Las imágenes de violencia asociadas a eventos deportivos como partidos de fútbol son algo que asociamos al siglo XX o a la actualidad, pero este es un hecho que tiene todavía más antigüedad de lo que pensamos. De hecho, la primera batalla campal documentada se produjo en el año 59 en la ciudad de Pompeya y tuvo como contexto una lucha de gladiadores.

La primera vez que el deporte se asoció con violencia fue en Pompeya

Pompeya, año 59, aproximadamente veinte años antes de la erupción que destruyó la ciudad, se produjo un hecho que está marcado como el primer episodio de violencia en el deporte, y que se dio en el marco de un espectáculo de gladiadores, en el anfiteatro de la localidad.

En la antigua Roma, las luchas de gladiadores duraban todo un día. Se daban diferentes espectáculos, con la mañana teniendo lugar cacerías de animales, a mediodía con ejecuciones de presos condenados y ya por la tarde las peleas de los gladiadores como tal.

Cabe tener en cuenta que los gladiadores en la antigua Roma eran como los futbolistas o estrellas del deporte actuales, siendo vistos como ídolos por gran parte de la población. La ‘locura’ por ellos llegaba a tal punto que se vendía hasta su sangre como objeto de deseo, aunque también era una profesión de riesgo, y su entrenamiento era costoso, por lo que los más destacados luchaban también en contadas ocasiones.

En una jornada de lucha de gladiadores en el anfiteatro de Pompeya en el año 59 d.C, sin embargo, la violencia llegó a las gradas. Primero con lanzamiento de piedras entre aficiones rivales, hasta que se llegó a las armas, como lo contó Tácito, político e historiador: “Los habitantes de las vecinas Pompeya y Nuceria se insultaban unos a otros como suele suceder entre ciudades pequeñas. Las palabras se transformaron en piedras y, a continuación, se desenvainaron las espadas. Los pompeyanos se llevaron la mejor parte; al fin y al cabo, eran el equipo local. Como consecuencia de aquello, muchos nucerianos heridos fueron llevados a Roma, y muchos lloraban la muerte de un padre o un hijo”.

Cinco años sin lucha de gladiadores

Este hecho tuvo tal magnitud que varios historiadores han establecido que podría haber sido planificado previamente, especialmente porque varios aficionados acudieron con armas al anfiteatro, un lugar en el que no era habitual. Fue tan grande esta primera batalla campal entre aficiones que no pudo ser controlada por los soldados que solía haber en este tipo de espectáculos.

La narración del historiador Publio Cornelio Tácito no es la única prueba de este hecho, pues se ha conservado también un fresco en el que se puede ver cómo mientras hay una lucha de gladiadores en el ruedo, en las gradas el público se golpea con garrotes, y hubo también inscripciones sobre esta pelea: “Campanienses, con esta victoria habéis sido destruidos con los nuecerianos o ¡mala suerte para el pueblo de Nuceria!”.

Esta pelea en las gradas no pasó desapercibida y hubo consecuencias. Así, el Senado impuso la prohibición de combates de gladiadores en Pompeya durante diez años, aunque finalmente solo fueron cinco, cuando aproximadamente en el 65 se levantó la sanción porque la ciudad se había convertido en colonia y porque el emperador Neron se casó con Poppea, natural de la localidad.

La Guardia Civil ha detenido en Cenicero a un hombre de 30 años como presunto autor de los delitos de atentado a agentes de la autoridad y lesiones graves tras protagonizar un altercado en la vía pública durante la pasada noche. Los hechos se iniciaron en la terminal de autobuses del municipio riojano, donde el individuo se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas e impactando contra el mobiliario urbano. Tras ser afeada su conducta por un grupo de vecinos que transitaba por el lugar, el sospechoso arremetió de forma violenta contra ellos provocando un grave incidente.

La agresión se saldó con dos personas heridas de diversa consideración. Entre las víctimas se encuentra una mujer que tuvo que recibir cinco puntos de sutura en la cabeza tras sufrir un fuerte puñetazo, así como otro vecino al que provocó heridas en el rostro con tres puntos de sutura y la rotura de sus gafas tras ser víctimas de diversos golpes. Durante el altercado, el agresor llegó a desnudarse parcialmente en la vía pública para tratar de golpear a los presentes utilizando su propio cinturón como arma improvisada.

Hasta la zona se desplazaron varios efectivos de la Guardia Civil, quienes se vieron obligados a reducirlo de manera coordinada entre cuatro agentes ante la extrema violencia. En el transcurso de la detención, el arrestado arremetió de nuevo contra las fuerzas de seguridad, infligiendo mordiscos y contusiones a los agentes antes de ser trasladado a dependencias policiales para su posterior puesta a disposición judicial. Se le acusa de varios delitos de lesiones y atentado contra la autoridad.

La sección de Instituciones Penitenciarias de CSIF Cantabria ha mostrado este viernes su preocupación por los graves incidentes registrados este miércoles en el Centro Penitenciario de El Dueso, donde se produjeron tres episodios violentos a lo largo de una misma jornada, incluido un enfrentamiento multitudinario entre internos que requirió la intervención de los funcionarios que se encontraban de servicio.

Desde CSIF Cantabria recuerdan que el sindicato ya advirtió el pasado 13 de agosto a la Dirección del centro y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de la imposibilidad de realizar una adecuada separación interior de los internos, debido a las características del centro y a la falta de espacios adecuados para ello. “La situación actual demuestra que las advertencias realizadas por el sindicato no han sido atendidas”, señala CSIF.

Por ello, CSIF Cantabria reclama a Instituciones Penitenciarias que actúe de forma inmediata, habilitando mecanismos efectivos de separación interior, revisando la política de destino y traslado de internos, reforzando la plantilla de funcionarios y cubriendo las plazas médicas necesarias.

“A diferencia de los centros penitenciarios de estructura modular, donde un interno conflictivo puede ser separado y trasladado inmediatamente a otra unidad, El Dueso concentra a internos con perfiles muy diferentes y carece de módulos suficientes para realizar una clasificación interior efectiva. Incluso el módulo de ingresos, que tiene carácter provisional y no está diseñado para residencia permanente, se está utilizando para intentar paliar esta carencia”, explica el sindicato.

CSIF considera que el problema se hace especialmente evidente cuando se produce un incidente: “¿Qué ocurre cuando hay una pelea? Que no tenemos dónde separar a los internos.El problema no es solo sofocar el incidente, sino qué hacemos después con los implicados para evitar que vuelva a ocurrir”, señala.

El sindicato considera especialmente grave que esta situación se produzca pese a haber sido advertida hace apenas dos semanas. “No se puede esperar a que ocurra una desgracia para actuar”, advierte CSIF, que destaca además la profesionalidad de los funcionarios que tuvieron que intervenir ayer para controlar los distintos incidentes.

A esta situación se suma la grave falta de médicos. Aunque la relación de puestos de trabajo contempla siete facultativos para El Dueso, las plazas no están cubiertas. Actualmente, el centro dispone únicamente de un médico autorizado a tiempo parcial, con una presencia aproximada de cuatro horas durante los días laborables, sin cobertura médica presencial durante las noches ni los fines de semana, ni una cobertura adecuada para las urgencias que puedan surgir.

El Gobierno y el Partido Popular han coincidido en la Comisión de Interior del Congreso al hacer un llamamiento urgente a la “calma” y al “cese de cualquier tipo de violencia” en Ceuta, mientras la extrema derecha de Voz azuza el estallido racista registrado en los últimos días en la ciudad autónoma. Al llamamiento al cese de la violencia se ha sumado el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que ha leído una declaración institucional en la que ha calificado de “legítimas” las manifestaciones pero “siempre de manera pacífica y ordenada”: “Rechazamos con total rotundidad el uso de cualquier tipo de violencia. Los violentos no nos representan”.

Parte de las intervenciones de los diputados en el Congreso han estado marcadas por la gravedad de la violencia en Ceuta, donde la quema de parte de los asentamientos de la playa del Trampolín, las agresiones a periodistas y a vecinos musulmanes, así como el hostigamiento a negocios que atienden a personas migrantes han irrumpido en el debate parlamentario.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado la situación de “extraordinaria” y comprensiblemente preocupante, pero ha recalcado que “la violencia no es en modo alguno el camino”. Ante el retraso en la activación de un mando único, el titular de Interior ha defendido que el Ejecutivo y la totalidad de sus ministerios han estado respondiendo “al lado de la ciudadanía de Ceuta desde el primer momento”.

El titular de Interior ha insistido, además, en que “una vez superada la fase inicial centrada en el salvamento, la asistencia humanitaria y la identificación”, el Gobierno continuará aplicando los procedimientos legales para gestionar el retorno de las personas migrantes que “no reúnan las condiciones” para permanecer en España.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha sumado durante su comparecencia en el Congreso al llamamiento a la calma para que la Cruz Roja pueda distribuir hoy agua y comida como hace cada tarde desde el inicio de la emergencia en Ceuta. “Cruz Roja está constituida en gran medida por personas voluntarias que dedican su tiempo y su esfuerzo a prestar apoyo y atención humanitaria a quienes más lo necesitan. No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario”, ha reclamado después de varias jornadas de disturbios y violencia contra los migrantes que continúan en la playa del Trampolín ante la falta de espacios en los que pernoctar.

El PP: “Quien piense que con la violencia ayuda, se equivoca”

Por su parte, el diputado del PP Javier Celaya, originario de Ceuta, se ha sumado a la petición de serenidad, advirtiendo de que acciones como “acosar a periodistas o bloquear el paso a la Cruz Roja” no benefician a la ciudad. “Quien piense que con la violencia (...) ayuda a Ceuta, se equivoca completamente. Lo único que está haciendo es dar alas a aquellos que pretenden señalar a los invasores como víctimas, cuando las verdaderas víctimas somos los ceutíes”, ha afirmado.

Celaya ha justificado la “desesperación e indignación” de la población ceutí achacándola a la “pasividad” del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien el PP ha criticado duramente por la gestión de la crisis. La diputada Ana Vázquez ha acusado al Ejecutivo de dejar “abandonados” a los ceutíes. “El Gobierno no ha respondido de forma adecuada. Es un Gobierno descontrolado, desbordado y totalmente enfrentado entre sí”, ha dicho Vázquez. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dicho en una entrevista que “nadie justifica la violencia” pero, a continuación, ha añadido que el Gobierno debe ser “consciente” de que la tensión a la que “están sometidos” los vecinos es “por su incapacidad y su ineficacia”: “La inacción se paga”.

La intervención del diputado Celaya evidencia un cambio de discurso en el PP, cuyo portavoz nacional, Borja Sémper, pidió este lunes “no señalar a la gente” después de que personas sin identificar destruyeran el campamento improvisado que cientos de personas habían montado en la playa del Trampolín de la ciudad autónoma ante la falta de otros alojamientos. “No hay que señalar a la gente, hay que señalar a quienes gobiernan”, dijo Sémper este jueves.

El único grupo parlamentario que ha hecho un respaldo implícito a los recientes altercados racistas ha sido Vox. “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, como admirablemente lo está haciendo el propio pueblo”, ha dicho su diputado Ignacio Gil Lázaro, quien ha calificado la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma como un “plan de asalto contra la integridad territorial de España” facilitado por la “inacción cómplice” de un Gobierno que ha calificado de “corrupto y traidor”.

El diputado de extrema derecha ha pedido la “expulsión inmediata” de todas las personas que entraron y que los menores sean “devueltos ya a sus padres o a las instituciones marroquíes” a pesar de que los expertos recuerdan la flagrante ilegalidad que supondría devolver en bloque a los menores.

Sumar responsabiliza al PP y a Vox de los altercados

Por su parte, el diputado de Sumar Enrique Santiago ha responsabilizado al PP y a Vox de los altercados racistas registrados en la ciudad autónoma. “Responsabilizamos de esta violencia a quienes han llamado expresa y reiteradamente a cazar a inmigrantes, especialmente a Vox; y a quienes piden soluciones imposibles a esta crisis, como el Partido Popular. Exigimos el cese de la violencia, el castigo a los responsables y el castigo a los inductores”, ha aseverado.

Santiago ha recordado que “existen leyes internacionales, europeas y nacionales que obligan a respetar la dignidad humana y los derechos humanos”. Y ha dicho que las personas migrantes “podrán ser devueltas o podrán permanecer en España”, pero el Estado de derecho debe actuar “con respeto a la ley”.

El diputado de Sumar también se ha mostrado escéptico con el hecho de que Marruecos vaya a hacerse cargo de los menores no acompañados. “Marruecos no ha recibido los cadáveres [de las personas que murieron intentando entrar a nado], menos va a recibir a los vivos. Marruecos no ha recibido a un menor en los últimos 14 años”, ha afirmado.

La ermita de San Bartolomé en Leioa separaba este lunes por la tarde dos formas de vivir las fiestas del barrio. Por un lado, delante del edificio religioso, un centenar de personas han sido testigos de las Asto Probak, pruebas de arrastre de piedra con burros, mientras que, por otro lado, detrás de la ermita, decenas de vecinos se manifestaban en contra. Los gritos de “¿Cómo os puede divertir ver a un animal sufrir?” se ahogaban en la música que ambientaba este deporte rural muy extendido en Euskadi y otras zonas del país.

Las pruebas de Leioa han consistido en la presentación del burro al público en primer lugar, para después colocarle una piedra de alrededor de 700 kilogramos al lomo y al cuello con unas cadenas. En este momento, el animal, inquieto ante lo que estaba ocurriendo, ha comenzado a defecar. Cuando el pitido de inicio de la prueba ha sonado, uno de los cuatro hombres que manejaban al animal le ha dado un golpe seco con una vara, mientras otro le ha agarrado del hocico con el objetivo de guiarle. Así, el animal ha trasladado la piedra por una recta mientras dos hombres le golpeaban con varas de madera y otro se posicionaba en la parte trasera, con una vara distinta, más conocida como una aguijada por su punta de hierro para picar al burro y que este obedezca. Si el animal lanzaba una coz, el golpe recaía en la piedra. En total, cada animal ha tardado una media de un minuto en realizar la ida y otro minuto en realizar el regreso. Y así sucesivamente con distintos animales hasta lograr un ganador: el burro que durante más tiempo sea capaz de transportar la piedra y dé más vueltas al recorrido, llegando a durar más de 20 minutos por animal.

Una fuerte presencia policial de Policía Municipal y la Ertzaintza dividía a los dos grupos de vecinos con el fin de evitar altercados entre ellos. Mientras los que veían las pruebas eran reacios a hacer comentarios a la prensa y cuidaban quién se acercaba al evento -se trata de un barrio pequeño en el que prácticamente todos se conocen- en la manifestación los vecinos que se mostraban en contra de la Asto Probak buscaban llamar la atención de la mayor gente posible. “A nosotros no nos da vergüenza estar aquí, ni que nos miren, pero parece que a ellos sí que les avergüenza lo que hacen porque no quieren que nadie de fuera se entere. Nosotros cuantos más seamos mejor, de hecho, entregaremos diplomas a todos aquellos que se acerquen a la protesta a modo de reconocimiento de compromiso, por haber alzado la voz por los que no pueden hacerlo, y haber dicho, alto y claro, que el sufrimiento animal no es tradición”, ha señalado una vecina a este periódico.

“Como decía Eduardo Galeano, 'mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo'. Todos los estudios científicos y las normativas indican que los animales sienten. Por eso, las pruebas de arrastre de piedra con animales han desaparecido de todas las fiestas de barrio de Leioa, salvo de las de San Bartolomé. En las Asto Probak, un burrito que no pesa más de 400 kg es obligado a arrastrar una piedra de 700 kg durante 20 minutos. No hay en el mundo ninguna otra prueba regulada que se realice con équidos en la que se exija un esfuerzo tan intenso durante tanto tiempo. Gana premios en metálico el dueño del burro que haga más veces el recorrido. Para ello puede romper hasta 2 varas pegando al burro, le pone una pieza metálica dentada sobre el hueso de su nariz, o le grita para recordarle todo lo que le han pegado en los entrenamientos”, han denunciado los vecinos que se han manifestado en contra de la actividad al considerarla maltrato animal.

Tras una pancarta en la que se leía “El respeto a los animales, una nueva tradición para el Leioa de los próximos 500 años” y “Fiestas sin maltrato animal”, decenas de personas de todas las edades se han manifestado con el objetivo de evitar que estos eventos se sigan produciendo y, en su lugar, se opten por actividades y deportes que no incluya el sufrimiento animal. “Es dudoso que unas pruebas que llegaron al barrio a mediados de los años 50 del siglo pasado puedan considerarse una tradición, pero ninguna tradición puede estar por encima de la razón. El Ayuntamiento de Leioa tiene competencias suficientes para limitar el acceso de menores a unas pruebas de carácter violento, o para condicionar las subvenciones y el uso del espacio público a que no se celebren pruebas de arrastre de piedra con animales. No pretendemos dejar a las fiestas sin subvención, sino quitar de las fiestas las Asto Probak. Por eso pedimos a la ciudadanía que siga siendo protagonista de la solución a este problema, informándose y participando en las movilizaciones, porque las fiestas sin sufrimiento animal son mucho mejores”, han solicitado los asistentes a la manifestación.

Un grupo de niños y niñas del barrio ha dibujado una pancarta que dos vecinas mostraban con orgullo y en la que se veía un burro atado a una piedra y el mensaje “San Bartolomé celebra con alegría no con palos”. “Las fiestas de Bartolomé dedican más dinero a los premios que dan a los dueños de los burros de las Asto Probak que a actividades para niños y niñas. Unas fiestas sin sufrimiento animal serían mucho mejores”, han señalado las vecinas.

Una década de protestas y una iniciativa popular que no ha sido aprobada

Las movilizaciones contra las pruebas de arrastre con burros en Leioa comenzaron hace una década. Tras recoger 11.500 firmas por internet en 2015 y 45.000 en 2019 y no recibir respuesta, en septiembre de 2025 iniciaron una recogida de firmas en papel que ha finalizado con un total de 3.115 firmas de personas mayores de edad residentes en Leioa para presentar una iniciativa popular ante el Ayuntamiento.

El pasado 23 de julio la iniciativa para sustituir las Asto Probak por otras actividades sin sufrimiento animal fue discutida y votada por el Pleno del Ayuntamiento de Leioa, donde fue rechazada con los votos en contra del PNV quien gobierna el Ayuntamiento con los socialistas, EH Bildu y el PP, mientras que el PSE-EE y Elkarrekin Podemos votaron a favor. Los grupos que votaron en contra defendieron que la organización de las fiestas corresponde a la comisión festiva del barrio y recordaron que las Asto Probak se desarrollan bajo la normativa de la Federación de Deportes Vascos. “A pesar de ese resultado, no damos el tema por cerrado. La petición de más de 3.000 personas empadronadas en Leioa va a seguir estando sobre la mesa del Ayuntamiento cada vez que discuta el plan anual de subvenciones, cada vez que hablen sobre el modelo de fiestas que quieren para Leioa, pero, sobre todo, cada vez que la ciudadanía se lo recuerde, mediante concentraciones pacíficas como la de hoy”, han concluido los manifestantes, que aseguran que la Comisión de Fiestas está constituida como asociación independiente en 2007 “por personas que en su mayoría hace años que no viven en el barrio y está blindada para que no entre nadie que no venga avalado por dos personas que ya son socias”.

Para llevar a cabo la iniciativa popular, los vecinos presentaron ante el Ayuntamiento un informe de 40 páginas con valoraciones de veterinarios que certifican “el dolor y estrés” que producen en los burros las pruebas de arrastre de piedra en fiestas.

En los informes veterinarios, los expertos identifican múltiples factores que causan “un sufrimiento innecesario en los burros”. En primer lugar, destacan el “esfuerzo extremo”. “Las Asto probak son una actividad anaeróbica de alta intensidad, lo que significa que requiere un gran esfuerzo en un corto período de tiempo. Los burros, que pesan alrededor de 400 kg, arrastran una piedra de 700 kg, por ejemplo, en repeticiones de 15 segundos con 6 segundos de descanso durante un total de 20 minutos. Aunque se descuente el tiempo de descanso, el esfuerzo se prolonga por 14 minutos, un tiempo considerablemente más largo que los tres a seos minutos de duración máxima de otras pruebas reguladas con équidos”, detallan los veterinarios, que afirman que esta prolongación del esfuerzo causa “un sufrimiento injustificado en los burros”.

En segundo lugar, los expertos detectan “signos de dolor y estrés” durante y tras la práctica. “Los burros reaccionan al estrés con una inmovilidad estoica, un comportamiento que les ayuda a no parecer vulnerables a sus posibles depredadores. Por esta razón, el malestar debe identificarse a través de sus expresiones corporales y faciales. En las Asto probak, se observa que los burros tiran de la piedra con la cabeza muy levantada, lo que es un signo de estrés, miedo y deseo de huir”, destaca el informe que también señala expresiones de “evitación por miedo”, como la retirada de la cabeza ante la vara, así como expresiones de dolor o malestar en la cara, como tensión en la zona de las fosas nasales, arrugas sobre los belfos y ojos con la ceja elevada.

La tercera de las conclusiones a las que llega el informe es que las Asto probak suponen para estos animales “un castigo físico y psicológico”. “Hay varias formas de castigo utilizadas en las 'asto probak'. Los gritos generan reacciones de evitación en los burros debido a un entrenamiento previo que asocia el grito con el dolor. También se observan tirones de riendas y golpes con la vara o akullu”, sostienen los expertos, que destacan que el reglamento de la Federación de Herri Kirolak permite el uso de la vara, pero a diferencia de en Euskadi, en la Comunidad Valenciana, donde también se llevan a cabo actividades con animales, el uso de la vara se considera maltrato animal. “En Euskadi también se utiliza una serreta, una pieza metálica dentada que se coloca sobre el hueso nasal del burro, cubierta con una cinta que no elimina el dolor de la presión”.

Según concluyen, las actividades que se basan “en el miedo o el dolor por castigo y que implican altos niveles de estrés son incompatibles con el bienestar animal”. Además, recuerdan que la Ley 17/2021 reconoce a los animales como seres sintientes, lo que implica que su bienestar no solo es físico, sino también emocional y sostiene que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSAOIE) también recomienda evitar actividades que causen sufrimiento a los équidos de trabajo.

Desde el Ayuntamiento de Leioa señalan a este periódico que “las Asto probak, que se desarrollan en el marco de las fiestas del barrio de San Bartolomé, cuentan con los permisos pertinentes de Diputación, están sujetas a la normativa foral referente al control de sanidad y bienestar de los animales que participan en deportes rurales”. “Esta no es una actividad propuesta por el Ayuntamiento de Leioa, sino que se desarrolla a petición e iniciativa de la Comisión de Fiestas de San Bartolomé; compuesta por vecinos y vecinas del barrio. Es decir, que es una actividad que se desarrolla porque vecinos y vecinas así lo solicitan”, justifica el Consistorio tras rechazar la iniciativa popular de los vecinos por cambiar la actividad por otras que no incluyan animales.

Todo comienza con un chispazo insignificante: un roce entre la multitud, una copa derramada, una mirada mal interpretada, una palabra fuera de lugar. Durante una fiesta patronal, sin embargo, un incidente que en otro contexto quizá terminaría con una disculpa puede convertirse, en cuestión de segundos, en una pelea.

El alcohol, la presión del grupo, la necesidad de mantener el orgullo ante los demás y determinadas rivalidades pueden transformar un conflicto individual en una confrontación colectiva. Y cuando hay menores implicados, las consecuencias pueden ir mucho más allá de aquella noche.

No hace falta imaginarlo. Basta con repasar la prensa regional para encontrar ejemplos de reyertas ocurridas durante fiestas patronales y celebraciones locales. Algunas alcanzan una gravedad extrema y terminan ocupando titulares. Otras, afortunadamente, no pasan de un incidente puntual.

Pero los periódicos solo cuentan una parte de la realidad. Existe otra mucho más amplia y silenciosa: la de los altercados que nunca llegan a convertirse en noticia.

Porque no todo lo que ocurre durante una noche de fiestas acaba en un periódico. Hay peleas que se disuelven antes de llegar a mayores, discusiones que requieren la intervención de la Policía Local o de la Guardia Civil, jóvenes que terminan con lesiones leves, familias que tienen que acudir de madrugada a un centro sanitario y conflictos que, aunque no dejan un titular al día siguiente, sí dejan consecuencias entre quienes los viven.

En los pueblos, muchos de estos episodios se gestionan de manera local. Se interviene, se separa a los implicados y, en ocasiones, todo queda aparentemente resuelto cuando vuelve la calma. No hay noticia, no hay titulares y, para buena parte de la comunidad, quizá al día siguiente parezca que no ha ocurrido nada.

Pero que un incidente no llegue a los medios no significa que sea irrelevante. Para quien ha recibido un golpe, para una familia que ha tenido que acudir de madrugada a urgencias, para unos padres que reciben una llamada porque su hijo está involucrado en una pelea o para quienes han tenido que intervenir para evitar que un conflicto vaya a más, aquella noche sí ha tenido importancia.

Y existe además un efecto que resulta difícil de medir: la acumulación. Un altercado aislado puede parecer poca cosa. Una pelea sin consecuencias graves puede quedar reducida a una anécdota. Pero cuando año tras año se repiten pequeños incidentes que nadie considera suficientemente importantes como para hablar de ellos, quizá estemos dejando de ver el problema en su conjunto.

Porque la ausencia de noticias no equivale necesariamente a la ausencia de problemas. Los periódicos cuentan aquello que alcanza determinada dimensión, gravedad o interés público. La vida de un pueblo, sin embargo, transcurre también en una zona mucho menos visible: en las pequeñas peleas, en los conflictos entre grupos, en las discusiones que terminan a empujones, en los jóvenes que tienen que ser separados y en esas situaciones que, por suerte, no terminan peor.

Y precisamente por no terminar peor no deberíamos dejar de preguntarnos por qué ocurren. Quizá la verdadera prevención consista también en prestar atención a esa parte de la realidad que no llega a convertirse en noticia. Porque esperar a que una pelea sea lo suficientemente grave como para aparecer en un periódico significa, en cierto modo, esperar a que el problema ya haya alcanzado una dimensión que nadie quería.

En una pelea, además, las fronteras entre víctima y agresor no siempre son tan sencillas. Puede haber personas que hayan participado activamente en la confrontación y que, al mismo tiempo, hayan terminado sufriendo lesiones. Una persona puede haber agredido y acabar herida. Puede haber iniciado una confrontación y terminar necesitando asistencia médica. Y alguien que inicialmente se encontraba al margen puede acabar entrando en la pelea. Reconocer esta complejidad no significa justificar la violencia ni repartir responsabilidades de manera automática, sino analizar qué hizo cada persona, cómo se inició el conflicto y cómo evolucionó.

Pero existe una dimensión del problema de la que hablamos mucho menos: lo que ocurre cuando termina la fiesta.

Cuando las luces se apagan, la música deja de sonar y las calles recuperan la calma, comienza otra dinámica. En pueblos donde todos se conocen, señalar a un vecino, identificar a un agresor o denunciar a los hijos de una familia conocida puede tener un coste social importante. Aparecen entonces los silencios, las justificaciones y la tendencia a quitar importancia a lo sucedido.

“Son cosas de chavales”. “No ha sido para tanto”. “Los problemas los traen los de fuera”.

Frases aparentemente inocentes pueden terminar convirtiéndose en una forma de normalización.

Y ese quizá sea uno de los mayores riesgos: que la comunidad termine aceptando como inevitable aquello que debería considerar intolerable.

Y cuando hay menores, hay otra cuestión especialmente delicada que tampoco deberíamos esquivar: la responsabilidad de los adultos. No para señalar a unos padres concretos ni para convertirlos en culpables de todo lo que hagan sus hijos, sino para preguntarnos si, como sociedad, estamos confundiendo la autonomía de los adolescentes con la ausencia de límites.

En muchos pueblos resulta habitual encontrar a chicos y chicas de 13 o 14 años a altas horas de la madrugada en peñas y otros espacios festivos, sin una supervisión adulta cercana. No significa que todos ellos beban, que todos tengan problemas ni que todas las familias actúen de la misma manera. Pero sí debería hacernos reflexionar. Porque quizá lo más llamativo no sea solamente que ocurra, sino que muchas veces ya ni siquiera nos sorprenda. “Son fiestas”. “Siempre se ha hecho así”. “Son cosas de chavales”.

Pero ¿en qué momento dejamos de preguntarnos si algo que hemos normalizado es realmente normal?

No se trata de criminalizar a los jóvenes ni de impedirles disfrutar de las fiestas. Tampoco de pretender que los padres puedan controlar cada minuto de una noche. Se trata de asumir que la autonomía de un menor debe ir acompañada de un grado de supervisión acorde con su edad y con las circunstancias, especialmente cuando hablamos de noches largas, consumo de alcohol, aglomeraciones y situaciones en las que un conflicto puede escalar rápidamente.

También significa asumir que la responsabilidad no termina en quien protagoniza una pelea. Existe una responsabilidad familiar, institucional y, en cierta medida, colectiva: la de no mirar hacia otro lado.

La responsabilidad de una familia no empieza cuando recibe una llamada porque su hijo ha resultado herido o ha participado en una pelea. Empieza mucho antes: preguntando dónde está, con quién está, a qué hora volverá, qué límites existen y qué hacer si surge un problema.

Y hay otra cuestión todavía más difícil de asumir: la dificultad que tenemos, a veces, para aceptar que nuestros hijos pueden haberse equivocado. Cuando ocurre un incidente, es comprensible que lo primero que queramos sea protegerlos. Pero proteger a un hijo no significa justificar todo lo que haga. A veces protegerlo significa precisamente decirle que se ha equivocado, ayudarle a asumir las consecuencias y enseñarle que participar en una pelea, aunque también haya terminado herido, no deja de tener importancia.

Educar también significa eso: ser capaces de querer a nuestros hijos sin convertir ese amor en una defensa automática de todas sus actuaciones.

Y quizá aquí también debamos revisar una cierta tendencia a minimizar determinadas conductas cuando forman parte de las tradiciones de un pueblo. Que una práctica sea habitual no la convierte necesariamente en segura. Que generaciones anteriores hayan crecido de una determinada manera tampoco significa que debamos aceptar sin más los riesgos que hoy conocemos mejor.

Las fiestas son espacios de convivencia y diversión, pero no deberían convertirse en un territorio sin adultos, sin límites y sin consecuencias. Proteger a los menores no significa encerrarlos ni impedirles disfrutar de las fiestas. Significa acompañar progresivamente su autonomía y recordar que detrás de cada adolescente hay también adultos que tienen la responsabilidad de educar, poner límites y estar presentes.

No se trata de criminalizar a los jóvenes ni de impedirles disfrutar de las fiestas. Tampoco de pretender que los padres puedan controlar cada minuto de una noche. Se trata de asumir que la autonomía de un menor debe ir acompañada de un grado de supervisión acorde con su edad y con las circunstancias

Prevenir la violencia durante las fiestas no significa únicamente aumentar la presencia policial. Significa trabajar antes de que llegue la noche: coordinar a ayuntamientos, organizadores, peñas, familias, servicios sanitarios y fuerzas de seguridad; implicar a los jóvenes; diseñar espacios seguros; detectar los puntos de mayor riesgo y establecer protocolos claros de actuación.

Significa asumir que la responsabilidad no termina en quien protagoniza una pelea. Existe una responsabilidad familiar, institucional y, en cierta medida, colectiva: la de no mirar hacia otro lado.

Porque una fiesta puede terminar con una pelea y ser noticia al día siguiente. Pero cuando una comunidad decide callar, el problema puede durar mucho más.

Cuando una familia prefiere pensar que “son cosas de chavales”, cuando se atribuye sistemáticamente el problema a «los de fuera» o cuando nadie quiere asumir que quizá faltaron límites, supervisión o prevención, el problema puede durar mucho más que aquella noche.

La verdadera prevención comienza precisamente ahí: cuando dejamos de considerar la violencia como una parte inevitable de la fiesta y nos atrevemos a hablar de ella.

Solo entonces podremos conseguir que, año tras año, la noche festiva termine con música, encuentros y recuerdos compartidos, y no con una nueva capa de silencio.

Porque quizá el verdadero problema no sea solamente que un adolescente se pelee una noche. El verdadero problema aparece cuando todos los adultos que lo rodean encuentran una razón para explicar por qué aquello no tiene demasiada importancia.

¿Qué estamos enseñando a nuestros adolescentes?

¿Qué estamos permitiendo?

¿Qué estamos normalizando?

¿Y qué podríamos haber hecho antes para evitar que aquel primer roce terminara en violencia?

La música termina. Las luces se apagan. La plaza y las peñas quedan vacías. Pero lo que ocurrió aquella noche no desaparece simplemente porque llegue el silencio. La pregunta es qué hacemos con ese silencio.

Si lo utilizamos para esconder lo ocurrido, probablemente volverá a suceder. Si lo utilizamos para hablar, para asumir responsabilidades y para preguntarnos qué podríamos haber hecho antes, quizá entonces una fiesta deje de ser simplemente una noche que salió bien o mal y se convierta también en una oportunidad para aprender como comunidad.

IU-Podemos ha pedido al Ayuntamiento de Torrelavega que incremente “de forma significativa” el número de Puntos Violeta y Arcoíris de las fiestas patronales de 2026, que se celebran del 13 al 25 de agosto, ampliando su presencia en los principales espacios festivos y zonas de ocio de la ciudad, respecto del número de 2025.

“Si queremos unas fiestas seguras, libres de agresiones machistas y LGTBIfóbicas, no podemos conformarnos con repetir año tras año el mismo dispositivo. Este año tiene que haber más Puntos Violeta y Arcoíris que en 2025 y tienen que estar mejor distribuidos por la ciudad”, ha señalado el concejal de IU-Podemos, Borja Peláez, en nota de prensa.

La coalición ha destacado que el objetivo no debe ser mantener el dispositivo del año anterior, sino “reforzarlo y ampliar su cobertura”, teniendo en cuenta la concentración de actividades y de personas en distintos puntos de la ciudad durante las fiestas.

“Un Punto Violeta o Arcoíris no puede ser una cuestión estética ni una mesa para cumplir el expediente. Tiene que ser un recurso útil, visible y accesible. Si una mujer sufre una situación de acoso o una persona LGTBI se encuentra ante una agresión o una situación de discriminación, tiene que saber dónde acudir y tener ese recurso cerca”, ha dicho el edil.

Y es que, Peláez ha opinado que estos puntos deben tener presencia suficientemente visible en los espacios de ocio, escenarios, barras, baños y zonas de mayor concentración de público.

Así, ha matizado que La Patrona es para “disfrutar, encontrarse y celebrar”, por lo que el equipo de Gobierno (PSOE-PRC) tiene que garantizar que nadie tenga que “elegir entre salir de fiesta y sentirse seguro”. “Queremos que las mujeres puedan volver a casa sin miedo y que ninguna persona tenga que esconder quién es para poder disfrutar de las fiestas”, ha concluido.

Ninguna persona se desquicia sola. Ninguna persona justifica las violencias del día a día hasta que le han domesticado del todo y ya no sabe lo que es violencia y lo que no y se pregunta si quizá la culpa es suya y se dice que a lo mejor empleó un tono fuera de lugar, que lo suyo no es para tanto. Que está sobrerreaccionando. Estos son los pensamientos recurrentes de Julia, la protagonista de Broma (Editorial dieciséis, 2026), la primera novela de Lucía Marín (Granada, 1985), autora de los libros de relatos No somos flores (Nazarí, 2017) y La piel caduca (RIL, 2018), y que ha sido editada por Sabina Urraca.

Marín explora en Broma la vida de una mujer joven en torno a dos relaciones: la que tiene con un padre ausente que se muere —un padre que ha entregado su vida al cuidado de los demás a costa de descuidar lo suyo propio— y el desvanecimiento de un vínculo, una pareja, progresivo e intermitente que la va matando poco a poco. Broma es una novela cosida con bisturí que está llena de preguntas sobre el comportamiento humano. La primera, quizá, sea hasta qué punto está dispuesta una persona a dejarse llevar, a dejarse arrastrar, por amor. O por la falta de este.

“Hacía mucho tiempo que tenía el tema rondado en la cabeza”, explica Marín en conversación con elDiario.es frente a un batido en una cafetería en el madrileño barrio de la Latina. “Había escrito un par de relatos, que han acabado por convertirse en capítulos de esta historia”, confiesa para señalar que la figura del padre aquí dibujada tiene una historia un tanto paralela a la de su propio padre, al que recuerda al final del libro, en los agradecimientos, con un apelativo cariñoso que también llevará, en algún momento, el padre de la ficción: “A Igor Mansevich, allá donde se encuentre”.

Cuenta Marín que ella quería escribir una historia de violencia donde la violencia está ahí, la ves y la miras a los ojos, pero no es palpable, no la puedes tocar, no la puedes señalar porque son dosis tan pequeñas que, hasta que no las juntas todas, no te das cuenta de que te han envenenado. “Me interesaba explorar el destrato y el maltrato desde lo cotidiano”, señala la autora para añadir que “una de las preguntas radicales de esta novela es quién decide qué es violencia; si lo decide el que la perpetra o quien la sufre”.

Un padre que cambió una vida corriente, una mujer y una hija, para dedicarse plenamente a un ideal. Un padre que ejerce de padre de otros niños y adolescentes menos de su propia hija porque ella lo entiende, cómo no lo va a entender, si en vez de su hija puede ser algo mejor: su mejor amiga. “Y ella acepta, claro, piensa que no tiene un amigo tan bueno e interesante como su padre”, explica la autora para señalar que la protagonista se va quedando con las migajas que le ofrecen los otros. “Ella piensa que, si ya no va a ser su padre, por lo menos se queda con eso, con lo que le da”, continúa para incidir en que Julia ansía tanto eso que brilla que está dispuesta a pagar el precio. Sea cual sea. Un padre carismático que nunca ejercerá de padre y un novio, también carismático y atractivo, que nunca la tratará como una pareja. Y, ni mucho menos, como a una igual.

Luz de gas

La luz de gas o gaslighting es también otro de los protagonistas de la novela. Un término cuya definición se encuadraría como una forma de abuso psicológico y manipulación en la que una persona hace que otra dude de su memoria, de su juicio, de sus percepciones y de su propia realidad. Un abuso que, en ocasiones, sufre el propio lector: “Esto es algo que me dijeron en la presentación del libro en Madrid porque, claro, todo lo que hacen ambos hombres está muy bien argumentado desde su perspectiva”, recuerda Marín para poner dos ejemplos en la novela: cuando el padre le dice a la hija con 18 años recién cumplidos que ya es adulta, que no le va a pasar la manutención porque hay otros niños que le necesitan más que ella. O cuando su novio, de vacaciones y embarazada, le dice que no la quiere, pero que no la va a dejar, que va a estar a su lado siempre que ella quiera. Que si la relación termina será decisión de ella, no de él, que ella tiene todo el poder de decisión.

“Hay un patrón que también quería explorar y es el de qué ocurre en medio de un conflicto cuando la otra parte no asume su responsabilidad”, continúa la escritora para apuntar que se crea una situación tan inestable y de tanta incertidumbre que una acaba asumiendo toda la culpa. “Si tú te adjudicas la culpa sientes que tienes el control y, así, al menos, parece que puedes hacer algo con ello, puedes resolverlo en el futuro”, argumenta. Pero a Julia, su protagonista, esto cada vez le va sirviendo menos. “Tiene una pulsión tremenda de tener una familia, de armar un núcleo familiar como el que ella nunca tuvo. Lograr una familia feliz para sanar y está dispuesta todo. Hasta a ir a terapia de pareja, pero sola, claro, ella se encargará de todo”, continúa Marín, que dibuja la vida de Julia a medio camino entre lo trágico y lo cómico, donde un novio encantador con todo el mundo menos con ella, desarma una a una todas las demandas de una mujer que solo desea ser amada.

También por su entorno, pero el estar siempre mal también cansa. Aburre. “Tenemos muy poca tolerancia al dolor ajeno. Es muy cansado soportar al amigo, a la amiga, que está siempre mal y es muy común que este acabe siendo abandonado”, apunta Marín, que dibuja una situación común en su historia, la de las amistades de ella que la van dejando de lado, poco a poco, se van yendo para acercarse un poco más a él. Al fin y al cabo, es mucho más divertido.

El consentimiento en el límite

Condicionada por un padre narcisista, y por el maltrato de ese padre a su madre, que acaba por permear también en la niña que fue. Julia se deja hacer, se deja insultar, pide perdón, no pone límites y escribe todo en un diario que lee su novio, quien se enfada y llora porque no le gusta cómo queda retratado y que solo admite haber sido pillado cuando ella se da cuenta, cuando ella entiende cómo puede ser que él actúe como si supiera todo lo que le pasa por la cabeza. Y es que lo sabe, claro. “Yo quería explorar eso, cómo se enfrenta el narcisista cuando está expuesto, cuando se siente vulnerado, y abordar un poco el tema de qué es peor, quien destrata o quien, luego, escribe sobre ese maltrato sufrido”, ironiza Marín, que tiene clara su respuesta.

Pero su novela, explica la autora, no pretende juzgar a un personaje u otro sino mostrar una concatenación de situaciones que pueden explotar en cualquier momento de cualquier manera y forma. Como, por ejemplo, una violación que al lector no le queda del todo claro que lo sea. Un caminar en el borde aún a sabiendas de que nada, en ese instante, está funcionando como debería. Que algo grave está pasando, aunque no se sepa muy bien qué. “Es una escena que escribí varias veces. Al principio desde fuera, porque quería ser lo más clínica y aséptica posible, precisamente para analizar si es o no es y volver a la idea de quién decide lo que es violencia”, explica.

“¿Quién decide lo que está ocurriendo? ¿Qué punto de vista es el válido? ¿Es una agresión si no te das cuenta de lo que la otra persona está sintiendo y esta se lo calla? Hay muchas preguntas que se pueden dar en una escena como esa y a mí interesa tanto explorar los límites dentro de la intimidad de una pareja, porque creo que es un tema que tiene muchísima miga”, desarrolla Marín que dice que una amiga lectora le dijo que estaba esperando que Julia reaccionase. Que en algún momento lo quemara todo. Pero al final no pasa nada.

“Es un final realista. A veces, el hecho de salir de ahí es suficiente”, señala. En la vida, cuando una sale de un lugar oscuro, rara vez le esperan fuegos artificiales. “Hay muchas pelis de venganza grandiosa, de rape-revenge, pero yo no quería hablar de nada de eso. Todo sigue un poco igual, ella sigue un poco de aquella manera. No hay ni gloria ni devastación, tan solo lo que queda cuando la tormenta se termina: un cuerpo, una persona”, zanja la escritora. Su protagonista, escribe, quiere seguir adelante como si nada de todo aquello hubiera pasado.

La semana pasada un socorrista del polideportivo de Txurdinaga fue brutalmente agredido a la salida de su puesto de trabajo. Según reconoce, los agresores le esperaron a que terminara de trabajar para golpearle por la espalda con un objeto en la cabeza, después de que este les llamara la atención por no ducharse para acceder a la piscina. La víctima tuvo que pasar la noche en el hospital, pero se recupera favorablemente aunque sigue de baja laboral tras lo ocurrido. No es la única agresión que han sufrido a lo largo de este año los trabajadores de polideportivos de Bilbao, que han denunciado esta situación este martes en una manifestación convocada por los sindicatos ELA, LAB, ESK, CCOO y UGT.

“Los insultos, las agresiones verbales y las amenazas son algo habitual en todas las instalaciones. Un compañero por hacer su trabajo fue brutalmente agredido. Queremos que se endurezca la normativa interna, que esta se aplique de forma real y efectiva y que no se aplique de forma laxa”, ha exigido Eneko Martín, presidente del comité de empresa de Emtesport, la mercantil de estos trabajadores que subcontrata Bilbao Kirolak, el organismo público municipal del Ayuntamiento de Bilbao que gestiona la red de polideportivos.

Una de las medidas que reclaman los trabajadores es la recuperación de la presencia policial en las instalaciones. “Fue una medida que en el pasado se comprobó que era disuasoria ante comportamientos así, pero que fue retirada”, ha lamentado Martín. En estos momentos las instalaciones de los polideportivos cuentan con una empresa de seguridad, pero según lamentan los trabajadores, “no controlan las amenazas ni los enfrentamientos directos entre usuarios y monitores o socorristas, ni vigilan las aperturas y cierres de las instalaciones”, donde se “producen gran parte de las agresiones”.

Joseba lleva 25 años trabajando en distintos polideportivos de Bilbao y ha reconocido a este periódico que llevan “varios años en los que los insultos, las amenazas y las faltas de respeto de los usuarios cada vez son más frecuentes”. “Afortunadamente son una minoría, pero cada vez va en aumento. Estas agresiones cada vez son más frecuentes a lo largo del año, pero en verano se multiplica. Pedimos cuestiones básicas: que las aperturas y cierres de las instalaciones no se hagan con una persona sola y que pongan medidas disuasorias, bien sea Policía municipal o Ertzaintza, como había antiguamente y que funcionaba”, ha destacado el trabajador, que insiste en que “cuando había presencia policial las agresiones disminuyeron considerablemente”.

Tras las manifestaciones realizadas este martes tanto a la mañana como a la tarde, desde el comité de empresa prevén reunirse con la dirección de Bilbao Kirolak y con el Ayuntamiento de Bilbao para ver “las soluciones reales que ofrecen”. “Si dichas soluciones no nos convencen tendremos que tomar otras medidas como el cierre de las piscinas o la huelga”, han alertado desde la plantilla.

Desde el Ayuntamiento de Bilbao, la concejala de Juventud y Deporte, Itxaso Erroteta, que ha acudido a mostrar su apoyo al finalizar la concentración de los trabajadores, ha condenado “rotundamente” la agresión a un socorrista y ha advertido que “el incivismo se castiga”. “El Ayuntamiento de Bilbao no va a consentir ni agresiones, ni altercados, ni comportamientos inapropiados en ningún equipamiento, espacios que sí o sí deben estar libres de estas situaciones como recintos seguros que lo son”, ha asegurado tras lamentar que “desgraciadamente, el incivismo va en alza”.

Por el momento la víctima no ha interpuesto ninguna denuncia ante la Ertzaintza, pero desde el Consistorio han informado de que a los agresores “se les aplicará la normativa inhabilitándoles, retirándoles el carné o prohibiéndoles el acceso a la instalación”. Erroteta ha indicado que “el crecimiento de estas situaciones” ha llevado al Ayuntamiento “ya desde el año 2005 a incrementar medidas, como un mayor número de socorristas, más personal auxiliar y la contratación de seguridad privada”. “El incivismo en Bilbao ni se perdona ni se queda sin castigo, y hoy tampoco”, ha concluido.

Una mujer de 32 años es madre de un bebé que tiene seis meses y va a consulta médica porque siente una ansiedad intensa y rechazo a determinadas prácticas cotidianas de la crianza, especialmente al baño y al cambio de pañal. Refiere sentirse muy incómoda al tocar los genitales de su hijo, incluso dentro del cuidado. Durante el proceso terapéutico le viene un recuerdo de situaciones con un primo en la infancia, recuerdos fragmentarios inicialmente descritos como 'juegos raros' y, es a partir del nacimiento de su hijo cuando comienza a comprender que aquello no eran juegos, era en realidad violencia sexual.

Este es uno de los casos que ha explicado Rosa Lizarraga Marañon, psicoterapeuta infanto-juvenil y especialista en atención a víctimas menores de abuso sexual, para desarrollar lo que sienten las mujeres que han sufrido violencia sexual en su infancia y deciden ser madres, durante el Curso de Verano EHU 'Violencias y Maternaje', que ha reunido durante este lunes y martes a expertos en psicología, atención a las víctimas y el sistema sanitario.

A la hora de tratar a estas mujeres, la experta ha recalcado que es importante trasladarles que la violencia sexual no es una sentencia de por vida. “Los procesos son distintos y es diferente si lo han contado a adultos y se han sentido escuchados, porque quien no se siente escuchado o no es creído cuando lo cuenta, sobre todo en el caso de los niños, deja de confiar en el ser humano, siente que nadie va a poder a ayudarle en la vida”, ha explicado.

Muchas veces el cuerpo recuerda la violencia sexual antes que la mente

Una de las cuestiones más complicadas de entender en el caso de la violencia sexual infantil es que el menor puede llegar a sentir placer y eso le lleva a la culpa. “La violencia sexual tiene que ver con la intromisión del adulto en el desarrollo de un niño. Es una intromisión muy fuerte que puede llegar a provocar mucha excitación y otras cosas que no pueden comprender porque muchas veces su propia cabeza no se lo permite. Tenemos a niñas que nos indican que su cabeza sentía asco y quería escapar, pero en su cuerpo sentía placer, algo que les descoloca del todo porque encima muchas veces los abusadores son sus familiares y eso les genera culpa porque les hace sentir cómplices”, ha indicado.

¿Qué ocurre en la maternidad con estas mujeres que han sufrido violencia sexual en su infancia? Según ha señalado Lizarraga, la maternidad hace que llegue la resignificación del abuso, sobre todo desde el cuerpo. “Otro de los casos que hemos trabajado es el de una mujer que relata que durante el embarazo comenzó a tener episodios de angustia intensa sin causa aparente y que en el tercer trimestre empezó a tener sueños recurrentes con sensaciones corporales invasivas, sin imágenes claras. Tras el parto, estas sensaciones se intensificaron durante la lactancia y, justo después consigue poner palabras a una historia de abuso en la primera infancia, sin recuerdos organizados pero con un fuerte registro corporal porque el cuerpo recuerda antes que la mente”, ha apuntado.

Para estas mujeres la maternidad en la que se destapan los casos de violencia es una oportunidad para que el abuso no sea la experiencia central de sus vidas

Esa vivencia corporal intensa, ha explicado la experta, hace que se reactive la historia personal de cada persona. “En una historia de violencia sexual en la que la víctima no recuerda lo que vivió, se produce un momento importante cuando su hijo o hija cumple la edad en la que la víctima fue abusada, lo que se entiende como 'el hijo como espejo'. Esto genera un impacto en la maternidad porque reactiva la historia personal y el trauma, dificulta la cercanía corporal y emocional con el menor y crea una hiperprotección maternal”, ha detallado.

“Tenemos a mujeres que evitan abrazar a sus hijos durante mucho rato y otras que crean una hipervigilancia que hacen que el menor no tenga ninguna autonomía ni se relacione con nadie con el objetivo de evitar la repetición de la violencia sexual. Eso también daña mucho a los chavales porque necesitan autonomía y contacto para experimentar y crecer. Otro de los problemas ocurre con mujeres que no han sabido identificar el abuso y, por tanto, no lo han trabajado. De alguna forma es como que tuvieran una especie de venda delante de los ojos que no les permite identificar las situaciones de abuso y eso incluso les lleva a repetirlas, a buscar parejas que son casualmente también abusadores y la historia se repite”, ha identificado la experta.

A modo de conclusión Lizarraga ha explicado que a la hora de trabajar con mujeres que han sufrido violencia sexual en la infancia, lo fundamental es “seguir sus tiempos”. “No se puede preguntar directamente acerca del abusador o del abuso, lo que hay que hacer es abordar la infancia preguntándole si dormía bien, si tenía buena relación con los adultos y aunque nos estén relatando una situación de violencia sexual no debemos nombrarlo como tal si ellas no lo han nombrado así primero, debemos usar sus palabras con paciencia y sin juicios. Por ello, para estas mujeres la maternidad en la que se destapan los casos de violencia es una oportunidad para que el abuso no sea la experiencia central de sus vidas, para que no sean mujeres abusadas, sino mujeres que en un momento de su vida sufrieron abuso. Con estas terapias y este trabajo conseguimos sacarles la violencia sexual de su identidad y así pueden ejercer una maternidad mucho más tranquila y satisfactoria”, ha concluido.

¿De qué manera afecta el trauma por haber sufrido algún tipo de violencia al proceso de la maternidad? ¿La violencia sufrida por la madre puede afectar al bebé? ¿Cómo se puede acompañar a una madre y sus hijos en el proceso? Con el objetivo de abordar estas cuestiones, el Curso de Verano de la EHU 'Violencias y Maternaje' ha reunido durante este lunes y martes a expertos en psicología, atención a las víctimas y el sistema sanitario, quienes han compartido sus experiencias y las limitaciones a las que se enfrentan en el acompañamiento y asistencia a las mujeres víctimas de violencia durante la maternidad en la red sociosanitaria de Euskadi.

En concreto en la mesa redonda sobre el acompañamiento y asistencia a estas mujeres han participado Iker Usón González, jefe de Servicio de inclusión social y atención a la violencia machista contra las mujeres de la Diputación de Gipuzkoa, Jon Bengoetxea Lopez, psicólogo y miembro del Servicio de Infancia de la Diputación de Bizkaia, Rosa Lizarraga Marañon psicoterapeuta infanto-juvenil y especialista en atención a víctimas menores de abuso sexual, Sonsoles Merino Sanchez, matrona del Hospital Universitario Donostia y, por último, Maria Ullate Rodríguez psicóloga sanitaria especializada en trauma e infancia, quien ha sido la encargada de moderar la conferencia.

Tras explicar las redes asistenciales y los recursos disponibles en Euskadi, los ponentes han abordado las limitaciones a las que se enfrentan en su día a día, así como los retos a la hora de desarrollar su labor de una forma correcta. En este sentido, Rosa Lizarraga Marañon, psicoterapeuta infanto-juvenil y especialista en atención a víctimas menores de abuso sexual, ha confesado que en muchas ocasiones los profesionales “no se atreven a intervenir” en casos de abuso sexual infantil, lo que dificulta su detección. “Tenemos compañeros y compañeras que trabajan en situaciones muy complicadas y en muchas ocasiones no se atreven a intervenir porque da mucho miedo. Se viven muchas situaciones de violencia al margen del abuso sexual infantil y con ellas no hay tanto problema a la hora de abordarlo, pero cuando llegamos al abuso sexual infantil es algo que cuesta mucho y hace falta acompañamiento también a los profesionales que estamos en primera línea. El abuso sexual infantil en muchas ocasiones no se ve hasta que el niño o la niña puede hablar, hasta que no hablan a los niños y niñas no se les siente víctimas, cuando lo fundamental es la detección e intervención temprana en todos los casos de violencia”, ha argumentado.

Muchas madres desarrollan estrategias activas de protección, incluso en contextos extremadamente difíciles

En el caso del impacto de la violencia sobre la maternidad y la vivencia de las mujeres, Iker Usón González, jefe de Servicio de inclusión social y atención a la violencia machista contra las mujeres de la Diputación de Gipuzkoa, ha reconocido que “por un lado las mujeres padecen las consecuencias consecuencias de la violencia sobre su bienestar emocional, su autonomía y su proyecto vital, pero además, por otro lado, sufren el impacto que esa misma violencia tiene sobre su papel como madres y la relación con sus hijos e hijas”. “La maternidad ocupa un lugar central en la identidad y en la experiencia vital de muchas mujeres. Adecuar o comprender adecuadamente el impacto de la violencia exige incorporar también esta dimensión desde la perspectiva de los recursos especializados forales. Una de las limitaciones que históricamente hemos tenido es que muchas intervenciones, la mayoría, se han orientado prioritariamente a recuperar individualmente a la mujer. Sin embargo, la experiencia nos muestra que la maternidad no puede entenderse únicamente como una circunstancia más dentro de la vida de esas mujeres. Requiere una mirada específica”, ha apuntado.

Según ha detallado Usón, “la violencia machista ataca directamente a la función materna” y, en la mayoría de casos, esa es una de las estrategias del agresor. “La violencia genera miedo, inseguridad, aislamiento, hipervigilancia, desgaste emocional y un largo etcétera por desgracia, pero cuestiona permanentemente la capacidad que tiene la mujer de decidir, desautoriza su criterio, minimiza su papel dentro de la familia y en muchos casos instrumentaliza los propios hijos e hijas como una forma adicional de control y de maltrato. Y esto no lo sacamos de los libros, lo sacamos de los casos diarios. Este daño no es únicamente una consecuencia directa de la violencia. En muchas ocasiones constituye una estrategia deliberada del agresor. El agresor desacredita a la mujer también como madre, cuestiona sus decisiones, genera inseguridad sobre sus capacidades, obstaculiza los cuidados cotidianos y dificulta todas aquellas rutinas que proporcionan estabilidad y seguridad a los hijos e hijas. Por tanto, vemos que la violencia se ejerce contra la mujer, pero ataca también activamente el ejercicio de la maternidad. La consecuencia que nos encontramos es que muchas mujeres sienten que no han podido ejercer la maternidad como hubiesen deseado, como les hubiese gustado”, ha subrayado.

En este sentido, el experto ha recalcado que en el sistema de protección se encuentran a mujeres que “mayoritariamente intentan cuidar, proteger y educar a sus hijos en circunstancias extraordinariamente adversas”. “Junto al daño también debemos ser capaces de reconocer las capacidades. Muchas madres desarrollan estrategias activas de protección, incluso en contextos extremadamente difíciles. Realizan enormes esfuerzos para amortiguar el impacto de la violencia. Incluso podríamos decir que preservan espacios de seguridad dentro de lo que pueden hacer. Yo creo que desde los servicios especializados tratamos de identificar, de validar, de fortalecer estas capacidades, no porque el daño no exista, sino porque una intervención centrada exclusivamente en lo que falta, en el déficit, en las dificultades, puede invisibilizar”, ha destacado.

Muchas mujeres no quieren que les hagan los tactos y terminan muchas veces en un parto instrumental con una episiotomía

En el caso del parto, Sonsoles Merino Sanchez, matrona del Hospital Universitario Donostia, ha indicado que es fundamental ser conscientes de que el parto es una “experiencia de vulnerabilidad”, sobre todo para aquellas mujeres que han sufrido abuso sexual en la infancia. “Los paritorios son habitaciones en la que la cama está en el centro. Abren la puerta y la mujer está muy expuesta. Son situaciones en las que vemos que hay mucho miedo. Muchas mujeres no quieren que les hagan los tactos y terminan muchas veces en un parto instrumental con una episiotomía, con lo que supone todo eso. ¿Entonces, no somos conscientes de que incluso la arquitectura de los paritorios puede ayudar a proteger a esa mujer? La prevención es fundamental, así como la detección en las clases de preparación al parto y las consultas en todas las semanas de gestación. Tiene que haber un cribado, un acompañamiento y tenemos que tener personal formado en hacer preguntas relacionadas con la violencia que han podido sufrir estas mujeres”, ha destacado.

Ante las limitaciones, los profesionales han llegado a la conclusión de que es fundamental la comunicación y el trabajo conjunto entre distintos departamentos y Diputaciones. “Echo en falta equipos bisagra sociosanitarios, programas dentro de las Diputaciones que se ajusten a las necesidades de cada caso, porque hay realidades complejas y a veces la rigidez de la estructura institucional dificulta la adecuación de los recursos a las necesidades de cada mujer. Podrían plantearse la creación de equipos de profesionales sociosanitarios que hicieran, por ejemplo, bisagra entre sanidad y lo social”, ha propuesto la matrona.

Estas son algunas de las cuestiones que de forma general han abordado durante la primera jornada del curso, que a lo largo de este martes planteará cuestiones como la detección y acompañamiento desde la red sanitaria a mujeres víctimas de violencia en el periodo de embarazo, parto y post parto, la psicoterapia de la parentalidad en mujeres que han sufrido trauma o las consecuencias en el maternaje de las mujeres victimas de abuso sexual en la infancia.

“A veces, cuando te haces activista de tu propia historia y te salvas a ti misma, tienes que contar una y otra y otra y otra vez lo que te pasó. Pero quiero hacerlo para intentar que las hijas y los hijos de quienes nos van a leer no tengan que vivir lo mismo”. Habla Olimpia Coral Melo, una mujer mexicana de 36 años que, con solo 18, vio como su exnovio difundió sin su consentimiento un vídeo sexual suyo. “Se hizo público en diferentes redes sociales, en lo que mal llamamos páginas porno y que nosotras como apuesta política de defensoras digitales renombramos como mercados de explotación sexual digital. Y trascendió fronteras”, recuerda.

El daño fue enorme. Cuando quiso denunciarlo, esos hechos ni siquiera estaban tipificados como delito. Olimpia llegó, incluso, a intentar suicidarse. Con el apoyo de su madre, que lejos de juzgarla la animó a seguir adelante, esbozó el esquema de una norma que, años después, fue una realidad en México y que ha servido de inspiración para muchos otros países. Coral Melo forma parte también de la red internacional Defensoras Digitales y, en 2021, fue elegida por la revista Time una de las cien personas más influyentes del mundo.

Cuando Olimpia indagó, descubrió que no había delito que perseguir. La policía, con desprecio, la envió a su casa. Desde su encierro, buscó a otras mujeres que estaban pasando por lo mismo. Descubrió el término 'pornovenganza', un concepto ampliamente cuestionado por el feminismo: si son vídeos personales grabados para la intimidad y, además, se difunden sin consentimiento, en ningún caso puede llamarse porno.

“Recuerdo mucho que en México había una fiscalía especializada en robo de neumáticos y que no había un delito que reconociera la violencia digital. Fui híper pública, violaron mi cuerpo en Internet”, apunta Olimpia Coral, que era estudiante de Derecho. Aquellos apuntes del principio se convirtieron en la Ley Olimpia, un conjunto de reformas legales que se aprobaron primero en Puebla, su estado, y en 2021 a nivel federal. Ecuador, Argentina o Panamá han aprobado normas similares.

La Ley Olimpia es una norma integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia digital. Incluye el reconocimiento de ese concepto —el de violencia digital— e introduce dos delitos: el de ciberacoso y el delito de violación a la intimidad sexual, “que son la difusión, la producción y el almacenamiento de contenidos íntimos, sexuales reales o alterados, sin consentimiento de las personas”. En España, varias normas reconocen ya la existencia de este tipo de violencia y hay varios delitos tipificados. A comienzos de julio, el Gobierno aprobaba la ley de los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen con la que busca combatir la difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial, los conocidos como deepfakes.

Una violencia que es real

“La violencia digital es una violencia que no puedes tocar. Por ser virtual, se cree que no es real, pero también te quita la vida. Y la violencia sexual digital es como si violaran tu cuerpo sin ni siquiera tocarlo. Lo violan con cada like, con cada compartir... Los daños no solamente son psicológicos o emocionales, hay daños físicos reales. Y tiene consecuencias económicas: inviertes en esos procesos de denuncia, puedes llegar a quedarte sin empleo por la masificación de la violencia o sus consecuencias. Tiene efectos sociales porque te sientes señalada, discriminada, puedes dejar tu quehacer público o político, tiene consecuencias de censura. Viola tu derecho a la movilidad. No quieres salir, no quieres existir, no quieres caminar. Viola tu derecho a la libertad”, resume Olimpia Coral, que estos días ha estado en Madrid para participar en el curso de verano 'Resistir la reacción: política, feminismo y cooperación iberoamericana', organizado por la Fundación Carolina y la Universidad Complutense.

Y ahora mismo se sustenta, subraya, “en una economía global digital que gana dinero a través de esto”. “Es más fácil que esta entrevista no tenga tantas visualizaciones porque va a tener censura algorítmica de un monopolio de Internet al que no le gusta que hablemos de estos tema”, apunta. Frente a los términos 'ciberdelincuencia' o 'violencia online', las defensoras de las que forma parte Melo apuestan claramente por violencia digital para entender lo digital, no solo como un medio comisivo, sino como un espacio en el que las plataformas tecnológicas están ejerciendo un poder muy concreto con intereses concretos.

“Las plataformas no solo ponen el terreno para facilitar la violencia que hacen los seres humanos, programan un algoritmo patriarcal, discriminatorio... Hoy es un monopolio en donde se encuentran nuestros datos y es un problema no solamente social y político, sino económico. Esta violencia tiene un elemento muy importante de territorialización, porque trasciende fronteras, y tiene otro elemento de daño que es la perpetuación y la masificación. ¿Quién tiene en sus manos esos elementos? Las plataformas privadas. Ante esta violencia que tiene efectos extraterritoriales, debe haber acciones globales de parte de todos nuestros países”, reflexiona. Las defensoras proponen un tratado de vinculación internacional “que responsabilice a las plataformas digitales”.

Antes de la Ley Olimpia, explica Coral Melo, la violencia digital era vista “como ciberdelincuencia centrada en cuestiones económicas, financieras, en robos, problemas de identidad, fraudes bancarios o phishing”. “La propuesta que hacemos nosotras es entender la violencia digital desde la perspectiva de derechos humanos para todas las personas, pero también desde la perspectiva de género, porque aunque todos la podamos vivir no impacta de la misma manera a los hombres y a las mujeres”, explica Coral Melo, que pide entender la especificidad de ciertas violencias contra las mujeres y, sobre todo, su repercusión en un mundo patriarcal en el que las mujeres vivimos discriminaciones y violencias de manera constante a lo largo de nuestras vidas.

“Se trata de entender que no iniciamos la carrera en la misma meta. Hay que pensar en todos los derechos que nosotras hemos tenido que arrebatar, en todas las independencias a las que hemos llegado. Es entender que, por ejemplo, un legislador tiene cuestionamientos sobre su quehacer público y que una diputada, además, tiene cuestionamientos sobre su vida privada, su sexualidad o cómo se viste. O que una mujer, al iniciar su día, pensará en cómo se viste para evitar esto o lo otro. Además, dentro de esas violencias digitales existe una violencia que repercute muchísimo más a las mujeres y a las niñas, que es esa violencia sexual digital, que tiene que ver con la difusión, la producción, la tenencia, el almacenamiento de contenidos íntimos, sexuales reales o alterados con IA”, argumenta la experta, que alerta de la tendencia general a la “deshumanización” que existe en las redes sociales y en otros espacios digitales, algo perjudicial, defiende, para toda la sociedad.

Y concluye: “Violaron mi cuerpo en Internet, conozco la masificación de esos contenidos. Yo vivo todos los días con ciertas ansiedades sobre mi teléfono celular. Camino todos los días por las calles donde fui violada: Internet. Es importante entender los contextos. Como dice Rita Segato, que estamos cultivando sociedades bajo la pedagogía de la crueldad y eso está haciendo que normalicemos esa crueldad”.

Una decena de expertos y alumnos de Criminología de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) se han adentrado, dirigidas por la doctora investigadora del Instituto Vasco de Criminología, Gema Varona a la cárcel de Zubieta para conversar con una veintena de internos y tratar de entender qué les ha llevado a cometer los delitos por los cuales han sido condenados. La actividad, que desde hace cuatro años aborda temas distintos con personas internas en cárceles vascas, se ha realizado este viernes dentro del Curso de Verano de la EHU 'Criminología dentro y fuera de prisión: Cruce de caminos'.

Por motivos de confidencialidad y para asegurarse de que la conversación con los internos fuera honesta y sin miedos, este periódico no ha podido acceder al encuentro, no obstante, tras él, Varona ha explicado en qué se ha basado, los objetivos del mismo y las conclusiones a las que han llegado tras reunirse durante más de tres horas con 17 presos y 3 presas de la cárcel de Zubieta de entre 24 y 60 años. “Hemos realizado una dinámica de diálogo, un círculo en el que cada uno contaba por qué estaba ahí y su historia de vida. Lo han hecho con un objeto de palabra que se iban pasando unos a otros. Después, hemos hecho una dinámica creativa con plastilina para plasmar qué les había parecido y qué se llevaban de la actividad”, ha detallado.

“En un círculo de diálogo de estas características no es necesario hablar si uno no quiere. Todo se lleva a cabo desde el respeto y la confidencialidad. Es una conversación en la que sobre todo lo que queremos es que se escuche lo que el otro dice, no para justificarlo ni para compartirlo, sino simplemente para entender. No queríamos que detallasen nada sobre el delito cometido, sino que hablaran sobre las causas que les llevaron a cometerlo. Traumas en la infancia, en la adolescencia, la falta de recursos a lo largo de la vida, una gestión errónea de las emociones, malas compañías, querer obtener dinero fácil o discriminación han sido algunas de las razones aportadas”, ha confesado Varona.

No tiene nada que ver una malversación de fondos con una violación o un asesinato. Lo que nos importa en estas actividades es escuchar a las personas

Entre los asistentes también ha participado una persona que ha sido víctima de un delito que ha subrayado la “importancia de responsabilizarse a pesar de las estructuras injustas” que ha podido llegar a vivir la persona que comete el delito y cómo se puede prevenir que ocurra. “Los internos han dado mucha importancia a la conexión con las demás personas, a tener vínculos que les hagan que pertenecen a algo, que se les valora. Ha habido diferentes opiniones porque en realidad lo que nos interesaban eran sus propias percepciones sin tener que personalizar, aunque alguno lo haya hecho”, ha indicado la experta.

Según ha destacado, estudiar e investigar la comisión de un delito es complejo dependiendo de qué es lo que se haya hecho. “No tiene nada que ver una malversación de fondos con una violación o un asesinato. Lo que nos importa en estas actividades es escuchar a las personas y, en mi caso, llevar a los estudiantes para que rompan los estereotipos que se tienen respecto a las personas que han podido cometer un homicidio o tráfico de drogas. Nosotros estudiamos comportamientos delictivos de personas de carne y hueso, son humanos como nosotros y pueden haber cometido algo horrible, pero no debemos deshumanizarlos porque si lo hacemos no vamos a entender cuáles han sido las razones que les han llevado a cometer los delitos. Y repito que entender no es compartir ni justificar”, ha recalcado.

Hemos sacado temas de violencia de género que son muy difíciles de abordar, algo que también sabemos por las investigaciones que hemos realizado

Durante el encuentro han tratado de que la conversación fuera cómoda y participativa, pero también han encontrado puntos de desencuentro o cuestiones que han sido más complicadas de abordar con los internos, sobre todo las relacionadas con la violencia machista. “Hemos sacado temas de violencia de género que son muy difíciles de abordar, algo que también sabemos por las investigaciones que hemos realizado. La normativa internacional interna obliga a tener programas específicos de violencia de género con personas que la han ejercido, pero muchas veces es complicado por lo que llamamos en Criminología como técnicas de neutralización de la culpa o la desvinculación moral selectiva. Estas cuestiones hacen pensar que incluso quienes cometen este tipo de delitos son más víctimas que autores. Por eso es importante que en prisión haya recursos y preparación suficiente y también apoyo a las personas funcionarias porque realizan un trabajo muy complejo para poder ayudar al cambio de estas personas. El cambio no es fácil, la sociedad piensa que porque se les haya privado de libertad y se les haya metido en prisión van a reflexionar y cambiar y muchas veces es al revés, porque de manera más o menos irracional los internos pueden llegar a sentirse víctimas del sistema”, ha lamentado Varona.

Para la experta lo importante es que “la sociedad entienda que el objetivo de la prisión debe ser que no se vuelva a cometer ningún delito y que las personas internas aprendan algo estando dentro de prisión”. “Se trata de que cuando salgan respeten, por eso hay que entender cuáles son los problemas que tienen y responder de la manera menos dañina posible porque el coste de estar en prisión no es solamente una privación de libertad, también tiene una afectación en familias y en la propia sociedad”, ha concluido Varona quien no descarta volver a repetir un encuentro similar el año que viene.

El periodista Fonsi Loaiza ha denunciado este viernes haber sufrido “una brutal agresión” en la vía pública en Cádiz al grito de “rojo, subcampeón”. Esas dos palabras son las últimas que recuerda antes de quedar “inconsciente”, como ha explicado él mismo en sus redes sociales.

Este periódico ha contactado con Fonsi Loaiza para recabar más detalles sobre lo ocurrido. El periodista indicó que, a causa de las lesiones en la mandíbula, solo podía responder por escrito. No obstante, al cierre de esta información aún no ha contestado a las preguntas remitidas por elDiario.es.

Según ha explicado Loaiza a otros medios, no recuerda nada de la agresión debido a la conmoción sufrida. Mientras la Policía Nacional investiga lo ocurrido y trata de identificar a los agresores revisando las imágenes de las cámaras de seguridad que pudieran haber captado el ataque, el periodista relaciona lo ocurrido con “la violencia ultraderechista” y sostiene que fue víctima de quienes utilizan “el terror y el odio fascista”.

Loaiza, autor del libro Oligarcas. Los dueños de España (Akal, 2024) y conocido por su intensa actividad en la red social X (antiguo Twitter), ya había recibido amenazas contra su integridad física, especialmente a través de internet, por parte de perfiles vinculados a la extrema derecha.

Desde el hospital, Loaiza ha publicado un mensaje de agradecimiento al personal sanitario que lo atendió en los hospitales públicos de San Carlos y Puerta del Mar, en Cádiz, reivindicando así “lo público” frente a “la violencia ultraderechista”. “A los que usan el terror y el odio fascista: no me vais a callar”, escribió en sus redes sociales, donde también aseguró que no dará “ni un paso atrás”.

La Audiencia de Navarra condena ha condenado a 22 meses de prisión a un hombre de 59 años, natural de Pamplona, por maltrato físico y psíquico a su esposa y sus dos hijos. Según recoge la sentencia, que ha sido dictada de conformidad entre las partes, el procesado tampoco podrá comunicarse ni acercarse a su mujer, de la que está en trámites de separación, ni a sus hijos a menos de 300 metros durante cuatro años.

El condenado, de “carácter voluble y agresivo”, según se recoge en la sentencia, se dirigía habitualmente hacia su esposa, con la que llevaba conviviendo más de 20 años, con expresiones insultantes y vejatorias. Un comportamiento que se fue agravando con el tiempo y que sumió a la mujer “en una situación de miedo y angustia, temiendo la misma cualquier reacción de su esposo ante cualquier cosa que hiciera que le pudiera molestar”.

Un trato que según la resolución judicial también sufrían los dos hijos que tienen en común. Su hija era insultada, recibía empujones, alguna bofetada e, incluso, llegó a cogerla del cuello. A su hijo también le abofeteó en alguna ocasión por las notas. “Esta agresividad del encausado, que también se dirigía contra sus hijos en forma de gritos, reproches y empujones o golpes”, llevó a la esposa en enero de 2023 “a una situación extrema”, que dio lugar a un intento autolítico por parte de la mujer, según se recoge en la sentencia.

A finales de junio de 2023, cuando la madre fue dada de alta y regresó al domicilio familiar, se inició una nueva discusión, en la que el procesado volvió a insultarla. La hija avisó a la Guardia Civil. Desde ese día, el inculpado abandonó la vivienda y los trámites de separación siguieron adelante.

Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de violencia física y psíquica habitual en el ámbito de la violencia de género y doméstica. La Sección Segunda de la Audiencia, con la anuencia de las acusaciones y la defensa, ha acordado la suspensión durante 2 años de la pena impuesta a condición de que el condenado realice cuantos actos sean precisos para hacer frente a la responsabilidad civil, cumpla con las prohibiciones de acercamiento y comunicación y participe en un programa formativo de igualdad de trato y no discriminación.

Que Posesión infernal sea una de las sagas de terror más sangrientas y comprometidas con los excesos de la violencia no implica, necesariamente, que sea la que dé más miedo. Es decir. Quizá en los inicios del camino a Sam Raimi sí le preocupaba generar una verdadera angustia, pero por entonces tampoco tenía los medios necesarios y la cantidad de aberraciones corporales que podía poner en pantalla estaba condenada a guardar las distancias. Distancias que fueron a más según pasábamos a lo largo de los 80 de la iniciática Posesión infernal a Terroríficamente muertos, y al tiempo que Raimi consolidaba un estilo también lo hacía su desinterés por ponerse serio.

Los daños y abusos se intensificarían al ritmo de un corto de Looney Tunes. A los cuerpos humanos les caerían yunques metafóricos encima, les arrancarían las extremidades, todo se deformaría grotescamente y el espectador no experimentaría más desasosiego que si estuviera viendo al Pato Lucas o al Coyote sufriendo las tretas de Bugs Bunny y el Correcaminos. Una insensibilización lúdica y maravillada que iba a amparar que la tercera entrega de Posesión infernal fuera un viaje en el tiempo a la Inglaterra de la Edad Media con un sentido homenaje a las criaturas de Ray Harryhausen. Consolidando a Posesión infernal como la saga más absurda del cine de terror.

No obstante, la estridente deriva de El ejército de las tinieblas distó de ser una tónica a implantarse. Raimi siguió a lo suyo, puliendo su sensibilidad cartoon en nuevas y rutilantes películas (Arrástrame al infierno) y otras innecesariamente ancladas en su marca de fábrica (la mediocre Send Help, estrenada este mismo año), pero Posesión infernal, como saga, atravesó entretanto nuevas mutaciones. En 2013 recuperó la seriedad. Brutalmente, a lo grande. Se encargó de ello un intrépido artesano llamado Fede Álvarez —años antes de que Hollywood le reclutara para otra saga igual de desorientada, de cara a Alien: Romulus— y los resultados fueron magníficos.

También, en fin, extraños. Posesión infernal pasaba a tener una energía insólita. El dolor bien audible, el peso realista de las mutilaciones, convertían al film en una experiencia sádica y nuevamente distante solo que ahora en un sentido abstracto, cósmico. Encajaba más que nunca que siguiera estando por ahí el Necronomicón, ese Libro de los Muertos sacado de la obra de Lovecraft. Este escritor había sido central en los 80 para alumbrar el splatstick —mezcla de gore y comedia bufa— gracias tanto a Posesión infernal como a Re-Animator, y ahora inspiraba una nueva visión desolada y cruel del ser humano. Mucho más fiel, en realidad, a lo que había descrito originalmente.

Y emparentada, por último, con otras derivas que entonces atravesaban su crepúsculo dentro del cine de terror comercial. Derivas de las que cabe acordarse ahora que con Posesión infernal: En llamas la saga cae en manos de un tal Sébastien Vanicek y su ascendencia francesa mueve a recordar, qué tiempos aquellos, lo que convino en llamarse Nuevo Extremismo Francés.

Poniendo a prueba el estómago

Posesión infernal. En llamas ha tenido en EEUU, por cierto, críticas muy mejorables. Bien puede ser la película de la saga peor recibida hasta la fecha, y los motivos apuntan a lo desagradable que es. Algún medio incluso ha aprovechado para reivindicar la alegría de El ejército de las tinieblas por contraste a la violencia mezquina y gratuita de la obra de Vanicek, que hay quien considera heredera de ese torture porn que hace unos veinte años en EEUU abanderaban Saw o Hostel, más o menos paralelamente al Nuevo Extremismo Francés. Así que ahí surge de nuevo, confirmando vínculo por cuanto Vanicek ya ha revelado lo mucho que le marcó su paisano Alexandre Aja.

En 2003 Aja dirigió Alta tensión, y tres años después cruzaba el Atlántico para dirigir Las colinas tienen ojos. Del mismo modo Vanicek había demostrado su talento en Vermin llegado 2023: una película de terror con arañas asesinas que supuso el espaldarazo necesario para dirigir Posesión infernal: En llamas. Con cambios notables en este trasvase, ya que la preocupación social que enarbolaba Vermin —la plaga arácnida conectaba con el fantasma de la Covid-19, la brutalidad policial y la discriminación racial en los banlieues parisinos— se ha evaporado en Posesión infernal.

De cara a la construcción del guion Vanicek ha recurrido a la violencia machista —la protagonista, Souheila Yacoub, ha de lidiar con la familia de su marido maltratador cuando se cruza con el Necronomicón—, pero a la larga no es más que una excusa para poner en marcha la exhibición de atrocidades: una maniobra que bien puede ser, en efecto, lo peor de Posesión infernal: En llamas. Pues a Vanicek lo que le importa es sumergirse en el delirio sangriento cuanto antes, como demuestra en un salvaje prólogo que sienta las bases anímicas de todo lo que vendrá después. Una persecución del más difícil todavía, una montaña rusa de la degradación y el sufrimiento.

Así que sí, es torture porn, pero también un vaciamiento de cláusulas narrativas e industriales —por suerte para todos, el fanservice queda casi enteramente relegado a escenas postcréditos— que se asemeja a la fascinante confluencia de estéticas terroríficas entre EEUU y Francia de mediados de los 2000. Fue cuando el cine de autor francés más provocador, entre Gaspar Noé y Claire Denis —él con Solo contra todos, ella con Trouble Every Day— fue dando paso a un estallido indiscriminado y nihilista de la violencia, amplificado desde Hollywood por James Wan o Eli Roth.

El Nuevo Extremismo Francés se cifró entonces entre Aja, Pascal Laugier con Martyrs o la dupla Alexandre Bustillo-Julien Maury con Al interior: acaso el film al que más podría parecerse esta Posesión infernal. En Al interior lidiábamos también con una sola localización y una protagonista sometida a un extenuante enfrentamiento: ahí una madre luchando contra una mujer enajenada que quería robarle el feto que tenía en sus entrañas, aquí una joven que ve cómo sus familiares políticos se transforman en no-muertos. El delirio no da tregua ni en un caso ni en otro, abrumando al espectador. La violencia reduce al ser humano a un amasijo de carne temblorosa y palpitante, y la proyecta a un estado sensorial no exento de cierta retranca filosófica.

Esa habría sido, de hecho, una posible coartada del Nuevo Extremismo Francés. En su estupendo artículo sobre el tema, Damián Bender comentaba que “las explosiones del Nuevo Extremismo Francés siempre nos exceden, se nos escurren entre los dedos”. “Somos capaces de establecer aproximaciones, pero jamás de comprender el acto en su totalidad. Es en esa falta de comprensión donde reside el miedo”. No es que, por lo demás, no podamos comprender lo que sucede en Posesión infernal: En llamas. No deja de ser un film comercial, afincado en una franquicia con décadas a sus espaldas, y en la que además el humor negro ha sido siempre básico.

También en la propuesta de Vanicek. El humor de En llamas alivia pero, afortunadamente, no llega a desactivar el volumen de pavor conseguido. No alcanza nunca a recabar la desesperación existencial de la que sí hizo acopio el Nuevo Extremismo Francés en sus películas más sofisticadas, tampoco, porque a fin de cuentas jugamos sobre seguro y esto es más Saw (con su ridícula moralina a la hora de torturar personajes) que Martyrs. No deja de ser en esencia un regreso a la vitriólica capacidad de sorpresa de la Posesión infernal de Álvarez, persiguiendo toda su furia maníaca al no dar respiro a un espectador que, definitivamente, ya no está viendo dibujos animados.

Y el resultado, como pasó hace más de diez años, vuelve a ser positivo. Posesión infernal: En llamas quiere ser absorbente y asquerosa y lo logra en todo momento; no tanto por un guion que es esquelético a más no poder sino por la pericia artesanal de Vanicek. Con mucha cámara en mano, un montaje espídico y una gran inventiva a la hora de dar con nuevos ángulos para amplificar el horror, Posesión infernal: En llamas sacude contundentemente las tragaderas de espectadores tan afines a las salvajadas francesas como a tonterías estilo Terrifier. Emitiendo un disfrute asilvestrado y muy de nicho que, finalmente, puede resultar más interesante en tanto a lo extemporáneo que parece.

No podemos olvidar, entonces, que Posesión infernal viene a medirse en carteleras con obras como Backrooms u Obsession: señales ineludibles de que el terror va cambiando de generación y ansía ocuparse de una desesperanza más sucinta y resignada —más filosófica, en fin— que la que ofrece la violencia sin coartada de Vanicek. También habría que recordar, sin embargo, el estreno de la impactante Primate a principios de año. O el hecho de que Lee Cronin, anterior director en pasar por Posesión infernal —en la mucho más discreta Posesión infernal: El despertar, frente a la que En llamas mantiene autonomía narrativa—, estrenó hace unos meses una versión de La momia con cotas similares de obscenidad, e igualmente el apoyo de grandes estudios.

Están sucediendo cosas muy estimulantes dentro del cine de terror, en resumen. Tras la indigestión de traumas y psicologismos que el género experimentó en los últimos años, ahora hay una pugna entre jóvenes prodigios por hallar una expresividad nueva, y hábiles artesanos sin prejuicios a la hora de hacer explotación pura y dura. Obviamente en esta pugna no hay nada que perder, y sí mucho que ganar.

Un hombre de 28 años ha sido detenido en South Yorkshire, en el norte de Inglaterra, como sospechoso del asesinato de la exdiputada británica de ultraderecha Ann Widdecombe en su domicilio del condado inglés de Devon, informó este domingo la Policía.

Widdecombe, de 78 años y exportavoz en el Parlamento Europeo del partido de Nigel Farage, era antigua secretaria de Estado de Prisiones y fue hallada muerta el jueves en su casa del pueblo de Haytor, en Devon. Según la policía, había sufrido heridas muy graves, sin precisar nada más.

El detenido, cuya identidad no ha sido facilitada, es un ciudadano británico que permanece bajo custodia policial tras ser arrestado en un domicilio en South Yorkshire, a unos 430 kilómetros de la propiedad de Widdecombe.

“Contamos con el apoyo de la unidad de lucha contra el terrorismo del noreste (Counter Terrorism Policing North East) y de la policía de South Yorkshire, que llevó a cabo la detención en nombre de la policía de Devon y Cornwall”, ha indicado un comunicado de la Policía de estos dos últimos condados del suroeste de Inglaterra.

“Por el momento, no hay indicios que sugieran que se trate de un incidente relacionado con el terrorismo y, como cuerpo policial, mantenemos la dirección de la investigación. Se trata de una investigación activa y en curso”, ha precisado la fuerza.

En una declaración posterior a los medios en Exeter (suroeste inglés), el subcomisario de la Policía de Devon y Cornualles, Matt Longman, ha dicho -al hablar sobre la marcha de la investigación- que no buscan a ninguna otra persona en relación con el asesinato y que no hay indicios de que el crimen tuviera una motivación política.

El sospechoso del asesinato, ha indicado, fue arrestado sobre las 09:00 hora local (08:00 GMT) de este sábado en un domicilio de la localidad de Rotherham, South Yorkshire.

“La familia de Widdecombe ha sido informada de los avances” de la pesquisa, ha informado Longman, y agregó que los detectives tratan de establecer el móvil del crimen.

El subcomisario ha señalado que habrá una mayor presencia policial en Hayter en las próximas semanas para dar tranquilidad a la comunidad.

“No obstante, quiero asegurarles que no disponemos de información que indique la existencia de una amenaza mayor para la población en este momento”, ha precisado.

Este arresto se produjo después de que otro hombre, de 26 años, fuera detenido el viernes en relación con el asesinato, pero horas después fue liberado y ya no forma parte de la investigación.

Widdecombe era una antigua parlamentaria del Partido Conservador, que también fue secretaria de Estado de Prisiones y de Trabajo en Gobiernos conservadores de los años 90. Después fue eurodiputada y portavoz de la formación populista de derechas Reform UK, liderada por Nigel Farage.

También alcanzó fama fuera del ámbito político tras participar en programas populares como el concurso de baile 'Strictly Come Dancing'.

Durante demasiado tiempo confundimos admiración con impunidad. La historia está llena de genios, artistas, deportistas y figuras de poder a quienes se les toleraron comportamientos reprobables porque su talento parecía situarlos por encima del juicio moral. Hoy, por fin, esa coartada empieza a resquebrajarse.

Hubo un tiempo en que bastaba con escribir una obra inmortal, pintar un cuadro revolucionario, marcar un gol histórico o acumular poder institucional para disfrutar de una indulgencia social que rara vez se concedía al ciudadano común. El talento actuaba como salvoconducto y la fama como escudo. Se admiraba la obra hasta el punto de cerrar los ojos ante la conducta.

La reciente polémica surgida en torno a Juan Carlos Aragón (el célebre autor del Carnaval de Cádiz, conocido como el Capitán Veneno), ha reabierto un debate que trasciende el carnaval de Cádiz. Nadie discute su relevancia artística ni la huella que dejó en la cultura popular gaditana. Sin embargo, la difusión pública de una sentencia por malos tratos en el ámbito familiar ha obligado a muchos admiradores a enfrentarse a una pregunta incómoda: ¿qué hacemos cuando el creador admirado no está a la altura de su propia obra?

La cuestión no afecta únicamente al mundo de la cultura. La historia contemporánea está llena de ejemplos que muestran cómo el prestigio y el poder pueden convertirse en mecanismos de protección. Ocurrió en el Reino Unido cuando, tras la muerte de Jimmy Savile, salieron a la luz centenares de denuncias por abusos sexuales que habían permanecido ocultas durante décadas. La muerte, lejos de cerrar el juicio social, abrió una investigación moral que cambió para siempre la percepción de quien había sido considerado una institución nacional.

También sucede con figuras que siguen ocupando un lugar central en la historia cultural. Pablo Picasso continúa siendo uno de los mayores genios de la pintura moderna, pero cada vez son más los historiadores y biógrafos que analizan críticamente la relación que mantuvo con muchas de las mujeres que compartieron su vida. Nadie cuestiona la trascendencia artística del creador del cubismo; lo que se cuestiona es la antigua costumbre de considerar que el genio exime de cualquier examen moral.

Algo parecido ocurre con Camilo José Cela. Su inmenso legado literario es indiscutible y su aportación a la literatura española resulta fundamental para comprender el siglo XX. Sin embargo, junto a la admiración por el escritor han convivido críticas a determinados comportamientos personales, actitudes públicas y episodios de su biografía que hoy serían observados con mucha menos indulgencia que en la España de su tiempo. La grandeza literaria y las sombras humanas pueden coexistir en una misma persona.

También en Castilla-La Mancha hemos conocido episodios que demuestran que el abuso de poder adopta múltiples formas

Lo que une estos casos no es el arte, la literatura o el espectáculo. Es el poder. La convicción de que el reconocimiento social, la fama o la autoridad otorgan un margen de impunidad que no está al alcance de los demás.

Y sería un error pensar que este fenómeno pertenece únicamente al universo de los famosos. También en Castilla-La Mancha hemos conocido episodios que demuestran que el abuso de poder adopta múltiples formas. Lo hemos visto en responsables públicos condenados por el uso indebido de fondos públicos, en alcaldes inhabilitados por prevaricación administrativa o urbanística y en servidores públicos que utilizaron sus cargos vulnerando los principios de legalidad que debían defender. Cambian los nombres, las instituciones y las circunstancias. Lo que permanece es la tentación de creer que una posición de privilegio permite actuar al margen de las normas.

Ante esta realidad surge una pregunta recurrente: ¿debemos borrar la obra cuando descubrimos las miserias de quien la creó? La respuesta no está en destruir el pasado, sino en comprenderlo con honestidad. Las canciones seguirán sonando, los cuadros seguirán colgados en los museos y los libros seguirán ocupando las estanterías. La cultura no desaparece porque conozcamos mejor a sus autores.

Pero una sociedad madura tampoco puede seguir rindiendo homenaje acrítico a quienes utilizaron su posición para humillar, abusar o maltratar a otros. Preservar una obra no obliga a santificar a su creador. Recordar una contribución artística no exige silenciar a las víctimas.

La verdadera grandeza de una comunidad no consiste en fabricar ídolos perfectos, sino en ser capaz de mirar de frente la complejidad humana. Podemos admirar un cuadro sin ignorar el sufrimiento de quienes rodearon al pintor. Podemos emocionarnos con una novela sin convertir a su autor en ejemplo moral. Podemos disfrutar de una obra y, al mismo tiempo, condenar una conducta.

Porque el talento puede emocionar, inspirar e incluso cambiar una época. Lo que nunca debería hacer es absolver la miseria.

El exalcalde del municipio de Fresnillo, en el estado mexicano de Zacatecas, y exdiputado Benjamín Medrano Quezada, que fue el primer alcalde abiertamente gay en México, ha sido asesinado en un ataque armado en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, al oeste del país.

El crimen tuvo lugar el pasado martes en el interior de un establecimiento comercial, pero el cuerpo fue identificado dos días después por las autoridades ya que no portaba identificación, y la noticia trascendió a la prensa local durante la tarde noche del viernes.

El exalcalde caminaba junto a un menor de edad, quien resultó ileso, cuando dos sujetos que viajaban en una motocicleta le dispararon a pocos metros de distancia, indicaron fuentes de seguridad.

En un comunicado, el municipio de Fresnillo ha lamentado el fallecimiento de Medrano Quezada.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos, acompañándolos respetuosamente en este momento de dolor y deseándoles fortaleza ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, indica el mensaje del municipio.

En tanto, la diputada del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Luna también ha expresado sus condolencias por la muerte de su excompañero diputado y exalcalde de Fresnillo,.

“Expreso mis más sinceras condolencias a su familia, amistades y seres queridos. Les deseo fortaleza y consuelo en estos momentos tan difíciles”.

Medrano Quezada tenía una carpeta de investigación abierta en su contra desde 2022, cuando la Secretaría de la Función Pública de Zacatecas le imputó cargos por un fraude que ascendió a 60 millones de pesos mexicanos (más de 3.000.000 de euros al cambio de hoy) durante su periodo a cargo del organismo encargado de organizar y administrar la fiesta más importante del estado en 2019, proceso vinculado al pago de un concierto cancelado del intérprete puertorriqueño Ricky Martin.

El fiscal de la Secretaría, Cristian Camacho Osnaya, explicó que el exalcalde no contaba con una orden de aprehensión vigente debido a un amparo que obtuvo mediante un recurso de revisión.

Medrano Quezada, de 59 años, ocupó el cargo de presidente municipal de Fresnillo de 2013 a 2015, un municipio de 240.000 habitantes y un punto clave para el trasiego de drogas en el centro-norte de México.

Además, entre 2020 y 2023, el municipio fue la ciudad con mayor percepción de inseguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi

El exalcalde, que también era conocido por su faceta como cantante y empresario, fue propietario de un bar gay en Fresnillo.

Su hermano, Juan Carlos Medrano Quezada, ha pedido a las autoridades de Jalisco y al gobierno federal una investigación a fondo para castigar al responsable y aclarar las causas del crimen.

El cuerpo será trasladado al municipio de Nochistlán, donde será sepultado en una ceremonia privada.

Ruth Ferrero, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, ha participado en el curso 'Geopolítica y los retos del espacio Mediterráneo', celebrado en Mazarrón. Un año después de los disturbios racistas que sacudieron Torre Pacheco, la politóloga analiza en esta entrevista qué ha cambiado y qué permanece intacto: desde la islamofobia que subyace a episodios como los ocurridos tras la victoria de Marruecos en el Mundial, hasta el papel de Murcia como “laboratorio” de políticas que después se blindan en otras comunidades autónomas, pasando por la responsabilidad de la prensa a la hora de narrar —o desmontar— el marco del 'problema migratorio'.

Ha pasado un año desde los disturbios de Torre Pacheco. ¿Qué ha cambiado y qué sigue intacto en el diagnóstico que se hizo entonces?

Lo primero que hay que decir es que no se han repetido disturbios. Las autoridades han reforzado la presencia de fuerzas de seguridad, pero no ha habido nuevos brotes, lo que induce a pensar que hubo una inducción externa a esa violencia, en una localidad diversa donde habitualmente no se dan episodios así. El problema es que Torre Pacheco ha quedado fijado en el imaginario colectivo, algo que no beneficia a las autoridades locales, porque en realidad existe una convivencia pacífica entre la población agrícola migrante y el resto de vecinos. La cuestión de fondo es si se han dotado de los recursos necesarios para evitar que esto se repita. Sabemos que ha habido una inversión notable en el apartado punitivo —nuevos agentes de policía local, cámaras de videovigilancia—, pero no tengo tan claro que haya habido la misma inversión en infraestructuras o servicios municipales.

Hace unos días hubo en Torre Pacheco un nuevo altercado entre personas de origen migrante, y desde Vox se volvió a vincular el episodio y a difundir vídeos de la agresión, como ocurrió hace un año.

Los bulos que incitan a este tipo de violencia tienen una base de realidad, pero luego son manipulados por fuerzas políticas que buscan una implosión social. Eso es lo que hay que evitar, informando adecuadamente. Plantear que los migrantes, por el mero hecho de serlo, incitan a la violencia es muy peligroso. Hay que disociar los brotes delincuenciales de la cuestión migratoria: podemos hablar de extranjeros delincuentes, pero no de migrantes delincuentes, porque son términos con una carga muy distinta.

La celebración de la victoria de Marruecos en el Mundial se vivió con alegría en las calles de Torre Pacheco, pero también generó comentarios de rechazo. ¿Por qué la comunidad marroquí provoca ese tipo de reacciones cuando pasarían desapercibidas en otro colectivo?

Porque hay una islamofobia de fondo. La población procedente del norte de África se ha convertido en objetivo de las fuerzas reaccionarias, primero por una cuestión religiosa: el islam se asocia al terrorismo internacional, algo que no es real —hay fanáticos en un colectivo religioso, no todo el colectivo es violento—. Y también porque desde hace años, no solo desde la extrema derecha sino desde posiciones de centroderecha —recuerdo los gobiernos de Aznar—, se ha planteado que hay colectivos no integrables en las sociedades occidentales, entre ellos las personas de religión musulmana. Esa vinculación entre seguridad y migración tiene su origen en los atentados del 11-S, y a partir de ahí se incorpora a las estrategias de seguridad nacional, tanto europeas como española, desde 2001 y con la Estrategia Solana de 2003. Lo que estamos viendo por parte de las extremas derechas, y de parte del centroderecha, es una reconfiguración del cuerpo nacional sobre bases esencialistas en lugar de sobre el respeto al Estado de derecho y la Constitución, que debería ser el único límite.

Hace 25 años, El Ejido vivió una oleada de violencia racista tras un crimen puntual. ¿Qué paralelismos y diferencias encuentra con Torre Pacheco? ¿Hemos aprendido algo como país?

Aquel momento coincidió con los atentados del 11-S y con un incremento muy importante de la presión migratoria desde finales de los noventa. Hubo que adaptar los modelos de integración y la dotación de servicios públicos, y se produjo una fuerte segmentación étnica en el acceso a determinados nichos laborales, como la agricultura y los invernaderos, algo que la sociedad vio con recelo. Desde entonces hemos pasado por momentos de enorme tensión, como los atentados de Atocha, en los que las autoridades españolas respondieron de manera mucho más adecuada: España se puso como modelo de buenas prácticas porque no hubo ataques contra la población magrebí en Madrid. Ahí la narrativa de las autoridades juega un papel fundamental: si no separas claramente a quienes cometen delitos graves del colectivo en su conjunto, acabas generalizando, cuando entre el 80% y el 90% de cualquier colectivo son personas pacíficas.

Más allá de la violencia explícita, ¿cómo se mide académicamente el racismo de baja intensidad que atraviesa espacios cotidianos?

A través de encuestas, cuestionarios y entrevistas. Hay bastantes estudios sobre acceso a la vivienda que detectan una suerte de rechazo cuando el propietario percibe, por el acento, que la persona no es suficientemente española. En el acceso a sanidad o educación no se detectan tanto actuaciones discriminatorias por parte de los funcionarios que atienden, sino comentarios entre usuarios. El problema real está en la dotación de esos servicios públicos, que tiene que adaptarse al número real de población. Por eso ha sido tan importante el proceso de regularización extraordinario: para saber cuál es el universo real sobre el que hay que operar y evitar que los servicios queden infradotados.

El cierre de un centro de menores no acompañados, por ejemplo, o la eliminación del programa de lengua árabe y cultura marroquí en Murcia, ¿qué papel juegan estas decisiones aparentemente administrativas en la normalización del discurso antiinmigración?

Es dar la razón al discurso antiinmigración. Cuando el poder institucional niega la propia diversidad cultural de un colectivo, está diciendo que ese colectivo es un riesgo para la cohesión social. Y eso azuza precisamente esos microrracismos que pueden ir a más.

Torre Pacheco no ha sido un caso aislado en Europa: ha habido disturbios en suburbios franceses, brotes racistas en Reino Unido o, recientemente, en Belfast. ¿Qué tienen en común estos episodios?

Lo que tienen en común es la búsqueda de un colectivo al que culpabilizar de los males de la sociedad, y la manera más sencilla es elegir uno que no cuenta con los mismos derechos que el resto para defenderse. A eso se suma la utilización instrumental de fuerzas políticas reaccionarias para movilizar a su electorado, cuando los partidos sistémicos no dan respuesta a las demandas de cohesión social. Es mucho más sencillo decir que los servicios públicos fallan porque hay demasiados migrantes que hacerse cargo de un aumento del gasto público. Y esto no es exclusivo del centroderecha: lo hemos visto en Dinamarca, en los últimos gobiernos socialdemócratas de Alemania o con Starmer en Reino Unido.

El concepto de 'prioridad nacional' que Vox ha impuesto en los pactos de gobierno con el PP, el último en Andalucía, ¿qué significa en términos jurídicos y qué recorrido tiene para condicionar políticas de vivienda, sanidad o educación?

Lo primero que hay que determinar es si es discriminatorio, y parece bastante claro que lo es, por lo que no se ajustaría a nuestro Estado de derecho. Una característica de las políticas racistas es que quiebran las bases fundacionales de las democracias liberales: negar derechos a una parte de la población residente es síntoma de que lo siguiente irá a más, porque una vez que se vulnera el Estado de derecho una vez, hay casi carta blanca para seguir haciéndolo con otros colectivos. Al principio la población mira hacia otro lado porque no le toca a ella, pero poco a poco esas políticas van favoreciendo un modelo más securitario y de recorte de derechos, donde todo queda supeditado a la seguridad en vez de a la protección de las personas.

¿Ha sido la Región de Murcia un laboratorio de políticas que después se blindan en otros pactos institucionales, como el andaluz?

Sí, evidentemente Murcia ha sido un laboratorio. Por eso es muy importante que el resto de actores políticos y sociales muestren cuál es la realidad: si le quitas derechos a la población que sostiene el modelo económico murciano, la región no tendría el PIB que tiene ahora mismo, porque no hay quien sustituya a esa mano de obra en el campo. Hay un interés en mantener a esa población trabajando pero sin derechos plenos: en situación irregular, con miedo a ser atacada o detenida, es mucho más difícil que se defienda. Detrás de esto hay poderes económicos interesados en una explotación laboral sin límite. Es verdad que la regularización extraordinaria ha permitido aflorar parte de esa economía sumergida, pero muchos empleadores seguían prefiriendo vivir cómodos pagando mal.

Desde la geopolítica de las migraciones, ¿cómo encaja Torre Pacheco en las dinámicas migratorias más amplias del Mediterráneo occidental?

La Región de Murcia y Andalucía son puntos de llegada porque han sido territorios de intensa mano de obra agrícola, mientras la población local ha protagonizado una migración campo-ciudad hacia Cataluña, Madrid o el norte en los últimos treinta años, con el consiguiente riesgo de declive demográfico. Para mantener ese modelo productivo hace falta mano de obra que murcianos y andaluces no quieren hacer, y cuanto menos se pague, mayor es el beneficio. La población migrante no va a regiones sin trabajo: cuando decimos que los sirios 'iban a Alemania', en realidad iban a ciudades concretas con empleo, no a Berlín, que tiene instituciones pero poco tejido productivo. Por eso llega más gente a Murcia y Baleares que a otras regiones con menor tejido productivo basado en agricultura o servicios. Esto podría cambiar con el cambio climático: las olas de calor ya afectan también al norte de Europa, y a medio plazo turismo y mano de obra podrían reorientarse hacia allí.

¿Cómo valora la cobertura que hace la prensa española de los fenómenos migratorios? ¿Se refuerzan los marcos de 'problema' y 'amenaza', o hay ejemplos que rompen esa lógica?

Hay una disputa por ese relato. Hace unos años costaba encontrar en el discurso político un abordaje de la migración como fenómeno y no como problema; ahora hay más cuidado en ese sentido por parte de los operadores políticos. Pero la irrupción de Vox contamina todo el debate público: en buena medida ha conseguido que, incluso cuando el PSOE y el PP ya tenían asumido que se trataba de un fenómeno estructural y necesario para la economía española, sus marcos empiecen a desplazarse. Eso es lo preocupante, y afecta especialmente al PP, que hasta hace poco tenía asumido un discurso de la inmigración como oportunidad de desarrollo económico.

El proceso de regularización de extranjeros avanza con bastante lentitud burocrática. ¿Qué coste político y social tiene este abandono administrativo, más allá del sufrimiento individual de quien espera?

El proceso está avanzando: desde que terminó el plazo, los expedientes resueltos se han ido duplicando. Cuanto antes se resuelvan, mayor seguridad jurídica tendrán personas que, recordemos, no acaban de llegar: ya vivían y trabajaban en España. De lo que se trata ahora es de hacer coherentes los servicios públicos con la cantidad real de personas que existen en el territorio, algo que solo es posible conociendo ese número con precisión.