El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha confirmado en el juicio del caso Kitchen que encargó desde la cárcel “destruir los audios” en los que Mariano Rajoy habla supuestamente de la caja B del Partido Popular. A preguntas del fiscal, Bárcenas ha declarado que conoció en la prisión de Soto del Real a un recluso que presumía de tener conocimientos informáticos, por lo que el extesorero le pagó por destruir los audios y otra documentación que guardaba “en la nube” aprovechando un permiso penitenciario que tendría Isidro Sánchez, que así se llamaba el recluso.

Bárcenas ha reconocido como suya una nota incautada a Sánchez en la cárcel. “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso…”, decía la nota que se ha exhibido este lunes. Luis Bárcenas ha dicho que se trata de su letra, pero que alguien la ha modificado.

El fiscal no le ha preguntado por qué la persona a la que se dirige se llama Alex y no Isidro, nombre de su compañero recluso. A preguntas de la defensa del exministro Jorge Fernández Díaz, Bárcenas ha explicado que “le llamaban Alex”. Sánchez habría cobrado 4.000 o 4.500 euros, según el extesorero. El dinero se lo había entregado el chófer de la familia, el acusado Sergio Ríos.

Más adelante, a preguntas de su abogada, Bárcenas ha precisado que se trataba de tres audios. En uno de ellos aparecía él dando explicaciones sobre “la contabilidad extracontable del partido y como funcionaba”, en referencia a la caja B; en otra una conversación breve con Mariano Rajoy; y otra, algo más extensa, con el que era su “buen amigo”, el señor Arenas.

En el turno para la acusación popular de Podemos, Bárcenas ha ahondado en el contenido de esos audios. En el que aparece Rajoy, Bárcenas acude a ver al presidente del PP en su despacho después de haberse reunido con Arenas. En el encuentro le entrega “una fotocopia” sobre el saldo existente en la caja B del partido y solicita instrucciones. Rajoy, según ha contado, se “extraña mucho” de que la financiación irregular esté por escrito y el tesorero le explica que su antecesor, Álvaro Lapuerta, y él necesitaban anotar las entradas y salidas en alguna parte. En el audio se escucharía cómo Rajoy se gira en su silla y destruye los papeles en una trituradora, según ha contado Bárcenas.

Luis Bárcenas ha dicho que esas grabaciones estaban en un pendrive, junto a la documentación sacada de Génova, en el local de restauración de su mujer, y que también se alojaban “en la nube”, de donde ordenó a otro preso que las destruyera. Bárcenas ha dado por hecho que el pendrive es parte del material que le habría robado la brigada política.

Las defensas han tratado de poner en duda la solidez del testimonio de Bárcenas en todo lo relacionado con estas grabaciones poniendo de manifiesto las contradicciones de los diferentes interrogatorios a los que se ha visto sometido desde 2013. Este lunes, el extesorero ha afirmado que esos supuestos audios no los ha escuchado nadie más que él, aunque durante la fase de instrucción sí dijo que los habían escuchado otras personas.

Entre ellos, la periodista Marisa Gallero, que en enero de 2016 publicó en el El Mundo un artículo titulado 'Bárcenas acusa: Tengo grabado a Rajoy recibiendo un sobre'. Según Bárcenas, ese pendrive con las grabaciones es parte del material que le sustrajo la brigada política mientras estaba en prisión en el marco de la Operación Kitchen. “¿No le comenta [a la periodista] que le han robado ese audio?”, le ha preguntado el abogado del exministro. “No me suena el artículo, no sé”, ha respondido Bárcenas.

“¿Con qué nos quedamos?”, ha llegado a preguntar la presidenta del tribunal, Teresa Palacios. Bárcenas ha respondido que estaba en momentos distintos, que no es lo mismo ser testigo que investigado y que esas respuestas eran parte de su estrategia de defensa. 

La defensa del ex número dos de Interior, Francisco Martínez, también ha cuestionado los cambios de versión de Bárcenas sobre la mera existencia de las grabaciones, dado que en declaraciones de los años 2018 y 2019 negó que él hubiera grabado a nadie. Bárcenas ha explicado que en ese momento estaba en “situación de entendimiento” con el PP y ha reconocido que la relación con el partido se rompió “definitivamente” en 2021, tras la entrada en prisión de su mujer, Rosalía Iglesias.

A la pregunta de si el recluso cumplió con las instrucciones de destrucción de los archivos “en la nube”, Bárcenas ha dicho que no lo sabe porque nunca más le vio, pero que cuando salió de la cárcel el material que debía borrar ya no estaba. El extesorero ha recordado que Sánchez fue detenido a la mañana siguiente de salir de permiso, que no pudo completarlo y que fue devuelto directamente a Soto del Real desde los juzgados de Plaza de Castilla. Bárcenas ha atribuido a Instituciones Penitenciarias la decisión de alejar a Sánchez de él dentro de la cárcel y ha contado cómo un tiempo después fue trasladado a otra prisión.

Isidro Sánchez declaró el pasado jueves que la nota no le fue incautada a él, que cobró 5.000 euros a través de una tercera persona y que le denunció por quedarse con el dinero de Bárcenas. Sánchez dijo que no le dio tiempo a cumplir con el encargo por la extraña detención por una requisitoria de la que nunca más se supo.

Implica en la Kitchen a la cúpula del PP

Bárcenas ha implicado al Partido Popular, concretamente a su dirección, en la operación Kitchen. La Fiscalía Anticorrupción llegó a acusar al juez Manuel García Castellón de dibujar “una línea roja” en la instrucción con la que hizo imposible ahondar en esa línea de la investigación. El ex tesorero ha relacionado con la operación Kitchen que “dos días después” de declarar él en la Audiencia Nacional sobre la existencia de la caja B, el PP decidió destruir sus ordenadores. María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, llegó a estar imputada, pero García Castellón archivo la causa contra ella en el auto que sirvió para cerrar la instrucción.

También ha recuperado otro episodio, del que ya habló en el juicio de la caja B, las visitas de Javier Iglesias, un abogado al que la brigada política considera su nexo con Mariano Rajoy, pese a que uno y otro niegan que apenas se conozcan. Iglesias se reunió con Bárcenas antes de entrar en prisión y fue a visitarle también cuando estaba allí de forma provisional. En total fueron tres encuentros y el abogado hablaba, según Bárcenas, “en nombre de quienes entonces dirigían el Partido Popular”.

En febrero de 2013, también antes de que el extesorero entre en la cárcel, Iglesias le había pedido que cambiara “los conceptos y cantidades” de los papeles sobre la financiación irregular, que ya había publicado El País, o su mujer entraría en prisión. Se trataba, según ansiaba el PP, de “crear la incertidumbre de cuáles son falsos o ciertos o si todos son una falsificación”, ha dicho Bárcenas. “[Javier Iglesias] me ofrece pagarme 500.000 euros” que aportarían “empresarios afines” al partido y solucionar así el contencioso del despido que mantenía con el PP. Bárcenas se negó.

En Semana Santa, Bárcenas envió su último mensaje a Rajoy, con un tono muy duro. Fue el Miércoles Santo. Al día siguiente, por la mañana, Javier Iglesias contacta con él para decirle: “Se te ha ido un poco el tema. Tenemos que vernos”. Es la prueba de que el abogado Iglesias, 'El Largo', es un interlocutor directo con Rajoy, según ha defendido Bárcenas.

Al ingresar en la cárcel, Iglesias acudió a visitarle y le amenazó con que si tiraba de la manta su esposa, Rosalía Iglesias, también entraría en prisión, ha relatado a preguntas de la abogada del PSOE. El encuentro tuvo todas las facilidades con las que no contaba el abogado de Bárcenas para reunirse con él. Se celebró en una sala habilitada para ello. Esta circunstancia y el hecho de que hablara en nombre de Rajoy demuestra, según Bárcenas, que al abogado lo enviaba el PP y la “implicación” del Ministerio del Interior, de la que depende Instituciones Penitenciarias.

Durante el interrogatorio del fiscal, el extesorero del PP ha afirmado que Ignacio Peláez exfiscal que defendía a varios investigados del caso Gürtel, lo visitó un día en la cárcel en 2013 y le dijo que había la posibilidad de desmontar el caso. “Me dijo que las grabaciones de Peñas [el exconcejal del PP que denunció el caso] están manipuladas y que algunos policías lo pueden acreditar y eso cambiaría el discurrir del procedimiento que estaba pendiente de enjuiciamiento”.

Según Bárcenas, Peláez, ya fallecido, le dijo que uno de esos policías era José Manuel Villarejo y que le pidió una cantidad de “no menos de seis millones ni más de 12”. “Yo le dije que si era así, si el procedimiento estaba viciado que contase conmigo para la parte alícuota que correspondiere porque tenía el máximo interés en este tema”, ha detallado. No obstante, la operación no salió adelante. 

La Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar esta semana el caso Kitchen, uno de los tres episodios de la última guerra sucia en España. Con la excusa del desafío soberanista, el Ministerio del Interior activó en 2012 a un grupo de mandos policiales dispuestos a combatir a los enemigos del PP —de España, se justificaban ellos— orillando los tribunales de justicia. Alumbraron dosieres con informaciones erróneas, cuando no pretendidamente falsas, sobre los líderes del procés, que luego filtraban a medios de comunicación de la derecha, coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.

En 2014 irrumpió en el panorama político Podemos y esos mismos mandos policiales, con los mismos políticos al frente, repitieron el 'modus operandi' de la Operación Cataluña ahora contra la formación emergente. Cuando en 2016 se vislumbró la posibilidad de que alcanzara el Gobierno, la ofensiva arreció contra el primer partido que alcanzaba ese vigor electoral a la izquierda del PSOE desde que se restauró la democracia. Jerarcas venezolanos a los que perseguía la justicia de su país y la estadounidense, españoles condenados por estafa, fotocopias dudosas, extractos bancarios fabricados... Todo valía para evitar que “los comunistas” llegaran al poder.

En este contexto, salvar a “los suyos” no supondría un obstáculo. Algunos de esos mandos policiales por convicción ideológica, otros por arribismo, los más por ambos motivos, se prestaron a sabotear la investigación judicial de la caja B del PP, que amenazaba la pervivencia de Mariano Rajoy en el Gobierno. Y con el engranaje de la guerra sucia en marcha, los policías se dedicaron a hacer lo contrario de lo que la Ley y su función pública les tenía reservado: en lugar de perseguir el delito se dedicaron a borrar las pruebas.

Los indicios recogidos en el caso Villarejo apuntan a que en el banquillo de la Kitchen faltan piezas fundamentales en el engranaje de esa guerra sucia. La principal ausencia es la de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Tampoco comparece el comisario Enrique García Castaño, 'El Gordo', quien sufrió un ictus que le incapacita para ser juzgado.

José Manuel Villarejo no aparece en la foto pese a que la mayor petición de condena de la Fiscalía, 19 años, es para él. En activo, el comisario jubilado hizo de la toga de abogado otra de sus herramientas para extorsionar. Ahora hace uso de la prerrogativa de sentarse en estrados junto a su abogado y no con el resto de acusados.

Jorge Fernández Díaz

Francisco Martínez

Eugenio Pino

José Manuel Villarejo

Enrique García Castaño, 'El Gordo'

José Luis Olivera

José Ángel Fuentes Gago

Andrés Gómez Gordo

Marcelino Martín-Blas

Bonifacio Díez Sevillano

Sergio Ríos Esgueva

Antiguo miembro de la seguridad del PP en la sede de Génova y conductor de Francisco Granados, ni siquiera era policía cuando arrancó la Operación Cataluña. Su participación se ciñe a colaborar con la brigada política robando información de los Bárcenas e informando de los movimientos de la familia cuando el tesorero entró en la cárcel. Cobró más de 50.000 euros de los fondos reservados y la promesa de ingresar en la Policía. Hoy está suspendido de funciones. 

José Barrionuevo, Rodrigo Rato, Jaume Matas, Eduardo Zaplana... La lista de exministros en el banquillo de los acusados no es tan larga y en una misma semana se han sumado de golpe dos nombres más: José Luis Ábalos y Jorge Fernández Díaz. La política es también la agenda informativa: el espacio en las portadas de los periódicos es un bien escaso, los minutos de la televisión también. Y la Justicia ha decidido, casualmente, que ambos juicios se celebren a la vez. 

Para sorpresa de nadie, esta oportuna coincidencia está sirviendo para que el esperado caso Kitchen pase en muchos medios a segunda división. ¿A quién le importa el uso de los fondos reservados para destruir pruebas de corrupción cuando tienes a Jessica enchufada en un puesto de trabajo al que nunca fue? 

Esta coincidencia cósmica, dos exministros en el banquillo a la vez, fue decidida por el Tribunal Supremo. Por la Sala de lo Penal. El juicio de la Kitchen, en la Audiencia Nacional, ya estaba en agenda cuando se fijó la misma fecha para Ábalos. Pero los parecidos se acaban con la semana en la que arrancan los juicios. El resto del proceso penal de ambos exministros no ha sido igual.

El caso mascarillas –por el que Ábalos está siendo juzgado– comenzó a investigarse en 2022 sobre unos hechos ocurridos en 2020. La Kitchen, en 2018, por algo que pasó en 2013. Hay cuatro años de diferencia en la instrucción. Siete años de distancia, si contamos desde que se cometió el presunto delito.

Ábalos es un apestado, con razón. Nadie de su partido le defiende. Fue expulsado del PSOE meses antes de que fuera siquiera imputado, cuando estalló el caso Koldo. Fernández Díaz, mientras tanto, sigue publicando todas las semanas artículos en la prensa de derechas. Pontificando sobre la corrupción de los demás. 

Ábalos duerme cada noche en la cárcel. Es prisión preventiva, aunque aún no hay sentencia, supuestamente por el riesgo de fuga ante las elevadas penas a las que se enfrenta. Jorge Fernández Díaz duerme en su casa. Aunque las acusaciones contra él son también muy graves, la Justicia aquí no ve riesgo de fuga.

Incluso si Jorge Fernández Díaz es condenado, es posible que siga durmiendo en su casa, como ocurre con Eduardo Zaplana. Salvo que la condena fuera muy alta, no entraría en prisión hasta que la sentencia sea firme en el Supremo. Para eso, aún quedan unos años.

Si Ábalos es condenado –cosa probable– seguirá durmiendo en prisión. Su sentencia sí sería firme, al ser del Supremo. Y no tendría siquiera un calendario claro de cuándo podría salir. Aún tiene pendiente otra causa penal en la Audiencia Nacional, junto a Santos Cerdán. Hasta que no haya sentencia firme de ese segundo juicio –si es condenado– tampoco podrá consolidar penas.

Hay una justicia rápida. Hay otra muy lenta. La diferencia de velocidad en teoría responde al juzgado que instruye cada caso. La Audiencia Nacional está colapsada. El Tribunal Supremo apenas celebra juicios: solo los de los aforados o de aquellas excepciones que le vienen mejor, como ocurrió con el Procés, que debería haberse juzgado en el TSJ catalán. Por eso la Kitchen fue lentísima en la Audiencia Nacional y lo de Ábalos, o lo del fiscal general, ha sido a toda velocidad.

Pero esta explicación es incompleta para entender el ritmo electrizante con el que Ábalos ha sido encarcelado, está siendo juzgado y probablemente será condenado. Este juicio es anómalo porque es un proceso contra la persona, y no contra los delitos.

A Ábalos se le acusa en este juicio de haber cobrado comisiones por la adjudicación de un contrato de mascarillas durante la pandemia. Pero el empresario que vendió esas mascarillas no está en el banquillo de los acusados en el Supremo.

También se le acusa de haber enchufado en dos empresas públicas a una de sus parejas, Jessica Rodríguez. Pero los directivos de esas empresas que colaboraron con el enchufe y permitieron que Jessica no fuera siquiera a trabajar tampoco están entre los acusados en este juicio.

A Ábalos también se le juzga por disfrutar durante el verano de un chalet gratis en la costa a cambio de otro favor político que prometió a una empresa de hidrocarburos. Pero la empresaria que pagó ese chalet tampoco está en el banquillo. Ni tampoco el empresario de hidrocarburos que supuestamente lo sobornó.

La mayor parte de estas personas que colaboraron, indujeron o participaron en los presuntos delitos de Ábalos están imputadas. Acusadas judicialmente por estos hechos. Pero no en el Supremo, sino en la Audiencia Nacional. Han sido convocados a este juicio, pero solo como testigos, no como imputados: con obligación de decir verdad. Aún queda mucho para que sean juzgadas. Cuando puedan defenderse, ya dará igual, porque para entonces ya habrá una sentencia en firme del Tribunal Supremo sobre estos mismos hechos. 

Hay también una curiosa excepción: el caso de Jessica Rodríguez. No está imputada en ningún sitio, ni el Supremo ni en la Audiencia Nacional. Por mucho que pregunto a mis fuentes jurídicas, nadie me sabe explicar por qué ella no está siquiera acusada, pero el hermano de Pedro Sánchez será juzgado. Y eso que David Sánchez sí iba a trabajar. 

Volvamos a Ábalos. En teoría, un mismo delito no se puede juzgar dos veces. En teoría, los acusados tienen derecho a defenderse. En teoría, las piezas separadas en los juzgados se trocean en función de los presuntos delitos, no según las personas que participan en ellos. Pero con este caso, el imaginativo Tribunal Supremo ha inaugurado una nueva forma de juzgar. 

Como Ábalos era diputado, la competencia en la instrucción era del Tribunal Supremo. Cuando la Audiencia Nacional –que empezó la investigación del caso Koldo– pidió la imputación del ministro, lo lógico habría sido que todos los demás implicados hubieran pasado al Tribunal Supremo junto a él. Es lo que se hizo, por ejemplo, cuando el Supremo asumió la investigación de toda la causa de los GAL porque José Barrionuevo era aforado. Toda aquella investigación pasó al Supremo, Amedo no siguió en la Audiencia Nacional.

En vez de eso, en esta ocasión, se partió la instrucción de una forma absolutamente artificial: Ábalos, Koldo y Aldama, al Supremo. Y el resto de la tropa se quedó en la Audiencia Nacional. 

¿Pueden dos tribunales distintos investigar y juzgar unos mismos delitos? En España parece que sí. 

Si el Supremo se hubiera quedado con toda la causa en aquel momento –habría sido lo razonable–, es dudoso que hubiera podido ir tan deprisa. Con los GAL tardaron tres años desde que asumieron la instrucción. Cuando hay muchos acusados, los tiempos de la Justicia se suelen alargar. 

El día en que Ábalos renunció a su escaño –el 28 de enero de 2026– este juicio aún no tenía fecha. El Supremo podría haberlo mandado de vuelta a la Audiencia Nacional y acabar con esta absurda división. Ninguna ley se lo impide, solo un acuerdo en el pleno que se puede cambiar. Pero claro, enviar el caso a este juzgado colapsado no habría permitido condenar a un exministro de Pedro Sánchez antes de que llegue el verano, como probablemente ocurrirá. Las prisas son políticas.

Las anomalías en este caso de corrupción –porque es corrupción, a pesar de estas extrañas maniobras judiciales– no se acaban aquí. Te recomiendo este artículo del abogado Carlos López-Keller que explica muy bien esta absurda división y otros desatinos más. Una de sus metáforas sobre el juicio es muy potente: “Como el plato es escaso, lo llenan de guarnición”. Se supone que este juicio va de las mordidas por los contratos de mascarillas durante la pandemia. Pero en lo que llevamos de juicio, el enchufe de Jessica Rodríguez (una malversación de 44.000 euros) parece ser la gran prioridad. El dinero de las supuestas comisiones, por ahora, parece más difuso.

La exuberante instrucción del Supremo contrasta con la otra pista de este doble circo: el caso Kitchen. 

De aquella investigación se ocupó Manuel García Castellón. Es ese juez que recomendaba Ignacio González, en conversación con Eduardo Zaplana, cuando pedía mandar al magistrado que ocupaba su plaza en la Audiencia Nacional “a tomar por culo a Onteniente”.

Es el mismo juez que, tal y como pronosticaba González, pidió volver a su plaza en la Audiencia Nacional: a cobrar menos y trabajar más. 

Es el mismo que acusó de terrorismo a Carles Puigdemont con la coartada de un turista francés que había fallecido de un infarto durante las protestas independentistas en el aeropuerto de El Prat. El mismo que tuvo que cerrar abruptamente aquella investigación porque metió la pata con los plazos. 

En la Kitchen, García Castellón tampoco decepcionó. Fue el responsable de que Mariano Rajoy ni siquiera fuera llamado a declarar como testigo, como pedía la Fiscalía Anticorrupción. Y había argumentos más que de sobra para ello: Rajoy no solo era el jefe directo de Fernández Díaz, sino también el principal beneficiario de que la Kitchen destruyera esas pruebas de corrupción que guardaba Luis Bárcenas. Unas supuestas grabaciones que le afectaban directamente a él, y también al partido del que era presidente.

García Castellón también fue quien salvó de este juicio a María Dolores de Cospedal, de nuevo en contra del criterio de la Fiscalía, a pesar de esos audios donde la entonces número dos del PP hablaba con Villarejo de “la libretita de Bárcenas”.

El caso Kitchen llega a juicio, trece años después. Pero aún quedan por investigar judicialmente muchos otros de los presuntos delitos que cometió esa policía política que anidaba en ese Ministerio del Interior. La Operación Catalunya, contra los independentistas. La guerra sucia contra Podemos y todos los rivales políticos del PP. Todo eso aún sigue impune. Es muy probable que nunca se llegue a juzgar.

Porque la Justicia es igual para todos y los niños vienen de París. Más concretamente, de la Plaza de París, en Madrid, donde tiene su sede el Tribunal Supremo español.

P.D. En elDiario.es hemos producido dos documentales cortos sobre cada uno de estos juicios. El primero: Caso Ábalos, la tríada de la corrupción. El segundo: Juicio final a la guerra sucia del PP. Te recomiendo que los veas: son muy buenos y ayudan a comprender lo que pasó. 

Y el lunes, estrenamos otro documental más: Las tres guerras sucias del PP. Espero que te gusten.

Con lo que nos gusta el cine de juicios, y van los tribunales y deciden contraprogramarse haciendo coincidir dos de los juicios más esperados: la “Kitchen” de cuando el gobierno del PP, en la Audiencia Nacional; y el “Caso Mascarillas” del actual gobierno de coalición, en el Supremo. No hay semanas en el año, que nos los tienen que poner los mismos días y a las mismas horas, obligándonos a hacer zapping en sus retransmisiones simultáneas, si no queremos perder detalle de dos procesos con tanta chicha.

La Audiencia Nacional se ha tomado su tiempo -la investigación comenzó hace ocho años-, y el Supremo en cambio se ha dado una prisa poco habitual en causas políticas. Resultado: dos juicios en paralelo, los dos con causas de gran escándalo social (trama policial para tapar delitos en uno, mordidas por material sanitario en pandemia en el otro), acusados de renombre (el ex ministro Fernández Díaz aquí, el ex ministro Ábalos allí), testigos de relumbrón (Rajoy, Cospedal o el cantante de Taburete en la Audiencia Nacional; la presidenta del Congreso, un ministro y varios altos funcionarios en el Supremo), y episodios chuscos (el falso cura con pistola por acá, la novia que cobraba sin trabajar por allá, el siniestro comisario Villarejo...).

Dos juicios que además rivalizan en repercusión política y mediática: como Kitchen hace daño al PP, y Mascarillas hace papilla al PSOE, tanto gobierno y oposición como los medios, tertulianos y ciudadanía en general, podemos compararlos en tiempo real y dar más importancia a uno u otro según nuestras simpatías. ¿Es más grave Kitchen o Mascarillas? ¿Es peor usar el ministerio de Interior para tapar la corrupción de un partido, o montar una trama corrupta para forrarse en plena pandemia? ¿Debería estar en el banquillo Rajoy, tendría que dimitir Sánchez? ¿Qué partido reaccionó con más ejemplaridad en cada caso?

Se ve bien en la prensa estos días: en algunos medios -como este donde escribo- hay seguimiento en portada de los dos casos, pero otros han decidido dar todo el protagonismo a uno, y te obligan a hacer un rato de scroll para encontrar una pequeña mención al otro caso. Mira tú por dónde, la coincidencia de juicios servirá para confirmar de qué pie cojea cada medio. Yo mismo he escogido uno y no otro para la foto que acompaña mi artículo. En cuanto a los dos principales partidos, el revoltijo les sirve para compensar un poco los sinsabores propios: ambos coinciden en mostrar respeto a los jueces y lamentar la corrupción, pero un poco peor la del adversario.

Si estos días tenemos que hacer zapping para seguir los juicios paralelos, espérate a que en los próximos días se añadan nuevas sesiones de la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde el PP traerá nuevas comparecencias de alto morbo (la mujer de Cerdán, por ejemplo); y la recién creada comisión por el accidente de Adamuz, donde también el PP quiere hacer ruido convocando a, mira tú por dónde, los mismos Ábalos y Koldo que ya están en el banquillo. Cuando ambas comisiones coincidan a la misma hora que las sesiones de los dos juicios, más que zapping habrá que montar un carrusel deportivo para que los periodistas allí destacados nos canten cada gol. Socorro.

El tribunal de Kitchen resolvió este martes que la causa seguirá su curso sin retrotraerla a un punto donde María Dolores de Cospedal pudiera ser investigada. La magistrada Teresa Palacios explicó que la decisión sobre la imputación de Cospedal correspondería al juzgado de la Audiencia Nacional que instruyó el caso. Y como recordó, el juez Antonio Piña ha desestimado hace poco la pretensión que el PSOE reprodujo en la primera sesión del juicio. 

Hasta el 23 de abril, que comparecerá en el juicio como testigo, Cospedal seguirá flotando en la atmósfera de Kitchen. Hasta ahora, las corrientes del caso han arrastrado a la expolítica desde la situación de imputada (apenas dos meses), a la de una ciudadana que ejerció su “derecho de reunión” con el comisario Villarejo (García Castellón dixit). Y de ahí, a testigo, dentro de la lista de comparecientes que el mismo juez validó en su auto de apertura de juicio oral, hace más de dos años. Mientras tanto, allí abajo, en el procedimiento judicial, Jorge Fernández Díaz sigue sentado encima de la X de Kitchen, justo donde las acusaciones llevan años queriendo que aterrice la antigua secretaria general del PP. 

Para que eso termine ocurriendo, algo inesperado debe ocurrir en los próximos tres meses de juicio Kitchen. La investigación ha sido una lenta escalada en responsabilidades sobre quién ordenó montar un dispositivo de espionaje y robo de documentación a Luis Bárcenas con policías y dinero público. 

La participación de los comisarios fue conocida de inmediato. Los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano introdujeron en su solicitud de registro a Villarejo en 2017 que se les permitiera requisar toda la documentación relacionada con la existencia de una organización criminal, sin tener que ceñirse a lo que hubiera sobre el proyecto King, el encargo que centraba las pesquisas. Aquel pequeño gesto, nada inocente, desató una tormenta sin precedentes. Se lo llevaron todo: cuarenta años de ilegalidades, incluida la “Operación Kitchen”. 

En esa carpeta figuraba la propia implicación de Villarejo en el asunto del chófer de los Bárcenas. Y también la de Enrique García Castaño, 'El Gordo'. Este decidió que ese marrón no se lo iba a comer. A principios de 2019, confesó a los fiscales que el encargo del espionaje a Bárcenas partió del director operativo de la Policía y del secretario de Estado de Seguridad. Y el secretario de Estado de Seguridad, cuando se vio acorralado, afloró los mensajes que implicaban al ministro del Interior. Y cuando las grabaciones de Villarejo, las anotaciones en su agenda y los mensajes de Francisco Martínez atraían a Cospedal hacia la X del caso, el juez García Castellón congeló la imagen: dio el caso por investigado y propuso mandarlo a juicio. 

Después se conocerían más audios de Cospedal con Villarejo. El último de ellos lo reveló elDiario.es hace cuatro meses. En él, la secretaria general del PP se queja al comisario, en 2013, de que tiene acceso a los informes policiales sobre la caja B del PP solo un día antes que el juez. No tuvo consecuencias. El juez Piña, sustituto de García Castellón, no vio motivo para cambiar su situación. Y Cospedal siguió flotando en la atmósfera de Kitchen. 

De aquí a finales de junio se conocerá si alguien decide 'aterrizar' a Cospedal. Un acusado, quizá un testigo... Francisco Martínez amagó en las reflexiones que escribió en su móvil y en los mensajes que mandaba, pero luego se retractó. No hay noticias de que planee dinamitar el juicio.

Hubo una vez que un juicio albergó un terremoto. Paco Camps había escapado del caso de la financiación irregular del PP valenciano. Hasta que en la vista oral, en 2018, Ricardo Costa se plantó ante el tribunal y reconoció la entrada de dinero negro en el partido. Costa señaló a Camps como “máximo responsable” de aquella operativa. El juez De la Mata, que aún instruía el caso Gürtel, imputó al expresidente de la Generalitat una pieza que aún seguía abierta. Con el tiempo, Camps también se libraría de esa acusación. 

Un instante de 2021 concreta la indefinición de Cospedal en este caso. Ocurrió el 2 de junio de 2021. Ella entra en escena por la izquierda del espectador caminando por un pasillo del Congreso de los Diputados. Dobla una esquina y se topa con el vacío. Nadie la espera pese a que estaba convocada para declarar en la comisión de investigación del caso Kitchen. No sale de su asombro.

Esa mañana había trascendido su imputación, una decisión que García Castellón había tomado el día anterior, ocho meses después de que la Fiscalía Anticorrupción se lo pidiera. Nadie había llamado a Cospedal para avisarla de que su comparecencia quedaba suspendida. Y ella se quedó allí, flotando en la indefinición de un compareciente sin comisión.

Cospedal: ¿No hay reunión ni hay nadie aquí?

Periodista: Ha sido aplazada la comi… (sic).

Cospedal: ¿Cómo que ha sido aplazada?

Periodista: Nosotros nos hemos enterado por los grupos…

Cospedal: Pues me parece muy bien que ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y no me he enterado.

Permítanme una ironía inicial. A veces este oficio no está pagado. Hoy es uno de esos días, aunque confieso que la iniciativa ha sido mía, o sea que ninguna queja.

Me explico. He decidido leer unos cuantos artículos de Jorge Fernández Díaz, esos en los que el exministro lleva años dando lecciones como si fuesen las cartas a los Corintios, de las que es tan fan. Cualquier otro, tras su gestión en el Ministerio del Interior (parte de la cual se juzga estos días), se habría ido discretamente a su casa a purgar los pecados, a la espera de que la justicia haga el resto. Pero no: él, lejos de guardar silencio o pedir perdón, optó durante todo este tiempo por hacer justo lo contrario en las columnas que habitualmente publica desde hace tiempo en La Razón y cada lunes en OKdiario.

La semana pasada, semana grande para alguien como Fernández Díaz, escribió casi cada día. “Estamos viviendo una Semana Santa en la que la actuación del maligno se percibe con una intensidad desconocida en muchos años”, alertó el viernes. El maligno, para él, no es Trump, por si cabían dudas. Les cito los títulos de algunos de los últimos artículos porque se explican solos: Domingo de Pascua de Resurrección del Señor, Sábado Santo y vigilia del Domingo de Gloria, Viernes Santo: Jesús crucificado en el Calvario y El Jueves eucarístico de la Última Cena.

Aunque su fuerte sea la religión y dar lecciones de moral que debería ahorrarse, Fernández Díaz se ha especializado en atacar al Gobierno y, en especial, a Pedro Sánchez, a quien se refiere como “el presidente del Frente Popular socialcomunista”. Hay varias, pero he escogido un par de frases para resumir lo que opina de la gestión del Gobierno.

La primera hace referencia a la estrategia internacional del Ejecutivo: “Sánchez quiere ser el paladín del antitrumpismo, usando a España para su interés personal y colocándola junto a los ayatolás y Maduro”. Y esta segunda, en OKdiario, le permite mezclar inmigrantes, Israel, Estados Unidos y seguridad sin ningún reparo: “Con las regularizaciones masivas de inmigrantes que carecen de adhesión a nuestras raíces judeocristianas históricas, la nación española se encuentra sumida en un proceso «desnacionalizador» que, unido a la patente hostilidad del sanchismo gobernante respecto a EEUU e Israel, nos sitúa en un absoluto limbo geopolítico futuro”.

Hay temas que le encantan. Uno de ellos es el aborto. Y no tiene problema en vincularlo a la baja natalidad. Reproduzco un fragmento que lo tiene todo: desde la inmigración a Soros, pasando por el ecologismo, la natalidad o la homosexualidad… sus hits preferidos en un solo párrafo: “Ese reto demográfico lo pretenden superar los progresistas mediante la inmigración, no legal y ordenada como exige el sentido común y el interés general de los españoles, sino mediante las ‘puertas abiertas’ que promueve la fundación Open Society (Sociedad Abierta) del multimillonario George Soros, ahora al mando de su hijo Alex. Quizás sería conveniente y oportuno que los ecologistas, tan ‘progresistas’, reflexionaran acerca de la manera más adecuada de promover y facilitar un crecimiento adecuado de la natalidad entre los españoles. Sobre ello hay suficiente experiencia tanto en España como en el extranjero, y de manera especial aquí durante la posguerra, con la cantidad de bajas producidas en ella y pese a la penosa situación económica existente. Pero es evidente que, promoviendo el aborto para que incluso sea un derecho fundamental y la ideología de género, no se promueve la natalidad precisamente. La unión de dos hombres, o de dos mujeres entre sí, no parece que conciba hijos”.

Habrán comprobado también que los puntos y aparte no son su fuerte.

Les evitaré más parágrafos, entre ellos los de los artículos en los que se posiciona en contra de la eutanasia. Pero, viéndole estos días sentado en el banquillo por la trama Kitchen, aún rechinan más sus apelaciones a la ética. Por ello, permítanme solo un último ejemplo: “Esta es una de las más graves heridas que el PSOE sanchista va a dejar como herencia de su paso por el Gobierno de España: la carencia de ética pública por parte de quienes ejercen la elevada responsabilidad de tener en sus manos procurar el bien común de los españoles y preservar el interés general de España. Hasta la llegada de Sánchez a la política nacional, había normas no escritas, pero sí inscritas de manera indeleble en la conciencia del conjunto de los políticos, situados en todo el espectro ideológico, desde un extremo al otro”.

¿Entre esas “normas no escritas” estaba el uso de fondos reservados para sabotear la acción de la justicia en el caso de la financiación del PP con dinero negro o para atacar a rivales políticos, ya fuesen independentistas o de Podemos?

¿Cuál es “la herencia” que dejó Fernández Díaz tras su paso por el Gobierno de España?

¿Qué entiende por “preservar el interés general de España” alguien que presuntamente usó las cloacas policiales del modo en que lo hizo?

Esas son las preguntas que debería haber contestado Fernández Díaz en sus artículos. Claro que es muy posible que a sus lectores les dé igual. El resto esperaremos a ver qué contesta en el juicio, aunque mejor no hacerse muchas ilusiones.

El calendario judicial ha obligado a todos a ponerse las pilas justo después del fin de las vacaciones de Semana Santa. Dos grandes juicios coinciden en el tiempo y cada uno de ellos refleja lo peor de los dos principales partidos españoles. El abuso de poder en el caso de la operación Kitchen por parte del Gobierno de Rajoy. Las comisiones por la compra de material sanitario por parte del Gobierno de Sánchez. En ambos casos, presuntamente. El exministro Jorge Fernández Díaz en un banquillo en la Audiencia Nacional y el exministro José Luis Ábalos en el otro en el Tribunal Supremo. El PP y el PSOE tienen muy claro qué juicio es esencial para la democracia y cuál de los dos no tiene mayor interés.

Por todo ello, los dos juicios van a abrir una autopista inmensa para que circule la ironía. Todo lo que en el otro es producto de la maldad intrínseca de los acusados y de sus correligionarios, dirán ambos, en el mío es producto de circunstancias fuera de nuestro control. Quién podría pensar por ejemplo que Fernández Díaz intentaría que no salieran a la luz las maniobras de Luis Bárcenas cuando su cúpula policial se ocupó después de fabricar pruebas con las que hundir la reputación de Podemos y de los independentistas catalanes.

El único del que podemos suponer que no estaba metido de lleno en el barro en ese Ministerio era Marcelo, ángel de la guarda del ministro, y sólo porque los personajes de ficción son inimputables.

El juicio de la Kitchen comenzó el lunes con las cuestiones previas, que ocuparán varios días. La acusación popular ejercida por el PSOE reclamó que María Dolores de Cospedal sea imputada, que es precisamente lo que el juez de instrucción García Castellón hizo lo posible por impedir. Esa fue una línea de investigación en la que el magistrado no quiso ir muy lejos.

“Una operación de estas características es imposible que se llevase a cabo sin el conocimiento de las máximas instancias del partido”, dijo Bárcenas hace unos días en una entrevista en El Mundo. A menos que Fernández Díaz, amigo personal de Rajoy, decidiera que haría lo posible para librarle y le dijera: tú tranquilo, yo me ocupo de todo.

Con o sin conocimiento de los máximos dirigentes, lo que ha provocado este juicio es la existencia de una red de espionaje político destinada en primer lugar a hacerse con las pruebas que podían incriminar o perjudicar al PP de Rajoy y que luego se dirigió contra los rivales del partido. Es algo sin precedentes en la democracia española si no incluimos a los servicios de inteligencia en la ecuación.

De todos los presidentes del Gobierno desde 1977, quizá Mariano Rajoy sea el que tuvo el temperamento menos autoritario, entre otras cosas por su concepción algo cínica del poder. Pero resulta que fue con él cuando la cúpula policial se convirtió en un guardaespaldas corrupto del partido del Gobierno.

El PP ya tiene preparada una línea de defensa sobre cualquier revelación o posible condena que salga del juicio. “El PP de 2026 no es Kitchen ni Gürtel”. Kitchen forma parte de la historia antigua del partido, de una época que se ha perdido en la noche de los tiempos.

La ironía salta a la vista. La dirección actual del partido reivindica orgullosa la gestión del Gobierno de Rajoy y lo ha invitado a muchos de sus mítines y actos públicos. Pero cuando el Ministerio de Interior de ese Gabinete acaba en el banquillo de los acusados como sospechoso de montar una estructura corrupta, todos esos hechos son presentados como algo ajeno al PP.

Segundo argumento para salir del embrollo. La moción de censura que destituyó a Rajoy sirvió para saldar las responsabilidades políticas por todos esos delitos que están siendo juzgados ahora, comentó Bravo. Esto último es sencillamente maravilloso. En cuestión de semanas, el PP ha pasado de denunciar que esa moción de censura fue un escándalo –entre otras cosas, por el papel de Ábalos en su presentación en el Congreso– a utilizarla como argumento para explicar que tuvo un efecto muy relevante, casi hasta positivo, porque sirvió para dilucidar responsabilidades políticas.

Cuando una periodista preguntó en la rueda de prensa por Rajoy, Bravo respondió que su partido “dejará trabajar a la Justicia” y que no tiene la intención de “hablar de lawfare”. “No soy juez para decir quién es responsable y quién es culpable”, dijo Bravo. Un objetivo entrañable. Nada de avanzar acontecimientos después de una larga instrucción y de centenares de artículos publicados sobre el tema. A diferencia de los casos de Koldo García y Ábalos, de Begoña Gómez y de David Sánchez. En todos ellos, el PP lo sabe todo sobre lo que pasó, sostiene que Pedro Sánchez estaba enterado de todo –aunque no haya sido investigado en ninguno de esos casos– y ya ha emitido su sentencia. Todos son culpables y Sánchez es el más culpable de todos.

Por el juicio pasarán para declarar como testigos Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Juan Ignacio Zoido y Javier Arenas. No por nada en especial. Es sólo que pasaban por ahí y de vez en cuando saludaban a Fernández Díaz.

No hubo fisura por la que pudiera colarse una flecha de la acusación, aunque no era momento de lanzar una sola. Los acusados en el juicio de Kitchen desfilaron por la primera sesión como una legión romana, dejando que sus rencillas descansaran en la silla que quedaba habilitada como distancia entre cada uno de ellos. Abogados con clientes irreconciliables, caso de los letrados de Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz, llegaron a repartirse los argumentos para pedir al tribunal que se anule el juicio. Tiempo habrá para que la inocencia de unos dependa de la culpabilidad de otros y la formación se descomponga.

“¿Qué hace una operación parapolicial como tú ante un tribunal como este?”, vinieron a exponer los abogados de los acusados para defender que la operación Kitchen debería haber sido investigada en un juzgado ordinario. A la cabeza, Jesús Mandri, letrado del exministro del Interior. Fue el primero en preguntarse cómo puede estar juzgando el tribunal del caso Villarejo un operativo que nada tiene que ver con los encargos que la élite del país hacía al policía a cambio de dinero y que protagonizan cada una del resto de piezas de la macrocausa. 

Aquí, de haber, siguió el letrado, hay una operación desde el Ministerio del Interior para robar información comprometedora para el PP que guardaría la familia de Bárcenas. En esa operación habría participado Villarejo. Pero por una vez, el comisario habría sido únicamente otro actor más del operativo. 

Mandri continuó que si lo único que une la Kitchen con otras piezas como la King, la Carol, la Pit o la Land es el propio comisario Villarejo. Y eso justificaría la competencia de la Audiencia Nacional siempre, según establece la Ley, que los delitos a investigar en Kitchen fueran competencia de la Audiencia Nacional, algo que a juicio de este y el resto de los abogados de la defensa no ocurre. 

Ni en el encubrimiento –para provocar que la investigación judicial de la caja B avanzara–, ni la malversación de fondos –por los pagos de fondos reservados al chófer de los Bárcenas–, ni la revelación de secretos –por la documentación robada al hijo y la mujer del extesorero–, ni el cohecho —por el dinero que recibió Villarejo– son algo de lo que se deba encargar, sin más, la Audiencia Nacional, argumentó el abogado sobre los delitos de los que acusa la Fiscalía. 

Según esta tesis, la operación Kitchen debería haber sido investigada en un juzgado ordinario de Plaza de Castilla y no en el especializado de la Audiencia Nacional. “¿Si se hubiera encontrado droga en el domicilio del señor Villarejo se habría investigado en la misma causa?”, dijo el abogado de Fernández Díaz. “Bien traído”, le aplaudiría poco después el de Francisco Martínez.

Esa sintonía entre letrados distó de la relación entre dos acusados que evitaron mirarse a la cara durante toda la mañana. Ya lo hicieron durante el careo que organizó el juez García Castellón en 2020, cuyas imágenes desveló elDiario.es la pasada semana. “Me has llamado idiota integral, me has llamado cabrón, me has llamado hijo de puta, me has llamado miserable…”, le soltó el exministro a su antiguo número dos. 

Fernández Díaz se sienta en el banquillo porque Martínez acudió a un notario con unos mensajes que delataban que el ministro sabía de la operación Kitchen, incluso antes que él. Al borde de la imputación tras ser señalado por uno de los comisarios, y harto de que su antiguo jefe diera entrevistas diciendo que no sabía nada de ningún operativo, Martínez se buscó un escudo protector. 

El resto de abogados de la defensa fue adhiriéndose a este motivo de nulidad del juicio y el resto de los presentados por los abogados de Fernández Díaz y Martínez. Hay dos comisarios que se profesan un odio todavía mayor que los dos anteriores. Son Villarejo y Marcelino Martín-Blas, ex jefe de Asuntos Internos. Sus abogados también coincidieron en los primeros compases de esta estrategia de defensa. 

Este martes será el turno para que la Fiscalía y el resto de las acusaciones rebatan jurídicamente los argumentos de la defensa pidiendo la nulidad. Y con el resto de trámites de cuestiones previas y petición de prueba se ira completando la vista hasta el jueves. La semana que viene comenzará con el responsable policial de la investigación de Kitchen, el investigador jefe de Asuntos Internos, Gonzalo Fraga.

Será la primera prueba para el plan de cordialidad y unidad de acción de los acusados. Fue el campeón mundial del peso pesado Mike Tyson quien popularizó en los noventa la siguiente frase: “Todo el mundo tiene un plan. Hasta que le dan un puñetazo en la boca”.

Nota de la sesión: Eugenio Pino, artífice de la brigada política, fue el mandamás de la Policía durante los cuatro años de guerra sucia sin muertos y se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel en Kitchen. Este lunes llegó a la Audiencia Nacional y al alcanzar el control de seguridad, un policía nacional le pidió, como a todos, el DNI. Pino “tiró de placa”. De placa de jubilado, concretamente. La única que puede usar desde 2016. El policía le insistió por el DNI. Y Pino le espetó que si no sabía quién era. “Sí, usted fue DAO. ¿Me deja el DNI, por favor?”.

La Audiencia Nacional acogerá desde este lunes el juicio por el caso Kitchen, la pieza número 7 de la macrocausa Villarejo y la única que responde a un encargo exclusivamente político al policía: encontrar y poner lejos del alcance de la justicia las pruebas que pudiera guardar Luis Bárcenas de la financiación irregular del Partido Popular. Esta es una guía para no perderse durante la extensa vista.

El banquillo

Jorge Fernández Díaz. Ministro del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. El abrupto cierre de la instrucción dictado en julio de 2021 por el juez Manuel García Castellón estableció que él era la X de la maniobra parapolicial con cargo a los fondos reservados. La Fiscalía le acusa de los delitos de encubrimiento, malversación y dos de revelación de secretos o contra la intimidad. Solicita para él 15 años de cárcel.

Francisco Martínez. Secretario de Estado de Seguridad durante la operación Kitchen. Está considerado el coordinador del operativo parapolicial. La acusación de Anticorrupción es idéntica a la de Fernández Díaz en delitos y penas solicitadas. Letrado de las Cortes por oposición, ahora ejerce de abogado.

Eugenio Pino. Director adjunto operativo de la Policía. Artífice de la brigada política, Pino era el siguiente en la jerarquía del Ministerio del Interior. Cuatro delitos y quince años de prisión en la petición fiscal. Jubilado.

José Manuel Villarejo. Comisario jubilado de la Policía Nacional. Hizo entregas de fondos reservados al topo infiltrado en la familia Bárcenas. Responde de encubrimiento, malversación, dos delitos contra la intimidad y cohecho pasivo. La Fiscalía pide 19 años de cárcel para él.

Andrés Gómez Gordo. Comisario suspendido de la Policía Nacional. Policía de confianza de María Dolores de Cospedal, regresó a la Policía para dirigir la captación y trato con el chófer de los Bárcenas, el topo infiltrado. Responde por los cuatro delitos centrales. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel. Se dedica a formar policías en una academia.

Marcelino Martín-Blas. Comisario jubilado. Fue jefe de Asuntos Internos, la unidad utilizada durante el Gobierno de Rajoy para el trabajo sobre el terreno de la brigada política. La Fiscalía le pide dos años y seis meses de cárcel por encubrimiento.

Sergio Ríos Esgueva. Policía suspendido. El chófer de la familia Bárcenas cobró más 53.000 euros de los fondos reservados en dos años por facilitar documentación y espiar para la brigada política del PP. También se le recompensó ingresando en la Policía a los 42 años. La Fiscalía pide para él 12 años y cinco meses de cárcel.

José Luis Olivera. Comisario jubilado. La Fiscalía no presenta acusación contra él, pero las acusaciones particulares y populares solicitan condenas superiores a los 17 años. Está acusado de presionar e intentar sobornar al comisario que investigaba la caja B del PP, Manuel Morocho.

José Ángel Fuentes Gago. Comisario suspendido. La Fiscalía tampoco actúa contra él, pero el resto de acusaciones piden penas superiores a 13 años. Mano derecha del DAO Pino, su rastro está en todas las actuaciones de la brigada política del PP. En la actualidad se dedica a la preparación de opositores al Cuerpo.

Bonifacio Díez Sevillano. Comisario jubilado. Al igual que Fuentes Gago y Olivera no tendrá que responder a una petición de cárcel de la Fiscalía, aunque sí de las acusaciones populares y particulares. También participó en la Operación Cataluña y la guerra sucia a Podemos.

Enrique García Castaño. Comisario jubilado. No será juzgado. Uno de los protagonistas de la operación Kitchen que reveló la implicación de los mandos políticos del Ministerio del Interior. 'El Gordo', como se le conoce en la Policía, sufrió un accidente cardiovascular que le ha dejado graves secuelas y todas las acusaciones en la macrocausa Villarejo contra él han decaído por esta razón. Su testimonio en fase de instrucción será incorporado a la vista.

Los delitos

Encubrimiento. Condensa el objetivo de la operación Kitchen. Castiga a quienes obstruyan la acción de la Justicia. El operativo estaba destinado a sabotear la instrucción del caso contra el PP que se seguía en la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide 3 años por este delito.

Malversación de fondos públicos. Alude en este caso al desvío de los fondos reservados del Ministerio del Interior para sufragar el operativo Kitchen. A los 57.943,43 euros pagados al chófer habría que sumar una cifra incalculable, relacionada con los seguimientos que realizaron a la familia Bárcena un total de 70 policías, sin contar el trabajo de los nueve que se sentarán en el banquillo. La petición es de cuatro años de cárcel.

Revelación de secretos. La actuación de la brigada política consistió en obtener datos y documentos de terceros. Se considera víctima de los mismos a Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, su mujer. Por ello, los acusados responden de dos delitos de revelación de secretos o contra la intimidad. Cuatro años por cada uno de ellos. Ocho años, en total.

Cohecho. Solo Villarejo está acusado de este delito por haberse quedado con dinero de los fondos reservados, más de 3.000 euros justificados como dietas de la operación parapolicial. Implica una petición de cuatro años de cárcel.

Otros. Las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Podemos, y las particulares, con Bárcenas, su mujer y su hijo Guillermo, añaden a los delitos que atribuye la Fiscalía a los acusados otros como organización criminal, encubrimiento, obstrucción a la justicia o amenazas. En el caso de los Bárcenas responden, algunos de ellos, al asalto del falso cura a su domicilio. Las peticiones de condena se elevan, de tal forma que Fernández Díaz, por ejemplo, pasa de una solicitud de 15 años en el caso de la Fiscalía a más de 40.

La vista

La sede de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares acogerá el juicio del caso Kitchen. Es la sede que el tribunal utiliza para las causas con un número importante de acusados y, por consiguiente, de abogados.

Comienza el 6 de abril y está previsto que se prolongue hasta el 30 de junio en un total de 35 sesiones. Se celebrarán de lunes a jueves aunque algunas semanas el juicio solo alcanzará hasta el miércoles. Se interrumpirá el 28 de mayo y se retomará el 29 y 30 de junio. Algunas jornadas se prevén maratonianas por la larga lista de testigos convocados. Vista pública, el juicio de Kitchen se podrá seguir por el canal de Youtube de la Audiencia Nacional.

Los testigos

Uno de los grandes atractivos del juicio serán los testigos convocados por las partes. Encabeza esa lista el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que como ya ocurrió durante su mandato comparecerá por un caso vinculado al Partido Popular. Nunca estuvo imputado en Kitchen pese a los indicios en la causa que apuntaban, al menos, a su conocimiento de la operación.

Quien sí estuvo imputada fue María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP entonces y quien deberá comparecer como testigo. García Castellón archivó la causa contra ella en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

Declarará por primera vez sobre los hechos Soraya Sáenz de Santamaría, entonces responsable política del CNI como vicepresidenta primera del Gobierno.

La defensa de Sergio Ríos Esgueva ha pedido la declaración del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ya ha solicitado al tribunal que le permita hacerlo por escrito.

La ruta del dinero público desaparece en un ángulo muerto del Estado. Es allí donde se confinan los fondos reservados, el dinero de los contribuyentes que escapa a cualquier fiscalización por el interés superior de la seguridad. El caso Kitchen permitió descubrir que en el año 2013, un total de 57.943,43 euros de esas partidas no estuvieron destinadas a combatir el terrorismo o el crimen organizado. Se utilizaron para sufragar una operación parapolicial contra la acción de la Justicia, concretamente para sabotear la investigación de la financiación irregular del partido en el Gobierno, el Partido Popular.

A partir de este lunes se sientan en el banquillo de los acusados dos políticos y ocho policías —a un noveno es imposible juzgarle por motivos de salud—. Uno de los delitos que se les atribuye es la malversación de fondos públicos, el dinero de los gastos reservados.

A esa cantidad habría que sumar otra cifra incalculable: lo que costó que 70 policías nacionales (8 inspectores jefes, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 policías) del Área Especial de Seguimientos se dedicaran durante cuatro meses a perseguir a la familia Bárcenas en lugar de vigilar a sospechosos de terrorismo, función que tenían asignada.

La investigación de los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa, auxiliados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, abrió en Kitchen una rendija desde la que observar otra falla del sistema. Los fiscales Anticorrupción solicitaron la desclasificación de la orden que regula los fondos reservados desde 1995, tomaron declaración a los gestores de ese dinero público y concluyeron que había “disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados”. En la operación Kitchen ese descontrol “habría permitido la utilización ilícita de los fondos reservados, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales”.

La normativa que rige en la actualidad fue aprobada en 1995 con la intención de que no se volviera a repetir el desvío de fondos reservados para algo tan grave como el terrorismo de Estado de los GAL. Aquella novedosa legislación lleva posibilitando durante más de 40 años lo que pretendía erradicar: el manejo de los fondos reservados de manera discrecional por mandos policiales, sin apenas control ni justificación. Se hizo una Ley que siguió facilitando la trampa.

En 2021 ya habían aflorado las irregularidades en Kitchen y pasado tres años desde la caída del Gobierno que albergó esas prácticas. A la comisión del Congreso acudió a declarar el entonces responsable de los fondos reservados en el Ministerio del Interior, José Antonio Rodríguez, director en ese momento del Gabinete de Estudios y Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad. El alto cargo socialista, número tres en la práctica del departamento que dirige Grande-Marlaska, admitió que la normativa sobre los fondos reservados no había cambiado y que tampoco estaba previsto que eso ocurriera en el futuro. 

El sumario de la Operación Kitchen desveló que solo la Policía disfrutaba mensualmente de 250.000 euros y que estos son repartidos al arbitrio de una sola persona, el director adjunto operativo. Durante los hechos investigados esa persona era Eugenio Pino, el comisario al que el Partido Popular entregó el mando operativo de la Policía. Considerado el artífice de la brigada política que actuó entre 2012 y 2016, Pino se sienta desde este lunes en el banquillo de Kitchen para enfrentarse a una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

El hombre de los maletines

La Fiscalía Anticorrupción fijó su interés en una figura que atesoraba más secretos de los que la denominación del cargo o su nula relevancia pública podían anticipar. Es Miguel Ángel Bayo, funcionario facultativo, no policía, que entonces llevaba 32 años destinado en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo. Las respuestas de Bayo a 46 minutos de preguntas del fiscal Ignacio Stampa desvelaron en abril de 2019 cómo se pudo financiar, bajo una apariencia de legalidad, el espionaje al ex tesorero del PP. 

Miguel Ángel Bayo Herranz quiso rebajar su trabajo con los fondos reservados como el de mero “cajero pagador”. Pero dos meses antes, elDiario.es había desvelado la propuesta secreta que el DAO Pino había hecho para que a Miguel Ángel Bayo se le concediera una medalla pensionada. Bayo era, según ensalzaba el DAO, el “encargado de la gestión y control de todo lo relativo a los fondos o gastos reservados del Cuerpo Nacional de Policía, a nivel nacional, teniendo la información que maneja en este ámbito carácter secreto, de acuerdo a la normativa de secretos oficiales”.

Según esa normativa, Bayo se dirigía a la Secretaría de Estado de Seguridad con una carpeta que incluía los gastos del mes anterior, recogía la cantidad estipulada por el director operativo y se la llevaba en un maletín. Después atendía a las distintas unidades facultadas para solicitar fondos reservados, que acudían a él con una autorización verbal de Pino y firmaban un recibo. 

Ante el juez y los fiscales, el facultativo habló de “una cosa mecánica, de buena fe”. “Pero no estamos hablando de un banco, ni de una empresa mercantil. Estamos hablando de la Policía”, le interrumpió el fiscal Stampa. 

El facultativo Bayo describió en su declaración cómo se aplica en la actualidad la orden firmada el 12 de septiembre de 1995 por el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. Esta orden desarrollaba la Ley de Fondos Reservados aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados siete meses antes. Fue el modo en el que el poder legislativo reaccionó a las revelaciones sobre los asesinatos de los GAL, una operación gestada y sufragada desde el Ministerio del Interior entre 1983 y 1989.

Miguel Ángel Bayo Herranz, el hombre de los maletines, al que sus superiores concedieron dos pistolas del Cuerpo, declarará como testigo en el juicio. Se jubiló poco después de declarar en la instrucción del caso Kitchen.

Pérez de los Cobos: solo “control contable”

Otro testimonio relevante durante el juicio será el del interlocutor de Bayo en la Secretaría de Estado de Seguridad de la época, Diego Pérez de los Cobos. El coronel retirado de la Guardia Civil dijo en su declaración que la normativa le atribuía un papel de “control contable” de los fondos reservados. Su trabajo consistía, según explicó, en confirmar que la suma de los gastos en operaciones se correspondía “hasta el último céntimo” con el total justificado a través de la firma de los directores adjuntos operativos y los responsables de las comisarías generales de Policía y jefaturas de Guardia Civil. Cualquier otra comprobación adicional estaba supeditada a que no hubiera concordancia en las cifras, algo que no ocurrió durante los siete años que estuvo en el cargo. El “control efectivo” de para qué se utilizan los gastos reservados está acotado “a los responsables de las unidades”, añadió el coronel ante el juez.  

Los fiscales Stampa y Serrano habían conseguido que el Consejo de Ministros accediera a desclasificar la instrucción de los fondos reservados. La Fiscalía Anticorrupción concluyó que la documentación remitida a la Secretaría de Estado no se ajustaba a la normativa legal y que desde este órgano del Ministerio se libraban los fondos antes de comprobar la documentación remitida desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.

La versión de Pérez de los Cobos fue que “en la Secretaría de Estado se conocían los datos que el DAO de cada Cuerpo acreditaba con su firma, que se estaba gastando ese dinero de fondos reservados en esas operaciones que ellos habían denominado de la forma que quisieran”. Y hasta ahí el control que establece la normativa vigente.

Junto a la firma del jefe del Gabinete de Estudios y Coordinación debe ir la del secretario de Estado de Seguridad, entonces Francisco Martínez. Como el ministro Jorge Fernández y los policías Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo, Martínez se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por la Fiscalía, que le atribuye la responsabilidad sobre ese dinero.

Pérez de los Cobos aludió repetidamente a la “orden comunicada” sobre el uso de fondos reservados de 1995. Esa “orden comunicada” establece que en el justificante que entrega cada Cuerpo en Interior aparezca un apartado para operaciones y, dentro de este, el dinero destinado a colaboradores de las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, en Interior no ha aparecido ninguna ficha sobre la Operación Kitchen u otra que se pueda identificar con el espionaje al tesorero del PP. Por otra parte, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía del Gobierno actual entregó al juez del caso 121 apuntes sobre pagos al chófer y gastos relacionados con su colaboración que encontró en sus archivos. Para su remisión a la Audiencia Nacional, el instructor tuvo que solicitar previamente al Consejo de Ministros que retirara a esos documentos la clasificación de secretos. 

Fuentes conocedoras de la operativa con los gastos clasificados aseguran que en las partidas no siempre se incluye el nombre de la operación o el detalle del reparto del dinero en distintas funciones que se deben escribir en las casillas de los anexos de la citada instrucción de Belloch, unos criterios ya bastante laxos de por sí.

El Gordo: “No se sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía”

El comisario Enrique García Castaño era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), una de las estructuras que más fondos reservados manejaba. No se sentará en el banquillo porque es el acusado aquejado de las graves secuelas de un accidente cardiovascular. En su declaración como investigado ante el juez Manuel García-Castellón, en el mismo sumario de la operación Kitchen, García Castaño aseguró: “Hay mucho dinero de los fondos reservados que no se sabe para quién es. ¡Hasta códigos se ponen! (…) ¿Cómo voy a poner que estoy pagando a un jefe de inteligencia?”.

El juez García-Castellón solicitó al Ministerio del Interior toda la documentación que pudiera guardarse de una operación denominada Kitchen o similares. Nada similar se encontró. En el domicilio de Villarejo habían aparecido “Gastos colaborador Sergio JRE, en referencia al chófer de los Bárcenas reclutado como confidente (53.000 euros en total durante dos años)”.

Los gastos para el conductor salieron de los fondos reservados de Interior destinados a la Dirección Adjunta Operativa. Andrés Gómez Gordo, el policía que dejó de ser asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha para controlar al chófer, reconoció al juez que los 2.000 euros limpios al mes durante dos años o los 700 de la pistola que le entregaron salió del dinero bajo secreto de la DAO. Contra Gómez Gordo pesa también la acusación más grave de Anticorrupción, por la que la Fiscalía le pide 15 años de cárcel. 

Otro de los acusados en el caso Kitchen, José Ángel Fuentes Gago, en apariencia una suerte de jefe de gabinete de Pino, también recogió en mano el dinero. Fuentes Gago lo hizo para un viaje al extranjero dentro de otra operación, según declaró el ex secretario general de la DAO Felipe Lacasa al juez. Fuentes Gago encabezó la delegación que viajó a Nueva York en 2016 para intentar recabar un testimonio contra Podemos de un exministro de Hugo Chávez. En la grabación de aquel encuentro se oye a Fuentes Gago decir que acude “con un mandato” de Mariano Rajoy, por entonces presidente del Gobierno. 

Las fuentes consultadas por elDiario.es aseguran que en el reparto de fondos reservados para la Policía el peso de la DAO creció entre 2012 y 2016 exponencialmente frente a otras unidades que tendrían más justificado el pago a confidentes, como la antiterrorista o la policía judicial, encargada esta última del narcotráfico o la corrupción.

“La Comisaría General de Policía Judicial recibe 70.000 euros al mes. Cómo va a saber el secretario de Estado si es para una operación en el Pozo del Tío Raimundo (un barrio de Madrid) o una operación en Canarias. Eso al secretario de Estado le da igual”, declaró García Castaño, ex jefe de una de las unidades que más fondos reservados manejaba, la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). “El secretario de Estado no sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía [Iglesias, la mujer de Bárcenas] (…) Es lo normal, es que funciona así”, añadió. La Fiscalía sospecha que García Castaño se quedó con parte de los fondos reservados, que recibía al margen de cualquier justificación por su unidad.

Manuel Morocho, inspector de policía encargado de investigar el caso Gürtel –la trama de corrupción que colonizó numerosas administraciones gobernadas por el PP– y el caso Bárcenas –la caja B con la que se financió la formación conservadora durante dos décadas– confesó al juez cómo le “conminaron” sus mandos a borrar de los informes el nombre del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. “No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención”, declaró.

El documental especial elaborado por elDiario.es para radiografiar este caso recoge las imágenes del interrogatorio a Morocho y de su testimonio ante el juez instructor del caso, Manuel García Castellón. Un testimonio clave para entender uno de los mayores escándalos políticos de la reciente etapa democrática.

Es sólo una de las pruebas que el juzgado de la Audiencia Nacional tendrá que valorar en el juicio de la Operación Kitchen, donde se juzgará al ex ministro del Interior, Jorge Fernández; a su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y a media docena de comisarios que perpetraron el espionaje a la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas, para robarles pruebas de la implicación de la formación conservadora en un caso de financiación ilegal.

elDiario.es radiografía uno de los mayores escándalos políticos de la reciente etapa democrática en España: el conocido como 'Caso Kitchen', que será juzgado por la Audiencia Nacional a partir del próximo lunes 6 de abril. Un grupo de comisarios empoderados a las órdenes del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy organizó y ejecutó entre 2013 y 2015 una operación pagada con fondos públicos reservados para destruir pruebas de la caja b del PP que investigaba el juez Pablo Ruz.

Ocho años después de que la Audiencia Nacional comenzara a estudiar las andanzas de la denominada policía patriótica, media docena de comisarios —entre ellos José Manuel Villarejo, origen y final de muchas de las operaciones policiales ilegales— se sentará en el banquillo junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los dos exdirigentes políticos del PP, acusados de malversación de caudales públicos, delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y encubrimiento.

elDiario.es ofrece imágenes inéditas de los protagonistas de la Operación Kitchen durante su declaración ante jueces instructores y fiscales anticorrupción de la Audiencia Nacional; así como documentos y audios que acreditan muchos de los hechos por los que la cúpula política y policial del Ministerio del Interior puede terminar en la cárcel.

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Juicio final de la operación Kitchen es un documental de elDiario.es narrado y documentado por Pedro Águeda. Está codirigido por José Manuel Romero y Sara Cuesta, productora y guionista del documental. La edición y el montaje es de Alejandro Corral, que también ha participado en el diseño junto a David Velasco. En la dirección de fotografía y grabación ha estado Salvador Fenoll, con la asistencia de Adrián Torrano. La productora ejecutiva es Izaskun Pérez.

Por segunda vez en democracia, un ministro del Interior se sienta en el banquillo para enfrentarse a una elevada petición de cárcel. Veintiocho años después de que el Tribunal Supremo juzgara al socialista José Barrionuevo por un secuestro de los GAL, el político del Partido Popular Jorge Fernández Díaz, titular de la cartera entre 2012 y 2016, se enfrenta a 15 años de prisión por haber dirigido una operación extrajudicial, bautizada como Kitchen, consistente en sabotear la acción de la justicia en el caso de la financiación del PP con dinero negro. 

El espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y su familia pagado con fondos reservados se juzgará a partir del 6 de abril en la Audiencia Nacional. Será el primer gran juicio por la transformación del Ministerio del Interior, y de la Policía en particular, en una herramienta para atacar a los adversarios políticos del PP, o para proteger al partido cuando Mariano Rajoy presidía el Gobierno. Las otras dos grandes maniobras de ese periodo llevan años chocando con la voluntad de jueces y fiscales para abrir causas que esclarezcan lo ocurrido. Son la Operación Cataluña y la guerra sucia contra Podemos, dirigidas y ejecutadas por los mismos acusados que en Kitchen. 

Quince años transcurrieron entre el secuestro de Segundo Marey por los GAL hasta que Barrionuevo y su secretario de Estado, Rafael Vera, se sentaron en el banquillo. Y 13 años han tenido que pasar para que Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, respondan ante un tribunal. Como entonces, la instrucción del caso deja una gran sombra de sospecha: ¿están entre los acusados sus máximos responsables? 

En esta ocasión, el juez Manuel García Castellón concluyó sus pesquisas de forma sorpresiva el último día antes de las vacaciones de agosto de 2021, pese a que quedaban diligencias por practicar, entre ellas sobre la posible participación de Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno. En su mesa se acumulaban también los indicios presentados contra María Dolores de Cospedal por la Unidad de Asuntos Internos, la Fiscalía Anticorrupción y el trabajo de investigación de los medios de comunicación. García Castellón los despreció en una sucesión de polémicas decisiones sobre la secretaria general del PP. Después, la instancia superior, la Sala de lo Penal, terminaría por darle la razón. 

Así que ahora llega a juicio la tesis del juez de que Fernández Díaz, miembro del círculo de amigos de Mariano Rajoy en aquel Consejo de Ministros, ideó en solitario una operación para eliminar las pruebas contra el PP que pudiera guardar el tesorero al entrar en prisión. Y que esa operación la desconoció el presidente del Gobierno, uno de los afectados por los sobresueldos de dinero negro cuyo rastro pretendían eliminar los mandos policiales que actuaron al margen de la ley. 

Las grabaciones de Villarejo hablando con Cospedal del asunto y las anotaciones del comisario –a las que la Fiscalía y Asuntos Internos otorgan veracidad– sobre los pagos que recibió el policía corrupto por orden de la jefa del partido, tampoco serán objeto del juicio. Para García Castellón, los encuentros entre Cospedal y el comisario Villarejo estaban amparados por el “derecho de reunión” y no reunían carácter de delito.

La primera prueba de la relación de Cospedal con el comisario se remonta a 2009. Villarejo acudió a la planta noble de Génova y se entrevistó con la secretaria general del PP, entonces en la oposición, y el marido de esta en ese momento, Ignacio López del Hierro. Pese a que el comisario es un policía en activo, destinado ya en el corazón de la seguridad del Estado, la número dos del PP y su esposo acuerdan encargarle “trabajos puntuales”. Acababa de estallar el caso Gürtel y el Partido Popular buscaba cómo anular esa causa de corrupción.

La instrucción de Kitchen acumula grabaciones en las que los protagonistas de la operación aluden al conocimiento que de ella tiene la secretaria general del PP, incluso su ascendente sobre el resto de participantes. Un año y medio después de que García Castellón decretara súbitamente el fin de la instrucción, El País y Fuentes Informadas publicaron un audio en el que Cospedal decía a Villarejo por teléfono que “lo de la libretita sería mejor poderlo parar”. La conversación se produjo en pleno estallido del caso de la caja B del PP, el que a la postre terminaría con el Gobierno de Rajoy vía moción de censura, y la alusión a la “libretita” es por los “papeles de Bárcenas”, las anotaciones de más de 20 años de ingresos en dinero negro y pagos de sobresueldos en el partido, incluidos los que iban a alguien a quien Bárcenas se refería como “M. Rajoy”.

Entre el material incautado al comisario Villarejo figuran las agendas del comisario, una suerte de bitácora en la que el policía anotaba su día a día, desde cuestiones personales a citas profesionales. Los investigadores les dan credibilidad porque han podido cotejar sus afirmaciones con hechos que ocurrieron. Esas anotaciones acrecientan los indicios contra la secretaria general del PP hasta incluir unos pagos que habría hecho a Villarejo a través de su jefe de gabinete, José Luis Ortiz, quien también estuvo imputado en la causa y luego quedó exonerado por García Castellón, al igual que López del Hierro. 

Villarejo escribió: “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”. La supuesta entrega se produjo solo tres días después de que llegara a la Audiencia Nacional la comisión rogatoria con la información de las cuentas en Suiza del extesorero popular Luis Bárcenas y cuando, según los investigadores, ya se trataba de sabotear la instrucción del caso Gürtel.

En el banquillo de los acusados se sentará también el policía que encarna el nexo de Cospedal con el operativo ilegal. Se llama Andrés Gómez Gordo, comisario de la Policía y condecorado con una medalla pensionada por haber captado al chófer de los Bárcenas como topo de la brigada política. Gómez Gordo había dejado temporalmente la Policía y en 2013 tenía un puesto sin atribuciones en la Presidencia de Castilla-La Mancha desde el que ejercía de “hombre para todo” de Cospedal. Lo abandonó cuando fue requerido para captar y manipular a un antiguo conocido con el que había coincidido en la Comunidad de Madrid, Sergio Ríos Esgueva, el conductor de Bárcenas. Ante el juez negó que informara de nada a su antigua jefa o al marido de esta en ese momento, Ignacio López del Hierro, con el que le unía una relación personal y profesional de décadas.

Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de 2020 analiza las grabaciones de Villarejo y concluye que Kitchen fue una operación “coordinada” por el secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez, “con conocimiento del Asturiano y del Largo”. “El Asturiano” es identificado por los investigadores como el entonces presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy Brey, al que también se refieren como “El Barbas”, mientras que “El Largo” es el abogado Javier Iglesias, al que Villarejo y otros implicados señalan reiteradamente como nexo con el jefe del Ejecutivo.

Villarejo se decidiría a hablar de Rajoy más tarde, en el verano de 2021. Ofreció al juez el número de teléfono al que se dirigía presuntamente para informar al presidente del Gobierno sin intermediarios de los avances de la operación. Solo dio tiempo a confirmar que ese número estaba titularizado por el Partido Popular, pero antes de hacer más indagaciones, García Castellón propuso juzgar a los once acusados que se sentarán en el banquillo, exculpando a Cospedal. Rajoy y Cospedal declararán como testigos en el juicio de la Audiencia Nacional.

El fin de ETA y el nacimiento de la brigada política

Para entender la operación Kitchen hay que remontarse al Ministerio del Interior que alumbra la victoria del PP en las elecciones en noviembre de 2011, un mes después de que ETA anuncie el final definitivo y sin condiciones a 40 años de violencia. Mariano Rajoy elige a su amigo Jorge Fernández Díaz para una cartera que, en principio, iba a tener como principales retos contener el malestar social que podía prender en la calle por la crisis económica y gestionar la retirada de la banda terrorista. El trabajo del anterior Ejecutivo socialista, con Alfredo Pérez Rubalcaba como gran protagonista, y de la Justicia y los Servicios de Información evitaron que la dubitativa gestión de Fernández Díaz arruinara un final madurado en ETA e impulsado por la izquierda abertzale. 

Pero en aquellos meses se había empezado a gestar otra amenaza para el Estado que irrumpía sin violencia, el proceso soberanista en Cataluña. Pese al carácter pacífico del movimiento, viejos resortes antiterroristas se activaron. Con ETA desvanecida y los mecanismos contra el terrorismo yihadista ya engrasados, un grupo de mandos policiales encontraron un nuevo adversario que les aseguraba continuidad en varios frentes: el separatismo catalán prendía en ellos una alta motivación ideológica, les garantizaba seguir manejando fondos reservados y, como había ocurrido con ETA, haría que se les toleraran los excesos en aras del bien superior, la unidad de España.

elDiario.es desveló la existencia del grupo antiseparatista en noviembre de 2014. Sin embargo, los policías siguieron operando al menos dos años más entre la indiferencia de la mayoría de los medios de comunicación de Madrid y la impunidad que les garantizaba el Gobierno del PP.

Esos comisarios policiales encontraban sintonía con un Gobierno conservador que había elegido a los más duros para el Ministerio del Interior. A Fernández Díaz se unía como director de la Policía, Ignacio Cosidó. Pero hubo otro nombramiento, de menor relevancia mediática, que resultó clave para todas las irregularidades que vinieron después. El comisario Eugenio Pino, quien fuera jefe de los antidisturbios con Aznar, se convertiría en director operativo de la Policía con Rajoy. Los inspectores de los que se rodearía Pino se sentarán junto a él en el banquillo de Kitchen a partir del lunes, 6 de abril. 

Este grupo de mandos policiales, la brigada política del Partido Popular, trabajaba ya en la confección de dosieres sobre líderes del procés para filtrar a la prensa afín al PP cuando el Gobierno se enfrentó a su primera gran crisis. En enero de 2013, el diario El País publicó los ‘papeles de Bárcenas’, la contabilidad a mano que el tesorero había llevado sobre la caja del PP durante al menos dos décadas. Con dinero negro de los empresarios se pagaban campañas y se repartían sobresueldos en el partido. 

Entre los policías de la Kitchen había algunos que habían recibido al Gobierno del PP desde una posición inmejorable. El comisario José Manuel Villarejo ya estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa con el anterior Gobierno, que le había ascendido a comisario y le mantenía en funciones de liberado. 

Por su parte, Enrique García Castaño, conocido como El Gordo’, había cruzado la línea que separa la ley del delito para gobiernos de distinto signo político desde que ingresara en la Policía en la transición y fuera destinado a la lucha antiterrorista. Él mismo lo relataría después en una comparecencia para la historia en el Congreso de los Diputados. García Castaño no será juzgado porque durante la instrucción sufrió un accidente cardiovascular que le ha dejado graves secuelas.

También estaba allí José Luis Olivera, jefe de la unidad anticorrupción de la Policía que había impulsado el caso Gürtel contra el PP y que, según confesó después Villarejo en una grabación, le ayudó de forma vital para que el caso no alcanzara a los máximos dirigentes del partido. Olivera está de actualidad por ser el principal artífice del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán.

Los tres estaban acostumbrados a compartir sus secretos y a ofrecer sus habilidades al político que estrenaba despacho en el Ministerio del Interior. Ante ellos quedó deslumbrado en 2012, Francisco Martínez, 37 años, número uno de su promoción como Letrado de las Cortes, que veía abrirse ante él un mundo nuevo de acción, muy diferente al del rigor constitucionalista que le había constreñido los estudios y la carrera profesional hasta entonces. 

Francisco Martínez entró en política de la mano de Soraya Sáenz de Santamaría, a la que conoció como su letrado asignado en la Cámara Baja. Fue recomendado para jefe de gabinete de Fernández Díaz en Interior antes de que estallara la guerra entre la vicepresidenta y el ministro del Interior. Un año después fue ascendido a secretario de Estado de Seguridad, la pieza clave del departamento. Su antecesor había decidido dejar el cargo después de conocer que tenía un asesor desde hacía meses que él no había nombrado. 

Para Francisco Martínez, al igual que para el comisario Pino, el director operativo, la Fiscalía Anticorrupción también pide 15 años de cárcel por haber dirigido supuestamente el operativo de espionaje y robo de documentación a Luis Bárcenas. Una operación que arrancó en el mes de julio de 2013 y que ha abierto una rendija por la que observar el mundo oculto de las cloacas policiales y la guerra sucia en democracia.

La investigación del caso Kitchen dio un vuelco cuando, a principios de 2019, el comisario García Castaño confesó en la Audiencia Nacional que Martínez le había pedido que recuperara los discos duros de Bárcenas, los mismos que nunca llegaron a aparecer. El caso saltaba a su vertiente política. No era solo una operación policial. Martínez llevó entonces a un notario cuatro mensajes que evidenciaban el conocimiento de la operación que tenía su inmediato superior, el ministro del Interior. El primero de esos mensajes tiene fecha de 13 de julio de 2013, dos días antes de que Bárcenas tire de la manta ante el juez Ruz, cuando ya ha trascendido que ha pedido declarar voluntariamente tras dos semanas en la cárcel por el caso Gürtel. 

Fernández Díaz niega que él sea la persona con la que Martínez se intercambia esos mensajes. El exministro del Interior también niega ser el autor de la frase “la Fiscalía te lo afina”, que un micrófono colocado por el Gordo en su despacho con autorización del ministro, captó en una conversación del ministro sobre la Operación Cataluña. Jorge Fernández ha llegado a decir que la grabación, publicada en 2016, podía haber sido manipulada con inteligencia artificial. El exministro también aparece en una grabación de Villarejo hablando de la operación Cataluña. “Negaré bajo tortura que esta reunión ha existido”, se le escucha decir en el audio. 

El ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha reaparecido públicamente para conceder una entrevista, la primera después de obtener la libertad condicional en su condena de 12 años de prisión, y se ha referido a la operación Kitchen, el dispositivo del Ministerio del Interior para intentar sabotear el caso de la caja B del PP “como una auténtica aberración” cometida contra personas inocentes, en referencia a su esposa, Rosalía Iglesias, y a su hijo Guillermo.

“El caso Kitchen, lo que demuestra, es hasta que punto creen en el Estado de Derecho las personas que estaban encargadas de esas funciones en esos momentos [en el Ministerio del Interior]. Es absolutamente impresentable el uso de recursos públicos para perseguir, a ya no hablo de mí, hablo de mi familia, a ciudadanos absolutamente inocentes, a mi hijo a mi mujer... con un despliegue de policías inmenso, pagando, según está acreditado en informes policiales y se determinará en el juicio, con fondos reservados. Una auténtica aberración, una auténtica barbaridad”, ha dicho Bárcenas en el podcast del abogado Miguel Durán, amigo del ex tesorero.

El juicio por la operación Kitchen está previsto que comience el próximo 6 de abril y en el banquillo se sentarán el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y el DAO de la Policía Eugenio Pino, a los que la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel. Estarán acompañados de un grupo de mandos policiales, integrantes de la brigada política que actuó al servicio del PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En el juicio, Bárcenas y Rosalía Iglesias actúan como víctimas de aquella operación y ejercen la acusación particular.

En un momento de la entrevista, Durán pregunta a Bárcenas por el “falso cura” que asaltó su domicilio en busca de documentación del Partido Popular y que murió en la cárcel sin haber prestado declaración en el marco del caso Kitchen por las consecuencias de un ictus que había sufrido. El ex tesorero del Partido Popular ha enmarcado el asalto del “falso cura” como parte de la Operación Kitchen y ha dicho que el juicio determinará lo que ocurrió, después de que los principales acusados se hayan desmarcado del asalto.

También ha aludido a Sergio Ríos, el chófer de la familia que actuó de espía para la familia y que luego fue recompensado con el acceso a la Policía Nacional a los 42 años. Bárcenas ha explicado que se lo recomendó una persona que trabajaba en seguridad en el Partido Popular, pero que, con posterioridad, recibió el visto bueno de “alguien del Ministerio del Interior” que no ha identificado. “Alguien del Ministerio del Interior me dice que es muy buen chico. Digamos que venía ampliamente recomendado y decidí contratarlo”, ha apostillado Bárcenas.

Bárcenas ha hecho estas declaraciones en el podcast 'Asi te veo yo' en el que Durán realiza entrevistas a personajes relevantes con la colaboración del grupo de comunicación Merca2.

El ex tesorero pasó a disfrutar de la libertad condicional en diciembre de 2024 al haber cumplido los dos tercios de su condena a 12 años de cárcel. La propuesta partió del régimen donde cumplía la condena en régimen de semilibertad y acordada por el juez de Vigilancia Penitenciaria después de que la Fiscalía no se opusiera. Bárcenas suma condenas que ascienden a 33 años de cárcel, pero la legislación penitenciaria permite cumplir, como máximo, el triple de la pena que conlleva el delito más grave de los cometidos.

Las agendas del comisario Villarejo apuntan a la participación del policía en el montaje que atribuyó a Miguel Urbán la venta de 40 kilos de cocaína procedente de Venezuela para financiar a Podemos. La Policía envió a la Fiscalía Antidroga varios documentos, entre ellos una nota anónima en la que se describe el supuesto blanqueo de dinero negro en pequeñas cantidades, actividad que también atribuyen a Urbán. Ese informe coincide en el tiempo con los comentarios que escribe en su agenda Villarejo aludiendo a una “nota de pitufeo” que él mismo ha escrito.

Los cuadernos incautados a Villarejo incluyen cuatro alusiones sobre las notas de supuesto blanqueo de Podemos que el comisario elaboró. Las anotaciones se ubican entre el 23 de febrero de 2015 y el 29 de marzo de 2016. El montaje contra Urbán arrancó en enero de 2016, pero las agendas del comisario revelan que el Gobierno del Partido Popular lanzó a la brigada política contra la formación de izquierdas desde prácticamente su creación, en 2014.

Con las notas anónimas de la Policía contra Miguel Urbán, el Ministerio Público abrió en enero de 2016 unas diligencias secretas que consiguieron el propósito de Olivera, amparar mandamientos a unidades antidroga y antiblanqueo de la Policía y a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Economía. Ni Villarejo ni Olivera están imputados en la causa de la guerra sucia a Podemos que se sigue en la Audiencia Nacional. 

23 de febrero de 2015. “El ministro pide un borrador sobre Podemos”

La Fiscalía Anticorrupción ha dado credibilidad a las agendas de Villarejo en toda la macrocausa Tándem. Su incautación se produjo sorpresivamente, en una segunda fase de la operación contra el policía, y en ellas se constata que eran apuntes espontáneos del investigado sobre sus contactos profesionales y también sobre su vida privada. 

El 23 de febrero de 2015, Villarejo anota su conversación con José Luis Olivera: “Dice que habló muy positivamente con el ministro sobre los temas realizados. Dice que nos pide que hagamos un borrador sobre Podemos”. En esta conversación se implica al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las maniobras contra el partido de la oposición. Fernández Díaz no está imputado en la causa por la guerra sucia a Podemos porque, aunque el partido lo incluyó en la querella que originó el caso, el juez Santiago Pedraz consideró que no había indicios suficientes contra él. 

9 de febrero de 2016: “Oli dice que mi nota de pitufeo tiene errores”

El 21 de enero de 2016, el comisario José Luis Olivera, al frente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) dejó a un lado sus funciones de coordinación entre servicios de Información y envió a la Fiscalía Antidroga el relato de “una fuente conocida por el Centro” que señalaba a Miguel Urbán, miembro de Anticapitalistas y eurodiputado por Podemos en ese momento, vendiendo 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña.

No habían transcurrido tres semanas desde el primer movimiento de la maniobra contra Urbán cuando Villarejo anota en su diario el contenido de una llamada que ha mantenido con Oli, el comisario Olivera. Es 9 de febrero de 2016. “Propone dar datos de POD a los cesis, poco a poco. Dice que mi nota de pitufeo tiene errores”. Villarejo utiliza “POD” para referirse a Podemos. Con los “cesis” podría aludir a los agentes del CNI. 

La Policía envió a la Fiscalía Antidroga, en primer lugar, el relato de un confidente sobre la caricaturesca venta de la droga. Con posterioridad, Olivera remite otra nota que da un impulso al caso. Se trata de una fuente anónima asegura que Urbán “habría transferido durante 2015 cantidades muy significativas, conducta que podría ser extrapolable al resto de miembros de Podemos”. Villarejo nunca firmaba sus “notas informativas”.

Las donaciones que especifica la fuente anónima son las siguientes: 2.000 euros al comité de huelga de técnicos de Movistar, otra a la asociación Debates y Solidaridad, y tres a Podemos, de 2.000 euros cada una. “Para eso no había hecho falta entrar en mis cuentas. Todas esas donaciones eran públicas y se podían consultar en la web de Podemos”, explica Miguel Urbán. 

El 12 de enero de 2016, dos medios de la derecha habían publicado el contenido de un dosier denominado PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), dando el pistoletazo de salida a un semestre extraordinario por la cascada de informaciones falsas sobre Podemos. En diciembre, la formación liderada entonces por Iglesias había obtenido 69 escaños, un acontecimiento inédito para un partido a la izquierda del PSOE. La divulgación del pseudo informe PISA coincidió con el inicio de los contactos para la posible formación de un gobierno progresista. 

16 de febrero de 2016. “Datos de pitufeo dados a Chisco”

El 16 de febrero aparece la segunda anotación en las agendas que alude a los trabajos de Villarejo contra Podemos. Esta vez parece que se trata de anotaciones sobre un encuentro con su amigo Olivera. Se trata de dos comisarios en activo, destinados en la cúpula de la seguridad del Estado, hablando de “organizar gastos de oficina”. Olivera le ha informado de algo. Villarejo escribe: “Datos de pitufeo dados a Chisco”. 

El pitufeo es una práctica de blanqueo de dinero negro que consiste en fraccionarlo en pequeñas cantidades para introducirlas en el mercado legal sin que llame la atención de las autoridades. Quien recibe los datos del supuesto “pitufeo” de Podemos es el número dos del Ministerio del Interior en ese momento, Francisco Martínez, principal investigado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por las maniobras policiales contra el partido de Pablo Iglesias. 

La fecha de esta nota coincide con el principal logro de la maniobra de Olivera, poner el engranaje policial al servicio de una mentira. El 28 de enero y el 6, 12 y 15 de febrero, los policías de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO) realizan vigilancias en el bar Nueva Visión y, sin llegar a entrar, escriben que hay gente que entra al bar y sale tras “un corto espacio de tiempo”. “Se puede inferir que el mismo se dedica a la venta a menor escala de sustancia estupefaciente cocaína”, añaden en sus informes entregados a Fiscalía. El motivo de ese trasiego lo explicó Johnny, el dueño del bar a elDiario.es: “Dábamos chupitos a un pavo”.

29 de marzo de 2016. “Boni no se fía de una carta de Chávez para Podemos”

La operación contra Podemos se extendió por la cúpula policial. Una vez inmersa la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), su jefe, el comisario José Manuel García Catalán, remitió el 1 de marzo otro informe a Antidroga sobre Urbán. Recoge sus donaciones a “proyectos sociales” y comienza a especular: “Puede concluirse que Miguel Urbán tiene gastos superiores a sus ingresos y, por tanto, podría tener una fuente de financiación no declarada”. 

“Si atendemos a las diferentes investigaciones policiales y judiciales realizadas a diferentes partidos políticos –continúa García Catalán–, podríamos encontrarnos ante una posible financiación irregular de forma que sus miembros realizan donaciones en nombre propio, recibiendo la cantidad donada en b por el partido, dinero obtenido por este irregularmente”. García Catalán ha declarado en la causa de la Audiencia Nacional como testigo por su viaje a Nueva York para entrevistarse con un exministro de Chávez. 

El 29 de marzo de ese mismo mes, Villarejo anota en su agenda una conversación con otro miembro de la brigada política, este sí imputado en la causa sobre la guerra sucia a Podemos. Se trata de Bonifacio Díez Sevillano. “Boni me pregunta por Aliste. Dice que no se fía de una carta que le ha traído de Chávez para Podemos. Alega que tiene 2 clientes venezolanos por blanqueo”.

¿Y quién es Aliste? En febrero de 2025, elDiario.es accedió a siete informes alojados en bases de datos de la Policía en los que el abogado José Aliste muestra su colaboración en la guerra sucia contra Podemos. Aliste es un letrado con antecedentes por estafa que tuvo como clientes a antiguos jerarcas venezolanos residentes en España y que responden por varios delitos graves. Aliste llegó a escribir en los informes que registró la Policía que Chávez había entregado a Podemos 30 millones de dólares.

Hace una década Javier López Madrid y el comisario Villarejo estuvieron cerca de librarse del juicio por el acoso y agresión a la doctora Elisa Pinto que se celebrará el próximo febrero. Una jueza archivó la causa contra ellos con un informe policial que daba la vuelta al caso. La culpable, según la Policía, era la mujer. Hasta que en 2018, la Audiencia de Madrid se percató de las maniobras para forzar aquella conclusión y ordenó reabrir el caso contra el empresario y el comisario. Los máximos responsables policiales de aquella actuación han declarado como testigos esta semana en el primero de los dos juicios contra López Madrid y Villarejo. Son un matrimonio de policías. Ella ha admitido que fue su marido, el comisario descubierto arropando a López Madrid y filtrándole los avances del caso, quien le ordenó confeccionar el informe que describía a Pinto como una mujer obsesionada con el yerno de Villar Mir.

En mayo de 2015, la doctora Pinto había reconocido a Villarejo entre una decena de fotografías de hombres similares como el que la había pinchado en el costado mientras le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Villarejo no era un policía cualquiera. El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz había salido a defender en público su trayectoria tras aflorar los oscuros negocios del comisario, entonces en activo. Pieza fundamental de la brigada política, la cúpula de la Policía se movilizó para que Villarejo no fuera imputado en el caso de acoso a Elisa Pinto. 

En ese contexto, el entonces inspector jefe Alberto Carba recibió el encargo de rehacer la investigación desde el principio. La doctora estaba imputada en un juzgado de Madrid como consecuencia de la denuncia de López Madrid. El policía arrancó sus pesquisas basándose en los indicios contra ella y despreciando los que había contra el empresario en otro juzgado. En julio tendría listo un informe que responsabilizaba a la mujer del acoso y que, en consecuencia, exculpaba a López Madrid y al comisario José Manuel Villarejo Pérez. 

Alberto Carba es hoy jefe de la Policía Judicial en Madrid. La investigación de cualquier delito grave o especializado, diferente del terrorismo, depende de él. En el momento de su participación en el caso de acoso era jefe de la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Policía a nivel nacional.

El atestado policial de Carba recogía afirmaciones contrarias a las evidencias sobre algunos comportamientos de las víctimas en una situación de hostigamiento. Carba decía que es incompatible el acoso y que la víctima continuara con el trato con el agresor. “A juicio de esta Sección de Secuestros y Extorsiones no es habitual estos contactos en un contexto de temor sino más bien lo contrario, se prefiere la lejanía por su seguridad”, escribió el hoy comisario. La doctora explicó en el juicio que tenía miedo del poder de Javier López Madrid y del daño que le pudiera hacer a su vida personal y carrera profesional y que por eso no se atrevía a cortar la comunicación con él. 

Durante el acoso, la doctora ingresó un millón de euros en un fondo de inversión en el que participaba López Madrid. Carba escribió: “A juicio particular de esta Sección cualquier denunciante por hechos tan graves como ser víctima de dos apuñalamientos y de una campaña de mensajes amenazadores, de poder permitírselo, contrataría a personal de seguridad privado pero jamás invertiría dinero en la empresa que dirige quien despierta sus sospechas”.

El cuestionado 'Minority Report' de la Policía

Su informe llevaba adjunto otro confeccionado por el Servicio de Análisis de la Conducta, una estructura policial creada en 2011 e inspirada en las que tienen el FBI y Scotland Yard. Este servicio elabora hipótesis a través de un análisis psicológico de la actuación criminal. A él pertenece la mujer de Carba. Fue él quien encargó al Servicio de Conducta participar en su investigación, según han reconocido esta semana ante el tribunal. 

Fue la propia policía quien aseguró el miércoles ante el tribunal que la Sección de Secuestros y Extorsiones les encargó el informe de conducta de Pinto. La abogada de la dermatóloga le preguntó: “El inspector que estaba dirigiendo la investigación, ¿es su esposo o era entonces su pareja de hecho?”. La policía le corrigió: “Inspector jefe y es mi esposo, lo era entonces y en este momento lo es”. Una vez ofrecida la respuesta, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, intervino para aclarar que la testigo no deponía para aclarar sus circunstancias personales. “Gracias, señoría”, se apresuró a decir la policía del Servicio de Conducta.

En 2015, la esposa de Carba extrajo unos cuantos mensajes recibidos por López Madrid en su teléfono y mostró como “conclusiones” una lista de conjeturas acerca de que la autora tenía que ser una mujer “con un sentimiento de despecho” y que, por tanto, se trataba de “una persona muy cerca a Elisa Pinto o incluso la propia Elisa Pinto”. La agente ha asesorado a al menos una autora de novelas policiacas.

En los mensajes del móvil de Javier López Madrid aparecían algunos con amenazas como los siguientes: “Si quieres te damos nombres de más amigos tuyos que nos van a dar juego” o “Picha brava sin escrúpulos”. Del análisis del contenido de los mensajes, la Sección de Conducta de la Policía especulaba: “El ataque es el fin último de los mensajes. Se puede corresponder con un sentimiento de despecho hacia Javier López Madrid, entendiendo esta emoción como la animadversión hacia alguien por ser el culpable de un desengaño. Para que esta reacción se produzca es necesario que la relación entre ambas personas haya sido muy cercana, probablemente íntima, por lo que se podría aventurar que el autor de los mensajes es una mujer”.

Los informes policiales de Carba y su esposa provocaron el inmediato archivo de la causa por parte del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid. Pero en 2018, el recurso de la defensa de la doctora fue resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid. Villarejo y López Madrid volvían a estar imputados y ya veían el camino del banquillo. Otra sección de esa misma instancia judicial pediría después explicaciones a la Policía por las conjeturas y especulaciones contenidas en sus informes. 

Para empezar, los jueces querían saber quién había elaborado el informe del Servicio de Conducta. Carba lo había entregado como un anexo a su informe, por lo que no se identificaba a su esposa ni al otro funcionario que lo escribió. Pero la Policía tuvo que identificar posteriormente a los dos policías que lo elaboraron por orden del juzgado. Uno de ellos resultó ser la policía con carnet profesional 125.756, la esposa de Carba. La retransmisión del juicio en Youtube autorizada por el tribunal mostró a Carba declarando de espaldas. A quien sí se pudo observar frente al tribunal, también como testigo, fue a su mujer. La policía 125.756 sigue destinada en el Servicio de Análisis de la Conducta de la Policía. 

En diciembre de 2018, la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid cuestionaba la capacitación de los policías de ese impactante servicio policial al que algunos medios habían bautizado como el ‘Minority Report’ español, en alusión a la película protagonizada por Tom Cruise en el que una unidad policial anticipa los crímenes antes de que se cometan. 

Los jueces decían en su auto: “No se especifica el objeto del estudio, ni la cualificación o formación de las personas que lo realizan, ni el método o conocimiento técnico o científico utilizado para llegar a las conclusiones que se realizan”. La Audiencia Provincial ordenaba a la Policía que aclarase a qué se dedicaban los policías que realizaron el informe; “si están dados de alta como peritos judiciales” y desde cuándo; cómo llegaron hasta ahí (concurso, libre designación o comisión de servicios); y, en el caso de que fuera por libre designación, que se identificara al funcionario que adoptó tal decisión.

Cuatro años después, en 2022, otros magistrados, los mismos que habían obligado a reabrir la causa contra López Madrid y Villarejo, se empleaban en términos similares al hablar de la actuación policial. Resolvían los recursos contra el procesamiento que presentaron el empresario y el policía y dejaban por escrito que los informes de Carba y su mujer tenían una “fiabilidad empañada”. 

Último intento de soborno

La postración de un grupo de mandos policiales ante el poderoso empresario Javier López Madrid ha atravesado el caso de presunto acoso a la doctora Pinto, desde antes de que arrancase en 2013 y hasta prácticamente hoy. Está pendiente que un juzgado de Madrid decida sobre la denuncia presentada por el comisario que se atrevió a investigar la implicación de Villarejo después de que otro policía jubilado le haya hecho llegar recientemente una oferta económica para que influyera en la doctora Pinto, esta retirara su acusación y el juicio por el acoso y agresión de febrero no llegara a celebrarse. El autor de la oferta, ex jefe de la unidad anticorrupción de la Policía, dice en una grabación publicada por elDiario.es que actúa por orden de López Madrid. 

Uno de esos mandos policiales que tuvo una polémica relación con el empresario fue Alberto Carba. La UCO de Guardia Civil detuvo en abril de 2017 a López Madrid por un asunto muy diferente, su implicación en el caso de corrupción del PP madrileño denominado ‘Lezo’, por el que el empresario aún debe sentarse en el banquillo. Los guardias se incautaron del teléfono de López Madrid que volvió a ser una caja llena de sorpresas. Mientras Carba investigaba el caso de acoso, el inspector jefe escribía a López Madrid: “Buenos días, Javier. Solo quería transmitirte que el informe que queríamos es muy bueno para nuestra investigación. Paciencia en este último cuarto que este partido lo vamos a ganar”, decía uno de esos mensajes, tal y como publicó elDiario.es. 

En el momento de aquella publicación, Carba no quiso ofrecer su versión a este medio. Ante el tribunal que está juzgando por cohecho a López Madrid y Villarejo, el policía aseguró el miércoles pasado que estaba aplicando el Estatuto de la Víctima al empresario y que, en el momento en que se produjo ese intercambio, López Madrid estaba muy nervioso informándole de que se iba a suicidar. “Eran las tres de la tarde, López Madrid me llamó gritando y llorando. Me estoy subiendo a la azotea de mi edificio y me voy a tirar. Como negociador de la policía que era intenté calmarle”, relató ante el tribunal el comisario Carba. 

El comisario aprovechó para expresar su malestar por lo que considera una mala interpretación de la afirmación “este partido lo vamos a ganar”. “Significa ‘mantenga la fe en la justicia y en la investigación que estamos haciendo’ porque temía que se fuera a suicidar. Era una obligación moral”, añadió.

Pese a que los tribunales han enviado a López Madrid y a Villarejo al banquillo porque consideran, indiciariamente, que las conclusiones culpando a la señora Pinto son, cuando menos, erróneas, el policía insistió ante ellas esta semana en la Audiencia Nacional. López Madrid y Villarejo se enfrentan a una petición de la Fiscalía de 13 años de cárcel por coacciones, amenazas y agresión. La jueza que investigó a Elisa Pinto archivó las actuaciones contra ella. La Audiencia Provincial confirmó esa decisión en marzo de 2024.

El nuevo año judicial será decisivo para varios exministros y altos cargos vinculados al PP y al PSOE que afrontan resoluciones y juicios inminentes que pueden acabar con penas de cárcel. El Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre los recursos presentados por antiguos responsables políticos, mientras se enjuiciarán causas por corrupción que abarcan desde el uso irregular de dinero público hasta tramas de espionaje y tráfico de influencias. 

Para los primeros meses de 2026 está previsto el juicio contra el exministro socialista José Luis Ábalos, quien fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en la parte de la causa centrada en los contratos de mascarillas de la pandemia adjudicados a dedo por el ministerio de Transportes. Los dos primeros, que están en prisión provisional desde el pasado noviembre, se enfrentan a condenas de hasta treinta años de cárcel. 

Aunque está fuera del Gobierno desde 2021 y fue expulsado del PSOE el pasado junio, Ábalos fue una figura clave en el ascenso de Pedro Sánchez: ministro, secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza del presidente del Gobierno. Fue él quien defendió en el Congreso la moción de censura que logró sacar al PP de Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa en 2018 precisamente con un discurso basado en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. 

Su imagen en el banquillo acusado de favorecer al comisionista Aldama a cambio de mordidas y otras prebendas será un duro golpe para el Gobierno, que tendrá que afrontar las sesiones del juicio mientras salen a la luz nuevas revelaciones de la otra parte de la causa, la centrada en el presunto amaño en las adjudicaciones de obra pública y en la que está investigado también Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE y que pasó casi cinco meses en prisión preventiva. 

Ábalos está en la misma situación desde el pasado noviembre. Tras el juicio, lo previsible es que en verano llegue la condena, que será firme al ser del Tribunal Supremo, lo que augura que pasará mucho tiempo en prisión a la espera del avance del resto de procedimientos que tiene abiertos. En esta vista se sustanciará su relación con el empresario Aldama, el “nexo corruptor”, según la Guardia Civil, a cambio de comisiones, y se analizarán los contratos de mascarillas que dos entes dependientes de su departamento —Adif y Puertos del Estado— también adjudicaron a la empresa de la trama junto a la contratación de una de sus supuestas exparejas en empresas públicas. 

Vuelve la guerra sucia del PP

Más de una década ha tenido que transcurrir para que se juzguen otros hechos que, sin embargo, devuelven a la actualidad uno de los episodios más oscuros de la democracia reciente. En abril comenzará la vista oral por Kitchen, la operación orquestada desde el Gobierno de Mariano Rajoy para sabotear el caso de corrupción más grave en la historia del Partido Popular, el de su financiación irregular o caja B. 

En el banquillo se sentarán los mandos policiales que integraron la brigada política que orquestó el PP cuando llegó al Gobierno en 2012 para atacar primero a los independentistas catalanes y luego a Podemos. Entre medias, todos ellos participaron presuntamente en una maniobra para hacer desaparecer las pruebas que guardara el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y que pudieran incriminar al partido y sus dirigentes en la causa abierta por financiación ilegal. 

Las mayores penas de cárcel que solicita la Fiscalía Anticorrupción son para el ex jefe operativo de esos policías, el comisario Eugenio Pino, y para los máximos responsables políticos del Ministerio del Interior, su titular, Jorge Fernández Díaz, y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Para los tres, Anticorrupción solicita 15 años de cárcel. La última vez que un ministro del Interior se sentó en el banquillo fue por el terrorismo de Estado de los GAL durante el Gobierno de Felipe González. Como entonces, ahora también los supuestos delitos de la Operación Kitchen se sufragaron con dinero público de los fondos reservados. 

La vista comenzará el 6 de abril y se extenderá hasta finales de mayo. Comparecerán como testigos el expresidente Rajoy y sus segundas en el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y en el partido, María Dolores de Cospedal, para quien el actual juez del caso deberá decidir próximamente si cambia su situación a imputada a la vista de nuevas revelaciones y una solicitud del PSOE. Entre los policías juzgados estarán el excomisario Villarejo, el ex chófer de Bárcenas Sergio Ríos y José Luis Olivera, de actualidad reciente por su participación en el montaje contra Miguel Urbán y Podemos. 

La corrupción del PP de Madrid, 12 años después

A hechos aún más antiguos alude la pieza ‘Waiter Music’ del caso Púnica que sentará en el banquillo a partir del 19 de enero al ex secretario general del PP en la Comunidad de Madrid y antiguo consejero de Justicia Francisco Granados. La macrocausa de corrupción contra el PP madrileño de Esperanza Aguirre cumplió en octubre 11 años desde que se produjeran las primeras detenciones y aún restan varios juicios por celebrarse. 

La Fiscalía Anticorrupción pide este caso para Granados seis años de cárcel por dos delitos de fraude en la contratación y otros tantos de prevaricación. El que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre ya fue condenado a dos años de cárcel en otra pieza del caso, por el chivatazo de un guardia civil cuando estaba siendo investigado. Granados habría maniobrado para que varios ayuntamientos del PP y un ente regional contrataran en las fiestas de las localidades a Waiter Music, la empresa de su amigo José Luis Huerta que no será juzgado porque falleció en 2020. 

Junto a Granados se sentarán en el banquillo el ex senador y antiguo diputado regional David Erguido, que también ejerció como asesor de Esperanza Aguirre, y once personas más, entre ellas, seis alcaldes del Partido Popular cuando el poder de la formación en la región madrileña ya era omnímodo. Se trata de los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno; los antiguos regidores de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz; la exalcaldesa de Ciempozuelos María Ángeles Herrera, y el de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada. 

Los antiguos alcaldes se enfrentan a peticiones de dos años de cárcel o simplemente de inhabilitación por parte de Anticorrupción. Sin embargo, la acusación popular, que ejerce Adade, solicita penas de entre 13 y 27 años de cárcel para algunos. 

El hermano de Sánchez, en el banquillo

Como ocurre con la agilidad en el Tribunal Supremo a la hora de juzgar a Ábalos el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez no se dilatará tanto tiempo en la Audiencia Provincial de Badajoz. Se sentarán en el banquillo 11 personas después de que la instructora del caso concluyera que la Diputación de Badajoz creó la plaza de responsable de los conservatorios para que la ocupara David Sánchez y que este se presentó al proceso de selección y a la entrevista “para simular la legalidad formal del procedimiento”.

El candidato socialista a la Junta de Extremadura en las últimas elecciones, José Miguel Gallardo, concurrió procesado porque la jueza Beatriz Biedma concluyó que resulta “inverosímil” que, como presidente de la Diputación, no supiera que el fin de la creación del puesto era que recayera en el hermano de Pedro Sánchez, ya que se conocía “de forma generalizada”. También le acusaba de haber participado “directamente” en los hechos al tener la competencia para el nombramiento. Gallardo ha dimitido de su puesto de secretario general del PSOE extremeño después de haber cosechado el peor resultado de la historia en la comunidad autónoma. 

Una denuncia de Manos Limpias que incluía informaciones falsas originó el procedimiento. El pseudosindicato ultra pide 3 años de cárcel para David Sánchez por delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal. La Fiscalía dice que el auto de procesamiento de la jueza está plagado de “conjeturas” y solicita la absolución para todos los acusados. 

Los ministros de Aznar

En los próximos meses dos pesos pesados del Gobierno de José María Aznar se juegan su entrada en prisión. El Tribunal Supremo decidirá sobre los recursos a la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid contra Rodrigo Rato en el caso de su fortuna personal. El tribunal condenó al exvicepresidente del Gobierno a 4 años y 9 meses de prisión por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, por ocultar patrimonio en el extranjero. El Supremo ya confirmó la condena a cuatro años y medio de cárcel contra Rato por las 'tarjetas black', causa por la que ya cumplió su pena de prisión. 

Por su parte, Eduardo Zaplana se enfrenta a cumplir diez años y cinco meses de cárcel por los delitos a los que le condenó la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia: prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. El tribunal también le impuso una multa superior a los 25 millones de euros como responsable del cobro de sobornos entre 1997 y 2000, cuando ocupaba el puesto de presidente autonómico en una trama de adjudicación de las estaciones de servicio de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Zaplana, al que controvertidos informes médicos sobre su estado de salud le evitaron la prisión en el pasado, podría ingresar en la cárcel si el Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial.

Nuevo obstáculo para la investigación de la guerra sucia contra la oposición que se llevó a cabo durante el último Gobierno del Partido Popular. María Tardón, magistrada de la Audiencia Nacional, ha rechazado la querella presentada por Miguel Urbán en relación con el montaje policial que intentó vincularle con el tráfico de cocaína para financiar a Podemos, partido del que fue fundador. 

Tardón ha asumido punto por punto el informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al entender que la querella se basa “en meros recortes de artículos de prensa” y no debe ser admitida. La magistrada y el fiscal Julián Salto acuerdan que en este caso es aplicable la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual “no sirve la mera aportación de recortes de prensa o similares, sin más constatación o acreditación”. La decisión de la jueza es recurrible ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Dos de los casos más mediáticos de los últimos tiempos, los que se siguen contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, se abrieron a partir de sendas querellas del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, que se limitaba a adjuntar informaciones periodísticas, algunas de ellas demostradas falsas. 

Entre las noticias que recoge la querella de Miguel Urbán aparece una publicada por elDiario.es que detalla cómo las maniobras de mandos policiales contra Urbán y Podemos están reflejadas en unas diligencias de investigación secretas de la Fiscalía Antidroga que terminaron por archivarse. Tal y como consta en la querella, esas diligencias de Antidroga son identificadas con su número, el 4/2016 de la Fiscalía especializada, pero ni el fiscal ni la jueza han optado por reclamarlas. 

Este periódico reveló el pasado mayo un invento contra Podemos de la brigada política del PP que permanecía bajo secreto. La Fiscalía Antidroga mantuvo en 2016 abierta durante meses una investigación a partir del relato de un confidente que había asegurado ante la Policía que Miguel Urbán vendió 40 kilos de cocaína a un tercero, con la intermediación del dueño de un mítico pub del madrileño barrio de Malasaña. El confidente llegó a declarar que había visto al entonces europarlamentario trapicheando con droga en las esquinas en varias ocasiones. 

La querella de Urbán señalaba al protagonista del montaje, el comisario hoy jubilado José Luis Olivera. En el momento de los hechos, Olivera era director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Olivera se sentará en el banquillo por el intento de la brigada política de sabotear la causa de la caja B del PP, el caso Kitchen. La representación de Urbán solicitaba igualmente la imputación de otro comisario, José Manuel García Catalán, al frente de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, UDEF, cuando Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior.  

Un semestre de furia contra Podemos

El montaje contra Urbán tuvo lugar en el semestre más intenso de actividad para la brigada política, la primera mitad de 2016. Se trata del periodo de tiempo que transcurrió entre las elecciones de diciembre de 2015 y las siguientes, celebradas en junio de 2016 con la expectativa de que Podemos superara al PSOE en votos y ambos formasen un gobierno de coalición. 

El 12 de enero de 2016 había comenzado a fluir la cascada de intoxicaciones para frenar el ascenso de Podemos. Ese día, dos medios de la derecha publicaron un dosier denominado PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre la supuesta financiación de Podemos desde Irán y Venezuela. La divulgación del pseudoinforme PISA coincidió con el inicio de los contactos entre partidos para la posible formación de un gobierno progresista. 

Sin embargo, la jueza y el fiscal afirman ahora que la querella de Urbán “ni siquiera se concreta la fecha exacta en la que se habrían cometido los delitos”. Las informaciones que adjunta la querella detallan la fecha en la que se firmaron los informes policiales con los bulos sobre Urbán y los distintos escritos de la Fiscalía Antidroga en el marco de las diligencias abiertas. 

El auto de la jueza y el informe del fiscal defienden que los delitos de los que habría sido objeto Miguel Urbán habrían afectado a su “esfera privada” y no en el ejercicio de su cargo de europarlamentario, como si los mandos policiales hubieran elegido al fundador de Podemos por algún motivo que no fuera su actividad política y su pertenencia al partido que combatían con métodos irregulares. 

A partir de ahí, la jueza Tardón y el fiscal Julián Salto –el primer fiscal que tuvo el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ahora destinado en la Audiencia Nacional– se ponen de acuerdo en que los hechos no son competencia de la Audiencia Nacional. Ambos aseguran que Urbán no fue víctima en representación de “altas instituciones del Estado” o su “forma de Gobierno”. 

La representación legal de Urbán optó por calificar los hechos descritos en la querella como calumnias, intromisión en la intimidad, falsedad documental, malversación y prevaricación. La jueza determina que no son delitos de los que entienda la Audiencia Nacional, destinada al tráfico de drogas, el fraude a gran escala o el terrorismo. Además, el tribunal especializado no podría reclamar su competencia porque se hubieran cometido en el extranjero, añaden. 

La Audiencia Nacional ya conocía el montaje de Urbán por otra vía. El Juzgado de Santiago Pedraz investiga las maniobras policiales contra Podemos en una causa propia. En el marco de esa investigación saltó una consulta en bases de datos restringidas que un policía hizo sobre Pablo Iglesias. Resultó que el policía, un agente antidroga, decidió indagar en el líder de Podemos en el marco de una investigación contra uno de sus compañeros de partido, Miguel Urbán, al que un confidente relacionaba con una disparatada venta de cocaína.

El fiscal del caso, Vicente González Mota, informó en contra de la petición de los abogados de Podemos de reclamar las diligencias de Antidroga en el caso de Urbán e incorporarlas al caso de la guerra sucia contra el partido. Pedraz asumió el criterio del fiscal y lo rechazó, pero citó como investigado al policía que dejó rastro con su consulta en las bases de datos.

En la declaración, el policía defendió su actuación, en el sentido de indagar siempre en el entorno de un investigado por tráfico de drogas. En ese punto el fiscal le preguntó si hubiera actuado igual si se tratara de un miembro del PP, introduciendo en las bases de datos el nombre del presidente de ese partido. Pedraz consideró improcedente la pregunta y no dejó contestar al policía. Tras la declaración, el juez archivó la causa contra el agente de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco).

La causa en el juzgado de Pedraz

Miguel Urbán también intentó que el montaje contra él fuera incorporado a la investigación sobre las maniobras que perjudicaron a Podemos, pero el fiscal y el juez Pedraz lo despacharon asegurando que no estaba relacionado con los hechos investigados en su juzgado. En esa causa está imputado el que fuera número dos de Interior con el PP Francisco Martínez y algunos mandos policiales. El comisario Olivera, origen del montaje a Urbán, ha declarado pero en calidad de testigo.

Las indagaciones posteriores a la declaración falsa del confidente sobre la transacción de la cocaína incluyeron consultas a las cuentas bancarias de Urbán. En Podemos creen que se trataba de un puente para acceder a Pablo Iglesias y al partido, pero que la decisión de Antidroga de no seguir adelante con algo tan endeble y sospechoso evitó que las pesquisas fueran filtradas a medios afines al PP, como ocurrió con otras maniobras contra el partido. 

La causa que instruye Pedraz avanza entre dificultades. En el marco de la misma, los abogados del partido han arrancado a algunos testigos confirmaciones de las investigaciones prospectivas contra el partido en tiempos del PP y han obtenido evidentes incongruencias en el testimonio de los investigados. 

Pese a ello, el juez ha rechazado que se incorporen los informes policiales que sustentaron dos de las maniobras contra el partido más relevantes, relacionadas con el informe PISA –falsa financiación irregular– y con el viaje de la cúpula de la UDEF a Nueva York a buscar datos que perjudicaran al partido. En ese viaje y en sus entrevistas participó uno de los denunciados por Urbán sin éxito, el comisario José Manuel García Catalán.

La localidad de Daroca es este sábado la última parada del exministro Jorge Fernández Díaz en su ruta por promocionar el inexistente milagro de Garabandal. Lo hace en un acto organizado por la Fundación Campo de Daroca –con Gobierno de Aragón (a través del Instituto Aragonés de Fomento), comarca y Ayuntamiento como patronos– y en el que también participa un supuesto testigo de las apariciones, Román Martínez del Cerro.

El Vaticano zanjó hace justo un año la veracidad de este falso milagro sucedido en los años 60 del siglo pasado en el municipio cántabro de Rionansa: señaló que no había elementos para concluir que las apariciones de la Virgen de San Sebastián de Garabandal eran “sobrenaturales”, si bien permitió el culto privado (no así el público). Lo anunció el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, en una rueda de prensa en el Vaticano.

Esto no ha sido óbice para que Fernández Díaz, miembro del Opus Dei, haya continuado con su actividad para tratar de promover el inexistente milagro. Así, estuvo en abril en Salamanca y en mayo en Santander con este fin. Y sigue pidiendo reabrir esta investigación ya cerrada por la Iglesia.

Ahora es el turno de Daroca. La Fundación Campo de Daroca organiza este sábado la jornada 'Garabandal, lo difícil es no creer', en la que participa Fernández Díaz acompañado por Elsa Martí Barceló, médico de familia y psicoterapeuta; Román Martínez del Cerro, economista y –supuesto– testigo de las apariciones, y Rafael Navarro-Rubio Serres, licenciado en Derecho y gestor administrativo, y además hijo del exministro franquista Mariano Navarro-Rubio.

La noticia ha causado malestar a la oposición. Álvaro Blasco, portavoz socialista en el Ayuntamiento, gobernado por el popular Miguel García, ha querido trasladar que no están “de acuerdo”. “No nos lo habían comunicado, pero es que no podemos aceptar que un señor al que piden 15 años de cárcel no puede venir a Daroca a dar lecciones de nada, sea de religión o de lo que sea”, apunta Blasco. Y ha añadido que van a pedir “explicaciones” al respecto.

Entre los años 1961 y 1965, cuatro niñas de entre 10 y 12 años de la localidad aseguraron haber presenciado en varias ocasiones las apariciones de San Miguel Arcángel y de la Virgen María. Cayeron en un profundo éxtasis e incluso, se supone, levitaron.

La devoción por estos hechos atrae cada año a Garabandal a multitud de personas de diferentes países, especialmente de Estados Unidos y Canadá.

Empecemos por los hechos. Leire Díez es una militante del PSOE, que ha sido teniente de alcalde en un pequeño municipio cántabro y ha tenido puestos en empresas públicas de la mano de los socialistas. Díez se reunió con dos empresarios, Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn. Ambos están encausados en distintos procesos judiciales y sostienen que tras esas investigaciones hay guardias civiles y fiscales que les han perseguido con prácticas corruptas.

Uno de esos encuentros quedó registrado en una grabación de 53 minutos. En ella, los empresarios ofrecen información sobre prácticas corruptas de algunos altos cargos de la Guardia Civil, Díez se interesa por ella y pide que se las envíen. A cambio, Hamlyn quiere que se le garantice un pacto con la Fiscalía y Díez le promete que le puede sentar con fiscales.

¿Qué no sabemos? No sabemos en nombre de quién actúa Díez, si fue enviada por el PSOE y, si es así, quién del PSOE le hizo ese encargo. Si el PSOE está detrás, no sabemos qué buscaban los socialistas con estos encuentros y si estaban dispuestos a hacer de nexo con la Fiscalía. No sabemos si hay más gente del partido implicada.

El PSOE niega que enviara a Díez a esa cita y le ha abierto un expediente. Por su parte, Díez ha dicho que no tiene “vinculación con Ferraz” y Pérez Dolset, que ambos investigan “las cloacas del Estado” desde 2019.

¿Qué sabemos seguro? Que no ha habido pactos de ningún tipo con la Fiscalía. Las acusaciones contra Dolset y Hamlyn se mantienen. En el juicio contra este último, al que no se ha presentado alegando que no puede salir de Dubai, la Fiscalía solicita para él una condena de más de 50 años.

Con esos hechos y esas preguntas sobre la mesa hay quien ha corrido a llamar a esto las cloacas del PSOE. Es una licencia periodística, como muchas otras, para añadirle algo de gancho a las noticias, pero, sobre todo, un intento de fijar el marco: esto es igual de grave (o más) que las cloacas policiales del PP.

Porque sí, ahora se leen teorías sobre las reuniones de Díez y la implicación del PSOE, o sobre lo que se quería o no conseguir. Pero lo cierto es que en nuestro país tenemos ejemplos prácticos de lo que hacen las cloacas. Conviene recordar algunos capítulos, solo algunos, porque la historia completa da para un libro de los largos, o una serie con su ministro, su secretario de Estado y su grupo de policías corruptos.

40 kilos de cocaína y una cuenta falsa en Suiza

El resumen general es que en España, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, se montó una red de policías al servicio del PP que se dedicaron a fabricar pruebas contra adversarios políticos y a destruir las que les implicaban en casos de corrupción.

No hace falta rebuscar mucho en la hemeroteca. elDiario.es lleva años contando este escándalo y la última entrega publicada el pasado 16 de mayo es una pormenorizada historia sobre cómo la cúpula de la seguridad del Estado durante el Gobierno del PP urdió un montaje para convertir a Miguel Urbán, uno de los fundadores de Podemos, en un vendedor de 40 kilos de una cocaína procedente de Venezuela para financiar al partido.

Un comisario de la Policía Nacional, José Luis Olivera, firmó un informe elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en el que se decía que Urbán, cuando ya era eurodiputado, le entregó “40 kilos de cocaína pura a cambio de una enorme cantidad de dinero” a un hombre.

Es uno de los diversos episodios de la guerra sucia policial contra Podemos, que tuvo como máxima expresión el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), en el que se lanzaban acusaciones falsas sobre la financiación del partido. La Audiencia Nacional mantiene una investigación abierta en la que acaba de citar a otro comisario, Marcelino Martín-Blas, que admitió que había conocido maniobras policiales contra Podemos.

Ese grupo de policías corruptos, que actuaban a las órdenes del Ministerio del Interior, también trataron de hacer daño al independentismo. Una muestra: el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, se levantó un día con una publicación en prensa que aseguraba que tenía una cuenta en Suiza con varios millones de euros. Era mentira, un montaje policial basado en datos falsos aportados por un empresario al que, según figura en la agenda de José Manuel Villarejo (el puntal de aquel grupo de policías), lo acabó pagando el Partido Popular a través de su 'número dos', María Dolores de Cospedal.

Un policía condenado y un ministro al que le piden 15 años de cárcel

Es Villarejo quien comandó otro de los principales encargos de la conocida como Policía Política: la infiltración en el círculo de confianza de Luis Bárcenas, extesorero del PP, para buscar y destruir pruebas de la corrupción del PP. Todo financiado con fondos reservados. La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el exministro del Interior con el PP, Jorge Fernández Díaz, para su ‘número dos’ en el Ministerio, Francisco Martínez –ahora detenido por colaborar con un hacker–, y para el director adjunto operativo en aquella época, el comisario Eugenio Pino.

Este último, Pino, es el único de todos los implicados en aquellos montajes que ha sido condenado. El Supremo le confirmó un año de cárcel por sus maniobras para intentar que se condenara a la familia Pujol.

Esas son las cloacas. Altos mandos de la Policía y del Ministerio del Interior fabricando pruebas, intentando alterar investigaciones judiciales, tratando de destruir documentos y, sobre todo, filtrando información falsa que acababa publicada sin la mínima comprobación en importantes medios de comunicación del país.

Conviene recordar algunos de estos pasajes de nuestra reciente historia política para tener el contexto suficiente y acercarnos a los hechos que ahora hemos conocido –y que obligan al PSOE a dar muchas explicaciones– con el recuerdo de lo que es realmente una cloaca.