La devolución de la declaración de la renta es uno de los momentos más esperados cada año por quienes han obtenido un resultado a su favor. Tras completar el trámite, la atención se centra en el ingreso, pero no siempre llega al mismo tiempo para todos. La Agencia Tributaria sigue un procedimiento con plazos definidos, aunque el ritmo real depende de varios factores que afectan a cada expediente.

En los primeros días de la campaña ya empiezan a registrarse las primeras devoluciones, lo que suele generar la sensación de que el proceso es inmediato. Sin embargo, esa rapidez inicial convive con casos en los que el pago se retrasa durante meses. La diferencia no responde a un criterio único, sino a cómo avanza la tramitación interna de cada declaración.

Por eso, más allá de las fechas generales, lo que marca los tiempos es el funcionamiento del sistema de gestión de Hacienda. La combinación entre automatización y revisiones hace que el calendario no sea uniforme, de modo que entender cómo se organiza ese proceso permite tener una referencia más clara sobre cuándo puede llegar la devolución.

Cuándo devuelve la Agencia Tributaria el dinero de la declaración

Cuando el resultado de la declaración es a devolver, el contribuyente puede hacer un seguimiento del estado de su solicitud a través de su expediente en la plataforma Renta WEB, dentro de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Este sistema permite comprobar en qué fase se encuentra la tramitación, desde que la declaración ha sido registrada hasta que se ordena el pago.

El abono de la devolución se realiza, por norma general, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el propio contribuyente en su declaración. Por eso, uno de los aspectos más importantes es asegurarse de que los datos bancarios son correctos, ya que cualquier error en este punto puede retrasar el ingreso.

En cuanto a los plazos, la Agencia Tributaria dispone de un máximo de seis meses para efectuar la devolución. Este periodo empieza a contar desde el final del plazo oficial de presentación, fijado el 30 de junio de 2026, en el caso de las declaraciones presentadas dentro del calendario ordinario. Esto sitúa el límite en el 31 de diciembre de ese mismo año. Si la declaración se presenta fuera de plazo, el cómputo de los seis meses comienza desde la fecha en la que se entrega.

A pesar de este margen legal, lo habitual es que las devoluciones no se demoren tanto. Una parte importante de los contribuyentes recibe el dinero en las semanas posteriores a la presentación, especialmente cuando la declaración se entrega en los primeros compases de la campaña y no presenta errores. En estos casos, el proceso suele resolverse con rapidez gracias a los sistemas automatizados de verificación.

Sin embargo, no todas las devoluciones siguen el mismo ritmo. Algunas pueden tardar varios meses, incluso cuatro o cinco, sin que exista una incidencia concreta. Esto suele estar relacionado con el volumen de expedientes que maneja la Agencia Tributaria o con la necesidad de realizar comprobaciones adicionales en determinados casos.

Durante la tramitación, Hacienda revisa la coherencia de los datos declarados, incluyendo ingresos, deducciones y otra información relevante. Si detecta alguna discrepancia o necesita más información, puede iniciar un procedimiento de comprobación. En estos casos, es posible que se solicite documentación adicional al contribuyente mediante un requerimiento formal. Cuando esto ocurre, el plazo de seis meses queda en suspenso hasta que se aporta la información solicitada.

Para conocer el estado de la devolución, el contribuyente puede consultar su expediente en cualquier momento. Los mensajes que aparecen en el sistema permiten saber si la declaración sigue en tramitación, si está siendo revisada o si la devolución ya ha sido ordenada. Esta herramienta resulta especialmente útil en los casos en los que el ingreso se retrasa más de lo esperado.

Otro aspecto relevante es qué ocurre si Hacienda no cumple con el plazo máximo. En ese caso, la normativa establece que la Administración debe abonar intereses de demora de forma automática, sin que el contribuyente tenga que solicitarlos. Estos intereses se calculan sobre la cantidad finalmente reconocida a devolver, tanto si coincide con la solicitada inicialmente como si ha sido modificada tras una comprobación.

El momento en el que se presenta la declaración también influye en los tiempos. Quienes la entregan en abril o a comienzos de mayo suelen situarse entre los primeros en recibir el ingreso, siempre que su expediente no requiera revisión. A medida que avanza la campaña, se acumulan más solicitudes y también más casos complejos, lo que puede ralentizar el proceso en determinadas fases.

En definitiva, el calendario de devoluciones no responde a una fecha única, sino a un proceso que depende de múltiples variables. Aunque existe un plazo legal que llega hasta final de año, la mayoría de los pagos se realizan antes. La rapidez con la que se recibe el dinero está condicionada por la fecha de presentación, la complejidad de la declaración y las comprobaciones que lleve a cabo la Agencia Tributaria en cada caso.

El Consejo General de Economistas ha reclamado una reforma integral de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), tras veinte años de la última revisión en profundidad de su estructura, para adaptar a los nuevos tiempos algunas figuras clave del tributo y actualizar con la inflación los mínimos y las tarifas estatales.

En una rueda de prensa para presentar su manual sobre la Declaración de la Renta y Patrimonio 2025, con los principales cambios normativos a seguir para este año, los técnicos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) han presentado varios ejemplos del sobrecoste para los contribuyentes de la llamada “progresividad en frío”. Esto es, cuando los salarios se actualizan para compensar la inflación pero, al no actualizar al mismo ritmo las tarifas del impuesto, parte de la mejora de poder adquisitivo se convierte en una mayor tributación.

Así, desde el REAF han hecho la simulación de cuánto habrían pagado de más cuatro contribuyentes solteros, sin hijos y que solo tributan por rendimientos de trabajo, con salarios en 2021 de 22.000 euros (la barrera a partir de la cual es obligatorio tributar), de 24.918 euros (el medio en ese ejercicio), de 45.000 euros y de 60.000 euros. Estas cuantías se actualizan con la subida media pactada por convenio entre 2022 y 2025.

La elección del periodo tampoco es casual, ya que coincide con la escalada de la inflación tras la salida de la pandemia y exacerbada por la guerra en Ucrania, que disparó primero los precios de la energía y, después, se trasladó a la cesta de la compra en la alimentación. Desde enero de 2022 a marzo de 2026, el último dato definitivo, la subida acumulada es del 17,1%.

De 600 euros a casi 1.500 más entre 2022 y 2025

De acuerdo con estos cálculos, en el primero de los casos el contribuyente habría mejorado su renta en 3.189,29 euros entre 2022 y 2025, pero habría pagado el 19,7% de ese incremento (628,26 euros) por no actualizarlo. En el segundo, el sobrecoste acumulado sería de 820,77 euros (el 22,72% de los 3.612,31 euros de mejora salarial).

En las simulaciones más elevadas, una renta de 45.000 euros en 2021 habría aumentado su salario en 6.523,55 euros, de los que habría pagado un 20,20% más a Hacienda (1.317,50 euros); en tanto que una de 60.000 euros habría subido su retribución en 8.698,06 euros, pero solo pagaría un 17,04% más al fisco (1.482,18 euros).

Más allá de la deflactación, la vicepresidenta del REAF, Carmen Jover, ha puesto de manifiesto que desde que se aprobó la Ley del IRPF de 2006, que entró en vigor el 1 de enero del año siguiente, no ha habido una reforma en profundidad del principal impuesto recaudador del sistema tributario.

Si bien los mínimos personales se actualizaron en 2015, hay otras magnitudes absolutas como la exención por un seguro médico que lleva congelada en 500 euros desde 2003, la de las dietas de manutención es de 26,27 euros desde 2007 o la del cheque restaurante de 11 euros desde 2018.

Preguntado por la deflactación en una entrevista con este periódico, el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, el ministro defendió que ya se ha actualizado el impuesto al elevar los mínimos exentos con el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 2024 y, desde 2025, aplicar una deducción sobre estas cuantías. Y a eso habría que sumar otros cambios en otros impuestos. 

“Yo siempre soy partidario de ver el sistema fiscal desde el punto de vista global, no solo de una figura tributaria. Hay otras rebajas que hemos hecho en otro ámbito. Por ejemplo, las medidas tomadas ahora por la guerra de Irán, que hacen que te baje la factura de la luz, la factura del gas, la factura de la gasolina. En su conjunto, vemos que el sistema tributario está apoyando a las familias, sobre todo a las clases medias y trabajadoras”, respondió España.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley con nuevas exenciones fiscales que incluye facilidades para los afectados por la dana de octubre de 2024. El decreto habilita un compartimento específico dentro del mecanismo extraordinario de financiación de las Comunidades Autónomas para gastos vinculados a la dana y otras catástrofes naturales. También establece que las ayudas que organizaciones como Cáritas y otras ONG dieron a afectados por la DANA están exentas en el IRPF, una de las reclamaciones de los colectivos sociales y de los partidos políticos con representación en las Corts Valencianes.

El texto aprobado este martes incluye varias medidas que perseveran en las ayudas aprobadas por la dana de Valencia entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. En este sentido, se incluye una habilitación para establecer para el año 2026 una línea específica dentro de los Mecanismos Extraordinarios de Financiación para gastos vinculados a la dana.

Esta medida, que permitirá financiar unos 1.300 millones este año para la Comunitat Valenciana, ya se incluyó en un Real-Decreto Ley aprobado en diciembre, pero fue rechazado en el Congreso de los Diputadoss con el voto en contra del PP y Vox. La medida se recupera en este nuevo real decreto y el ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, ha pedido sensibilidad a los grupos parlamentarios para que esta vez sí pueda salir adelante. De hecho, esta línea de financiación ya se habilitó en los años 2024 y 2025, cuando se asignaron 3.064 millones a la Comunitat Valenciana, que utilizó 1.600 millones, señalan desde el ministerio.

En la misma línea, la norma aprobada este martes contempla que Extremadura pueda recibir recursos con cargo a los mecanismos extraordinarios de financiación para hacer frente a gastos derivados de las inundaciones que ha sufrido recientemente.

Atendiendo también a la petición de los ayuntamientos, el Ministerio de Hacienda establece que los gastos derivados de la dana no se contabilizarán a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. Es decir, esos gastos no computarán en lo establecido por la Ley de Estabilidad, ni se exigirá a esos ayuntamientos la elaboración de planes económico-financieros.

Exenciones en IRPF

El Real Decreto-ley declara exentas de tributación en el IRPF las donaciones efectuadas por las entidades sin ánimo de lucro a personas físicas afectadas por la DANA como, por ejemplo, las de Cáritas. El objetivo de esta medida es equiparar el tratamiento tributario de estas donaciones respecto al de las ayudas concedidas por las empresas a sus trabajadores y familiares afectados por esta catástrofe, que ya estaban exentas.

En la misma línea, el Real Decreto-ley confirma que las ayudas para los afectados de la dana que dio la Generalitat Valenciana están exentas de tributación en el IRPF, una medida que ya se incluyó en el Real Decreto-ley que no fue convalidado el pasado mes de enero. Aun así, por vía interpretativa, la Agencia Tributaria aclaró que estas ayudas no tributaban en la Campaña de la Renta 2025 que está actualmente en vigor. El Real Decreto-ley refuerza la seguridad jurídica y garantiza que esa exención se mantendrá también para el año 2026.

El Ministerio de Hacienda recupera también la exención en el IRPF de las ayudas percibidas por daños personales como consecuencia de los graves incendios forestales que devastaron amplias zonas del país el pasado verano, una medida que también decayó en el Congreso de los Diputados.

La campaña de la renta de este año (correspondiente al ejercicio 2025) ya está en marcha en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Muchos contribuyentes ya pueden consultar el borrador de propuesta de autoliquidación, modificarlo y aceptarlo y dar por hecho el trámite de forma sencilla. En otros casos en los que haya supuestos más complejos (que se haya transferido la vivienda habitual o si se tienen diversos pagadores, por ejemplo), los contribuyentes tendrán que confeccionar su propia declaración. La Hacienda de cada uno de los tres territorios habilita diferentes herramientas para cumplimentar este trámite.

La fecha límite depende de cada provincia, pero oscila entre finales de junio y comienzos de julio. Pueden consultarse a continuación algunas claves de cada uno de los territorios.

Álava

La campaña de la renta se extiende en Álava hasta el 25 de junio. En Álava, existen tres sistemas para presentar la declaración de la renta:

Hay varias novedades para esta campaña de la renta. ¿Cuáles son? Los jóvenes menores de 36 años, por ejemplo, verán incrementada la deducción por las cantidades destinadas al alquiler de vivienda habitual: hasta un porcentaje del 35% con un límite de 2.800 euros. Hay también nuevos límites en las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social. Se pueden consultar todas las novedades, en detalle, en este enlace.

Bizkaia

La campaña de la renta no concluirá en Bizkaia hasta el 30 de junio. El borrador de la declaración de la renta en Bizkaia es accesible desde cualquier dispositivo en este enlace. Es necesario contar con un medio de identificación electrónica, como puede ser Bak, que asocia el DNI con una contraseña. También sirven la BakQ, certificados electrónicos, certificados ciudadanos y el DNIe. También se puede consultar la información sobre el borrador en el número de teléfono 94 608 3000. De forma presencial, los trámites se pueden efectuar tanto en las oficinas de Hacienda como en Gertu.

La Diputación asegura que, en caso de que la declaración resulte a devolver, el importe no tardará más de una semana en ingresarse en la cuenta. En caso de que haya que ingresar a Hacienda, es posible domiciliar el pago y de esa forma no se cobrará hasta el mes de julio.

Las novedades fiscales de esta campaña incluyen más deducciones por alquiler y compra de vivienda, con beneficios fiscales para los menores de 36 años; nuevas deducciones por conciliación (incluidos cuidados de menores, reincorporación laboral y viudedad), y deducciones por transición verde, como, por ejemplo, por tener vehículos ecológicos. Puede consultarse una lista con hasta 24 deducciones aquí.

Gipuzkoa

Hay tres modalidades diferentes. La fecha límite para la aceptación de propuestas, la modalidad de Internet y la renta mecanizada es, en todos los casos, el 2 de julio. Estos son los detalles de cada modalidad:

La Declaración de la Renta introduce cada año cambios y matices que afectan de forma distinta según el perfil del contribuyente. En el caso de las personas mayores de 65 años, el sistema fiscal recoge un conjunto de medidas específicas que pueden reducir de forma significativa la carga tributaria. Estas ventajas no siempre son evidentes en el borrador, por lo que conviene revisarlas con detalle antes de confirmar la declaración.

En muchos casos, los ingresos de este colectivo proceden principalmente de pensiones o de ahorros acumulados durante su vida laboral. Por ese motivo, la normativa del IRPF contempla exenciones, mínimos más elevados y tratamientos especiales en determinadas operaciones económicas. Conocer estas particularidades permite ajustar correctamente la declaración y evitar pagar más de lo debido.

Rendimientos del trabajo

Dentro del IRPF, se consideran rendimientos del trabajo la mayoría de las prestaciones que perciben los mayores de 65 años. En este apartado se incluyen las pensiones procedentes de los regímenes públicos de la Seguridad Social y de clases pasivas, derivadas de situaciones como jubilación, incapacidad, accidente, enfermedad o viudedad, siempre que no estén exentas.

También forman parte de esta categoría las prestaciones abonadas por mutualidades obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos u otras entidades similares. A esto se suman los importes que reciben los beneficiarios de planes de pensiones, así como los derivados de contratos de seguros vinculados a mutualidades de previsión social. Igualmente, se integran las prestaciones de planes de previsión social empresarial, planes de previsión asegurados y seguros de dependencia regulados en el marco de la atención a la dependencia.

Rentas que no se declaran en el IRPF

Existen determinadas prestaciones y ayudas públicas que no deben incluirse en la declaración. Entre ellas, figuran las relacionadas con el acogimiento de personas mayores de 65 años o con discapacidad.

También están exentas las ayudas económicas concedidas por administraciones públicas a personas con discapacidad igual o superior al 65% o mayores de 65 años destinadas a cubrir gastos de residencia o centros de día, siempre que el resto de sus ingresos no supere los 16.800 euros. A esto se añaden determinadas prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocidas por la Seguridad Social o por entidades equivalentes, así como las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente en determinados regímenes.

En el caso de personas con discapacidad, tampoco tributan determinadas prestaciones percibidas en forma de renta procedentes de sistemas de previsión social, hasta un máximo anual de 25.200 euros. Las cantidades que superen ese límite sí deben declararse. Además, quedan fuera del IRPF algunas ayudas públicas vinculadas a la dependencia y a cuidados en el entorno familiar.

Venta de la vivienda habitual

Las personas mayores de 65 años no tienen que tributar por la ganancia patrimonial obtenida al vender su vivienda habitual. Este beneficio se aplica siempre que el inmueble tenga esa consideración en el momento de la transmisión o en los dos años anteriores. La exención también se mantiene en los casos en los que se transmite la nuda propiedad y se conserva el usufructo vitalicio sobre la vivienda, lo que permite seguir utilizando el inmueble mientras se ha realizado la operación.

Transmisión de otros bienes y renta vitalicia

En la venta de otros elementos patrimoniales, como pueden ser activos financieros o inmuebles distintos de la vivienda habitual, también existe una ventaja fiscal. Las ganancias pueden quedar exentas si el importe obtenido se destina a constituir una renta vitalicia asegurada. Para ello, la reinversión debe realizarse en un plazo de seis meses desde la transmisión. Además, la cantidad máxima que puede destinarse a este fin es de 240.000 euros por contribuyente. Este mecanismo permite transformar el patrimonio en ingresos periódicos.

Hipoteca inversa

Las cantidades que se perciben a través de una hipoteca inversa no tributan en el IRPF. Este producto permite disponer de dinero utilizando la vivienda habitual como garantía, sin necesidad de venderla. Siempre que la operación se ajuste a la normativa que regula este tipo de instrumentos financieros, las disposiciones realizadas no se consideran renta a efectos fiscales.

Mínimo personal y familiar

El mínimo del contribuyente es, con carácter general, de 5.500 euros anuales. Esta cantidad se incrementa en función de la edad. En el caso de personas mayores de 65 años, el aumento es de 1.150 euros anuales, al que se suman otros 1.400 euros adicionales cuando se superan los 75 años. La normativa prevé que este mínimo se mantenga incluso en el ejercicio en el que se produce el fallecimiento. En declaraciones conjuntas, el otro cónyuge no genera derecho a este mínimo, aunque sí se tiene en cuenta el incremento por edad si corresponde.

El IRPF también contempla reducciones cuando el contribuyente convive con ascendientes, como padres o abuelos. Para aplicar este beneficio, el familiar debe tener más de 65 años —o una discapacidad reconocida—, convivir con el contribuyente al menos la mitad del año y no superar los 8.000 euros de ingresos anuales, excluidas las rentas exentas. Además, no debe presentar declaración con rentas superiores a 1.800 euros. Si se cumplen estos requisitos, el mínimo es de 1.150 euros anuales por cada ascendiente mayor de 65 años, que aumenta en 1.400 euros adicionales si supera los 75 años.

Mínimo por discapacidad

Las personas con discapacidad pueden aplicar reducciones adicionales en función del grado reconocido. Cuando el grado es igual o superior al 33% e inferior al 65%, el mínimo asciende a 3.000 euros. Si además se acredita la necesidad de ayuda de terceras personas o movilidad reducida, se añaden otros 3.000 euros.

En los casos de discapacidad igual o superior al 65%, la cuantía se eleva a 9.000 euros, con un incremento adicional de 3.000 euros por gastos de asistencia, lo que sitúa el total en 12.000 euros. Estas reducciones también pueden aplicarse a ascendientes si generan derecho a ello y cumplen los requisitos establecidos.

La devolución de la declaración de la renta es uno de los momentos más esperados cada año por quienes han obtenido un resultado a su favor. Tras completar el trámite, la atención se centra en el ingreso, pero no siempre llega al mismo tiempo para todos. La Agencia Tributaria sigue un procedimiento con plazos definidos, aunque el ritmo real depende de varios factores que afectan a cada expediente.

En los primeros días de la campaña ya empiezan a registrarse las primeras devoluciones, lo que suele generar la sensación de que el proceso es inmediato. Sin embargo, esa rapidez inicial convive con casos en los que el pago se retrasa durante meses. La diferencia no responde a un criterio único, sino a cómo avanza la tramitación interna de cada declaración.

Por eso, más allá de las fechas generales, lo que marca los tiempos es el funcionamiento del sistema de gestión de Hacienda. La combinación entre automatización y revisiones hace que el calendario no sea uniforme, de modo que entender cómo se organiza ese proceso permite tener una referencia más clara sobre cuándo puede llegar la devolución.

Cuándo devuelve la Agencia Tributaria el dinero de la declaración

Cuando el resultado de la declaración es a devolver, el contribuyente puede hacer un seguimiento del estado de su solicitud a través de su expediente en la plataforma Renta WEB, dentro de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Este sistema permite comprobar en qué fase se encuentra la tramitación, desde que la declaración ha sido registrada hasta que se ordena el pago.

El abono de la devolución se realiza, por norma general, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el propio contribuyente en su declaración. Por eso, uno de los aspectos más importantes es asegurarse de que los datos bancarios son correctos, ya que cualquier error en este punto puede retrasar el ingreso.

En cuanto a los plazos, la Agencia Tributaria dispone de un máximo de seis meses para efectuar la devolución. Este periodo empieza a contar desde el final del plazo oficial de presentación, fijado el 30 de junio de 2026, en el caso de las declaraciones presentadas dentro del calendario ordinario. Esto sitúa el límite en el 31 de diciembre de ese mismo año. Si la declaración se presenta fuera de plazo, el cómputo de los seis meses comienza desde la fecha en la que se entrega.

A pesar de este margen legal, lo habitual es que las devoluciones no se demoren tanto. Una parte importante de los contribuyentes recibe el dinero en las semanas posteriores a la presentación, especialmente cuando la declaración se entrega en los primeros compases de la campaña y no presenta errores. En estos casos, el proceso suele resolverse con rapidez gracias a los sistemas automatizados de verificación.

Sin embargo, no todas las devoluciones siguen el mismo ritmo. Algunas pueden tardar varios meses, incluso cuatro o cinco, sin que exista una incidencia concreta. Esto suele estar relacionado con el volumen de expedientes que maneja la Agencia Tributaria o con la necesidad de realizar comprobaciones adicionales en determinados casos.

Durante la tramitación, Hacienda revisa la coherencia de los datos declarados, incluyendo ingresos, deducciones y otra información relevante. Si detecta alguna discrepancia o necesita más información, puede iniciar un procedimiento de comprobación. En estos casos, es posible que se solicite documentación adicional al contribuyente mediante un requerimiento formal. Cuando esto ocurre, el plazo de seis meses queda en suspenso hasta que se aporta la información solicitada.

Para conocer el estado de la devolución, el contribuyente puede consultar su expediente en cualquier momento. Los mensajes que aparecen en el sistema permiten saber si la declaración sigue en tramitación, si está siendo revisada o si la devolución ya ha sido ordenada. Esta herramienta resulta especialmente útil en los casos en los que el ingreso se retrasa más de lo esperado.

Otro aspecto relevante es qué ocurre si Hacienda no cumple con el plazo máximo. En ese caso, la normativa establece que la Administración debe abonar intereses de demora de forma automática, sin que el contribuyente tenga que solicitarlos. Estos intereses se calculan sobre la cantidad finalmente reconocida a devolver, tanto si coincide con la solicitada inicialmente como si ha sido modificada tras una comprobación.

El momento en el que se presenta la declaración también influye en los tiempos. Quienes la entregan en abril o a comienzos de mayo suelen situarse entre los primeros en recibir el ingreso, siempre que su expediente no requiera revisión. A medida que avanza la campaña, se acumulan más solicitudes y también más casos complejos, lo que puede ralentizar el proceso en determinadas fases.

En definitiva, el calendario de devoluciones no responde a una fecha única, sino a un proceso que depende de múltiples variables. Aunque existe un plazo legal que llega hasta final de año, la mayoría de los pagos se realizan antes. La rapidez con la que se recibe el dinero está condicionada por la fecha de presentación, la complejidad de la declaración y las comprobaciones que lleve a cabo la Agencia Tributaria en cada caso.

La campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2025 vuelve a situar a los contribuyentes ante un escenario en el que la revisión del borrador resulta determinante. Aunque la Agencia Tributaria facilita una base de datos cada vez más completa, no todos los beneficios fiscales se incorporan automáticamente. Esto obliga a comprobar con detalle cada apartado de la declaración para evitar errores y, sobre todo, para no dejar fuera deducciones que pueden reducir de forma significativa la cuota final.

En este contexto, el sistema fiscal mantiene una estructura compleja en la que conviven incentivos estatales con otros autonómicos, además de deducciones sujetas a requisitos muy concretos. La falta de información clara o la dificultad para interpretar la normativa provoca que muchos declarantes no apliquen correctamente todas las ventajas disponibles. Por ello, identificar las deducciones menos conocidas o que suelen pasar desapercibidas se convierte en un paso clave para ajustar la declaración a la situación real de cada contribuyente.

Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación

El impuesto sobre la renta incluye un incentivo para quienes aportan capital a empresas de nueva creación o con pocos años de actividad. Esta medida permite aplicar una deducción en la cuota estatal por las cantidades invertidas en la suscripción de acciones o participaciones, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa.

Desde 2023, el porcentaje aplicable alcanza el 50% de la inversión realizada, con un límite máximo de base de 100.000 euros anuales. Esto significa que el beneficio fiscal se calcula sobre el valor de adquisición de las participaciones, dentro de ese tope. No obstante, la deducción exige condiciones como mantener la inversión durante un periodo determinado o que la empresa cumpla criterios específicos.

Otro aspecto relevante es que este incentivo no se puede combinar con deducciones autonómicas similares sobre las mismas cantidades. Esta incompatibilidad obliga a elegir qué beneficio aplicar en cada caso. La falta de conocimiento de estas condiciones hace que muchos contribuyentes no incluyan esta deducción, pese a haber realizado inversiones que podrían dar derecho a ella.

Deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas

Las actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética de las viviendas cuentan con varias deducciones específicas en el IRPF. Estas medidas se aplican sobre las cantidades invertidas en obras que reduzcan la demanda energética o mejoren el rendimiento del inmueble, y se han configurado como incentivos temporales.

Existen tres modalidades diferenciadas. La primera permite deducir un 20% del gasto cuando las obras logran reducir la demanda de calefacción o refrigeración, con una base máxima de 5.000 euros. La segunda, orientada a disminuir el consumo de energía primaria no renovable, eleva el porcentaje hasta el 40%, con un límite de 7.500 euros. La tercera modalidad, centrada en la rehabilitación energética de edificios residenciales, alcanza el 60%, también con una base máxima de 5.000 euros.

Para acceder a estas deducciones es imprescindible contar con certificados de eficiencia energética que acrediten la mejora obtenida. Este requisito técnico, junto con los límites y condiciones establecidos, explica que algunos contribuyentes no lleguen a aplicarlas, incluso cuando han realizado obras que podrían encajar en estos supuestos.

Deducción por la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga

La normativa también contempla incentivos fiscales para fomentar la movilidad eléctrica. En concreto, se han establecido deducciones temporales que permiten reducir la cuota por la compra de vehículos eléctricos y por la instalación de puntos de recarga.

En el caso de la adquisición de un vehículo, el contribuyente puede deducirse el 15% del importe, siempre que se respeten los límites fijados. La base máxima se sitúa en 20.000 euros, incluyendo el precio, los gastos y los impuestos asociados, y el coste del vehículo no puede superar los 45.000 euros antes de aplicar el IVA.

Por otro lado, también se incluyen las inversiones destinadas a instalar infraestructuras de recarga en viviendas. Ambas medidas están sujetas a plazos concretos y a requisitos específicos, lo que hace necesario revisar cada caso. El desconocimiento de estas condiciones provoca que no siempre se reflejen en la declaración.

Deducciones por donativos

Las donaciones a entidades sin ánimo de lucro constituyen uno de los beneficios fiscales más extendidos, aunque no todos los contribuyentes lo aplican correctamente. Este incentivo permite reducir la cuota en función de las cantidades aportadas a organizaciones acogidas al régimen fiscal correspondiente.

En términos generales, los primeros 250 euros donados permiten aplicar una deducción del 80%. A partir de esa cantidad, el porcentaje se reduce al 40%, siempre dentro de los límites establecidos. Además, el total deducible no puede superar el 10% de la base liquidable del contribuyente.

Para beneficiarse de esta deducción es necesario contar con el certificado emitido por la entidad receptora. La falta de este documento o el desconocimiento de los porcentajes aplicables hace que algunas aportaciones no se incluyan en la declaración, pese a su impacto directo en el resultado.

Sistemas de previsión social

Las aportaciones a sistemas de previsión social, como los planes de pensiones, permiten reducir la base imponible del impuesto, lo que puede traducirse en un ahorro fiscal relevante. Este mecanismo no actúa como una deducción directa, pero sí disminuye la cantidad sobre la que se calcula el IRPF.

En el caso de los planes individuales, el límite de reducción se sitúa en 1.500 euros anuales, siempre que no supere el 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas. A esto se suma la posibilidad de aplicar una reducción adicional por aportaciones a planes de empleo, que puede alcanzar hasta 8.500 euros.

Para trabajadores autónomos, el límite adicional es menor, con un máximo de 4.250 euros en determinados supuestos. A pesar de estos incentivos, no todos los contribuyentes aprovechan el margen disponible, lo que reduce el efecto fiscal del ahorro destinado a la jubilación.

Deducciones por alquiler o adquisición de vivienda habitual

En el ámbito de la vivienda existen dos deducciones principales que siguen generando dudas. Por un lado, la deducción por adquisición de vivienda habitual se mantiene únicamente para quienes compraron su vivienda antes de 2013 y continúan pagando el préstamo. Este régimen transitorio permite seguir aplicando el beneficio bajo las condiciones establecidas.

Por otro lado, la deducción por alquiler a nivel estatal se limita a contratos anteriores a 2015 y está sujeta a determinados niveles de renta. En estos casos, se puede deducir un porcentaje de las cantidades pagadas, siempre que se cumplan los requisitos de base imponible y límites fijados.

Además, las comunidades autónomas han desarrollado sus propias deducciones en materia de vivienda, lo que amplía las posibilidades de aplicación. A esto se añade que los propietarios que alquilan inmuebles destinados a vivienda habitual pueden aplicar reducciones sobre el rendimiento neto, que en algunos casos pueden alcanzar porcentajes elevados si se cumplen determinadas condiciones.

La campaña de la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025 se desarrolla, como cada año, con un calendario organizado en varias fases que permiten a los contribuyentes elegir cómo presentar su declaración. El proceso arranca con la vía telemática, que concentra una parte importante de las gestiones, pero a medida que avanza el calendario se habilitan otros canales de asistencia. Entre ellos, la atención telefónica vuelve a ocupar un lugar relevante para quienes necesitan apoyo durante el trámite o prefieren no gestionarlo por su cuenta.

En este contexto, la Agencia Tributaria mantiene el servicio conocido como “Le Llamamos”, un sistema que permite confeccionar la declaración mediante una llamada con personal técnico. Este modelo requiere una planificación previa por parte del contribuyente, ya que solo se puede utilizar con cita previa y dentro de unos plazos concretos. La gestión de este servicio se realiza principalmente a través de la sede electrónica oficial, donde también se detallan los requisitos y condiciones para acceder a esta modalidad dentro de la campaña.

Cuándo se puede solicitar cita para hacer la declaración por teléfono

El servicio telefónico de la Agencia Tributaria tiene su propio calendario dentro de la campaña. Este sistema estará operativo desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio, fecha en la que finaliza la campaña de la renta por cualquier vía. No obstante, el acceso a este servicio no es inmediato desde su inicio.

Para poder utilizarlo, es obligatorio reservar cita previa dentro de un plazo concreto. La solicitud podrá realizarse desde el 29 de abril y permanecerá abierta hasta el 29 de junio. Este margen establece el periodo en el que los contribuyentes pueden elegir día y hora para recibir la llamada de la Agencia Tributaria.

La diferencia entre el calendario de solicitud y el de atención implica que la cita debe pedirse con antelación. El sistema asigna las franjas disponibles en función de la demanda, por lo que la disponibilidad de horarios puede variar a medida que avanza la campaña. Esto hace que quienes estén interesados en este canal deban anticiparse para encontrar fechas que se ajusten a su disponibilidad.

El cierre definitivo de la campaña está previsto para el 30 de junio, lo que marca también el final del servicio telefónico. A partir de ese momento, ya no será posible presentar la declaración ni solicitar asistencia por este medio. Este límite afecta a todos los canales, incluidos el presencial y el telemático.

Dentro del mismo calendario, la Agencia Tributaria también contempla otras modalidades de atención. La asistencia en oficinas, por ejemplo, se activa más tarde: las citas pueden solicitarse desde el 29 de mayo y la atención presencial se presta entre el 1 y el 30 de junio. Aunque esta opción sigue disponible, el servicio telefónico se mantiene como una alternativa intermedia entre la gestión autónoma por internet y la atención en oficinas.

Cómo solicitar cita para hacer la declaración por teléfono

El proceso para reservar cita previa se gestiona principalmente a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. En el apartado habilitado para este trámite, el contribuyente debe identificarse mediante alguno de los sistemas admitidos, como el NIF o NIE, Cl@ve, el número de referencia, el DNI electrónico o el certificado electrónico. También existe la posibilidad de realizar la solicitud por teléfono a través de los números habilitados para la campaña.

Una vez dentro del sistema, es necesario seleccionar el servicio correspondiente a la campaña de la renta y elegir la opción de confección de la declaración por vía telefónica. A continuación, el sistema muestra un calendario con las fechas disponibles, entre las que el usuario puede escoger la que mejor se ajuste a su situación.

Durante la reserva, se solicita un número de teléfono de contacto. Este dato es esencial, ya que será el canal utilizado por la Agencia Tributaria para realizar la llamada en el día y la franja horaria elegidos. La llamada se efectuará desde el número 913 335 333, por lo que se recomienda estar disponible en ese intervalo horario previamente seleccionado.

La gestión de la cita no termina con la reserva inicial. El sistema permite modificar o cancelar la cita por los mismos canales utilizados para solicitarla. En caso de no poder atender la llamada, la Agencia Tributaria indica que se debe anular la cita con al menos 24 horas de antelación. Si no se realiza este trámite, será necesario solicitar una nueva dentro del periodo disponible, siempre que queden huecos libres.

Documentación necesaria para presentar la declaración por teléfono

Para que la atención telefónica se desarrolle correctamente, es imprescindible preparar previamente toda la documentación necesaria. La Agencia Tributaria señala que deben estar presentes las personas titulares de la declaración en el momento de la llamada, ya que será necesario verificar la identidad. En caso de utilizar el sistema Cl@ve, se debe disponer del teléfono asociado al registro; si no, será necesario contar con el número de referencia.

Entre la documentación básica exigida se encuentran el DNI, así como copia del de otros contribuyentes incluidos en la declaración, el número IBAN de la cuenta bancaria y las referencias catastrales de los inmuebles. Esta información es imprescindible para completar el trámite, y su ausencia impide que se pueda elaborar la declaración durante la llamada.

Además, la Agencia Tributaria indica que deben prepararse documentos adicionales en caso de haber percibido determinadas rentas que no figuren en los datos fiscales. Esto incluye ingresos por trabajo, rendimientos de capital, actividades económicas, operaciones con inmuebles o activos financieros, así como posibles deducciones autonómicas u otros beneficios fiscales. La falta de estos datos puede impedir la correcta elaboración de la declaración.

El servicio telefónico funciona en tiempo real, lo que significa que la declaración se confecciona durante la llamada con la información disponible en ese momento. Por este motivo, la preparación previa es un requisito clave para evitar incidencias y completar el proceso en una sola gestión.

Cada año, al hacer la Declaración de la Renta, los contribuyentes deben revisar con detalle la información vinculada a sus inmuebles, un apartado que incluye tanto la vivienda habitual como segundas residencias o propiedades en alquiler. En este procedimiento, la Agencia Tributaria solicita una serie de datos que permiten identificar correctamente cada inmueble, y aunque en muchos casos parte de esa información ya aparece incorporada en el borrador, no siempre consta de forma completa o actualizada.

Dentro de esos datos, la referencia catastral es uno de los elementos que más dudas genera. Se trata de un identificador oficial que permite asociar cada inmueble a su registro correspondiente dentro del Catastro. Su función es facilitar la localización exacta de una vivienda o propiedad dentro del sistema administrativo, y su presencia se ha vuelto habitual en trámites fiscales, especialmente en la Declaración de la Renta y en otros procedimientos relacionados con la propiedad inmobiliaria.

El incremento del uso de plataformas digitales ha simplificado la consulta de esta información, pero todavía es frecuente que los contribuyentes tengan que recurrir a documentos antiguos o a distintos canales para localizarla. En muchos casos, este código ya ha sido utilizado en declaraciones anteriores, aunque no siempre se conserva a mano.

Qué es la referencia catastral y para qué sirve

La referencia catastral es un código alfanumérico formado por 20 caracteres que identifica de manera única cada inmueble registrado en España. Este identificador lo asigna el Catastro, organismo dependiente de la Dirección General del Catastro, y permite diferenciar cada propiedad dentro de su base de datos oficial. No existen dos inmuebles con la misma referencia, lo que convierte este código en un elemento exclusivo para cada vivienda, oficina, garaje, finca o construcción.

Este número funciona como una especie de identificador del inmueble. A través de él, el sistema catastral asocia datos básicos de la propiedad, como su ubicación exacta, su uso, su superficie o determinadas características físicas. En algunos casos también permite consultar información adicional vinculada al inmueble dentro del registro, lo que lo convierte en una pieza habitual en trámites relacionados con la propiedad.

Su uso no se limita a la Declaración de la Renta. La referencia catastral aparece en distintos procedimientos administrativos vinculados a la vivienda, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, operaciones de compraventa, herencias o contratos de alquiler. En todos estos casos, sirve para identificar sin ambigüedades el bien inmueble al que se hace referencia.

En el ámbito del IRPF, su inclusión es obligatoria en determinados casos cuando se declara una vivienda o cuando el sistema lo requiere para completar los datos del inmueble. Si el contribuyente tiene varios bienes, este código permite distinguir cada uno de ellos de forma precisa dentro del formulario.

Cómo consultar la referencia catastral de una vivienda

Existen varias formas de localizar la referencia catastral sin necesidad de iniciar un trámite complejo. Una de las más habituales es revisar el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, donde este código suele aparecer reflejado junto a los datos de la vivienda. Este documento es una de las fuentes más directas para acceder a esta información.

Otra vía frecuente es la documentación relacionada con la propiedad. En el caso de viviendas en propiedad, las escrituras de compraventa suelen incluir la referencia catastral dentro de la descripción del inmueble. También puede aparecer en contratos de alquiler, donde se incorpora como parte de los datos identificativos de la vivienda arrendada.

Si no se dispone de estos documentos, la consulta puede realizarse a través de la Sede Electrónica del Catastro. En esta plataforma es posible introducir la dirección del inmueble mediante la opción de búsqueda por calle y número. Una vez localizada la vivienda, el sistema muestra los datos asociados, entre ellos la referencia catastral y otras características básicas del inmueble, como su superficie o su uso. Este método es uno de los más utilizados porque permite acceder directamente a la información sin necesidad de documentación adicional, siempre que se conozca la dirección exacta del inmueble.

Otra alternativa es recurrir a Declaraciones de la Renta de años anteriores. En muchos casos, este dato ya fue incluido en ejercicios previos, por lo que puede recuperarse revisando la documentación presentada en campañas anteriores. Esto resulta útil especialmente cuando no se dispone de otros documentos físicos o digitales.

También es posible consultar la referencia catastral a través de los servicios de atención del Catastro, tanto de forma presencial como telefónica. Este canal se utiliza cuando no es posible localizar el código por medios habituales o cuando existen dudas sobre la correspondencia entre la dirección del inmueble y los datos registrados. En estos casos, suele ser necesario aportar información básica del inmueble para facilitar la búsqueda.

En la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que se presenta en 2026, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) disponen de diferentes mecanismos fiscales que permiten aliviar su carga tributaria, siempre que los gastos estén debidamente justificados y vinculados a la actividad económica. En un contexto de aumento de costes, estas deducciones se han convertido en una herramienta esencial para mejorar la liquidez y la viabilidad de los negocios, aunque su aplicación requiere un conocimiento preciso de la normativa para evitar errores ante la administración tributaria.

En términos generales, tanto autónomos como sociedades pueden deducir gastos corrientes como suministros, alquileres o servicios profesionales, además de beneficiarse de incentivos ligados a la inversión, el empleo o la innovación. No obstante, existen diferencias relevantes entre ambos regímenes fiscales que condicionan el alcance de estas ventajas y su impacto real en la tributación.

En esta campaña, además, se mantienen determinados límites que afectan a la actividad económica. Entre ellos, los relativos al volumen de ingresos y operaciones, que siguen funcionando como referencia para distintas obligaciones fiscales: 250.000 euros en el caso de rendimientos íntegros, 125.000 euros cuando existen operaciones con obligación de facturar a otros empresarios y otros 250.000 euros en el volumen de compras.

Deducciones para autónomos

En el caso de los trabajadores por cuenta propia, la deducción de gastos sigue estando condicionada a su vinculación directa con la actividad económica. Solo pueden incluirse aquellos que estén relacionados con el desarrollo del negocio y que tengan impacto en la obtención de ingresos.

Para que un gasto sea aceptado, es necesario que esté respaldado por documentación válida. Esto implica disponer de facturas completas que cumplan los requisitos legales, ya que los tickets o justificantes simplificados no suelen ser suficientes en el ámbito empresarial. Junto a ello, los gastos deben poder acreditarse y estar correctamente relacionados con la actividad, de forma que resulten coherentes con el trabajo desarrollado.

Entre los gastos más habituales se encuentra la cuota de autónomos, que puede deducirse íntegramente en el IRPF. También se mantiene la deducción del alquiler de locales cuando estos se destinan de forma exclusiva a la actividad, en cuyo caso el gasto puede deducirse al 100%.

Cuando el trabajo se realiza desde el domicilio habitual, los suministros como electricidad, agua, gas, internet o telefonía pueden deducirse aplicando un criterio específico. En estos casos, se toma el 30% de la proporción existente entre la superficie destinada a la actividad y el total de la vivienda, lo que determina la parte deducible del gasto.

También se incluyen como gastos deducibles los servicios profesionales externos, como asesorías, gestorías, servicios jurídicos o consultorías. A ello se suman otros costes habituales del día a día del negocio, como material de oficina, equipos informáticos, software, mobiliario o cualquier recurso necesario para el desarrollo de la actividad.

En el ámbito comercial, entran igualmente los gastos vinculados al marketing y la publicidad, como campañas digitales, anuncios en plataformas o la creación y mantenimiento de páginas web. En el caso de los vehículos, la deducción queda limitada a los supuestos en los que se pueda acreditar un uso exclusivamente profesional, de manera que los desplazamientos deben estar directamente relacionados con la actividad y se excluye cualquier utilización personal o no justificada.

Una de las novedades de este ejercicio es la incorporación de ajustes vinculados a las cotizaciones a la Seguridad Social. Tras la implantación del sistema de cotización en función de ingresos, pueden producirse regularizaciones posteriores de cuotas. Estas variaciones podrán reflejarse en la declaración mediante nuevas casillas específicas, lo que permitirá incorporarlas como gasto o ingreso según corresponda.

En este ejercicio también se introduce una reducción del 30% sobre determinados rendimientos netos procedentes de actividades artísticas, científicas, literarias o escénicas cuando estos ingresos se obtienen de forma excepcional. Esta medida se aplica sobre un máximo de 150.000 euros anuales.

A ello se suma la actualización de los límites de otra reducción destinada a contribuyentes con ingresos más bajos. Podrán acogerse quienes tengan rendimientos netos inferiores a 19.747,50 euros, siempre que no dispongan de otras rentas superiores a 6.500 euros. En este caso, la reducción alcanza hasta 6.498 euros anuales para los tramos más bajos, mientras que en niveles intermedios se aplica una fórmula progresiva en función del rendimiento obtenido.

En estimación directa simplificada, se mantiene además la reducción del 5% por gastos de difícil justificación, con un límite máximo de 2.000 euros anuales. Este beneficio no es compatible con otros incentivos específicos en determinados supuestos de dependencia económica. En estimación objetiva, por su parte, se conserva una reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos.

Deducciones para pymes

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, los gastos deducibles son aquellos que pueden restarse de los ingresos para determinar el beneficio sobre el que se aplica el Impuesto sobre Sociedades. Para ello, deben cumplirse una serie de requisitos que garantizan su validez fiscal.

En primer lugar, los gastos deben estar directamente relacionados con la actividad económica de la empresa y contribuir al desarrollo del negocio. A esto se suma la obligación de contar con documentación justificativa adecuada, lo que implica disponer de facturas completas que cumplan los requisitos legales, ya que los tickets o justificantes simplificados no suelen ser suficientes en el ámbito empresarial.

Además, los gastos deben estar correctamente registrados en la contabilidad de la empresa, lo que permite su seguimiento y control dentro del ejercicio fiscal correspondiente. También es necesario que se imputen en el periodo en el que realmente se producen, sin trasladarlos a otros ejercicios, ya que esto podría alterar el resultado fiscal.

Dentro de este marco, las pymes pueden deducir gastos habituales como suministros, alquileres de locales, servicios profesionales externos, inversiones en tecnología o software y otros costes asociados al funcionamiento diario del negocio. También se incluyen las amortizaciones de bienes de inversión, que permiten repartir el coste de determinados activos a lo largo de varios ejercicios.

En la declaración de la renta, una parte importante del resultado final no depende únicamente del Estado, sino también de las comunidades autónomas. Estas pueden establecer deducciones propias dentro del IRPF que, en muchos casos, no se tienen en cuenta, pese a que pueden suponer un ahorro relevante: reducen la cantidad a pagar o incrementan la devolución según el caso. Se trata de un conjunto de beneficios fiscales que se aplican en situaciones muy diversas, especialmente vinculadas a la vivienda, y que abarcan desde el alquiler y la compra hasta la rehabilitación o el apoyo a determinados colectivos como jóvenes o familias.

Para poder acceder a estas ventajas es necesario cumplir un requisito clave: haber tenido la residencia fiscal en una misma comunidad durante la mayor parte del año, lo que en la práctica supone haber permanecido en ese territorio al menos 183 días durante el ejercicio. Solo entonces pueden aplicarse las deducciones autonómicas correspondientes. La campaña de la renta del ejercicio 2025 podrá presentarse entre el 8 de abril de 2026 y el 30 de junio, por lo que conviene tener presentes estas medidas antes de realizar la declaración.

A continuación, se recogen las deducciones aprobadas para el IRPF en cada comunidad autónoma para el ejercicio 2025:

Andalucía

Los contribuyentes que hayan desarrollado su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes deducciones fiscales autonómicas:

Aragón

En Aragón, quienes hayan fijado allí su residencia habitual durante 2025 podrán acogerse a las siguientes deducciones autonómicas:

Principado de Asturias

Durante 2025, los contribuyentes con residencia habitual en el Principado de Asturias podrán acceder a estas deducciones autonómicas:

Illes Balears

En las Illes Balears, los residentes habituales durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes medidas fiscales autonómicas:

Canarias

Quienes hayan residido en la Comunidad Autónoma de Canarias durante el ejercicio 2025 podrán aplicar estas deducciones autonómicas:

Cantabria

Los residentes en Cantabria durante 2025 tendrán acceso a estas deducciones autonómicas:

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, quienes hayan mantenido su residencia habitual durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes deducciones fiscales:

Castilla y León

Durante 2025, los contribuyentes con residencia habitual en Castilla y León podrán acceder a estas deducciones autonómicas:

Catalunya

En Catalunya, los contribuyentes residentes en 2025 podrán acogerse a las siguientes deducciones:

Extremadura

Quienes hayan tenido su residencia habitual en Extremadura durante 2025 podrán beneficiarse de estas deducciones autonómicas:

Galicia

En Galicia, durante 2025, los contribuyentes residentes podrán acceder a las siguientes deducciones:

Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid, quienes hayan residido durante 2025 podrán beneficiarse de estas deducciones fiscales:

Región de Murcia

En la Región de Murcia, los contribuyentes con residencia habitual durante 2025 podrán aplicar estas deducciones:

La Rioja

En La Rioja, quienes hayan residido durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes deducciones autonómicas:

Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana, durante 2025, los contribuyentes residentes podrán acceder a estas deducciones:

Arranca esta semana la campaña de la renta y, como cada año, vuelve el viejo debate sobre los impuestos. Para el PP y determinados círculos empresariales pagamos demasiados, vivimos en un infierno fiscal, aunque la realidad se obstine en decir lo contrario. Más allá del trámite, conviene mirarlo desde la economía real: la de las familias que las pasan canutas. Porque es ahí donde el sistema fiscal deja de ser una abstracción y se convierte en un mecanismo concreto y central de redistribución de la riqueza. Y en un momento en el que dos grandes grietas —la vivienda y la pobreza infantil— condicionan la vida de millones de personas, esa función adquiere un sentido especialmente tangible.

La pobreza infantil, en particular, resume bien el problema: empezar mal la carrera te marca para siempre. Por eso gana fuerza la idea de abordarla como un derecho desde el inicio. El ministro Pablo Bustinduy lo plantea con claridad al defender una prestación universal por crianza. No como una ayuda condicionada, sino como un mecanismo eficaz que llega a todos de forma inmediata. Y quien no la necesite la devolverá vía impuestos. Es decir, la redistribución no se hace en la puerta de entrada, sino a través del sistema fiscal, como ocurre con la sanidad, la educación o las pensiones. Si quieres profundizar en el tema, te recomiendo esta entrevista.

El enfoque del ministro conecta con una corriente económica cada vez más influyente. Carles Manera, catedrático de Historia Económica y consejero del Banco de España, insiste en que invertir en infancia es la política con mayor retorno posible, mientras que el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, sitúa el debate en la necesidad de un nuevo contrato social: menos redistribución ex post y más predistribución de oportunidades. En palabras de Costas: esto va de cómo tratamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes antes de que entren en el mercado de trabajo. Las tres ideas apuntan en la misma dirección: garantizar condiciones de partida más igualitarias no solo es justo, también es eficiente. Y España, con niveles de pobreza infantil anómalamente altos, tiene ahí un margen de mejora evidente.

Pero es que a todo lo anterior se suma otra presión estructural: el envejecimiento. Viviremos más y necesitaremos más cuidados, lo que obliga a construir un sistema público adaptado a esta nueva realidad, como contamos en la nueva edición de nuestra revista trimestral: ‘El sueño de la vida eterna. Una vieja aspiración entre la realidad y el delirio'. No se trata solo de gastar más, sino de gastar mejor. De nuevo, hablamos de derechos que requieren financiación estable y sostenida en el tiempo.

Y ahí es donde la campaña de la renta vuelve a cobrar sentido. Si la vivienda y la infancia deben ser derechos, y si los cuidados van a ser el próximo gran pilar del Estado del bienestar, alguien tiene que sostenerlos. La respuesta pasa por reforzar la progresividad: que los que más tienen aporten más. No solo porque de esa contribución depende que las prestaciones universales funcionen con la eficacia que se les presupone, sino por equidad.

El gráfico

El titular del gráfico es lo que dicen los datos analizados por este diario sobre qué hogares se benefician más de la rebaja de impuestos a los combustibles, una de las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para paliar la subida de precios provocada por el despegue del crudo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, y que cuenta con el respaldo del Congreso. Te las recuerdo por si ahora no caes: una reducción del IVA de los combustibles al 10% y otra del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo y la gasolina sin plomo, entre otros. El texto también recoge una bajada de los impuestos de la electricidad. 

Por cierto, no sé si sabes que esta semana Bruselas ha advertido a España de que rebajar el IVA de los combustibles al tipo reducido del 10%, se desvía de la normativa europea sobre este impuesto, aunque también es cierto que la Comisión no va a tomar ninguna medida al respecto.

Volviendo al gráfico, según los datos, si segmentamos a la población en diferentes grupos en función del nivel de ingresos —siendo los más ricos quienes ingresan más de 5.000 euros al mes y los que menos, quienes no superan los 1.000 euros— los más favorecidos por estas medidas fiscales son, por tanto, los hogares que más ingresos disponibles tienen, que pueden ahorrar unos 25 euros de media al mes, frente a unos nueve euros de media en los escalones más bajos. 

Gran parte del plan se basa en bajar impuestos para todos.

—¿Por qué no se ha apostado por ayudas más focalizadas en quienes realmente no pueden pagar la factura, en lugar de beneficiar también a rentas altas?“ —pregunté hace unos días a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante el VI Foro Económico de elDiario.es.

Se fue un poco por la tangente. Si te interesa la entrevista la tienes en este enlace, y si quieres saber más sobre el asunto del gráfico pincha aquí.

El dato

1,7%

Es el porcentaje de asalariados que fueron contratados en 2025 gracias a la intermediación de las oficinas públicas de empleo. Son dos décimas menos que en 2024. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), 319.700 asalariados obtuvieron el año pasado un puesto de trabajo gracias a la intermediación de una oficina pública de empleo.

Un poco desastre tratándose de un servicio público y teniendo en cuenta que en España hay aún 2,4 millones de parados, casi el 10% de la población activa, pese al nuevo récord histórico de trabajadores, con casi 21,9 millones de personas de media afiliadas a la Seguridad Social. El SEPE y los servicios de empleo de cada comunidad llevan años en el punto de mira, al parecerse más a un registro de parados que un servicio para encontrar empleo.

Este dato contrasta con el registrado por las empresas de trabajo temporal (ETT), cuya tasa de intermediación duplica la de las oficinas públicas de empleo, según Europa Press. Las ETT y las agencias de empleo sellaron 4,36 millones de contratos de puesta a disposición en 2025, según cálculos de la patronal del sector, Asempleo.

La plantilla del SEPE se estimaba en 2025 en unas 7.400 personas, un millar menos que en 2019, que se ocupan de coordinar el pago de las prestaciones; son las llamadas políticas pasivas. Las activas –buscarte empleo—dependen de los servicios autonómicos de empleo. El de Andalucía (SAE), uno de los más grandes tiene más de 3.000 empleados dedicados a la orientación y gestión. Catalunya (SOC) y Comunidad de Madrid (Empléate) cuentan también con estructuras robustas que superan los 2.000 efectivos cada una para atender a sus respectivos mercados laborales.

No todo nos parece mal 

Buenas noticias para Grifols. La multinacional de hemoderivados catalana ha comunicado la intención de colocar en la bolsa de Estados Unidos una participación minoritaria de su negocio de Biopharma en este país. Bloomberg la cifra en el 20% del capital. Se trata de su división estrella –el año pasado le aportó 6.487 millones de euros de un total de 7.524– e incluye el desarrollo y la comercialización de medicamentos derivados del plasma humano (proteínas plasmáticas) y otras terapias biotecnológicas. Las principales proteínas plasmáticas que produce esta división a nivel global son las inmunoglobulinas, indicadas para tratar inmunodeficiencias primarias, por ejemplo; la albúmina, para restaurar el volumen circulatorio, o bien otras como el factor VIII o la alfa-1 antitripsina, destinadas a tratar trastornos o deficiencias genéticas.

El plasma es la parte líquida de la sangre y Grifols se encarga de fraccionarlo para poder obtener las proteínas plasmáticas que comercializa.

Fuentes del mercado han asegurado a EFE que el negocio de Biopharma en EEUU tiene una valoración empresarial superior a los 20.000 millones de dólares.

La operación está pensada para reducir la deuda y coger pulmón financiero “para respaldar la inversión en sus prioridades estratégicas de crecimiento”, apuntó la compañía en un comunicado. Grifols cerró 2025 con una deuda financiera neta por valor de unos 8.818 millones de euros, por lo que continúa siendo una ratio de apalancamiento elevada. Si Biopharma es la principal división de negocio para Grifols, EEUU es un país realmente relevante para la multinacional, aunque no detalla exactamente cuánto aporta ese país. Contando todas las divisiones de negocio, la región formada por EEUU y Canadá aportó 4.253 millones de euros en 2025, el 56,5 % del total, mientras que la UE reportó 1.613 millones, el 21,44 %, y la región denominada Resto del Mundo generó otros 1.657 millones (22 %).

Tipos (y tipas) de interés

Sube Arcadi España, ministro de Hacienda. Hay perfiles que irrumpen y otros que se deslizan con naturalidad por las costuras del poder. Arcadi España pertenece a estos últimos: hijo de un histórico del PSPV, formado en la cultura de partido y con una habilidad notable para situarse junto a quien debía estar en cada momento. En ese ecosistema es una virtud muy cotizada.

Aunque ha tenido un paso por la esfera privada como asesor financiero en AFI, ha vivido poco al margen de la política. Discípulo político de Ximo Puig, fue ganando peso en la Generalitat Valenciana hasta pilotar la Conselleria de Hacienda. Allí construyó un perfil de gestor con discurso —esa idea suya de que los impuestos “dan civilidad a una sociedad” lo define bien—, aunque no logró esquivar del todo las críticas. Las más persistentes apuntan a una gestión con más relato que huella, especialmente si se compara con su predecesor y maestro, Vicent Soler, más combativo y reformista. También se le reprocha haber rebajado la presión sobre la infrafinanciación valenciana, tras la salida de Mariano Rajoy de la Moncloa.

Ahora, ya en el Ministerio de Hacienda, le toca comprobar si ese equilibrio entre discurso y práctica aguanta en primera línea. Tiene por delante dos pruebas que no admiten retórica: sacar adelante unos Presupuestos en un Congreso fragmentado y encarar de una vez la reforma del modelo de financiación autonómica.

Nos gusta la competencia 

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Hasta aquí por hoy.

El martes que viene vuelvo a tu correo.

Mientras, puedes escribirme a contraoferta@eldiario.es con tus sugerencias o quejas. 

¡Un abrazo!

La campanya de la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2025 ha començat aquest dimecres, 8 d’abril, i es perllongarà fins al 30 de juny. En el cas de les Balears, els contribuents podran aplicar fins a 24 deduccions autonòmiques, un paquet fiscal que incorpora noves mesures i ajustos amb especial focus en l’habitatge —com la deducció per despeses associades a habitatges ocupats—, el reforç dels incentius al treball autònom i l’ampliació dels límits de renda en determinats supòsits, com famílies nombroses o monoparentals, amb l’objectiu d’estendre l’accés a aquests beneficis.

En concret, els límits de renda per accedir a les deduccions autonòmiques es mantenen, amb caràcter general, en els 33.000 euros en tributació individual i en els 52.800 en tributació conjunta, mentre que en el cas de les famílies nombroses i monoparentals els llindars s’eleven fins als 39.600 i els 63.360 euros, respectivament.

En aquests moments ja és possible sol·licitar i confirmar l’esborrany a través d’internet, mentre que el 6 de maig s’obrirà l’opció de tramitar la declaració per telèfon i, a partir de l’1 de juny, de manera presencial, per a les quals caldrà sol·licitar cita prèvia. Aquestes són les deduccions que els contribuents poden aplicar-se a les Balears:

Habitatge

En matèria d’habitatge, els contribuents poden deduir-se el 15% del lloguer de l’habitatge habitual, amb un límit màxim de 530 euros anuals, percentatge que s’eleva al 20% amb un màxim de 650 euros en determinats col·lectius, com joves, persones amb discapacitat o famílies amb càrregues. Per als propietaris que lloguen, es permet deduir fins al 75% de determinades despeses associades a l’arrendament, amb un límit de 1.500 euros, mentre que les inversions en millora de la sostenibilitat de l’habitatge poden beneficiar-se de deduccions que arriben fins al 50% de la despesa realitzada, dins dels límits establerts.

La principal novetat d’aquesta campanya és la creació d’una deducció específica per a propietaris afectats per l’ocupació d’habitatges o per la suspensió judicial de desnonaments per vulnerabilitat. Aquesta mesura permet deduir fins al 40% de les despeses associades a l’immoble, amb un màxim de 500 euros, incloent-hi costos com tributs, subministraments, despeses comunitàries o procediments judicials sempre que estiguin degudament acreditats.

Educació i família

El bloc d’educació inclou deduccions per llibres de text —que poden arribar al 100% de la despesa amb límits per fill—, per classes extraescolars d’idiomes —amb percentatges al voltant del 15% i topalls específics— i per estudis superiors fora de l’illa de residència, amb deduccions que poden arribar fins als 1.800 euros anuals en determinats supòsits.

En l’àmbit de la família i la conciliació, les deduccions per naixement o adopció arriben als 800 euros per fill, xifra que pot incrementar-se en casos de discapacitat. Les despeses de guarderia o cura de menors permeten deduir el 40% del cost, amb un màxim de 660 euros anuals. Les famílies nombroses poden aplicar deduccions d’entre 400 i 800 euros, segons la categoria, mentre que les monoparentals compten amb beneficis similars. A més, els contribuents amb discapacitat poden accedir a deduccions de fins a 150 euros, que augmenten en funció del grau reconegut.

Ocupació i activitat econòmica

El tercer gran bloc és el d’ocupació i activitat econòmica, on les Balears han reforçat els incentius a l’autoocupació. Es manté la deducció de fins a 1.000 euros per inici d’activitat per a nous autònoms, així com una deducció del 30% de la inversió en empreses de nova creació, amb un límit de 6.000 euros. També hi ha beneficis per a qui ocupa llocs de difícil cobertura, amb deduccions que poden arribar als 2.000 euros en funció de les circumstàncies.

Juntament amb aquests eixos principals, el sistema autonòmic inclou altres deduccions més específiques, com les vinculades al mecenatge, que permeten deduir entre el 15% i el 25% de les donacions, o les relacionades amb situacions d’emergència, que contemplen deduccions variables segons el tipus d’ajuda percebuda.

En conjunt, el disseny de les deduccions a les Balears reflecteix una doble lògica: per una banda, alleujar la càrrega fiscal en àmbits sensibles com l’habitatge o la criança; per altra banda, utilitzar l’IRPF com a eina per incentivar determinades polítiques públiques, des de l’accés al lloguer fins a l’impuls del treball autònom o la fixació de població al territori.

Com presentar la declaració a través d’internet

Amb el termini obert per a la campanya d’aquest 2025, ja és possible presentar-la a través d’internet. A través del portal Renda WEB de l’Agència Tributària o des de l’aplicació mòbil, els contribuents poden consultar i revisar el seu esborrany i aquelles dades fiscals que Hisenda ha recopilat del passat exercici. Finalment, podran confirmar o modificar la informació abans d’enviar la declaració. Per fer-ho, hauran de seguir aquests passos:

Com saber si és necessari presentar la declaració

Per regla general, tenen l’obligació de presentar la declaració de la renda els autònoms, els beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) i aquells que rebin anualitats per aliments. Fora d’aquests grups, no tots els contribuents han de presentar la declaració de la renda. Existeixen una sèrie de requisits que el declarant ha de complir, com el límit d’ingressos del treball:

Com a novetat a nivell estatal, en l’exercici fiscal de 2025 s’ha suprimit l’obligatorietat de presentar la renda per a aquells declarants que rebin prestacions no contributives o subsidis del SEPE. Això només s’aplica, això sí, si el contribuent no té cap altra font d’ingressos com lloguers o beneficis en borsa.

Pagament per Bizum o fraccionat

Si la declaració és a pagar, es podrà domiciliar l’abonament, fer-ho amb targeta o a través de Bizum. Es podrà fraccionar en dos pagaments: el primer del 60% de l’import en presentar la declaració i el segon del 40%, que, si també es domicilia, es pagarà el 5 de novembre.

En el cas que surti a retornar, l’Agència Tributària té de marge fins al 31 de desembre per efectuar els reintegraments sense interessos.

La campaña de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2025 ha comenzado este miércoles, 8 de abril, y se prolongará hasta el 30 de junio. En el caso de Balears, los contribuyentes podrán aplicar hasta 24 deducciones autonómicas, un paquete fiscal que incorpora nuevas medidas y ajustes con especial foco en la vivienda -como la deducción por gastos asociados a viviendas okupadas-, el refuerzo de los incentivos al trabajo autónomo y la ampliación de los límites de renta en determinados supuestos, como familias numerosas o monoparentales, con el objetivo de extender el acceso a estos beneficios.

En concreto, los límites de renta para acceder a las deducciones autonómicas se mantienen, con carácter general, en los 33.000 euros en tributación individual y en los 52.800 de forma conjunta, mientras que en el caso de las familias numerosas y monoparentales los umbrales se elevan hasta los 39.600 y los 63.360 euros, respectivamente.

En estos momentos ya es posible solicitar y confirmar el borrador a través de internet, mientras que el 6 de mayo se abrirá la opción de tramitar la declaración por teléfono y, desde el 1 de junio, de forma presencial, para las cuales deberá solicitarse cita previa. Estas son las deducciones que los contribuyentes pueden aplicarse en Balears:

Vivienda

En materia de vivienda, los contribuyentes pueden deducirse el 15% del alquiler de la vivienda habitual, con un límite máximo de 530 euros anuales, porcentaje que se eleva al 20% con un máximo de 650 euros en determinados colectivos, como jóvenes, personas con discapacidad o familias con cargas. Para los propietarios que alquilan, se permite deducir hasta el 75% de determinados gastos asociados al arrendamiento, con un límite de 1.500 euros, mientras que las inversiones en mejora de la sostenibilidad de la vivienda pueden beneficiarse de deducciones que alcanzan hasta el 50% del gasto realizado, dentro de los límites establecidos.

La principal novedad de esta campaña es la creación de una deducción específica para propietarios afectados por la ocupación de viviendas o por la suspensión judicial de desahucios por vulnerabilidad. Esta medida permite deducir hasta el 40% de los gastos asociados al inmueble, con un máximo de 500 euros, incluyendo costes como tributos, suministros, gastos comunitarios o procedimientos judiciales siempre que estén debidamente acreditados.

Educación y familia

El bloque de educación incluye deducciones por libros de texto -que pueden alcanzar el 100% del gasto con límites por hijo-, por clases extraescolares de idiomas -con porcentajes en torno al 15% y topes específicos- y por estudios superiores fuera de la isla de residencia, con deducciones que pueden llegar hasta los 1.800 euros anuales en determinados supuestos.

En el ámbito de la familia y la conciliación, las deducciones por nacimiento o adopción alcanzan los 800 euros por hijo, cifra que puede incrementarse en casos de discapacidad. Los gastos de guardería o cuidado de menores permiten deducir el 40% del coste, con un máximo de 660 euros anuales. Las familias numerosas pueden aplicar deducciones de entre 400 y 800 euros, según categoría, mientras que las monoparentales cuentan con beneficios similares. Además, los contribuyentes con discapacidad pueden acceder a deducciones de hasta 150 euros, que aumentan en función del grado reconocido.

Empleo y actividad económica

El tercer gran bloque es el de empleo y actividad económica, donde Balears ha reforzado los incentivos al autoempleo. Se mantiene la deducción de hasta 1.000 euros por inicio de actividad para nuevos autónomos, así como una deducción del 30% de la inversión en empresas de nueva creación, con un límite de 6.000 euros. También existen beneficios para quienes ocupan puestos de difícil cobertura, con deducciones que pueden alcanzar los 2.000 euros en función de las circunstancias.

Junto a estos ejes principales, el sistema autonómico incluye otras deducciones más específicas, como las vinculadas al mecenazgo, que permiten deducir entre el 15% y el 25% de las donaciones, o las relacionadas con situaciones de emergencia, que contemplan deducciones variables según el tipo de ayuda percibida.

En conjunto, el diseño de las deducciones en Balears refleja una doble lógica: por un lado, aliviar la carga fiscal en ámbitos sensibles como la vivienda o la crianza; por otro, utilizar el IRPF como herramienta para incentivar determinadas políticas públicas, desde el acceso al alquiler hasta el impulso del trabajo autónomo o la fijación de población en el territorio.

Cómo presentar la declaración a través de internet

Con el plazo abierto para la campaña de este 2025, ya es posible presentarla a través de internet. A través del portal Renta WEB de la Agencia Tributaria o desde la aplicación móvil, los contribuyentes pueden consultar y revisar su borrador y aquellos datos fiscales que Hacienda ha recopilado del pasado ejercicio. Por último, podrán confirmar o modificar la información antes de enviar la declaración. Para ello, deberán seguir estos pasos:

Cómo saber si es necesario presentar la declaración

Por lo general, tienen la obligación de presentar la declaración de la renta los autónomos, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y aquellos que reciban anualidades por alimentos. Fuera de estos grupos, no todos los contribuyentes deben presentar la declaración de la renta. Existen una serie de requisitos que el declarante debe cumplir, como el límite de ingresos por el trabajo:

Como novedad a nivel estatal, en el ejercicio fiscal de 2025 se ha suprimido la obligatoriedad de presentar la renta para aquellos declarantes que reciban prestaciones no contributivas o subsidios del SEPE. Esto solo se aplica, eso sí, si el contribuyente carece de otra fuente de ingresos como alquileres o beneficios en bolsa.

Pago por Bizum o fraccionado

Si la declaración es a pagar, se podrá domiciliar el abono, hacerlo por tarjeta o a través de Bizum. Se podrá fraccionar en dos pagos: el primero del 60% del importe al presentar la declaración y el segundo del 40% que si también se domicilia se pagará el 5 de noviembre.

En el caso de que salga a devolver, la Agencia Tributaria tiene de margen hasta el 31 de diciembre para efectuar los reintegros sin intereses.

Entidades y administraciones han llamado a la ciudadanía a marcar la casilla de la X solidaria en su declaración de la renta, lo que hicieron 306.622 extremeños en la campaña de 2024, en beneficio de proyectos sociales, más si cabe a tenor del “récord” en recaudación que se prevé este año en el país.

Marcar la casilla 106 de fines sociales permite destinar un 0,7% de los impuestos a proyectos sociales, sin ningún coste para el contribuyente, y es compatible con marcar la casilla destinada a la Iglesia.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Sebastián González, ha expresado en una comparecencia que “este ejercicio se espera un récord histórico en la recaudación de la renta”. “Si se obtiene más puede haber bastante más dinero para proyectos sociales, para necesidades de la población, para colectivos como los mayores, personas en situación de exclusión o vulnerabilidad, con discapacidad, infancia, mujeres y menores víctimas de violencia de género...”, ha dicho.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha explicado a su vez que “en la actualidad hay más de 22 millones de personas con empleo, lo que conlleva un aumento en la recaudación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de las aportaciones del Estado en este ámbito y de las partidas destinadas a proyectos gracias a la casilla solidaria”.

La consejera de Salud en funciones, Sara García Espada, ha manifestado por su parte que esta solicitud llega además en un año “muy especial” para las asociaciones de la comunidad autónoma, pues por primera vez se ha abonado el importe alcanzado durante el año (más de 10,8 millones de euros gracias a la campaña de 2025) antes de comenzar el siguiente ejercicio (el de ejecución de los programas beneficiados), al haberse aportado antes del 31 de diciembre de 2025. “Esta circunstancia ha representado una estabilidad, pues algunas entidades se veían obligadas incluso a solicitar préstamos” para impulsar sus respectivos programas beneficiados, ha dicho.

Las entidades también solicitaban conocer antes de acabar el año qué asociaciones y programas serían subvencionados en el ejercicio siguiente, lo cual también se ha logrado, pues esta información se aportó antes de acabar 2025.

Más de 75.000 extremeños se benefician del apoyo a los programas que representa marcar la X solidaria, gesto que hicieron 306.622 extremeños (datos de la campaña 2024), un 54,08% del global de contribuyentes.

Rosa Gallardo, madre de un niño con síndrome de Down, la integrante de un programa de Cruz Roja destinado a mayores María Angeles López y Alejandro Pizano, persona sorda que ayuda a chavales del colectivo en su integración, han trasladado por su parte “la gran relevancia” que representa que la ciudadanía realice este gesto de solidaridad al presentar su declaración.

La campaña de la Renta 2025 comienza este miércoles 8 de abril, por lo que los declarantes ya pueden presentar a través de internet la declaración de los ingresos generados el pasado ejercicio fiscal. No todos los contribuyentes están en la obligación de rendir cuentas con Hacienda a través de la Renta. Existen unos límites que pueden eximir al usuario de presentar la declaración por el IRPF del pasado 2025. Se trata de límites relativos a los ingresos por los rendimientos del trabajo, la naturaleza del empleo, o haber optado a ciertos subsidios o deducciones.

Cuál es el mínimo de ingresos que obliga a hacer la declaración

Por supuesto, todos aquellos que quieran optar a la devolución derivada de la normativa del IRPF deberán presentar la declaración de la Renta. Respecto al resto de contribuyentes, en general existen los siguientes grupos de personas físicas que están obligadas a presentar la declaración de la renta este 2025:

Quién no tiene que presentar la declaración de 2025

Por otro lado, hay una serie de criterios excluyentes que eximen al contribuyente de presentar la declaración de la renta 2025:

Cuál es la deducción por la subida del SMI

Una de las novedades que introduce la campaña de la renta de este año afecta precisamente a los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI), que estarán obligados a presentar la declaración si quieren que la Agencia Tributaria les devuelva las retenciones adicionales que se les haya realizado durante el año pasado. Así, los trabajadores que percibieron el SMI en 2025 (16.576 euros anuales) y aquellos que ganaron rentas por valor de hasta 18.276 euros anuales, tendrán derecho a una deducción nueva.

En el caso de que los rendimientos del trabajo sean iguales a los del SMI del año pasado, la deducción será de 340 euros, por lo que verán compensada la parte que dejaron de recibir de la subida de este sueldo base. Para aquellas rentas entre 16.576 euros anuales y 18.276 euros, la deducción será de 340 euros menos el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 16.576 euros anuales.

Fechas de la declaración de la renta 2025

Una vez abierta la campaña de la Renta del ejercicio fiscal del pasado 2025, estas son sus fechas clave:

Este jueves, 9 de abril, arranca la Campaña de la Renta de 2025 en Navarra, que finalizará el próximo 25 de junio. Durante algo más de tres meses los contribuyentes podrán hacer su declaración el IRPF correspondiente al año pasado mediante tres modalidades: online, telefónica o presencial. Entre las principales novedades de la declaración del 2025 destacan las deducciones por alquiler de vivienda permanente o las deducciones para pensionistas, entre otras. El lema de la campaña de este año es “Si yo pude, tú también” con el que se pretende “romper la barrera del miedo” de realizar la declaración, así como animar a la ciudadanía a decantarse por las modalidades online y telefónica para realizar la declaración.

Según ha informado el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, la Hacienda Foral de Navarra ha elaborado este año 221.446 propuestas de declaración que los contribuyentes podrán revisar desde este día 8 en la web www.renta.navarra.es y también se enviarán a los domicilios de las personas mayores de 65 años. De ellas, 134.661 propuestas son a devolver, un 60,8%. Según los cálculos, serán 115,6 millones de euros los que la Hacienda Foral comenzará a devolver a partir del 15 de abril. Las 86.785 propuestas restantes son a pagar, una cantidad estimada de 62,1 millones de euros.

Será a partir del 9 de abril cuando se abrirá el plazo para realizar la declaración a través de internet. Según ha apuntado el consejero, desde el año 2020 está modalidad “ha crecido mucho” y el año asado ya representó el 35% del total de las declaraciones. Además, 221.444 contribuyentes tendrán ya una propuesta de declaración elaborada por Hacienda. El 13 de abril empezará la renta telefónica. Si se opta por esta modalidad, han informado desde el Gobierno, solamente será necesario recopilar la documentación necesaria y esperar la correspondiente llamada en el día y a la hora reservada para que el personal de Hacienda la confeccione como si de una renta presencial se tratara.

Unos días después, el 20 de abril, se iniciará la renta presencial en las oficinas, para la cual se podrá reservar cita desde el día 16. Por primera vez este año y como experiencia piloto, Hacienda incorporará la Oficina Móvil de Renta. El objetivo es facilitar el trámite de la declaración a los habitantes de tres zonas de la geografía foral en las que no hay en un radio cercano una oficina de Hacienda. Del 27 de abril al 15 de mayo estará en Sangüesa, del 18 de mayo al 5 de junio en San Adrián y del 8 al 25 de junio en Alsasua. La reserva de cita se realiza exactamente igual que en la presencial, pero seleccionando la localidad correspondiente. “Es otra manera más de facilitar al máximo a las personas contribuyentes que puedan llevar a cabo este trámite. Entendemos que hay a quien le da más seguridad un trámite guiado y esta es otra manera de ofrecerlo, sobre todo, allá donde resulta más complicado, en núcleos rurales”, ha expuesto José Luis Arasti.

Según las estimaciones de la Hacienda Foral, este año se agendarán unas 24.000 citas presenciales para realizar la declaración de la renta y unas 10.000 por vía telefónica.

Novedades tributarias: vivienda, pensiones y donaciones

Entre las novedades tributarias de la declaración de la renta del 2025 en Navarra destaca las deducciones por el alquiler de vivienda permanente, especialmente de aquellas que se encuentran en zonas declaradas zonas de mercado tensionado. La reducción en estos casos será del 50% sobre el rendimiento neto positivo. Asimismo, se contempla la reducción del 70% para arrendamientos intermediados por la sociedad pública de vivienda Nasuvinsa y una reducción del 90%, si la vivienda está en la bolsa de alquiler de Nasuvinsa y además se encuentra en una zona de mercado residencial tensionado. Todavía no hay estimaciones de cuantas personas se acogerán a estas deducciones tras la declaración de zonas tensionadas en mayo del 2025.

Otra novedad es la referente a las pensiones. Se trata del aumento de las deducciones por pensiones de viudedad y jubilación contributivas. Así, se elevan para el año 2025 los importes de las deducciones por pensiones de viudedad y por pensiones de jubilación, una medida que tendrá un coste estimado de 16,7 millones de euros.

También habrá deducciones por la compra de vehículos eléctricos con un aumento del límite base de deducción a 35.000 euros; un aumento del umbral para tributar en EDE para contribuyentes del sector primario de 300.000 a 350.000 euros; y una deducción del 80% hasta 250 euros y del 40% a partir de esa cantidad en las donaciones por mecenazgo.

“La fiscalidad es ideología y por eso la apuesta de Navarra en materia fiscal siempre es la progresividad y el reparto de la riqueza para alcanzar el mayor estado de bienestar común”, ha destacado el consejero de Economía y Hacienda. “Muchas miradas interesadas ponen el foco en nuestro tipo máximo, pero poco hablan de que el mínimo es, con diferencia, el más bajo de todo el país; tenemos un tipo mínimo agregado del 13%”, ha añadido.

El consejero Arasti también ha avanzado que si la inflación cierra el 2026 por encima del 2% , el Gobierno de Navarra llevará a la mesa de fiscalidad una propuesta para la deflactación del IRPF para “corregir los efectos al alza sobre los precios por la propia guerra de Irán”. La mesa de fiscalidad se convocará en la segunda quincena de abril, según ha apuntado el consejero.

La campaña de la Declaración de la Renta 2026 ha comenzado este 8 de abril y se extenderá hasta el próximo 30 de junio, período en el que los contribuyentes podrán presentar su declaración correspondiente al ejercicio fiscal. La Agencia Tributaria mantiene su plataforma digital Renta WEB como principal herramienta de acceso, ofreciendo un método seguro y centralizado para gestionar el borrador y la declaración sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

Durante esta campaña, y a partir del próximo 6 de mayo al 30 de junio, quienes prefieran atención directa también podrán realizar la declaración por teléfono con personal de la Agencia Tributaria. Este servicio permite resolver dudas concretas sobre el borrador y facilita la tramitación para quienes necesiten orientación sin desplazarse, combinando eficiencia y asistencia profesional.

Además, del 1 al 30 de junio quedará habilitado el plazo para confeccionar la declaración de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. Esta opción asegura que todos los contribuyentes tengan acceso a asistencia personalizada, garantizando la correcta presentación de la declaración dentro de los plazos establecidos y adaptándose a distintos perfiles y necesidades.

Cómo solicitar el borrador de la Declaración de la Renta

Los contribuyentes que deseen acceder al borrador de la declaración pueden hacerlo a través de varias opciones de identificación electrónica que garantiza la Agencia Tributaria. Una de las formas más utilizadas es mediante certificado electrónico o DNI electrónico, ambos válidos y emitidos por entidades oficiales. Tras disponer de uno de estos medios, el usuario debe ingresar al servicio de Renta WEB en el apartado de “Gestiones destacadas” y seleccionar la opción correspondiente para identificarse con su firma electrónica, lo que permite acceder de forma segura a los datos fiscales y al borrador de la declaración.

Otra alternativa es el sistema Cl@ve Móvil, antes conocido como Cl@ve PIN, que combina una clave personal elegida por el usuario con un PIN temporal enviado por SMS. Para utilizar esta opción, es necesario registrarse previamente, ya sea de forma presencial en una oficina de la Agencia Tributaria o mediante procedimientos en línea. Una vez registrado, el contribuyente puede acceder al borrador desde Renta WEB pulsando en el apartado destinado a Cl@ve Móvil, identificándose con la combinación de clave y PIN, disponible durante un tiempo limitado.

Finalmente, también se puede recurrir al número de referencia de Renta, un código que se obtiene introduciendo el NIF, la fecha de caducidad del DNI o el número de soporte del NIE, y ciertos datos de la declaración del año anterior, o en su defecto, un IBAN si no se presentó declaración previamente. Con esta referencia válida, el acceso al borrador se realiza de manera similar a las otras opciones: desde Renta WEB, seleccionando la opción correspondiente y completando la autenticación. Cada uno de estos métodos asegura la confidencialidad de la información y facilita la consulta, modificación y confirmación del borrador de la declaración de manera íntegra y segura.

Cómo acceder a tus datos fiscales

Los datos fiscales del contribuyente incluyen toda la información fiscal del ejercicio 2025 que le consta a la Agencia Tributaria y que son la base fundamental del borrador de la Declaración de la Renta. Entre la información que puede recopilar la Agencia Tributaria se encuentra, por ejemplo, el domicilio fiscal y los datos personales, los rendimientos del trabajo o de actividades económicas, rendimientos de cuentas bancarias, amortización de bienes inmuebles e ingresos por alquileres.

Se trata de una compilación de datos que interesa revisar, puesto que es responsabilidad del contribuyente subsanar cualquier error que puedan presentar, o actualizar datos antiguos. Esta responsabilidad también se traslada al borrador de la Renta. De estar incompleto, recae sobre el contribuyente el deber de introducir las modificaciones que sean pertinentes y aportar la información necesaria. Confirmar a ciegas el borrador de la Declaración de la Renta, sin consultarlo, puede acabar acarreando una sanción posterior si los datos son incorrectos.

Para consultar estos datos fiscales del contribuyente, es necesario acceder a través de la sede electrónica o mediante la aplicación de la Agencia Tributaria. Si lleva a cabo esta consulta desde el ordenador, deberá acceder a la sede electrónica de la Agencia Tributaria al apartado de 'Datos fiscales' e identificarse con uno de los sistemas que ofrece la plataforma, Cl@ve Móvil, certificado electrónico o DNI electrónico. En el caso de carecer de ellos, se puede solicitar a la Agencia Tributaria un número de referencia para iniciar la declaración.

Cuáles son las grandes novedades de este año

La campaña de 2025 ha arrancado con importantes novedades para los contribuyentes, especialmente aquellos trabajadores que hayan percibidio el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los trabajadores que percibieron el SMI en 2025 (16.576 euros anuales) y aquellos que ganaron rentas por valor de hasta 18.276 euros anuales tendrán derecho a una deducción nueva en la declaración de la renta. Además, las personas que hayan estado en el paro no tendrán la obligación de declarar.

Otras novedades afectan a aquellos perceptores de ayudas por los efectos de la dana y los incendios. La Generalitat Valenciana ha aprobado unas deducciones de hasta el 100% de los gastos de reparación de la vivienda, mientras que los afectados por la oleada de incendios del pasado verano contarán con deducciones para compensar las pérdidas sufrudas en ¡ explotaciones agrarias.

En cuanto al abono del resultado de la declaración, en el caso de que salga a pagar, los contribuyentes podrán realizarlo mediante tarjeta o a través de Bizum, con la posiblidad de fraccionarlo en dos pagos.

La Agencia Tributaria ha disparado un 18,4% sus previsiones de ingresos al arranque de la Campaña de la renta de 2025, hasta los 24.628 millones de euros, procedentes de 7,7 millones de declaraciones 'a pagar', unas proyecciones impulsadas por el subidón que ha experimentado el precio de la vivienda el año pasado.

La directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, ha detallado este miércoles las principales proyecciones del organismo, que espera superar los 25 millones de declaraciones este ejercicio, un 2,1% más que en la campaña de 2024, gracias a la creación de empleo.

De estas 25.251.054 declaraciones que estima alcanzar la Agencia Tributaria, 15.706.190 serán a devolver, un 1,8% menos que el año pasado. En total, el fisco espera devolver a los ciudadanos 13.271 millones (un 3,2% menos) que ingresó de más en 2025.

A la inversa, 7.709.632 declarantes (un 10,3% más) tendrán que pagar 24.628 millones de euros (un 18,4% más). Así, Hacienda espera obtener un resultado positivo de la campaña por valor de 11.357 millones de euros, un 60% superior a los 7.089 millones obtenidos a cierre de 2025.

Según los datos oficiales, a las 10:45 de la mañana se habían presentado 640.000 declaraciones, un 5,7% que a la misma hora del año pasado. Las primeras devoluciones se producirán ya este viernes.

La vivienda y la bolsa disparan los ingresos de Hacienda

Fernández ha detallado que estas previsiones de ingresos se fundamentan en tres supuestos. Por un lado, el precio de la vivienda, sobre todo la de aquella de segunda mano. “Eso va a generar unos incrementos de patrimonio para quienes hayan realizado esas ventas”, ha explicado, unas ganancias que derivarán en mayores cuantías de ingresos.

Por otro, la revalorización de las acciones y el capital mobiliario, que se incrementaron un 40% en 2025, también impulsará la subida de ingresos, bien porque no se produjo la retención en el momento de la venta de los títulos o porque fue inferior a lo que debía.

La entrada en vigor de la subida de 2 puntos porcentuales a las rentas del capital de más de 300.000 euros, que entró en vigor con la reforma fiscal de finales de 2024, aportará a ese resultado positivo.

Esos mismos factores impulsarán al alza los ingresos del Impuesto de Patrimonio, hasta los 2.473 millones de euros, un 15,4% que los 2.143 millones de la campaña de 2024.

Esta subida se producirá a pesar de una caída del 2,5% en el número de declaraciones, motivada por algunas decisiones autonómicas como el incremento del mínimo exento en el impuesto de 500.000 a un millón de euros en la Comunitat Valenciana o por la bonificación del 100% que se ha aprobado en La Rioja. “Sin estos efectos, con nuestras estimaciones creemos que el número total de declaraciones habría tenido un incremento del 3,9%”, ha dicho la responsable de la Agencia Tributaria.

Sin cálculos de la deflactación

Fernánez ha asegurado que no cuenta con datos sobre los efectos de no deflactar -es decir, adaptar a la subida de los precios- los tramos del IRPF en la recaudación. “Algunos cálculos que hemos hecho, por ejemplo, con los incrementos de recaudación de 2025, que han subido un 10,4%, ya el otro día el Ministerio en una nota de prensa destacaba que, como mucho, el efecto de la inflación podía ser de 1,3 puntos porcentuales respecto a esos 10,4 puntos”, ha dicho.

Según los cálculos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), un contribuyente con una renta de 30.000 euros puede llegar a pagar unos 350 euros más y otro con una renta de 70.000 euros, en torno a 760 euros más, como consecuencia de no ajustar el impuesto a la inflación acumulada entre 2022 y 2026. Este cálculo parte de una subida acumulada aproximada del 18,1%.

En la Agencia Tributaria tampoco estiman que el impacto de la deducción para compensar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que se aplica por primera vez este año, vaya a ser muy elevada, ya que gran parte de los potenciales beneficiarios ya estaban exentos por otras circunstancias, como el ser declarante con hijos.

“Una parte ya eran declarantes y otra parte no tenía retenciones. A lo mejor el impacto en la deducción, en cuanto a número de personas, no es tan alto como se podía pensar”, han señalado.

Intensifica el control sobre las ventas online

De cara a la declaración, la Agencia Tributaria ha reforzado los avisos sobre aquellos ingresos obtenidos a través de la venta a través de plataformas online o por la tenencia de criptoactivos, entre otros.

Así, Hacienda emitirá 437.000 avisos sobre las transacciones de bienes y servicios online, así como de alquileres turísticos o de medios de transporte a través de estas plataformas, frente a las 329.000 del año pasado.

Sobre las criptomonedas, emitirá 1.243.000 avisos, frente a 1.022.000 del año pasado. También mandará 1.012.000 cartas por rentas obtenidas en otros países y 867.000 por las fianzas del alquiler de inmuebles.

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha presentado hoy al Grupo de expertos tributarios la batería de 27 deducciones autonómicas en el IRPF que ahorrarán 13,67 millones de euros a casi 95.000 contribuyentes riojanos en la campaña de la Renta que comienza mañana martes. Entre ellas, las 3 nuevas para celíacos, inicio de actividad económica en el medio rural y asociacionismo agrario.

Tras repasar las bonificaciones en ámbitos como la familia, la vivienda, el deporte, la juventud, la movilidad sostenible, el mecenazgo y el sector agrario, Alfonso Domínguez ha destacado que “la política fiscal del Gobierno de La Rioja se orienta a apoyar a las familias, favorecer la actividad económica y reforzar la cohesión territorial”. También ha subrayado que “una fiscalidad útil y responsable es esencial para acompañar a quienes más lo necesitan y para estimular el crecimiento y el desarrollo en toda la comunidad”.

Durante la reunión, el consejero ha presentado las tres nuevas deducciones autonómicas que se incorporan en la campaña de la Renta de este año:

Estas nuevas bonificaciones se suman a otras ya consolidadas como las pioneras deducciones sociales por práctica deportiva, y por intereses hipotecarios para viviendas adquiridas después de 2013, las relacionadas con el nacimiento y adopción de hijos, el cuidado infantil en pequeños municipios, la rehabilitación de vivienda o las destinadas a favorecer la emancipación de los jóvenes.

Por número de beneficiarios destacan las vinculadas a la práctica deportiva (64.392) y a paliar la subida de intereses hipotecarios (12.837), así como las deducciones por nacimiento y adopción (1.902) y por arrendamiento de vivienda para jóvenes (1.198).

El consejero ha agradecido al Grupo de expertos tributarios su labor de análisis y ha reafirmado que “La Rioja avanza hacia un marco fiscal claro, estable y moderno, que favorece la inversión y el crecimiento económico, reconoce y devuelve el esfuerzo de los contribuyentes, trabajadores y empresas, y protege la capacidad adquisitiva de las familias”. 

En este sentido, “y gracias a una agenda intensa de rebajas y mejoras normativas, 14 en lo que va de legislatura, somos la comunidad autónoma que más ha avanzado en competitividad fiscal en los últimos dos años, y somos junto a Madrid la comunidad autónoma de régimen con los impuestos más bajos de España”. Solo en el IRPF, “ofertamos ya el tramo autonómico más reducido de España para las rentas más bajas”, ha concluido.