Este miércoles ha sido detenido el presunto autor del intento de agresión sexual a una mujer en el estacionamiento del campus de Oñati de la Mondragon Unibertsitatea el pasado viernes, 17 de abril. Según ha dado a conocer el Departamento vasco de Seguridad del Gobierno vasco, el intento de agresión sexual se produjo hacia las siete de la tarde cuando la víctima se encontraba en el interior de su vehículo estacionado en la zona universitaria de Oñati. De repente, un individuo se introdujo en el interior del coche por la puerta del copiloto. La mujer pudo zafarse y huyó a la carrera siendo seguida por el implicado, hasta que se dirigió a un viandante, que transitaba por allí y le solicitó auxilio. Al parecer, en ese momento, el atacante se dio a la fuga.

Alertada la Ertzain-etxea de Deba Urola de lo sucedido se movilizaron al lugar patrullas en funciones de protección ciudadana que asistieron a la víctima procediendo a su traslado a un centro sanitario. A partir de ahí, han desarrollado las correspondientes investigaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Con la colaboración de la Policía local de Oñati, ayer miércoles se detuvo al presunto autor del intento de agresión sexual en el citado municipio por un delito de agresión sexual en grado de tentativa. El arrestado, de 51 años, ha sido presentado en la mañana de este jueves en el Juzgado de Bergara (Gipuzkoa), después de quedar concluidos los trámites policiales.

Desde la Universidad el pasado lunes convocaron concentraciones de repulsa por lo ocurrido en todos sus campus. A la concentración de la Facultad de Empresariales en campus de Oñati, donde tuvieron lugar los hechos, acudió el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien “condenó con la máxima firmeza” el intento de agresión sexual. “Ante cualquier forma de violencia y, por supuesto, la violencia sexual, es imprescindible una respuesta contundente”, destacó el consejero Pérez Iglesias, quien subrayó que “este tipo de hechos constituyen una vulneración inaceptable de los derechos fundamentales y un ataque directo a la libertad, dignidad e integridad física de quienes los sufren, incompatible con los valores que deben regir las instituciones académicas y, con carácter general, nuestra sociedad”.

Asimismo, señaló que “la violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones, es una lacra con cuya eliminación deben comprometerse tanto las instituciones como el conjunto de la ciudadanía”. “Y en ese cometido, la universidad tiene una responsabilidad específica, la que atañe a la contribución en su propio ámbito a la igualdad real de derechos, oportunidades y reconocimientos de hombres y mujeres”, concluyó el consejero que se ha concentrado junto a alumnos y trabajadores de la universidad tras una pancarta en la que se leía en euskera “Ninguna agresión sin respuesta. Estamos contigo”.

Del mismo modo, el pasado domingo cientos de personas denunciaron en la plaza de Oñati el intento de agresión, convocados por el grupo feminista Bargastak. “Ayer nos reunimos en la plaza de Oñati para decir alto y claro que no vamos a tolerar ninguna agresión en nuestro pueblo y nosotras lo tenemos claro, seguiremos luchando desde el feminismo hasta derribar este sistema”, informó la asociación feminista a través de sus redes sociales en las que han compartido fotografías de la concentración con una pancarta en la que se leía en euskera la frase “Frente a la violencia machista, responsabilidad colectiva”.

La Ertzaintza investiga un intento de agresión sexual el pasado viernes en el estacionamiento del campus de Oñati de la Mondragon Unibertsitatea tras la denuncia de una mujer. Según ha podido confirmar este periódico, el suceso se produjo a última hora de la tarde cuando la víctima salió de la Universidad y se dirigió al parking para abandonar el lugar. Una vez allí, un hombre intentó atacarla, pero la mujer logró escapar con ayuda de otra persona que iba en su vehículo. Al poco tiempo de lo ocurrido, ese mismo viernes, la víctima interpuso una denuncia ante la Ertzaintza, que desde entonces se encuentra investigando lo ocurrido.

Desde la Universidad han convocado concentraciones de repulsa por lo ocurrido en todos sus campus este lunes a las 12.00 horas. A la concentración de la Facultad de Empresariales en campus de Oñati, donde tuvieron lugar los hechos, ha acudido el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien ha “condenado con la máxima firmeza” el intento de agresión sexual. “Ante cualquier forma de violencia y, por supuesto, la violencia sexual, es imprescindible una respuesta contundente”, ha destacado el consejero Pérez Iglesias, quien ha subrayado que “este tipo de hechos constituyen una vulneración inaceptable de los derechos fundamentales y un ataque directo a la libertad, dignidad e integridad física de quienes los sufren, incompatible con los valores que deben regir las instituciones académicas y, con carácter general, nuestra sociedad”.

Asimismo, ha señalado que “la violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones, es una lacra con cuya eliminación deben comprometerse tanto las instituciones como el conjunto de la ciudadanía”. “Y en ese cometido, la universidad tiene una responsabilidad específica, la que atañe a la contribución en su propio ámbito a la igualdad real de derechos, oportunidades y reconocimientos de hombres y mujeres”, ha concluido el consejero que se ha concentrado junto a alumnos y trabajadores de la universidad tras una pancarta en la que se leía en euskera “Ninguna agresión sin respuesta. Estamos contigo”.

Del mismo modo, el pasado domingo cientos de personas denunciaron en la plaza de Oñati el intento de agresión, convocados por el grupo feminista Bargastak. “Ayer nos reunimos en la plaza de Oñati para decir alto y claro que no vamos a tolerar ninguna agresión en nuestro pueblo y nosotras lo tenemos claro, seguiremos luchando desde el feminismo hasta derribar este sistema”, han informado desde la asociación feminista a través de sus redes sociales en las que han compartido fotografías de la concentración con una pancarta en la que se leía en euskera la frase “Frente a la violencia machista, responsabilidad colectiva”.

La Asamblea Feminista de la Región de Murcia (AFRM) ha denunciado con “absoluta firmeza” las declaraciones realizadas en la sesión del Pleno de la Asamblea Regional el pasado 15 de abril por el diputado de Vox Antonio Martínez Nieto, quien llamó a combatir “incluso con la violencia” derechos fundamentales como el aborto y la eutanasia. Lo hizo durante el debate de una moción del PP en la que se exige al Gobierno una Ley de Cuidados Paliativos que no ha prosperado.

Desde la AFRM han subrayado que “no se trata de un exceso verbal ni de una mala interpretación, sino de un hecho de especial gravedad institucional, al introducir la violencia como categoría en el discurso político desde la tribuna parlamentaria”.

Asimismo, la organización feminista considera que las posteriores declaraciones del diputado, en las que afirma que no se refería a violencia física sino a una “resistencia firme” en el ámbito de las ideas, no solo no corrigen lo sucedido, sino que “lo agravan”, al banalizar el uso del término violencia y contribuir a su normalización en el debate político.

Rechazo al intento de justificación

La AFRM también rechaza el intento de justificar estas palabras apelando a una supuesta “violencia institucional” o al contexto de polarización política. A su juicio, este tipo de argumentos desplazan la responsabilidad y forman parte de una estrategia que legitima “posiciones antidemocráticas”.

“Nombrar la violencia desde una institución es cruzar una línea roja democrática”, señalan desde la Asamblea Feminista, que advierte del riesgo de deterioro del debate público y de erosión de las instituciones.

En este sentido, la asociació feminista recuerda que los derechos como el aborto y la eutanasia “han sido aprobados democráticamente y forman parte del ordenamiento jurídico vigente”.

Una “condena expresa” en la Asamblea Regional

Por todo ello, la Asamblea Feminista de la Región de Murcia exige que el diputado rectifique inmediatamente los términos “inequívocos” del diputado, al tiempo que pide una “condena expresa” por parte de todas las fuerzas políticas y la reafirmación institucional del rechazo “a cualquier forma de violencia” en el ámbito político.

También demandan que se active el Estado de derecho frente a “cualquier intento de degradación institucional” y que la Comisión del Estatuto del Diputado de la Asamblea Regional evalúe si esta intervención se ajusta al código ético vigente en la Cámara.

Además, la AFRM ha abierto un proceso de recogida de adhesiones al comunicado, dirigido a organizaciones, colectivos, instituciones y personas individuales.

Finalmente, la Asamblea Feminista hace un llamamiento a la ciudadanía a “no normalizar este tipo de discursos y a defender activamente la democracia”. “Las feministas sabemos bien —como afirmamos con fuerza en Beijing +20— que los derechos hay que garantizarlos y lucharlos cada día, porque pueden ser amenazados o revertidos”, concluyen.

Hace más de diez años que Diana J. Torres no pisaba un escenario en Barcelona. Diez años de su última performance pornoterrorista. Ahora vuelve al Antic, último refugio de la escena disidente de Barcelona. Dice la artista que está en otra etapa, menos formal, menos burra. Pero una cosa es el modo y otra el fondo. La performer que sacudió la Ciudad Condal a comienzos del XXI vuelve a tocar llaga con su nueva pieza, Travesía y conjuro. En este caso, la violencia entre mujeres en el feminismo.  

Diana, junto a la artista argentina Rosario Veneno, estrena un trabajo sobre un tema que creen está demasiado escondido, “como tantos otros en el lesbianismo, citando a Bárbara Ramajo, la violencia entre mujeres es una cosa espectral, una violencia fantasma”, explica la también escritora de libros como Pornoterrorismo, Coño potens o Vomitorium. 

“La violencia entre mujeres sigue siendo bastante tabú: si eres feminista no se dice si tu novia te ha pegado. Esto pasa por diversos motivos, pero principalmente por miedo y vergüenza”, explica Diana. “Por un lado, nos da miedo que los fachas y machistas lo utilicen y lo instrumentalicen”, dice Diana. 

“Pero el problema también existe puertas para dentro. Hay gente que cree que por ser feministas no vamos a ser violentas. Es evidente que no es así y creemos que hay que nombrarlo para comenzar a solucionarlo”, apunta a su vez Rosario Veneno. 

Al preguntarles si la naturaleza de esa violencia es distinta a la ejercida por lo hombres, Diana lo tiene claro: “Es una violencia que imita patrones del patriarcado, paso por paso”, explica, para luego señalar que el problema viene tras la violencia: “Ahí estamos jodidas de nuevo, no hay líneas de atención o protocolo, cuando llegas a una comisaría no le dan importancia, si no hay pene no hay violación”.

Diana, además, afirma que el problema no es solo legal, “si una mujer mata a otra no se estipula como feminicidio”, explica, sino también social: “Si oyes a dos vecinas pelear, poca gente avisa a la policía y los medios de comunicación no se hacen eco de ello, no importa, no se quiere ver”, razona.  

Las performances de Diana son recordadas por su potencia, pero también por su capacidad de incomodar. Fisting y orgasmos en directo, laceraciones y estética BDSM caracterizaban sus performances. En una de ellas decía a un espectador que le metiese la mano en la vagina, que había premio. El espectador al hacerlo sacaba un condón, Diana lo rompía con la boca y extraía un poema que leía mientras la penetran. La socióloga Helen Torres narró esta performance en el prefacio del libro Pornoterrorismo: “Con la última estrofa llega el orgasmo que provocará una corrida estilo géiser que salpicará las primeras filas de un público estupefacto”, describe con cierta algarabía la socióloga. 

Diana Torres luchó de manera frontal contra el constreñimiento corporal, sexual y moral al que la sociedad la sometía. Y lo hizo como si fuera una accionista vienesa, pero con idénticos niveles de gozo y rabia. Hoy esa manera de hacer, dice, ha evolucionado: “Esta vez va a ser más sutil. Hay una parte de desnudos, de sexo en vivo, nos ponemos a follar un ratito, pero el trabajo ha evolucionado. Antes priorizaba más el escándalo, impactar. Ahora estoy intentando transmitir el mensaje de maneras más claras, sin aturdir tanto a las personas”, explica, “aunque también hay algunos elementos de dolor, Rosario me grapa cosas en el cuerpo con una grapadora industrial, esa es la parte gore, pero ya no hay ganchos, agujas, cortes…”, matiza. 

De Barcelona a Carcelona

Diana Pornoterrorista llegó desde Madrid a Barcelona en 2003. La ciudad bullía. Nacía el posporno en España de la mano de colectivos como el Pos-op o Girls who like porno. Paul B. Preciado publicaba y se le leía junto a libros sin traducir de Virgine Despentes. Comenzaban a aflorar toda una nueva ola de ensayos feministas y nuevas editoriales. Hubo un antes y después de ese núcleo de pensamiento y arte en el feminismo en España. Un feminismo que se ampliaba y que nunca más volvería a ser igual, “creo que el gran pistoletazo fueron las jornadas que se hicieron en el MACBA en el 2004”, recuerda Diana sobre aquel recordado Maratón Posporno. 

Al preguntarle por aquella época, Diana habla de una especie de paraíso, de un regalo. “Nos juntamos personas muy diferentes, pero que veníamos de situaciones de mucha incomprensión. Teníamos los mismos intereses, nos llevábamos muy bien y se generaron muchas ganas de crear”, evoca.

Pero el comienzo del siglo XXI va quedando ya lejos. Hoy Barcelona ya no es lo que era. Cerraron centros sociales como La Makabra, la Kasa de la Montanya o La Escocesa, “en esos momentos Barcelona estaba llena de posibilidades, podías hacer cosas sin un duro, hoy ya no es así”, señala Diana. “También acabó cerrando el bar la Bata de Boatiné que era nuestro cuartel general, todo comenzó a cambiar con la creación del Forum y el comienzo de la gentrificación”, explica.

Cambió Barcelona y cambió Diana. La artista y escritora sufrió en sus carnes toda la violencia de aquella transformación social y urbana. Su compañera, la poeta Patricia Heras, sería acusada y encarcelada en uno de los casos de corrupción judicial, policial y política más sangrantes de la historia reciente de Barcelona: el Caso 4F. “Patricia fue mi primera novia, vivíamos juntas en la casa desde donde se tiró por la ventana, justo hacen quince años de aquello”, recuerda Diana con una entonación contenida, nada dramática, sobre el suicidio de Patricia Heras tras ser torturada y encarcelada injustamente. 

En 2013, dos años después del suicidio de Patricia y tras años de luchar por su liberación, Diana decidió irse a vivir a México. “No quería estar más en Barcelona ni en Europa”, explica. “También salió el documental sobre el caso 4F, Ciutat morta, en el que decía que iba a por todos ellos a muerte. Al final caminaba con mucho miedo por las calles de Barcelona, algunos mossos y guardias urbanos me reconocían y decidí poner tierra por medio”, concluye.

La artista cuenta a este periódico que desde el 2013 nunca ha vuelto a Barcelona más de dos días. “Tan solo volví para ver a alguien o para realizar algún taller de eyaculación que hago para personas con coño, pero no más”, confiesa. En esta ocasión tan solo lleva poco más de una semana en Barcelona, “pero no hace falta pisarla mucho para darte cuenta de cómo está la situación. Solo tienes que pasear por la Rambla del Raval para ver el desgaste humano”, afirma.

Al preguntarle qué siente que ha cambiado, responde: “Siento que han cambiado las drogas. Por ejemplo, en el Raval ves a mucha gente acabada, mucha más que antes. Y eso provoca que haya gente muy violenta, más allá de los cuerpos de seguridad, que te hacen sentir en riesgo. Creo que es intencionado. Se trata de degradar un barrio hasta que la gente se tenga que marchar y poder así hacer sus mamadas, no es la primera vez que lo hacen, es ya un clásico”, afirma con cierta amargura.

Su vuelta al Antic, espacio donde alumbró muchas de sus performances, es también un modo de reencuentro con toda aquella Barcelona que dejó atrás, con aquellas performances hoy ya históricas como Oh Kaña en homenaje al pintor José Pérez Ocaña, o aquel festival Muestra Marrana que dejó de hacerse ya hace más de un decenio. “Ahora con el estreno me las voy a encontrar a todas”, dice con cierta emoción para luego añadir: “Bueno, la mitad están como yo, fuera de Barcelona, pero vienen”. 

Vendas protectoras de manos con los colores de la rojigualda, guantes de boxeo y sesiones de sparring con la bandera de España y la de la Cruz de Borgoña con el águila bicéfala de fondo, más sesiones de press banca y sentadillas. Este es el escenario donde Vox ha encontrado un recambio para Revuelta, la organización juvenil que ahora se encuentra bajo sospecha, entre acusaciones de haberse quedado con unos fondos captados que, supuestamente, iban dirigidos a ayudar a los afectados por la dana.

Su nuevo referente juvenil es Reconquista, una entidad que inició su andadura el 9 de octubre de 2023 en Catalunya con una sugerente publicación en Instagram: “Muy pronto tendréis novedades”, anunciaban crípticamente. Doce días antes, el 28 de septiembre, se presentaba en sociedad la ya mencionada Revuelta.

Misma imagen, la denominación del colectivo junto a un “próximamente” y mismo pie de foto: “Muy pronto tendréis novedades”, y el nombre de la entidad enmarcado en un hashtag con el icono de la llama al lado. Actualmente, Revuelta opera de forma independiente de Vox, tras una cruda polémica entre sus líderes, mientras que Reconquista parece haber ocupado su rol, al menos en el ámbito catalán.

Reconquista ya reconocía cuatro meses después de su creación que uno de los ejes de su colectivo sería la “autodefensa”. El 20 de abril de 2024 anunciaba su primer seminario de artes marciales, al que llamó Jornadas Atilio, en honor a Marco Atilio Régulo, un general romano que, dice la leyenda, murió torturado bajo cautiverio en la primera guerra púnica.

A partir de entonces, este tipo de eventos empezaron a ser regulares: un seminario de boxeo en junio de 2024, otro de boxeo tailandés el 5 de abril de 2025, de wrestling el 26 de abril del mismo año, de kick boxing el 1 de mayo, seminarios de fuerza y lucha en julio y noviembre y otro de boxeo avanzado en enero de 2026, junto a más entrenos de lucha y fuerza en febrero y marzo del año presente.

Relevo generacional

Los jóvenes de Reconquista no transitan solos este camino. En febrero de 2019 se presentó en un gimnasio de Sant Adrià del Besòs (Barcelona) el grupo de entrenamiento marcial Prima Bellatrix, que agrupaba a una parte significativa de la escena neonazi catalana. Este colectivo llevaba a cabo prácticas muy parecidas a las de Reconquista: seminarios de artes marciales y de fuerza, pero también excursiones y salidas culturales.

La asociación precedente a la que hoy opera codo con codo con Vox surgió tras la estancia del catalán Christian T. R. en Rusia, país en el que, en septiembre de 2018, entró en contacto con los impulsores del Programa de Entreno Padre Invierno (PPDM, por sus siglas en ruso).

PPDM fue una organización, ya disuelta, que aunó a individuos procedentes del área neofascista rusa, algunos de ellos de organizaciones implicadas en la decapitación de migrantes centroasiáticos, con el objetivo de ampliar los conocimientos en artes marciales y manejo de armas entre militantes afines de toda Europa.

Cuando Christian se encontró con ellos, también estaba ahí Thomas Gerlach, líder de la organización neonazi Hammerskin en Alemania e investigado por sus supuestos vínculos con el grupo terrorista NSU, tal y como atestiguan fotografías del suceso tomadas en la Plaza Roja de Moscú.

En los vídeos colgados por la propia Reconquista, se puede comprobar cómo de estas sesiones de entrenamiento también participa Jordà G. F., un militante ultracatólico implicado en la afición radical del F.C. Barcelona, vocalista de la banda Los Guripas y propietario de la marca de ropa Agnus Dei Cultwear. Jordà fue detenido en 2008 tras protagonizar una agresión contra varios aficionados del Reus Deportiu en la final de la Copa de Europa de hockey, y tuvo un papel relevante en Prima Bellatrix.

Otros invitados han sido el luchador Alejandro Rodríguez, alias “Hispano”, o el levantador de pesas César Agüera, a su vez portavoz de Núcleo Nacional (NN) en Catalunya y anfitrión del evento en el que participó Rodríguez, para el que ofreció su gimnasio.

Conexión con Vox

Prácticamente desde sus inicios, Reconquista ha llevado a cabo eventos de todo tipo junto a grupos de la órbita de Vox. Además de la ya mentada Revuelta, esta organización juvenil ha compartido cartel con Estudiants pel Canvi (EPC) o el sindicato Solidaridad. EPC está presidida por Santiago Acosta Gallego, concejal y portavoz del grupo municipal de Vox en Sentmenat (Barcelona).

Asimismo, Fernando Villalba Albaladejo, portavoz en sede parlamentaria de EPC en varias ocasiones, aparece en el vídeo del seminario del “Hispano”, en el gimnasio de Agüera, y en varias fotos que atestiguan su peregrinación a la Virgen de Covadonga, de la que también participó Jordà G.

Villalba fue ratificado como asistente de tipo 1 del grupo parlamentario de Vox en Catalunya con efectos desde el 27 de junio de 2024. Este joven militante de Vox se graduó en Derecho por la Universidad de Barcelona y cursó másteres en Abogacía por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y de Liderazgo y Gobierno por el ISSEP de Madrid, un centro creado por Marion Maréchal Le Pen, sobrina de la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen. Su categoría le exige llevar a cabo tareas de asesoramiento legislativo, de análisis político y de coordinación entre el grupo que lo emplea y el resto de partidos.

Antes de la ruptura con Vox, Fernando Villalba también participó de algunos eventos de Revuelta, cuya imagen corporativa y colores escogidos no era casual, adujeron algunos militantes de la autodenominada “área patriótica” a la derecha de Vox.

El fondo del logotipo de Revuelta es de color burdeos, mientras que el de Hacer Nación (HN) era de un carmesí oscuro. Y las letras del primer colectivo mencionado son de color crema, frente al blanco y el amarillo del segundo. Esta similitud cromática desencadenó todo tipo de teorías de la conspiración entre detractores a la derecha de Vox, que acusaban al partido de Santiago Abascal de estar lanzando una opa hostil a potenciales militantes de HN para ocupar, así, lo poco que queda en su extremo derecho.

Esta última organización fue un grupo en el que convergieron proyectos neofascistas de ámbito local, como Iberia Cruor, Acción Social Cádiz, El Galeón, Málaga 1478 y algunos miembros escindidos de España 2000, que ya habían compartido militancia con Plataforma per Catalunya (PxC) bajo el paraguas de la coalición Respeto, fundada en 2016 y que se mantuvo hasta la disolución de la Plataforma en Vox en 2016.

En la actualidad, HN parece haber cesado toda actividad y algunos de sus miembros más destacados se han integrado en Vox: o en su sindicato, concretamente, al frente del cual está el exmiembro del ultraderechista Movimiento Social Republicano (MSR) y de PxC, Jordi de la Fuente.

Actos conjuntos

El pasado 18 de marzo, Reconquista convocó una manifestación en el barrio popular de Bonavista de Tarragona llamando a la “remigración”, una consigna utilizada por las extremas derechas europea y española para exigir expulsiones de migrantes. Destacados miembros de Vox llevaron la voz cantante del acto, entre los que destacan De la Fuente o la portavoz del grupo de ultraderecha en Terrassa (Barcelona), Alicia Tomás Martínez. La pancarta iba firmada con el logotipo del partido de Abascal, aunque los colores de las banderas eran los de Reconquista, en contraste con el verde más oscuro de las banderas de Solidaridad.

Días después, el 22 de marzo, Solidaridad y Reconquista convocaron juntos una concentración en el barrio del Fondo de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) para pedir “vivienda asequible, inversión, limpieza y remigración”. La concentración apenas congregó a dos decenas de personas, pero es igualmente ilustrativa de cómo Vox se ha apropiado de las temáticas y los lemas de la derecha más extrema para evitar la competencia en el campo electoral por ese flanco más derechista y las consiguientes fugas de militantes.

Para el 20 de octubre de 2026, está prevista la organización del Foro Occidental (Western Forum, en inglés) por parte de Reconquista. No ha trascendido nada de los ponentes ni de la temática del congreso, pero la línea sostenida hasta ahora por esta asociación hace plausible que sea un espacio de intercambio con la extrema derecha que hace de la “remigración” su política principal. La participación de miembros de Vox en este foro es también una incógnita que pronto se va a descubrir.

Un comerciant del mercat de Pere Garau, a Palma, ha denunciat haver estat víctima d'una agressió homòfoba presumptament a mans d'altres comerciants del mateix recinte. “Li han fotut la vida”, ha expressat un amic de la víctima en donar a conèixer els fets a les xarxes socials, on explica que els agressors van començar a propinar-li cops i insults per la seva orientació sexual, proferint expressions com “maricó”. L'afectat ja ha interposat denúncies per aquests fets.

“Que en ple 2026 ocorri això és intolerable”, subratlla el missatge, que indica que els fets ja estan denunciats “i en mans dels jutges”. Amb tot, recrimina que, “tot i la condemna que els puguin imposar”, no “es pot permetre que aquesta gent continuï treballant al mateix lloc que el Miquel”.

En la seva publicació, l'amic de la víctima insisteix que “no s'hauria de permetre que aquestes males bèsties continuïn treballant ni estiguin a prop de la persona a la qual odien i a la qual han donat una pallissa. Cal aconseguir que a aquesta gent els facin fora d'allà i cal fer que tothom sàpiga qui són”. Així mateix, assevera que els suposats agressors “menjen pernil” i són “mallorquins” del municipi d'Algaida.

L'agressió ha generat una onada de rebuig al barri. Aquest dimarts, desenes de persones s'han concentrat al mercat de Pere Garau per mostrar el seu suport al venedor i condemnar la violència. A l'acte han estat presents la regidora municipal d'Igualtat, Lourdes Roca, i el de Mercats, Llorenç Bauzá, que han condemnat els fets, que han condemnat els fets. Davant la seva gravetat, l'Ajuntament de Palma suspendrà de manera cautelar la possibilitat que el presumpte autor de l'agressió dugui a terme l'activitat de venda en mercats municipals.

En concret, l'àrea municipal de Mercats ha elaborat un informe basat en l'atestat emès per la Policia Local de Palma. D'acord amb aquest document, i atès que el lloc en què l'agressor exerceix la venda pertany a un altre titular, aquest serà reubicat al mercat com a mesura preventiva. Un cop finalitzin les diligències policials, el Consistori avaluarà si cal adoptar altres mesures addicionals que puguin afectar altres persones implicades.

Durant la concentració, ambdós regidors han traslladat personalment a la víctima el suport de l’equip de govern i de l'Ajuntament, i s'han posat a la seva disposició per a tot allò que pugui necessitar, tal com ha assenyalat la corporació local en un comunicat. En aquest sentit, Bauzá ha mostrat el seu “suport total” a l'home agredit i ha condemnat “rotundament qualsevol acte d'odi o discriminació”, subratllant que es tracta de fets “que no tenen cabuda en una societat democràtica, diversa i inclusiva, i que no representen la ciutadania de Palma”.

Així mateix, el Consistori ha remarcat la importància de denunciar qualsevol agressió o conducta discriminatòria com a pas fonamental per a la seva erradicació i ha reafirmat el seu compromís amb una Palma inclusiva i lliure d’odi.

L'Ajuntament suspèn d'activitat el presumpte agressor

Per la seva banda, representants de Més per Palma, que també han participat en la protesta, han denunciat la gravetat del que ha ocorregut, recriminant que l'agressió ha deixat seqüeles físiques i un “profund impacte psicològic” en una persona “respectada i volguda” al barri. Així mateix, el partit ecosobiranista ha instat l'Ajuntament a posar en marxa protocols eficaços contra les agressions homòfobes en espais públics. “Quan una persona és agredida per la seva orientació sexual, parlem d'un atac a tota la societat”, ha advertit la portaveu de la formació, Neus Truyol, que ha exigit una resposta institucional “ferma i sense excuses”.

Truyol també ha carregat contra l'equip de govern del PP, al qual ha acusat de prioritzar la defensa de “símbols franquistes com el monolít de sa Feixina” davant la protecció de les persones que pateixen violència per la seva identitat sexual.

En aquesta línia, la coordinadora de Podem Illes Balears ha expressat “fàstic i ràbia davant una altra agressió homòfoba” a Palma: “Tot el nostre suport al venedor del mercat de Pere Garau que ha estat agredit al crit de 'maricón'. Cap agressió sense resposta. No donarem ni un pas enrere”. Així mateix, des del PSIB-PSOE han manifestat que Palma “no pot tolerar cap agressió homòfoba” com la del mercat de Pere Garau. “Tot el nostre suport a la víctima. No està sola. Volem una ciutat on tothom pugui viure amb llibertat i sense por. Davant l'odi, més unitat, més fermesa i més orgull”, han manifestat a través d'un missatge en X.

Es dóna la circumstància que, a finals del passat mes de març, un professor de l'IES Baltasar Porcel (Andratx) va patir un atac de caràcter homòfob per part d'estudiants del mateix i d'un altre centre, un episodi que, segons van advertir des del claustre, no és aïllat, sinó reflex d'un problema més ampli en l'àmbit educatiu, en afectar també a altres sectors i àmbits socials.

Un comerciante del mercado de Pere Garau, en Palma, ha denunciado haber sido víctima de una agresión homófoba presuntamente a manos de otros comerciantes del mismo recinto. “Le han jodido la vida”, ha expresado un amigo de la víctima al dar a conocer los hechos en redes sociales, donde explica que los agresores comenzaron a propinarle golpes e insultos por su orientación sexual, profiriendo expresiones como “maricón”. El afectado ya ha interpuesto denuncia por estos hechos.

“Que en pleno 2026 ocurra esto es intolerable”, subraya el mensaje, que indica que los hechos ya están denunciados “y en manos de los jueces”. Con todo, recrimina que “a pesar de la condena que les puedan meter”, no se puede permitir que esta gente siga trabajando en el mismo sitio que Miquel“.

En su publicación, el amigo de la víctima insiste en que “no se debería permitir que estas malas bestias sigan trabajando ni estando cerca de la persona a la que odian y a la que le han pegado una paliza. Hay que conseguir que a esta gente la echen de ahí y hay que hacer que todo el mundo sepa quiénes son”. Asimismo, asevera que los supuestos agresores “comen jamón” y son “mallorquines” del municipio de Algaida.

El Ayuntamiento suspende de actividad al presunto agresor

La agresión ha generado una oleada de rechazo en el barrio. Este martes, decenas de personas se han concentrado en el mercado de Pere Garau para mostrar su apoyo al vendedor y condenar la violencia. En el acto han estado presentes la regidora municipal de Igualdad, Lourdes Roca, y el de Mercados, Llorenç Bauzá, quienes han condenado los hechos, ante cuya gravedad el Ayuntamiento de Palma suspenderá de forma cautelar la posibilidad de que el presunto autor de la agresión lleve a cabo la actividad de venta en mercados municipales.

En concreto, el área municipal de Mercats ha elaborado un informe basado en el atestado emitido por la Policía Local de Palma. De acuerdo al informe, y dado que el puesto en el que el atacante ejerce la venta pertenece a otro titular, éste será reubicado en el mercado como medida preventiva. Una vez finalicen las diligencias policiales, el Consistorio evaluará si es necesario adoptar otras medidas adicionales que puedan afectar a otras personas implicadas.

Durante la concentración, ambos concejales han trasladado personalmente a la víctima el respaldo del equipo de gobierno y del Ayuntamiento y se han puesto a su disposición para lo que pueda precisar, tal como ha señalado la corporación local en un comunicado. En este sentido, Bauzá ha mostrado su “apoyo total” al denunciante y ha condenado “rotundamente cualquier acto de odio o discriminación”, subrayando que se trata de hechos “que no tienen cabida en una sociedad democrática, diversa e inclusiva, y que no representan a la ciudadanía de Palma”.

Asimismo, el Consistorio ha subrayado la importancia de denunciar cualquier agresión o conducta discriminatoria como paso fundamental para su erradicación y ha reafirmado su compromiso con una Palma inclusiva y libre de odio.

“Profundo impacto psicológico”

Por su parte, representantes de Més per Palma, quienes también han participado en la protesta, han denunciado la gravedad de lo ocurrido, recriminando que la agresión ha dejado secuelas físicas y un “profundo impacto psicológico” en una persona “respetada y querida” en el barrio.

Asimismo, el partido ecosoberanista ha instado al Ayuntamiento a poner en marcha protocolos eficaces contra las agresiones homófobas en espacios públicos. “Cuando una persona es agredida por su orientación sexual, hablamos de un ataque a toda la sociedad”, ha advertido la portavoz de la formación, Neus Truyol, quien ha exigido una respuesta institucional “firme y sin excusas”. Truyol también ha cargado contra el equipo de gobierno del PP, al que ha acusado de priorizar la defensa de “símbolos franquistas como el monolito de sa Feixina” frente a la protección de las personas que sufren violencia por su identidad sexual.

En esta línea, la coordinadora de Podem Illes Balears ha expresado “asco y rabia ante otra agresión homófoba” en Palma: “Todo nuestro apoyo al vendedor del mercado de Pere Garau que ha sido agredido al grito de 'maricón'. Ninguna agresión sin respuesta. No daremos ni un paso atrás”. Asimismo, desde el PSIB-PSOE han manifestado que Palma “no puede tolerar ninguna agresión homófoba” como la del mercado de Pere Garau. “Todo nuestro apoyo a la víctima. No está sola. Queremos una ciudad donde todo el mundo pueda vivir con libertad y sin miedo. Ante el odio, más unidad, más firmeza y más orgullo”, han manifestado a través de un mensaje en X.

Se da la circunstancia de que, a finales del pasado mes de marzo, un profesor del IES Baltasar Porcel (Andratx) sufrió un ataque de carácter homófobo por parte de estudiantes del mismo y de otro centro, un episodio que, según adviertieron desde el claustro, no es aislado, sino reflejo de un problema más amplio en el ámbito educativo, al afectar también a otros sectores y ámbitos sociales.

Hace justo tres años, el 28 de marzo de 2023, Francisco Martín (Madrid, 1981) tomaba posesión como nuevo delegado del Gobierno en la región. Relevaba a la exconcejala Mercedes González y su perfil era bien distinto al de su predecesora, porque llegaba directamente de Moncloa, donde había ejercido diferentes cargos para Presidencia del Gobierno.

Su llegada fue recibida con recelo primero y luego animadversión tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad de Madrid. Tanto Almeida como Ayuso han tenido encontronazos dialécticos con Martín, peleas en reuniones o por redes y algún que otro desplante institucional. Algunos de ellos tienen que ver con los eventos multitudinarios que apoyan los dirigentes del PP, también motivo de discusión. El último tiene que ver con el gran estadio que una promotora va a montar en Villaverde para acoger once conciertos de Shakira.

La entrevista se realizó de forma previa a la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye. Preguntado este viernes sobre si la actuación policial pudo tener una base racista, el delegado del Gobierno defendió que no: “Y ninguna actuación policial puede tener una base racista ni discriminatoria. Existen protocolos y mecanismos internos para velar porque así sea y para adoptar las medidas pertinentes en el caso de que se detecte algún incumplimiento”, aseguró a preguntas de Somos.

SOMOS MADRID: ¿Qué problema tiene el recinto de conciertos de Villaverde? ¿Por qué cree que no deberían celebrarse allí eventos como el de Shakira?

FRANCISCO MARTÍN: Le he pedido al alcalde de Madrid en una carta que reconsidere su decisión de autorizar eventos masivos en el Iberdrola Music, porque él mismo y la Comunidad de Madrid estuvieron de acuerdo hace tres años en que ese recinto no estaba en condiciones de albergar eventos de fenómeno fan y no han hecho nada para mejorar las condiciones del entorno. Yo quiero ser clarísimo: ni Shakira ni nadie debe actuar en una ratonera. Y hoy por hoy, desafortunadamente y por la dejadez de la señora Ayuso y del señor Almeida, el entorno del Iberdrola Music es una ratonera.

No hay posibilidad de una evacuación masiva como la que un evento de esta naturaleza tiene que tener prevista, ya que sale todo el público a la vez cuando termina la actuación. Todos sabemos que está la M-45 colindando, que no hay aparcamientos, que no hay Metro. No hay más que recordar lo que pasó hace tres años con el concierto de Harry Styles, se vivieron unas situaciones dramáticas que no terminaron en una catástrofe de milagro. Y que conllevaron que, también con una carta mía, el alcalde cancelara toda la programación de ese año.

Le he pedido al alcalde dos cosas: o acondicionan aquello para que se puedan compatibilizar las condiciones de seguridad con este tipo de eventos, habida cuenta de que quedan seis meses para los conciertos de Shakira, o que se busque otra ubicación, una que sí tenga esas condiciones. Esto no es una cuestión política, por más que la señora Ayuso lo único que quiera sea confrontar con lo que sea. Estamos hablando de una cuestión que es estrictamente técnica y que debiera, de verdad, implicar la responsabilidad de todo el mundo, amenazando la seguridad de decenas de miles de personas. ¿Cuántas tragedias hemos visto ya?

¿Qué medidas se plantea la Delegación del Gobierno si el Ayuntamiento y los promotores insisten en esta ubicación?

Adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. Y si lo que se plantea no las tiene, pues recurriremos a donde haya que recurrir para pedir que no se ponga en peligro a la gente. De verdad, no pueden condenar a los asistentes, a los fans, tampoco a los artistas, ni a los medios de comunicación, ni a nadie a tener que acudir a una ratonera para celebrar un evento de esta naturaleza.

¿Tiene un problema Madrid con los eventos? ¿Organiza demasiados?

Creo que tiene falta de planificación legal, pero también logística, para afrontar muchas de las cosas que quiere ir asumiendo. Y en ese sentido es bastante irresponsable la actitud porque va precipitadamente poniendo cosas sobre la mesa y después ya se resolverán. La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid es antiquísima, fue apenas maquillada tras la tragedia del Madrid Arena y desde entonces no se ha vuelto a tocar. Yo le he reclamado al consejero Novillo por activa y por pasiva una nueva Lepar y no he obtenido ninguna respuesta.

Ahora hemos sabido que en otra ley, como una disposición transitoria, van a incorporar una modificación de algunas cuestiones de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. ¿Pero acaso Madrid, con el déficit que tiene, no exige el que se pueda tener un debate serio en el que participemos todos los que tenemos algo que decir alrededor de cómo se deben gestionar los grandes eventos?

En este contexto de problemas normativos... ¿Está preparada Madrid para acoger la Fórmula 1 en septiembre?

De nuevo esta es una cuestión que se ha planteado con precipitación por parte de las administraciones madrileñas. Hasta que nosotros no hemos reclamado trabajar la seguridad de este evento, no se ha podido avanzar. Nuestra voluntad es la de procurar que las cosas salgan bien, pero para eso hay que trabajar con planificación, con responsabilidad, con criterios técnicos sólidos, desde luego con lealtad y eso es lo que, ante todo, falta en esta región.

Otro de los grandes eventos que acogerá Madrid en breve será la visita del Papa ¿Cómo se está preparando?

Desde el Gobierno de España, a través del Ministerio de Presidencia. Hubo una primera visita del Vaticano, pero hay que seguir aterrizando toda la agenda y toda la logística alrededor de la visita del Papa. Es una gran oportunidad para Madrid: hay miles de personas que anhelan este momento y debemos trabajar todos juntos para que sea un éxito. Yo le he planteado, al igual que se ha hecho en las otras comunidades que visitará el Papa, la creación de una mesa de coordinación interinstitucional con la parte organizadora de la Conferencia Episcopal, la Presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid. No han respondido y, por lo tanto, he tenido que convocarles a una reunión para la semana que viene. Confío en que prime la lealtad y la voluntad de que las cosas salgan bien.

Usted que conoció bien la preparación de la Cumbre de la OTAN de 2022, ¿cree que es el mayor evento al que se ha enfrentado Madrid en los últimos años?

En Madrid tenemos mucha experiencia en la organización de grandes eventos, multitudinarios, pero también con la visita de muchos mandatarios internacionales de todo tipo. Seguramente desde la Cumbre de la OTAN, la visita del Papa vaya a ser el evento más exigente que se ha producido en la Comunidad, aunque con una naturaleza diferente: habrá una movilización social importante a lo largo de los días que esté en Madrid, con diferentes actos multitudinarios.

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político

Dejemos el futuro para hablar de lo pasado, a ese 28 de marzo de 2023 cuando tomó posesión de su cargo como delegado del Gobierno. ¿Cómo recibió entonces el nombramiento y qué encontró al llegar?

Es un honor el poder representar al Gobierno de España en la Comunidad, un gran reto que afronté con enorme determinación, a sabiendas de las dificultades que había, porque hay quien niega, quien oculta, quien confronta sistemáticamente para hacer de ello su proyecto político. Yo creía que esas dificultades podían ser removibles y que podríamos avanzar desde un trabajo compartido con las demás instituciones. Desafortunadamente, lo que me he encontrado desde el minuto cero ha sido una puerta cerrada a cualquier entendimiento, un rechazo absoluto por parte de las instituciones dirigidas por el Partido Popular de Madrid a ninguna oportunidad para trabajar conjuntamente a favor de los madrileños y madrileñas. Pero tengo que decir que me he encontrado lo contrario por parte del tejido social, del tejido vecinal, de los sectores productivos empresariales que están ávidos de diálogo, de espacios de encuentro, de colaboración y de trabajo conjunto.

¿Qué le cuentan sus otros colegas de puesto? ¿Es igual esta relación con los gobiernos de otras comunidades autónomas?

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político. Y esto lo comparto muchas veces con otros delegados que tienen otro tipo de relación, incluso yo he hablado con otros presidentes autonómicos del PP. Responde estrictamente a esa voluntad de confrontar, de evitar cualquier oportunidad para la cordialidad, porque eso parece que desmonta el paradigma en el que cabalga Díaz Ayuso, que el Gobierno de España es lo peor que le ha podido pasar a Madrid y al mundo en la historia. Eso es una falacia, porque todos estamos viendo que el compromiso es el mayor que ha tenido nunca ningún gobierno. Se traduce en aportaciones económicas y en proyectos concretos para transformar, para hacer de Madrid una región más justa.

Cuando llegó hace tres años surgían muchas informaciones sobre sucesos relacionados con bandas juveniles. ¿Cómo ha evolucionado el plan para combatirlas?

Di continuidad al plan de choque que puso en marcha Mercedes González, desde entonces se intensificó la labor policial y se han ido cosechando buenos resultados. Nada tiene que ver la realidad de las bandas juveniles en 2022 con la que hay ahora: en 2025 hubo un 13% menos de hechos delictivos asociados a ellas que en 2024 y un 50% más de detenidos. La intensidad policial es máxima, la vigilancia sobre esta tipología delictiva es total, pero yo siempre reclamo que más allá, debemos trabajar desde una perspectiva preventiva. Estamos hablando de chavales, que requieren de políticas que ofrezcan alternativas a la calle, de formación, de ocio, que son responsabilidad de todas las administraciones y que si se brindan posibilitan también que haya menos gente que se complique la vida tan joven.

Otro de los puntos de fricción con la Comunidad de Madrid está relacionado con los menores no acompañados y sus centros...

Estoy convencido de que Ayuso está muy orgullosa de ser la lideresa territorial del PP que más beligerancia está prestando a la política migratoria del Gobierno de España. En momentos en los que lo que hace falta es solidaridad, altura de miras y atender conjuntamente entre todos la necesidad de una respuesta al reto migratorio, el PP de Madrid lidera las dificultades, el boicot a cualquier iniciativa que adoptemos. Están haciendo gala de esa petición de expulsión de 86 menores, obviando que la tutela corresponde íntegramente a las comunidades autónomas. Los déficits que tienen no son por sobresaturación, están muy por debajo de la capacidad que se le ha determinado a la Comunidad de Madrid en cuanto a menores que puede acoger en el sistema. Es una cuestión de voluntad a la hora de atender adecuadamente la responsabilidad de una manera humana y solidaria.

Y luego está petición del cierre del Centro de Atención a Extranjeros de Pozuelo, porque en el momento en el que atisbaron que en vez de niños ucranianos podían llegar niños con otro color de piel, aquello ya les pasó a no gustar y se buscaron cualquier artimaña para intentar cerrar aquel centro asistencial. También pasa en el de Alcalá, donde además hemos escuchado todo tipo de mensajes que buscan criminalizar y estigmatizar, generar miedo alrededor de las personas migrantes.

También hay críticas sobre la regularización planteada por el Gobierno...

Por la mesa del despacho del delegado han pasado todos los sectores productivos de la Comunidad de Madrid. Ha pasado la Iglesia, el tejido social, los sindicatos... y todos ellos han reclamado que se pusiera en marcha una medida como la regularización prevista por el Gobierno de España. Todos. El propio PP votó a favor de la ILP en el Congreso, pero ha sido la señora Díaz Ayuso quien ha decidido cambiarle el paso al partido.

En 2025 la Comunidad de Madrid ha alcanzado el mínimo histórico de criminalidad en nuestras calles. Desde que hay registros, como saben, se ha registrado la menor tasa de criminalidad de la historia de la Comunidad de Madrid. Esto se ha producido en paralelo al incremento poblacional que ha experimentado Madrid, llegando a los 7,1 millones de habitantes. Hay mayor proporción de población migrante y la menor criminalidad de nuestra historia. Pero el PP, la derecha extrema y la extrema derecha de Madrid están empeñados en señalar, en criminalizar a los migrantes como responsables de la delincuencia. Creo que es francamente irresponsable, además de falaz, es una mentira colosal y, por lo tanto, tenemos que hacer todos los ejercicios posibles para rebatir esos discursos.

Pese a los buenos datos de criminalidad que registra Madrid, ¿qué delitos que todavía persisten le tienen más preocupado?

Estamos en las cifras más bajas de criminalidad en nuestra historia. Acompañadas del máximo histórico de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de los mejores registros en eficacia policial que ha habido nunca. Pero no nos conformamos con ello, ni mucho menos. Una de estas cuestiones es sin duda la que tiene que ver con los delitos contra la libertad sexual. En Madrid estamos comprobando de manera consolidada, trimestre tras trimestre, un incremento de las denuncias, por encima de la media nacional. Esto siempre tiene un componente de reducción de la cifra oscura, de esa parte que no se ha denunciado y que ahora, por esa sensibilización y confianza en las instituciones, las mujeres sí están pasando a denunciar. Pero también hay otras casuísticas en el entorno de los menores, algún otro tipo de delito contra la libertad sexual que sí que vemos que se puede estar incrementando. Tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos para prevenir, para proteger y para atender mejor a las víctimas de la violencia machista.

La Delegación ha abierto una mesa hace dos años para el análisis de la evolución de la violencia machista en la Comunidad de Madrid, en la que han participado cantidad de actores de todos los sectores asistenciales, educativos, jurídicos, políticos... pero se ha negado a estar el Partido Popular. Es una muestra muy preocupante de falta de responsabilidad para trabajar con unidad en favor de esta cuestión.

Año tras año acumulamos cifras inasumibles, cifras absolutamente terribles de asesinatos de mujeres, de menores también. En Madrid estamos promoviendo que los municipios se incorporen al sistema VioGén, que posibilita la coordinación entre las policías locales y las fuerzas de seguridad del Estado, para garantizar una protección más efectiva de las víctimas. Ahora hay 12.300 mujeres que están como casos activos dentro del sistema. Ellas ya han podido pedir ayuda.

Debemos de mandar todos los mensajes que podamos para generar esas condiciones de confianza. La incorporación a VioGén significa ese mensaje. Y aun así, en esta comunidad todavía quedan 30 municipios con más de ocho policías locales que están fuera del sistema VioGén. Municipios importantes como Valdemoro, Torrelodones, Galapagar, Paracuellos... o la situación del Ayuntamiento de Madrid, que está trabajando dentro del sistema VioGén pero con un convenio caducado, porque el alcalde de Madrid pretende instrumentalizar la renovación para desarrollar las competencias de su policía municipal. Y eso es algo inaceptable.

Con estos tres años que lleva como delegado en Madrid ha superado ya el tiempo que estuvo su antecesora, Mercedes González. En el listado hay que remontarse a 1991 para encontrar a otra delegada, en este caso Ana Tutor, que estuvo más tiempo que usted con un gobierno socialista. ¿Cuál ha sido su secreto para resistir?

Bueno, digamos que he leído el Manual de resistencia del presidente (bromea). Ahora en serio, la realidad responde a tener claro que el Gobierno de España está comprometido con esta región y está intentando pelear porque a Madrid le vaya bien, a pesar de todos los obstáculos que nos ponen repetidamente. Es la convicción en ese compromiso con la justicia social, con la igualdad, con la libertad de verdad, la que nos trae a pelear, a salir cada día a intentar que los servicios públicos funcionen mejor, y también a que Madrid sea cada vez una región más justa.

Y todo ello impulsado por el ejemplo que se da desde el presidente Sánchez, cada día desde hace ya casi ocho años. He podido trabajar mucho con él en todos estos años y soy consciente del compromiso que él tiene cada día con nuestro país, y creo que esa es la mejor inspiración para poder salir cada día a pelear en Madrid, que desde luego no es ni mucho menos una plaza fácil.

¿Se plantea dentro de un año ayudar a su partido en otros ámbitos o continuará como delegado del Gobierno?

Llevo 25 años militando en el Partido Socialista de Madrid y voy a trabajar siempre para que el proyecto socialista le vaya lo mejor que pueda a esta región. Porque si Madrid necesita algo es que haya una regeneración democrática, es una urgencia absoluta después de tres décadas de proyectos continuados basados en el pelotazo, en la injusticia social y en perder oportunidades para esas mayorías sociales que tanto necesitan de los servicios públicos. Formo parte de la ejecutiva regional que lidera Óscar López, y estamos trabajando para construir esa alternativa con mensajes muy claros a la ciudadanía que señalen la gravedad de lo que está pasando en la Puerta del Sol, de ese modelo que ahora representa Ayuso.

Es un modelo de tres décadas, que ahora vemos tan claro con el universo de los pelotazos del entorno de la señora Díaz Ayuso alrededor de las contrataciones con Quirón, principal proveedor de la Comunidad de Madrid y, oh casualidad, principal contratista de la pareja de la señora Díaz Ayuso, una relación tan lucrativa como repentina, pero desafortunadamente nada llamativa porque es el modus operandi del Partido Popular de Madrid.

Si pudiera elegir que Almeida o Ayuso se abrieran a una cosa de las que propone, ¿cuál sería la más urgente?

Que vinieran a la mesa de la violencia machista, que se comprometieran a trabajar conjuntamente para buscar soluciones, mejorar las políticas entre todos para atender el drama absoluto, la injusticia que representa la violencia machista. Sin duda sería lo primero que desearía de una larga lista de ejemplos de falta de cooperación y colaboración leal, interinstitucional, que creo que debiéramos corregir.

Detenido un varón en Albacete como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, así como otro delito contra la administración de Justicia, después de conocer que manipuló una fotografía de una menor con inteligencia artificial y posteriormente la amenazó para que retirara la denuncia.

Según informa la Policía Nacional de Albacete, la investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por una menor de 16 años, quien manifestó que un conocido había manipulado una fotografía suya mediante técnicas de inteligencia artificial, generando una imagen en la que aparecía desnuda y que además le remitió a la propia víctima a través de una conversación privada en una red social.

La víctima aportó a los agentes tanto la fotografía original como la imagen manipulada, así como capturas de pantalla de las conversaciones mantenidas con el presunto autor.

Posteriormente, la víctima acudió de nuevo a la Policía Nacional para denunciar que el investigado la había abordado en la vía pública para amenazarla gravemente, llegando a decirle que si no retiraba la denuncia interpuesta por estos hechos, atentaría contra la vida de su madre y de otros familiares, por lo que fue detenido.

Mientras hay quienes discuten si la violencia de género existe o no, la policía tiene que proteger a decenas de miles de mujeres que son víctimas de las violencias machistas. Mientras algunos cuestionan su existencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad movilizan cada vez más agentes para proteger a a las mujeres, y también a sus hijas e hijos. Solo si miramos el sistema de seguimiento policial VioGén, a 31 de diciembre de 2025 sabremos que 103.942 mujeres tienen protección policial en España en el contexto de la violencia de género por parte de su pareja o ex pareja. Pero, además, en más de la mitad de esos casos, esas mujeres tienen hijos e hijas menores de edad a su cargo que de manera indirecta también están viviendo bajo esa protección. En ambos casos, el crecimiento de la protección policial ante el peligro que representa la violencia machista a las vidas de las mujeres y sus hijas e hijos, se ha incrementado un 2% respecto al año anterior.

El incremento que refleja ese dato, como todo dato que se analiza de manera monofocal, puede significar varias cosas: que hay más violencia, que hay más denuncias, que la detección ha mejorado o que más mujeres acceden a los mecanismos de protección. Probablemente hay algo de todo ello, pero el significado más evidente es el de que la violencia machista sigue produciéndose a un ritmo que el sistema no logra detener, que las violencias avanzan igual o más rápido que las políticas destinadas a frenarlas. Está fallando la sensibilización, prevención y la educación, las políticas en las que se debe invertir cuando el riesgo y el peligro todavía no existe. Invertir en el antes y no en el después porque lo que reflejan las estadísticas no son solo un problema sociológico, policial o judicial sino el síntoma de un conflicto profundo sobre el poder, el género y la autonomía de las mujeres. Un conflicto que además no afecta a todas por igual, las mujeres migrantes, racializadas o en situación administrativa irregular enfrentan mayores barreras para denunciar, acceder a protección y ser creídas por las instituciones.

La cuestión central no es únicamente cómo proteger mejor a las mujeres que sufren las violencias machistas (algo imprescindible) sino que esa violencia deje dereproducirse entre los hombres. Todo este contexto no puede separarse del clima político en el que el feminismo es presentado, cada vez con mayor frecuencia, como un adversario. La actual de normalización del antifeminismo,el auge de masculinidades reaccionarias, el cuestionamiento de las políticas de igualdad, los discursos que minimizan la violencia machista… La violencia machista no aparece en el vacío, se alimenta de imaginarios culturales que siguen otorgando legitimidad al control, al castigo o a la dominación del hombre sobre las mujeres (y sus hijas e hijos en el caso de la violencia de pareja o ex pareja) dentro de las relaciones.

Además, las violencias machistas tampoco se limitan al ámbito de la pareja. Las mujeres que participan en la vida pública y política vienen enfrentando formas concretas de agresión, de tratos vejatorias: violencia psicológica, digital y, cada vez con mayor frecuencia, amenazas físicas. Cuando esas mujeres son además racializadas, migrantes o pertenecen a minorías religiosas, la violencia se intensifica y adopta también formas racistas, islamófobas o xenófobas. Una violencia política de género que tiene un doble objetivo que estas mujeres abandonen el espacio público y disciplinar al resto de mujeres en las jerarquías del silencio y dejar claro quienes son los únicos legitimados para tener voz y poder en esa esfera. 

La violencia de género es una cuestión democrática. Si en un país como el nuestro, en solo dos meses y medio de 2026, ya son trece las víctimas de violencia de género asesinadas (once mujeres, una niña y un niño), más de 100.000 mujeres necesitan protección policial frente a sus parejas o exparejas, y mujeres como Sarah Santolalla o Irene Montero -que participan en la vida política y pública- reciben amenazas de grupos extremistas, debemos empezar a plantear el problema en términos de seguridad pública porque estamos ante una exhibición de poder, ante crímenes de poder que amenazan la democracia. O como dice Rita Segato, “el crimen contra las mujeres no es moral: es político”. Nos afectan a todas y todos. 

Campaña tras campaña, la lucha por alcanzar unas condiciones dignas para las temporeras de Huelva persiste en el campo andaluz. Las mujeres marroquíes copan la recogida de frutos rojos entre enero y julio, lejos de unos beneficios multimillonarios que sitúan a Andalucía como la principal exportadora europea. Aun así, los sindicatos, a pie de invernadero, intentan dar voz a las empleadas que pugnan por que se cumplan los acuerdos bilaterales entre los países, donde se les asegura viviendas en buenas condiciones y unas jornadas ajustadas a la ley, aunque el miedo a las consecuencias las paralice: ya hay siete denuncias registradas en Inspección de Trabajo, correspondientes a fincas ubicadas en Almonte, Moguer, Lucena de Puerto y Palos de la Frontera.

“La fresa importa más que la mano de obra”, determina Ana Pinto, portavoz y cofundadora de Jornaleras de Huelva en Lucha. “Las viviendas tienen condiciones horribles y desde enero nos empezaron a llamar las compañeras para denunciar que no se cumplían los requisitos mínimos o que las obligaban a trabajar los domingos”, determina. Ya hay una veintena de personas atendidas y este año, a diferencia de los anteriores, podrán acceder por fin a los inmuebles donde están alojadas las temporeras para comprobar las condiciones de habitabilidad gracias a las actualizaciones de la normativa en materia de extranjería. Humedades en las paredes, cables sueltos, asentamientos chabolistas donde se construyen casas con palets de madera, en las que malviven durante meses.

El campo andaluz fue cambiando de forma lenta pero irreversible a finales de la década de los 90. En aquella época, Pinto inclinaba su espalda para recoger del suelo el oro rojo. Pese a los esfuerzos, recuerda aquel periodo feliz, lleno de compañerismo, que cambió por completo por la avaricia del sistema. “Empecé con 16 años y hacía las campañas de naranjas, aceitunas, y he visto como las condiciones iban cada vez a peor. Me parece digno que con tus manos alimentes a otras personas, se creaban vínculos, pero, de repente, impusieron normas nunca vistas: no podías llevar agua en el carro y la tenías que dejar al otro lado del invernadero para no perder el tiempo, con gente medicándose, prohibieron que ayudaras a las compañeras, para incrementar la presión de coger kilos, o tener música”, detalla. “Mi madre me enseñó que, si en el trabajo cumplo, nadie me puede explotar, y no me conformé con lo que no era justo”.

“A kilómetros del agua”

El fin era maximizar los beneficios, por lo que las condiciones laborales y salariales fueron empeorando, en paralelo al éxito de las campañas que convertían a Huelva en un referente mundial. En un contexto abusivo y desigual donde la mecanización del cultivo era inviable por la delicadeza del producto, las familias andaluzas dejaron el campo en busca de mejores oportunidades. Así, la contratación en origen se formalizó en 2002 a través de la Orden GECCO ante la falta de plantilla, dejando la puerta abierta a la explotación laboral que sufrirían unas trabajadoras con miedo a que las devolvieran a su país, sin conseguir ahorros para sus familias, o que no las volvieran a llamar. El jornal en Huelva es 60,51 euros brutos por 6,5 horas, apuntan los sindicatos: apenas unos 1.100 euros al mes.

Teniendo en cuenta que el 92% de las participantes en los programas de migración circular en 2025 fueron mujeres, ellas son las principales afectadas por estas condiciones. El contingente procedente de Marruecos asciende este 2026 a 17.000 personas, aunque cada vez más se suman trabajadores procedentes de Sudamérica, llegando a las 21.000 contrataciones. La selección se hace en origen, en ciudades como Tánger, a donde se desplazan miles de mujeres desde las aldeas circundantes para realizar las entrevistas. ¿Las condiciones? Tener entre 25 y 45 años, en edad para soportar las cargas del trabajo, con hijos, y casada, divorciada o viuda, es decir, con arraigo para que se cumpla el compromiso de retorno.

En la campaña 2024/2025, la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, notificó que la campaña 2024/2025 había cerrado con una producción de 210.345 toneladas de fresa, un descenso del 5% comparada con el ejercicio anterior, y 699,3 millones de euros en exportaciones. En cuanto a la frambuesa, llegaron a las 37.660 toneladas (un 6,5% menos) y los 229,6 millones, mientras que la mora alcanzó las 1.890 toneladas (caída del 11%) y 18,3 millones. Alemania y Reino Unido son los principales importadores. A pesar de los beneficios, Philip Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, declaraba en 2020 que las personas del campo onubense vivían “como animales”: “A kilómetros del agua, sin electricidad o saneamiento adecuado. El campo de recolectores de fresas fue verdaderamente impactante”.

Conocer los derechos laborales

“El convenio del campo de Huelva va por contratos fijos-discontinuos y, a través de las tarjetas TIE se permite la vuelta al trabajo durante cuatro años siempre y cuando cumplas con el compromiso de retorno”, explica Ana Pinto. Sin embargo, a la hora de conformar los contingentes, no se respeta la antigüedad de las trabajadoras de la campaña, “¿cómo controlamos eso?”, se pregunta, “no hay una lista en Marruecos, que se debería revisar por WhatsApp, pero se elimina como un castigo por menor producción”. “Lo más importante es que las trabajadoras conozcan sus derechos, se organicen y denuncien”, y la insistencia y difusión de la información desde los sindicatos a las trabajadoras ha logrado la interposición de demandas y la intervención de Inspección de Trabajo.

Además, hace un lustro se introdujeron dos nuevas órdenes ministeriales, la Orden TMS/1426/2018 y la TMS/1277/2019, con el fin de mejorar las actuaciones de Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para controlar que se cumple correctamente la normativa laboral, a raíz de las polémicas que saltaron a la palestra mediática y, también, en función del acuerdo sobre mano de obra que se firmó entre España y Marruecos, adoptado en 2001. En su artículo 6, se establece que “los trabajadores y trabajadoras marroquíes gozarán de los derechos y privilegios que les conceda la legislación española”.

“Ninguna de estas mujeres quiere salir en la foto: tienen miedo”, critica Fátima Ezzohayry, presidenta de la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMINA). Antes de llegar a los juzgados o a las autoridades competentes, intermedian con los empresarios para llegar a una solución entre las partes, haciendo hincapié en las actitudes o exigencias de los encargados son los principales problemas que se encuentran en el día a día.

“En una finca en Moguer, la cocina estaba quemada, el grifo de la cocina estaba amarrado con una cuerda, las paredes llenas de humedades... Nos presentamos en la finca y recogimos pruebas con todo ello”, explica. Nombra el caso de una trabajadora que durante ocho años soportó las condiciones de la infravivienda hasta que las amenazas y los malos tratos por parte de los responsables de la finca mellaron la relación y no pudo aguantar más: “El empresario no quiso hacer nada, es más, si no hubieran hecho ese daño, habría seguido en la misma situación”.

Ezzohayry llegó a la provincia en el año 97, antes de la Orden GECCO. Venía en un contingente procedente de Marruecos y conoció al que ahora es su marido. Hasta el año 2017 trabajó en el campo, pero las ernias en su columna vertebral provocaron que le dieran una incapacidad laboral para tales tareas. Fue entonces cuando decidió implicarse en la lucha sindical: “El campo ha empeorado. En mis tiempos era mejor porque estaban las personas españolas, no las migrantes, que no conocen las normas, muchas no saben leer el idioma, y temen perder el trabajo o que no las vuelvan a llamar si se quejan”.

Abusos sexuales

La Audiencia Provincial de Huelva corroboró la existencia de abusos sexuales por parte de cinco patronos españoles a varias trabajadoras marroquíes, de entre 18 y 30 años, el 24 de abril de 2014. El auto recogía que algunas de las vejaciones eran “putas, os vamos a mandar a Marruecos, cojones, que en vuestro país estáis muertas de hambre” o “hijas de puta, tontas, inútiles”. Los agravios hacia las temporeras dieron el salto mediático en el año 2018, después de años de ostracismo laboral y social. También, alrededor de 100 trabajadoras declararon haber sufrido abusos sexuales por parte de jefes y trabajadores en un reportaje en el diario alemán Correctiv. En un frente común, se registró la primera denuncia judicial por parte de cuatro temporeras marroquíes al encargado de una explotación agraria de Moguer y, seguidamente, una segunda denuncia ante la Audiencia Nacional de diez temporeras marroquíes a la empresa Doñana 98 por explotación laboral, acoso y agresiones sexuales.

El artículo Influencia en la agenda mediática en la cultura de la violación: los casos de La Manada y las Temporeras de Huelva en la revista Investigaciones Feministas analiza la influencia que tuvieron tales hechos en los medios de comunicación de aquel entonces. Mientras que los hechos acaecidos durante las fiestas de San Fermín en Pamplona impactaron y movilizaron a la sociedad española, los que se daban en el sur andaluz quedaron relegados a un segundo apartado, pese a la gravedad de lo denunciado y la reiteración de los daños infringidos cada campaña ante la ausencia de unos organismos públicos que velaran por su protección. La cultura de la violación, tal y como se detalla, actúa a través de una triple dominación: la nacionalidad, el sexo y la clase.

La portavoz de Jornaleras de Huelva en Lucha rompe una lanza a favor del sector y sentencia que la violencia sexual “no es mayor” que en otros sectores. Pero las condiciones propician escenarios peligrosos: “Las mujeres que viven en asentamientos chabolistas sin papeles están más expuestas, sin ningún tipo de seguridad, y, por otro lado, las que tienen contrato en origen van por caminos secundarios, no tienen transporte... Imagínate ir andando por ahí y, si pasa algo, tener luego que demostrarlo porque no tienes testigos; están muy expuestas y vulnerabilizadas”.

La medida de regularización extraordinaria que anunció el Gobierno central la contempla como una oportunidad para darle salida a estas realidades, tan menospreciadas: “No es normal que en menos de 24 horas haya una sentencia judicial en la que se dictamine que una mujer tiene intereses espurios para quedarse en España”.

¿Es la migración circular la solución? Carmen Vásquez, miembro del área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), apoya a las diferentes asociaciones y las personas que viven en los asentamientos que hay desperdigados por el territorio con asesoría y acompañamiento. “Aquí se juega con la necesidad, con el temor, y las fincas tienen una actitud bastante hostil hacia las asociaciones por el daño a su imagen”, indica. En todo caso, Pinto zanja el asunto: “Este monocultivo funciona en base a la explotación laboral, porque en unos meses se quiere la mayor producción posible y un aumento del PIB tanto a nivel provincial como nacional. Se expolia el medioambiente, pero se quiere que Andalucía sea exportadora a nivel mundial y cuenta con el beneplácito de mucha gente y de los partidos”.

‘Levántate el mandil’ fue la frase que cambió la investigación de Dolores Martín-Consuegra. Esta antropóloga, natural de Herencia (Ciudad Real), se encontraba realizando un trabajo de investigación sobre la hambruna de los peores años del franquismo en su pueblo.

“Al preguntar a una de las paisanas más mayores del pueblo, esa mujer me dijo dos cosas que me perturbaron”, explica Martín-Consuegra. “Una de ellas era que la gente no es que se pasara hambre, sino que se moría de hambre. La otra es que, si te pillaban con artículos de estraperlo, te los quitaban y te tenías que levantar el mandil”.

Una expresión, la de levantarse el mandil, que alude de forma velada a unas agresiones sexuales de la que hasta entonces no tenía constancia. Fue entonces cuando la antropóloga decidió continuar con la investigación, preguntando a más y más mujeres del pueblo, para descubrir todo un sistema de represión que tenía a la mujer en el centro. Lo ha contado estos días, coincidiendo con el 8M, durante un acto en Villacañas (Toledo).

Rapados y aceite de ricino: “Era tremendamente violento”

La antropóloga se enteró rápido de otras prácticas como la del rapado de cabello. “Cortaban el pelo mujeres, incluso a las niñas, con un pasado ideológico de izquierdas. Era muchas veces por los llamados 'delitos de consorte', asociados en algunos casos a presuntos delitos políticos cometidos por su marido”. Un castigo que tenía por objetivo exponerlas delante de todo el pueblo. “Era una forma de humillación pública. Les iban preguntando '¿Por qué vais rapadas?' y ellas tenían que responder: ”Por putas“. El rapado era un acto ”tremendamente violento“ que podía llevar asociado agresiones sexuales.

Estas prácticas no fueron exclusivas de Herencia. La investigación comenzó ahí, pero se extendió por otros municipios de Castilla-La Mancha: Alcázar de San Juan, Camuñas, Villafranca de los Caballeros, Turleque, Lillo, La Guardia, La Solana, Manzanares, Alhambra, Villarta de San Juan, Tomelloso, Tembleque, Los Llanos, Dos Barrios, Belmonte o Puertollano, que confirmaron sus resultados.

Además, también tuvo constancia de que prácticas como la del rapado se dieron de forma sistemática en todo el territorio español. “Esto se ha producido en toda España, en el territorio insular también. Se alentaban este tipo de prácticas”, afirma Martín-Consuegra, que ha recogido los resultados de sus averiguaciones en la 'Investigación etnográfica sobre los crímenes de género durante el franquismo y la transición democrática'.

El castigo del rapado casi siempre iba acompañado por la ingesta forzada de aceite de y otros gestos que reforzaban la humillación de las víctimas.

Esto se ha producido en toda España, en el territorio insular también. Se alentaban este tipo de prácticas

“Imagínate. Domingo, termina la misa de las 12. Una procesión de señoras va desfilando bajo los efectos del aceite de ricino, defecando, vomitando, delante de sus paisanos, de sus madres, de sus padres, de sus hijos, hijas, es decir, todo lo que quieras imaginarte”, relata Martín-Consuegra.

La humillación se completaba colgando del cuello de las víctimas un cartel que rezaba ‘peladas por putas’. En otras ocasiones se las dejaba un pequeño mechón atado con un lazo rojo y en otras se pintaba un círculo azul en la cabeza de la mujer rapada.

“Entre todos se delataban”

¿A qué respondían este tipo de prácticas? ¿Qué llevaba a unos vecinos a someter a sus vecinas a estas humillaciones? La antropóloga hace un paralelismo con los tribunales de la Inquisición española, cuando unos vecinos se acusaban unos a otros.

Había gente que creía en la “necesidad de exterminar al rojo” y a sus descendientes, pero también había gente que necesitaba delatar a los demás para lavar su imagen. “En un mundo de miedo, si delatabas a un rojo, a lo mejor te veías más libre de sospecha. Entre todos se delataban”. Y eran las mujeres quienes, en muchas ocasiones, sufrían las consecuencias de las sospechas que recaían sobre sus maridos.

El estudio llevado a cabo por Martín-Consuegra ha constatado que los “procesos normalizadores” de la violencia de género en el pasado se han naturalizado en el presente. Es decir, el silencio sigue imperando y cuesta sacar a la luz estas situaciones. “Esta acción normalizadora, unida a los complejos entramados vinculados con la vergüenza, la honra y el honor, continúa ejerciendo una influencia importante en el silencio actual de las víctimas de violencia de género”, concluye el estudio.

Imagínate. Domingo, termina la misa de las 12. Una procesión de señoras va desfilando bajo los efectos del aceite de ricino, defecando, vomitando, delante de sus paisanos, de sus madres, de sus padres, de sus hijos, hijas, es decir, todo lo que quieras imaginarte

Un silencio que era tal que la antropóloga desconocía la realidad que habían vivido sus paisanas años atrás. “Yo no tenía la menor idea de que esto había sucedido”, reconoce. Y darse cuenta de esas situaciones le supuso “un problema identitario”, ya que conocía tanto a las víctimas como a los victimarios. “¿Con quién me he criado y dónde me he criado?”, se preguntó entonces.

“Que sepan lo que hemos pasado”

Por eso, parte del trabajo que ha llevado a cabo tras hacer la investigación se ha centrado en dar a conocer esta realidad, pero, sobre todo, en dar voz a las víctimas que la sufrieron. En esa labor de difusión, uno de los elementos más importantes fue la grabación de un cortometraje titulado 'Levántate el mandil', en el cual se recogen testimonios reales de mujeres represaliadas en distintos municipios de Castilla-La Mancha.

“Venían a pasar la juerga con ellas. Hacían lo que querían. Me lo contó mi madre. Era muy duro y era muy...”, explica una de las mujeres que relatan lo ocurrido en el corto, sin poder terminar la frase. “¿Por qué paso? ¡Que se cuente! Fue una vergüenza!”, comenta otro de los protagonistas del vídeo, sobrino de un republicano represaliado.

“Hubo un silencio impuesto que se prolongó durante décadas. Muchas vivieron y murieron sin poder nombrar la violencia sufrida”. Por eso, asegura que hay mujeres que, a día de hoy, quieren hablar de lo sucedido, ya que el silencio, impuesto y autoimpuesto, ha causado un “trauma transgeneracional”. “Si tú te has criado con una madre que fue humillada públicamente, que estuvo aterrada, que fue violada y que no ha sido reparada, ese trauma se queda ahí. Y con ese trauma tú crías a tus hijos”.

La antropóloga explica que hablar tiene efectos sanadores. Por eso, cuando hoy en día hace un visionado público de su corto ‘Levántate el mandil’ en los pueblos de La Mancha, todavía se encuentra con gente que quiere hablar. “Quiere contar lo que su madre, su abuela le contó y quiere contar. Si tú te crías en una familia donde todo esto ha ocurrido y no hay una elaboración del shock postraumático, pues hay una transmisión transgeneracional del trauma.

No me importa que se pregone, no me importe que se enteren. Quiero que la gente joven sepa lo que los mayores hemos pasado en ese tiempo

Dolores Martín-Consuegra compara esa necesidad de empoderamiento con el caso de la francesa Gisèle Pelicot. “A ella lo que la empodera es ese reconocimiento público de su realidad como víctima. Es lo que la lleva a decir ‘retransmitan mi juicio’ y después a escribir un libro”.

Como dice otra de las protagonistas de 'Levántate el mandil': “No me importa que se pregone, no me importe que se enteren. Quiero que la gente joven sepa lo que los mayores hemos pasado en ese tiempo”.

El partido regional Atlético Cariñena - Montecarlo acabó este domingo como el rosario de la aurora, al tener que ser suspendido tras los insultos proferidos hacia la colegiada principal, Coral Couso, así como supuestas amenazas de muerte al trío arbitral, lo que ya ha recibido la condena de la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF) y del alcalde de la localidad, Sergio Ortiz, que se ha puesto en contacto con la árbitra “para transmitirle mis disculpas y toda la solidaridad del Ayuntamiento de Cariñena”.

Según el acta del partido, firmada por Coral Couso Cuadrado, “una vez finalizada la primera parte, cuando nos dirigíamos al vestuario arbitral acompañados por el delegado de campo, el auxiliar del equipo local don José Martín Nivela Bribián, ha comenzado a realizar gestos hacia el público, con ambos brazos en alto, para incentivarles a que nos increparan y nos insultaran, provocando con ello que el público que estaba animando al equipo local, intentara saltar la valla que separa al público del terreno de juego y se dirigiera a nosotros en los siguientes términos: 'Eres una cacho puta'”.

Según ha adelantado 'Heraldo de Aragón' y como ha podido comprobar este periódico, el acta recoge las amenazas: “Os vamos a matar, de aquí no salís vivos, ya podéis cobrar bien el partido porque os vamos a partir los dientes, ya podéis ir llamando a la Guardia Civil porque de aquí no salís vivos...”:. El documento continúa que el público tuvo que ser contenido para que no lograran saltar la valla. “Al verse en peligro nuestra integridad física, se ha procedido a suspender definitivamente el partido en el descanso, con el resultado de 0-0. En la primera parte, el equipo local ha efectuado el saque inicial y ha atacado en dirección a la portería más cercana a vestuarios. Tras los citados incidentes, se le ha indicado al delegado de campo que llamará a la guardia civil para que nos garantizará nuestra seguridad, personándose esta en las instalaciones y acompañándonos a la salida de las instalaciones”.

El presidente del club zaragozano, Luis Nivela, ha explicado: “Defendemos a nuestra afición, excepto a los violentos”. Tras examinar los videos y el acta tras la denuncia de Coral Couso, Nivela ha asegurado que él escuchó insultos vejatorios pero no las amenazas de muerte y lamenta que estos improperios se produzcan cada quince días. No obstante, ha justificado la adopción de medidas en cuanto ha podido reunir todas las pruebas que hasta entonces no obraban en su poder.

“Como no puede ser de otra manera, desde el club condenamos los insultos producidos durante el transcurso del partido y nos desmarcamos completamente de este tipo de actitudes que no tienen cabida ni en el fútbol ni en la vida en general”, ha justificado el club en un comunicado. Por todo esto, después de descargar la grabación del partido y recopilar otros videos, como el recogido por un seguidor del Montecarlo, el Atlético Cariñena ha identificado a dos personas que profirieron los insultos y se procederá a la retirada de su carné de abonado, “así como todas medidas posibles para que no vuelva a ocurrir”, finaliza el comunicado del club.

Nivela asegura que él ha vivido escenas aún más graves que la del domingo y lamenta que esto se repita constantemente. A su juicio, en la jornada se produjeron una serie de consecuencias extraordinarias que empeoraron la situación, como el alto número de tarjetas rojas y el alargamiento del partido, además de insultos a otro linier que no aparecen en el acta del partido. Sin embargo, considera “absolutamente reprochable cualquier insulto porque estamos en contra de la violencia. Lo sentimos, denunciamos y adoptamos medidas”, resume.

La Federación Aragonesa de Fútbol ha emitido un comunicado manifestando su “enérgica condena ante estos hechos lamentables, que sin duda generan una profunda preocupación”. Aseguran que estas conductas “son contrarias tanto al ordenamiento jurídico general como al deportivo y vulneran las reglas de conducta y convivencia que todos nos hemos dado. Además, representan justo lo contrario de los principios y valores deportivos que inspiran al fútbol y a nuestras competiciones”. Recogen la necesidad de “aislar a quienes son incapaces de comportarse, ya que representan el peor ejemplo para los niños y adolescentes que practican este deporte. Y más aún cuando se llega a la violencia física. Debemos ser intransigentes con estas actitudes, colaborar en la identificación de los responsables y facilitar que los poderes públicos impongan las penas o sanciones administrativas correspondientes”. El comunicado concluye con una referencia a la justificación de este tipo de actos: “Sería incomprensible que cualquiera cayese en la tentación de justificar, aunque sea mínimamente, estos actos. Eso sería ponerse del lado de los violentos, algo inadmisible e incompatible con esta Real Federación, con nuestras competiciones y con la propia sociedad aragonesa”.

La Asociación Kirké-Feministas en Acción, CNT y Supervivientes en Acción saldrán a la calle el próximo domingo, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer con un objetivo claro: “condenar la violencia institucional” ante un sistema “que revictimiza, desprotege y silencia a las mujeres”.Como han asegurado en una rueda de prensa se manifestarán “por todas las mujeres que han sido ignoradas, despojadas de sus derechos, humilladas y maltratadas por las instituciones. Por todas las que han sido revictimizadas por el sistema judicial y por todas las que han sufrido violencia machista y no han encontrado justicia. Por ellas, estamos aquí”.

La presidenta de Kirké, Isabel Ilzarbe, ha explicado que la manifestación comenzará a las 11,00 horas del 8M desde el Palacio de Justicia de Logroño de manera que no interferirá a la otra cita convocada por la Plataforma 8M, prevista para las 12,30 horas. En este sentido ha querido dejar claro que “la idea es sumar, no dividir” pero “sí que queremos poner el foco en este tipo de violencia que es más desconocida”. De hecho, ha indicado, “muchas de nosotras acudiremos a las dos convocatorias”.

“El sistema judicial se ha convertido en cómplice y perpetuador de la violencia”

Ilzarbe ha puesto énfasis en asegurar que “el sistema judicial que debería protegernos, se ha convertido en cómplice y perpetuador de la violencia” y por ello anima a la ciudadanía a acudir a la cita para no invisibilizar este tipo de casos. En los propios Juzgados, las convocantes aprovecharán para leer un manifiesto en el que lamentarán también “la lentitud, inacción, apatía y la ineptitud del sistema”.

Como explican, la violencia patriarcal “no solo se ejerce en las casas, en los centros de trabajo y en las calles, no se esconde únicamente en los hogares o en los cuerpos de las víctimas de la violencia machista”. Por eso quieren señalar con fuerza “que las instituciones silencian, violentan y asesinan a las mujeres así como a víctimas vicarias, como el niño de 13 años asesinado en Sueca (Valencia) por el padre de un amigo, un hombre con antecedentes por violencia de género que un juez negligente dejó en la calle para que pudiese vengarse y matar con total libertad”.

Para Kirké y la CNT estos no son “casos aislados” sino que forman parte de una “violencia estructural y sistemática” porque “el feminicidio, las agresiones sexuales, las violencias físicas, psicológicas y económicas presentes antes, durante y después de las denuncias y de los procesos judiciales encuentran su lugar en la pasividad y desidia de los jueces, instituciones y leyes que protegen al agresor y revictimizan a la mujer”.

Como ha indicado Ilzarbe la manifestación partirá de los juzgados y posteriormente recorrerá Marqués de Murrieta, Gran Vía, Daniel Trevijano, Bretón de los Herreros para terminar en la Delegación de Gobierno.

“Eliminación de la impunidad”

Como otros ejemplos de este tipo de violencia, Ilzarbe ha recordado el reciente caso del ex-DAO de la Policía Nacional “acusado de violar, acosar y amenazar a una subordinada”, al “criminal del prostíbulo 'Tres Marqueses' en Recajo (La Rioja), condenando a un ”mísero“ año de cárcel o ”la declaración de incompetencia de la justicia española“ para juzgar al cantante Julio Iglesias ”por los abusos denunciados por sus empleadas“. De igual modo se ha referido a la situación del Juzgado Número 1 de Violencia sobre la Mujer de Logroño ”que ha sido denunciado reiteradamente en los últimos años por su maltrato a las mujeres que sufren violencia machista“.

Por eso inciden en la importancia de la cita de este domingo, “queremos justicia para todas, un cambio radical en el trato de las víctimas de violencia machista”. Exigen también “la eliminación de la impunidad”. Por todo ello “salimos a la calle, por todas las mujeres que han sido despojadas de sus derechos, por todas las que han sufrido violencia machista y no han encontrado justicia, estamos aquí”.

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En términos de violencia letal, vivimos en una de las etapas históricas más bajas, y aun así la vemos a diario: en las noticias, en la calle, en nuestros trabajos y en nuestros hogares… Por eso nos preguntamos: ¿Qué es la violencia? ¿Dónde se fabrica? ¿Es inevitable? ¿Somos violentos por naturaleza?

España es hoy uno de los países con menor tasa de homicidios del mundo: alrededor de 0,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, frente a los 5 de cada 100.000 de la media global. Pero más de 6 millones de mujeres han sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. 

Vuelve Esther Sánchez, impacientifica, para imaginar cómo transformar la violencia en otros Mundos Posibles.

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Escuchamos a Luis Moya Albiol, catedrático de Psicobiología en la Universitat de València, que investiga cómo funciona nuestro cerebro en situaciones de estrés social y qué ocurre cuando aparece la violencia. Descubrimos cómo se construyen socialmente las emociones y cómo gestionamos socialmente la violencia con Amparo Lasén, socióloga, doctora por la Sorbona y profesora en la Universidad Complutense.

Preguntamos a Antonio Andrés Pueyo, catedrático de psicología diferencial y profesor de Psicología de la Violencia en la Universidad de Barcelona, si la violencia se puede prevenir antes de que ocurra; y analizamos el papel que juegan las estructuras que producen desigualdad, exclusión y dominación con Francisco Jiménez Bautista, doctor en Humanidades, profesor del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada y fundador del Instituto de la Paz y los Conflictos.

Y terminamos explorando los monstruos y la violencia desde el cine y la literatura.

Valentina llegó de México en 2019 huyendo de la violencia de su país. Aquí conoció al que luego se convertiría en el padre de su hijo, que hoy tiene tres años. Pero la relación no acabó bien y, aunque quería cortar por lo sano, temía qué sería de una mujer migrante y soltera con un pequeño a cargo. Lo mismo le pasó a Montse que, después de años de violencia, reunió el valor para separarse. Pero entre los juicios y que su ex se negaba a pasarle la pensión, su economía se derrumbó. Estos miedos hicieron que ambas estuvieran más tiempo en sus relaciones del que hubieran querido.

Porque, al dolor de la separación, las secuelas de la violencia y al peso de criar a un hijo en solitario, estas mujeres deben sumar la inseguridad habitacional. Ambas resisten en pisos de los cuales la propiedad quiere echarlas, sometiéndolas a mobbing y con amenazas de desahucio próximas. Ninguna, a pesar de ser profesionales formadas y con carrera, tiene el dinero suficiente como para hacer frente a una mudanza ni a un alquiler que, de bien seguro, será mayor que el que tienen ahora.

Montse paga 600 euros por un piso de 60m2 con dos habitaciones; una de ellas, la de su hijo, sin ventilación y da directamente a la de su madre. “No puedo permitirme nada que no sea eso”, resume esta mujer, que es maestra de primaria. Antes era filóloga árabe, tenía carrera y dos másters, pero tuvo que estudiar magisterio cuando se separó porque vio que el que era su oficio y su pasión no le iba a pagar las facturas una vez sola.

Vive en un piso de la calle del Tigre, en el Raval de Barcelona, del que desahuciaron a principios de enero a siete familias porque, según un informe encargado por la propiedad, el inmueble tiene “riesgo inminente de derrumbe”. Por otro lado, hay inspecciones de los Bomberos que descartan el riesgo. Los casos de los vecinos han caído en Juzgados de Instrucción diferentes —cosa que, según los sindicatos de vivienda es totalmente excepcional. Uno, el 22, ordenó el desahucio. Y otro, el 56 y el que le tocó a Montse, ha decidido que puede quedarse en su casa. Pero no sabe hasta cuándo.

Cuando me separé, tuve que entregarle una copia de las llaves de casa a mi ex. Al tiempo acabó aceptando que tenía que irse, pero alquiló una habitación en el mismo edificio y empezó a perseguirme y a acosarme

Montse

“Estoy agotada, es una carrera de fondo. Después de todo lo que ha pasado…”, se lamenta Montse. Lleva 19 años en ese piso y es la segunda vez que tiene que luchar para quedarse allí. La primera fue cuando se separó, después de un largo maltrato. Su exmarido llegó a entrar en la casa por la fuerza y la denunció porque, argumentó, ella quería echarle y separarle de su hijo —del que luego nunca se hizo cargo.

“Me tocó pagar una multa y entregarle una copia de las llaves de casa. Al tiempo acabó aceptando que tenía que irse, pero alquiló una habitación en el mismo edificio y empezó a perseguirme y a acosarme”, recuerda Montse. Por suerte, sus vecinos se dieron cuenta y, en cuanto pudieron, rompieron el contrato de subarrendamiento.

“Pensé en irme, pero no tenía cómo hacerlo”, explica. Su marido se negaba a pasarle la pensión, lo que inició otro proceso judicial y el consecuente gasto en abogados. Además, se había quedado en paro y no encontraba trabajo debido a la depresión. Y todo ello, con un hijo de tres años. Hoy, ese niño ya tiene casi 18 años y ha salido adelante: estudia música y toca cuatro instrumentos. “Su educación es muy cara, pero no quería quitarle ese sueño. Vamos justos y tener que irnos ahora sería desastroso. Y, aunque intento mantenerle al margen, él nota todo ese estrés, las noches sin dormir”, lamenta Montse.

Un motivo para no romper

Montse reconoce que tardó en separarse “mucho más” de lo que le hubiera gustado. Primero, como a muchas otras víctimas, le costó darse cuenta de lo que pasaba en su casa. Luego vino la vergüenza. Y ya, después, la presión económica. “Si me quedaba sola, no sabía si iba a poder pagar el piso. Y si me echaban, ¿dónde iba a encontrar otro?”, expresa.

Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer del Ministerio de Igualdad, las víctimas tardan unos 2,5 años en identificarse como tal y les suele costar entre 5 y 7 años formalizar la ruptura. Según el estudio, las causas son varias, siendo el bienestar de los hijos y la inestabilidad económica las mayores preocupaciones.

Estos miedos están respaldados por otro informe del Ministerio que apunta que quedarse solas es uno de los principales motivos para los impagos del alquiler. Concretamente, el 6,05% de las que presentan problemas son víctimas de violencia de género; el 3,72 tienen dificultades después de la ruptura con su pareja y el 2,33% desde que enviudaron.

Hay muchos factores que retrasan la salida de situaciones que no son buenas. No todo el mundo se puede permitir el lujo de salir de una relación

Valentina

“Las mujeres somos un sujeto devaluado”, apunta Marina Parés, portavoz del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, que acompaña el caso de Montse. La mayoría de personas que se acercan a sus asambleas, aseguran, son mujeres y “en no pocos casos” se detecta a víctimas de violencia machista. “Mujeres que no estarían con sus parejas si no dependieran de un segundo sueldo para pagar. El alquiler te ata al maltratador”, remacha.

“Hay muchos factores que retrasan la salida de situaciones que no son buenas. No todo el mundo se puede permitir el lujo de salir de una relación”, argumenta Valentina. Esta mexicana es médica y, cuando empezó a pensar en separarse, se encontraba en medio del proceso para obtener su residencia, homologar su título, colegiarse y sacarse el MIR. “Yo había dejado el trabajo que tenía para poder dedicarme plenamente a eso y volver a ejercer rápido, pero claro, si me separaba, iba a ser mucho más difícil”, recuerda.

A todo ello se suma que, tras la separación, ella se quedó con la custodia total del niño, al que su ex sólo ve en visitas puntuales, lo que le resta mucho tiempo para estudiar y hacer trámites —que, a veces implican viajes a Madrid o incluso a México. Además, Valentina apunta que, por ser migrante, tiene una red de apoyo “muy limitada” que no puede hacerse cargo del bebé si ella necesita ir a una entrevista de trabajo o a un examen.

Con todo, decidió dar el paso. Hizo cálculos y vio que, gracias al IMV, a la manutención y a los ahorros podría aguantar un año más sin trabajar y acabar de homologar su título. La vivienda no era un problema porque su ex le dejó quedarse en el piso, sabiendo que para ella iba a ser muy difícil encontrar un alquiler siendo madre soltera.

Pero todo cambió con un burofax en el que la propiedad le informaba que habría una actualización del IPC en el contrato. Y no solo del presente año, sino que el documento también le exigía al pago retroactivo de los años anteriores, lo que sumaba una deuda acumulada de 3.000 euros. Ese gesto, que es ilegal, fue leído por Valentina y su abogado como un “acoso inmobiliario” que llegó justo cuando informó a la propiedad de que se había separado y, a partir de entonces, en el contrato constaría sólo ella.

Mi hijo no va a saber lo que es el sentimiento de barrio. Tiene derecho a jugar en su parque y yo, siendo madre soltera, tengo derecho a pedir ayuda a una vecina, a cuidarnos a los niños mutuamente y a echarnos una mano

Valentina

“Querían crearme una situación hostil para que me fuera”, resume la mujer, que reconoce que se lo llegó a pensar. “Pero no estaba preparada para lo complicado que es. Cuando iba a un piso, eran visitas que duraban 15 minutos, junto a otras ocho personas ”, recuerda. En su situación, sólo se le ofrecía alquiler de habitaciones y no estaba dispuesta a vivir con su hijo en una pequeña pieza junto a desconocidos.

Así que decidió quedarse en su piso por el tiempo que pudiera. Pero a finales de 2025, y contraviniendo el mínimo de cuatro meses de preaviso, la propiedad dio la estocada final y le informó de que no le iba a renovar, argumentando que había una deuda impagada. Valentina pidió la prórroga por vulnerabilidad (de hasta un año), pero su casera se la denegó. Así que, a pesar de que el contrato acabó el pasado 9 de febrero, ella sigue en el piso. “Estaré aquí hasta que encuentre una alternativa, al menos”, asegura.

Valentina explica que supuso “mucho trabajo” reconstruir su vida tras la separación. Y ahora ve que tendrá que volver a empezar. Seguramente, en un barrio nuevo. El suyo, el del Born, es uno de los más gentrificados de la ciudad. Cuando se mudó a su edificio, durante la COVID, estaba lleno de familias y personas locales. Pero, a la que se han ido acabando los contratos, esos vecinos se han ido sustituyendo por expats y alquileres de temporada.

“Mi hijo no va a saber lo que es el sentimiento de barrio. Tiene derecho a jugar en el parque con sus vecinos y yo, sobre todo siendo madre soltera, tengo derecho a pedir ayuda a una vecina, a cuidarnos a los niños mutuamente y a echarnos una mano”, lamenta. Ella, igual que Montse, siente que la expulsión de su casa es el último golpe tras una separación traumática. Algo que sus exparejas no han tenido que soportar.

La Audiencia Provincial de Guadalajara, a través del procedimiento del Tribunal del Jurado, ha condenado a F.P.S., principal acusado de las muertes de un matrimonio y su hija en la localidad guadalajareña de Chiloeches (Guadalajara), a las penas de 40 años de cárcel y prisión permanente revisable por 3 delitos de asesinato con alevosía, el último, el de la joven, hiperagravado, según recoge el artículo 140.2 del Código Penal.

Los hechos se produjeron en abril de 2024 en la vivienda de las víctimas, ubicada en una urbanización de Chiloeches, y en los que estuvieron implicados tres jóvenes, el principal acusado, autor material de los asesinatos, y otras dos personas, uno de ellos pareja de la hija del matrimonio fallecido, informa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en nota de prensa.

La sentencia dictada por la magistrada presidenta del Tribunal del Jurado, y en base al veredicto, recoge además para F.P.S. la condena a 4 años, 7 meses y 15 días por el delito de robo con intimidación y violencia en las personas en casa habitada y con uso de armas, y a 2 años de cárcel más por el delito de daños por incendio, este último cometido tras producir las tres muertes y con el objetivo de ocultar los hechos.

La magistrada establece en la resolución, como responsabilidad civil, el pago de una indemnización total de 400.000 euros al hijo y hermano de las víctimas, que se encontraba en el domicilio en el momento de los hechos y consiguió huir de la vivienda. La indemnización recoge 150.000 euros por cada una de las muertes de los padres y 100.000 euros por el fallecimiento de su hermana.

La resolución para el resto de acusados

Respecto de los otros dos acusados, y ahora condenados --D.M.A. y C.B.M., este último pareja de la joven fallecida--, la sentencia establece pena de prisión para ambos por el delito de robo con intimidación y violencia en las personas en casa habitada y con uso de armas, D.M.A. como cómplice --2 años, 1 mes y 16 días de prisión-- y C.B.M. como cooperador necesario --4 años, 3 meses y 1 día de prisión--.

Según el veredicto del Tribunal del Jurado, y ahora reflejado en las penas de la sentencia, C.B.M. proporcionó con antelación a los hechos información detallada de la ubicación de la vivienda, así como otros datos que fueron relevantes para que el principal acusado ejecutara el robo.

En cuanto a D.M.A., la noche de los hechos acompañó al principal acusado en coche hasta la puerta de la urbanización, y quedó a la espera de la llamada de F.P.S. una vez se produjera el robo previsto.

Respecto a las atenuantes propuestas por los abogados de los tres encausados, actuación bajo la influencia de consumo de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas --F.P.S., D.M.A. y C.B.M.--; arrebato y obcecación, y reparación del daño --F.P.S.--; confesión y colaboración --A.D.M.--; y retraso mental ligero y trastorno de la afectividad --C.B.M.--, ninguna ha sido considerada para establecer la sentencia, todo ello en base al veredicto del Tribunal del Jurado, que no dio ninguna atenuante por probada, y en base a las pruebas practicadas en el juicio.

Por último, la sentencia establece como responsabilidad civil para el principal condenado, F.P.S., el pago de más de 163.000 euros a una compañía aseguradora, por los daños que tuvo que asumir tras el incendio provocado en la vivienda.

La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en un establecimiento comercial de la localidad toledana de Fuensalida.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de febrero, cuando un individuo encapuchado y armado con un cuchillo de “grandes dimensiones” accedió al interior de un comercio del municipio, amenazando tanto a la dependienta como a una clienta que se encontraban en el local, según ha informado el instituto armado.

Tras exigir la entrega de la recaudación de la caja registradora, el autor agredió a la dependienta utilizando un spray de defensa personal, huyendo posteriormente del lugar.

El Equipo Territorial de Policía Judicial, junto con el Equipo ROCA de la quinta Compañía de Torrijos y en colaboración con Policía Local de Fuensalida, llevaron a cabo las gestiones de investigación, que permitieron identificar y detener al presunto autor de los hechos.

Se trata de un conocido delincuente de la zona, con numerosos antecedentes por delitos violentos, según explican desde el instituto armado.

La operación contó con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil para llevar a cabo la entrada y registro en el domicilio del detenido, donde fueron intervenidos el cuchillo y el spray presuntamente utilizados en el atraco.

El cadáver de una mujer con signos de violencia ha sido hallado este lunes en el interior de una vivienda en el municipio malagueño de Cártama. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del caso.

Así lo han confirmado fuentes del propio cuerpo armado, que han precisado que el cadáver de la mujer hallado este lunes presenta signos de violencia.

De otra parte, el Sistema Emergencias 112 de la Junta de Andalucía ha informado que este lunes en torno a las 13:35 horas ha recibido una alerta por la presencia de una mujer muerta en una vivienda de Cártama, por lo que ha dado aviso a servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local.

Los sanitarios han confirmado que la mujer fallecida tenía 66 años; mientras que fuentes cercanas a la investigación consultadas por Europa Press han precisado que el interior de la vivienda en el que ha sido hallado el cadáver estaba revuelto.

“Mi hija cambió en la adolescencia, sobre los 12, 13 años. Se volvió más irritable, me prohibía entrar en su cuarto”. Hasta entonces, relata esta madre, “era una niña muy dulce e independiente”. Lucía (nombre ficticio) es una de las familias usuarias del servicio de Ejecución de Medidas en Medio Abierto y Reinserción Social de Menores del Gobierno de La Rioja y gestionado por Fundación Pioneros. El programa desarrolla cuatro medidas judiciales en medio abierto: tareas socio educativas, libertad vigilada, prestación en beneficio de la comunidad y reparación extrajudicial.

Víctor García Lorente es el coordinador del programa y desde hace un año lleva trabajando con Lucía y su hija Susana (también nombre ficticio). Esta familia es monomarental, característica no determinante porque el único denominador común de todas ellas es que se han visto obligadas a denunciar a sus hijos e hijas. “No hay un perfil, tenemos familias de clase media, alta y baja. Españoles, migrantes, familias monomarentales, (monoparentales aún no, tampoco familias formadas por dos hombres); familias formadas por un hombre y una mujer. No hay un perfil claro, al contrario, tenemos una gran diversidad, también ideológica porque aunque, evidentemente no preguntamos por la ideología, en las sesiones vemos que hay gente de derechas y de izquierdas”

La primera agresión

Lucía llegó incluso a dejar su trabajo. “Me di cuenta de esos cambios, mi hija se sentía sola y decidí dejar el trabajo, me necesitaba”. Es madre soltera y nunca han vivido con el padre. “Quizás este desapego, el cambio de país, de colegio... tal vez todo esto haya influido”. Y además de percibir estos cambios de conducta, Lucía descubre un día heridas en la muñeca de su hija: “unos rasguños y cortes”. Paralelamente, la situación en el colegio iba empeorando. “Me decía que le molestaban, cada vez estaba más irritable. Antes de entrar en su cuarto debía llamar a la puerta cuando antes nunca lo hacía. Si entraba sin llamar, ella la empujaba y gritaba que me fuera, estaba demasiado violenta”.

En el momento en el que detectó las primeras autolesiones, Lucía pidió ayuda. Acudió a su médico de cabecera y le derivó a los profesionales de psicología aunque la cita llegó siete u ocho meses después de acudir a Atención Primaria. “En este espacio de tiempo las autolesiones aumentaron. Se provocaba cortes muy profundos, algunos incluso requirieron puntos de sutura. Tuvimos que ir tres o cuatro veces a Urgencias. Yo llegaba desgarrada, con dolor, llorando... desesperada porque nunca imaginé que mi hija pudiera atentar de esta manera contra su cuerpo” confiesa esta madre aún emocionada.

Y fue en esa consulta de psicología cuando le diagnosticaron Síndrome del Espectro Autista (TEA) y asperger. “Susana es una niña que no sale, no tiene muchos amigos, venía triste del colegio, no me solía contar nada... Un día entró en casa desencajada y con una mirada de tristeza, dolor, frustración e incluso furia”. Era la hora de comer y su negativa de sentarse a la mesa lo desencadenó todo. “Se fue al baño un momento y aproveché para esconderle el móvil que había dejado encima de la mesa. Eso duplicó, triplicó su furia. Salió del baño y yo insistí en que se sentara a la mesa. Ella me cogió de los pelos y me arrastró. No forcejeé porque la vi desencajada, fuera de sí. Me agarró del otro brazo y trató de darme una patada que conseguí esquivar”. Esa fue la primera y única agresión.

Temblaba no de miedo, sino por verla a ella descontrolada. ¿Qué está pasando en mi hogar? Ella nunca ha visto violencia en casa, al contrario, siempre hemos sido muy cariñosas

Lucía, víctima de violencia filio parental

Cuando le soltó, esta madre lloraba y temblaba. “No de miedo, sino por verla a ella descontrolada. ¿Qué está pasando en mi hogar? Ella nunca ha visto violencia en casa, al contrario, siempre hemos sido muy cariñosas”. Cuando al final la soltó, su hija se dirigió a la cocina, cogió un cuchillo y se encerró en el baño. “Fui detrás de ella y traté de abrir la puerta del baño porque sentía que mi hija podía autolesionarse o tirarse por la ventana del baño. Estaba en shock, no tenía fuerzas para abrir la puerta del baño porque toda la rabia de mi hija triplicaba su fuerza. Yo me sentía pequeñita y débil, ya me había agredido”.

Lucía llamó al 112 pensando en que solo acudirían profesionales médicos. “Solo quería que la estabilizaran, pero también vino la Policía Nacional”. Susana tenía entonces 14 años, y tras ser atendida por los profesionales médicos, pasó su primera noche en el calabozo. Lucía nunca denunció a su hija, pero el mecanismo se puso en marcha y el caso llegó al Juzgado de Menores: la sentencia, seguimiento vigilado y asistencia a las terapias psicológicas en Fundación Pioneros además de continuar con el tratamiento prescrito con la Seguridad Social. “Con el testimonio del colegio, el fiscal de Menores y el Juez vieron que mi hija no causaba problemas, ni estuvo involucrada en ningún conflicto”, relata Lucía. Además, “los informes médicos reflejaban que era una niña padeciendo un trastorno”.

“Vienen señalados, pero ven que su familia también tiene que cambiar”

Así fue como García se cruzó en el camino de Lucía. Tras entrar por la puerta de Pioneros, Susana comenzó con las terapias. “Para llegar soluciones, siempre dividimos responsabilidades”, explica el coordinador del programa. “El que viene señalado es el menor que es quien ha sido denunciado, judicialmente es el agresor, pero en Pioneros responsabilizamos también a las familias como educadores principales. La familia tiene también responsabilidades, ya se verá de qué manera, pero se les hace responsables”. Algo que valoran los menores. “Al final son ellos los que llegan señalados como los malos, los agresivos, pero ven que su familia también tiene que cambiar algo y no solo ellos”. “Se dividen responsabilidades y áreas de mejora”, apostilla García porque “la maniobra de mejora la tienen todos. No es suficiente con que solo cambie el menor, ni que cambien los progenitores, tienen que cambiar todos. Y así, vamos trabajando con un enfoque constructivista en el que vamos creando de nuevo una nueva relación”. Muchas de las familias que llegan a Pioneros añoran la relación que tenían con su hijo o hija cuando eran niños, “pero eso ya no puede ser, no existe. Sencillamente, porque sus hijos están en otra realidad, con otra madurez. Comenzamos a construir una realidad a partir de un nuevo punto de partida, su hijo o hija adolescente”.

División de responsabilidades y vínculo. Y es que las distintas sesiones con los menores, García y su equipo priorizan la alianza terapéutica. “El vínculo es fundamental para que un adolescente se sincere con un adulto, muestre sus emociones y para ello tiene que confiar. Aquí llegan desconfiando de los principales adultos, sus padres que son quienes le han denunciado, su vínculo está roto. Y aunque algunos vienen con un profesor o entrenador, otros tienen que vincular con nosotros y ver lugar como un sitio seguro en el que pueden hablar, donde se les entiende y no se les señala. Y hacemos todo lo que haga falta para conseguir este vínculo: hablar de rap, trap, tatuajes... hablar de lo que ellos quieran, que vean que tenemos interés en sus cosas, que se sientan valorados”

En el programa de Fundación Pioneros trabajamos para encontrar las pepitas en el fango, que las hay

Víctor García, coordinador del programa en Fundación Pioneros

Y así, sesión tras sesión, en este programa de Pioneros tratan además de “encontrar las pepitas en el fango, que las hay”. Lucía encontró esas pepitas y después de diez meses trabajando con Pioneros ha empezado a comprender a su hija. “Sé que no lo está pasando bien. Antes pensaba que solo era rebeldía, pero la realidad es que lo está pasando mal por dentro”. El paso por Pioneros ha cambiado a Susana: “ya no es violenta” cuenta orgullosa su madre. “Y aunque alguna vez se le escapa algún grito, recapacita y reacciona. Vuelve a ser cariñosa”.

Y aunque su intención nunca fue denunciar a su hija, Lucía reconoce era “la única vía de ayudarla. Las cosas pasan por algo porque si aquel día no hubiera pedido ayuda, ¿qué habría pasado? Lamentablemente, mi hija pasó una noche en el calabozo, un duro episodio del que hemos aprendido juntas”. Los antecedentes, cuenta, “se borrará cuando cumpla la mayoría de edad”.

Y ese es el mensaje que lanza el coordinador del programa. “Si la situación violenta pone en riesgo la seguridad de algún miembro de la familia, lo primero es informarlo, contarlo a un hermano, un psicólogo, entrenador... que no se convierta en un secreto familiar por vergüenza: mi hijo me pega, soy mal padre o es mal hijo...”. Posteriormente, si la situación se vuelve insostenible, García aconseja denunciar. “La denuncia es un momento durísimo, un puñetazo, pero lo que hay detrás de esta denuncia y de este puñetazo es una intervención ajustada y. positiva”. La “mejor solución” insiste este profesional “porque aquí solo trabajamos a partir de una denuncia”.

Y como retos de futuro, García apunta a una reducción en la edad de acceso a los móviles y tecnologías. “Se está empezando a hablar de estas cuestiones y me parece bien porque se está viendo la influencia neuronal, conductual y cognitiva así que el futuro tiene que ir por ahí, no solo su influencia en la violencia filio parental, sino también en otros problemas relacionados con la juventud como los suicidios y la violencia de género entre adolescentes”.

Y además, este psicólogo pone sobre la mesa un debate: reflexionar sobre el modelo educativo. “Sabemos que el modelo autoritario de antaño no funciona, pero el permisivo tampoco. Si a un niño no se le pone límites, hacerlo a los 13 o 14 años resulta realmente complicado. Lo ideal, un término medio que mezcle esa presencia, no autoridad, con esa educación emocional en las familias”.