De Mauritania a Turquía: la estrategia del Gobierno de dar barcos y formar a agentes marroquíes para frenar la llegada de migrantes no es nueva

El Gobierno ha ofrecido dotar de embarcaciones y actividades de formación en tareas de salvamento a Marruecos en el marco de un “proyecto de cooperación con fondos de la UE, con el objeto de incrementar la capacidad de búsqueda y rescate” del país vecino, según ha confirmado Salvamento Marítimo a eldiario.es. Los planes consisten en entregar más medios a las autoridades marroquíes para que sean ellas las primeras en interceptar a los migrantes que se lanzan al mar desde sus costas y, así, devolverlos al punto de partida antes de alcanzar las aguas españolas.

Aunque la estrategia supone un cambio en cómo se han venido desarrollando las tareas de rescate de pateras en peligro en la frontera sur española, no es nueva: sigue la dirección marcada por las políticas europeas para contener los flujos migratorios, dejando que países terceros se encarguen del control fronterizo. En casos como los de Mauritania, Senegal, Libia o Turquía también se ha equipado con embarcaciones y proporcionado formación a sus agentes en los últimos años.

Sin embargo, esta forma de control migratorio, que organizaciones especializadas y expertos han coincidido en llamar “externalización de fronteras”, ha recibido un aluvión de críticas. El denominador común siempre es el mismo: las numerosas denuncias por vulneraciones de derechos humanos que deja en el camino y un mayor riesgo para quienes tratan de alcanzar suelo europeo de forma irregular. Tras conocer los planes del Gobierno, las voces que alertan de las consecuencias de estas políticas vuelven a resonar. La pregunta que lanzan es la de siempre: ¿qué pasa después con las personas rescatadas que regresan a territorio marroquí?

“Te quitas de encima el deber de garantizar derechos”

Gemma Pinyol, directora de políticas migratorias y diversidad en Instrategies, cuestiona que los planes del Gobierno se centren en el control fronterizo y no atiendan de la misma manera el respeto de los derechos de los migrantes. “Fortalecer cualquier política pública de otro país, en este caso de salvamento, no me parece mal, pero ¿qué pasa cuando llegan a puerto? ¿en que condiciones están los centros? ¿se les garantiza el asilo?”, apunta.

“Si esto se hace con la excusa de que acaben gestionando la frontera, si solo fortaleces la política de control migratorio y no va acompañado de un plan de acogida y atención... Me preocupa que esto no se trate y una vez más estamos en el enfoque de seguridad y externalización en el que te quitas de encima la responsabilidad de vigilar que se garanticen los derechos de las personas. Los derechos siempre se olvidan, no nos preocupan”, recalca la experta.

Lo mismo opina Virginia Álvarez, responsable de investigación y política interior de Amnistía Internacional España: “La UE no quiere saber nada de estas personas y subcontrata el control de fronteras. España cierra las suyas y pide que otros países la controlen sin importarle la suerte que corren quienes se quedan allí”.

Los precedentes: Mauritania, Libia o Turquía

Su temor es el de siempre: que los trayectos migratorios se vuelvan más peligrosos y se pierdan más vidas ante la falta vías legales y seguras. “Los países europeos siguen cerrando los ojos a una realidad, que las personas huyen de conflictos. Pero lo que pasa con ellas no nos importa. La única intencionalidad es fortalecer fronteras, pero emprenderán rutas mas arriesgadas porque necesitan salir”, advierte la representante de AI sobre los planes del Gobierno. “En los últimos 20 años hemos avanzado muchísimo en control de fronteras, pero la gente no ha dejado de venir, solo que lo hace en peores condiciones, no es una buena estrategia”, añade Pinyol.

España fue pionera en impulsar este tipo de políticas en la Unión Europea. Después de la denominada “crisis de los cayucos” en Canarias en 2006, cuando un total de 39.180 personas llegaron de forma irregular a territorio español por vía marítima, el Gobierno impulsó la firma de acuerdos bilaterales con Senegal y Mauritania. Se permitió el acceso a las aguas territoriales de ambos países a buques de patrulla españoles y de la UE, también se formó a los guardacostas de estos países para interceptar las pateras que se lanzaban al mar, recuerda el informe Expandiendo la fortaleza, del investigador Mark Akkerman y publicado por Centre Delàs.

Las relaciones con estos países se han mantenido con los años. En 2014, la Guardia Civil y la Gendarmería de Mauritania firmaron un “memorando de cooperación en materia de inmigración irregular” por el que el Instituto armado enviaba dos embarcaciones de 30 metros, un buque oceánico y un helicóptero “para llevar a cabo las patrullas mixtas” en Nouadhibou y Nouakchot. Además, recogía la formación a los agentes mauritanos para la conducción de las embarcaciones.

España suele poner como ejemplo de éxito en la gestión de la inmigración a Senegal y Mauritania. La colaboración funcionó en la reducción del número de embarcaciones que partían desde estos países hacia las islas Canarias, pero la ruta del Atlántico se desplazó a la ruta terrestre por el desierto, aún más peligrosa. El trato que da Mauritania a los migrantes en situación irregular ha sido cuestionado por la ONU, que alertó en 2016 de la “expulsión colectiva” de estas personas, a quienes a menudo abandonaba en la frontera con Senegal vulnerando el principio de no devolución. Asimismo, mostró su preocupación por las condiciones en las que se les detiene antes de su deportación, sin aseos o espacio suficiente para dormir.

También es paradigmático el caso de Turquía durante la llamada “crisis de los refugiados”, cuando más de 800.000 personas arribaron a Europa en 2015. En octubre de ese año, meses antes del criticado acuerdo por el que toda persona que llegara de manera irregular a las islas griegas sería deportada a Turquía, la UE se comprometía en un plan de acción a prestar más apoyo al país otomano “para fortalecer su capacidad de combatir el tráfico ilícito de migrantes, en particular reforzando la capacidad de patrullaje y vigilancia de la Guardia Costera turca”.

En agosto de 2016 se firmó un proyecto, financiado por la UE con 20 millones de euros y ejecutado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para dotar con seis embarcaciones de búsqueda y rescate a los guardacostas turcos. Dos de ellos se entregaron en verano de 2017. En él se incluye formación sobre leyes internacionales, entrevistas psicotécnicas, protección y asistencia de migrantes y trata de personas.

Sin embargo, los guardacostas turcos se han visto envueltos en denuncias de violencia durante las maniobras que utilizan para devolver a los refugiados a un país sobre el que también pesan las críticas por “no ofrecer protección real” a los solicitantes de asilo. El acuerdo UE-Turquía ha supuesto una reducción de las llegadas a Grecia, pero los refugiados continúan jugándose la vida para alcanzar las islas: más de 8.000 han arribado por mar en lo que va de año. Otras han optado por la vía terrestre y atravesar el río Evros, una “ruta mortal”, según ha denunciado CEAR.

Un ejemplo extremo de las consecuencias de las políticas migratorias europeas es Libia, un país sembrado en el caos y la presencia de diferentes milicias tras el estallido de la guerra. Aunque la colaboración de Italia con este país para frenar las llegadas se remonta a hace dos décadas, esta se ha ido fortaleciendo con los años. En 2009, por ejemplo, el Gobierno italiano donó seis patrulleras a Libia. En 2017 prometió otras cuatro unidades más. El julio del año pasado, el Gobierno decidió donar a los agentes libios otras 12 embarcaciones para frenar el flujo de migrantes, diez de su propia Guardia Costera y dos de su Guardia de Finanza.

Paralelamente, los Estados Miembros de la UE han ido dando una prioridad cada vez mayor a apoyar a los criticados agentes libios. “La formación y el equipamiento de la guardia costera libia es un componente clave del planteamiento de la UE y debe acelerarse”, dijeron en junio de 2017. En julio del año pasado se había formado a 237 agentes libios en el marco de la Operación Sofía. No obstante, organismos como Acnur han puesto de relieve la limitada capacidad de rescate de los cuestionados guardacostas, a los que se ha cedido paulatinamente la coordinación de las labores de salvamento desde Italia, que ha terminado cerrando sus puertos.

Varias voces han alertado de que es frecuente que las autoridades libias no respondan a las llamadas de auxilio y han sido varios sus encontronazos con las ONG humanitarias. Desde julio de 2018, han interceptado y devuelto al 85% de los migrantes rescatados en el Mediterráneo Central al país norteafricano, a pesar de que no es considerado un puerto seguro. Las alarmas sobre las condiciones que enfrenta la población migrante en Libia se disparan constantemente. En diciembre, la ONU volvió a alertar de los “inimaginables horrores” que sufren, entre ellos, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, violaciones en grupo, esclavitud, trabajo forzado y extorsión.

Las dudas que siembra Marruecos

Como resultado de la reducción de los medios de rescate en el Mediterráneo, la tasa de muerte registrada entre las personas que intentan alcanzar Malta o Italia desde Libia se ha disparado “drásticamente”, según Acnur. Mientras, el año pasado, las cifras de llegadas en patera a España superaron el máximo histórico, aunque aún estuvieron muy por debajo de las registradas en otros momentos por Grecia o Italia.

Varias voces consultadas enmarcan en este aumento los planes del Gobierno español. “Cuando se tapona la entrada a Grecia, los movimientos se desplazan a Italia saliendo de Libia. Con la vergonzosa actuación de Italia, se vuelven a trasladar los movimientos migratorios a España y los nuevos planes con Marruecos son otra reacción. Mi sensación es esa: frente a fugas de agua ponemos la mano, no hay ninguna política migratoria con perspectiva de derechos humanos”, resume la responsable de AI.

Como telón de fondo, están las dudas de que Marruecos pueda ser considerado un lugar seguro por los abusos documentados en el país vecino. Los colectivos APDHA, Iridia o el Sindicato de Periodistas de Andalucía han apelado a investigaciones de diversas ONG para rechazar la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez y exigir que “en ningún caso se considere Marruecos como puerto seguro en el que se puedan realizar desembarco de personas rescatadas y que el traslado sea a puertos españoles”.

AI ha denunciado recientemente cómo las fuerzas de seguridad marroquíes han llevado a cabo grandes redadas en ciudades próximas a la frontera española donde viven los migrantes, sobre todo en Tánger, Nador y Tetuán. Miles de personas se han visto afectadas por estos arrestos, han sido introducidas en autobuses, “abandonadas en zonas remotas cerca de la frontera con Argelia o en el sur del país y, en ocasiones, detenidas arbitrariamente”.

“El problema no es ayudar a Marruecos a mejorar las unidades de rescate, la cuestión es saber si esos rescates conllevan que las personas rescatadas acaben en Marruecos y este es un país donde tenemos constatado que no se respetan los derechos humanos, sobre todo de las personas de origen subsahariano que sufren acoso y derribo y están siendo hostigadas de forma absolutamente visible para impedir que se acerquen a la frontera norte del país”, apuntan desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Estos operativos fueron impulsados el pasado verano tras la promesa de un aumento de fondos por parte de la UE. En un viaje a Bruselas para desbloquear la partida de 140 millones de euros, la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, negó la existencia de vulneraciones de derechos humanos en el trato a los migrantes en el país socio.

Además de poner el foco en los migrantes procedentes de países de África Subsahariana que tratan de salir de Marruecos, Álvarez recuerda también la situación de la propia población marroquí que intenta alcanzar las costas españolas por vía marítima. “De marruecos también salen personas necesitadas de protección internacional, por ejemplo las LGTBI. ¿Cuáles son los mecanismos que va a poner en marcha España para garantizar que tengan protección?”.

Las dificultades para acceder al asilo en Marruecos también han sido denunciadas. CEAR recuerda el país anunció hace cuatro años una ley de asilo “que sigue aún sin aprobarse” y que, “desde finales del 2017 y durante cerca de un año, la actividad de la oficina de asilo y refugio marroquí ha estado paralizada”.