Rusia ha cometido crímenes de lesa humanidad con ataques “intencionados” a la infraestructura energética de Ucrania, según la comisión de la ONU

En un lugar no especificado de Ucrania, una joven asegura que tiembla cuando piensa en el invierno que se avecina. Otro hombre residente en la ciudad de Kiev recuerda cómo, en la pasada temporada de frío, intentaba mantenerse despierto toda la noche por miedo a quedarse dormido y morir congelado. Había niños a los que les salía vaho de la boca dentro de sus viviendas. Había personas mayores o con movilidad reducidad que, debido al riesgo de quedarse atrapadas en los ascensores en caso de un corte repentino de electricidad, no tuvieron más remedio que permanecer en sus pisos durante las alertas aéreas.

“En Járkov nos habíamos adaptado a todos estos ataques inhumanos desde 2022, pero este invierno fue tan oscuro y frío que todos perdimos la esperanza y no podíamos dejar de pensar si sobreviviríamos a esta noche, a este día, a esta semana”, relata una mujer. “El frío te paraliza; sencillamente no hay forma de entrar en calor, y te asaltan pensamientos aterradores”, cuenta otra ciudadana de la localidad de Dnipro.

Todos estos testimonios han sido recopilados en un nuevo informe de la comisión independiente de expertos enviada por la ONU a Ucrania, que se centra particularmente en las repercusiones que tuvieron para la población civil los continuos ataques contra las infraestructuras energéticas a lo largo del pasado invierno, muy crudo, así como en sus efectos acumulados tras cuatro años de bombardeos. En el documento presentado ante la Asamblea General de la ONU, la llamada Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania concluye que las autoridades rusas han cometido crímenes de guerra —al dirigir deliberadamente ataques contra bienes civiles— y crímenes de lesa humanidad —en la modalidad de “otros actos inhumanos”— mediante bombardeos continuos contra la infraestructura energética de Ucrania.

Los expertos –Erik Møse, Pablo de Greiff y Vrinda Grover– recuerdan cómo los civiles tuvieron que hacer frente a interrupciones prolongadas en el suministro de calefacción, electricidad, gas y agua, mientras que las temperaturas en el interior de las viviendas bajaban. Durante la última temporada de frío, las fuerzas armadas rusas “intensificaron los ataques contra las infraestructuras críticas de Ucrania”, utilizando drones de largo alcance, misiles de crucero y misiles balísticos a lo largo de todo el invierno, mientras las temperaturas caían hasta los -21 °C y la calefacción resultaba “indispensable” para la población civil, reza el documento. “La frecuencia de los ataques aéreos, los repetidos ataques contra las mismas instalaciones y las bajas temperaturas han supuesto una gran presión para la capacidad de reparación. Según las autoridades ucranianas, los ataques redujeron la capacidad de generación de energía térmica en un 70% en las zonas más afectadas y millones de civiles se quedaron sin electricidad o sufrieron cortes de suministro que se prolongaron durante horas o días”.

Según el grupo de expertos, que ha entrevistado a 255 personas para el informe, la frecuencia, la intensidad y el alcance geográfico de estas oleadas sistemáticas de ataques —que emplean cientos de drones y misiles de forma simultánea— han aumentado con el paso de los años, causando daños considerables al sector energético ucraniano. Y muestra su preocupación por el invierno que está a la vuelta de la esquina. “En invierno, os congelaréis”, amenazó el propio Ministerio de Defensa ruso el 14 de agosto de 2026, en un mensaje de telegram.

“A medida que se acerca la temporada de frío, los ataques se han intensificado de nuevo, lo que suscita una grave preocupación por las amenazas a la vida y la salud de la población civil”, dice Møse, presidente de la comisión, que señala cómo la exposición prolongada al frío, la carencia de servicios básicos y la necesidad de idear constantemente estrategias de supervivencia han supuesto una carga considerable para la salud física y mental de los civiles.

El grupo de expertos evalúa que los comandantes rusos que ordenaron los ataques sabían que las instalaciones de calefacción a las que apuntaban, situadas en grandes núcleos de población civil, eran indispensables para los habitantes, especialmente durante el invierno, mientras las autoridades “han hecho declaraciones oficiales sobre la realización de nuevos ataques y han mencionado un plan para llevarlos a cabo”. A su juicio, el amplio alcance geográfico y la repetición, por parte del Ejército ruso, de ataques a gran escala contra la infraestructura energética confirman “su carácter generalizado y sistemático”. “La intensificación de los ataques durante los periodos de frío, a medida que se manifestaban las previsibles consecuencias de los daños para la población civil, demuestra la intención de las autoridades rusas de causar perjuicio a la población civil en Ucrania”, agrega.

Según explican, las pruebas recabadas demuestran que los bombardeos contra la infraestructura energética del país invadido se llevaron a cabo de forma “intencionada y conforme a una política estatal” destinada a privar a la población civil de electricidad y otros servicios esenciales que dependen de la energía, con el fin de causar sufrimiento.

Los ataques ucranianos

La comisión explica en su informe que también ha analizado los ataques perpetrados por las fuerzas armadas ucranianas contra infraestructuras energéticas en Rusia y en las zonas ocupadas de Ucrania. Y recoge algunas informaciones, entre ellas lo que Kiev ha denominado el “apagón de Crimea”, la campaña del pasado verano para desconectar a la región controlada por Moscú desde 2014 de sus redes eléctricas y logísticas.

“Según se ha informado, los daños derivados de estos ataques han provocado cortes de suministro eléctrico y escasez de agua a gran escala, además de generar condiciones de vida difíciles para la población civil”, señala el informe.

Otro ejemplo recogido en el texto: “Las autoridades rusas han informado que los ataques de las fuerzas armadas ucranianas contra la infraestructura de electricidad y calefacción en el óblast de Belgorod de la Federación Rusa han causado cortes de calefacción, electricidad y agua, lo que ha provocado un deterioro de las condiciones de vida de los civiles”.

No obstante, la comisión explica que no ha podido profundizar en la investigación sobre el impacto de dichos ataques porque Rusia no permitió el acceso ni ha respondido a las solicitudes de información del grupo, creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar las violaciones y abusos de derechos cometidos en el contexto de la invasión ordenada por Vladímir Putin en 2022.

Trata de personas

La comisión también ha concluido que Moscú ha incurrido en trata de personas y en otras violaciones de los derechos humanos. En lo que respecta a la cuestión del reclutamiento de ciudadanos extranjeros para servir en las Fuerzas Armadas rusas, el grupo encontró “pruebas contundentes de que las autoridades rusas han traficado” con personas procedentes de 29 países. La trata de personas se llevó a cabo “mediante engaño y coacción, en coordinación con agentes u organismos que operaban en diferentes países o regiones geográficas”.

“Los hombres reclutados respondieron a ofertas de empleo civil en la Federación de Rusia que parecían lucrativas, genuinas y creíbles. Los agentes reclutadores organizaron el traslado transnacional de grupos de reclutas hacia la Federación de Rusia. Sin embargo, poco después de su llegada, los hombres fueron obligados a firmar contratos en ruso con el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. A menudo, se les confiscaban los teléfonos y los pasaportes”, reza el informe.

La comisión señala que agentes o agencias que contactaron a los reclutas en distintos países “se presentaron como empresas legítimas o respaldadas por el gobierno”. “Tramitaron visados y documentos de viaje para los grupos de reclutas y, en algunos casos, viajaron junto a ellos. La comisión observó un alto grado de coordinación entre los agentes que operan en todo el mundo y las autoridades rusas. Las autoridades gubernamentales de varios países han reconocido que sus ciudadanos han sido reclutados para las fuerzas armadas rusas y han iniciado investigaciones sobre las redes de reclutamiento. En diversas ocasiones, funcionarios rusos han negado públicamente la existencia de un reclutamiento ilegal”, recalca.

“Los reclutas quedaron consternados al descubrir que servirían en las fuerzas armadas rusas”, señala la comisión, que indica que estos hombres han sido desplegados en las líneas del frente en Ucrania y asignados a tareas peligrosas. “Muchos han muerto o han desaparecido. La partida, desaparición, lesiones, muerte o captura de las víctimas tiene un impacto psicológico duradero en sus familias, quienes han llevado a cabo intensos esfuerzos de búsqueda para dar con el paradero de sus seres queridos”.

En su informe, el grupo de expertos recoge cómo muchos reclutas extranjeros se han rendido o han sido capturados por las fuerzas armadas ucranianas, adquiriendo por tanto el estatus de prisioneros de guerra –protegidos por el derecho internacional humanitario–. “Varios de los capturados denunciaron haber sido sometidos a diversas formas de violencia por parte de las autoridades ucranianas durante la fase inicial de su detención, el traslado o los interrogatorios; entre estos actos se incluyen golpizas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución y amenazas. Asimismo, informaron que las autoridades ucranianas los grabaron con el fin de difundir públicamente dichas imágenes, buscando así disuadir a otros de unirse a las fuerzas armadas rusas”, recoge el documento.