La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha conminado al PSOE regional a explicar qué estan haciendo“ el expresidente autonómico José Bono y el expresidente de las Cortes y actual director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, ”si quieren hablar de los expresidentes de esta tierra“.

De esta forma se ha expresado Agudo en una rueda de prensa en la que no se ha pronunciado sobre el informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que podría, presuntamente, apuntar a una conexión entre las agendas personales del comisario José Manuel Villarejo con los audios que el agente grabó en secreto de sus conversaciones con la expresidenta autonómica 'popular' María Dolores de Cospedal.

Un informe por el que, previamente, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su “confianza” en que la justicia procese a Cospedal, mientras que desde el PSOE autonómico han exigido al presidente de los 'populares' en la región, Paco Núñez, que critique estos “bochornosos” audios.

Tras sacar distintos folios con titulares de prensa en los que aparecían tanto Bono como Pardo, Agudo ha pedido “por coherencia y por valentía” al actual presidente regional, el socialista Emiliano García-Page, que “critique estos bochornosos chanchullos” a los que hacían referencia esos titulares de prensa.

Asimismo, ha recordado que Bono “su mentor político, su guía espiritual, su padre político”, mientras que de Pardo ha dicho que es “su amigo” y quien fuera presidente de las Cortes autonómicas.

“Muy valientes son desde el PSOE de Castilla-La Mancha para hablar de otros partidos, pero poco para hablar de los propios. Si quiere el PSOE y Page hablar de los expresidentes de esta tierra, que empiecen por explicar qué están haciendo el socialista Bono y el socialista Pardo”, ha remachado.

El PSOE de Castilla-La Mancha ha exigido hoy “coherencia y valentía” al presidente del PP regional, Paco Núñez, para criticar los “bochornosos” audios de María Dolores de Cospedal, que fuera secretaria general de los 'populares', que aparecen en el último informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y que la vinculan con la agenda de José Manuel Villarejo.

La portavoz del grupo socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha trasladado, en rueda de prensa en el Parlamento autonómico, que este nuevo informe “conecta” con lo que el PSOE viene diciendo desde hace mucho tiempo y sitúa a Cospedal, y hasta a quien fuera presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, “donde siempre han estado”.

Habla de “estupor” ante estos nuevos audios y dice no entender que el PP de Castilla-La Mancha aún no se haya pronunciado. También se pregunta si Núñez va a aprovechar el pleno de este jueves para, con “coherencia”, criticar esta última información que ubica a Cospedal, una vez más, “a la cabeza o en la máquina de la corrupción de la Kitchen”.

“Sería coherente porque son muy valientes cuando hablan de las conductas dudosas de otros partidos, pero no dicen nada cuando se trata de los suyos, que al menos tengan la mitad de coherencia y de valentía que tiene Page en esta región”, ha apuntado.

Sería coherente porque son muy valientes cuando hablan de las conductas dudosas de otros partidos, pero no dicen nada cuando se trata de los suyos

Abengózar ha insistido en que los socialistas de Castilla-La Mancha siempre critican cualquier conducta en su partido “de dudosa moralidad o legalidad”, y ha instado a los ‘populares’ a hacer lo propio y “distanciarse y pronunciarse sobre quién es su presidenta de honor”, que en esos audios “decía pagar, presuntamente, 100.000 euros de una empresa pública relacionada con los residuos al señor Villarejo por los trabajos prestados”, ha concluido.

“Tengo la confianza en que la Justicia actúe y que se proceda a procesar a Cospedal”. Así de contundente se ha mostrado este jueves el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha José Manuel Caballero, cuando se le ha preguntado en una rueda de prensa por su valoración sobre los nuevos audios de la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha, que forman parte de las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo.

Unos audios que presuntamente comprometen a Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, en el conocimiento de operaciones policiales ilegales, hechas a espaldas del juez, contra adversarios políticos.

“Sin duda los audios de hoy son todavía más graves y espero que se someta al imperio de la ley”, ha dicho el numero tres del gobierno de Emiliano García-Page porque, lamentaba, “hasta ahora se ha estado escapando por los pelos” de lo que, desde su punto de vista “parecen delitos fragrantes para ocultar pruebas”.

ElDiario.es ha tenido acceso a algunas de estas grabaciones.

Y es que, un nuevo informe de la Policía conecta estos audios con los diarios de Villarejo y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha validado a requerimiento del juez Antonio Piña, que instruye todavía decenas de piezas separadas del caso Tándem, las grabaciones. El análisis se ha enviado a la Audiencia Nacional que ha ordenado buscar “indicios de criminalidad” contra la ex secretaria general del PP.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha validado a requerimiento del juez Antonio Piña, que instruye todavía decenas de piezas separadas del caso Tándem, grabaciones del comisario José Manuel Villarejo que comprometen a Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, en el conocimiento de operaciones policiales ilegales, hechas a espaldas del juez, contra adversarios políticos. El informe policial compara las fechas de las grabaciones con las anotaciones de Villarejo en su agenda personal, y les concede la autenticidad sobre la que preguntaba el juez Antonio Piña.

En una de esas grabaciones, a las que ha tenido acceso elDiario.es, Villarejo le cuenta su idea de que el Ministerio del Interior, dirigido por Jorge Fernández Díaz, haga policía a Sergio Ríos Esgueva, chófer del extesorero del PP, Luis Bárcenas, que colaboró con la policía política para robar documentación sobre la financiación ilegal del partido que entonces presidía Mariano Rajoy. En la misma conversación, fechada el 15 de septiembre de 2014, Cospedal le asegura a Villarejo que el presidente del Gobierno sabe que le han “limpiado” a Bárcenas toda la documentación que comprometía al PP sobre la financiación ilegal. Luis Bárcenas controló durante al menos 20 años una caja b del PP donde ingresaron más de ocho millones de euros de empresarios que a su vez eran contratistas de administraciones gobernadas por la formación conservadora. Barcenas apuntó en esa contabilidad paralela como parte de los ingresos acababan en manos de los principales dirigentes del PP, entre ellos Rajoy, en forma de sobresueldos trimestrales o semestrales.

El informe de Asuntos Internos, adelantado por El País, transcribe la literalidad de una grabación que hace varios años hizo pública RAC-1 y que entregó a la policía. Los audios, a los que ha tenido acceso elDiario.es junto al informe policial, reflejan cómo Villarejo le cuenta a Cospedal los riesgos que entraña la figura del chófer de Bárcenas, al que han pagado 2.000 euros mensuales de fondos reservados y al que habría que meter dentro de la Policía Nacional —cosa que ocurrió— para evitar que en un futuro pudiera hablar sobre esa operación ilegal.

“Cuando pasan los años es cuando aparecen los cadáveres por ahí”

VILLAREJO: El tema de Barcenas ese tema, es que…

COSPEDAL: ¿Y ese tío cómo está?

VILLAREJO: Bueno, ese tío… eh… afortunadamente gracias al personaje que tú ya conoces, que esa es otra, yo le he dicho algo muy simple, le he dicho: “Antes de irme, antes de jubilarme, no me gusta dejar flecos, porque tengo experiencia en los flecos y siempre son malos”

.COSPEDAL: Sí, sí, siempre. ¡Siempre!

VILLAREJO: En la época del Gal fue malo, ¡siempre son malos! Este tío que nos ha estado dando información hacerlo policía nacional…

COSPEDAL: Algo.

VILLAREJO: No, no vale… o sea ¿entiendes? O sea, le estamos dando todos los meses dos mil euros, da igual. Este tío [el chófer de Bárcenas] lo hacéis policía nacional, básico, y ya no puede hablar y ya es un policía nacional que ya no se sabe si era policía antes o después, o si era un infiltrado que habían metido para sacar información. Y claro “y bueno, pero eso va a ser muy complicado”, que no es complicado coño, que es muy simple. Que bueno, ahí están dándole vueltas, ojalá y me hagan caso. ¿Por qué? Porque lo mismo que es un error dejar a la Vicky suelta ¿eh? Es un error dejar a este chico suelto y es un error dejar, pues eso, a toda, a todas esas cosas… ¿Por qué? Porque los años al final te das cuenta de que cuando pasan los años es cuando aparecen los cadáveres por ahí.

COSPEDAL: Y siempre aparecen.

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La Audiencia Nacional juzgó hace varios meses el denominado caso Kitchen, el espionaje a Bárcenas pagado con fondos reservados del ministerio del Interior, en el que se piden fuertes penas de cárcel para media docena de comisarios, el ministro del Interior en aquella época, Jorge Fernández Díaz, y su secretario de Estado, Francisco Martínez. El tribunal nunca pudo escuchar estos audios que demuestran el conocimiento de la cúpula del PP sobre las operaciones ilegales de la policía. Tanto Rajoy como Cospedal acudieron al juicio en calidad de testigos. El caso está pendiente de sentencia.

“A mí me lo ha contado el presidente”

VILLAREJO.  A mí… mí…me preguntan claro, a mí me pregunta por ejemplo por el cocinero, que es el nombre guerra que yo le doy al tío de Bárcenas. Claro, me dice “oye que me han preguntado por el cocinero”, y yo… “¡Pero ¡qué dices!”, entonces ¿sabes?, entonces es clarísimo que se lo han dicho… Porque eh, que no lo sabe nadie.

COSPEDAL: Porque la fuente es la misma, joder.

VILLAREJO: Pero te quiero decir que es que no lo sabe nadie, entonces que a mí Javier Iglesias me dice: “No, es que tengo que comunicar con el enlace” que tú sabes quién es, “tengo que comunicar para arriba, porque está pendiente de esto y tal, y quiere tu opinión de esto”, ¿entiendes?, y se ha encontrado hace un mes una documentación complicada, yo no sé, espero que el ministro se la haya dado al presidente.

COSPEDAL: ¿Pero la habéis encontrado vosotros o el CNI?

VILLAREJO: No, la hemos encontrado nosotros.

COSPEDAL: Vosotros.

VILLAREJO: ¡Perdona! Yo no he tenido acceso porque no me han dejado, o sea, yo he…

COSPEDAL: Bueno, pero ellos han encontrado la del… la del último no lo sé, yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado a este de todo lo que tenía, ¿no?

VILLAREJO: Bueno, pues eso, ¿eh?, que yo prepare la operación.

COSPEDAL: A mí me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más.

En verano, en Un tema Al día aprovechamos para recomendarte otros podcasts que nos gustan. Hoy te proponemos escuchar un podcast mítico: Catástrofe Ultravioleta. Es un podcast de nuestro compañero Antonio Martinez Ron, y de Javier Peláez y Javi Álvarez, que va por su segunda temporada, y que te acerca el mundo de la ciencia a través de historias cotidianas, diversas y sorprendentes, siempre con una buena dosis de humor.

Este es el segundo episodio de la segunda temporada de este podcast que se titula Veneno, y habla sobre una carrera trepidante y contrarreloj que desata la picadura de una víbora para encontrar un antídoto. El protagonista de nuestra historia, Marcos (nombre ficticio), tuvo el tiempo justo antes de desmayarse para poner en marcha el operativo de emergencias.

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Enlace al episodio: Catástrofe Ultravioleta

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Te traemos el episodio que hicimos con motivo del arranque del juicio a una de las tramas de corrupción política más graves de los últimos años: el caso Kitchen, o la brigada policial que desde el Ministerio del Interior y pagada con fondos reservados, intentó sabotear la investigación judicial del caso Gürtel mediante seguimientos y destrucción de las pruebas que custodiaba el extesorero del PP, Luis Bárcenas, y que implicaban a la cúpula del partido. Es uno de los tres operativos que desde dentro del Gobierno de Mariano Rajoy, funcionaron para atacar ilegalmente a sus enemigos políticos.

El periodista de elDiario.es, Pedro Águeda, nos acompaña en la narración de este capítulo, que hicimos porque seguimos teniendo la sensación de que no acaba de calar la importancia y la gravedad de un caso que no es solo corrupción. Es un caso para tapar la corrupción. En este capítulo escucharás audios que proceden de grabaciones judiciales o del propio comisario Villarejo.

*** Este episodio se emitió por primera vez el 6 de abril de 2026***

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'Juicio final a la guerra sucia del PP': un documental de elDiario.es sobre la Operación Kitchen

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El derecho a la defensa permite a los acusados mentir a la cara del tribunal que los juzga. No están obligados a declarar contra sí mismos ni a confesarse culpables. El testimonio falaz de un procesado en el juicio no se considera prueba suficiente para emprender acciones penales contra el mentiroso.

El Tribunal Supremo negó hace solo unos días a un empresario la posibilidad de querellarse contra el comisionista Víctor de Aldama por unas declaraciones que hizo durante el juicio del caso Ábalos. Aldama acusó al constructor Manuel Contreras Cano (Azvi) de pagar mordidas a cambio de obras amañadas en el Ministerio de Transportes. Contreras consideró estas declaraciones injuriosas y calumniosas, pero el Supremo recordó que Aldama, corrupto confeso, había hecho esas manifestaciones “en el ejercicio de su derecho de defensa y, en consecuencia, asistido del derecho a no declarar contra sí mismo y no declararse culpable”. El Tribunal concluyó que el derecho al honor del constructor Contreras no prevalecía sobre el derecho de defensa de Aldama, y denegó el permiso para presentar la querella.

En el juicio del caso Kitchen, media docena de comisarios empoderados, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado, Francisco Martínez, todos ellos procesados y para los que se piden altas penas de cárcel, han dado una versión de lo ocurrido entre 2013 y 2015 que choca con todas las pruebas recabadas durante la investigación judicial e incluso contradice la versión que alguno de ellos se dio a sí mismo o confesó al juez en la fase de instrucción.

El comisario José Manuel Villarejo, uno de los implicados con mayor protagonismo en las actividades ilegales del grupo, grabó durante aquella operación a los principales implicados en el espionaje ilegal a la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Grabó al chófer de esa familia, Sergio Ríos, captado como confidente, y le animó a buscar documentación que guardase Bárcenas sobre la financiación ilegal del PP. Le pagó 2.000 euros mensuales durante casi dos años, algunas veces en billetes de 500 euros, con cargo a los fondos reservados del ministerio del Interior. Hay recibos y grabaciones en el sumario que acreditan estos hechos.

Grabó a Enrique García Castaño, el comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), quien se coló en el taller de la esposa de Bárcenas en busca de papeles comprometedores para el PP. García Castaño entregaba al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, toda la información que conseguía a través del chófer de la familia del tesorero. Así lo admitió este comisario en fase de instrucción, pero una grave enfermedad le ha impedido ratificar ahora su testimonio. Antes de sufrir la enfermedad, García Castaño habló con Villarejo sobre su mala suerte porque los nuevos responsables del ministerio del Interior le habían quitado el cargo y trasladado a una comisaría.

García Castaño: Me han pedido 40.000 cosas de trabajo, mírame esto, mírame lo otro. Y ahora me reciben y me espabilan en dos minutos...

Villarejo: Yo le habría dicho, dile al ministro que le busco la ruina. Yo que tú, con toda la información que tienes...

García Castaño: Si no tengo nada… Mi trabajo, lo único que hay son cuatro cosas…

Villarejo: ¿Te parece poco macho? Una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que le comprometían al presidente, no me jodas…

Por si fueran pocas evidencias, el secretario de Estado de Seguridad, contaba así lo ocurrido a periodistas de El País cuando le imputaron en el juzgado: “Supe de esa operación por el ministro. Me llamó, no recuerdo si un sábado o un domingo por la tarde, para decirme que un confidente iba a colaborar con la policía para ver lo de Bárcenas. Luego me mandó un mensaje por WhatsApp recordándome el asunto. Tenía la costumbre de enviarme por escrito las cosas que habíamos hablado, para que quedase constancia o no se me olvidasen. Yo me quedé atónito. Hablé con el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y me dijo que sí, que había un grupo de policías con el confidente, que era el chófer de Bárcenas, y que en esa operación estaban el Gordo [comisario Enrique García Castaño] y Villarejo. Además, me dejó claro que nada por escrito”.

Martínez enseñó a un notario amigo suyo esos mensajes del ministro alertándole de la operación para robar documentación a la familia de Bárcenas y levantó acta sobre aquellos hechos. Luego borró su móvil y el ministro, Jorge Fernández, le desmintió delante del juez negando cualquier conocimiento de los hechos. Aunque tampoco pudo demostrar que no había enviado esos mensajes porque había cambiado de teléfono y no conservaba sus conversaciones con Martínez.

Fernández Díaz, Martínez, Villarejo y otros comisarios han defendido durante el juicio que la operación no era ilegal, sino “de inteligencia” para descubrir donde tenía escondido Bárcenas el dinero de sus actividades corruptas.

La fecha de inicio de la Operación Kitchen, 13 de julio de 2013, descarta esta nueva teoría que varios abogados defensores expusieron en el juicio. El juez Pablo Ruz, que investigaba los hechos, ya había acreditado en aquel momento con pruebas documentales fuera de toda duda donde guardaba su fortuna quien había sido gerente y tesorero del PP durante casi 20 años. Las comisiones rogatorias, que tardaron varios años en llegar, acreditaron en enero de 2013 y en junio de 2013 que Bárcenas acumuló 47 millones de euros en dos bancos suizos: el Dresdner Bank y el Lombard Odier.

El abogado de Fernández Díaz buscó otro argumento para defender la inocencia del ministro en relación con la Operación Kitchen. “Interior es una de las carteras más complicadas del Gobierno, con más de 200.000 funcionarios a su cargo, con una agenda parlamentaria e internacional intensa y, por eso, nunca se le informa [al ministro] de las operaciones policiales ni del uso de los fondos reservados”. Pero la Audiencia Nacional almacena pruebas relevantes, y directas, de la participación de Jorge Fernández Díaz en operaciones de la cloaca policial contra Artur Mas, Jordi Pujol o Xavier Trías, con grabaciones muy comprometedoras.

El abogado de Villarejo, en un giro sorprendente de guion, llegó a culpar a Bárcenas y a un grupo de periodistas de haberse inventado esta historia. Las fechorías de este comisario durante sus años de ejercicio profesional han llenado cientos de tomos de sumarios en más de 30 piezas separadas del caso Tándem. Acumula varias penas de cárcel y todavía tiene varios juicios pendientes. Su derecho de defensa le ha llevado a desmentirse a sí mismo, a contar que sus diarios manuscritos recogían elucubraciones sin fundamento y que las grabaciones de toda su vida eran obra de espías del CNI que le querían buscar la ruina.

Los acusados, y sus abogados, pueden mentir en el juicio del caso Kitchen que ayer quedó visto para sentencia. Es la ley. Tienen derecho a no confesar su culpa ni a declarar contra ellos mismos. Se llama derecho de defensa. Para un tribunal de justicia, los hechos son sagrados y el testimonio de los acusados, libre. La verdad, cuando las pruebas lo permiten, casi siempre prevalece.

El juicio del caso Kitchen ha finalizado este martes, casi cuatro meses después de que arrancara, el 6 de abril. Antes de que la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, haya declarado que el caso queda “visto para dictar sentencia”, ha sido el turno de última palabra, que solo aprovecharon José Manuel Villarejo, el chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, y el comisario Andrés Gómez Gordo.

Villarejo ha afirmado: “Con mi perspectiva ya de los 75 años que cumplo la semana que viene me pregunto cómo se me ocurrió pisar callos tan importantes para terminar como he terminado”. Además, el comisario quiso restar importancia a dos de los elementos que sostienen la acusación: las agendas y las grabaciones que se le incautaron.

“Las anotaciones de mi diario eran de uso diario, porque eran tantas las cosas... pero que ahora mismo no sabría decir por qué apunté tantas cosas”, ha dicho el policía jubilado. “De los audios eran mis funciones como agente de inteligencia, no había ninguna intención, jamás hasta que fui detenido... estaban en mi caja fuerte. Lamento el daño que he podido hacer los que se han visto incursos en ellos, no dejas de ser comentarios en ambientes distendidos”, ha añadido.

Los ocho acusados que seguían en el banquillo han tenido que levantarse y pasar por el micrófono uno por uno. Menos los citados y Eugenio Pino, que también renunció a la última palabra pero telemáticamente a causa de un problema de salud. Ni Jorge Fernández Díaz, ni Francisco Martínez, entre los restantes, han querido añadir una palabra a los alegatos finales de sus abogados, trasladados en las últimas sesiones del juicio.

Por su parte, Gómez Gordo ha negado tener “ninguna participación en la ideación o planificación de esta operación” y ha añadido: “Llevo cinco años suspenso de empleo y sueldo y cualquier condena supone una condena de por vida”, ha añadido, sobre la expulsión del Cuerpo que una sentencia firme supondría. Se da la ccircunstanciade que Gómez Gordo ya está condenado en primera instancia a tres años de cárcel por el caso Ciudad de la Justicia.

En último lugar, Sergio Ríos Esgueva ha apelado a que cualquiera se ponga en su situación de colaborar con los policías que le contactaron y que se identificaron como tales. “Que se pongan en mi situación, cualquier ciudadano normal... se identifican agentes de la autoridad, se percibe todo el dispositivo policial, qué habríamos hecho ninguno de nosotros. Siempre pensé que había que actuar con la legalidad. Nunca tuve conocimiento de ilegalidad”, ha añadido.

El juicio del caso Kitchen ha analizado una presunta operación parapolicial, dirigida desde el Ministerio del Interior, con el fin de robar información comprometedora para el PP a Luis Bárcenas y su familia cuando el primero entró en la cárcel en 2013 y el caso de la caja B estaba en su máximo apogeo. Anticorrupción pide 19 años de cárcel para Villarejo y 15 para el exministro Fernández Díaz, el secretario de Estado Francisco Martínez y el comisario Andrés Gómez Gordo, 'Cospedín'. Han sido absueltos durante la vista, con acuerdo de las partes, los policías José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano.

La defensa de Jorge Fernández Díaz ha solicitado este miércoles su absolución en el juicio del caso Kitchen porque entiende que durante la vista, que empezó hace tres meses, “no se ha acreditado” ninguno de los tres delitos por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para el ex ministro del Interior. Jesús Mandri, el letrado de Fernández Díaz, ha defendido que Kitchen fue “una operación de inteligencia, no parapolicial” y que, de ella, no fue informado el ministro del Interior, como tampoco lo era de otras muchas porque su cargo no consistía en estar encima de los dispositivos policiales.

“Interior es una de las carteras más complicadas del Gobierno, con más de 200.000 funcionarios a su cargo, con una agenda parlamentaria e internacional intensa y, por eso, nunca se le informa [al ministro] de las operaciones policiales ni del uso de los fondos reservados”, ha expuesto Mandri, que ha intervenido durante cerca de dos horas.

Fernández Díaz está acusado de los delitos de encubrimiento, malversación de fondos públicos y contra la intimidad, por las maniobras contra Bárcenas y su familia orquestadas presuntamente desde el Ministerio del Interior para sustraer la documentación que el ex tesorero del PP pudiera esconder en 2013 de la financiación irregular del PP y de los pagos con dinero negro a sus principales dirigentes, incluido el entonces presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy.

La prueba principal contra Fernández Díaz son los mensajes que aportó ante dos notarios su número dos, Francisco Martínez, cuando se vió en peligro de ser imputado y al comprobar que el ministro se desvinculaba en público de cualquier conocimiento de Kitchen. En esos mensajes, Fernández Díaz aparece informando al secretario de Estado de la existencia del confidente en el entorno de la familia Bárcenas, el chófer, de su identidad o de los avances de la operación.

La principal línea de defensa durante el juicio ha sido desacreditar esos mensajes, que Martínez borró antes de que fuera incautado su teléfono. “Esos mensajes nunca existieron y si existieron nunca fueron enviados o reenviados por Jorge Fernández Díaz”, ha dicho este miércoles su abogado. El letrado ha desacreditado el testimonio de los peritos y ha deslizado, incluso, que uno de ellos mintió en el juicio.

Los peritos no comprobaron si ese teléfono que aparecía en la agenda del terminal de Martínez a nombre de “Jorge Fernández Díaz” pertenecía en realidad al ministro. Sin embargo, el fiscal defendió en su alegato final que está acreditado que era un teléfono del Ministerio del Interior en la época y que después el número ha seguido siendo utilizado por el entonces titular de la cartera.

Mandri ha destacado que no hay grabación alguna ni anotación en la agenda de Villarejo sobre encuentros entre ambos. En este sentido ha impugnado que se tome como prueba un encuentro entre el policía y el ministro de 2012 en el que se fragua la Operación Cataluña porque, ha dicho, nada tiene que ver con la causa y no ha sido sometida a ninguna comprobación de veracidad. Fernández Díaz ha cambiado de versión varias ocasiones sobre si conocía a Villarejo después de que revelaciones periodísticas hayan demostrado que mentía.

En las agendas de Villarejo sí hay múltiples referencias al ministro del Interior y su conocimiento de la operación Kitchen. El investigador principal del caso, el inspector jefe Gonzalo Fraga, dijo en el juicio que las anotaciones que Villarejo allí hacían no eran un montaje –“Villarejo no se engana a sí mismo”– pero el abogado del acusado ha defendido que “no son prueba de absolutamente nada”.

Respecto al carácter de “inteligencia” de la operación Kitchen, Mandri ha dicho que así consta en los epítetos que le dedicaba Villarejo en una carpeta que se le incautó, a la que el abogado sí ha dado credibilidad. Y que la operación, en línea con la tesis de la defensa del resto de investigados, buscaba encontrar dinero aún oculto por Bárcenas y sus testaferros, pese a que el investigador de la caja B ha negado que fuera informado jamás del operativo.

Asimismo, el abogado ha defendido que Fernández Díaz no tenía ningún interés personal en encontrar la supuesta información comprometedora para el PP porque él no aparece en los papeles de Bárcenas ni como receptor de dinero negro. “No le afectaba la información del señor Bárcenas”, ha asegurado el letrado.

El número dos, de acuerdo con Fernández Díaz

Durante todo el juicio las defensas han exhibido un concierto en la línea de defensa. Ha llamado especialmente la atención la cordialidad entre Fernández Díaz y Francisco Martínez, quienes mantuvieron un agrio enfrentamiento durante la instrucción, visualizado en el careo que organizó el juez instructor. En su alegato final, el abogado de Martínez ha coincidido con el del ex ministro en que la Kitchen fue “una operación real policial, lícita y legal, de inteligencia, para buscar dinero, patrimonio, de Bárcenas y su familia”.

Colina ha defendido la actuación policial como “una operación de Estado”. “Si no se hubiera investigado se habría cometido verdaderamente el delito”, ha afirmado, en relación a la supuesta búsqueda del dinero escondido por Bárcenas y sus presuntos testaferros.

“Nos hemos tirado casi tres meses de juicio, han declarado aquí un montón de personas y ningún testigo, ningún perito ha venido aquí a contarnos que existe la 'Operación Kitchen' tal y como las han concebido las acusaciones. Ninguno”, ha asegurado Colina.

La Audiencia Nacional arrastra los pies en la investigación de causas graves de corrupción policial vinculadas al Ministerio del Interior bajo mandato del PP entre 2012 y 2018. Un tribunal de ese órgano juzga estos días el caso Kitchen, la operación policial dirigida desde Interior y perpetrada por media docena de comisarios para robar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, pruebas sobre la financiación ilegal de la formación conservadora. Pero el grueso de las operaciones secretas de aquellas cloacas del Estado sigue impune diez años después.

Comisarios empoderados trabajaron en la fabricación de pruebas, muchas de ellas falsas, contra políticos de la oposición. Lo hicieron fuera de la Ley, a espaldas de los jueces pero con el impulso y conocimiento de la cúpula de Interior y del PP. La misión de aquellos comisarios corruptos culminaba en muchas ocasiones con la difusión del resultado de sus trabajos a través de medios de comunicación afines al partido.

La guerra sucia de los agentes tuvo un triple objetivo: dirigentes independentistas catalanes embarcados en el desafío secesionista; altos cargos de Podemos, la formación emergente que amenazaba la continuidad del PP en el poder; y el entonces líder de la oposición y hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El número uno de la policía, Eugenio Pino, y sus principales lugartenientes, comisarios jefe en distintas áreas, se enfangaron en las operaciones ilegales. El agente más activo en esas tareas fue el comisario José Manuel Villarejo. Había ingresado en la Policía a los 22 años. Solo 10 años después pidió una excedencia para dedicarse a sus empresas privadas (con las que continuó hasta su jubilación y más allá). Regresó en 1993 para trabajar en Información y Policía Judicial, dos de los departamentos donde se manejan los datos más sensibles. En 2007 y durante los 10 años siguientes, Villarejo fue un verso libre de jefes. Se presentaba como “agente encubierto dependiente de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía”. Aunque más que un agente encubierto era un agente doble. Durante el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011), Villarejo conspiró con la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, planificando acciones para obstaculizar o arruinar las investigaciones del caso Gürtel. Para entonces, Villarejo ya era un policía todopoderoso que influía, o lo intentaba, en políticos, empresarios, jueces, fiscales y periodistas.

“Hay confianza, ¿no? Somos colegas. Móviles a la vista, aquí nadie graba a nadie”, les decía a algunos de sus interlocutores. Mientras tanto, él grabó durante al menos 20 años todos los encuentros que le interesaban. Era un notario infalible, también con sus agendas personales. Confiaba en esas grabaciones como una garantía de vida si venían mal dadas. Pero se equivocó.

Ingresó en la cárcel de Estremera el 3 de noviembre de 2017 y salió libre el 3 de marzo de 2021 con numerosos juicios pendientes y un escándalo mayúsculo sobre sus hombros. Cuando dejó la prisión y se vio rodeado de periodistas, les mostró alguna de las cartas que todavía guardaba: “Confío en que a partir de ahora pueda defenderme y es la única razón por la que me han tenido preso, para que no hablara”.

Fue a partir de entonces cuando las grabaciones, que todavía no se conocían, empezaron a hablar por el comisario. En esos audios había decenas de pruebas de la corrupción policial que embarró a empresarios, jueces, fiscales y periodistas. El material que se conoció entonces incluía decenas de notas informativas donde desparramaba algunas teorías conspirativas apoyadas en medias verdades. Pero jueces y fiscales anticorrupción de la Audiencia Nacional hicieron oídos sordos a todo este nuevo arsenal de evidencias.

Desde que el juez García-Castellón abrió la pieza separada número 34 del caso Tándem en 2022 a raíz de la publicación en El País de los audios de la corrupción hasta hoy, ninguna de las pruebas incorporadas a ese sumario ha servido para avanzar en la investigación de los hechos. En la pieza 34 se acumulan documentos y grabaciones de Villarejo donde se detallan los desmanes policiales contra independentistas catalanes en la denominada Operación Cataluña, o sobre el seguimiento ilegal al líder socialista Pedro Sánchez y su familia, o sobre las sofisticadas patrañas con las que llenaron de sospechas a los dirigentes de Podemos por una financiación ilegal que nunca existió.

Ni el juez Manuel García-Castellón (jubilado) ni su sucesor Antonio Piña han avanzado en la causa penal abierta donde se hallan las pruebas de estas operaciones ideadas desde el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz, procesado y pendiente de un juicio donde la Fiscalía le pide 15 años de cárcel.

Las pruebas que nadie ha querido ver y analizar hasta ahora —el juez Antonio Piña ha encargado dos años después de llegar al juzgado un informe policial sobre el valor de esas grabaciones— son las que siguen:

Informe apócrifo para desacreditar a la cúpula política independentista

En las semanas previas a las elecciones anticipadas de noviembre de 2012 en Cataluña, Villarejo —según su propia confesión en grabaciones incorporadas al sumario— colocó en El Mundo un informe policial, sin fecha ni firma, del que ninguna autoridad de Interior se hizo nunca responsable, donde se acusaba a altos cargos independentistas de algunos delitos vinculados a la corrupción:

Nada se acreditó como cierto. Las conversaciones de Villarejo con Dolores de Cospedal, o con el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, detallan la existencia de esta operación de intoxicación informativa que sigue impune.

La cuenta falsa del exalcalde de Barcelona en Suiza

El Gobierno de Cataluña convocó una consulta independentista, declarada ilegal, para el 9 de noviembre de 2014. Un mes antes, las cloacas del PP prepararon otra carga de profundidad contra un dirigente nacionalista. La víctima fue Xavier Trías, entonces alcalde de Barcelona, de Convergència. Tenía 12,9 millones de euros escondidos en Suiza, según la información difundida por el Ministerio del Interior a través de sus canales habituales.

Las grabaciones que ordenó el ministro Jorge Fernández Díaz cuando se reunió en su despacho con el director de la oficina antifraude de Cataluña (2 y 16 de octubre de 2014) acreditan otra operación para difundir el bulo de la cuenta suiza de Trías que algún policía había llevado previamente al Ministerio. De Alfonso comentó al ministro que había escuchado que el entonces alcalde de Barcelona ocultaba 12 millones de euros en Suiza: “Eso es lo que yo sé, pero no tengo ningún dato que lo acredite, es un comentario de café”. El ministro tenía las pruebas (falsas):

—Fernández Díaz: “¿Y si eso saliera? [la cuenta de Trías], ¿tú qué opinas de eso?”

—Alfonso: “Yo soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe va a acabar con el animal (…) Yo me aseguraría de que estuviera bien asestado, para que sea mortal. ¿Qué tengo? Tener 12 millones sin declarar en el extranjero, o 13, más gordo que eso… solo es descubrir un homicidio…”

—Fernández Díaz: “El número de cuenta corriente (…) Yo lo tengo, la cuenta exacta, el número de cuenta corriente y la fecha en que la cuenta corriente es cerrada en Suiza por la Unión de Bancos Suizos y es llevada a la Banca de Andorra (…) ¿Te acuerdas cuando sacó aquello El Mundo con el pantallazo aquel y tal? Eso llevó a que Pujol dejara la política, perdiera el apoyo y a que hiciera la UCO un par de pinzas… ¿Me explico?”.

Unos días después de aquella reunión, El Mundo publicaba el supuesto fraude fiscal de Xavier Trías. Otras grabaciones existentes en la pieza 34, algunas no publicadas en ningún medio, detallan el origen de la información falsa de la cuenta de Trías, cómo llegó, quién la gestionó, cómo se filtró y otros pormenores. Pero aquella revelación de secretos… falsos contra un adversario político del PP sigue impune.

Hay más grabaciones en el sumario sobre el pago con fondos reservados a una expareja del hijo mayor de Jordi Pujol para montar la causa penal contra toda la familia; reuniones con el financiero Javier de la Rosa donde se le prometían grandes cantidades de dinero para preparar querellas contra el expresidente catalán o el Gobierno de Cataluña; filtraciones de bases de datos policiales para desprestigiar en determinados medios a jueces que firmaron manifiestos favorables a la independencia… Todo esto sigue impune.

La cúpula policial al servicio del Gobierno del PP simultaneó su guerra sucia contra el independentismo catalán con las operaciones de desprestigio contra Podemos y su primer líder, Pablo Iglesias.

Informe PISA denunciado por la policía y archivado por los tribunales

La fabricación de pruebas falsas contra Podemos se inició en 2016 con el denominado informe PISA (Pablo Iglesias S.A.) que denunciaba financiación ilegal con dinero iraní y que fue difundido a través de determinados medios incluso antes de que la Policía lo denunciase ante el Tribunal de Cuentas y los ultraderechistas de Manos Limpias hicieran lo mismo ante el Supremo. Todas las denuncias fueron archivadas. Pero aquellos movimientos, de los que hay múltiples pruebas en las grabaciones acumuladas en la pieza 34, siguen sin castigo.

El falso dinero venezolano de Podemos dio mucho juego a las cloacas del PP. Varios mandos policiales se entrevistaron en Nueva York con un exministro de Hugo Chávez. Le pidieron pruebas de la financiación de Podemos con un argumento de peso:

Los documentos que acreditaban esa supuesta financiación ilegal eran falsos, pero la noticia se publicó en los medios habituales con el consiguiente desprestigió para Podemos. Todo era mentira, pero el daño estaba hecho. Esa grabación también figura en los sumarios de la Audiencia Nacional. El caso sigue impune.

Las elecciones generales se repitieron en España el 26 de junio de 2016 ante la imposibilidad de que ningún candidato logrará las mayorías suficientes para una investidura tras los comicios de diciembre de 2015. Podemos seguía siendo la principal amenaza para la continuidad del PP en el Gobierno. La policía volvió a filtrar documentos falsos por sus canales habituales para sostener un nuevo bulo: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”.

Grabaciones incorporadas al sumario, así como mensajes intercambiados entre dirigentes políticos de Interior y cargos policiales acreditan estos hechos y cómo el confidente que facilitó la información averiada había recibido como premio un permiso de residencia en España. El banco de Granadinas certificó que los documentos con los que se difundió el bulo eran falsos y en ellos se cambiaron hasta los nombres oficiales de los ministerios venezolanos.

El montaje policial de la cocaína

La policía urdió un montaje disparatado contra el exdirigente de Podemos Miguel Urbán para atribuirle un negocio de narcotráfico con 40 kilos de cocaína. El asunto avanza con una lentitud exasperante en el juzgado que dirige Santiago Pedraz, el mismo magistrado que ordena desde hace un mes y a un ritmo trepidante numerosas diligencias para investigar el caso Leire, la trama conspiranoica vinculada al PSOE que trabajó supuestamente para desacreditar a la UCO y “desestabilizar” procedimientos judiciales contra altos cargos socialistas o familiares de Sánchez.

La documentación incautada por la UCO en el caso Leire acredita también a través de distintas grabaciones como la cloaca del PP trabajó desde 2014 en el espionaje a Pedro Sánchez y a su familia para desprestigiarle por los negocios de su suegro. En alguna de esas grabaciones, el ex secretario de Estado de Seguridad llega a comentar que el CNI también hizo operaciones secretas contra Sánchez. Estos hechos siguen impunes. El PSOE llegó a pedir una investigación, pero el juez García-Castellón lo rechazó.

La Abogacía del Estado ha apuntado este jueves en su informe final del juicio de la operación Kitchen a cuál fue el origen del operativo: “Se dirige esencialmente a torpedear una investigación judicial”. Esa investigación era el caso Gürtel de corrupción y la “preocupación” que desencadena el operativo policial ilegal tenía origen “en el entorno del Partido Popular y el Gobierno de España” que en ese momento dirigía Mariano Rajoy. No es creíble, ha dicho la Abogacía del Estado, que toda la operación se montara solo para investigar el patrimonio de Luis Bárcenas. El objetivo de esta “operación parapolicial” eran sus grabaciones. Este jueves también han intervenido el resto de acusaciones: la familia Bárcenas, PSOE y Podemos. El juicio seguirá el 22 de julio con los informes finales de las defensas, los alegatos que quieran hacer los acusados y el juicio quedará visto para sentencia.

El juicio por la operación Kitchen está en su última recta antes de quedar visto para sentencia con los informes finales de las partes. La Fiscalía Anticorrupción ya hizo definitivas hace unos días sus peticiones de cárcel y apuntó a la “finalidad bastarda” del operativo: “Boicotear” el caso Gürtel y “proteger” a dirigentes del Partido Popular. La Abogacía del Estado ha apuntado directamente al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como el máximo responsable del operativo: “Participó en la planificación, coordinación y seguimiento constante de la evolución y los objetivos” de la trama Kitchen. “Que se reprenda y se reaccione por la vía del derecho a que esta operación careció de cobertura judicial, persiguió fines ajenos a la investigación penal, utilizó fondos y medios públicos y se ejecutó mediante una estructura paralela bajo directrices político-operativas al margen de la autoridad judicial”, ha dicho.

Las notas y grabaciones del entonces comisario José Manuel Villarejo, ha dicho el primer Abogado del Estado en intervenir, son suficientes para rechazar las tesis de defensa de los acusados: que todo era legal y que el objetivo real era investigar el patrimonio de Luis Bárcenas. “No puede comprenderse sin tener en cuenta la preocupación que en el entorno del PP y del Gobierno de España generaba la figura de Luis Bárcenas”, ha explicado.

Una preocupación que, ha dicho, “se acrecienta” a finales de 2012 con la publicación de la contabilidad paralela del PP por parte de El País y las revelaciones judiciales de Bárcenas, de quien sospechaba que tenía grabaciones comprometedoras para Mariano Rajoy y Javier Arenas. “Se dirige esencialmente a torpedear una investigación judicial, tiene por objetivo encontrar esas grabaciones”.

“La finalidad esencial es la obtención y destrucción de documentación”, ha dicho el Abogado del Estado antes de apuntar directamente a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior con Mariano Rajoy, como máximo responsable del operativo, señalado por la declaración de Francisco Martínez, su mano derecha en ese momento. “Tenía por objetivo quitarle a Bárcenas esos papeles que comprometían al presidente”. La Abogacía del Estado no encuentra pruebas de que el premio para Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que espió para la trama, fuera un puesto en la Policía Nacional auspiciado por Villarejo, pero sí de que era consciente de que estaba cometiendo una ilegalidad. “Era plenamente consciente de la ilicitud de al operación”.

“Presión e intimidación” al agente Morocho

La Abogacía del Estado ha aprovechado su informe final del juicio de la operación Kitchen para denunciar la “presión constante e intimidación” que los mandos de Interior involucrados en el caso ejercieron sobre el inspector de policía Manuel Morocho para condicionar su papel en la investigación del caso Gürtel. Existió una “relevante presión ambiental, laboral y contextual” sobre él, ha dicho la Abogada del Estado, “con la única y exclusiva finalidad de afectar a sus competencias como policía judicial” en el caso que investigaba las cuentas del Partido Popular.

El propio Morocho ha testificado en varios juicios y ha relatado la presión que sufrió de sus superiores para modificar sus informes sobre el caso y no ser tan duro con el PP. La “presión”, ha dicho la Abogacía del Estado, vino directamente de Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional. “Se produjo como consecuencia de las interferencias, mediante órdenes directas que venían de Eugenio Pino”. Cambios de destino que, en contra de lo que dijeron algunos acusados para desacreditar a Morocho, no eran “meras tensiones propias del ámbito laboral”.

Existió, ha añadido la Abogada del Estado, una “estrategia sistemática de presión dirigida a condicionar la actuación procesal” de este policía. “Fue padecedor de un conjunto coordinado de actuaciones en un contexto de superioridad jerárquica destinadas a generar un clima de presión constante e intimidación implícita en su intervención en el proceso judicial”.

“¿No le preocupaba que apareciera M. Rajoy?”

La abogada que defiende en el caso Kitchen a Luis Bárcenas, su esposa y su hijo se ha referido a la estrategia de defensa del exministro Jorge Fernández Díaz, que durante el juicio llegó a decir que no había preocupación en el PP o el Gobierno por las revelaciones que pudiera hacer el extesorero del partido. “Eso no es lógico. Preocupación tendrían que tener. Él, todo el partido y todo el Gobierno”. La letrada se ha referido a los apuntes de la contabilidad B que llevaba Bárcenas mientras preguntaba directamente a Fernández Díaz, exministro de Mariano Rajoy sentado en el banquillo. “¿O nos va a decir que no le preocupaba que apareciera M. Rajoy, o un montón de miembros de su partido? Pues le tendría que preocupar”.

La defensa de la esposa y el hijo de Luis Bárcenas, que ejerce la acusación en el juicio por la operación Kitchen, ha sido clara en el comienzo de su informe final sobre cuál era el objetivo del operativo parapolicial: “Lo que pudiera saber Luis Bárcenas hubiera podido hacer caer a un Gobierno”. El extesorero tenía información comprometedora para el PP y el Gobierno y el objetivo era quitársela. “Se trataba de localizar documentación, información, grabaciones y todo lo que pudiera ser que afectara al Gobierno y al Partido Popular”.

Rosalía Iglesias y Guillermo 'Willy' Bárcenas, ha dicho, “fueron sometidos a una extrema vigilancia policial ilícita”. “Un Estado que debía protegerles fue utilizado contra ellos, se han utilizado las instituciones para cometer delitos de los que ha sido víctima la familia Bárcenas”. “Son sucesos que podían desestabilizar el Gobierno que ejercía el Partido Popular”, ha dicho sobre las noticias de 2013 que desencadenaron el operativo. “Llevaba 30 años en el partido, tenía muchísima información y no sabemos lo que pensaba que podía llegar a tener para montar este operativo”.

La letrada también ha apuntado a trato “anómalo” a Bárcenas en la prisión, incluso con lesiones en un traslado, también como medida de presión. El objetivo era, dice, “que se callara, se tenía que callar, no podía perjudicar al PP, al Gobierno”. “Les tenían pánico o un miedo tremendo”, ha dicho en el tramo final de su informe. “Era para salvar al Gobierno”.

Han cerrado la jornada los abogados de las acusaciones populares de PSOE y Podemos. Gloria Pascual, abogada de los socialistas, ha apuntado directamente a Fernández Díaz: “El ministro no es un mero receptor pasivo, participa activamente en la estrategia”. El objetivo del operativo parapolicial, ha añadido, era “evitar daños al Partido Popular, es de lo que se trataba”. Jaime Montero, abogado de Podemos acompañado del letrado Gorka Vellé, ha reclamado que los acusados sean condenados por organización criminal.

La exigencia de “omertá” a Bárcenas

Los letrados de Podemos han defendido que los acusados también deben ser condenados por organización criminal, un delito que no han esgrimido el resto de acusaciones públicas y particulares del caso. “Los acusados formaban una organización criminal cuya finalidad era la obstaculización de la investigación conocida como Gürtel”, ha explicado Montero. A los policías y mandos de Interior que estan en el banquillo, afirma, no les “afectaba personalmente”, pero “sí podía afectar a la cúpula del Partido Popular de la cual, a la postre, iban a depender sus carreras políticas o profesionales”.

Para Podemos existieron “cuatro líneas de actuación diferenciadas” hasta llegar al espionaje de Bárcenas para intentar proteger al PP de las consecuencias de la Gürtel. Primero, “la obstaculización de la investigación” del policía Morocho. Después, el “intento de obtener la nulidad del proceso judicial” a través de un abogado. En tercer lugar, la “presión y control” ejercida sobre Bárcenas en prisión a través del control de sus comunicaciones, de su “estado anímico” e incluso con “amenazas de entrar Rosalía Iglesias en prisión”. Fue posteriormente cuando empezó, según Montero, la operació Kitchen “propiamente dicha”.

En línea con el resto de acusaciones, Podemos entiende que la información que manejaba Luis Bárcenas y su posible entrada en prisión sí preocupaba al PP, en contra de lo declarado por Jorge Fernández Díaz. “La declaración que pudiera hacer un Bárcenas recién entrado en prisión el 15 de julio”, ha dicho, era una “preocupación” para los de Mariano Rajoy. El entonces ministro del Interior, ha explicado el letrado, participó en “la articulación de esta exigencia de omertá al señor Bárcenas”. La “abrumadora” presencia de Francisco Martínez, secretario de Estado en las agendas de Villarejo, apuntala la participación de este departamento del Gobierno en la operación.

Las agendas del entonces comisario y hoy principal imputado en decenas de piezas separadas del caso Tándem no permiten llegar a otra conclusión, según Podemos: “Por cualquier lado que se abra la agenda, nos encontramos con una dación de cuenta de Villarejo a Francisco Martínez con este tema, se puede abrir casi al azar”, ha dicho este jueves. José Luis Olivera, Andrés Gómez Gordo, el chófer Sergio Ríos y el propio Villarejo. Todos jugaron su papel en el entramado destinado a proteger al PP de los secretos de la Gürtel. Existieron incluso proyectos para “monetizar” el torpedeo de la investigación. “Cuando es la Policía la que promueve esta nulidad de una causa judicial que está investigando un subordinado suyo... igual ya tiene más esquinas”, ha zanjado el letrado en su informe final.

El fiscal Anticorrupción César de Rivas expone esta mañana sus conclusiones del juicio Kitchen. De Rivas considera que en el juicio se ha acreditado la “finalidad bastarda” del operativo de vigilancias a la familia Bárcenas y robo de documentación por un grupo de mandos policiales con el objetivo de “boicotear u obstaculizar” la investigación de la caja B del Partido Popular y “proteger” así a los “dirigentes” de la formación política.

De Rivas también da por acreditada la dirección del operativo que mantuvo el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de acuerdo a los mensajes que envió a su número dos, Francisco Martínez, y que este protocolizó ante notario. El propio hecho de que Martínez acudiera con ellos a un notario y luego los borrara ya tiene un carácter “incriminatorio”, según el fiscal.

El fiscal De Rivas ha destacado que en las dos actas notariales se identifica un mismo teléfono, que Martínez guardaba como de Jorge Fernández Díaz, y “se ha acreditado que esa línea pertenecía en 2013 al Ministerio del Interior y en 2019 pasó a la titularidad del exministro”. También ha destacado que los pantallazos que se extranjeron del chat entre ambos fueron obtenidos descendiendo entre los muchos mensajes que contenía el intercambio y cuando, al descender, se encontraron de forma espontánea.

Ya en los primeros momentos de su intervención, el fiscal Anticorrupción ha descartado la tesis de las defensas de que Kitchen se trataba de un “operativo de inteligencia”. El fiscal ha dicho que el dinero escondido por Bárcenas ya había aparecido en Suiza y que los seguimientos y el robo de dispositivos no casan con una “operación de inteligencia”.

De Rivas ha planteado que dificilmente sus protagonistas podrían estar contribuyendo al esclarecimiento de unos hechos si no informaron al juez del caso de la caja B en ningún momento y tampoco a la UDEF, que actuaba como “policía judicial” en la causa de la Audiencia Nacinonal, tal como detalló en el juicio el inspector jefe Manuel Morocho, al frente de la investigación policial de los casos del PP, a las órdenes directas de Pablo Ruz. “Esa falta de interlocución les impedía conocer cualquier laguna que necesitara ser completada el caso Gurtel”, ha rematado.

El fiscal ha puesto también en valor la declaración del jefe policial de la investigación de Kitchen, el inspector jefe Gonzalo Fraga, en especial cuando defendió ante el tribunal la veracidad de las anotaciones de Villarejo en su agenda privada. “Villarejo no se engaña a sí mismo”, dijo Fraga y ha reproducido hoy el fiscal, que está citando los manuscritos durante su intervención para apuntalar la responsabilidad de cada una de las siete personas para las que Anticorrupción pide pena de cárcel.

Como ha realizado Asuntos Internos y la Fiscalía durante toda la macrocausa Villarejo, el fiscal ha ido tomando las anotaciones de Villarejo y cotejándolas con hechos públicos y notorios para acreditar su veracidad. De acuerdo a esos papeles ya aparece el interés de los mandos policiales por la información que pueda retener el tesorero desde principios de 2013, meses antes de que comenzara en verano la operación Kitchen.

El fiscal ha expuesto con detalles las bases sobre las que se construye la acusación contra los acusados. En este sentido ha puesto de manifiesto la confesión en fase de instrucción del comisario García Castaño, quien se inculpó en actividades delictivas tales como el volcado de teléfonos robados por el chófer Sergio Ríos a la familia Bárcenas o el allanamiento de un local de Rosalía Iglesias. También los mensajes entre Francisco Martínez y el cura Silverio Nieto donde este habla con naturalidad de esos hechos y Martínez no los niega, incluida la participación del ministro.

El fisal ha ido desgranando durante horas los indicios contra todos los investigados. Por ejemplo, contra los “controladores” del chófer pagado con fondos reservados pese a tratarse de una operación ilegal. Primero, Enrique García Castaño, que no logró captar a Sergio Ríos; después, Villarejo, que lo estuvo manejando hasta que, según el fiscal, El País desveló las cuentas en el extranjero del policía y se le retiró de esa misión; y, por útlimo, por Andrés Gómez Gordo, el policía asesor de Cospedal que conocía al chófer desde hacía años porque habían trabajado juntos en la Comunidad de Madrid.

Además de Martínez, los comisarios e inspectores jefe ponían sus avances en conocimiento de Eugenio Pino, de quien recibían órdenes, ha dicho el fiscal del antiguo director operativo de la Policía. De Rivas también considera que varios testimonios de policían han acreditado la participación de la Unidad de Asuntos Internos que dirigía Marcelino Martín-Blas, también en el banquillo de los acusados.

El juicio del caso Kitchen, la última guerra sucia en España ocurrida hace 13 años, se ha visto desplazado por las investigaciones de corrupción del actual Gobierno y el desinterés de un amplio espectro mediático por informar de la trama más grave ocurrida durante el último Ejecutivo del Partido Popular, justo cuando los conservadores aspiran a recuperar el poder. El desarrollo de la vista tampoco ha ayudado a romper esas barreras: el único mando policial arrepentido, Enrique García Castaño, evitó el banquillo por una grave enfermedad; y el político que amagó con tirar de la manta, Francisco Martínez, se buscó el mismo abogado que otros acusados y nunca lo hizo. Pese a ello, la Fiscalía se ha mantenido inamovible en las convicciones que tenía al comenzar la vista y este lunes volvió a pedir 15 años de cárcel para varios acusados. Entre ellos, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

La vista arrancó el 6 de abril en la Audiencia Nacional, un día antes que el juicio a José Luis Ábalos, y está previsto que finalice el 30 de julio, aunque ya solo resta que las partes expongan sus informes finales, de los que este lunes adelantaron las conclusiones. La foto del banquillo de los acusados fue, desde el primer día, la única instantánea que hay hasta ahora de la guerra sucia del Partido Popular. Pero con notables ausencias. El juez Manuel García Castellón, instructor de la causa, impuso un “círculo rojo” de protección alrededor de la cúpula del PP, según denunciaron los primeros fiscales del caso cuando recurrieron el archivo de la causa contra María Dolores de Cospedal. También se quejaron de que el magistrado cerrara abruptamente la investigación cuando se empezaba a indagar en los indicios sobre Rajoy. En la fotografía de aquella guerra sucia están todos los que son, pero no están todos los que fueron.

En el banquillo también faltaba 'El Gordo', el comisario más aclamado y temido en la Policía desde la democracia. Mucho más que un Villarejo que nunca existió para la mayoría. García Castaño sufrió un ictus que le mantiene en una situación de extrema dependencia y que, sobre todo, le impide defenderse. Sin su testimonio 'autoinculpatorio' en fase de instrucción nunca hubiera sido imputado el primer político, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Y sin la acusación contra este no hubieran aflorado los indicios contra el ministro del Interior, Jorge Fernández.

El testimonio de García Castaño ante el juez y los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano se ha reproducido durante nueve horas en el juicio, pero a puerta cerrada. La Audiencia Nacional, como hace con cualquier juicio de trascendencia, facilitó la señal por Internet de la vista, a excepción de la fase dedicada a la reproducción de la prueba. La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, argumentó que algunos pasajes de las grabaciones de Villarejo y otro material que se iban a exhibir afectaba a la intimidad de terceros.

Así que nadie que no se plantara en el polígono industrial de San Fernando de Henares, donde tiene una de sus sedes el tribunal, pudo escuchar la frase que cambió el caso Kitchen: “Hablo con él [con Martínez] y me dice que la preocupación que hay son unos discos duros en los que hay toda la contabilidad que en estos años ha estado realizando este señor [Bárcenas]. Por un lado, las donaciones que se le daban (...) Por otro lado, los pagos que hacía en B”. El Gordo asegura que ha recibido la orden de recuperar los discos duros al margen de la investigación judicial de la caja B y que las instrucciones partieron del director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y del número dos de Interior, Francisco Martínez.

La prohibición para retransmitir esa frase del juicio también impidió al público no presente en la sala escuchar a María Dolores de Cospedal dar instrucciones a Villarejo para que no fueran publicados los papeles de Bárcenas. La secretaria general del PP entonces ha estado presente en el juicio en varias ocasiones y una de ellas, de cuerpo presente. Declaró como testigo entre olvidos y negaciones de la más absoluta evidencia. Llegó a decir que nunca había hablado por teléfono con Villarejo cuando la orden anterior se la dio en conversación telefónica reproducida durante el juicio.

Más displicente incluso se mostró su enemiga Soraya Sáenz de Santamaría, quien recostada en la silla de los comparecientes aseguró que el asunto de la Kitchen no le había preocupado ni siquiera para preparar una posible pregunta en la rueda de prensa que ofrecía como portavoz del Gobierno tras los consejos de ministros. Entre sus atrevidas afirmaciones negó que el CNI tuviera nada que ver con la Kitchen, incluso desconocía que el servicio de Inteligencia tuviera “animadversión” al comisario Villarejo. Como Cospedal, nunca estuvo acusada, así que sus afirmaciones no tuvieron consecuencia alguna.

A la espera de Francisco Martínez

Los acusados del juicio declararon tras las comparecencias de los testigos y la reproducción de la prueba. La expectación era máxima para conocer qué ocurriría con el secretario de Estado de Seguridad. Hubo un momento, a finales de 2019, en el que Francisco Martínez se vio acorralado. 'El Gordo' le señalaba y el ministro del Interior daba entrevistas asegurando que no tenía ni idea de qué era eso de la operación Kitchen. Así que él se fue a dos notarios a que dieran fe de unos mensajes que guardaba en su móvil. En uno de ellos, Jorge Fernández le trasladaba quién era el topo en la familia Bárcenas, con nombre y apellidos. En otro le informaba sobre los avances del operativo.

El enfrentamiento entre ellos en fase de instrucción había supuesto el momento de psicodrama de la causa. El juez García Castellón organizó un careo en el que se lanzaron duros reproches. El ministro dijo que no tenía duda de que Martínez hubiera recibido esos mensajes, pero tampoco la tenía de que él no era el autor de esos envíos. En el juicio han declarado los dos notarios, que han confirmado que Martínez tuvo en su teléfono esos mensajes, pero también que no comprobaron, porque no son peritos, que el número que tenía en su agenda como “Jorge Fernández Díaz”, y del que procedían los mensajes, fuera realmente el del ministro.

Para entonces ya se había adivinado el pacto entre ambos. El abogado de Fernández Díaz había pedido que su cliente declarara después de Martínez, pese a que el orden era el contrario, alegando que los únicos indicios contra el exministro eran las afirmaciones de Martínez. El abogado de este no se opuso. En las declaraciones, ambos se dedicaron elogios. Martínez llegó a decir que Fernández Díaz había sido “el único” que había confiado en él.

El ex secretario de Estado no conservaba esos mensajes cuando Asuntos Internos y los fiscales entraron en su casa en marzo de 2020. Lo que había en su teléfono, por ejemplo, eran reflexiones sobre las dificultades en las que se encontraba por haber sido leal a los “miserables” de Rajoy y Cospedal. De ahí la posibilidad de que contara más de lo que había hecho hasta ahora, más si se tiene en cuenta que la Fiscalía le considera el “coordinador” de la Kitchen, hay un testimonio directo contra él y la petición de cárcel alcanza a los 15 años. Pero no ocurrió. Su abogado ni siquiera cuestionó al perito de la defensa de Fernández Díaz que puso en duda la trazabilidad de los mensajes que incriminan al exministro.

La mayoría de los acusados han optado por contestar únicamente a sus defensas y a las preguntas que les quisiera hacer la presidenta del tribunal. Solo Villarejo, que apenas se juega nada en este juicio si se enmarca en el alud de condenas y acusaciones pendientes que tiene; el chófer Sergio Ríos, sin vinculación con la brigada política del PP; y, sorprendentemente, José Luis Olivera, contestaron a las preguntas del fiscal.

Esta estrategia conservadora pasaba por defender ante sus abogados que la Kitchen existió –los pagos de fondos reservados o la constancia de seguimientos a la familia así lo atestiguan– pero que estaba destinada a encontrar dinero escondido por Bárcenas y testaferros. Por eso resulta tan importante el testimonio del inspector jefe Manuel Morocho, el verdadero investigador de los casos Gürtel y caja B a las órdenes del juez Ruz. Morocho dijo desconocer por completo la operación Kitchen y aseguró que se hizo a sus espaldas. De paso, relató una serie de coacciones y presiones que sufrió mientras investigaba al PP por parte de toda la cadena de mando policial.

Los testigos, miembros de esa cadena de mando, y los acusados que fueron sus superiores, intentaron describir a un Morocho obsesivo y con mal carácter. El último, Olivera. El impulsor del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán atribuyó la acusación de Morocho de querer comprarle al “rencor”.

Una grabación incorporada hace más de cuatro años al sumario del caso Tándem —nunca reproducida durante la celebración del juicio por la Operación Kitchen y nunca investigada hasta ahora— acredita cómo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, planificó acciones policiales de guerra sucia contra los adversarios del PP.  La conjura, pagada con fondos reservados, incluía a jueces y fiscales con los que supuestamente se había hablado previamente para garantizar el éxito en los juzgados de esa operación política y policial contra dirigentes independentistas catalanes.

La Operación Kitchen que ahora se juzga comenzó en 2014 con una serie de maniobras policiales a espaldas del juez para espiar a la familia del extesorero Luis Bárcenas. El objetivo de los policías, que usaron como confidente y topo al chófer de la familia, era robar documentación sobre la financiación ilegal del PP. La Audiencia Nacional condenó a esta formación política en 2021 por pagar parte de las obras de su sede nacional con dinero negro procedente de donaciones ilegales de empresarios.

Fernández Díaz se ha defendido en el juicio de la Operación Kitchen declarando que desconocía la existencia de esas maniobras policiales y negando que hubiera enviado a Francisco Martínez varios mensajes telefónicos interesándose por el chófer de la familia Bárcenas al que se habría captado como confidente o topo para la operación ilegal de espionaje. Por su parte, Martínez levantó acta notarial de esos mensajes, pero el juez no pudo contrastarlos con el teléfono móvil del ministro del Interior porque este había cambiado de aparato y no conservaba los mensajes con su número dos en el ministerio. El exministro niega veracidad a los mensajes de su subordinado y asegura que nunca conoció las operaciones ilegales de los comisarios de policía que estaban a su cargo.

Sin embargo, la grabación de 2012 que sigue sin investigar acredita el protagonismo de Fernández Díaz en las operaciones de la policía política que trabajó durante su etapa como ministro.

La grabación sobre lo que ahora se conoce como Operación Cataluña recoge una cita en diciembre de 2012 del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con su jefe de gabinete, Francisco Martínez (después nombrado secretario de Estado de Seguridad); el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino; y el comisario José Manuel Villarejo. El ministro planifica allí junto a sus colaboradores varias operaciones policiales encaminadas a denunciar por corrupción al expresidente catalán Jordi Pujol y a su sucesor, el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.  

Durante esa reunión, fechada el 16 de diciembre de 2012, Fernández Díaz impone el secretismo y advierte a los comisarios de que negará “incluso bajo tortura” que esa cita se produjo, y que él no sabe “nada de nada” de lo que ahí se habló. El entonces ministro del Interior apremia en ese encuentro a Villarejo para que tenga todo listo y presentar cuanto antes en la Audiencia Nacional las denuncias contra Jordi Pujol y Artur Mas.

El comisario Villarejo explica que ha hablado con dos jueces instructores de la Audiencia Nacional —Fernando Andreu y el decano, Santiago Pedraz— para lograr que la denuncia prospere. El ministro Fernández Díaz pregunta si se ha hecho lo mismo con la fiscalía y Villarejo responde que lo han hecho “con Javier Zaragoza [entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional], pero muy sutilmente”. Es entonces cuando el ministro Jorge Fernández le tranquiliza: “Se ha hablado con el fiscal general [Eduardo Torres Dulce], ¿eh?”. Y el comisario contesta: “Pues eso es importante. De alguna manera, que estén todos…”.

Lo que sigue resume el contenido de la reunión en el Ministerio del Interior para planificar acciones contra los principales dirigentes independentistas catalanes:

Jorge Fernández Díaz: ¿Hoy podría ser la cosa?

José Manuel Villarejo: Yo he estado el fin de semana, le estaba contando a su jefe de gabinete y al DAO… Yo he estado el fin de semana, he cenado con Fernando Andreu, el juez, y luego he hablado con Santiago Pedraz, con el decano, y ellos a su vez han tocado a otros y están, de alguna manera, dispuestos a que se presente la denuncia adecuada y ahora nos hace falta la declaración de la antigua amante [de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán], centrando los temas...

Fernández: ¿Y eso cómo va a ir?

Villarejo: Pues en principio va bien, yo he hablado esta mañana con ella, a las diez y pico, antes de ver al DAO y la chica está motivada.

Fernández: Para vuestra información, está reunión no ha existido…

Villarejo: No ha existido, por supuesto.

Fernández: ¿Está claro?

Villarejo: Está claro.

Fernández: El ministro no sabe nada del tema, ¿eh? (…) Esta reunión no ha existido. Y a partir de aquí, estamos dispuestos a judicializar, en la Audiencia Nacional...

Villarejo: Yo creo que sí, a las doce y media hemos quedado con el jefe de la UDEF, con todos los datos…

Fernández: Que es de absoluta confianza, ¿no?

Villarejo: A mí me parece un hombre (…)

Fernández: Repito que está claro que el ministro no sabe nada, está claro, ¿verdad? Digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Por eso, yo negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión ha existido. Dicho esto, tenemos dos denuncias para la plaza de Castilla, que podría ser la segunda considerada como ampliatoria de la primera, junto con un informe de UDEF, ¿no? Y si se uniera la de esta señora, sería el paquete que iría, ¿es así?

Villarejo: Junto con otra serie de informaciones, anónimos, notas informativas, datos recogidos… todo eso se puede completamente estructurar en el mismo informe de avance.

Fernández: Y eso se podría presentar hoy…

Villarejo: Yo creo que sí… se podría presentar esta tarde.

Fernández: A mí me gustaría que se presentara hoy (...) En todo caso, en todo caso, aquí la cuestión es ver en la Audiencia nacional y en Plaza de Castilla para ver si…

Villarejo: Materia hay para la Audiencia Nacional y predisposición hay porque yo hablé en la Audiencia Nacional, con el decano, Santiago Pedraz, y me dijo no te preocupes que en todo caso, si no cae a uno de los cuatro que ya están tocados abiertamente, lo que le voy a pedir a quien le caiga en reparto que será en 10 o 15 días, cuando ya le adjudique a uno, es que antes de hacer nada por favor que hable con vosotros. Y dice, yo, obviamente, estaré en esa reunión, ira el de la UDEF…

Fernández: ¿Y la Fiscalía?

Villarejo: No está muy… Se le ha tocado, a Javier Zaragoza, pero muy sutilmente.  

Fernández: Con el fiscal general del Estado se ha hablado, ¿eh?…

Villarejo: Pues eso es lo importante, de alguna manera que estén todos. Pero si me permite, ministro, lo que está claro es que hay materia para la Audiencia Nacional con los datos que hay, con las cuentas...

Fernández: Pero esa no toca a Artur Mas.

Villarejo: No toca, no toca, entendemos que es un error.

Esta conversación en la que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asume la dirección política de la conocida como Operación Cataluña fue la primera de la que existe una grabación, pero no es la única. En octubre de 2014, Fernández Díaz se reunió en su despacho con el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, para hablar de nuevas corruptelas que afectaban a dirigentes independentistas catalanes y planificar la posibilidad de filtrar esas informaciones antes de la consulta del 9-N. La conversación fue grabada con el conocimiento y la autorización del propio ministro.

Ese mismo mes de octubre, Fernández Díaz filtró a El Mundo, según su secretario de Estado, Francisco Martínez, la información sobre una cuenta falsa de Xavier Trías, entonces alcalde de Barcelona, en Suiza.

El caso Pujol, pendiente de sentencia

Las denuncias contra Jordi Pujol por sus cuentas en Andorra, a raíz de las confidencias de quien fue la pareja sentimental del hijo mayor del presidente catalán, se judicializaron e investigaron en la Audiencia Nacional. Los magistrados Pablo Ruz y José de la Mata instruyeron la causa y llevaron a juicio a toda la familia Pujol. El caso está pendiente de sentencia.

El exministro del Interior, Jorge Fernández, expresó en la reunión con Villarejo su contrariedad por el hecho de que el juez de guardia al que le podría corresponder la tramitación de las denuncias contra Pujol y Mas fuera Pablo Ruz. El Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, optó mucho tiempo después, en marzo de 2015, por no prorrogar más tiempo la comisión de servicios de Ruz al frente del juzgado encargado de instruir el caso Gürtel. Las denuncias contra Artur Mas quedaron en nada porque todas las corruptelas económicas que se le atribuían en los informes apócrifos de la policía se demostraron falsas.

El juez Santiago Pedraz, citado por Villarejo en su conversación con el ministro Jorge Fernández Díaz, investiga desde hace más de dos años con escasos avances y algún retroceso una de las operaciones ilegales de la policía política que acumula más pruebas: el espionaje a dirigentes de Podemos. La Audiencia Nacional también mantiene en el limbo la pieza 34 del caso Villarejo, donde acumulan decenas de grabaciones del comisario donde se da cuenta de múltiples operaciones ilegales contra los adversarios políticos del PP.

Xavier Trias era alcalde de Barcelona aquel 27 de octubre de 2014 cuando el diario El Mundo publicó que el dirigente independentista mantuvo durante años una cuenta abierta en UBS (Union de Banques Suisses) y que en febrero de 2013 la traspasó a otra entidad de Andorra con un saldo de 12,9 millones de euros. Trias tardó 24 horas en acreditar mediante una certificación negativa de UBS donde figuraba que el entonces alcalde de Barcelona no tenía ni había tenido ninguna cuenta en esos bancos con sede en Ginebra. “No tengo ninguna cuenta en Suiza, ni en Andorra, ni en ningún sitio que no sea en Cataluña. No tengo ni he tenido 13 millones de euros, ni 200.000 en mi cuenta corriente, la información que apareció en El Mundo es totalmente falsa”, declaró entonces Trias.

Detrás de aquella información falsa estaba el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz (PP), según le contó diez años después Francisco Martínez, que era secretario de Estado de Seguridad cuando ocurrieron los hechos, a Leire Díez, militante socialista imputada como parte de una trama, amparada supuestamente por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Díez, según las pesquisas, maniobró buscando irregularidades en la actuación de jueces, fiscales o guardias civiles que investigaban la corrupción socialista.

La militante socialista citó a Martínez en julio de 2024 con la promesa de mejorar su situación judicial a cambio de informaciones relevantes sobre la actuación corrupta de la cúpula policial del Ministerio del Interior durante el mandato del PP. Díez se presentó a aquella reunión como una persona con capacidad de influencia en el PSOE y en el Gobierno. Martínez estaba ya procesado en el caso Kitchen y la Fiscalía pedía para él hasta 15 años de cárcel como jefe de una operación ilegal en la que participaron una decena de policías empoderados con el objetivo de sustraer a la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas, documentación sobre la financiación ilegal de la formación conservadora.

Martínez le contó a Díez en esa reunión detalles relevantes de una de las operaciones impulsadas desde el Ministerio del Interior para desacreditar a dirigentes independentistas catalanes. La militante socialista grabó aquella conversación, incorporada ahora al sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz y donde Leire Díez está imputada.

El exsecretario de Estado de Seguridad se refiere así al episodio de la cuenta falsa de Trias en Suiza:

La operación del Ministerio del Interior para desprestigiar a Xavier Trias con una información falsa era una más de las que se pusieron en marcha aquellos años contra independentistas catalanes, inmersos en un proceso ilegal de convocatoria de consultas por la autodeterminación. En las semanas previas a las elecciones catalanas de noviembre de 2012, un informe policial sin sello ni firma denunciaba múltiples corruptelas —la mayoría de ella resultaron falsas— contra los principales dirigentes independentistas catalanes.

El ex secretario de Estado de Seguridad conoció la mayoría de las operaciones de guerra sucia contra los adversarios políticos del Gobierno de Mariano Rajoy. En su conversación con Leire Díez, el número dos de Interior señala que el problema de aquella información falsa sobre Trias es que no se investigó por parte de la UDEF, sino que se filtró mucho antes a El Mundo por culpa del exministro Jorge Fernández Díaz.

Información policial falsa era filtrada a los medios de comunicación afines al PP mucho antes de que fuera judicializada. Xavier Trias denunció estos hechos y se querelló contra el entonces ministro del Interior por un delito de violación de secretos, prevaricación y malversación de fondos públicos. Pero el Tribunal Supremo rechazó la iniciativa “reiterando la doctrina de la Sala de lo Penal contraria a admitir como base de la querella hechos cuya base probatoria aparece solo en medios de comunicación, como en este caso”.

Otros dirigentes catalanes perjudicados por maniobras similares denunciaron sin éxito en distintos juzgados “un entramado político-policial que tendría por finalidad llevar a cabo actuaciones para desestabilizar o frenar a personas vinculadas al movimiento independentista, o vinculadas, presuntamente a ellas”.

En los últimos días han declarado algunos de los acusados más importantes del juicio por la Operación Kitchen: el ex secretario de Estado, Francisco Martínez, el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que fuera Director Adjunto de la Policía, Eugenio Pino y el ex comisario, José Manuel Villarejo. Hay una tesis a la que se han sumado gran parte de los investigados en Kitchen… Y es que Kitchen no existe, que lo que existió es una investigación contra Bárcenas y que de ello se aprovecharon algunas personas.

¿Tiene esto sentido por lo que hemos visto y oído durante el juicio? Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

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En este tiempo de coincidencias y casualidades extraordinarias que nos ha tocado vivir, cuando ya no quedan parientes de Pedro Sánchez sin su correspondiente y urgente informe policial, se constata que, cuanto más avanza el juicio oral por la operación Kitchen, más claro va quedando que Mariano Rajoy no presidía realmente un gobierno sino una alegre pandilla que pasaba el rato por La Moncloa, sin más preocupación que andar de correrías viviendo el momento y sin perder mucho tiempo en las cosas esas de gobernar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

En aquel estado de perpetua adolescencia, allí nadie era responsable de nada, sabía algo de nada o preguntaba nunca por nada o por nadie. Aquel ejecutivo azul era como la pandilla de Verano Azul, pero con el barco de Chanquete varado en la Carrera de San Jerónimo, que no llega hasta el mar pero achicharra el sol peor aún que en Nerja. 

Aquella animosa cuadrilla del gobierno azul más que gobernar corría aventuras por Presidencia con esa despreocupación que da la juventud. No discutían jamás entre ellos asuntos oficiales ni analizaban materias sensibles de Estado; de hecho estaba terminantemente prohibido hablar siquiera de asuntos de trabajo. Si tal, comentaban la prensa pero siempre en plan casual. 

Por eso, en aquel gobierno azul, todos desconocían todo y las cosas pasaban solas, porque sí, por casualidad; más o menos como ahora. Saber algo era considerado tan peligroso como fumar porros o beber cerveza. Como cuando éramos chavales, los asuntos en aquel gobierno azul sucedían sin más, la comida se ponía sola en la mesa, la luz era gratis y un señor o una señora muy amables te llevaban a donde quisieras y a la hora que fuese, únicamente había que pedírselo amablemente o llamarles papá o mamá con la voz adecuada.  

El gobierno azul no tenía aquellos padres mágicos igual que nosotros. Tenía algo infinitamente mejor: tenía policías mágicos. Sin pedírselo y sin que hubiera que hacer nada, ellos solos se organizaban para vigilar a Luis Bárcenas, recuperar las pruebas que pudiera tener o destruir lo que fuese menester destruir, ya fuera el independentismo, ya fuera Podemos. Lo que hiciese falta para proteger a sus inocentes ministros y ministras ante los terribles peligros y oscuras amenazas que habitan en el mundo exterior. 

Como a los padres, a los policías mágicos del gobierno azul ni siquiera había que pagarles. Cierto que eran tan chapuceros, o más incluso, que Leire Díaz a la hora de diseñar operaciones encubiertas y ofertas que no se podían rechazar, pero, por lo menos, no cobraban 4.000 euros del ala al mes por andar dando el cante por medio Madrid y hablar del “number one” como si fuera un código secreto indescifrable incluso para Enigma. 

Lógicamente nuestro Mariano sería el enrollado Javi que lideraba el clan porque era el más alto, secundado por un fiel Fernández Díaz en el papel de aquel abnegado Quique, de quien nadie se acordaba hasta que había que hacer algún recado de esos que no apetecen y te parten la tarde. María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría eran como Bea y Desi. Amigas, sí, pero con ese beef que no sabían bien cómo disimular. El simpático Javier Arenas sería el simpático Pancho haciendo esas cosas simpáticas de la gente del pueblo. El inefable comisario Villarejo encarnaba al irrefrenable Piraña, dispuesto a comer lo que hubiera que comer para no dejar una miga ni un rastro en el mantel. No se me ocurre quién podría ser Tito, la verdad. Pero se admiten sugerencias.  

Cuando pongan la reposición en la tele dentro de diez o veinte años los recordaremos, con esa mezcla de nostalgia y extrañeza que siempre te queda cuando gobierna la derecha. 

El exministro Jorge Fernández Díaz y su 'número dos', Francisco Martínez, han optado por la sordina en el juicio de Kitchen. Contra ambos pide la Fiscalía Anticorrupción una condena de 15 años de cárcel como máximo responsable y coordinador, respectivamente, del espionaje ilegal a Luis Bárcenas y su familia con cargo a los fondos reservados. 

Al pacto de no agresión entre ambos se suma su decisión de contestar únicamente a las preguntas de sus abogados, con lo que ambos dibujaron el siguiente escenario: ‘nunca conocí la Kitchen’ (Fernández Díaz) y ‘algo hubo, pero fue legal’ (Martínez). 

La conservadora estrategia de ambos acusados de no responder al fiscal auxilia al Partido Popular, que presencia como el expresidente Mariano Rajoy o la antigua secretaria general del PP María Dolores de Cospedal no son mencionados, o lo son de pasada.

Estas son las cuestiones que ignoraron los dos principales acusados en Kitchen durante su declaración en el juicio. 

Los mensajes ante notario

El ministro Fernández Díaz pudo pronunciarse ampliamente sobre los cuatro mensajes que muestran su conocimiento de la operación Kitchen desde prácticamente su inicio y cómo es informado de los logros que van obteniendo los policías. Su estrategia durante todo el juicio pasa por negar que él sea el autor de los mismos y apoyar su negación mayor, que nunca supo de la operación Kitchen. Y en esa línea respondió a las preguntas de su abogado.

¿Y Francisco Martínez? El secretario de Estado acudió a dos notarios para entregar esos mensajes cuando se adivinaba su imputación y leía entrevistas de Fernández Díaz desvinculándose de la evidencia de que la operación Kitchen había existido. 

Después fue rebajando las expectativas de delatar a sus superiores y en el juicio ha puesto la guinda a esa estrategia. Ni una sola pregunta de su abogado se refirió a los mensajes. Y cuando se vio en la obligación de explicar que el ministro sabía de la identidad y el papel del chófer lo hizo sin precisar que así consta en uno de los textos que Fernández Díaz le envió. 

El 18 de octubre de 2013, Fernández Díaz escribió a Martínez la constatación de cómo seguía al minuto la operación Kitchen y las ilegalidades que ella incluía, como el robo de tres dispositivos a Bárcenas para clonarlos sin autorización judicial. 

“La operación se hizo con éxito: Se ha volcao (sic) todo (2 iphone y 1 ipad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica .. Es decir, q no seria información para el J a efectos publicación .. : es es lo q ha dicho, insisto y es muy probable q. esa fuera la intención)”, apuntó. A continuación añadió: “Otra cosa es q nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información ... veremos. Te informo”. 

Ninguna pregunta al respecto fue formulada por el abogado de Martínez. Tampoco por la presidenta del tribunal, que tenía oportunidad de hacerlo. 

Villarejo y el ministro

Al menos en los últimos años, Jorge Fernández Díaz ha ido amoldando su versión de los hechos a los descubrimientos que hacía la investigación. El ministro había mantenido que no conocía al comisario Villarejo, pero una grabación de diciembre de 2012 le muestra junto a Pino y al citado policía de las cloacas planificando la operación Cataluña. Así que su abogado optó el jueves por preguntarle si había tratado con el comisario entre 2013 y 2015. 

El ministro relató que en el acto de despedida por jubilación de Eugenio Pino como director adjunto operativo de la Policía se saludó con Villarejo. Jorge Fernández se refirió a la escena como si de un primer encuentro se tratara. “Había un policía que estaba de paisano, que se me acercó: 'a la orden, señor ministro, comisario Villarejo'”. En el audio de 2012, cuatro años antes, se oye a Fernández Díaz decirle a Pino y a Villarejo: “Negaré bajo tortura que esta reunión se ha producido”.

El vínculo entre el ministro del Interior y el policía que soporta una petición de pena más alta de Anticorrupción por la Kitchen (19 años) queda así sin aclarar, sin que nadie pudiera repreguntar. El resto de acusados han decidido seguir la senda de los dos primeros y solo contestar, a partir del lunes, a sus defensas. Resta por saber qué hará Villarejo. 

Las grabaciones a Cospedal, los indicios contra Rajoy

Los interrogatorios dirigidos a la exculpación sin posibilidad de contraste con otras preguntas benefician a los antiguos jefes de los acusados, que son los primeros interesados en que su nombre no vuelva a aparecer en la causa. Sin embargo, el presidente del Gobierno de la época, Mariano Rajoy, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, han sido una constante en el juicio y no solo durante su declaración como testigos. 

El jefe policial de la investigación confirmó su informe en el que concluía que las continuas alusiones a que un tal ‘Barbas’ y ‘Asturiano’ conocía la operación Kitchen se referían a Mariano Rajoy. De Cospedal se han reproducido grabaciones haciendo encargos a Villarejo, entre ellos frenar la publicación de los papeles de Bárcenas. 

Cospedal, pese no poder mentir como testigo, dijo que nunca había hablado por teléfono con el policía. La grabación se reprodujo durante la vista, pero solo pudo ser seguida por aquel que se desplazara a la sede de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid). El tribunal decidió cortar la retransmisión esos días para proteger la intimidad de cuantos eran mencionados en los audios. 

Fernández Díaz, enrocado en que no supo nada de Kitchen, no fue preguntado por el conocimiento que pudieran tener sus superiores en el Gobierno y en el partido. Martínez, que conoció un operativo “legal”, se limitó a decir que apenas departía con la secretaria general del PP.

La agenda del comisario 

De las únicas agendas de las que se habló durante el interrogatorio a Francisco Martínez son de las que podía guardar Luis Bárcenas. Ni mención a las del comisario Villarejo. El investigador principal del caso Kitchen dijo durante su declaración que las anotaciones de ese dietario merecían toda credibilidad. “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. Eran para consumo interno”, respondió el inspector jefe de Asuntos Internos. 

En esas agendas hay anotaciones como esta que habla de una reunión entre Villarejo y otro de los acusados, Andrés Gómez Gordo, el asesor de Cospedal. “ANDY COSP/ Lo que quitaron a L.B está en el despacho de GAGO. Este verano lo va a copiar. CHISCO fue quien ordenó que dejara yo los contactos con SERGI [el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva]. BIG [el comisario Enrique García Castaño] es el puto amo”. 

Martínez habría tenido oportunidad de desmentir que él no diera órdenes directas de la manipulación del confidente, Sergio Ríos Esgueva, y acerca de qué policía tenía que tratar con él. 

¿Un número dos que no informaba al ministro?

La tesis del escrito de la acusación de la Fiscalía es que todo lo que conocía por los policías Francisco Martínez era puesto en conocimiento del ministro de forma inmediata. Sin embargo, y pese a las evidencias, Fernández Díaz se ha enrocado en que él supo de la operación Kitchen por la prensa, como pronto en 2015, dos años después de su inicio.

Por contra, la defensa de Martínez se basa en defender, ante los indicios del espionaje, que se trató de una “operación de inteligencia” y que, hasta donde sabe él, no incluyó ninguna actividad delictiva. De ser así, nadie en el juicio pudo preguntar –el tribunal no quiso– al ministro Fernández Díaz si su número dos le ocultaba cuestiones tan relevantes como una investigación a Bárcenas y su entorno cuando el Gobierno y el Partido Popular estaban en vilo por los papeles del extesorero. 

El espionaje en la cárcel

El comisario Enrique García Castaño, al que se archivó la acusación por motivos de salud, declaró en fase de instrucción que recibió órdenes de Martínez y de Pino para robar los discos duros de Bárcenas. También dijo que sus agentes siguieron al preso al que el extesorero habría pedido destruir una grabación incriminatoria de Rajoy porque alguien les avisó de su identidad y de a qué hora salía de permiso.

Es uno de los indicios de que Bárcenas también fue espiado ilegalmente dentro de Soto del Real. Todo quedó despachado en el interrogatorio a Martínez con la afirmación de este de que desconocía los hechos y que el régimen en prisión “es muy estricto” y hubiera impedido tal espionaje. Aquí habló por su experiencia de una semana recluido por otro asunto. 

Sin embargo, la brigada política tenía información del interior de la cárcel, lo que implicaría a otro departamento del Ministerio del Interior, dependiente del secretario de Estado de Seguridad, la dirección general de Instituciones Penitenciarias. El juicio tampoco ha servido para ahondar en el espionaje en la cárcel, una de las puertas del caso que el juez García Castellón decidió no abrir durante la instrucción. 

La amnesia repentina suele ser una dolencia inevitable cuando un acusado tiene que prestar declaración en su juicio. Para hacerla más llevadera, tiene el derecho a no responder a las preguntas de las acusaciones y hacerlo solo con las de su abogado. El problema viene cuando el acusado es un ministro o secretario de Estado y la gente sabe a qué se dedican los políticos cuando disponen de mucho poder y hay comisarios dispuestos a cumplir sus órdenes. Su testimonio puede ser recibido con incredulidad y hasta risas, pero lo importante es no acabar en la cárcel.

La declaración de Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez en el juicio de la Operación Kitchen ofreció momentos singulares y hasta insólitos. Aparentemente, el ministro de Interior durante cinco años en el Gobierno de Rajoy no se enteró de nada ni se preocupaba por nada. Cuando los medios de comunicación estaban llenos de noticias a cuenta de los sobresueldos en la dirección del PP y de lo que sabía el tesorero Luis Bárcenas, Fernández Díaz vivía una existencia plácida y sosegada. Él no había recibido ningún sobresueldo, por lo que todo eso no le preocupaba lo más mínimo. Todo era además un remanso de paz en el partido. “Nadie me transmitió (en el PP) ninguna preocupación o inquietud sobre ese asunto”, sobre lo que sabía Bárcenas o lo que podía contar, dijo al tribunal.

Echemos la vista atrás y recordemos el impacto de la publicación a principios de 2013 de la lista de sobresueldos en la cúpula del partido y las incógnitas que generó sobre la financiación ilegal del PP. Luego, la aparición en julio de ese año de los SMS que Mariano Rajoy había enviado a Bárcenas para que se tranquilizara sobre sus problemas legales (“hacemos lo que podemos”).

La reputación del presidente estaba en juego y sus explicaciones no convencían a muchos. Fernández Díaz era amigo personal de Rajoy desde años atrás. Nada de eso molestaba al ministro ni ocupaba su tiempo. En el PP, todos parecían estar muy relajados con lo que salía en los medios sobre Bárcenas.

Cuando se conoció el montaje de Kitchen con el que se quiso conseguir que las revelaciones de Bárcenas no perjudicaran al Gobierno de Rajoy, todo eso le pilló al ministro leyendo la prensa. “Yo me entero como el común de los mortales por los medios de comunicación”, dijo. Y no pasó de ahí. Respondió con esa frase cuando su abogado le preguntó si había hablado del asunto con Martínez, su número dos del Ministerio. Si hay que creerle, hay que suponer que no habló de unas acusaciones tan graves con su secretario de Estado ni con el director operativo de la Policía. No se enteró de nada. No vio nada. No quiso saber nada. Él solo iba al despacho y leía la prensa.

Cómo está el mundo, pensaría. Qué cosas dicen de Mariano. No le llamo para no preocuparle más. Bueno, ya son las dos y habrá que pensar en ir a comer.

Lo de Francisco Martínez fue parecido, pero más traumático, porque en la fase de instrucción había afirmado lo contrario sobre lo que le pidió su jefe. Decir que derrapaba en las curvas cuando hizo el giro de 180 grados es quedarse corto. No podía negar, y no lo hizo, su intensa relación profesional con el comisario José Manuel Villarejo. Pero el resultado fue el mismo. No se enteró de nada. ¿Los discos duros de Bárcenas? Pero qué me está contando.

Martínez contó que conoció a Villarejo gracias a una orden que le dio Fernández Díaz. El ministro le llamó para decirle que Juan Cotino –director general de la Policía en el Gobierno de Aznar– le había comunicado que era urgente que el Ministerio se pusiera en contacto con Villarejo para recibir una información. Martínez declaró que cumplió la orden y se vio con el comisario en abril de 2012. El mensaje tenía tintes preocupantes. Decir, como había hecho Fernández Díaz en el Congreso, que la investigación al vicepresidente del Gobierno de Madrid, Ignacio González, era ilegal “se iba a volver en su contra”, avisó el policía.

“Cotino había dicho a Fernández Díaz que Villarejo era alguien fiable y que nunca había dado una mala información”, declaró Martínez. Es seguro que informaría de inmediato al ministro.

Cuando preguntaron después a Fernández Díaz si conocía a Villarejo, volvió a negar cualquier asomo de cercanía. Supuestamente, casi ni sabía de él. Dijo que no tuvo ningún contacto con el comisario entre 2013 y 2015, cuando se produjeron los hechos delictivos de la Kitchen. Solo lo vio en 2016 al saludarlo brevemente en una comida organizada por la jubilación de Eugenio Pino, su DAO (director adjunto operativo).

Martínez describió sus frecuentes reuniones con Villarejo a preguntas de su abogado. Se vio claramente que había quedado fascinado por el polémico comisario que lo grababa todo y que sabía cómo engatusar a sus superiores, que siempre recibían algo a cambio. Villarejo era “un torrente de información”, aunque a veces se limitaba a contar “chascarrillos”. Desde luego nunca escuchó a Villarejo “hablar de algo ilegal”.

Para impresionar al tribunal –no cabe otra interpretación– dijo que “la primera vez que oí hablar del estrecho de Ormuz fue por el señor Villarejo en 2012”. Es evidente que Martínez no estaba muy ducho en materia de relaciones internacionales y geografía.

El ex secretario de Estado era como el pececillo eternamente agradecido cuando le echan comida a la pecera. Lo que él no era consciente de sus contactos con comisarios de ética dudosa era que no estaba nadando en una pecera, sino en un acuario inmenso lleno de tiburones.

Tantos contactos con Villarejo le debieron de ser muy útiles. No sobre Kitchen. Ni sobre la información que podía conservar Bárcenas o las pruebas que este guardaba en sus ordenadores, uno de los motivos centrales de la operación que ahora se juzga y que también originó los contactos de Cospedal con el comisario para obtener información (“la libretita”) con la que proteger al PP.

Ahí Martínez no tuvo reparos en saltar al vacío: “Los discos duros de Bárcenas son una especie de leyenda mediática”, comentó sin inmutarse. En la fase de instrucción, el comisario García Castaño, que no está en el banquillo de los acusados por su estado de salud, declaró que fue Martínez quien le ordenó encontrar los discos duros. El tribunal ha tenido la oportunidad de escuchar ese testimonio en el juicio.

Otro momento involuntariamente ridículo ocurrió cuando negó saber si Sergio Ríos, el confidente al que se pagó para vigilar a Bárcenas mientras le hacía de chófer, había recibido trato de favor para ingresar en la Policía. “Es imposible amañar un procedimiento de selección en la Policía Nacional”, dijo. Eso fue precisamente lo que sucedió, porque con ello ciertos comisarios tenían controlado a Ríos para el futuro.

Solo se salió un poco del guion pactado cuando dijo que el ministro le pidió que confirmara algo que había sabido no se sabe de quién, y es que habían colocado a un confidente cerca de Bárcenas. Hizo la gestión sin decir con quién y se lo confirmó a Fernández Díaz.

El exministro ni siquiera se dignó a mencionar esa cuestión. Fernández Díaz solo sabía que Bárcenas existió y que fue tesorero del PP. Nada más.

El pacto de no agresión entre ambos fue tan evidente que es realmente difícil creer que pueda colar. Todo fue muy distinto a lo que contó Martínez en la instrucción, a los mensajes que dijo recibir de su jefe y que luego depositó ante notario y al tenso careo que tuvieron a finales de 2020 en el que cada uno se mantuvo en sus posiciones.

Ahora les salía más rentable sostener en el juicio que nunca se enteraron de nada y que la Kitchen fue una invención periodística. La Fiscalía pide quince años de prisión para ambos. Es un razonable incentivo para mentir ante un tribunal.

La atenta observación de cualquier declaración, siquiera un gesto, de Francisco Martínez ha cumplido seis años como actividad obligada para analizar el caso Kitchen. La responsabilidad de ello recae en el propio ex secretario de Estado de Seguridad que, viéndose acorralado por la investigación y abandonado por el Partido Popular, comenzó a tomar notas en su móvil y a depositar ante notario mensajes con su antiguo jefe. ¿Cumpliría la amenaza que deslizaban esas anotaciones? ¿Terminaría por descargar en sus superiores la responsabilidad de la operación de espionaje a Luis Bárcenas? Su declaración en el juicio que le enfrenta a 15 años de prisión se antojaba como un momento ideal para despejar las dudas.

Y ese momento llegó este jueves. Martínez no se apeó de la relectura crítica del momento de su vida en el que pareció proclamar: 'si caigo, no lo haré solo'. Su declaración, y la que le siguió –del exministro Jorge Fernández Díaz–, sirvió para escenificar un pacto de no agresión entre ambos que pone fin, por ahora, al brusco enfrentamiento que protagonizaron durante la instrucción del caso. Ambos hablaron del otro con respeto, incluso con admiración. Pero, sobre todo, apenas dijeron nada que pudiera incriminar a jefe o subordinado. 

El beneficiario evidente de este pacto es Fernández Díaz. El exministro se sienta en el banquillo por aquel Francisco Martínez que prometió morir matando. Los mensajes depositados ante notario por Martínez sitúan al que fuera ministro como conocedor del espionaje al tesorero desde casi el mismo momento que se puso en marcha.

Pero ese Francisco Martínez ya no existe. En el gran día de las declaraciones de ambos, el abogado de Martínez no preguntó a su cliente por los mensajes. El acusado solo traspasó una línea perjudicial para su antiguo jefe al explicar que el 13 de julio de 2013, con Bárcenas en prisión y a punto de confesar la caja B al juez Ruz, el ministro le preguntó si conocía la existencia de un colaborador en el entorno de Bárcenas. Él preguntó al director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, también acusado, y antes de contestar a Fernández Díaz este le suministró la identidad del chófer, Sergio Ríos Esgueva.

Martínez logró hablar de los hechos sin mencionar ni siquiera el mensaje que le envió Fernández Díaz al respecto, el primer rastro en el sumario de la operación Kitchen. El secretario de Estado extendió el conocimiento de la “operación de inteligencia” también al CNI. Para ello contó un episodio desconocido hasta ahora. Aseguró que dentro del contencioso entre el comisario Villarejo y los espías, él acordó una reunión con Félix Sanz Roldán para que un interlocutor del Centro se viera con Villarejo y este le informara de “los hechos que aquí se juzgan”. 

El matiz es importante porque Martínez, como otros acusados, admiten que hubo seguimientos a la familia Bárcenas, obligados como están ante las evidencias de partes y testimonios. Pero añaden que se trataba de un operativo legal, “de inteligencia”, para averiguar si Bárcenas escondía aún más millones de los 47 que habían aparecido y si mantenía testaferros ocultos. 

En la reunión, Villarejo también debía contar al CNI lo que sabía del gestor de la Gürtel en Ginebra, Arturo Fasana, “una persona sensible en cuanto a los patrimonios que ha gestionado”, según Martínez. Es público que Fasana manejó fondos del rey emérito ocultos a la Hacienda española. Resulta difícil tomar el comentario como una advertencia, por lo estéril de su efecto a estas alturas. 

Al término de su declaración, Martínez aludió a su tratamiento psiquiátrico para explicar un momento en el que estaba “roto” y por eso escribía mensajes contra sus jefes en el Gobierno. “Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal”, había escrito el 5 de junio de 2019 en un mensaje al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro.

Así que la estrategia de defensa de Fernández Díaz consiste en desacreditar los mensajes que entregó a dos notarios Martínez. El ministro asegura que él no los envió y su abogado ha presentado a un perito que apunta a una posible manipulación. Además, los notarios a los que acudió Martínez han declarado que no comprobaron si el número desde que los recibió el exnúmero dos de Interior perteneciera en realidad a Jorge Fernández Díaz.

El exministro tenía derecho a mentir para defenderse, como acusado que es en Kitchen, y es conocida la complicada relación con la verdad que mantiene desde hace tiempo. En el juicio dio a entender que conoció a Villarejo durante la despedida por jubilación de Eugenio Pino, en 2016, cuando un audio publicado por El País le muestra hablando con Villarejo y Pino en 2012, cuatro años antes, para planificar la operación Cataluña. “Negaré bajo tortura que esta reunión se ha producido”, afirma en el audio. Su abogado tuvo la precaución de preguntarle si había tenido relación con Villarejo entre 2013 y 2015, después de esa grabación, y él describió una escena en que Villarejo se le presentaba en el citado acto de 2016. Ya en el pasado había negado conocerle, antes de que se publicara la grabación. En su momento, Jorge Fernández atribuyó a una supuesta inteligencia artificial de 2016 pasajes de otra grabación. Fue con el director de Antifrau grabado en su despacho, cuando decía “la Fiscalía te lo afina”.

Martínez y Fernández Díaz se enfrentan a 15 años de cárcel cada uno, según la petición de Anticorrupción. Si el tribunal no aprecia una operación ilegal en el espionaje a Bárcenas y su familia, ambos resultarán absueltos. Si la sentencia reconoce que el operativo incluyó varios delitos, Fernández Díaz se puede salvar, pero resulta casi imposible que lo haga Martínez. La absolución de Fernández Díaz dependerá en gran parte de los mensajes que hoy su subordinado no ha querido mencionar.

La sentencia y el Partido Popular

Una absolución para Fernández Díaz rebajaría la gravedad del caso para el Partido Popular, ya beneficiado de una instrucción abortada por el juez Manuel García Castellón, quien impidió seguir adelante con la investigación a María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy. Fernández Díaz está dado de baja formalmente del Partido Popular y según la tesis del juez que ha llegado a juicio constituiría la X de la guerra sucia del PP, pero sin la colaboración del PP, ni el conocimiento de su presidente.

Por su parte, Francisco Martínez solo ha militado en el PP los dos años que fue diputado de la formación, tras salir del Ministerio, tal y como ha recordado en el juicio. Él es un extraño en el partido, según traslada. Si el cambio de ciclo político llega, los recursos ante el Supremo serán resueltos durante el próximo Gobierno del PP, con capacidad de indulto.

Los indicios contra Martínez se acumulan en la causa. El tribunal ha escuchado las declaraciones en fase de instrucción del comisario García Castaño, que reconoció los delitos y aseguró que Martínez le había puesto a buscar los discos duros de Bárcenas con la supuesta grabación de Rajoy hablando de la caja B. Mensajes con otros acusados confirmarían su conocimiento del espionaje.

Los dos acusados evitaron contestar este jueves al fiscal Anticorrupción y el resto de las partes. El representante del Ministerio Público reaccionó solicitando que se reproduzcan en la vista las declaraciones de ambos en fase de instrucción. Podemos añadió a esa petición la de que se pueda asistir durante el juicio al tenso careo entre ambos que tuvo lugar en noviembre de 2020. El tribunal no ha decidido aún. 

El antiguo secretario de Estado explicó durante su declaración que Jorge Fernández Díaz le hizo secretario de Estado de Seguridad porque es el único que siempre confió en él. Al término de su declaración, Jorge Fernández Díaz fue a dar la mano uno por uno a todos los acusados. Al llegar a Francisco Martínez le dijo: “Al final, la verdad siempre prevalece”.