La exconsejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, se ha alzado con el bastón de mando en la localidad albaceteña de Vianos tras ganar el PSOE las elecciones en el municipio.

Los socialistas, encabezados por Sánchez, han obtenido cuatro concejales mientras que el PP ha obtenido tres ediles por lo que se repite el mismo resultado de hace cuatro años cuando el PSOE ganó también la alcaldía.

Aurelia Sánchez dejó la Consejería de Bienestar Social en abril del 2021 y fue designada senadora autonómica tras se propuesta por las Cortes de Castilla-La Mancha.

"Este Día Mundial de la Justicia Social es una oportunidad para poner de manifiesto la necesidad de promover medidas para superar la brecha digital que afecta a las personas con más dificultades y a la población más vulnerable y también para promover un uso práctico, ético y razonable de estas tecnologías"

La Asamblea General de Naciones Unidas decidió en 2007, por resolución unánime, proclamar el 20 de febrero de cada año como el Día Mundial de la Justicia Social. En esa resolución se reconoce que “el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

La justicia social es un principio fundamental para la convivencia y para el desarrollo social que va unido a la igualdad y a la eliminación de las barreras que discriminan a las personas por la edad, el género, la etnia, la capacidad económica, la discapacidad, la situación de dependencia o la cultura.

El tema principal de la conmemoración de este año es ‘Un llamamiento a la justicia social en la economía digital’, poniendo de este modo el foco de atención en los cambios tecnológico que están transformando el panorama laboral, la relación personal y la propia manera de vivir. En la última década se han desarrollado las tecnologías de la comunicación, se ha expandido la conectividad de la fibra óptica y han proliferado las plataformas digitales y las comunicaciones a través de las redes sociales. Pero este desarrollo digital no ha llegado por igual a todas las personas ni a todos los sectores de la población. Sabemos que las personas de edad más avanzada y las personas y colectivos más vulnerables tienen más dificultades para acceder y beneficiarse de las ventajas de las tecnologías digitales en un mundo en el que cada vez se hace más necesario su utilización para tareas concretas de la vida diaria.

Existe una brecha digital en lo que respecta a la disponibilidad, asequibilidad y acceso a Internet y a las tecnologías de la información que ha agravado las desigualdades existentes. Pero, si cabe, esta situación se ha puesto más de manifiesto con la pandemia por COVID-19 que estamos viviendo desde hace un año y que está teniendo, no solo consecuencias sanitarias y, lamentablemente, para la vida de muchas personas, sino que está dejando importantes consecuencias sociales, económicas y psicológicas.

Es por ello que este Día Mundial de la Justicia Social es una oportunidad para poner de manifiesto la necesidad de promover medidas para superar la brecha digital que afecta a las personas con más dificultades y a la población más vulnerable y también para promover un uso práctico, ético y razonable de estas tecnologías.

Estamos viviendo momentos difíciles, pero debemos afrontar el futuro aprovechando todas las oportunidades y manteniendo un trabajo constante por mejorar la protección social, por apoyar a las personas mayores, a las que tienen discapacidad o se encuentran en situación de dependencia y también a las familias y a la infancia más vulnerable y las que se encuentran en situación de pobreza o atrapadas en procesos de exclusión social.

Debemos ser optimistas y tenemos la obligación de generar ilusión y confianza en la sociedad en su conjunto, pero debemos construir alianzas con todos los agentes económicos y sociales, entre la diversas administraciones públicas, con los profesionales de los servicios sociales, con las entidades sociales y con la sociedad civil; con mecanismos de diálogo, como los propiciados con la puesta en marcha de la Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, que empezará a dar sus resultados, sin perder de vista que lo importante son las personas y especialmente las que más apoyo necesitan y las que viven en situación de pobreza y exclusión social.

Mejorar la atención y propiciar procesos de inclusión social son los dos grandes retos que tenemos por delante. No obstante, la justicia social tiene que ver con la equidad, con la solidaridad, con la dignidad y con la calidad de vida de las personas, porque tal vez hoy a las sociedades no haya que valorarlas solamente por su riqueza sino por su bienestar social.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado esta semana “las dos mayores convocatorias” de ayudas dirigidas a corporaciones locales y entidades privadas del Tercer Sector que atienden a personas con discapacidad en la región.

Así lo ha anunciado Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social quien ha detallado que la financiación, correspondiente a este año 2020, ascenderá a 59 millones de euros y llegará a 246 entidades y corporaciones locales que atienden a más de 11.500 familias y en las que trabajan más de 2.000 profesionales.

En cuanto a las entidades locales que gestionan recursos y servicios a estas personas con discapacidad, la subvención asciende a 6,7 millones de euros para financiar los costes de personal y mantenimiento.

Esta financiación, decía Sánchez, llegará “como mínimo” a 30 entidades que han concurrido en 2020 a la convocatoria actual. En total este año hay 52 centros atendidos por las corporaciones locales de los que nueve son centros residenciales con 68 plazas, 22 centros ocupacionales con 586 plazas,15 centros de día con 198 plazas y seis centros de Atención Temprana y Desarrollo Infantil que atienden a más de 600 familias. En total se han atendido a más de 1.500 familias.

En cuanto a la financiación a entidades privadas la convocatoria asciende a 52,3 millones de euros y son 12 millones más que en 2015. “Un 30% más”, destacaba la consejera. La convocatoria también está dirigida a sufragar los gastos de personal y el mantenimiento de los centros, servicios y recursos gestionados por entidades del Tercer Sector.

Llegará a 194 entidades de las que 91 atienden recursos de día con 3.261 plazas, 111 tienen carácter residencial con 1.415 plazas y hay 45 centros de Atención Temprana que atienden a más de 5.500 familias.

En este caso el número de familias beneficiadas por la gestión de estos centros supera las 10.000.

El Programa de Discapacidad de este departamento para 2021, ha concluido la consejera, ascenderá a 125 millones de euros, es decir un 25% más que en 2015. 

El proyecto del decreto que regulará la composición y el funcionamiento de la Comisión de Diálogo Civil con el Tercer Sector de Castilla-La Mancha ya tiene luz verde.

Ha sido uno de los acuerdos aprobados esta semana en el Consejo de Gobierno regional, tal y como anunciaba hoy la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, dentro de un proceso que comenzó a tramitarse a comienzos del pasado verano y después de que a comienzos de año se otorgase al Tercer Sector rango de ley.

La titular del departamento ha explicado que se trata de un órgano colegiado “para dotar de marco institucional de colaboración y diálogo entre la Administración regional y el Tercer Sector” y que impulsará un “foro de diálogo continuo” que coordine las acciones de defensa de los derechos sociales y la inclusión social.

La comisión tendrá un carácter paritario y estará formada por 20 miembros, equiparando tanto el número de hombres y mujeres que la conforman como el de miembros de la Administración regional y del Tercer Sector.

Ha recordado que en Castilla-La mancha el Tercer Sector está representado por 5.200 entidades que atienden a más de 400.000 personas de forma directa y a otro millón más de forma indirecta. Además, más de 6.300 personas trabajan en este ámbito en cuestiones relacionadas con la infancia, la juventud o las personas con discapacidad y dependencia.

Desde el año 1986, cada 5 de diciembre se conmemora el ‘Día Internacional del Voluntariado’, una efeméride que busca resaltar la importante labor que realizan quienes deciden de forma desinteresada ayudar a las personas y colaborar para hacer de nuestro mundo un lugar mejor.

Este año Naciones Unidas hace un reconocimiento al trabajo de las personas y las organizaciones voluntarias que han estado colaborando en la lucha contra los efectos de la COVID-19 y con el lema “Con voluntariado, unidos somos más fuertes”, destaca la necesidad de la solidaridad y la cohesión social para hacer frente a esta pandemia.

Las personas y las entidades que realizan acciones de voluntariado lo hacen por mejorar la vida de las personas que lo están pasando peor y que precisan apoyo y acompañamiento personal y humano, también para mejorar la convivencia y el bienestar social y medioambiental. El voluntariado no es una actividad sencilla, aunque es una actividad solidaria que puede resultar gratificante para las personas que la realizan. Trabajar por los demás, ayudar a quien necesita ayuda es tal vez el ejercicio más generoso y el que más dignifica a la condición humana. Por ello es de justicia que la sociedad y, en nuestro caso, el Gobierno de Castilla-La Mancha aproveche este día para expresar su reconocimiento a las personas que ejercen la acción voluntaria en los diversos ámbitos y lugares de la región.

Quienes ejercen este tipo de acciones, las realizan principalmente para hacer de nuestro mundo un lugar mejor, y sin quererlo se vuelven agentes motivadores, impulsando a otras personas a querer hacerse voluntarias, contribuyendo de esta manera a promover sociedades más justas, pacíficas e inclusivas.

Las entidades de voluntariado desarrollan actividades de carácter cívico o social en favor de la comunidad y de colectivos que tienen necesidades de apoyo, en el marco de una actividad solidaria. La Consejería de Bienestar Social, a través de sus convocatorias de subvenciones, viene colaborando y apoyando a estas entidades para desarrollar su acción voluntaria. Este año se han subvencionado 47 proyectos a 43 entidades para impulsar la formación y la capacitación de las personas y las organizaciones voluntarias, así como para desarrollar actividades propias de la acción de voluntariado con determinas personas y colectivos que necesitan apoyo o acompañamiento.

En este sentido, las organizaciones de voluntariado realizan interesantes proyectos de ayuda a las personas mayores, acompañando a las personas que viven en soledad o sufren alguna enfermedad, así como mediante la realización de actividades con colectivos en situación de dificultad para realizar una vida con autonomía personal y para promover su participación social.

Es necesario destacar que este año ha sido especialmente complicado por la incidencia de la COVID-19 que tanto daño ha causado y sigue ocasionando a la salud y a la propia vida de muchas personas. Una pandemia que está teniendo un impacto mundial y de unas dimensiones preocupantes porque ha afectado ya a 65 millones de personas y ha dejado más de 1,5 millones de fallecidos en todo el mundo. Por eso tiene más mérito si cabe el papel responsable y la relación de ayuda que se ha establecido, precisamente con las personas más vulnerables y más afectadas por las consecuencias sanitarias y sociales de esta pandemia.

Desde el Gobierno Castilla-La Mancha, con su presidente Emiliano García-Page, quiero expresar todo mi agradecimiento y reconocimiento, tanto a las organizaciones como a las personas que ejercen de manera silenciosa y discreta esta impagable labor social.    

La Consejería de Bienestar Social pondrá en marcha en 2021 un nuevo plan de cuidados de larga duración como desafío al reto demográfico, poblacional y digital para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras y que contará con 56,8 millones de euros. Así lo ha puesto de manifiesto la titular de este departamento, Aurelia Sánchez, con motivo de la Comisión de Presupuestos en las Cortes regionales, donde ha añadido que este nuevo plan va a incluir inversiones “importantes” para la reforma y adaptación de centros de atención a personas mayores o con discapacidad de titularidad pública, con un presupuesto de 27,4 millones de euros. Esta línea se hará también extensiva a los centros y recursos que gestionan la atención a personas en situación de dependencia por parte de entidades colaboradoras con la Administración regional.

Este nuevo plan forma parte del principal reto que persigue para el próximo año la Consejería, según ha indicado Sánchez, y que pasa por la adaptación del modelo de bienestar social que aprovechará los fondos Next Generation para “un ambicioso” plan de inversiones con el fin de modernizar las infraestructuras y garantizar la continuidad de los cuidados del hogar a las residencias.

Así, además del plan de cuidados de larga duración en este apartado se incluye la implantación de un servicio de teleasistencia avanzado para dependientes que vivan en su hogar, con el fin de garantizar su seguridad y promover su autonomía; al que se suma la transformación hacia un sistema de información social para modernizar las herramientas y que estará al servicio de los profesionales.

Otros retos

El segundo “gran reto” de la Consejería pasa por impulsar el sistema de la dependencia, que en 2021 va a contar con 574,4 millones de euros, un 4,5 por ciento más con respecto a 2020, para atender la promoción de la autonomía personal y garantizar la continuidad de cuidados “de forma ágil y eficiente”.

El último reto de la Consejería para el año próximo es la adaptación del sistema de prestaciones sociales, para lo que la consejera ha recordado que el Gobierno regional está trabajando en un nuevo decreto de ordenación de prestaciones sociales para personas con dificultades para “armonizar” y adaptar estas prestaciones a las nuevas situaciones, a todo lo aprendido durante el COVID y a la implantación del Ingreso Mínimo Vital a nivel nacional.

“El apoyo económico a las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad se refleja con un presupuesto de 50 millones de euros, contempla el conjunto de prestaciones distintas que pueden necesitar las personas o las familias y se instrumenta a través de los profesionales de los servicios sociales”, ha argumentado.

En defninitiva, la consejera ha indicado que se trata de políticas dirigidas a garantizar la protección de las personas frente al COVID, a ampliar, mejorar y coordinar los servicios y prestaciones que reciben las personas en su hogar; a adaptar los recursos residenciales a las nuevas necesidades o a primar la prevención en la atención a las personas con discapacidad.

A ello, ha añadido que también pretenden agilizar las gestiones del sistema de la dependencia, a desarrollar un sistema de protección de la infancia y de todos los modelos de familias, a armonizar las prestaciones económicas dirigidas a familias con dificultad, a apostar por la colaboración con el Tercer Sector y a crear un sistema de información social que modernice y construya un marco de bienestar interactivo e integral.

La oposición

Desde los partidos políticos, el diputado del PP Vicente Aroca ha indicado que este año está marcado por la pandemia y que el Gobierno regional no la levantado las expectativas entre la población porque “no ha hecho los deberes” en materia de bienestar social. En este sentido, ha dicho que su partido preguntará por los 500 millones que debe el Gobierno a la Junta en materia de dependencia, por si se han pagado las plazas de residentes, por los protocolos en las visitas residentes, por la contratación de trabajadores de atención primaria o las “insuficientes ayudas” de emergencia social. “Vamos a reclamar un rescate para el tercer sector”, ha concluido.

De su lado, el diputado de PSOE Pablo Camacho ha destacado del presupuesto de Bienestar Social que se incrementa en 2021 en más de un 5,5 por ciento el programa de dependencia o que el programa para mayores contará con un aumento del 21 por ciento. También ha destacado los recursos para mejorar la red de residencias y los casi 57 millones para reformar y adaptar los centros y residencias, tanto públicos como privados. “Se fortalecen los servicios públicos y se atienden a los sectores más afectados por la crisis”, ha concluido.

Finalmente, la diputada de Cs Úrsula López ha señalado que la región está viviendo la consecuencia de una “década perdida” en los servicios de bienestar social por parte de los gobiernos del PP y PSOE. “Tenemos pocos recursos en esta pandemia y esto nos ha llevado a consecuencias dramáticas”, ha dicho. Por ello, ha señalado que es “imprescindible” un cambio en el modelo asistencial de las residencias y reforzar la atención a las personas mayores en el propio domicilio; a lo que ha unido la atención a las personas en riesgo de exclusión ante la vulnerabilidad que se ha incrementado con la pandemia.

La vicepresidenta de Educación, Cultura, Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Toledo, Ana Gómez, ha anunciado que en la Residencia Social Asistida San José, dependiente de la Institución provincial, ya hay cero casos de residentes con coronavirus. De este modo, se termina de doblegar la curva de contagios, tras iniciarse los protocolos procedentes después de conocer en septiembre casos del virus en 43 residentes y 22 trabajadores.

El número descendió en las últimas semanas, y el presidente de la institución celebraba que el protocolo ha “funcionado perfectamente”. Así lo señalaba Álvaro Gutiérrez, presidente de la Diputación hace dos semanas, y resaltaba la “la extraordinaria labor de los trabajadores, de la dirección y de todos los miembros que forman parte de la RSA San José”.

IU pide explicaciones a la consejera de Bienestar Social, la consejera “ausente” por la situación en residencias

Este mismo viernes, el coordinador de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, se ha dirigido denominada “consejera ausente”, en referencia a la de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, para exigirle que haga públicos los protocolos de actuación en las residencias de mayores de la región, ante la “evidencia” de que los contagios “vuelven a ser una realidad” en estos centros asistidos. Tras aludir a las informaciones que apuntan a numerosos contagios en las residencias de mayores de Talavera de la Reina, Olías del Rey o Bargas, Crespo ha recordado que ya el pasado mes de agosto pidió al departamento que dirige Sánchez que hiciera públicos dichos protocolos, en previsión de “lo que va a suceder”.

“Pese a las advertencias de los especialistas Bienestar Social no ha hecho nada. La consejera a la que denominamos ausente solo aparece para anunciar recortes en las políticas de su área, pero no ha informado de los protocolos de actuación en las residencias” ha condenado.

De ahí que haya reclamado al Gobierno regional PCR “sistemáticos” tanto a los trabajadores como a los residentes, que exista coordinación tanto con la Atención Primaria como con la especializada en caso de que presenten brotes, sistemas de protección adecuados para los trabajadores y contrataciones suficientes que suplan las bajas del personal. De igual modo, la federación de izquierdas pide espacios de contención para no extender el contagio por toda la residencia y un calendario de desinfección de estos centros, para que se tratan de forma periódica.

Continúa la polémica por la anulación parcial en Castilla-La Mancha del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), la ‘renta mínima’ autonómica, para el desarrollo de la estatal, el Ingreso Mínimo Vital (IMV). La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha salido al paso de las críticas recibidas durante la semana por parte de partidos políticos, sindicatos y trabajadores sociales, afirmando que el tránsito entre ambas ayudas “no dejará a nadie atrás” y que se realizará con todas los garantías. Su comparecencia, junto a la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, y al director general de Acción Social, Gregorio Gómez Bolaños, se ha producido mientras Izquierda Unida pedía su dimisión por la gestión de estas prestaciones sociales.

Tal y como adelantó la Consejería de Bienestar Social a elDiarioclm.es, Aurelia Sánchez ha querido subrayar que el IMS sigue vigente en este momento de forma que lo seguirán cobrando todas las personas que tienen derecho por el tiempo establecido. Lo anulado, ha recordado, ha sido la convocatoria de esta prestación con el objetivo de “evitar la duplicidad de prestaciones” con la llegada del Ingreso Mínimo Vital. Esto llevaría aparejada la petición de indebidos a las familias, por estar percibiendo dos ayudas, “algo que es una situación difícil tanto para las familias como para la administración”.

Por ello, ha recalcado que el Gobierno de Castilla-La Mancha “no va a dejar a nadie atrás y va a proteger y va atender a todas las familias de nuestra región para que puedan salir adelante”. Según ha explicado, habrá un acompañamiento en el tránsito del Ingreso Mínimo de Solidaridad al Ingreso Mínimo Vital a través de los profesionales “para que ninguna familia se encuentre en situación de desprotección”.

Cifras de prestaciones

Dicho esto, ha detallado algunas de las cifras asociadas a estas ayudas. El Gobierno regional ha atendido y ha facilitado más de 17.000 prestaciones económicas a familias, que además al final de año podrían llegar a 25.000 prestaciones económicas. En este sentido, un total de 1.432 se corresponden con ayudas de Ingreso Mínimo de Solidaridad que se están prestando actualmente, 6.401 familias se benefician de las Ayudas de Emergencia Excepcional COVID-19, dotadas con 15 millones de euros, 2.621 se corresponden con los beneficiarios de las prestaciones de ayuda a la pobreza energética, y 1.396 familias son las beneficiarias de las Ayudas de Emergencia Social, convocatoria que permanece abierta con un incremento de 1,6 millones de euros distribuido ya en las provincias para alcanzar a 1.500 familias más. Finalmente, 5.348 familias reciben ya la prestación del Ingreso Mínimo Vital en Castilla-La Mancha, con la previsión de llegar a 10.000 en los próximos meses.

Además, la consejera ha subrayado que mañana viernes se inicia la información pública del nuevo Decreto de ordenación de las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales para personas en situación de dificultad económica o social, “con el objetivo de reordenar y adaptar estas prestaciones a las nuevas situaciones”.

“El apoyo económico es imprescindible para las familias en situación de vulnerabilidad social y económica, pero también el apoyo profesional que, con los equipos técnicos de inclusión y los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria, son la verdadera garantía para conseguir que las personas que peor lo están pasando consigan mejorar su situación de vida y consigan también mejorar su bienestar”, ha concluido.

IU pide la dimisión de la consejera

Al mismo tiempo, IU Castilla-La Mancha ha pedido hoy formalmente la dimisión de la consejera por “su insensibilidad demostrada” respecto a su gestión del Ingreso Mínimo de Solidaridad, o bien que el presidente de la región, Emiliano García-Page, la cese de su cargo. “Pedimos su dimisión por dejar abandonadas a miles de familias en el peor momento desde hace décadas, por encontrarse desaparecida sin dar la cara en residencias de mayores, por intentar engañar la sociedad castellamanchega y por abandonar a los trabajadores de los servicios sociales”, ha afirmado el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo. Ha demandado igualmente que agentes sociales y la plataforma de trabajadores públicos de adhieran a esta petición.

Entre los motivos que han motivado esta decisión, según ha desgranado el líder de IU en Castilla-La Mancha, se encuentran la decisión de dejar sin efecto las ayudas al Ingreso Mínimo de Solidaridad debido a la convocatoria del Ingreso Mínimo Vital; así como sus dificultades para que estas san concedidas, pues, la partida para ello se agotó “en septiembre” y desde enero de este año se han desestimado las solicitudes presentadas.

Asimismo, ha señalado que la mayoría de las ayudas excepcionales COVID de 400 euros convocadas por la Junta a raíz de la pandemia llevan “sin resolver desde junio”. “Los servicios sociales están desbordados, esto está llevando a muchas familias a tener que desalojar su vivienda o vivir sin suministros”.

Castilla-La Mancha ha renovado el sistema de títulos para las familias numerosas mediante un nuevo decreto que esta semana ha recibido el visto bueno del Consejo de Gobierno. Se trata, ha dicho la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, de “mejorar, facilitar y actualizar los títulos adaptándolos a los nuevos modelos familiares y a las novedades tecnológicas”.

El decreto simplifica los trámites tanto para obtener como renovar los títulos de familia numerosa y regula tanto el reconocimiento como la pérdida de tal condición que, ha recordado Sánchez, “tiene muchos beneficios”, en particular, la disminución del coste de las matrículas escolares o de los viajes.

¿Cuáles son las novedades del decreto?

Sánchez ha explicado que el nuevo título de familia numerosa tiene “importantes novedades que nos hacen ser referente nacional”. En este sentido apuntaba que Castilla-La Mancha es pionera en poner en marcha el título digital, soportado en una tarjeta o en el móvil.

Además, Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma, apuntaba, en la que existe una prestación específica para familias numerosas cuyo importe se sitúa entre ocho y 15 euros al mes por hijo, con abono en dos periodos anuales.

Entre las novedades también ha citado la reducción de la documentación exigida para solicitar o renovar los títulos de familia numerosa que, por primera vez, podrá realizarse también de forma telemática con un plazo de resolución, ha dicho la consejera, de un mes.

Por otro lado, no será necesario renovar el título cuando uno de los hijos cumpla 14 años -hasta ahora era imprescindible- aunque en este punto ha matizado que se aplicará solo a los nuevos títulos desde la entrada en vigor del decreto.

También hay cambios para adaptarse a los nuevos modelos de familia. “Si hay separación o divorcio se suprime la obligación de consentimiento por parte del padre o madre custodio”. En el caso de que ambos soliciten el título de familia numerosa, y si existe la figura de un progenitor custodio, prevalecerá el criterio de convivencia. “ Los dos padres no pueden ser titulares”, aclaraba la consejera.

En el caso de que exista custodia compartida, el título de familia numerosa se alternará entre ambos padres de forma anual. Por otro lado, se establece mantener la vigencia y categoría del título hasta que el último de los hijos siga cumpliendo los requisitos, y se suprime la obligación de renovar al cumplimiento de los 26 años de los hijos, ya que la administración renovará de oficio, en estos casos.

Las novedades que aporta el decreto, que ha sido elaborado junto a las federaciones de familias numerosas de Castilla-La Mancha, tendrán aplicación con carácter retroactivo a todas las nuevas solicitudes, aunque se hayan producido de forma anterior a su entrada en vigor.  

En Castilla-La Mancha hay 36.631 familias numerosas y el número de beneficiarios de los títulos asciende a 163.841 personas. En cuanto al perfil, explicaba la consejera, la mayoría de las familias numerosas en la región tiene tres hijos (hay 20.693 familias en esta situación) y existen actualmente dos familias con 13 hijos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha promueve el desarrollo de terapias cognitivas para las personas afectadas de Alzheimer mediante el Sistema de Dependencia. Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante la reunión que ha mantenido junto con el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y la presidenta de la Federación regional de Alzheimer (FEDACAM), Inés María Losa, con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Un encuentro en el que han estado acompañados de Carmen Teresa Olmedo, Delegada de Junta en la provincia y de Manuela Gonzalez-Horcajo, Delegada de Bienestar Social en Ciudad Real.

Aurelia Sánchez ha señalado que más de 5.000 personas diagnosticadas de Alzheimer y sus familias se benefician de los cuatro programas que el Gobierno regional financia a las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer y de los 17 Servicios ‘SEPAP-Mejora T’ 2020 dentro de un modelo de atención “especializada y personalizada”.

En este contexto, la titular de Bienestar Social ha subrayado que debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, los proyectos SEPAP de la región han adaptado su metodología de trabajo, así como las actividades desarrolladas. El número de horas de atención se mantienen sobre las establecidas en el programa, garantizando que los usuarios que en presencial no reciban en 100% de las horas se complementen con trabajos de forma telemática o domiciliaria, cumpliendo con las medidas de protección que recomiendan las autoridades sanitarias.

Así, los proyectos y programas que se están desarrollando de forma no presencial tienen como objetivo las áreas de atención física, funcional y cognitiva, mediante llamadas telefónicas para ir completando y adaptando el plan individual, elaboración de cuadernillos de trabajo con material que facilita la movilidad articular y el desarrollo de la parte cognitiva, así como la prestación del servicio de gerontogimnasia mediante materiales audiovisuales.

Servicios de Dependencia

De esta forma, la consejera ha remarcado que la Junta cumple con el compromiso de consolidar y dar cobertura a los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal SEPAP-MejoraT, para las personas en situación de dependencia moderada; como un servicio de carácter rehabilitador centrado en las áreas funcionales, cognitiva y física de las personas, con servicios públicos y gratuitos de rehabilitación en las áreas de psicología, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia para personas con dependencia.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real ha agradecido al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la consejera de Bienestar Social que hayan querido celebrar este día en esta institución provincial para “seguir reivindicando más recursos y ayuda en el tratamiento e investigación de esta enfermedad, así como poner en valor el trabajo de profesionales y cuidadores que dedican su tiempo a los que padecen Alzheimer”.

En Castilla-La Mancha, casi 54.000 personas sufren los efectos de la enfermedad, siguiendo la misma tendencia ascendente que a nivel nacional. En España hay más de un millón de personas afectadas por la enfermedad, y alrededor de tres millones y medio sufren sus consecuencias. Se diagnostican aproximadamente 150.000 nuevos casos al año y la tendencia se agrava con la edad, afectando al siete por ciento de los mayores de 65 años y al 50 por ciento de los mayores de 85 años.

El Gobierno regional ha habilitado un Plan Excepcional del Servicio Público de Teleasistencia para los usuarios que residen en los municipios con medidas especiales. Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante una visita a Fuentelencina en la provincia de Guadalajara, en la que ha estado acompañada por el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; por el delegado del Ejecutivo autonómico en Guadalajara, Eusebio Robles; la delegada de Bienestar Social en la provincia, Inmaculada Tello y el alcalde del municipio, Santos López.

Aurelia Sánchez ha avanzado que “se trata de un Plan Excepcional que implementa el Servicio Público de Teleasistencia de forma coordinada con las Delegaciones provinciales en los 20 municipios de la región más afectados por la evolución de la COVID-19. Un Plan en el que los profesionales realizan un seguimiento de las 5.948 personas usuarias del Servicio de Teleasistencia afectadas por las medidas, para conocer si tienen cubiertas sus necesidades básicas, identificar situaciones de riesgo, así como tranquilizar y acompañar a los mayores en todo momento”.

En este sentido, la titular de Bienestar Social ha indicado que “los profesionales realizan dos seguimientos semanales en el caso de 2.963 personas usuarias del total, por presentar una situación especial de mayor vulnerabilidad por edad, dependencia o enfermedad, así como por vivir en soledad o acompañados de una persona dependiente de grado 3”.

Por otro lado, la consejera de Bienestar Socia, ha subrayado “las más de 27.000 llamadas realizadas durante el mes de agosto por el Servicio Público de Teleasistencia, dentro de la campaña especial informativa de las medidas post COVID-19 que desarrollará durante los próximos meses”, en las visitas de alta, de seguimiento y durante las visitas técnicas de mantenimiento preventivo o correctivo de la tecnología instalada, así como llamadas telefónicas informativas, desde el centro ubicado en Guadalajara, a la totalidad de domicilios a los que se presta el servicio en la región.

En este contexto, Aurelia Sánchez ha manifestado que el objetivo es incidir entre las personas usuarias del Servicio Público de Teleasistencia en los consejos preventivos y de actuación ante la pandemia y, por otra parte, dar recomendaciones a las personas más vulnerables de cara a afrontar la nueva normalidad tras más de tres meses de confinamiento“.

Asimismo, Aurelia Sánchez ha recordado que “durante la crisis sanitaria se han adaptado y reforzado las metodologías en los servicios de Teleasistencia, con un Plan de Seguimiento Telefónico Intensivo que ha realizado un total de 135.000 actuaciones”, y se ha reforzado el seguimiento del 100% de las personas usuarias de dicho servicio, especialmente entre las que viven solas y residen en alguno de los 835 municipios de la región que disponen del Servicio de Teleasistencia.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha anunciado un Plan de Respuesta Temprana frente a la COVID-19 en los centros residenciales de Castilla-La Mancha que supone “valorar situaciones de riesgo en esta población vulnerable, mejorar la atención e intervención y garantizar respuestas ante brotes y rebrotes que se pueden producir en el futuro”.

En este sentido, Sánchez ha explicado que este Plan está siendo ultimado por las Consejerías de Bienestar Social y Sanidad y ha sido trasladado tanto al Gobierno de España, como a las patronales de las residencias de mayores Artecam y Acescam.

La titular de Bienestar Social ha informado que uno de los puntos importantes de la reunión con la Vicepresidencia del Gobierno de España y las CCAA es “la necesidad de profesionales sociosanitarios en las residencias y mejorar la flexibilización de estos profesionales para acceder a estos centros en caso de situaciones de urgencia y emergencia”. Sánchez ha explicado que para flexibilizar esta contratación de profesionales “se necesita un Plan nacional, algo en lo que se comprometió el Gobierno de España”.

Financiación del Sistema de Dependencia

La consejera de Bienestar Social también ha reivindicado en este contexto “una mayor corresponsabilidad en la financiación del Sistema de Dependencia”.

Además, Sánchez ha subrayado que “es una asignatura pendiente desde los recortes de 2012 y necesita actualmente una respuesta urgente a través de una mayor financiación”.

Hoy 26 de julio celebramos el Día de los Abuelos, una celebración que se conmemora de distintas maneras por la comunidad internacional y que está cargada de emotividad y significado y este año marcado por la pandemia de la Covid-19, cobra más importancia por lo que añoramos a nuestros seres queridos.

La celebración del Día de los Abuelos se la debemos a una iniciativa de la entidad social Mensajeros de la Paz, que en 1988 decidió promover un día para honrar y agradecer a los abuelos y abuelas su enorme contribución a la construcción de nuestra sociedad y a seguir, a pesar de los años, siendo un pilar fundamental de la misma.

En esta sociedad actual el papel de los abuelos se ha visto modificado, pasando a representar una figura clave en la educación de los nietos e incluso en el sustento y apoyo a las familias, cuestión también favorecida por el aumento de la esperanza y la calidad de vida.

Este escenario, en ciertos casos, se conjuga con el hecho que muchos abuelos en lugar de disfrutar de la tranquilidad y merecido descanso por el trabajo realizado a lo largo de su vida, se ven abocados a desempeñar un papel de padres y madres, facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar de sus hijos, por todo ello se merecen el mayor de nuestros reconocimientos y las iniciativas que desde el Gobierno desarrollamos.

El objetivo que nos marcamos es garantizar las mejores condiciones de vida posible para las personas mayores, y la crisis sanitaria a la que nos enfrentamos ha puesto de manifiesto las mejoras que el sistema de atención precisa, pero también sus fortalezas.

Es cierto que, como medida indispensable de prevención y protección, nos hemos vistos obligados a reformular las actividades de envejecimiento activo que veníamos desarrollando, porque los Centros de Mayores son una enorme fuente de actividad y de compañía y favorecen, de manera muy importante la atención de las necesidades sociales y afectivas de las personas mayores. De hecho, en muchos casos, se promueven, con gran aceptación, actividades intergeneracionales que permiten que personas mayores y jóvenes, abuelos y nietos, compartan experiencias y aficiones.

Durante este tiempo, se ha seguido trabajando para preparar la Red Pública de Centros de Mayores para su reapertura, con el proyecto ‘Revisando el modelo de atención en los centros de mayores’ con el fin de mejorar su organización interna, para ello ha sido fundamental la conexión entre los 53 Centros de Mayores que integran la red a través del portal web https://www.centrodemayoresclm.org/ y la formación especializada de los profesionales que atienden, con dedicación y entusiasmo, a los cerca de 115.000 socios y socias que esperan la vuelta a la normalidad para seguir disfrutando de sus proyectos de vida.

Otra de las líneas de trabajo de gran importancia la encontramos en la atención de las personas mayores en su domicilio, fíjense, una gran cantidad de recursos públicos relacionados con el bienestar social y la atención a la dependencia están dirigidos a la atención en el hogar, como puede ser el Servicio de Ayuda a Domicilio o la Teleasistencia, recursos públicos que están encaminados a mejorar el bienestar de las personas mayores y a procurar que disfruten de una vida autónoma y segura en su domicilio, favoreciendo la pervivencia de los vínculos sociales y afectivos con sus familias, vecinos y amigos y que, poco a poco, van incorporando nuevos conceptos como la atención a la cronicidad o la falta de autonomía.

Tampoco me quiero olvidar de los abuelos y abuelas que viven en las residencias de mayores de Castilla-La Mancha, ahora con mayor sentimiento si cabe. Las residencias de mayores son centros de cuidados de larga duración y atienden a las situaciones de dependencia más severas, por ello el Gobierno del presidente Emiliano García-Page trabaja de manera coordinada en el desarrollo de un Modelo Residencial Avanzado, una oportunidad para desarrollar los derechos de las personas mayores y hacerlo con calidad y calidez.

El Día de los Abuelos llega cargado de afecto, recuerdo y reconocimiento del valor que representan en el bienestar de las familias ¡Feliz Día de los Abuelos y Abuelas!

“El Gobierno de Castilla-La Mancha avanza en la consolidación de la Red de Barrios regional para mejorar la inclusión en las zonas más vulnerables”. Así lo ha indicado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante la inauguración del ciclo de seminarios virtuales de la Red de Barrios de Castilla-La Mancha.

Aurelia Sánchez, ha avanzado que “en la actualidad y durante el estado de alarma los profesionales de las entidades sociales han desarrollado 35 proyectos de integración en los barrios más vulnerables de la región que presentan segregación o exclusión”.

En este sentido, la titular de Bienestar Social ha puesto en valor este ciclo de seminarios virtuales que tienen como objetivo la dinamización y consolidación de dicha red a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas entre todos sus miembros, como una forma de aprendizaje de las distintas formas de trabajar contribuyendo a mejorar la efectividad de las actuaciones y de los recursos en los barrios más vulnerables.

Red de Barrios de Castilla-La Mancha

Con este ciclo de seminarios virtuales de la Red de Barrios, el Gobierno de Castilla-La Mancha da continuidad a los proyectos de 2019, en los que participaron 165 personas que representaban a 26 equipos de servicios sociales de Atención Primaria, 31 ayuntamientos y 32 entidades del Tercer Sector Social.

El objetivo principal de la Red de Barrios es abordar problemáticas complejas que se dan en determinadas zonas donde se concentran problemas de déficit de condiciones de vida, situaciones de aislamiento o de deterioro de la convivencia, familias y personas situación de vulnerabilidad y procesos de exclusión social.

Esta red está conformada tanto por profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria, Entidades del Tercer Sector que vienen interviniendo en barrios, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), responsables políticos locales y la Universidad de Castilla-La Mancha.

El Gobierno de Castilla-La Mancha reclama al Gobierno central aumentar hasta los 13 millones de euros la cantidad que destina a la región del 0,7 % del IRPF, que en el último ejercicio ascendió a 11,5 millones, y que se dedica a las personas más vulnerables. Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez este miércoles, día en el que se celebra el Consejo Territorial del Ministerio de Derechos Social y Agenda 2030 y en el que trasladará su propuesta.

“Castilla-La Mancha va a proponer que la financiación para el próximo ejercicio supere los 13 millones de euros, y esto es así porque es una de las comunidades que tiene que ser compensada, por que es una de las regiones que menos financiación tenía según los criterios objetivos de reparto”, ha explicado Aurelia Sánchez.

En este Consejo Territorial también se va a abordar el tema del Ingreso Mínimo Vital. En este sentido, Castilla-La Mancha va a proponer que “sea igual para toda la ciudadanía española, que provenga de los Presupuestos Generales del Estado o del Fondo de Seguridad Social, que sea tramitado por las comunidades autónomas, sin olvidar que estas podrán articular ayudas excepcionales para atender situaciones de emergencia, y por último y muy importante que vaya asociado a políticas activas de empleo, a políticas de inclusión social e inclusión sociolaboral”.

Desescalada interna y externa en residencias

En otro orden de asuntos, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez y el vicepresidente del Gobierno, José Luis Martínez Guijarro se han reunido con la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (ARTECAM), que integra a residencias privadas que tienen plazas concertadas. En la región la Asociación gestiona más de 90 centros y cuenta con más de 6.000 plazas residenciales y más de 600 plazas de centros de día. “ARTECAM es una organización con la que estamos colaborando muy de cerca, no solamente por estas plazas que tenemos concertadas, sino también porque llevamos trabajando varios años en un modelo de calidad”.

Ese modelo en el que está trabajando el Gobierno, un modelo centrado en las personas y que todavía no está implantado, es uno de los asuntos que se han abordado en la reunión. “Hablar de un modelo de atención centrado en la persona significa que el centro de nuestra atención es la persona, sus necesidades, sus decisiones y sus gustos, que hay que tenerlos en cuenta. Pero este modelo implica mucho más, implica por ejemplo, cambios estructurales arquitectónicos en las residencias, cambios de gestión y una mayor especialización profesional”. Pero para ello, ha explicado Aurelia, hay que aumentar la financiación.

“Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha venimos reclamando al Gobierno de España la corresponsabilidad en el sistema de dependencia. Los centros residenciales son las prestaciones del catálogo del sistema de dependencia que precisan más financiación, por eso es tan importante esa corresponsabilidad”. Hasta ahora las Comunidades Autónomas, como Castilla-La Mancha, financian más del 80% de la dependencia y “esto tiene que cambiar en el futuro”.

Otro de los temas que se han abordado con la Asociación es el modelo de concertación. La mayoría de las residencias de Castilla-La Mancha tienen una concertación con la Administración regional para la gestión de plazas públicas. “Estamos preparando un nuevo marco de concertación, que le llamamos concierto social, y queremos que pueda ver la luz el próximo año. Este modelo es más flexible, es más ágil, y pretende que cualquier persona que necesite una plaza pública en cualquier residencia de Castilla-La Mancha tenga esa oportunidad”, ha señalado Aurelia Sánchez.

Por último, ARTECAM ha trasladado al Gobierno regional la preocupación del sector de residencias con relación a la desescalada, especialmente en los centros residenciales. “Vamos a tener reuniones también con el sector de las residencias de mayores para que ese plan de desescalada se pueda hacer en colaboración con todas las personas y entidades implicadas”. En concreto, el sector asegura que le preocupa “la desescalada interna y la externa”. Según ha explicado Aurelia Sánchez, muchas personas mayores continuan confinadas en muchas residencias en sus habitaciones y hay mucho interés en que ya puedan salir y moverse en el interior de la residencia.

“También tendrá lugar un desconfinamiento externo, donde ya las residencias puedan abrir las puertas, a los familiares, a nuevos ingresos o a tratamientos especiales que necesitan como la podología, la peluquería o la apertura de las cafeterías. Todo esto será despacio, tendrá que dictarlo la autoridad sanitaria, pero son preocupaciones del sector, de las familias y del Gobierno. Por eso contaremos con el sector de personas mayores para hacer el plan de transición en Castilla-La Mancha”.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la concesión de subvenciones en materia de discapacidad a entidades sociales por importe de 29 millones de euros. Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, donde ha indicado que estos 29 millones de euros corresponden a 16 expedientes de subvenciones a entidades privadas de iniciativa social, dirigidas al mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la atención de personas con discapacidad durante este año 2020.

“Estos centros también han estado abierto durante este tiempo y han seguido atendiendo a estas personas, porque viven allí, porque los centros residenciales de atención a personas con discapacidad son el hogar de estas personas y no solamente son residencias, también son centros de atención a personas gravemente afectadas y también son viviendas de personas con discapacidad”, ha explicado la consejera. 

Aurelia Sánchez ha señalado que la convocatoria en su totalidad asciende a 52 millones de euros, pero un total de 16 expedientes, que corresponden a 14 entidades, superan la cuantía de 750.000 euros y han requerido la autorización del Consejo de Gobierno. La convocatoria en total supone un incremento del 4,55% sobre el año 2019. En este caso, el movimiento asociativo dispondrá de 2,3 millones de euros adicionales sobre el ejercicio pasado.

En concreto, la subvención a estas 14 entidades supone financiar un total de 917 plazas residenciales, 1.106 plazas de integración socio-laboral, 426 plazas en Centro de Día, es decir, un total de 2.500 plazas especializadas de atención a personas con discapacidad y que suponen dar trabajo a 1.400 profesionales.

La titular de Bienestar Social ha avanzado que estas 14 entidades son ASPRONA y COCEMFE en Albacete, ASPADES-La Laguna en Puertollano, AFAS en Tomelloso, FUENSANTA y ARA en Ciudad Real. También, APROMIS, ASPADEC y Fundación Benéfico Particulares en Cuenca, y la Asociación ‘Las Encinas’ y AFANÍAS en Guadalajara. Finalmente, también se verán beneficiadas AMAFI de Yepes en Toledo y ASPRODETA en Talavera de la Reina.

Sánchez ha recordado que esta convocatoria, con 52 millones de euros en su conjunto, beneficia a 10.000 personas y 166 entidades de iniciativa social que trabajan en el ámbito de la discapacidad en Castilla-La Mancha, que gestionan 90 recursos de día (Ocupacionales, Centros de Día y Servicios de Capacitación) con un total de 3.263 plazas, 108 centros de carácter residencial con 1.360 plazas y 43 servicios de atención temprana y desarrollo infantil que atienden a más de 5.900 familias con hijos con graves dificultades en su desarrollo.

Las personas mayores de las residencias contarán con tabletas para comunicarse con sus familiares

Por otro lado, Aurelia Sánchez ha agradecido a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Fundación Orange la donación de 67 tabletas móviles para facilitar la comunicación de mayores y familiares en los centros residenciales con la finalidad de favorecer la comunicación con sus seres queridos y ofrecerles un sustento emocional que les reconforte.

De este modo, la Consejería de Bienestar Social va a poner a disposición de los 51 centros residenciales públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, estos dispositivos de los que se podrán beneficiar más de 5.200 residentes.

Al ser preguntada sobre cada cuánto tiempo se desinfectan las residencias de mayores ha indicado que, de media, se realiza una desinfección por semana o cada 15 días, “dependiendo de la afectación de la pandemia”, y ha precisado que “todas las residencias de Castilla-La Mancha han tenido la oportunidad de ser desinfectadas y atendidas”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un plan específico de inspección en las residencias de personas mayores de la comunidad autónoma que permitirá “auditar y mejorar” su modelo de atención durante la pandemia de coronavirus. Para ello, el Ejecutivo realizará un 26% más de inspecciones que en el mismo periodo del año anterior, en una apuesta por “repensar” la organización y funcionamiento de estos centros. Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien además ha querido “romper un lanza” a favor de los trabajadores y trabajadoras (un 80% son mujeres) de las residencias de la comunidad autónoma.

La consejera ha iniciado su intervención subrayando que han sido las personas mayores las más afectadas por la pandemia y que por lo tanto su protección es un “objetivo fundamental” del Ejecutivo. “Desgraciadamente este virus ha tratado cruelmente a las personas mayores y nos hemos tenido que despedir de muchos seres queridos. Cuando fallece una persona mayor, muere por el virus; cuando fallece en un hospital, muere por el virus; y cuando fallece en una residencia, muere también por el virus, no por la residencia”, ha remarcado.

“Nadie esperaba esta pandemia”

Dicho esto, ha querido reconocer el “trabajo y esfuerzo” por parte de todos/as los/as profesionales en las residencias, resaltando que “nadie esperaba esta pandemia” y que por tanto es elogiable el trabajo de todas ellas, “desde la limpiadora a la directora y a las auxiliares”.

“Las residencias han llorado de dolor y siguen haciéndolo ahora por el trabajo, por el esfuerzo y por las despedidas de las personas mayores. Son los hogares de las personas mayores, es donde desarrollan sus proyectos de vida y el apoyo para sus necesidades básicas, tienen muchas vidas, mucha vida y muchas historias que contar”, ha añadido, poniendo además ejemplos de directoras que “no están en sus despachos”, sino atendiendo las necesidades de cada residente.

Así, la consejera de Bienestar Social ha admitido que lo sucedido con el coronavirus hace necesario “repensar” el modelo. “No cambiarlo totalmente, pero sí adaptarlo, porque las residencias de ahora no son como las que de hace 30 años y tendremos que adaptarnos a las nuevas necesidades. Se ha hecho un trabajo impecable, profesional y cercano y, si en algún centro ha podido haber mala praxis, tendrán que responder de las consecuencias”.

Es en este contexto donde ha anunciado un plan específico mediante el cual se reforzará un 26% la inspección de los centros residenciales de personas mayores con relación al mismo periodo del año anterior, y que se desarrollará durante el estado de alarma. El objetivo fundamental será velar por la calidad y la seguridad de estos centros, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente tanto en los públicos como en los privados.

Esta medida servirá a su vez como base para “auditar y mejorar” el modelo de centros residenciales de la comunidad autónoma. De hecho, Aurelia Sánchez ha indicado que en la primera fase se realizarán 50 inspecciones en centros residenciales por parte de los 21 inspectores e inspectoras de la región. Por provincias, Albacete cuenta con 4 profesionales, Ciudad Real también 4, Cuenca 4, Guadalajara 4 y Toledo cuenta con 5 profesionales. Con ello, se buscará “verificar y controlar” que se cumplen los protocolos de actuación.

Para garantizar la protección de los usuarios de los centros residenciales, este plan supervisará los recursos humanos disponibles para la atención directa a las personas mayores así como las condiciones higiénicas de las instalaciones y alimentación de los usuarios. También velará por el cumplimiento “del ejercicio de los derechos y deberes de las personas usuarias establecidos en la normativa vigente”, teniendo en cuenta la normativa dictada con motivo del estado de alarma. Y registrará si han existido traslados por este motivo además de la organización y distribución de los espacios del centro.

Cumplimiento de planes de actuación

Finalmente, se supervisará la disponibilidad y cumplimiento de planes de actuación para, en su caso, asesorar a los centros sobre las actuaciones a realizar a fin de mejorar el bienestar de los usuarios y el cumplimiento de la formación e información de los procedimientos COVID- 19.

Por otro lado, Aurelia Sánchez ha puesto en valor el trabajo que se ha llevado a cabo desde la Consejería de Desarrollo Sostenible -a través del dispositivo especial de GEACAM- para la desinfección de los centros residenciales, con 1.373 servicios de desinfección a día de hoy. De estos, 798 han sido en centros de mayores desde que se puso en marcha el dispositivo especial el pasado 20 de marzo.

Posteriormente, el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que, al igual que con el personal sanitario en hospitales, el Gobierno castellanomanchego mantendrá al que trabaja en residencias, incluso hablando con los empresarios del sector, es decir, los que gestionan los centros privados.

Para ello, en total se realizarán 50.000 test a trabajadores asintomáticos para medir la seroprevalencia. “Será fundamental para el análisis de refuerzo de plantillas en los centros privados para que sus directores tengan la información”, ha concluido. En total, se han hecho ya 8.369 test entre rápidos y PCR en centros socio-sanitarios.

La Consejería de Bienestar Social ha proporcionado un total de 156 dispositivos móviles a los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria del Programa regional de Acción Social-PRAS, es decir, los que desarrollan sus intervenciones en los municipios más pequeños de la región. Por provincias, 26 se han distribuido en Albacete, 19 en la provincia de Ciudad Real, 33 en la provincia de Cuenca, un total de 25 se han repartido en Guadalajara y 53 dispositivos móviles han sido distribuidos entre los profesionales de la provincia de Toledo. 

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha señalado que el objetivo de esta medida es “facilitar la localización y la comunicación de los usuarios con los profesionales, ante cualquier situación de emergencia o estado de necesidad que requiera de la información, la orientación y/o el apoyo de los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria”.

Los números de estos dispositivos móviles están expuestos al público en los ayuntamientos, en los centros coordinadores y en los centros sociales, para facilitar el contacto directo con los profesionales y poder realizar cualquier consulta telefónica sin necesidad de que las personas tengan que desplazarse y salir de sus domicilios.

Aurelia Sánchez recuerda que en todas las áreas y zonas de Servicios Sociales se están manteniendo operativos para atender cualquier situación de necesidad que requiera la ayuda o el apoyo de los profesionales, al tiempo que se está manteniendo el seguimiento de las intervenciones y los procesos de tramitación de ayudas y prestaciones económicas sobre cualquier situación de necesidad en la que se pueda encontrar cualquier ciudadano. 

Red Pública de Servicios Sociales de Atención Primaria

La titular de Bienestar Social ha manifestado su reconocimiento a los profesionales de la Red Pública de Servicios Sociales de Atención Primaria como servicios esenciales a la ciudadanía durante el periódico del Estado de Alarma motivado por la pandemia del COVID-19. “está realizando un trabajo imprescindible de atención y apoyo a las personas que más están sufriendo y que son más vulnerables en esta situación tan crítica que nos ha tocado vivir. Para ello están realizando tanto trabajo presencial y atención telefónica, que por primera vez tiene una localización continua gracias a los dispositivos móviles que ha puesto en marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha”.

Del mismo modo, se está intensificando el seguimiento y el apoyo de las personas que viven en situación de soledad, o aquellas que son usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio, que se ha seguido prestando con algunos ajustes originados por las medidas de prevención y atención relacionadas con la pandemia.

En todo caso, se está reforzando la supervisión y el acompañamiento telefónico a las personas que viven solas y en muchos casos se está ayudando a las personas mayores o en situación de dependencia que tienen dificultades para salir a comprar alimentos, medicinas o productos necesarios para el hogar.

Finalmente, ha indicado que los Servicios Sociales de Atención Primaria están “en primera línea” realizando su trabajo habitual, atendiendo las necesidades básicas de las personas más vulnerables y poniéndose a disposición de la Autoridad Sanitaria sea necesario“.

Además, ha puesto en valor el trabajo y el esfuerzo en materia de servicios sociales que están realizando las corporaciones locales, “como muestra de coordinación imprescindible entra la Administración Local y Autonómica, para atender las necesidades de la ciudadanía y luchar de forma conjunta para superar las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de esta crisis”.

“No sabemos dónde está la consejera de Bienestar Social”. Era el comentario hoy del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Nuñez, durante una comparecencia en la que ha criticado la gestión del Ejecutivo regional de la crisis del coronavirus.

“Es muy inoportuno por su parte”, ha criticado la consejera portavoz, Blanca Fernández, quien ha precisado que la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, “tiene problemas de salud desde hace ocho o diez días”. Lo que comenzó con una infección respiratoria se ha convertido en una neumonía. Hasta ahora no concitaba los requisitos para practicarle un test de coronavirus pero ahora, ha confirmado la portavoz, se le va a practicar.

“No sabemos todavía si está contagiada. Su vida no corre peligro. Está trabajando desde casa con fiebre”.

La actitud de Paco Núñez: “Honestamente, es muy irresponsable”

Blanca Fernández ha lamentado “la actitud de la oposición en las últimas horas, especialmente la del Partido Popular, la de su presidente regional ha sido, honestamente, muy irresponsable”.

Y es que, ha matizado, se está utilizando “la demagogia” a través de las redes sociales en alusión al pico de casos que ha sufrido el Hospital de Albacete en las últimas horas. En este sentido, daba varios datos.

“Más del 70% de las personas a las que se ha hecho la prueba del coronavirus han dado negativo y un 28,3% han dado positivo”. En opinión de Fernández es “un dato tranquilizador pero no evita que la prueba se tenga que hacer a todas aquellas personas que lo necesiten siguiendo las instrucciones que establece el Ministerio de Sanidad”,

La portavoz ha asegurado que esta crisis sanitaria “funciona por aluviones y eso es lo que ha ocurrido en los últimos tres días”. En concreto, señalaba “la media de ingresos en este hospital se ha duplicado”.

El 22 de marzo hubo 42 ingresos, al día siguiente hubo 55 y ayer “de golpe” hubo 88.

Fernández ha criticado que la oposición haya utilizado esta “situación excepcional” porque, recalcó, “el hospital reaccionó en pocas horas reubicando a estas personas. Pero no es lo mismo tomar imágenes de las Urgencias a la siete de la tarde en plena reubicación que a las dos de la madrugada cuando ya se había normalizado la situación”.

“En el Gobierno de Castilla-La Mancha afrontamos la pandemia con planificación suficiente pero también con cintura para adaptarnos”, subrayaba. En este sentido ha apelado “a la responsabilidad porque hay que construir. A lo único que hay que destruir es al virus”

También ha recordado que mañana jueves se celebra Comisión sobre la pandemia en las Cortes de Castilla-La Mancha. “Si la oposición quiere pedir responsabilidades, que lo hagan cuando acabe la crisis sanitaria, o mañana, que pregunten o propongan en las Cortes, pero que no entorpezcan, porque lo que les dedicamos a ellos, a responder, los estamos hurtando de lo verdaderamente importante: la protección a la ciudadanía”.

Ha recordado que en el Hospital de Albacete ya funciona el plan de contingencia previsto por la Consejería de Sanidad. “Hoy se está desinfectando la Facultad de Medicina, anexa al propio hospital. Ya se está haciendo el traslado de camas para poner el espacio a disposición. Estaba previsto, pero se ha precipitado”.

El Gobierno regional va a pedir una reunión “urgente” con el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias para abordar temas de dependencia de la región. Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien además ha recordado que van a seguir reclamando la deuda “histórica” que mantiene el Estado con la región, que desde 2012 supera ya los 500 millones de euros en este ámbito. Además ha señalado que también continuan a la espera de que se convoque el Consejo Territorial del Sistema de Dependencia, “que ya debería haberse producido”.

Son algunas de las cuestiones que se han abordado en el Consejo de Gobierno en el que además se han analizado los datos del Observatorio de la Dependencia en su XX Dictamen y que sitúa a Castilla-La Mancha como una comunidad “notable” en el desarrollo del sistema de dependencia. “La fotografía que se presentó del Observatorio a nivel nacional no es nada halagüeña. Los datos mostraron una ralentización de la dependencia en la mayoría de las comunidades autónomas y en algunas un retroceso con relación a la atención a las personas en situación de dependencia. Una situación complicada que contrasta con los datos de Castilla-La Mancha”, ha señalado.

En concreto, asegura que esta situación en la región es diferente por la voluntad política que hay en Castilla-La Mancha por defender la dependencia. “En muchos casos estamos hablando de personas mayores o de personas con discapacidad que pueden estar esperando urgentemente una atención especializada y desde la Ley de Dependencia tenemos la obligación como Gobierno de garantizar esa prestación”, ha señalado la consejera de Bienestar Social.

Notable para Castilla-La Mancha

Aurelia Sánchez ha destacado algunos datos del Observatorio como la nota media obtenida por Castilla-La Mancha del 8,6 en el ejercicio de 2019 frente al 4,6 que tenía en 2015, lo que la sitúa como la segunda comunidad autónoma en gestión de la dependencia. “A su vez, ha descendido a 3.900 el número de personas que se encuentran en el limbo de la dependencia, es decir, valoradas pero a la espera de  contar con una prestación, cuando en 2015 eran 26.000 personas”. Sánchez también ha valorado que se han incrementado los servicios de proximidad, en el hogar y el entorno de la persona dependiente, que por lo general quiere permanecer en su casa o cerca.

“Detrás de las prestaciones a las personas hay financiación y más del 80% de la financiación del sistema de dependencia corresponde a esta Comunidad Autónoma. Más de 400 millones de euros de presupuesto destina el Gobierno de Castilla-La Mancha a la atención a la dependencia”, señala Sánchez. “Tenemos una herencia de recortes desde el hachazo que se produzco en 2012, y comunidades como la nuestra que han querido seguir avanzando lo han tenido que hacer a través de la financiación del sistema de la Comunidad Autónoma”, ha explicado.

Además, ha recordado que el gasto público por persona dependiente en Castilla-La Mancha es superior a la media de España, de 915 euros por persona en la región frente a 665 euros de media nacional, lo que sitúa a Castilla-La Mancha en la tercera posición. “En esta región hay más de 62.000 personas incluidas en el sistema de dependencia y concedidas cerca de 76.000 prestaciones”, ha subrayado.