de José Luis Balbín, donde señores hablaban de cosas serias (nada que ver con los tertulianos de hoy) mientras fumaban sin parar en una España que apestaba a Ducados en cines, autobuses y hospitales.

El fundido a negro de TVE el 14 de diciembre de 1988, en la huelga general , anticipó que bajo los grandes cambios crecía el malestar

En aquella tele cohesionadora vimos la muerte de Paquirri y a la Pantoja convertida en viuda de España, la victoria de Perico en el Tour y de Arantxa en Roland Garros, Lola Flores pidiendo una peseta a cada español, Camilo José Cela contando que podía absorber un litro de agua por el ano, Montserrat Caballé en extraño dúo con Freddy Mercury, Bárbara Rey y Ángel Cristo, los primeros pasos de un joven triunfador llamado Mario Conde y, por supuesto, a nuestra omnipresente Familia Real encabezada por un rey campechano al que respetábamos y queríamos. Y Felipe González, entonces un líder carismático, popular, de izquierdas y hasta guapo a ojos de unos votantes que le dieron tres mayorías absolutas.

Los ochenta son también la zona cero de toda la chatarra nostálgica que todavía hoy nos enternece: la generación EGB, ‘La Bola de Cristal’, ‘Barrio Sésamo’, la SuperPop y la Teleindiscreta, la serie V, el Un, dos, tres, la teta de Sabrina, las empanadillas de Martes y Trece, los anuncios que hoy seguimos canturreando (Tu primera colonia Chispas, Tenemos chica nueva en la oficina…), Naranjito, el 12-1 a Malta, la vajilla Duralex, el walkman y el VHS… Una década embellecida en el recuerdo, llena de conflictos sociales pero que hoy queremos recordar como despreocupada y hedonista, y que además remató con la caída del Muro y la promesa de un futuro mejor.

Ya que los ochenta los vimos en televisión, el quiebro de la década prodigiosa no pudo ser más simbólico: el fundido a negro de TVE el 14 de diciembre de 1988, la gran huelga general que paralizó el país como recordatorio de que, bajo esa superficie de grandes cambios, crecía el malestar.

Los 90

Póntelo, pónselo

A la sombra de los añorados y coloridos ochenta, los noventa parecen en el recuerdo una década gris. La Expo de Sevilla y los Juegos de Barcelona fueron el canto del cisne de la modernización: ahora sí que éramos del todo europeos, incluso estrenamos el AVE, que nos hacía parecer un país rico. Pero la resaca de los grandes eventos fue tremenda: crisis económica y corrupción con un gobierno socialista en descomposición y una sociedad que parecía agotar su empuje transformador. Hasta la revolución sexual parecía acabada, pese a que los noventa arrancaron con el ‘Póntelo, pónselo’ con que el gobierno escandalizaba otra vez a derecha e iglesia católica (nunca fallan) repartiendo preservativos a los jóvenes. Unos jóvenes que escuchaban la llamada de la legendaria Ruta del Bakalao, demonizada por los medios. Otros se hacían okupas, movimiento de gran fuerza, o se alistaban en una tribu en auge: los skinheads, nazis rapados que salían de cacería los fines de semana.

La modernidad llegaba por el lado tecnológico: no nos cabían en el bolso los primeros teléfonos móviles (ni podíamos llamar por lo elevado de la factura), y entraban en nuestras casas las prehistóricas conexiones al todavía misterioso Internet (aquellos modems cuyo ruidito tienes ahora en la cabeza, lo sé). Apenas nos servía para enviar correos, Google no existía (teníamos un buscador llamado Olé), ni redes sociales para difundir memes y bulos. Eso no impidió que convirtiésemos en meme cualquier anuncio (“hola, soy Edu, feliz navidad”), o echase a rodar el mayor bulo de nuestra historia reciente, protagonizado por el cantante Ricky Martin, un perro y un tarro de mermelada.

La televisión seguía siendo nuestra ventana, ahora ampliada con las primeras cadenas privadas: Telecinco, Antena 3 y un Canal Plus al alcance de unos pocos (otros se dejaban los ojos viendo porno codificado). La riqueza y pluralidad de las nuevas teles se confirmaron pronto: las Mama Chicho nos daban las buenas noches, Jesús Gil tenía programa propio, el fútbol era de pago, nos enganchábamos a culebrones latinoamericanos (sí, yo también vi Cristal), y descubrimos la televisión basura: el fundacional ‘Tómbola’, Pepe Navarro y Javier Sardá compitiendo por escandalizar, la infame “máquina de la verdad” de Julián Lago, o el morbo que alimentó la caza de brujas contra homosexuales famosos del ‘Caso Arny’, mientras Nieves Herrero cruzaba todas las líneas rojas con la cobertura del asesinato de las niñas de Alcàsser.

Por el lado más amable son los años de Chiquito de la Calzada y Carlos Arguiñano, Rafaella Carrá y el telecupón de Carmen Sevilla, Farmacia de guardia y Médico de familia reuniendo a las audiencias en un tiempo anterior a las plataformas, o los primeros programas del inmortal Jordi Hurtado. Y por supuesto las bodas reales, que prolongaban el idilio entre los españoles y la Familia Real: las infantas se casaban con pompa, una de ellas con un rubio jugador de balonmano de cuyo nombre no quiero acordarme.

Paco Lobatón buscaba a desaparecidos en ‘Quién sabe dónde’, mientras un terror más cotidiano se asomaba por primera vez a los hogares desde la televisión: la violencia machista, con la confesión de Ana Orantes, quemada viva por su exmarido días después. Su asesinato fue el germen de cambios legales para proteger a las víctimas. La terrible muerte de Orantes, los detalles espeluznantes del triple asesinato de Alcàsser con la fantasmal huida de Antonio Anglés, y la cruel ejecución de Miguel Ángel Blanco por ETA, conmocionaron a una España deprimida económica y socialmente. Así llegamos al final del siglo, pidiendo la hora para que acabase la década y llegase el esperadísimo año 2000.

Los 2000

Un euro, 166 pesetas

El siglo XXI empezó con dos sobresaltos, uno de broma y otro terrible. El primero, el ‘Efecto 2000’, el fin del mundo que temimos hasta minutos antes de comernos las uvas, y solo respiramos aliviados (y hasta un poco decepcionados) cuando comprobamos que no se apagaban los semáforos, ni se bloqueaban los cajeros ni caían los aviones en vuelo. El segundo susto, inesperado y terrorífico, derribó las Torres Gemelas en directo (en el telediario, mientras comíamos) e inauguró un tiempo oscuro y violento, que en España tuvo su coletazo mortal el 11-M de 2004. “Pásalo”.

En la primera década del siglo echamos muchas cuentas: para pasar a pesetas los euros y para tasar mentalmente nuestras viviendas

Otro mundo se esfumó, un mundo económico pero también popular: la España de la peseta. “Un euro, 166 pesetas”, recordamos los que tenemos ya una edad. Nos pasamos la década calculando mentalmente de pesetas a euros, redondeando para facilitar la operación, aunque el verdadero redondeo fue el de unos precios que nos empobrecieron. Tras ser incondicionalmente europeístas, empezábamos a desencantarnos de una Europa que mostraba su rostro más neoliberal.

En esta primera década del siglo echamos muchas cuentas: no solo para pasar a pesetas los nuevos euros, también para tasar mentalmente nuestras viviendas que no dejaban de subir (nos contábamos una y otra vez el cuento de la lechera), recalcular la hipoteca en plena burbuja, o intentar entender cantidades astronómicas con la crisis financiera global que venía.

Mientras no nos alcanzaba la crisis, nos dimos el gusto de conquistar derechos como el matrimonio homosexual (con la oposición, oh sorpresa, de la derecha y la iglesia católica), y una parte de la cultura vivió un romance con el Gobierno Zapatero, los artistas de “la ceja”: ahí empieza la culturofobia de la derecha. El entonces príncipe Felipe se casó con una periodista, y dejamos de fumar en bares y espacios públicos cerrados. Pocos cambios tan radicales en lo que a usos y costumbres se refiere.

Mientras esperábamos el estallido de la burbuja, nos distraíamos con los muchos canales de la TDT. El mundo de ayer se derrumbaba entre la “guerra contra el terrorismo” y la crisis global, y nosotros nos atontábamos con realities y talent shows, formatos triunfantes junto a las nacientes tertulias políticas. Tiempo de ‘Gran Hermano’ y ‘Operación Triunfo’, las primeras mañanas de Ana Rosa, fútbol diario y comedias para pasar el mal trago social (7 vidas, Los Serrano o Aquí no hay quien viva). Además, nos acostumbrábamos a algo que durante todo el siglo XX había sido una excentricidad: deportistas españoles triunfando en competiciones internacionales, de Nadal a Fernando Alonso pasando por las selecciones de fútbol y baloncesto.

Algunos se evadían de la fea realidad con atracones de películas pirateadas (quién se acuerda de aquel eMule), en un tiempo en que se nos decía que la gente nunca pagaría por ver cine o series pudiendo conseguirlas gratis. Ah, y en esos años apareció la familia Alcántara en TVE, contándonos una versión edulcorada de nuestra historia reciente, en un tiempo en que el espanto presente (la serie Cuéntame se estrenó el 13 de septiembre de 2001, con las Torres Gemelas humeantes) nos empujaba a refugiarnos en la nostalgia del pasado.

Los 2010

Un país de tertulianos

Crisis era la palabra más repetida en la segunda década del siglo. Todo entró en crisis: la economía, el empleo, numerosos sectores y empresas, la banca, la vivienda, el periodismo, la cultura, el Estado autonómico, el bipartidismo, la democracia y hasta la monarquía, con el rey borboneando a lo loco. El idilio del pueblo español con don Juan Carlos terminó en la mayor de las decepciones, el episodio de Botsuana (“Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir”) y la posterior abdicación. No solo el rey, también su familia, caída en desgracia desde el caso Nóos que afectaba a aquel rubio jugador de balonmano que un día nos enamoró.

La democracia española acusaba fatiga de materiales. Hacía aguas por todos lados, y mirábamos al pasado con otros ojos: hasta la sacrosanta Transición empezó a ser cuestionada, sobre todo por los más jóvenes que se sentían estafados, llamados a ser “generación perdida”, “generación de la crisis” o “la primera generación que vivirá peor que sus padres”.

Años en que la sociedad parecía sacudirse una modorra de décadas y volver a interesarse por la política (el 15-M, aparecía Podemos, que en pocos años pateó el tablero político pero también la estética democrática. Solo unos años antes habíamos visto al presidente del Congreso (José Bono) regañar a un ministro (Miguel Sebastián) por quitarse la corbata, ahora la política se llenaba de gente corriente con aspecto de venir de la facultad, para felicidad de algunos y espanto de otros. Las mujeres, sobre todo las más jóvenes, convertían el feminismo en el movimiento transformador más fuerte de la década. También los balcones se llenaron de banderas de España.

Los 10 terminaron con un gesto tardío, pero altamente simbólico para la joven democracia: la salida de Franco del Valle de Cuelgamuros 

Normal que las televisiones apostasen por la política-entretenimiento, multiplicando tertulias a primera hora, media mañana, mediodía, tarde, noche y fines de semana, mientras los españoles tertulianeábamos en las nacientes redes sociales, que llegaron para transformar la conversación pública: aún esperábamos que Twitter o Facebook se convirtiesen en ágora democrática, plaza pública, espacio de encuentro y diálogo para organizar movilizaciones, compartir la creatividad, hacer amigos… No te rías, anda.

En el televisor ya no nos cabían más canales cuando irrumpieron las plataformas, convirtiendo el ver la tele de toda la vida en un acto cultural y exento de culpa: era la edad de oro de las series, acuérdate. Resultado: cada vez pasábamos más horas delante de pantallas, ya fueran de televisión (viendo tertulias y debates electorales, pero también Masterchef, First Dates o Amar en tiempos revueltos), plataformas (La casa de papel, entre nosotros) o redes sociales. O en Tinder y otras apps de citas que transformaron también nuestra manera de ligar.

La década terminó con un gesto tardío pero altamente simbólico para la joven democracia: la salida de Franco del Valle de Cuelgamuros.

Los 2020

¿Qué quedará de esta década?

Y así llegamos a la década actual, cuya memoria sentimental todavía no podemos atesorar por falta de distancia. Dentro de unos años seguramente recordaremos la pandemia, los aplausos en el balcón o a Fernando Simón. Contaremos los maratones de series que nos metíamos cada fin de semana, la locura de los grandes conciertos y festivales, la turismofobia y la crisis de vivienda que obliga a los divorciados a seguir conviviendo. Veremos en qué queda el “nuevo punk” de los jóvenes seducidos por la ultraderecha. No sabremos a dónde mirar para señalar referencias musicales compartidas, en tiempos de fragmentación de audiencias y consumo bulímico en Spotify. Hablaremos de youtubers y tiktokers, de adicciones digitales, del porno generalizado, de algún fenómeno social que no haya sido el enésimo vaticinio de suplemento dominical. Haremos recuento de monstruos y juguetes rotos. Recopilaremos memes y bulos, y señalaremos el miedo a la Inteligencia Artificial. Pero mira, este artículo no lo podría haber escrito una IA, porque en eso tampoco es inteligente: no tiene memoria sentimental. Yo sí, y tú también.

Hay algo hipnótico en el fin del mundo. Está en las ficciones que devoramos, en los memes desesperados que compartimos y en nuestros últimos pensamientos antes de dormir. El colapso se ha instalado en nuestro presente con la paciencia de quien se sabe inevitable, convenciéndonos de que no existe (ni existirá) ningún otro futuro posible.

Razones para pensar así tampoco nos faltan. Solo hay que mirar algunas de las noticias que rodean a este texto en este mismo diario para convencerse de que hay muchas cosas que no van bien. Pero, ¿tiene que ser así? ¿Debemos resignarnos? ¿Podemos hacer algo al respecto? ¿Es que a nadie se le va a ocurrir cómo reorientar todo esto?

“Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”. Esta frase, que flota sobre nuestras cabezas desde hace años, es el punto de partida de Imaginar el fin (Paidós y Raig Verd, en catalán), el nuevo ensayo de Eudald Espluga (Girona, 1990). Filósofo, ensayista y en los últimos años asesor del Ministerio de Cultura en Madrid, que muchos ya conocerán por su anterior obra No seas tú mismo, en la que diseccionaba la fatiga crónica de una generación asfixiada por el imperativo de la productividad.

En este nuevo libro Espluga se adentra en otro de los territorios más resbaladizos del presente: el de las narrativas del colapso. Con voluntad de analizarlas, desmontar su lógica interna y proponer otra forma de pensar nuestro futuro.

El resultado es un libro que, pese a su evidente carga teórica (lidia con numerosos autores y temas filosóficos, políticos, religiosos y de teoría cultural), se lee con una fluidez sorprendente. Espluga salta de Mark Fisher a The Last of Us, de analizar memes esotéricos a exponer profundos debates sobre el papel de la geoingeniería, con una naturalidad que consigue acercar ideas complejas a un lector no especializado. El recorrido no siempre es lineal, pero sí progresivo: a medida que el texto avanza, las piezas encajan y el argumento gana coherencia. Al final, todo tiene sentido.

La trampa de las fantasías del colapso

Espluga explica que el germen del libro está precisamente en “la proliferación de contenidos audiovisuales, ya sea en el cine, en series, en novelas, incluso en contenido digital en internet, de vídeos sobre preparacionismo, sobre búnkers… Toda una serie de narrativas en torno al fin del mundo que para mí iban casi todas en una línea muy directa hacia esta lógica de lo que yo llamo fantasías del colapso”, apunta.

Según Espluga, el fin del mundo siempre se representa desde una mirada ultraindividualista, pesimista en lo social, y que considera que enseguida que haya algún pequeño problema de recursos o de abastecimiento, terminaremos en una guerra todos contra todos, peleándonos y acuartelándonos como en las películas de zombies.

“Vivimos en una situación de policrisis innegable”, reconoce el autor, “con amenazas de un tamaño nunca antes visto, pero creo que es posible darle la vuelta a todo esto y repensar estos escenarios futuros. Siento que junto a todos estos discursos colapsistas también ha emergido una nueva sensibilidad que tiene que ver con una forma distinta de estar y entender el mundo”.

Denunciar, pero también actuar

La premisa central del libro está ya en su título: necesitamos imaginar. No tenemos un problema de falta de información, no necesitamos ver más imágenes de osos polares hundiéndose en el hielo o fotos de enormes incendios de sexta generación convirtiendo los montes en un infierno terrenal, “necesitamos una imaginación política que sea capaz de dar respuesta a los problemas que nos genera esa información”, apunta el autor.

“Porque los datos del aumento de temperaturas en las últimas décadas, por ejemplo, nos pueden llevar a caminos políticos muy distintos”, explica. “Podemos caer en una especie de optimismo que nos haga pensar que los avances tecnológicos y de geoingeniería nos harán la primera generación sostenible de la historia y que, por tanto, podemos seguir llevando los niveles de consumo actuales. Pero los mismos datos pueden impulsarnos a construir búnkers y encerrarnos con millones de latas de conserva o a planificar una huida a Marte para crear una colonia allí. Por eso creo que, desde la izquierda, hace falta sentar las bases de una imaginación política alternativa que nos lleve a resolver estos problemas de una forma ilusionante”, añade.

El éxito narrativo del miedo

Lo que queda claro de la lectura de Imaginar el fin, es que si ha habido un actor que ha sabido moverse con soltura en este terreno preapocalíptico es, sin duda, la extrema derecha. No tanto por la solidez de sus propuestas, que nos pueden parecer totalmente descabelladas, como por su capacidad para construir relatos eficaces a partir del miedo.

“La obsesión de la extrema derecha por el desastre y las teorías conspiranoicas, como que el cambio climático está generado por técnicas de geoingeniería de los gobiernos o la gran sustitución, ha hecho que una gran parte de la población se sienta amenazada de una forma real”, explica Espluga. “Al final, han sido capaces de generar políticas ultraidentitarias que Richard Seymour llama en su último libro ‘nacionalismo del desastre’”, afirma.

“Ante esto, la izquierda no ha sido capaz de traducir las preocupaciones sobre la igualdad o la equidad, a un discurso claramente identitario o generar una narrativa con propuestas de transformación que dieran respuesta a los problemas actuales, que son de una magnitud existencial o, como digo en el libro, casi cósmica. Un movimiento que pueda ser tan vendible, por decirlo así, como la amenaza frente a la identidad blanca masculina heterosexual que ha vendido a la extrema derecha”, asegura.

En paralelo, el imaginario desplegado por la extrema derecha ha encontrado en internet un ecosistema ideal para extenderse. Las plataformas digitales no solo amplifican estos discursos, sino que favorecen aquello que resulta más impactante, más inmediato, más emocional.

“Es mucho más fácil viralizar la imagen de The line, la ciudad autosostenible de 170 kilómetros en medio del desierto de Arabia, o una colonia en Marte, que un proyecto de transformación urbana como las superillas de Barcelona o la promoción del veganismo. Aunque el impacto de estas dos últimas medidas sea mucho mayor”, resume Espluga.

La imaginación apocalíptica

Frente a lo que Espluga denomina fantasías colapsistas, basadas en una visión pesimista del ser humano, la idea de que cualquier ruptura del orden conducirá al caos, y una ética centrada en la supervivencia individual, en Imaginar el fin el autor propone el concepto de la imaginación apocalíptica.

En este sentido, el libro propone recuperar el significado original de “apocalipsis”. La palabra no significa destrucción ni cataclismo, como podríamos pensar, sino que en su griego original significa literalmente ‘revelación’, ‘desvelamiento’. “Es un verbo que algunas autoras incluso erotizan, ya que se usaba para nombrar la acción de quitarle el velo a la novia tras la boda”, apunta el filósofo.

Por tanto, recuperando esta idea del apocalipsis como revelación, la imaginación apocalíptica propone una transformación radical. “En el libro del Apocalipsis, todas las imágenes de océanos convirtiéndose en sangre, o el cielo desplomándose, o bestias que se levantan del fondo del mar, es solo una parte del proceso que lleva al nacimiento posterior de una nueva sociedad que en la Biblia se bautiza como la Nueva Jerusalén”, explica.

En el texto bíblico se dan detalles de esta nueva ciudad. Se dice por ejemplo que está abierta a todos, no hay enfermedad y el agua se define prácticamente como un bien público. “De forma que, según autoras como Catherine Keller, se habla de esta nueva ciudad como casi una utopía ecosocial”, comenta Espluga.

Esa lectura tiene implicaciones directas en nuestro día a día. A pesar de que estemos viviendo momentos complejos, estos en lugar de llevarnos al pesimismo del fin tienen que servir como un tránsito hacia una sociedad mejor.

La imaginación apocalíptica nos permite pensar el fin no como un punto final, sino como un tránsito a un mundo mejor. Y, sobre todo, abre la puerta a disputar el sentido de ese tránsito. “No podemos dejar los imaginarios del fin del mundo en manos de la extrema derecha, tenemos que plantear otras alternativas”, insiste el autor. “Tenemos que arrancárselos de las manos y pensarnos colectivamente de otra manera frente a la amenaza existencial a la que nos enfrentamos”, asegura.

Utopías, pero posibles

Esa reapropiación no pasa, sin embargo, por imaginar mundos completamente ajenos al presente. Espluga se muestra escéptico ante ciertas visiones utópicas que dibujan futuros perfectos, fantasías irreales de estética solarpunk. “Me parece importante que existan”, apunta, “pero me parece más relevante que la izquierda sea capaz de ver que ya hay transformaciones en marcha y que son muy efectivas”.

“La transición energética, la renaturalización de las ciudades, la ciudad de los 15 minutos, la regulación de los vehículos contaminantes en el centro de las ciudades, son propuestas que funcionan. El problema es que las vemos como iniciativas aisladas, no como parte de un mismo proyecto”, explica.

El ejemplo de las superillas de Barcelona aparece varias veces en la conversación. También el de las bibliotecas, entendidas como espacios de acceso libre al conocimiento y la comunidad. “Una biblioteca es una forma de lujo”, dice. “Un lujo público”.

Pero, ¿por qué no pensar en otros lujos públicos? ¿Por qué no crear supermercados públicos con productos de proximidad? O cantinas colectivas, o lavanderías públicas como una evolución de los lavaderos que antes había en cada pueblo (¿por qué tenemos que tener cada uno una lavadora en casa?) o nuevas infraestructuras de cuidados. Otros modelos de organización son posibles, según el autor.

La clave, insiste, está en articularlas políticamente. Convertirlas en algo más que medidas técnicas. Integrarlas en un relato que permita pensarlas como parte de una transformación social más amplia.

Cambiar el marco

En última instancia, la propuesta de Imaginar el fin tiene tanto que ver con la política como con la forma en que percibimos la realidad. Espluga lo explica con un ejemplo sencillo: el uso del móvil. Si lo entendemos como un problema de adicción individual, las soluciones pasarán por reforzar la voluntad personal, aplicaciones de bloqueo, etc. Pero si lo vemos como parte de un problema más amplio (el capitalismo de plataformas), las respuestas serán necesariamente colectivas.

Con el colapso ocurre algo similar. “Harás cosas distintas según cómo conceptualices lo que te pasa”, resume. “Si veo el cambio climático desde una perspectiva colapsista, seguramente haré caso a la Unión Europea y prepararé un kit de emergencias. Pero entonces no atenderé a cuestiones que pueden tener más relevancia para evitar el colapso como, por ejemplo, las regulaciones a las actividades de las empresas petroleras”, añade.

Está claro que no hay recetas fáciles sobre cómo abordar los problemas actuales, pero sí que parece urgente revisar los marcos desde los que pensamos y cuestionar la aparente inevitabilidad de ciertos relatos. Y, sobre todo, recuperar la capacidad de imaginar.

Santander acoge este sábado, 9 de mayo, desde las 9.30 horas, las VIII Jornadas de Educación Ecosocial, un encuentro que reunirá a docentes, estudiantes, entidades sociales y personas interesadas en impulsar proyectos educativos vinculados a la justicia social, la sostenibilidad y la democracia.

Las jornadas se celebrarán en la Escuela Técnica Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria, en el marco de la Red Vínculo Ecosocial y coordinadas por la Universidad de Cantabria, ha informado la organización.

Bajo el título 'Escuelas del futuro: 12 semillas para una educación ecosocial', esta octava edición propone un espacio de reflexión colectiva para repensar el papel de la educación “ante la urgencia ecosocial actual”.

El encuentro ofrece un programa diseñado para compartir experiencias, prácticas y enfoques educativos que sitúan en el centro valores como la democracia, el cuidado de la vida, el vínculo con el territorio y el compromiso con la equidad social.

Las “12 semillas” que articulan las jornadas funcionan como una metáfora y una hoja de ruta para imaginar y hacer crecer propuestas educativas capaces de responder a los desafíos ecosociales del presente. Por ello, a lo largo de la jornada se combinarán espacios de inspiración, diálogo y trabajo colaborativo que permitirán conectar miradas diversas del ámbito educativo formal y no formal.

El programa incluye una conferencia invitada, a cargo de Jesús Romero, profesor titular de Didáctica de las Ciencias Sociales en la UC, titulada 'La ultraderecha 2.0, la sostenibilidad de la democracia: una mirada desde la educación'; la presentación del fanzine '12 Semillas', así como experiencias educativas vinculadas a la acupuntura ecosocial en entornos rurales, con Yayo Herrero, figura de referencia en el pensamiento ecosocial y los equipos educativos del CEIP Manuel Llano de Terán, en Cabuérniga, y del IES Foramontanos de Cabezón de la Sal.

Sello de Centro Ecosocial

También se dará a conocer el Sello de Centro Ecosocial, una iniciativa de la Fundación SM, la Universidad de Cantabria y FUHEM, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, orientada a reconocer y acompañar a los centros educativos comprometidos con la transformación ecosocial.

Durante la tarde, las jornadas se organizarán en seminarios paralelos que abordarán cuestiones clave como las escuelas como espacios de democracia y cooperación, las redes de centros presenciales y virtuales, el currículo situado, la diversidad como riqueza o la escuela como espacio vivo y comunitario. El encuentro concluirá con una puesta en común y una actividad lúdica.

Aquella foto de César Lucas fue el símbolo de la victoria socialista de 1982. Felipe González y Alfonso Guerra unen sus manos para levantarlas en señal de triunfo desde una ventana del hotel Palace en la noche del 28 de octubre. González contó años después en varias ocasiones que estaba abrumado por la responsabilidad en ese momento. Pero el resultado arrollador –diez millones de votos, un 48,1 % y casi veintidós puntos de ventaja sobre Alianza Popular– no fue una total sorpresa para los dirigentes socialistas.

Se dijo que era el fin de la Transición por aquello de fijar un desenlace con el regreso de la izquierda al poder después de la larga noche que había comenzado en 1939. No es que lo de antes a partir de 1977 no fuera una democracia, pero al menos se había acabado el periodo en el que todo el sistema político estaba cubierto por andamios y señales de obras. El eslogan de la campaña –‘Por el cambio’– no es un prodigio de originalidad. Tiene más enjundia lo que responde González cuando le preguntan por su significado: “Que España funcione”. Parece de un pragmatismo casi decepcionante. Pero también es efectivo. España no funcionaba o al menos no lo hacía de la forma que esperaba la gente. No había Estado en ese momento que sirviera para construir una democracia o el que había no servía más que para ir tirando.

Hasta entonces había sido “Felipe” para todo el mundo. Julio Feo advierte a todos en Moncloa que a partir de entonces será “el presidente”. La revista Cambio16 lo certifica en portada con una foto de un serio y encorbatado González y el titular: “Bienvenido, señor presidente”. Los ministros se tratan de usted en el Consejo de Ministros, por muy amigos que sean. Guerra cuenta que un ministro, de indudable inocencia, preguntó en la primera reunión: “¿Y aquí cómo se vota?”. Le respondió que todos podrían debatir algunos asuntos, pero que la decisión última sería del presidente. El Gobierno, incluido su presidente, cuenta con 17 integrantes. Todos hombres. Era un tiempo en que estas cosas pasaban casi desapercibidas.

Una semana después de las elecciones y antes del debate de investidura, ETA asesina al general Víctor Lago, jefe de la unidad más importante del Ejército, la División Acorazada Brunete. “Evidentemente, esta acción vale para ellos lo que veinte en el País Vasco”, dice a El País Manuel Ballesteros, jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista.

Los ministros de Economía en la primera década de González, Miguel Boyer y Carlos Solchaga, representan una tendencia liberal que le acompaña en su presidencia. Lo que toca es construir un Estado de bienestar en el que la sanidad sea un derecho universal y se modernicen unas infraestructuras que son impropias de un país europeo. Para esto último, habrá que esperar al ingreso en la Comunidad Europea.

Antes de eso, habrá que cumplir con la promesa de un referéndum sobre la OTAN. El giro ya se intuía en el eslogan de 1981: ‘OTAN, de entrada, no’. La campaña en marzo de 1986 termina siendo un plebiscito sobre la figura de González. ¿Quién gestionará el ‘no’ a la OTAN?, avisa. En realidad, el partido ya no utiliza las siglas, sino que sólo habla de “Alianza Atlántica” en sus discursos. Alianza Popular intenta aprovechar el dilema y pide la abstención. “Soy un atlantista convencido, pero este es un referéndum fraudulento”, dice Manuel Fraga en una entrevista en ABC. Su intención es que la derrota fuerce la dimisión de González. Gana el ‘sí’ con el 56,8% de los votos y una participación del 59,4%.

Desde el primer momento, el Gobierno debe gestionar sus contradicciones. Impulsa una liberalización de la economía y devalúa la peseta en su primera reunión. Al mismo tiempo cumple promesas que benefician a los trabajadores. Aprueba la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. En una respuesta que recuerda a todo lo que ha hecho la patronal en los últimos 40 años, la CEOE prevé que será un desastre para la economía. Anuncia que tendrá “un coste teórico” de 180.000 millones de pesetas y exige que suponga una reducción equivalente de los salarios. Si los asalariados trabajan menos, tendrán que cobrar menos, dice.

La huelga general

La reconversión industrial termina por arruinar las relaciones entre el PSOE y el sindicato UGT. Puede que fuera inevitable en varios sectores, pero el coste social es inmenso. Se pierden de inmediato decenas de miles de puestos de trabajo. Pueblos y ciudades que viven de plantas industriales que ya no son rentables se quedan sin su principal fuente de empleo. Un plan de empleo juvenil termina causando el estallido. UGT y CCOO convocan una huelga general en 1988 que el Gobierno desdeña. Pero su éxito es espectacular. Las ciudades están vacías como si sus habitantes hubieran desaparecido.

En 1989, el rey Juan Carlos tiene un encuentro con el general Manglano, jefe del Cesid y uno de sus principales confidentes. Le cuenta que lleva años recibiendo dinero de Arabia Saudí. En primer lugar, “36 millones de dólares para la Transición”. Años después, un préstamo sin intereses de 50 millones que le permite obtener “una ganancia de 18 millones”. Las entregas se suceden. Entre donaciones y préstamos, que no está claro que se devolvieran, el jefe de Estado recibe financiación de una dictadura extranjera por valor de 136 millones de dólares. El Gobierno oculta a la opinión pública tanto su fortuna en el extranjero como sus infidelidades. El rey es intocable y como tal se le protege.

El 1992 es una fiesta. La Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona son el culmen de la euforia. Es “el año de España”, dice la revista norteamericana Newsweek. España es un país que ha dejado atrás los fantasmas de su pasado, coincide la prensa internacional, un ejemplo para los países de Europa del Este inmersos en la transición a la democracia. En ese año, la economía empieza a dar los primeros síntomas de agotamiento. Pronto llega el choque con la realidad. El índice de paro salta del 16,9% en 1991 al 20% un año después. Y sigue subiendo. El 23,8% en 1993 y una décima más en 1994. Políticamente, es mucho peor. Toda la corrupción incrustada en el sistema sale a la luz. El juez Baltasar Garzón vuelve a la Audiencia Nacional después de una breve incursión en la política y descubre que Amedo y Domínguez están dispuestos a cantar sobre los crímenes de los GAL. En la Ejecutiva Federal del PSOE en 1995, González define las investigaciones como una gran conspiración contra él: “Existe un intento claro de destrucción del Gobierno y toda la tarea hecha en estos años. La estrategia se parece mucho a la empleada contra Azaña en los años 30”. No le servirá de nada.

La huida de Luis Roldán y la condena de Mariano Rubio hunden la imagen de su Gobierno. En 1996 ya no quedan más trucos en la chistera y aun así el Partido Popular solo supera al PSOE por 290.000 votos. “Nunca una derrota había sido tan dulce y una victoria tan amarga”, dice González sonriendo en la noche electoral. Pero, por dulce que sea, sigue siendo una derrota.

Al igual que ahora el PP habla de desmontar el sanchismo cuando llegue al poder, Jose María Aznar presume de que ha llegado el momento de demoler el felipismo. Le acompaña una nutrida brigada mediática convencida de que Felipe González ha puesto en peligro a la democracia con su forma autocrática de gobernar, una acusación idéntica a la que se hace ahora a Pedro Sánchez. Como dice Luis María Anson en 1998, “se rozó la estabilidad del propio Estado” en la tarea de demolición: “La cultura de la crispación existió porque no había manera de vencer a González con otras armas”.

ETA, Aznar y Miguel Ángel Blanco

Trece años, cinco meses y tres días de gobierno no son tan fáciles de borrar como quisieran. El PP se lo toma con calma y apuesta por centrarse en la liberalización de la economía. El buque insignia es la privatización de las empresas públicas como Telefónica, Tabacalera, Endesa y Repsol. Algunas de ellas caen en manos de amigos de Aznar o personas de su total confianza.

“España va bien”, repite Aznar en el Congreso, como si con su sola presencia hubiera enderezado el rumbo. Ayudada por el ciclo económico, España entra por una senda de crecimiento sostenido con gran creación de empleo y descenso de la inflación que facilita la entrada en el euro.

El Gobierno se enfrenta a un agravamiento de la amenaza terrorista cuando ETA pone en el punto de mira a concejales del PP y del PSOE. La tensión llega al punto más alto con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. La respuesta popular es inmensa y garantiza al Gobierno que no sufrirá desgaste por mantener una línea dura contra ETA. La sorpresa salta cuando Aznar hace público en noviembre de 1998 que se van a iniciar negociaciones: “He autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco... de Liberación”. El PP se pliega a los deseos de su líder. Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco, pide a las viudas de sus compañeros asesinados por ETA “un poco más de sacrificio por la paz”. Los contactos secretos con Herri Batasuna y luego con ETA en Ginebra no llevan a nada y la organización terrorista rompe la tregua.

La llegada del euro

Con la entrada en vigor del euro con España dentro, Aznar parece haber culminado sus aspiraciones. El naufragio del ‘Prestige’ y la catástrofe ecológica desnudan a un Gobierno convencido de que siempre se saldrá con la suya. Aznar no aprende la lección sobre los límites del poder y suma a España al grupo de países que apoya la invasión de Irak. Aun así, el PP está convencido de su victoria en 2004, esta vez con Mariano Rajoy de candidato. Las últimas encuestas de la campaña dan una ventaja de unos tres puntos al PP. Pero el 11M lo cambia todo. España sufre el mayor ataque terrorista de su historia tres días antes de las elecciones. El Gobierno decide que la autoría de ETA es lo único que le salvará y en poco más de 48 horas su plan se viene abajo. La derecha nunca aceptará que esa derrota tiene más que ver con sus errores y el ejercicio arrogante del poder que con los méritos del rival.

José Luis Rodríguez Zapatero entra en Moncloa sin ninguna experiencia previa en un Gobierno. Elige a 16 personas para su Consejo de Ministros, de las que siete son mujeres. Demuestra audacia al retirar las tropas españolas de Irak. Zapatero hace todo lo que Felipe González no quiso o no podía hacer, en especial sobre memoria histórica. La democracia ha vivido durante décadas sin tocar las estatuas y monumentos que tienen un carácter de homenaje al franquismo y al dictador. Hay que esperar hasta 2005 para que se retire la estatua ecuestre de Franco en Nuevos Ministerios en Madrid y tres años más tarde la de Santander. Entre medias, el Parlamento aprueba la ley de memoria histórica con la intención expresa de reparar el daño sufrido por las víctimas de la dictadura. El PP la denuncia por considerarla una forma de “reabrir heridas”, aunque nadie achaca a los españoles del presente los crímenes del pasado.

Las costuras del sistema político comienzan a agrietarse con la feroz oposición del PP a Jose Luis Rodrígez Zapatero, que se hace aún más dura cuando el presidente acepta negociar con ETA. Antes de los contactos, el PP ya está deslegitimando al Gobierno. Rajoy acusa al presidente de “traicionar a los muertos”. Zapatero no se deja intimidar. Hay que esperar a octubre de 2011 para que ETA haga público “el cese definitivo de su actividad armada”. La organización terrorista nunca consiguió los objetivos políticos que exigió a lo largo de su historia.

No es la convulsión creada por esas negociaciones la que hunde a Zapatero. “La economía va como un tiro”, había dicho en su primer mandato. Hasta que naufraga a partir de los efectos de la tormenta que se origina en EEUU con la quiebra de Lehman Brothers. No es un caso de simple contagio. La burbuja inmobiliaria ha desatado una loca carrera especulativa en muchas de las entidades financieras sin que el Banco de España haya hecho nada útil al respecto. La crisis de la deuda en el sur de Europa obliga a un fuerte recorte del gasto público que no impide que se doble la deuda pública hasta un 70% del PIB en 2011. El PSOE pierde el 38% de sus votos en las elecciones de ese año.

Mariano Rajoy recibe el poder sin hacer prácticamente nada y gracias a promesas que sabe que no podrá cumplir. “Cuando gobierne, bajará el paro”, había prometido en 2010. El desempleo seguirá subiendo hasta el 26,9% en el primer trimestre de 2013 y la deuda sobre el PIB hasta el 100%. La salida de la crisis es lenta y agónica.

La abdicación

A Juan Carlos de Borbón se le acaba la suerte. Su accidente en Botsuana en 2012 en un viaje en el que le acompaña su “amiga íntima” Corinna –así la definen los titulares– termina por hundir todo un escenario de mentiras y delitos. El monarca ha seguido recibiendo durante años dinero del Golfo Pérsico que oculta en Suiza con los mismos mecanismos de las organizaciones criminales internacionales. Solo un año antes de Botsuana afirma en su discurso de Nochebuena: “La justicia es igual para todos”. No para él, como pronto se comprobará. Su permanencia en el trono es tan tóxica que pone en peligro la supervivencia de la monarquía. Después de haberse negado a considerarlo, en 2014 presenta la abdicación y entrega la corona a su hijo Felipe.

El sistema autonómico era uno de los grandes logros de la nueva España surgida tras la Constitución de 1978. Todo descarrila con el desafío del ‘procés’. El Gobierno del PP y los indepes son dos trenes condenados a un choque frontal en 2017. Rajoy decide enviar a los antidisturbios para impedir el referéndum del 1-O. Sólo contribuye a que las imágenes de las cargas salgan en las televisiones de toda Europa. Carles Puigdemont ha desobedecido todos los autos del Tribunal Constitucional y hasta se ha hecho fotos con ellos. Al final, declara una independencia que dura ocho segundos y ofrece unas negociaciones que ya son imposibles. Huye a Bélgica mientras que otros como Oriol Junqueras se quedan para afrontar las consecuencias penales de sus actos. El juicio del procés en el Tribunal Supremo no es suficiente para cerrar esta historia. A partir de ese momento, Catalunya condiciona por completo la política española hasta nuestros días.

Las elecciones de 2015 abren un nuevo capítulo de la democracia española. Desaparece el bipartidismo que ha regido la alternancia en los gobiernos. El tótem del “consenso del 78” es ya historia. Las movilizaciones del 15M ya habían dado en 2011 el primer toque de atención. La España real estaba comunicando a la España oficial que había dejado de representarla en muchísimos asuntos. En los comicios, dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, reciben ocho millones y medio de votos y 109 escaños. Políticos como Rajoy creen que se trata de “una moda” y que la fragmentación del voto será un fenómeno pasajero. No pueden estar más equivocados.

Al igual que lo que ocurrió con Felipe González, la corrupción termina por dar el golpe definitivo al PP. Antes de llegar al poder, Rajoy había intentado presentar a su partido como una víctima, como hizo González en 1995. “Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular”, dice Rajoy en 2009 sobre la investigación judicial y policial de la Gürtel. Solo es el primer capítulo. Las finanzas internas del PP rebosan de dinero negro, como queda patente cuando se investiga a su tesorero, Luis Bárcenas, y se descubre que la caja B se ha empleado para la rehabilitación completa de la sede de la calle Génova, y luego están los sobresueldos en efectivo que ha recibido durante años la cúpula del partido.

La sentencia de la Gürtel recuerda a Rajoy que hay facturas en política que se pagan muchos años después. La moción de censura lleva a Pedro Sánchez al poder. Empieza una época en la que la política no deja de sorprender. Solo veinte meses antes, la carrera política de Sánchez parecía muerta y enterrada cuando se vio forzado a presentar su dimisión como líder del PSOE. No será la primera vez en que sus adversarios le subestimen.

Sánchez es de los políticos que se reinventan a sí mismos en función de la coyuntura. Intenta conseguir una mayoría con Ciudadanos y fracasa. Se rinde a los números tras los comicios de noviembre de 2019 y asume que solo puede gobernar con Unidas Podemos. Rechaza la amnistía de los políticos condenados por el procés al creer que le servirá con los indultos, pero luego la acepta para asegurarse el apoyo del partido de Puigdemont. La España que gobierna es muy diferente a la de los años ochenta. El pragmatismo de los tiempos de González pierde sentido. Ya no es tiempo de resignarse a lo posible, sino de buscar lo que antes parecía imposible, como una política feminista que no espera a que la sociedad evolucione poco a poco.

A partir de 2020, el Gobierno navega a través de circunstancias excepcionales, como la pandemia y los efectos económicos de la invasión de Ucrania. Afronta también el último esfuerzo por salvar a la monarquía del legado de Juan Carlos. Felipe VI le retira los 200.000 euros anuales de asignación al quedar meridianamente claro, no por los tribunales españoles, que su padre conserva una fortuna en el exterior. La única manera de proteger la imagen de la monarquía es enviar a Juan Carlos a vivir al extranjero. Con todo el dinero que ha recibido de las monarquías del Golfo Pérsico, no es una sorpresa que elija los Emiratos Árabes.

La extrema derecha

España deja de ser la excepción europea. La extrema derecha, cuyo mayor capital es el rechazo a la inmigración, se convierte en la tercera fuerza política y el socio indispensable si la derecha quiere llegar al poder. El PP se lanza a una furiosa ofensiva contra el PSOE. También lo hizo contra González y Zapatero, pero esta vez declara que Pedro Sánchez es una amenaza real para la democracia. España vive una tensión insoportable en el sistema político. Mientras, la sociedad no alcanza ese nivel de confrontación y la economía se recupera de la pandemia y reduce el desempleo al nivel más bajo desde 2007.

La derecha pierde la oportunidad de las elecciones de 2023 que ya creía ganadas. Se decide a pintar a España como lo peor de Europa, precisamente cuando Francia y Reino Unido no pueden conjurar su crisis estructural y Alemania se sume en el pesimismo al ver que no levanta cabeza un modelo económico que pensaba que era indestructible. El futuro sí plantea un interrogante amenazante para la sociedad española. Los jóvenes se han acostumbrado a escuchar que vivirán peor que sus padres, no solo por el precio de la vivienda. Para conservar su legitimidad, la democracia no puede limitarse a asegurar la celebración de elecciones libres. Debe ofrecer una garantía de que el futuro será más próspero. De lo contrario, la historia demuestra que puedes recibir sorpresas desagradables.

La filósofa norteamericana Judith Butler ha sido nombrada este lunes Honoris Causa por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), donde ha asegurado que la democracia es un impulso colectivo que es necesario seguir construyendo: “No hay ningún grupo que haya establecido la democracia y haya dado por acabado el proyecto. No, todas las democracias se tienen que renovar”.

En el discurso de investidura ha animado a aquellas personas que viven en “democracias en crisis” a “renovar la dirección y hacer posibles aquellos potenciales que nunca antes se habían hecho posibles”. En esta línea, Butler ha afirmado que las universidades son esenciales para este objetivo, a las que considera responsables de encontrar espacios de colaboración para aquellas personas “con el poder de transformar el mundo”.

“Nadie ha marcado la diferencia por si solo”, ha insistido la pensadora, para quien es necesario “imaginar conjuntamente” el mundo en el que se quiere vivir; uno en que “afirme la vida, el amor, la libertad, la igualdad y una forma de justicia más allá de la venganza”.

Butler, que ha recibido el doctorado Honoris Causa a propuesta de la Facultad de Traducción e Interpretación, ha dedicado unas palabras a criticar lo que, en su opinión, es una tendencia “imperialista” en el sector de la traducción: “El objetivo no debe ser convertir cada texto en un texto en inglés. Eso sería un proyecto hacia el monolingüismo y nuestro mundo debería ir en otra dirección”, ha sostenido.

El acto ha contado también con la intervención de Javier Lafuente, rector de la UAB, quien ha destacado que las aportaciones de Butler “estimulan la reflexión rigurosa y exigente”. Antes de acabar la ceremonia, un grupo de estudiantes ha irrumpido en la sala para mostrar su solidaridad con la Global Sumud Flotilla, cuyos tripulantes han sido retenidos por el ejército israelí.

La protesta ha contado con la complicidad del rector, quien ha expresado su rechazo al ataque de Israel contra la Flotilla y ha exigido “la puesta en libertad de las personas retenidas ilegalmente”.

Asistimos a lo que algunos consideran un apasionante debate sobre quién es periodista y quién no. Debería ser una cuestión gremial, como si acaso procediera el debate sobre quién sea médico, abogado, militar o lo que fuere. Cosas de la mediatización de casi todo. En lo que a mi opinión concierne, en relación con la conducta de ciertos agitadores mediáticos, es un debate falso o, en todo, caso, invasivo. Creo que lo relevante es si hay un periodismo democrático o no.

Pero ocurre que se da una cierta iluminación y cierto postureo en la profesión, de ahí lo de invasivo, como si no hubiera periodistas en las dictaduras; en la nuestra reciente, señalados periodistas pasaron del régimen anterior al nuevo sin despeinarse e, incluso, algunos han tenido la habilidad de figurar en los anaqueles de la admiración de la profesión.

Puestos de todas formas a decidir quién es periodista, qué decir de aquellos que desde que se levantan hasta que se acuestan -elijan la franja horaria- no apean al presidente del gobierno de hijo de puta e incluso al líder de la oposición de otras lindezas y groserías, según la línea editorial-nutritiva, es un decir, del reconocido o temido periodista del que se trate. ¿Periodismo?

La fidelidad a los hechos es una obligación profesional y democrática, solo factible de ser socavada por la ignorancia, el sesgo o el engaño

El debate último es sobre el acoso pero qué decir de la mentira sostenida, habitualmente a sueldo o subvencionada. Azorado por el auge de los totalitarismos de su tiempo, George Orwell exclamó, gritó, que no había controversia sobre la libertad de expresión, “la controversia es sobre si mentir es deseable o no en democracia”. O acosar, añadiría,

La fidelidad a los hechos es una obligación profesional y democrática, solo factible de ser socavada por la ignorancia, el sesgo o el engaño, al que, sostiene Orwell, todo observador es vulnerable, periodista o no. La honestidad intelectual del periodista- sigue- consiste en informar de lo que ha visto, sin inventar hechos o imaginar situaciones, sin ser cautivo de la propia ideología ni la del medio que le paga. La inestabilidad, la precariedad, son una realidad que golpea la libertad de informar pero se convierte con frecuencia en la coartada personal para el engaño, un intento imposible de lavar la mala conciencia.

George Orwell afirmó con contundencia —noten que escribió estas reflexiones en los treinta—: “El periodista no es libre cuando se ve obligado a escribir mentiras o a silenciar lo que parece una noticia de importancia; el redactor o editor que piensa que trabaja con libertad, que opina libremente, no es libre tampoco cuando tiene que falsificar sus verdaderas sensaciones subjetivas”.

El debate puede seguir, es bueno que lo tengan los periodistas, pero sería bueno que amplíen el campo, no es solo periodismo, no son ellos el centro, se trata del periodismo y los periodistas en una sociedad democrática, ampliando el foco más allá de la singularidad de prácticas absolutamente despreciables que no se anulan con reacciones gremiales.

Nos va mucho, nos va que la mentira, la manipulación, el acoso, se conviertan en la excusa para hablar poco de democracia y mucho de los que se consideran elegidos no sé por quién.

Nos engañan con la mentira, el engaño, más que con la fuerza; la frase es de Simón Bolívar. Espero que el desenfoque de la cuestión no nos desvíe de lo fundamental: defender la democracia.

(Los textos y reflexiones completas aparecen en Democracia en alerta, del que soy autor)

Los sindicatos CCOO, UGT y USO, junto a movimientos sociales de la Región, han protagonizado este 1 de mayo dos manifestaciones bajo el lema 'Derechos, no trincheras: salarios, vivienda y democracia', arrancando a las once de la mañana en la plaza de la Fuensanta de Murcia y en la plaza de España de Cartagena. Por primera vez, las tres secretarias generales de los sindicatos mayoritarios son mujeres: Teresa Fuentes (CCOO), Paqui Sánchez (UGT) y Julia Martínez (USO). 

Al ritmo de los tambores del grupo de batucada Kultrum han comenzado a recorrer la Gran Vía miles de personas llevando banderolas, pancartas y globos de color rojo de las distintas organizaciones sindicales.

Más de una decena de niños montados en karts han abierto el desfile: 'Formada y explotada', 'La maestra luchando también está enseñando', rezaban algunos de los carteles que portaban en el vehículo. “Es una forma de señalar que ellos son el futuro. También representan una forma de moverse por los derechos laborales”, ha explicado Nuria Sánchez, de la Federación de Enseñanza de CC.OO.

“¡Aquí está la clase trabajadora; esta es la Murcia que madruga!”, “¡Sabic no se cierra!”, “¡Soy de la privada y estoy precarizada!” y “¡No más muertes por ir a trabjar!” han sido algunas de las proclamas que se han escuchado durante el recorrido por la Gran Vía. El año pasado 37 personas fallecieron en accidentes de trabajo en la Región, 28 durante su jornada y 9 'in itinere'.

Pablo, de 29 años, afiliado de UGT y Ruge, se ha mostrado preocupado al comienzo de la manifestación. El joven está acabando el grado superior de Informática de Formación Profesional: “El tema de la IA está ralentizando mucho la contratación, me ha costado encontrar las prácticas curriculares. A ver qué me voy a encontrar ahora que termino”.

Según un reciente informe de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) publicado con motivo del Día Internacional del Trabajo, en 2024 un 42% de trabajadores de la Región percibieron ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, siendo las mujeres las más precarizadas. 

Al mismo tiempo, las rentas del 0,01% más rico han crecido un 2.917% desde 2003, cuadruplicando la media nacional. Gestha retrata así una comunidad partida en dos velocidades, donde la riqueza generada se concentra en muy pocas manos. 

Teresa Fuentes, secretaria general de CCOO, ha venido manifestando una idea clara: “Frente a quienes quieren enfrentarnos y dividirnos, el movimiento sindical responde con más derechos, más escudo social y más democracia”. La dirigente ha señalado la contradicción central del mercado laboral murciano: los salarios suben apenas un 2,73%, muy por debajo del conjunto del Estado, mientras que los márgenes empresariales superan el 13% y la productividad no deja de crecer.

Paqui Sánchez, secretaria general de UGT, ha incidido en la misma idea desde otra perspectiva y ha subrayado la necesidad de reivindicar el papel constitucional de las organizaciones sindicales en un momento en que, a su juicio, se intenta erosionar su legitimidad.

“Ni puesto de trabajo ni vivienda”

La vivienda es el otro gran frente. Según los estudios elaborados por los propios sindicatos para la convocatoria, en la Región de Murcia el precio de la vivienda usada ha subido un 22% en la última década, la nueva un 50%, y el alquiler se ha encarecido un 8,7% solo en el último año, golpeando especialmente a los jóvenes. CCOO sostiene que ese encarecimiento actúa como una esponja que absorbe cualquier subida salarial conseguida en la negociación colectiva.

Julia Mirete, responsable del sector de Limpieza de UGT, participa en la compañía de teatro del sindicato y anoche representó '¡Esa será mi casa!' en el Centro Cultural de la pedanía murciana de Los Ramos con un “lleno completo”. “Hacemos una crítica social con lo que está ocurriendo. Somos una pareja del pueblo que no tenemos medios para acceder a una vivienda en la ciudad y vamos comprando la casa trozo a trozo”.

“Es imprescindible que tengamos los salarios equiparados al nivel de la vida. La juventud no tiene acceso ni a un puesto de trabajo ni a la vivienda”, ha añadido.

Los sindicatos también han alertado también sobre el peligro de un “retroceso democrático” que avanza en paralelo al ascenso de las ultraderechas. Este Primero de Mayo es, por tanto, para estas organizaciones algo más que una reivindicación laboral: también una defensa del sistema de derechos construido desde la Transición.

En la política tradicional hay momentos en los que lo más importante no es ganar una votación, sino conseguir que una cuestión llegue al centro del debate. La posible admisión a trámite de una reforma de la Constitución Española de 1978 para incluir el aborto es un ejemplo claro. Incluso antes de hablar de mayorías reforzadas o de resultados finales, hay una pregunta previa que es profundamente política: ¿tenemos derecho a debatirlo?

Durante demasiado tiempo, los derechos sexuales y reproductivos han sido tratados como una cuestión periférica, sujeta a mayorías coyunturales y a menudo expuesta a retrocesos. Llevar el derecho al aborto al corazón del debate parlamentario no es solo una iniciativa jurídica; es una declaración de prioridades. Significa reconocer que la soberanía corporal es un pilar de la democracia.

El Congreso no es solo un espacio de decisión, sino también de legitimación simbólica. Aquello que se discute en él adquiere centralidad en el imaginario colectivo y una relevancia política y social que va más allá del resultado inmediato. Debatir el aborto en sede parlamentaria implica sacarlo de la marginalidad, blindarlo en la agenda pública y obligar a todas las fuerzas políticas a posicionarse. Y eso, en un contexto global de regresión de derechos, no es menor.

Pero hay un elemento adicional que hace este debate especialmente urgente: la extrema derecha lleva tiempo situando el aborto en el centro de su ofensiva y lo ha convertido en batalla cultural. No es una cuestión teórica ni futura; es una realidad presente. En todo el mundo, actores políticos reaccionarios utilizan el aborto como puerta de entrada para cuestionar derechos más amplios y negar grandes avances sociales vinculados a la igualdad de género, las violencias machistas o la propia idea de autonomía personal.

Ante esto, no debatir no es una opción neutral. Es, en la práctica, dejar el marco en manos de quienes quieren restringir derechos. Cuando la extrema derecha marca la agenda y el resto de actores políticos se limita a reaccionar de forma tímida o defensiva, el terreno de juego ya está desplazado. Por eso, llevar el derecho al aborto al centro del debate institucional es también una forma de recuperar la iniciativa política y disputar el relato.

Además, abrir este debate permite confrontar argumentos, desmontar discursos desinformadores y generar una conversación pública más madura. Frente a la ofensiva de los movimientos antiderechos, que han convertido los cuerpos de las mujeres en un campo de batalla, el silencio institucional no es neutralidad: es una forma de renuncia. En cambio, el debate es una herramienta activa de defensa democrática.

Somos conscientes de que el recorrido parlamentario de una reforma constitucional puede ser largo y exigente. Las mayorías necesarias son amplias y los equilibrios políticos, complejos. Pero precisamente por eso, el primer paso —admitir a trámite la propuesta— tiene un valor propio. No compromete el resultado final, pero sí abre una ventana de oportunidad. Permite construir consensos, explorar alianzas y, sobre todo, situar el derecho al aborto y los derechos de las mujeres como una cuestión de Estado.

Habrá quien argumente que abrir este debate sin tener asegurada su aprobación final es inútil o incluso contraproducente. Pero esta mirada confunde la política con una simple aritmética parlamentaria. Quienes creemos y trabajamos en una política no tradicional sabemos que esta también es agenda, marco, narrativa y correlación de fuerzas. Y en ese terreno, poder debatir ya es avanzar. No tengamos miedo al debate: hablar de aborto es confrontar a la extrema derecha, romper el tabú y acabar con el estigma.

Porque cada vez que una institución democrática pone sobre la mesa el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, está enviando un mensaje claro: que ese derecho importa, que no es negociable en silencio y que merece ser protegido con las máximas garantías. Aunque el camino sea largo, el simple hecho de iniciarlo ya transforma el punto de partida.

En tiempos de incertidumbre y retrocesos, defender el debate es, en sí mismo, una forma de defensa de los derechos. Y eso, hoy, es más necesario que nunca.

Sílvia Aldavert García es politóloga y activista feminista, experta en Derechos Sexuales y Reproductivos. Es directora de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius e impulsora del proyecto Quiero Abortar