El alegato mediático de Gabriel Rufián para unificar a todas las izquierdas ante al auge de Vox ha catapultado el nombre de Adelante Andalucía por encima de Despeñaperros. El líder de ERC colocó a los andalucistas en la misma terna que a otras fuerzas nacionalistas e independentistas, como Bildu, BNG o Compromís, partidos con los que comparten estrategias e incluso iniciativas en el Congreso y en el Parlamento europeo.

Adelante Andalucía ha aprovechado la ola de popularidad del debate abierto por Rufián para ocupar espacio mediático y político pero, en el fondo, está esquivando prudentemente los “cantos de sirena que llegan desde Madrid”. Los andalucistas no están en ese escenario -más pensado para las próximas generales- porque centran todos sus esfuerzos en consolidar su marca en las autonómicas, “el gran Rubicón” para afianzar su proyecto.

“Cuando lleguen las generales, nos presentaremos. Pero ahora vamos a aislarnos del debate estatal de las izquierdas. Nos renta no entrar en estas peleítas y apostar por un carril propio”, dice su candidato a la Presidencia de la Junta, el diputado por Cádiz y portavoz parlamentario de Adelante, José Ignacio García.

Estos días andan gestionando la popularidad sobrevenida que les ha regalado Rufián en plena precampaña para las andaluzas, y del contagio del éxito de la Chunta en las elecciones de Aragón, otro partido de izquierdas arraigado al territorio, sin ataduras con Madrid, que ha duplicado sus escaños a costa del desgaste del PSOE. “Estamos de moda”, bromea García.

El portavoz de ERC en el Congreso no les llamó antes de hacerles coprotagonistas de su épica reunificación de izquierdas, pero conoce bien su proyecto. Adelante Andalucía le invitó hace dos años a su Escuela de Otoño, una suerte de think tank que organizaron en Marinaleda (Sevilla), epicentro simbólico de la izquierda más contestataria, junto a otros dirigentes de Bildu, BNG y la CUP.

Los andalucistas, expertos en hacerse hueco a codazos en el superpoblado espacio mediático, han sabido rentabilizar la proyección que les da Rufián para presentar sus credenciales a pocos meses para las andaluzas. Este lunes en la Sala Cachorro de Sevilla, con un éxito de convocatoria ante la prensa, lanzaron su estrategia de precampaña, que arranca el viernes con una fiesta mitin en Jerez de la Frontera (Cádiz), previa al 28F, día de Andalucía.

Campaña puerta a puerta

Adelante Andalucía es una de las tres formaciones a la izquierda del PSOE que concurren esta primavera a las elecciones autonómicas. Las otras dos son la coalición Por Andalucía, donde se integran IU y Movimiento Sumar; y Podemos.

Partido soberanista, andalucista y de raíz anticapitalista, Adelante es una escisión de una coalición anterior electoral entre Podemos e IU, refundada en 2021 como partido autónomo y que hoy tiene dos diputados en el Parlamento. En las elecciones de 2022, encabezados por Teresa Rodríguez y sin apenas recursos económicos, lograron colarse en la Cámara autonómica con 167.970 votos (un 4,58%).

El llamamiento de Rufián no es nuevo en Andalucía, en realidad arrastra diez años de tensiones internas en el espacio a la izquierda del PSOE, con nueve partidos y dos coaliciones fallidas. La propia Adelante Andalucía de hoy es la escisión de una Adelante Andalucía anterior, fundada también por Teresa Rodríguez desde la dirección regional de Podemos, y coaligada con la IU de Antonio Maíllo, antes de romper con Iglesias y ser expulsada por sus viejos compañeros de partido de esa misma coalición (y del grupo parlamentario), bajo la acusación de transfuguismo.

La nueva Adelante Andalucía dejó definitivamente atrás el laberinto de la unidad de las izquierdas en las elecciones de 2022. Su objetivo en los próximos comicios no es mantenerse, sino crecer y lograr, al menos, los cinco diputados que les permitiría tener grupo parlamentario propio (ahora forman parte del grupo mixto y tienen una capacidad legislativa muy limitada).

Sus principios ideológicos y su programa electoral se asimilan mucho al de Por Andalucía, pero ostentan una seña de identidad grabada a fuego: jamás entrarán en un gobierno de coalición con el PSOE. García ha geolocalizado su formación en un punto intermedio “entre el Gobierno de Juanma Moreno y el Gobierno de PSOE y Sumar”. “Una tercera vía”, advierte.

Adelante Andalucía tiene que compaginar el optimismo de sus buenas expectativas políticas -los sondeos vaticinan un crecimiento significativo- con un escenario adverso para la izquierda. Moreno roza la mayoría absoluta en las encuestas y el auge de Vox le garantiza un amplio colchón para dar continuidad a un Gobierno conservador otros cuatro años. “En un momento de bajonazo mundial para la izquierda, estamos construyendo un partido a contrapelo”, admite el candidato.

Pero García no espera que su formación crezca a costa de robarle apoyos a sus competidores de izquierdas: “No vamos a competir electoralmente con Antonio Maíllo. Nuestro único adversario es la derecha, no vamos a enredarnos en otro escenario que no sea parar a las derechas. Yo no quiero quitarle votos a Por Andalucía. Es contraproducente para las clases populares a las que representamos, es una suma cero”, dice.

Los gurús de Adelante Andalucía identifican una “orfandaz entre el votante progresista, que demanda hacer una oposición fuerte a Moreno”, pero también “una fiscalización más dura al Gobierno de Pedro Sánchez”. La estrategia de los andalucistas no está en el trasvase de votos desde el PSOE o desde Por Andalucía, sino en “despertar” al electorado desmovilizado de los socialistas. Lo mismo que trata de conseguir, desesperadamente, el equipo de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata socialista.

Una bolsa potencial de medio millón de votantes de izquierdas, la diferencia entre los socialistas que se quedaron en sus casas en las autonómicas de 2022, pero regresaron a las urnas en las generales de 2023 para apoyar a Sánchez. “Ojalá las otras izquierdas movilicen a más gente. No se trata de competir entre nosotros, sino de competir todos contra la abstención”, explica García, cuando le plantean que su discurso choca con la realidad de unos espacios políticos comunes a todas las formaciones progresistas (feminismo, ecologismo, derechos sociales, memoria...).

“No somos la izquierda que abronca”

Las semejanzas del contenido político hacen que el equipo de Adelante Andalucía marque la diferencia en las formas (la política, en realidad, siempre son las formas): “No queremos ser la típica izquierda gris que siempre está echando la bronca a la gente. Nuestro estilo es otro: se basa en la valentía y la alegría”, dice García, sin citar a nadie, pero demonizando la “persecución moral” del espacio progresista.

Hace un año que Adelante Andalucía viene trabajando en una campaña electoral decisiva para su futuro. Fue cuando contactaron con dirigentes de la izquierda alemana, en el partido poscomunista Die Linke (La Izquierda), para importar su estrategia de captación de voluntarios y militantes con las que ensanchar su base social, sobre todo entre los jóvenes.

La izquierda alemana ha protagonizado una resurrección política en el último lustro, aunque eso no ha evitado el avance acelerado de la extrema derecha. Die Linke pasó de la debacle electoral de 2021, cuando estuvo a punto de salir del Bundestag con el 4,9% de votos, a doblar resultado en las elecciones del año pasado, con un 8,8% (cuatro millones de votos y un aumento de afiliados: en torno a 110.000).

¿Cómo lo han hecho? Se preguntaron sus compañeros de Adelante Andalucía. El pasado noviembre, los andalucistas pusieron en práctica a modo de experiencia piloto una de las estrategias de Die Linke: visitar en sus casas a los ciudadanos a los que pretenden representar, puerta a puerta, para preguntarles cuáles son sus problemas.

Las encuestas ya señalan cuáles son los principales problemas de los andaluces -el costoso acceso a la sanidad pública, a la vivienda, a la dependencia, a la Formación Profesional gratuita...-, pero los de Adelante querían escucharlo de primera mano. Desde el pasado noviembre han hecho siete salidas, en parejas de dos, que se presentan a puerta fría con sus distintivos del partido, verde y blanco, y a veces les hacen pasar y charlan con los vecinos, y otras les cierran la puerta en la cara. “Hay quien te invita a una cerveza y en otras casas vemos que ha calado el odio”, advierten.

El partido se sirve de voluntarios y militantes (unos 120, de momento), que previamente han recibido una formación sobre cómo interactuar con la gente. “Sólo en barrios obreros, no en barrios de clase alta, porque esos nunca nos van a votar y ni les preocupan las mismas cosas”, explica Ana Fernández, responsable de la campaña puerta a puerta. De momento lo han puesto a prueba en barrios de Cádiz y de Sevilla.

Adelante Andalucía asegura que tiene responsables de áreas y voluntarios en todas las comarcas andaluzas, en todas las provincias y en las grandes ciudades, tiene a esos coordinadores incluso en algunos distritos. La presentación, este lunes, de la precampaña electoral ha orbitado en torno a la figura del militante y del voluntario, clave en esa estrategia del puerta a puerta importada de Alemania (incluso han puesto en valor el aumento de afiliados que logró Die Linke).

Sin embargo, García y su equipo se han resistido panza arriba a responder a los periodistas cuando le preguntaron cuántos afiliados tiene Adelante. “No vamos a dar el número de militantes porque creemos que se va a utilizar mal”, dice el candidato. Los andalucistas cuentan con una estructura orgánica modesta -“somos un partido pequeño”, admite García-, sin embargo, el espacio mediático y político que han logrado con dos diputados es significativamente superior.

Es el único partido de la oposición que, ante una mayoría absoluta de Moreno, ha conseguido que una proposición de ley suya (la gratuidad de las gafas para menores) se acepte en el Parlamento andaluz y se tramite en el Congreso de los Diputados, con el consenso de las fuerzas de derechas e izquierdas.

Los dos grandes hándicaps de Adelante Andalucía de cara a las próximas elecciones, según las encuestas, son el escaso índice de popularidad de su marca y el de su candidato. García sustituyó a Teresa Rodríguez como referente, portavoz parlamentaria y diputado en el Parlamento, cuando la gaditana abandonó su escaño para volver a impartir clases en un instituto de Cádiz.

Adelante Andalucía se quedó sin el hiperliderazgo arrollador de una figura política nacional, la primera secretaria general de Podemos Andalucía, y la primera en romper con el partido de Pablo Iglesias para montar un proyecto política y orgánicamente autónomo. Pero García no sólo ha mantenido a flote la marca en esta legislatura bajo la mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno, también ha sabido labrarse un camino propio alejado del baile del resto de izquierdas (IU, Podemos, Sumar, Más País...) apiñadas en la coalición Por Andalucía.

Reconocido por el presidente Moreno y por otros dirigentes de izquierdas como “un diputado y orador brillante”, tan ágil como Rufián para captar la atención mediática con sólo dos diputados, o de multiplicar el impacto de sus intervenciones parlamentarias con vídeos virales en las redes sociales, García se ha abierto camino con un discurso entendible por todos, y con una estrategia digital muy pensada. Lo mismo aparece con un melón en el Parlamento, con el que interpela al presidente Moreno, que se encara con la bancada ultraderechista que le insulta por lo bajini.

En el cartel de precampaña que han diseñado no aparece la palabra Andalucía, sólo Adelante. “Adelante con José Ignacio”, sobre una foto del candidato frente a la de su adversario, el presidente Moreno. En las pasadas autonómicas, los seis partidos que integran Por Andalucía se quejaron de que la “confusión de sus papeletas con las de Adelante Andalucía” les restó votos. Esa confusión a la que se ve abocada el votante de izquierdas ante un corolario de partidos y coaliciones, cuyos integrantes ayer iban juntos y hoy separados, creen haberla superado todos.

Entre 2015 y 2026, los partidos a la izquierda del PSOE en Andalucía han probado, sin éxito, todas las fórmulas posibles para ensanchar el electorado progresista, ante el avance inexorable de la extrema derecha. Es un debate guadianesco, recurrente entre los referentes políticos, sociales y culturales de la izquierda andaluza, que reaparece hoy propulsado por el líder catalanista Gabriel Rufián.

En Andalucía, detrás de este análisis siempre inconcluso, hay nueve partidos a la izquierda del PSOE, que en distintos momentos electorales formaron coaliciones con el objetivo de sumar fuerzas, unificar a sus votantes en las circunscripciones más pequeñas y sortear la ley d'Hondt, que históricamente penaliza la fragmentación del voto progresista.

No resultó como esperaban. Estos partidos -Izquierda Unida, Podemos, Más País, Sumar, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alianza Verde, Anticapitalistas Andalucía, Primavera Andaluza, Izquierda Andalucísta- acabaron enfrentados entre sí, rompieron sus coaliciones, pugnaron por sus siglas, forzaron la expulsión de compañeros, se acusaron de transfuguismo y crearon otras coaliciones de izquierdas que terminarían disputando el mismo espacio electoral menguante a sus antiguos socios.

En el camino se dejaron candidaturas de peso e hiperliderazgos, como el de Teresa Rodríguez (Podemos) o el de Antonio Maíllo, que en su día supuso un cambio generacional y de ciclo político dentro de la vetusta IU. También sacrificaron marcas potentes (Podemos, IU) en pos de nomenclaturas que no cuajaron del todo y despistaron al votante de izquierdas, que llegó a las urnas sin saber exactamente en qué gazpacho de siglas se había integrado su partido de siempre.

En 2022, cuando las izquierdas orbitaban alrededor de Yolanda Díaz y la vicepresidenta tercera del Gobierno aún no había formalizado la candidatura de Sumar en las generales, el tortuoso debate de la confluencia Por Andalucía se alargó durante meses, con reuniones, portazos, entradas y salidas de la coalición, e injerencias de la dirección nacional de los partidos integrantes...

El asunto se zanjó con forceps, a las puertas de la Junta Electoral, minutos antes de cerrarse el plazo para inscribir a la coalición. Podemos se quedó fuera jurídicamente, pero logró imponer sus condiciones -tres diputados de cinco-, aunque en el desarrollo de la legislatura quedasen orillados en la toma de decisiones.

La otra coalición -la primera Adelante Andalucía- nació con más ilusión al unificar por primera vez a Podemos e IU, pero su relacíón se deterioró en tiempo récord. Su fundadora, Teresa Rodríguez, forcejeó con su jefe de filas, Pablo Iglesias, reacio a perder la marca morada en Andalucía tras una sola convocatoria electoral.

Luego Rodríguez abandonaría Podemos con todo su equipo -y cargos públicos- para convertir Adelante Andalucía en un partido autónomo. Y luego ella misma sería expulsada de su propia coalición, junto a otros siete diputados, por los partidos fundadores, Podemos e IU, bajo acusación de “transfuguismo”. Acabaron en el grupo mixto.

En las andaluzas de 2022, “la confusión del votante de izquierdas era total”, admiten hoy sus principales referentes. “Sometimos a nuestros electores a un caos organizativo intragable. Nuestra gente ya no sabía si estábamos en Adelante o en Por Andalucía pero, sobre todo, no sabían la diferencia entre nosotros y ellos, porque unos meses antes íbamos juntos bajo la misma marca”, recuerda una de las candidatas.

Hoy, a punto de expirar la legislatura y tras cuatro años de sesiones parlamentarias, el presidente Moreno suele jugar con esa confusión a su favor, mezclando a sus rivales cuando le interpelan los diputados de Adelante Andalucía o los de Por Andalucía. “Yo ya me lío”, dice, con media sonrisa.

Por Andalucía logró 281.688 votos (7,68%) y cinco diputados; Adelante Andalucía obtuvo 167.688 votos (4,58%) y dos escaños, entre las dos coaliciones no superaron a Vox, que se convirtió en la tercera fuerza del Parlamento con 493.932 votos (13,46%) y 14 diputados.

Las alianzas andaluzas siempre han estado (y están) condicionadas por la realidad política nacional, cuando se trata de partidos que nacen en Madrid, que carecen de implantación territorial y no tienen ni autonomía política ni económica ni orgánica en Andalucía. Le ocurrió a Teresa Rodríguez con Pablo Iglesias, cuando lideraba Podemos Andalucía, y le sucede ahora a Raquel Martínez, nueva secretaria regional de los morados.

A cuatro meses para las elecciones (como máximo), Podemos Andalucía está en una situación políticamente muy confusa. Se ha quedado fuera de la reedición de Por Andalucía, de la que ha formado parte los últimos cuatro años, pero no ha confirmado que vaya a presentarse en solitario. Algunos de sus dirigentes en Andalucía apelan a la unidad, pero en Madrid exigen que Movimiento Sumar salga de la ecuación para poder entrar ellos. Y Maíllo rechaza los vetos.

De cómo Moreno pescó en el río revuelto de la izquierda

Mientras las izquierdas se resituaban, apiñadas en un espacio político menguante, la ultraderecha había emergido en el mapa político andaluz, por debajo del radar de los sociólogos, pasando de 18.000 votos en las autonómicas de 2015 (Vox logró apenas el 0,45% del escrutinio, por detrás del desaparecido UPyD) a los 494.000 votos en las elecciones de 2022, cuando se convirtió en la tercera fuerza del Parlamento andaluz, sorpasando a las dos coaliciones de izquierdas.

En la última década, la tendencia internacional a la derechización del voto ha cristalizado en el resurgir de partidos ultra y el éxito de las guerras culturales que han dinamitado los grandes consensos sociales (el feminismo, la lucha contra la violencia de género, el cambio climático...).

Todo esto ha achicado el pensamiento progresista, empujando a sus referentes políticos a la búsqueda desesperada de una identidad colectiva que movilizara y unificara a los suyos en la defensa de unos principios comunes. Esos principios democráticos que todos, por separado, ven hoy en serio peligro de retroceso o desaparición.

Pero el miedo al fascismo no ha servido como catalizador para el repliegue de las múltiples ofertas de izquierdas que concurren a las elecciones, ni tampoco ha sido incentivo suficiente para movilizar al electorado progresista. En Andalucía, estas formaciones se han presentado solas y juntas, pero en ningún caso han logrado frenar el avance de las derechas.

El PP de Juan Manuel Moreno gobierna con mayoría absoluta, y afronta los próximos comicios con un colchón de 14 a 18 diputados más, que es la horquilla en la que se mueve Vox, según los sondeos. El bloque conservador acapara hoy el 75% de los escaños del Parlamento andaluz y es en este contexto en el que se está debatiendo, una vez más, sobre la enésima refundación de la izquierda y la búsqueda de la unidad.

Cuando se apela hoy a la unidad de las izquierdas andaluzas, desde un escenario político de auge total de la extrema derecha, se hace un llamamiento de reconciliación (o al menos de estrategia conjunta) a estas mismas formaciones que lo han intentado varias veces y han acabado como el Rosario de la aurora.

La nueva Adelante Andalucía, pilotada hoy por su portavoz parlamentario y candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio Gacía, ya no está en esa pantalla. No se sintió interpelado en 2022 por Yolanda Díaz ni en 2026 por Rufián. Su objetivo en las autonómicas de este año es consolidar su marca y su proyecto político, netamente andalucista, que ocupa una posición tan crítica con el PP de Juanma Moreno como con el PSOE de Pedro Sánchez.

También la coalición Por Andalucía vuelve a intentarlo sin cambiar la marca, aunque hoy sus integrantes son la mitad de los que eran en 2022 (IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz). La lista está encabezada por Maíllo, líder federal de IU, que ha decidido avanzar sin esperar a Podemos, pero invitándoles a subirse a un tren en marcha. La candidatura se presentó este viernes, sin la presencia de los morados, poniendo en valor que el proyecto político se ha consolidado en estos cuatro años y está por encima de la siglas.

Maíllo es un convencido del valor de las alianzas de izquierdas cosidas desde abajo, entre partidos que vertebran el territorio, y no como un simple artificio electoral. “La unidad de las izquierdas ya está amortizada como lema de campaña, por sí misma no moviliza. No es un fin en sí mismo, pero sí es una condición para consolidar un proyecto que construimos, mal que bien, hace cuatro años”, resume la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inma Nieto, que fue cartel electoral de la coalición en 2022.

Las próximas elecciones andaluzas tienen dos relatos: por un lado, van a medir la capacidad de resistencia de la mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno [hoy con 58 dputados], frente a la tendencia al crecimiento de Vox. Ese pulso de las derechas se resolverá, a decir de las encuestas, con un Gobierno de coalición, como el que se pergeña en Extremadura y Aragón. O con una nueva mayoría absoluta de Moreno.

En el otro escenario, el PSOE de María Jesús Montero trata de movilizar a un electorado aturdido, capaz de pasar del millón de votos en las autonómicas al millón y medio en las últimas generales, con Pedro Sánchez como el gran agitador del espacio progresista. A su izquierda renuevan dos coaliciones de izquierdas más reconocibles, distinguibles e identificables hoy que hace cuatro años.

En efecto, la ley d'Hondt castiga la fragmentación del voto, sobre todo en las provincias con menos escaños en liza, y más aún con Vox postulando al PSOE la segunda plaza. Pero el resultado de las tres últimas elecciones andaluzas nos dicen que hay electorado disponible para dos proyectos políticos a la izquierda del socialismo, que ni la unidad ni la división de los partidos han sido tan determinantes para el resultado como la desmovilización del electorado progresista.

El Parlamento andaluz ha encargado a sus servicios jurídicos un informe tras la petición de amparo registrada el lunes por el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, después de que dos agentes de la Policía Judicial entrasen vestidos de paisano en la Cámara legislativa, identificasen en su despacho al diputado y le entregaran una querella de la Fiscalía Superior de Andalucía por un supuesto delito de injurias a la Policía Local de Sevilla.

Este caso es inédito en la historia parlamentaria andaluza y ha abierto un acalorado debate sobre los límites de “la inviolabilidad” de la que gozan los diputados andaluces “por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios”, un derecho reconocido en el artículo 101.3 del Estatuto de Autonomía que protege a sus señorías de ser “juzgados o procesados” por el Tribunal Superior de Justicia sin autorización previa de la Cámara.

El pasado enero, García hizo fuera del Parlamento unas declaraciones públicas cuestionando la actuación de los agentes que persiguieron “hasta su muerte” a Mamouth Bakhoum, un mantero senegalés que murió ahogado en el río Guadalquivir el pasado 29 de diciembre. “Es un caso de racismo institucional, violencia policial y represión”, dijo, exigiendo una investigación a fondo.

El teniente fiscal del TSJA, José Rogelio Muñoz Oya, considera que estas palabras, pronunciadas fuera del Parlamento, no forman parte de la actividad parlamentaria del diputado y no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión. Muñoz Oya las califica de “libertinaje de expresión” en su escrito, firmado también por la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago.

“La libertad de expresión no ampara un hipotético derecho al insulto y el discurso del exceso verbal punible no entra en la pretendida libertad de expresión, sino en lo que podía denominarse como libertinaje de expresión”, subraya el documento.

Los miembros de la Mesa de PSOE, PP, Vox y Por Andalucía no han entrado en la forma ni en el fondo de las palabras de García, pero sí han elucubrado sobre si la inviolabilidad de sus diputados va más allá de los muros del Parlamento, esto es, si las opiniones políticas vertidas fuera de la Cámara están protegidas por ese derecho estatutario, además de la propia libertad de expresión.

La Mesa del Parlamento andaluz, por unanimidad, ha acordado este martes solicitar un informe jurídico con tres patas sobre el asunto que afecta a García: primero, aclarar qué efectos tiene la petición de amparo de un diputado al presidente de la Cámara, reconocida en el artículo 12 del reglamento.

Es el precepto que ha invocado García ante el presidente de esta institución, el popular Jesús Aguirre, y que establece ante “cualquier actuación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su función parlamentaria”, la obligación de “adoptar de inmediato cuantas medidas estime convenientes, en orden a salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros”.

Como no hay antecedentes de que el Parlamento andaluz haya amparado a ninguno de sus diputados, hasta hoy, los letrados de la Cámara tendrán que interpretar cuál es el alcance de ese artículo del reglamento. El portavoz de Adelante Andalucía ha dirigido un escrito a Aguirre denunciando que se siente “coaccionado” desde la Fiscalía Superior, “desprotegido de sus prerrogativas como parlamentario”, y “atacado en el ejercicio de su libertad de expresión”.

García espera que se articule algún tipo de medida, porque entiende que la querella del fiscal por sus declaraciones políticas no sólo le afectan a él, sino al parlamentarismo andaluz en su conjunto. Desde su formación aseguran que si Aguirre no actúa como intermediario ante el TSJA -que aún no ha cursado la querella del Ministerio Público- elevarán un recurso ante el Tribunal Constitucional acusando al Parlamento andaluz de no proteger las funciones propias de sus diputados y la libertad de expresión.

La segunda pata del informe encargado a los letrados del Parlamento consistirá en aclarar cómo accedieron dos agentes de paisano hasta el despacho de García para pedirle su credencial de diputado y entregarle en mano la querella del fiscal. Este punto ha levantado cierto revuelo, porque los policías entraron en la Cámara sin que tuviera constancia el letrado mayor ni el presidente de la institución.

Según García, los agentes le telefonearon para informarle de que debían entregarle en mano el aviso de querella de la Fiscalía Superior, y éste les citó en su “lugar de trabajo”, es decir, las dependencias del grupo parlamentario Adelante. En un principio, desde la Cámara aseguraron que los agentes no llegaron a entrar y que el diputado salió hasta la puerta del edificio para recoger el escrito. El letrado mayor, en una reunión con García y Aguirre esta mañana, ha explicado que el procedimiento normal habría sido éste, según fuentes presentes.

El portavoz de Adelante, en cambio, afirma que los dos agentes llegaron hasta su despacho, se identificaron con sus placas, le pidieron su credencial y le entregaron el documento en mano. Dos asesores parlamentarios de García le acompañaron y acreditan esta versión.

Para el PSOE, que considera este asunto “muy grave”, una notificación se realiza por el Juzgado, no por la parte querellante, y puede hacerse en persona en el domicilio habitual o en su lugar de trabajo, si no le localizan en casa. “Se debe pedir auxilio desde la Mesa para poder notificar al Parlamentario. Esa es la práctica normal. Lo de notificar querellas por un policía no es normal, es un funcionario del juzgado quien lo hace y menos aun no hacerlo en el domicilio habitual, el centro de trabajo es excepcional. En este caso es además totalmente inadmisible. Lo más adecuado es que te llame el letrado mayor o el presidente de la Cámara”, dicen.

La tercera pata del informe jurídico es un estudio comparativo con casos similares en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en otros parlamentos autonómicos.

Una investigación judicial

El delito de injurias contra las Fuerzas de Seguridad del Estado está tipificado en el Código Penal (artículo 504.2) con mayor gravedad y dureza que las injurias a un ciudadano de a pie: José Ignacio García se enfrenta a una multa de 12 a 18 meses, con un máximo de 400 euros por día (en torno a 216.000 euros en el peor de los casos).

El fiscal, en su su escrito [decreto de archivo e interposición de querella] entiende que las palabras del diputado andalucista “pueden contribuir a generar un estado de opinión capaz de cuestionar la legitimidad democrática de la institución [la Policía Local] o la legalidad de su actuación, y con ello a fisurar su prestigio”.

Los límites de la inviolabilidad de un diputado autonómico son difusos. Ni siquiera dentro del PP, el grupo mayoritario de la Cámara, hay consenso al respecto. Su portavoz, Toni Martín, ha asegurado en rueda de prensa que “nuestra inviolabilidad se circunscribe al Parlamento, a lo que digan en la tribuna del Pleno o en comisión, no fuera. Eso lo tenemos clarísimo”.

Sin embargo, al mismo tiempo que Martín hacía estas declaraciones, la Mesa analizaba el caso de García y uno de sus miembros, el popular José Ramón Carmona, defendía “con vehemencia” justo lo contrario, es decir, que la inviolabilidad del diputado persiste fuera de la Cámara cuando expresa opiniones políticas, según la versión de otros miembros de la Mesa. Preguntado al respecto, Carmona “ni confirma ni desmiente”, y se remite a lo que haya dicho su portavoz parlamentario.

34 camisetas y una muerte en el río

José Ignacio García denunció públicamente el trabajo de los agentes que persiguieron a Mamouth Bakhoum durante un kilómetro por vender “34 camisetas”. “Esto es lo que hay que investigar. Lo que ha cometido la Policía Local de Sevilla es un caso de racismo institucional, de violencia policial y de represión que no puede volver a pasar. ¿Qué sentido tiene que se le persigan durante más de un kilómetro corriendo, los policías en moto, a un trabajador por llevar camisetas? ¿Y que nos tengamos que creer que un chico de 43 años, padre de familia, se tiró al río Guadalquivir? Queremos ver el vídeo de cómo entró al agua”.

Estas fueron las palabras que usó el portavoz andalucista, difundidas en un vídeo a través de las redes sociales, y que motivaron una denuncia del secretario de la sección sindical de CSIF del Ayuntamiento de Sevilla y del presidente del Sindicato de Policía Local de la ciudad hispalense contra García por “un delito de injurias contra los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

El Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha archivado ya dos veces la investigación tras revisar las cámaras de seguridad de la zona, aunque los allegados de Bakhoum pretenden llevar el caso ante la Audiencia Provincial de Sevilla y, en paralelo, algunas ONGs maniobran para llevar el asunto ante la ONU. La jueza que ha desestimado el último recurso de la familia describe la intervención de los agentes que persiguieron al mantero senegalés como un “cercamiento policial de la víctima en los bajos del puente” desde donde cayó al río y murió.

El Congreso de los Diputados se ha convertido en esta legislatura en un lugar tan hostil para el entendimiento, que incluso cuando sus señorías están de acuerdo, se esfuerzan en parecer lo contrario. Y así, ha salido adelante este martes por unanimidad una proposición de ley que garantiza la gratuidad de las gafas para los menores en España, una iniciativa que llega a Madrid de manos de un partido con dos diputados -Adelante Andalucía- previo respaldo unánime del Parlamento andaluz. Pero sus señorías están de acuerdo a regañadientes. El debate de hoy bien podría haberse titulado: gafas gratis para sacarse los ojos.

La Cámara Baja ha dado el primer paso para que el uso de gafas y lentillas sea un derecho universal en España, y que el Gobierno las incorpore a la cartera común de prestaciones del Sistema Nacional de Salud: gratis para los menores y bonificado para los adultos en función de la renta. La toma en consideración abre ahora un trámite parlamentario largo, en el que cada grupo -y el propio Gobierno- plantearán enmiendas al texto que salió del Parlamento andaluz.

Eran las tres de la tarde cuando arrancó el debate y el hemiciclo estaba semivacío. En representación del Parlamento andaluz, subieron a la tribuna tres diputados autonómicos: el autor original de la norma, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía; la socialista Pilar Navarro y la popular Beatriz Jurado. Luego han tomado la palabra los diputados de PNV, Podemos (por el grupo mixto), Sumar, Bildu, Junts, Vox, PSOE y PP.

La norma de Adelante Andalucía aterriza en el Congreso tras lograr el respaldo de la mayoría absoluta del PP de Juan Manuel Moreno, cuyo apoyo está condicionado a que la financiación salga de los Presupuestos Generales del Estado, aunque la Junta de Andalucía tiene competencias y capital para impulsar la misma medida en su territorio.

La iniciativa de los andalucistas también ha pasado previamente por la mesa del Ministerio de Sanidad, el departamento que tendrá que gestionarla, sin proponer ninguna enmienda en contra del texto original avalado por el Parlamento andaluz. El fondo de la cuestión -la llamada “pobreza visual”- armoniza el discurso de todos los partidos políticos que, con mayor o menor entusiasmo, se han referido a la proposición de ley.

Los tres parlamentarios andaluces llevaban los deberes hechos y han subido a la tribuna cargados con datos de Sanidad o del sector oftalmológico: el 31% de la población menor de edad en España tiene problemas visuales y el coste medio de unas gafas ronda los 200 euros. La brecha social entre quienes pueden costearse esto y los que no es del 12%.

Navarro ha ido un paso más allá, al vincular los problemas de vista de la población -derivados de las dificultades económicas para pagarse un óptico- con el desarrollo formativo de los jóvenes. “Hasta los 12 años, el 60% del aprendizaje de un niño se produce a través de la vista, y muchos no pueden permitírselo”, ha asegurado la diputada socialista de Almería, citando un informe del Colegio Nacional de Ópticos y Optometristas de España.

Ella misma ha recordado cómo su madre tuvo que ahorrar para comprarle sus primeras gafas y cómo, al tropear bajando una escalera mojada, deseó partirse el brazo antes que las gafas. Y su deseo se cumplió.

Ojo por ojo

Hasta aquí valdría la pena leer una crónica sobre hechos consumados: una votación que refleja un consenso político no buscado, se diría que incluso incómodo, entre formaciones políticas que andan a la gresca a diario. Pero se les ha metido por medio un asunto que, en palabras de la mayoría de los intervinientes, es “de sentido común”, avalado por datos, con un cierto respaldo científico, una medida popular sin apenas aristas que sale del Congreso sin zancadillas notables, y en beneficio potencial de la población.

Dicho esto, la proposición de ley de gafas gratis para menores de edad es un pájaro que se ha colado en la Cámara Baja interrumpiendo el devenir natural de la política que manda en esta legislatura, a saber: el ruido, la discordia, la bronca, el insulto. El debate sobre gafas para todos ha servido de excusa para practicar el ojo por ojo.

Han demostrado tanta prisa en pasar página del asunto que les traía hoy aquí, que tres cuartas partes del debate han versado sobre otros asuntos, estos sí, de más enjundia porque retratan la fiereza de sus disputas internas, el quebranto perenne de las dos Españas. La parálisis. La nada.

Prácticamente todos los portavoces que han intervenido en el debate, en representación de sus fuerzas políticas, llevaban puestas sus gafas, pero esto no les ha servido para ver más allá de lo que querían ver: las dos diputadas del PSOE -una del Parlamento andaluz y otra del Congreso- han visto al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, desentendiéndose de sus competencias en sanidad, y escurriendo el bulto para que las gafas las pague el Ejecutivo de Pedro Sánchez con unos Presupuestos Generales que el PP no está dispuesto a facilitar.

Las diputadas del PP -también de ambas Cámaras- han visto a la vicepresidenta del Gobierno y rival de Moreno en las urnas, María Jesús Montero, de paseo los fines de semana por Andalucía, manifestándose el sábado en las calles de Sevilla contra el “desmantelamiento de la sanidad pública andaluza”, eludiendo que ella misma fue consejera de Salud en los noventa.

Jurado, además, ha aprovechado para recordar al hemiciclo que mientras ellos viven en la discordia permanente, “la seña de identidad” de Moreno ha permitido poner su mayoría absoluta al servicio de una ley propuesta por un grupo con dos diputados. “Andalucía como ejemplo de entendimiento, moderación, diálogo y estabilidad política y económica”, ha dicho, no como la que tiene aquí montada Sánchez, ha apostillado.

El portavoz del PNV, Joseba Andoni Agirretxea Urresti, el primero en subir tras los tres parlamentarios andaluces, ha notado enseguida que aquel debate de las gafas gratis mutaba rápido en un pim pam pum preelectoral entre Moreno y Montero. “Poco constructivo, poco edificante. Menos mal que viene precedido por un apoyo unánime del Parlamento andaluz”, ha bromeado.

Agirretxea se ha preguntado -como luego ha hecho la diputada de Sumar, Engracia Rivera- por qué Adelante Andalucía no ha impulsado una ley andaluza, en lugar de estatal, por qué no ha “puesto en valor el autogobierno andaluz”. “Estamos a favor del qué, no del cómo”, ha advertido, para resaltar que Euskadi “se autofinancia” y tiene la capacidad de decidir sobre sus prestaciones sanitarias gratuitas.

El que la iniciativa política naciese del partido de Teresa Rodríguez, una formación andalucista y progresista, otrora ligada a IU, a Podemos, y a una coalición de partidos que hoy orbita en torno a Sumar, ha creado un subtexto en el debate que tiene un capítulo aparte: el mutis enfurruñado de la izquierda contra la izquierda.

A Rodríguez y sus más afines, Podemos e IU la expulsaron de la coalición que ella misma había fundado, acusándola de tránsfuga, en virtud de una redacción ad hoc del Pacto Antitransfuguismo aprobado en este Congreso. Volver aquí con las mismas siglas, pero otro partido, tiene algo de redención, de exorcizar demonios, de recochineo o de las tres cosas a la vez.

La diputada del grupo mixto y exlíder de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha usado su tiempo para atizar a Moreno por la gestión sanitaria, dedicando un capítulo a la causa judicial de los contratos sanitarios troceados que investiga una jueza en Cádiz, a instancias de su partido, por un posible delito de malversación. Hay un alto cargo del Gobierno andaluz imputado por un posible delito de malversación.

La diputada de Sumar Engracia Rivera también ha afeado a Adelante que venga de la mano del PP de Moreno, a quien ha negado legitimidad para “venir al Congreso a hablar de sanidad”, dos días después de verse contestado en las calles por 20.000 manifestantes. “Adelante Andalucía tenía dos vías para impulsar esta ley y ha elegido el Congreso en vez del Parlamento andaluz. Extraño”, ha subrayado Rivera, para luego cargar contra los populares: “No puede venir a pedir que el Gobierno financie nuevas prestaciones sanitarias mientras desde la Junta están desmantelando la sanidad pública”, ha dicho Rivera.

En la presentación inicial, el portavoz de Adelante Andalucía había explicado por qué estaba en el Congreso, apelando a Sánchez, en vez de estar en el Parlamento andaluz, apelando a Moreno: “Somos una formación andalucista que promueve una ley estatal, esto es una conquista del pueblo andaluz para el resto, para todas las gentes de clase trabajadora”, marcando distancias con el nacionalismo “excluyente y burgués” de Cataluña o Euskadi.

La diputada de Bildu aplaudió la medida, pero reclamó más ambición: “¿Y por qué no prestación bucodental gratuita? ¿Y por qué no también para las víctimas de la polio o de la talidomida?”

Desde Junts, la diputada Pilar Calvo, enfrió las expectativas y recordó que del Congreso también salió, por unanimidad, el apoyo a la Ley para enfermos de ELA, que en la práctica se ha mostrado inoperante por falta de financiación del Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas, denunció. “No sé si la mejor vía es aprobar esto en el Congreso, si no hay recursos. NO podemos seguir tragándonos que lo que se aprueba en Madrid lo pagan luego las comunidades”, avisó.

Por último, el diputado de Vox, David García Gómis, ha empezado clamando contra Pedro Sánchez y ha terminado clamando contra Pedro Sánchez, gracias a una pirueta semántica sobre la gratuidad de las gafas o sobre lo que fuera el debate: “Es urgente esta iniciativa, pero más urgente es echar a Sánchez, que es corrupción, miseria, mentira, ruina”, dijo.

La memoria económica de esta propuesta estima el gasto en 50 millones de euros para las gafas gratis en Andalucía -260 millones en el conjunto del país- y 90 millones para las gafas subvencionadas en Andalucía -447 millones en España-. El voto unánime de hoy es un voto a seguir debatiendo sobre este asunto, paso a paso, ojo a ojo.

José Ignacio García (Jerez de la Frontera, Cádiz; 1987) acaba de ser elegido candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta. Este profesor de Secundaria pausó las clases en su instituto para coger el acta de diputado en el Parlamento, donde es el portavoz de una coalición andalucista, anticapitalista y de izquierdas que ocupa dos escaños y está en el grupo mixto.

Cada dos semanas se mide en un duelo dialéctico con el presidente Juan Manuel Moreno, a quien ahora aspira a quitarle el puesto en las próximas elecciones autonómicas. García recoge el cartel electoral que en 2022 llevaba el rostro de Teresa Rodríguez, a quien le une una continuidad tanto de discurso como de estrategia política, cuyo objetivo es consolidar su proyecto y lograr que su marca arraigue en todos los rincones de Andalucía.

¿Se ha pensado mucho si quería ser candidato a la presidencia de la Junta?

No es una cuestión de apetencia personal, es un proyecto colectivo y la consecuencia lógica del trabajo de los últimos años era que yo cogiera esta tarea. Estoy abrumado, ilusionado, orgulloso. La gente confía en mí y valora que Adelante Andalucía representa una cosa diferente en el panorama político andaluz y que viene a cubrir una orfandad de determinadas políticas.

¿Qué orfadad? ¿Qué falta en la política andaluza?

Hace falta valentía para enfrentarse a la derecha y a la extrema derecha, para plantear las cosas claras con mucha contundencia, pero a la vez de forma alegre, fresca, amable e incluso divertida, con un proyecto alternativo que conecte con mucha gente.

¿En el Parlamento andaluz hay espacio para tres formaciones de izquierdas?

Bueno, yo sé que la única vez en la historia que ha habido un cambio de gobierno en Andalucía fue en 2018, cuando sumaron tres formaciones de derechas. Creo que en 2026 hay posibilidades de que haya un cambio de gobierno con tres izquierdas distintas, porque conectamos con sectores diferentes de la sociedad. Hay millones de personas que votaron por un Gobierno de PSOE y Sumar pensando que eran una alternativa, y hoy se han dado cuenta de que el único valor de ese gobierno es que no gobierna la derecha. No han sido capaces de cambiar la vida de la gente ni de aplicar políticas diferentes, que básicamente son las de su programa electoral, y yo no quiero que esa gente se vaya hoy a la abstención. Esa gente puede votarnos.

En 2026 hay posibilidades de un cambio de gobierno con tres izquierdas distintas, como lo hubo en 2018 con tres derechas

¿Usted ve viable que la fragmentación del voto de izquierdas en tres partidos provoque la misma carambola que hizo presidente a Moreno?

Yo creo que sí. Pasó en 2018 en el campo de las derechas y puede pasar en 2026 con las izquierdas. Cada uno está haciendo su parte y creo que eso es bueno. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, con una oposición contundente contra las derechas y, a la vez, llevamos una ley de gafas gratuitas, una ley de comedores escolares, un proyecto sobre la menopausia, la salud mental, la vivienda... En 2022 nos daban por muertos y, contra todo pronóstico, logramos entrar en el Parlamento. Hoy nuestro reto es consolidarnos.

¿Cuánto cree que influyó el cisma entre Podemos, IU, Sumar... para que Adelante Andalucía lograra dos diputados?

No lo sé, no lo sé. No voy a entrar a atacar, creo que la gente está muy harta de las peleítas de la izquierda. Nosotros hemos cogido otro camino y somos muy predecibles. Somos una fuerza independiente del PSOE, pero con un claro posicionamiento programático en la izquierda, en el feminismo, en el ecologismo y además somos andalucistas. La gente nos conoce y conoce a los otros, y si entro a valorar lo que hicieron será meter palos en candela, y la gente de izquierdas espera otra cosa de nosotros.

No sé si, viendo los programas electorales de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, la gente percibe grandes diferencias en los grandes debates sobre políticas publicas que más afectan a la ciudadanía. ¿Cuáles son esas diferencias significativas?

Mira, te pongo un ejemplo en materia de vivienda, que justamente es en lo que PP y PSOE más se parecen. Yo no estoy de acuerdo con una política de bonos de alquiler joven, porque es dinero público que se le da a los inquilinos para que automáticamente se lo entreguen a los caseros, independientemente de si el casero tiene una casa o tiene 100 pisos. Eso es una forma de subvencionar el rentismo. Esa política la ha hecho el Gobierno de PSOE y Sumar. Creo que habría que hacer otra cosa.

¿Por ejemplo?

Pues regular el precio del alquiler para que baje por ley y coger los 640.000 pisos vacíos que hay en manos de bancos y fondos de inversión en Andalucía y decirles a los propietarios que o ponen automáticamente en alquiler accesible esos pisos o los expropiamos. Esa es la diferencia fundamental.

Creo que esa diferencia también separa algo al PSOE de Sumar...

Sí, pero Sumar está en el Gobierno haciendo eso y firmando esas políticas.

Esto nos lleva a otro debate recurrente en la izquierda: no es lo mismo hacer política de gobierno que política de oposición.

Yo es que no estaría nunca en un sitio donde no me dejaran hacer mi política.

Entonces es probable que nunca gobierne en coalición con otra formación que tenga prioridades distintas a la suya.

Por supuesto que sí. Hemos gobernado una capital de provincia, en Cádiz, cosa que no puede decir Sumar.

Adelante Andalucía era la fuerza mayoritaria en Cádiz.

Claro, éramos la fuerza mayoritaria. Nosotros no vamos a entrar en un gobierno estando supeditados al PSOE, lo hemos dicho siempre. Porque creo que al final lo que trasladamos a la gente es que la izquierda nunca cumple su programa y, sin embargo, Trump coge y a los 15 días es más leal a su programa que lo que ha sido cualquier gobierno de izquierdas en años. Y yo quiero una izquierda que sea tan leal al programa de las izquierdas como lo son la derecha y la extrema derecha al suyo. Es que Moreno Bonilla el otro día es capaz de cambiar un Consejo de Gobierno para dar unos premios de la tauromaquia. Es que han creado seis universidades privadas en tres años. Es que son capaces de dar una millonada de dinero público, incluso puede ser que hasta saltándose la ley, a las empresas privadas de sanidad. ¡Es que ellos están cumpliendo su programa! No nos han engañado. Su programa es un destrozo para Andalucía, pero no nos han engañado. Sin embargo, la izquierda no cumple su programa. Ellos gobiernan y cumplen. Y al final lo que le trasladamos a la ciudadanía es que la izquierda nunca cumple. La izquierda nunca transforma. La izquierda se queda en tres tonterías. Y por tanto, la frustración queda y luego aparecen los monstruos.

Quiero una izquierda que sea tan leal al programa de las izquierdas como lo son la derecha y la extrema derecha al suyo

El otro día, Elisabeth Duval abandonó la dirección de Sumar decepcionada, dijo, con “las limitaciones de la política institucional y partidista”. Esto es recurrente en políticos de izquierdas que vienen del activismo. ¿Usted ha sentido esa frustración?

Para tener frustración hay que tener primero muchísima esperanza e ingenuidad, y hay que tener muchas expectativas sobre una institución para luego frustrarte. Yo no tenía tan altas expectativas con las instituciones, así que no estoy frustrado. Así de simple. Creo que las instituciones son, poniéndonos técnicos y teóricos, fruto de procesos históricos en los que siempre ha habido clases sociales que han ido ganando y otras que han salido perdiendo; y territorios del Estado que han ido ganando y otros que han ido perdiendo. Cuando yo entro en las instituciones, no soy lo suficientemente ingenuo como para pensar que van a cambiar porque se lo voy a pedir por favor. Las instituciones necesitan una revolución para construir otro tipo de instituciones que representen a la mayoría social. Mientras tanto, no tengo ninguna frustración.

De los portavoces del resto de formaciones en el Parlamento, ¿con quién mantiene un mejor diálogo?

Con la que tengo mejor entendimiento y diálogo es con la portavoz del PSOE.

El Parlamento ha aprobado iniciativas importantes de Adelante Andalucía, como la ley de gratuidad de gafas que se debate en breve en el Congreso...

Este martes, de hecho.

Una ley de un grupo de dos diputados respaldada por la mayoría absoluta del PP. ¿Qué lectura hace usted de este apoyo, que además se ha repetido con otras iniciativas?

Hombre, en realidad, de las cientos de iniciativas que hemos presentado, el PP solo nos ha apoyado una. Y no creo que sea por una habilidad parlamentaria mía, sino porque cuando uno plantea cuestiones tan de sentido común en la calle, es muy difícil oponerse a ellas. Los gobiernos tienen dificultades ante esa presión y te deslegitima más no aprobarla que aprobarla. A eso se suma que era una ley estatal y, por tanto, el PP puede hacer una reivindicación al Gobierno de Pedro Sánchez para que le pague. Si las gafas entran como un producto más del Sistema Nacional de Salud, tendrán que derivar dinero a los 17 sistemas autonómicos. El PP no pierde nada. Nosotros no somos ingenuos y hemos usado la vía más pragmática para la gente.

Usted es profesor. Le he escuchado una reflexión en el Parlamento sobre la dificultad que tiene la izquierda para reclutar a trabajadores para la primera línea política, sobre todo en el ámbito municipal. ¿Por qué cree que ocurre?

Tenemos mucha, muchísima gente que quiere entrar en el partido y echar una mano, de hecho, estamos creciendo bastante en militancia y en implantación territorial. Pero mucha gente no quiere ser portavoz ni quiere dar la cara, ni quiere hablar en los medios de comunicación, ni quiere presentarse a un cargo público. ¿Por qué? Porque presentarse a un cargo público de una fuerza política como la nuestra es incómodo en cierto modo y te puede llevar a tener dificultades para encontrar trabajo.

¿A qué se refiere?

La izquierda, una izquierda como la nuestra, que se rebela, que no se calla las cosas... Mira, yo vengo hoy de ir a un conflicto laboral contra una multinacional de la limpieza del Hospital Virgen del Rocío, que tiene a 600 trabajadoras, a las que les están exprimiendo, y a una de ellas la han despedido. Otros compañeros están con la Mareas Blancas, otros con el Sindicato de Inquilinos... Nosotros tenemos las mismas dificultades que están teniendo los movimientos sociales, y es que nadie quiere dar la cara porque saben que puedes tener represalias en el trabajo o no encontrar trabajo o tener problemas en tu pueblo. Y no es una cuestión de que te vaya a señalar a otro partido, es que te señala la patronal del turismo o la patronal de los invernaderos, si eres de Almería o Huelva, o las grandes empresas que llevan las contratas de la Junta. Y esto hace que en todos los partidos de izquierda, los líderes sean funcionarios. Lo digo yo, que soy funcionario.

Díaz Ayuso es más fácil de combatir desde la izquierda que Juanma Moreno

¿Le preocupa tener un problema de representatividad ante su base social?

Es que es un problema político, porque nosotros tenemos que representar a la clase trabajadora. Y la mayoría social no son funcionarios. Entonces, esto es un problema democrático que en otros partidos no pasa, porque son mucho más cómodos para el poder, o le hacen el trabajo a las patronales o tienen capacidad para después colocarte en consejos de administración, y así la gente no vuelve a su trabajo nunca. Nosotros somos un partido que se queja, se moja, está en los conflictos laborales, se enfrenta al poder y encima tenemos limitación de mandatos y después te tienes que volver a tu trabajo.

¿Cómo describiría a la derecha andaluza?

La derecha andaluza es una derecha que ha entendido el folclore andaluz, que no es la cultura andaluza. El folclore sólo es una parte de la cultura y la derecha lo utiliza como manto para tapar su verdadera intención, que es venderlo todo. Ellos entienden que todo, absolutamente todo es vendible, todo se puede trocear y tiene un precio, desde la sanidad, la educación, el suelo público. Entienden a los andaluces en función de lo que puedan pagar. Eso es una derecha profundamente peligrosa, porque con una cara amable es capaz de ser incluso más peligrosa que la derecha madrileña, que es más fácil de combatir para la izquierda. Isabel Díaz Ayuso es más fácil de combatir para la izquierda que Moreno Bonilla, pero Moreno es más peligroso que Ayuso.

¿Usted no cree que el presidente Moreno es un dirigente moderado?

No, yo creo que es un dirigente muy inteligente y que sabe que el pueblo andaluz nunca aceptaría a una dirigente como Isabel Díaz Ayuso. Pero tiene exactamente el mismo proyecto o peor que ella. Su discurso público no es el mismo, pero la práctica política sí.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, crea universidades privadas a tutiplén. A veces se nos olvida que el primer consejero de Educación de Moreno Bonilla era un señor que había creado una empresa, MEDAC, que se ha hecho con gran parte del negocio de la FP privada en Andalucía a costa de no crear plazas de la FP pública. Y que esa empresa la venden a un fondo de inversión estadounidense, que es el mismo que crea una de las universidades privadas a la cual el PP de Moreno le da los permisos para abrir en Málaga. ¡Esto es un auténtico chiringuito para vender la educación! Y todo lo crea el primer consejero de Educación. Es que es de un descaro inaudito. Y se nos olvida que han sido capaces de utilizar normativa de la pandemia ya derogada para dar dinero a tutiplén a las empresas privadas de la sanidad. Hombre no, no me trago la moderación del discurso.

En la política nacional tenemos ahora a varios andaluces en primera línea: María Jesús Montero, Antonio Maíllo, el propio Moreno tiene un peso significativo en el PP de Feijóo. ¿Usted cree que Andalucía está en el debate nacional?

No, porque todos los andaluces para estar en la política estatal renuncian a Andalucía. Todos. ¿Alguien se imagina que los premios al talento catalán o al talento vasco se entreguen en Madrid? Moreno Bonilla se ha ido esta semana a la capital a entregar los premios al talento andaluz, y aquí nos trae los Grammys, para repartir dinero entre los pisos turísticos. ¿Por qué? Porque España es el eje Madrid-Barcelona, y el resto somos periferia. Tenemos dirigentes andaluces que no ejercen como tales. Pero a mí, la verdad, donde haya nacido un dirigente me da un poco igual. Lo que me importa es que Andalucía estuviera en el centro del debate político y mediático andaluz. Tú pones la Sexta a las 13:30 de la tarde y está el pleno ordinario de la Asamblea de Madrid peleándose sobre el Canal de Isabel II y la M30. Y luego te encuentras aquí el reverso de la moneda, que en el último Pleno del Parlamento de Andalucía la mitad de las proposiciones no de ley son sobre Cataluña, y en todos los plenos hablamos de Catalulña. Si ni siquiera aquí nos tomamos en serio...

Hay asuntos de ámbito nacional que impulsan formaciones independentistas de izquierdas en Cataluña, como la amnistía o la quita de la deuda pública, que en Andalucía provocan mucha fricción. ¿A ustedes les genera alguna contradicción estos temas?

El tema de la quita de la deuda es paradigmático de lo que está pasando. El PP sólo y exclusivamente se opone porque lo propone el PSOE. Ya está. Parece como el ejemplo máximo de la peleíta entre partidos. Nosotros, estando a favor de la quita de la deuda, tampoco creemos que sea la solución a los problemas de Andalucía. Los problemas son mucho más profundos y pasa, en primer lugar, por la reforma del sistema de financiación autonómica, que es claramente perjudicial. Y eso no lo van a hacer. En segundo lugar, algo que tendrían incluso más fácil de cumplir con la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía, que dice que si somos el 18% de la población tenemos que recibir el 18% de las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado, nunca lo cumplen y cuando lo ponen no lo ejecutan.

¿Cómo van agrandar la base social de Adelante Andalucía sin perjudicar a otras formaciones de izquierdas?

Hay una base de electores de izquierdas que no vota y hay, incluso, algunos despistados que votaron a Moreno Bonilla, porque tenían mucho miedo de que el PP gobernara con Vox. Y yo aspiro a convencer a toda esa gente.

El Gobierno andaluz nos hace creer que nuestros problemas son individuales y se arreglan de puertas para dentro

En unas elecciones generales donde no se presentase Adelante Andalucía, ¿usted a quién votaría?

Ja, ja, ja. No lo sé. Si te lo digo, a lo mejor perjudico al partido que elija.

¿No se quiere mojar?

No.

El otro día, en el Congreso, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, dijo que él se siente profundamente pacifista, pero que el clima prebélico que percibe le hacía entender que había que prepararse. ¿Usted ve necesario un rearme militar de Europa?

A mí no me gustó el discurso de Rufián. Yo creo que hay un sector de la izquierda que dice soy pacifista hasta que llega una guerra. Me preocupa que la UE, la OTAN, los gobiernos y muchos medios de comunicación se hayan instalado en las últimas semanas en una política del miedo. Creo que hay una manipulación enorme para que entre con vaselina y sin ninguna contestación que tenemos que gastarnos 800.000 millones de dinero público en armas. Armas que le vamos a comprar a empresas de Estados Unidos e Israel, y en menor medida a Francia y Alemania.

¿Usted conoce a alguien que haya muerto esperando su ayuda a la dependencia?

Sí.

¿Conoce a gente que haya esperado más de un año para operarse?

Sí. Yo. Más de un año para operarme la rodilla.

¿Conoce a gente que no haya podido matricular a su hijo en un colegio público porque han eliminado unidades?

Sí, en varias ciudades de Andalucía.

Y estas situaciones, que se denuncian mucho en el Parlamento andaluz, ¿no indicarían una mayor conflictividad social?

Es que el conflicto ya está en las calles.

¿Usted percibe conflictividad social en Andalucía?

[Pausa] El conflicto está. Pero cuando a nosotros nos llega alguien con un problema laboral o que no le atienden en su centro de salud o que no pueden pagar el comedor escolar de su hijo... yo le digo a la familia: ahora mismo el problema lo tenéis vosotros. El Gobierno andaluz no tiene ese problema. Lo que hay que conseguir es que en los sitios donde hay mucha gente teniendo un problema, darle luz, ponerlos en común y hacer que el problema sea del Gobierno y no de la gente que lo está sufriendo. El conflicto ya está, lo que hay que conseguir es que ese conflicto sea un problema para el gobierno.

¿Lo que dice es que la gente no se moviliza por sus propios problemas?

Es que nos hacen creer constantemente que los problemas son individuales y que se arreglan de puertas para dentro de casa. Como mucho, poniendo una queja individual por internet o quejándote en Instagram. Pero el Gobierno andaluz, el PP, nos hace creer que estamos solos y que cuando te echan de tu curro estás solo, que cuando no te atienden en tu centro de salud estás solo y que cuando tú no puedes pagar la hipoteca es tu problema porque no te has esforzado bastante, cuando se trata de un problema que tienen millones de andaluces. Y, por tanto, la solución debe ser colectiva, no individual. Hacer política para nosotros se reduce a esto: hacer que los conflictos que la gente percibe como individuales se pongan en común y entendamos que las soluciones también son comunes.

La Fiscalía del TSJA acaba de anunciar una querella contrata usted por denunciar el “racismo institucional y violencia policial” por la muerte de Mamouth Bakhoum, el vendedor ambulante senegalés que acabó ahogado en el río Guadalquivir el pasado 29 de diciembre tras ser perseguido por varios agentes de la Policía Local de Sevilla.

Este proceso es un ejemplo más de a donde estamos llegando. Hay una deriva autoritaria que limita las libertades cada día más. A mi me imputan por exigir una investigación y por decir que la muerte de Mamouth fue fruto del racismo institucional y la violencia y la represión. Algo que es innegable. Parece que la persona que está más cerca de ir a un juzgado por esta muerte soy yo por pedir que se investigue. Pero esto es un ejemplo más. Los seis de Zaragoza están en prision sin pruebas, los seis de Suiza, las denuncias contra el SAT, la condena al portavoz de la Marea Blanca de Cádiz o lo que le está pasando a los trabajadores de Acerinox. Vivimos un tiempo en el que se reprime la protesta. Y todo esto con el gobierno más progresista de la historia, que sigue sin derogar la Ley Mordaza.

Adelante Andalucía ha elegido este domingo a su candidato a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas: el diputado y actual portavoz parlamentario, José Ignacio García, azote del presidente Juan Manuel Moreno en las sesiones de control al Gobierno.

García (Jerez de la Frontera, Cádiz; 1987) encabezaba la única lista que se presentaba en la Asamblea Nacional de Adelante, de la que ha salido elegido a la búlgara, esto es, por unanimidad de los 170 delegados que han participado.

La formación andalucista y anticapitalista fundada (y refundada) por Teresa Rodríguez tras su salida de Podemos, y su posterior ruptura con IU en una coalición anterior, afronta esta nueva etapa con el reto de consolidar su marca, su estructura orgánica, implantación territorial y su espacio político a la izquierda del PSOE.

Ya no es el fogonazo estelar de un Pablo Iglesias o la propia Rodríguez, que impactaron en la escena política con nombre propio, y sobre ellos se erigió la marca electoral morada. El camino de Adelante Andalucía es el ascenso natural -y empinadísimo- de un partido clásico en construcción, con la dificultad añadida de que el terreno de la política es hoy más firme para las propuestas ultraderechistas.

Adelante Andalucía tiene dos diputados en el Parlamento andaluz, lograron nueve concejales en las municipales de 2023, no obtuvieron representación en las generales de ese mismo año, y no se presentaron a las europeas. La Asamblea Nacional de Adelante Andalucía, celebrada este fin de semana en Cádiz, ha ratificado a José Ignacio García como cartel electoral, además de elegir a las personas que encabezarán las listas en el resto de provincias andaluzas.

Begoña Iza, profesora de Secundaria que ocupa desde hace unos días el escaño que dejó la exdiputada Maribel Mora tras su dimisión, será la número uno por Sevilla. Inmaculada Manzano por Granada, Mari García por Huelva, Alejandro Cabrera por Jaén, Luis Rodrigo por Málaga, Marivi Serrano por Córdoba y Diego Crespo por Almería.

En las elecciones autonómicas de 2022, que ganó por mayoría absoluta el PP de Moreno, Adelante Andalucía obtuvo 216.797 votos (el 4,58 % del escrutinio) y dos diputados en el Parlamento, donde forma parte del grupo mixto. Uno de ellos lo ocupó la entonces candidata y líder de la formación, Teresa Rodríguez, que abandonó la primera línea política al poco de iniciarse la legislatura para volver a su puesto de profesora en un instituto de Secundaria.

Su escaño pasó a manos de José Ignacio García, número dos por Cádiz, que desde entonces ha sido el principal referente de la coalición andalucista en la Cámara y el dirigente que da la réplica al presidente Moreno en las sesiones de control al Gobierno. Adelante Andalucía es la cuarta fuerza del Parlamento, por detrás del PP, PSOE, Vox y la otra coalición de partidos de izquierdas -Por Andalucía-, donde se integra IU y Podemos.

Fundación, escisión, refundación

En 2018, Adelante Andalucía nace precisamente como paraguas a todas esas formaciones progresistas a la izquierda del PSOE, bajo el hiperliderazgo de Teresa Rodríguez, secundada por el entonces líder regional de IU, Antonio Maíllo. Es la primera escisión política del Podemos de Iglesias, que siempre forcejeó con la dirigente gaditana para evitar que el partido morado cediese poder político, orgánico y económico a los territorios.

En 2021, Rodríguez refunda Adelante Andalucía tras una volcánica disputa con los partidos fundadores -Podemos e IU- y abre un nuevo camino para la coalición andalucista, en solitario, y bajo la hegemonía de su formación de origen: Anticapitalistas. Con esta estructura concurren a las autonómicas de 2022, disputando el espacio electoral de la izquierda tanto al PSOE como a la coalición Por Andalucía, marca de Sumar en esta región. La ruptura de Adelante Andalucía tiene muchas causas, pero una de las más significativas fue el rechazo visceral a formar parte del primer gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

Los andalucistas hicieron campaña con un proyecto autónomos, acusando a sus antiguos socios de izquierdas de dejarse tutelar por formaciones de ámbito nacional. Estos, que llegaron a los comicios de 2022 a navajados en el seno de una coalición mal construida, acusaron el desgaste interno en las urnas, logrando apenas cinco diputados, el mínimo para tener grupo parlamentario. Adelante Andalucía obtuvo dos contra todo pronóstico, uno por Sevilla y otro por Cádiz.

En la presente legislatura, dominada por la mayoría absoluta del PP, ese grupo mixto de sólo dos diputados ha sabido exprimir al máxmo su representatividad en la Cámara, en las manifestaciones de protesta en la calle y en los medios de comunicación. Esta semana, la Mesa del Congreso ha tramitado una proposición no de ley del Parlamento andaluz para la gratuidad de las gafas para los niños -y bonificación para los adultos en función de la renta-, cuya autoría es Adelante Andalucía.

De performance a leyes al Congreso

El partido que pilota José Ignacio García, consciente de su fragilidad parlamentaria, ha buscado mecanismos para sacar la cabeza dentro de un debate político dominado por las grandes fuerzas, muy polarizado entre el PP de Moreno y el PSOE de Pedro Sánchez.

A veces con propuestas estrafalarias, que han crispado al presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, como cuando el portavoz se llevó un melón al salón de Plenos para hablar del precio de las exportaciones de productos del campo andaluz; o cuando la exdiputada, Maribel Mora, virtió un bote de arena sobre el escaño del presidente de la Junta para denunciar cómo quedaría Doñana tras la polémica ley que amnistiaba regadíos ilegales junto al Parque Natural.

Adelante Andalucía se ha especializado en performance de este tipo, que luego han viralizado en las redes sociales, logrando que su mensaje trascendiera el limitado peso que tienen en la política andaluza. Pero también han sabido aprovechar el interés electoral del presidente Moreno por darles oxígeno en el Parlamento, apoyando algunas de sus iniciativas legislativas y aplaudiendo su autonomía de los otros partidos de izquierdas con sede en Madrid, consciente de que la división congénita en la base social progresista es una de las razones de su victoria en Andalucía.

En el reconocimiento público y los piropos que el presidente de la Junta ha concedido a José Ignacio García hay, claro, algo de estrategia política, pero Moreno se muestra sincero cuando describe a su rival como un portavoz “brillante” y “correoso”, o cuando destaca su libertad e independencia de las grandes formaciones de izquierdas, con sede en Madrid. “Usted y yo somos los únicos que verdaderamente podemos hablar con autonomía”, le ha espetado, alguna vez, cuando ambios dirigentes se han medido sus hechuras andalucistas.

A García, tanto los elogios del líder del PP como los apoyos de este partido a sus iniciativas, que han permitido prosperar iniciativas legislativas de peso -la citada ley de las gafas gratuitas- le obliga a dar más explicaciones de la cuenta. Es evidente, por pura aritmética parlamentaria, que sin el respaldo del partido con mayoría absoluta en la Cámara, un grupo con dos diputados no vería prosperar ninguna de sus propuestas.

Sin embargo, su peso político y legislativo está muy por encima de sus cifras, gracias precisamente a esa bomba de oxígeno que le ha brindado el PP. También es evidente que la principal motivación de Moreno es, claro, usar a Adelante Andalucía como ariete contra el PSOE y Sumar, socios de Gobierno en España, y su único rival en esta legislatura.

En la Asamblea Nacional de Adelante Andalucía ha participado Teresa Rodríguez y Pilar González, que fue candidata de la coalición en las últimas generales, aunque no salió elegida. González, líder del Partido Andalucista poco antes de su extinción, ha hablado de su partido como el de la “valentía y la alegría”.

En su discurso, José Ignacio García ha criticado con dureza el discurso de rearme militar que abandera el Gobierno de España y las principales instituciones europeas para dar respuesta a un nuevo orden mundial impuesto, a martillazos, por la nueva Administración norteamericana de Donald Trump. “Nos quieren con miedo y frente a esto nos quedamos con dos palabras, valentía y alegría; si nos tuvieran que definir la gente de Adelante es la gente valiente y alegre porque es la única forma de insuflar esperanza”, ha dicho.

“Alumbrar algo nuevo” es lo que espera José Ignacio García de Adelante Andalucía para las próximas elecciones ya que aspiran a “echar a la derecha sin volver atrás, queremos echar a quienes están dando lo público a la privada pero no poner a quienes inventaron las privatizaciones, queremos parar los recortes y alumbrar algo nuevo, queremos las dos cosas”, ha concluido.

El portavoz de Adelante siempre ha bromeado con los periodistas parlamentarios que siguen refiriéndose a su formación como “el partido de Teresa Rodríguez”. “No nos preocupa, no nos viene mal”, dice, sonriente. Desde que ocupa su escaño, ha consolidado su posición como parlamentario y referente de la oposición al PP de Moreno. Y ahora le toca ganarse esos galones fuera de la Cámara.

Adelante Andalucía ha creado una web para recopilar denuncias anónimas de familias de alumnos, de profesores o de trabajadores de la comunidad educativa contra la mala praxis de los comedores escolares en los colegios de Andalucía.

El partido de Teresa Rodríguez, que cuenta con dos diputados en el Parlamento autonómico, incluye en este portal digital (http://comedoresdignos.org) un cuestionario con una serie de quejas comunes: “Mala calidad; comida escasa; malas condiciones higiénicas; problemas en infraestructuras, problemas organizativos: demasiada antelación para que no cobren las faltas, problemas comunicativos…”. y un espacio para que el denunciante explique la situación del comedor escolar de su escuela y su provincia.

El partido ofrece preservar el anonimato del denunciante y promete usar la información que le aporten al Parlamento andaluz, darle un foco político y mediático y obligar “a la Consejería de Desarrollo Educativo a tomar cartas en al asunto.

El portavoz de este partido, José Ignacio García, ha denunciado este miércoles ante los medios que “la mala calidad” de los comedores escolares se debe a que están “en manos de multinacionales que se están forrando con dinero público y con el derecho de los niños y niñas”.

García asegura que la práctica de esas empresas concesionarias de los comedores escolares supone que “no hacen el almuerzo en los coles”, ya que “son caterings de línea fría que llevan la comida uno o dos días en semana, la recalientan y provoca que los niños y niñas coman mal y poca cantidad”.

Adelante Andalucía ha argumentado que la situación de los comedores en los colegios es una demanda habitual de miles de familias preocupadas en los últimos años por la paulatina bajada de calidad, por lo que ha plateado que “no es la primera vez” que advierten de este deficiente servicio que soportan los escolares andaluces, para precisar que su objetivo ahora es “hacerse con una base de datos real para poder denunciar los hechos y ofrecer una alternativa”.

José Ignacio García ha sostenido que esta situación está lejos de ser una cuestión puntual, de manera que “se está extendiendo por muchos centros educativos de Andalucía y al Gobierno del PP no le interesa hablar de ello”. El portavoz del partido de Teresa Rodríguez ha defendido que la pretensión de crear la iniciativa 'Comedores Escolares Dignos' es hacer “un mapeo de la realidad al completo, ponerse en contacto con las personas que lo trasladen, poner el foco en un problema grave y que las familias sean conscientes de que no es un hecho aislado, es un problema de colectivos que afecta a miles de familias y queremos abrir el melón”, informa Europa Press.

García ha insistido en que el portal recogerá las denuncias de forma anónima y que estará abierto a toda la ciudadanía y comunidad educativas: los padres, los docentes, los profesionales y los trabajadores de los propios comedores.

Adelante Andalucía ha asegurado que esta iniciativa “solo es un primer paso”, que en los próximos meses traerán mas iniciativas al respecto con el convencimiento de que la solución exige “comedores escolares con cocina en el propio centro dando comida de calidad y trabajadores públicos de la Junta contratados, ya hay ejemplos de colegios en los que está funcionando”.

La nueva dirección de Podemos Andalucía nace con una legitimidad frágil –la participación de los afiliados en las primarias de este fin de semana apenas superó el 15%– y con un futuro complejo: a menos de dos años para las elecciones andaluzas de 2026, el sondeo del llamado CIS andaluz sobre intención de voto, publicado este lunes, consolida la mayoría absoluta del PP de Juan Manuel Moreno, la solidez de Vox como tercera fuerza y la posible irrupción del partido del agitador ultra Alivse Pérez en el Parlamento.

Enfrente está el retroceso de todas las formaciones de izquierdas que, juntas, se quedan lejos de la mayoría absoluta del PP. Con estos mimbres ha tomado las riendas de Podemos Andalucía la nueva coordinadora general, ganadora de las primarias, Raquel Martínez.

Su victoria es agridulce por distintos motivos: por el bajísimo grado de participación en la convocatoria –la han votado 1.688 afiliados de los casi 22.000 llamados a participar– que evidencia que la otrora poderosa militancia en los círculos de Podemos hoy está desmovilizada, fatigada o hastiada; porque ha ganado por poco más de 300 votos a la candidatura rival, encabezada por la líder de Podemos en Sevilla, Susana Hornillo [un 52,4% frente al 42%], y esto implica que más de un tercio de los miembros del nuevo Consejo Ciudadano liderado por Martínez (10 de 28) pertenece al equipo de su oponente.

Y por último, porque las primarias se han desarrollado en un ambiente hostil, con duras acusaciones y reproches en redes sociales entre ambas corrientes, que dejan un poso de guerracivilismo difícil de gestionar. En mitad del proceso se hizo pública una carta de la exsecretaria de Círculos y Extensión de Podemos Andalucía, Valle Fernández, que atribuía su dimisión en 2021 a un “ciclo de violencia institucional y orgánica” y señalaba a la dirección liderada por Martina Velarde y su número dos, Raquel Martínez, acusando “la presión y el desgaste psicológico” infundido a “muchas personas” del partido.

El equipo de Martínez, de hecho, se plantea denunciar ante el comité de ética del partido algunos de los “ataques recibidos en Twitter o filtrados a algún medio” por parte de exdirigentes y colaboradores ligados al proyecto de Hornillo, o abiertamente contrarios a la antigua dirección de Velarde.

Llamada a la unidad

Con todo, la nueva coordinadora general de Podemos Andalucía ha comparecido este lunes en la sede del partido en Sevilla con un llamamiento a la unidad: “Ahora debemos remar todas juntas. Dejaremos de lado las diferencias y arrimaremos el hombro”. Martínez era la secretaria de Organización del partido, número dos de Martina Velarde, que ha dado un paso al lado para avalar a su compañera. Contaba con el respaldo de la dirección estatal de Podemos, que pilota ahora Ione Belarra, y con la connivencia de algunos partidos de izquierdas de la órbita de Sumar, que ve más fácil trazar alianzas con ella que con Hornillo.

La campaña de las primarias dejó dos premisas enfrentadas respecto a la confluencia de partidos de izquierdas de cara a los próximos procesos electorales. El proyecto de Martínez, en consonancia con la dirección estatal de Podemos, es más proclive a buscar acuerdos con otras formaciones para construir coaliciones; el de Hornillo se presentó cuestionando abiertamente esta fórmula.

El escenario de fondo es complicado, porque Podemos estatal rompió con Sumar y se pasó al grupo mixto en el Congreso tras las generales, acusando a los de Yolanda Díaz de orillarles y mermar su autonomía política. En cambio, Hornillo se presentó a las municipales dentro de una coalición entre Podemos, IU y otras fuerzas, de la que aún forma parte y es portavoz en el Ayuntamiento de Sevilla.

La prioridad de la nueva dirección de Podemos Andalucía, que elegirá a su nueva ejecutiva en enero, pasa por “fortalecer” internamente la marca del partido. El capítulo de las confluencias no está en la agenda inmediata de Martínez y no parece tener prisa por abordarlo. “No tenemos plazo. Cada uno marca sus tiempos, pero ahora el espacio de la confluencia está bastante caótico, no hay certeza de qué van a hacer ni cómo se van a llamar”, ha explicado este lunes, tras anunciar que “va a esperar a que me llamen” y “tengo que saber quién me va a llamar”.

Martínez ha reconocido la baja participación de las primarias en Podemos Andalucía –un 15%–, pero no ha sido capaz de explicar las razones de la desmovilización de las bases de un partido que irrumpió en el Parlamento andaluz en 2015 con 15 diputados, liderados por Teresa Rodríguez. “No puedo decir los motivos, creo que el exceso de polarización y que no haya habido debate político [en las primarias] nos ha castigado a ambas candidaturas”, ha explicado.

La nueva dirigente morada sí ha mostrado su inquietud por el último sondeo del CIS andaluz, que arroja un panorama desolador para las fuerzas de izquierdas. “Lo vemos con preocupación, se consolida el PP y avanza la extrema derecha, no nos conformamos con eso. Debemos salir con más ambición y valentía, queremos quitar a Moreno del Gobierno”, ha subrayado.

Con los resultados que se han producido, el nuevo órgano de dirección de Podemos Andalucía estará compuesto por 28 personas, de las cuales 18 (62,3%) pertenecen a la candidatura Transformar Andalucía y 10 (37,7%) a la lista Andalucía 100x100. Encabezan la elección Diego Cañamero, Alejandra Durán y José Manuel Jurado, además de la concejala de Dos Hermanas Nerea Tovar y el malagueño Nicolás Sguiglia.

Martínez contará, además, con el núcleo de la dirección saliente de Velarde, como es el caso de la responsable de Medio Rural, Ana Jiménez; el secretario de Economía, Guiseppe Quaresima; o el responsable de comunicación, Javier García. A los 28 miembros del nuevo Consejo Ciudadano se unirán otros 14, elegidos por los enlaces con los círculos de militantes en las ocho provincias andaluzas.

La dirección actual de Podemos Andalucía, que comanda la diputada en el Congreso por Córdoba Martina Velarde, ha presentado este lunes en Sevilla su candidatura para elegir a la nueva ejecutiva, que se resolverá el próximo 14 de diciembre en un congreso, previo paso por unas primarias. La elegida es Raquel Martínez (Almería, 47 años), que ocupa la secretaría de Organización de Podemos Andalucía y representa, en consecuencia, cierta continuidad a la dirección actual.

Velarde da un paso al lado después de cuatro años “duros”, ha dicho, para ceder el testigo a su número dos y poder centrarse en el trabajo institucional en el Congreso (Podemos cuenta con cuatro diputados en el grupo mixto tras abandonar la coalición Sumar de Yolanda Díaz).

En la lista de Martínez está la propia Velarde y dos de los tres diputados morados en el Parlamento andaluz (dentro de la coalición Por Andalucía), el cordobés José Manuel Jurado, y la granadina Alejandra Durán. El tercero es el guardia civil de profesión Juan Antonio Delgado, que ha declinado la invitación a formar parte de la candidatura para centrarse en su papel institucional.

Esta candidatura cuenta con el empuje de la dirección andaluza y estatal, que pilota Ione Belarra, y ha absorbido a concejales de Podemos como Nico Sguiglia, Nerea Tovar o el exdiputado en el Congreso Diego Cañamero. Velarde ha asegurado, también, que han logrado sumar a activistas de las ocho provincias -por la vivienda digna, por los servicios públicos y a favor de la paz-, además de “recuperar a compañeros” que habían abandonado el partido para militar en Anticapitalistas, junto a Teresa Rodríguez.

Raquel Martínez nació en Almería, pertenece al barrio de Los Ángeles, pero ahora vive en un municipio pequeño de la Axarquía de Málaga: Canillas de Aceituno, con algo más de 1.700 habitantes. Ha militado en Podemos desde sus orígenes, antes fue activista en defensa de la vivienda digna. Ella misma sufrió una suerte de desahucio, cuando tuvo que poner su casa en dación en pago, acabó viviendo de alquiler en el hogar por el que se había hipotecado, y fue finalmente “expulsada por un fondo de inversión”.

La candidata a liderar Podemos Andalucía estudió un ciclo de Formación Profesional de Auxiliar Administrativa y ha trabajado en multitud de oficios “todos de clase obrera”: cajera en comercios y supermercados, limpiadora de escaleras, “kelly total”, explica, con cierto orgullo.

Martínez ha anunciado dos cosas importantes en su presentación: una es que se centrará en su labor orgánica, es decir, que no aspirará a liderar la candidatura electoral de Podemos en las próximas elecciones andaluzas, previstas para la primavera de 2026. Esto reproduce el formato de bicefalia que ya tuvo lugar en las últimas autonómicas, cuando Velarde era coordinadora general, pero no se postuló a las primarias internas para ser candidata en las urnas, algo que recayó en Delgado.

La otra es que “no va a volver a pasar lo que ocurrió en las últimas elecciones andaluzas”. Lo que ocurrió en el 2022 es que las fricciones internas entre las distintas formaciones de izquierdas que negociaban una candidatura única saltaron por los aires en el último minuto -literal- y Podemos quedó fuera de la inscripción de dicha candidatura ante la Junta Electoral de Andalucía. El partido morado no es, oficialmente, un miembro de la confluencia Por Andalucía, trasunto de Sumar en esta comunidad, aunque cuente con tres de los cinco diputados que la componen, figurando como independientes.

En ese desbarajuste tuvo mucho que ver la lucha por el poder entre la dirección estatal de Podemos y el equipo de Yolanda Díaz, escudado por IU en Andalucía. Esa situación no se ha resuelto del todo, de ahí que una de las grandes incógnitas de estas primarias orbiten alrededor de una misma pregunta: ¿se va a reconstruir la unidad entre las distintas fuerzas de izquierdas? Martínez no ha respondido a esa pregunta, porque “el objetivo ahora es reforzar la marca Podemos”.

Esta candidatura tendrá en frente la lista que encabeza la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, que fue la primera en dar el paso con un discurso contrario a la unidad de izquierdas. Martínez le ha tendido la mano a integrarse en su lista, pero en su equipo es palpable el malestar con Hornillo por haber lanzado su apuesta en plenas primarias internas sobre los Presupuestos Generales del Estado; por asegurar que había informado antes a la dirección estatal -“eso es falso”- y por lanzar una apuesta contra la confluencia sin consultarlo aún con la militancia. “Ese es su criterio personal. Ella forma parte de una confluencia de partidos en el Ayuntamiento de Sevilla, si está en contra, que dimita”, ironizaban hoy.

Apenas hay fisuras entre el discurso oficial de Ione Belarra y su equipo y el de la nueva aspirante a lidear el partido morado en la comunidad más poblada de España. Podemos Andalucía carece de autonomía política, orgánica y económica. Según sus estatutos -tan discutidos en su día por Teresa Rodríguez, primera líder regional que acabó expulsada-, todas las decisiones pasan por Madrid. De hecho, este lunes Velarde ha anunciado un calendario congresual del que “se han enterado” porque la ejecutiva nacional lo ha colgado de su página web.

En las próximas primarias están contabilizados 21.930 inscritos con derecho a voto, aunque militantes que pagan cuota al partido rondan los 3.000. El Consejo Ciudadano Estatal contabilizó 85.000 inscritos en las primarias de Podemos Andalucía de 2020, las primeras tras la salida de Teresa Rodríguez, y de la que salió la ejecutiva de Martina Velarde. El próximo 23 de noviembre, las distintas candidaturas que se postulan en estas primarias tendrán que presentar los tres documentos que acompañan su proyecto y que también se someterán a votación: el documento político, el organizativo y el de feminismos.

“Sumar no ha funcionado. Por Andalucía no ha funcionado. ¿Por qué insistir en otra coalición de izquierdas? El Partido Comunista de Andalucía (PCA) ya ha hecho un llamamiento a la unidad pero, un momento, un momento... Es precipitado abrir ese debate ahora. Que no se precipite IU, que apostó por la unidad en las elecciones europeas y se quedó sin representación en Bruselas por primera vez en su historia”.

Para entender esta carta de presentación -cita de Susana Hornillo, primera aspirante a la coordinación general de Podemos Andalucía- es preciso recopilar la breve historia electoral de los morados en esta comunidad, la más poblada de España. La portavoz de Podemos Sevilla y concejal en el Ayuntamiento hispalense ha lanzado este miércoles su candidatura a las primarias para elegir a la nueva dirección del partido en Andalucía, que arrancan el 4 de noviembre con la apertura del plazo de inscripción.

En Andalucía, se ha abierto la terna antes de que la dirección estatal de Podemos, que es quien tiene el control orgánico de los territorios, convoque oficialmente el proceso interno. Y el primer discurso de la primera aspirante anticipa que las primarias van a pivotar sobre la unidad de las izquierdas y el protagonismo que aspiran a recuperar los morados dentro de ese espacio político.

Hornillo está orgánicamente muy ligada a Pablo Iglesias, a Irene Montoro, a Ione Belarra -“Si te dijese que no soy pablista, te mentiría”, afirma- y se presenta con un proyecto autónomo para devolver la marca Podemos a las urnas. Por tanto, su hoja de ruta apunta en una dirección distinta a la que ya ha trazado IU, sus socios en el Consistorio de Sevilla, que hace unos días azuzó al coro de siglas de izquierdas para converger cuanto antes hacia la unidad.

El “todos dentro” de Antonio Maíllo

Los comunistas, fuerza motriz de IU, vienen resabiados del pasado reciente, creen que todas las realidades paralelas del multiverso de izquierdas ya fueron escritas, y todas acaban igual. Creen, en resumen, que no existe alternativa a la coalición progresista -“todos dentro, sin vetos cruzados”, asegura Antonio Maíllo, líder federal de IU-, y lo escriben negro sobre blanco en sus documentos políticos a dos años vista de las próximas elecciones andaluzas, previstas para el verano de 2026.

El mensaje de Maíllo interpela a todos, pero su remitente más escéptico (y más cínico) es Podemos. Ya han transitado juntos por aquí, por Andalucía, y los morados creen que “IU pierde el tiempo” tratando de imponer el marco mental de la “unidad o el caos”, explican fuentes de la dirección estatal. “Negar un debate en una organización es autoritario”, avisan, para dejar claro a sus antiguos socios que la coalición electoral es “una opción más”, que “por sí misma no garantiza nada”, y que en cualquier caso, “será decisión última de la militancia de Podemos, que votará en primarias cuando se acerquen las andaluzas”.

Los procesos internos tienen sus ritmos, pero no habrá que esperar tanto para despejar este debate. Quien aspire a la coordinación general de Podemos Andalucía debe presentarse con tres documentos obligatorios: el político, el organizativo y el de feminismo. El documento políco es el que posicionará a los candidatos más o menos cerca de una futura confluencia, pero tampoco tiene por qué ser determinante.

El de la actual dirección de Podemos Andalucía, que lidera Martina Velarde, incluye estas ideas: “Nuestra organización ha sido uno de los vectores principales en la conformación de espacios de unidad en anteriores elecciones autonómicas y municipales (...)  La experiencia nos dice que la colaboración y creación de proyectos de unidad ha tenido mejores resultados electorales”. El documento es de la Asamblea Ciudadana de 2020, es decir, dos años antes de que saltara por los aires la coalición de Podemos con IU y el resto de partidos de izquierdas.

Ocurrió de la peor de las maneras, en el tiempo de descuento para registrarse como alianza ante la Junta Electoral, para concurrir juntos a las andaluzas de junio de 2022. Una unidad cosida a grapas, de la que Podemos quedó excluido oficialmente, aunque luego ocupó tres de los cinco diputados que logró el grupo Por Andalucía en el Parlamento (figurando como independientes).

Todas las fuentes consultadas por este periódico coinciden en que “la unidad no es la prioridad ahora”, pero todas son conscientes de que este debate siempre abierto en la izquierda condiciona todo lo demás. Hoy por hoy, Podemos está en coalición con otras fuerzas de izquierdas en 12 de las 17 comunidades autónomas, en 40 de las 52 grandes ciudades y en un buen puñado de municipios, incluido Sevilla, “donde Susana Hornillo no sería concejal de no haberse presentado como cabeza de lista de una confluencia”, advierten ya desde la dirección regional.

Sea como sea, Susana Hornillo ya ha marcado el terreno en el que está dispuesta a erigir su proyecto para “reforzar” Podemos Andalucía. Y, por ahora, tiene los mismos condicionantes a una coalición que los que planteó Pablo Iglesias hace unos días en la Uni de Otoño, el foro de rearme ideológico de la formación morada: si IU y Sumar quieren unidad, que apoyen las exigencias de Podemos para “doblar la mano” a Pedro Sánchez (romper relaciones diplomáticas con Israel; intervenir el mercado de vivienda; bajar los alquileres...

El movimiento tectónico es palpable. Dos días después del discurso de Iglesias, Sumar sorprendió en el Congreso de los Diputados pactando dos iniciativas con el PP de espaldas al PSOE, con el consiguiente cabreo del Gobierno de Sánchez. La presión que ejercen desde fuera los morados es directamente proporcional al vaciamiento paulatino de Sumar en los sondeos de intención de voto, incluido el CIS de esta semana.

Podemos Andalucía, sólo una vez en las urnas

Podemos irrumpió en las instituciones de este país a través del Parlamento de Andalucía, en las elecciones de marzo de 2015, que Susana Díaz convocó un año antes de lo previsto. Los morados, comandados por Teresa Rodríguez, se estrenaron con 15 diputados en una Cámara donde el PSOE seguía siendo la fuerza mayoritaria, aún no existía Vox e IU casi sucumbe al sorpasso, pasando de 12 diputados a cinco, el mínimo para mantener un grupo parlamentario.

Después de aquellos comicios, Podemos Andalucía no volvió a presentarse a unas elecciones andaluzas como tal. En las siguientes, de 2018, mutó en la marca Adelante Andalucía, una coalición de partidos fundada por Rodríguez y el entonces líder regional de IU, Antonio Maíllo. La unidad de las izquierdas no se tradujo en más escaños, al contrario: bajaron a 12 diputados y vieron llegar el primer Gobierno andaluz del PP, en coalición con Ciudadanos y apoyado desde fuera por Vox, un partido de extrema derecha.

Al tercer intento, en las andaluzas de 2022, Podemos Andalucía forcejeó con IU y con Yolanda Díaz hasta el último minuto (literal) por ganar peso dentro de la nueva coalición de izquierdas, que terminaría descarrilando antes de nacer (literal). Los morados llegaron tarde a registrarse ante la Junta Electoral y quedaron fuera de la coalición, de nombre Por Andalucía, que nunca superó el pecado original de nacer a golpe de cuchilladas entre sus miembros.

Hoy es un grupo parlamentario de cinco escaños que representan a seis partidos políticos, uno que no forma parte como tal de la coalición (Podemos), pero es quien tiene más diputados (los tres parlamentarios morados figuran como independientes); y otro que se ha extinguido (Más País Andalucía) y acaba de integrarse en otro partido, Movimiento Sumar, que esta semana ha estrenado sede propia en Sevilla.

Susana Hornillo no ha irrumpido en el debate de las primarias hablando de unidad, porque su prioridad, dice, es otra: “Necesitamos un Podemos más presente y visible en los territorios, en los movimientos cívicos, tenemos que crear líderes locales, referentes vecinales, tenemos que liderar debates transversales, y todo eso se construye desde abajo”.

La única concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla -que encabezó una coalición con IU y otros siete partidos- asegura que son “las bases” quienes la han empujado a dar el paso, aunque reconoce que “Pablo Iglesias, Ione Belarra y la dirección estatal no son ajenos y conocían mi decisión”.

En IU Sevilla ven la candidatura de Hornillo “un riesgo claro para la unidad de las izquierdas”. Ella no oculta sus recelos con las experiencias recientes: “Por Andalucía es un proyecto fallido, las cosas no han salido bien, por mucho que ahora intenten visibilizar cierto acercamiento. Sumar tampoco ha sido un éxito, la fórmula no funciona, la suma de siglas no entusiasma, no basta la unidad por la unidad, el mantra de que hay que unirse para parar a la extrema derecha ya no entusiasma, aunque funcionase en las últimas generales por los pelos”, dice.

Tres diputados de Podemos “independientes”

En Podemos Andalucía hay pocos referentes con la visibilidad y el hiperliderazgo que tuvo su anterior coordinadora general, Teresa Rodríguez, que abandonó la formación morada para pilotar otra coalición, Adelante Andalucía. Su sucesora, la diputada cordobesa en el Congreso, Martina Velarde, aclarará en los próximos días si se presenta a la reelección o da un paso al lado.

Su proyecto está en sintonía con la dirección estatal, pero la sobrecarga de trabajo que tiene ahora -son cuatro diputados de Podemos en el grupo mixto, desde que abandonaron el grupo confederal Sumar- le impide estar más presente en la organización andaluza, en una comunidad tan extensa, tan dispersa, y con 8,5 millones de habitantes. Los otros rostros visibles son los tres diputados de Podemos en el Parlamento: Juan Antonio Delgado, Alejandra Durán y José Manuel Gómez Jurado.

Ninguno ha dado el paso, de momento. Delgado, exdiputado en el Congreso y guardia civil de profesión, se postuló y ganó en las primarias de Podemos en 2022 para liderar la candidatura de su formación a las elecciones andaluzas, a las que finalmente no concurrieron con su marca, porque terminaron mal fusionándose con IU, Más País y otros cuatro partidos de izquierdas. Entonces cosechó 4.215 votos del total de 5.932 que se emitieron en las primarias (el 71%). El censo de votantes en las primarias de Podemos Andalucía lo controla la dirección estatal, que hace dos años no facilitó el dato de inscritos, de modo que fue imposible valorar la participación.

Fuentes del partido aseguran que en las próximas primarias están contabilizados 21.930 inscritos. El Consejo Ciudadano Estatal contabilizó 85.000 inscritos en las primarias de Podemos Andalucía de 2020, las primeras tras la salida de Teresa Rodríguez, y de la que salió la ejecutiva de Martina Velarde.

Teresa Rodríguez, líder natural y fundadora de Adelante Andalucía, abandona la portavocía del partido, cargo de máxima visibilidad de una formación que carece de una jefatura orgánica clásica, léase, una secretaría general o coordinadora general. La dirigente gaditana, que abandonó su escaño de diputada al poco de iniciarse la legislatura, da un paso al lado para ceder ese puesto al mismo que le sustituyó en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, ahora portavoz de Adelante dentro y fuera de la Cámara.

La III Asamblea Nacional de Adelante Andalucía, máximo órgano de decisión, se celebra este sábado en Cádiz para votar y elegir una nueva dirección, pero habrá pocas sorpresas porque sólo concurre una sola lista, la que encabeza García como número uno, seguida de Rodríguez en el segundo escalón y la ex líder del PA y última candidata de Adelante en las generales, Pilar González, en tercer lugar. La renovación de los órganos de decisión será mínima, al menos en la primera línea, donde Teresa Rodríguez seguirá ejerciendo como coportavoz y con un marcado perfil protagonista.

El congreso de este sábado concluye con la renovación orgánica, la tercera fase después de abordar el debate político. Hace sólo unos días, la dirección saliente ya anunció que Adelante Andalucía no concurrirá a las elecciones europeas del próximo junio para centrar su estrategia en reforzar su implantación en Andalucía.

El partido andalucista tiene dos diputados en el Parlamento autonómico, como único grupo mixto, aunque su labor legislativa tiene cierto recorrido gracias, en parte, al oxígeno interesado que le insufla el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. El próximo Pleno debatirá una proposición de ley de Adelante para meter las gafas gratis para menores en la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, un asunto que debe aprobar el Parlamento andaluz, antes de remitirlo al Congreso de los Diputados.

Adelante se desligó en las pasadas elecciones de la coalición de partidos progresistas en la órbita de Sumar, proyecto de Yolanda Díaz, y esta semana también ha rechazado integrarse en la plataforma de fuerzas de izquierdas, sindicatos y asociaciones que conforman “una mayoría social” para echar el pulso a la rocosa mayoría absoluta de Moreno.

Las razones son las mismas: los andalucistas quieren preservar su autonomía política y no ligarse a apuestas de ámbito nacional, como Sumar, después de la mala experiencia que supuso para Teresa Rodríguez su papel en Podemos Andalucía, primero, y en la primera versión de Adelante Andalucía, de la que fue expulsada por IU y los morados acusada de “tránsfuga”. El objetivo de esta nueva etapa política es “fortalecer el andalucismo de izquierdas, la implantación territorial y reforzar el el papel de Adelante de oposición y alternativa tanto al gobierno del PP en Andalucía y al del PSOE y Sumar en Madrid”.

La lista completa que concurre en este congreso para formar la nueva coordinadora nacional está compuesta por 25 miembros, más otros ocho que serán elegidos directamente desde las ocho provincias. María García y Néstor Salvador, responsables de organización de Adelante, han destacado el perfil de José Ignacio García como “la persona que recoge todo el consenso para encabezar el proyecto el próximo ciclo”.

La izquierda acudirá menos fragmentada a los próximos comicios europeos tras anunciar este viernes Adelante Andalucía que renuncia a presentar su candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán el 9 de junio. Con esta decisión, el partido que lidera Teresa Rodríguez subraya que lo que busca es “centrarnos en encarar las próximas elecciones andaluzas con tiempo, fuerza, implantación y un programa dispuesto a convertirse en la alternativa al PP”. Las elecciones al Parlamento de Andalucía, que se celebraron el 19 de junio de 2022, deberían celebrarse inicialmente en 2026.

El anuncio se ha hecho vía comunicado, en el que se subraya que “la mejor forma” de ser “la alternativa real” al gobierno del PP en Andalucía “es poner todas nuestras fuerzas en construir Adelante Andalucía en cada pueblo o ciudad, en cada conflicto laboral, en cada movimiento social y en cada problema que sufre nuestro pueblo”.

Precisamente Teresa Rodríguez empezó su actividad parlamentaria como número dos de la lista que presentó Podemos a las elecciones al Parlamento Europeo de 25 de mayo de 2014, en las que logró acta de eurodiputada en una candidatura que encabezó Pablo Iglesias. Podemos logró 1.253.837 votos y cinco escaños en esas elecciones. En las últimas elecciones celebradas, las generales del pasado mes de julio, el partido se presentó sólo por la provincia de Cádiz y no logró representación en el Congreso de los Diputados.

Adelante explica que su renuncia a participar en las elecciones europeas de junio “se ha tomado en la Asamblea Nacional por toda la organización andaluza” dentro de lo que describe como el marco del proceso congresual, “que comenzamos en octubre y finalizará el próximo 16 de de marzo con la elección de la próxima dirección y portavocía”, que en estos momentos ejerce Teresa Rodríguez, mientras que el portavoz parlamentario es José Ignacio García.

“Una decisión difícil”

Tras precisar que “ha sido una decisión difícil” la renuncia a formar parte de las candidaturas a las elecciones europeas, por cuanto ha esgrimido la situación del panorama internacional, entre la que ha incluido situaciones como “el cierre de fronteras europeas, de avance de la extrema derecha y del genocidio palestino por parte de Israel”, circunstancias que, a su juicio, “requiere de una mirada desde el sur de Europa y, especialmente, desde Andalucía”.

Adelante reconoce que “todavía queda tiempo” para esas elecciones andaluzas, aunque estima que para que “el soberanismo andaluz de izquierdas” se vea como “la alternativa real al Gobierno andaluz y al de Madrid”, “necesitamos dedicar tiempo a implantarnos en cada municipio, construir asambleas, coordinar nuestra acción institucional con las de las luchas sindicales y sociales”, por lo que augura que “ningún otro partido puede garantizar esta dedicación con el mismo empeño y pasión”.

“Sacar un escaño en Europa desde el andalucismo de izquierdas es todavía una tarea muy complicada”, argumenta Adelante Andalucía acerca de las razones para eludir presentarse a las elecciones europeas, antes de insistir en la necesidad de “hacer un trabajo pausado y paciente por todo el territorio de Andalucía”.

Un partido con tres años de vida

Argumenta Adelante Andalucía el hecho de que “somos una organización joven” por cuanto precisa que en este mes de junio cumple tres años de vida, aunque reivindica que este tiempo “hemos conseguido que el andalucismo de izquierdas vuelva al Parlamento andaluz”, donde destaca el trabajo de “dos diputados que están marcando agenda en la oposición”, a lo que suma el trabajo de “concejales en varios municipios”. En total, Adelante obtuvo 10 en las elecciones municipales de 28 de mayo.

“Hemos recorrido camino, pero aún nos queda mucho por delante y mucho por trabajar”, precisa Adelante, que apela a que “es tiempo de construir un partido capaz de ser la principal fuerza de oposición y alternativa al retroceso que suponen las derechas en San Telmo y el centralismo en la Moncloa”. En paralelo, desea “toda la suerte a todas las fuerzas soberanistas y de izquierda transformadora que harán el camino el próximo 9 de junio de enfrentarse a los comicios europeos”.

La proposición de ley de Adelante Andalucía para incluir las gafas para menores en el paquete de prestaciones gratuitas del Servicio Nacional de Salud (SNL) -además de ajustar su precio al nivel de renta de los adultos- ha recibido este martes el informe favorable del Consejo de Gobierno. La norma, por tanto, vuelve ahora al Parlamento andaluz para ser debatida y votada con el aval de la Junta y la mayoría absoluta del PP de Juan Manuel Moreno.

Es la primera vez en el año largo que va de legislatura que el Consejo de Gobierno andaluz da el visto bueno a una iniciativa legislativa de la oposición. El portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, confirmó que están a favor de la gratuidad de las gafas y las gafas para niños y de subvencionar su coste para adultos en función de la renta, pero acto seguido ha advertido de que apoyará la medida de los andalucistas “siempre que” el Gobierno central “transfieran los recursos plurianuales a las comunidades autónomas para poder financiarla”.

El posicionamiento favorable del Gobierno de mayoría absoluta de Moreno ante una propuesta legal del partido de Teresa Rodríguez no es una novedad en este mandato. El presidente de la Junta ha hecho continuos guiños al grupo mixto Adelante Andalucía -con sólo dos diputados en la Cámara- trazando paralelismo con el PP y su discurso andalucista. “El suyo y el mío son los dos únicos grupos en este Parlamento que tienen autonomía política e independencia en la toma de decisiones respecto a Madrid”, le espetó recientemente Moreno al portavoz de Adelante, el diputado José Ignacio García.

La fórmula que han elegido los andalucistas para tramitar su proposición de ley facilita el apoyo del Gobierno de Moreno, en tanto que no compromete el Presupuesto autonómico, sino el estatal. García ya propuso esta medida, a viva voz, en un cara a cara con el presidente de la Junta y éste mostró cierta receptividad.

Adelante se sentó a negociar con la Consejería de Presidencia y, el mes pasado, el grupo mixto registró su proposición de ley, que implicaba ampliar la cartera de prestaciones gratuitas en el conjunto del Estado -a petición del Parlamento andaluz- y no solamente en el área de óptica y optometría del Servicio Andaluz de Salud (SAS), como inicialmente había planteado García a Moreno.

Un atajo en el Estatuto para debatir en Madrid

El artículo 87.2 de la Constitución española reconoce a los parlamentos autonómicos la facultad de iniciar leyes estatales. Ese artículo tiene una réplica en el Estatuto andaluz (art. 106.9) y en el reglamento del Parlamento andaluz (art. 172). Adelante Andalucía se ha servido de este precepto para llevar al Congreso de los Diputados su proposición de ley, previo debate y votación en la Cámara autonómica [previsiblemente en el mes de marzo].

No es la primera vez que se usa este artículo en el Parlamento andaluz, hay 31 precedentes desde 1983, confirman fuentes de la institución. La última vez tuvo lugar en la pasada legislatura, en 2019, cuando el PSOE registró una proposición de ley a tramitar ante el Congreso para reconocer la gratuidad y universalidad del primer ciclo de Educación Infantil.

García ha explicado que su decisión de tramitar la proposición a través del Congreso y con el Gobierno de Sánchez como principal interlocutor tiene una motivación clara: “Si se lo pido a la Junta no me lo van a dar alegando que no tienen dinero”. También aporta una explicación técnica: la Junta tiene competencias para ampliar su cartera de prestaciones a través de un decreto [que sería la vía más rápida], pero Adelante no puede impulsar un decreto en el Parlamento.

Y el portavoz de la Junta ha dejado claro este martes que Andalucía apoya la medida “siempre que” la financie el Gobierno de Sánchez. “Si se lo planteamos a Madrid como parte de la cartera de prestaciones del SNS, la iniciativa saldrá aprobada del Parlamento andaluz por unanimidad”, augura el portavoz andalucista.

Al convertir una exigencia al Gobierno andaluz en una proposición de ley dirigida al Congreso, Adelante Andalucía gana espacio mediático y visibilidad nacional, algo que le permite refrendar una de sus consignas, a saber: que no hay una fuerza de obediencia andaluza en la Cámara Baja que defienda los intereses de esta comunidad, como sí tienen otros nacionalismos (catalán, vasco, gallego o valenciano).

El artículo 172.3 del reglamento de la Cámara establece que serán tres diputados -elegidos por mayoría absoluta en el Pleno- los designados para defender la ley en el Congreso. Tampoco está asegurado que el autor material de esta iniciativa sea quien finalmente protagonice el debate en Madrid, aunque todos los precedentes apuntan a que sí será así.

Prestaciones complementarias

El grupo andalucista ha diseñado su proposición de ley partiendo de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del SNS. Los artículos 7 y 8 regulan el catálogo de prestaciones de la sanidad pública y la cartera común de servicios en el conjunto del Estado. Esta última se subdivide en tres categorías: la cartera común básica de servicios asistenciales; la cartera común suplementaria y la cartera común de servicios accesorios.

La primera está cubierta en su totalidad por la financiación pública en todas las comunidades autónomas; la segunda son prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria y están sujetas a aportación del usuario -que deben abonar una parte del gasto- y que incluye la prestación farmacéutica, la ortoprotésica y los productos dietéticos; la tercera cartera, de servicios accesorios, incluye servicios que “no se consideran esenciales”, “de apoyo para la mejora de una patología de carácter crónica”. Aquí el usuario paga una aportación o reembolso. Las comunidades autónomas pueden añadir a esta cartera servicios que no están recogidos en el catálogo financiado por el Sistema Nacional de Salud.

Adelante Andalucía plantea incluir la gratuidad de gafas y lentillas para menores en la cartera común de servicios complementarios, a la misma altura que las prestaciones ortoprotésicas, farmacéuticas y de productos dietéticos.

El artículo 87.2 de la Constitución española reconoce a las asambleas de las comunidades autónomas la facultad de iniciar leyes estatales. Ese artículo tiene una réplica en el Estatuto andaluz (art. 106.9) y en el reglamento del Parlamento andaluz (art. 172). El grupo mixto Adelante Andalucía se ha servido de este precepto para llevar al Congreso de los Diputados una proposición de ley que primero había reclamado al presidente de la Junta en sede parlamentaria: la gratuidad de gafas o lentillas para menores de edad, incluida en la cartera de prestaciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Juan Manuel Moreno mostró interés y se ofreció a estudiar y cuantificar la medida.

Aquel debate fue el pasado mes de marzo. Posteriormente, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se reunió con el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, para valorar la posibilidad de ampliar la cartera de prestaciones del SAS en óptica y optometría. El grupo minoritario propone la gratuidad de las gafas para los menores de edad, y una subvención parcial para los adultos en función de su nivel renta. “Vamos a emplear el realismo, a ver hasta dónde podemos llegar”, dejó dicho Moreno en el Parlamento.

Nueve meses después de aquel cara a cara, Adelante Andalucía ha dado un giro en su estrategia. En vez de reclamar una reforma legal al Gobierno de Moreno a través del Parlamento andaluz, usará un marco constitucional, estatutario y reglamentario como trampolín para abrir este debate en Madrid, con la presentación de una proposición de ley estatal ante la Mesa del Congreso de los Diputados. El grupo andalucista prevé registrar su iniciativa en enero en la Cámara autonómica, para que inicie su andadura con la reapertura del curso parlamentario en febrero. Para que llegue a la Cámara Baja, en todo caso, será necesario el voto de la mayoría absoluta del PP.

31 precedentes en la Cámara

No es la primera vez que se usa este artículo en el Parlamento andaluz, hay 31 precedentes desde 1983. La última vez fue en la pasada legislatura, en 2019, cuando el PSOE registró una proposición de ley a tramitar ante el Congreso para reconocer la gratuidad y universalidad del primer ciclo de Educación Infantil. Sin embargo, este caso tiene más aristas porque el contexto político es muy distinto al de las iniciativas que le preceden.

De entrada, la ley que propone Adelante Andalucía no tiene que ser necesariamente de ámbito estatal, la Junta tiene competencias para ampliar su cartera de prestaciones a través de un decreto. García explica a este periódico que la decisión de convertir su reclamación a Moreno en una reclamación a Pedro Sánchez no es fruto de sus conversaciones con el PP, sino del convencimiento de que “si presentase una propuesta de ley andaluza, la Junta me la tumbaría argumentando falta de presupuesto”. “Si se lo planteamos a Madrid como parte de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS), la iniciativa saldrá aprobada del Parlamento andaluz por unanimidad”, augura.

Moreno se mostró receptivo a esta medida, como lo ha hecho con otros planteamientos e iniciativas del grupo de izquierdas más pequeño de la Cámara, primero desgajado de Podemos, luego expulsado y escindido de la órbita de partidos en torno a Sumar. El presidente andaluz suele agasajar a la formación de Teresa Rodríguez -con sólo dos diputados- subrayando más sus coincidencias que sus discrepancias en cada debate.

A principios de año, además, el PP propuso una reasignación de las subvenciones parlamentarias que había acordado con el resto de grupos en el inicio de legislatura para beneficiar a Adelante en detrimento de Por Andalucía, la coalición de IU, Podemos, Más País y otras tres formaciones menores. Los populares, con una mayoría absoluta de 58 diputados, dividieron el fondo de 200.000 euros que hasta entonces cedían a Por Andalucía y una parte -50.000 euros- se lo transfirieron a los de Teresa Rodríguez.

Guiños del PP a Adelante

PSOE y Por Andalucía, las otras dos fuerzas de izquierdas en el Parlamento, creen que Moreno tiene dos razones para ofrecer una “sobrrerepresentación mediática y política” a un grupo sin apenas margen legislativo: una, ponderar su imagen de moderado y líder dialogante con la oposición más debilitada numéricamente, mientras atiza sistemáticamente a los otros dos grupos, coaligados en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Y dos, subrayar un discurso andalucista, crítico con el Ejecutivo central y con el socialismo, que entronca con la tradición del partido de Rodríguez. “En este Parlamento sólo hay dos grupos con autonomía política, que no tienen que pedir permiso a Madrid: el suyo y el mío”, le replicó Moreno a García en el último debate del estado de la comunidad.

Al convertir una exigencia al Gobierno andaluz en una proposición de ley dirigida al Congreso de los Diputados, Adelante Andalucía gana espacio mediático y visibilidad nacional, algo que le permite refrendar una de sus consignas, a saber: que no hay una fuerza de obediencia andaluza en la Cámara Baja que defienda los intereses de esta comunidad, como sí tienen otros nacionalismos (catalán, vasco, gallego o valenciano).

Además, con esta iniciativa, Adelante trata de diferenciar su identidad política de izquierdas frente a otros nacionalismos de corte conservador, porque no llevan una ley al Congreso en beneficio exclusivo de los andaluces, sino de todos los españoles y, singularmente, aquellos con rentas más bajas.

La proposición de ley de Adelante para su remisión al Congreso debe ser primero aprobada en el Pleno del Parlamento andaluz, de modo que el voto del PP es indispensable. De entrada, a Moreno, ver cómo se desvía un tiro que hace nueve meses iba dirigido a su presupuesto sanitario, no le perjudica.

El artículo 172.3 del reglamento de la Cámara establece que serán tres diputados -elegidos por mayoría absoluta en el Pleno- los designados para defender la ley en el Congreso. Tampoco está asegurado que el autor material de esta iniciativa sea quien finalmente protagonice el debate en Madrid, aunque todos los precedentes apuntan a que sí será así.

Ampliar la cartera de prestaciones

El grupo andalucista ha diseñado su proposición de ley partiendo de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del SNS. Los artículos 7 y 8 regulan el catálogo de prestaciones de la sanidad pública y la cartera común de servicios en el conjunto del Estado. Esta última se subdivide en tres categorías: la cartera común básica de servicios asistenciales; la cartera común suplementaria y la cartera común de servicios accesorios.

La primera está cubierta en su totalidad por la financiación pública en todas las comunidades autónomas; la segunda son prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria y están sujetas a aportación del usuario -que deben abonar una parte del gasto- y que incluye la prestación farmacéutica, la ortoprotésica y los productos dietéticos; la tercera cartera, de servicios accesorios, incluye servicios que “no se consideran esenciales”, “de apoyo para la mejora de una patología de carácter crónica”. Aquí el usuario paga una aportación o reembolso. Las comunidades autónomas pueden añadir a esta cartera servicios que no están recogidos en el catálogo financiado por el Sistema Nacional de Salud.

Adelante Andalucía plantea incluir la gratuidad de gafas y lentillas para menores en la cartera común de servicios complementarios, a la misma altura que las prestaciones ortoprotésicas, farmacéuticas y de productos dietéticos.

La coordinadora de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha asegurado este sábado sobre su continuidad como líder de este partido que “diría hasta donde diga mi organización”, para reconocer seguidamente que suena a “una frase hecha”, pero para invocar también “las premisas éticas que tenemos clarísimas y es no repetir más de dos mandatos”. Rodríguez se ha pronunciado en esta línea a preguntas de los medios en el inicio de la III Asamblea de Adelante Andalucía, que se ha celebrado en Sevilla.

Esta semana el responsable de Organización de Adelante, Néstor Salvador, explicó en rueda de prensa que este sábado discutían un documento político que ha recibido más de 100 enmiendas, así como que “nuestro proceso de debate terminará en primavera con la elección de la nueva dirección”. La próxima semana se cumplirá un año desde que Rodríguez renunció a su acta en el Parlamento de Andalucía, que logró en las elecciones de 19 de junio de 2022 e hizo efectiva a la conclusión del debate final del Presupuesto 2023, para seguidamente volver a dar clases como profesora de Enseñanza Secundaria.

Rodríguez ha defendido este sábado la necesidad de “no estar profesionalizado en política más de dos legislaturas”, y con esa premisa ha abogado por “estar permanentemente a disposición de un proceso de revocación abierto a la militancia y a la ciudadanía”.

Pactos de élite que perjudiquen a Andalucía

La coordinadora de Adelante Andalucía ha señalado sobre esta III Asamblea de su organización que es “de continuidad” para un proyecto que ha asegurado “crece a buen ritmo y con mucha serenidad”. Rodríguez, quien ha blandido que Adelante encarna “una lealtad intacta a nuestra forma de hacer política”, que ha caracterizado también por su “desprofesionalización” y en “parecerse a la gente corriente por su forma de hacer política”, ha manifestado que “van a levantar la voz ante cualquier pacto de élite que perjudique Andalucía, sea de la política de Madrid, de Cataluña, del País Vasco, de donde sea”.

“Vamos a defender los intereses de Andalucía porque no tenemos ninguna cuenta pendiente con el Gobierno de Madrid”, ha proclamado Teresa Rodríguez, quien ha hablado también de esa “lealtad intacta” con “la clase trabajadora andaluza frente a un gobierno del PP que nos está dejando sin sanidad pública”. “Casi nos conformamos en este momento con volver a la sanidad que conocíamos en los 90 y en los 2000, donde uno tenía que esperar una semana para que le atendiera un médico de cabecera o donde no había unas listas de espera tan absolutamente insoportables para pruebas diagnósticas, que son clave”, ha argumentado sobre la situación actual de la sanidad.

Teresa Rodríguez ha afirmado sobre las prestaciones que brinda su partido y sobre su futuro que “esto es lo que ofrecemos y eso es lo que seguiremos ofreciendo de forma tranquila y construyéndonos poco a poco en cada comarca de Andalucía”. “Continuaremos, como dice nuestro eslogan, siguiendo, avanzando y creciendo”, ha apostillado.

El presidente del Parlamento andaluz, el popular Jesús Aguirre, ha encargado a los servicios jurídicos de la Cámara un informe sobre las repercusiones legales que puede acarrear la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra la expulsión de Teresa Rodríguez y otros ocho diputados del grupo Adelante Andalucía en la pasada legislatura., confirman fuentes próximas a Aguirre.

El Tribunal de Garantías concluye que la Mesa de la Cámara vulneró los derechos fundamentales de representación política de los nueve demandantes y ordenó anular su expulsión y resarcir a los afectados. La sentencia lleva tres años después de que se produjeran los hechos, en otra legislatura, de modo que los efectos prácticos del fallo son casi nulos, admite el propio tribunal (ninguno de los expulsados, salvo uno, forma parte de la composición actual del Parlamento).

Sin embargo, la sentencia también recoge en sus argumentos jurídicos una dura crítica a la Mesa de la Cámara que justificó y aprobó aquella expulsión, entonces presidida por Marta Bosquet (Ciudadanos), afeándoles el haberse extralimitado en su “autonomía interpretativa del reglamento entonces vigente”, usando la lectura más restrictiva posible, para despojar a los nueve diputados de Adelante de sus derechos políticos.

El Parlamento andaluz fundamentó la expulsión de Teresa Rodríguez y los otros ocho diputados en un razonamiento concreto: que la baja voluntaria de su partido político (Podemos) implicaba, automáticamente, la baja del grupo parlamentario del que formaban parte (Adelante Andalucía). La sentencia tumba este razonamiento, primero porque es “contrario a la jurisprudencia constitucional”, y segundo porque ni siquiera formaba parte del reglamento de la Cámara en el momento de la expulsión, por lo que los jueces afean a los miembros de la Mesa que “innovasen” una interpretación ad hoc para justificar la operación contra Rodríguez.

La sentencia, que se notificó a las partes el martes, está ya en posesión de Aguirre, que hoy mismo ha pedido a los letrados de la Cámara que estudien su contenido y emitan un informe sobre las consecuencias que puede tener tanto para Adelante Andalucía -hoy en el grupo mixto con dos diputados- como para el propio Parlamento. El fallo pone en duda la constitucionalidad del argumento jurídico que usó la Mesa para expulsar a Rodríguez, que entonces no estaba recogido en el reglamento de la Cámara, pero que hoy sí forma parte de la normativa interna.

El Parlamento aprobó una reforma urgente de su reglamento en 2021, meses después de la expulsión de los diputados de Adelante, incluyendo el precepto que había usado para justificar esas expulsiones, esto es: Que la baja voluntaria de un partido conlleve la baja inmediata del grupo parlamentario. Con esa modificación de urgencia, la Cámara andaluza fue pionera al integrar la reforma del Pacto Nacional Antitransfuguismo suscrito en el Congreso, y que introducía la ruptura del criterio político de la dirección de un partido como atenuante para justificar su expulsión del grupo parlamentario.

Esta tesis que hace suya el Parlamento andaluz con la expulsión de Teresa Rodríguez, dice la sentencia, “no puede ser aceptado desde la perspectiva del derecho de representación política, porque implica desconocer la jurisprudencia constitucional sobre las diferencias sustanciales que existen entre el partido político y el grupo parlamentario”.

“Esta traslación ”, añade el fallo, “implica una confusión de dos sujetos políticos perfectamente diferenciados como son el partido político y el grupo parlamentario”. “Una confusión más acusada” en este caso, porque los diputados expulsados no concurrieron a las elecciones en nombre de Podemos, sino bajo las siglas de una coalición de cinco partidos -Adelante Andalucía- de la que surge un grupo parlamentario que también responde a una “conformación multipartidista”.

“Más allá del reglamento”

El Constitucional denuncia que esta interpretación “va más allá del tenor literal del artículo 24 del reglamento del Parlamento”, que regula la adquisición de la condición de diputado no adscrito, pero no prevé las causas por las que un diputado puede causar baja en un grupo parlamentario.

Los jueces reconocen que ese “silencio reglamentario no impide apreciar la posibilidad de una eventual baja involuntaria por expulsión del grupo”, pero advierte de que esa decisión debe “respetar el principio democrático de la decisión mayoritaria” del grupo, algo que “tampoco se habría verificado en este caso”.

Adelante Andalucía tenía entonces 17 diputados y son expulsados nueve a petición de un solo miembro, la portavoz del grupo, Inmaculada Nieto (IU), que tramita una denuncia por “tránsfugas” en nombre de Podemos. El fallo cita un precedente en la misma legislatura: la expulsión de la diputada de Vox Luz Belinda Rodríguez, que contó con la firma del entonces portavoz de su grupo y de la totalidad de los 10 miembros restantes que lo integraban.

“Una innovación de la normativa parlamentaria”

La Mesa del Parlamento andaluz refrendó la expulsión de Teresa Rodríguez y sus compañeros con una interpretación de su normativa interna que, a juicio del Constitucional, “supone una innovación de la normativa parlamentaria contraria al carácter subordinado de la labor de su intérprete y aplicador”.

Esto es, que la Cámara andaluza rebasó “los límites de su autonomía normativa” que, según la jurisprudencia constitucional, es el artículo 23.2 de la Carta Magna, que reconoce los derechos de representación política de los diputados.

Los jueces, además, recuerdan que el argumento de que la baja voluntaria de un partido político implica la baja automática del grupo parlamentario no existía en el reglamento del Parlamento en el momento de la expulsión de los diputados de Adelante. Pero se incluye esta literalidad en la reforma de la normativa interna que el Parlamento aprobó, de urgencia, en abril de 2021, un año después de expulsar a los nueve diputados de Adelante.

El tribunal concluye que el Parlamento andaluz vulneró los derechos políticos de los demandantes que, al pasar a condición de diputados no adscritos, vieron afectada “de manera relevante el núcleo esencial de su función representativa, y acusa a la Cámara legislativa de haberlo hecho ”a partir de una interpretación y aplicación de la normativa parlamentaria que contravenía la vigente en aquel momento“.

La sentencia del Constitucional es coincidente con el informe que ya presentaron los servicios jurídicos del Parlamento y que remitieron a los miembros de la Mesa antes de que se ejecutase la expulsión de Rodríguez y sus compañeros. El letrado mayor pidió a sus señorías más “tiempo y pruebas antes de tomar la decisión”: “Tratándose de una decisión que afecta a los derechos e intereses de los nueve diputados” expulsados de su grupo por tránsfugas, “puede constituir una decisión restrictiva de sus derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23.2, en conexión con el artículo 23.1, ambos de la Constitución”

“Antes de adoptar su decisión”, reclamó sin éxito el letrado de la Cámara, la Mesa debería “reconocer a los diputados afectados el derecho a ser oídos, otorgándoles el correspondiente trámite de audiencia”, puesto que la decisión afecta “al núcleo de la función representativa parlamentaria”, concluye.

El 18 de noviembre de 2020, el Parlamento andaluz expulsó a Teresa Rodríguez y a otros ocho diputados del grupo Adelante Andalucía bajo la acusación de “tránsfugas”, argumentando que habían abandonado Podemos -uno de los partidos fundadores de dicho grupo- pero siguieron al mando de la coalición parlamentaria desde otra formación política (Anticapitalistas).

Los expulsados pasaron a ser diputados no adscritos y presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de sus derechos fundamentales de representación política. Tres años después, la justicia les ha dado la razón, anulando la decisión de la Cámara autonómica y ordenando restablecer a los demandantes sus derechos.

En la práctica, la sentencia no tendrá efectos, porque esos derechos están circunscritos a la pasada legislatura y en el mandato actual ninguno de ellos -salvo uno- forma ya parte de la composición del nuevo Parlamento.

El fallo se anunció la semana pasada, aunque el Constitucional ha notificado la sentencia a las partes este martes. El texto de 34 páginas, al que ha tenido acceso este periódico, contiene en sus argumentos jurídicos una durísima crítica a la Mesa del Parlamento andaluz, entonces presidida por Marta Bosquet (Ciudadanos), al que acusa de haberse extralimitado en su “autonomía interpretativa del reglamento entonces vigente”, usando la lectura más restrictiva posible, para despojar a los nueve diputados de Adelante de sus derechos políticos.

“Contraria a la jurisprudencia”

El Parlamento andaluz fundamentó la expulsión de Teresa Rodríguez y los otros ocho diputados en un razonamiento concreto: que la baja voluntaria de su partido político (Podemos) implicaba, automáticamente, la baja del grupo parlamentario del que formaban parte (Adelante Andalucía).

La sentencia tumba este razonamiento, primero porque es “contrario a la jurisprudencia constitucional”, y segundo porque ni siquiera formaba parte del reglamento de la Cámara en el momento de la expulsión, por lo que los jueces afean a los miembros de la Mesa que “innovasen” una interpretación ad hoc para justificar la operación contra Rodríguez.

Que la baja voluntaria de un partido conlleve la baja inmediata del grupo parlamentario, advierte el órgano de garantías, “no puede ser aceptado desde la perspectiva del derecho de representación política, porque implica desconocer la jurisprudencia constitucional sobre las diferencias sustanciales que existen entre el partido político y el grupo parlamentario”.

“Esta traslación”, añade el fallo, “implica una confusión de dos sujetos políticos perfectamente diferenciados como son el partido político y el grupo parlamentario”. “Una confusión más acusada” en este caso, porque los diputados expulsados no concurrieron a las elecciones en nombre de Podemos, sino bajo las siglas de una coalición de cinco partidos -Adelante Andalucía- de la que surge un grupo parlamentario que también responde a una “conformación multipartidista”.

“Sin respetar a la mayoría del grupo”

El Constitucional denuncia que esta interpretación “va más allá del tenor literal del artículo 24 del reglamento del Parlamento”, que regula la adquisición de la condición de diputado no adscrito, pero no prevé las causas por las que un diputado puede causar baja en un grupo parlamentario.

Los jueces reconocen que ese “silencio reglamentario no impide apreciar la posibilidad de una eventual baja involuntaria por expulsión del grupo”, pero advierte de que esa decisión debe “respetar el principio democrático de la decisión mayoritaria” del grupo, algo que “tampoco se habría verificado en este caso”.

Adelante Andalucía tenía entonces 17 diputados y son expulsados nueve a petición de un solo miembro, la portavoz del grupo, Inmaculada Nieto (IU), que tramita una denuncia por “tránsfugas” en nombre de Podemos. El fallo cita un precedente en la misma legislatura: la expulsión de la diputada de Vox Luz Belinda Rodríguez, que contó con la firma del entonces portavoz de su grupo y de la totalidad de los 10 miembros restantes que lo integraban.

“Una innovación de la normativa parlamentaria”

La Mesa del Parlamento andaluz refrendó la expulsión de Teresa Rodríguez y sus compañeros con una interpretación de su normativa interna que, a juicio del Constitucional, “supone una innovación de la normativa parlamentaria contraria al carácter subordinado de la labor de su intérprete y aplicador”.

Esto es, que la Cámara andaluza rebasó “los límites de su autonomía normativa” que, según la jurisprudencia constitucional, es el artículo 23.2 de la Carta Magna, que reconoce los derechos de representación política de los diputados.

Los jueces, además, recuerdan que el argumento de que la baja voluntaria de un partido político implica la baja automática del grupo parlamentario no existía en el reglamento del Parlamento en el momento de la expulsión de los diputados de Adelante. Pero se incluye esta literalidad en la reforma de la normativa interna que el Parlamento aprobó, de urgencia, en abril de 2021, un año después de expulsar a los nueve diputados de Adelante.

El tribunal concluye que el Parlamento andaluz vulneró los derechos políticos de los demandantes que, al pasar a condición de diputados no adscritos, vieron afectada “de manera relevante el núcleo esencial de su función representativa, y acusa a la Cámara legislativa de haberlo hecho ”a partir de una interpretación y aplicación de la normativa parlamentaria que contravenía la vigente en aquel momento“.

El estimación del recurso de amparo carece de efectos prácticos retroactivos, advierte la sentencia, “habida cuenta de que la legislatura autonómica en que se adoptaron los acuerdos ya ha concluido”. Los afectados, por ejemplo, esperaban que el Parlamento resarciese de algún modo el dinero para gastos de funcionamiento del grupo que se quedaron los seis diputados de Adelante, tras la expulsión de otros nueve y el abandono voluntario de dos más (en torno a dos millones de euros).

Querella por prevaricación

Actualmente el grupo mixto Adelante Andalucía está integrado por dos diputados, uno de los expulsados en la pasada legislatura, José Ignacio García, y otra parlamentaria que se marchó voluntariamente en señal de protesta contra la expulsión (Maribel Mora).

Teresa Rodríguez, que abandonó la política activa en diciembre del año pasado, regresó al Parlamento andaluz la semana pasada valorar el fallo del Constitucional. La gaditana anunció su intención de presentar una querella por prevaricación contra todos los miembros de la Mesa de la Cámara que aprobó su expulsión y la de sus compañeros, aduciendo que “sabían que era inconstitucional, porque los servicios jurídicos del Parlamento habían advertido por escrito que era inconstitucional”. “Cometieron un delito a sabiendas”, dijo.

Los servicios jurídicos de la Cámara remitieron un informe a los miembros de la Mesa advirtiendo de la posibilidad de que la operación de expulsión terminase enmendada por el Constitucional, dañando la imagen del propio Parlamento andaluz.

El letrado mayor pidió a sus señorías más “tiempo y pruebas antes de tomar la decisión”: “Tratándose de una decisión que afecta a los derechos e intereses de los nueve diputados” expulsados de su grupo por tránsfugas, “puede constituir una decisión restrictiva de sus derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23.2, en conexión con el artículo 23.1, ambos de la Constitución”

“Antes de adoptar su decisión”, reclamó sin éxito el letrado de la Cámara, la Mesa debería “reconocer a los diputados afectados el derecho a ser oídos, otorgándoles el correspondiente trámite de audiencia”, puesto que la decisión afecta “al núcleo de la función representativa parlamentaria

El 18 de noviembre de 2020, durante la segunda ola de la pandemia de coronavirus, el Parlamento de Andalucía expulsó a Teresa Rodríguez y otros ocho diputados del grupo Adelante Andalucía, la coalición de izquierdas que ella misma presidía. Les acusaban de “tránsfugas”, porque días atrás habían abandonado Podemos -uno de los partidos que fundó Adelante- para seguir al frente del grupo parlamentario desde otra formación: Anticapitalistas. Los nueve parlamentarios se vieron despojados de sopetón de todos los recursos de su grupo, menguada su capacidad legislativa y política, tras convertirse en diputados no adscritos.

Tres años después, y ya en otra legislatura, el Tribunal Constitucional (TC) ha enmendado la plana al Parlamento andaluz -no es la primera vez que lo hace- anulando aquella expulsión y ordenando subsanar un destrozo político que ya no tiene remedio. Teresa Rodríguez y sus compañeros denunciaron a los miembros de la Mesa -órgano de dirección de la Cámara- por vulneración de sus derechos fundamentales de representación política.

El fallo no tendrá consecuencias prácticas, porque aquella legislatura terminó, hoy ninguno de los diputados expulsados -salvo José Ignacio García- forma parte ya de la actual composición del Parlamento, ni el Adelante Andalucía actual -grupo mixto de dos parlamentarios- es el mismo que se cercenó en 2020.

La sentencia del TC “no restituye el daño político, pero sí el moral”, dicen los afectados. La política gaditana, que dejó su acta de diputada el año pasado para regresar a la docencia, ha ganado este martes el relato que sus antiguos compañeros de partido le negaron cuando fue expulsada del grupo que lideraba, repudiada como “tránsfuga” y “traidora”.

El fallo del Constitucional saca los colores a todos los partidos políticos de la Cámara que, en su momento, aparcaron sus enormes diferencias ideológicas para firmar juntos en un papel la expulsión de Teresa Rodríguez: PSOE, Vox, IU -en nombre de la mitad de Adelante que denunció a la otra mitad- y Ciudadanos (el PP se abstuvo).

La solicitud de expulsión partió de una nueva ejecutiva de Podemos Andalucía, afín a Pablo Iglesias, que tomó el control de esta agrupación cuando Rodríguez dimitió como secretaria general y abandonó a los morados. La gaditana había sido cofundadora y referente nacional de Podemos, fue la primera líder regional en Andalucía, y tras muchos forcejeos con Iglesias por lograr una autonomía política que nunca tuvo, dimitió para regresar a las filas de su anterior formación -Anticapitalistas- y refundar Adelante Andalucía, ya sin el contrapeso de Podemos e IU.

Era una guerra intestina más de las izquierdas andaluzas que contó, esta vez, con la connivencia explícita de los socialistas, los comunistas, las derechas y la ultraderecha (estos últimos vieron la oportunidad de fomentar una división del bloque progresista en beneficio electoral propio). Adelante Andalucía tenía 17 diputados entonces y se quedó con seis: nueve expulsados y otras dos parlamentarias que abandonaron el núcleo por su propio pie para unirse al frente damnificado.

Teresa Rodríguez fue expulsada de su grupo en virtud de la reforma del Pacto Nacional Antitransfuguismo de 1998, firmado en el Congreso unas semanas antes a iniciativa de Ciudadanos, y que luego sería integrada en una reforma exprés del reglamento del Parlamento andaluz para enmarcar a posteriori la expulsión de los nueve diputados de Adelante. Los afectados sostienen que esta modificación “ad hoc” de la normativa interna de la Cámara andaluza sirvió a sus ex compañeros de grupo para quedarse con todos los recursos de funcionamiento, que ascendieron a dos millones de euros en la legislatura.

La nueva definición de tránsfuga recogida en el pacto nacional atribuye esta consideración al que se aparta del “criterio político” de su formación y se vuelve incómodo para sus jefes. Se estrenó con la política gaditana en aquella reforma ad hoc, según denunciaron luego los afectados. Los letrados del Parlamento andaluz, en un informe, ya se preguntaban por los límites constitucionales entre lo que se consideran discrepancias internas dentro de una formación política, dentro de los márgenes del pluralismo, y la nueva definición de tránsfuga.

Las dudas jurídicas sobre su expulsión existieron desde el minuto uno. Rodríguez y los otros ocho diputados de Adelante Andalucía fueron apartados de su grupo por decisión de la Mesa el 28 de octubre de 2020, posteriormente restituidos en sus escaños el 5 de noviembre, y nuevamente expulsados el 18 de noviembre, esta vez de forma definitiva.

Hubo un tenso debate a puerta cerrada, que eldiario.es transcribió meses después tras tener acceso a las actas secretas de las reuniones del órgano rector de la Cámara: “No existen precedentes en este Parlamento ni tampoco una práctica sólida en otras Asambleas legislativas ni una posición indubitada en la doctrina”, llegó a advertir el letrado mayor de la Cámara, Ángel Marrero, a los portavoces de PSOE, PP, IU, Ciudadanos y Vox que iban a perpetrar la expulsión.

En ese debate interno, a puerta cerrada, ya se advirtió de la posibilidad de que aquella operación terminase enmendada por el Tribunal Constitucional, dañando la imagen del propio Parlamento andaluz. El letrado mayor pidió a sus señorías más “tiempo y pruebas antes de tomar la decisión”: “Tratándose de una decisión que afecta a los derechos e intereses de los nueve diputados” expulsados de su grupo por tránsfugas, “puede constituir una decisión restrictiva de sus derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23.2, en conexión con el artículo 23.1, ambos de la Constitución”.

“Antes de adoptar su decisión”, avisó Marrero, la Mesa del Parlamento debería “reconocer a los diputados afectados el derecho a ser oídos, otorgándoles el correspondiente trámite de audiencia”, puesto que la decisión afecta “al núcleo de la función representativa parlamentaria”.

El letrado mayor insistió en “el escaso tiempo de que dispone la Mesa para adoptar una decisión compleja”, advirtió de que la celeridad con la que se pretendía actuar “no permite aportar una solución segura y asentada” e insistió en demorar de nuevo la decisión a adoptar por la Mesa “a fin de que el asunto pueda ser analizado jurídicamente de modo adecuado y con el tiempo suficiente”.

Los dos diputados de Ciudadanos en el órgano rector de la Cámara avalaron este criterio, que no fue escuchado por la mayoría de sus miembros. En esa reunión se estaba estrenando el Pacto Antitransfuguismo firmado semanas atrás en el Congreso, extensible a los parlamentos autonómicos, pero los parlamentarios andaluces de Ciudadanos creían que era “precipitado” aplicarlo en el caso de Teresa Rodríguez y sus compañeros “sin las necesarias garantías jurídicas”.

Finalmente lo hicieron porque la dirección nacional de su partido, entonces comandada por Inés Arrimadas, lo ordenó. El vicepresidente tercero de la Cámara andaluza, Julio Díaz (Cs), terminaría exigiendo que se recogiese en acta su enfado y disconformidad con la expulsión de los nueve diputados , dejando constancia por escrito de que tenía que votar a favor “por una directriz política de la dirección nacional de su partido” que “no comparte”.

Podemos, fuera del Parlamento andaluz

La dimisión de Teresa Rodríguez como líder de Podemos Andalucía, junto a toda su cúpula, dejó a los morados sin representación en el Parlamento andaluz. La nueva ejecutiva, afín a Pablo Iglesias, se sirvió entonces de la mano de una veterana dirigente de IU y diputada de Adelante, Inmaculada Nieto. En ese momento, Nieto ocupaba la portavocía del grupo mientras Rodríguez disfrutaba del permiso de maternidad, lo cual le permitió registrar la solicitud de expulsión en nombre de la nueva dirección regional de Podemos.

El escrito se presentó encriptado y con el sello de confidencial, impidiendo que los afectados conociesen su contenido hasta el mismo momento de la votación: “Existe una carpeta específica, denominada 'Asuntos no incluidos en el Sumario de la Mesa”, recoge una de las actas. En ausencia de los promotores, la solicitud fue defendida enérgicamente ante el órgano rector de la Cámara por el PSOE, y finalmente salió aprobada con los dos votos socialistas, los dos miembros de Ciudadanos (a regañadientes) y el portavoz de Vox (el PP se abstuvo).

La Mesa del Parlamento que ejecutó la expulsión de Teresa Rodríguez y los otros ocho diputados estaba encabezada por Marta Bosquet, dirigente de Ciudadanos que presidió la Cámara en la pasada legislatura, y que hoy forma parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno. Esta foto fija del partido naranja, sumido ya entonces en una severa crisis interna, es más fácil de interpretar hoy, ya desaparecido del Parlamento andaluz y con todos sus dirigentes integrados en el Ejecutivo en solitario del PP (empezando por su líder y candidato, Juan Marín).

La gran valedora de la reforma del Pacto Antitransfuguismo en el Congreso fue Inés Arrimadas, meses antes de unas elecciones en Cataluña que se adivinaba ya como un derrumbe imparable del proyecto nacional de Ciudadanos. Los naranjas iban a desangrarse primero en los territorios que cogobernaban con el PP y el núcleo duro de Arrimadas se apresuró para impulsar un cortafuegos que frenase la huida de cargos públicos y dirigentes de su partido a las filas populares.

El PSOE: “Es una decisión política, no técnica”

Verónica Pérez, entonces líder del PSOE de Sevilla, era la secretaria primera, y fue quien defendió la operación de Podemos e IU contra la gaditana, dado que la única representante de Adelante en el órgano de dirección, la diputada Maribel Mora, rechazaba la expulsión y era afín a Rodríguez. “No hay que olvidar el carácter político de este órgano”, le espetó Pérez a su compañero de Ciudadanos, que insistía en pedir “un informe técnico” a los servicios jurídicos de la Cámara antes de consumar la expulsión.

Hubo cinco votos a favor de cercenar el grupo parlamentario Adelante y enviar a nueve diputados al rincón: presidenta [Marta Bosquet; Ciudadanos], vicepresidenta segunda [Teresa Jiménez; PSOE], vicepresidente tercero [Julio Díaz; Ciudadanos], secretaria primera [Verónica Pérez; PSOE] y secretario tercero [Manuel Gavira; Vox] y dos abstenciones (vicepresidenta primera [Esperanza Oña; PP] y secretario segundo [Manuel Andrés González; PP]. Adelante sólo tenía voz, no voto en la Mesa, de modo que Mora sólo hizo constar su “pronunciamiento en contra”.

La expulsión de Teresa Rodríguez perpetrada por Podemos e IU fue el punto álgido de la división de izquierdas, que habían concurrido juntas en las elecciones andaluzas anteriores sin el resultado esperado. Podemos e IU tenían más escaños por separado (20) de los que lograron juntos en la primera versión de Adelante.

La semilla de la discordia hizo que concurrieran enfrentados en los pasados comicios, con Podemos e IU en una nueva confluencia llena de susceptibilidades y luchas intestinas (Por Andalucía, amadrinada por Yolanda Díaz, y que quedó reducida a los cinco parlamentarios actuales) y la nueva versión de Adelante Andalucía, pseudonacionalista y andalucista, que logró resistir con dos diputadas y conformarse en grupo mixto.

Teresa Rodríguez era una de ellas, hasta que dejó su escaño hará un año. El hiperliderazgo que le permitió salvar su marca política en las andaluzas, resistiendo en el Parlamento, no funcionó ni en las municipales de mayo ni en las generales de junio, en las que volvió a concurrir como número dos de una lista que sólo se presentó por Cádiz, su provincia natal. Logró apenas 9.000 votos, un 1,4% del escrutinio de la provincia. En una entrevista preelectoral con este periódico, Rodríguez avanzó lo que esperaba del recurso interpuesto ante el Constitucional: “¿Para qué sirve eso ya ahora? Está bien que te dé la razón ahora, pero verdaderamente es una pena que el Constitucional funcione tan lento para unas cosas y tan rápido para otras”.

El Tribunal Constitucional ha decidido dar la razón a Teresa Rodríguez en la guerra interna de la izquierda andaluza y ha anulado su expulsión del grupo de Adelante Andalucía del Parlamento andaluz en octubre de 2020 junto con otros ocho diputados.

La ruptura entre el grupo de diputados andaluces que lideraba Teresa Rodríguez, procedentes de Anticapitalistas, y Podemos Andalucía se consumó en octubre de 2020 cuando la mesa del Parlamento les expulsó del grupo parlamentario a instancias de Podemos e Izquierda Unida, estando Rodríguez de baja por maternidad.

El partido político les acusaba de incurrir en transfuguismo al haberse dado de baja como afiliados y Rodríguez anunció que recurriría. Sus alegaciones fueron admitidas a trámite hace dos años por parte del tribunal de garantías.

Rodríguez renunció a su escaño en el Parlamento de Andalucía en diciembre del año pasado para volver a su plaza de docente en un instituto de la localidad gaditana de Puerto Real. En las últimas elecciones generales del 23 de julio ocupó el segundo puesto en las listas de Adelante Andalucía al Congreso por Cádiz, formación política en la que conserva el puesto de portavoz a nivel nacional.

El pleno del Constitucional entiende ahora que la decisión del Parlamento vulneró el derecho de representación política de Rodríguez y el resto de diputados afectados, con la mesa actuando en contra del propio Reglamento de la cámara andaluza. “Identificar directamente la baja en un partido con la baja en el grupo parlamentario supone una innovación de la normativa”, explica el Constitucional.

Adelante Andalucía fue un proyecto original de Teresa Rodríguez. Antes de ponerle nombre y logo –para las elecciones autonómicas de 2018–, la filosofía de un “sujeto político de obediencia andaluza” formaba parte del discurso diario de esta veterana activista de Cádiz, que acabó convirtiéndose en la primera secretaria general de Podemos Andalucía.

Se puede decir que su estreno fueron las andaluzas de 2018, donde alcanzaron su techo electoral con 584.040 votos; y su suelo fueron las generales del 23 de julio, con 9.064 papeletas en Cádiz, única provincia donde se presentaron. Pero Adelante Andalucía no tiene una trayectoria lineal, es un traje con un sujeto diferente dentro, que no era el mismo en 2018, en 2022 y en 2023. Tampoco parece que su futuro tras el fiasco del 23J vaya a discurrir por renglones rectos.

La organización andalucista se refundó hace dos años y prepara una segunda refundación en un proceso congresual que se inicia en septiembre y culminará en la primavera de 2024, informan fuentes de la ejecutiva. Se prepara el posteresismo, es decir, un escenario de una Adelante Andalucía sin Teresa Rodríguez, la ruptura de una simbiosis entre el líder y el partido que muy pocos ven posible. La dirección quiere dar paso a nuevos referentes y liderazgos pero, sobre todo, está dispuesta a abrirse en canal para “debatir de todo con la militancia”: estrategia, discurso, programa, organización...

Casi todo en Adelante Andalucía pivota sobre dos debates de fondo: decidir no presentarse a más procesos electorales con marca propia y transicionar hacia la integración con Sumar, la coalición de partidos de izquierdas que lidera Yolanda Díaz. Este asunto se abordó ya antes de las generales, pero la dirección cerró de un portazo esa vía sin siquiera someterlo a consulta de sus bases [como sí hicieron con la decisión de concurrir sólo por la provincia de Cádiz].

Contrarios a la fusión con Sumar

La actual dirección de Adelante Andalucía, y la propia Teresa Rodríguez, se han mostrado rotundamente contrarias a fundirse con el partido de Yolanda Díaz. Lo consideran una “involución” en su propia trayectoria política, porque Adelante nació precisamente del forcejeo entre la gaditana y el entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reticente a ceder autonomía política, orgánica y económica a los territorios.

Rodríguez se lo reclamó insistentemente, lo peleó en los procesos congresuales –Vistalegre I y II– y perdió sistemáticamente. Podemos mantuvo su estructura centralizada, y la gaditana sólo consiguió esa autonomía que buscaba cuando rompió lazos con Podemos, abandonó la formación morada y montó, junto a IU Andalucía, una confluencia de partidos para las elecciones andaluzas de 2022.

Los responsables de Adelante Andalucía han señalado la “polarización extrema” del 23J como una de las razones de su fracaso. “La pregunta al votante de izquierdas era si se podía frenar un Gobierno de PP y Vox, y nosotros no hemos tenido habilidad para dar una respuesta útil a ese electorado. El voto se ha concentrado en otras opciones”, explica José Ignacio García, diputado autonómico y miembro de la dirección.

El equipo de Teresa Rodríguez era consciente de su debilidad en estos comicios, “frente a una izquierda que tiene un pie en el Gobierno de España”, pero admite que no esperaba que Sumar les sacara tanta ventaja. La mayoría de sus votantes se ha pasado a las filas de Yolanda Díaz, cuyo instrumento político es, hoy por hoy, muy parecido a Podemos en cuanto a centralidad y verticalidad. Los andalucistas no creen que Díaz responda a las necesidades de esta tierra y ven pocas opciones de formar parte del microcosmos de Sumar –16 partidos integrados– para tener “voz propia en el Congreso”.

El andalucismo como partido político

El otro debate que se abre es si tiene futuro el andalucismo como partido político. Porque andalucistas se declaran prácticamente todos los dirigentes actuales en el Parlamento, a excepción de los diputados de Vox, que abominan del Estado de las Autonomías. “Esa explosión de andalucismo de boquilla, que igual vale para el líder del PP como del PSOE, nos ha hecho daño. Cuando no se ven las fronteras entre identidades políticas, es más difícil distinguirse y más fácil perderse”, dice García.

Adelante Andalucía se mira en el espejo de los partidos nacionalistas tradicionales –PNV, ERC, CiU–, cuidándose mucho de no autodefinirse como nacionalista porque creen que es un concepto achicharrado por la burguesía catalana y vasca, que no responde a la historia, la cultura y la estructura socieconómica de Andalucía. Rodríguez aspiraba a que una sola diputada suya en el Congreso torciera la balanza a favor de los 8,5 millones de andaluces, dado que los 61 diputados de esta región que hay en la Cámara Baja no habían sido, a su juicio, capaces de hacerlo.

Era una aspiración legítima, visto que el resultado del 23J ha hecho recaer en dos partidos nacionalistas la llave de la investidura de Pedro Sánchez y la propia gobernabilidad de esta legislatura: Junts, el partido del líder independentista Carles Puigdemont, y Coalición Canaria tienen un papel fundamental estas próximas semanas. “¿Y si hubiera dependido todo de una sola diputada andalucista? ¿Qué beneficios habría deparado eso para Andalucía?”, se lamentan en el entorno de Adelante.

Ese mensaje político regionalista o pseudonacionalista se extinguió con la disolución del PA, en el verano de 2015. Entonces sus históricos dirigentes no atribuyeron su extinción a errores propios, sino a la “falta de interés” de los propios andaluces. “Entendemos que la causa de esa desafección radica en la falta de interés del pueblo andaluz, fruto de una insuficiente conciencia de pueblo por tener un partido propio y soberano, es decir, exclusivamente andaluz”, decía el manifiesto que firmaron los padres fundadores de un partido que llegó a tener representación en el Congreso en los años 90.

El destino de un partido andalucista era “liberar al pueblo andaluz mediante la construcción de poder andaluz”, pero los representados no se dieron por aludidos. Durante años identificaron a sus representantes con el PSOE –37 años en el Gobierno– y actualmente en el PP de Juan Manuel Moreno.

Desde su entrada en la política andaluza, Teresa Rodríguez ha tratado de resucitar aquel legado, incluso fichando a una de sus últimas líderes, Pilar González, pero el resultado de las generales parece dar la razón a los padres del PA en aquella carta de despedida. La ex senadora de Adelante y candidata en las generales anunció su marcha de la política activa tras obtener un 0,2% del escrutinio. “Para ser tan poca cosa, el andalucismo tiene una cola de postulantes”, dejó escrito en un mensaje de despedida en su cuenta de Facebook.

Hoy Alejandro Rojas Marcos, histórico dirigente andalucista, es uno de los referentes del presidente Moreno, al que ha ayudado a resignificar parte de la historia de la lucha autonomista andaluza, capitalizada por el PSOE durante sus casi cuatro décadas en el poder.

Eurodiputada, parlamentaria, maestra

Teresa Rodríguez empezó siendo eurodiputada en 2015 y pasó algo más de ocho años como diputada en el Parlamento andaluz, antes de dejar su escaño de manera voluntaria para regresar a su plaza de profesora de instituto. En esos años se ha extinguido Podemos y se ha evaporado Adelante Andalucía.

Los morados no presentaron su marca electoral a las andaluzas de 2022 ni a las generales del 23 de julio, absorbidos por las confluencias de izquierdas promovidas por Yolanda Díaz. Adelante se presentó en solitario, resistió en el Parlamento andaluz con dos diputadas, pero fue fulminada en las generales.

Se puede decir que su estreno fueron las andaluzas de 2018, donde alcanzaron su techo electoral con 584.040 votos; y su suelo fueron las generales de julio, con 9.064 papeletas en Cádiz, única provincia donde se presentaron. Pero la Adelante de 2018 no era la misma que la de hoy. Aquella fue construida por IU y Podemos, siendo Teresa Rodríguez su líder regional; en 2022 volvió a concurrir la marca, pero los partidos fundadores originales militaban ya en otra coalición Por Andalucía.

La gaditana se había quedado el nombre, el logo y el discurso protoandalucista, pero se quedó sin dinero, sin grupo parlamentario –fue expulsada acusada de tránsfuga–, sin recursos para hacer campaña y casi sin silla en el debate electoral de Canal Sur. Su hiperliderazgo, muy mimado por los medios nacionales, fue propulsado en esa etapa precisamente por la disputa que le enfrentó a sus ex socios: IU y Podemos habían pactado con PSOE, Ciudadanos y Vox una reforma exprés del reglamento del Parlamento andaluz para precipitar su expulsión de Adelante.

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