“No he conseguido saber quién censuró L'estaca, seguramente un alto cargo de la dictadura, porque por parte de los 'lectores' [como se conocían entre ellos los censores] uno llamado Pedro Arribas le dio el visto bueno”.

Quien habla sobre la prohibición de radiar y cantar la legendaria canción de Lluís Llach, que acabó siendo uno de los himnos de la lucha antifranquista, es la historiadora y musicóloga Maria Salicrú-Maltas, que acaba de publicar en catalán Aquesta cançó, no! (Comanegra, 2024), un libro apasionante que narra el proceso investigador que rodeó a su tesis doctoral sobre la censura franquista a la Nova Çançó Catalana.

Nova Çançó es como se llamó a la hornada de cantautores en lengua catalana que a principios de la década de los sesenta del siglo pasado comenzaron a componer, guitarra en mano, temas en un idioma que estaba prohibido oficialmente en el Estado español. De este movimiento salieron artistas tan populares como Serrat, Lluís Llach, Raimon, Guillermina Motta o Maria del Mar Bonet entre muchos otros.

“Por sus letras contestatarias y catalanistas y su especial repercusión en todo el país, no solo en Catalunya sino también en Madrid y otras ciudades, la Nova Cançó puso muy nervioso al régimen, que se esmeró en censurarla y reprimirla mucho más que a otros movimientos musicales similares en Galicia o Euskadi”, explica Salicrú, que asegura que tras acabar la tesis quedó tan abrumada por la dimensión de la estructura represora de la cultura catalana, que decidió contarlo en una obra literaria.

El resultado es un relato vital muy bien articulado y con una estructura narrativa que engancha desde el primer momento, tanto al curso de la investigación como a la coyuntura vital de la autora, que se dibuja a sí misma con magnetismo y eficacia. Para no ser menos, el resultado que revela la investigación de Salicrú es escalofriante.

Un engranaje muy bien articulado

Aquesta cançó, no! evidencia que la censura en España no era, como aventuró en una ocasión Serrat en el documental La cançó censurada (Lluís Danés, 2016), cosa de “hombres feos, con dientes negros, que siempre fumaban”, sino que “la estructura censora del Régimen estaba perfectamente montada y articulada y funcionaba con gran eficacia”, según la investigadora. Sostiene Salicrú que era una red meticulosamente tejida que controlaba cualquier forma de difusión mediática de la cultura y el pensamiento, tanto en catalán como en cualquier otro idioma del Estado.

Explica la obra que en las distintas delegaciones provinciales del MIT [Ministerio de Información y Turismo] existía una oficina, generalmente apartada, donde funcionarios y contratados –muchas veces adeptos al Régimen, pero otras, sobre todo año final de franquismo, simplemente profesionales que necesitaban el trabajo– escuchaban discos sin parar y leían incesantemente libros y cancioneros para determinar qué versos podían ser radiados y cuáles no, o qué canciones podían o no cantarse en directo.

Adicionalmente –en el caso de Barcelona en un pequeño cubículo en el hueco de la escalera–, otros funcionarios llamados “escucha de red” se pasaban su jornada laboral escuchando la radio para captar y denunciar si no se cumplía con lo determinado por la censura. Cuando un “escucha” terminaba su jornada, lo sustituía otro sin dilación.

La censura franquista impidió que se radiaran o se cantaran casi medio centenar de canciones en catalán

El lector no puede evitar, en las descripciones que realiza Salicrú de esta suerte de espías, pensar en el protagonista de la película La vida de los otros, de Florian Henckel von Donnersmarck, que describe el sistema de espionaje en la RDA antes de la caída del muro de Berlín. Y no en vano la autora hace mención al final de la obra a este filme para exponer lo obsesivo que llegó a ser el franquismo en su afán de censura.

Cara a cara con los censores

La censura franquista impidió que se radiaran o se cantaran más de 463 canciones en catalán, con la consiguiente frustración y rabia no solo de autores y público, sino también de toda suerte de profesionales que trabajaban en la organización de los conciertos, que podían ser suspendidos en cualquier momento antes o durante su celebración.

“Se llegó a tal punto que muchas veces los artistas viajaban sin acompañamiento y únicamente con la guitarra a la localidad del concierto, porque así, si les suspendían, solo ellos se veían afectados”, explica la musicóloga. También porque algunos conciertos se celebraban de manera clandestina en el comedor de la vivienda de los organizadores, según se relata en el libro.

Lo que más sorprende de la incansable actividad censora de los “lectores” es que estos funcionarios que prohibían con argumentos tan reaccionarios como pueriles eran gente cultivada, sensible y formada

Pero lo que más sorprende de la incansable actividad censora de los “lectores” no es su obsesión con el separatismo, que veían en cualquier matiz o detalle –llegando a prohibir cuentos infantiles porque en ellos se mencionaba la sardana–, sino que estos funcionarios, que prohibían con argumentos tan reaccionarios como pueriles, eran gente cultivada, sensible y formada, muchas veces con trabajos alternativos como profesores universitarios o de instituto y con buen conocimiento del idioma catalán.

Salicrú cuenta la peripecia que le llevó a contactar con muchos de ellos. No encontró personas adustas y reluctantes a la entrevista, sino amables ancianas y ancianos que le facilitaron la tarea y la llenaron de atenciones. Varios de ellos, como el “lector” valenciano de la sede central de Madrid José Mampel Llop, uno de los grandes censores de las letras de la Nova Cançó al que Salicrú denomina “el lobo”, incluso le regalaron libros y poemarios que habían escrito.

De día censurando y de noche coreando las canciones censuradas

La historiadora incide especialmente en la relación que desarrolla con Mampel Llop, “el lobo”, un antiguo funcionario castellonense al que ella habla en catalán, por petición expresa del mismo, y él le contesta en castellano porque apenas recuerda su lengua materna. Pero “el lobo”, voraz censor en los años sesenta y setenta, es reacio al principio a confesar su papel, si bien al final lo admite pero apunta, siendo muy religioso, que Dios conoce sus pecados y los ha perdonado.

Otro censor notable de la central de Madrid, Gregorio Solera Casero, también de edad avanzada, la lleva al edificio del Ministerio de Defensa, antigua sede central del MIT donde había sido funcionario censor de rango medio, y consigue entrarla en los despachos haciéndola pasar por su sobrina con el fin de mostrarle sobre el terreno cómo se organizaba la oficina central de la censura en España.

Pero tal vez el caso más chocante es el de las funcionarias de las delegaciones provinciales de Lleida y Girona en los setenta, jóvenes contratadas que ideológicamente están muy alejadas del franquismo, pero que censuran sin piedad según las indicaciones que les dan sus superiores.

Tras determinar qué canciones no se podían cantar en el concierto que se celebraría unas horas más tarde, acudían al evento como un fan más y pedían a gritos las canciones censuradas por ellas mismas

No obstante, le reconocen a la escritora que, tras determinar qué canciones no se podían cantar en el concierto que se celebraría unas horas más tarde, acudían al evento como una fan más y pedían a gritos las canciones censuradas por ellas mismas, llegando a corearlas si el o la artista accedía cantarlas.

En este ambiente se mueve Aquesta cançó, no!, un relato que navega entre el thriller de investigación académica, con tintes a veces kafkianos, y la descripción de un tiempo y de un país que por fortuna quedan hoy en día muy lejos. Pero que conviene conocer porque, como dejó escrito el pensador estadounidense de origen español George Santayana: “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”.

Un home pendent de judici a Mallorca per una pintada amb el missatge 'Puta Espanya' ha demanat acollir-se a la Llei d'Amnistia després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i la seva consegüent entrada en vigor.

Segons les investigacions, l'acusat va fer la pintada a la façana de l'Ajuntament de Felanitx, governat pel PP, acompanyada del símbol de la bandera independentista catalana. L'atestat també atribueix a l'home altres grafits a altres emplaçaments del municipi mallorquí -un d'ells un habitatge particular-, però només s'ha presentat una valoració de danys en relació amb el del Consistori.

El presumpte autor de les pintades havia de ser jutjat per un delicte lleu de danys a Manacor, però el judici va quedar suspès i la defensa va presentar un escrit, al qual ha tingut accés elDiario.es, en què sol·licita aplicar l'acusat la Llei d'Amnistia.

En concret, l'atestat situa els fets investigats entre el 10 i 11 de novembre de 2023, per la qual cosa entrarien dins del marc temporal de la Llei Orgànica, que abasta fins al dia 13 d'aquell mateix mes. L'escrit de la defensa, exercida per l'advocat Josep de Luis, assenyala que la Llei inclou els actes determinants de responsabilitat penal executats “en el context de l'anomenat procés independentista català” i “vinculats directament o indirectament”.

El lletrat recalca, de fet, que ja en el moment de la detenció “la filtració que es feu als mitjans de comunicació se’n cuidà d'emfatitzar la vinculació política, de caràcter independentista català”, de l'acusat, referint-s'hi la premsa com a “ un militant de la CUP”.

La petició argumenta que la Llei preveu que aquesta amnistia s'apliqui en qualsevol fase del procés penal, per la qual cosa sol·licita l'arxiu definitiu de la peça. El judici s'havia de celebrar aquest dimecres per un delicte lleu, tal com informa el diari Última Hora, però ha quedat suspès a petició de l'Ajuntament. El Consistori, disconforme amb la valoració pericial, al·lega que els danys serien superiors als 400 euros.

Comunicat d'Alerta Solidària i CUP Mallorca

Alerta Solidària i CUP Mallorca havien organitzat una concentració de suport a l'acusat als Jutjats de Manacor amb motiu del judici finalment suspès. En un comunicat, les dues organitzacions han recalcat que l'encausat “ha qüestionat sempre el seu processament, considerant que se l'investiga per la seva activitat política”.

Per això, les dues entitats denuncien el que entenen com “un nou intent de silenciar” la “lluita de l'esquerra independentista mitjançant identificacions, detencions i judicis injustificats, promoguts pels polítics feixistes de l'illa de la mà dels cossos policials”.

En aquest sentit, retreuen a l'Ajuntament, encapçalat per la popular Catalina Soler, que multipliqui per més de deu l'import del perjudici calculat pel perit, que el xifra en 140 euros. En aquesta maniobra veuen “intenció de magnificar els danys i castigar l'independentista encausat”.

Alerta Solidària i CUP Mallorca defensen que “el cas ha de quedar arxivat sota la llei de l'oblit penal”, perquè resulten elements determinants “l'estelada, símbol inequívoc de l'independentisme català, juntament amb la declaració pública dels sentiments profunds que desperta a l'autor de les pintades el concepte Espanya”.

En qualsevol cas, conclouen que no deixaran “de difondre el missatge, als Jutjats, amb o sense amnistia, als carrers i a les seves parets”.

Un hombre pendiente de juicio en Mallorca por una pintada con el mensaje 'Puta Espanya' ha pedido acogerse a la Ley de Amnistía tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su consiguiente entrada en vigor.

Según las investigaciones, el acusado realizó la pintada en la fachada del Ajuntament de Felanitx, gobernado por el PP, acompañada del símbolo de la bandera independentista catalana. El atestado también atribuye al hombre otros grafitis en otros emplazamientos del municipio mallorquín -uno de ellos una vivienda particular-, pero sólo se ha presentado una valoración de daños en relación con la del Consistorio.

El presunto autor de las pintadas iba a ser juzgado por un delito leve de daños en Manacor, pero el juicio quedó suspendido y la defensa presentó un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que solicita aplicar al acusado la Ley de Amnistía.

En concreto, el atestado sitúa los hechos investigados entre el 10 y 11 de noviembre de 2023, por lo que entrarían dentro del marco temporal de la Ley Orgánica, que abarca hasta el día 13 de ese mismo mes. El escrito de la defensa, ejercida por el abogado Josep de Luis, señala que la Ley incluye los actos determinantes de responsabilidad penal ejecutados “en el contexto del denominado proceso independentista catalán” y “vinculados directa o indirectamente” al mismo.

El letrado recalca, de hecho, que ya en el momento de la detención “la filtración que se hizo a los medios de comunicación se cuidó de enfatizar la vinculación política, de carácter independentista catalán”, del acusado, refiriéndose a él la prensa como “un militante de la CUP”.

La petición argumenta que la Ley prevé que esta amnistía se aplique en cualquier fase del proceso penal, por lo que solicita el archivo definitivo de la pieza. El juicio iba a celebrarse este miércoles por un delito leve, tal como informa el diario Última Hora, pero se suspendió a petición del Ajuntament. El Consistorio, disconforme con la valoración pericial, alega que los daños serían superiores a los 400 euros.

Comunicado de Alerta Solidària y CUP Mallorca

Alerta Solidària y CUP Mallorca habían organizado una concentración de apoyo al acusado en los Juzgados de Manacor con motivo del juicio finalmente suspendido. En un comunicado, las dos organizaciones han recalcado que el encausado “ha cuestionado siempre su procesamiento, considerando que se le investiga por su actividad política”.

Por ello, las dos entidades denuncian lo que entienden como “un nuevo intento de silenciar” la “lucha de la izquierda independentista mediante identificaciones, detenciones y juicios injustificados, promovidos por los políticos fascistas de la isla de la mano de los cuerpos policiales”.

En este sentido, reprochan al Ajuntament, encabezado por la 'popular' Catalina Soler, que multiplique por más de diez el importe del perjuicio calculado por el perito, que lo cifra en 140 euros. En esa maniobra ven “intención de magnificar los daños y castigar al independentista encausado”.

Alerta Solidària y CUP Mallorca defienden que “el caso debe quedar archivado bajo la ley del olvido penal”, porque resultan elementos determinantes “la estelada, símbolo inequívoco del independentismo catalán, junto con la declaración pública de los sentimientos profundos que despierta en el autor de las pintadas el concepto España”.

En cualquier caso, concluyen que no dejarán “de difundir el mensaje, en los Juzgados, con o sin amnistía, en las calles y en sus paredes”.

El conflicto político en Catalunya no está resuelto. El procés independentista continúa siendo el tema que más polariza la sociedad catalana. Así lo refleja la encuesta “Convivència i cohesió a Catalunya”, realizada a 2.050 personas el mes de octubre de 2022 y presentada este martes por el Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). 

Para el 61,6% de los catalanes, el procés independentista es un tema de debate con un grado de polarización alto o muy alto. Este resultado, de momento, no preocupa al Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), ya que considera que “el nivel de crispación política respeto este tema ha bajado gracias a los acuerdos transversales en los presupuestos de Catalunya y también en el ámbito español”, tal como ha asegurado Kristian Herbolzheimer, director del ICIP, en la presentación de la encuesta. 

Las cifras muestran que “aunque el discurso político del gobierno central dice que durante estos cinco años la situación ha cambiado mucho, la realidad no es así. El proceso independentista no está resuelto, viene de lejos y va para largo”, añade Herbolzheimer.   

En cuanto a la detección del grado de polarización tanto ideológico como emocional de la sociedad en general, este no cuenta con muchas variaciones respecto al histórico de los resultados de estas encuestas, que se realizan desde 2018. Siguiendo en la línea de las consultas anteriores, los datos muestran que los medios de comunicación y los partidos políticos están mucho más polarizados que la sociedad en general.

Además de la parte ideológica, los valores de polarización emocional también se mantienen estables. El respeto (de 5,5 puntos, en una escala del 1 al 10) y la impotencia (de 4,6 puntos sobre 10) siguen predominando entre las emociones hacia las personas que piensan políticamente diferente. La tristeza y el miedo aumentan un poco respecto 2020, y baja la confianza acompañada de un crecimiento del número de personas que desconfían bastante o mucho del resto de la sociedad. 

El segundo tema que polariza más a la sociedad catalana, después del procés independentista, es la lengua, un tema de debate estrechamente ligado al conflicto político catalán. Poco más de la mitad de los encuestados cree que la polarización que provoca la lengua de uso habitual es alta (de 7 puntos o más), por encima de otros indicadores analizados como la clase social, la inmigración o el feminismo. 

“El conflicto político es ahora un poco más social y el debate alrededor de la lengua es una representación de este cambio”. Con estas palabras, la coordinadora del sondeo, Berta Barbet, expone que la lengua ha pasado de ser el quinto tema más polarizante a ocupar el segundo puesto, siendo la variable que incluye un incremento de puntos más significativo (pasa de 5,1 puntos a 6,1). 

El sondeo analiza otros aspectos como la confianza y la cohesión social y los riesgos y amenazas que percibe la sociedad catalana. El director del ICIP valora positivamente los resultados, pero se muestra alarmado en cuanto a la preocupación generalizada por el aumento del incivismo, percibido como el principal problema de convivencia; y la extrema derecha, que crece de forma exagerada.

Asimismo y en el contexto de la guerra en Ucrania, la mitad de la población cree que el aumento del gasto militar genera más inseguridad que seguridad y que el gobierno español invierte demasiado dinero en ello. “La ciudadanía tiene una percepción de seguridad diferente a la OTAN y el gobierno español, ya que considera el incremento del gasto militar como un elevado factor de riesgo para la seguridad”, detalla Herbolzheimer. 

La encuesta sugiere que Catalunya es una sociedad concienciada con la justicia social: preocupada por las crisis económicas, el cambio climático, el mal funcionamiento de la democracia, la desinformación y la desigualdad, entre muchas otras cosas. Asimismo, el director añade que ésta “actúa como una señal de alerta hacia las instituciones públicas y la sociedad en general”. 

La celebración del 11 de septiembre de este año fue la más deslucida desde que se dio el pistoletazo de salida del procés hace ya ocho años. Y no solo por la reducida presencia de ciudadanía en la calle, achacable ciertamente a la pandemia. El cansancio que provoca una carrera de fondo sin horizonte o las disputas en el seno del independentismo deberían ser variables a tener en cuenta. Pocos balcones o ventadas lucían estelades o senyeres, y los medios de comunicación públicos funcionaron durante la jornada a medio gas, por poner solo dos ejemplos. Además la ANC, principal organizadora de la cita, cada vez se dirige más hacia los convencidos. La movilización de esta diada fue la más “militante” en muchos años. No hubo para nada desborde ciudadano.

Ahora bien, esta constatación no puede llevar al lector a pensar que la cuestión territorial, y en concreto el conflicto entre Catalunya y España, vuelve a su cauce. Al contrario. La grieta profunda que supone la crisis del modelo autonómico no puede más que engrandecerse. La forma de organización territorial que se desarrolla en los ochenta, sobre todo a partir de los pactos entre los dos principales partidos españoles (UCD y PSOE en 1981 y PSOE y PP en 1992), muestra su pérdida acelerada de consensos a partir del segundo gobierno Aznar. El proceso de descentralización cuasi-uniforme en 17 comunidades autónomas acaba generando tensiones centrípetas y centrífugas a la vez. La crisis catalana es la más grave pero no es ni mucho menos la única.

Además, la judicialización del contencioso, y sobre todo el uso político del derecho, ha escalado el conflicto. Hacer que resuelvan los jueces un conflicto de naturaleza política no es nunca una buena idea. Pero que además se construya una suerte de activismo judicial en la cúpula de este poder, que active un excepcionalismo penal iliberal con elementos similares al utilizado en el último tramo de la “lucha antiterrorista”, solo puede traer nefastas consecuencias. La existencia de presos y exiliados cronifica el problema. El uso de tipos penales anacrónicos que llevan aparejadas penas desproporcionadas o el recurso a la prisión provisional sin que se cumpla ninguno de los requisitos devalúan la propia institución judicial y el Estado de derecho. 

En Catalunya, desde el 28 de octubre de 2017, la vida política está bañada por pasiones tristes (a modo spinoziana). Los distintos sectores políticos y sociales (me atrevería a decir todos) navegan en un sentimiento difuminado de desesperanza y sensación de no futuro. Bajos perfiles, nulos proyectos. Catalunya ha dejado de ser aquel país dinámico, ilusionante e innovador que encontraba su espacio en Europa y el mundo. Y esto evidentemente no es bueno. Pero tampoco lo es para España. Los efectos desestabilizadores sobre la gobernabilidad española son evidentes. Y la afectación va más allá, apunta al corazón del proyecto de Estado. 

Es por eso que existen incentivos en ambos lados del Ebro (y en varios actores políticos) para abrir un escenario sincero y valiente de resolución negociada del conflicto. En todo proceso de este tipo se requiere de un período previo de distensión. Trabajo invisible de hormiguita. Generar este contexto inicial de confianza y entendimiento es quizá el punto más difícil y las citas electorales no lo facilitan. Ahora bien, un gesto del ejecutivo acelerando la reforma del código penal o aprobando indultos, y un compromiso firme de falcar la triangulación progresista y plurinacional por parte de ERC aprobando los presupuestos facilitaría un escenario de este tipo. 

Porque si se cree que ir tirando la pelota adelante ya no es una opción, quizá ha llegado el momento de dar la oportunidad para que mute el escenario. Es una evidencia que las dos vías que se han probado no han llevado a buen puerto: ni cerrar muy fuerte los ojos y pensar que la crisis territorial es un mal sueño que pasará, ni apuestas unilaterales con exiguo apoyo ciudadano (un 47% -o un 60% da igual– es poco para una apuesta del tipo).

¿Ha llegado el momento de una tercera vía?

Respecto a la cuestión catalana, a lo largo de estos dos largos últimos años creo que la mayor parte de los españoles hemos pasado por diferentes estados de ánimo, algunos poco confesables en público. La tensión general y la suma de posturas provocativas, disparatadas, inasumibles, violentas, retrógradas, folklóricas o sobreactuadas acaban por arrastrarte a una tentación irresistible: intentar apartarte de todo por puro hartazgo. Basta un dato para comprobar este generalizado estado de ánimo: las audiencias televisivas cuando se aborda el conflicto catalán son cada vez más bajas.

Como es fácilmente apreciable, este fenómeno no afecta a los dos sectores que viven de alentar y promover el enfrentamiento. En Cataluña, después de más de dos años de incesante movilización y de un activismo político y social de alta intensidad, el resultado es persistente: el apoyo al independentismo unilateral no ha crecido un ápice. Incluso en los últimos meses se aprecia un ligero descenso en los estudios que publica la Generalitat. En el sector anticatalán, la situación es bastante similar. Aquellos que no reconocen la existencia de una España diversa y plural viven y realimentan su propio infierno. Advierten con todo tipo de aspavientos y desvaríos que España se rompe y se deja en manos de los separatistas y de paso también de los terroristas que hace años que dejaron de existir en nuestro país. Los dos frentes han visualizado su presencia muy por encima de su representatividad real. La fascinación que los medios tenemos por colocar las cámaras delante de contenedores incendiados y de grupos de exaltados robando la bandera española como símbolo de pertenencia a una sociedad privada y aislada ha terminado por crear una falsa percepción. Esos dos frentes no muestran la realidad. Son una pequeña parte de una realidad mucho más amplia, más diversa y más democrática.

El problema radica en que muchos ciudadanos hemos cometido el error de ausentarnos de un incómodo debate. Personalmente, he participado en desagradables y encendidos coloquios en los que en los últimos tiempos he optado por mantenerme en silencio y esperar a que la trifulca habitual terminara una vez repetidas las mismas argumentaciones de siempre. Consideraba erróneamente que dignificaba mi posición mostrar el hartazgo de alentar una confrontación repetitiva sin posibilidad alguna de encuentro. Ahora me he convencido de que cometía una torpeza. Hemos dejado monopolizar el debate sobre el conflicto catalán a Puigdemont y compañía, por un lado, y a Abascal y sus correligionarios, por otro. Hemos dejado todo el protagonismo a las fuerzas que precisamente coinciden en dos postulados fundamentales: defender el máximo conflicto posible y trabajar por finiquitar el modelo de una España diversa y plural que fomente la convivencia entre iguales y diferentes, entre unos y otros.

En este punto, he tomado la decisión de mostrar públicamente que me he hartado de estar harto. A partir de ahora, creo que ha llegado el momento de renunciar al silencio, a la pasividad. El absurdo e inútil enfrentamiento entre quienes quieren destruir la base de nuestra convivencia apacible y democrática tiene lugar en nuestro territorio, en nuestros hogares, en nuestros encuentros familiares, en nuestras reuniones de amigos, en nuestro entorno laboral, en nuestras calles. Ya está bien. Debe llegar el momento de imponer la paz, de exigir el diálogo, de obligar a buscar un acuerdo. Es un grave error confundir el buen tono con la inacción. Es una torpeza creer que la autocontención servirá para que los radicales detengan sus excesos. Deberíamos demostrarles que somos muchos más quienes defendemos la coexistencia entre quienes no pensamos de la misma manera, entre quienes no pretendemos exigir a los demás que reconozcan nuestra siempre discutible razón.

Esta semana pasada hemos visto, por vez primera en mucho tiempo, imágenes que llegaban desde Cataluña de responsables políticos y sociales de diferente signo y con distintas posturas respecto a la cuestión que se sentaban a hablar. Se daban la mano, incluso sonreían amablemente frente a las cámaras. Desde mi absoluta y particular intimidad, me sentí reconfortado. Más convencido de lo que hoy pienso me sentí cuando oí desde los dos sectores más radicalizados mostrar su indignación ante la posibilidad de que la inmensa mayoría de españoles y catalanes podamos aspirar a conseguir que lo civilizado supere al exabrupto, que lo sensato deje atrás la sinrazón, que la serenidad aplaste la ira.

Estos días promuevo entre mis amigos un levantamiento moral frente al hartazgo. Defiendo que si hay alguien más que esté harto de estar harto lo diga en voz alta. Que apoyemos a quienes intentan proclamar que gente con más elementos en común que discrepancias superen la quiebra de su confianza. Por mi parte, tengo enormes contradicciones con mis propias ideas cada día. No estoy en condiciones de exigirle a nadie que renuncie a sus convicciones. Pero sí que me gustaría compartir con los que me rodean recuperar el placer de una conversación amable, de una intensa discusión enriquecedora y de la confirmación de que hay tantas maneras de ver el mundo que solo desde la suma de todos los puntos de vista encontraremos la más satisfactoria y sólida forma de convivir. ¡Hartémonos de estar hartos!

La posición de ERC en sus negociaciones con el PSOE no es fácil. Y es que su decisión de apoyar o no la investidura de Pedro Sánchez constituye, sea la que sea, lo que podemos llamar una “decisión epocal”. Esto es, creadora de una nueva época o ciclo en el sí del régimen del 78 que puede darse en forma de cierre temporal del conflicto catalán y restauración del régimen o de reconstitución del conflicto catalán y agudización de la crisis del régimen.

Si bien los comunicados públicos de ERC señalan que el objeto de negociación es una mesa de diálogo intergubernamental para buscar una solución política al conflicto catalán, los republicanos son plenamente conscientes de que aunque el PSOE la acepte y se fije un calendario, nunca aceptará acordar en ella un referéndum. En realidad, el objeto oculto de negociación es otro, en concreto: un acuerdo de desactivación de la actual estrategia del independentismo en Catalunya por parte de ERC, a cambio de una modificación de la actitud de la Fiscalía por parte del PSOE. Modificación de la actitud respecto a la no impugnación del tercer grado penitenciario que podría haberse concedido a los presos en cárceles catalanas, así como una suavización de las penas que se pida al resto de presos e investigados catalanes que tienen todavía proceso judicial abierto.

¿Porqué ERC puede desactivar la actual estrategia del independentismo catalán?

Durante los últimos dos años, la permanente amenaza de una nueva aplicación del art. 155 y de encarcelamiento de cargos públicos electos ha desactivado la estrategia independentista de la unilateralidad institucional como vía de acceso a una República, intentada en 2017. En este contexto, el movimiento republicano catalán sabe que la única opción que tiene para lograr que el Gobierno español reconozca a Catalunya el ejercicio del derecho democrático a la autodeterminación, es generar un nivel tal de estrés o ingobernabilidad al Estado que, fruto de presiones provenientes de distintas direcciones, se vea obligado a reconocérselo. Pero, ¿qué es la ingobernabilidad?

Podemos diferenciar dos formas de ingobernabilidad: como “defecto de poder” y como “incapacidad de poder”. La primera puede ser solucionada por el Estado sin generarle ninguna crisis; la segunda, no.

1. En primer lugar, la ingobernabilidad entendida como “defecto de poder” se da en casos, como el de Catalunya, en que existe una fuerte movilización y conflictividad a favor de una demanda, en este caso el referéndum, a la cual el Estado no quiere dar respuesta. Tradicionalmente, la filosofía política, ya desde la época medieval, había identificado el problema del Estado con el abuso de poder. El mal uso del poder se asociaba con un gobierno ejercido más allá de los límites fijados por la ley, es decir, con un “exceso” de poder.

Sin embargo, el problema que la ingobernabilidad plantea aquí es el contrario, no es un problema de abuso, sino de defecto de poder. No nos encontramos hoy ante un exceso de poder, sino ante un poder deficiente, que se abstiene de actuar y no pretende dar solución a la demanda social de referéndum de una amplia mayoría de catalanes, lo cual le crea conflictividad plasmada en las movilizaciones del Tsunami democràtic, los cortes permanentes de vías de comunicación, huelgas generales, etc.

Tal forma de ingobernabilidad puede ser solucionada por el Estado, sin generarle una crisis, mediante represión de baja intensidad. Represión que es aplicada por los Mossos d’Esquadra dependientes del Gobierno catalán, sin que el Estado tenga ni siquiera que mancharse. Esta consiste en resolver el problema constriñendo la capacidad de los ciudadanos de formular demandas. Se trata de una solución que provoca sufrimiento y desmovilización en la sociedad catalana, a la vez que permite al Estado continuar ejerciendo sus funciones de gobierno con absoluta normalidad sin generarle ninguna crisis ni bloqueo. Especialmente, considerando que la UE lo considera un asunto interno y mira hacia otro lado.

2. En segundo lugar, la ingobernabilidad se puede entender también como “incapacidad de poder”. Esta se da ahora en España. Se trata de aquellos casos en que el Estado se encuentra incapacitado para constituir los órganos a través de los cuales se organiza el funcionamiento del poder político estatal, los poderes Legislativo y Ejecutivo. Se trata de una ingobernabilidad a la italiana, en el sentido de la dificultad permanente para conseguir investir un Gobierno o que este pueda acabar la legislatura.

Esta ingobernabilidad, llevada al extremo, no puede ser solucionada por el Estado que se perpetúa en situación de parálisis o bloqueo para ejercer sus funciones. Si ERC no inviste a Pedro Sánchez, o bien se convocaría una nueva jornada electoral o bien se conformaría un gobierno del PSOE con la abstención del PP y Cs a cambio de la expulsión del mismo de UP y acontecería un gobierno que tendría los días contados salvo que tuviera que volver a convocar elecciones. En cualquier caso, la crisis de régimen se vuelve crónica.

Teniendo en cuenta estas dos formas de ingobernabilidad, podemos decir que la única manera que tiene, hoy, el movimiento independentista para lograr crear tal nivel de ingobernabilidad en el Estado capaz de generar algún movimiento de fichas en favor del referéndum, es una estrategia de recomposición del conflicto por la vía de una “dialéctica de las ingobernabilidades”.

Una dialéctica donde la crisis de Estado de la ingobernabilidad “por incapacidad de poder” refuerce la conflictividad social de la ingobernabilidad “por defecto de poder” y a la inversa. Esto abre un escenario incierto pero en el cual, sin duda, se encienden las alarmas de la UE y los poderes económicos obsesionados por la estabilidad y el orden, teniendo que intervenir en el conflicto si la situación se agravara.

Si ERC opta por investir a Pedro Sánchez y renunciar a la ingobernabilidad como “incapacidad de poder”, limita la estrategia independentista a una única carta: la ingobernabilidad “como defecto de poder” o la ritualitzación de la protesta que por sí sola, y si no está en combinación con la primera, ya no tiene eficacia. En este caso, el Estado dará respuesta a tal estrategia mediante la represión practicada por los Mossos d’Esquadra, garantizando el funcionamiento estable e impoluto del gobierno y sin que el independentismo consiga nada más en los próximos cuatro años que indiferencia y represión de baja intensidad, pero permanente, en sus filas. Esto supone dar carpetazo a la estrategia independentista de generar un alto nivel de ingobernabilidad o estrés al Estado para intentar lograr forzar un referéndum, puesto que hoy, la ingobernabilidad o se crea de manera doble (por defecto y por incapacidad, en relación dialéctica) o no se crea.

Esta es la decisión que debe tomar ERC: favorecer la restauración del régimen del 78 a cambio de un aligeramiento de la represión. O agudizar la crisis de régimen asumiendo más represión. Para el PSOE el acuerdo es una decisión fácil, flexibilizar el comportamiento de la Fiscalía es un precio barato a pagar para matar dos pájaros de un tiro: lograr conformar gobierno y a la vez, desactivar temporalmente el conflicto catalán.

Ahora bien, ERC se encuentra delante de una decisión que no es, en absoluto, nada fácil ni de tomar si eres un partido republicano, de izquierda e independentista, ni mucho menos de gestionar en Catalunya, especialmente si la sentencia del TJUE del próximo 19 de diciembre abre la puerta a que Carles Puigdemont pueda volver a concurrir como candidato a la Presidencia de la Generalitat.

“El día que un político renuncie a intentar convencer por la palabra se está equivocando”. Así de rotundo se ha pronunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras las manifestaciones vertidas por su homólogo en Cataluña, Quim Torra, en las que apuntaba que desconoce si García-Page, tal y como ha dicho este último, sería “una de esas personas que no querría hablar con él”.

En este sentido, el líder del Ejecutivo castellano-manchego ha recalcado que no renuncia a que “la palabra, el consenso y el diálogo necesario que hubo desde polos muy opuestos para sacar adelante la mejor Constitución que ha tenido España en su vida se pueda volver a imponer”. “Mucho mejor eso que cualquier otra cosa”, ha apuntado García-Page durante el acto de inauguración de una planta fotovoltaica en el municipio de El Carpio de Tajo (Toledo).

En este evento ha aprovechado García-Page su discurso para responder a las referencias que ha hecho hacía él el presidente catalán en una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press. El presidente regional ha desvelado que en una de sus últimas visitas a Cataluña para reunirse con las casas regionales de Castilla-La Mancha en esta comunidad autónoma, la Generalitat le ofreció para atenderle “al consejero de relaciones exteriores”: “Les dije que se tomaran el finde tranquilo, que yo no necesito un ministro de exteriores en mi país”, ha dicho García-Page.

Además, ha afirmado que él no habría tenido “ningún problema en mantener cualquier tipo de encuentro”. “Creo que hubiera tenido mejor propósito de convencerlos; que yo me mueva de mis ideas es muy difícil porque están muy contrastadas, son 40 años de éxito constitucional”.

“Nunca renunciaré a intentar convencer de lo absolutamente ininteligente que es, en términos sociales e históricos, ese egoísmo que está detrás del independentismo. Lo digo con respeto. Ojalá pudiéramos convencernos con palabras sin tener que utilizar ningún otro mecanismo”, ha reiterado el presidente de Castilla-La Mancha.

“No se está juzgando por pensar de una manera”

En este contexto, García-Page ha subrayado que no cuestiona “para nada que en Cataluña haya gente que quiera tener el derecho a decidir”, sin embargo, considera que “por lo que se les está juzgado -en referencia al juicio sobre el procés que arrancó este martes- a algunos hoy en España no es por pensar de una manera, ni siquiera por opinar, sino por utilizar la Constitución y las instituciones de todos para socavarlas, y eso no está permitido en ningún país del mundo”.

“No discuto ni me tomaré la molestia de combatir que alguien en Cataluña pueda decidir por su cuenta. Eso sí, me voy a dejar la piel para que ese presunto derecho que quieren no vaya en contra del que tenemos todos los demás que es el de decidir entre todos lo que queremos”, ha finalizado García-Page sus referencias al conflicto catalán.

Las sucursales bancarias de Aragón recibieron en los últimos seis meses del año pasado un aluvión de 3.762 millones de euros que supone aumentar en más de un 10 % los depósitos de las oficinas de la comunidad, que alcanzan, de largo, su mejor registro de la década y cierran tres años consecutivos de descensos.

El grueso de ese dinero, 3.380 millones de euros según señala el Boletín Estadístico del Banco de España, llegó en el segundo semestre del año, en el que la intensificación del conflicto soberanista catalán empujó a miles de ahorradores de esa comunidad a desplazarse a bancos de las tres provincias aragonesas para abrir cuentas en ellas y domiciliar su dinero.

La magnitud del trasiego fue tal que entidades de pequeño tamaño como la Caja Rural de Teruel confirmaron el traslado de más de siete millones de euros con la apertura de dos centenares de cuentas en apenas cuatro días de primeros de octubre en oficinas de poblaciones limítrofes con Tarragona.

Un aumento de la recaudación por impuestos

El traslado de dinero tendrá entre sus principales beneficiarios a las cuentas de la comunidad autónoma, que hace dos años creó a propuesta de IU un impuesto sobre los depósitos bancarios acumulados en las oficinas bancarias de las tres provincias.

Los cálculos iniciales preveían unos ingresos de entre cinco y diez millones de euros en años “normales”, aunque el incremento registrado finalmente al cierre de 2017 desborda cualquier previsión.

No obstante, el impacto final del trasiego de dinero en las cuentas autonómicas, que se calcula a partir del aumento de ahorro menos los créditos concedidos, puede ser matizable, o incluso discutible en los juzgados, como consecuencia de la distorsión que provocarán en el cálculo final algunas operativas adoptadas por los bancos para no perder clientes, caso de la aplicación de las “cuentas espejo” en las que el cliente domiciliaba su dinero en la sucursal de origen catalana y en otra situada en otro territorio.

La cuestionable influencia del ‘procés’ soberanista catalán

La evolución de los depósitos bancarios de empresas y particulares durante el pasado año ofrece varios datos relevantes: aumentó en 6.103 millones de euros (de 1.140.814 a 1.146.917) tras crecer en catorce de las diecisiete comunidades, registrar un pequeño retroceso de 68 en Murcia y acusar dos notables desplomes en las dos ‘locomotoras’, con una caída de 14.423 en Madrid y de 29.119 en Catalunya; se aceleró a partir del verano, con una salida de 36.330 en esta última comunidad, que había recuperado más de 9.000 de enero a junio, y tuvo a las sucursales de los tres territorios más cercanos a esta como los principales beneficiarios del trasiego de dinero.

Las oficinas valencianas vieron aumentar sus depósitos en 8.660 millones de euros entre julio y diciembre y las de Baleares en 1.123, lo que, con los 3.380 de Aragón hace un total de 13.163 que supone algo más de la tercera parte del descenso registrado en las catalanas.

Esos datos parecen apuntar a una influencia del ‘procés’ soberanista catalán en el aumento de los depósitos en esas tres comunidades, aunque esa línea argumental resulta a todas luces insuficiente para explicar la evolución en Catalunya y Madrid, cuyo PIB se disparó el año pasado en casi 10.000 y más de 8.000 millones, respectivamente, con crecimientos por encima del 4%.

No, el camino del exceso no siempre lleva al palacio de la sabiduría. Pido perdón a Blake y a todos aquellos que en el fondo ansían que mañana se desate un mecanismo que restringiría, por primera vez en democracia, el contenido de una autonomía. Oigo el rugido que llega ahora, tras leer mi frase: ¡LA LEY, QUE CUMPLAN LA LEY! Es conmovedor cuántos excitados defensores le han surgido en las últimas semanas a la Ley. Yo ya les conté mi posición hace semanas (Lo imposible) así que no soy sospechosa, pero también alerté del riesgo de que se intente utilizar la vía penal para aquello que no sirve (Si saben cómo me pongo...).

Lo que veo es a demasiados partidarios del camino de exceso, de la mano dura, del frentismo y hasta de una mal llamada victoria que sólo enmascara la humillación. Casi sin excepción, parapetan su irritación tras una bandera patria y gritando como si la ley fuera un garrote. La legalidad debe volver a regir en Catalunya y, si se han cometido delitos durante estos días, los tribunales deberán seguir su instrucción con el proceso adecuado. Lo que no valen son los atajos. No valen los atajos, ni los senderos tortuosos, ni las leyes chicle, ni la razón de Estado tantas veces llamada a la mesa de una Justicia que no necesita de tal aderezo.

Mañana, no sólo Puigdemont tiene una cita con un requerimiento que puede servir de espoleta hacia lo desconocido. También la juez Lamela ha llamado a declarar a algunos de los investigados (imputados) en su causa por sedición. No es casualidad que me refiera a su causa. Lamela mantiene la competencia sobre tal delito contra viento y marea. Navega contra una resolución adoptada por todos los jueces de la Sala de lo Penal en 2008 y contra otra del Tribunal Supremo que afirman que los delitos de sedición y rebelión no son competencia de la Audiencia Nacional. Navega contra el hecho cierto de que todas las sentencias dictadas hasta ahora por sedición lo han sido por las Audiencias Provinciales de diversas provincias, tras ser investigadas por un juez de instrucción del territorio. Navega en contra con un velamen inadecuado. Lamela es muy de navegar contra el viento que antaño soplabaron en las jarcias de la Audiencia Nacional. Por eso tiene a los jóvenes de Alsasua presos preventivos como peligrosos FIES aplicándoles una norma posterior a ETA y hecha para los yihadistas y por eso persigue a los sediciosos catalanes con un bagaje jurídico trenzado por la fiscalía al calor del Código Penal del franquismo. Manda narices. Tengo ganas de que su persistencia en la competencia sea sometida a la revisión de la Sección Segunda de la Audiencia cuyos integrantes participaron en el auto de Pleno que negaba taxativamente tales competencias. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que al menos dos de sus antecesores en el juzgado nunca hubieran aceptado esta causa por sedición. Tampoco lo hubieran hecho con la de Alsasua. No sé, soy ingenua y aún creo en el sistema pero mientras, en pleno fragor del pulso catalán, hay una cita en la Audiencia Nacional que sirve de eficaz telón de fondo. Los tribunales no están para servirle de teloneros al poder político.

Si se han cometido delitos, que se investiguen hasta el final. Delitos. No apariencia de delitos ni ganas de delitos ni delitos en apariencia. Delitos. Hace mucho que me enseñaron que un tipo penal se parece a una pieza de puzzle. Para poder encajar una conducta en el tipo delictivo es preciso que ajuste con una precisión total. No vale decir es casi igual pero tiene una patita más delgada o un poco más corta o encaja pero los colores no tienen nada que ver. No, un delito es poder introducir la conducta precisa en el hueco determinado por el Código Penal. Una conducta no es delito porque no nos guste o nos atemorice o nos de la sensación de que no se adapta a lo normal. Tampoco es delito todo lo que nos gustaría que lo fuera, puesto que ha de estar reflejado en las leyes (ese puzzle) con anterioridad a que suceda. Por último, pueden perseguir a quien deseen con el garrote de la ley pero sólo les vale la ley vigente. Sucede que Lamela y la Fiscalía han hecho un extraño paseo por el código de 1973 para forzar la competencia y que eso no nos debe gustar.

También se ha publicado que el fiscal general del Estado reunió la pasada semana a los fiscales del Tribunal Supremo para explicarles su plan de imputar por rebelión a Puigdemont. No se extrañen. Yo he oído clamar ¡rebelión, rebelión! en muchas de las tertulias a las que he asistido estos días. Es verdad que en el artículo 472 del Código Penal se considera que la rebelión tiene entre sus fines proclamar la independencia de una parte del territorio y muchos dicen: ¡chupito, ya lo tenemos!. Es una lástima que esta pieza del puzzle añada que para que se produzca debe suceder que algunas personas se alcen violenta y publicamente. No es el caso. La pieza no encaja y eso le dijeron los fiscales del Tribunal Supremo a Maza.

¿Nos extraña que en Catalunya se estén produciendo hechos tan graves y que apenas sea posible hablar de otra cosa que de delitos de desobediencia, prevaricación y alteraciones del orden público? Estamos asistiendo a una forma de actuar novedosa (Insurrección) y que poco habían podido prever los legisladores democráticos ni tan siquiera los muy posteriores a 1995. Lo dije, el 15-M cambió muchas cosas y lo que se desarrolla en Catalunya responde a premisas que nada tienen que ver con las asonadas militares o las revoluciones populares que el legislador se cuidó de penar.

No obstante, sólo los que gustan de lo grueso deben preocuparse por ello. El Estado siguen contando con los medios necesarios para que no se produzca una independencia que en estas circunstancias es imposible. Lo que sucede es que las circunstancias y las leyes pueden variar porque en su interior contienen los mecanismos para ello y en eso consiste la democracia. Los difíciles momentos que hemos pasado juntos estos días, tanto los catalanes como el resto de españoles, han propiciado que Rajoy se muestre abierto a reformas constitucionales de las que antes abominaba. Entre los que buscan un nuevo encaje en este marco, los que quieren cambiar el marco de encaje, los que quieren un referendum legal y los actuales indepes hay ya un marco común que puede servir para empezar a hablar: las cosas no pueden seguir como están. Todos tendrán que dejar piel y raspa para llegar a un acuerdo. El futuro no se escribe por la victoria de un sector de españoles sino por la frustración parcial de casi todos ellos. Así se escribe la historia y no inventándose delitos inexistentes. Al tiempo.  

“Cuando un tanque se vacía, otro se puede llenar”. Así lo ha señalado el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, al referirse a la posibilidad de que Castilla-La Mancha ofrezca su suelo industrial a empresas de Catalunya. Nicolás cree que es una “gran oportunidad” para la región que factorías catalanas cambien su domicilio social por lo que ha señalado que “cualquier alcalde que tenga suelo disponible hace bien en ofrecerlo”.

“Si hay una fuga de empresas en un sitio, en otro sitio tendrán que ubicarse y lo normal es que la inquietud de los alcaldes sea que vayan empresas a su municipios”, ha concretado. Asimismo, preguntado por si le han llegado consultas concretas de empresas catalanas interesadas por las circunstancias de Castilla-La Mancha, Nicolás ha dicho que “hasta ahora no”.

Sin embargo, la consejera de Economía, Empresas y Empleo se ha mostrado más prudente. “Desde que empezamos hace dos años con toda la política de captación extranjera esta región está preparada para acoger cualquier iniciativa empresarial, pero no solo ahora, ya lo hacemos desde hace dos años”. Una medida que según la consejera está dando buenos resultados en cuanto a captación de nuevos proyectos que podrían implantarse en otras comunidades autónomas y sin embargo, lo están haciendo en Castilla-La Mancha.

“Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no hemos mantenido ningún contacto con ninguna empresa catalana que haya pedido implantarse en la región, insisto en que hay mantener la normalidad teniendo una política de puertas abiertas, de estímulo y de atracción, pero no me gustaría hacer de un problema que afecta a todos los españoles una oportunidad para este Gobierno”, ha señalado Patricia Franco.

La provincia de Toledo “se vende”

Toledo ha sido una de las primeras ciudades en ofrecer su suelo industrial, no solo a empresas de Catalunya sino “a cualquier empresa de España”.“Nosotros ofrecemos nuestro suelo industrial, que tenemos más de 400.000 metros cuadrados, para cualquier empresa de España, con lo cual dentro de España también está Catalunya”, ha asegurado la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón.

Por su parte el alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, ha ofrecido en un vídeo, a través de su cuenta de Twitter, los atributos de la ciudad a aquellas empresas que quieran marcharse de Catalunya. “Si estás pensando trasladar tu empresa de Catalunya, te hago una propuesta: #TalaveraUnaCiudadParaInvertir”, ha tuiteado el primer edil, acompañando esta afirmación de un enlace de un vídeo en el que se destaca las posibilidades laborales y comerciales de Talavera.

Otro municipio toledano que también ha ofrecido su suelo industrial ha sido Seseña. Su alcalde, Carlos Velazquez, ha asegurado que “en Seseña, las empresas catalanas podrán encontrar la seguridad jurídica y las mejores condiciones para facilitar su desarrollo industrial, sin sufrir el sectarismo y la incertidumbre que ha causado el Gobierno irresponsable de la Generalitat”.

En el escrito, dirigido a Sociedad Española de Automóviles de Turismo (SEAT), entre otras empresas, el alcalde señala la “excelente” situación geoestratégica de la localidad, situada a sólo 32 Km de la capital y muy bien comunicada y explica que Seseña está ultimando el Plan de Ordenación Municipal, que incluye creación de cinco millones de metros cuadrados de suelo industrial.

Albacete, “un buen lugar para invertir”

Twitter también ha sido la red social elegida por el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, para poner en valor el suelo industrial de la ciudad.

Un mensaje a través de Twitter en el que se puede ver un vídeo, recuperado de 2014, que promociona Albacete.

Pensando en los jóvenes, y aquellos que no lo son tanto, la alcaldesa del municipio albaceteño de Robledo, en plena Sierra de Alcaraz, ha ofrecido su terreno a cualquiera de las empresas que quieran salir de Catalunya. “Visto que la gente del pueblo me demanda trabajo y la juventud se tiene que ir fuera para buscarse la vida y al ver lo que pasa en Catalunya he pensado ¿Por qué no?”, dice Josefa Bañón.

Entre los atractivos que asegura tiene el municipio es la buena comunicación ya que la N-322, también conocida como carretera de Jaén, que une Albacete con la vecina provincia andaluza, pasa por este municipio. “Tenemos buena comunicación hacia el Levante, hacia Andalucía y Madrid”, cuenta Josefa Bañón que asegura que cuando la A-32, la autovía que unirá Linares y Albacete, esté finalizada, esas comunicaciones mejorarán porque “nuestro pueblo está en un punto estratégico”.

Empresas catalanas interesadas en instalarse en Guadalajara

En Guadalajara, según informa la Cadena SER, tres empresas de Catalunya se han interesado en estos últimos días por terrenos industriales de cara a instalarse en Cabanillas del Campo. Las tres han contactado ya con responsables municipales de la localidad interesándose por las condiciones de la zona y la disponibilidad de terrenos. Incluso una de ellas tiene cita esta misma semana para conocer de primera mano las condiciones.

Según ha podido saber la emisora se trata de empresas de tres sectores distintos, en concreto una de automoción, otra de logística y otra de transporte. En esta ocasión su intención no es sólo cambiar la sede social de la empresa sino toda la actividad industrial y empresarial.

Municipios conquenses dan a conocer su suelo industrial

Según Las Noticias de Cuenca, en el municipio conquense de la Alberca de Záncara su alcalde Francisco Quílez, ha anunciado su intención de ceder parcelas del polígono industrial de la localidad a empresas que se quieran instalar allí “sobre todo si son de Catalunya, dada la situación de inestabilidad que en esta región ha provocado el actual Gobierno separatista”, ha explicado.

Para el alcalde, su pueblo, ubicado a poco más de una hora en coche de la capital y en plena Mancha conquense, es una “excelente” opción para todos los que quieran disfrutar de las ventajas que ofrece un polígono nuevo, situado a 20 kilómetros de la autovía A-3, a 18 kilómetros de la N-301, próximo también a la A-43 y a 200 kilómetros de Madrid y Valencia.

El primer edil dirige principalmente su ofrecimiento a aquellos negocios que tienen sus sedes en Catalunya. “Ningún español hubiéramos querido llegar a la situción que ahora mismo tiene esa Comunidad, pero llegados a este punto, tanto las empresas como sus clientes tienen que salvaguardar sus intereses, y es por ello que desde este pueblo les tendemos una mano para lo que les haga falta y si con ello, no nos engañemos, revitalizamos la economía de esta zona, pues mejor”, afirma en un comunicado.

Ciudad Real, a través de una guía

Por último en Ciuda Real hace unos días, su alcaldesa, Pilar Zamora presentó una guía editada por el IMPEFE destinada a los inversores para que conozcan las posibilidades y potencialidades que tiene la capital de la provincia para que se asienten empresas aquí.“Nos vamos a encontrar todos los recursos que pone el Ayuntamiento a disposición de la inversión empresarial. Hemos puesto de manifiesto cómo son nuestros polígonos, dónde están situados, la capacidad que tienen y también les estamos contando las ayudas y las acciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento para facilitarles esa inversión en Ciudad Real”.

La guía, con formato de revista recoge las potencialidades de Ciudad Real por su ubicación geográfica, las vías de comunicación, los polígonos industriales, con sus características y su nivel de ocupación, el trabajo que desarrolla el IMPEFE, las ayudas del Ayuntamiento de Ciudad Real y de otras administraciones, un apartado de turismo, gastronomía y patrimonio configurando “un catálogo completo para estudiar Ciudad Real”.

Ayer, en la esquina de Cibeles, con calzón blanco, calentaba a ritmo de batucada, como en muchos otros ayuntamientos, la España que piensa que siempre se está a

tiempo de evitar lo peor y la que cree que una diferencia entre hermanos no puede

saldarse a golpes, porque delante queda toda una vida, a ser posible juntos pero con una separación honrosa si fuera menester. En la esquina de Colón, y con calzón rojigualda, se frotaban la espalda con banderas los que creen en la mano dura y en ciertas dosis de humillación para obligar a la realidad a volver a ese sitio confortable del que no debió salir sin preguntarse jamás hasta que punto esta dislocación de la historia no se debe en parte a su inflexible postura. En la esquina de la Plaza de San Jaume continúan dando golpes al aire los que creen que si tus legítimas aspiraciones no logran encajar dentro del marco legal común, puedes saltártelas y estallar las costuras del calzón de la convivencia, sin reparar en que uno termina en pelotas. La cuarta esquina del ring es de todos aquellos que no saben, callan o no contestan u observan expectantes en sus casas a saber como se resuelve una crisis que no ignoran que también les afecta.

Si somos sinceros reconoceremos que los púgiles de tres de las esquinas quieren

básicamente lo mismo, una forma de continuar conviviendo juntos dentro de España, y que difieren en la forma para lograrlo. Si somos sinceros veremos que además del drama de Catalunya, no es menor el que nos ha vuelto a colocar a todos en un cuadrilátero en el que no existe un árbitro para separarnos en caso de que la pelea se vuelva sucia y fuera de las reglas. Los que entienden que el Rey cumplió ese papel hace una semana sólo dominan una o dos de las esquinas y conviene no olvidarlo.

Como nos recuerda Montaigne, puede lograrse el mismo fin con distintos medios y en la disputa de cuáles sean esos medios reside la principal disensión que está fragmentando estos días a toda la sociedad española. Cuenta el francés inmortal como Scandenberg, príncipe de Epiro, perseguía a uno de sus soldados traidores para darle muerte. Este, en vez de suplicarle, decidió esperarle con la espada empuñada. Tal resolución frenó en seco la ira de su señor, que al verle tomar una decisión tan honorable, le otorgó la gracia. No, las cosas no se resuelven siempre de la forma más obvia y no siempre la humillación es el paso preciso para obtener la generosidad.

Los del calzón rojigualda no quieren diálogo porque dicen que con golpistas no se habla, que sólo se hace caer sobre sus cabeza el peso de la ley. El propio gobierno afirma que no puede dialogar con los insurrectos hasta que no cesen en su actitud. Dejemos aparte que lo sucedido en Catalunya nunca ha sido un golpe de estado, ya que el poder político no se ha intentado tomar de modo violento, ni el Estado Español ha estado en ningún momento siquiera amenazado. Tomemos aún así su propio argumento y preguntemos: ¿qué hizo el rey Juan Carlos para sofocar el, ese sí, golpe de Estado del 23-F? Que yo sepa, hablar. Levantar el teléfono y hablar con los jefes militares sublevados. Claro que se puede hablar. Siempre se puede hablar. Se debe hablar. Parlamentar, que no es otra cosa que entablar conversaciones con la parte contraria para intentar ajustar la paz. De ahí, de los jefes enfrentados o sitiados que avanzaban en solitario a un punto en el centro del campo de una batalla interrumpida para hablar, viene la palabra que actualmente designa al núcleo de fuerza del poder democrático, el parlamento.

Y no, hablar no es de débiles. El propio cardenal Mazarino, poderoso y descarnado,

recuerda en su breviario de los políticos que incluso si el pueblo se rebela violentamente se le puede hacer volver al buen camino por mediación de hombres de bien. Aunque también insiste en que si se desea corregir a alguien, es mejor discutir con él sobre cómo se puede poner remedio a su error ya que preferirá hallarlo por si mismo e imponerse su propia corrección. Es evidente que tales nombres no aparecen en el Marca ni siquiera en el crucigrama.

La situación actual es propicia para que actúen las fuerzas de la prudencia y de la palabra. Las grandes corporaciones acaban curiosamente de demostrar cómo un movimiento estratégico es mucho más efectivo que una violenta carga policial o un mensaje real rígido y sin burladeros. Comienzan a atisbarse las primeras fracturas en el para muchos incautos compacto bloque independentista. Nada más lejos de la realidad y los catalanes conocen bien la esencia de tal amalgama. No es de idiotas pretender que la argamasa que los une se disgregue un poco y deje entrar en juego otras posibilidades.

Tremolan también muchos junto a sus banderas la ley como garrote. Restablecer la legalidad es su lema. No he sido yo la menos volcada en explicar que toda solución democrática a un conflicto debe pasar por el respeto al Estado de Derecho. Lo mantengo. No obstante lo real es que la legalidad sigue estando presente en Catalunya. El referéndum, jurídicamente no fue tal y tras la última decisión del Tribunal Constitucional, si se llegara a proclamar la independencia de Catalunya no sería sino un acto folclórico puesto que no tendría ningún efecto legal. La Justicia sigue su camino y los que han incumplido la ley están incursos en procedimientos que tendrán el fin que en Derecho corresponda. Ya les dije que una independencia unilateral es imposible y Mas ha terminado reconociéndoselo con mayor o menor nitidez a Financial Times.

Hablemos pues sin rebozo. Como dice Carlin en The Times, si los nacionalistas mantienen posturas infantiles, los políticos de Madrid han descendido al mismo nivel. Hablemos antes de que sea demasiado tarde. Hablar nunca fue cosa de débiles.

Banco Santander, Telefónica... y próximamente, Iberdrola. El desfile del Ibex 35 por San Telmo -que en menos de una semana se ha saldado con dos importantes convenios para la comunidad autónoma- va más allá del compromiso de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, para impulsar “un nuevo modelo productivo”. Tiene mucho que ver con la petición que, conscientes de su peso en el PSOE, le han hecho las empresas para que medie en el conflicto catalán, dado que les preocupa, y mucho, una ruptura que perjudicaría seriamente a sus negocios.

la presidenta andaluza mediará pero, a cambio, quiere contrapartidas para Andalucía, que de momento se han plasmado en sendos convenios. Y les seguirán más, porque está en negociaciones -cada uno de los pactos firmados hasta ahora ha implicado varias reuniones- con Iberdrola, y también con Caixabank y Endesa, entre otras, según confirman fuentes del Gobierno de Andalucía. En el horizonte está la reunión que el 3 de febrero mantendrá con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, donde tendrá ocasión de hacer su primera demostración de fuerza.

En este contexto, Susana Díaz obtiene dos cosas: la oportunidad de que Andalucía esté en la primera línea del debate sobre el modelo territorial, y convenios que suponen inversiones y potencial empleo, especialmente entre los jóvenes, porque esta es una de sus “obsesiones”, según fuentes cercanas. Por eso estos pactos -como el que se quiere rubricar con Iberdrola en torno a la economía relacionada con el mar (la azul)- incluyen becas para formación y para prácticas.

Por su parte, las grandes empresas sacan también dos beneficios: la garantía de una mediadora que en poco tiempo se ha posicionado como uno de los nombres más relevantes la política de este país y una comunidad autónoma que, en términos geográficos, demográficos y socioeconómicos, goza de una dimensión que no puede ser pasada por alto a la hora de plantear una estrategia de posicionamiento corporativo e institucional por parte de multinacionales como las del Ibex 35. Lo dicen los datos del Eurostat: Andalucía tiene más territorio que países como Austria o la República Checa, casi la misma población que Suecia y un peso económico similar al de Portugal.

En cualquier caso, otra cosa es el poder real de Susana Díaz ante Artur Mas y ante las direcciones del PSOE y del PSC. “Andalucía puede y debe jugar ese papel de estabilizador nacional, pero una cosa es el escaparate y otra la trastienda, mucho más corta de lo que parece”, dicen en este sentido fuentes conocedoras de las negociaciones. De momento, sí ha convencido a algunos de los principales empresarios del país. Estos aguardarán expectantes a ver cómo les sale una apuesta con una importante inversión y con la que, de todas maneras, saben que no van a perder.

Con el Santander

El convenio con Emilio Botín supone 500 millones de euros de préstamo para Andalucía, a un interés por debajo del 5%, junto a una inversión de 1,6 millones de euros. Pero implica mucho más. Es un cambio de tendencia: ha sido el primer crédito de esta envergadura firmado los últimos años directamente por una comunidad autónoma, después de que con la crisis se impusiera el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), en el que todo pasaba por la Administración General del Estado con los correspondientes intereses extra. Todo hay que decirlo: que Andalucía sea de las comunidades autónomas menos endeudadas parece que ha ayudado para que el primer banco del país haya decidido hacerlo.

Hay quien incluso ve aquí un mensaje de los empresarios a Mariano Rajoy: “Ha puesto en evidencia al ministro Cristóbal Montoro”, decía la pasada semana el diputado por Sevilla y secretario general del PCE, José Luis Centella, en referencia a que la banca sí consideraba a Andalucía una tierra “solvente, fiable y atractiva para la inversión”.

Con Telefónica

Mientras, el pacto con Telefónica firmado este lunes, supone el mayor convenio de colaboración público privado en materia de emprendimiento firmado hasta la fecha en España, y el estreno en Andalucía de un proyecto que la multinacional quiere poner en marcha en todas las comunidades autónomas. La puesta en escena ha sido importante: casi 200 invitados en el Salón de los Espejos del palacio de San Telmo, incluido el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, en una aparición que ha sido su despedida del cargo.

Se firma, además, con una empresa con la que este primer trimestre del año se resolverá una de las mayores sanciones impuestas por la Junta de Andalucía hasta la fecha: 920.000 euros por tres infracciones muy graves de la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios. Expediente que, por cierto, ha salido de la Dirección General de Consumo, en manos de IU, cuyo coordinador regional, Antonio Maíllo, respondía crítico al convenio con los “usureros”, en relación al pactado con el Santander. Bien es cierto que, también por IU, el vicepresidente de Andalucía, Diego Valderas, alababa las bondades del crédito con el Santander.

La valoración del PP

De hecho, con esta estrategia, consigue también amortiguar el recurso de la oposición de hablar permanentemente de la “radicalidad” de un Gobierno de Andalucía “controlado por los comunistas”. Los principales empresarios del país no han dudado en confiar en el negocio que puede ser Andalucía, igual que la izquierda sabe que de la crisis no se sale sin las empresas. De hecho, a una valoración del convenio con el Santander por el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, en el que acusaba a Susana Díaz de hacerse “la foto” con Emilio Botín y “apoyar las expropiaciones” -en referencia a la Ley de la Función Social de la Vivienda- le ha seguido este lunes una reflexión más cauta de la vicesecretaria general de Organización, Ana Corredera, quien ha calificado estos proyectos como “positivos, si sirven para generar empleo”.