Una jueza ha archivado la denuncia del líder del pseudosindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, contra el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, en relación con la aparición y fuga del expresident de la Generalitat en Barcelona el pasado mes de agosto el día de la investidura de Salvador Illa.

En un auto, la magistrada Carmen García resuelve que la denuncia presentada por Bernad “carece del más mínimo rigor” y no presenta “comportamiento delictivo alguno” del abogado. Recuerda además que, en cualquier caso, la ley dispensa a los letrados de declarar en contra de sus clientes. .

La fugaz aparición y fuga de Carles Puigdemont en Barcelona del pasado 8 de agosto desembocó en un enfado del Tribunal Supremo y querellas varias de ultras como Alvise Pérez, Vox, Manos Limpias o Hazte Oír.

Manos Limpias había denunciado a Boye por un delito “de obstrucción a la justicia y de la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución como cómplice y encubridor”.

La Justicia ya descartó imputar al antiguo conseller de ERC Joan Ignasi Elena y a su cúpula policial, como reclamaba la extrema derecha, y ahora sigue el mismo camino con la denuncia presentado contra el abogado de Puigdemont.

La investigación se limita a tres agentes de la policía catalana. Esta investigación fue iniciada por los propios Mossos tras el fracaso de su operativo para detener a Puigdemont el día del debate de investidura de Salvador Illa. El expresident, que había prometido acudir al debate de investidura, se limitó a dar un breve discurso bajo el Arco del Triunfo para a renglón seguido subirse a un coche y huir de nuevo a Bélgica.

Los Mossos detuvieron a los tres agentes, si bien tras pasar a disposición judicial quedaron en libertad. Todos ellos permanecen suspendidos de empleo y sueldo y están siendo investigados por el juzgado de instrucción 24 de Barcelona.

En el informe que remitieron al Tribunal Supremo sobre el dispositivo fallido para arrestar a Puigdemont, los Mossos admitieron que la “maniobra de distracción” del expresidente catalán, en un movimiento que “escapa a toda lógica racional o política”, les sumió en una situación de “confusión” e “incertidumbre” que impidió detenerle.

Manos Limpias ha denunciado al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, por “cómplice, encubridor y cooperador” en la huida del expresidente tras su regreso a Catalunya y la desaparición el día de la investidura de Salvador Illa. Según ha avanzado 'El Nacional', la entidad pidió su detención ante la “gravedad de los hechos”.

Manos Limpias le señala por un presunto delito “de obstrucción a la justicia y de la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución como cómplice y encubridor”. La denuncia fue interpuesta por el secretario de la organización, Miguel Bernad, que asegura que Boye “está actuando como el cerebro de todas las actuaciones delictivas” de Puigdemont.

La entidad indica que el hecho de que Boye estuviera sobre el escenario el 8 de agosto desde donde Puigdemont pronunció un breve discurso y que le acompañara al bajar “cogiéndolo del hombro” minutos antes que el expresidente desapareciera, es una “prueba inequívoca” de su implicación.

También manifiesta que Boye actúa como “portavoz” del líder de Junts por sus publicaciones en X relacionadas con la operación. Según publica la Agència Catalana de Notícies (ACN), Boye todavía no ha recibido la denuncia y se ha enterado de la misma por la prensa. “Es evidente que a algunos les molesta que ejerza como abogado del presidente Puigdemont”, ha publicado en X tras conocer la noticia.

Poco después ha hecho otra publicación en la que asegura que “no hay nada más desgastador para el poder injustamente ejercido que la no violencia activa, que consiste en recurrir no a métodos violentos, sino al uso de la fuerza de la razón. Quienes la practican demuestran una de las formas más complejas y perfectas de desobediencia civil”.

La aparición fugaz de Carles Puigdemont ante cientos de personas en Barcelona se ha convertido en una búsqueda del expresident por parte de los Mossos d'Esquadra. La policía autonómica catalana activó hacia las 10.00 horas de la mañana la llamada 'Operación Jaula' para intentar localizar y detener al líder de Junts, en paradero desconocido desde instantes después de bajarse del escenario donde se ha dirigido a sus seguidores. El operativo ha durado hasta las 18:30 horas aproximadamente y, desde entonces, sólo quedan algunos controles puntuales.

Por seguridad, la policía catalana no puede detallar dónde se encuentran pero sí han especificado que se enfocan en puntos clave cercanos a la frontera y confirman a elDiario.es que siguen buscando a Carles Puigdemont.

Durante la mañana los Mossos han arrestado a uno de sus agentes acusado de ayudar en la huida por ser el dueño del coche en el que, supuestamente, Puigdemont ha abandonado las inmediaciones del Parlament. Ya por la tarde los Mossos informaron de una segunda detención de otro agente. Además, la Conselleria de Interior de la Generalitat abrirá una investigación para aclarar por qué se ha perdido la pista del expresident, y adelantan que “seguramente habrá más detenciones de colaboradores en relación a la huida del presidente Puigdemont”.

El viernes por la mañana, el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena comparecerá en una rueda de prensa para dar explicaciones por la detención fallida de Puigdemont. Y lo hará acompañado del director general de la policía catalana, Pere Ferrer; el comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent; la comisaria de prefectura, Rosa Bosch, y otros mandos.

El dispositivo policial ha sido extenso y se ha desplegado por toda Catalunya, con diversos controles en diferentes puntos estratégicos de las carreteras, así como en las salidas de Barcelona y puntos fronterizo. Fuentes del Departament de Interior han confirmado a elDiario.es que, después de cuatro horas, el dispositivo policial se retiró de las carreteras por razones operativas. A media tarde, el operativo volvió a reanudarse.

Las mismas fuentes han explicado a este medio que los Mossos habían diseñado una detención “proporcional” para Puigdemont y no contaban con que el expresident huyera y no siguiera sus planes que, tal como él mismo había anunciado, eran presentarse en el Parlament. La detención “discreta” suponía no hacerla delante de los miles de manifestantes presentes en el Passeig Lluís Companys, donde ha realizado su primer discurso público tras su regreso a Catalunya.

Justo después de su intervención, ha sido arropado por miles de manifestantes y por personas de su confianza, que debían acompañarle en una comitiva en su camino hacia el Parlament. La intención era hacer la detención una vez dentro del Parc de la Ciutadella, donde se encuentra la cámara catalana y una vez pasado el blindaje de los Mossos d'Esquadra, que impedía el acceso a la ciudadanía.

Pero antes de que se pudiera efectuar la detención, el expresident ha salido del radar de la policía. Todo ello frente a la mirada de decenas de periodistas, cámaras de televisión y agentes de seguridad, que no han podido detectar ni el momento exacto ni la manera en que Puigdemont ha desaparecido. La policía autonómica catalana ha activado entonces una operación jaula con controles de búsqueda de los potenciales vehículos en los que podría viajar el expresident.

El dispositivo de seguridad ha tenido diversos ámbitos de acción según el nivel de búsqueda y, al inicio, los Mossos d'Esquadra se han centrado en el ámbito metropolitano, pero actualmente ya afecta a toda Catalunya. Tras la desaparición de Puigdemont, los agentes han seguido explicando que todo estaba bajo control y que tenían localizado al expresident, pero ahora ya confirman que no tienen idea de su paradero.

El expresident catalán llevaba días anunciando su regreso a Barcelona después de siete años fuera de España esquivando a los tribunales que le reclamaban por su papel en el procés independentista de 2017. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, anunció hace pocos días que la amnistía no perdonaba su delito de malversación y que seguía en búsqueda y captura dentro de las fronteras españolas.

Puigdemont ha reaparecido poco antes de las nueve de la mañana y se ha subido a un escenario ubicado a pocos metros del Parlament, desde el que se ha dirigido a cientos de sus seguidores. Ha sido después de bajarse del escenario cuando ha desaparecido: mientras los diputados de Junts y sus colaboradores entraban al edificio, nadie era capaz de ubicar al expresident.

Un plan “perfecto”

Finalmente, os colaboradores de Puigdemont abandonaron el Parlament: su abogado Gonzalo Boye, su jefe de oficina Josep Lluís Alay y el empresario Jami Matamala.

Después, el abogado Jordi Cabré, del equipo de defensa de Puigdemont, ha afirmado que el plan que habían ideado para su retorno ha salido “perfecto” y que el objetivo del político catalán no era “hacerse detener ni boicotear ninguna sesión de investidura”. En una entrevista de ElNacional.cat recogida por Europa Press, ha dicho que la finalidad del expresidente era “ejercer su derecho como diputado electo” en el Parlament y ha añadido que aún lo mantiene.

Al preguntársele por el paradero de Puigdemont, ha respondido que lo desconoce y que no sabe si se dará a conocer en las próximas horas, pero ha celebrado que hasta el momento el resultado de lo planeado “ha sido perfecto”. “Hemos sufrido mucho hasta cinco minutos antes de que llegara el presidente. Por tanto, puedo decir que la montaña escalada durante la mañana ha sido fuerte”, ha explicado Cabré.

Ya es una realidad: ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Son 23 páginas de un texto del que llevamos hablando meses y, tanto si cumple su objetivo como si no lo hace, es un documento histórico. Ahora, después de todo lo que se ha hablado, podemos leer con calma cada detalle de la nueva ley. 

Para comprender mejor lo que se ha pactado y conocer los casos que puedan entrar en la ley de amnistía preguntamos por algunos casos concretos al director de elDiario.es, Ignacio Escolar. 

Lee aquí el texto completo de la ley de amnistía

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El “objetivo real” del programa Pegasus no era evitar delitos sino “el espionaje de periodistas y políticos disidentes” en todo el mundo, como es el caso de los independentistas catalanes. Así lo expone el letrado, entre otros, de Carles Puidemont, Gonzalo Boye, una de las víctimas del 'software' malicioso, en su querella contra la empresa que vende el programa, NSO Group.

Boye es el primer afectado del espionaje que, además de contra la firma, dirige su acción penal contra sus tres directivos, Niv Karmi, Shalev Hulio, y Omir Lavie –cuyas iniciales forman el nombre de la empresa, NSO–. El motivo es que el espionaje mediante Pegasus “es materializado” por la propia empresa y los datos de los teléfonos infectados se almacenan en sus servidores. Es decir, la empresa no vende el programa directamente a un organismo estatal, sino que comercializa el resultado del 'hackeo'. “Quien realiza el encargo de espionaje solo recibe una copia de lo obtenido pero nunca el original del material espiado”, recalca Boye en su querella.

La querella, de más de 100 páginas, se ha interpuesto en los juzgados de Madrid por ser el lugar donde tuvieron lugar la mayoría de pinchazos al teléfono del letrado. El esquema de la acusación se repetirá en la veintena de acciones legales en las que trabaja Boye, defensor de varios políticos y espiados de Junts, y que presentarán en distintos juzgados de España, Alemania, Bélgica o Luxemburgo.

El letrado enmarca las infecciones con Pegasus a un mínimo de 65 políticos, abogados y familiares de dirigentes independentistas en un “contexto político en el cual se diseña, establece y ejecuta el sistemático espionaje” a “mayoritariamente miembros de la minoría nacional catalana”. Los ataques, apunta Boye, “habrían sido dirigidos de manera organizada y concertada”.

En el caso de Boye, la querella alega que el espionaje afectó no solo a su derecho a la intimidad y al secreto de comunicaciones sino que derribó por completo la confidencialidad con sus clientes. Las infecciones se disfrazaban de notificaciones de supuestos tuits de ONG, el periódico 'The Guardian', y las revistas 'Columbia Journalism Review' o 'Politico'. Según el informe forense elaborado por Citizen Lab, Boye fue objeto de un mínimo de 18 ataques con el sistema Pegasus entre enero y mayo del año 2020. El 30 de octubre de 2020 hubo otra infección.

Todos esos momentos coincidieron con “relevantes momentos” del ejercicio de la defensa de varios independentistas que realiza Boye. Solo 48 horas antes del último ataque, recuerda Boye, asistió al jefe de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, arrestado en la operación Voloh. Los ataques sufridos durante el confinamiento, además, coincidieron con reuniones a las que pudo tener acceso Pegasus en las que Boye preparaba la defensa de clientes como Puigdemont, los exconsellers que permanecen en Bélgica, el entonces president Quim Torra o la ahora presidenta del Parlament, Laura Borràs.

Entre las diligencias que Boye pide practicar al juez, destacan la toma de declaración, en calidad de peritos, a los expertos del laboratorio canadiense Citizen Lab, que analizaron los teléfonos de los independentistas espiados. También pide averiguar si existen “datos económicos” en España de los tres directivos israelís, que se les tome declaración como imputados en su país así como enviar varios requerimientos de cooperación judicial a Israel, que hasta ahora ha guardado silencio al ser preguntado por el juez de Barcelona que también investiga el caso Pegasus.

En concreto, el letrado solicita requerir a las autoridades israelís para que entreguen los “pagos relacionados, exclusivamente, con empresas, personas o entidades públicas españolas o con aquellas que hayan tenido como origen inicial España o servicios prestados hacia España”, así como obligar a NSO Group a que aporte “la documentación acreditativa de todos los contratos, convenios o cualquier clase de acuerdo que se haya suscrito con el gobierno de España, el Centro Nacional de Inteligencia o cualquier organismo público español o empresa privada española o que trabaje con entidades españolas” para vender los datos obtenidos mediante Pegasus.

Al titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona se le viene mucho trabajo encima. Los independentistas espiados por el programa Pegasus en España centralizarán en este juzgado, que ya investiga la infección del teléfono del expresidente del Parlament Roger Torrent, las querellas para esclarecer quién y cuánto ha costado la pérdida de su intimidad y del secreto de sus comunicaciones. 

A falta de un acto unitario con los 65 espiados, han sido sus abogados los que han comparecido públicamente este viernes para explicar los primeros pasos de la estrategia legal que seguirán. Gonzalo Boye, representante de los espiados de Junts y también espiado, al igual que Andreu Van den Eynde, letrado de ERC, han mantenido un coloquio con Benet Salellas, abogado de la CUP y Òmnium Cultural, y Antoni Abat, defensor de la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

El primer paso de las defensas de los espiados es apuntar hacia NSO Group, la empresa israelí que comercializa el 'software' espía. Una vez constatado el silencio de Israel para esclarecer el espionaje de Torrent, la alternativa pasa por reclamar la información a una jurisdicción más proclive a la colaboración: Luxemburgo, país en el que NSO Group tiene su filial europea. 

Hace más de un año, a Israel el instructor de Barcelona solicitó que exigiera a NSO Group si comercializaba el programa Pegasus y la “información, datos o registros” que conservaban respecto los móviles de Torrent y Maragall. Un año y medio después, siguen sin llegar las respuestas de las autoridades israelíes.

Salellas ha explicado que los responsables de NSO Group han alegado, en una causa que se sigue en California por espionaje, que antes de vender Pegasus se realiza un expediente previo del comprador para detectar un posible uso del programa desligado de la investigación del terrorismo. La empresa también asegura controlar a posteriori si la agencia de seguridad estatal que lo ha comprado lo emplea respetando los derechos humanos. 

“Es evidente que en el Catalangate se ha hecho mal el control previo o el posterior al buen uso del producto”, ha aseverado Salellas, quien ha remarcado que como mínimo se puede imputar a la empresa una “falta de diligencia debida” en el espionaje de independentistas. 

Por ahora se intentará dar con el comprador del 'software' espía a través de la empresa israelí que lo vende, si bien Salellas ha afirmado que existen “indicios muy evidentes de participación de agencias estatales españolas”. “Pero no tenemos claro cuáles son, si solo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o también la Guardia Civil o la Policía Nacional”, ha apostillado. 

En suma, el planteamiento de los espiados es que se acabe investigando tanto al CNI como a las dos fuerzas de seguridad estatales para comprobar si usaron el programa espía, pero el primer paso será ir a por la empresa NSO Group. El Ministerio del Interior ha desmentido con contundencia que los cuerpos estatales tengan el 'software' espía.

Los letrados también han rebatido las alegaciones del Gobierno, que en todo momento ha mantenido que las intervenciones telefónicas se han hecho con arreglo a la ley. “El debate -ha centrado Salellas- no es si hay autorización judicial, es si hay argumentación para justificar una afectación tan masiva de derechos fundamentales para proteger al Estado del independentismo, que está claro que no la hay”.

“Aquí lo que ha habido es un espionaje ilegal y es necesaria la investigación de hechos delictivos”, ha abundado Boye, quien pilotará las querellas que se interpondrán en países europeos donde también se espió a independentistas mediante el programa Pegasus. El letrado ha incidido en que en el extranjero “no se entienden” las palabras de la ministra de Defensa Margarita Robles, para justificar el espionaje a independentistas.

Por su lado, Van den Eynde ha incidido en que una investigación por terrorismo como la abierta a Tsunami Democràtic en 2019 tampoco justifica el espionaje, ya que supondría “la instrumentalización de calificaciones jurídicas desproporcionadas para poder aplicar un derecho penal de excepción”. El letrado ha incidido en que se debe “trabajar para llevar a los jueces al rincón del que no puedan escaparse y presionarlos técnicamente para que investiguen”, en paralelo a que la ciudadanía “debe presionar para que los órganos del Estado den explicaciones”.

Por su parte, Abat ha denunciado que existe una “persecución ideológica al independentismo” y que esta no tiene “ningún tipo de justificación jurídica ni política”, ya que “el hecho de ser independentista no implica ningún acto antijurídico ni que sea reprobable penalmente”.

15 de mayo de 2020. Mientras España empezaba a salir del confinamiento, los abogados del procés debatían por videoconferencia y mensajes sobre la inesperada discrepancia entre un juez de vigilancia penitenciaria y la Fiscalía a cuenta del modo de cumplimiento de las condenas por sedición. Por aquellas fechas el 'software' espía Pegasus infectó el móvil de Andreu van den Eynde, letrado de Oriol Junqueras. El programa pudo acceder a todo el contenido de su teléfono, además de activar su micrófono. Toda la vida profesional y personal del abogado contenida en su móvil estuvo a disposición del organismo que encargó el ataque con Pegasus.

El 'hackeo' indiscriminado mediante el programa espía de origen israelí no solo afectó a políticos independentistas, sino también a varios abogados. Además de Van den Eynde, el defensor de Carles Puigdemont y otros políticos de Junts, Gonzalo Boye, recibió hasta 18 ataques entre marzo y octubre de 2020. Interceptar las comunicaciones de un letrado es una vuelta de tuerca al espionaje, ya que acaba con un pilar básico de su profesión –el secreto con su cliente– y puede poner en peligro el derecho de defensa y las estrategias jurídicas en una investigación en curso.

“Pegasus es una invasión total y absoluta del secreto de las comunicaciones y de la intimidad de las personas, porque puede activar el micrófono o la cámara del teléfono. Cuando esto le pasa a un abogado, es como si te escucharan en el despacho: el secreto profesional con el cliente salta por los aires”, reflexiona Joan Ramon Puig, presidente del Consell de l'Advocacia Catalana (CICAC), que agrupa a los 40.000 letrados repartidos entre los 14 colegios de la abogacía de la comunidad.

La catedrática de Derecho Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Mercedes García Arán explica que, con el Código Penal en la mano, el hecho de espiar a un abogado no supone una agravante en el delito de revelación de secretos en el que se encuadraría el espionaje con Pegasus. Que no esté reflejado en el Código Penal, abunda García Arán, no resta gravedad a la “descalificación moral y penal” que merece desmontar la confidencialidad entre letrado y cliente sin causa justificada. “Espiar ya es grave de por sí, pero hacerlo a un abogado es un paso más”, agrega.

Puig recuerda que, al ser integral y masivo, el espionaje no solo ha afectado a las conversaciones con el cliente, sino que también puede abarcar los debates con otros letrados con los que los afectados comparten las defensas de una causa. “Se ha atentado contra el derecho de defensa, es un ataque a la línea de flotación del sistema y a un aspecto fundamental en el funcionamiento de la justicia”, alerta el presidente del CICAC.

El alcance, tanto a nivel de víctimas como de intrusión en las comunicaciones, del espionaje con Pegasus no tiene antecedentes en nuestro país. Las escuchas de las conversaciones entre acusados y sus abogados son excepcionales, aunque se han producido en la historia judicial española. El caso más relevante fue el del juez Baltasar Garzón, condenado por intervenir las conversaciones entre los imputados de la trama Gürtel en prisión y sus abogados. En otros casos el juez que ordenó los pinchazos entre letrados y acusados no fue condenado y simplemente se declararon nulas las pruebas. Por ley, las comunicaciones entre un preso y un abogado no pueden intervenirse salvo por orden judicial en casos de terrorismo. El problema es que, en el caso Pegasus, a día de hoy no se sabe quién dio la orden de espionaje.

La Abogacía reclama explicaciones

Para Puig, las explicaciones que hasta ahora ha dado el Gobierno son “insuficientes”. El presidente de la abogacía catalana se muestra escéptico con una comisión de investigación parlamentaria –“puede conducir a juicios paralelos sin hallar la verdad material”– y aboga por profundizar la investigación judicial abierta en Barcelona hace dos años tras el primer episodio de espionaje con Pegasus padecido por los republicanos Roger Torrent y Ernest Maragall. “El espionaje ha existido y no se puede discutir. Ahora hay que averiguar sus autores, si es preciso levantando secretos oficiales”, reclama.

Por ahora, el juez que investiga desde hace dos años en Barcelona el espionaje de Pegasus a los republicanos Roger Torrent y Ernest Maragall, las primeras víctimas conocidas, no ha apuntado hacia el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como lo reclamó Van den Eynde. La causa por ahora se encuentra a la espera de respuestas de Israel, sede de la empresa israelí que comercializa Pegasus, e Irlanda, pero se espera una oleada de personaciones de víctimas del programa espía, que a su vez pedirán más diligencias al juez.

Las peticiones judiciales para que el Gobierno comparta información reservada son excepcionales, pero no inéditas. El Ejecutivo desclasificó en 2018 documentación secreta sobre la operación Kitchen, diseñada por el Ministerio del Interior en 2013 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas. Con la desclasificación, el juez pudo llamar a declarar a algunos testigos clave, exaltos cargos policiales, sin que estuvieran sujetos a la Ley de Secretos Oficiales.

La hipótesis que barajan la mayor parte de los espiados es que el encargo de Pegasus habría partido desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Una ley de 2002 obliga al servicio de inteligencia a obtener el permiso de un único juez del Supremo para intervenir las comunicaciones, pero ahí acaba la fiscalización judicial de su trabajo. Los resultados son materia clasificada que debe ser remitida al presidente del Gobierno.

¿El espionaje a abogados puede conducir a anular las causas relacionadas con el proceso soberanista en las que intervienen? García Arán prefiere no aventurar una respuesta hasta que la investigación no arroje más luz sobre el autor del espionaje, mientras Puig sí apunta a la posibilidad de nulidades: “La opción de escuchar a un abogado está muy restringida y debe justificarse mucho, además de tener una constancia previa de un hecho delictivo en el que esté implicado”.

Un tema al día, el podcast de elDiario.es

Judicialización de la política, instrumentalización de la Justicia…, el término lawfare viene a simbolizar la guerra judicial que en demasiadas ocasiones está en el primer plano de la actualidad informativa. Y precisamente El lawfare se llama la conferencia-coloquio que ofrece este jueves el abogado Gonzalo Boye en Sevilla.

El acto dará comienzo a las 19 horas en el centro Cívico Virgen de los Reyes de Sevilla. Organizado por el Ateneo Republicano de Andalucía, de moderar el coloquio se encargará la Laura Flores, profesora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

Boye, profesor asimismo de Derecho Procesal Penal, es conocido por haber estado presente en algunos de los casos más simbólicos y mediáticos que se han desarrollado en España en los últimos años como el del 11-M y el de Bárcenas. También ha formado parte del equipo jurídico de Edward Snowden y ha presentado querellas contra Israel por los bombardeos a Palestina y contra EEUU por Guantánamo.

Valtònyc y Puigdemont

Ha defendido al rapero Valtònyc, acusado de enaltecimiento del terrorismo e injurias al rey de España, y desde 2017 es el abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Además de articulista, es autor de varios libros, el último de los cuales lleva por título¿Cloacas? Sí, claro, en el que relata su defensa de Puigdemont y del también expresidente catalán Quim Torra, además de responder a las acusaciones que se hicieron contra él por presunto blanqueo de capitales.

El Ateneo Republicano de Andalucía es una asociación cultural que se define como espacio de encuentro y acción, con el objetivo de promover la cultura y los valores de la República desde todos los ámbitos y sensibilidades. En el presente curso inició sus actividades a principios de octubre con una conferencia en la Fundación Blas Infante a cargo del economista y profesor universitario Manuel Delgado Cabeza, que disertó sobre El reto de la transformación de Andalucía.

Carles Puigdemont ya ha presentado la petición de medidas cautelares ante la Justicia europea tras su detención en Cerdeña para recuperar su inmunidad. Los abogados del expresident de Catalunya han presentado el escrito ante el Tribunal de Justicia, que a finales de julio había dado por suspendidas las euroórdenes en tanto se decidía sobre las cuestiones prejudiciales solicitadas por el Tribunal Supremo en relación con el caso del ex conseller de Cultura Lluís Puig.

En aquel fallo del Tribunal General de la UE de finales de julio, Luxemburgo decidió mantener el levantamiento de la inmunidad de Puigdemont, cosa que había decidido en marzo el pleno del Parlamento Europeo. Contra aquella decisión de la Eurocámara, aprobada por el 57% de los votos, Puigdemont y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí presentaron sendos recursos ante la Justicia europea. Inicialmente, el tribunal con sede en Luxemburgo concedió una suspensión cautelar de la decisión del Parlamento Europeo y les devolvió la inmunidad.

Sin embargo, en el fallo sobre las cautelares, el vicepresidente del Tribunal General concluyó, en la línea de lo argumentado por la Abogacía del Estado en sus alegaciones, que había que mantener levantada la inmunidad, en tanto que daba por suspendidas las euroórdenes por las cuestiones prejudiciales planteadas por el instructor, el juez Pablo Llarena, y descartaba que los eurodiputados pudieran ser detenidos.

Pero todo eso saltó por los aires hace una semana, cuando Puigdemont fue detenido en Cerdeña por la policía italiana como consecuencia de que el Supremo mantenía activas las euroórdenes y en contra de lo alegado por la Abogacía del Estado y de lo previsto por el TGUE en su fallo de julio.

Y, precisamente en esa contradicción entre lo alegado por la Abogacía del Estado en nombre del Reino de España, lo fallado por la Justicia europea en la misma línea y las actuaciones contrarias del Supremo y su instructor, el juez Llarena, que este jueves presentaba un escrito ante la Justicia italiana en el que insistía en que la orden europea de detención que pesa sobre él no estaba suspendida por la existencia de una cuestión prejudicial pendiente de resolver.

Llarena recuerda que él en ningún momento ha puesto freno a esta orden de detención. “Tras la presentación de la Cuestión Prejudicial, este magistrado instructor, en ejercicio de la potestad jurisdiccional recogida en la Recomendación 25, no ha emitido ninguna decisión que modifique o que suspenda la medida cautelar”, recuerda en esta comunicación. Entiende también que el expresident catalán no está protegido por ninguna inmunidad parlamentaria: “El Parlamento Europeo retiró la inmunidad a Carles Puigdemont por decisión de 8 de marzo de 2021”, recuerda.

Por su parte, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, explicaba este viernes en Twitter: “Tal cual anunciamos el sábado 25, y una vez comprobado que no existe voluntad por parte del juez Llarena de garantizar los derechos de los eurodiputados Puigdemont, Comín y Ponsatí, hoy [por este viernes] hemos presentado una solicitud de medidas cautelares, que no cautelarisimas. Esta petición, por su proceso de tramitación y duración, no afecta a la vista señalada para el próximo lunes ante los tribunales italianos toda vez que debería darse traslado de la misma tanto al Parlamento Europeo como al Reino de España para que se pronuncien al respecto. En la anterior ocasión en que solicitamos tales medidas, el Reino de España indicó que no existía riesgo de detención lo que se ha demostrado incierto a la luz de lo sucedido la semana pasada en Alghero y de la comunicación emitida en el día de ayer [por el jueves] por parte del juez Llarena”.

Como explica Boye, la solicitud es de cautelares, no de cautelarísimas, lo cual afecta a la urgencia de la resolución. Es decir, las cautelares llevan más tiempo, por lo que el fallo de Luxemburgo al respecto de ellas debería llegar más tarde que el de la Justicia italiana sobre la euroorden.

“Es una detención ilegal; Italia tiene ahora un preso político por culpa de España”. Así ha descrito el ex conseller de Sanidad y eurodiputado de Junts, Toni Comín, la situación de Carles Puigdemont en Cerdeña durante una rueda de prensa telemática con el abogado Gonzalo Boye. “Anoche hablamos mucho con él y se encuentra bien, detenido, a la espera de comparecer ante el juez, que deberá decidir sobre si la detención es correcta”, ha dicho su abogado, Gonzalo Boye. “A partir de ahí, la justicia italiana deberá decidir sobre la euroorden y, nosotros, de aquí a 72 horas, presentaremos unas cautelarísimas ante la Justicia europea”.

Las cautelarísimas que va a presentar Boye tienen que ver con el fallo del 30 de julio pasado del Tribunal General de la UE, en el que rechazaba las cautelares pedidas por Puigdemont contra el levantamiento de la inmunidad por parte del Parlamento Europeo, en tanto que daba por suspendidas las euroórdenes por estar pendiente de resolución la prejudicial del Supremo sobre las competencias de la Justicia belga para rechazar la extradición del ex conseller Lluís Puig al considerar que el Supremo no es el órgano indicado para llevar el caso.

Así, el vicepresidente del Tribunal General entendía en julio que “mientras el Tribunal de Justicia [de la UE] no se pronuncie en el asunto prejudicial de Puig Gordi y otros, nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas”.

Además, en tanto que el TGUE daba por hecho que no se podía detener a los líderes independentistas mientras se resuelve el caso de Puig, afirmaba ante la hipótesis de una situación como la que ocurrió el jueves por la noche:“Los diputados mantienen la posibilidad de interponer una nueva demanda si, con posterioridad al presente auto, el perjuicio alegado resultara suficientemente probable, en particular en caso de que fueran detenidos por una autoridad de ejecución de un Estado miembro o de que se llevara a cabo alguna actuación dirigida a entregarlos a las autoridades españolas”.

“Se ha hecho una detención en base a una euroorden que el propio estado emisor ha reconocido que no está activa”, ha afirmado este viernes Toni Comín, en referencia a las alegaciones de la abogacía del Estado, en nombre del Reino de España, ante el Tribunal con sede en Luxemburgo: “Es una detención ilegal hecha por las fuerzas de seguridad de un Estado miembro de la UE por la actuación contraria al derecho europeo del Estado español. Una vez más se salta el orden europeo para una detención.  Hoy Italia tiene un preso político, ilegal, y para denunciar esta situación convocamos por el Consell per la República una gran manifestación el domingo a las 12.00 en Barcelona, donde denunciaremos la detención, exigiremos su liberación inmediata y repetiremos que no nos rendimos”.

En este sentido, Comín ha lanzado una pregunta que se cuela en la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán: “¿Cómo se puede negociar con un estado que ignora de manera sistemática el derecho europeo. Hay elementos legales que nos permiten defender que es ilegal. La euroorden está suspendida y esperemos que la justicia italiana actúe de la manera que le corresponde y corrijan el error inducido por el Estado español”.

El abogado de los líderes independentistas, Gonzalo Boye, ha explicado: “Esta orden está en un procedimiento suspendido, pero a la policía italiana le salta una orden que está en el sistema. Y la ejecutan. El Tribunal Supremo ha tratado de jugar una carta poco clara. Y el Tribunal de la UE se va a sentir engañado, si no se siente ya engañado, porque levantaron las medidas cautelares en la creencia de que todos estábamos actuando con lealtad”.

“El Supremo va por su camino y el Reino de España va por otro”, ha dicho Boye, quien ha insistido que “un país tiene una sola voz en el derecho internacional. No puede ser que la abogacía diga blanco y el Supremo diga negro. Parece claro que el Gobierno no maneja todos los datos de lo sucedido. Alguien ha sobremotivado a los policías de Cerdeña. Es una suerte de engaño hacia el TGUE dando a entender cosas que no son”.

Bruselas evita comentar; Italia mira a Luxemburgo

La Comisión Europea ha evitado este viernes pronunciarse sobre la detención de Carles Puigdemont en Cerdeña. “Hemos visto la información en los medios. Sólo puedo decir que se trata de una cuestión para las autoridades judiciales y nosotros respetamos su independencia”, ha contestado el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand.

Mientras, el Gobierno italiano mira a la Justicia europea. Vincenzo Amendola, ministro italiano para Asuntos Europeos, entrevistado por la emisora ​SkyTG24, ha dicho: “Es un tema que viene de atrás, con la revocación de la inmunidad por parte del Parlamento Europeo, con una sentencia del Tribunal de Luxemburgo del 30 de julio que suspendió la revocación y otros actos consiguientes. Estamos a la espera de lo que decida la autoridad judicial local”.

Para Amendola, “es un tema apolítico, no bilateral” con España.

'¿Cloacas? Sí, claro' (Roca Editorial) es el tercer libro del abogado Gonzalo Boye (Viña del Mar, Chile, 1965). El dietario repasa la actividad frenética del letrado durante el año pasado, incluso en pandemia. Además de relatar su defensa de Carles Puigdemont y Quim Torra, el abogado responde a su imputación y procesamiento por blanqueo de capitales; un dinero que, según la Audiencia Nacional, procede del narcotráfico de Sito Miñanco. Boye, asesor legal de este medio, niega los cargos y asegura que su causa judicial nació por los éxitos obtenidos en el frente exterior del procés y la demanda que interpuso contra el juez Llarena en Bélgica.

Está semana interrogó a José María Aznar en el juicio de la caja B del PP. Tanto él como Mariano Rajoy negaron la contabilidad B del PP. ¿Dijeron la verdad al tribunal?

No. Fueron a contar su versión de los hechos. Su situación es muy compleja: si bien están declarando como testigos, podrían terminar imputados por lo que digan. Como están en una condición mixta de testigo y posible imputado, creo que están dispensados de decir la verdad.

¿Imputados por falso testimonio en el juicio o por la corrupción del PP?

Por la situación del PP. Está demostrado que había una contabilidad B y se está estudiando si hubo un cohecho u otras cosas. Aznar y Rajoy están en su perfecto derecho de defenderse.

¿Su falta de memoria es, por tanto, una estrategia de defensa?

Estoy convencido de que sí y si yo fuera su abogado se lo hubiera aconsejado. Me ha sorprendido que no quisieran declarar acompañados de abogado.

¿A qué cree que se debe que los exresponsables del PP usaran mascarilla para declarar si estaban solos en una habitación?

Algunos usan pasamontañas y otros mascarilla. Estamos ante un nuevo concepto, el de las 'facharillas'.

Vayamos al procés. ¿La vuelta de Meritxell Serret facilita la extradición de Puigdemont?

No afecta en nada porque Meritxell Serret ni siquiera tenía una orden europea de detención. Lo único que se imputaba a Serret era un presunto delito de desobediencia y ella era libre de volver cuando quisiera.

Pero si una investigada en la causa que estaba en Bélgica vuelve para ponerse a disposición del Supremo, ¿no se debilita el argumento de que en el Supremo no tendrán un juicio justo y que no es el tribunal competente?

No. Y esto no lo decimos nosotros, lo dijo la Cámara de Apelación de Bruselas en el caso de Lluís Puig. Los jueces belgas ya han dicho que el Supremo no es el tribunal competente y que hay un riesgo evidente de vulneración del derecho a la presunción de inocencia, que es algo que venimos alegando desde 2017.

En el libro afirma que, más pronto o más tarde, el Supremo fracasará en la entrega de Puigdemont y los eurodiputados de Junts. ¿Son los precedentes en Alemania y Bélgica los que le hacen estar tan seguro?

Son los precedentes y que el derecho de la Unión Europea tiene una interpretación bastante previsible. Lo que ha venido haciendo el Supremo estos años es una interpretación imprevisible del derecho que genera inseguridad jurídica. En cambio en Europa hay una previsibilidad del derecho que hace que los operadores jurídicos podamos actuar previendo lo que va a pasar. En esto caso lo previsible es que el Supremo no prospere.

En el caso concreto de Puigdemont, el juez Llarena ha acudido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). ¿Le ha sorprendido?

Con el juez Llarena hemos perdido la capacidad de sorprendernos.

¿El Supremo intenta que el TJUE haga el trabajo de los tribunales belgas?

Es una apelación prejudicial más que una pregunta prejudicial. El Supremo intenta que el TJUE corrija el trabajo a los jueces belgas en el caso de Lluís Puig, pero este no es el sentido de una cuestión prejudicial. Llevamos dos años pidiendo al juez Llarena que plantee una serie de preguntas prejudiciales que son justamente las que no ha elevado. Ninguna de las siete preguntas que el juez Llarena ha elevado tiene carácter prejudicial. Las nuestras sí tenían que ver con normas y una interpretación adecuada del derecho que sería bueno que España conociese.

¿Cuánto tiempo puede tardar la resolución del caso en el TJUE?

Hay un cauce que si el TJUE cree que el tema está absolutamente claro, previo informe del Abogado General, las preguntas prejudiciales se devuelven. Si no, el procedimiento puede tardar de seis meses a un año. 

Sin inmunidad tras aceptar el Parlamento Europeo el suplicatorio, ¿como abogado recomendaría a Puigdemont salir de Bélgica?

Lo vamos a estudiar una vez que el juez Llarena tome su siguiente movimiento, pero de momento no le veo inconveniente. Aunque hay un concepto que hay que aclarar: al president Puigdemont no le han levantado la inmunidad en términos generales, sino exclusivamente para continuar con la tramitación de una euro-orden concreta. Que nadie se haga la ilusión de que va a poder salir a cazar al president Puigdemont por las calles de Bruselas ni de Europa porque no es así.

Otra de las tesis del libro es que Puigdemont y los independentistas son discriminados por formar parte de una “minoría nacional”. ¿Por qué vincula el independentismo a una minoría nacional de la que también forman parte miles de catalanes que no son independentistas?

A la minoría nacional catalana en general se la maltrata en el momento en que toma una decisión que no es del agrado de la mayoría nacional española. Así funciona el tema de las minorías nacionales. Aquí no se trata de que solo se persiga a los independentistas. Es más, cuando deponen al president Torra también afectan los derechos electorales de los que no le votaron. En democracia gana el que más votos tiene, y si se depone al que más votos tiene también afecta al que tenía menos votos. Con el tema del independentismo siempre se cae en la paradoja de que el problema es del otro. Pues no, el problema es de todos, es de calidad democrática.

En este libro, además del procés, también relata varios episodios de un calvario personal: dos entradas en su despacho sin que Securitas Direct logre conseguir las imágenes de las cámaras de seguridad, insultos por la calle.... ¿Tiene alguna sospecha de quién estaba detrás de esas entradas en su despacho?

Alguien desactivó las alarmas e impidió que Securitas pudiera recuperar las imágenes. Quien hizo este trabajo conocía perfectamente este tipo de instalaciones y tenía los conocimientos técnicos. Estamos viendo en la operación Kitchen de lo que son capaces algunas cloacas del Estado.

¿Cree que detrás de la entrada de su despacho hay alguna unidad de la Policía?

Ladrones no eran porque no se llevaron nada.

¿Ha temido por su integridad física?

El temor no es por la integridad física porque con temor no se puede trabajar. Pero ser conscientes de que hay un riesgo evidente en mi integridad física, sin duda.

En el libro también aborda la causa por blanqueo en la que está procesado. La acusación se basa en las declaraciones de otros dos procesados en la causa, Puentes Saavedra y González Rubio, un antiguo cliente suyo al que intervinieron casi un millón de euros en efectivo en el aeropuerto y que usted defendió que, si bien sí era una infracción llevarlo en metálico, su origen procedía de unas letras de cambio. Por contra, según la jueza, el dinero era un intento de Sito Miñanco por blanquear dinero del narcotráfico. ¿Cómo ha pasado González Rubio de cliente a señalarlo por blanqueo?

Porque la prisión es muy dura, muy injusta y hay gente que la sabe encajar de una forma u otra. No es la primera vez que a un preso se le ofrecen beneficios. Los dos coprocesados en la causa han obtenido importantes beneficios a partir del momento en que declaran contra mí. Uno de ellos queda en libertad [Puentes Saavedra] seis días después de incriminarme. Eso fue la bandera de enganche para que el que quisiera se apuntara. El siguiente en apuntarse fue González Rubio, a quien no pueden poner en libertad porque tiene dos homicidios en grado de tentativa de dos policías nacionales. Pero a González Rubio no se le toca un céntimo de su patrimonio. Es más, se niegan sistemáticamente a investigar su patrimonio. El motivo es que no les interesa que aparezca como lo que es, una persona con capacidad económica. Están presentando como un 'correo humano' a un señor que tiene propiedades por valor de varios millones de euros.

La jueza dice que las letras con las que justifica el dinero en el aeropuerto son falsas porque algunas de esas letras son anteriores a la fecha de la hipoteca por las que se emitían y que otras ya estaban vencidas y canceladas un año antes.

Eso es falso. Quienes eran los titulares de esas letras de cambio lo han acreditado en la causa. Esas letras hipotecarias en algunos casos hasta se ejecutó la hipoteca a través de los juzgados. Pero además nosotros recurrimos [la intervención del dinero en efectivo a González Rubio] en la jurisdicción Contencioso–Administrativa. Cinco salas distintas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dicen que no hay blanqueo de capitales y ordenan la devolución del 50% del dinero, que es lo que siempre pensé yo como su abogado. Ya el primer día le dije a este cliente que le iban a poner una multa del 50% seguro. ¿A quién se le ocurre llevar casi un millón de euros en efectivo en el aeropuerto? A nadie. Pues a él se le ocurrió y esto tiene un precio, que es una sanción administrativa. Tampoco el SEPBLAC, la máxima autoridad española en materia de blanqueo capitales, ha visto blanqueo. Solo lo han visto la juez Tardón y el fiscal De Lucas.

¿González Rubio firmó en su despacho las letras de cambio que la jueza dice que son falsas?

En absoluto. Hay hasta testigos. González Rubio nos trajo esos contratos y una serie de documentación que nadie ha cuestionado. El día que se supone que González Rubio firmó eso en mi despacho con Sito Miñanco en realidad el primero está en Colombia y el segundo en Algeciras. Hemos hecho una prueba pericial de las escuchas telefónicas incorporadas a la causa que geocalizan a González Rubio en Brasil y en Colombia en esas fechas. Y hemos demostrado con prueba científica que Sito Miñanco no estuvo en mi despacho ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo ni en junio de 2017. Pero lo quieren situar en mi despacho porque el caramelo es hacer ver como que el dinero incautado en el aeropuerto procede del narcotráfico. Cualquier mínima lógica de cómo funciona el negocio del narcotráfico indica que ese dinero no es de Sito Miñanco. Y esto lo saben jueces, fiscales, policía y abogados.

El otro elemento para incriminarle es una anotación del contable de Sito Miñanco, en la que escribió ‘Gonzalo fondos aeropuerto salva’ y, según la jueza, un pago de 10.000 por recuperar el dinero incautado en el aeropuerto. ¿Es usted ese Gonzalo?

No, eso no es así. La jueza lo interpreta así. Además existen serias dudas sobre esta anotación. Ante la fe pública que levanta el secretario judicial en la entrada y registro solo se contabilizan siete folios, y en cambio en el informe policial aparecen siete folios más y esta anotación está en el folio catorce. ¿Y eso que prueba que a un tal Gonzalo le hayan dado 10.000 euros? A mí seguro que no. Resulta que si hice todo esto, soy el que menos he cobrado. Esto es absurdo y es tratarme por tonto, que es algo que me sienta fatal en la vida.

En el libro vincula esta investigación por blanqueo y se declara “objetivo” de “un sector de Estado que se sentía más cómodo en el régimen anterior y que se ha camuflado de demócrata” debido a los éxitos que ha obtenido con Puigdemont y los independentistas. ¿Cómo ha llegado a esta conclusión?

Si el Estado estuviera detrás de esto como tal, como Estado, en mi casa hubieran encontrado una maleta con un millón de euros o un paquete de cocaína. Esto comienza con un director de un medio de comunicación diciendo en diciembre del 2017 que yo tendría que estar bajo el control permanente de los servicios de inteligencia del Estado. Meses después la mujer de ese director me presenta una querella por la demanda en Bélgica contra el juez Llarena que atiende la jueza Tardón, y resulta que ambas son íntimas amigas. El mismo día que la jueza Tardón se ve obligada a archivar la causa en mi contra está citando a Puentes Saavedra para que venga a declarar en mi contra. Hace tiempo que dejé de creer en las casualidades.

Pero se podría decir que en su relato hay una relación de casualidad, no de causalidad.

¿De verdad? Es obligación legal de un juez abstenerse cuando una de las partes es su amiga personal, y la jueza Tardón es amiga personal de la querellante. Todo esto surge a partir de que ponemos una demanda contra el juez Llarena en Bélgica. Nunca antes en todos mis años de ejercicio profesional había tenido problemas con los juzgados ni con las autoridades. Bastó que fuéramos exitosos en el caso del procés para que me aparecieran toda serie de problemas. Con todo esto, es difícil creer en las casualidades.

¿Confía en revertir su situación? ¿Si en el juicio no resulta condenado o la Audiencia Nacional revoca su procesamiento, el mal ya estará hecho?

Le voy a poner un ejemplo. ¿De qué sirve la anulación de la sentencia al presidente Lula de Silva si ya ha estado en prisión, se le impidió ser candidato, ganó Bolsonaro y terminó nombrando ministro al juez del caso de Lula? Las cosas se parecen: la jueza Tardón fue concejal del Partido Popular. El daño a mi reputación, a mi familia y a mi despacho ya está hecho. El mal está hecho desde que empezaron a disparar contra mí, pero voy a pelear hasta el final. Que no le quepa ninguna duda a nadie.

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”

Artículo 14. Constitución Española

Aconsejó Quijote a Sancho: “No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los yerros que en ella hicieres las más veces serán sin remedio, y si le tuvieren, será a costa de tu crédito”, antes de que este asumiera funciones de juzgador. Es una pena que tantos jueces ignoren este capítulo de El Quijote y, sobre todo, que ignoren la ética que se esconde tras él, que no es sino la ética básica de la justicia y de quien la imparte.

Vengo a contarles el caso, una vez más, de una injusticia palmaria cometida en la Audiencia Nacional. Y es un acto injusto porque la justicia debe tratar igual lo igual y porque debe hacerlo sin discriminación alguna por ninguna circunstancia personal. Ni siquiera vale que el justiciable te parezca un cabrón y un antiespañol. Dicen algunos que la tengo tomada con los jueces, pero más pareciera que los jueces la tienen tomada con la Justicia y que no dejan otro remedio que airear las tropelías por mor de que no pasen desapercibidas en el cedazo de la decencia.

Voy a limpiarles de broza leguleya la cuestión y traducirla al román paladino para que entiendan mejor lo que Concepción Espejel –“Querida Concha”– y tres magistrados más han perpetrado teniendo al parecer más en cuenta quién era el destinatario de su acción que la coherencia y la imparcialidad. Los magistrados Espejel, Gutiérrez y Sáez tenían que determinar si había prescrito o no la responsabilidad civil derivada de un delito. Tres magistrados, como se hace siempre. No obstante, la presidenta Doña Concha decide hacer uso de un invento promovido por Grande-Marlaska en su día y consistente en meter más magistrados, toda la sección, en un caso concreto. Una forma que ya de por sí puede alterar el juez predeterminado, pero ni en esto me voy a meter. Dicta una providencia en la que dice que “vista la naturaleza del asunto” se considera “conveniente” que lo vea la sección entera. La naturaleza del asunto es la misma que la de centenares de asuntos que se despachan de corrido, que no es otra que los criterios de prescripción pacíficamente aceptados por el tribunal. A menos que haya otra “naturaleza” que se nos escape.

Reunidos los cinco jueces y con ponencia de Ramón Sáez –ya les conté, el número 1 en el examen de los penalistas de la judicatura española– este propone la prescripción de la responsabilidad civil siguiendo “la práctica continuada de la Audiencia Nacional que ha negado que una simple averiguación patrimonial interrumpa el periodo de prescripción”, y en ese mismo sentido había informado la Fiscalía. Sé que parece prolijo pero quédense con que todas las secciones de la Audiencia Nacional tienen ese mismo criterio y que el informe fiscal lo apoya. Pues bien, no ha sido así en este caso. El ponente quedó en minoría, defendiendo lo que hace décadas aplica la AN y tuvo que hacer un voto particular. La mayoría ha cambiado de tercio y ha considerado que este justiciable, digo este porque a nadie más se le ha aplicado esta teoría, tiene que hacer frente a la responsabilidad civil de un delito sentenciado en 1996 y cuyo único requerimiento de pago, saldado con insolvencia, se realizó en 1998 de manera que los quince años de prescripción se habrían cumplido el 5 de agosto de 2012.

Así que ahora, y al menos solo para este caso, la mera instrucción de averiguación patrimonial por parte de la Fiscalía interrumpe el periodo de prescripción. Olvídense de todo el lío conceptual y quédense con qué Concha Espejel y Eduardo Gutiérrez consideran ahora –junto a los dos magistrados metidos de más– que es mera averiguación del fiscal sirve para que los plazos corran desde ese momento. Cosa ciertamente notable si tenemos en cuenta que tengo en mis manos un auto de hace 15 meses en el que ambos firmaron que consideran prescrita la responsabilidad civil de un colaborador de ETA en un plazo de quince años “por cuanto la averiguación patrimonial que se realizó y que culminó en un decreto de insolvencia, no puede considerarse interruptora del plazo”. O sea, justo lo contrario. Tengo varios autos así. Pero es que en estos días ha habido autos de otras secciones que consideran también que esa averiguación no interrumpe el plazo de prescripción.

¿Qué ha pasado entonces? Tengan en cuenta que les he hecho trampa porque no les he contado, y verán que es imprescindible para entenderlo, que el auto diferente, el distinto, el que se aparta de la doctrina de décadas de la sala es el que declara que no ha prescrito la responsabilidad civil del cabrón de Gonzalo Boye y que por tanto tiene que pagarla. ¿Ven como ahora todo cobra otro cariz?

A mí me parece fenomenal que Boye le parezca un cabrón a usted que me lee, al de al lado o a una masa social. Incluso me parece perfecto que le parezca un cabrón a muchos jueces, sobre todo desde que le puso una demanda personal a Llarena en Bélgica en la que puso en jaque que responda con su patrimonio personal. Eso es lógico que le parezca una tropelía a cualquier otro juez, por mor de que podría sufrirlo en sus carnes y yo lo entiendo. A mí no me importa qué valoración íntima hagan de una persona concreta siempre y cuando no retuerzan la ley ad hominem y esto es lo que no solo parece que ha pasado sino que es lo que piensan muchos, incluso dentro de la Audiencia Nacional.

Vale que Boye les parezca un cabrón y un tipo infame que cometió un delito y estuvo en la cárcel, pero no vale que al tratar sus asuntos no se tenga en consideración el artículo 14 de la Constitución Española, ese que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Ahora saltará alguno ¡es que el cabrón de Boye no es español sino alemán! y yo les contestaría, entonces es preceptivo considerar el artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos que también es ley española y que dice lo mismo.

La historia es más clara ahora que he dejado de hacerles trampa. Boye pagó su pena y salió de prisión y hubo un momento en que su responsabilidad civil quedó prescrita, entre otras cosas porque la víctima nunca la reclamó. Curiosamente, en noviembre de 2018, alguien fue a buscar a esa víctima de 92 años para conseguir que, ahora sí, consintiera en efectuar la reclamación. Así las cosas todo quedaba listo para apretarle las tuercas –e intentar sabotear su actual negocio de abogado– y solo quedaba torcer toda la línea jurisprudencial aplicada por la Audiencia Nacional cuando llegara su caso y no antes. Todo muy lindo. Tres magistrados que quieren llegar al Supremo cuanto antes –dos a la Sala II y uno a la Sala V– y una magistrada en comisión de servicio, a la que Espejel y Lesmes deben “renovarle el contrato” cada seis meses, le han dado vuelta al criterio consolidado de la Audiencia Nacional y sin llevarlo a un pleno de la Sala de lo Penal. Todo en orden. La Justicia que se levanta la venda de los ojos cuando resulta conveniente para ver quién es quien se sienta ante ella.

No es esa la cuestión la valoración que se haga del justiciable. Hoy la venda se levanta para él y mañana puede ser por cualquier de nosotros. El criterio alterado, para lo que al menos parece un escarmiento, de aplicarse kantianamente en adelante convertiría en imposible la reinserción puesto que siempre planearía sobre cualquiera que hubiera cumplido su pena y que lograra convertirse en un ciudadano de provecho, el golpe de gracia inesperado y gratuito que pudiera destrozarlo. Eso es lo que se juega en esta partida. Eso y la insoportable tendencia de la AN a crear vuelcos doctrinales con nombre y apellidos. Todas con un objeto claro y olvidando que, en Justicia menos que en nada, el fin no justifica los medios.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado que se profundice en la investigación del patrimonio del abogado Gonzalo Boye y se ejecuten los embargos correspondientes para satisfacer la indemnización al empresario Emiliano Revilla, en cuyo secuestro por parte de ETA participó en 1988, según establece la sentencia dictada ocho años después.

A finales de 2018, un abogado en representación de Revilla pidió reactivar el embargo a Boye, quien alegó ante el tribunal que su responsabilidad civil había prescrito quince años antes. La decisión de la Sección Primera se produce con el pronunciamiento en contra de la Fiscalía y el voto particular del magistrado Ramón Sáez. Tanto el ministerio público como este juez consideran que ya no cabe reclamar los 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) que estableció el fallo de la Audiencia Nacional en 1996, confirmado después por el Tribunal Supremo. La sentencia establecía que la indemnización fuera satisfecha por los tres condenados de forma “conjunta y solidaria”.

Los jueces consideran en la sentencia que la decisión de la Fiscalía de averiguar el patrimonio de los condenados en 2008 interrumpió el plazo de prescripción de quince años que establecía la ley vigente en el momento de los hechos. La discrepancia jurídica con el magistrado Sáez radica en que éste defiende que solo el perjudicado, en este caso Emiliano Revilla, y no la Fiscalía, es el que puede interrumpir con su reclamación el plazo de prescripción y que, por tanto, la reclamación de la víctima, que se produjo en 2018, llega con doce años de retraso.

El ponente Vieira y los otros tres miembros de la sala, María Riera, Jesús Eduardo Gutiérrez y la presidenta de la Sección Primera y de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, reconocen que, “existe, en efecto, una discusión doctrinal y judicial sobre la posibilidad de prescrpición del derecho a reclamar la responsabilidad civil declarada en sentencia firme”, si bien interpretan de la ley que la solicitud de averiguación patrimonial de la fiscalía interrumpe el citado plazo de prescripción de la responsabilidad civil fijada en sentencia.

En 2008, la AVT solicitó una investigación patrimonial de los condenados en la causa, pero la Audiencia Nacional respondió que no estaba legitimada, si bien dio traslado a la Fiscalía. El Ministerio Público pidió entonces esa averiguación patrimonial, pero renunció a reclamar cantidades a Boye después de la Agencia Tributaria informara de su situación de insolvencia tras haber pasado una década en prisión. Esa actuación de la Fiscalía, interpreta la Sala de la Audiencia Nacional, interrumpió el plazo de la prescripción de la responsabilidad civil.

El magistrado Sáez, en su voto particular, señala: “La decisión que hemos adoptado altera la doctrina que se venía aplicando en la ejecución de sentencias, haciendo imposible la prescripción de la responsabilidad civil declarada en sentencia firme al considerar que interrumpe la prescripción la petición del fiscal y la averiguación del patrimonio del condenado para comprobar si ha experimentado algún cambio que además no alteró la declaración de insolvencia”.

El abogado Gonzalo Boye mantiene en estos momentos la situación de investigado por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en una causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Entre los clientes de su despacho profesional se encuentran el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y el actual jefe del Ejecutivo catalán, Quim Torra. Boye fue secretario del consejo de administración de eldiario.es entre septiembre de 2012 y agosto de 2017. En la actualidad asesora legalmente a este medio.

El despacho de abogados Boye-Elbal, que ejerce la defensa del expresident catalán Carles Puigdemont, ha sido objeto de un asalto la pasada madrugada sin que sus autores se hayan llevado pertenencias de valor o incluso alguna pequeña cantidad de dinero que había a la vista, según han denunciado sus dueños a la Policía.

Según registró la alarma del despacho, el asalto tuvo lugar cerca de las 4 de la madrugada en la casa adosada que acoge el despacho profesional, situado en la calle Pilar de Zaragoza de Madrid, en una zona residencial del centro. A sus inquilinos les ha llamado la atención que el portón que protege la casa haya sido forzado cuando el muro, de escasa altura, podría haber sido superado por los asaltantes con facilidad. A primera hora de esta mañana estaba pendiente el reconocimiento de la Policía Científica para determinar cómo accedieron después al interior del despacho.

El asaltante o asaltantes han revuelto cajones, mesas de los profesionales que allí trabajan y han movido objetos de sitio, como la garrafa de la máquina de agua de la recepción, que se había cambiado la noche anterior y que ha aparecido en el sótano, explican las mismas fuentes. El despacho se ha encargado de la defensa de Quim Torra en el reciente juicio por desobediencia y asesora habitualmente al actual president de la Generalitat.

Una cantidad de dinero destinada a pagar contingencias del despacho estaba a la vista y los asaltantes no la han tocado, añaden desde el bufete. Lo mismo ha ocurrido con ordenadores personales y iPad, que los asaltantes no se han llevado. Los cables del servidor del despacho profesional, por contra, han sido arrancados.

La empresa de seguridad, Securitas Direct, intentó contactar telefónicamente con Boye cuando saltó la alarma sin conseguirlo y envió a un vigilante. “El vigilante indica que no hay indicios de intrusión”, comunicó al cliente la empresa de seguridad a las 4:16 de la mañana. El despacho Boye-Elbal asesora legalmente a eldiario.es.

“Para deslegitimar a alguien es suficiente con decir que ha hecho algo”

Umberto Eco

No hay nada que dé más miedo que la capacidad incontrolada de determinados individuos con poder institucional de destruir a un ciudadano sin la más mínima consecuencia. Da mucho miedo, porque podría pasarnos a cualquiera o, mejor, podría pasarle a cualquiera que se enfrentara al sistema. Aún el pavor es mayor si apreciamos la falta de cualquier pudor ético en aquellos llamados a defender el sistema dentro de unas reglas que un estado democrático respeta porque son la garantía de su calidad.

Uno de estos episodios que plantean más dudas que respuestas y que cuestionan la verdadera vocación de la policía y, sobre todo, de la Fiscalía de proteger la legalidad vigente tuvo lugar ayer con la declaración de veinte minutos ante la magistrada Tardón del abogado Gonzalo Boye, para el que el fiscal pidió obligación de comparecer cada quince días a firmar en un juzgado, y ni eso le dieron. Lo más complicado de explicar es que para este viaje, el abogado Boye fue sometido a un registro domiciliario y a un registro de su despacho profesional que duró quince horas con los periodistas pertinentemente avisados en la puerta y las cámaras de la propia policía intentando entrar para mostrar después en los medios imágenes del registro.

Boye fue sometido a la filtración de las acusaciones policiales, sin contraste ni explicación, a pesar de que se le acusa en una pieza secreta que él no conoce y tuvo que soportar que se hicieran titulares afirmando taxativamente que blanqueaba dinero para Sito Miñanco, que existía un audio que lo implicaba, una anotación que le pringaba y hasta que había ideado todo un sistema de blanqueo para el poderoso narco y que se lucraba del narcotráfico. Enguarrando que es gerundio. La prensa, mayoritariamente la conservadora, vio el cielo abierto para volcarse sobre una de sus presas más ansiadas porque, como no cesaron de decir, Boye es el abogado de Puigdemont y el artífice de la estrategia jurídica exterior que tanto indigna a los buenos patriotas. Tanto que no perdieron comba a la hora de revolcarlo. Ni Vanity Fair se privó de darlo por cicutriñado. A él y a su pareja, claro. La prensa de toque rosa siempre tiene que aportar un plus.

Sucede que toda esta historia es lo suficientemente extraña y chusca como para preguntarle al fiscal Ignacio de Lucas si no ha hecho una mínima ponderación de lo que se traía entre manos y si tiene sentido que en un Estado de Derecho el Ministerio Público participe en el descuartizamiento y rifa de un ciudadano, que además es abogado, con los escasos mimbres con que lo ha hecho. Es la segunda vez que la juez Tardón tiene que parar un ataque ad hominem contra Boye que, no lo olviden ni una sola vez, aunque tiene muchos clientes, es el abogado de Puigdemont. Lo hizo ya en su día inadmitiendo unas querellas presentadas por una también supuesta falsificación de una traducción de una frase del juez Llarena. Agua de borrajas.

Esta de ahora es una historia muy rara que, comienza en julio cuando Manuel P. S., uno de los detenidos en la Operación Mito, la que volvió a encarcelar a Sito Miñanco, pidió volver a declarar voluntariamente ante la juez Tardón. A Manuel lo había defendido también Gonzalo Boye, hasta que se vio que no pagaba ni un duro y se fue con otro abogado. Así que Manuel P. S. vuelve a comparecer, por tercera vez, ante la juez Tardón y esta vez sí se “acuerda” de que unos documentos que se presentaron ante el Sepblac para intentar recuperar un dinero incautado eran falsos y que, según relata,los había creado Boye y otro abogado llamado según dice Jesús, del que no sabe ni el apellido, ni dónde tiene el despacho, ni recuerda ninguna otra cosa que bastante tiene con recordar todo lo de Gonzalo Boye. Manuel está muy colaborador en julio y contesta con profusión de detalles a todas las partes personadas, excepto cuando se le pregunta si ha recibido visitas de la policía en prisión y si le han prometido algo por cambiar la declaración. Ahí se calla y se niega a contestar. Curiosamente a los pocos días de su declaración bomba contra su ex abogado, tras 17 meses en prisión preventiva, y con otra causa por tráfico de cocaína, es puesto en libertad.

Así que como poco, Boye tendría que estar indignado porque la Fiscalía y la UDEF lo consideren gilipollas. Les explico. Esa declaración la conoció Boye de pe a pá, está personado, y por eso presentó un escrito ante la juez Tardón, de forma voluntaria, para dar explicaciones. Así que antes del registro del lunes hubiera tenido dos meses, DOS, para si hubiera tenido algo que ocultar destruirlo. ¿Dinero negro? ¿Documentos? ¿Qué podía buscar la Policía en su despacho profesional y en su domicilio dos meses después de la citada declaración? Más bien ¿qué pensaban que podían encontrar? Evidentemente nada referido con la excusa que esgrimieron. Suponiendo que lo hubiera, nadie que tenga algo que ocultar lo mantiene durante dos meses en casa. Y resultaba aún más ridículo ese apunte en casa de un narco que, según dijeron a algunos periodistas, era la gran prueba de su incriminación: “Gonzalo, 10.000”. Como si un letrado que cobra las minutas que cobra fuera a cruzar la línea de la ley en un “blanqueo puntual” de un millón de euros para embolsarse diez mil.

Lo que sucede es que, como de paso, la policía se hizo con una copia del teléfono móvil del abogado y de sus correos electrónicos. Fueron lo único que copiaron tras las quince horas de registro. Además se han bloqueado las cuentas de su despacho de abogados que ahora analizará la policía ¿en busca de la gran operación de blanqueo que ya él mismo conoció y explicó en julio o de alguna otra cosa? Da miedo pensarlo. Da miedo pensar que alguien haya creído que así podría conocer la estrategia de defensa de Puigdemont o conocer el origen de los fondos con que paga a su letrado o cualquier otra cuestión sin relación ninguna con el origen de la operación. Y eso porque es absurdo pensar que buscaban nada de lo que decían buscar. Da miedo y debería dárselo sobre todo al resto de los letrados de este país que saben, mucho mejor que yo, de lo delicada que es la información que manejan porque afecta a la intimidad de sus clientes y al derecho de defensa.

Lo preocupante de todo ello es que sea preciso que les recordemos a fiscales y policías lo delicado de su labor y la necesidad de llevarla a cabo con el menor daño posible para el investigado y con un escrupuloso cuidado de su presunción de inocencia. Mucho más cuando tienes tan poco para incriminarle que un juez no te compra ni la más mínima medida cautelar. Convendría que la Audiencia Nacional no uniera uno más a la lista de sus “errores”, más bien intencionados, ni que empezáramos a sospechar que una cosa es triturar al objetivo elegido y otra diferente que todo quede en agua de borrajas cuando el daño ya está hecho.

A Boye el lodo ya le va a costar sacárselo de encima y además sigue imputado. A los que han hozado en el fango, les pondrán una medalla y los que han puesto en marcha la máquina, a esos no les pasará nada de nada. ¡Qué más da, si es el abogado de los malos!

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado dejar en libertad sin medidas cautelares al abogado Gonzalo Boye, que ha declarado como investigado en el marco de una operación por presunto blanqueo de capitales vinculado al narcotraficante gallego Sito Miñanco, del que fue letrado hasta hace unas semanas. Actualmente es el abogado del expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont.

La jueza ha rechazado la petición formulada por la Fiscalía de que Boye compareciera en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. A la salida del juzgado ante los medios de comunicación, Boye ha defendido su inocencia y negado cualquier vinculación con el blanqueo de capitales. “La gente puede disparar lo que quiera contra mí pero lo que no van a encontrar es ningún indicio de criminalidad porque no lo hay”, ha asegurado. 

En la causa -que está bajo secreto de sumario-, Boye está imputado por blanqueo tras el testimonio de un supuesto miembro del clan de Sito Miñanco. En una declaración en la Audiencia Nacional vinculó al abogado con la realización falsos contratos de préstamos y pagarés para justificar el origen de 900.000 euros que el Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo) le había intervenido en el aeropuerto de Barajas al supuesto colaborador de Sito Miñanco.

A este respecto, Boye ha asegurado que, en su día, el Sepblac consideró que estos hechos no eran constitutivos de delito aunque sí de una sanción administrativa a las personas que fueron descubiertas intentando sacar de España ese dinero. Según fuentes presentes en la declaración, Boye se ha remitido a un escrito que ya presentó en el juzgado respondiendo a las acusaciones y se ha negado a contestar al resto de preguntas hasta que no se levante el secreto de sumario. 

A preguntas de los periodistas, Boye ha dicho que confía en que esta investigación no está vinculada con su ejercicio profesional como abogado de Puigdemont. “Quiero creer que no. Creo que no debería ser así. La decisión de la jueza deja muy claro que ella no cree que haya ningún tipo de razón para limitar mi ejercicio profesional ni mis movimientos. Estamos muy contentos”, ha mantenido. 

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ordenó su comparecencia después de los registros practicados el pasado lunes en Madrid tanto en su domicilio como en su despacho, en los que la policía se incautó del contenido de su teléfono móvil y los correos electrónicos que almacenaba en su ordenador. Este miércoles también han comparecido ante la jueza dos supuestos testaferros. 

La investigación por la que ha declarado este miércoles no guarda relación con la defensa jurídica que presta a Puigdemont, contra quien se ha vuelto a emitir una orden europea de detención a consecuencia de la sentencia del procés y que ahora tiene que resolver la justicia belga. 

El despacho de Boye asesora legalmente a eldiario.es y también ha defendido al exanalista de la CIA Edward Snowden, ejerce la acusación popular en el caso de las muertes de El Tarajal o promovió una demanda contra EEUU por las torturas de Guantánamo. Boye fue fundador de la revista satírica Mongolia y, entre 2012 y 2017, fue secretario del consejo de este periódico.

La jueza de Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado este lunes varios registros, entre ellos, el del domicilio y el despacho del abogado Gonzalo Boye en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito contra la salud pública. Boye es el abogado del expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, que se encuentra huido en Bélgica.

La investigación está vinculada al narcotraficante Sito Miñanco, que fue cliente Boye hasta hace dos semanas, según informan fuentes policiales. Miñanco está en la cárcel cumpliendo su última condena: la Audiencia Provincial de Pontevedra le sentenció a cuatro años de prisión por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas.

Se trata de una operación de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional. Boye no está detenido pero el miércoles tendrá que acudir a declarar en la Audiencia Nacional.

La última condena a a José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, era consecuencia de una de las causas que todavía tenía abiertas. El narcotraficante había obtenido un régimen de semilibertad en abril de 2015 pero volvió a ser detenido en febrero de 2018 junto a una veintena de miembros de su banda acusados de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo y pertenencia a organización criminal.

En esa operación estaba coordinada por el juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, el mismo que ha ordenado los registros de este lunes. Por aquel entonces estaba ocupado por la jueza Carmen Lamela, que decretó el ingreso en prisión de Miñanco y el resto de detenidos acusados de liderar una red que introducía cocaína en España desde 2016, meses después de que se otorgara la semilibertad al histórico narco.

La investigación destapó que el narco había recuperado nada más salir de prisión sus antiguos métodos para introducir droga en España. El capo gallego seguía contando con infiltrados y tenía controladas las horas a las que salía a patrullar el helicóptero de Aduanas; tenía lanchas fabricadas a medida con sistema de encriptación de las comunicaciones.

Abogado de Puigdemont, Comín y Serret

Boye es el abogado del expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, que se encuentra huido en Bélgica desde el 31 de octubre de 2017, cuatro días después de la aprobación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Su despacho también asesora legalmente a eldiario.es y, entre 2012 y 2017, Gonzalo Boye fue secretario del consejo de este periódico.

Integra, junto a otros abogados, el equipo jurídico que ha logrado hasta el momento evitar hasta el momento la extradición a España del expresidente catalán. Tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado lunes, el juez Pablo Llarena ha reactivado la orden europea de detención contra él por delitos de sedición y malversación, los mismos que han acabado en condenas de hasta 13 años de cárcel para los líderes del procés.

Boye defiende también a los exconsellers Toni Comín y Meritxell Serret, que huyeron junto a Puigdemont cuando la Audiencia Nacional les citó a declarar en la causa por el 1-O.

Carles Puigdemont no se ha presentado a su cita en Madrid ante la Junta Electoral Central, en cumplimiento de los trámites necesarios para convertirse en eurodiputado. En vez de eso, su abogado, Gonzalo Boye, ha llegado al Congreso con un poder en la mano, solicitando la posibilidad de representar al expresident y al exconseller Antoni Comín. El Congreso se ha negado a la pretensión del letrado de los políticos independentistas, cerrando el paso a la estrategia que pretendía habilitar una toma posesión a distancia, con participación notarial y delegación en terceras personas.

La Junta Electoral Central había citado para este lunes a los parlamentarios españoles que obtuvieron escaño en el Parlamento Europeo en las elecciones del 26M. En ese acto, los candidatos electos han jurado o prometido acatar la constitución, como paso previo a la obtención de su credencial. La JEC enviará a Bruselas una lista con los diputados que hayan obtenido esa condición. El nombre de Puigdemont no estará en ese listado, según explican fuentes parlamentarias.

El abogado Gonzalo Boye ha explicado ante los periodistas que Puigdemont ya ha prometido “ante la autoridad belga” el acatamiento de la Constitución. El letrado asegura que su defendido se presentó hace unos días ante un notario de aquel país para dejar constancia de su voluntad favorable a cumplir con el trámite, a excepción de su carácter presencial. Ese documento y el poder en favor de su abogado es lo que la defensa de Puigdemont pretendía usar para sortear el trámite previo a la obtención del acta de eurodiputado.

La defensa del político independentista se aferra al argumento de que la orden de detención en España contra el político catalán es lo único que le aleja de obtener la condición de eurodiputado. Para los próximos días anuncian nuevas gestiones ante el Parlamento Europeo en su intento de convertir a Puigdemont en eurodiputado.

La presencia de expresident de la Generalitat en el Congreso se daba por descartada para la jornada de este lunes. A pesar de ello, la cámara ha previsto un dispositivo policial reforzado, con especial atención a las entradas y accesos a la Sala Constitucional, en donde se ha celebrado la sesión de acatamiento ante la Junta Electoral Central. Finalmente, Puigdemont no ha aparecido.

CAPÍTULO 1. La salida

Muchos están convencidos de que conozco todos y cada uno de los detalles de la salida de Catalunya hacia el exilio tanto del president Puigdemont como de sus consellers, pero ya adelanto que no es así, o que la mayor parte de esos entresijos los he conocido con posterioridad y a través de quienes realmente los vivieron... Siguen equivocados. Mi papel fue, y sigue siéndolo, meramente como abogado o asesor jurídico.

Para mí, este caso comenzó el 28 de octubre de 2017, cuando regresaba de Calcuta tras asistir a una reunión del Consejo de la FIFA en representación de la Federación Palestina de Fútbol (PFA). Fue un viaje agotador tanto por la intensidad del trabajo que allí tenía que realizar como por las puñaladas que recibimos de parte de personas muy cercanas, o eso creíamos, a la PFA, así como las peripecias propias de cualquier viaje con muchas escalas y escaso tiempo de conexión.

Salí de Calcuta sobre las 6 de la mañana hora local y, después de una escala con su respectivo cambio de avión, volé a Dubái para hacer allí otro trasbordo a un vuelo que me traería a Madrid. Había dormido poco los dos días que estuve allí y, además, venía con problemas estomacales, mezcla de una dieta que estaba realizando y del abuso del picante que tanto me gusta y que en la India saben preparar de una forma inigualable; picaba hasta el desayuno, pero en esos momentos no me importó y abusé.

Al aterrizar en Dubái conecté mi teléfono y me encontré con una serie de llamadas perdidas de Jaume Asens. Somos amigos desde 2006, cuando tuvo lugar en Barcelona el juicio por los hechos del 4-F, en el que se juzgó a unos jóvenes que asistieron a una esta en una casa ocupada del centro de Barcelona donde, después de una carga policial, resultó gravemente herido un guardia urbano. Esta causa generó una gran tensión en Barcelona y luego fue muy bien explicada en el documental Ciutat morta. Jaume Asens acudió al juicio como observador de la Comisón de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona.

A pesar de lo que dice la prensa de extrema derecha, Jaume Asens no era el abogado de Rodrigo Lanza en el juicio del 4-F, sino que lo era yo. Él solo fue uno de los muchos observadores que asistieron a un juicio que también marcó mi vida profesional y sobre el que mucho se ha dicho y escrito. Durante sus largas jornadas, nos conocimos, vimos que existía mucha sintonía en lo personal y en lo profesional y, a partir de ahí, hemos mantenido una gran amistad.

Quienes conozcan a Jaume Asens saben que recibir en un mismo día —o en una misma semana o en un mismo mes— varias llamadas suyas no es algo habitual, y mucho menos con ese nivel de insistencia. Así pues, le llamé inmediatamente: sabía que algo estaba pasando.

Lo primero que hizo fue preguntarme si podíamos hablar desde un fijo, y eso me bastó para tener claro que se trataba de algo serio. Le contesté que estaba haciendo escala en Dubái y por el momento no era posible. Me insistió: “¿En cuánto rato más podemos hablar desde un fijo?”. Miré mi tarjeta de embarque, hice mis cálculos y contesté: “Dentro de unas ocho o diez horas más estaré en casa”. Jaume Asens, sin entrar en más detalles, me dijo: “Vale, espero tu llamada. No te olvides”. Como si el de la mala memoria fuese yo.

Una llamada así, entre amigos pero sobre todo entre abogados que llevamos temas complejos y delicados, ya anunciaba que venían curvas. No dejé de pensar en qué podría ser, por lo que aproveché el resto de la escala para mirar la prensa española, descargar algunas noticias que intuía que podían estar relacionadas con la misteriosa llamada de Jaume Asens y poco más; en realidad estaba cansado y necesitaba dormir, así que nada más despegar fue lo que hice para despertar un par de horas después, absolutamente despejado, con una idea en la cabeza: “Esto tiene que ver con el Govern...”. No existían datos ni elementos que, por un análisis lógico, me permitiesen llegar a tal conclusión, pero si un nivel importante de convencimiento basado, exclusivamente, en la intuición.

El resto del viaje, que se me hizo eterno, lo dediqué a pensar en lo que podía estar pasando; llevaba dos días en que prácticamente no había leído la prensa sino solo sus titulares, pero imaginaba que la situación era grave, y si Jaume Asens me llamaba era porque había que encontrar una respuesta jurídica... Las preguntas que me daban vueltas eran “¿cuál es el problema?” y “¿qué tipo de solución necesita?”. Mi intriga iba a más y el reloj avanzaba lentamente. Nunca me ha gustado volar, y mucho menos en momentos como ese, en que necesitaba matar mi curiosidad y no tenía cómo hacerlo.

Al llegar a Madrid intenté localizar a Jaume Asens pero me resultó imposible, por lo que decidí tumbarme un rato e intentar dormir algo. Justo cuando lo había conseguido, comenzó a vibrar mi móvil: era Jaume Asens, que me pedía de nuevo un fijo para hablar. Le di el teléfono de casa y en cuestión de segundos estábamos al habla en una de las conversaciones más esotéricas que he tenido en años... Si hubiésemos estado preparando el atraco a un furgón blindado igual habríamos hablado más claramente.

Lo primero que hizo Jaume Asens fue hablarme de su amistad con un tal Toni Comín, que era conseller de Sanitat y no sé cuántas cosas más; todas me entraban por un oído y me salía por el otro, porque me parecía una mera introducción que impedía entrar en el fondo de la cuestión.

Como tengo poca paciencia, llegó un momento en que pregunté: “Bueno, ¿cuál es el problema realmente?”. Jaume contestó: “Claro, es por lo que te llamaba” pero, en lugar de explicarme el problema, comenzó a interrogarme sobre lo que yo sabía o no sobre el procés, las declaraciones del entonces fiscal general José Manuel Maza, las intenciones del fiscal general José Manuel Maza de querellarse en contra del Govern catalán, etc. Aun así, seguíamos sin entrar en materia.

Llegados a un punto le dije “Jaume, ¿qué necesitas?”, y él contestó con una escueta pregunta: “¿Tú qué harías?”. Sin más detalles y sin siquiera pensarlo, respondí: “Irme, hay que salir de aquí ya”. Creo que era la respuesta que Jaume estaba esperando, porque, sin lógica alguna, me soltó: “¿Cómo y para qué?”.

Obviamente yo no sabía cómo hacerlo pero le di las siguientes pautas: que salgan ya, que no lleven los teléfonos ni vayan en sus coches, que lleven efectivo y se muevan de la forma más discreta posible, pues todos ellos son gente muy conocida. Lo que yo en esos momentos no sabía era que ya habían salido de Catalunya y se encontraban al otro lado de la actual frontera hispano-francesa.

La pregunta que le preocupaba a Jaume Asens no era el cómo sino el para qué, y ahí comencé a exponerle mi idea de lo que se podía hacer, cuáles serían las consecuencias, cómo habría que trabajarlo y desde dónde. No paraba de sacarle diversos temas y Jaume Asens, con mucha delicadeza porque no quería cortarme el rollo, pero también con gran firmeza, me preguntó: “¿Puedes hacer un breve informe y ponerme todo esto por escrito?”. Le contesté que sí y me dijo: “Acuérdate de que son políticos, así que explícalo claramente. ”Lo tendrás en media hora“, fue mi respuesta.

Nada más colgar saqué mi ordenador, me instalé en la cocina de casa, donde mi hija pequeña estaba viendo la tele, y me puse a redactar un documento que titulé “Efecto Dominó”. Elegí el nombre porque sabía que la estrategia que se me ocurría tendría muchas fases y lo que había que hacer era una suerte de construcción por piezas que, al final y solo tocando una de ellas, generase la caída de todas las demás hasta llegar al objetivo final: el efecto dominó.

Minutos más tarde entró Isabel, mi pareja y compañera en todas las luchas, y comenzó a hablar de las vacaciones de Navidad, de que su madre vendría con nosotros y no sé cuántas cosas más; yo estaba absorto en mi redacción y me limité a contestarle “Ahora no, Isa”, pero ella insistió sin ser consciente de lo que estaba sucediendo. Giré el ordenador y le mostré lo que estaba haciendo. Isabel, sin más, me ofreció un café y no volvimos a hablar hasta que terminé el documento, que sería el comienzo de una serie sobre la cual se construyó toda la estrategia internacional que hemos desplegado desde entonces.

Quien mejor explica la relevancia del 'Efecto Dominó' y de la serie de documentos que lo siguieron es Toni Comín, quien por entonces no era más que un nombre en algunas noticias de prensa que había repasado con prisa pero que al convertirse en uno de los destinatarios supo ver, desde el primer momento, que esa era la solución.

Una vez terminado el documento y revisado por Isabel, que es quien revisa todos mis escritos, logré cargarlo en una aplicación segura y se lo envié a Jaume Asens, que me contestó “Lo leo y te digo”. Ese “te digo” tardó varias horas en materializarse, lo cual me intrigó y hasta cierto punto me puso nervioso, porque no entendía qué podría estar cuestionando Jaume Asens de un documento sobre una materia que yo dominaba y él no... Luego descubrí que no había cuestionamientos sino una compleja situación logística: por razones de seguridad, “Efecto Dominó” tardó un buen rato en llegar a su destino: las manos de Toni Comín.

Por la noche me volvió a llamar Jaume Asens para decir que el documento ya lo tenía el tal Toni; explicarme, por segunda vez, su amistad con Toni y la hermana de este y, ya de pasada, darme una serie de nombres de personas que no conocía y que entonces me parecían irrelevantes. Entre que le envié el documento y volvimos a hablar me leí todo lo que pude de lo sucedido en los últimos días en Catalunya para asegurarme de que estaba entendiendo bien el escenario y la situación que se avecinaba.

No fueron pocas las veces que esa noche Jaume Asens me preguntó “¿Estás seguro de que esto se puede hacer?”. Y la respuesta siempre fue la misma: “En teoría claro que se puede, solo tenemos que ponerlo en práctica, pero estoy seguro de lo que digo”. Nuestra amistad siempre se ha asentado no solo en el cariño sino en el mutuo respeto intelectual y en el convencimiento de que ambos decimos lo que pensamos... guste o no.

Sobre la medianoche del domingo 29 de octubre, Jaume Asens me mandó un mensaje bastante críptico pero que no tuve problemas en descifrar: “Ya está, irán donde dijiste y ahora te toca a ti”. Entendí, erróneamente, que ya habían terminado de salir de Catalunya, cosa que habían hecho el día anterior, y que me correspondía comenzar a gestionar lo que decía mi documento.

Propuse cinco destinos: Reino Unido, Irlanda, Holanda, Bélgica y Alemania. Respecto de este último país, hice una salvedad que tenía que ver con el reciente caso de Dogan Akhanli, escritor turco-alemán que había sido detenido en España en agosto de 2017 acusado por Erdogan de “terrorismo” por haber escrito en defensa de los derechos del pueblo kurdo; me encargué de su defensa y por eso conocía bien el tema: finalmente se denegó la entrega a Turquía a un elevado coste político para el gobierno de Merkel, que tuvo que mover Roma con Santiago para que España denegase su entrega, con lo que no me parecía el destino más adecuado en esos momentos y condiciones. En todo caso, el destino final fue Bélgica y, por tanto, me tocaba contactar con Christophe Marchand, belga, abogado, amigo de muchos años y batallas. Era tarde pero Christophe duerme poco, se acuesta tarde, y, además, me daba un poco igual. Sabía que cuando le explicase el tema entendería la hora.

Le contacté por una aplicación segura y tardó escasos segundos en contestar. Después de los saludos de rigor, preguntarnos por nuestras respectivas familias y esas cosas que siempre se han de hacer, me espetó un “Bueno, ¿cuál es el problema?”, a lo que le contesté: “Ninguno, no hay problema, solo un gran desafío”. Aún resuenan en mi cabeza sus carcajadas... Nos conocíamos bien y él sabía que el término “desafío” implicaba muchas más cosas, sin duda, algunas muy complejas.

Traté de ser lo más didáctico posible hasta que Christophe me interrumpió diciéndome: “Gonzalo, estoy en Lanzarote y leo la prensa; vamos al grano que estoy con mi novia y mi hija de vacaciones”. Como era evidente que sobraban los decorados, entré en materia y le indiqué que en pocas horas llegarían a Bruselas unos cuantos miembros del Govern catalán, y que había que montar un equipo jurídico de manera urgente para defenderles de una más que probable OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega).

Christophe me pidió un análisis de tiempos y le expliqué que ese lunes, ya 30 de octubre, la Fiscalía interpondría la querella, que lo más seguro era que se admitiese a trámite el mismo día o al día siguiente y que a partir del 2 o 3 de noviembre comenzarían las detenciones y los ingresos en prisión. Le indiqué que esas eran mis previsiones pero que no sabíamos nada más que lo que decían los medios de comunicación.

Me explicó que lo del equipo jurídico no era problema, que lo montaría con Michell Hirsh y Annemie Schaus y que le diese su teléfono a ese tal “Tino o como se llame”, refiriéndose a Toni Comín. En realidad este ya lo tenía, porque fue lo primero que les di teniendo el convencimiento de que Christophe se embarcaría en esto. En todo este asunto siempre he contado con amigos, nos conocemos y sabemos trabajar rápido y basados en la confianza.

Tal cual habíamos previsto, esa misma mañana del 30 de octubre la Fiscalía General del Estado presentó sendas querellas ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. En paralelo, Jaume Asens y yo seguimos hablando para ir avanzando en la defensa desde Bélgica y, al poco rato, me llamó Christophe para decirme que no se llamaba Tino sino Toni, como si fuese yo el que estaba confundido, y comentarme que ya estaban en contacto.

Ese mismo lunes, y ya desde primera hora, comenzó a circular el rumor de que el Govern había salido al exilio. Y lo presentaron como una huida, pero nadie tenía confirmación... Bueno, algunos sí la teníamos pero no podíamos hablar de ello, lo que me ponía en una situación muy compleja con uno de mis grandes amigos, Nacho Escolar, director de eldiario.es, quien me contactó para preguntarme mi opinión sobre el escenario legal que se abría a partir de esas nuevas querellas. Se lo expliqué, de forma neutra, sin poder decirle lo que iba a suceder, o mejor dicho lo que ya había sucedido.

Como era lógico, en esas horas le insistí mucho a Jaume en que era necesario que hablase directamente con Toni. Aquel me decía que sí, que me llamaría en cualquier momento; con el tiempo he descubierto que si Jaume Asens es informal con el teléfono Toni lo es más y, en esta ocasión, ni tan siquiera tenía un teléfono desde el que llamarme, por lo que hablé con él, por primera vez, la noche del 31 de octubre, cuando ya se había hecho público que estaban en Bélgica, se sabía de la admisión a trámite de la querella y estaban ya todos citados para el 2 de noviembre. Todo ello encajaba con el análisis previo que había hecho para ellos en “Efecto Dominó”.

En todo caso, en esos momentos nuestra prioridad con Christophe era poner en conocimiento de las autoridades belgas la presencia allí del president Puigdemont y los miembros del Govern para, de esa forma, evitar una detención y asegurarnos de que el proceso de la OEDE se realizase con ellos en libertad. Eso era esencial desde una perspectiva política, humana y jurídica, por lo que nos volcamos en ello.

Algo que nunca han aceptado, ni en la Audiencia Nacional ni en el Supremo, y mucho menos en Fiscalía, es que en el resto de países europeos existe un entendimiento y aplicación democrática de las normas penales y procesales y, por tanto, la prisión provisional es el último recurso, una medida de la que no se puede abusar; por eso fue prioritario dejar claro a las autoridades belgas que nuestros defendidos no tenían intención alguna de huir y que cuando ellos los citasen comparecerían.

Mientras trabajábamos en consolidar esa situación, el president Carles Puigdemont había contactado a otro aboga- do belga que había llevado muchos procesos de extradición, incluidos algunos casos de miembros de ETA. Se trataba de Paul Bekeart, letrado flamenco del que yo tenía muy buenas referencias y con quien, a lo largo de todo este tiempo, he establecido una excelente relación.

Puse en conocimiento de Christophe este hecho; él se coordinó inmediatamente con Paul y ambos comenzaron las gestiones con la Fiscalía de Bruselas. Una gran diferencia en la profesión entre lo que pasa dentro y fuera de España es la cooperación, lealtad y respeto mutuo entre los compañeros, lo que hace muy sencillo trabajar con gente de distintos despachos.

En ese punto tuvimos que tomar la primera decisión jurídica relevante: elegir el idioma y, por tanto, la jurisdicción ante la que queríamos presentar a nuestros defendidos. Valoramos, siempre utilizando un sistema de comunicación seguro, las alternativas, los pros y los contras de actuar en francés o en flamenco; finalmente, nos decantamos por acudir a los tribunales flamencos para, de esa forma, ganar tiempo con las traducciones.

Como muchas cosas en este caso, la realidad es bastante distinta a lo que se ha especulado y escrito. Decidimos llevar a nuestros defendidos a la jurisdicción flamenca porque consideramos que, como en España casi nadie habla flamenco, tendríamos una ventaja: actuando en ese idioma ganaríamos tiempo, que era lo que por aquel entonces necesitábamos, porque todo nos desbordaba y habíamos comenzado una batalla jurídica en la que enfrente teníamos a todo un Estado.

El 31 de octubre, con unas prisas inusitadas, la jueza Lamela, del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, admitió a trámite la querella de la Fiscalía y ordenó citar a todos los querellados para que compareciesen ante ella y prestasen declaración el 2 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Para mí esa fue la confirmación de que la idea era encarcelarlos a todos. Así se lo comuniqué a Jaume y, a través de él, a Toni, quien hasta entonces no era más que un nombre para mí.

La querella contenía un relato de hechos que no solo no se correspondía con la realidad de lo sucedido en Catalunya, sino que, como se demostraría más adelante, conllevaba una visión franquista de la misma y una conceptuación antidemocrática del Derecho Penal. Esos hechos, esos malditos hechos se transformarían, con el pasar de los meses, en la pesadilla europea primero de Lamela, luego de Llarena y, en todo momento, de la propia Fiscalía. El único sustento probatorio con el que contaba ese dislate de querella era una serie de artículos de prensa, de un sector de la prensa, y nada más... y con eso pretendían triunfar, jurídicamente hablando, en Europa.

La noche del 31 de octubre Toni me contactó directamente a través de un teléfono con un número muy raro. Estuvimos hablando y me dijo que había varios consellers que habían decidido regresar a Catalunya pero que él, el president Puigdemont y otros consellers no pensaban volver. Le expuse mi convencimiento de que todos los que estuviesen en España irían a prisión y mi visión del caso, que la única forma de internacionalizar el conflicto, desde una perspectiva jurídica, era que ellos permaneciesen en Europa, así como lo que fuésemos a hacer en los procedimientos de OEDE; igualmente le indiqué que era necesario que me enviase un escrito de designación para poder personarme en la Audiencia Nacional y comenzar allí la defensa.

Toni, a quien solo conocía de esa conversación, fue muy claro: me planteó una serie de dudas y, sobre todo, me hizo preguntas que marcarían el desarrollo posterior de la estrategia de defensa. Como no paraba de hablar y de preguntar le dije: “Te voy a preparar un documento y te lo haré llegar para que tengáis claro lo que estoy planteando y cómo lo podemos hacer”. Su respuesta fue clara: “Perfecto, lo espero y hablamos”.

Me puse a redactar el documento y lo llamé “Dominó 2”; en él expliqué las particularidades del proceso de OEDE, cómo los defenderíamos y las consecuencias que ese trabajo podría tener de cara a las personas que se presentarían el día 2 de noviembre ante la Audiencia Nacional. También fui rotundo sobre un hecho que nadie parecía asumir: en España todos irían a prisión porque ese era el objetivo pretendido por la Fiscalía, que contaría con el apoyo de la jueza Lamela. La única línea de defensa que quedaría sería la que montásemos en el extranjero.

“Dominó 2” fue revisado, como no podía ser de otra forma, por Isabel, y de ahí se lo mandé a Jaume Asens, que lo remitió a Toni por algún cauce que desconozco. Este, al poco de recibirlo ya avanzada la noche del 1 de noviembre, me llamó para darme las gracias e indicarme que el documento no solo era una hoja de ruta jurídica sino también un relato, que tirásemos para adelante.

En paralelo, muchos periodistas me estaban haciendo preguntas, pero no porque pensasen que yo tuviese algo que ver con el caso, sino porque siempre he llevado temas de extradiciones y, sin duda, necesitaban saber cuál era el escenario que venía. Hasta ese momento nadie me asociaba al caso y eso era un buen indicador de que estábamos volando por debajo del radar.

Hasta ese momento, cerca de la medianoche del 1 al 2 de noviembre, yo seguía sin recibir el escrito de designación para poder personarme y presentarme en la Audiencia Nacional a la mañana siguiente. Me preocupaba mucho que no lo enviasen porque, como no nos conocíamos de nada, pensé que a lo mejor era porque no confiaban en mi estrategia o que ya me habían googleado y eso les había generado desconfianza; meses después supe que no lo enviaban por la precariedad en la que se encontraban y la falta de recursos técnicos para hacerlo.

Sobre las 3 de la mañana me llegó el e-mail de Toni designándome abogado y otro de una tal Meritxell Serret cuyo nombre era la primera vez que escuchaba. Intenté dormir un rato más y sobre las 5 de la mañana me levanté, tomé mi dosis habitual de café, leí la prensa, me duché, saqué a pasear a nuestra perra y me fui al despacho sobre las 6.30 para poder enviar por fax y Lexnet los escritos de personación como abogado antes de irme a la Audiencia Nacional.

Llegué a la Nacional sobre las 8.45 de la mañana y, para mi sorpresa, estaba todo lleno de periodistas, policías, curiosos y manifestantes fascistas pidiendo el ingreso en prisión de todos los querellados. Saludéa muchos de los periodistas allí presentes, a quienes conocía de múltiples casos, pero ninguno imaginaba que yo pudiese estar allí por “el tema” de esa mañana; en realidad todos me saludaban por cortesía pero sin mayor interés, ya que esperaban a los abogados de “los catalanes” y a los propios querellados, que era donde estaba la noticia.

Aprovechándome de esa situación, entré discretamente en el edificio donde se encuentran las salas de declaraciones y juicios y bajé hasta la correspondiente al juzgado central 3. Solo estaba la funcionaria encargada y la secretaria judicial (o letrada de la Administración de Justicia, que es como ahora se denominan) y les indiqué que venía en nombre de Toni Comín y Meritxell Serret.

A los pocos minutos salió la funcionaria al pasillo y me preguntó: “Pero ¿usted por qué ha venido si ellos están huidos?”. Mi respuesta fue: “No hay ningún huido, ellos se fueron a vivir a Bélgica antes de la querella y queremos que se les tome declaración por videoconferencia”. Su sorpresa fue mayúscula y me dijo que informaría a su señoría.

Más tarde, ya sobre las 9.30, comenzaron a llegar los querellados y sus abogados. A algunos los conocía por la prensa y, a otros, por diversos procedimientos, pero estaba claro que ellos venían en un grupo y yo pertenecía a otro o a ninguno; a pesar de ello, en un momento dado pudimos comentar la situación y les dije que en mi opinión irían todos a prisión; les expliqué las razones y analicé la estética o escenografía del momento.

Todo estaba a la vista: nos encontrábamos en el pasillo del sótano -1 y estábamos rodeados de policías, no precisamente para protegerlos sino para detenerlos. En esos momentos nadie pareció hacerme caso y, mientras trataba de convencerlos de lo que iba a suceder, apareció Miguel Ángel Carvallo, el fiscal del caso y a quien conocía desde hacía años.

Me acerqué a él, le expuse la situación de Comín y Serret y nuestro deseo de que declarasen por videoconferencia; Miguel Ángel me miró con cara de incredulidad o de lástima, como diciendo “No te estás enterando”. Ante su silencio le indiqué que esa mañana había presentado los escritos de designación, de personación y una solicitud formal para que les tomasen declaración por videoconferencia... Ante mi insistencia dijo: “Vale, ya lo veremos”, y eso es lo último que hemos hablado desde entonces.

Sobre las 10.30 llegó la jueza Lamela y dieron comienzo las declaraciones; no me dejaron entrar, así que dejé constancia de mi protesta y me marché. No tenía sentido quedarme allí toda la mañana si era evidente que no podría estar en las declaraciones ni en las posteriores vistillas para adoptar medidas cautelares. Salí del edificio y se me acercaron muchos periodistas, que ya sabían que defendía a algunos de “los catalanes”, a preguntarme qué había pasado, por qué no me dejaban entrar y cualquier tipo de detalle que les permitiese dar alguna noticia mientras se producía la auténtica noticia, la que todos ellos estaban esperando: el ingreso en prisión de

los miembros del Govern catalán.

De camino al parking de Salesas fui hablando con periodistas a los que conozco desde hace más de una década; todos me insistían en que era una locura eso de huir a Bélgica, que vendrían entregados en menos de un mes, que los hechos eran gravísimos y que ningún país europeo les protegería. Intenté explicarles que las cosas no eran así, que en Europa existe una visión y aplicación distintas del derecho y que en cualquier país democrático sabrían distinguir entre lo que realmente es una rebelión y/o sedición y lo que no es más que el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión, manifestación, etc.

No les interesaba, ellos tenían una visión y no querían que un iluminado les contase historias que no se sostenían y que, además, les estropeaba el relato que les habían vendido desde Fiscalía, el Supremo y la propia Audiencia Nacional. Era todo tan evidente para mí que decidí irme rápido al despacho para informar a Toni y Meritxell, hablar con Jaume Asens y comentar todo lo sucedido con Isabel.

Esa tarde del 2 de noviembre, tal cual escribí el 29 de octubre y el 1 de noviembre, la jueza Lamela decretó la prisión provisional para Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa y Joaquim Forn; lamentablemente, mis predicciones se habían cumplido pero no estaba contento, más bien preocupado porque acertar, en casos como este, tiene como consecuencia que gente que nada ha hecho termine en prisión.

Uno de los argumentos utilizados por Lamela, y que sería luego sobado y ajado por Llarena y el Supremo, sería el del riesgo de fuga basándose en que otros miembros del Govern se habían fugado ya; en realidad esa excusa no es más que una aberración jurídica impropia de quienes pretenden presentarse como la cúspide de la carrera judicial.

La prisión provisional es una medida cautelar de carácter personal que ha de adoptarse con criterios estrictamente individualizados, y el comportamiento de un determinado sujeto no puede condicionar la situación personal de otro. Eso lo sabe cualquier juez, pero en el relato que se ha construido en torno a esta causa no les encajaba.

No había ni hay huidos, y eso les cuesta asumirlo, pero tiene una razón de ser: en todo momento, incluso antes de cursarse la primera OEDE, las autoridades belgas eran conocedoras del paradero de nuestros defendidos, parte esencial de la estrategia relativa a la libertad provisional; además, dentro de un espacio común europeo nada debe impedir la libre circulación de los ciudadanos, por lo que no existía motivo para ocultar un hecho así.

Igualmente, ese relato sobre los supuestos “huidos” se cae por la simple razón de que algunas de las personas que Lamela envió a prisión estuvieron en Bélgica y aun así decidieron regresar y presentarse ante ella. La dura realidad desmonta los relatos que, de manera sucesiva, se irán construyendo, primero desde la Audiencia Nacional y luego desde el Supremo, para justificar lo injustificable como se iría comprobando con el tiempo.

Este caso, como se ha visto, no solo es una confrontación política y judicial sino también de relatos, y tanto la Audiencia Nacional como el Supremo han ido tratando de instalarlos de forma sistemática hasta que la realidad se los ha desmontado uno a uno.

Sobre las 17.00 horas logré hablar con todos, incluido Christophe, que ya estaba en contacto con la Fiscalía de Bruselas pero que no terminaba de creerse que todos los consellers hubieran sido enviados a prisión. Ambos sabíamos que, a partir de ese momento, la pelota estaba en nuestro tejado y que la responsabilidad era muy alta; no podíamos fallar y teníamos que medir cada paso que diésemos. La presión sería brutal y se prolongaría en el tiempo, como sigo comprobando.

Esa noche dormí bien, tal vez muy bien, aunque no existía más que una razón para ello: no nos habíamos equivocado en cuanto a la previsión de lo que sucedería y habíamos aconsejado en función de unos parámetros que se cumplieron en su totalidad. El comportamiento de Lamela, como luego sucedería con Llarena, resultó del todo previsible y ello por algo muy sencillo: el guion lo traían escrito y se ceñirían a él.

En la época de la posverdad, y cuando se trata de instalar un determinado “relato”, lo último que se tiene en consideración es la verdad, la realidad e, incluso, la propia Ley; en el caso del procedimiento que se sigue en contra de los parlamentarios catalanes y del depuesto gobierno de la Generalitat de Catalunya sucede exactamente lo mismo y no son pocas las ideas, creencias y relatos que se van instalando sin siquiera tener en consideración lo que establece la Ley y cómo esta regula el procedimiento mediante el cual se pretende condenar a quienes participaron en el denominado “procés”.

El último de los relatos que se busca instalar, y con el cual se han comprometido insignes magistrados y hasta el propio ministro de Justicia, hace relación con el inminente procesamiento de los investigados y la subsiguiente “inhabilitación” de todos los hoy investigados. La pregunta que surge, pero que pocos se quieren hacer, es la siguiente: ¿se trata de un relato o de una realidad jurídica?

Para determinar dónde estamos y cuánto camino habría que recorrer para que dichas afirmaciones terminen o no siendo realidad, igual deberíamos ver qué dice la Ley, esa triste olvidada a la hora de reprimir aquello que afecte a la indisoluble unidad de la nación española, y comprobaremos que la misma nos lleva a conclusiones un tanto divergentes respecto del relato que se está pretendiendo instalar.

En primer lugar, por ahora, nos encontramos en el seno de unas Diligencias Previas que, cuando así lo decida el magistrado Sr. Llarena, tendrán que ser transformadas en procedimiento Sumario Ordinario, el que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece para aquellos delitos que conlleven pena superior a los 9 años de prisión y que, en este caso, sería el apropiado si se insiste, absurdamente, en imputar los delitos de sedición y rebelión.

Pues bien, dicha resolución de transformación en procedimiento Sumario Ordinario, por previsión legal, es recurrible primero en reforma (en el plazo de 3 días), y resuelta dicha reforma, en apelación en el plazo de 5 días. Una resolución que determine continuar un procedimiento por delitos tan graves implica, necesariamente, un gravamen para los afectados y, por tanto, resulta más que correcto pensar que contra la misma se ejercitarán los mencionados recursos. Y, por otra parte, no recurrir dicha resolución es tanto como aceptar la concurrencia de los presupuestos legales y fácticos para la imputación de esos delitos (rebelión y sedición), por lo que es previsible que se recurrirá y ello, por mucho que se corra, implica, como mínimo, de uno a dos meses antes de la firmeza del auto de transformación en Sumario Ordinario.

Una vez firme dicho auto, entonces y solo entonces, se podrá procesar a los hoy investigados. El procesamiento implica, entre otras cosas, la determinación indiciaria de los hechos y sus presuntos responsables y es el momento en que, además, han de practicarse las llamadas “declaraciones indagatorias” de todos los afectados Como es una resolución que causa gravamen la misma puede y será recurrida, primero en reforma y luego en apelación, fase en la que se tardará, por mucho que corran, como mínimo, entre uno y dos meses hasta la firmeza del auto de procesamiento.

Por tanto, entre la conversión en Sumario Ordinario y el Procesamiento se tardarán, como mínimo, unos 4 meses y, entonces y solo entonces, será de aplicación la regla contenida en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal – tantas veces esgrimido por Llarena - el cual establece que:

“Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.

Cuando las normas son claras no cabe interpretación (“in claris non fit interpretatio”) y lo que dice el artículo 384 bis) es claro: primero deberá ser firme el auto de procesamiento (es decir una vez desestimados los recursos de reforma y apelación) y luego se suspenderá, que no inhabilitará, a aquellos procesados que: a) ostenten función o cargo público, y b) estén presos. Dicha suspensión, que no inhabilitación, durará todo el tiempo que se mantenga a esos procesados en prisión provisional.

Si en lugar de repetir como un dogma de fe aquello que interesadamente se filtra desde alguna alta magistratura o por el propio Ministro de Justicia nos mirásemos la Ley, revisásemos la Jurisprudencia y comprendiésemos lo que las normas establecen podríamos llegar a una clara conclusión: ni en marzo estarán procesados los investigados ni podrán ser inhabilitados, simplemente podrán ser suspendidos aquellos que estén en prisión y solo mientras dure tal situación, por lo que aquello que se está asumiendo como una verdad revelada no parece ser más que un intento de instalar un relato que poco o nada tiene que ver con lo que la Ley establece.

Como se puede ver, no estamos ante una realidad jurídica sino, simplemente, ante una maniobra política revestida de pseudolegalidad con una clara finalidad: alterar el escenario político a partir de una falsedad que se presenta como verdad revelada. Con la Ley en la mano, esa misma que ya se han saltado muchas veces, ni es creíble el relato del procesamiento en marzo ni es sostenible esa supuesta y directa consecuencia consistente en la inhabilitación de todos los investigados.

Alejémonos de la posverdad judicial para analizar la realidad tal cual se regula en las normas procesales y comprobaremos que: 1) No habrá auto de procesamiento en marzo, y 2) nadie será inhabilitado en función del auto de procesamiento. Lo que habrá, cuando sea firme el auto de procesamiento, que tardará aún en dictarse, será una suspensión provisional de aquellos investigados que estén en prisión y ostenten cargo o función pública.

Por otra parte, y en el caso de aquellos futuros procesados que sean declarados en rebeldía el auto de procesamiento, no adquirirá firmeza porque no se puede decretar la misma en ausencia del procesado que, una vez puesto a disposición judicial, podrá ejercitar ambos recursos (reforma y luego apelación). Dicho claramente: el procesamiento tampoco conllevará la suspensión de los investigados residentes en Bélgica.

Este nuevo relato o posverdad judicial se suma a los muchos que hemos visto, en este procedimiento, en los últimos tres meses. Así, por orden de aparición, serían: que en menos de 30 días Bélgica les iba a entregar, que se retiraba la Euroorden porque sólo les iban a entregar por malversación, que se agotaban los tres meses de residencia en Bélgica, que es legal interceptar conversaciones si se está en un lugar público, etc. etc. etc. Todos estos relatos tienen un denominador común: intentar alterar la realidad con pseudo explicaciones jurídicas que poco o nada tienen que ver con el Derecho y mucho con la política.

Cada cual tiene que sacar sus propias conclusiones pero sería aconsejable que todos nos preguntemos algo de mucho mayor alcance y sobre lo que los demócratas deberíamos estar de acuerdo ¿es este el Tribunal Supremo que queremos y debemos respetar o preferimos uno técnico, imparcial, independiente y despolitizado? De la respuesta que demos a esta pregunta dependerá el tipo de sociedad en la que queremos vivir así como su calidad democrática porque el resto solo es relato.