La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este lunes que tras la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, que el Ministerio de Trabajo quiere aprobar antes de las elecciones, este sueldo mínimo seguirá sin pagar el impuesto para la renta de las personas físicas (IRPF).

En una entrevista esta mañana en la cadena SER, la ministra portavoz ha explicado que “la comisión de expertos está convocada y tienen que dar sus recomendaciones (de subida del SMI) y vamos a hacer los trabajos para que sea una realidad”, recoge la Agencia Efe.

“Vamos a seguir con este compromiso de seguir subiendo el SMI y que siga estando exento de tributación”, ha dicho la titular de Seguridad Social, dejando claro que el Gobierno actualizará la deducción para que quienes cobran el SMI “no paguen IRPF”.

Mantener esta deducción requiere de una ley, ya que en los últimos años no se ha aprobado de manera permanente, sino con deducciones fiscales de un año de vigencia. Por lo tanto, si el Gobierno quiere volver a desplegar esta medida, deberá aprobar una ley más allá del real decreto con el que se suele aprobar el salario mínimo interprofesional (SMI) cada año.

Además, Saiz ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por sus falsedades sobre el pago de impuestos del salario mínimo la semana pasada. A Feijóo, ha dicho, “le importa tan poco el SMI que no sabe que esta exento de tributación, no tributa”. La portavoz del Gobierno y ministra de la Seguridad Social también ha condenado las mentiras del líder del PP sobre las pensiones, como cuando atribuyó al ministro Cuerpo supuestos planes para subir la edad de jubilación que nunca dijo el vicepresidente económico.

Una deducción de hasta unos 600 euros

El ejercicio 2024 fue el último en que el umbral de tributación de IRPF se ajustó al SMI, pero sus perceptores siguen sin pagar este impuesto porque el Gobierno introdujo una deducción para rentas bajas en 2025 que posteriormente amplió para el año 2026.

En concreto, los trabajadores que cobran el SMI en 2026 (17.094 euros) pueden aplicarse una deducción de 591 euros, lo que garantiza que no tributan con independencia de sus circunstancias personales.

También pueden aplicarse la deducción, aunque con una cuantía inferior y decreciente, los trabajadores que cobren entre el salario mínimo y 20.000 euros brutos al año, con el objetivo de evitar el conocido como error de salto que se produciría al rebasar el umbral que supone la pérdida de la deducción.

Como se apuntaba, la exención fiscal en el IRPF del SMI, que ha generado en los últimos años choques dentro del Gobierno de coalición, conlleva una reforma legal que deberá ser aprobada en la Diputación Permanente o, previsiblemente una vez comenzado 2027, por el nuevo Gobierno que salga de las urnas.

Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la renta bruta media por hogar (es decir, antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF muestran las diferencias de ingresos entre cada vecino y vecina, calle a calle en España. Los últimos corresponden a 2024, a los residentes de más de 36.000 secciones censales. 

La desigualdad económica no la marca la geografía, los territorios, sino la renta, incluso en las calles de un mismo municipio. También se observan brechas entre el centro y la periferia y las diferencias entre los barrios más ricos y más pobres.

Gracias a los datos de cada sección censal (la unidad administrativa más pequeña disponible) puedes consultar la renta de cada vecindario utilizando 🔎el buscador e introduciendo una dirección, barrio o ciudad en Castilla-La Mancha.

En el mapa también puedes mirar dónde se concentra el 1% más rico y el 1% más pobre en Castilla-La Mancha. Dónde existen islas de renta (aquellas zonas rodeadas de unos niveles de renta totalmente distintos) y dónde se sitúan las fronteras de la desigualdad entre vecinos.E incluso se puede saber cómo es la renta por ciudades o por barrios de las ciudades.

El mapa de la renta dibuja una España donde las fronteras no las marca la geografía sino la renta. Muestra las diferencias de ingresos calle a calle en un mismo municipio, la brecha entre el centro y la periferia, la distancia entre los barrios ricos y los más pobres. Gracias a los datos de cada sección censal (la unidad administrativa más pequeña disponible) puedes consultar la renta de cada vecindario utilizando 🔎el buscador e introduciendo una dirección, barrio o ciudad.

Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) detallan la renta bruta media por hogar (es decir, antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF de 2024 de los residentes de más de 36.000 secciones censales. Las estadísticas, por lo tanto, solo incluyen los ingresos de la declaración de la renta y no considera los ingresos pagados en negro o economía sumergida, las trampas fiscales a través de sociedades interpuestas o los ingresos no declarados a través de IRPF.

En el mapa también puedes explorar dónde se concentra el 1% más rico y el 1% más pobre de España. Dónde existen islas de renta (aquellas zonas rodeadas de unos niveles de renta totalmente distintos) y dónde están las fronteras más desiguales entre vecinos.

Las brechas no tienen la misma forma en todas las ciudades. Si miramos los datos barrio a barrio de ciudades como Madrid, la principal división se da entre un norte rico y un sur pobre, mientras que en Sevilla va de este a oeste. En Valencia o Zaragoza, sin embargo, las rentas altas se concentran en el centro y las bajas, en la periferia. 

Rentas más similares en los barrios pobres que en los ricos

En el siguiente gráfico puedes observar la distribución de rentas en España si dividimos a los barrios en 10 grupos iguales. Aquí, aunque la renta mediana bruta en España está en los 45.100 euros, los barrios en el 20% más pobre (los deciles 1 y 2) tiene una renta por debajo de los 36.700 euros. En el 10% de barrios con más renta, solo se ubican los barrios con rentas superiores a los 72.800 euros.

La estadística no refleja rentas superiores a los 167.076 euros por hogar ni menores a 20.000 euros para acotar los valores extremos de cada indicador que publica el organismo estadístico. Por eso hay múltiples secciones censales que comparten esta cifra exacta como renta media.

La desigualdad territorial también se observa en cada comunidad autónoma. En este gráfico hemos agrupado los barrios de cada territorio según su decil de renta, siendo el decil 1 donde se encuentran los barrios más pobres y en el decil 10 los más ricos a nivel nacional. Así, la distribución de la renta de los barrios se traduce también en una brecha a nivel autonómico.

Por ejemplo, en el sur de España se concentran los barrios con menos ingresos, y comunidades como Extremadura o Andalucía tienen a la mayoría de sus vecindarios en el 10% más pobre del país. En el extremo opuesto están Navarra, Baleares o Euskadi, con apenas un 1% de sus secciones censales en el decil más bajo.

¿Y qué pasa si nos fijamos en los municipios? Entre los más ricos están Pozuelo de Alarcón (Madrid) o Matadepera (Barcelona) y entre los más pobres Marchagaz (Cáceres) o Espadañedo (Zamora).

En la siguiente tabla puedes saber en qué grupo de renta está tu municipio. Los datos muestran la renta media bruta por hogar y si pulsas el botón + puedes ver su evolución desde 2015, fecha desde la que hay datos agregados a nivel municipal. 

Las cuentas de la Xunta para el año que viene incorporan nuevas rebajas de impuestos a través de la denominada ley de acompañamiento a los presupuestos (de medidas fiscales y administrativas), entre ellas una rebaja de los primeros cuatro tramos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, para paliar el efecto de la inflación.

Según informa Europa Press, se incorpora una reducción del tipo general del impuesto de actos jurídicos documentados, que grava los actos formalizados en escrituras públicas, y que afectan al comprador en el caso de viviendas nuevas.

El presupuesto, que ha sido aprobado este viernes en un Consello extraordinario de la Xunta, al igual que la ley de acompañamiento, se eleva para 2027 hasta los 15.158 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,4% respecto a los que están en vigor.

En el caso de la bajada de los cuatro primeros tramos autonómicos del IRPF, será de 0,25 puntos, y es, según ha destacado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la quinta que acomete el Gobierno gallego en 12 años. Tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026, para “que se note desde la próxima declaración”.

En cuanto a las medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda, que habían sido anunciadas tanto por Rueda como por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, finalmente será sobre el impuesto de actos jurídicos documentados, que bajará tres décimas el tipo general, del 1,5% al 1,2%, para todas las operaciones que estén gravadas por este tributo.

“Si las transmisiones afectan a una vivienda protegida, el impuesto se reduce a cero”, ha resaltado el titular de la Xunta.

Por último, habrá una rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones, ya bonificado actualmente, con el objetivo de facilitar el relevo generacional a empresas familiares. “Hasta ahora (...) solo podían beneficiarse familiares que heredasen la empresa con relación de consanguineidad. Ahora ampliamos a familiares hasta tercer grado de afinidad”, ha expuesto Alfonso Rueda. Y ha agregado que también se aplicará a trabajadores de empresa que lleven 10 años o 5 en la directiva de la empresa.

“Rutinarios y raquíticos”

El avance de los presupuestos –que no llegarán al Parlamento hasta la próxima semana– ha sido recibido con críticas por parte de la oposición. Para la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, el proyecto anticipa unas cuentas “rutinarias, cargadas de propaganda, sin soluciones para la vivienda” o para el impacto de los “precios”, pero, al tiempo, con “regalos fiscales para los más ricos”.

La líder nacionalista ha criticado la vía de la ley de acompañamiento, “la puerta de atrás que utiliza (Alfonso) Rueda para aplicar recortes” y también para “cambiar normativas a favor de los 'lobbies' y en contra de la mayoría social”.

Por su parte, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha tildado de “raquíticos” los presupuestos y ha ejemplificado con que, la “medida estrella”, en relación a la rebaja del IRPF, supone “unos cinco euros al mes” de ahorro “para una pareja en la que los dos cobran 25.000 euros brutos al año”.

La socialista también ha tildado las nuevas rebajas de “regalos fiscales que acaban favoreciendo siempre a las rentas y a los patrimonios más altos”, y ha afeado “cinismo” a un Ejecutivo autonómico que, apuesta por “bajar impuestos a los que más tienen, pero pide al Gobierno que financie más el Estado del bienestar y los servicios públicos”.

Las Haciendas forales de Álava, de Bizkaia y de Gipuzkoa aplicarán, de cara al ejercicio de 2027, una deflactación del 3% en el IRPF. Esta medida fiscal implica que las subidas salariales en un contexto de alta inflación, que no suponen más poder adquisitivo, no se vean penalizadas —o lo sean menos, porque el IPC es más alto, del 5%— al poder suponer un salto en los tramos de la declaración de la renta.

Es la sexta deflactación que se plantea desde que los precios se dispararon por la invasión rusa de Ucrania. Hubo dos ya en 2022 (del 5,5% en total), una en 2023 (2%), otra en 2024 (2,5%) y la última fue anunciada el pasado año para 2026 (2%). 2025 fue el año de la reforma fiscal pactada por PNV y PSE-EE, al frente de las tres diputaciones, con Podemos. No se hizo pero sí se revisaron todas las tablas del IRPF. La cuarta Hacienda foral, la de Navarra, también estudia un ajuste similar.

Es “para ayudar a las familias, a los trabajadores y a los pensionistas”, ha señalado el diputado general de Álava, Ramiro González, que lo ha considerado una suerte de “congelación del IRPF”. “Si nos suben el sueldo, no vamos a pagar más impuestos. Es una medida pensada para proteger el bolsillo de las familias con la responsabilidad que nos concede el Concierto Económico”, ha añadido.

¿Qué impacto tendrá esta medida en la recaudación? Son 70 millones menos en Bizkaia, 48 en Gipuzkoa y 20 en Álava, 138 en total, según las estimaciones transmitidas. Eider Mendoza, diputada general de Gipuzkoa, sin embargo, ha admitido que el IPC en Gipuzkoa es del 4,3% y que la media de las subidas salariales es también igual, del 4,3%, casi un 50% más que el 3% planteado. González ha puntualizado que la cifra ha sido elegida por la “media” de las mejoras salariales “del país” y por el IPC subyacente, que sí ronda ese 3%.

Otro movimiento que generará una reducción de la recaudación es el conocido como “escudo social” del Estado, lanzado por la crisis en Oriente Medio. Afecta, por ejemplo, en la recaudación de hidrocarburos. O en aplazamientos. En Bizkaia la suma es de 413 millones, en Gipuzkoa son 122 y en Álava 40 sin contar los aplazamientos. El total, al menos, es de 575 millones de euros. Elixabete Etxanobe, diputada general vizcaína, ha manifestado que, aun con estas rebajas, la recaudación mejora porque la macroeconomía funciona.

Este jueves, en Vitoria, se ha reunido el Consejo Vasco de Finanzas, que lo tiene que hacer anualmente antes del 15 de octubre para fijar las previsiones de recaudación fiscal de 2027 y otorgar a las instituciones un techo de gasto de referencia para confeccionar sus presupuestos del siguiente ejercicio. Este foro sienta al Gobierno autonómico con las tres diputaciones y con Eudel, la asociación de municipios vascos.

En cifras, la previsión de cierre de la recaudación es de 21.365 millones, un 1,1% más que el presupuesto y un 5,1% por encima de la estimación inicial del año. Y de cara a 2027 la cifra orientativa para las cuentas pasa a 22.681 millones, un 7,3% más que el presupuesto y un 6,2% más que la recaudación de 2026. Con todo, a esto se le suman otros ingresos o la deuda que hacen imposible, de momento, tener cifras más precisas. Álava ya se ha atrevido a anunciar “el presupuesto más alto de la historia”. Pero en el caso del Gobierno vasco, el consejero Noël d'Anjou insiste en un crecimiento “razonable”, y ya matiza que solamente en las partidas “ordinarias”, dando a entender que la desaparición de la inyección extraordinaria de 1.000 millones del pasado podría comportar una reducción en la cifra final.

Para las diputaciones, será el último presupuesto de la legislatura. Elixabete Etxanobe, con mayoría absoluta, lo aprobará sí o sí, pero PNV y PSE-EE no tienen ese colchón en Gipuzkoa y en Álava. Mendoza ha admitido que la “lógica política” implica más dificultades antes de unas elecciones —y durante la campaña de otras— para lograr acuerdos con otros partidos, pero ha dicho que la suya ha sido una legislatura de romper “lógicas”, con acuerdos “con la izquierda y con la derecha”, desde una “centralidad integradora muy importante”. Y González también ha señalado que ha llegado a pactos con dos izquierdas, Podemos y EH Bildu, y con el PP, “con todos” salvo con Vox. “Sólo desde el cálculo político puede no aprobarse el proyecto. Está en sus manos. Pueden influir o pueden decidir no hacerlo”, le ha dicho a su oposición.

Un cambio “radical” de un sistema de pensiones “zombi” que “está quebrado” y equivale a ir hacia una privatización encubierta; o una “revolucionaria” reforma del Impuesto sobre la Renta (IRPF) a medida de los más ricos. Son algunas de las recetas del actual responsable económico de Vox, José María Figaredo, secretario general de la formación ultraderechista en el Congreso y que, con un bagaje ecónomico de menos peso que el de personas que antaño estaban al frente de esa área en el partido, se ha convertido en una de sus voces más reconocibles con sus características patillas, su raya al lado, sus gafas y sus pulseras.

Con una relación a veces compleja con la verdad, algo habitual en su formación, el diputado asturiano defiende la “prioridad nacional” en las ayudas a la vivienda y lleva años asegurando que España es un “infierno fiscal”, discurso que también abraza el PP, previsible socio de la ultraderecha de alcanzar ambas formaciones la mayoría en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Admirador de la motosierra del argentino Javier Milei, sobre todo para la regulación que considera “un obstáculo para el crecimiento”, a este azote de las “paguitas” el portal Newtral le atribuye un sueldo anual de 129.905,02 euros y es el diputado mejor pagado de Vox. Esta semana ha insistido en proponer un IRPF con “un mínimo exento de 22.000 euros. Hasta 70.000 euros se tributaría al 15% y de 70.001 en adelante al 25%. Sencillo”.

Un planteamiento de “máximo” que implantarían “si de repente Vox sacase el 100% de los votos, porque es una reforma revolucionaria”. “Por el camino, cualquier grado que se acerque en esta dirección nos va bien”, ha dicho Figaredo, que ha cifrado en 46.000 millones el coste de una medida que “dejaría miles de euros en el bolsillo de cada contribuyente” y asegura que se puede hacer “sin tocar el bienestar de los españoles”.

Vox asegura que quiere dejar el IVA en el 16% y que la compra de vivienda esté “totalmente exenta”, con deducciones como las que alimentaron la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008. Ya defendió este esquema de IRPF en abril de 2024, en una enmienda a una iniciativa del PP sobre deflactar este impuesto que incluía una reducción adicional de cuatro puntos por hijo.

“Una familia con cuatro hijos no tributará en el IRPF si las rentas son inferiores a 70.000 euros”, dijo entonces la formación ultra, que reconoció que estas medidas tendrían “un importante impacto en la recaudación tributaria estatal, que caería entre el 30% y el 45%”. Aseguró que se compensarían con “una drástica reducción del gasto no esencial”.

Esa reforma “revolucionaria” del IRPF dinamitaría la progresividad del impuesto que más recauda en España (supone el 44% del total), que actualmente tiene seis tramos, con el tipo más alto (rentas a partir de 300.000 euros) en el 25% para la cuota estatal.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha afirmado que la propuesta del “socio y proveedor de ideas del PP” supondría “desmantelar” el IRPF e implicaría un coste de 85.000 millones, cantidad que “supera todo el gasto en educación de España al año”: “Para sorpresa de nadie beneficiaría a las rentas más altas y provocaría recortes en pensiones, sanidad, educación, dependencia… Esto en el segundo día de precampaña. Nada nuevo pero cada vez más claro”.

Esta semana, Figaredo también afirmó en El Debate, medio de la Asociación Católica de Propagandistas (ACP), que “el sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado. En 1998, la comisión del Pacto de Toledo diagnosticó con precisión las debilidades del sistema, y en casi 30 años no se ha aplicado ninguna medida correctora”. Esto, como explica esta información, choca con múltiples reformas de las últimas décadas sobre la edad de jubilación, los años cotizados para cobrar el 100% de la pensión y el periodo de la vida laboral con el que se calcula.

Figaredo dice que es “objetivamente falso” que quiera privatizar las pensiones con esta propuesta, de la que se ha desmarcado el PP. El planteamiento supone acabar con el actual sistema público, por el que la Seguridad Social garantiza unas pensiones públicas al conjunto de pensionistas, pagadas con las cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, así como con impuestos.

Vox apuesta por otro modelo de capitalización, en el que lo público garantiza unos mínimos, pero los trabajadores tienen principalmente pensiones individuales según sus aportaciones personales, gestionadas a través de fondos. A la espera de detallar esa propuesta, la formación ultraderechista ya propuso en 2019 que los trabajadores de menos de 25 años se incorporasen automáticamente a un sistema mixto y los mayores de 45 siguieran en el de reparto. El resto podrían elegir, en un gran incentivo para optar por el nuevo modelo. Algunos análisis advirtieron entonces de que ese tránsito podía llevarse por delante el sistema.

El responsable económico del partido entonces era Rubén Manso Olivar, doctor en Económicas o ex inspector del Banco de España que presidió Eurobank tras la intervención judicial de esta entidad (que acabó quebrando) por el supervisor en 2003. Manso ya hablaba en 2019 del sistema público de pensiones como de “esquema piramidal”.

Hoy preside un lobby “liberal cristiano”, el centro Diego de Covarrubias, que en breve prevé condecorar a uno de sus donantes, el ultrarrico catedrático Jesús Huerta de Soto, partidario de privatizar “hasta las calles”, heredero de una aseguradora (España SA) cuyo principal negocio es el ramo de vida y pensiones y que define el sistema público de pensiones como una “estafa piramidal”. Es la misma expresión que usó en enero de 2025 otro ex responsable del área económica de Vox, el entonces ya ex diputado Iván Espinosa de los Monteros.

Por su parte, José María Figaredo Álvarez-Sala (Gijón, 1988) se convirtió en diputado de Vox en 2019, entonces recién llegado a la treintena. El ultraderechista habla de un posible “déficit oculto” en la contabilidad nacional o una inflación mayor a la que arroja el Instituto Nacional de Estadística. La semana pasada calificó el decreto de vivienda del Gobierno de “auténtico desastre para el mercado del alquiler, unas normas que son una auténtica expropiación”.

Defensor de la liberalización del suelo, en la declaración de bienes que actualizó por última vez en octubre de 2023 (en la anterior, registrada en agosto de ese año, olvidó declarar varias propiedades), Figaredo decía tener seis viviendas. Tres estaban en Madrid (una procedente de una herencia con el 12,5% del pleno dominio y dos adquiridas en 2018 y 2021) y el resto eran inmuebles heredados en Asturias, incluyendo una nave industrial a su nombre desde 2021.

También declaró ser propietario de tres motocicletas de distinta cilindrada adquiridas casi todas en 2021 y de un Volkswagen Polo, también de 2021. Consignó dos créditos hipotecarios, el primero, de 2018, por 304.000 euros, del que debía 252.400; y otro en 2022 al 50%, de 340.000, del que había devuelto 334.165 euros. También tenía otro crédito personal “al 50%” de 35.000 euros de los que aún debía 30.000.

El diputado declaró haber pagado en el último ejercicio cerca de 27.500 euros de IRPF, tras recibir de Vox 9.600 euros como secretario general del grupo parlamentario; aseguraba cobrar como abogado 13.332 euros y otros 720 euros por ejercer la docencia en una universidad privada.

Procedente de una adinerada familia asturiana, Figaredo cursó Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas. El último curso lo pasó en la Universidad Estatal de Carolina del Norte (Estados Unidos) con un programa de intercambio de estudiantes. A su licenciatura en Derecho en 2011 unió un año después otra en Administración y Dirección de Empresas. Como abogado se especializó en arbitraje en el bufete González-Bueno & Asociados.

Él se define como “árbitro”. De su carrera como togado, solo consta en el centro de documentación del Consejo General del Poder Judicial un pleito contra un registrador de la propiedad por la inscripción registral de una ampliación de obra en Aragón. El recurso de Figaredo fue desestimado.

“Sobrinos de quien sean”

Negacionista del cambio climático, acérrimo de la energía nuclear y a favor de extraer petróleo y gas en España, en 2024 aseguró que los trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tienen que pagar el 54% a “Hacienda y el Estado”, cuando estaban exentos de tributar, mezclando cotizaciones e IRPF.

La respuesta fue un rapapolvo de la entonces vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en junio de 2025 no daba crédito cuando el diputado ultra sacó a colación en el Congreso a “los que tienen el futuro asegurado” porque “son sobrinos de quien sean”.

“Que se suba a esta tribuna a hablar de sobrinos y de tíos… la pone usted botando”, le dijo Montero al sobrino de un tal Rodrigo Rato Figaredo, el que fuera todopoderoso vicepresidente de José María Aznar, luego caído en desgracia por sus diversos escándalos de corrupción y su gestión en Bankia, protagonista del mayor rescate bancario de la historia de España.

El abuelo del actual responsable económico de Vox fue José María Figaredo Sela (1924-2017), empresario minero y uno de los propietarios de Minas de Figaredo. Esta empresa protagonizó uno de los conflictos laborales más importantes en la minería asturiana en los años de la Transición, tras anunciar en 1978 una suspensión de pagos y un cierre patronal alegando un pasivo millonario y la inviabilidad de las explotaciones, lo que dejó a unos 1.600 mineros sin cobrar salarios y al borde del despido.

Su tatarabuelo, Inocencio Fernández, se cambió el apellido en 1915 para adoptar el de la parroquia mierense (Figaredo) en la que operaban sus minas. Su padre se dedicó al negocio editorial y de la impresión y la hostelería. Hijo único, Figaredo estudió en los Jesuitas, en el Colegio San Ignacio de Oviedo, antes de trasladarse a Madrid. Allí residió en el Colegio Mayor Universitario Elías Ahúja, que en 2022 fue noticia por los cánticos y gritos machistas de algunos de sus alumnos desde las ventanas de la residencia contra las mujeres residentes en otro colegio mayor.

Este verano, Figaredo animó a “cazar” y “pescar” a los migrantes en Ceuta [“Hay que ir uno a uno. Pam, pam, pam”]. Luego lo intentó matizar tras instar el Gobierno a la Fiscalía a actuar contra él. En 2015 escribió un polémico artículo contra los refugiados sirios en el blog El Club de los Viernes, muy ligado a Hazte Oír. Se preguntaba si en España “tenemos miedo de enfrentarnos cara a cara con las enfermedades que generan la oleada de refugiados”. Ese año también dudó de la autoría del 11M. Ahora es la cara de las propuestas económicas de Vox.

El PSN va a plantear a sus socios de gobierno en Navarra, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, y a EH Bildu, socio presupuestario, una nueva deflactación del IRPF para el año 2027 con la que pretenden paliar el efecto de la subida de la inflación en el bolsillo de los ciudadanos. Los socialistas llevarán la propuesta a la negociación de las medidas fiscales del próximo ejercicio, que se desarrollará en paralelo a la de los presupuestos.

La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha señalado que se trata de una medida justificada en el incremento de los precios. “Si todo cuesta más, y si el sueldo de un trabajador sube solo para compensarlo, no queremos que esa subida haga que se acabe pagando más impuestos, porque no es para nada justo”, ha indicado. Unzu ha afirmado que el objetivo del PSN es “poner en marcha todos los años medidas que protegen a la ciudadanía, en este caso, del incremento de los precios”.

La portavoz socialista ha realizado este planteamiento después de que el pasado viernes el Gobierno de Navarra anunciara el techo de gasto para el año 2027, que aumenta un 8,4% respecto al ejercicio anterior. Unzu ha destacado que se “sigue avanzando para tener unos buenos Presupuestos, ambiciosos, con proyectos que están mirando a años vista”.

El portavoz de Geroa Bai, el principal socio del PSN en el Gobierno, Pablo Azcona, ha emplazado a los socialistas a retomar la negociación fiscal “cuanto antes” para poder negociar esa y otras medidas que vayan a afectar a los ingresos de las arcas forales. Tanto él, como el otro socio del Ejecutivo, Contigo/Zurekin, han valorado positivamente el aumento del techo de gasto.

En la misma línea se ha manifestado EH Bildu. Su portavoz, Mikel Zabaleta, ha afirmado que “ahora este mayor margen presupuestario debe servir para responder a los retos y las necesidades de la sociedad navarra, avanzar en la protección y el fortalecimiento de los servicios públicos, y garantizar los derechos de la ciudadanía”. “Estamos a la espera de conocer el reparto por departamentos, que se conocerá hoy mismo, así como la traslación de esas cifras generales a partidas concretas en el anteproyecto de la ley foral de Presupuestos”, ha indicado.

Sobre fiscalidad ha apuntado que para poder tener un sistema público “sólido” que “aproxime” a Navarra “a los países socialmente más avanzados de Europa”, hay que “aprovechar las competencias en materia fiscal”. “Es por ello por lo que también esperamos poder alcanzar un acuerdo en la mesa de fiscalidad, porque la fiscalidad debe ser una herramienta al servicio de la mayoría social y servir para afrontar los principales retos que tiene esta sociedad, como el acceso a la vivienda, la redistribución de la riqueza y la emergencia climática”, ha señalado.

La vuelta al cole supone cada año un importante desembolso para las familias, pero una parte de esos gastos puede traducirse después en un ahorro en el IRPF. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) recuerdan que las comunidades autónomas cuentan con deducciones vinculadas a libros de texto, material escolar, guarderías, idiomas y otras actividades educativas, aunque las condiciones varían según el lugar de residencia. Los gastos realizados este año podrán deducirse, cuando corresponda, en la declaración de la Renta de 2026, que se presentará entre abril y junio de 2027.

Entre las ventajas más extendidas aparecen las relacionadas con los libros de texto y el material escolar. Canarias, Aragón, Asturias y Baleares permiten deducir el 100% de estos gastos, aunque con diferentes límites y topes de ingresos, mientras que Castilla-La Mancha contempla el 100% exclusivamente para la compra de libros. Extremadura establece una deducción de 15 euros por hijo, Murcia alcanza los 120 euros para material escolar y Madrid permite desgravar el 15% de determinados gastos de escolaridad.

De los libros a las clases de idiomas

Las deducciones pueden extenderse también a academias y actividades extraescolares. Aragón permite deducir el 25% por clases extraescolares, mientras que Andalucía contempla un 15% de las cantidades destinadas a enseñanza escolar o extraescolar de idiomas, informática o ambas materias. Baleares, Madrid y Murcia incorporan igualmente una deducción del 15% por el gasto en clases extraescolares de idiomas.

Las diferencias territoriales afectan asimismo a los gastos de guardería y escolarización privada de los menores de tres años. Gestha señala que este tipo de deducciones autonómicas son habituales, con distintos porcentajes, en Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana. La escolarización pública hasta los tres años se fue implantando de forma gratuita y progresiva desde el curso 2022-2023, mientras que los gastos en centros privados pueden complementar la deducción estatal por maternidad.

Hasta 1.000 euros adicionales por gastos de guardería

Al margen de las deducciones autonómicas existe un beneficio estatal para las familias con niños pequeños. La deducción por maternidad puede incrementarse hasta en 1.000 euros anuales cuando quien tenga derecho a ella haya pagado gastos de custodia de un hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados. Este incremento se suma a la deducción estatal por maternidad para quienes cumplan las condiciones que dan acceso a esta última.

Los datos de Gestha muestran, sin embargo, que su utilización es limitada. Según las estadísticas del IRPF de 2024, 796.576 declarantes utilizaron la deducción por maternidad, de los cuales 723.582 fueron madres. En cuanto al incremento por gastos de guardería o centros de educación infantil autorizados, fue aplicado por 437.645 declarantes, de los que 409.718 eran madres. En total se dedujeron 251,8 millones de euros por este concepto, con una cuantía media de 575 euros.

Guardar las facturas para poder aplicar la deducción

Los porcentajes anunciados no implican que todas las familias puedan recuperar automáticamente esas cantidades. Cada comunidad determina los límites máximos deducibles y los umbrales de base imponible que no deben superarse para acceder a sus beneficios fiscales. Por eso, dos contribuyentes con un gasto educativo similar pueden obtener resultados diferentes en función de su residencia y de las condiciones establecidas para cada deducción.

Gestha recomienda, además, conservar las facturas y justificantes de los gastos educativos que puedan generar derecho a deducción. Libros de texto, material escolar, uniformes, idiomas, actividades extraescolares o guarderías reciben un tratamiento distinto según el territorio y no basta con haber realizado el desembolso: el contribuyente debe cumplir los requisitos correspondientes y poder acreditar las cantidades satisfechas cuando llegue el momento de presentar la declaración.

En 2025 la recaudación de la 'Casilla Empresa Solidaria' en Castilla-La Mancha superó los 1,69 millones de euros, un 34,8% más que el año anterior. Más de 14.100 empresas marcaron la Casilla, un 20,8% más que en la campaña anterior, elevando la participación al 21,3% del total de empresas de la región.

Gracias a ello, en Castilla-La Mancha se desarrollaron un total de 557 programas de interés general, gestionados por 351 entidades del tercer sector y con una financiación por importe de 20,5 millones de euros.

Se trata de una gran diversidad de proyectos dirigidos a garantizar los derechos de la ciudadanía, a luchar contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad y tienen por objetivo “avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva”.

Los datos los aporta la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, la encargada de impulsar la 'Campaña Casilla Empresa Solidaria 2026' en la comunidad autónoma. En palabras de José Antonio Romero Manzanares, su presidente, gracias a compañías “comprometidas con la sostenibilidad social” y su apoyo marcando el 0,7 en el Impuesto de Sociedades, se ha conseguido que cada año “más personas en situación de vulnerabilidad puedan ser apoyadas y atendidas por organizaciones del tercer sector”.

La Casilla se encuentra ya disponible para marcar en la presentación del Impuesto de Sociedades, cuyo plazo permanece abierto entre el 1 y el 25 de julio. Se encuentra en el apartado de fines sociales: casilla 00073 del modelo 200 y casilla 069 del modelo 220.

La 'Casilla Empresa Solidaria' permite a cualquier empresa, independientemente de su tamaño, destinar el 0,7% de su Impuesto de Sociedades a fines sociales. Se trata de un gesto voluntario y sin coste, que no implica pagar más ni recibir menos en la devolución, y que contribuye a financiar proyectos sociales y con el que las participantes pueden solicitar su 'Sello Empresa Solidaria', que acredita y visibiliza su compromiso social.

Casilla Empresa Solidaria: un instrumento innovador en Europa

La evolución de Castilla-La Mancha se enmarca en el crecimiento sostenido de esta opción en toda España. A nivel nacional, la iniciativa alcanzó en 2025 un nuevo máximo histórico, con casi 125 millones de euros recaudados.

No obstante, aplicando un 0,7% a la recaudación del Impuesto de Sociedades prevista por el Ministerio de Hacienda, si todas las empresas marcaran la Casilla Empresa Solidaria en la declaración de este tributo en España el máximo importe que se podría obtener en esta campaña sería de 295 millones de euros.

En 2025 más de 373.000 empresas en España marcaron la 'Casilla' en su Impuesto de Sociedades. Estas cifras representan un incremento interanual del 44,3% en recaudación y del 20,4% en número de empresas participantes.

Con la recaudación de las campañas 'Casilla Empresa Solidaria' y 'X Solidaria' de 2024, en 2025, se financiaron 1296 proyectos desarrollados por 344 entidades sociales a nivel estatal. A nivel autonómico, en 2024, se financiaron 9829 proyectos, desarrollados por 3567 entidades.

La Casilla Empresa Solidaria es una herramienta singular en el contexto europeo, desarrollada en el marco del modelo español de colaboración entre administraciones, empresas y sociedad civil. Los análisis comparados realizados en países como Alemania, Francia, Italia, Portugal, Polonia, Hungría o Eslovaquia muestran que este tipo de mecanismos no existe en sus sistemas tributarios. Se trata, por tanto, de una innovación propia de España que refuerza el compromiso social de las empresas.

Un total de 18.829 contribuyentes declararon rendimientos del trabajo en el IRPF superiores a los 601.000 euros anuales en el año 2024, lo que supone una subida del 27,8% respecto al ejercicio anterior y su cifra más elevada desde que hay registros, según la última estadística de declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) publicada por la Agencia Tributaria.

A pesar de suponer una cifra muy baja respecto al total de declarantes de este impuesto (el 0,08% del total), entre el año 2007, en el inicio de la crisis económica, y el pasado 2024 los contribuyentes con rentas superiores a los 600.000 euros han crecido casi un 78%, desde los 10.580 declarantes hace casi dos décadas, informa Europa Press.

En cambio, la mayor parte de los contribuyentes (5,8 millones, el 23,54% del total) declaró unos rendimientos de entre 30.000 y 60.000 euros; otros 4,6 millones, entre 21.000 y 30.000 euros (el 28,54% del total; y 4 millones, entre 12.000 y 21.000 euros (el 16,4% del total).

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha anunciado este miércoles que su departamento estudia establecer beneficios fiscales basados en criterios objetivos para los residentes de las islas no capitalinas, como compensación por los sobrecostes derivados de la doble insularidad.

En respuesta en comisión parlamentaria al diputado del PP Juan Manuel García Casañas, la consejera ha señalado que en otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia o Madrid, se aplican beneficios tributarios en zonas desfavorecidas, si bien no se establecen por territorios concretos, sino mediante criterios objetivos.

A partir de esos ejemplos, “estamos estudiando cuáles podrían ser esos criterios objetivos para establecer beneficios fiscales dirigidos a los residentes en islas no capitalinas que cumplan determinados requisitos, de forma que puedan recibir un tratamiento fiscal más favorable que el resto de los contribuyentes”, ha señalado.

La consejera ha recordado que Canarias ya ha solicitado al Estado la extensión a La Gomera y El Hierro la bonificación en el Impuesto sobre la Renta que se aplica en La Palma.

Sobre esta petición, ha indicado que aún no existe una respuesta oficial y ha señalado que el caso palmero responde a una emergencia volcánica, mientras que las desventajas del resto obedecen a circunstancias estructurales.

Asián ha recordado que en el Régimen Económico y Fiscal (REF) hay medidas que favorecen a las islas no capitalinas, como ventajas específicas para instalarse en la Zona Especial Canaria.

También ha mencionado la bonificación extraordinaria y temporal a los combustibles para compensar el precio más elevado en las islas no capitalinas. 

La campaña de la Renta 2025 llega a su fin este martes 30 de junio. Los contribuyentes obligados a presentar la declaración tienen hasta el cierre del día para completar el trámite dentro del plazo ordinario y evitar posibles consecuencias económicas por presentarla fuera de tiempo. A partir del día siguiente, seguirá siendo posible entregarla, pero ya se considerará fuera de plazo y la Agencia Tributaria podrá aplicar recargos, intereses o sanciones en función de cada situación concreta.

El importe que Hacienda puede reclamar no es igual en todos los casos. Depende, sobre todo, de si el resultado de la declaración es a pagar o a devolver, y de si el contribuyente regulariza su situación por iniciativa propia o lo hace tras recibir una notificación oficial. No presentar el IRPF dentro del calendario fijado puede implicar desde una multa fija hasta un porcentaje sobre la cantidad que se dejó de ingresar.

La clave está en el momento en el que se corrige el incumplimiento. Si la declaración se presenta fuera de plazo, pero antes de que Hacienda haga cualquier requerimiento, el impacto suele ser menor. En cambio, si es la Agencia Tributaria la que detecta la falta de presentación y envía una notificación, las sanciones pueden incrementarse de forma notable, especialmente cuando el resultado es a ingresar.

Las posibles sanciones por presentar la Renta fuera de plazo

Cuando la declaración sale a pagar y se entrega tarde de forma voluntaria, sin requerimiento previo, se aplica un recargo sobre la cantidad pendiente. Este recargo aumenta con el paso del tiempo. Durante los primeros meses, se calcula con un 1% por cada mes completo de retraso desde el fin de la campaña. Así, si se presenta en julio, el recargo será del 1% sobre la deuda; si se retrasa hasta septiembre, alcanzará el 3%.

Este sistema hace que aplazar el trámite encarezca progresivamente el importe final. Aunque finalmente se presente la declaración, la deuda puede aumentar si pasan los meses. Por eso, en cuanto se detecta el incumplimiento, regularizar la situación cuanto antes permite reducir el impacto económico y evitar que la cantidad siga creciendo.

El escenario cambia si ha pasado más de un año desde el final de la campaña. A partir de ese momento, el recargo sube al 15% y se añaden intereses de demora, que actualmente se sitúan en el 4,0625%. En estos casos, el importe final puede ser bastante más elevado que la deuda inicial, ya que no solo se aplica un recargo fijo, sino también intereses por el tiempo transcurrido.

La situación se complica si es Hacienda quien reclama la presentación mediante una comunicación oficial. Si el contribuyente estaba obligado a declarar, no lo hizo y el resultado es a pagar, la Agencia Tributaria puede exigir la deuda pendiente e iniciar un procedimiento sancionador. En estos supuestos, la multa puede partir del 50% de la cantidad no ingresada y llegar hasta el 150%, según las circunstancias.

Cuando la declaración sale a devolver o el resultado es cero, también puede haber penalización por incumplir el plazo. En estos casos no existe deuda con Hacienda, pero sí se ha incumplido la obligación formal de presentar la declaración en tiempo. Si se entrega de forma voluntaria antes de cualquier requerimiento, la sanción habitual es de 100 euros. Si es Hacienda quien exige la presentación, la multa puede ascender a 200 euros, aunque pueden aplicarse reducciones en determinados casos.

Qué son las cartas de requerimiento de Hacienda

Las cartas de requerimiento son las comunicaciones formales que la Agencia Tributaria envía a un contribuyente cuando necesita que presente una declaración, corrija una situación, aporte documentación o justifique determinados datos. Suelen estar vinculadas a posibles incidencias detectadas por la Administración al cruzar información o ante la ausencia de una declaración obligatoria.

No todas las comunicaciones tienen el mismo alcance. Hacienda también puede enviar avisos preventivos a contribuyentes que ya han presentado su declaración, pero han modificado datos respecto a la información fiscal disponible. En estos casos, el objetivo es que se revise si la declaración es correcta o si conviene presentar una complementaria.

Este tipo de avisos busca facilitar la corrección voluntaria de errores u omisiones antes de que sea necesaria una regularización posterior. Si se considera que la declaración es correcta y se pueden justificar los datos, no es necesario modificarla. En cambio, si se detecta un error, existe la posibilidad de corregirlo antes de que el problema avance.

Un requerimiento formal tiene más consecuencias. Cuando Hacienda solicita documentación o exige una actuación concreta, es necesario responder en el plazo indicado. Ignorar la notificación puede complicar el proceso y aumentar el riesgo de sanciones. Además, una vez recibido el requerimiento, la regularización ya no se considera espontánea. Por ello, presentar la declaración dentro de plazo permite evitar recargos, reduce el riesgo de sanciones y cierra el trámite dentro del calendario previsto.

La aerotermia se está consolidado como una de las inversiones más inteligentes para quienes buscan climatizar su hogar de forma sostenible y económica. Este sistema utiliza una bomba de calor para extraer energía térmica del aire exterior, proporcionando calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria con un alto rendimiento. Más allá del ahorro directo en las facturas mensuales, se han impulsado potentes incentivos fiscales para promover la eficiencia energética en las viviendas españolas.

De hecho y gracias a la normativa vigente, los contribuyentes pueden recuperar una parte significativa del desembolso total a través de su declaración de la renta. Instalar esta tecnología no solo reduce drásticamente las emisiones de CO2, sino que se traduce en un alivio fiscal inmediato. El marco legal actual permite a los propietarios deducirse hasta un 60% del coste total de la instalación. Este beneficio se incluye dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para modernizar el parque inmobiliario nacional. Es, sin duda, la herramienta de ahorro más potente disponible para transformar hoy mismo cualquier vivienda residencial.

Existen diversos tramos de deducción según el tipo de obra y la mejora energética que se alcance finalmente en el inmueble intervenido. El porcentaje más elevado, que alcanza el 60%, está reservado para viviendas unifamiliares o edificios residenciales completos. Para acceder a este beneficio máximo, es necesario acreditar una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30%. También se concede esta desgravación si la vivienda logra obtener una calificación energética de tipo A o tipo B tras la obra. 

La base máxima acumulada sobre la que se aplica este porcentaje puede llegar hasta los quince mil euros en total. Esto supone que un propietario podría llegar a ahorrar hasta nueve mil euros reales en su factura fiscal tras completar la instalación. Si la inversión supera el límite anual de cinco mil euros, la ley permite repartir el excedente en los años siguientes. Esta planificación fiscal a medio plazo garantiza que no se pierda ni un solo euro de la bonificación generada inicialmente.

Un requisito indispensable para validar cualquier derecho a la deducción es la presentación de dos certificados de eficiencia energética obligatorios. El primero de ellos debe haber sido emitido antes del inicio de las obras para establecer el punto de partida del inmueble. El segundo certificado debe expedirse una vez finalizada la instalación de aerotermia para demostrar objetivamente la mejora conseguida. Este documento final debe estar registrado oficialmente antes del 1 de enero de 2028 para ser aceptado por Hacienda. La normativa exige que la bomba de calor instalada cuente con una eficiencia técnica certificada superior a dos con cinco puntos. Sin esta acreditación técnica específica, el sistema no sería considerado legalmente como una fuente de energía renovable deducible.

Además, el pago de la factura debe realizarse mediante métodos totalmente trazables como transferencias bancarias o tarjetas. Cualquier pago efectuado en efectivo invalida automáticamente la posibilidad de desgravar la inversión realizada en la vivienda habitual. Las obras de mejora energética que dan derecho a estos beneficios fiscales deben finalizarse como muy tarde el 31 de diciembre de 2026. La deducción es aplicable tanto si la vivienda es la residencia habitual del contribuyente como si está destinada al alquiler. Sin embargo, la normativa es muy clara al excluir expresamente las segundas residencias de uso vacacional de estos incentivos. 

Tampoco se admiten deducciones para aquellas partes de la casa que estén afectas a actividades económicas o despachos profesionales. El inmueble debe estar situado en territorio español y las mejoras no deben cubrir zonas comunes ajenas a la eficiencia. Por ejemplo, quedan excluidos los anexos como garajes o piscinas, centrándose la ley estrictamente en el confort térmico interior. Es fundamental que el propietario sea quien sufrague los costes y que estos queden debidamente documentados con facturas legales. Este marco temporal y de uso busca priorizar la rehabilitación del parque de viviendas principales en todo el país.

Compatible con otras ayudas

Una de las grandes ventajas de la deducción por aerotermia en 2026 es el mecanismo conocido como ventaja del arrastre fiscal. Si la inversión total es elevada y la deducción resultante supera el límite máximo anual permitido, el contribuyente no pierde el exceso. La ley permite aplicar las cantidades restantes durante los cuatro ejercicios fiscales siguientes a la realización de la obra. Por ejemplo, en una instalación de dieciocho mil euros, se podría deducir el máximo anual permitido de forma recurrente. Esto permite alcanzar el ahorro acumulado de nueve mil euros de manera progresiva, aliviando la carga fiscal durante varios años. Gracias a este sistema, la rentabilidad económica de la aerotermia se maximiza independientemente de la renta anual del propietario. Es una medida diseñada para que las grandes inversiones en climatización eficiente sean accesibles para una mayoría de hogares. 

La deducción en el IRPF es totalmente compatible con otras ayudas públicas, como los fondos europeos Next Generation o las subvenciones locales. No obstante, existe una regla contable esencial: hay que restar el importe de la ayuda recibida del coste total de la factura. Por ejemplo, si una instalación cuesta diez mil euros y se recibe una ayuda de tres mil, la base deducible será de siete mil. Sobre esa cantidad resultante es sobre la que se aplicará el porcentaje de deducción que corresponda según el caso técnico. Además, muchos municipios ofrecen bonificaciones adicionales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que pueden llegar al 50%. También es posible beneficiarse de la reducción en tasas urbanísticas y licencias de obra al tratarse de mejoras sostenibles. Los Certificados de Ahorro Energético suponen otra vía de ingresos extra al ser comprados por las comercializadoras eléctricas. Todo este ecosistema de ayudas reduce el coste neto de la aerotermia en más de un 80%. Invertir en aerotermia durante este año, por lo tanto, representa toda una oportunidad para mejorar el valor y la eficiencia de cualquier inmueble.

Las rentas bajas, las que más problemas tienen para acceder a una vivienda y en general para llegar a fin de mes, serán las que menos se beneficien del nuevo tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aprobado por el Gobierno valenciano que preside Juan Francisco Pérez Llorca y que implicará una merma en los ingresos de la Generalitat de 160 millones de euros en un momento en el que la administración valenciana tiene serios problemas de tesorería y no puede hacer frente a las mejoras en la educación pública que han desencadenado una huelga que alcanza su cuarta semana de protestas.

Así, la nueva escala aprobada por el Consell beneficiará especialmente a las rentas medias y altas. En concreto, las rentas de hasta 12.000 euros se verán beneficiadas con un ahorro de 0,20% al pasar de un tipo aplicable del 9% al 8,80%; a partir de 22.000 euros, el ahorro será del 0,30%; las rentas de 42.000 euros hasta 72.000 euros tendrán un ahorro del 0,60% y a partir de esa cuantía será del 0,40% (ver tablas). De esta forma, el ahorro será un 25% más para estas rentas que para las de la franja de entre 12.000 y 22.000 euros. Si vamos a casos concretos, términos absolutos, una persona con una renta de 22.000 euros se ahorrará 54 euros y otra con una renta de 72.000 euros se ahorrará 324 euros.

De esta forma, los casi 2 millones de contribuyentes con rentas de hasta 30.000 euros se van a ahorrar entre 1 y 48 euros, mientras que las 693.048 personas con rentas de entre 30.000 y 80.000 euros tendrán un ahorro de entre 91 y 317 euros. Por su parte, los 68.328 contribuyentes con rentas superiores a 80.000 euros se ahorrarán entre 358 euros y 424 euros.

Así se recoge en el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat -conocida comúnmente como Ley de Acompañamiento- y cuyas novedades ha dado a conocer este lunes el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira.

El titular de Hacienda ha explicado que esta misma mañana ha salido publicado en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) el anuncio del trámite de audiencia ciudadana del Anteproyecto de Ley, que acompaña al Proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2026 presentada el pasado viernes.

Rovira ha recordado que cuando llegaron al Gobierno valenciano aplicaron una reducción con la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, implementamos las medidas de las deducciones por salud y deporte, y justo este lunes, 1 de junio, ha entrado en vigor la reducción de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

El conseller ha señalado que “faltaba dar el paso en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que la Comunitat Valenciana tiene los tipos más altos de toda España. Y lo que vamos a hacer es una rebaja que afecta a todos los tramos, especialmente a las rentas medias y bajas, y que alcanzará a 2,7 millones de contribuyentes concentrados de una manera especial entre los tramos de 32.000 y 72.000 euros”.

El conseller ha señalado que esta medida se implementará en la Renta de 2026 cuya campaña se realizará en 2027. “Nuestro interés es que sea sostenible en el tiempo, por eso lo vamos haciendo de una manera progresiva”, ha manifestado.

Reducción de la carga fiscal y mantenimiento de la progresividad

Rovira ha explicado que el objetivo “es reducir la carga fiscal sobre rentas bajas y medias y controlar el impacto presupuestario además de mantener la progresividad del impuesto”.

Así, los primeros pasos que se han dado se centran en la reducción generalizada de tipos entre 0,2 y 0,6 puntos y mayor intensidad entre 32.000 euros y 72.000 euros. No hay cambios a partir de los 150.000 euros. El conseller ha remarcado que el 72% de los beneficiarios “son rentas inferiores a 30.000 euros y que el 87,3 % del ahorro total se concentra en contribuyentes con rentas inferiores a 80.000 euros”.

Por otra parte, el Anteproyecto de Ley establece medidas en impuestos de Sucesiones y Donaciones para facilitar el relevo de las empresas familiares. “Era una medida que nos habían planteado principalmente desde la empresa familiar. Más del 90 % de las empresas de la Comunitat Valenciana son familiares y era de justicia escucharlos y plantear medidas que garanticen que este tipo de negocios puedan continuar”, ha añadido el conseller.

Les rendes baixes, les que més problemes tenen per a accedir a un habitatge i, en general, per a arribar a final de mes, seran les que menys es beneficiaran del nou tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) aprovat pel Govern valencià que presideix Juan Francisco Pérez Llorca i que implicarà una pèrdua en els ingressos de la Generalitat de 160 milions d'euros en un moment en què l'Administració valenciana té seriosos problemes de tresoreria i no pot fer front a les millores en l'educació pública que han desencadenat una vaga que arriba a la seua quarta setmana de protestes.

Així, la nova escala aprovada pel Consell beneficiarà especialment les rendes mitjanes i altes. En concret, les rendes de fins a 12.000 euros es veuran beneficiades amb un estalvi del 0,20% en passar d'un tipus aplicable del 9% al 8,80%; a partir de 22.000 euros, l'estalvi serà del 0,30%; les rendes d'entre 42.000 i 72.000 euros tindran un estalvi del 0,60%, i a partir d'aquesta quantia serà del 0,40% (vegeu les taules). D'aquesta manera, l'estalvi serà un 25% superior per a aquestes rendes que per a les de la franja d'entre 12.000 i 22.000 euros. Si anem a casos concrets, en termes absoluts, una persona amb una renda de 22.000 euros s'estalviarà 54 euros i una altra amb una renda de 72.000 euros s'estalviarà 324 euros.

D'aquesta manera, els quasi 2 milions de contribuents amb rendes de fins a 30.000 euros s'estalviaran entre 1 i 48 euros, mentre que les 693.048 persones amb rendes d'entre 30.000 i 80.000 euros tindran un estalvi d'entre 91 i 317 euros. Per la seua part, els 68.328 contribuents amb rendes superiors a 80.000 euros s'estalviaran entre 358 i 424 euros.

Així es recull en l'Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat —coneguda comunament com a Llei d'Acompanyament—, les novetats de la qual ha donat a conéixer aquest dilluns el conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, José Antonio Rovira.

El titular d'Hisenda ha explicat que aquest mateix matí ha sigut publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) l'anunci del tràmit d'audiència ciutadana de l'Avantprojecte de Llei, que acompanya el Projecte de Pressupostos de la Generalitat per a 2026 presentat divendres passat.

Rovira ha recordat que quan van arribar al Govern valencià van aplicar una reducció amb la bonificació del 99% de l'Impost de Successions i Donacions, van implementar les mesures de deducció per salut i esport i, just aquest dilluns, 1 de juny, ha entrat en vigor la reducció de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

El conseller ha assenyalat que “faltava fer el pas en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), ja que la Comunitat Valenciana té els tipus més alts de tot Espanya. I el que farem és una rebaixa que afecta tots els trams, especialment les rendes mitjanes i baixes, i que arribarà a 2,7 milions de contribuents, concentrats especialment en els trams d'entre 32.000 i 72.000 euros”.

El conseller ha assenyalat que aquesta mesura s'aplicarà en la renda de 2026, la campanya de la qual es farà el 2027. “El nostre interés és que siga sostenible en el temps, per això ho anem fent d'una manera progressiva”, ha manifestat.

Reducció de la càrrega fiscal i manteniment de la progressivitat

Rovira ha explicat que l'objectiu “és reduir la càrrega fiscal sobre les rendes baixes i mitjanes i controlar l'impacte pressupostari, a més de mantenir la progressivitat de l'impost”.

Així, els primers passos que s'han donat se centren en la reducció generalitzada de tipus entre 0,2 i 0,6 punts, amb una major intensitat entre 32.000 i 72.000 euros. No hi ha canvis a partir dels 150.000 euros. El conseller ha remarcat que el 72 % dels beneficiaris “són contribuents amb rendes inferiors a 30.000 euros i que el 87,3 % de l'estalvi total es concentra en contribuents amb rendes inferiors a 80.000 euros”.

D'altra banda, l'Avantprojecte de Llei estableix mesures en els impostos de Successions i Donacions per a facilitar el relleu de les empreses familiars. “Era una mesura que ens havien plantejat principalment des de l'empresa familiar. Més del 90 % de les empreses de la Comunitat Valenciana són familiars i era de justícia escoltar-les i plantejar mesures que garantisquen que aquest tipus de negocis puguen continuar”, ha afegit el conseller.

La Agencia Tributaria abrirá este viernes, 29 de mayo, el plazo para pedir cita previa para la atención presencial de la Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al año 2025, si bien la asistencia en oficinas arrancará el día 1 de junio.

Desde el pasado 8 de abril, los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones a través de internet. Además, desde el 6 de mayo está en marcha el plan para la atención telefónica de cara a la confección y presentación de declaraciones (plan 'Le Llamamos') y también se habilitó ese día el plan especial de asistencia en pequeños municipios.

Para la solicitud de cita telefónica y presencial el contribuyente cuenta con un servicio en la sede electrónica y la 'app' con una visualización clara y cómoda para la selección del canal de atención y la elección entre las distintas fechas disponibles. El servicio incluye, además, la posibilidad de filtrar oficinas por códigos postales e informa al contribuyente de la primera cita disponible.

El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 25 de junio.

En esta Campaña de Renta 2025, la Agencia Tributaria prevé ingresar 24.628 millones de euros, un 18,4% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 3,2% inferior, con 13.271 millones.

En total, se prevén 25.251.000 declaraciones, un aumento del 2,1% respecto al ejercicio anterior, debido al impulso en la creación de empleo registrada en 2025.

130.000 CARTAS PREVENTIVAS PARA SUBSANAR ERRORES DEL CONTRIBUYENTE

Al igual que en los dos años anteriores, la Agencia Tributaria hará un envío de cartas preventivas (además de avisos en Renta Web y en la 'app' en el apartado de estado de tramitación de la declaración), a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la AEAT.

Con una primera fase a mediados de mayo y una segunda en junio se prevé remitir cerca de 130.000 cartas según vayan presentando su declaración los contribuyentes.

La campaña de la Renta 2025 avanza hacia su tramo final con la activación progresiva de todos los canales de atención disponibles para los contribuyentes. Aunque la presentación por internet está habilitada desde el pasado 8 de abril de 2026, lo cierto es que no todo el mundo opta por esta vía. Hay perfiles que prefieren contar con apoyo directo antes de presentar su declaración, ya sea por dudas concretas, por la complejidad de su situación o simplemente por falta de hábito en el uso de herramientas digitales.

Entre ellas, la atención presencial en oficinas sigue teniendo un papel relevante dentro de la campaña. Este servicio está dirigido especialmente a quienes necesitan ayuda personalizada para confeccionar su declaración o prefieren resolver sus dudas cara a cara con personal especializado. A pesar del avance de los canales digitales, este tipo de asistencia continúa siendo una opción útil para determinados contribuyentes, especialmente aquellos que buscan mayor seguridad en el proceso o que no se sienten cómodos gestionándolo por su cuenta.

El calendario establece dos fechas clave para quienes quieran utilizar esta modalidad. A partir del 29 de mayo se puede solicitar cita previa para ser atendido en una oficina de la Agencia Tributaria. La atención presencial comenzará el 1 de junio y se mantendrá hasta el 30 de junio, día en el que finaliza la campaña de la Renta. Esto implica que el margen para acudir físicamente es más limitado que en otros canales, como online o por teléfono, por lo que resulta recomendable planificar con antelación para evitar problemas de disponibilidad o falta de citas en determinados horarios.

Cómo solicitar cita para atención presencial

La solicitud de cita previa es un paso obligatorio para poder acceder a la atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria. No basta con acudir dentro del plazo habilitado, ya que el servicio funciona exclusivamente con reserva de día y hora. Además, es importante tener en cuenta que pedir cita no implica ser atendido de forma inmediata, sino que permite elegir un turno dentro del periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio.

Existen varias vías para solicitar esta cita, adaptadas a diferentes preferencias y niveles de familiaridad con la tecnología. La opción más habitual es hacerlo a través de internet, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Para completar el proceso, el contribuyente debe identificarse mediante alguno de los sistemas admitidos, como el NIF o NIE junto con el número de referencia, el sistema Cl@ve, el DNI electrónico o un certificado digital.

Otra alternativa es utilizar la aplicación móvil oficial de la Agencia Tributaria, disponible para dispositivos Android e iOS. Esta herramienta permite gestionar la solicitud de cita desde el teléfono móvil de manera sencilla, siempre que el usuario pueda identificarse correctamente. También es posible solicitar la cita por teléfono, a través de los números 91 553 00 71 y 901 22 33 44, con horario de atención de lunes a viernes entre las 9:00 y las 19:00 horas.

Este sistema de cita previa se enmarca dentro de un conjunto más amplio de servicios de asistencia. La atención telefónica para la confección de declaraciones está operativa desde el 6 de mayo y también requiere reserva previa, que puede solicitarse desde el 29 de abril hasta el 29 de junio. Con la incorporación de la atención presencial, la Agencia Tributaria completa así todas las modalidades de ayuda personalizada, orientadas especialmente a quienes no pueden o no desean utilizar exclusivamente los canales digitales.

Datos y documentos necesarios para la cita

Contar con una cita previa es solo una parte del proceso, ya que para que la declaración pueda confeccionarse correctamente en la oficina es imprescindible acudir con toda la documentación necesaria. Si faltan datos relevantes, la atención puede quedar incompleta y el trámite no podrá finalizarse en ese momento, lo que obligaría a solicitar una nueva cita o a aportar la información pendiente en otro momento. Por este motivo, resulta recomendable revisar con antelación toda la documentación antes de acudir a la oficina.

Entre los documentos básicos, es obligatorio llevar el DNI original de la persona titular que acude a la cita. Además, se debe presentar una fotocopia del DNI de todas las personas que figuren en la declaración, algo especialmente importante en el caso de unidades familiares.

También es necesario aportar el número IBAN de la cuenta bancaria, un dato imprescindible para gestionar el resultado de la declaración, tanto si corresponde una devolución como si hay que realizar un pago. Junto a esta información, se deben incluir las referencias catastrales de todos los inmuebles, tanto en propiedad como en alquiler o en otras situaciones, un dato que puede consultarse fácilmente en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

En el caso de que una persona acuda a la cita en representación de otra, será necesario presentar una autorización firmada por el titular junto con una copia de su DNI. Sin este requisito, no será posible confeccionar ni presentar la declaración en nombre de terceros, incluso cuando exista una relación familiar.

Los sindicatos CCOO y UGT y las víctimas del amianto han denunciado que el Gobierno sigue denegando que las ayudas públicas para los afectados por el amianto no tributen en el IRPF, mientras que aprueba esa misma medida para otras víctimas, como por la DANA, los incendios forestales y los abusos en la Iglesia.

“Hemos conocido que esta semana, el 20 de mayo, el Pleno del Congreso ha convalidado el Real Decreto-ley 10/2026 que, entre otras medidas, exime de tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las ayudas recibidas por las víctimas de la DANA, de los incendios forestales y a las indemnizaciones percibidas por las víctimas de los abusos en el seno de la Iglesia”, destacan en un comunicado conjunto este viernes los sindicatos mayoritarios y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica).

“Nuestras organizaciones queremos dejar constancia que estamos de acuerdo con esta decisión, pero no logramos entender por qué el Gobierno de España no la hace extensiva a las víctimas de amianto”, añade el comunicado.

Denuncian ser “víctimas de segunda categoría”

Jon García, portavoz de Fedavica, insiste en que es “inaceptable” esta diferencia, por la que consideran que están siendo tratados como “víctimas de segunda”. Tras más de dos años de retraso en el lanzamiento del fondo público con compensaciones para estas víctimas, los afectados por el amianto vienen reclamando estas exenciones fiscales, sin éxito.

“El argumento que hemos repetido hasta la saciedad para defender esta exención es que el Estado español tiene responsabilidades al haber retrasado la prohibición del uso de este cancerígeno hasta junio de 2002, a pesar de conocer la evidencia científica sobre sus efectos para la salud con décadas de antelación”, explican en el comunicado.

Y añaden que, además, “en ese momento ya existían colectivos que tenían reconocida la exención, como las víctimas del amianto, la talidomida o el VIH”, recoge la agencia EFE.

Próxima reunión con el Gobierno

El pasado 22 de abril, sindicatos y afectados mantuvieron una reunión con el secretario de Estado de Seguridad Social y de Pensiones, Borja Suárez. En ella, reclamaron al Gobierno la modificación del reglamento del fondo del amianto por los incumplimientos en la entrada en vigor de algunos supuestos previstos por la Ley y por las escasas cuantías de las indemnizaciones, muy inferiores a las que se consiguen en los tribunales, así como para volver a pedir la exención del IRPF.

“El Secretario de Estado tomó nota, pero no nos dio respuesta dejándolo pendiente de una nueva reunión prevista para el próximo 10 de junio”, aseguran en el comunicado, a lo que añaden que parece que se trata “de una cuestión pendiente de estudio por el Ministerio de Hacienda y que exige de su aprobación mediante una Ley”, lo que alargaría aún más el proceso.

Jon García insiste al Gobierno en la necesidad de aprobar una medida de justicia con las víctimas del amianto e insiste en su capacidad, a la vista de la reciente aprobación para el resto de colectivos de afectados.

Aproximadamente unos 89.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos en Castilla y La Mancha se beneficiarán de la orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen los índices de rendimiento neto en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2025, el denominado sistema de módulos, para agricultores y ganaderos. La reducción de la base imponible se estima en 63 millones de euros.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado esta orden que recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de minoración de dichos índices, que ha tenido en cuenta los efectos de circunstancias excepcionales adversas que afectaron a la rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas durante 2025, según ha señalado el MAPA en un comunicado.

Determinados sectores se benefician de reducciones específicas, del 50 % en el caso la apicultura, y del 30 % en ovino y caprino, tanto para producción de carne como de leche.

Como en otras ocasiones, se ha efectuado también un elevado número de reducciones a nivel autonómico, provincial o municipal en otras producciones, entre las que destacan las aprobadas para los cereales, olivar y viñedo en importantes zonas productoras.

Estas deducciones se suman a la reducción general del 5 % en el rendimiento neto para los aproximadamente 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos establecida en la orden HAC/1347/2024, de 28 de noviembre.

Las reducciones aplicadas reflejan las situaciones de adversidad climática del año 2025, entre las que han destacado altas temperaturas, heladas, pedriscos, vientos, precipitaciones extremas y la sucesión de incendios forestales del verano.

Adicionalmente, los agricultores y ganaderos pueden beneficiarse de otras deducciones como el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros, que representen más del 50 % del importe de los consumidos. El índice único para todos los sectores ganaderos es del 0,5.

También se aplica un coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego, con una reducción de un 25% del rendimiento neto extensible a todos los regadíos y no sólo a los de consumo eléctrico estacional.

Igualmente se mantiene la exención del impuesto del IRPF para el cobro de los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC).

Buscador

La Coordinadora de Agricultores y ganaderos ha desarrollado un buscador en las que agricultores y ganaderos pueden buscar por sector (olivar, viñedo, cereales, aguacate, arroz, ganadería…) o directamente por municipio. 

En Castilla-La Mancha los agricultores y ganaderos se pueden beneficiar de las reducciones establecidas a escala nacional, que son las siguientes:

- Ovino y caprino de carne de 0,13 a 0,09

- Ovino y caprino de leche de 0,26 a 0,18

- Apicultura de 0,26 a 0,13

Además, se efectuaron reducciones adicionales en determinadas zonas y cultivos a nivel municipal:

-            Cereales en 27 municipios (17 Toledo y 10 Guadalajara)

-            Cereales Cebada en 25 municipios (7 Cuenca y 18 Guadalajara)

-            Cereales: Trigo en 4 municipios de Guadalajara

-            Frutos no cítricos: Albaricoque y melocotón en 4 municipios de Albacete

-            Frutos secos: Almendra en 19 municipios (4 Albacete, 3 Cuenca y 12 Toledo)

-            Frutos secos: Avellana en 6 municipios de Toledo

-            Frutos secos: Pistacho en 14 municipios (4 Albacete y 10 Toledo)

-            Leguminosas en 7 municipios de Toledo

-            Leguminosas: Guisantes grano en 1 municipio de Guadalajara

-            Leguminosas: Lentejas en 5 municipios de Cuenca

-            Leguminosas: Yeros en 7 municipios de Guadalajara

-            Ovino y caprino de carne en 4 municipios de Toledo (igual que la reducción nacional del

30%

-            Productos del olivo en 2 municipios de Cuenca

-            Uva para vino con D.O. en 20 municipios (11 Albacete, 1 Cuidad Real y 8 Cuenca)

-            Uva para vino sin D.O. en 31 municipios (11 Albacete, 8 Cuenca, 1 Ciudad Real y 11 Toledo)

Tovalloles netes, llençols acabats de canviar, càpsules de cafè, bugaderia industrial, neteja “diària”, petits kits de bany... En els darrers anys, propietaris i empreses dedicades al lloguer turístic han intentat “colar” a Hisenda despeses i deduccions pròpies de la indústria hotelera. L'objectiu: aconseguir un tractament fiscal molt més favorable, accedir a avantatges en l’IVA i ampliar les desgravacions possibles a l'IRPF. Els tribunals, però, han anat estrenyent el setge sobre aquells que intenten equiparar pisos turístics i vil·les vacacionals amb hotels, desmuntant un per un arguments basats en canvis de tovalloles, serveis de bugaderia i esmorzars de cortesia.

La 'batalla' fiscal es lliura en ple auge del lloguer vacacional. Mentre col·lectius socials denuncien que el boom de les plataformes de lloguer turístic i la pressió inversora vinculada al negoci vacacional han transformat barris sencers, disparat el preu de l’habitatge i multiplicat la rendibilitat de pisos, xalets i vil·les turístiques, provocant que nombrosos residents es vegin expulsats dels seus barris com a conseqüència de la imparable gentrificació, la patronal del lloguer turístic recrimina que s'utilitzi aquest sector com a “cap de turc” de la crisi habitacional i que s'“estigmatitzi” un àmbit que reclama més seguretat jurídica.

Segons les últimes dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), al novembre de 2025 hi havia a Espanya 329.764 habitatges turístics -més d'1,6 milions de places en total- anunciades en plataformes digitals com Airbnb, Booking o Vrbo, xifra que equival a l'1,24% del parc total d'habitatges del país. A Balears, l'INE comptabilitzava 19.398 habitatges turístics i més de 124.000 places vacacionals, equivalent a gairebé el 3% de tots els habitatges de l'arxipèlag. Mentrestant, les administracions han intensificat les inspeccions i sancions contra els habitatges turístics que operen de manera il·legal.

En paral·lel a l’expansió d’aquest fenomen, un altre front ha anat creixent silenciosament: el de com han de tributar aquests allotjaments i fins on pot arribar l’Agència Tributària (AEAT) a l’hora d’acceptar deduccions vinculades a una activitat que intenta acostar-se fiscalment al model hoteler. El fenomen ha atret tant petits propietaris com societats especialitzades en l’explotació d’allotjaments turístics, algunes convertides ja en autèntiques gestores d’habitatges repartits per diferents enclavaments vacacionals.

Ni les tovalloles ni la neteja ocasional basten

Una de les sentències més recents, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB), afecta dos particulars que havien declarat els ingressos del seu habitatge turístic com a rendiments d’activitat econòmica per ampliar les deduccions a l’IRPF. Entre les despeses que pretenien computar figuraven costos vinculats al manteniment de l’immoble, la neteja o la reposició de roba de llit i tovalloles. La clau del litigi era demostrar que el pis no era un simple lloguer vacacional, sinó una activitat equiparable a un negoci hoteler. Per això, els propietaris al·legaven “reforços puntuals de neteja”, atenció permanent les 24 hores i serveis de bugaderia i canvi de llençols, fundes de coixí i draps de cuina.

Davant això, el tribunal desmunta un per un aquests arguments. La sentència conclou que no existeix una estructura empresarial ni la prestació de serveis equiparables als del sector hoteler, asseverant que l'atenció al client “no és diferent de la que tot arrendador ha de dispensar” davant incidències normals en un habitatge llogat i subratllant que la neteja únicament pot equiparar-se a la d'un hotel quan es presta “diàriament o amb una periodicitat fixa”, no quan es limita a l'entrada i sortida d'hostes o a neteges ocasionals sol·licitades per alguns clients.

La resolució afecta, en la pràctica, la manera en què tributen milers d'habitatges vacacionals a l'IRPF. El TSJIB avala el criteri d'Hisenda i determina que, si no existeixen veritables serveis hotelers, els ingressos han de declarar-se com a rendiments del capital immobiliari i no com a activitat econòmica, cosa que limita de manera notable les possibles deduccions. El tribunal rebutja, així mateix, un altre dels arguments habituals en aquest tipus de litigis: deduir despeses durant tot el temps en què l'habitatge va estar anunciat o disponible en plataformes turístiques. La Sala fixa que les despeses només poden prorratejar-se en funció dels dies en què l'immoble va estar efectivament llogat.

El TSJIB avala el criteri d'Hisenda i determina que, si no existeixen veritables serveis hotelers, els ingressos s'han de declarar com a rendiments del capital immobiliari i no com a activitat econòmica, cosa que limita de manera notable les possibles deduccions

Té, cafè i sabó de mans sota la lupa

La màxima instància judicial ja s'havia pronunciat en termes similars el gener de 2025 arran d'un litigi impulsat per Inversiones y Promociones Fonseca Nieto S.L., una societat que defensava que l'habitatge turístic que explotava oferia autèntics serveis hotelers i, per tant, podia deduir-se l'IVA: va arribar a al·legar que oferia “tè, cafè, sucre, sabó de mans i paper higiènic”, a més d'atenció 24 hores i neteges durant les estades. El conflicte afectava, en concret, una regularització de 63.309 euros. Els magistrats van examinar els registres de neteja aportats per la mercantil i van concloure que la majoria eren posteriors a la sortida dels hostes i no comparables a les neteges diàries de la indústria hotelera.

Es tracta d'una diferència que canvia per complet el resultat fiscal: si el lloguer turístic es considera una mera cessió d'habitatge, l'activitat queda exempta d'IVA i les deduccions són molt més limitades. Si, per contra, existeixen veritables serveis hotelers, el propietari pot desgravar més despeses i compensar les quotes suportades. La qüestió pivota sobre un precepte concret de la Llei de l'IVA: l'article 20.U.23è, que estableix que el lloguer d'habitatges està exempt d'aquest impost, però introdueix una excepció: deixa d'estar exempt quan l'arrendador presta “serveis complementaris propis de la indústria hotelera”.

D'aquesta manera, per a un propietari convencional, el lloguer d'habitatge està exempt d'IVA i, per tant, no pot deduir-se l'impost suportat en reformes, obres, mobiliari, manteniment o construcció. Però si aconsegueix acreditar que explota l'immoble com un allotjament hoteler -amb serveis equivalents als d'un hotel- l'activitat passa a tributar al 10% d'IVA i s'obre la porta a elevades deduccions.

Per a un propietari convencional, el lloguer d'habitatge està exempt d'IVA i, per tant, no es pot deduir l'impost suportat en reformes, obres, mobiliari, manteniment o construcció. Però si aconsegueix acreditar que explota l'immoble com un allotjament hoteler, l'activitat passa a tributar al 10% d'IVA i s'obre la porta a elevades deduccions fiscals

La mateixa batalla s'està lliurant en altres comunitats autònomes. A Andalusia, el Tribunal Superior de Justícia va analitzar el cas de Riad del Ciprés SL, empresa que al·legava que els seus apartaments turístics funcionaven realment com allotjaments hotelers i que, per tant, podia beneficiar-se d'un tractament fiscal més favorable en l'IVA. Per sostenir-ho, assegurava que oferia esmorzars, neteja diària, bugaderia industrial, canvi de llençols i tovalloles, articles d'higiene personal (els anomenats amenities) i atenció permanent les 24 hores, i fins i tot va aportar factures de bugaderia industrial i referències en plataformes turístiques per acreditar aquests serveis.

El litigi afectava quotes de 5.015 euros, però el tribunal va desmuntar bona part de les proves. La sentència subratlla que “la posada a disposició del client de cafès, sucre i altres productes no constitueix serveis propis de restauració” i afegeix que “el canvi de roba i la seva neteja prestat a l'entrada i sortida del període contractat” tampoc basta per parlar de serveis complementaris propis de la indústria hotelera. Els magistrats fins i tot van reparar en el reduït import de les factures de bugaderia -uns 85 euros en total durant diversos mesos- per concloure que no demostraven l'existència d'un autèntic servei hoteler de canvi diari de roba de llit i tovalloles.

Tiquets de supermercat i vil·les de luxe

També l'Audiència Nacional ha hagut de dirimir aquest tipus de conflictes fiscals. El febrer passat va analitzar el cas de Ogladenis S.L.U., enfrontada amb Hisenda per l'explotació de tres vil·les turístiques de luxe situades a Catalunya i valorades en més de cinc milions d'euros. L'empresa defensava que no gestionava simples habitatges vacacionals, sinó allotjaments equiparables a petits hotels, i al·legava, com en els altres casos, oferir neteja periòdica, canvi de llençols, atenció permanent les 24 hores, esmorzars, servei de transfer, càtering i assistència continuada als hostes.

Amb això pretenia mantenir importants deduccions d'IVA vinculades tant a la construcció com a l'explotació dels immobles. Per “acreditar” que realment prestava serveis hotelers, la mercantil va arribar a aportar factures modificades, publicitat en línia, comentaris de clients i converses amb hostes. En algunes factures apareixia fins i tot la frase “amb servei d'esmorzar i neteja diària inclosos”.

L'AEAT va frenar les pretensions de l'empresa en asseverar que els habitatges funcionaven realment com a arrendaments exempts d'IVA i que, per tant, no podia deduir-se aquestes quotes. En la seva sentència, l'AN va detectar, a més, contradiccions entre diferents versions de les factures i l'activitat efectivament demostrada, així com inconsistències entre la publicitat de les vil·les i els serveis que realment podien prestar-se.

Hisenda va revisar fins i tot tiquets de supermercat, el nombre de treballadors contractats, les hores materials necessàries per netejar les propietats i les dimensions de les vil·les, que sumaven 18 habitacions, 12 banys i més de 400 metres quadrats cadascuna. El tribunal considera “físicament i materialment impossible” que l'empresa pogués prestar el servei de neteja diària que afirmava realitzar, especialment tenint en compte que durant part de la temporada només hi havia una netejadora per atendre totes les propietats.

L'AN va més enllà i analitza una qüestió molt més complexa: l'anomenat “autoconsum per canvi d'afectació”, és a dir, promocions immobiliàries concebudes inicialment per a la venda o per a una activitat econòmica amb dret a deduir-se l'IVA, però que finalment acaben destinant-se al lloguer d'habitatges exempt d'aquest impost.

L'Audiència Nacional va més enllà i analitza una qüestió encara més complexa: l'anomenat "autoconsum per canvi d'afectació", és a dir, promocions immobiliàries concebudes inicialment per a la venda o per a una activitat econòmica amb dret a deduir-se l'IVA, però que finalment acaben destinant-se al lloguer d'habitatges exempt d'aquest impost

El de l'“autoconsum per canvi d'afectació” és, precisament, un dels fronts que també afloren en una sentència dictada el 2024 pel Tribunal Superior de Justícia de Múrcia sobre SC2 Patrimonios S.L., vinculada a Proyectos y Promociones Vistas Mágicas S.L.. En aquest cas, Hisenda va sostenir que un habitatge inicialment lligat a una promoció immobiliària havia acabat utilitzant-se com a arrendament residencial, cosa que obligava a regularitzar les deduccions d'IVA practicades durant la construcció. El conflicte va acabar derivant en una liquidació de més de 80.000 euros i una sanció addicional de més de 43.000 euros.

El criteri que ara estan aplicant diferents tribunals arrenca, en bona mesura, d'una sentència clau del Tribunal Supremo dictada el novembre de 2020. En ella, l'alt tribunal va fixar que, per determinar si un lloguer turístic ha de tributar com una activitat hotelera, no basta que l'allotjament tengui llicència turística, s'anunciï en plataformes vacacionals o es comercialitzi com a apartament turístic. El determinant, subratlla l'Alt Tribunal, és que existeixin autèntics “serveis complementaris propis de la indústria hotelera”, com neteja periòdica durant l'estada, restauració o una atenció equiparable a la d'un hotel.

Sobre la base de la mateixa doctrina, no totes les resolucions tomben les pretensions dels propietaris. El desembre de 2025, el TSJ d'Andalusia sí va reconèixer el dret d'una empresa d'apartaments turístics a deduir-se l'IVA perquè, a diferència d'altres casos, va considerar acreditat que existia una veritable obligació de prestar serveis propis d'hostalatge. La clau radica en el fet que la societat, Escolástica Inversiones S.L., explotava un edifici complet d'apartaments turístics i va aconseguir demostrar que oferia neteja diària durant l'estada -encara que fos “a demanda” del client-, a més de canvi de llençols, atenció permanent, gestió d'entrades i productes d'acollida. El tribunal va entendre que l'important no era que tots els hostes sol·licitassin efectivament aquests serveis, sinó que l'empresa assumia contractualment l'obligació d'oferir-los, cosa que l'apropava al funcionament d'un establiment hoteler.

La sentència introdueix així un matís rellevant davant altres resolucions més restrictives: basta acreditar de manera sòlida l'existència real i continuada d'algun dels “serveis complementaris propis de la indústria hotelera” previstos a la Llei de l'IVA perquè l'activitat deixi d'estar exempta i el propietari o l'empresa puguin deduir-se les quotes suportades.