Adelante Andalucía usa el Estatuto para llevar al Congreso su ley de gafas gratis que Moreno se ofreció a negociar

El artículo 87.2 de la Constitución española reconoce a las asambleas de las comunidades autónomas la facultad de iniciar leyes estatales. Ese artículo tiene una réplica en el Estatuto andaluz (art. 106.9) y en el reglamento del Parlamento andaluz (art. 172). El grupo mixto Adelante Andalucía se ha servido de este precepto para llevar al Congreso de los Diputados una proposición de ley que primero había reclamado al presidente de la Junta en sede parlamentaria: la gratuidad de gafas o lentillas para menores de edad, incluida en la cartera de prestaciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Juan Manuel Moreno mostró interés y se ofreció a estudiar y cuantificar la medida.

Aquel debate fue el pasado mes de marzo. Posteriormente, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se reunió con el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, para valorar la posibilidad de ampliar la cartera de prestaciones del SAS en óptica y optometría. El grupo minoritario propone la gratuidad de las gafas para los menores de edad, y una subvención parcial para los adultos en función de su nivel renta. “Vamos a emplear el realismo, a ver hasta dónde podemos llegar”, dejó dicho Moreno en el Parlamento.

Nueve meses después de aquel cara a cara, Adelante Andalucía ha dado un giro en su estrategia. En vez de reclamar una reforma legal al Gobierno de Moreno a través del Parlamento andaluz, usará un marco constitucional, estatutario y reglamentario como trampolín para abrir este debate en Madrid, con la presentación de una proposición de ley estatal ante la Mesa del Congreso de los Diputados. El grupo andalucista prevé registrar su iniciativa en enero en la Cámara autonómica, para que inicie su andadura con la reapertura del curso parlamentario en febrero. Para que llegue a la Cámara Baja, en todo caso, será necesario el voto de la mayoría absoluta del PP.

31 precedentes en la Cámara

No es la primera vez que se usa este artículo en el Parlamento andaluz, hay 31 precedentes desde 1983. La última vez fue en la pasada legislatura, en 2019, cuando el PSOE registró una proposición de ley a tramitar ante el Congreso para reconocer la gratuidad y universalidad del primer ciclo de Educación Infantil. Sin embargo, este caso tiene más aristas porque el contexto político es muy distinto al de las iniciativas que le preceden.

De entrada, la ley que propone Adelante Andalucía no tiene que ser necesariamente de ámbito estatal, la Junta tiene competencias para ampliar su cartera de prestaciones a través de un decreto. García explica a este periódico que la decisión de convertir su reclamación a Moreno en una reclamación a Pedro Sánchez no es fruto de sus conversaciones con el PP, sino del convencimiento de que “si presentase una propuesta de ley andaluza, la Junta me la tumbaría argumentando falta de presupuesto”. “Si se lo planteamos a Madrid como parte de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS), la iniciativa saldrá aprobada del Parlamento andaluz por unanimidad”, augura.

Moreno se mostró receptivo a esta medida, como lo ha hecho con otros planteamientos e iniciativas del grupo de izquierdas más pequeño de la Cámara, primero desgajado de Podemos, luego expulsado y escindido de la órbita de partidos en torno a Sumar. El presidente andaluz suele agasajar a la formación de Teresa Rodríguez -con sólo dos diputados- subrayando más sus coincidencias que sus discrepancias en cada debate.

A principios de año, además, el PP propuso una reasignación de las subvenciones parlamentarias que había acordado con el resto de grupos en el inicio de legislatura para beneficiar a Adelante en detrimento de Por Andalucía, la coalición de IU, Podemos, Más País y otras tres formaciones menores. Los populares, con una mayoría absoluta de 58 diputados, dividieron el fondo de 200.000 euros que hasta entonces cedían a Por Andalucía y una parte -50.000 euros- se lo transfirieron a los de Teresa Rodríguez.

Guiños del PP a Adelante

PSOE y Por Andalucía, las otras dos fuerzas de izquierdas en el Parlamento, creen que Moreno tiene dos razones para ofrecer una “sobrrerepresentación mediática y política” a un grupo sin apenas margen legislativo: una, ponderar su imagen de moderado y líder dialogante con la oposición más debilitada numéricamente, mientras atiza sistemáticamente a los otros dos grupos, coaligados en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Y dos, subrayar un discurso andalucista, crítico con el Ejecutivo central y con el socialismo, que entronca con la tradición del partido de Rodríguez. “En este Parlamento sólo hay dos grupos con autonomía política, que no tienen que pedir permiso a Madrid: el suyo y el mío”, le replicó Moreno a García en el último debate del estado de la comunidad.

Al convertir una exigencia al Gobierno andaluz en una proposición de ley dirigida al Congreso de los Diputados, Adelante Andalucía gana espacio mediático y visibilidad nacional, algo que le permite refrendar una de sus consignas, a saber: que no hay una fuerza de obediencia andaluza en la Cámara Baja que defienda los intereses de esta comunidad, como sí tienen otros nacionalismos (catalán, vasco, gallego o valenciano).

Además, con esta iniciativa, Adelante trata de diferenciar su identidad política de izquierdas frente a otros nacionalismos de corte conservador, porque no llevan una ley al Congreso en beneficio exclusivo de los andaluces, sino de todos los españoles y, singularmente, aquellos con rentas más bajas.

La proposición de ley de Adelante para su remisión al Congreso debe ser primero aprobada en el Pleno del Parlamento andaluz, de modo que el voto del PP es indispensable. De entrada, a Moreno, ver cómo se desvía un tiro que hace nueve meses iba dirigido a su presupuesto sanitario, no le perjudica.

El artículo 172.3 del reglamento de la Cámara establece que serán tres diputados -elegidos por mayoría absoluta en el Pleno- los designados para defender la ley en el Congreso. Tampoco está asegurado que el autor material de esta iniciativa sea quien finalmente protagonice el debate en Madrid, aunque todos los precedentes apuntan a que sí será así.

Ampliar la cartera de prestaciones

El grupo andalucista ha diseñado su proposición de ley partiendo de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del SNS. Los artículos 7 y 8 regulan el catálogo de prestaciones de la sanidad pública y la cartera común de servicios en el conjunto del Estado. Esta última se subdivide en tres categorías: la cartera común básica de servicios asistenciales; la cartera común suplementaria y la cartera común de servicios accesorios.

La primera está cubierta en su totalidad por la financiación pública en todas las comunidades autónomas; la segunda son prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria y están sujetas a aportación del usuario -que deben abonar una parte del gasto- y que incluye la prestación farmacéutica, la ortoprotésica y los productos dietéticos; la tercera cartera, de servicios accesorios, incluye servicios que “no se consideran esenciales”, “de apoyo para la mejora de una patología de carácter crónica”. Aquí el usuario paga una aportación o reembolso. Las comunidades autónomas pueden añadir a esta cartera servicios que no están recogidos en el catálogo financiado por el Sistema Nacional de Salud.

Adelante Andalucía plantea incluir la gratuidad de gafas y lentillas para menores en la cartera común de servicios complementarios, a la misma altura que las prestaciones ortoprotésicas, farmacéuticas y de productos dietéticos.