El mismo año en que el discurso antimigratorio vivía un nuevo avance en España, las llegadas irregulares de migrantes, aquellas colocadas por la derecha en el centro de su rechazo a la inmigración, se desplomaban. Mientras las intervenciones de líderes de PP y Vox criticaban una supuesta política española de “fronteras abiertas”, la realidad en el terreno evidenciaba un cambio de tendencia que los datos oficiales acabaron por confirmar: el número de entradas clandestinas a suelo español ha caído en 2025 hasta su nivel más bajo desde 2022, según los datos del Ministerio del Interior. 

El mayor descenso de las entradas irregulares hacia Europa se ha registrado en España, especialmente en la ruta hacia Canarias. Las llegadas clandestinas a suelo español han disminuido un 42,6% en 2025 con respecto al año anterior, alcanzando su cifra más baja desde 2019, según los datos del Ministerio del Interior. En el conjunto de la UE la tendencia también ha sido a la baja, con una caída del 26% en comparación con 2024, sostienen los datos de Frontex. 

La travesía hacia el archipiélago canario, una de las más peligrosas para llegar a Europa y convertida durante el último lustro en la principal vía de entrada irregular a España, ha experimentado una brusca reducción en 2025. Si en 2024 alcanzaron las costas canarias en inestables embarcaciones 46.843 personas, el año pasado lo hicieron 17.788, un 62% menos. La caída en el flujo hacia suelo español es muy superior a la disminución del 1% detectado en Italia, cuyas duras políticas han sido mencionadas como ejemplo en repetidas ocasiones por parte de Alberto Núñez Feijóo.

Principal razón: acuerdo con Mauritania

El principal factor que explica la reducción del flujo migratorio hacia España se encuentra a cientos de kilómetros de suelo español: el aumento del control migratorio por parte de Mauritania tras distintos acuerdos firmados con la Unión Europea y el Gobierno español para frenar las salidas de migrantes desde su territorio a cambio de cientos de millones de euros. 

En los últimos años, el país africano pasó a ser uno de los principales puntos de salida de cayucos, desde donde se embarcaron la mayoría de migrantes llegados a Canarias en 2024, buena parte solicitantes de asilo malienses empujados por el conflicto en su país. En marzo de ese mismo año, la UE selló con Mauritania un pacto de cooperación en materia migratoria para frenar las salidas de cayucos hacia las islas a cambio de una financiación de 210 millones de euros, una política de “cooperación fronteriza” defendida por las autoridades españolas y europeas, pero muy criticada por organizaciones de defensa de la población migrante ante la falta de mecanismos de control en materia de derechos humanos. 

Un año y medio después, las llegadas a Canarias caían al mismo tiempo que aumentaban las redadas, abusos y detenciones arbitrarias contra la población migrante residente en Mauritania, según han documentado organizaciones como Human Rights Watch. La ONG documentó el pasado agosto los abusos cometidos por la policía, guardia costera, marina, gendarmería y el Ejército de Mauritania en operativos fronterizos y de control migratorio. “Estos incluyen tortura, violación y otras formas de violencia; acoso sexual; detenciones y arrestos arbitrarios; condiciones inhumanas de detención; tratos racistas; extorsión y robos; y expulsiones sumarias y colectivas”, recoge la investigación. “Las represiones y violaciones se vieron agravadas por el respaldo continuo de la Unión Europea y España a la externalización del control migratorio en Mauritania, mediante años de apoyo a las autoridades fronterizas y de migración del país”, concluyó el informe.

No es una estrategia nueva. “Históricamente, el número de llegadas irregulares desciende o va en aumento no tanto por un cambio en los países de orígenes, sino por el estado de la cuestión de las relaciones bilaterales con los países que acaban conteniendo las salidas de migrantes”, resume Blanca Garcés, investigadora senior del Área de Migraciones del CIDOB (Barcelona Centre for Internacional Affairs). “No se debe tanto a cambios de fondo de los cambios estructurales de los países de origen, sino si los países terceros, como Marruecos o Mauritania, están ejerciendo ese papel de guardianes desde fuera”, añade. 

Medida “a corto plazo”

Pese a que dichos acuerdos pueden detener los flujos por un tiempo, su impacto suele ser temporal. No es, recalca, una medida con efectos estables. “Aunque esa política sí suele reducir las llegadas por esas rutas, lo hace solo en el corto plazo”, analiza la experta de CIDOB, que señala las consecuencias negativas de la llamada “cooperación fronteriza”: “Es una estrategia con muchos costes. Tiene costes en derechos humanos, porque se delega un control migratorio bajo nuestra financiación pero sin vigilancia; pero también coste económico y político, porque siempre se hace a cambio de algo”. 

Pero cuando una ruta migratoria se cierra, pronto acaba abriéndose otra, sostienen los expertos. “Cuando los factores que empujan a emigrar siguen estando, al final se encuentran otras rutas, más peligrosas”, recuerda Garcés, que recuerda el ejemplo de Marruecos. El país magrebí, tras sendos acuerdos con España y la UE, en el que se incluía el cambio de posición española con respecto al Sáhara Occidental, las autoridades alauíes aumentaron su vigilancia fronteriza y la represión contra los migrantes en tránsito. “Marruecos empezó a aumentar el control y el flujo se fue desplazando hacia el sur hasta que Mauritania pasó a ser el principal punto de salida, lo que daba lugar a rutas más largas y peligrosas”, añade. “Son vasos comunicantes”. 

Actualmente, todavía no se ha percibido que se haya abierto de forma clara una nueva ruta con un volumen de migrantes considerable desde Mauritania. En el caso de los trayectos con destino a España, las travesías desde Argelia hasta Baleares han subido un 24,5%. Sin embargo, los perfiles de quienes suelen utilizar este camino no corresponden por el momento a los que solían atravesar el Atlántico rumbo a Canarias, apunta la investigadora Helena Maleno, fundadora de la ONG Caminando Fronteras. “La mayoría son argelinos, aunque desde hace dos años hay cada vez más presencia de subsaharianos, como somalíes o sudaneses que estaban en Túnez o Libia”, sostiene. Es decir, algunos de quienes trabajaban en ambos países a la espera de embarcarse a Italia, se han desplazado a Argelia para tratar de llegar a Europa pasando por Baleares. 

El descenso de llegadas irregulares a España no ha acabado con las muertes en el trayecto. Según el último balance de Caminando Fronteras, organización en contacto directo con familias de los migrantes desaparecidos y fallecidos, 3.090 personas perdieron la vida en las fronteras españolas entre el 1 de enero y el 15 de diciembre. Entre ellos 192 mujeres y 437 menores de edad. “El Gobierno español quiere vender como un éxito la reducción de llegadas, pero no es ningún triunfo porque no se ha protegido la vida de estas personas: las tragedias continúan y, en comparación con el año pasado, el porcentaje de muertes sigue aumentando”, cuestiona Maleno. Sus datos evidencian que, aunque los cruces han bajado, las condiciones extremas y los riesgos mortales en rutas como la argelina y canaria continúan atrapando a miles de personas migrantes en el mar.

Más inmigración, pero la que PP y Vox no critica

Que hayan bajado las llegadas irregulares no quiere decir que haya descendido la llegada de inmigrantes en España. En los últimos años el número de personas extranjeras residentes en España continúa en aumento, en lo que los sociólogos denominan ya como el último boom migratorio. Pero la mayoría no llega de manera clandestina por mar ni tierra, sino que aterriza en suelo español en avión con sus documentos en regla.

Mientras el discurso sobre inmigración de PP y Vox suele poner el foco en las entradas clandestinas de población africana, la mayoría de inmigrantes llegan a España a través de los aeropuertos y proceden de Latinoamérica. Aunque entran por un paso oficial con un visado de turista, buena parte de ellos acaban permaneciendo irregularmente cuando caduca su permiso de estancia. “8 de cada diez inmigrantes en situación irregular proceden de aeropuertos. Hay una singularidad muy particular: la irregularidad no va asociada a las llegadas irregulares. La mayoría llegan de forma regular”, dice la investigadora senior de CIDOB. 

El discurso antiinmigración, sin embargo, no suele reflejar esa dimensión de los flujos migratorios. “Los migrantes deseados por la derecha suelen ser los latinoamericanos, que constituyen la mayor parte de la situación irregular. Mientras que los que son problematizados suponen una ínfima parte de las personas sin papeles en España y la mayoría se encuentran de forma regular e incluso tienen la nacionalidad”, analiza Garcés, unas circunstancias que apuntan al racismo o la islamofobia vinculados a los mensajes imperantes en la extrema derecha.

Gráficos: Ainhoa Díez Ruiz.

Tres ciudadanos españoles figuran entre los 21 rescatados tras el hundimiento del 'Tafra 3', un pesquero de capital gallego en aguas de Mauritania, y los otros cinco, de nacionalidad mauritana, permanecen desaparecidos, según han informado a la agencia EFE fuentes del servicio de Salvamento Marítimo.

La información facilitada por las autoridades mauritanas a Salvamento Marítimo indica que el 'Tafra 3' —pesquero español desde 2001 hasta 2021, cuando pasó a tener bandera mauritana— llevaba 26 personas a bordo. Se ha hundido tras una colisión registrada este viernes, a las 20.40 horas española, con el también pesquero 'Right Whale', con pabellón de Gambia.

Cinco personas permanecen desaparecidas, todas ellas de origen mauritano. Los tres españoles han sido rescatados y se encuentran en buen estado, según informa Europa Press

El choque se ha producido en una zona marítima cercana al puerto de Nuadibú, la segunda mayor ciudad de Mauritania, considerada como la capital comercial del país, y cercana a la frontera del Sahara Occidental, donde operan varios barcos de pesca gallegos para capturar pulpo. La colisión del buque 'Right Whale', de capital ruso, provocó una gran brecha en el costado de estribor del 'Tafra 3', que se encontraba en medio de una maniobra, lo que hizo que se hundiese de una manera muy rápida.

Varios barcos de capital gallego que se encuentran trabajando en la zona están colaborando en la búsqueda de los desaparecidos. Salvamento Marítimo ha solititado a sus homólogos MRCC Mauritania la actualización de las operaciones de búsqueda y está a la espera de recibir información sobre el operativo.

Por su parte, el consulado está en contacto desde el primer momento para facilitar todos los trámites necesarios para que puedan volver a España.

Cuando hablamos de Magreb, muchos piensan automáticamente en Egipto, pero la realidad es diferente. El término proviene del árabe المغرب Al-Magrib, que significa «Poniente», y originalmente se refería a Marruecos. Hoy, como región geopolítica, el Magreb abarca el norte de África, limitado por el mar Mediterráneo al norte, el océano Atlántico al oeste y el desierto del Sáhara al sur.

Los seis países que forman el Magreb

El Magreb está compuesto por Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Mauritania y el Sahara Occidental, este último parcialmente ocupado por Marruecos y todavía en proceso de descolonización. En conjunto, suman más de 86 millones de habitantes, mayoritariamente árabes, aunque existen importantes minorías bereberes, los pobladores autóctonos de la región, reconocidos incluso en Argelia por su lengua y cultura propias.

Estos países comparten religión musulmana suní, aunque también existen minorías judías y cristianas, así como influencias de África subsahariana en los territorios del sur, como en Argelia, Libia o Mauritania.

Lengua, política y tensiones

El árabe es la lengua oficial en todos los países del Magreb, y forman parte de la Liga Árabe, la organización panárabe que busca cooperación política y económica. Sin embargo, la región está marcada por divisiones, principalmente por el contencioso del Sahara Occidental, que ha bloqueado la creación de la Unión por el Magreb Árabe (UMA). La rivalidad histórica entre Marruecos y Argelia es un ejemplo de cómo tensiones políticas locales pueden frenar la integración regional, a pesar de los lazos culturales y religiosos compartidos.

Una región de historia y diversidad

Más allá de la política, el Magreb destaca por su riqueza cultural y patrimonial: sus zocos, medinas, mezquitas, fortalezas y paisajes desérticos conforman un mosaico que atrae a viajeros, investigadores y amantes de la historia. Las minorías bereberes, el legado islámico y la cercanía con el Mediterráneo y el Atlántico hacen de esta región un espacio único, donde tradición y modernidad conviven en cada ciudad y cada pueblo.

En definitiva, el Magreb no es solo un concepto geográfico: es una región con identidad propia, marcada por historia, religión y política, cuyos países están conectados por siglos de intercambios culturales, pero separados por disputas que aún hoy condicionan su futuro colectivo.

Las autoridades mauritanas rescataron este jueves una veintena de cadáveres y a 17 supervivientes tras el naufragio en sus aguas atlánticas de una embarcación que transportaba a más de un centenar de migrantes con rumbo a Canarias.

Fuentes de la Guardia Costera de Mauritania, que no precisaron la cifra exacta de cuerpos recuperados, indicaron a EFE que las labores de búsqueda continúan a la altura de la zona de M’haijratt, situada a unos 60 kilómetros al norte de Nuakchot, donde se produjo el naufragio.

Según relataron los supervivientes, viajaban en un grupo de más de un centenar de personas, en su mayoría de nacionalidad gambiana y senegalesa, que habían zarpado de Gambia seis días antes con rumbo a las islas Canarias.

No obstante, la ONG española Caminando Fronteras aseguró que a bordo de la embarcación siniestrada iban 144 personas, de las cuales solo 16 sobrevivieron y se han recuperado hasta ahora 40 cuerpos.

La ruta migratoria desde la costa africana a Canarias, denominada 'vía atlántica', está considerada como una de las más peligrosas del mundo, con miles de fallecidos cada año.

El año pasado 46.843 migrantes llegaron por esta ruta a España, según datos oficiales, y 9.757 murieron intentándolo, de acuerdo con la ONG Caminando Fronteras.

Mauritania incurrió entre 2020 y 2025 en “graves violaciones” de los derechos humanos en la gestión de los flujos de migrantes y solicitantes de asilo en tránsito a España y Europa, según un nuevo informe de la ONG Human Rights Watch (HRW) que detalla 43 casos de abusos físicos, entre los que se citan tortura, violaciones y otros tipos de maltrato, además de tácticas proscritas, como las deportaciones colectivas. El documento, que reconoce avances recientes en el control de los excesos, vuelve a ilustrar los problemas que entraña la subcontratación de la gestión de los flujos migratorios.

España lleva más de dos décadas tratando de mitigar la llegada de migrantes de África con acuerdos con los países de origen o tránsito. El objetivo es limitar una afluencia que desborde la capacidad de acogida, pero esta estrategia tiene la contrapartida de que los derechos de migrantes y solicitantes de asilo dependan de Gobiernos con dificultades o falta de voluntad para gestionar con rigor el tránsito de personas camino al Norte.

Mauritania, que comparte frontera con el Sáhara Occidental (controlado por Marruecos) y Argelia al norte, Mali al este y sureste y Senegal al sur, es punto de salida de la ruta marítima a Europa. En 2024 llegaron a Canarias por mar 46.843 personas en 693 embarcaciones, según datos del Ministerio de Interior, lo que supuso un aumento del 17,4% respecto al año previo. En los primeros siete meses de este año el tránsito se redujo en un 46% con respecto al mismo periodo del año pasado, no obstante. Mauritania interceptó entre 2020 y la primera mitad de este año 26.667 embarcaciones, con el pico en 2024. También efectuó 849 rescates en el mar.

Entre los abusos documentados hay nueve casos de violaciones entre 2020 y 2022 a cargo de policías o de personal de la Armada del país, relatados por testigos. También hay cuatro episodios de tortura, uno de ellos referido por la supuesta víctima, un hombre detenido por facilitar el tránsito de migrantes que denunció que la policía le aplicó descargas eléctricas. “Decían que ayudaba a la gente a ir a España”, indica el testimonio recogido por la ONG.

Otra de las actuaciones cuestionadas es la expulsión de migrantes subsaharianos, con una mano delante y otra detrás, a zonas lejanas del punto donde fueron detenidas. El informe se detiene en el caso del liberiano de 46 años Marco Gibson, que aseguró que soldados mauritanos lo detuvieron junto a otros 40 migrantes cerca de la frontera norte del país con el Sahara el pasado diciembre. “Nos pegaron con palos y un látigo de caucho, nunca había visto un comportamiento tan brutal”, contó.

Luego lo expulsaron a Gogui (Mali), a cientos de kilómetros del punto donde fue detenido, junto a otras 20 personas. La expulsión se produjo la víspera de que un grupo islamista atacara la cercana ciudad de Nioro del Sahel, en la región maliense de Kayes.

Pasividad española

El informe incluye testimonios que denuncian que agentes españoles interrogaron a personas detenidas arbitrariamente por colegas mauritanos, incluido un arrestado por supuesto tráfico de personas —liberado posteriormente sin cargos— que denunció que pasó tres días sin comer en una celda y solo le dieron alimento cuando se quejó al jefe de la delegación española.

El informe se refiere también a un incidente de 2023 en el que Mauritania rechazó el desembarco de un grupo de 168 migrantes rescatados de un cayuco en el mar por una patrullera de la Guardia Civil, que acabaron siendo devueltos a Senegal. Pide que no se repitan actuaciones como esta “dada la imposibilidad de evaluar adecuadamente en el mar las nacionalidades y los problemas de seguridad” a los que los desembarcados se puedan enfrentar.

La ONG aduce que “al financiar, equipar y colaborar con las fuerzas mauritanas durante años para reforzar los controles de frontera y migratorios sin garantizar que existan las adecuadas salvaguardas de los derechos humanos, la UE y España han incentivado la represión de la migración y comparten la responsabilidad por los abusos de Mauritania”. Menciona, en este sentido, que la UE ha sufragado la reforma de dos antiguos centros de detención de migrantes para albergar a los que sean interceptados o rescatados del mar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo en julio en Mauritania en una visita oficial. En una comparecencia sin preguntas reivindicó la “colaboración” de países emisores de migrantes como Mauritania y trasladó “la firme voluntad de seguir profundizando los lazos y extenderlos a otros muchos ámbitos”, incidiendo en particular en el deseo compartido con el país africano de “elevar la relación económica a un mayor nivel de ambición”.

El jefe del Ejecutivo también aseguró que la UE “comprende el papel vital que desempeña Mauritania en la región”, en referencia al Sahel, y aseguró que “España va a seguir trabajando” para que la relación con el bloque europeo “responda satisfactoriamente a las demandas de Mauritania”. El Ministerio de Interior no ha respondido a una consulta de elDiario.es sobre su opinión sobre el informe o las recomendaciones a España que en él se incluyen.

Expectativas de mejora

HRW reconoce propósito de enmienda en las autoridades mauritanas, que han prohibido las expulsiones colectivas y promulgado un nuevo reglamento a finales de mayo por el que se aprueban unos “procedimientos operativos estándar” que incluye protecciones reforzadas durante el desembarco y “gestión” de migrantes.

La UE respondió al informe en julio en un escrito en el que apuntó que ha formalizado procedimientos internos para abordar las alegaciones concretas de abusos contra los derechos humanos y que todos los contratos que firma incluyen cláusulas según las cuales deben ser respetados. Estas últimas se actualizaron recientemente para incluir “obligaciones más claras para que las partes contratantes respeten los valores de la UE y trasladen las infracciones en menos de 30 días”.

Las autoridades mauritanas han detenido a tres personas presuntamente implicadas en la organización de tráfico de migrantes que enviaba embarcaciones precarias a las costas españolas de Canarias, desde la ciudad atlántica de Nuadibú, informó este jueves a EFE una fuente de seguridad.

La operación comenzó el miércoles, cuando una patrulla del Ejército persiguió un vehículo sospechoso tras detectar movimientos repetitivos a lo largo de la costa.

Según la misma fuente, el conductor intentó huir en dirección a Nuadibú, situada a unos 480 kilómetros al norte de la capital, Nuakchot, pero fue interceptado por la Policía.

Los tres ocupantes del vehículo, un hombre y dos mujeres, confesaron estar vinculados a un grupo de migrantes en situación administrativa irregular, detenido días antes en la misma ciudad y ofrecieron detalles sobre la planificación del viaje hacia el archipiélago español.

La fuente añadió que la investigación reveló que los organizadores habían coordinado un punto de encuentro en una zona deshabitada al sur de Nuadibú.

Las autoridades continúan con las pesquisas para identificar a otros posibles traficantes o candidatos a la migración clandestina, subrayó.

Mauritania ha intensificado en los últimos meses las operaciones contra la migración irregular, expulsando sistemáticamente a los migrantes detenidos o abriendo procesos judiciales contra ellos. 

El pasado lunes, en el comienzo de la nueva temporada de su programa mañanero en Antena 3, Susana Griso le dijo a Isabel Díaz Ayuso:

–Le quiero preguntar por la inmigración. ¿De dónde se saca que el Gobierno ha invitado a 250.000 mauritanos a España?

Ayuso abrió las manos en un gesto que pretendía subrayar que era evidente de dónde lo sacaba y respondió:

–De los titulares de todos estos días en distintos medios de comunicación. Y es muy propio de él, de los Gobiernos… Mira, cuando Sánchez viaja, digo: “A ver esta vez a quién invita”. Va a México, se sienta con la administración Biden, va a Ceuta… y dice lo que quiere el otro. Lo ha hecho con Puigdemont, al que también ha engañado. Engaña a todo el mundo. Tú te sientas con él y él te engaña y te miente a la cara. Te dice lo que tú quieres oír y pasa la pantalla.

La escena, de apenas 30 segundos, sazonada con las caritas, posturitas y manoteos de pija que caracterizan a Ayuso, es antológica. La presidenta de Madrid admite que habla exclusivamente a partir de “titulares” –de medios adictos a ella, cabe suponer–, y, a continuación, lanza una cortina de humo sobre su desfachatez con una verborrea sobre México, Biden, Ceuta y Puigdemont que la lleva a pontificar que Sánchez “engaña a todo el mundo”.

Sánchez, por supuesto, no ha invitado a un cuarto de millón de mauritanos a instalarse en España alfanje en mano y al grito de Alá Uakbar. Según la información sobre la entrevista publicada por Vertele, la cifra manejada en el bulo de Ayuso sería, en todo caso, la de inmigrantes anuales que necesita España para mantener su actual robusto crecimiento económico y garantizar el sistema de pensiones. Inmigrantes de toda procedencia, no exclusivamente mauritanos.

Y así arranca el curso político 2024-25. Con la cadena privada de televisión más vista del país tendiéndole la alfombra roja a su política de cabecera, Isabel Díaz Ayuso, la lideresa todas las Españas ultras; aunque esta vez Griso se viera obligada a corregir algunos de los disparates de su invitada. Y con Ayuso haciendo la distinción en ese programa entre la “buena” inmigración que ella promueve –la venezolana– y la “peligrosa” de magrebíes y africanos, gentes de otras culturas que suponen una amenaza para aquellas de nuestras hijas que vayan en minifalda por las calles.

Y el rollo cuela, claro que cuela. No sean buenistas, amigas y amigos lectores, hay mucho telespectador semianalfabeto que solo quiere oír aquello que refuerza sus miedos y sus prejuicios. Aquí estamos, ya en septiembre, hablando de la inmigración cual si fuera el principal de los problemas de la piel de toro.

De este asunto también hay información honesta y verdadera, claro que sí, solo que no llega a millones. Como la que daba el otro día este diario atribuyendo a las campañas políticas y mediáticas de las derechas –PP, Vox, Alvise– el hecho de que ahora muchos españoles se declaren inquietos por la inmigración. Sin embargo, la percepción de esos españoles tan asustados no se ajusta en absoluto a la realidad, como señala esa información citando estudios serios.

De muestra un botón: la gente piensa que la población migrante alcanza el 27,8% de los residentes en España cuando la cifra está diez puntos por debajo. Y aquí va otro: los dos países que desde 2015 más inmigrantes nos han aportado son Colombia y Venezuela, no Marruecos y el resto de África. Caramba, Isabel, va a ser que tenemos más posibilidades de “caribeizarnos” que de “islamizarnos”.

Bienvenidos sean todos, digo yo. Africanos, hispanoamericanos o asiáticos, todos son dignos de poder integrarse en una sociedad democrática basada en los valores de libertad e igualdad, de laicismo y justicia social. Somos nosotros, los receptores, los que debemos dedicar recursos a promover esa integración de nuestros nuevos vecinos en los criterios fundacionales de la Europa ilustrada.

Entretanto, los hechos indiscutibles son los siguientes. El primero, mucha gente quiere huir de la miseria, la guerra y la desertificación en África y Oriente Próximo, al precio incluso de arriesgar sus vidas en travesías peligrosísimas por desiertos y mares. El segundo, Europa no puede acogerlos a todos de golpe, debe regular su llegada y su integración. El tercero, España y Europa necesitan inmigrantes dados nuestros bajos niveles de natalidad, nos va el futuro en ello. El cuarto, lo urgente hoy en España es socorrer a nuestros hermanos de Canarias y Ceuta, cuyas capacidades de acoger a menores migrantes no acompañados están ampliamente superadas.

Pero el PP se niega a repartir esos niños por toda la geografía nacional por razones politiqueras –liarla parda, hacer ruido, salir en la tele, fastidiar al Gobierno, qué sé yo–, y, peor aún, rinde vasallaje a los más ultras presentándolos como peligrosos. Aún estamos esperando que la deslenguada Ayuso y el amoral Feijóo condenen como lo que es, una canallada, el bulo de los de Alvise que pretendía atribuir a un chaval magrebí el asesinato de Mocejón (Toledo).

Pedro Sánchez ha arrancado su gira por Mauritania, Senegal y Gambia con el objetivo de reducir las llegadas de migrantes a Canarias con la mirada fija en septiembre, cuando más cayucos suelen lanzarse al Atlántico rumbo a las islas debido a las mejores condiciones marítimas en la zona. Con su visita, el presidente busca aumentar la colaboración fronteriza de los países clave en el camino de los migrantes hacia España, en un momento en que las entradas irregulares han aumentado un 66% especialmente por el recrudecimiento de la crisis de refugiados malienses y el desplazamiento de los flujos migratorios a Europa surgido tras el acuerdo alcanzado por la UE con Túnez, que blindó el paso a Italia por esta vía. 

El principal foco del viaje se dirige hacia Mauritania, convertido en 2024 en el principal país de salida de los cayucos con destino a Canarias y, a su vez, uno de los principales países de acogida de refugiados malienses. El país norteafricano ha recibido cientos de miles de personas que huyen del conflicto en Mali, lo que reduce sus recursos y capacidad de control de sus fronteras exteriores. El Gobierno español pretende alcanzar nuevas vías de cooperación para fomentar la migración regular, como la firma de acuerdos para lanzar programas de migración circular con los tres países que conforman su visita. También pretendía conocer las necesidades del país, que vive su propia crisis migratoria, para dotar a sus autoridades de más medios, con la finalidad de bloquear las salidas de sus costas. 

Tras la reunión mantenida este jueves con el presidente de Mauritania, Mohammed Cheikh El Ghazouan, Sánchez ha destacado la importancia de crear vías legales de migración desde el país norteafricano como alternativa a la llegada de cayucos, por lo que ambas autoridades han firmado un memorando para impulsar un programa de migración circular con ciudadanos mauritanos. Se trata de una fórmula por la que España permite la contratación en su país de origen a un número determinado de ciudadanos para trabajar durante unos meses en España en sectores como la agricultura o la construcción, la misma que se utiliza cada año para traer a las temporeras marroquíes para la época de la recolecta de la fresa. España ha alcanzado anteriormente pactos de migración circular con otros países como Marruecos, Ecuador u Honduras, entre otros.

“Para nosotros, el fenómeno migratorio es una cuestión de principios morales, de solidaridad y de dignidad. Pero también de racionalidad” ha afirmado el presidente español.

Sánchez también ha anunciado la celebración de la una reunión de alto nivel entre España y Mauritania, la primera celebrada entre ambos países. En la declaración conjunta firmada este martes, los Estados apuestan por “el desarrollo empresarial, el fomento de las relaciones culturales, el refuerzo de la cooperación en cuestiones de seguridad, y la gestión compartida del fenómeno migratorio”. El mandatario español se ha comprometido a “seguir impulsando el cumplimiento y ejecución de los acuerdos! anunciados el pasado mes de febrero durante la visita que realizó a Mauritania junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen. Entonces, la UE anunció la movilización de 210 millones de euros en fondos adicionales de la UE para Mauritania en 2024. En este sentido, Pedro Sánchez ha anunciado que España realizará una contribución de 500.000 euros para potenciar la formación de funcionarios mauritanos en materia de defensa y seguridad.

En su parada por Gambia, Sánchez ha anunciado también la apertura de un programa de migración circular con nacionales gambianos. También se ha comprometido a lanzar “en las próximas semanas” una “nueva estrategia para cambiar formalmente” las relaciones de España con África, añadiendo a África Occidental y Sahel a su lista de regiones prioritarias para la política exterior y de cooperación española. “España quiere darle un nuevo ímpetu a la relación con África”, ha defendido.

Los factores

El recrudecimiento del conflicto en Mali se ha notado en el flujo migratorio hacia las costas españolas en 2024, especialmente en las entradas a Canarias. De entre las nacionalidades detectadas en los cruces marítimos a España, la maliense es la que más ha aumentado en lo que va de año, superando ya a la marroquí y la senegalesa, según fuentes policiales. La localización de Mauritania y la recepción de la mayor parte de refugiados malienses ha desencadenado que miles de desplazados busquen alcanzar Europa, donde pretenden encontrar mejores condiciones de acogida que las recibidas en los saturados campos del país norteafricano. Las necesidades de protección de los malienses quedan ratificadas a su llegada a España: la maliense es la nacionalidad que más respuestas positivas ha recibido de las solicitudes de asilo presentadas este año en suelo español.

Junto a los malienses, también sobresalen en las llegadas a las costas españolas los senegaleses y los marroquíes, nacionalidades habituales en el camino migratorio hacia Europa, que ante el aumento del control por parte de Marruecos y Senegal en la ruta hacia España; así como el cierre del camino hacia Italia a través de Túnez, han podido ver en Mauritania su trampolín hacia Europa.

El aumento de las entradas irregulares a España en 2024 también coincide con la reducción de las llegadas a Italia, un aparente efecto del pacto migratorio firmado de la UE con Túnez, criticado duramente por ONG como Amnistía Internacional, debido a los abusos documentados del país contra los derechos humanos, especialmente los de los migrantes. La dotación de 105 millones al país norteafricano sirvió para reducir el tránsito migratorio hacia Italia, donde las llegadas han caído un 66%. Este tipo de acuerdos, sin embargo, suelen acarrear un efecto rebote, debido al carácter oscilante de los movimientos migratorios. Cuando una puerta se cierra, dicen los expertos, otra se abre. Y ahora le vuelve a tocar el turno a España. 

Si en 2023 alcanzaron las costas italianas 157.651 migrantes, este año lo han hecho 38.926 personas. La cifra sigue siendo inferior a los cruces registrados en España, que ha recibido a 31.155 hombres, mujeres y niños a bordo de cayucos en lo que va de año, pero la ruta hacia nuestras costas sube mientras ha descendido el tránsito hacia las otras puertas de Europa (Italia y Grecia).

La situación de acogida de Mauritania

Junto con Libia, Mauritania es el único país que ocupa el primer puesto de la región del norte de África, tanto como país de acogida como emisor, para o hacia otro país africano. En el primer caso, y según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de 2023, más de 114.000 malienses llegaron a las fronteras mauritanas en una de las rutas terrestres más concurridas hacia Europa. A principios de 2024, la Unión Europea destinó 210 millones de euros a Mauritania con el objetivo de reducir el tráfico de personas y así disuadir las embarcaciones que salen al Atlántico.

En los últimos años, Mauritania ha esquivado las turbulencias terroristas y la llegada de otros actores como Rusia y el Grupo Wagner. En comparación con sus socios del Sahel, Mauritania se ha mantenido a salvo de la violencia yihadista gracias a los acuerdos con grupos radicales, al refuerzo de las capacidades militares desplegadas y el diálogo religioso. Al mismo tiempo que Mauritania goza de cierta estabilidad, se ha convertido en uno de los países más importantes de la región para el tránsito de migrantes.

El conflicto en Mali y el acuerdo anti-migratorio entre Túnez y la Unión Europea en 2023, –que ha reducido en un 66% las llegadas a Italia– han intensificado la ruta canaria, con Mauritania como principal puerta de salida. La guerra en Mali estalló en 2012 tras la intensificación de los enfrentamientos entre los rebeldes tuareg y los grupos yihadistas, sobre todo, en el norte del país. La ofensiva del ejército maliense está apoyada por los mercenarios rusos de Wagner y ha provocado oleadas de violencia contra civiles, así como la expansión del conflicto hacia nuevas regiones dentro del país.

El campamento de refugiados de Mberra, al este de Mauritania y frontera con Mali, acoge actualmente a 109,457 refugiados, según los últimos datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). De estos, 83% son mujeres y niños y solo en el mes de julio de 2024 llegaron al campamento de desplazados algo más de 1.000 malienses. La población maliense que llega a Mberra justifica su desplazamiento por motivos de seguridad alimentaria, conflictos entre comunidades, ataques de grupos armados y violencia e inseguridad generalizada.

El cambio político en Senegal

Desde la llegada del nuevo gobierno de Diomaye Faye en Senegal, el país de África Occidental está mostrando una tendencia migratoria descendiente, mientras que crece en Mauritania El país está precedido por cuatro años de profunda crisis política y social, con manifestaciones que provocaron decenas de muertos, miles de heridos y otros miles de activistas y miembros de la oposición encarcelados. El anterior mandato de Macky Sall, expresidente del país, exacerbó la salida de cayucos hacia Canarias, que se intensificó, sobre todo, tras el estallido de la crisis en marzo de 2020.

El gabinete de Faye, de corte panafricanista, de izquierda y alejado a las políticas de herencia colonial francesas, está brindando un futuro más esperanzador para la juventud senegalesa. A ello se suman los esfuerzos de las propias autoridades, junto con las cuerpos y fuerzas de seguridad de España en el país africano, por contener la salida de cayucos. A finales de junio de 2024, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares visitó Dakar para consolidar las medidas enfocadas a retener la migración, sobre todo a través de la educación y el empleo. Entonces, Albares anunció un plan de 180 millones de euros para los próximos cuatro años.

Por su parte, Gambia, el país más pequeño de África occidental, también forma parte del tour africano del presidente Sánchez. Es la primera vez que un presidente del gobierno de España visita el país. En el contexto migratorio y según fuentes policiales, Gambia destaca como país de tránsito. A pesar de haber experimentado grandes periodos de inestabilidad política con el golpe de Estado de Yayha Jammeh en 1994, el país ha recuperado progresivamente la estabilidad tras la elección democrática del actual presidente, Adama Barrow.

El pasado 1 de julio, un cayuco que transportaba a aproximadamente 170 migrantes hacia Europa a través de la peligrosa ruta atlántica volcó a unos cuatro kilómetros de la costa de Ndiago, en el suroeste de Mauritania. Las autoridades locales han confirmado la recuperación de 89 cuerpos y el rescate de nueve supervivientes, entre ellos una niña de cinco años, según ha informado la Agencia Mauritana de Información. Al menos 70 personas continúan desaparecidas.

El cayuco zarpó de la frontera entre Senegal y Gambia con la esperanza de llegar a las Islas Canarias. Sin embargo, tras varios días en el mar, la embarcación quedó a la deriva y eventualmente se volcó debido a los vientos y las difíciles condiciones del océano Atlántico y la sobrecarga de pasajeros, según recoge el diario The Guardian. Los supervivientes relatan que el bote llevaba 170 personas a bordo.

La ruta atlántica, que conecta las costas de África Occidental con las Islas Canarias, se ha vuelto cada vez más popular entre los migrantes debido al aumento de la vigilancia en el Mediterráneo. No obstante, el camino es extremadamente peligroso debido a las fuertes corrientes y la larga distancia que deben recorrer las embarcaciones, muchas veces en condiciones precarias y sin suministros.

En 2023, el número de migrantes que llegaron a las Islas Canarias se duplicó en comparación con el año anterior, alcanzando un récord de 39.910 personas, según el Gobierno de España.

La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han renovado sus peticiones para una mayor acción para abordar la crisis migratoria en África Occidental. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otras entidades han enfatizado la necesidad de crear rutas migratorias seguras y legales, y en abril de este año se reunieron los ministros de los cinco países frontera sur de la Unión Europea para abordar en Canarias la situación migratoria.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, visitó a finales de junio Senegal y Gambia para reforzar la cooperación en materia de control migratorio y promover el diálogo político con las autoridades locales. Aun así, las salidas desde Mauritania, especialmente desde los alrededores de la ciudad de Nuadibú, han aumentado significativamente. La Unión Europea prometió al país africano a comienzos de este año una ayuda financiera por valor de 210 millones de euros para hacer frente a la migración y poder proporcionar ayuda humanitaria a los migrantes.

Las Islas Canarias de España se encuentran a 100 kilómetros de distancia del punto más cercano a la costa de África. Pero muchos barcos y cayucos parten desde mucho más lejos, zarpando de Marruecos, el Sáhara Occidental, Mauritania, Gambia o Senegal.

Barcas completas desaparecidas, miles de muertos y cientos de familias a la espera de noticias. A pesar de tratarse de la temporada en la que se suelen producir menos travesías migratorias debido a las malas condiciones meteorológicas, los cinco primeros meses del año han sido especialmente mortíferos en las aguas fronterizas con España. Desde enero hasta finales de mayo, han fallecido 5.054 personas, de las cuales 154 eran mujeres y 50 eran niños y niñas, según los datos de la ONG Caminando Fronteras, que cuenta con una línea telefónica para alertar de pateras en riesgo.

Atendiendo a sus cálculos, 33 personas al día han fallecido al día intentando llegar a las costas españolas, lo que supone un fuerte incremento en comparación con el mismo periodo del año 2023, cuando tuvieron lugar 18 muertes al día. “La cifra de este período es alarmantemente alta en comparación con el año pasado”, alerta la organización en un comunicado. Según sus datos, 47 embarcaciones han desaparecido con todas las personas a bordo.

El mes más trágico en las aguas fronterizas ha sido abril, con 1.197 muertes en el mar. Le sigue febrero, con 1.090 fallecimientos.

Del conjunto de caminos utilizados por los migrantes para alcanzar España, la ruta atlántica, aquella con destino en las Islas Canarias, continúa siendo la más letal: 4.808 personas han muerto en este trayecto, un 95% de todas las muertes documentadas en estos primeros meses del año. Por su parte, en la ruta argelina (aquella que parte de Argelia con destino Almería, Comunidad Valenciana y Baleares) se han contabilizado 175 víctimas. Le sigue la ruta del Alborán (47 fallecidos) y la del Estrecho, con 24 muertes.

La llamada ruta atlántica parte de varios puntos de la costa africana: Mauritania, Senegal y Gambia y desde las localidades de Dajla y Guelmin. Caminando Fronteras ha detectado durante los últimos cinco meses un “aumento importante” de las salidas desde Mauritania, mientras que identifica un descenso “notable” de los viajes iniciados en Senegal y Gambia, que fueron los más numerosos durante el año pasado.

Durante este periodo, las salidas se han mantenido más activas desde Mauritania, a pesar del acuerdo firmado entre España y el país africano en febrero de 2024 que pretendía frenar el flujo migratorio a través de esta vía. “Numerosas embarcaciones que partieron de Mauritania han desaparecido con todas las personas a bordo”, advierten desde el colectivo. Un ejemplo del peligro de esta ruta es el caso del cayuco que apareció el 15 abril en Brasil sin supervivientes a bordo. Había partido de las costas mauritanas y apareció en el otro lado del Atlántico con varios cuerpos en estado de descomposición.

Según la ONG, el pacto bilateral que busca evitar las salidas “no ha establecido protocolos de colaboración” de salvamento marítimo. “La falta de medios de búsqueda y rescate cuando se alertan embarcaciones desaparecidas ha sido clave en el aumento de víctimas durante este periodo”.

También ha influido en el aumento de los fallecimientos el hecho de que, en años anteriores, se producía una disminución de las salidas durante los primeros meses del año, pero en 2024 el fluyo se ha mantenido incluso con “las peores condiciones meteorológicas”.

“No podemos normalizar estas cifras y por eso debemos exigir a los diferentes países que pongan los protocolos de deber de socorro en el mar y la defensa del derecho a la vida por encima de las medidas de control migratorio. Y no es tan complicado, es simplemente no dejar morir a gente en las fronteras y poner todos los medios para salvar las vidas de las personas en riesgo”, ha denunciado Helena Maleno, coordinadora de la investigación y fundadora de la organización

Un cayuco ahogado en el Atlántico podía verse desde el aire. Un buque que navegaba rumbo a Cartagena encontró sus restos a 111 kilómetros de El Hierro. Cuando el carguero Beskidy llegó, ya habían pasado dos días desde la catástrofe. Aferradas al pedazo de la barcaza que quedaba sobre el agua, nueve personas luchaban por su vida. Otros 51 migrantes, según informaron los equipos de emergencia, desaparecieron en el mar tras la tragedia. El naufragio se produjo solo dos semanas después de que un grupo de pescadores encontrara en Brasil otro cayuco con nueve cadáveres a bordo. Su destino era Canarias.

La muerte no ha dejado de acechar a la ruta migratoria hacia el Archipiélago. En lo que va de año, según los datos publicados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), han perdido la vida al menos 87 personas en la travesía atlántica. Marzo ha sido hasta el momento el mes más letal, con 61 víctimas contabilizadas por el proyecto Missing migrants de Naciones Unidas. Los fallecimientos se multiplican en los registros del colectivo Caminando Fronteras, que denuncia que en los últimos cuatro meses esta ruta se ha cobrado más de 1.500 víctimas. El hundimiento total de las embarcaciones, el frío y la falta de agua y de comida son algunas de las causas principales de las muertes. 

Los últimos episodios apuntan a un abril igual de mortífero. A primera hora de este lunes, el buque Beskidy, que había partido de Brasil hacía ocho días, se topó con la embarcación. De inmediato, sus tripulantes alertaron de que estaba a punto de hundirse. Una patrullera de la Guardia Civil, la Salvamar Adhara y el helicóptero de Salvamento Marítimo Helimer 206 se desplazaron hasta el cayuco. Allí se encontraron con nueve migrantes que fueron trasladados con urgencia a El Hierro para recibir una primera asistencia. Salvamento barrió la zona en busca de más supervivientes, pero no hubo éxito.

Según el relato de los supervivientes, la barcaza salió de la costa de Mbour, en el norte de Senegal, con 60 personas a bordo. Al séptimo día de la travesía, el cayuco volcó. Cuando la embarcación se dio la vuelta, solo nueve hombres lograron agarrarse a ella de nuevo. Según uno de los rescatados, entre las personas que desaparecieron en el Atlántico no había ni mujeres ni niños, tal y como ha recogido Efe.

En 2023, la ruta que conecta Senegal con Canarias, especialmente con Tenerife y El Hierro, acabó con la vida de 3.176 personas en 55 tragedias diferentes. La inestabilidad social y política que atravesó el país, unida a la necesidad de migrar en busca de nuevas oportunidades, expulsó a miles de personas del país. No solo crecieron las muertes, sino también las detenciones en los puntos de salida. En los lugares de origen, las familias se ven obligadas a realizar duelos sin cuerpo y a hacer frente a la falta de datos sobre las desapariciones y acerca de la identidad de los fallecidos, cuyos cadáveres casi nunca se recuperan, tal y como reza el Monitoreo Derecho a la Vida 2023 de Caminando Fronteras. 

Un cayuco en Brasil

En 2023, El Hierro se convirtió en el símbolo de la emergencia humanitaria que atravesó Canarias. La cifra de supervivientes que recibió el muelle de La Restinga el año pasado superó al número de habitantes herreños. Más allá de la isla más occidental del Archipiélago, a las personas migrantes les espera la nada. Fue el caso de las nueve personas cuyos restos fueron encontrados en la costa de Brasil a bordo de un cayuco.

Un grupo de pescadores encontró una pequeña embarcación de madera en la costa noreste de Brasil hace dos semanas. En su interior había nueve cuerpos que portaban documentos africanos, especialmente de Mauritania y de Mali. Un comunicado de la Policía Federal concluyó que ''documentos y objetos'' hallados junto a los cuerpos señalaban que las víctimas eran del continente africano, sin descartar que pudiera haber personas de otras nacionalidades. Ahora, el alcalde mauritano del municipio Tachott ha informado que al menos tres de los fallecidos procedían de esta localidad africana. Tal y como ha adelantado Efe, al menos ocho personas del municipio viajarían en ese cayuco y otras procedían de un pueblo vecino, Aweicha Soninké.

Tres días después, fueron localizados en varias playas de Mauritania unos cuarenta cadáveres de migrantes subsaharianos. Una veintena de cuerpos aparecieron a 120 kilómetros al oeste de Nuakchot y los demás en el puerto de la capital. Las salidas desde Mauritania han marcado a la ruta canaria este 2024, donde han cobrado protagonismo los grandes cayucos blancos de madera y fibra. Los datos ofrecidos en febrero por la Comisión Interministerial de Inmigración revelaron que las salidas desde este país suponían entonces el 83% del total de las llegadas. 

Las tragedias de 2023 ya evidenciaban que se trataba de una ruta también peligrosa. Según Caminando Fronteras, el año pasado murieron al menos 395 personas en este trayecto. Entre quienes salen de Mauritania hacia Canarias hay nacionales del país, pero en su mayoría se trata de personas en tránsito. En especial, refugiados malienses que huyen del conflicto armado que atraviesa su país. 

Mauritania también ha sido testigo de la llegada de desplazados que escapan de la inestabilidad del Sahel. Desde sus costas han salido hacia el Archipiélago senegaleses, malienses, guineanos, gambianos y nacionales de Costa de Marfil, según informó la OIM a esta redacción. 

En lo que va de año, han llegado a Canarias 14.030 personas migrantes, una cifra que supera la registrada por el Ministerio del Interior en el mismo período del año anterior (2.376). Mientras que el año pasado entre enero y abril fueron rescatadas 56 embarcaciones, en 2024 el dato asciende a 212. El número de personas que piden ayuda desde el mar también crece, según Caminando Fronteras. “En estos momentos, una neumática con 88 personas, entre ellas doce mujeres y siete bebés, se hunde al sur de El Aaiún. Con el agua por las rodillas, sin motor y sin chalecos salvavidas, llevan varias horas pidiendo un rescate que no llega”.

Después de la tensión de pasar cuatro días fondeados frente a la costa mauritana de Nuabidú sin un puerto donde atracar, en condiciones de hacinamiento y tras varios motines a bordo, la patrullera de la Guardia Civil Río Tajo desembarcó a los 168 migrantes rescatados este miércoles en Saint Louis (Senegal). Los náufragos dejaban atrás la incertidumbre de los días en alta mar y los riesgos ligados a su travesía marítima tras la negativa de Mauritania a abrirles sus puertos, pero regresaron al mismo país desde el que habían zarpado en un cayuco con la intención de alcanzar Canarias, la ruta transitada por un número creciente de senegaleses. 

El anuncio de la devolución de los náufragos a Senegal, país cuya inestabilidad política se ha reflejado en picos de protestas violentamente reprimidas tras la detención del líder de la oposición, empujó a varias ONG a solicitar al Gobierno la paralización de la operación. Advertían de que podía tratarse de una devolución colectiva, lo que supondría incumplir la legislación en materia de protección internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur) contactó con el Ministerio del Interior para solicitar información sobre el perfil de los náufragos, como sus nacionalidades, posibles vulnerabilidades y razones de huida. Por escrito, Acnur recordó también al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska las exigencias legales vinculadas a este tipo de operaciones, que deben garantizar el acceso al asilo de los rescatados aunque no se encuentren en tierra firme. La agencia de la ONU no obtuvo respuesta. 

La negativa de Mauritania a permitir su desembarco en el puerto más cercano mantuvo bloqueados seis días a la tripulación y a los rescatados en alta mar. El Ministerio del Interior, que ha asegurado que nunca fue una opción su traslado a Canarias, acordó con Senegal el retorno del cayuco. Ante la complejidad de la operación - fuentes ligadas a los agentes a bordo de la patrullera, publicadas por Cadena SER aseguran que, debido a las condiciones climáticas, alcanzar las Islas podría suponer un riesgo para los náufragos-, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska niega que se trate de una devolución colectiva sino que el operativo buscaba “poner a salvo” a las personas rescatadas ante una situación de “grave peligro”. 

Sin embargo, son varias las claves e incógnitas -sin despejar por el Ministerio- que han despertado la preocupación de ONG, abogados y Acnur.

El puerto más cercano pero también seguro. El documento enviado por la Agencia de la ONU este martes a Interior señala la obligación de desembarcar a cualquier personas rescatada en el puerto seguro más cercano, siempre con una condición a tener en cuenta. “El régimen de búsqueda y salvamento establecido en el derecho marítimo internacional debe aplicarse de forma coherente con los requisitos del derecho internacional de los de los refugiados y los derechos humanos”, indica el documento adjuntado por Acnur en su escrito al Ministerio del Interior, que recoge su posición sobre los requisitos legales y las responsabilidades que los Estados deben de cumplir en relación a los rescates en el mar y el acceso al asilo.

La normativa impide el retorno de personas a un lugar donde pueda correr peligro o desde donde puede ser expulsada al país del que huye -el llamado principio de no devolución-. “Las decisiones sobre el desembarco no deben dar lugar a la devolución directa o indirecta, ni impedir a las personas que puedan necesitar protección internacional mediante un procedimiento justo y eficaz”, reza el texto. Es decir, en el contexto migratorio, el Estado al que pertenece el barco debe asegurarse de no desembarcar a nadie en un lugar donde su vida corre peligro.

Buque estatal, responsabilidad estatal. El cayuco fue rescatado en aguas mauritanas pero el Estado también debe aplicar el principio de “no devolución” en el interior de una patrullera de la Guardia Civil al tratarse de un buque público de jurisdicción española, según lo establecido por la agencia de la ONU. “Todos los Estados interesados tienen responsabilidades y obligaciones en virtud del derecho internacional para garantizar que las personas que caen bajo su jurisdicción o control efectivo no sean objeto de devolución o expuestas a otros tratos contrarios al derecho internacional de los refugiados y a los derechos humanos”, indica Acnur, que se refiere específicamente a los Estados del pabellón de los buques estatales, como lo es el Río Tajo. Estas embarcaciones tienen “obligaciones directas” en materia de refugio y “en particular para proteger contra la devolución”. 

Nacionalidad y posibles vulnerabilidades. La carta enviada por Acnur a Interior solicitaba información acerca del perfil de las personas rescatadas para poder identificar posibles factores que pudiesen encender las sospechas de sus necesidades de protección, con el objetivo de actuar en consecuencia, como la nacionalidad o a edad. El origen de los náufragos puede dar pistas sobre las posibles razones de huida.

Desde Interior aseguran que la mayoría de migrantes procedían de Senegal, pero no detallan el resto de nacionalidades de los náufragos. La legislación española añade más garantías para el retorno de niños y adolescentes, sin embargo, Interior no descarta que entre los 168 rescatados hubiese menores.

La inestabilidad de Senegal. Las ONG recuerdan la actual inestabilidad de Senegal, tras el arresto del líder de la oposición, Ousmane Sonko, que ha desencadenado diversas olas de protestas protagonizadas por la población joven y respondidas con dureza por el Gobierno senegalés. Este mes de agosto al menos dos personas han fallecido durante las manifestaciones y Amnistía Internacional denuncia detenciones arbitrarias. También en agosto, el Ejecutivo del país africano ha disuelto el partido de Sonko y ha suspendido el acceso a redes sociales en determinados momentos.

“En Senegal no se garantizan los derechos a gran parte de su población por la creciente inestabilidad que vive el país, donde miles de personas han sido detenidas en los últimos meses por manifestarse contra el Gobierno, incluido el principal líder de la oposición que actualmente se encuentra en la cárcel”, indicó la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Informar de sus derechos e indagar. Como los migrantes se encontraban en un buque estatal español, la forma de llevar a cabo la devolución también tiene que cumplir la la legislación española y asegurarse de no poner en riesgo las personas devueltas. Para ello, la normativa impone una serie de garantías, más complicadas de cumplir a bordo de una embarcación.

“Llevar a cabo una devolución sin que las personas hayan accedido a una adecuada e individualizada asistencia letrada, en la que se le informen de sus derechos, entre ellos, el de pedir asilo o protección internacional, y que esta asistencia se produzca con traductores y en espacios adecuados, es una vulneración de derechos humanos”, ha alertado Amnistía Internaciona. La ONG se pregunta en un comunicado “cómo el gobierno de España puede asegurar que entre las 168 personas no hubiera ni solicitantes de asilo, ni menores de edad, ni personas de otros orígenes de países en conflicto, ni senegaleses que pudieran ser perseguidos en su país en un contexto de creciente inseguridad”.

Acnur recuerda que los capitanes de los buques “no son competentes para evaluar las solicitudes de protección internacional”, sin embargo, sí reconoce su papel para garantizar el acceso al asilo de los náufragos: “Siempre que exista la preocupación, por cualquier motivo, de que las personas rescatadas puedan necesitar protección internacional”, se debe “indagar” e “informar de ello a las autoridades de coordinación”. El equipo de Grande-Marlaska insiste en que el operativo “cumplió con la legalidad”, pero no concreta si se llevó alguna actuación para garantizar el acceso al asilo.

Los 168 rescatados por el buque de la Guardia Civil Río Tajo han sido devueltos a Senegal, tras la negativa de Mauritania de desembarcar a los náufragos socorridos en sus costas. “Se encuentran todos a salvo en tierra”, han anunciado fuentes de Ministerio del Interior a elDiario.es, tras la finalización del desembarco, completado alrededor de las 11 horas (hora española) de este miércoles. El retorno de los migrantes a Senegal, de donde partió el cayuco y se presume que procedían la mayoría de ocupantes, se ha producido después de que ONG y abogados de extranjería solicitasen su paralización para garantizar el acceso al asilo de los ocupantes de la embarcación.

“Fernando Grande-Marlaska, quiere reconocer, agradecer y ensalzar la extraordinaria labor llevada a cabo por la dotación del Río Tajo y de todos los miembros de la Guardia Civil que han participado en esta operación humanitaria y que han conseguido salvar la vida de todos los rescatados”, afirman fuentes de Interior.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados pidió a última hora de este martes información al Ministerio del Interior acerca de los perfiles de los náufragos, recordando la necesidad de identificar sus posibles vulnerabilidades antes de proceder a su desembarco en Senegal, pero no recibió respuesta, según fuentes de la Agencia de la ONU. Acnur envió al departamento dirigido por Grande-Marlaska los requisitos que un desembarco de migrantes debe cumplir para garantizar el acceso al asilo de los náufragos y no vulnerar la legislación internacional, incluida la información a los rescatados sobre la posibilidad de pedir protección internacional, al encontrarse en un buque público del Estado español.

Desde el Ministerio, defienden que la operación “cumplió con la legalidad y salvó la vida de 168 personas” sin detallar si se informó a los náufragos de la posibilidad de pedir protección internacional como recomienda la Agencia de la ONU ante este tipo de desembarcos. Interior tampoco detalla las nacionalidades de las personas rescatadas.

Ante el rechazo de Mauritania de permitir el desembarco, la patrullera Río Tajo recibió este lunes instrucciones de devolver a los náufragos a Senegal, el país desde donde partió el cayuco. La negativa contrastó con la habitual colaboración del país norteafricano, socio clave para España en materia migratoria, donde existen patrullas conjuntas marítimas y terrestres entre la Guardia Civil y la Policía españolas y la Gendarmería mauritana. Desde 2007, no se conocía un episodio semejante en que las autoridades mauritanas impidiesen el desembarco a un buque español.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), advirtieron desde al Ministerio del Interior de la posibilidad de que hubiese personas con necesidades de protección internacional entre los migrantes a bordo del Río Tajo que pretenden ser retornados a su punto de partida. “Podría vulnerar la legislación internacional, considerando una posible devolución colectiva. Estas personas se encuentran bajo jurisdicción española [al encontrarse en un buque español] y por ello se debe cumplir con las garantías del convenio europeo de derechos humanos”, afirmó la secretaria general de la ONG. “En caso de que haya personas que quieran pedir asilo, la Guardia Civil debe trasladarles a España para su formalización”.

Galán recordó la inestable situación de Senegal, tras el arresto del líder de la oposición, que ha desencadenado diversas olas de protestas protagonizadas por la población joven y respondidas con dureza por el Gobierno senegalés: “En estos momentos en Senegal no hay garantías, hay muchas personas detenidas y el líder de la oposición está en la cárcel”.

El buque de la Guardia Civil Río Tajo se aproximaba hacia el puerto de Nuadibú el pasado jueves con la intención de desembarcar a 168 migrantes rescatados en las costas mauritanas, cuando los agentes recibieron una respuesta poco habitual: “La autoridad policial ordenó que frenasen, que no daban permiso para desembarcar”, explican fuentes policiales a elDiario.es. A medida que la tensión aumentaba entre los náufragos durante cuatro días fondeados, en condiciones de hacinamiento, el Ministerio del Interior en funciones negociaba con el país africano una autorización para atracar. Esta nunca llegó, y el equipo de Fernando Grande-Marlaska alcanzó otra solución: la devolución de los migrantes a Senegal, el punto de partida del cayuco.

El férreo rechazo de Mauritania choca con la habitual colaboración del país norteafricano, socio clave de España en materia migratoria, donde existen patrullas conjuntas marítimas y terrestres entre la Guardia Civil y la Policía españolas y la Gendarmería mauritana. ¿Por qué impidieron entonces el desembarco de los náufragos en el puerto más cercano?

Según fuentes policiales, las autoridades alegaron de forma verbal que el Instituto Armado había “incumplido el procedimiento” en la aplicación de las operaciones mixtas de control migratorio, debido a la ausencia de un gendarme mauritano en la tripulación del Río Tajo en el momento en que ocurrió el rescate, exigido para verificar las condiciones del operativo de socorro, apuntan las mismas fuentes.

La segunda razón esgrimida por Mauritania tiene que ver con el origen del cayuco: Senegal. El acuerdo en materia de migración firmado entre España y Mauritania en 2003 permite la readmisión de nacionales, así como de migrantes procedentes de terceros países, pero bajo la condición de que estas personas hayan pasado previamente por el Estado al que pretenden retornarlos. En esta ocasión, el cayuco había partido de las costas senegalesas y a ello se aferró el país norteafricano.

En el discurso de las negociaciones para lograr atracar en Nuabidú, el Ministerio del Interior ha defendido que la patrullera de la Guardia Civil se encontró el cayuco atestado de personas y, por su situación de riesgo, debía proceder a su rescate, en cumplimiento con el derecho marítimo internacional. Y en base a la legislación, tenía que ser desembarcado en el puerto seguro más cercano. “Los agentes han alegado que lo que habían hecho era rescatar y trasladar al puerto más seguro a gente que estaba en peligro”, sostienen fuentes policiales. Sus explicaciones no lograron resultado.

Las mismas fuentes apuntan a otra razón escondida detrás de las justificaciones procedimentales esgrimidas por Mauritania. En un contexto de incremento de las salidas de senegaleses hacia Canarias debido a la represión de las protestas por parte del Gobierno de Macky Sall, su país vecino quiere evitar dar un paso más en su rol de gendarme de Europa, en lo que tiene que ver con la emigración de Senegal. “No quiere convertirse en la puerta de atrás de Senegal”, dicen fuentes próximas a la negociación. Este episodio inédito ha demostrado que el Ejecutivo mauritano rechaza hacerlo, al menos, bajo las condiciones actuales.

La cooperación hispano-mauritana en la lucha contra la inmigración irregular ha sido considerada como un ejemplo del enfoque migratorio que ha pretendido reforzar el Gobierno de Pedro Sánchez, basado en el pago de millones de euros a terceros países con el objetivo de aumentar el control migratorio desde sus costas y evitar así las llegadas a España. Mauritania ha recibido más 10 millones de euros anuales desde al menos 2017, según las resoluciones del Ministerio del Interior publicadas por El País.

Existen diferentes acuerdos de cooperación bilaterales entre ambos ministerios del Interior, que han puesto en marcha en Nuadibú equipos conjuntos de Policía Nacional y la Guardia Civil españolas con los cuerpos de seguridad mauritanos. Así, la Guardia Civil opera con dos patrulleras, un helicóptero BO-105 y, en determinado periodos, un buque oceánico. En mayo de 2014 comenzaron a ponerse en marcha patrullas terrestres conjuntas entre la Guardia Civil y la Gendarmería para la vigilancia de fronteras en el área de responsabilidad de Gendarmería, especialmente en Nuadibú.

Estas operaciones conjuntas están ideadas, aclaran fuentes policiales, para evitar las salidas desde Mauritania, un objetivo cumplido atendiendo a los datos de Interior: si en 2021 llegaron 55 embarcaciones a Canarias desde el país norteafricano, en 2022 fueron solo cinco. En lo que va de año, han alcanzado al Archipiélago español cinco barcas desde suelo mauritano. Fuentes del Ministerio defienden que la negativa al desembarco no pone en riesgo las relaciones entre ambos países, que a juicio de Interior siguen siendo “extraordinarias”.

Ante el rechazo de Mauritania de permitir el desembarco, la patrullera Río Tajo recibió este lunes instrucciones de devolver a los náufragos a Senegal, el país desde donde partió el cayuco. El buque español, que llevaba días fondeado en la bahía de Nouadhibou (Mauritania) a la espera de directrices, se encuentra rumbo al puerto senegalés de Saint Louis. Fuentes de Interior presumen que la mayoría de rescatados son senegaleses, aunque puede haber algunas personas procedentes de otros países subsaharianos. Desde el Ministerio no descartan que haya menores entre los migrantes auxiliados por la Guardia Civil.

Advertencias ante la devolución

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), han advertido al Ministerio del Interior de la posibilidad de que haya personas con necesidades de protección internacional entre los migrantes a bordo del Río Tajo que pretenden ser retornados a su punto de partida. “Podría vulnerar la legislación internacional, considerando una posible devolución colectiva. Estas personas se encuentran bajo jurisdicción española [al encontrarse en un buque español] y por ello se debe cumplir con las garantías del convenio europeo de derechos humanos”, afirma la secretaria general de la ONG. “En caso de que haya personas que quieran pedir asilo, la Guardia Civil debe trasladarles a España para su formalización”.

Galán recuerda la inestable situación de Senegal, tras el arresto del líder de la oposición, que ha desencadenado diversas olas de protestas protagonizadas por la población joven y respondidas con dureza por el Gobierno senegalés: “En estos momentos en Senegal no hay garantías, hay muchas personas detenidas y el líder de la oposición está en la cárcel”.

Interior rechaza que se trate de una devolución colectiva, sino que sostiene que se trata de un rescate y su obligación era desembarcar a estas personas en el puerto seguro más cercano en el que logren autorización.

Se estima que la patrullera alcance el puerto senegalés durante la noche de este martes. El miedo a una devolución suele acrecentar los nervios de los migrantes rescatados en alta mar. A lo largo de los cuatro días que el buque pasó fondeado cerca de Mauritania, la tensión entre los náufragos aumentó en determinados momentos, debido a la incertidumbre y las condiciones de hacinamiento en la patrullera, donde 168 personas tenían que orinar en cubos. Pata contener un conato de motín, los agentes a bordo lanzaron dos disparos al aire con motivos “disuasorios”, según fuentes policiales. Interior asegura que, actualmente, la situación a bordo se encuentra “controlada”.

El buque Río Tajo de la Guardia Civil lleva desde el jueves fondeado con 168 migrantes a bordo en la bahía de Nouadhibou, en Mauritania. El buque se encuentra a la espera de que avancen las negociaciones entre las autoridades para proceder al desembarco de migrantes en el país africano, según informan fuentes del Ministerio del Interior.

Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska explican que la situación está controlada en la patrullera española y que se espera resolver los problemas surgidos con las autoridades mauritanas en las próximas horas. Ni la Gendarmería mauritana ni la Armada del país había autorizado al Río Tajo para atracar, según publica El País.

La patrullera española se encuentra junto a Mauritania desde el pasado 24 de agosto con 168 migrantes rescatados de otra embarcación. Pese a que la situación está controlada, el sábado se efectuaron un par de disparos al aire disuasorios por parte de los agentes, según fuentes policiales. También se decidió entonces reforzar el número de agentes en el buque.

El Ministerio del Interior insiste en que las relaciones con Mauritania son “excelentes”, como demuestra la labor de las patrullas conjuntas y las investigaciones con un alto nivel de colaboración. Señalan, como ejemplo, que en 2021 llegaron 55 embarcaciones a Canarias procedentes de la costa de este país y que el año pasado fueron cinco, la misma cifra en lo que llevamos de año.

“Condiciones penosas” de los agentes y los migrantes

La AUGC, la asociación profesional de la Guardia Civil, ha denunciado las “condiciones penosas” en las que están los agentes y los migrantes. Unas condiciones que achacan a la falta de cooperación de Mauritania.

En su cuenta oficial de X, antes Twitter, la AUGC ha asegurado que las negociaciones entre la agencia europea Frontex y las autoridades mauritanas están siendo “infructuosas”.

En un comunicado, JUCIL también ha señalado que “sigue muy cerca los graves acontecimientos” a bordo de la patrullera Río Tajo, mostrando su temor de que se produzca “un nuevo motín”.

Además, esta asociación ha puesto en duda la gestión de Frontex y ha pedido a la Dirección General de la Guardia Civil que informe a las familias sobre el estado actual de la tripulación y de las medidas que tomará en las próximas horas.

Ahmedou Ould Boukhary sabe que en cualquier momento, de día o de noche, puede recibir la llamada de las autoridades locales de Bassikounou, un pueblo en el sudeste de Mauritania. Alguien ha visto un incendio en uno de los pueblos ubicados en el borde del Sáhara. ¿En cuánto tiempo podrán llegar sus hombres?

Boukhary lidera la Brigade Anti-Feu (la Brigada Anti-Incendios), una fuerza voluntaria de alrededor de 500 refugiados malienses que viven en el campamento M’bera, cerca de la frontera con Mali, a 18 kilómetros del pueblo. Cuando llega la alerta, equipos de entre 50 y 70 hombres se suben a las partes traseras de camionetas y salen del campamento a toda velocidad para luchar contra las llamas. A veces viajan más de 30 kilómetros para apagar incendios. 

Con poco más que hachas y ramas de árboles, la brigada ayudó a apagar 36 incendios en el campamento y sus alrededores durante la temporada más seca, que se extiende desde octubre hasta junio. Los incendios en general llegan después de las lluvias, cuando los matorrales, llenos de vegetación, se convierten poco a poco en un polvorín.

“Agotador y arriesgado”

Durante un simulacro reciente, los camiones van a toda velocidad hacia el desierto. Cuando frenan, los hombres saltan y empiezan a dar hachazos a un árbol pequeño, luego se reparten sus pocas ramas para usar como escobas improvisadas. Forman una fila, y empiezan a dar golpes al suelo como si estuvieran apagando un incendio de verdad. El polvo y la arena forman una nube en el aire caliente, que se llena del sonido de gritos animados. Sus herramientas quizá sean modestas, pero las ramas, si se usan bien, son suficientes para apagar las llamas de muchos matorrales. 

“Es un poco agotador y arriesgado”, dice Mine Hamada, uno de los líderes de la brigada. “Tenemos el coraje como para no tener miedo. Somos valientes; vamos a medianoche, a la una de la madrugada, vamos a la hora que sea. Vamos a los matorrales. Hay víboras, hay de todo, pero atacamos los incendios”, asegura. 

La llegada de miles de refugiados, que desde marzo huyen de la creciente violencia e inseguridad en Mali, ha reducido la cantidad de alertas este año. El ganado que traen se ha comido muchos de los matorrales y árboles que podrían haber sido una amenaza de incendio. Entre octubre de 2020 y junio de 2021, los equipos han apagado 58 incendios. 

Prevenir incendios

Fundada en 2013 por una iniciativa conjunta entre la ONG de Mauritania SOS Desert, las autoridades locales, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la brigada es uno de varios grupos de voluntarios formados en M’bera desde que se estableció el campamento hace diez años. El campo aloja a alrededor de 80.000 malienses. 

Además de apagar el fuego, la brigada de refugiados intenta mitigar el riesgo de otros incendios talando árboles y matorrales para crear cortafuegos entre áreas de vegetación. Los equipos también plantan árboles para reemplazar los talados para construir hogares en el campamento y para cocinar. Estos esfuerzos contribuyen a la Gran Muralla Verde, un enorme proyecto de reforestación que busca cultivar una barrera de 4.350 millas de largo para combatir la degradación ambiental del Sahel. 

Agradecer la acogida

Milagrosamente, los participantes de las brigadas solo han resultado heridos en una ocasión en los últimos nueve años, dice Hamada. En medio de los fuertes vientos, un hombre cayó sobre el incendio que combatía. Sus colegas pudieron sacarlo antes de que pudiera sufrir lesiones de mayor gravedad. 

Los voluntarios dicen que realizan este peligroso trabajo, por el cual muchas veces pasan horas en el territorio, porque quieren proteger el área en donde viven. Pero también lo hacen por gratitud, para compensar a sus anfitriones mauritanos los años que han pasado allí como refugiados. 

“Tenemos que a ayudar a les adoptants”, dice Boukhary, en referencia a los mauritanos locales que, al aceptar a los malienses en su país, él sugiere que los han “adoptado”. “Intervenimos para ayudarlos. Porque somos refugiados en su territorio. Nadie nos pidió que hiciéramos una cosa u otra. La iniciativa es nuestra”, reconoce. 

Traducción de Patricio Orellana

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, y el vicealcalde y concejal de Economía y Turismo, Francisco Morales, recibieron ayer al director general de Comercio de la Región de Murcia, Miguel Ángel Martín Martín; al alcalde de Marinilla (Colombia), José Gildardo Hurtado Alzate; al alcalde de Armenia (Colombia), José Manuel Ríos Morales; al alcalde de Roso (Mauritania), Bamba Daraman; y al alcalde de Barbosa (Colombia), Edgar Augusto Gallego Arias.

Dichos visitantes formaron parte de la delegación internacional de comercio que participó en las jornadas de la II edición de Dinamic, Feria de Dinamización del Comercio, con la intención de seguir mejorando y trabajar en futuras iniciativas para potenciar el comercio local.

El director general de Comercio y los delegados han tenido como recibimiento una primera recepción institucional en el Ayuntamiento de la mano del alcalde, Diego José Mateos, y el vicealcalde, Francisco Morales, donde además se les ha hecho entrega de un obsequio con distintos souvenirs típicos de nuestro municipio, como la “jarra de novia”, muestra de nuestra artesanía local.

El alcalde, Diego José Mateos, ha manifestado su deseo de que “disfruten de nuestro municipio, el cual tiene mucho que ofrecer y mostramos con orgullo a todos sus visitantes, pues guarda un gran pasado, presente y futuro”.

Diego José Mateos ha apuntado que “os recibimos con los brazos abiertos porque vosotros que estáis al igual que nosotros en el día a día en la gestión nos entendéis y comprendéis a la hora de gestionar un municipio, porque los problemas, sea la localidad del país que sea, son comunes para todos” y ha destacado “la oportunidad que se nos presenta para intercambiar experiencias y también de devolveros la visita en alguna ocasión a cualquiera de vosotros”.

El vicealcalde de Lorca y concejal de Economía y Turismo, Francisco Morales, ha indicado que “trabajar cooperativamente es el ejemplo de cómo debemos desarrollar ideas innovadoras basadas en la importancia de mejorar el comercio y la economía en distintos emplazamientos de la geografía mundial”.

Francisco Morales ha expresado que “tenemos el placer de recibir a nuestros invitados para poder mostrarles el potencial del municipio de Lorca, conociendo una parte de nuestra historia y nuestro tejido económico y social, a fin de analizar como trabajamos unos y otros y aprendiendo conjuntamente; también con el objetivo de crear relaciones comerciales y turísticas que beneficien a Lorca y a sus municipios”.

Posteriormente, se ha visitado el especial entorno de la Plaza de España, que tiene como protagonista la antigua colegiata de San Patricio, el maravilloso castillo medieval de Lorca y su peculiar Sinagoga, único templo judío no destinado a otro culto; y, siguiendo con la visita, se procedió a acudir a un restaurante típico de la localidad para que pudieran conocer y degustar nuestra gastronomía local.

Por último, Francisco Morales los acompañó en las visitas guiadas de los museos de bordados de Paso Azul y Paso Blanco, MASS y MuBBla, donde pudieron conocer la idiosincrasia de nuestros desfiles bíblico pasionales, la belleza de los bordados en seda y oro y la tradición de nuestra encomiable Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional“.

Dentro de las carpas blancas que conforman el campamento para migrantes de Las Raíces conviven diferentes historias. Entre ellas, la de una relación de amor y la de un mauritano que huye del racismo que ejercen en su país las personas “menos negras”. En noviembre de 2020, Yanira conoció a Lasane (nombres ficticios), un marroquí que se alojaba en uno de los hoteles para migrantes habilitados en el sur de Gran Canaria. Ella trabajaba como auxiliar educativa en uno de los recursos gestionados por una ONG que prefiere no nombrar. Él permanecía de manera ilegal en el país a la espera de resolver su situación jurídica tras llegar en patera al muelle de Arguineguín. Lasane siempre le servía a Yanira de traductor para comunicarse con los otros chicos, porque manejaba bien el árabe y el español. La barrera idiomática es muchas veces uno de los muros más comunes para relacionarse y la figura de los traductores resulta fundamental en estos casos. “Se hacía un mundo entender a los chicos o hacernos entender”, narra la educadora.

Lo que en un principio era una relación cordial acabó siendo una relación amorosa. “Surgió poco a poco. Empezó ayudándome y nos comportábamos como compañeros de trabajo. Después venía a verme a la oficina a hablar de cualquier cosa y nos fuimos conociendo”, narra Yanira. Desde que Lasane se cruzó en su camino, la auxiliar se interesó por aprender árabe, y en tan solo tres meses ha conseguido comunicarse con los migrantes en este idioma.

Aunque su relación “no fuera normal” o “estuviera mal vista”, Yanira y Lasane crearon su historia de amor. Pero de pronto, una decisión del Gobierno central les separó. Un día, se les notificó a él y a sus compañeros que abandonarían el hotel de Gran Canaria para viajar a Tenerife. Ambos se hundieron, confiesa Yanira. “Fue horrible, porque había tres grupos diferentes para el viaje y desconocíamos qué día viajaba él. Luego descubrimos que pertenecía al segundo grupo y saldría a primera hora de la mañana. No había otra opción, si se negaba a viajar se quedaba en situación de calle”, apunta.

Desde hace un mes, Lasane permanece en el campamento de migrantes de Las Raíces, al que fue trasladado después de pasar dos días en el Hotel Cordial de Tenerife. Allí, Lasane escucha a Yanira contar su historia con el brazo sobre su hombro, preocupado porque ella muestre su rostro y pueda sufrir represalias. En su primer viaje a Tenerife, Yanira se reencontró con Lasane y confiesa que no sabía que iban a llevarlo allí. No puede evitar llorar mientras observa las “jaimas”, nombre con el que Lasane se refiere a las casetas que los migrantes del campamento montaron en el exterior del antiguo acuartelamiento militar en forma de protesta.

Yanira y Lasane están comprometidos y dispuestos a luchar por estar juntos hasta el final. Ella aprovecha sus días libres para poder viajar a Tenerife y verle. Mientras tanto, Lasane está a la espera de su turno para poder solicitar asilo. La auxiliar educativa conoce a muchos de los chicos que están en el campamento de Las Raíces. Con ellos compartió varios meses en el mismo hotel de Gran Canaria. Ahora los abraza y llora al verles. Entre ellos, Mohammed Sylla.

El traductor no oficial de Las Raíces

Con 22 años, Mohammed Sylla salió de Mali. En diciembre de 2020 dejó atrás a su hijo de cinco meses y a su esposa. También a su madre y a sus hermanas. Mohammed es quien lleva el dinero a su casa desde 2016, cuando una enfermedad acabó con la vida de su padre. La situación en su país y en el resto del continente le llevó a arriesgarse a morir en un cayuco. “Vengo a España para buscarme la vida porque África es un coche sin conductor”, lamenta.

Mohammed alcanzó la costa canaria en un viaje desde Mauritania. Años antes había intentado llegar a España a través de Marruecos, pero no lo consiguió. Su camino por diferentes países para lograr una vida mejor le llevó a toparse con personas que le robaron todo lo que tenía. La guerra, la pobreza y el sufrimiento fueron algunos de los factores determinantes para que Mohammed decidiera dejar atrás a su familia en busca de un futuro mejor para su bebé. Desde 2012, el norte de Malí está inmerso en un conflicto bélico que ha ido agravándose con el tiempo y extendiéndose al resto del país. Ese mismo año, el ejército dio un golpe de Estado. Desde entonces vive bajo una dictadura militar que arrastra incluso la acusación de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) al ejército maliense por haber cometido crímenes de guerra.

Mohammed habla 26 idiomas, entre ellos muchas de las lenguas nativas de África como el bambara o el soninke. Con sus compañeros y con los voluntarios que acuden al campamento se expresa en un perfecto francés y también en español, ya que estuvo ocho años trabajando en Guinea Ecuatorial con una empresa española. Por este motivo se ha convertido en el traductor no oficial de sus compañeros desde que llegó al Archipiélago. Primero lo fue en el CATE de Barranco Seco, luego en el hotel en el que se hospedó en el sur de Gran Canaria y ahora en Las Raíces. Tampoco duda en ponerse frente a una cámara para denunciar su situación y la de sus compañeros cuando es necesario.

El maliense dice que no le gusta la música, pero no puede resistirse a bailar cuando escucha una canción. Confiesa que su padre no le dejaba jugar, solo leer y estudiar. Tampoco le gusta el mar, que le hace recordar a su viaje en patera, pero vuelve a su niñez cada vez que está frente a las olas. Su comida favorita es el arroz acompañado de “cualquier cosa” y su sueño es conseguir el asilo en España y traer a su hijo a estudiar al país cuando cumpla los siete años.

Sin móvil con el que comunicarse, Mohammed no había podido hablar con su familia desde que arribó a las Islas. No puede evitar emocionarse al recordarlos. “No sé si estarán bien”, lamentó. En marzo, tras varios meses sin saber de ellas, pudo volver a escuchar la voz de su madre y su esposa. También el llanto de su bebé. Desde entonces recibe fotos y también noticias diarias sobre ellas. “Me dicen que están bien, pero no lo sé porque yo no estoy ahí para verlo”.

Mohammed lleva más de un mes atrapado en Las Raíces, el campamento más temido por los migrantes en Canarias. A la espera de solucionar su situación jurídica, sin trabajo y sin dinero que enviar a su familia ha solicitado protección internacional. “Ante el deterioro de la situación humanitaria y la seguridad de Malí”, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, instó a finales de 2019 “a los Estados a brindar protección a las personas que huyen de las zonas afectadas por el conflicto”.

A pesar de ello, con paciencia y perspectiva, el maliense ha conseguido que su solicitud de asilo progrese y esta semana saldrá del campamento instalado por el Ministerio de Migraciones. Tras pasar frío, hambre y esconderse a la hora de la comida a comer galletas donadas por los vecinos para evitar las discusiones por la comida, Mohammed está un paso más cerca de la Península, pero no podrá comenzar a trabajar hasta septiembre. Él desearía poder hacerlo ya. Tampoco quiere abandonar Tenerife, donde ha hecho amigos y ha conocido varios rincones: “Tarde o temprano volveré”.

El actor del campamento

Fuera del recinto, junto a “las jaimas”, aguarda el actor del campamento, como a algunos compañeros les gusta llamarle. Abdou es un joven senegalés de 23 años que contagia su risa a otros migrantes con los que comparte bromas y algunos bailes. A pesar de su actitud positiva y su sonrisa permanente, su vida no ha sido fácil. Cuando tenía 14 años, en 2011, su padre murió y él se quedó a cargo de cuatro hermanos y de su madre enferma. “Mi madre no puede caminar y está sola en Mauritania”, narra.

Mientras tanto, sus hermanos están en Senegal, su país natal. Abdou habla wolof, el idioma nativo del país subsahariano, y también francés, pero su situación familiar le impidió terminar de estudiar. Su cercanía ha hecho que encuentre una familia en Canarias, un matrimonio argentino a los que le gusta llamar mamá y papá, que le hacen su estancia en el campamento más sencilla y con los que construye poco a poco un hogar.

A trompicones aprende español y trata de resolver su situación legal. Su destino se ha cruzado con el de Mohammed y Lasane en Las Raíces y, aunque su historia es similar, vienen de países colindantes pero diferentes. Senegal ha vivido en las últimas semanas una oleada de disturbios tras la detención de Ousmane Sonko, el líder de la oposición en el país. Abdou muestra las imágenes de una de las personas que murieron en las confrontaciones: “En Senegal hay problemas, no quiero volver ahí”, confiesa. A la espera de su cita para solicitar el asilo, Abdou solo quiere una oportunidad para ayudar a su familia desde Canarias. Su madre necesita una operación que cuesta 300.000 uguías (moneda mauritana), una cifra que equivale a 7.000 euros en el valor de mercado actual. Abdou trabajó desde su adolescencia como pescador, donde el dinero que ganaba no era suficiente para ayudar a su madre.

Senegal no está dentro de los países con cobertura de protección internacional. Sin embargo, la crisis económica que sufre el país tras la pandemia y la situación política actual lo convierten en un Estado a los que muchos de los migrantes del campamento de Las Raíces no quieren volver. El Ministerio del Interior anunció un vuelo de deportación para este 10 de marzo, posteriormente decidió sin explicación cancelarlo. Antes, la cartera de Fernando Grande-Marlaska había aplazado otro viaje programado para febrero. El anuncio de los vuelos de deportación cae sobre los chicos del campamento como un jarro de agua fría. Muchos senegaleses viven con miedo a ser devueltos a sus países sin haber logrado su objetivo de progresar en España o en cualquier otro país de Europa. Arriesgar la vida para volver al principio del camino es su gran temor.

Mauritania, un país de mayoría negra que persigue a los negros

Baba es un hombre mauritano de 35 años. Emprendió su viaje junto a su primo Abdourahaman desde Mauritania hasta Canarias. En el mismo cayuco, ambos alcanzaron El Hierro, la isla más occidental de Canarias. Allí pasaron una larga cuarentena tras una travesía de cuatro días. Después de varios test de detección de la COVID-19, Abdourahaman se vio obligado a permanecer en la isla más tiempo que Baba, encadenando cuarentenas. Baba abandonó antes el lugar, a pesar de haber llegado en la misma embarcación. Fue reubicado en un complejo turístico del sur de Tenerife y semanas más tarde fue destinado al campamento de Las Raíces.

Baba confiesa que su primo le escribía desde El Hierro para decirle que quería marcharse de ahí y volver a Mauritania porque no aguantaba la situación. A lo que él le aconsejaba paciencia: “Espera, espera”. Pese a los meses que lleva en Canarias, Abdourahaman lamenta que aún no haya aprendido el idioma. Ahora se ha reencontrado con su primo en Las Raíces y agradece a los trabajadores del recurso de acogida y a las personas canarias que aparecen por el lugar, por las que “poco a poco” va entendiendo mejor el idioma.

Tras varios días juntos en el campamento, ya se han hecho a la rutina del establecimiento. Cuando comenzaron las protestas de los migrantes, Baba alternaba noches durmiendo en las “jaimas” del exterior y otras pernoctando dentro en las instalaciones gestionadas por Accem. Después de haber presentado su solicitud de asilo, Baba duerme en el interior, a la espera de un vuelo de derivación que lo llevará a un punto de la Península que aún no conoce. Junto a Mohammed, el destino de Baba está cada vez más lejos de Tenerife, una isla en la que se quedaría si pudiese encontrar un trabajo.

El mauritano huyó de su país dejando atrás a su madre y a sus tres hermanos, dos mujeres y un hombre. El padre de Baba falleció cuando él tenía ocho años, asesinado por soldados del Gobierno mauritano por ser revolucionario. Su madre también es una revolucionaria que lidera una cooperativa textil de mujeres en el país, en la que lucha por los derechos de ellas.

Baba explica que Mauritania, país fronterizo con Senegal, vive desde hace años una dictadura liderada por “hombres menos blancos, frente a una población de mayoría negra”. El racismo en Mauritania, un país de mayoría negra, ha hecho que muchos hombres como Baba se vean obligados a huir de su país para salvar su vida. Por este mismo motivo, otras muchas personas fueron expulsadas del lugar hacia territorios vecinos. Baba, con el asesinato de su padre a cuestas, fue expulsado a Senegal, donde aprovechó para estudiar Literatura, carrera que no pudo terminar por falta de dinero. También ejerció de futbolista y de personal de seguridad en un establecimiento.

Ahora, aguarda paciente su turno para tomar un vuelo rumbo a su nueva vida. Mientras, explica que “dentro (del recurso) hace frío y las colas para la comida son de dos horas”. “Cada vez somos más personas y a veces hay discusiones por la comida porque es poca”, confiesa mientras llega una nueva guagua cargada de migrantes al campamento con más capacidad de Canarias.

Baba y Mohammed continúan con su viaje migratorio hacia la Península, y aunque a los dos les entristece abandonar Tenerife, solo quieren encontrar un trabajo para poder ayudar a sus familias. Acostumbrados a las despedidas, Baba deja en la isla a su primo Abdourahaman, que aún espera su cita para solicitar el asilo. Atrás también se queda Abdou, que aguarda paciente su turno. Lasane, por su parte, apuesta por un amor a una isla de distancia y una situación jurídica “difícil de resolver”.

En el vuelo de Frontex que partió el 20 de enero desde Gran Canaria con destino a Mauritania no solo viajaban 14 personas que habían expresado su voluntad de pedir asilo, sino que también iban a bordo “varios repatriados que aseguraban ser menores y que no se les había realizado ninguna prueba de determinación de la edad”. La ficha de seguimiento elaborada por los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) del Defensor del Pueblo expone que esta cuestión ha sido trasladada al Área de Migraciones e Igualdad de Trato para que se estudie y se acometan, en su caso, las actuaciones pertinentes. 

El operativo, mediante el que fueron expulsadas 46 personas a Noadhibou (siete mauritanas, 34 malienses, cuatro senegalesas y una de Costa de Marfil), se desarrolló con “evidente efecto intimidatorio”. “El convoy policial que trasladaba a los ciudadanos que iban a ser repatriados se situó junto a la escalerilla trasera del avión y se formó un fuerte despliegue policial”, señala la ficha del MNP. Además, los registros personales fueron realizados en la pista de aterrizaje “delante de numerosas personas”, pudiendo comprometer su derecho a la intimidad. Ante esto, el Defensor del Pueblo propone habilitar una forma alternativa que no implique la exposición de la persona al público. Por su parte, algunos agentes “no portaban su número de identificación sobre el chaleco” y ninguno de ellos llevaba el chaleco de la agencia Frontex. 

La comunicación entre los supervisores y las personas expulsadas se vio dificultada, ya que el intérprete no hablaba el idioma de varios de los migrantes deportados. Sin embargo, en las entrevistas mantenidas con alguno de ellos, estos refirieron no haber sido informados de la posibilidad de solicitar asilo y que no conocían con antelación suficiente ni cuándo ni a dónde iban a ser enviados. El MNP sugiere que se debe garantizar que las personas repatriadas conozcan estos datos con bastante anticipación. En esta línea, ningún funcionario del operativo pudo asegurar al equipo que los ciudadanos iban a ser trasladados a sus respectivos países. 

Errores documentales 

“Se observaron errores en la consignación de datos en la documentación relativa a las repatriaciones”, reza la ficha de conclusiones. De acuerdo con el Defensor del Pueblo, la presencia de inconsistencias en la documentación es “frecuente”, por lo que sugiere “extremar el celo” al plasmar los datos relativos a los ciudadanos que van a ser deportados.

Las deportaciones, tres en lo que va de año, se enmarcan en el acuerdo migratorio que existe entre España y Mauritania. Este convenio puede aplicarse a personas que no son nacionales del país de destino siempre y cuando hayan pasado por el territorio en su itinerario. Sin embargo, en las resoluciones de devolución “no se invoca” este pacto, “que serviría de base para la repatriación a un país del que los repatriados no son nacionales”. No obstante, el MNP también ha solicitado información sobre los elementos que permitieron acreditar o “presumir” que las embarcaciones en las que llegaron a Canarias las 46 personas expulsadas partieron de Mauritania. 

En los autos de internamiento a los que tuvo acceso Canarias Ahora, 14 migrantes expulsados el 20 de enero subrayaron que su punto de partida había sido Senegal, no Mauritania.  

El vuelo del 27 de enero 

Un mauritano, 38 malienses y tres senegaleses también fueron expulsados a Mauritania desde el aeropuerto de Tenerife Norte el 27 de enero. Una técnica del MNP y un médico forense supervisaron el operativo de Frontex, concluyendo que “no siempre se facilita a los médicos que participan en los dispositivos de repatriación los historiales sanitarios de aquellos repatriados que presenten particularidades médicas conocidas”. Además, todos los documentos fit to travel en los que se acredita que los ciudadanos no tienen ninguna patología que les impida volar “eran idénticos”. 

De las 38 personas de Malí que fueron expulsadas, cuatro habían nacido en lugares del país que ACNUR refiere como “regiones de no devolución” por la falta de seguridad y situación humanitaria. De estas cuatro personas, finalmente volaron dos, ya que los demás habían pedido asilo en el Centro de Internamiento de Extranjeros. “Se desconoce si se realizan gestiones para garantizar la seguridad de las personas que han de entregarse a otros países”, asevera la ficha. 

“Íbamos a preguntarles qué sabían hacer y algunas nos decían que teñían la ropa, otras hacían trenzas o brazaletes. Nosotras las ayudamos a que puedan desarrollar esas actividades y ser independientes, pero a veces solo se trata de enseñarlas a leer o escribir”, explica Atikatou Dieng, activista que decidió fomentar el empoderamiento de las niñas y las mujeres a través de una ONG en Mauritania, un país de 3 millones de habitantes en el que el 66% de las mujeres sufren mutilación genital, el 15% son casadas antes de los 18 años y donde sigue existiendo la esclavitud.

“En Mauritania persiste el sometimiento de la mujer a una posición de inferioridad y se perpetúa con la mutilación genital femenina o el matrimonio precoz”, pero también, afirma Dieng, con la escasez de mujeres en instancias en las que se toman decisiones, la falta de acceso a la tierra o el analfabetismo.

Dieng pudo realizar todos sus estudios en Mauritania. Economista de formación, se especializó en su rama más social. “Empecé a trabajar en el desarrollo rural y luego, tras pasar varios años, fui consultora para agencias de la ONU”, cuando debatía constantemente con sus compañeros de trabajo sobre la situación de las mujeres y las niñas en su país.

En 2018 decidió fundar Alliance Citoyenne, una ONG que actúa en dos vías: elabora reflexiones que traslada al gobierno para encontrar soluciones a las desigualdades de género y actúa sobre el terreno, aportando formación, materiales o fondos económicos. También trabaja como gerente de Educación Ciudadana y es miembro del Foro de Mujeres G5 Sahel.

“Lo más importante es que las niñas puedan formarse para que su situación mejore”, afirma Dieng, quien expone que el Banco Mundial ha especificado que la mujer en Mauritania es un elemento esencial para el crecimiento económico del país y una mayor igualdad “puede impulsar la productividad”. Pero se pregunta “¿cómo se puede alcanzar la igualdad si abandonan el colegio siendo muy pequeñas?”.

En Mauritania, el 49% de las mujeres no saben leer o escribir y en el índice mundial de igualdad de género, el país ocupa el puesto 124 con un 45% (mientras menor es el porcentaje, mayor desigualdad) según datos publicados en 2019 por Equal Measures 2030, una coalición de organizaciones entre las que están la Fundación Bill & Melinda Gates y Plan Internacional. España ocupa el puesto 23 (79%).

Dieng explica que Mauritania es un país marcado por tradiciones con “un fuerte acento patriarcal”, como la práctica de la mutilación genital femenina, que se realiza a niñas de 0 a 4 años y “está vinculado al nivel económico y educativo del hogar”, que se justifica a través de la religión, “el control o el dominio” o “la estética”. También el matrimonio precoz (que en el caso de niñas menores de 15 años se da en un 43%) se produce “por motivos socioculturales y especialmente por las condiciones económicas de las familias”. A pesar de que el Gobierno de Mauritania ha tomado varias medidas encaminadas a prohibir estas prácticas, continúa sucediendo.

Esto se ve agravado por otra práctica considerada ilegal: la esclavitud. Dieng explica que “existe tanto para hombres como para mujeres” y la situación se ve agravada porque no se denuncia esta situación públicamente en el país, sobre todo quienes la sufren. “Y son personas que no han tenido estudios, ni conocen sus derechos, no saben que lo que les están haciendo está mal, e incluso defienden a sus dueños porque les dan de comer. Pero hace falta que le digan que otra persona no tiene derecho a hacerla trabajar gratis, a violarla, a ser su dueño. Sus derechos están siendo vulnerados por unas prácticas penalizadas por ley”.

Dieng considera que una de las causas por las que se dan este tipo de prácticas se encuentra en que los hombres son los que toman las decisiones en los espacios de poder y en la falta de leyes en favor de los derechos de la mujer. “En los parlamentos nacionales las mujeres representan el 18% en 2018 y en las administraciones locales, el 31% en 2016; solo hay seis mujeres en el Gobierno de una treintena de ministros y seis alcaldesas en los 220 ayuntamientos del país”.

“Los partidos usan a las mujeres cuando hay elecciones para hacer el trabajo de fondo, pero cuando hay que dar un paso adelante para hacer una labor representativa, no están”, a pesar de que el Gobierno de Mauritania aprobó en 2017 una ley de cuotas para establecer que en instancias políticas y gubernamentales hubiera un 20% de mujeres. “La decisión de donde se construye un mercado, una escuela o un pozo, por ejemplo, que se toman en corporaciones locales, si no hay mujeres, no se las va a tener en cuenta”.

Y es que otro de los problemas que ha observado Dieng es la falta de acceso por parte de las mujeres a la propiedad tierra, que es normalmente transferida “bajo el régimen tradicional por los jefes de las aldeas o los propietarios tradicionales”. La tierra transferida a las mujeres bajo esta práctica “suele estar lejos de recursos hídricos o es menos productiva”.

Sin embargo, Dieng ve cosas positivas en el nuevo Gobierno de Mohamed Ould Ghazouani, el candidato apoyado por su antecesor durante 10 años en el cargo, Mohamed Uld Abdelaziz. “Es difícil valorar el gobierno porque tomó posesión en agosto y lleva poco tiempo y no sabe si tiene los apoyos necesarios para llevar adelante su programa, pero en sus propuestas da un papel importante a las mujeres y a los jóvenes”.

Pero Dieng opina que no se trata solo de lo que haga el Gobierno, de poder acceder a recursos o de educación, no cree que sean compartimentos estancos, sino que se trata de una suma de todos esos factores que deben partir de “la propia iniciativa para transformar instituciones y estructuras”, y eso parte de “la confianza en una misma”, de “sentirse capaz” y tener “liderazgo”. Para ello, a su juicio, es necesario “sumar fuerzas, hombres y mujeres, para avanzar y lograr un mundo más justo e igualitario, aceptar la diferencia”.

La violencia en el Sahel

Dieng considera que todos los logros que las mujeres pueden conseguir en Mauritania corren el riesgo de ser destruidos por lo que está sucediendo al sur del país, en la región de El Sahel, donde Acnur ha expresado su preocupación por el rápido deterioro de la situación en la región, que está provocando que la creciente inseguridad fuerce a un creciente número de personas a huir de sus hogares.

“Vivimos un momento especialmente duro. Los terroristas se aprovechan del bajo nivel de estudios de algunas mujeres y de la pobreza, aunque esto se extrapola a los hombres también. Se dirigen a zonas rurales, donde el gobierno no tiene mucha presencia y no hay ni escuelas ni hospitales. Son fácilmente influenciables y están necesitadas y ahí las captan” explica Dieng.

Esto también está provocando que muchas personas decidan emigrar ante “la situación de violencia y radicalización”, dice Dieng, quien considera que aunque Mauritania haya firmado acuerdos con muchos países europeos y el Frontex para la vigilancia de las fronteras, “no se puede poner un policía en cada metro y la gente siempre va a salir cuando no le quedan otras opciones”.

Sobre las deportaciones que realiza España a Mauritania en vuelos en los que incluye a nacionales de otros países, como malienses, Dieng opina que “quizá se pueda decir que hayan pasado alguna vez por el país” si salen de Nuadibú o van en la ruta hacia Ceuta y Melilla. “Eso podría ser una explicación”, pero añade que “no es algo agradable que España lleve a cabo esas prácticas aquí”.

Dieng participó el pasado jueves en un nuevo ciclo de las conferencias celebrado en Casa África denominadas #Agenda2030, que se iniciaron el año pasado sobre la importancia del turismo para la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y la pobreza. La economista se centró en el ODS número 5, referente a la igualdad de género.