Una bofetada que deja marca física sí es delito, pero no lo es si no deja lesión. Es lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo en una sentencia en la que absuelve a un padre por la cachetada que le dio a una de sus dos hijas por vomitar en el coche cuando volvían de vacaciones. El fallo, emitido por la Sala de lo Penal a principios de este mes, se acoge al “derecho de corrección” paterno para estimar parcialmente el recurso del hombre, que antes había sido ya condenado por violencia de género. El Supremo mantiene que sí cometió un delito por otra de las bofetadas que le dio a su hija en otro momento porque esta vez sí le provocó una herida.

Los hechos ocurrieron el 2 de agosto de 2021, cuando, regresando de un viaje junto a su padre y su hermana, una de las niñas, de 11 años, sufrió un mareo que provocó que vomitara dentro del vehículo. El hombre se enfadó, “regañó” a la menor de edad, la insultó llamándola “inútil” y la “amenazó” con dejarla en la carretera para, finalmente, darle una bofetada en la cara “sin causarle lesión acreditada”, según constan en los hechos probados de la sentencia.

Dos meses más tarde se produjo otro episodio: esta vez ocurrió en casa, donde el condenado exigió a su hija que se pusiera un pantalón para comer porque estaba en ropa interior. La niña se negó y tras seguirla hasta la habitación, el padre le propinó otra bofetada provocándole una contusión y una herida en el labio para las que necesitó asistencia sanitaria.

La madre de las dos niñas y exmujer del hombre lo denunció por lo ocurrido y el Juzgado de lo Penal Nº 6 de Alcobendas (Madrid) lo condenó por dos delitos de maltrato en el ámbito familiar. Le impuso una pena de 20 meses de cárcel y la prohibición de acercarse a su hija durante más de un año. El fallo fue confirmado íntegramente por la Audiencia Provincial, pero tras recurrir ante el Supremo, este acuerda ahora darle en parte la razón con la oposición de la Fiscalía, que pedía que se inadmitiera el recurso.

Aunque la sentencia resultante no detalla más al respecto, sí apunta a que el hombre ya fue condenado en octubre de 2020 por violencia de género tras cometer un delito de lesiones contra su exmujer. Por estos hechos se le impusieron seis meses de prisión.

La corrección tiene “plena vigencia”

El tribunal mantiene la condena por el golpe que le dio a su hija en casa, pero le absuelve por el del coche. Para ello se acoge al llamado “derecho de corrección” de los padres, que define como “una potestad educativa de dirección y contención, inherente a la función parental” cuyos límites sitúa en el interés superior del menor, su dignidad y la prohibición de acciones que sean “lesivas” para su integridad física o psíquica.

La sentencia recuerda que en 2007 el derecho de corrección fue eliminado del Código Civil, que contenía una referencia explícita a que los padres “podrán corregir razonable y moderadamente a los hijos”. Pero asegura que la jurisprudencia “ha seguido sosteniendo” que “subsiste como facultad inherente a la patria potestad” y como “posibilidad inseparable a la función de velar, educar y procurar la formación integral de los hijos”. Según el fallo, no es necesario que esté reconocido expresamente en la ley porque es “un derecho autónomo” que sigue teniendo “plena vigencia”.

El tribunal se apoya en una sentencia de 2022 que condenó a un padre por propinar un fuerte azote a su hija de cuatro años, dejándole marcas en las nalgas. El fallo dictaminó que el derecho de corrección no justifica la violencia, pero también advirtió de que “si consideramos suprimido el derecho de corrección, determinadas actuaciones de los padres como dar un leve cachete o castigar a los hijos sin salir un fin de semana podrían integrar tipos penales como el maltrato o la detención ilegal”.

Por eso, para el Supremo, la violencia que deja marcas físicas o heridas que requieran de una “primera asistencia” médica no está amparada por el derecho de corrección, pero el resto deben “ser analizadas según las circunstancias de cada caso”. Esto le lleva a admitir que la bofetada que el hombre le dio a su hija por vomitar en el coche no es suficiente para ser considerada un delito por no haber “ocasionado lesiones”.

Isabel Saiz Sánchez, abogada del hombre, celebra la absolución “puesto que no es justificar un comportamiento inadecuado en el ámbito familiar, sino recordar que no todo conflicto familiar o riña doméstica de intensidad leve debe resolverse en los tribunales”. La letrada y su compañero de despacho, Pablo González Asensio, defienden que “si no hay ánimo de lesionar y lesión objetivada, no puede haber condena penal” y aseguran que el derecho de corrección “ha de permanecer siempre y cuando no haya otro medio de persuadir, de conseguir el fin último de formar ciudadanos”.

Desde la Plataforma de Infancia valoran la confirmación que hace el Supremo de la condena por la cachetada que sí le causó una herida a la niña, pero muestran “preocupación” por la idea de que la ausencia de lesiones físicas “determine por sí sola” el delito, explica Almudena Escorial, responsable de incidencia de la organización. A su juicio, la suma de insultos, amenazas y la bofetada en el coche “pueden constituir formas de vulneración de la integridad física y psicológica”.

“La protección de la infancia exige superar concepciones que distinguen entre agresiones aceptables e inaceptables en función exclusivamente de la existencia de lesiones físicas. El daño emocional, la humillación, el miedo o la degradación son también formas de afectación de su bienestar”, añade la experta, que apunta a que la interpretación del Supremo “puede contribuir a mantener la percepción social de que determinadas formas de violencia física siguen siendo instrumentos legítimos de crianza” en contra de la “evolución normativa” de los últimos años.

Escorial recuerda que el derecho de corrección se eliminó del Código Civil después de que en 1994 y 2002 el Comité de los Derechos del Niño llamara la atención a España. Que el Tribunal Supremo asegure ahora que una bofetada está dentro de ese derecho como potestad “inherente a la función” de los padres es, a juicio de la experta, “un enorme retroceso en la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia”.

En julio de 2016 Alexandra Rodica fue asesinada a las puertas de un punto de encuentro de Zaragoza. Su caso conmocionó a entidades y usuarias de estos centros, puesto que puso de relevancia fallos en los protocolos de seguridad de unos lugares en los que se supervisan y evalúan las reuniones de los progenitores con sus hijos en casos de conflicto o, en muchas ocasiones, tras ser víctimas de violencia de género. Era el caso de Alexandra, había denunciado a su expareja por maltrato y el hombre tenía vigente una orden que le prohibía acercarse a ella a menos de 200 metros y comunicarse con ella.

Según el procedimiento establecido, la entrega del menor se debía hacer en el punto de encuentro de Conde Aranda. Allí, él tenía que llegar 15 minutos antes, subir y esperar en la sala. Luego llegaría Alexandra con el menor, lo dejaría y se marcharía sin tener que ver a su expareja. Sin embargo, ese día esperó en el portal del propio punto de encuentro y, cuando ella entró, la asesinó delante de su hijo, tal y como recoge la sentencia en la que el jurado lo consideró culpable de asesinato. Este caso puso en entredicho la seguridad de las mujeres y sus hijos en estos puntos y la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Aragón anunció medidas, pero, diez años después, “no ha habido ningún cambio”, según explica Natalia Morlás, presidenta de la asociación de supervivientes de violencia machista Somos Más. 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de abril de 2019, confirmó la condena de 20 años y un día de prisión por asesinato con las agravantes de parentesco y de violencia de género. El tribunal se limitó a juzgar al agresor: no analiza la seguridad del servicio ni la actuación del personal. Sí recoge, como hechos probados, que el hombre esperó en el portal en lugar de subir al centro, como exigían sus normas, y que una empleada abrió la puerta a la madre y al niño a través del telefonillo.

Los puntos de encuentro familiar son recursos sociales a los que se accede por resolución judicial o administrativa para facilitar las entregas y recogidas de menores, así como las visitas entre hijos y progenitores cuando existen conflictos familiares que dificultan el contacto. En Aragón están regulados por un decreto que establece entre sus objetivos garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y prevenir situaciones de violencia en los regímenes de visitas conflictivos. La norma distingue entre las entregas y recogidas –en las que el personal supervisa el inicio y el final y registra las incidencias– y las visitas supervisadas, durante las cuales un profesional debe ejercer una supervisión continua. También contempla medidas específicas en los casos de violencia de género para salvaguardar la seguridad de las víctimas y de los menores, y atribuye a la Administración funciones de inspección y control.

Los centros de Zaragoza están gestionados por la Asociación de Puntos de Encuentro Familiar de Aragón (APEFA), mediante un concierto con el Gobierno autonómico. Las condiciones del concierto para el periodo 2023-2026 incluyen requisitos de seguridad, formación especializada del personal, mecanismos de reclamación y seguimiento administrativo. También contemplan la elaboración, por parte del Gobierno de Aragón, de un protocolo específico para los casos de violencia de género que, por el momento, no se ha publicado. 

Aunque la legislación prohíbe expresamente la mediación familiar en los casos de violencia machista y limita la función de estos centros a la supervisión de las visitas, Morlás sostiene que la propia dinámica de los PEF aboca a las mujeres víctimas a exponerse ante los maltratadores. “Es una sensación general, las chicas tienen miedo, hay muchas que están en procesos aún judicializados, con hijos pequeños, nos aprietan mucho en los juzgados”, explica Morlás. Asegura que estos centros son “como cárceles para niños y madres” y critica que se utilicen para casos de violencia machista cuando “no se crearon para eso, sino para disensos en matrimonios que se deshacían sin violencia”. Su postura es clara: “No cabe mediación cuando ha habido violencia, no tiene que haber ningún sitio en el que se medie entre un maltratador y la madre, un maltratador no tiene que tener derecho a ver a las criaturas. Es un despropósito que condenados por violencia puedan ver a sus hijos, esto existe porque nosotras y nuestras criaturas seguimos sin importar. Los daños colaterales de tener que acudir a estos sitios los arrastramos toda la vida, vives en un estado de alerta constante”. 

La abogada Gemma Ruiz también cuestiona que, en casos de violencia machista, se priorice mantener la relación entre los menores y el progenitor denunciado o agresor “sin valorar suficientemente los riesgos”: “Demasiados magistrados y magistradas ponen por delante intentar mantener la relación entre el menor y el agresor”, sostiene. A su juicio, esa decisión puede dejar en segundo plano otras formas de violencia y las consecuencias que el contacto puede tener para los niños.

Ruiz achaca a la falta de perspectiva de género estas decisiones, así como el funcionamiento de los propios puntos de encuentro. Confirma las quejas de las madres: “Emiten informes que vienen a dar más credibilidad a la postura del padre y supuesto agresor que a la madre”. La abogada vincula estas deficiencias con la precariedad y la falta de personal, y advierte de que no siempre se valora adecuadamente el riesgo de que la violencia continúe durante las visitas.

Informes del Justicia y quejas de las víctimas

El informe especial del Justicia de Aragón de 2019 recogió las advertencias de la Asesoría Jurídica de la Casa de la Mujer de Zaragoza sobre la supervisión de las visitas, la seguridad y las dificultades para reflejar determinadas situaciones. El Servicio de Igualdad municipal del Ayuntamiento de Zaragoza consideraba que la coordinación con los puntos de encuentro era “manifiestamente mejorable”. También trasladó que muchas mujeres se sentían “juzgadas” y “cuestionadas”. 

El informe de 2024 volvió a mencionar “varias quejas” sobre el funcionamiento de estos servicios. El Justicia distingue entre las reclamaciones que cuestionan resoluciones judiciales, sobre las que no puede intervenir, y las que denuncian posibles irregularidades administrativas. Entre estas últimas admitió una sobre una presunta vulneración de la protección de datos de menores en un punto de encuentro. La Agencia Española de Protección de Datos investigó el caso, pero concluyó que no había quedado acreditado el motivo para abrir un expediente sancionador.

En ese mismo informe, la asociación Somos Más, que trabaja con mujeres supervivientes de la violencia machista, denunció la “falta de formación específica” para atender estos casos, la “subjetividad” que atribuía a los informes y las “dificultades para presentar quejas”. La entidad reclamaba una “mayor especialización”, mejoras en la seguridad de las instalaciones y mecanismos que permitieran a las usuarias acceder a los informes y cuestionar su contenido. El Justicia planteó mejoras en la seguridad de las instalaciones, la coordinación institucional y los mecanismos de reclamación, además de una mayor especialización para atender los casos de violencia de género.

Su presidenta, Natalia Morlas, asegura que los problemas que entonces denunciaban las usuarias no han desaparecido. Morlas habla tanto de su propia experiencia como de los testimonios que ha conocido a través de la asociación, y cuestiona especialmente la forma en que los profesionales describen las visitas y las reacciones de los menores. La presidenta de Somos Más sostiene que los informes pueden ofrecer una imagen muy distinta de la que las madres dicen observar. En su caso, asegura que los documentos describían a su hija feliz durante las visitas con el padre, mientras que la niña le manifestaba que apenas hablaba con él. También relata que tuvo que reclamar cuando, según su versión, la menor fue “arrancada de mis brazos para llevarla a la sala”: “Me hacían unos informes desastrosos”, afirma.

Morlas vuelve a cuestionar la supervisión de las visitas y reclama que se instalen cámaras en los centros. Según explica, las madres que participan en la asociación han pedido esta medida para poder aclarar posibles discrepancias sobre lo sucedido durante los encuentros. La normativa autonómica exige supervisión profesional en las visitas tuteladas, pero las condiciones del concierto vigente no establecen de forma general la instalación de cámaras de videovigilancia en las salas.

Otra madre que lleva tres años acudiendo al centro, describe su experiencia como “una nueva condena”. “Cuando llegas piensas que te van a defender, que te van a cuidar”, explica. Sin embargo, asegura que ha tenido que llevar a sus hijos a las visitas pese a que la niña decía tener miedo de su padre y el niño presentaba moratones que, según afirma, le había causado él. “Mi hija ha ido llorando y mi hijo con moratones, con denuncia y hasta pasó una noche en el calabozo”, relata. Sostiene que los técnicos obligaron a los menores a entrar y que estas situaciones nunca quedaron reflejadas en los informes: “Jamás han puesto que a mis hijos les da miedo su padre aunque ellos lo han dicho delante de los técnicos”.

“Los informes son de risa, mintiendo, ocultando información”, afirma. Ahora sus hijos se niegan a acudir al punto de encuentro, pero ella sigue llevándolos por miedo a que la denuncien por incumplir el régimen de visitas. “Yo los llevo porque sé que, si no, me denuncian”, explica. “Se supone que estás protegido, pero es mentira. No hay protección, ni prevención ni hay nada”.

Lo mismo pide Maribel –nombre ficticio–, una mujer cuya hija y nieta acuden al punto de encuentro familiar de Calatayud. Asegura que la familia de la expareja de su hija les ha increpado en numerosas ocasiones en el PEF y que en los informes “ponían lo contrario, que éramos nosotros”. La mujer asegura que ha podido observar cómo las visitas no están supervisadas, reclama más mecanismos de control y cuestiona la oposición a instalar cámaras: “Claro que no quieren cámaras, no quieren testigos”, afirma.

Este diario ha trasladado sus preguntas a APEFA, la entidad que gestiona ambos centros, que remitió la solicitud al Gobierno de Aragón. El Departamento de Bienestar Social y Familia no ha respondido a las preguntas específicas sobre los protocolos de supervisión, la elaboración de los informes y los mecanismos de control.

Los violentos incidentes de Francia del sábado eran demasiado sabrosos como para despreciarlos. Para la extrema derecha, y no solo ella, era otra excelente oportunidad en favor de su mensaje apocalíptico por el que la civilización europea está en peligro por culpa de los extranjeros. “Quizá esté claro ahora para todos por qué Hungría reclama una política lo más estricta posible con la inmigración”, dijo Péter Magyar, primer ministro del país. Magyar abandonó el partido de Orbán y le ganó en las elecciones, pero su mensaje xenófobo no dista mucho del de su antiguo jefe. “Polonia no repetirá los errores de otros países europeos sobre inmigración”, dijo el (presunto) liberal Donald Tusk, que preside el Gobierno polaco.

A seis meses de las elecciones presidenciales, el debate fue lógicamente más intenso en Francia. Marine Le Pen debía compatibilizar su comprensión por la motivación económica de las protestas que debilitan a Emmanuel Macron y sus candidatos centristas con sus constantes apelaciones al votante conservador. “Los liberaremos de las políticas tóxicas macronistas y los protegeremos de la violencia de la extrema izquierda”, dijo. Fue un fin de semana perfecto para la candidata favorita de cara a la primera vuelta de las futuras elecciones.

En España, el interés por rentabilizar las llamas del sábado en varias ciudades es mucho mayor al estar más cerca los comicios. Poco después de que el PP bloqueara en el Senado la aprobación de un tratado de amistad con Francia, Alberto Núñez Feijóo confirmó una vieja tendencia de la derecha por la que nada bueno se puede esperar del vecino del norte: “Las imágenes que nos llegan de ese país nos demuestran que la violencia que está alentando la izquierda radical jamás es el camino para mejorar una nación”.

Era previsible que Isabel Díaz Ayuso le superara por sus propias razones. En su caso, para desprestigiar a los profesores de la educación pública que se han declarado en huelga, además de a la izquierda en general. “Quisiera saber si lo que estamos viendo en el resto de Europa va a trasladarse también a las calles de Madrid con el 'no habrá paz' (por la frase de Manuela Bergerot en la Asamblea), porque se parece bastante a lo que está ocurriendo en otros muchos sitios”. Su gran aspiración es que cualquier atisbo de disturbios en la calle haga que sus votantes se olviden del que podía haber sido su ático.

Con la mayor parte de Europa gobernada por la derecha y la extrema derecha, las manifestaciones de rechazo a una realidad compuesta por salarios insuficientes, viviendas extremadamente caras y pocas esperanzas para los jóvenes deberían reforzar el mensaje impugnador de la izquierda, no tanto en el caso de España al estar en el poder. Para responder a esa posibilidad, en el lado opuesto se apuesta con urgencia por la xenofobia y el racismo, aunque no haya pruebas claras sobre la identidad u origen de los protagonistas de los disturbios.

Con un vídeo del incendio que destruyó casi todo el Ayuntamiento de Limoges, Santiago Abascal lo ofreció como ejemplo de lo que vendrá: “Esto es lo que espera a Europa con el islamoizquierdismo. Bárbaros arrasando todo resto de belleza y civilización”. A diferencia de Le Pen, el líder de Vox no muestra ningún tipo de comprensión hacia ciertas reivindicaciones económicas de la movilización social. Todo lo ve en términos raciales, porque sus propuestas económicas son casi indistinguibles de las del PP, que es algo que no ocurre en Francia.

La policía francesa detuvo el martes al sospechoso de ser responsable del inicio del fuego que destruyó el Ayuntamiento. Resultó ser un francés de 34 años con antecedentes penales, residente en un pueblo cercano y sin conexión con los movimientos estudiantiles.

En lo que sí repite un modelo que se extiende por toda Europa, Abascal eligió una imagen falsa de unos ancianos desnudados por sus agresores y generada por inteligencia artificial. No había que ser un gran especialista para detectarlo con una mano de cuatro dedos y un encapuchado que parecía tener dos cabezas, pero surtió el efecto que buscaba Vox. Tuvo 20.000 'likes' en Twitter y 5.000 retuits. “La izquierda islamista, con el apoyo del Partido Popular europeo, han traído estos salvajes a nuestras calles”, escribió. La cuenta de la que había cogido el vídeo lo borró tiempo después al detectarse el fraude. Abascal, no.

Por mucho que haya habido disturbios muy graves, la movilización de los estudiantes apoyada por otros colectivos sociales ha sido pacífica en su mayor parte. Centenares de miles de personas participaron en las manifestaciones del sábado en toda Francia, pero la atención se centró el día después en los miles que se enfrentaron a la policía o que saquearon tiendas en el centro de París.

El discurso de la Francia laica donde todos los ciudadanos son iguales ante la ley con independencia de su origen social o identidad étnica es uno de los grandes mitos de la sociedad francesa que aún se recuerdan en el exterior con una cierta admiración. En una entrevista con este diario, la escritora Maryam Madjidi cuenta que no le han sorprendido nada las denuncias de los jóvenes: “Se ve que lo que yo sufrí en los años 90, es decir, la farsa de la igualdad de oportunidades. Me hicieron creer que la República era igualdad de oportunidades para todos. De hecho, no era así en absoluto. Porque yo lo descubrí más tarde, cuando entré en un sistema elitista y me di cuenta por completo de que estaba excluida de ese sistema”.

Las consecuencias de esa conmoción social pueden no ser las que pretenden los que salen a la calle. El Mayo del 68 cautivó la imaginación de la izquierda en Europa occidental y algunos creen ver ahora un fenómeno similar. La rebelión de la juventud pretendía despertar a una sociedad adormecida en los últimos años de la era de De Gaulle.

El resultado no fue el esperado. A finales de junio de ese año, se celebraron elecciones legislativas. Ganó el bloque de la derecha con un 57%. La izquierda salió derrotada con un 42% y perdió un centenar de escaños. Las elecciones presidenciales de 1969 fueron para el conservador Georges Pompidou con un 58% de votos en segunda vuelta.

El ministro francés de Interior, Laurent Nuñez, admitió que la policía no había podido hacer frente a la dimensión masiva de los disturbios. El titular de Justicia, Gérald Darmanin, reconoció que las autoridades “habían fracasado sin duda” a la hora de contener la violencia. Por todo ello, Sylvie Kauffmann, columnista de Le Monde, llegó a la conclusión de que “Francia está a la deriva política, fiscal y socialmente”.

Sin mayoría en la Asamblea Nacional y con un déficit público imparable, el Gobierno parece haber sido abandonado a su suerte por Macron. O quizá ya no tiene respuesta para una crisis en ascenso y una contestación social creciente. El día antes de los algo más que previsibles disturbios del sábado asistió con su mujer a un concierto de Céline Dion. Solo sirvió para reforzar la imagen de un presidente que ha dado la espalda a la realidad.

Todos los acontecimientos parecen conspirar en beneficio de Le Pen, que hizo público un vídeo con la escenografía habitual en una declaración presidencial. “Es como si ya estuviera en el cargo, como si ya hubiera llegado al Palacio del Elíseo”, dijo Adélaide Zulfikarpasic, de la empresa de encuestas Ipsos, a The Wall Street Journal. Los macronistas están indignados. “Todo beneficia a la extrema derecha”, reconoció la eurodiputada Nathalie Loiseau, que apoya al candidato liberal Edouard Philippe. “Están sobrevolando la violencia como buitres”.

Agentes de la Policía Nacional investigan el asesinato de una mujer de 52 años con múltiples heridas de arma blanca en la calle Ontanilla, en el distrito madrileño de Carabanchel. Se baraja que se trate de un caso de violencia de género.

Los hechos han ocurrido en torno a las 14.45 horas de este martes, en el portal de una urbanización, cuando la Policía Nacional ha recibido la llamada al Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) alertando de que una persona se encontraba herida en la vía pública.

A la llegada al lugar de los sanitarios del Samur Protección Civil y Summa 112, que han actuado de forma, han localizado a la mujer en parada cardiorrespiratoria debido a las múltiples heridas de arma blanca que presentaba, principalmente, en tórax y abdomen.

Los servicios sanitarios han conseguido revertir la parada y trasladar a la mujer en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, donde finalmente ha fallecido, según han podido confirmar Emergencias y Policía Nacional a Europa Press.

Hasta el lugar se ha desplazado el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo V de Homicidios, quienes se han hecho cargo de la investigación. También ha colaborado Policía Municipal.

El Gobierno de Dinamarca ha presentado un polémico proyecto de ley en el Parlamento para autorizar a los profesores a utilizar la fuerza física contra un alumno que acose a otro o perturbe la clase “de manera significativa”. La propuesta señala que la intervención física por parte del profesor “siempre debe ser el último recurso”, pero, en caso de que sea necesario, los profesores podrán “agarrar a un alumno, retenerlo en su sitio o llevarlo fuera del aula en contra de su voluntad”.

La reforma es una de las iniciativas más controvertidas de los últimos años en Dinamarca, cuyo sistema educativo ha sido reconocido durante décadas por dar autonomía a los alumnos y promover la confianza y el igualitarismo entre profesores y estudiantes.

El anterior Gobierno socialdemócrata ya intentó sacar la polémica ley adelante hace un año, pero la convocatoria anticipada de elecciones obligó a aplazar la votación. Ahora, la propuesta ha sido presentada mediante un acuerdo entre las cuatro formaciones que integran la coalición de Gobierno de centroizquierda, que incluye a los socialdemócratas, el Partido Popular Socialista, el Partido Social Liberal y los Moderados.

Desde el Ministerio de Educación se defiende la medida con el argumento de que la ley brinda seguridad a los profesores al establecer “normas claras sobre cuándo pueden intervenir físicamente en situaciones de violencia y comportamientos disruptivos en el aula”.

En un comunicado del Ministerio, se ponen ejemplos de cuándo el profesor podrá usar la fuerza, como en el caso de que “un alumno golpea a otro, destruye objetos o se pone en peligro a sí mismo o a otros compañeros”. El texto también recoge que, en situaciones menos graves, el profesor primero debería intentar resolver la situación de otras formas, por ejemplo, mediante una conversación o alejando al alumno de la situación conflictiva. Además, cualquier intervención física “deberá limitarse al mínimo imprescindible, tanto en intensidad como en duración”, y llevarse a cabo preservando la integridad personal del alumno, según el texto.

Para justificar la necesidad de esta ley, el Ministerio de Educación apunta al deterioro de la convivencia en las aulas y aporta datos al respecto. “Más de uno de cada cuatro profesores cree que la violencia ha aumentado dentro de las aulas y uno de cada cinco profesores ha sufrido actos de violencia, unas cifras que han ido en aumento en los últimos 12 años”. A estos datos se suma un estudio publicado por el diario Berlingske, según el cual en el 55% de las clases hubo algún episodio de violencia durante el último año, mientras que en el 36% de las clases estos incidentes se producen al menos una vez al mes.

Profesores a favor y en contra

El proyecto de ley ha suscitado duras críticas entre profesores y expertos en educación, que advierten del riesgo de erosionar la confianza entre profesores y alumnos y de normalizar el uso de la fuerza como respuesta a los conflictos en las aulas. Otros sindicatos y organizaciones de docentes, en cambio, defienden que la reforma es necesaria ante las dificultades a las que se enfrentan cada día.

El ministro socialdemócrata de Educación, Magnus Heunicke, defiende que, para que haya paz, orden y un buen ambiente de trabajo en las escuelas, “los profesores no deberían tener dudas sobre lo que deben hacer cuando una situación empeora. Y ningún profesor debería tener miedo a ser despedido por haber intervenido cuando era necesario en una situación violenta”.

Hasta ahora, la ley solo permitía a los profesores sujetar físicamente a los alumnos cuando existiera un riesgo para su seguridad o la de otras personas. Sin embargo, cuando el nuevo proyecto de ley salga adelante, los docentes podrán volver a recurrir a la fuerza en más supuestos, casi 60 años después de que Dinamarca prohibiera los castigos corporales en las escuelas.

El sindicato danés de profesores (Danmarks Lærerforening) lleva tiempo reclamando más herramientas para gestionar los problemas de convivencia en las aulas, especialmente ante los alumnos que interrumpen las clases y se niegan a seguir las indicaciones de los docentes o a abandonar el aula. El presidente del sindicato, Gordon Ørskov Madsen, celebra el proyecto de ley y cree que “se trata tanto de fortalecer la seguridad jurídica de los profesores como, en gran medida, también de garantizar el derecho de todos los estudiantes a una buena educación”, según afirmó en un comunicado. Según una encuesta del propio sindicato, el 58% de los profesores se plantea cambiar de profesión, no porque no les guste su trabajo, sino por el agotamiento que sienten ante la situación en las aulas.

Deterioro de la situación en las aulas

En la última década, Dinamarca ha impulsado una retahíla de reformas educativas para tratar de adaptar los centros al uso de las nuevas tecnologías, mejorar las condiciones laborales de los profesores y afrontar los problemas de convivencia en las aulas. El anterior ministro socialdemócrata de Educación, Mattias Tesfaye, convirtió el regreso de la “disciplina” y la “autoridad” en las escuelas en una de sus prioridades. También criticó a los padres cuyos hijos tenían “PDO”, según dijo el ministro, siglas de la expresión danesa pissedarligt opdragede, literalmente traducida como “unos maleducados de mierda”.

En este contexto, Louise Klinge, una de las voces más habituales en los medios daneses en materia educativa, se ha mostrado muy crítica con la nueva reforma y las políticas impulsadas por el Gobierno en los últimos años. “Es una solución desesperada e ineficaz para un problema mucho mayor y conlleva el riesgo de crear un entorno más inseguro en los centros”, defiende.

Klinge apunta que existe un problema de fondo que se ha ido gestando a raíz de las reformas educativas introducidas en Dinamarca durante los últimos 15 años. La investigadora sostiene que estos cambios han restado tiempo a los docentes para preparar las clases, han favorecido la incorporación de personal sin formación pedagógica (que representa el 20% de la plantilla) y han acelerado la digitalización de las aulas, donde los alumnos pasan una media de tres horas y media diarias frente a una pantalla. Para la investigadora, la receta para mejorar las escuelas pasa por tener más recursos y una mejor formación de los profesores, que hoy se sienten desbordados por la situación. “Los políticos no deberían inventar más reformas. Simplemente deberían priorizar los recursos y el dinero para las escuelas”, dice.

Para Rasmus Kjeldahl, director de la organización de defensa de los derechos de la infancia Børns Vilkår, el proyecto de ley es “un paso retrógrado” que permite a los profesores “ser más duros con los estudiantes”. Kjeldahl subraya que detrás de los comportamientos disruptivos de algunos alumnos puede haber, en muchos casos, situaciones de vulnerabilidad, por lo que “si la respuesta es simplemente sacarlos por la fuerza del aula, solamente aumentará el número de problemas”. En cambio, Kjeldahl defiende que “la verdadera autoridad del maestro es básicamente ser capaz de crear una educación emocionante y atractiva para los niños, pero para esto se necesita destinar los recursos adecuados a las escuelas”.

Las expediciones de conquista vikingas podían terminar con el control prolongado de territorios que sus guerreros habían atacado previamente. Aquellos pueblos escandinavos desarrollaron una cultura guerrera en la que obtener riquezas, conquistar tierras y aumentar el prestigio de los caudillos constituían importantes incentivos para recurrir a la violencia.

Cuando una partida llegaba a una población, sus habitantes podían enfrentarse al saqueo de sus viviendas, la muerte de familiares o la captura de personas destinadas a la esclavitud. Los ataques también podían provocar incendios y obligar a los supervivientes a abandonar sus hogares, aunque las expediciones variaban considerablemente según sus objetivos y las defensas que encontraban.

La violencia afectaba también a las propias comunidades escandinavas

Esa violencia también afectaba a las comunidades escandinavas, como demuestra una investigación que ha identificado 19 lesiones traumáticas en restos de 12 personas. El proyecto internacional BODY-POLITICS examinó restos correspondientes a 192 individuos procedentes de 197 depósitos arqueológicos de Dinamarca, Noruega y Suecia, fechados aproximadamente entre el 500 a. C. y el 1100 d. C.

Los resultados, publicados en 2026 en Journal of Archaeological Method and Theory, indican que al menos ocho individuos sufrieron agresiones deliberadas y que seis pudieron morir por sus heridas.

Las lesiones de algunos adultos revelan que determinados habitantes de Escandinavia sobrevivieron a varios episodios violentos durante su vida. En Gammel Lejre, un importante asentamiento de la época vikinga, apareció un hombre de entre 30 y 35 años con tres heridas cicatrizadas en el cráneo. También presentaba una fractura de antebrazo compatible con un movimiento defensivo y una clavícula que había soldado incorrectamente. Los investigadores determinaron que sobrevivió durante semanas o meses al último golpe recibido en la cabeza.

Entre los hallazgos más inquietantes figura el cráneo de un niño de entre dos y cuatro años depositado bajo el suelo de una vivienda de Jutlandia. El fragmento apareció en Postgården VI, un asentamiento situado cerca de Aalborg, y presentaba lesiones compatibles con el impacto de un arma de filo.

Marianne Hem Eriksen, profesora investigadora del Museo Nacional de Dinamarca y responsable del proyecto, explicó a Videnskab.dk que “el cráneo del niño fue colocado en el suelo de una casa donde la gente siguió viviendo”. Los análisis también establecieron que el hueso era aproximadamente 200 años anterior a la construcción de aquella vivienda.

Otro cráneo descubierto en un pozo de Aarhus pertenecía a una mujer de entre 18 y 25 años que vivió durante la época vikinga. Los análisis genéticos permitieron identificar su sexo después de que sus características anatómicas hubieran sugerido inicialmente que pertenecía a un hombre. Presentaba una lesión cerca del ojo izquierdo compatible con un golpe de espada o hacha. El pozo estaba próximo a cuatro construcciones semienterradas posiblemente utilizadas para actividades textiles.

La interpretación de estas heridas exige cautela porque muchos individuos están representados únicamente por fragmentos óseos y algunas fracturas pueden deberse a accidentes. Los investigadores también encontraron señales de problemas dentales, articulaciones deterioradas y lesiones antiguas mal curadas, compatibles con condiciones de vida difíciles. La ausencia de otras partes del esqueleto impide determinar cuántas agresiones sufrieron realmente estas personas.

Las viviendas escandinavas conservaron restos humanos durante generaciones

Los cementerios tradicionales tampoco permiten reconstruir toda la violencia de aquellas sociedades, ya que numerosos cadáveres recibieron tratamientos funerarios diferentes. BODY-POLITICS estudió huesos encontrados en hogares, pozos y estructuras domésticas que habían quedado fuera de las investigaciones centradas en tumbas convencionales.

Phys.org destacó la utilización de técnicas osteológicas y análisis biomoleculares para examinar estos restos. Los autores advierten de que “no todas las víctimas de violencia del pasado fueron enterradas en cementerios formales”.

El tratamiento posterior de los cadáveres constituye otro aspecto de la investigación, porque algunos huesos fueron cortados o modificados antes de depositarse en edificios. Eriksen señaló al medio danés Videnskab.dk que estas prácticas también podían relacionarse con la protección de las viviendas o la conservación simbólica del poder de los antepasados.

La investigadora, citada asimismo por Gizmodo, subrayó que los descubrimientos amplían el conocimiento de las concepciones escandinavas sobre la muerte. Algunos restos permanecieron durante generaciones bajo los suelos de viviendas habitadas, como ocurrió con el cráneo infantil de Jutlandia.

La Delegación del Gobierno ha cambiado la ubicación de inicio del “tour” preelectoral de Vito Quiles, 'Mafia o patria', tal y como ha comunicado el agitador a través de sus redes sociales. Según las fuentes consultadas por este periódico, la concentración se ha trasladado a la plaza Yamaguchi porque el activista ultraderechista la comunicó tarde a la Delegación del Gobierno de Navarra y en la plaza del Castillo ya había una convocatoria establecida. Según la versión de Vito Quiles, el cambio de ubicación responde a “la presencia de terroristas callejeros y grupos ultras”.

El autodenominado Movimiento Socialista de Euskal Herria, disidente de la izquierda abertzale que se describe así mismo como antifascista y socialista, convocó a comienzos de semana una movilización en la plaza del Castillo una hora y media antes de la llegada del agitador. Para que “la clase obrera” pueda “hacer frente al fascismo y el autotarismo de los estados”, la “unión del antifascismo es imprescindible”, ha clamado el Movimiento Socialista de Euskal Herria en sus redes sociales.

Según ha comunicado a este medio la Delegación del Gobierno de Navarra, al haber una concentración comunicada en la plaza del Castillo, que además ha sido “anunciada en una rueda de prensa”, la policía ha emitido un informe en el que se recomienda “mover la convocatoria de Vito Quiles a la plaza de Yamaguchi”. Desde el órgano han insistido que “técnicamente las concentraciones no se autorizan, se comunican”, puesto que “el derecho de reunión no está sujeto a autorización previa”. Pero si “colisiona con otra concentración previamente comunicada” se tiene que cambiar “la ubicación de una de ellas”.

Hasta el momento, a pesar de haber publicitado el encuentro, Vito Quiles no había comunicado a la Delegación del Gobierno de Navarra la celebración de su acto en Pamplona, por lo que se ha registrado notificado antes la contramanifestación que la manifestación del agitador.

El agitador de ultraderecha, que el pasado año convocó una concentración en la Universidad de Navarra, pero no apareció ante el riesgo de disturbios después de que grupos antifascistas y de la izquierda abertzale anunciaran una contramanifestación —y donde a media tarde se registraron importantes altercados que se saldaron con más de 30 detenidos—, ha asegurado que la concentración de este jueves “es legal y segura”. “Vamos a inundar Pamplona”, ha arengado.

En su nueva gira, que tiene como lema 'Mafia o patria', Quiles trata de influir en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. En esta ocasión no celebrará sus actos en universidades, sino en puntos más públicos como es el caso de Pamplona.

Este 13 de octubre se cumplen seis años del asesinato de una mujer en su vivienda del barrio logroñés de Los Lirios y nadie ha sido condenado por ello. Sucedió en plena pandemia, en octubre de 2020, una circunstancia que generó algunas dificultades en la investigación. Aunque en un primer momento no trascendió ninguna información sobre la muerte, tiempo después se calificó como crimen machista y se imputó al marido de la víctima. Sin embargo, tras un juicio con jurado popular celebrado hace un año, el acusado fue declarado no culpable por falta de pruebas. Hay, por tanto, un asesinato sin esclarecer en La Rioja, porque quedó probado que la mujer fue asesinada, pero nadie ha sido condenado por ello ni se han abierto nuevas vías de investigación.

¿Cómo es posible que, si el único acusado es declarado inocente, nadie haga nada por buscar a quien la mató? En el juzgado señalan que tiene que ser la Policía Nacional quien facilite pruebas para poder abrir de nuevo el caso. En la Policía Nacional señalan, sin embargo, que una vez que un juez archiva el caso, “se para, salvo que haya otro elemento investigativo del que tirar y en este caso no lo hay”. Tampoco el hijo de la mujer asesinada, ni su marido absuelto, ni nadie de la familia han insistido en la necesidad de continuar con la investigación ya que no hay nuevas pruebas. Nada. Una mujer ha sido brutalmente asesinada y un asesino anda suelto, pero nadie tiene intención de hacer nada.

Fue su marido quien encontró el cuerpo de la víctima y alertó a la policía diciendo que su mujer se había suicidado. Sin embargo, la investigación concluyó que había sido un asesinato. De hecho, el equipo forense que realizó la autopsia de la mujer destacó “la profundidad” de las heridas que presentaba el cuerpo, dos de ellas mortales, tanto en el cuello como en el corazón y afirmaron que, aunque no se encontraron heridas de defensa o lucha, se descartaba por completo el suicidio.

Explicaron con detalle cómo el nivel de sangrado de las heridas del cuello y el corazón (la víctima estaba degollada y su corazón atravesado por una puñalada) impedían que cualquier persona pudiera hacer después nada más. Sin embargo, el cuerpo presentaba cinco heridas de arma blanca posteriores realizadas en el tórax y el abdomen “con mucha fuerza”. “Es muy difícil pensar que una persona que se acaba de cortar la vena yugular (está probado que fue la primera herida) y que está en ese estado sea capaz de hacerse otras heridas con esta intensidad”, declararon los profesionales.

Además, señalaron que la escena que encontraron al llegar al domicilio de Los Lirios “era extraña”. Se refirieron en concreto a la posición en la que apareció la víctima, con los brazos en una disposición que indicaba que el cuerpo había sido movido, a la pluralidad de las heridas y al hecho de que la víctima no había intentado defenderse.

Tanto el informe policial como la tesis de la Fiscalía apuntaron siempre al marido de la víctima como presunto culpable, pero finalmente fue absuelto con el voto de ocho de los nueve miembros del jurado popular. La Policía argumentó durante el juicio que “él mismo” se había encargado de que no se pudiera acceder al registro del móvil porque “lo apagó la noche de los hechos”. Sobre el visionado de las cámaras de seguridad que podían haber probado el desplazamiento del acusado al domicilio de la víctima dijeron que no se pudo acceder a ellas porque “esas imágenes se borran automáticamente en un mes” y en ese plazo la policía no tenía “enfocada la investigación”. Así explicaron el hecho de “no haber podido aportar una prueba de cargo definitiva”.

Pusieron también el acento en el hecho de que el acusado había cambiado de móvil veinte días después de la fecha del crimen, cuando lo había hecho también un mes y medio antes del suceso. “Esto dificultó mucho la investigación para poder conocer las búsquedas de su móvil. Nos lo ocultó”, dijeron los agentes durante el juicio.

Sin embargo, la defensa del acusado se apoyó en estas carencias para argumentar que todo se estaba basando en “interpretaciones, sospechas y opiniones. No hay pruebas”. La abogada insistió en que no había “ningún dato objetivo” y así lo consideró también el jurado en su votación.

Ahora, seis años después de aquel octubre en Los Lirios, el crimen sigue en un desgarrador punto muerto: no hay culpables ante la ley, pero tampoco voluntad de encontrarlos. Pese al fallo judicial que absolvió al único sospechoso por falta de pruebas concluyentes, la causa permanece archivada en un limbo burocrático donde la justicia y la policía se remiten mutuamente la responsabilidad. Un inmovilismo institucional al que se suma el silencio de la propia familia, ya que ni el marido absuelto ni el hijo de la víctima han reclamado que se reabra la investigación ni han exigido respuestas. Así, mientras las inconsistencias de las pesquisas iniciales dejaron el asesinato sin resolver, la falta de impulso posterior condena el caso al olvido, dejando impune la muerte de una mujer y a su agresor, sea quien sea, en la calle.

La agresión a los activistas de Ama Asturies, Rubén Rosón y Jorge Fernández, perpetrada en la madrugada del pasado 11 de septiembre en la Plaza de la Catedral de Oviedo/Uviéu, durante las fiestas de San Mateo, ha sido esclarecida policialmente con la identificación de un séptimo joven, de nacionalidad argentina, que ya ha sido expulsado de España por encontrarse en el país en situación administrativa irregular.

La Policía Nacional considera que este séptimo investigado se sumó a la paliza fascista de forma espontánea y sin tener una vinculación inicial con los otros seis jóvenes que actualmente se encuentran en libertad provisional acusados de su presunta autoría en delitos de odio y lesiones.

Los agentes dan por cerrada la investigación de esta agresión provocada por motivos ideológicos ya que, según los investigadores, todo se desencadenó a raíz de que las víctimas recriminaran la retirada de una bandera del colectivo LGTBI que estaba instalada en la caseta de Fiestes Populares en la Plaza de la Catedral.

Las imágenes

Las víctimas, médicos en ejercicio, fueron trasladadas al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo/Uviéu. Rubén Rosón recibió cinco puntos de sutura en el rostro, mientras que Jorge Fernández fue sometido a diversas pruebas al haber sido golpeado en la cabeza con patadas y puñetazos cuando se encontraba inconsciente en el suelo.

Ama Asturies convocó una concentración de repulsa a la agresión y difundió en sus redes sociales un vídeo donde se podía apreciar la paliza y cuyas imágenes han sido analizadas por la Policía Nacional junto a las cámaras de videovigilancia de la zona que han sido claves para la identificación de los presuntos autores. Un vídeo que reproducimos a continuación.

Integrantes de un grupo ultra

La investigación corrió a cargo de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Asturias. A las pocas horas de los hechos, las primeras pesquisas permitieron identificar a seis de los agresores y detener a cinco de ellos, ya que el sexto se encontraba cursando estudios en Italia.

El análisis pormenorizado de las grabaciones y el reconocimiento fotográfico en dependencias policiales confirmaron que seis de los atacantes formaban parte de un grupo ultra de animación de un equipo de fútbol ovetense, confirmándose el móvil homófobo de la agresión inicial.

Cinco de los seis jóvenes identificados inicialmente fueron detenidos y pasaron a disposición judicial. El sexto declaró por videoconferencia. Todos quedaron en libertad provisional investigados por delito de odio. A algunos de los investigados se les añadía el delito de lesiones.

Manifestaciones de protesta

Las manifestaciones de protesta por la agresión y en solidaridad con las víctimas fueron multitudinarias. El alcalde de Oviedo/Uviéu, Alfredo Canteli, avivó la polémica al minusvalorar la paliza y restar importancia a los hechos al asegurar en un primer momento que los jóvenes agresores pertenecían “a buenas familias”. Unas palabras que ratificaron los abogados defensores, quienes negaron que formaran parte de un grupo ultra organizado.

Ante la presión social, Alfredo Canteli tuvo que rectificar sus primeras palabras y condenar la violencia.

Mensajes de odio y amenazas

Lejos de calmarse los ánimos, comenzaron los mensajes de odio a través de las redes sociales. Rubén Rosón y Jorge Fernández, quienes ratificaron su versión de los hechos en el juzgado, denunciaron públicamente que los haters incluían en los mensajes amenazas de muerte y en todo momento aludían a su ideología de izquierdas.

Entre otros mensajes, había expresiones como las siguientes: “A estos hijos de puta de izquierda los barreremos pronto de las calles”, “poco os han dado”, o “ni habéis empezado a sentir miedo, pero todo llega..”.

Un séptimo participante en la agresión

Entre tanto, la Policía Nacional continuaba revisando las imágenes. Las cámaras habían llegado a captar cómo un séptimo joven se había sumado a la pelea “de forma sobrevenida”.

Tras un exigente trabajo técnico de análisis de imagen, la Policía ha podido identificarle: se trata de un ciudadano argentino con múltiples antecedentes violentos que participaba en la trifulca de manera espontánea, sin vinculación con el grupo ultra ni motivación ideológica previa.

Al margen de su implicación en estos hechos, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras tramitaba de forma paralela su expediente de expulsión de España por encontrarse en situación administrativa irregular, una medida que ya se ha materializado recientemente.

Un caso esclarecido policialmente

De la identificación de este último agresor se ha dado traslado al Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza 3 de Oviedo, en funciones de guardia, con lo que la Policía Nacional da por zanjada la investigación y plenamente esclarecidos los hechos.

La Policía Nacional recuerda que la lucha contra los delitos de odio es una prioridad permanente, coordinada a través de las unidades especializadas EVO (Equipo de Extremismo Violento y Odio) y en estrecha colaboración con la Sección Especializada de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Asturias, en el marco del vigente Plan de Acción del Ministerio del Interior.

Una exmoderadora de contenidos de Facebook en Barcelona, que estuvo expuesta durante tres años a decenas de imágenes y vídeos violentos, se suicidió el pasado fin de semana en Lyon (Francia). La mujer fue empleada de Telus, la subcontrata de Meta que eligió Barcelona para moderar las redes del grupo.

Tal y como ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado a elDiario.es Robert Castro, que asesoraba legalmente a la fallecida, la mujer padecía secuelas en su salud mental derivadas de la exposición a la violencia en su trabajo, y estudiaba sumarse a la demanda colectiva que centenares de moderadores han interpuesto en los juzgados sociales de Barcelona. La fallecida ya se intentó quitar la vida en 2023, cuando trabajaba en Barcelona.

La llegada de Meta a la emblemática Torre Glòries de Barcelona se celebró en 2018 por autoridades políticas y económicas como una inversión tecnológica, pero la realidad ha mostrado que fue un fiasco: los trabajadores estaban mal pagados y centenares de moderadores arrastran secuelas psicológicas severas por el contenido violento que debían ver.

La subcontrata de Meta hizo las maletas de Barcelona y despidió a unos 2.000 moderadores en 2025, pero afronta un reguero de causas en los juzgados sociales y por la vía penal por no haber proporcionado la atención psicológica adecuada a los trabajadores ante la exposición a la violencia que sufrían en su empleo. El despacho de Calvo, Bastet Advocats, representa a centenares de trabajadores en uno de los procedimientos.

Además de una causa penal por la falta de atención de la empresa a sus moderadores, las subcontratas de Meta en Barcelona arrastran varias condenas en juzgados sociales por desatender a los trabajadores expuestos a más contenidos violentos y por discriminaciones salariales.

El nexo entre el deterioro de la salud mental de los moderadores y su trabajo ya ha empezado a constatarse judicialmente. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ratificó en 2024 la sentencia de un juzgado de lo Social que consideró un accidente laboral el trastorno mental de un moderador de contenido de Meta debido a la “extrema violencia” del contenido que el trabajador tenía que filtrar.

El partido entre el Atlético Unión Güímar y el Sporting Hortaleza, que preveía celebrarse este domingo en Güímar (Tenerife), se ha suspendido. El encuentro se ha cancelado después de que el conjunto madrileño considerara que no se daban las condiciones de seguridad, tal y como ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Antes del partido se han producido altercados violentos. En las imágenes emitidas por la Televisión Canaria puede verse cómo aficionados del equipo local recibían con piedras a la guagua donde viajaban los jugadores del equipo visitante, que han tenido que salir del campo José Ramos de Tasagaya escoltados por la Policía.

''Los jugadores del Sporting de Hortaleza no pueden saltar al terreno de juego porque su seguridad y la de las familias desplazadas no está garantizada'', señaló la Federación Madrileña de Fútbol una hora antes de que se suspendiera el partido, según ha informado Efe. El equipo ganó el partido de ida con un 1-0 en el marcador. Sin embargo, al no haberse disputado el encuentro de vuelta, la situación de la eliminatoria queda en manos de la RFEF.

''Si el ambiente es hostil sin jugar, puede ser incluso más peligroso si se juega. Nuestra solidaridad con ellos“, añadió el organismo sobre el conjunto madrileño, junto a un vídeo con los futbolistas cambiados para jugar, pero en las gradas del estadio canario. La Federación Madrileña también expresó, anteriormente, que ”la hostilidad con la que ha sido recibido el Sporting de Hortaleza y el trato vejatorio que están recibiendo sus jugadores, técnicos y aficionados ponen en serio peligro la disputa del encuentro''.

''Amenazas y agresiones''

El Sporting de Hortaleza ha lanzado un comunicado esta tarde en el que denuncia que los miembros de su club han recibido ''amenazas, agresiones verbales y agresiones físicas''. Además, han agradecido al cuerpo de la Guardia Civil la colaboración para salir escoltados de la guagua y también a Paco Díez, presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, por estar en contacto con la directiva y preocuparse por el estado de los jugadores, cuerpo técnico, directiva y familiares presentes.

''Es una pena que no se haya podido disfrutar de un partido de tal importancia y relevancia para la historia de ambos clubes'', han subrayado.

Por su parte, el entrenador del Atlético Unión Güímar, Aythamy Díaz, dijo que ''se ha dado por válida la seguridad, se ha dado válido que está todo protegido, se ha dado que se puede juar el partido''. ''Si ellos no quieren participar, las normas para algo están'', ha dicho.

Además, ha negado que se lanzaran botellas al Sporting Hortaleza y que se produjeran agresiones. ''Lanzar botellas, no. A alguien de nuestro cuerpo técnico le cayó una botella vacía de plástico. Y a mí, personalmente, me agredió alguien del Hortaleza cuando estaba solo. El vídeo está ahí y se puede comprobar y demás. No ha pasado absolutamente nada más“, ha señalado. Además, Díaz ha justificado que ''hay un ambiente caliente en Güimar y es fútbol”.

El acta del partido

El acta oficial del partido ha sido publicada por la RFEF. En ella, se explican con detalle las razones por las que se suspendió el encuentro. Una vez instalados en el vestuario arbitral, comienza el acta, el delegado del Sporting Hortaleza comunicó que el equipo había llegado con retraso a las instalaciones deportivas porque aficionados del equipo local les habían lanzado objetos a la guagua, rompiendo incluso un cristal.

Tras esto, el equipo visitante se instala en las instalaciones deportivas. Tras entrar al vestuario después del calentamiento previo al inicio del partido, tanto el trío arbitral como jugadores de ambos equipos, la delegada federativa les indica que por indicaciones de la Federación y de la Guardia Civil se debe esperar a la llegada de la Guardia Civil para garantizar la seguridad tanto de juadores, como de los árbitros como del público.

Durante la espera, el delegado del Sporting se presenta en el vestuario y comunica que miembros de su expedición están recibiendo amenazas y que un jugador ha recibido el impacto de una botella. A los dos minutos, el entrenador del Güímar denuncia en el vestuario haber sufrido una agresión.

Tras 37 minutos esperando al dispositivo de la Guardia Civil, llega el teniente responsable del operativo, quien confirma que ''la seguridad está garantizada durante todo el encuentro''. Tras esto, el Sporting comunica que no quiere disputar el encuentro por las circunstancias vividas tanto a su llegada al campo como en la primera salida al terreno de juego.

Después de comunicar la decisión del equipo visitante, abandonan el terreno de juego escoltados por la Guardia Civil, concluye el acta.

La asamblea de estudiantes de Musikene, denominada Zarata, ha convocado una reunión para abordar su preocupación por la violencia, especialmente la machista, en los conservatorios superiores. Para anunciar el encuentro, el colectivo ha colocado carteles informativos en las instalaciones del centro en los que se recogen distintos episodios de machismo registrados en conservatorios españoles, así como el caso de la profesora de arpa de Musikene, ya apartada tras una investigación de este periódico. El objetivo era concienciar a la comunidad académica e invitar a reflexionar sobre estas situaciones.

Durante un encuentro celebrado esta semana, las representantes del colectivo feminista Arrakala y de la organización estudiantil Zarata han manifestado su preocupación por la persistencia de la violencia machista en la educación musical. Las portavoces han señalado las “dinámicas individualistas y competitivas” y las “relaciones de poder que se pueden generar entre profesores y alumnos”, al tiempo que han considerado que las medidas institucionales son “superficiales” e insuficientes ante el problema.

En la reunión también se han hecho públicos los resultados de una encuesta interna realizada al alumnado de Musikene sobre cómo afecta el género a sus estudios. Según los resultados expuestos, el 93,5% de las alumnas considera de gran relevancia la problemática de la seguridad y el género, mientras que un 40,7% de las mujeres afirma “no sentirse igual” de valorada o incluida socialmente que sus compañeros hombres. Asimismo, un 57,6% de las encuestadas asegura verse influida por esta dinámica en los espacios colectivos del centro.

Junto a estas cifras, las integrantes de la asamblea han recordado otros episodios ocurridos en la institución que generan inquietud entre el estudiantado, como la expulsión hace dos años del profesor de teatro tras las protestas del colectivo y la investigación en curso sobre la profesora de arpa por “violencia psicológica” hacia sus alumnas. Este último expediente se inició a raíz de las denuncias públicas difundidas originalmente por elDiario.es/Euskadi.

Por último, el colectivo estudiantil ha reivindicado su papel como “una herramienta” de organización independiente para el alumnado y ha explicado a este medio que todavía no se ha puesto en contacto directamente con las estudiantes de arpa para abordar la situación. Las portavoces han detallado que tuvieron conocimiento de la apertura de la investigación a través de la publicación periodística y que están a la espera de la investigación que sigue abierta.

El protocolo de acceso a las viviendas municipales de alquiler del Ayuntamiento de Valladolid para colectivos vulnerables contraviene la legislación sobre violencia de género y debe modificarse para incluir a las víctimas de violencia machista. Esa es la principal conclusión del informe jurídico encargado por Alcaldía el pasado 14 de septiembre, después de que el PSOE desvelase que en mayo se había efectuado un cambio en el protocolo que pasó desapercibido en un primer momento, al sustituir a las víctimas de violencia de género por las víctimas de violencia doméstica.

Para el equipo de gobierno, formado por la coalición PP-Vox, la violencia doméstica incluye la violencia machista, algo que descarta tajantemente el informe. El patinazo jurídico y político del equipo de gobierno se advirtió también por colectivos feministas que habían convocado una manifestación para el próximo domingo para exigir una rectificación. También se planteaba intervenir con un recurso el Ministerio de Igualdad.

“La cuestión planteada debe responderse, desde el punto de vista jurídico, de manera negativa entendiendo, en consecuencia, que el protocolo aprobado por VIVA (la empresa municipal que gestional la vivienda), no se ajusta a lo que resulta de aplicar la legislación sobre violencia de género”, se apunta en el informe.

Además, incide en que la legislación aplicable “obliga a referenciar de manera singular y expresa” a las mujeres víctimas de violencia de género y que esta violencia de género a las mujeres puede manifestarse en el ámbito doméstico y/o familiar pero también en otros diferentes a lo que hay que añadir que la violencia de género según la legislación que se aplica está directamente relacionada con el género interviniendo en ella unos sujetos, tanto desde el punto de vista activo (hombre) como pasivo (mujer o hijos / familiares menores de edad con los que tenga relación) que no son coincidentes con la violencia en el ámbito doméstico y / o familiar. “Dicho de otra manera: en el ámbito doméstico y/ o familiar puede haber violencia de género pero no toda violencia en el ámbito dicho, es de género, a lo que hay que añadir que ésta, la de violencia de género, puede producirse fuera de ese ámbito”.

Entrando en el terreno normativo, señala que en el ámbito de la vivienda se aplica el árticulo 28 de la Ley Orgánica 1/2004 y el artículo 35 de la Ley 13/2010, donde se establecen medidas orientadas a proteger singularmente a mujeres víctimas de violencia de género. La normativa se complementa con la Ley 9/2010, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, cuyo artículo 5 considera colectivo de especial vulnerabilidad en el acceso a la vivienda de protección pública y entre otros, a las mujeres víctimas de violencia de género, y hay que tener en cuenta la finalidad de esa ley en los planes de vivienda. Pero es que además, la valoración de “situación de víctima de violencia doméstica o en el ámbito familiar” no da prioridad al colectivo de víctimas de violencia de género por que la puntación que se obtiene en ese apartado es la misma cuando hay violencia doméstica que no se puede calificar como de género. Por todo ello el informe insta a completar el protocolo de acceso a la vivienda de alquiler aprobado por VIVA incluyendo a las víctimas de violencia machista.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero ha considerado que se trata de una victoria sobre todo de las mujeres, y de los colectivos y grupos políticos, además de una derrota “política y jurídica” del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, “por abrazarse a la extrema derecha”.

Mirad, entre las cosas preocupantes que nos cercan, voy a hablaros de algo muy grave, pero que está en nuestra mano evitar. Y, si lo logramos, echaremos un buen freno al neofascismo. Se trata de la trampa que la ultraderecha y la derecha radicalizada nos están tendiendo a las feministas para volvernos racistas. Quieren embaucarnos con mentiras porque saben que cuando nos movilizamos somos poderosas. Y su objetivo es redirigir nuestro foco para que, en vez de combatir al machismo discriminador, abusador, maltratador y violador, al sistema patriarcal global, nos volvamos contra los inmigrantes a los que el fascismo etiqueta, sin pruebas y en conjunto, como “delincuentes sexuales”.

Lanzo la alarma: la estrategia funciona. Doy testimonio, por mi entorno directo, de que el miedo al inmigrante, como potencial enemigo, peligro para las mujeres, violador, cala incluso entre mujeres muy listas, progresistas, comprometidas con los derechos sociales y humanos. Compañeras que dicen que “el miedo es libre” y ven lógico que las ceutíes teman ataques sexuales y violaciones por parte de las decenas de miles de inmigrantes que siguen en la calle tras la numerosísima entrada del 30-31 de julio.

¡Pero si esta entrada ha sido en la que han llegado más mujeres y niñas! ¡Si seguimos sin protegerlas, ni a ellas ni a chiquillos y adolescentes, solos y tirados en la calle, a merced de lo que les haga cualquier desalmado, extranjero o español! Hermanas que huyen de un Marruecos aún más machista que España, donde el maltrato se silencia más y hay hasta matrimonios infantiles forzados.

El mantra racista de que los inmigrantes son potenciales violadores está calando incluso entre muchas de nosotras, feministas. Una venenosa mentira inoculada por los fascistas para restar nuestro empuje de la defensa de tantas mujeres, niñas y chavales, hermanas y hermanos nuestros, que han sufrido en Marruecos y sufren violencias también en Ceuta.

Por supuestísimo es injustificable que el gobierno central y el ceutí, dos meses después, sigan sin ubicar a los inmigrantes bajo techo, que las demás autonomías no reciban, como Navarra, a parte de los recién llegados, que el presidente Vivas no acepte la oferta del Ministerio de Infancia de traer a 500 niñas a península… Porque la población de Ceuta tiene derecho a vivir sin el sobresalto de gente que vaga, con hambre, sed, heridas, frustraciones, haciendo sus necesidades y buscándose el sustento como pueden.

Pero, que no nos confundan. En la vivienda la derechona usa el mantra de los okupas, que son una cantidad mínima, para tapar a los verdaderos culpables que son los especuladores, fondos buitres y plataformas de alquiler turístico. Y en la migración usa el mantra del violador, y hace numeritos con botes de gas pimienta, para tapar que, con una diferencia numérica abismal, son los inmigrantes quienes sufren violencias salvajes.

Abusos ultraderechistas a menores

Quien era responsable de redes sociales de Vox tuvo que dejar el partido este diciembre acusado de agresión sexual por un chaval afiliado de 16 años y ese mismo mes se imputó al alcalde del PP de un pueblo de Castellón por agresión sexual a dos menores; en enero condenaron a 9 años de cárcel al ex portavoz de Vox en Huércal (Almería) por agresión sexual a una menor; entre los nuevos diputados regionales del AfD alemán hay neonazis, una explotadora sexual y un condenado por robo; Israel usa la violencia sexual sistemática contra las y los palestinos… ¿Qué nos va a contar de violaciones la internacional reaccionaria cuando su jefe máximo, el amoral de Trump, ha sido obligado, por un juez federal, a pagar 5,8 millones de euros por abuso sexual a la escritora E. Jean Carroll?

El gobierno PSOE-Sumar tiene que atajar ya, sin que pase un día más, las palizas y ataques químicos de soldados españoles contra inmigrantes indefensos, incluidos menores de edad. Porque, en caso contrario, estará siendo cómplice del racismo fascista que aplican estos militares.

Aquí en España, en Ceuta, se está perpetrando violencia institucional, gaseos y palizas del ejército que dirige la socialista Margarita Robles, contra las personas inmigrantes, incluidos niños. Este periódico está publicando los vídeos de los apaleamientos y en la última semana ha comprobado hasta tres ataques con gas pimienta o lacrimógeno de cuyos efectos, en la piel y ojos de los menores de edad, todos hemos podido ver fotos.

¿Cuántas horas van a pasar hasta depurar responsabilidades de forma ejemplar? Igual que no se puede tolerar, en un gobierno de coalición PSOE-Sumar, la violencia del desahucio de Maricarmen Abascal, a sus 87 años, hay que parar estas agresiones ya, y hacer que caiga el peso de la ley sobre los soldados que están imponiendo entre los vulnerables inmigrantes de Ceuta el terror de los ataques físicos y químicos.

Violentos reaccionarios y migrantes faro

El neofascismo quiere extender la violencia por todos lados. Telaraña para atraparnos. Lanzan violencia verbal, con amenazas de “cárcel por traición” al presidente Sánchez, a las ONG a quienes Vox apunta diciéndoles “ya saben el futuro que les espera cuando Vox gobierne, incluidas las de la Iglesia”, pasando a los ataques a sedes como la de Cruz Roja en Ferrol, al linchamiento, en su coche, de una diputada autonómica ceutí y dos abogados…

Crean el clima, intolerante, machista, racista e islamófobo en el que, en nuestras calles, el pasado 11-S se atacó a dos vecinos de Oviedo al grito de “¡Rojos de mierda!” y el sábado pasado, en Tavernes (Valencia) dieron una brutal paliza a un chaval chillándole “¡Vete a Marruecos!” porque tenía “rasgos magrebíes”, que vete a ver de dónde es, ¿verdad? y como si, caso de ser marroquí, eso permitiera golpearle.

Yo, querida amigas feministas, queridas y queridos conciudadanos demócratas, creo que hay que temer a estos neonazis sueltos, impunes y envalentonados. Violentos que nos tienen aterrorizados a inmigrantes y españoles, racializados, musulmanes, LGTBIQ+ o a quienes, a ojo vista, nos identifiquen como progres y feministas.

La ultraderecha, que practica la violencia, verbal y física, es la que asusta y la historia prueba que debemos temerla y frenarla. En cambio, las y los inmigrantes que he conocido esta década son gente inspiradora y que devuelven la fe en la especie humana.

A ellos es a quienes temer, no a la gente inmigrante. Que habrá de todo, como en cualquier colectivo, claro. Pero yo sólo puedo decir cosas buenas de mi experiencia de estos últimos diez años en los que, por avatares del trabajo y la vida, he entrevistado, frecuentado y acabado siendo amiga de tantas personas que emigraron a España, algunos en avión, la mayoría a pie, en patera, a nado, o saltanto vallas.

Pienso en mis amigos Sani y Modyo, cameruneses, uno alto asesor en Relaciones Internacionales y divulgador sobre África, el otro jornalero y albañil; en el maliense Yakouba, estudiante de Finanzas y Contabilidad que trabaja en una ONG y el marfileño Adama, conductor de camión, en la marroquí Fátima, jornalera de frutos rojos y sus compatriotas Ousama y Mouna, ambos trabajando en hoteles, aunque él se sigue preparando como realizador de cine tras ganar, en Marruecos, algún premio de cortometraje; en el sudanés Abdellatif, conserje y estudiante de Comercio Internacional; en la nicaragüense Nereida, tan amorosa cuidadora de ancianos como eficaz ayudante de cocina en bares o cajera de supermercado; en la compañera periodista Angie, ecuatoriana, tantos años, desde la carrera, trabajando en restaurantes.

Mis queridos senegaleses incluyen a Bineta, gobernanta de hotel, madre de tres hijos, y Fatou, dueña de su agencia de viajes y tienda africana, a Mahmud, carpintero y atrezzista, Saiba, filósofo político, Abass, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, Elhadji, premio en la ESO para adultos de Andalucía y universitario de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, Birane, cantante y mediador cultural, Thimbo, actor, Abdou, estudiante del grado de Técnico de integración social y responsable de una casa de acogida.

¡Menudo plantel! ¡Ni salido de un cásting! Y sólo os he dicho lo que hacen no lo magníficas personas que son, cómo me abre la mente hablar con cada una de ellas y me devuelve la fe en la especie humana. En sus manos me confiaría y les encomendaría mis hijos, con tranquilidad plena. Lejos de ser un peligro son, sois, queridos amigos, un regalo, un tesoro para España, vuestra nueva casa. Gracias por haber venido y por mejorar, con vuestra llegada, el país que compartimos y que impulsaremos, juntos, hacia un futuro libre del terrible fascismo.

El operativo policial acababa de evacuar del Puerto de Ceuta el vehículo en el que viajaban la diputada ceutí y los abogados, atacados por decenas de personas en Ceuta. Entre risas, algunos vecinos comentaban los destrozos del Mercedes gris sobre el que se habían abalanzado, pero de cuyos ocupantes desconocían su identidad. Otros empezaban a reconocer, ya algo nerviosos, que no sabían quiénes se encontraban en su interior. Un hombre, con una trompeta en su mano, admitía que una de las mujeres agredidas llevaba un bolso con la inscripción de la ONU. Cuando se les preguntaba por el motivo que desembocó en la avalancha en contra del vehículo, todos respondían de una manera similar: “Eran de esos de ONG”.

Rafael Borrego es un reconocido abogado y activista en defensa de los derechos humanos y quienes lo observaban desde la protesta a la entrada del Puerto asumieron que pertenecía a una organización que ayuda a los migrantes en la ciudad. Eso fue suficiente para arremeter contra el coche en el que se introdujo, que en realidad pertenecía a la diputada de Ceuta Ya Julia Ferreras, donde también viajaba una abogada experta en derechos humanos a nivel internacional, Sofía Cánovas. La Policía Nacional se encuentra investigando los hechos y dos agentes heridos por los manifestantes se han personado en la denuncia, según fuentes ligadas a la investigación.

Ser parte de una ONG, o parecerlo, es un riesgo en Ceuta desde hace un mes y medio. Acercarse a una persona migrante, también. Ayudar o escuchar a alguno de los jóvenes marroquíes llegados a finales de julio a la ciudad autónoma acarrea insultos, agresiones y hostigamientos, según ha podido comprobar elDiario.es en el terreno. Los ataques no proceden únicamente de algunos vecinos ceutíes, también este medio ha presenciado este tipo de acoso por parte de agentes de la Policía Nacional o patrullas de militares.

Hay agentes y militares que han llamado “guarra” o “perra” a algunas voluntarias de los colectivos más criminalizados actualmente en Ceuta, No Name Kitchen y Brigadas de Apoyo Mutuo. “Los insultos y vejaciones son constantes”, dice una de las voluntarias, que prefiere no detallar su nombre. Las matrículas de algunos de sus coches son difundidas por grupos de WhatsApp y, cuando alguien los ve, son increpadas al instante. Delante de elDiario.es, vecinos han llamado “guarras”, “perroflautas” y las han amenazado con destrozar su vehículo, las han tachado de terroristas cuando solo iban a comprar agua o les han echado la ceniza encima mientras bloqueaban su labor.

“Tenemos pinchazos en las ruedas de vehículos de nuestros voluntarios. Tenemos coches rajados. Hemos sufrido disparos con balines de pistolas de aire comprimido, lanzados desde edificios durante la distribución de comida. También alguna piedra”, explica Ric Fernández, coordinador de la ONG No Name Kitchen. La organización fue víctima de varias campañas de difamación tras acusarla sin pruebas de haber repartido gas pimienta entre los migrantes. La organización denuncia también que algunos de los DNI de sus miembros se han “filtrado en chats participados por policías”. “Una de las fotos en particular del DNI se ven las propias manos de la policía sujetándolo”, denuncia Fernández.

El pasado 12 de septiembre, una patrulla de cinco militares hostigó durante dos horas a activistas a esta ONG. Un vehículo militar ocupado por miembros del Regimiento de Infantería del Ejército de Tierra 9 bloqueó la puerta de la base de operaciones de la organización que cada día realiza repartos de comida a migrantes en aquellos barrios a los que no llegan las ONG de mayor tamaño. Durante dos horas, el vehículo permaneció a medio metro de la entrada al local, mientras uno de los militares hacía comentarios a una de las activistas de la organización, que permanecía allí para vigilar la sede. Uno de los uniformados llegó a tirar ceniza de su cigarro encima de la voluntaria. Más de una semana después, en la madrugada de este lunes, tras la celebración del Día de la Legión, un fuerte despliegue militar rodeó la base del colectivo Brigadas de Apoyo Mutuo, según varios vídeos a los que ha accedido elDiario.es. “Nos llamaban guarras. Escupían en el suelo mientras nos decían 'qué asco”, asegura una de las activistas que presenciaron los hechos denunciados.

Desde Brigadas de Apoyo Mutuo -movimiento ciudadano asambleario que realiza curas, distribuye comida entre los migrantes y realiza rondas para vigilar ante posibles vulneraciones de derechos contra estos- denuncian un “constante acoso” por parte de patrullas de militares. “Nos graban cuando quieren. Todo el rato. Recibimos vejaciones constantes. Por ejemplo, es habitual que después de hacer una ronda con sus vehículos, luego nos digan: 'Ya volveremos sin el uniforme'. A las mujeres nos suelen llamar 'guarras asquerosas'”, detalla una de las voluntarias, mientras recorre la ciudad en busca de personas migrantes con hambre a los que entregar las raciones de comida que suele preparar durante el día. Su colectivo también trata de entretener a los marroquíes, muchos menores, asentados en las naves del Tarajal, con sesiones de circo, entre otras acciones. Este medio ha preguntado al Ministerio de Defensa por este y otros asuntos relacionados con la actuación de los militares pero por ahora no ha obtenido respuesta.

A finales de agosto, decenas de personas pertrechadas con banderas de España intentaron impedir el paso de los camiones de la Cruz Roja que llevan alimentos a los migrantes asentados en la zona de la playa del Trampolín de Ceuta. Al grito de “la Cruz Roja es una mafia”, decenas de personas impidieron el 30 de agosto el acceso de un camión de la organización humanitaria a la playa del Trampolín, uno de los puntos en los que la organización distribuye alimentos entre las personas migrantes.

Insultos a periodistas “confundidos” con ONG

Ese odio generalizado ha repercutido también en algunos periodistas, que son “confundidos” con personal de ONG cuando hablan con los migrantes o cuando cubren alguna de las actuaciones de los colectivos sociales. Este miércoles, por ejemplo, elDiario.es se encontraba en las naves del Tarajal, donde además de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) -que hace las veces de comisaría- se encuentra un asentamiento de migrantes, cuando un furgón de la UIP aceleró. Desde su interior, varios agentes pidieron de malas formas a la periodista que se apartase de la zona, cuando uno de ellos gritó con agresividad: “¡Guarra!”. Una vez que la reportera se identificó como periodista y preguntó por qué la insultaba, el agente negó que lo hubiese hecho, rebajó el tono y el vehículo se retiró. Muy cerca había varios activistas de las Brigadas de Apoyo Mutuo que, habituados a ese tipo de trato, interpretaron lo ocurrido: “Pensaban que eras uno de nosotros”.

La semana pasada, la furgoneta de una fotoperiodista que colaboró con elDiario.es amaneció la con varios rayones en una de sus puertas. Las líneas, que parecían esbozadas con una llave, conformaban una palabra: “Puta”.

“Creo que por mi estética, por mi manera de vestir cómoda, piensan que soy activista. Siento todo el rato las miradas. Hasta paso miedo simplemente yendo a comprar agua”, dijo la fotógrafa a este medio, antes de decidir irse unos días a Marruecos para descansar del acoso recibido por, de nuevo, “parecer de una ONG” cuando en realidad es fotógrafa. La sospecha de formar parte de una organización de ayuda a los migrantes también ha motivado identificaciones policiales repentinas. “Pensaba que eras una de esas activistas”, dijo un guardia civil la semana pasada a esta periodista tras pedir la documentación de malas maneras mientras hablaba con dos jóvenes migrantes.

Ese tipo de “confusión” es la que resultó este domingo en la agresión a la diputada ceutí y los abogados que la acompañaban. Pese a la confusión con la ONG navarra, la diputada ha hecho un alegato contra la violencia en la ciudad autónoma. “Nadie en ningún momento podemos justificar ningún acto de violencia, sea contra quien sea, ni contra la población migrante, ni contra los activistas, ni contra los ceutíes”, añadió en declaraciones recogidas por elDiario.es tras presentar una denuncia ante la Policía por los hechos. “Nos han agredido porque nos han confundido. Si hubiésemos sido parte de la ONG, no hubiese significado que hubiese estado bien. Si venían a repartir ayuda, no hay que escudarse en que se han confundido. Si hubiésemos sido nosotros los activistas navarros, tampoco hubiese estado bien”, añadía Borrego, aún con el susto en el cuerpo.

José María Figaredo, diputado de Vox, dijo en una entrevista televisiva que había que “cazar a los inmigrantes uno a uno”. El alcance de las represalias se ha extendido en Ceuta y llega ahora a cualquiera que se solidarice con ellos o intente ayudarlos. La agresión sufrida este domingo por la diputada ceutí Julia Ferreras, la abogada Sofía Cánovas y el activista Rafael Borrego por una turba enfurecida es una consecuencia previsible tras varias semanas de denuncias desde la derecha y la extrema derecha sobre la “invasión” de la ciudad. No se tiene piedad con unos invasores y mucho menos con los que son catalogados de cómplices.

Ese lenguaje bélico ha impregnado las declaraciones de dirigentes del PP y Vox, que han terminado por ser indistinguibles. En numerosas ocasiones, Santiago Abascal ha calificado lo ocurrido el 30 y 31 de julio como una invasión protagonizada por “hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras”. La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo repitió ese mensaje al escribir que los que llegaron a Ceuta no son migrantes: “Son soldados. Usan a las mujeres y los niños de atrezo”. En una guerra, los soldados del otro lado son el enemigo y los que les ayudan, unos colaboracionistas que terminarán pagando el precio de la traición.

No es polarización, sino una acusación directa, una de las más graves que existen, desde la oposición contra el Gobierno, los partidos y los movimientos sociales que defienden los derechos que la ley reconoce a los migrantes.

Primero, fueron contra Borrego, que estaba solo esperando a que Ferreras lo recogiera en su coche cerca del puerto de Ceuta. Después, se abalanzaron contra el vehículo. Ferreras se identificó como diputada en varias ocasiones, pero no les sirvió de nada: “Hubo un momento en el que miré a Rafa y no le pude garantizar que pudiésemos salir de ahí. Venían a por nosotros, a lincharnos”. “Nos iban a matar”, dijo Borrego a este diario. “Se agolparon sobre nosotros. Nos han tirado huevos, nos han tirado piedras, han reventado el cristal por alante, por atrás, nos han abierto la puerta para meterse dentro”, describió Borrego.

La diputada de Ceuta Ya comprobó que varios de los agresores eran ceutíes: “Yo reconocí muchas caras de mis vecinos y vecinas que sé que son personas que se han quitado la careta y que están actuando como quieren ser”.

Los manifestantes esperaban la llegada de representantes de una ONG de Pamplona a la que varios medios de comunicación nacionales habían llamado “proetarra”. “Lo que estamos esperando es que viene gente del País Vasco, de la kale borroka. Viene una ONG a hacerse cargo de los menores. Nosotros aquí no queremos etarras”, dijo una mujer antes de que se produjeran los incidentes.

Es lo que habían leído antes y después en OK Diario: “La Policía de Marlaska reprime a golpes y con pelotas de goma a los ceutíes que impedían la entrada de una ONG proetarra”. En El Español: “Negu Gorriak, los proetarras que llegan a Ceuta para repartir 'ayuda' y 'vigilar' las agresiones contra los migrantes”. En los informativos de Antena 3. En ABC: “Vecinos ceutíes protestan contra la llegada de organizaciones proetarras a la ciudad: 'No les vamos a dejar pasar'”. Ese diario llegó a escribir en ese artículo que se trataba de “Negu Gorriak, el grupo musical liderado por Fermín Muguruza”.

Esa banda de los años noventa existió hasta 1996, aunque celebró dos conciertos en 2001 para celebrar una victoria jurídica contra el general Galindo. Obviamente, no tiene nada que ver con la ONG Negu Gorriak / Derecho a Techo, un grupo navarro que defiende a inmigrantes. Al menos, en una ocasión ha convocado una manifestación contra la decisión del Ayuntamiento de Pamplona, cuyo alcalde es Joseba Asiron, de EH Bildu, de desalojar en abril a los migrantes que vivían en un antiguo convento abandonado.

En una rueda de prensa el lunes, responsables de la ONG han denunciado que sus miembros han recibido amenazas de muerte en Ceuta: “No ha surgido de la nada. Hay medios que llevan semanas llamando etarras y yihadistas a nuestro colectivo. Han estado preparando el terreno. Lo que ha pasado después es la consecuencia”.

Algunos de los asistentes a la manifestación de Ceuta han contado a un medio local que la culpa de todo fue de uno de los agredidos, Rafael Borrego. Le acusan de haber grabado imágenes de la concentración y recuperan escritos suyos críticos con una parte de la población de la ciudad. Lo llaman “el abogado malagueño que está poniendo a parir a los ceutíes en sus redes”. Dicen que se enfurecieron cuando le vieron refugiarse en el coche de la diputada. “No vamos a dejar que nadie de fuera venga a decirnos lo que está pasando aquí”, dice uno de ellos.

El lenguaje de la confrontación entre políticos favorece que se extienda el lenguaje violento entre los ciudadanos, y este último siempre precede a la violencia física. Y en el momento en que se desencadena esta, es difícil saber dónde parará. Los medios que se inventaron que la ONG navarra era “proetarra” contribuyeron a calentar un ambiente que ya está muy tenso en Ceuta.

“En democracia, la violencia no tiene cabida bajo ninguna circunstancia”, dijo Alberto Núñez Feijóo, que condenó los hechos el lunes mientras realizaba su cuarta visita a la ciudad para reunirse con su presidente. Juan Jesús Vivas explicó que “la inmensa mayoría de los ceutíes condena la violencia venga de donde venga”. Le valió con esa crítica genérica a cualquier conducta violenta mientras insistía en afirmar que Ceuta ha sido invadida y que el Gobierno pretende que la crisis se eternice.

Vivas planteó escenarios ominosos de los que responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez: “O se quiere utilizar a Ceuta como un escenario de confrontación y polarización, o quieren acabar con la paciencia de los ceutíes hasta el agotamiento o el destierro”.

Ese ya es un dilema bastante negativo, pero aún había más. Otra alternativa nada deseable y que no se sabe de dónde sale, por la que se quiere convertir a Ceuta en un centro temporal de inmigrantes con el equivalente al 15% de toda su población. “No lo vamos a consentir porque eso sería la muerte de la ciudad”, anunció Vivas. No es el tipo de lenguaje que contribuye a calmar los ánimos. Si las opciones que se presentan a los ciudadanos incluyen la posibilidad de la muerte de Ceuta, habrá gente que decida que no lo permitirá por cualquier medio que sea necesario.

'Negu gorriak' se puede traducir del euskera como 'crudos inviernos'. Es un término de uso corriente en lengua vasca, hasta el punto que está recogido en el diccionario Elhuyar. También da nombre al colectivo, que no guarda relación con el grupo de música, que se dedica a acoger a personas de origen migrante, sobre todo magrebí, y sin hogar durante los inviernos en Pamplona. Este domingo decenas de personas esperaban en el puerto de Ceuta a un vehículo que viajaba desde la capital navarra con voluntarios y ayuda humanitaria para agredirles. Tal y como ha desvelado elDiario.es, fue un audio procedente de la cuenta de Instagram de la delegación navarra del grupo ultraderechista Movimiento Cívico del Pueblo el que encendió la mecha que terminó con la agresión al coche en el que viajaba la diputada ceutí Julia Ferreras, el activista Rafael Borrego y la abogada de derechos humanos Sofía Cánovas, que nada tienen que ver con este colectivo. En el audio se acusaba falsamente al colectivo pamplonés de “apoyar a ETA”.

“No ha surgido de la nada, hay medios que llevan semanas llamando etarras y yihadistas a nuestro colectivo. Han estado preparando el terreno. Lo que ha pasado después es la consecuencia”, ha asegurado este lunes el colectivo en una rueda de prensa convocada en la capital navarra. En ella han denunciado que las personas que han viajado a Ceuta para enviar ayuda como dispositivos electrónicos, mantas, ropa o material sanitario han recibido “amenazas de muerte” después de que “se las haya señalado públicamente como proetarras”. Su información personal circula por grupos de WhatsApp vinculados a la extrema derecha en los que se han compartido datos personales y fotografías de los miembros del colectivo que se han desplazado, así como la matrícula del vehículo en el que han viajado.

Con todo, según han informado, los miembros del colectivo que han viajado ya se encuentran en Ceuta, donde realizan “labores logísticas sobre el terreno y tareas de inventariado”. Y las amenazas no les van a frenar. “Continuamos con nuestro plan de enviar más brigadistas en las próximas semanas porque la solidaridad no se detiene con las amenazas”, ha solemnizado Teresa del Romero, del colectivo Negu Gorriak.

Pero, ¿quiénes son Negu Gorriak? Pese a que comparten el mismo nombre, lo que ha generado confusión, nada tienen que ver con el grupo vasco de rock fundado por los hermanos Muguruza. Negu Gorriak/Derecho a techo es un colectivo surgido en Pamplona hace años para dar techo durante el invierno a personas sin hogar que no logran acceder a recursos públicos como albergues. “Hacemos lo que las instituciones no hacen”, aseguran para denunciar las violaciones de derechos humanos que sufren los migrantes por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

De hecho, se da la circunstancia de que este pasado invierno criticaron con dureza la gestión del Ayuntamiento de Pamplona, en manos de EH Bildu, por no haber dado recurso habitacional a varias decenas de personas que estaban pasando en la calle noches con temperaturas bajo cero. Este periódico publicó un reportaje con los testimonios de algunos de estos migrantes que fueron acogidos por el colectivo Negu Gorriak en la librería Katakrak.

“Nuestra mayor preocupación no es una supuesta crisis migratoria, es una emergencia habitacional. Se ha acogido a 350.000 ucranianos y sabemos hacerlo. Lo que no se quiere es acoger a 10.000 personas de origen magrebí. La diferencia no es de capacidad, es de voluntad política y de morofobia”, han denunciado.

Negu Gorriak/Derecho a techo forma parte de la Agencia Europea Anti Fronteras y, en colaboración con otros colectivos, organizó “una brigada” de ayuda humanitaria. Salieron de Pamplona en coche e hicieron una parada en Madrid. Transportaban material médico, mantas, esterillas, tiendas de campaña y ropa para repartir entre las personas migrantes que se encuentran en Ceuta. Recibieron llamadas alertándoles de que había gente esperándoles en el puerto, pero aseguran que no se imaginaban “un ejercicio de violencia tan extremo”.

Y aunque les esperaban a ellos, los agredidos acabaron siendo otras personas que nada tienen que ver con el colectivo. Aunque el coche era del mismo color, los manifestantes confundieron la matrícula y atacaron con piedras al vehículo en el que viajaban la diputada ceutí Julia Ferreras, el activista Rafael Borrego y la abogada de derechos humanos Sofía Cánovas. “Éramos el enemigo, el objetivo a abatir. Nos iban a matar”, han denunciado en declaraciones a este periódico. “No nos van a hacer retroceder”, aseguran desde Negu Gorriak, que el próximo invierno abrirá un albergue en Pamplona con 24 plazas para acoger a migrantes sin techo.

Eran las 16:38 del domingo cuando un mensaje acabó de encender la chispa en el grupo de WhatsApp de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ceuta. “Figúrate si son peligrosos que son los que apoyan a la banda terrorista de ETA. Son los que van persiguiendo a niños de 12 años y les dan palizas por llevar la bandera de España, a militares, a ancianos. Es gente muy peligrosa. Son skins de izquierdas y no se van a cortar ni un pelo a la hora de atacar a la policía y de atacar a los caballas”, dice un audio al que ha accedido elDiario.es, trasladado en primer lugar a través de mensaje privado de Instagram y compartido posteriormente por distintos chats.

“Lo mejor que se puede hacer es que os organicéis igual que hicisteis con Nucleo Nacional, para echarlos. Porque son incluso más peligrosos que Nucleo Nacional”, añadía el mensaje. Dos horas después, decenas de vecinos, cargados con banderas de España —y alguna carlista— se acumulaban a la entrada del puerto para “recibir” al colectivo navarro Negu Gorriak, que viajaba a la ciudad con el objetivo de llevar ayuda humanitaria y denunciar las violaciones de derechos humanos a los migrantes por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según fuentes próximas a los activistas.

Aunque les esperaban a ellos, acabaron siendo agredidos otras personas que nada tenían que ver con la organización navarra: el vehículo de la diputada de la Asamblea ceutí Julia Ferreras acabó destrozado, golpeado con piedras por decenas de vecinos que pensaron que quien iban en su interior eran miembros “de una ONG”. Además del cargo público, estaba en el coche el activista Rafael Borrego y la abogada de derechos humanos Sofía Cánovas.

El mensaje se envió, al menos a través del grupo de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ceuta, junto a una convocatoria de protesta frente a la entrada del Puerto de la ciudad autónoma. El cartel, que no detalla el colectivo promotor de la iniciativa, llamaba a la movilización vecinal en la salida de vehículos del puerto de Ceuta. “No queremos que los grupos radicales proetarras entren a Ceuta”, recogía el llamamiento, que añadía una fotografía de varias personas del colectivo y una imagen de un vehículo SEAT gris con el número de matrícula visible. El coche que aparece en el cartel, difundido a través del chat de la Federación de Vecinos de Ceuta es del mismo color, pero distinta marca que el vehículo que acabó siendo atacado horas después por los manifestantes, propiedad de la diputada de la Asamblea de Ceuta.

El audio que alertaba del supuesto caracter “peligroso” y “proetarra” del colectivo Negu Gorriak procede de la cuenta de Instagram llamada “La voz de Pamplona”. Según la propia descripción del perfil de la red social, la cuenta corresponde a la delegación navarra del Movimiento Cívico del Pueblo, grupo de ideología ultraderechista. La delegación de Navarra estuvo detrás de la convocatoria de la manifestación “en apoyo a Ceuta” del pasado 2 de septiembre en Pamplona, que acabó con varias personas identificadas por acosar a periodistas. Aquel día, la cabecera de la protesta desplegó una pancarta con el lema “Remigración ordenada, convivencia garantizada”. Sus portadores vestían camisetas negras con una cruz de borgoña estampada en el pecho, como publicó elDiario.es.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Ceuta, entidad que aglutina a la mayoría de asociaciones de vecinos de la ciudad autónoma, recibe anualmente subvenciones públicas por parte del Gobierno de la ciudad autónoma. Según publicaron varios medios locales, en 2026, el Gobierno de Juan Vivas aprobó la dotación de dos convenios de colaboración por un valor de cerca de 200.000 euros. El primero asignaba 97.000 euros a la Federación de Asociaciones. El segundo repartía unos 96.000 euros entre entidades vecinales que la componen.

Negu Gorriak, un colectivo navarro que apoya a migrantes

Negu Gorriak/Derecho a techo es un colectivo surgido en Pamplona para denunciar la situación de sinhogarismo a la que se enfrentan muchas personas de origen migrante, especilamente magrebí, en la capital navarra. Negu Gorriak puede traducirse por 'crudos inviernos' en euskera y, pese a que comparten nombre, nada tiene que ver con el grupo vasco de rock que formaron los hermanos Muguruza.

Este colectivo inició su actividad a comienzos de este año acogiendo, en colaboración con la librería Katakrak, que les cedió el espacio, a una veintena de migrantes que estaban pasando el invierno en la calle. Lo hicieron con críticas al Ayuntamiento de Pamplona, gobernado por EH Bildu, por no ser capaz de darles un recurso habitacional. La semana pasada anunciaron que varios integrantes del colectivo se trasladarían a Ceuta en furgonetas para llevar ayuda humanitaria a los migrantes frente a los “ataques racistas” y la “actitud violenta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del ejército”, informa Rodrigo Saiz.

El activista de la Flotilla Rafael Borrego, la diputada autonómica Julia Ferreras y la abogada Sofía Cánovas han presentado sendas denuncias tras la agresión. En elDiario.es hemos accedido a los documentos.

Según la denuncia que ha presentado Borrego ante la Policía, todo comenzó cuando comenzó a grabar a un tumulto que se acercaba a un coche y un hombre “de unos 60 o 65 años” le dijo: “No me grabes”. Fue el mismo individuo quien se dirigió a la muchedumbre y avisó: “Este es uno, este es uno de ellos”. Entonces, gran parte de las personas empezaron a increparlo y a intimidarlo con insultos. El activista declaró que se subió al vehículo de Julia Ferreras, que intentaba avanzar por el único carril abierto al tráfico, pero la conductora tuvo que detenerse porque la multitud estaba cortando el paso.

“En ese momento, un gran número de personas rodeó el vehículo, golpeándolo con patadas e increpando a los ocupantes, lanzando también huevos y piedras”, tal y como consta en la denuncia. Uno de los atacantes “golpeó la luna delantera del vehículo por la parte derecha”, la cual se rompió. Unos minutos después, “algunas de las personas de la multitud lanzaron algún objeto contra la luna trasera del vehículo, fracturándola”, al igual que la delantera.

Borrego declaró que la conductora “en todo momento manifestó que se estaban equivocando de personas y que ella era una diputada de Ceuta Ya, haciendo caso omiso” los asaltantes. Varios minutos después, un agente de la Policía Nacional le indicó a la conductora que pasara de su asiento a la parte trasera del vehículo y él se subió en el asiento del piloto. “Finalmente, dicho agente, consiguió maniobrar con el vehículo, marcha atrás, consiguiendo salir del lugar en dirección contraria al tráfico” y condujo hasta el garaje privado de la diputada.

En la denuncia presentada por Julia Ferreras, a la que también ha accedido este medio, la diputada aseguró que durante el incidente, “se indentificó en reiteradas ocasiones como diputada de la Asamblea y como ciudadana de Ceuta, informando que estaban cometiendo un error” a los atacantes, que no se detuvieron. También, afirmó que los asaltantes “proferían todo tipo de amenezas”, por lo que “llegó a sentir miedo por su integridad física, pensando incluso que no pudieran salir de esa situación”.

Decenas de personas atacaron su coche en Ceuta en la tarde de este domingo tras ser “confundidos” con una ONG navarra que acudía a la ciudad para el reparto de ayuda entre migrantes. El activista de la Flotilla Rafael Borrego y la diputada autonómica Julia Ferreras relatan a elDiario.es el tenso momento que vivieron. “Se agolparon sobre nosotros. Nos han tirado huevos, nos han tirado piedras, han reventado el cristal por alante, por atrás, nos han abierto la puerta para meterse dentro”, ha descrito Borrego.

“A nosotros nos ha pillado de paso allí, hemos sido el objetivo, el enemigo a abatir”, asegura Ferreras. Pese a la confusión con la ONG navarra, la diputada hace un alegato contra la violencia en la ciudad autónoma. “Nadie en ningún momento podemos justificar ningún acto de violencia, sea contra quien sea, ni contra la población migrante, ni contra los activistas, ni contra los ceutíes”, añade tras presentar una denuncia ante la Policía por los hechos. “No está justificada en ningún momento, ni hacia mí, que no tenía nada que ver con el asunto, pero ni siquiera hacia los activistas que venían de fuera”, señala. A la denuncia de Ferreras, Borrego y la abogada Sofía Cánovas, que viajaba con ellos, se han sumado tres agentes de policía que participaron en el operativo y que alegan haber sufrido lesiones, según han indicado a elDiario.es fuentes próximas a la investigación.

Tanto Borrego como Ferreras explican que quienes acudían a esperar a la ONG navarra golpearon el coche, llegaron a abrir las puertas y destrozaron tanto la luna delantera como la trasera. Quienes estaban dentro tuvieron que desplegar un paraguas para parar el lanzamiento de objetos que seguía llegando hacia ellos.

Ambos apuntan que recibieron el ataque que estaba preparado para la llegada de la ONG navarra, a la que tildaba de “proetarra”. “Un señor se ha confundido. No sé a qué se refería pero ha dicho 'este es uno de ellos, es uno de ellos, es un proetarra', toda la gente se ha echado encima de mí. Yo me he ido del tumulto como he podido, pero el coche al que me subía estaba al lado del tumulto”, explica Borrego.

El activista de la Flotilla a Gaza, que había llegado a la ciudad unos días antes a documentar lo que allí ocurre, explica que recibieron la ayuda de un policía para poder salir del lugar de la agresión. “Entró en el vehículo y tomó el volante para poder sacarlo de la zona”, explicó. Borrego explica que otra pasajera del vehículo sufrió cortes.

Según la denuncia que ha presentado Borrego ante la Policía y a la que ha tenido acceso este medio, todo comenzó cuando comenzó a grabar a un tumulto que se acercaba a un coche y un hombre “de unos 60 o 65 años” le dijo: “No me grabes”. Fue el mismo individuo quien se dirigió a la muchedumbre y avisó: “Este es uno, este es uno de ellos”. Entonces, gran parte de las personas empezaron a increparlo y a intimidarlo con insultos. El activista declaró que se subió al vehículo de Julia Ferreras, que intentaba avanzar por el único carril abierto al tráfico, pero la conductora tuvo que detenerse porque la multitud estaba cortando el paso.

“En ese momento, un gran número de personas rodeó el vehículo, golpeándolo con patadas e increpando a los ocupantes, lanzando también huevos y piedras”, tal y como consta en la denuncia. Uno de los atacantes “golpeó la luna delantera del vehículo por la parte derecha”, la cual se rompió. Unos minutos después, “algunas de las personas de la multitud lanzaron algún objeto contra la luna trasera del vehículo, fracturándola”, al igual que la delantera.

Borrego declaró que la conductora, “en todo momento, manifestó que se estaban equivocando de personas y que ella era una diputada de Ceuta Ya, haciendo caso omiso” los asaltantes. Varios minutos después, un agente de la Policía Nacional le indicó a la conductora que pasara de su asiento a la parte trasera del vehículo y él se subió en el asiento del piloto. “Finalmente, dicho agente, consiguió maniobrar con el vehículo, marcha atrás, consiguiendo salir del lugar en dirección contraria al tráfico” y condujo hasta el garaje privado de la diputada.

Julia Ferreras también ha presentado una denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que aseguró que durante el incidente, “se identificó en reiteradas ocasiones como diputada de la Asamblea y como ciudadana de Ceuta, informando que estaban cometiendo un error” a los atacantes, que no se detuvieron. También, aseguró que los asaltantes “proferían todo tipo de amenazas”, por lo que “llegó a sentir miedo por su integridad física, pensando incluso que no pudieran salir de esa situación”.

Tras presentar la denuncia, la diputada reiteró a este periódico que pensaba que no iban a salir con vida del ataque contra su vehículo. “Han destrozado mi coche por completo. Han caído [encima del vehículo] piedras, bloques, la luna trasera ha estallado. Han abierto el coche”, detalló. Ferreras consideró que, en un primer momento, “todo fue producto de una confusión”. “Cuando la turba ha venido hacia nosotros, yo me he identificado como diputada de Ceuta. Lo he gritado varias veces, que soy diputada de la Asamblea y que soy ceutí. Ha habido varias personas de esta ciudad que me han reconocido y han aprovechado para hacer lo que llevaban deseando desde hace mucho tiempo”, afirmó, agregando que no es la primera vez que recibía amenazas y que fue agredida.