La aerotermia se está consolidado como una de las inversiones más inteligentes para quienes buscan climatizar su hogar de forma sostenible y económica. Este sistema utiliza una bomba de calor para extraer energía térmica del aire exterior, proporcionando calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria con un alto rendimiento. Más allá del ahorro directo en las facturas mensuales, se han impulsado potentes incentivos fiscales para promover la eficiencia energética en las viviendas españolas.

De hecho y gracias a la normativa vigente, los contribuyentes pueden recuperar una parte significativa del desembolso total a través de su declaración de la renta. Instalar esta tecnología no solo reduce drásticamente las emisiones de CO2, sino que se traduce en un alivio fiscal inmediato. El marco legal actual permite a los propietarios deducirse hasta un 60% del coste total de la instalación. Este beneficio se incluye dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para modernizar el parque inmobiliario nacional. Es, sin duda, la herramienta de ahorro más potente disponible para transformar hoy mismo cualquier vivienda residencial.

Existen diversos tramos de deducción según el tipo de obra y la mejora energética que se alcance finalmente en el inmueble intervenido. El porcentaje más elevado, que alcanza el 60%, está reservado para viviendas unifamiliares o edificios residenciales completos. Para acceder a este beneficio máximo, es necesario acreditar una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30%. También se concede esta desgravación si la vivienda logra obtener una calificación energética de tipo A o tipo B tras la obra. 

La base máxima acumulada sobre la que se aplica este porcentaje puede llegar hasta los quince mil euros en total. Esto supone que un propietario podría llegar a ahorrar hasta nueve mil euros reales en su factura fiscal tras completar la instalación. Si la inversión supera el límite anual de cinco mil euros, la ley permite repartir el excedente en los años siguientes. Esta planificación fiscal a medio plazo garantiza que no se pierda ni un solo euro de la bonificación generada inicialmente.

Un requisito indispensable para validar cualquier derecho a la deducción es la presentación de dos certificados de eficiencia energética obligatorios. El primero de ellos debe haber sido emitido antes del inicio de las obras para establecer el punto de partida del inmueble. El segundo certificado debe expedirse una vez finalizada la instalación de aerotermia para demostrar objetivamente la mejora conseguida. Este documento final debe estar registrado oficialmente antes del 1 de enero de 2028 para ser aceptado por Hacienda. La normativa exige que la bomba de calor instalada cuente con una eficiencia técnica certificada superior a dos con cinco puntos. Sin esta acreditación técnica específica, el sistema no sería considerado legalmente como una fuente de energía renovable deducible.

Además, el pago de la factura debe realizarse mediante métodos totalmente trazables como transferencias bancarias o tarjetas. Cualquier pago efectuado en efectivo invalida automáticamente la posibilidad de desgravar la inversión realizada en la vivienda habitual. Las obras de mejora energética que dan derecho a estos beneficios fiscales deben finalizarse como muy tarde el 31 de diciembre de 2026. La deducción es aplicable tanto si la vivienda es la residencia habitual del contribuyente como si está destinada al alquiler. Sin embargo, la normativa es muy clara al excluir expresamente las segundas residencias de uso vacacional de estos incentivos. 

Tampoco se admiten deducciones para aquellas partes de la casa que estén afectas a actividades económicas o despachos profesionales. El inmueble debe estar situado en territorio español y las mejoras no deben cubrir zonas comunes ajenas a la eficiencia. Por ejemplo, quedan excluidos los anexos como garajes o piscinas, centrándose la ley estrictamente en el confort térmico interior. Es fundamental que el propietario sea quien sufrague los costes y que estos queden debidamente documentados con facturas legales. Este marco temporal y de uso busca priorizar la rehabilitación del parque de viviendas principales en todo el país.

Compatible con otras ayudas

Una de las grandes ventajas de la deducción por aerotermia en 2026 es el mecanismo conocido como ventaja del arrastre fiscal. Si la inversión total es elevada y la deducción resultante supera el límite máximo anual permitido, el contribuyente no pierde el exceso. La ley permite aplicar las cantidades restantes durante los cuatro ejercicios fiscales siguientes a la realización de la obra. Por ejemplo, en una instalación de dieciocho mil euros, se podría deducir el máximo anual permitido de forma recurrente. Esto permite alcanzar el ahorro acumulado de nueve mil euros de manera progresiva, aliviando la carga fiscal durante varios años. Gracias a este sistema, la rentabilidad económica de la aerotermia se maximiza independientemente de la renta anual del propietario. Es una medida diseñada para que las grandes inversiones en climatización eficiente sean accesibles para una mayoría de hogares. 

La deducción en el IRPF es totalmente compatible con otras ayudas públicas, como los fondos europeos Next Generation o las subvenciones locales. No obstante, existe una regla contable esencial: hay que restar el importe de la ayuda recibida del coste total de la factura. Por ejemplo, si una instalación cuesta diez mil euros y se recibe una ayuda de tres mil, la base deducible será de siete mil. Sobre esa cantidad resultante es sobre la que se aplicará el porcentaje de deducción que corresponda según el caso técnico. Además, muchos municipios ofrecen bonificaciones adicionales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que pueden llegar al 50%. También es posible beneficiarse de la reducción en tasas urbanísticas y licencias de obra al tratarse de mejoras sostenibles. Los Certificados de Ahorro Energético suponen otra vía de ingresos extra al ser comprados por las comercializadoras eléctricas. Todo este ecosistema de ayudas reduce el coste neto de la aerotermia en más de un 80%. Invertir en aerotermia durante este año, por lo tanto, representa toda una oportunidad para mejorar el valor y la eficiencia de cualquier inmueble.

Las rentas bajas, las que más problemas tienen para acceder a una vivienda y en general para llegar a fin de mes, serán las que menos se beneficien del nuevo tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aprobado por el Gobierno valenciano que preside Juan Francisco Pérez Llorca y que implicará una merma en los ingresos de la Generalitat de 160 millones de euros en un momento en el que la administración valenciana tiene serios problemas de tesorería y no puede hacer frente a las mejoras en la educación pública que han desencadenado una huelga que alcanza su cuarta semana de protestas.

Así, la nueva escala aprobada por el Consell beneficiará especialmente a las rentas medias y altas. En concreto, las rentas de hasta 12.000 euros se verán beneficiadas con un ahorro de 0,20% al pasar de un tipo aplicable del 9% al 8,80%; a partir de 22.000 euros, el ahorro será del 0,30%; las rentas de 42.000 euros hasta 72.000 euros tendrán un ahorro del 0,60% y a partir de esa cuantía será del 0,40% (ver tablas). De esta forma, el ahorro será un 25% más para estas rentas que para las de la franja de entre 12.000 y 22.000 euros. Si vamos a casos concretos, términos absolutos, una persona con una renta de 22.000 euros se ahorrará 54 euros y otra con una renta de 72.000 euros se ahorrará 324 euros.

De esta forma, los casi 2 millones de contribuyentes con rentas de hasta 30.000 euros se van a ahorrar entre 1 y 48 euros, mientras que las 693.048 personas con rentas de entre 30.000 y 80.000 euros tendrán un ahorro de entre 91 y 317 euros. Por su parte, los 68.328 contribuyentes con rentas superiores a 80.000 euros se ahorrarán entre 358 euros y 424 euros.

Así se recoge en el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat -conocida comúnmente como Ley de Acompañamiento- y cuyas novedades ha dado a conocer este lunes el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira.

El titular de Hacienda ha explicado que esta misma mañana ha salido publicado en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) el anuncio del trámite de audiencia ciudadana del Anteproyecto de Ley, que acompaña al Proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2026 presentada el pasado viernes.

Rovira ha recordado que cuando llegaron al Gobierno valenciano aplicaron una reducción con la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, implementamos las medidas de las deducciones por salud y deporte, y justo este lunes, 1 de junio, ha entrado en vigor la reducción de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

El conseller ha señalado que “faltaba dar el paso en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que la Comunitat Valenciana tiene los tipos más altos de toda España. Y lo que vamos a hacer es una rebaja que afecta a todos los tramos, especialmente a las rentas medias y bajas, y que alcanzará a 2,7 millones de contribuyentes concentrados de una manera especial entre los tramos de 32.000 y 72.000 euros”.

El conseller ha señalado que esta medida se implementará en la Renta de 2026 cuya campaña se realizará en 2027. “Nuestro interés es que sea sostenible en el tiempo, por eso lo vamos haciendo de una manera progresiva”, ha manifestado.

Reducción de la carga fiscal y mantenimiento de la progresividad

Rovira ha explicado que el objetivo “es reducir la carga fiscal sobre rentas bajas y medias y controlar el impacto presupuestario además de mantener la progresividad del impuesto”.

Así, los primeros pasos que se han dado se centran en la reducción generalizada de tipos entre 0,2 y 0,6 puntos y mayor intensidad entre 32.000 euros y 72.000 euros. No hay cambios a partir de los 150.000 euros. El conseller ha remarcado que el 72% de los beneficiarios “son rentas inferiores a 30.000 euros y que el 87,3 % del ahorro total se concentra en contribuyentes con rentas inferiores a 80.000 euros”.

Por otra parte, el Anteproyecto de Ley establece medidas en impuestos de Sucesiones y Donaciones para facilitar el relevo de las empresas familiares. “Era una medida que nos habían planteado principalmente desde la empresa familiar. Más del 90 % de las empresas de la Comunitat Valenciana son familiares y era de justicia escucharlos y plantear medidas que garanticen que este tipo de negocios puedan continuar”, ha añadido el conseller.

Les rendes baixes, les que més problemes tenen per a accedir a un habitatge i, en general, per a arribar a final de mes, seran les que menys es beneficiaran del nou tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) aprovat pel Govern valencià que presideix Juan Francisco Pérez Llorca i que implicarà una pèrdua en els ingressos de la Generalitat de 160 milions d'euros en un moment en què l'Administració valenciana té seriosos problemes de tresoreria i no pot fer front a les millores en l'educació pública que han desencadenat una vaga que arriba a la seua quarta setmana de protestes.

Així, la nova escala aprovada pel Consell beneficiarà especialment les rendes mitjanes i altes. En concret, les rendes de fins a 12.000 euros es veuran beneficiades amb un estalvi del 0,20% en passar d'un tipus aplicable del 9% al 8,80%; a partir de 22.000 euros, l'estalvi serà del 0,30%; les rendes d'entre 42.000 i 72.000 euros tindran un estalvi del 0,60%, i a partir d'aquesta quantia serà del 0,40% (vegeu les taules). D'aquesta manera, l'estalvi serà un 25% superior per a aquestes rendes que per a les de la franja d'entre 12.000 i 22.000 euros. Si anem a casos concrets, en termes absoluts, una persona amb una renda de 22.000 euros s'estalviarà 54 euros i una altra amb una renda de 72.000 euros s'estalviarà 324 euros.

D'aquesta manera, els quasi 2 milions de contribuents amb rendes de fins a 30.000 euros s'estalviaran entre 1 i 48 euros, mentre que les 693.048 persones amb rendes d'entre 30.000 i 80.000 euros tindran un estalvi d'entre 91 i 317 euros. Per la seua part, els 68.328 contribuents amb rendes superiors a 80.000 euros s'estalviaran entre 358 i 424 euros.

Així es recull en l'Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat —coneguda comunament com a Llei d'Acompanyament—, les novetats de la qual ha donat a conéixer aquest dilluns el conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, José Antonio Rovira.

El titular d'Hisenda ha explicat que aquest mateix matí ha sigut publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) l'anunci del tràmit d'audiència ciutadana de l'Avantprojecte de Llei, que acompanya el Projecte de Pressupostos de la Generalitat per a 2026 presentat divendres passat.

Rovira ha recordat que quan van arribar al Govern valencià van aplicar una reducció amb la bonificació del 99% de l'Impost de Successions i Donacions, van implementar les mesures de deducció per salut i esport i, just aquest dilluns, 1 de juny, ha entrat en vigor la reducció de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

El conseller ha assenyalat que “faltava fer el pas en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), ja que la Comunitat Valenciana té els tipus més alts de tot Espanya. I el que farem és una rebaixa que afecta tots els trams, especialment les rendes mitjanes i baixes, i que arribarà a 2,7 milions de contribuents, concentrats especialment en els trams d'entre 32.000 i 72.000 euros”.

El conseller ha assenyalat que aquesta mesura s'aplicarà en la renda de 2026, la campanya de la qual es farà el 2027. “El nostre interés és que siga sostenible en el temps, per això ho anem fent d'una manera progressiva”, ha manifestat.

Reducció de la càrrega fiscal i manteniment de la progressivitat

Rovira ha explicat que l'objectiu “és reduir la càrrega fiscal sobre les rendes baixes i mitjanes i controlar l'impacte pressupostari, a més de mantenir la progressivitat de l'impost”.

Així, els primers passos que s'han donat se centren en la reducció generalitzada de tipus entre 0,2 i 0,6 punts, amb una major intensitat entre 32.000 i 72.000 euros. No hi ha canvis a partir dels 150.000 euros. El conseller ha remarcat que el 72 % dels beneficiaris “són contribuents amb rendes inferiors a 30.000 euros i que el 87,3 % de l'estalvi total es concentra en contribuents amb rendes inferiors a 80.000 euros”.

D'altra banda, l'Avantprojecte de Llei estableix mesures en els impostos de Successions i Donacions per a facilitar el relleu de les empreses familiars. “Era una mesura que ens havien plantejat principalment des de l'empresa familiar. Més del 90 % de les empreses de la Comunitat Valenciana són familiars i era de justícia escoltar-les i plantejar mesures que garantisquen que aquest tipus de negocis puguen continuar”, ha afegit el conseller.

La Agencia Tributaria abrirá este viernes, 29 de mayo, el plazo para pedir cita previa para la atención presencial de la Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al año 2025, si bien la asistencia en oficinas arrancará el día 1 de junio.

Desde el pasado 8 de abril, los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones a través de internet. Además, desde el 6 de mayo está en marcha el plan para la atención telefónica de cara a la confección y presentación de declaraciones (plan 'Le Llamamos') y también se habilitó ese día el plan especial de asistencia en pequeños municipios.

Para la solicitud de cita telefónica y presencial el contribuyente cuenta con un servicio en la sede electrónica y la 'app' con una visualización clara y cómoda para la selección del canal de atención y la elección entre las distintas fechas disponibles. El servicio incluye, además, la posibilidad de filtrar oficinas por códigos postales e informa al contribuyente de la primera cita disponible.

El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 25 de junio.

En esta Campaña de Renta 2025, la Agencia Tributaria prevé ingresar 24.628 millones de euros, un 18,4% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 3,2% inferior, con 13.271 millones.

En total, se prevén 25.251.000 declaraciones, un aumento del 2,1% respecto al ejercicio anterior, debido al impulso en la creación de empleo registrada en 2025.

130.000 CARTAS PREVENTIVAS PARA SUBSANAR ERRORES DEL CONTRIBUYENTE

Al igual que en los dos años anteriores, la Agencia Tributaria hará un envío de cartas preventivas (además de avisos en Renta Web y en la 'app' en el apartado de estado de tramitación de la declaración), a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la AEAT.

Con una primera fase a mediados de mayo y una segunda en junio se prevé remitir cerca de 130.000 cartas según vayan presentando su declaración los contribuyentes.

La campaña de la Renta 2025 avanza hacia su tramo final con la activación progresiva de todos los canales de atención disponibles para los contribuyentes. Aunque la presentación por internet está habilitada desde el pasado 8 de abril de 2026, lo cierto es que no todo el mundo opta por esta vía. Hay perfiles que prefieren contar con apoyo directo antes de presentar su declaración, ya sea por dudas concretas, por la complejidad de su situación o simplemente por falta de hábito en el uso de herramientas digitales.

Entre ellas, la atención presencial en oficinas sigue teniendo un papel relevante dentro de la campaña. Este servicio está dirigido especialmente a quienes necesitan ayuda personalizada para confeccionar su declaración o prefieren resolver sus dudas cara a cara con personal especializado. A pesar del avance de los canales digitales, este tipo de asistencia continúa siendo una opción útil para determinados contribuyentes, especialmente aquellos que buscan mayor seguridad en el proceso o que no se sienten cómodos gestionándolo por su cuenta.

El calendario establece dos fechas clave para quienes quieran utilizar esta modalidad. A partir del 29 de mayo se puede solicitar cita previa para ser atendido en una oficina de la Agencia Tributaria. La atención presencial comenzará el 1 de junio y se mantendrá hasta el 30 de junio, día en el que finaliza la campaña de la Renta. Esto implica que el margen para acudir físicamente es más limitado que en otros canales, como online o por teléfono, por lo que resulta recomendable planificar con antelación para evitar problemas de disponibilidad o falta de citas en determinados horarios.

Cómo solicitar cita para atención presencial

La solicitud de cita previa es un paso obligatorio para poder acceder a la atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria. No basta con acudir dentro del plazo habilitado, ya que el servicio funciona exclusivamente con reserva de día y hora. Además, es importante tener en cuenta que pedir cita no implica ser atendido de forma inmediata, sino que permite elegir un turno dentro del periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio.

Existen varias vías para solicitar esta cita, adaptadas a diferentes preferencias y niveles de familiaridad con la tecnología. La opción más habitual es hacerlo a través de internet, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Para completar el proceso, el contribuyente debe identificarse mediante alguno de los sistemas admitidos, como el NIF o NIE junto con el número de referencia, el sistema Cl@ve, el DNI electrónico o un certificado digital.

Otra alternativa es utilizar la aplicación móvil oficial de la Agencia Tributaria, disponible para dispositivos Android e iOS. Esta herramienta permite gestionar la solicitud de cita desde el teléfono móvil de manera sencilla, siempre que el usuario pueda identificarse correctamente. También es posible solicitar la cita por teléfono, a través de los números 91 553 00 71 y 901 22 33 44, con horario de atención de lunes a viernes entre las 9:00 y las 19:00 horas.

Este sistema de cita previa se enmarca dentro de un conjunto más amplio de servicios de asistencia. La atención telefónica para la confección de declaraciones está operativa desde el 6 de mayo y también requiere reserva previa, que puede solicitarse desde el 29 de abril hasta el 29 de junio. Con la incorporación de la atención presencial, la Agencia Tributaria completa así todas las modalidades de ayuda personalizada, orientadas especialmente a quienes no pueden o no desean utilizar exclusivamente los canales digitales.

Datos y documentos necesarios para la cita

Contar con una cita previa es solo una parte del proceso, ya que para que la declaración pueda confeccionarse correctamente en la oficina es imprescindible acudir con toda la documentación necesaria. Si faltan datos relevantes, la atención puede quedar incompleta y el trámite no podrá finalizarse en ese momento, lo que obligaría a solicitar una nueva cita o a aportar la información pendiente en otro momento. Por este motivo, resulta recomendable revisar con antelación toda la documentación antes de acudir a la oficina.

Entre los documentos básicos, es obligatorio llevar el DNI original de la persona titular que acude a la cita. Además, se debe presentar una fotocopia del DNI de todas las personas que figuren en la declaración, algo especialmente importante en el caso de unidades familiares.

También es necesario aportar el número IBAN de la cuenta bancaria, un dato imprescindible para gestionar el resultado de la declaración, tanto si corresponde una devolución como si hay que realizar un pago. Junto a esta información, se deben incluir las referencias catastrales de todos los inmuebles, tanto en propiedad como en alquiler o en otras situaciones, un dato que puede consultarse fácilmente en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

En el caso de que una persona acuda a la cita en representación de otra, será necesario presentar una autorización firmada por el titular junto con una copia de su DNI. Sin este requisito, no será posible confeccionar ni presentar la declaración en nombre de terceros, incluso cuando exista una relación familiar.

Los sindicatos CCOO y UGT y las víctimas del amianto han denunciado que el Gobierno sigue denegando que las ayudas públicas para los afectados por el amianto no tributen en el IRPF, mientras que aprueba esa misma medida para otras víctimas, como por la DANA, los incendios forestales y los abusos en la Iglesia.

“Hemos conocido que esta semana, el 20 de mayo, el Pleno del Congreso ha convalidado el Real Decreto-ley 10/2026 que, entre otras medidas, exime de tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las ayudas recibidas por las víctimas de la DANA, de los incendios forestales y a las indemnizaciones percibidas por las víctimas de los abusos en el seno de la Iglesia”, destacan en un comunicado conjunto este viernes los sindicatos mayoritarios y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica).

“Nuestras organizaciones queremos dejar constancia que estamos de acuerdo con esta decisión, pero no logramos entender por qué el Gobierno de España no la hace extensiva a las víctimas de amianto”, añade el comunicado.

Denuncian ser “víctimas de segunda categoría”

Jon García, portavoz de Fedavica, insiste en que es “inaceptable” esta diferencia, por la que consideran que están siendo tratados como “víctimas de segunda”. Tras más de dos años de retraso en el lanzamiento del fondo público con compensaciones para estas víctimas, los afectados por el amianto vienen reclamando estas exenciones fiscales, sin éxito.

“El argumento que hemos repetido hasta la saciedad para defender esta exención es que el Estado español tiene responsabilidades al haber retrasado la prohibición del uso de este cancerígeno hasta junio de 2002, a pesar de conocer la evidencia científica sobre sus efectos para la salud con décadas de antelación”, explican en el comunicado.

Y añaden que, además, “en ese momento ya existían colectivos que tenían reconocida la exención, como las víctimas del amianto, la talidomida o el VIH”, recoge la agencia EFE.

Próxima reunión con el Gobierno

El pasado 22 de abril, sindicatos y afectados mantuvieron una reunión con el secretario de Estado de Seguridad Social y de Pensiones, Borja Suárez. En ella, reclamaron al Gobierno la modificación del reglamento del fondo del amianto por los incumplimientos en la entrada en vigor de algunos supuestos previstos por la Ley y por las escasas cuantías de las indemnizaciones, muy inferiores a las que se consiguen en los tribunales, así como para volver a pedir la exención del IRPF.

“El Secretario de Estado tomó nota, pero no nos dio respuesta dejándolo pendiente de una nueva reunión prevista para el próximo 10 de junio”, aseguran en el comunicado, a lo que añaden que parece que se trata “de una cuestión pendiente de estudio por el Ministerio de Hacienda y que exige de su aprobación mediante una Ley”, lo que alargaría aún más el proceso.

Jon García insiste al Gobierno en la necesidad de aprobar una medida de justicia con las víctimas del amianto e insiste en su capacidad, a la vista de la reciente aprobación para el resto de colectivos de afectados.

Aproximadamente unos 89.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos en Castilla y La Mancha se beneficiarán de la orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen los índices de rendimiento neto en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2025, el denominado sistema de módulos, para agricultores y ganaderos. La reducción de la base imponible se estima en 63 millones de euros.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado esta orden que recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de minoración de dichos índices, que ha tenido en cuenta los efectos de circunstancias excepcionales adversas que afectaron a la rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas durante 2025, según ha señalado el MAPA en un comunicado.

Determinados sectores se benefician de reducciones específicas, del 50 % en el caso la apicultura, y del 30 % en ovino y caprino, tanto para producción de carne como de leche.

Como en otras ocasiones, se ha efectuado también un elevado número de reducciones a nivel autonómico, provincial o municipal en otras producciones, entre las que destacan las aprobadas para los cereales, olivar y viñedo en importantes zonas productoras.

Estas deducciones se suman a la reducción general del 5 % en el rendimiento neto para los aproximadamente 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos establecida en la orden HAC/1347/2024, de 28 de noviembre.

Las reducciones aplicadas reflejan las situaciones de adversidad climática del año 2025, entre las que han destacado altas temperaturas, heladas, pedriscos, vientos, precipitaciones extremas y la sucesión de incendios forestales del verano.

Adicionalmente, los agricultores y ganaderos pueden beneficiarse de otras deducciones como el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros, que representen más del 50 % del importe de los consumidos. El índice único para todos los sectores ganaderos es del 0,5.

También se aplica un coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego, con una reducción de un 25% del rendimiento neto extensible a todos los regadíos y no sólo a los de consumo eléctrico estacional.

Igualmente se mantiene la exención del impuesto del IRPF para el cobro de los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC).

Buscador

La Coordinadora de Agricultores y ganaderos ha desarrollado un buscador en las que agricultores y ganaderos pueden buscar por sector (olivar, viñedo, cereales, aguacate, arroz, ganadería…) o directamente por municipio. 

En Castilla-La Mancha los agricultores y ganaderos se pueden beneficiar de las reducciones establecidas a escala nacional, que son las siguientes:

- Ovino y caprino de carne de 0,13 a 0,09

- Ovino y caprino de leche de 0,26 a 0,18

- Apicultura de 0,26 a 0,13

Además, se efectuaron reducciones adicionales en determinadas zonas y cultivos a nivel municipal:

-            Cereales en 27 municipios (17 Toledo y 10 Guadalajara)

-            Cereales Cebada en 25 municipios (7 Cuenca y 18 Guadalajara)

-            Cereales: Trigo en 4 municipios de Guadalajara

-            Frutos no cítricos: Albaricoque y melocotón en 4 municipios de Albacete

-            Frutos secos: Almendra en 19 municipios (4 Albacete, 3 Cuenca y 12 Toledo)

-            Frutos secos: Avellana en 6 municipios de Toledo

-            Frutos secos: Pistacho en 14 municipios (4 Albacete y 10 Toledo)

-            Leguminosas en 7 municipios de Toledo

-            Leguminosas: Guisantes grano en 1 municipio de Guadalajara

-            Leguminosas: Lentejas en 5 municipios de Cuenca

-            Leguminosas: Yeros en 7 municipios de Guadalajara

-            Ovino y caprino de carne en 4 municipios de Toledo (igual que la reducción nacional del

30%

-            Productos del olivo en 2 municipios de Cuenca

-            Uva para vino con D.O. en 20 municipios (11 Albacete, 1 Cuidad Real y 8 Cuenca)

-            Uva para vino sin D.O. en 31 municipios (11 Albacete, 8 Cuenca, 1 Ciudad Real y 11 Toledo)

Tovalloles netes, llençols acabats de canviar, càpsules de cafè, bugaderia industrial, neteja “diària”, petits kits de bany... En els darrers anys, propietaris i empreses dedicades al lloguer turístic han intentat “colar” a Hisenda despeses i deduccions pròpies de la indústria hotelera. L'objectiu: aconseguir un tractament fiscal molt més favorable, accedir a avantatges en l’IVA i ampliar les desgravacions possibles a l'IRPF. Els tribunals, però, han anat estrenyent el setge sobre aquells que intenten equiparar pisos turístics i vil·les vacacionals amb hotels, desmuntant un per un arguments basats en canvis de tovalloles, serveis de bugaderia i esmorzars de cortesia.

La 'batalla' fiscal es lliura en ple auge del lloguer vacacional. Mentre col·lectius socials denuncien que el boom de les plataformes de lloguer turístic i la pressió inversora vinculada al negoci vacacional han transformat barris sencers, disparat el preu de l’habitatge i multiplicat la rendibilitat de pisos, xalets i vil·les turístiques, provocant que nombrosos residents es vegin expulsats dels seus barris com a conseqüència de la imparable gentrificació, la patronal del lloguer turístic recrimina que s'utilitzi aquest sector com a “cap de turc” de la crisi habitacional i que s'“estigmatitzi” un àmbit que reclama més seguretat jurídica.

Segons les últimes dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), al novembre de 2025 hi havia a Espanya 329.764 habitatges turístics -més d'1,6 milions de places en total- anunciades en plataformes digitals com Airbnb, Booking o Vrbo, xifra que equival a l'1,24% del parc total d'habitatges del país. A Balears, l'INE comptabilitzava 19.398 habitatges turístics i més de 124.000 places vacacionals, equivalent a gairebé el 3% de tots els habitatges de l'arxipèlag. Mentrestant, les administracions han intensificat les inspeccions i sancions contra els habitatges turístics que operen de manera il·legal.

En paral·lel a l’expansió d’aquest fenomen, un altre front ha anat creixent silenciosament: el de com han de tributar aquests allotjaments i fins on pot arribar l’Agència Tributària (AEAT) a l’hora d’acceptar deduccions vinculades a una activitat que intenta acostar-se fiscalment al model hoteler. El fenomen ha atret tant petits propietaris com societats especialitzades en l’explotació d’allotjaments turístics, algunes convertides ja en autèntiques gestores d’habitatges repartits per diferents enclavaments vacacionals.

Ni les tovalloles ni la neteja ocasional basten

Una de les sentències més recents, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB), afecta dos particulars que havien declarat els ingressos del seu habitatge turístic com a rendiments d’activitat econòmica per ampliar les deduccions a l’IRPF. Entre les despeses que pretenien computar figuraven costos vinculats al manteniment de l’immoble, la neteja o la reposició de roba de llit i tovalloles. La clau del litigi era demostrar que el pis no era un simple lloguer vacacional, sinó una activitat equiparable a un negoci hoteler. Per això, els propietaris al·legaven “reforços puntuals de neteja”, atenció permanent les 24 hores i serveis de bugaderia i canvi de llençols, fundes de coixí i draps de cuina.

Davant això, el tribunal desmunta un per un aquests arguments. La sentència conclou que no existeix una estructura empresarial ni la prestació de serveis equiparables als del sector hoteler, asseverant que l'atenció al client “no és diferent de la que tot arrendador ha de dispensar” davant incidències normals en un habitatge llogat i subratllant que la neteja únicament pot equiparar-se a la d'un hotel quan es presta “diàriament o amb una periodicitat fixa”, no quan es limita a l'entrada i sortida d'hostes o a neteges ocasionals sol·licitades per alguns clients.

La resolució afecta, en la pràctica, la manera en què tributen milers d'habitatges vacacionals a l'IRPF. El TSJIB avala el criteri d'Hisenda i determina que, si no existeixen veritables serveis hotelers, els ingressos han de declarar-se com a rendiments del capital immobiliari i no com a activitat econòmica, cosa que limita de manera notable les possibles deduccions. El tribunal rebutja, així mateix, un altre dels arguments habituals en aquest tipus de litigis: deduir despeses durant tot el temps en què l'habitatge va estar anunciat o disponible en plataformes turístiques. La Sala fixa que les despeses només poden prorratejar-se en funció dels dies en què l'immoble va estar efectivament llogat.

El TSJIB avala el criteri d'Hisenda i determina que, si no existeixen veritables serveis hotelers, els ingressos s'han de declarar com a rendiments del capital immobiliari i no com a activitat econòmica, cosa que limita de manera notable les possibles deduccions

Té, cafè i sabó de mans sota la lupa

La màxima instància judicial ja s'havia pronunciat en termes similars el gener de 2025 arran d'un litigi impulsat per Inversiones y Promociones Fonseca Nieto S.L., una societat que defensava que l'habitatge turístic que explotava oferia autèntics serveis hotelers i, per tant, podia deduir-se l'IVA: va arribar a al·legar que oferia “tè, cafè, sucre, sabó de mans i paper higiènic”, a més d'atenció 24 hores i neteges durant les estades. El conflicte afectava, en concret, una regularització de 63.309 euros. Els magistrats van examinar els registres de neteja aportats per la mercantil i van concloure que la majoria eren posteriors a la sortida dels hostes i no comparables a les neteges diàries de la indústria hotelera.

Es tracta d'una diferència que canvia per complet el resultat fiscal: si el lloguer turístic es considera una mera cessió d'habitatge, l'activitat queda exempta d'IVA i les deduccions són molt més limitades. Si, per contra, existeixen veritables serveis hotelers, el propietari pot desgravar més despeses i compensar les quotes suportades. La qüestió pivota sobre un precepte concret de la Llei de l'IVA: l'article 20.U.23è, que estableix que el lloguer d'habitatges està exempt d'aquest impost, però introdueix una excepció: deixa d'estar exempt quan l'arrendador presta “serveis complementaris propis de la indústria hotelera”.

D'aquesta manera, per a un propietari convencional, el lloguer d'habitatge està exempt d'IVA i, per tant, no pot deduir-se l'impost suportat en reformes, obres, mobiliari, manteniment o construcció. Però si aconsegueix acreditar que explota l'immoble com un allotjament hoteler -amb serveis equivalents als d'un hotel- l'activitat passa a tributar al 10% d'IVA i s'obre la porta a elevades deduccions.

Per a un propietari convencional, el lloguer d'habitatge està exempt d'IVA i, per tant, no es pot deduir l'impost suportat en reformes, obres, mobiliari, manteniment o construcció. Però si aconsegueix acreditar que explota l'immoble com un allotjament hoteler, l'activitat passa a tributar al 10% d'IVA i s'obre la porta a elevades deduccions fiscals

La mateixa batalla s'està lliurant en altres comunitats autònomes. A Andalusia, el Tribunal Superior de Justícia va analitzar el cas de Riad del Ciprés SL, empresa que al·legava que els seus apartaments turístics funcionaven realment com allotjaments hotelers i que, per tant, podia beneficiar-se d'un tractament fiscal més favorable en l'IVA. Per sostenir-ho, assegurava que oferia esmorzars, neteja diària, bugaderia industrial, canvi de llençols i tovalloles, articles d'higiene personal (els anomenats amenities) i atenció permanent les 24 hores, i fins i tot va aportar factures de bugaderia industrial i referències en plataformes turístiques per acreditar aquests serveis.

El litigi afectava quotes de 5.015 euros, però el tribunal va desmuntar bona part de les proves. La sentència subratlla que “la posada a disposició del client de cafès, sucre i altres productes no constitueix serveis propis de restauració” i afegeix que “el canvi de roba i la seva neteja prestat a l'entrada i sortida del període contractat” tampoc basta per parlar de serveis complementaris propis de la indústria hotelera. Els magistrats fins i tot van reparar en el reduït import de les factures de bugaderia -uns 85 euros en total durant diversos mesos- per concloure que no demostraven l'existència d'un autèntic servei hoteler de canvi diari de roba de llit i tovalloles.

Tiquets de supermercat i vil·les de luxe

També l'Audiència Nacional ha hagut de dirimir aquest tipus de conflictes fiscals. El febrer passat va analitzar el cas de Ogladenis S.L.U., enfrontada amb Hisenda per l'explotació de tres vil·les turístiques de luxe situades a Catalunya i valorades en més de cinc milions d'euros. L'empresa defensava que no gestionava simples habitatges vacacionals, sinó allotjaments equiparables a petits hotels, i al·legava, com en els altres casos, oferir neteja periòdica, canvi de llençols, atenció permanent les 24 hores, esmorzars, servei de transfer, càtering i assistència continuada als hostes.

Amb això pretenia mantenir importants deduccions d'IVA vinculades tant a la construcció com a l'explotació dels immobles. Per “acreditar” que realment prestava serveis hotelers, la mercantil va arribar a aportar factures modificades, publicitat en línia, comentaris de clients i converses amb hostes. En algunes factures apareixia fins i tot la frase “amb servei d'esmorzar i neteja diària inclosos”.

L'AEAT va frenar les pretensions de l'empresa en asseverar que els habitatges funcionaven realment com a arrendaments exempts d'IVA i que, per tant, no podia deduir-se aquestes quotes. En la seva sentència, l'AN va detectar, a més, contradiccions entre diferents versions de les factures i l'activitat efectivament demostrada, així com inconsistències entre la publicitat de les vil·les i els serveis que realment podien prestar-se.

Hisenda va revisar fins i tot tiquets de supermercat, el nombre de treballadors contractats, les hores materials necessàries per netejar les propietats i les dimensions de les vil·les, que sumaven 18 habitacions, 12 banys i més de 400 metres quadrats cadascuna. El tribunal considera “físicament i materialment impossible” que l'empresa pogués prestar el servei de neteja diària que afirmava realitzar, especialment tenint en compte que durant part de la temporada només hi havia una netejadora per atendre totes les propietats.

L'AN va més enllà i analitza una qüestió molt més complexa: l'anomenat “autoconsum per canvi d'afectació”, és a dir, promocions immobiliàries concebudes inicialment per a la venda o per a una activitat econòmica amb dret a deduir-se l'IVA, però que finalment acaben destinant-se al lloguer d'habitatges exempt d'aquest impost.

L'Audiència Nacional va més enllà i analitza una qüestió encara més complexa: l'anomenat "autoconsum per canvi d'afectació", és a dir, promocions immobiliàries concebudes inicialment per a la venda o per a una activitat econòmica amb dret a deduir-se l'IVA, però que finalment acaben destinant-se al lloguer d'habitatges exempt d'aquest impost

El de l'“autoconsum per canvi d'afectació” és, precisament, un dels fronts que també afloren en una sentència dictada el 2024 pel Tribunal Superior de Justícia de Múrcia sobre SC2 Patrimonios S.L., vinculada a Proyectos y Promociones Vistas Mágicas S.L.. En aquest cas, Hisenda va sostenir que un habitatge inicialment lligat a una promoció immobiliària havia acabat utilitzant-se com a arrendament residencial, cosa que obligava a regularitzar les deduccions d'IVA practicades durant la construcció. El conflicte va acabar derivant en una liquidació de més de 80.000 euros i una sanció addicional de més de 43.000 euros.

El criteri que ara estan aplicant diferents tribunals arrenca, en bona mesura, d'una sentència clau del Tribunal Supremo dictada el novembre de 2020. En ella, l'alt tribunal va fixar que, per determinar si un lloguer turístic ha de tributar com una activitat hotelera, no basta que l'allotjament tengui llicència turística, s'anunciï en plataformes vacacionals o es comercialitzi com a apartament turístic. El determinant, subratlla l'Alt Tribunal, és que existeixin autèntics “serveis complementaris propis de la indústria hotelera”, com neteja periòdica durant l'estada, restauració o una atenció equiparable a la d'un hotel.

Sobre la base de la mateixa doctrina, no totes les resolucions tomben les pretensions dels propietaris. El desembre de 2025, el TSJ d'Andalusia sí va reconèixer el dret d'una empresa d'apartaments turístics a deduir-se l'IVA perquè, a diferència d'altres casos, va considerar acreditat que existia una veritable obligació de prestar serveis propis d'hostalatge. La clau radica en el fet que la societat, Escolástica Inversiones S.L., explotava un edifici complet d'apartaments turístics i va aconseguir demostrar que oferia neteja diària durant l'estada -encara que fos “a demanda” del client-, a més de canvi de llençols, atenció permanent, gestió d'entrades i productes d'acollida. El tribunal va entendre que l'important no era que tots els hostes sol·licitassin efectivament aquests serveis, sinó que l'empresa assumia contractualment l'obligació d'oferir-los, cosa que l'apropava al funcionament d'un establiment hoteler.

La sentència introdueix així un matís rellevant davant altres resolucions més restrictives: basta acreditar de manera sòlida l'existència real i continuada d'algun dels “serveis complementaris propis de la indústria hotelera” previstos a la Llei de l'IVA perquè l'activitat deixi d'estar exempta i el propietari o l'empresa puguin deduir-se les quotes suportades.

La piedra del traspaso del IRPF se convirtió en una montaña en la última negociación presupuestaria, entre febrero y marzo pasado, y acabó obligando al Govern a retirar los presupuestos. Pero dos meses después lo que entonces Oriol Junqueras presentó como un requisito imprescindible para aprobar las cuentas catalanas, que la ministra de Hacienda aceptara de palabra dar a la Generalitat la capacidad para recaudar el impuesto de la renta, ha pasado de condición a aspiración y el Consejo Nacional de Esquerra ha avalado dar luz verde a los primeros presupuestos de Salvador Illa.

La decisión se ha tomado este lunes en el máximo órgano de los republicanos, que refrenda la estrategia de Junqueras, partidario de dar aire al Govern. La idea del líder republicano es que ERC debe situarse del lado de la oposición constructiva y apuntarse varios tantos, como son el impulso de la línea orbital ferroviaria, más participación de los órganos catalanes en el consorcio de la Zona Franca, el traspaso de la competencia para gestionar el litoral, pendiente desde 2008, o la puesta en marcha del consorcio de inversiones.

En competencia fiscal, lo único que habrá es una inyección económica para la Agència Tributaria Catalana, que sin embargo aún no puede actuar porque lo impide la ley estatal de financiación.

Estas son las conquistas que ERC quiere lucir y que quedarán selladas primero el martes como acuerdo entre Junqueras e Illa y, ya el miércoles, en la Comisión Bilateral, que reunirá en Madrid al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y la de economía, Alicia Romero. No está, sin embargo, el triunfo que la dirección republicana creía a principios del año que valía una legislatura, como era la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat.

“Eso no significa que renunciemos [a ese traspaso]”, aseguraban fuentes de ERC la semana pasada, que indicaban que siguen trabajando codo con codo, ahora con el nuevo ministro de Hacienda Arcadi España, para poder encajar el cambio de manos del principal impuesto en las enmiendas al modelo de financiación que deberían llegar al Congreso el próximo otoño, si todo va bien. Cuando llegue ese momento, ERC volverá a dar la batalla, consciente de que la mayoría es muy incierta y de que, en vista de los antecedentes, incluso Junts podría tumbar la recaudación catalana.

Los republicanos han optado por lo contrario que hace dos meses, cuando exigían a la entonces ministra María Jesús Montero que suscribiese un compromiso de palabra sobre una política pactada con el PSC y avalada por el PSOE pero que el Gobierno ahora rechaza. Tras obligar a Illa a retirar las cuentas, algo que nunca había pasado en la historia de la Generalitat, ERC ha preferido no apretar más y dar cuerda a la negociación con el ministro España, que no aparenta ser más proclive a la recaudación catalan del IRPF que su antecesora.

La reunión del Consejo Nacional donde la dirección republicana ha explicado el acuerdo alcanzado ha sido este martes larga y agitada. Entre quienes han tomado la palabra, que han sido muchos de los participantes, han contrastado los favorables al resultado de las negociaciones con quienes han expresado críticas en diferentes grados.

Uno de los reproches repetidos ha sido que el acuerdo no se haya sometido, no ya al voto de la militancia, sino ni siquiera al de los órganos internos de la formación. El giro respecto al IRPF y el hecho de que ERC no haya aprovechado la gran movilización docente para incluir alguna cosa en educación también ha sido motivo de comentario en una ERC que, de nuevo, vuelve a agitarse por su relación con el PSC.

“Agradezco a ERC su sentido de país”, ha expresado este lunes el president Salvador Illa desde Sant Sadurní d'Anoia, donde presentaba su compromiso con la línea orbital. Esta infraestructura, que ERC ha convertido en icono de su apoyo a Illa, lleva más de 20 años pensada pero nunca ejecutada.

Se trata de un tren orbital que une las principales comarcas metropolitanas de Barcelona sin pasar por la capital. Una línea así sería la joya de la corona de un sistema ferroviario moderno y eficaz, pero el estado ruinoso de Rodalies, que aún no ha salido del bache en el que se metió en enero pasado, genera la duda de si lo que la red necesita es proyectar nuevas líneas en vez de mejorar las que ya tiene.

En todo caso, para ERC la línea orbital les pone en disposición de matar varios pájaros de un tiro. Por un lado, es una apuesta por la política metropolitana y el transporte público que más usan las clases populares catalanes, dos pilares de la identidad política en la que Junqueras quiere ser reconocido. Pero además, se le fuerza al Estado a proyectar líneas de tren convencional en Catalunya, algo que no ocurre desde hace medio siglo. A la vez, se abre una vía para que el Ministerio de Transportes pueda cumplir con las inversiones territorializadas, en las que Catalunya siempre sale muy mal parada en comparación con el resto de territorios.

Tras la bilateral del miércoles, la previsión del Govern es llevar los presupuestos al Parlament el viernes. La tramitación se demora habitualmente en torno a un mes. De ser así, y a falta de que los Comuns y el Ejecutivo vuelvan a entenderse para refrescar el acuerdo que ya tienen, Illa podrá irse de vacaciones en agosto habiendo cumplido dos años en el Palau y con unos presupuestos aprobados. Un balón de oxígeno que contribuirá a estabilizar un Govern al que en este 2026 se le han acumulado los problemas.

Toallas limpias, sábanas recién cambiadas, cápsulas de café, lavandería industrial, limpieza “diaria”, pequeños kits de baño... En los últimos años, propietarios y empresas dedicadas al alquiler turístico han intentado “colar” a Hacienda gastos y deducciones propios de la industria hotelera. El objetivo: lograr un tratamiento fiscal mucho más favorable, acceder a ventajas en el IVA y ampliar las desgravaciones posibles en el IRPF. Los tribunales, sin embargo, han estrechado el cerco sobre quienes intentan equiparar pisos turísticos y villas vacacionales con hoteles, desmontando uno por uno argumentos basados en cambios de toallas, servicios de lavandería y desayunos de cortesía.

La 'batalla' fiscal se libra en pleno auge del alquiler vacacional. Mientras colectivos sociales denuncian que el boom de plataformas de alquiler turístico y la presión inversora ligada al negocio vacacional han transformado barrios enteros, disparado el precio de la vivienda y multiplicado la rentabilidad de pisos, chalés y villas turísticas, provocando con ello que numerosos residentes se vean expulsados de sus barrios como consecuencia de la imparable gentrificación, la patronal del alquiler turístico recrimina que se utilice este sector como “cabeza de turco” de la crisis habitacional y que se “estigmatice” a un ámbito que reclama mayor seguridad jurídica.

Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en noviembre de 2025 había en España 329.764 viviendas turísticas -más de 1,6 millones de plazas en total- anunciadas en plataformas digitales como Airbnb, Booking o Vrbo, lo que equivale al 1,24% del parque total de viviendas del país. En Balears, el INE contabilizaba 19.398 viviendas turísticas y más de 124.000 plazas vacacionales, equvalente a casi el 3% de todas las viviendas del archipiélago. Mientras tanto, las administraciones han intensificado las inspecciones y sanciones contra las viviendas turísticas que operan de forma ilegal.

En paralelo a la expansión de este fenómeno, otro frente ha ido creciendo silenciosamente: el de cómo deben tributar estos alojamientos y hasta dónde puede llegar la Agencia Tributaria (AEAT) a la hora de aceptar deducciones vinculadas a una actividad que intenta acercarse fiscalmente al modelo hotelero. El fenómeno ha atraído tanto a pequeños propietarios como a sociedades especializadas en la explotación de alojamientos turísticos, algunas convertidas ya en auténticas gestoras de viviendas repartidas por distintos enclaves vacacionales.

Ni las toallas ni la limpieza ocasional bastan

Una de las sentencias más recientes, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), afecta a dos particulares que habían declarado los ingresos de su vivienda turística como rendimientos de actividad económica para ampliar las deducciones en el IRPF. Entre los gastos que pretendían computar figuraban costes vinculados al mantenimiento del inmueble, la limpieza o la reposición de ropa de cama y toallas. La clave del litigio estaba en demostrar que el piso no era un simple alquiler vacacional, sino una actividad equiparable a un negocio hotelero. Para ello, los propietarios alegaban “refuerzos puntuales de limpieza”, atención permanente las 24 horas y servicios de lavandería y cambio de sábanas, fundas de almohada y trapos de cocina.

Frente a ello, el tribunal desmonta uno por uno esos argumentos. La sentencia concluye que no existe una estructura empresarial ni la prestación de servicios equiparables a los del sector hotelero, aseverando que la atención al cliente “no es distinta de la que todo arrendador debe dispensar” ante incidencias normales en una vivienda alquilada y subrayando que la limpieza únicamente puede equipararse a la de un hotel cuando se presta “a diario o con una periodicidad fija”, no cuando se limita a la entrada y salida de huéspedes o a limpiezas ocasionales solicitadas por algunos clientes.

La resolución afecta, en la práctica, a la forma en que tributan miles de viviendas vacacionales en el IRPF. El TSJIB avala el criterio de Hacienda y determina que, si no existen verdaderos servicios hoteleros, los ingresos deben declararse como rendimientos del capital inmobiliario y no como actividad económica, lo que limita de forma notable las posibles deducciones. El tribunal rechaza, asimismo, otro de los argumentos habituales en este tipo de litigios: deducirse gastos durante todo el tiempo en que la vivienda estuvo anunciada o disponible en plataformas turísticas. La Sala fija que los gastos solo pueden prorratearse en función de los días en que el inmueble estuvo efectivamente alquilado.

El TSJIB avala el criterio de Hacienda y determina que, si no existen verdaderos servicios hoteleros, los ingresos deben declararse como rendimientos del capital inmobiliario y no como actividad económica, lo que limita de forma notable las posibles deducciones

Té, café y jabón de manos bajo la lupa

La máxima instancia judicial ya se había pronunciado en términos similares en enero de 2025 a raíz de un litigio impulsado por Inversiones y Promociones Fonseca Nieto S.L., una sociedad que defendía que la vivienda turística que explotaba ofrecía auténticos servicios hoteleros y, por tanto, podía deducirse el IVA: llegó a alegar que ofrecía “té, café, azúcar, jabón de manos y papel higiénico”, además de atención 24 horas y limpiezas durante las estancias. El conflicto afectaba, en concreto, a una regularización de 63.309 euros. Los magistrados examinaron los registros de limpieza aportados por la mercantil y concluyeron que la mayoría eran posteriores a la salida de los huéspedes y no comparables a las limpiezas diarias de la industria hotelera.

Se trata de una diferencia que cambia por completo el resultado fiscal: si el alquiler turístico se considera una mera cesión de vivienda, la actividad queda exenta de IVA y las deducciones son mucho más limitadas. Si, por el contrario, existen verdaderos servicios hoteleros, el propietario puede desgravar más gastos y compensar las cuotas soportadas. La cuestión pivota sobre un precepto concreto de la Ley del IVA: el artículo 20. Uno. 23º, que establece que el alquiler de viviendas está exento de este impuesto, pero introduce una excepción: deja de estar exento cuando el arrendador presta “servicios complementarios propios de la industria hotelera”.

De este modo, para un propietario convencional, el alquiler de vivienda está exento de IVA y, por tanto, no puede deducirse el impuesto soportado en reformas, obras, mobiliario, mantenimiento o construcción. Pero si logra acreditar que explota el inmueble como un alojamiento hotelero -con servicios equivalentes a los de un hotel- la actividad pasa a tributar al 10% de IVA y se abre la puerta a elevadas deducciones.

Para un propietario convencional, el alquiler de vivienda está exento de IVA y, por tanto, no puede deducirse el impuesto soportado en reformas, obras, mobiliario, mantenimiento o construcción. Pero si logra acreditar que explota el inmueble como un alojamiento hotelero, la actividad pasa a tributar al 10% de IVA y se abre la puerta a elevadas deducciones

La misma batalla se está librando en otras comunidades autónomas. En Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia analizó el caso de Riad del Ciprés SL, empresa que alegaba que sus apartamentos turísticos funcionaban realmente como alojamientos hoteleros y que, por tanto, podía beneficiarse de un tratamiento fiscal más favorable en el IVA. Para sostenerlo, aseguró que ofrecía desayunos, limpieza diaria, lavandería industrial, cambio de sábanas y toallas, artículos de aseo (los llamados amenities ) y atención permanente las 24 horas, e incluso aportó facturas de lavandería industrial y referencias en plataformas turísticas para acreditar esos servicios.

El litigio afectaba a cuotas de 5.015 euros, pero el tribunal desmontó buena parte de las pruebas. La sentencia subraya que “la puesta a disposición del cliente de cafés, azúcar y otros productos no constituye servicios propios de restauración” y añade que “el cambio de ropa y su limpieza prestado a la entrada y salida del período contratado” tampoco basta para hablar de servicios complementarios propios de la industria hotelera. Los magistrados incluso repararon en el reducido importe de las facturas de lavandería -unos 85 euros en total durante varios meses- para concluir que no demostraban la existencia de un auténtico servicio hotelero de cambio diario de ropa de cama y toallas.

Tickets de supermercado y villas de lujo

También la Audiencia Nacional ha tenido que dirimir este tipo de conflictos fiscales. El pasado febrero analizó el caso de la mercantil Ogladenis S.L.U., enfrentada con Hacienda por la explotación de tres villas turísticas de lujo situadas en Catalunya y valoradas en más de cinco millones de euros. La empresa defendía que no gestionaba simples viviendas vacacionales, sino alojamientos equiparables a pequeños hoteles, y alegaba, como en los demás casos, ofrecer limpieza periódica, cambio de sábanas, atención permanente las 24 horas, desayunos, servicio de transfer, catering y asistencia continuada al huésped.

Con ello pretendía mantener importantes deducciones de IVA vinculadas tanto a la construcción como a la explotación de los inmuebles. Para 'acreditar' que realmente prestaba servicios hoteleros, la mercantil llegó a aportar facturas modificadas, publicidad online, comentarios de clientes y conversaciones con huéspedes. En algunas facturas aparecía incluso la frase “con servicio de desayuno y limpieza diaria incluidos”.

La AEAT frenó las pretensiones de la empresa al aseverar que las viviendas funcionaban realmente como arrendamientos exentos de IVA y que, por tanto, no podía deducirse esas cuotas. En su sentencia, la AN detectó además contradicciones entre distintas versiones de las facturas y la actividad efectivamente demostrada, además de inconsistencias entre la publicidad de las villas y los servicios que realmente podían prestarse.

Hacienda revisó incluso tickets del supermercado, el número de trabajadores contratados, las horas materiales necesarias para limpiar las propiedades y las dimensiones de las villas, que sumaban 18 habitaciones, 12 baños y más de 400 metros cuadrados cada una. El tribunal considera “física y materialmente imposible” que la empresa pudiera prestar el servicio de limpieza diaria que afirmaba realizar, especialmente teniendo en cuenta que durante parte de la temporada solo había una limpiadora para atender todas las propiedades.

La AN va más allá y analiza una cuestión mucho más compleja: el llamado “autoconsumo por cambio de afectación”, es decir, promociones inmobiliarias concebidas inicialmente para la venta o para una actividad económica con derecho a deducirse el IVA, pero que finalmente acaban destinándose al alquiler de viviendas exento de ese impuesto.

La Audiencia Nacional va más allá y analiza una cuestión más compleja: el llamado "autoconsumo por cambio de afectación", es decir, promociones inmobiliarias concebidas inicialmente para la venta o para una actividad económica con derecho a deducirse el IVA, pero que finalmente acaban destinándose al alquiler de viviendas exento de ese impuesto

El del “autoconsumo por cambio de afectación” es, precisamente, uno de los frentes que también afloran en una sentencia dictada en 2024 por el Tribunal Superior de Murcia sobre SC2 Patrimonios S.L., vinculada a Proyectos y Promociones Vistas Mágicas S.L. En ese caso, Hacienda sostuvo que una vivienda inicialmente ligada a una promoción inmobiliaria había terminado utilizándose como arrendamiento residencial, lo que obligaba a regularizar las deducciones de IVA practicadas durante la construcción. El conflicto acabó derivando en una liquidación de más de 80.000 euros y una sanción adicional de más de 43.000 euros.

La campaña de la Declaración de la Renta 2025 está abierta desde el 8 de abril. Desde esa fecha y hasta el 30 de junio, los contribuyentes pueden presentar por internet la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio anterior. El calendario también contempla la atención telefónica desde el 6 de mayo y la posibilidad de realizar el trámite de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria a partir del 1 de junio.

Dentro de este periodo, algunos ciudadanos empezarán a recibir comunicaciones de Hacienda relacionadas con posibles errores o incoherencias en sus declaraciones. Estas cartas no suponen una sanción automática ni implican que el contribuyente tenga que pagar una cantidad adicional por el simple hecho de recibirlas. Su función es advertir de que puede haber algún dato mal incorporado, omitido o distinto a la información que maneja la Administración.

El envío de estas notificaciones se organizará en dos fases: una primera a partir de mediados de mayo y otra durante el mes de junio. La intención es que las personas afectadas puedan revisar su declaración dentro de la propia campaña y corregirla si detectan algún fallo. Si después de comprobarla, consideran que todo está correctamente presentado, no tendrán que modificar nada.

Por qué Hacienda envía estas cartas

La Agencia Tributaria envía estas comunicaciones cuando aprecia posibles diferencias entre la declaración presentada y la información fiscal que tiene disponible. No se trata de una resolución definitiva ni de una acusación de fraude. Es un aviso para que el contribuyente revise los datos declarados y compruebe si coinciden con los que constan en la Administración.

El objetivo principal es reducir errores en la campaña de la Renta. Puede ocurrir que una declaración incluya datos mal incorporados, que falte información relevante o que se haya producido una omisión. En ese caso, Hacienda ofrece al ciudadano la posibilidad de revisar lo presentado antes de que el expediente avance hacia una comprobación posterior. El borrador de la Renta no siempre recoge toda la información necesaria, por lo que el contribuyente debe comprobarlo antes de confirmar la declaración. Un descuido, aunque parezca pequeño, puede acabar en una regularización más adelante.

La medida también busca evitar consecuencias posteriores. Si el contribuyente corrige voluntariamente un error, puede reducir el riesgo de comprobaciones, intereses o sanciones. La Agencia Tributaria intenta que las incidencias se resuelvan dentro del periodo de campaña, antes de iniciar un procedimiento más formal.

Recibir una carta no siempre implica que el ciudadano esté obligado a cambiar la declaración. Lo que hace es señalar que puede existir una incoherencia y que conviene revisar la autoliquidación. Si el contribuyente entiende que la declaración presentada es correcta, no tiene que volver a acceder a la Renta ni presentar una nueva versión. La comunicación, por tanto, tiene un carácter preventivo. No cierra el asunto ni determina por sí sola que haya una infracción. Sirve para que el contribuyente compruebe si los datos enviados son los adecuados y, en caso contrario, pueda corregirlos antes de que la situación derive en una regularización.

Qué hacer si recibes una de estas cartas

El primer paso es leer la carta y revisar la declaración presentada. No conviene ignorar el aviso, pero tampoco interpretarlo como una sanción automática. La comunicación indica que Hacienda ha detectado una posible diferencia y que el contribuyente debe comprobar si los datos declarados son correctos. La revisión debe centrarse en los apartados que puedan haber generado la incoherencia. Conviene comprobar los ingresos, las deducciones y cualquier dato que pueda haber influido en el resultado de la declaración.

Si después de revisar la declaración el ciudadano considera que todo está bien, no tiene que modificar nada. En ese caso, la carta queda como un aviso preventivo y no obliga a presentar una nueva declaración. El hecho de recibirla no significa que Hacienda haya impuesto una sanción ni que exista una infracción grave. Si, por el contrario, el contribuyente detecta un error u omisión, puede corregirlo mediante una declaración rectificativa. Este trámite permite modificar la declaración ya presentada para ajustar los datos a la información correcta. La finalidad es subsanar el fallo antes de que Hacienda pueda iniciar una actuación más seria.

Corregir la declaración cuando realmente hay un error puede evitar problemas posteriores. Una regularización iniciada más adelante por la Administración puede implicar pagos adicionales, intereses o sanciones, según el caso. Por eso, revisar y corregir dentro de la campaña puede ser una forma de cerrar la incidencia con menos consecuencias.

La recomendación básica es actuar con calma, pero no dejar la carta sin revisar. Recibir una comunicación de este tipo es relativamente habitual y no supone automáticamente una infracción grave. Aun así, sí indica que existe un dato que merece atención. Comprobar la declaración, verificar la información y rectificar si procede es la forma más segura de evitar complicaciones.

El plazo general de la campaña termina el 30 de junio. Hasta entonces, los contribuyentes pueden presentar la declaración y, si ya la han enviado, revisar si deben corregir algún dato. Las cartas que Hacienda enviará entre mayo y junio buscan precisamente eso: que las posibles incoherencias se solucionen antes de que terminen convirtiéndose en un problema mayor.

En las últimas semanas, hemos vuelto a escuchar con frecuencia, especialmente por parte de portavoces conservadores, la propuesta de deflactación del IRPF: una modificación fiscal que permitiría corregir el sobrecoste fiscal añadido por la llamada 'progresividad en frío'. Pero, en el fondo, abordar la pérdida de poder adquisitivo desde ese planteamiento es atacar las consecuencias y no las causas del problema.

La pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas se produce como consecuencia del mayor crecimiento de los precios de los bienes de consumo respecto al crecimiento de los salarios: aunque suban los salarios nominales —lo que vemos en nuestra nómina—, si con ellos podemos comprar menos cosas, eso significa que ha empeorado nuestra capacidad adquisitiva; es decir, el salario real se ha reducido. Como se puede ver en el siguiente gráfico, los salarios reales en España apenas han avanzado desde principios de siglo: tras un periodo de mejora hasta 2008 y caídas marcadas a partir de 2021, hoy se sitúan en niveles muy similares a los de hace dos décadas. La inflación se ha terminado comiendo casi todas las ganancias nominales acumuladas.

Una consecuencia no deseada de este proceso es que pagamos más impuestos porque declaramos ingresos mayores, e incluso podemos ubicarnos en tramos del IRPF más altos sin que en ningún caso realmente nos hayamos convertido en personas más ricas. Como se sabe, el sistema fiscal está diseñado por tramos de ingresos, a modo de escalones. Como el sistema es progresivo, eso significa que cuando pasamos de escalón —porque cobramos más— también pagamos un tipo marginal mayor sobre los nuevos ingresos, lo que arrastra al alza nuestro tipo efectivo medio. El problema es que se puede subir de escalón porque la nómina indica mayor cantidad ingresada en concepto de salarios nominales, pero en realidad no existe su correspondiente mayor poder adquisitivo. En suma: pagamos más impuestos como si fuéramos más ricos, pero sin serlo.

Como consecuencia, es posible hablar de que este proceso supone una subida indirecta de impuestos: el contribuyente paga más IRPF aunque no sea más rico, y el Estado ingresa más por la misma cantidad de renta real. De ahí que emerja de vez en cuando la propuesta de que hay que ‘deflactar’ el IRPF, es decir, ajustarlo de modo que se pague impuestos de acuerdo con los salarios reales y no con los salarios nominales. Esto implicaría que los contribuyentes pagarían menos impuestos respecto a la situación actual y el Estado dejaría de percibir esas cantidades de recursos adicionales: sería, de facto, una bajada de impuestos. Además, tal y como suele plantearse —deflactación lineal de toda la tarifa— el ahorro absoluto crece con la renta y no llega a quienes no tributan.

Siendo todo lo anterior cierto, el problema real tiene que ver con que la deflactación del IRPF es una medida dirigida a atacar las consecuencias de la inflación, y no sus causas. Y aquí es evidente que la ideología influye a la hora de determinar dónde hay que poner el foco, si en lo que provoca la inflación o en las consecuencias de la misma. Mientras la propuesta de deflactación del IRPF construye una narrativa según la cual es el Estado el problema de la pérdida de poder adquisitivo —porque te da un mordisco fiscal extra como consecuencia de la inflación—, el problema de fondo de la inflación, como analizamos la semana pasada, nos empuja a hablar de los beneficios empresariales, del poder de mercado de determinadas grandes empresas y de la dificultad de la clase trabajadora para indexar salarios, es decir, para que estos acompañen el ritmo de subida de los precios. Sobra decir que esto es lo que explica que las derechas estén más interesadas en hablar de deflactación del IRPF, y las izquierdas de las causas originales de la inflación.

Pero no se trata únicamente de ideología. Hay aquí una secuencia lógica difícil de discutir: en un escenario de inflación cero —o en otro en el que los salarios nominales suban por encima de los precios— la propuesta de deflactar el IRPF sencillamente no sería necesaria. La deflactación es, por definición, una respuesta defensiva ante un problema previo; nunca una solución a ese problema. Por eso atacar la causa primera —los precios, no los tramos— es lo único que vuelve innecesarias todas las medidas correctoras posteriores. La deflactación, en el mejor de los casos, alivia; pero también resigna: asume que la inflación seguirá comiéndose nuestros salarios y se limita a impedir que, encima, paguemos más impuestos por ello.

Como ya argumenté en el análisis anterior, la causa principal de la inflación de los últimos años viene explicada por la subida de los beneficios empresariales: los distintos modelos utilizados para evaluar este fenómeno apuntan a ello, razón por la cual incluso el FMI [Fondo Monetario Internacional], el BCE [Banco Central Europeo] y la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] —todos tradicionalmente reacios a este tipo de conclusiones— han acabado reconociendo el papel crítico de las grandes empresas en la elevación de la inflación; y todos concuerdan en que los salarios no tienen ninguna responsabilidad, más allá de que los trabajadores intenten luego vanamente recuperar terreno. Frenar ese proceso es posible, pero requiere centrarse en aquellas empresas con gran poder de mercado y que aprovechan ciertos shocks de oferta —como el cierre del estrecho de Ormuz— para elevar los márgenes de beneficios. Esto sucede sobre todo en sectores como la energía, pero también en los que cadena abajo tienen protagonismo grandes empresas que operan como oligopolios de facto. Una fuerte imposición fiscal a sus ganancias permitiría no tanto recaudar —un objetivo aquí secundario— como reducir el incentivo a aprovechar la situación: si gran parte del margen extraordinario acaba siendo expropiado vía impuestos, la rentabilidad esperada de subir precios disminuye, y con ello la presión inflacionaria. En ciertas condiciones, incluso la fijación de precios permitiría contener la inflación, como sucedió con el tope al gas para la generación eléctrica (la llamada excepción ibérica) durante la guerra en Ucrania.

Hay en todo esto una excepción significativa: los perceptores del salario mínimo. A diferencia de los salarios medios, el salario mínimo ha disfrutado de grandes subidas tanto nominales como reales en los últimos años, especialmente desde 2019, primera subida importante pactada con apoyos parlamentarios y luego con socios de coalición. El siguiente gráfico lo ilustra con claridad: los perceptores del salario mínimo sí han tenido mejoras considerables de poder adquisitivo.

Ya tuve oportunidad de hablar de este fenómeno en otro análisis, titulado “Los límites de las subidas del salario mínimo”. En realidad, esta asimetría entre el salario mínimo y el salario medio tiene que ver con la dificultad que encuentra el Gobierno en incidir en los problemas que enfrentan los trabajadores a la hora de negociar con las grandes empresas. Tras décadas de políticas neoliberales, los trabajadores están más expuestos a los caprichos de sus empleadores, tienen menos instrumentos para negociar colectivamente —como consecuencia de las reformas laborales, sobre todo la de 2012— y lo hacen en estructuras empresariales más flexibles y con menos trabajadores —nada que ver con las viejas industrias de los años 80—. Eso es lo que explica que cuando sube la inflación, los trabajadores apenas tienen capacidad para recuperar el terreno perdido. Y el Gobierno, incapaz de entrar en ese terreno, ha recurrido en la última década a la política del salario mínimo para compensar. Y aunque ha tenido efectos muy beneficiosos, tanto para sus perceptores como para la economía en general, se trata de una política limitada, tanto en el alcance —no a todos los trabajadores— como en el tiempo. Resulta insostenible porque comprime la estructura salarial en torno al SMI: trabajadores con antigüedad o cualificación terminan cobrando lo mismo que quienes acaban de incorporarse, lo que aplana las trayectorias internas y traslada tensiones a la negociación colectiva.

En definitiva, la deflactación del IRPF puede actuar como un parche de alivio temporal, pero confunde el síntoma con la enfermedad. Si los salarios reales se mantienen planos década tras década, si la negociación colectiva ha quedado debilitada y si el SMI ha alcanzado el techo de lo que puede aportar como herramienta compensatoria, el debate fiscal en torno al IRPF resulta una distracción frente a lo que de verdad está en juego: la capacidad de la mayoría social para que sus salarios acompañen a los precios, y la capacidad del Estado para intervenir aguas arriba —en los márgenes empresariales, en el poder de mercado de los oligopolios, en la arquitectura de la negociación colectiva— y no solo aguas abajo, en la nómina del contribuyente.

La campaña de la Renta 2025 comenzó el 8 de abril y estará abierta hasta el 30 de junio. Durante ese periodo, los contribuyentes pueden presentar por internet la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio anterior. Más adelante se incorporan otras vías: desde el 6 de mayo quedará habilitada la presentación por teléfono y, a partir del 1 de junio, la atención presencial en oficinas.

En estas semanas, muchas declaraciones terminan con resultado a devolver. Esto ocurre cuando, tras hacer el cálculo del impuesto, la cantidad ya adelantada durante el año supera la cuota final que corresponde pagar. En esos casos, el contribuyente solicita que la Administración le reintegre el importe que proceda. Aun así, que el resultado sea favorable no significa que el dinero vaya a llegar de forma inmediata.

Una vez enviada la declaración, el expediente sigue su curso dentro del sistema de la Agencia Tributaria. El trámite puede avanzar sin incidencias o pasar por revisiones antes de que se ordene el ingreso. Por eso, una de las dudas habituales durante la campaña es dónde consultar la situación de la devolución y qué margen tiene Hacienda para pagar.

Cómo saber en qué punto está la devolución

La consulta debe hacerse desde la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, dentro del espacio de la campaña de Renta 2025. Para entrar en el expediente, el contribuyente tiene que acceder al servicio de tramitación del borrador o declaración, conocido como Renta WEB. Desde ahí se puede revisar la información asociada a la autoliquidación presentada y consultar el apartado en el que aparece la situación del trámite.

El acceso requiere identificación. El sistema permite utilizar certificado electrónico o DNI electrónico, Cl@ve, el número de referencia del borrador o declaración de la Renta 2025, o el sistema eIDAS para ciudadanos de la Unión Europea. La referencia de esta campaña está compuesta por seis caracteres y sirve como una de las vías para entrar al expediente cuando no se emplean otros métodos digitales.

Una vez dentro, el contribuyente debe fijarse en el estado de tramitación. El expediente puede indicar que la declaración sigue en curso, lo que significa que ya ha sido recibida, pero todavía no se ha cerrado el proceso. También puede mostrar que se están comprobando los datos, una fase en la que la Administración revisa la información declarada antes de aceptar la devolución solicitada. Otra posibilidad es que el expediente aparezca ya tramitado y que la cantidad pedida se considere correcta.

Cuando las comprobaciones han terminado y no hay incidencias, el sistema informa de la emisión de la devolución. También pueden aparecer avisos que conviene revisar con más detalle, por ejemplo si la declaración aún no figura correctamente grabada o si el importe solicitado no se acepta en los mismos términos. En esos casos, no hay una única respuesta válida para todos los contribuyentes, porque cada situación depende de los datos incluidos en la declaración y de las actuaciones que se realicen sobre ese expediente.

Cuánto tiempo tiene Hacienda para pagar

La Agencia Tributaria dispone de seis meses para efectuar la devolución o iniciar un procedimiento de comprobación. Si la declaración se presenta dentro del plazo ordinario de la campaña, ese periodo empieza a contar desde el 30 de junio, último día previsto para presentar la Renta. Si se entrega fuera de plazo, los seis meses comienzan en la fecha en la que la declaración queda registrada.

El pago se realiza, con carácter general, mediante transferencia bancaria. Para ello, el contribuyente debe haber indicado una cuenta de su titularidad en el documento de ingreso o devolución. La devolución no se considera completada hasta que la Administración ordena el abono, y antes puede revisar la información incluida en la declaración.

La cantidad que finalmente se ingrese será la que reconozca la Administración tras tramitar el expediente. Puede coincidir con la solicitada al presentar la declaración o cambiar si, durante una comprobación, se determina que procede otro importe. Por ese motivo, dos contribuyentes que presentan la Renta el mismo día pueden recibir el dinero en fechas distintas. El ritmo depende de la situación de cada expediente, no solo del momento de presentación.

Si pasan seis meses sin que se haya ordenado el pago por una causa atribuible a la Administración tributaria, se generan intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de ese plazo. El contribuyente no tiene que reclamarlos de forma expresa. Esos intereses se aplican sobre el importe que finalmente se acuerde devolver, ya sea el solicitado en un primer momento o el que resulte después de una revisión.

La consulta en Renta WEB permite seguir ese recorrido sin esperar a recibir una comunicación adicional. A través del expediente puede saberse si la declaración sigue pendiente, si está siendo comprobada, si ya se ha validado o si la devolución está próxima a emitirse. Para quienes tienen resultado a devolver, revisar ese apartado es la forma más directa de conocer cómo avanza el trámite.

La devolución de la declaración de la renta es uno de los momentos más esperados cada año por quienes han obtenido un resultado a su favor. Tras completar el trámite, la atención se centra en el ingreso, pero no siempre llega al mismo tiempo para todos. La Agencia Tributaria sigue un procedimiento con plazos definidos, aunque el ritmo real depende de varios factores que afectan a cada expediente.

En los primeros días de la campaña ya empiezan a registrarse las primeras devoluciones, lo que suele generar la sensación de que el proceso es inmediato. Sin embargo, esa rapidez inicial convive con casos en los que el pago se retrasa durante meses. La diferencia no responde a un criterio único, sino a cómo avanza la tramitación interna de cada declaración.

Por eso, más allá de las fechas generales, lo que marca los tiempos es el funcionamiento del sistema de gestión de Hacienda. La combinación entre automatización y revisiones hace que el calendario no sea uniforme, de modo que entender cómo se organiza ese proceso permite tener una referencia más clara sobre cuándo puede llegar la devolución.

Cuándo devuelve la Agencia Tributaria el dinero de la declaración

Cuando el resultado de la declaración es a devolver, el contribuyente puede hacer un seguimiento del estado de su solicitud a través de su expediente en la plataforma Renta WEB, dentro de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Este sistema permite comprobar en qué fase se encuentra la tramitación, desde que la declaración ha sido registrada hasta que se ordena el pago.

El abono de la devolución se realiza, por norma general, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el propio contribuyente en su declaración. Por eso, uno de los aspectos más importantes es asegurarse de que los datos bancarios son correctos, ya que cualquier error en este punto puede retrasar el ingreso.

En cuanto a los plazos, la Agencia Tributaria dispone de un máximo de seis meses para efectuar la devolución. Este periodo empieza a contar desde el final del plazo oficial de presentación, fijado el 30 de junio de 2026, en el caso de las declaraciones presentadas dentro del calendario ordinario. Esto sitúa el límite en el 31 de diciembre de ese mismo año. Si la declaración se presenta fuera de plazo, el cómputo de los seis meses comienza desde la fecha en la que se entrega.

A pesar de este margen legal, lo habitual es que las devoluciones no se demoren tanto. Una parte importante de los contribuyentes recibe el dinero en las semanas posteriores a la presentación, especialmente cuando la declaración se entrega en los primeros compases de la campaña y no presenta errores. En estos casos, el proceso suele resolverse con rapidez gracias a los sistemas automatizados de verificación.

Sin embargo, no todas las devoluciones siguen el mismo ritmo. Algunas pueden tardar varios meses, incluso cuatro o cinco, sin que exista una incidencia concreta. Esto suele estar relacionado con el volumen de expedientes que maneja la Agencia Tributaria o con la necesidad de realizar comprobaciones adicionales en determinados casos.

Durante la tramitación, Hacienda revisa la coherencia de los datos declarados, incluyendo ingresos, deducciones y otra información relevante. Si detecta alguna discrepancia o necesita más información, puede iniciar un procedimiento de comprobación. En estos casos, es posible que se solicite documentación adicional al contribuyente mediante un requerimiento formal. Cuando esto ocurre, el plazo de seis meses queda en suspenso hasta que se aporta la información solicitada.

Para conocer el estado de la devolución, el contribuyente puede consultar su expediente en cualquier momento. Los mensajes que aparecen en el sistema permiten saber si la declaración sigue en tramitación, si está siendo revisada o si la devolución ya ha sido ordenada. Esta herramienta resulta especialmente útil en los casos en los que el ingreso se retrasa más de lo esperado.

Otro aspecto relevante es qué ocurre si Hacienda no cumple con el plazo máximo. En ese caso, la normativa establece que la Administración debe abonar intereses de demora de forma automática, sin que el contribuyente tenga que solicitarlos. Estos intereses se calculan sobre la cantidad finalmente reconocida a devolver, tanto si coincide con la solicitada inicialmente como si ha sido modificada tras una comprobación.

El momento en el que se presenta la declaración también influye en los tiempos. Quienes la entregan en abril o a comienzos de mayo suelen situarse entre los primeros en recibir el ingreso, siempre que su expediente no requiera revisión. A medida que avanza la campaña, se acumulan más solicitudes y también más casos complejos, lo que puede ralentizar el proceso en determinadas fases.

En definitiva, el calendario de devoluciones no responde a una fecha única, sino a un proceso que depende de múltiples variables. Aunque existe un plazo legal que llega hasta final de año, la mayoría de los pagos se realizan antes. La rapidez con la que se recibe el dinero está condicionada por la fecha de presentación, la complejidad de la declaración y las comprobaciones que lleve a cabo la Agencia Tributaria en cada caso.

El Consejo General de Economistas ha reclamado una reforma integral de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), tras veinte años de la última revisión en profundidad de su estructura, para adaptar a los nuevos tiempos algunas figuras clave del tributo y actualizar con la inflación los mínimos y las tarifas estatales.

En una rueda de prensa para presentar su manual sobre la Declaración de la Renta y Patrimonio 2025, con los principales cambios normativos a seguir para este año, los técnicos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) han presentado varios ejemplos del sobrecoste para los contribuyentes de la llamada “progresividad en frío”. Esto es, cuando los salarios se actualizan para compensar la inflación pero, al no actualizar al mismo ritmo las tarifas del impuesto, parte de la mejora de poder adquisitivo se convierte en una mayor tributación.

Así, desde el REAF han hecho la simulación de cuánto habrían pagado de más cuatro contribuyentes solteros, sin hijos y que solo tributan por rendimientos de trabajo, con salarios en 2021 de 22.000 euros (la barrera a partir de la cual es obligatorio tributar), de 24.918 euros (el medio en ese ejercicio), de 45.000 euros y de 60.000 euros. Estas cuantías se actualizan con la subida media pactada por convenio entre 2022 y 2025.

La elección del periodo tampoco es casual, ya que coincide con la escalada de la inflación tras la salida de la pandemia y exacerbada por la guerra en Ucrania, que disparó primero los precios de la energía y, después, se trasladó a la cesta de la compra en la alimentación. Desde enero de 2022 a marzo de 2026, el último dato definitivo, la subida acumulada es del 17,1%.

De 600 euros a casi 1.500 más entre 2022 y 2025

De acuerdo con estos cálculos, en el primero de los casos el contribuyente habría mejorado su renta en 3.189,29 euros entre 2022 y 2025, pero habría pagado el 19,7% de ese incremento (628,26 euros) por no actualizarlo. En el segundo, el sobrecoste acumulado sería de 820,77 euros (el 22,72% de los 3.612,31 euros de mejora salarial).

En las simulaciones más elevadas, una renta de 45.000 euros en 2021 habría aumentado su salario en 6.523,55 euros, de los que habría pagado un 20,20% más a Hacienda (1.317,50 euros); en tanto que una de 60.000 euros habría subido su retribución en 8.698,06 euros, pero solo pagaría un 17,04% más al fisco (1.482,18 euros).

Más allá de la deflactación, la vicepresidenta del REAF, Carmen Jover, ha puesto de manifiesto que desde que se aprobó la Ley del IRPF de 2006, que entró en vigor el 1 de enero del año siguiente, no ha habido una reforma en profundidad del principal impuesto recaudador del sistema tributario.

Si bien los mínimos personales se actualizaron en 2015, hay otras magnitudes absolutas como la exención por un seguro médico que lleva congelada en 500 euros desde 2003, la de las dietas de manutención es de 26,27 euros desde 2007 o la del cheque restaurante de 11 euros desde 2018.

Preguntado por la deflactación en una entrevista con este periódico, el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, el ministro defendió que ya se ha actualizado el impuesto al elevar los mínimos exentos con el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 2024 y, desde 2025, aplicar una deducción sobre estas cuantías. Y a eso habría que sumar otros cambios en otros impuestos. 

“Yo siempre soy partidario de ver el sistema fiscal desde el punto de vista global, no solo de una figura tributaria. Hay otras rebajas que hemos hecho en otro ámbito. Por ejemplo, las medidas tomadas ahora por la guerra de Irán, que hacen que te baje la factura de la luz, la factura del gas, la factura de la gasolina. En su conjunto, vemos que el sistema tributario está apoyando a las familias, sobre todo a las clases medias y trabajadoras”, respondió España.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley con nuevas exenciones fiscales que incluye facilidades para los afectados por la dana de octubre de 2024. El decreto habilita un compartimento específico dentro del mecanismo extraordinario de financiación de las Comunidades Autónomas para gastos vinculados a la dana y otras catástrofes naturales. También establece que las ayudas que organizaciones como Cáritas y otras ONG dieron a afectados por la DANA están exentas en el IRPF, una de las reclamaciones de los colectivos sociales y de los partidos políticos con representación en las Corts Valencianes.

El texto aprobado este martes incluye varias medidas que perseveran en las ayudas aprobadas por la dana de Valencia entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. En este sentido, se incluye una habilitación para establecer para el año 2026 una línea específica dentro de los Mecanismos Extraordinarios de Financiación para gastos vinculados a la dana.

Esta medida, que permitirá financiar unos 1.300 millones este año para la Comunitat Valenciana, ya se incluyó en un Real-Decreto Ley aprobado en diciembre, pero fue rechazado en el Congreso de los Diputadoss con el voto en contra del PP y Vox. La medida se recupera en este nuevo real decreto y el ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, ha pedido sensibilidad a los grupos parlamentarios para que esta vez sí pueda salir adelante. De hecho, esta línea de financiación ya se habilitó en los años 2024 y 2025, cuando se asignaron 3.064 millones a la Comunitat Valenciana, que utilizó 1.600 millones, señalan desde el ministerio.

En la misma línea, la norma aprobada este martes contempla que Extremadura pueda recibir recursos con cargo a los mecanismos extraordinarios de financiación para hacer frente a gastos derivados de las inundaciones que ha sufrido recientemente.

Atendiendo también a la petición de los ayuntamientos, el Ministerio de Hacienda establece que los gastos derivados de la dana no se contabilizarán a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. Es decir, esos gastos no computarán en lo establecido por la Ley de Estabilidad, ni se exigirá a esos ayuntamientos la elaboración de planes económico-financieros.

Exenciones en IRPF

El Real Decreto-ley declara exentas de tributación en el IRPF las donaciones efectuadas por las entidades sin ánimo de lucro a personas físicas afectadas por la DANA como, por ejemplo, las de Cáritas. El objetivo de esta medida es equiparar el tratamiento tributario de estas donaciones respecto al de las ayudas concedidas por las empresas a sus trabajadores y familiares afectados por esta catástrofe, que ya estaban exentas.

En la misma línea, el Real Decreto-ley confirma que las ayudas para los afectados de la dana que dio la Generalitat Valenciana están exentas de tributación en el IRPF, una medida que ya se incluyó en el Real Decreto-ley que no fue convalidado el pasado mes de enero. Aun así, por vía interpretativa, la Agencia Tributaria aclaró que estas ayudas no tributaban en la Campaña de la Renta 2025 que está actualmente en vigor. El Real Decreto-ley refuerza la seguridad jurídica y garantiza que esa exención se mantendrá también para el año 2026.

El Ministerio de Hacienda recupera también la exención en el IRPF de las ayudas percibidas por daños personales como consecuencia de los graves incendios forestales que devastaron amplias zonas del país el pasado verano, una medida que también decayó en el Congreso de los Diputados.

La campaña de la renta de este año (correspondiente al ejercicio 2025) ya está en marcha en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Muchos contribuyentes ya pueden consultar el borrador de propuesta de autoliquidación, modificarlo y aceptarlo y dar por hecho el trámite de forma sencilla. En otros casos en los que haya supuestos más complejos (que se haya transferido la vivienda habitual o si se tienen diversos pagadores, por ejemplo), los contribuyentes tendrán que confeccionar su propia declaración. La Hacienda de cada uno de los tres territorios habilita diferentes herramientas para cumplimentar este trámite.

La fecha límite depende de cada provincia, pero oscila entre finales de junio y comienzos de julio. Pueden consultarse a continuación algunas claves de cada uno de los territorios.

Álava

La campaña de la renta se extiende en Álava hasta el 25 de junio. En Álava, existen tres sistemas para presentar la declaración de la renta:

Hay varias novedades para esta campaña de la renta. ¿Cuáles son? Los jóvenes menores de 36 años, por ejemplo, verán incrementada la deducción por las cantidades destinadas al alquiler de vivienda habitual: hasta un porcentaje del 35% con un límite de 2.800 euros. Hay también nuevos límites en las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social. Se pueden consultar todas las novedades, en detalle, en este enlace.

Bizkaia

La campaña de la renta no concluirá en Bizkaia hasta el 30 de junio. El borrador de la declaración de la renta en Bizkaia es accesible desde cualquier dispositivo en este enlace. Es necesario contar con un medio de identificación electrónica, como puede ser Bak, que asocia el DNI con una contraseña. También sirven la BakQ, certificados electrónicos, certificados ciudadanos y el DNIe. También se puede consultar la información sobre el borrador en el número de teléfono 94 608 3000. De forma presencial, los trámites se pueden efectuar tanto en las oficinas de Hacienda como en Gertu.

La Diputación asegura que, en caso de que la declaración resulte a devolver, el importe no tardará más de una semana en ingresarse en la cuenta. En caso de que haya que ingresar a Hacienda, es posible domiciliar el pago y de esa forma no se cobrará hasta el mes de julio.

Las novedades fiscales de esta campaña incluyen más deducciones por alquiler y compra de vivienda, con beneficios fiscales para los menores de 36 años; nuevas deducciones por conciliación (incluidos cuidados de menores, reincorporación laboral y viudedad), y deducciones por transición verde, como, por ejemplo, por tener vehículos ecológicos. Puede consultarse una lista con hasta 24 deducciones aquí.

Gipuzkoa

Hay tres modalidades diferentes. La fecha límite para la aceptación de propuestas, la modalidad de Internet y la renta mecanizada es, en todos los casos, el 2 de julio. Estos son los detalles de cada modalidad:

La Declaración de la Renta introduce cada año cambios y matices que afectan de forma distinta según el perfil del contribuyente. En el caso de las personas mayores de 65 años, el sistema fiscal recoge un conjunto de medidas específicas que pueden reducir de forma significativa la carga tributaria. Estas ventajas no siempre son evidentes en el borrador, por lo que conviene revisarlas con detalle antes de confirmar la declaración.

En muchos casos, los ingresos de este colectivo proceden principalmente de pensiones o de ahorros acumulados durante su vida laboral. Por ese motivo, la normativa del IRPF contempla exenciones, mínimos más elevados y tratamientos especiales en determinadas operaciones económicas. Conocer estas particularidades permite ajustar correctamente la declaración y evitar pagar más de lo debido.

Rendimientos del trabajo

Dentro del IRPF, se consideran rendimientos del trabajo la mayoría de las prestaciones que perciben los mayores de 65 años. En este apartado se incluyen las pensiones procedentes de los regímenes públicos de la Seguridad Social y de clases pasivas, derivadas de situaciones como jubilación, incapacidad, accidente, enfermedad o viudedad, siempre que no estén exentas.

También forman parte de esta categoría las prestaciones abonadas por mutualidades obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos u otras entidades similares. A esto se suman los importes que reciben los beneficiarios de planes de pensiones, así como los derivados de contratos de seguros vinculados a mutualidades de previsión social. Igualmente, se integran las prestaciones de planes de previsión social empresarial, planes de previsión asegurados y seguros de dependencia regulados en el marco de la atención a la dependencia.

Rentas que no se declaran en el IRPF

Existen determinadas prestaciones y ayudas públicas que no deben incluirse en la declaración. Entre ellas, figuran las relacionadas con el acogimiento de personas mayores de 65 años o con discapacidad.

También están exentas las ayudas económicas concedidas por administraciones públicas a personas con discapacidad igual o superior al 65% o mayores de 65 años destinadas a cubrir gastos de residencia o centros de día, siempre que el resto de sus ingresos no supere los 16.800 euros. A esto se añaden determinadas prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocidas por la Seguridad Social o por entidades equivalentes, así como las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente en determinados regímenes.

En el caso de personas con discapacidad, tampoco tributan determinadas prestaciones percibidas en forma de renta procedentes de sistemas de previsión social, hasta un máximo anual de 25.200 euros. Las cantidades que superen ese límite sí deben declararse. Además, quedan fuera del IRPF algunas ayudas públicas vinculadas a la dependencia y a cuidados en el entorno familiar.

Venta de la vivienda habitual

Las personas mayores de 65 años no tienen que tributar por la ganancia patrimonial obtenida al vender su vivienda habitual. Este beneficio se aplica siempre que el inmueble tenga esa consideración en el momento de la transmisión o en los dos años anteriores. La exención también se mantiene en los casos en los que se transmite la nuda propiedad y se conserva el usufructo vitalicio sobre la vivienda, lo que permite seguir utilizando el inmueble mientras se ha realizado la operación.

Transmisión de otros bienes y renta vitalicia

En la venta de otros elementos patrimoniales, como pueden ser activos financieros o inmuebles distintos de la vivienda habitual, también existe una ventaja fiscal. Las ganancias pueden quedar exentas si el importe obtenido se destina a constituir una renta vitalicia asegurada. Para ello, la reinversión debe realizarse en un plazo de seis meses desde la transmisión. Además, la cantidad máxima que puede destinarse a este fin es de 240.000 euros por contribuyente. Este mecanismo permite transformar el patrimonio en ingresos periódicos.

Hipoteca inversa

Las cantidades que se perciben a través de una hipoteca inversa no tributan en el IRPF. Este producto permite disponer de dinero utilizando la vivienda habitual como garantía, sin necesidad de venderla. Siempre que la operación se ajuste a la normativa que regula este tipo de instrumentos financieros, las disposiciones realizadas no se consideran renta a efectos fiscales.

Mínimo personal y familiar

El mínimo del contribuyente es, con carácter general, de 5.500 euros anuales. Esta cantidad se incrementa en función de la edad. En el caso de personas mayores de 65 años, el aumento es de 1.150 euros anuales, al que se suman otros 1.400 euros adicionales cuando se superan los 75 años. La normativa prevé que este mínimo se mantenga incluso en el ejercicio en el que se produce el fallecimiento. En declaraciones conjuntas, el otro cónyuge no genera derecho a este mínimo, aunque sí se tiene en cuenta el incremento por edad si corresponde.

El IRPF también contempla reducciones cuando el contribuyente convive con ascendientes, como padres o abuelos. Para aplicar este beneficio, el familiar debe tener más de 65 años —o una discapacidad reconocida—, convivir con el contribuyente al menos la mitad del año y no superar los 8.000 euros de ingresos anuales, excluidas las rentas exentas. Además, no debe presentar declaración con rentas superiores a 1.800 euros. Si se cumplen estos requisitos, el mínimo es de 1.150 euros anuales por cada ascendiente mayor de 65 años, que aumenta en 1.400 euros adicionales si supera los 75 años.

Mínimo por discapacidad

Las personas con discapacidad pueden aplicar reducciones adicionales en función del grado reconocido. Cuando el grado es igual o superior al 33% e inferior al 65%, el mínimo asciende a 3.000 euros. Si además se acredita la necesidad de ayuda de terceras personas o movilidad reducida, se añaden otros 3.000 euros.

En los casos de discapacidad igual o superior al 65%, la cuantía se eleva a 9.000 euros, con un incremento adicional de 3.000 euros por gastos de asistencia, lo que sitúa el total en 12.000 euros. Estas reducciones también pueden aplicarse a ascendientes si generan derecho a ello y cumplen los requisitos establecidos.

La devolución de la declaración de la renta es uno de los momentos más esperados cada año por quienes han obtenido un resultado a su favor. Tras completar el trámite, la atención se centra en el ingreso, pero no siempre llega al mismo tiempo para todos. La Agencia Tributaria sigue un procedimiento con plazos definidos, aunque el ritmo real depende de varios factores que afectan a cada expediente.

En los primeros días de la campaña ya empiezan a registrarse las primeras devoluciones, lo que suele generar la sensación de que el proceso es inmediato. Sin embargo, esa rapidez inicial convive con casos en los que el pago se retrasa durante meses. La diferencia no responde a un criterio único, sino a cómo avanza la tramitación interna de cada declaración.

Por eso, más allá de las fechas generales, lo que marca los tiempos es el funcionamiento del sistema de gestión de Hacienda. La combinación entre automatización y revisiones hace que el calendario no sea uniforme, de modo que entender cómo se organiza ese proceso permite tener una referencia más clara sobre cuándo puede llegar la devolución.

Cuándo devuelve la Agencia Tributaria el dinero de la declaración

Cuando el resultado de la declaración es a devolver, el contribuyente puede hacer un seguimiento del estado de su solicitud a través de su expediente en la plataforma Renta WEB, dentro de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Este sistema permite comprobar en qué fase se encuentra la tramitación, desde que la declaración ha sido registrada hasta que se ordena el pago.

El abono de la devolución se realiza, por norma general, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el propio contribuyente en su declaración. Por eso, uno de los aspectos más importantes es asegurarse de que los datos bancarios son correctos, ya que cualquier error en este punto puede retrasar el ingreso.

En cuanto a los plazos, la Agencia Tributaria dispone de un máximo de seis meses para efectuar la devolución. Este periodo empieza a contar desde el final del plazo oficial de presentación, fijado el 30 de junio de 2026, en el caso de las declaraciones presentadas dentro del calendario ordinario. Esto sitúa el límite en el 31 de diciembre de ese mismo año. Si la declaración se presenta fuera de plazo, el cómputo de los seis meses comienza desde la fecha en la que se entrega.

A pesar de este margen legal, lo habitual es que las devoluciones no se demoren tanto. Una parte importante de los contribuyentes recibe el dinero en las semanas posteriores a la presentación, especialmente cuando la declaración se entrega en los primeros compases de la campaña y no presenta errores. En estos casos, el proceso suele resolverse con rapidez gracias a los sistemas automatizados de verificación.

Sin embargo, no todas las devoluciones siguen el mismo ritmo. Algunas pueden tardar varios meses, incluso cuatro o cinco, sin que exista una incidencia concreta. Esto suele estar relacionado con el volumen de expedientes que maneja la Agencia Tributaria o con la necesidad de realizar comprobaciones adicionales en determinados casos.

Durante la tramitación, Hacienda revisa la coherencia de los datos declarados, incluyendo ingresos, deducciones y otra información relevante. Si detecta alguna discrepancia o necesita más información, puede iniciar un procedimiento de comprobación. En estos casos, es posible que se solicite documentación adicional al contribuyente mediante un requerimiento formal. Cuando esto ocurre, el plazo de seis meses queda en suspenso hasta que se aporta la información solicitada.

Para conocer el estado de la devolución, el contribuyente puede consultar su expediente en cualquier momento. Los mensajes que aparecen en el sistema permiten saber si la declaración sigue en tramitación, si está siendo revisada o si la devolución ya ha sido ordenada. Esta herramienta resulta especialmente útil en los casos en los que el ingreso se retrasa más de lo esperado.

Otro aspecto relevante es qué ocurre si Hacienda no cumple con el plazo máximo. En ese caso, la normativa establece que la Administración debe abonar intereses de demora de forma automática, sin que el contribuyente tenga que solicitarlos. Estos intereses se calculan sobre la cantidad finalmente reconocida a devolver, tanto si coincide con la solicitada inicialmente como si ha sido modificada tras una comprobación.

El momento en el que se presenta la declaración también influye en los tiempos. Quienes la entregan en abril o a comienzos de mayo suelen situarse entre los primeros en recibir el ingreso, siempre que su expediente no requiera revisión. A medida que avanza la campaña, se acumulan más solicitudes y también más casos complejos, lo que puede ralentizar el proceso en determinadas fases.

En definitiva, el calendario de devoluciones no responde a una fecha única, sino a un proceso que depende de múltiples variables. Aunque existe un plazo legal que llega hasta final de año, la mayoría de los pagos se realizan antes. La rapidez con la que se recibe el dinero está condicionada por la fecha de presentación, la complejidad de la declaración y las comprobaciones que lleve a cabo la Agencia Tributaria en cada caso.

La campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2025 vuelve a situar a los contribuyentes ante un escenario en el que la revisión del borrador resulta determinante. Aunque la Agencia Tributaria facilita una base de datos cada vez más completa, no todos los beneficios fiscales se incorporan automáticamente. Esto obliga a comprobar con detalle cada apartado de la declaración para evitar errores y, sobre todo, para no dejar fuera deducciones que pueden reducir de forma significativa la cuota final.

En este contexto, el sistema fiscal mantiene una estructura compleja en la que conviven incentivos estatales con otros autonómicos, además de deducciones sujetas a requisitos muy concretos. La falta de información clara o la dificultad para interpretar la normativa provoca que muchos declarantes no apliquen correctamente todas las ventajas disponibles. Por ello, identificar las deducciones menos conocidas o que suelen pasar desapercibidas se convierte en un paso clave para ajustar la declaración a la situación real de cada contribuyente.

Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación

El impuesto sobre la renta incluye un incentivo para quienes aportan capital a empresas de nueva creación o con pocos años de actividad. Esta medida permite aplicar una deducción en la cuota estatal por las cantidades invertidas en la suscripción de acciones o participaciones, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa.

Desde 2023, el porcentaje aplicable alcanza el 50% de la inversión realizada, con un límite máximo de base de 100.000 euros anuales. Esto significa que el beneficio fiscal se calcula sobre el valor de adquisición de las participaciones, dentro de ese tope. No obstante, la deducción exige condiciones como mantener la inversión durante un periodo determinado o que la empresa cumpla criterios específicos.

Otro aspecto relevante es que este incentivo no se puede combinar con deducciones autonómicas similares sobre las mismas cantidades. Esta incompatibilidad obliga a elegir qué beneficio aplicar en cada caso. La falta de conocimiento de estas condiciones hace que muchos contribuyentes no incluyan esta deducción, pese a haber realizado inversiones que podrían dar derecho a ella.

Deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas

Las actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética de las viviendas cuentan con varias deducciones específicas en el IRPF. Estas medidas se aplican sobre las cantidades invertidas en obras que reduzcan la demanda energética o mejoren el rendimiento del inmueble, y se han configurado como incentivos temporales.

Existen tres modalidades diferenciadas. La primera permite deducir un 20% del gasto cuando las obras logran reducir la demanda de calefacción o refrigeración, con una base máxima de 5.000 euros. La segunda, orientada a disminuir el consumo de energía primaria no renovable, eleva el porcentaje hasta el 40%, con un límite de 7.500 euros. La tercera modalidad, centrada en la rehabilitación energética de edificios residenciales, alcanza el 60%, también con una base máxima de 5.000 euros.

Para acceder a estas deducciones es imprescindible contar con certificados de eficiencia energética que acrediten la mejora obtenida. Este requisito técnico, junto con los límites y condiciones establecidos, explica que algunos contribuyentes no lleguen a aplicarlas, incluso cuando han realizado obras que podrían encajar en estos supuestos.

Deducción por la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga

La normativa también contempla incentivos fiscales para fomentar la movilidad eléctrica. En concreto, se han establecido deducciones temporales que permiten reducir la cuota por la compra de vehículos eléctricos y por la instalación de puntos de recarga.

En el caso de la adquisición de un vehículo, el contribuyente puede deducirse el 15% del importe, siempre que se respeten los límites fijados. La base máxima se sitúa en 20.000 euros, incluyendo el precio, los gastos y los impuestos asociados, y el coste del vehículo no puede superar los 45.000 euros antes de aplicar el IVA.

Por otro lado, también se incluyen las inversiones destinadas a instalar infraestructuras de recarga en viviendas. Ambas medidas están sujetas a plazos concretos y a requisitos específicos, lo que hace necesario revisar cada caso. El desconocimiento de estas condiciones provoca que no siempre se reflejen en la declaración.

Deducciones por donativos

Las donaciones a entidades sin ánimo de lucro constituyen uno de los beneficios fiscales más extendidos, aunque no todos los contribuyentes lo aplican correctamente. Este incentivo permite reducir la cuota en función de las cantidades aportadas a organizaciones acogidas al régimen fiscal correspondiente.

En términos generales, los primeros 250 euros donados permiten aplicar una deducción del 80%. A partir de esa cantidad, el porcentaje se reduce al 40%, siempre dentro de los límites establecidos. Además, el total deducible no puede superar el 10% de la base liquidable del contribuyente.

Para beneficiarse de esta deducción es necesario contar con el certificado emitido por la entidad receptora. La falta de este documento o el desconocimiento de los porcentajes aplicables hace que algunas aportaciones no se incluyan en la declaración, pese a su impacto directo en el resultado.

Sistemas de previsión social

Las aportaciones a sistemas de previsión social, como los planes de pensiones, permiten reducir la base imponible del impuesto, lo que puede traducirse en un ahorro fiscal relevante. Este mecanismo no actúa como una deducción directa, pero sí disminuye la cantidad sobre la que se calcula el IRPF.

En el caso de los planes individuales, el límite de reducción se sitúa en 1.500 euros anuales, siempre que no supere el 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas. A esto se suma la posibilidad de aplicar una reducción adicional por aportaciones a planes de empleo, que puede alcanzar hasta 8.500 euros.

Para trabajadores autónomos, el límite adicional es menor, con un máximo de 4.250 euros en determinados supuestos. A pesar de estos incentivos, no todos los contribuyentes aprovechan el margen disponible, lo que reduce el efecto fiscal del ahorro destinado a la jubilación.

Deducciones por alquiler o adquisición de vivienda habitual

En el ámbito de la vivienda existen dos deducciones principales que siguen generando dudas. Por un lado, la deducción por adquisición de vivienda habitual se mantiene únicamente para quienes compraron su vivienda antes de 2013 y continúan pagando el préstamo. Este régimen transitorio permite seguir aplicando el beneficio bajo las condiciones establecidas.

Por otro lado, la deducción por alquiler a nivel estatal se limita a contratos anteriores a 2015 y está sujeta a determinados niveles de renta. En estos casos, se puede deducir un porcentaje de las cantidades pagadas, siempre que se cumplan los requisitos de base imponible y límites fijados.

Además, las comunidades autónomas han desarrollado sus propias deducciones en materia de vivienda, lo que amplía las posibilidades de aplicación. A esto se añade que los propietarios que alquilan inmuebles destinados a vivienda habitual pueden aplicar reducciones sobre el rendimiento neto, que en algunos casos pueden alcanzar porcentajes elevados si se cumplen determinadas condiciones.