Un avión que da la vuelta, cerco policial y un presidente a empujones: claves de la batalla por el Constitucional en Polonia

Polonia se encuentra inmersa en el caos institucional, la última fase de una larga disputa en torno al Tribunal Constitucional, sus nombramientos y su liderazgo que en la práctica ha paralizado el organismo. Se trata del mismo tribunal que fue epicentro de los enfrentamientos por el Estado de derecho entre el Gobierno que dirigía el país hasta 2023 y la Unión Europea, y que se ha convertido en uno de los símbolos del legado ultra en el país.

La crisis estalló el viernes pasado tras una controvertida decisión de un grupo de jueces respaldado por el Gobierno que dirige Donald Tusk, liberal y proeuropeísta, de suspender al cuestionado presidente del tribunal, Bogdan Święczkowski, en medio de desacuerdos sobre la legitimidad de la corte. La decisión ha desatado protestas y un choque entre Tusk y el presidente ultranacionalista del país.

¿Qué ha pasado?

El viernes, un grupo de jueces respaldados por el Gobierno intentó tomar el control procesal del Tribunal Constitucional, suspendiendo al presidente y al vicepresidente designados por el ultraconservador PiS (siglas de Ley y Justicia, en polaco).

Ese día, la máxima instancia judicial del país informó de que su jueza de mayor antigüedad, Anna Korwin-Piotrowska, había suspendido durante un mes del cargo a Bogdan Święczkowski —vinculado al anterior gobierno ultranacionalista— y Bartłomiej Sochański, y que ahora estaba al frente de la corte. Korwin-Piotrowska afirmó que sus acciones estaban justificadas por una “necesidad constitucional imperiosa” y acusó a Święczkowski de una serie de irregularidades, entre ellas, impedir la convocatoria de la Asamblea General del tribunal.

Entretanto, el perfil oficial de X del tribunal publicó un mensaje en el que indicaba que su página web había sido pirateada y que Święczkowski seguía siendo el presidente del organismo (sus partidarios aún conservaban la cuenta de redes sociales), sembrando más confusión.

Cientos de manifestantes se concentraron frente al tribunal, en Varsovia, a última hora del viernes, en medio de una fuerte presencia policial, que protegía el edificio, mientras políticos de la derecha se dirigían a la multitud acusando al Gobierno de Tusk de llevar a cabo un “golpe de Estado” contra el tribunal. El Ejecutivo, en cambio, enmarca lo sucedido dentro de la restauración del Estado de derecho.

Durante la noche se registraron tumultos y enfrentamientos entre agentes antidisturbios y un grupo de diputados de la oposición y manifestantes en la entrada del tribunal. La policía de Varsovia, en un comunicado, afirmó que había enviado agentes al tribunal “en respuesta a la información facilitada por un juez del Tribunal Constitucional que indicaba la posibilidad de amenazas contra la vida o la salud de los jueces y el personal del Tribunal, así como un riesgo de alteración del orden público”.

La situación se vio teñida de un mayor dramatismo cuando el presidente del país, Karol Nawrocki, afín al PiS, interrumpió su viaje oficial a Senegal y regresó a la capital polaca debido a la situación. Su avión dio la vuelta en pleno vuelo. 

Nawrocki, que acusa al Gobierno de orquestar una toma de control forzosa del tribunal, entró pasada la medianoche al edificio y protagonizó escenas insólitas. Poco antes de la 1:00 de la madrugada del sábado, apareció frente al edificio y logró atravesar el cordón policial. Un vídeo muestra al presidente –que fue boxeador– forcejeando con la seguridad y otros jueces para entrar. En otro vídeo, se le oye decir que los designados por el Gobierno “no eran jueces del tribunal constitucional”.

En una declaración leída de madrugada frente al tribunal, Nawrocki criticó “una violación del orden constitucional polaco” y exigió que las fuerzas de seguridad abandonaran las instalaciones.

La Fiscalía ha iniciado una investigación sobre una agresión contra los jueces del Constitucional, informa la televisión pública polaca. Según las conclusiones preliminares del fiscal, “varias personas, actuando de forma conjunta y concertada, empujaron con fuerza a los jueces Anna Korwin-Piotrowska y Krystian Markiewicz, y luego los apartaron a la fuerza de la entrada del edificio del tribunal, violando su inviolabilidad física”. Posteriormente, estas personas “entraron al edificio con la intención de ejercer violencia y proferir amenazas ilegales para influir en las actividades oficiales” del tribunal.

Bogdan Święczkowski intentó entrar en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, no le dejaron pasar por la puerta, y se dirigió a los agentes que la custodiaban. “Les recuerdo que soy el presidente del Tribunal Constitucional”, dijo el domingo.

El sábado, el primer ministro Donald Tusk dio un discurso en horario de máxima audiencia en el que se mostró desafiante. Reafirmó su voluntad de defender el Estado de derecho frente a la grave crisis institucional que atraviesa el país. “Miembros del Tribunal elegidos legalmente fueron atacados, y la policía presente en el lugar protegió al Tribunal de los agresores”, dijo Tusk, quien añadió que “en ciertos asuntos, no hay lugar para concesiones”. En defensa de la suspensión, el jefe del Ejecutivo afirmó que “nunca hubo ninguna duda de que el tribunal, tal y como lo había impuesto el PiS, no era un tribunal auténtico”.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

La suspensión ha agravado la disputa sobre la cúpula del tribunal y la situación de cinco magistrados elegidos por el Parlamento –entre ellos, Anna Korwin-Piotrowska–, pero inhabilitados para conocer casos por el presidente Bogdan Święczkowski. La jueza Korwin-Piotrowska no reconoce la legitimidad de Święczkowski al considerar que ha violado la ley por bloquear de forma sistemática a los jueces elegidos por la actual mayoría parlamentaria, que ostenta Tusk.

A principios de este año, Nawrocki se negó a tomarles juramento, complicando aún más la situación, y Święczkowski utilizó esa falta de juramento formal como pretexto para impedirles ejercer su cargo y vetar su entrada física en la institución e impedirles ejercer. Los cinco magistrados prestaron juramento en ceremonias celebradas en el Parlamento, que Nawrocki y Święczkowski no reconocen como válidas. 

En octubre, la Comisión de Venecia, órgano asesor del Consejo de Europa en materia de Estado de Derecho, afirmó que la negativa del presidente no debería impedir que los jueces asuman sus cargos. En la misma línea, la Comisión Europea respaldó este domingo el derecho de la Cámara Baja polaca, conocida como Sejm, a nombrar a los jueces del Tribunal Constitucional. 

“Corresponde a las autoridades polacas garantizar que el Tribunal Constitucional pueda funcionar de conformidad con la Constitución polaca y respetando la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, dijo un portavoz de la Comisión, que recordó que el pasado mes de mayo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó medidas cautelares “que obligaban a las autoridades polacas competentes a abstenerse de obstaculizar la toma de posesión y el ejercicio de las funciones judiciales de los jueces nombrados por el Sejm en marzo de 2026”.

En Polonia, los expertos están profundamente divididos en su opinión sobre la legalidad de la suspensión del presidente del Constitucional y hay quienes han cuestionado la legitimidad de Korwin-Piotrowska.

La Fundación Helsinki para los Derechos Humanos de Polonia declaró el sábado que la base legal para la suspensión temporal es “cuestionable” y advirtió de que “no contribuiría” a restablecer el tribunal. 

En cambio, cuatro expresidentes del Constitucional han defendido la suspensión como la única manera de romper el estancamiento que ha dejado al tribunal prácticamente paralizado. “No hay otra manera de poner fin a la crisis constitucional y devolver el Tribunal Constitucional al público”, dicen en un comunicado conjunto.

¿De dónde viene esta disputa?

La intrincada crisis hunde sus raíces en las acciones del anterior Gobierno del PiS (2015-2023), que mediante controvertidas reformas jurídicas llenó el Constitucional de jueces afines a su ideología, lo que dejó completamente en entredicho la independencia judicial polaca. Las reformas fueron cuestionadas por organismos jurídicos internacionales y duramente criticadas por Bruselas, que activó el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión al considerar que existía un “riesgo claro de violación grave del Estado de derecho” por el control político sobre el Poder Judicial polaco. La UE retuvo miles de millones de euros en fondos destinados a Varsovia alegando que sus reformas judiciales habían subvertido los controles y equilibrios democráticos.

Cuando llegó al poder en 2023, la coalición encabezada por Tusk se comprometió a revertir estos cambios, restablecer el Estado de derecho y reformar el sistema judicial. Sin embargo, su agenda se ha visto frustrada por presidentes afines a la oposición (Nawrocki y antes, Andrzej Duda ), que cuentan con amplios poderes de veto. La propia herencia institucional del PiS —incluida la composición del alto tribunal— ha llenado de obstáculos legales los planes de Tusk.

Como consecuencia de esta prolongada disputa, el Constitucional se encuentra en un punto muerto de facto. El Gobierno de Tusk, de corte proeuropeo, y el presidente ultranacionalista se niegan a reconocer a los candidatos propuestos por la otra parte, dando lugar a una crisis institucional. El nombramiento de los jueces se ha convertido en uno de los puntos centrales del enfrentamiento entre Tusk y Nawrocki.

¿Y ahora, qué?

La jueza ha asegurado que los ocho jueces presentes constituían un cuórum de dos tercios de los jueces con derecho a participar, lo que permitía adoptar decisiones. Los jueces han aprobado el presupuesto del tribunal para el próximo año y han designado a los magistrados encargados de tramitar los procedimientos disciplinarios contra Święczkowski y Sochański, según informa TVP.

De acuerdo con la cadena, políticos del Gobierno respaldaron la opinión de que ocho miembros constituyen cúorum, “lo que podría representar un paso significativo hacia su objetivo político fundamental: poner fin a la parálisis en el tribunal y en otras instancias del sistema judicial”. Sin embargo, “este planteamiento será cuestionado por la oposición conservadora, algunos expertos jurídicos y el presidente del tribunal actualmente suspendido, quien ha calificado a algunos de los jueces recién nombrados de ‘usurpadores” .

Con información de agencias.