En los últimos días han declarado algunos de los acusados más importantes del juicio por la Operación Kitchen: el ex secretario de Estado, Francisco Martínez, el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que fuera Director Adjunto de la Policía, Eugenio Pino y el ex comisario, José Manuel Villarejo. Hay una tesis a la que se han sumado gran parte de los investigados en Kitchen… Y es que Kitchen no existe, que lo que existió es una investigación contra Bárcenas y que de ello se aprovecharon algunas personas.

¿Tiene esto sentido por lo que hemos visto y oído durante el juicio? Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

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En este tiempo de coincidencias y casualidades extraordinarias que nos ha tocado vivir, cuando ya no quedan parientes de Pedro Sánchez sin su correspondiente y urgente informe policial, se constata que, cuanto más avanza el juicio oral por la operación Kitchen, más claro va quedando que Mariano Rajoy no presidía realmente un gobierno sino una alegre pandilla que pasaba el rato por La Moncloa, sin más preocupación que andar de correrías viviendo el momento y sin perder mucho tiempo en las cosas esas de gobernar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

En aquel estado de perpetua adolescencia, allí nadie era responsable de nada, sabía algo de nada o preguntaba nunca por nada o por nadie. Aquel ejecutivo azul era como la pandilla de Verano Azul, pero con el barco de Chanquete varado en la Carrera de San Jerónimo, que no llega hasta el mar pero achicharra el sol peor aún que en Nerja. 

Aquella animosa cuadrilla del gobierno azul más que gobernar corría aventuras por Presidencia con esa despreocupación que da la juventud. No discutían jamás entre ellos asuntos oficiales ni analizaban materias sensibles de Estado; de hecho estaba terminantemente prohibido hablar siquiera de asuntos de trabajo. Si tal, comentaban la prensa pero siempre en plan casual. 

Por eso, en aquel gobierno azul, todos desconocían todo y las cosas pasaban solas, porque sí, por casualidad; más o menos como ahora. Saber algo era considerado tan peligroso como fumar porros o beber cerveza. Como cuando éramos chavales, los asuntos en aquel gobierno azul sucedían sin más, la comida se ponía sola en la mesa, la luz era gratis y un señor o una señora muy amables te llevaban a donde quisieras y a la hora que fuese, únicamente había que pedírselo amablemente o llamarles papá o mamá con la voz adecuada.  

El gobierno azul no tenía aquellos padres mágicos igual que nosotros. Tenía algo infinitamente mejor: tenía policías mágicos. Sin pedírselo y sin que hubiera que hacer nada, ellos solos se organizaban para vigilar a Luis Bárcenas, recuperar las pruebas que pudiera tener o destruir lo que fuese menester destruir, ya fuera el independentismo, ya fuera Podemos. Lo que hiciese falta para proteger a sus inocentes ministros y ministras ante los terribles peligros y oscuras amenazas que habitan en el mundo exterior. 

Como a los padres, a los policías mágicos del gobierno azul ni siquiera había que pagarles. Cierto que eran tan chapuceros, o más incluso, que Leire Díaz a la hora de diseñar operaciones encubiertas y ofertas que no se podían rechazar, pero, por lo menos, no cobraban 4.000 euros del ala al mes por andar dando el cante por medio Madrid y hablar del “number one” como si fuera un código secreto indescifrable incluso para Enigma. 

Lógicamente nuestro Mariano sería el enrollado Javi que lideraba el clan porque era el más alto, secundado por un fiel Fernández Díaz en el papel de aquel abnegado Quique, de quien nadie se acordaba hasta que había que hacer algún recado de esos que no apetecen y te parten la tarde. María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría eran como Bea y Desi. Amigas, sí, pero con ese beef que no sabían bien cómo disimular. El simpático Javier Arenas sería el simpático Pancho haciendo esas cosas simpáticas de la gente del pueblo. El inefable comisario Villarejo encarnaba al irrefrenable Piraña, dispuesto a comer lo que hubiera que comer para no dejar una miga ni un rastro en el mantel. No se me ocurre quién podría ser Tito, la verdad. Pero se admiten sugerencias.  

Cuando pongan la reposición en la tele dentro de diez o veinte años los recordaremos, con esa mezcla de nostalgia y extrañeza que siempre te queda cuando gobierna la derecha. 

El exministro Jorge Fernández Díaz y su 'número dos', Francisco Martínez, han optado por la sordina en el juicio de Kitchen. Contra ambos pide la Fiscalía Anticorrupción una condena de 15 años de cárcel como máximo responsable y coordinador, respectivamente, del espionaje ilegal a Luis Bárcenas y su familia con cargo a los fondos reservados. 

Al pacto de no agresión entre ambos se suma su decisión de contestar únicamente a las preguntas de sus abogados, con lo que ambos dibujaron el siguiente escenario: ‘nunca conocí la Kitchen’ (Fernández Díaz) y ‘algo hubo, pero fue legal’ (Martínez). 

La conservadora estrategia de ambos acusados de no responder al fiscal auxilia al Partido Popular, que presencia como el expresidente Mariano Rajoy o la antigua secretaria general del PP María Dolores de Cospedal no son mencionados, o lo son de pasada.

Estas son las cuestiones que ignoraron los dos principales acusados en Kitchen durante su declaración en el juicio. 

Los mensajes ante notario

El ministro Fernández Díaz pudo pronunciarse ampliamente sobre los cuatro mensajes que muestran su conocimiento de la operación Kitchen desde prácticamente su inicio y cómo es informado de los logros que van obteniendo los policías. Su estrategia durante todo el juicio pasa por negar que él sea el autor de los mismos y apoyar su negación mayor, que nunca supo de la operación Kitchen. Y en esa línea respondió a las preguntas de su abogado.

¿Y Francisco Martínez? El secretario de Estado acudió a dos notarios para entregar esos mensajes cuando se adivinaba su imputación y leía entrevistas de Fernández Díaz desvinculándose de la evidencia de que la operación Kitchen había existido. 

Después fue rebajando las expectativas de delatar a sus superiores y en el juicio ha puesto la guinda a esa estrategia. Ni una sola pregunta de su abogado se refirió a los mensajes. Y cuando se vio en la obligación de explicar que el ministro sabía de la identidad y el papel del chófer lo hizo sin precisar que así consta en uno de los textos que Fernández Díaz le envió. 

El 18 de octubre de 2013, Fernández Díaz escribió a Martínez la constatación de cómo seguía al minuto la operación Kitchen y las ilegalidades que ella incluía, como el robo de tres dispositivos a Bárcenas para clonarlos sin autorización judicial. 

“La operación se hizo con éxito: Se ha volcao (sic) todo (2 iphone y 1 ipad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica .. Es decir, q no seria información para el J a efectos publicación .. : es es lo q ha dicho, insisto y es muy probable q. esa fuera la intención)”, apuntó. A continuación añadió: “Otra cosa es q nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información ... veremos. Te informo”. 

Ninguna pregunta al respecto fue formulada por el abogado de Martínez. Tampoco por la presidenta del tribunal, que tenía oportunidad de hacerlo. 

Villarejo y el ministro

Al menos en los últimos años, Jorge Fernández Díaz ha ido amoldando su versión de los hechos a los descubrimientos que hacía la investigación. El ministro había mantenido que no conocía al comisario Villarejo, pero una grabación de diciembre de 2012 le muestra junto a Pino y al citado policía de las cloacas planificando la operación Cataluña. Así que su abogado optó el jueves por preguntarle si había tratado con el comisario entre 2013 y 2015. 

El ministro relató que en el acto de despedida por jubilación de Eugenio Pino como director adjunto operativo de la Policía se saludó con Villarejo. Jorge Fernández se refirió a la escena como si de un primer encuentro se tratara. “Había un policía que estaba de paisano, que se me acercó: 'a la orden, señor ministro, comisario Villarejo'”. En el audio de 2012, cuatro años antes, se oye a Fernández Díaz decirle a Pino y a Villarejo: “Negaré bajo tortura que esta reunión se ha producido”.

El vínculo entre el ministro del Interior y el policía que soporta una petición de pena más alta de Anticorrupción por la Kitchen (19 años) queda así sin aclarar, sin que nadie pudiera repreguntar. El resto de acusados han decidido seguir la senda de los dos primeros y solo contestar, a partir del lunes, a sus defensas. Resta por saber qué hará Villarejo. 

Las grabaciones a Cospedal, los indicios contra Rajoy

Los interrogatorios dirigidos a la exculpación sin posibilidad de contraste con otras preguntas benefician a los antiguos jefes de los acusados, que son los primeros interesados en que su nombre no vuelva a aparecer en la causa. Sin embargo, el presidente del Gobierno de la época, Mariano Rajoy, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, han sido una constante en el juicio y no solo durante su declaración como testigos. 

El jefe policial de la investigación confirmó su informe en el que concluía que las continuas alusiones a que un tal ‘Barbas’ y ‘Asturiano’ conocía la operación Kitchen se referían a Mariano Rajoy. De Cospedal se han reproducido grabaciones haciendo encargos a Villarejo, entre ellos frenar la publicación de los papeles de Bárcenas. 

Cospedal, pese no poder mentir como testigo, dijo que nunca había hablado por teléfono con el policía. La grabación se reprodujo durante la vista, pero solo pudo ser seguida por aquel que se desplazara a la sede de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid). El tribunal decidió cortar la retransmisión esos días para proteger la intimidad de cuantos eran mencionados en los audios. 

Fernández Díaz, enrocado en que no supo nada de Kitchen, no fue preguntado por el conocimiento que pudieran tener sus superiores en el Gobierno y en el partido. Martínez, que conoció un operativo “legal”, se limitó a decir que apenas departía con la secretaria general del PP.

La agenda del comisario 

De las únicas agendas de las que se habló durante el interrogatorio a Francisco Martínez son de las que podía guardar Luis Bárcenas. Ni mención a las del comisario Villarejo. El investigador principal del caso Kitchen dijo durante su declaración que las anotaciones de ese dietario merecían toda credibilidad. “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. Eran para consumo interno”, respondió el inspector jefe de Asuntos Internos. 

En esas agendas hay anotaciones como esta que habla de una reunión entre Villarejo y otro de los acusados, Andrés Gómez Gordo, el asesor de Cospedal. “ANDY COSP/ Lo que quitaron a L.B está en el despacho de GAGO. Este verano lo va a copiar. CHISCO fue quien ordenó que dejara yo los contactos con SERGI [el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva]. BIG [el comisario Enrique García Castaño] es el puto amo”. 

Martínez habría tenido oportunidad de desmentir que él no diera órdenes directas de la manipulación del confidente, Sergio Ríos Esgueva, y acerca de qué policía tenía que tratar con él. 

¿Un número dos que no informaba al ministro?

La tesis del escrito de la acusación de la Fiscalía es que todo lo que conocía por los policías Francisco Martínez era puesto en conocimiento del ministro de forma inmediata. Sin embargo, y pese a las evidencias, Fernández Díaz se ha enrocado en que él supo de la operación Kitchen por la prensa, como pronto en 2015, dos años después de su inicio.

Por contra, la defensa de Martínez se basa en defender, ante los indicios del espionaje, que se trató de una “operación de inteligencia” y que, hasta donde sabe él, no incluyó ninguna actividad delictiva. De ser así, nadie en el juicio pudo preguntar –el tribunal no quiso– al ministro Fernández Díaz si su número dos le ocultaba cuestiones tan relevantes como una investigación a Bárcenas y su entorno cuando el Gobierno y el Partido Popular estaban en vilo por los papeles del extesorero. 

El espionaje en la cárcel

El comisario Enrique García Castaño, al que se archivó la acusación por motivos de salud, declaró en fase de instrucción que recibió órdenes de Martínez y de Pino para robar los discos duros de Bárcenas. También dijo que sus agentes siguieron al preso al que el extesorero habría pedido destruir una grabación incriminatoria de Rajoy porque alguien les avisó de su identidad y de a qué hora salía de permiso.

Es uno de los indicios de que Bárcenas también fue espiado ilegalmente dentro de Soto del Real. Todo quedó despachado en el interrogatorio a Martínez con la afirmación de este de que desconocía los hechos y que el régimen en prisión “es muy estricto” y hubiera impedido tal espionaje. Aquí habló por su experiencia de una semana recluido por otro asunto. 

Sin embargo, la brigada política tenía información del interior de la cárcel, lo que implicaría a otro departamento del Ministerio del Interior, dependiente del secretario de Estado de Seguridad, la dirección general de Instituciones Penitenciarias. El juicio tampoco ha servido para ahondar en el espionaje en la cárcel, una de las puertas del caso que el juez García Castellón decidió no abrir durante la instrucción. 

La amnesia repentina suele ser una dolencia inevitable cuando un acusado tiene que prestar declaración en su juicio. Para hacerla más llevadera, tiene el derecho a no responder a las preguntas de las acusaciones y hacerlo solo con las de su abogado. El problema viene cuando el acusado es un ministro o secretario de Estado y la gente sabe a qué se dedican los políticos cuando disponen de mucho poder y hay comisarios dispuestos a cumplir sus órdenes. Su testimonio puede ser recibido con incredulidad y hasta risas, pero lo importante es no acabar en la cárcel.

La declaración de Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez en el juicio de la Operación Kitchen ofreció momentos singulares y hasta insólitos. Aparentemente, el ministro de Interior durante cinco años en el Gobierno de Rajoy no se enteró de nada ni se preocupaba por nada. Cuando los medios de comunicación estaban llenos de noticias a cuenta de los sobresueldos en la dirección del PP y de lo que sabía el tesorero Luis Bárcenas, Fernández Díaz vivía una existencia plácida y sosegada. Él no había recibido ningún sobresueldo, por lo que todo eso no le preocupaba lo más mínimo. Todo era además un remanso de paz en el partido. “Nadie me transmitió (en el PP) ninguna preocupación o inquietud sobre ese asunto”, sobre lo que sabía Bárcenas o lo que podía contar, dijo al tribunal.

Echemos la vista atrás y recordemos el impacto de la publicación a principios de 2013 de la lista de sobresueldos en la cúpula del partido y las incógnitas que generó sobre la financiación ilegal del PP. Luego, la aparición en julio de ese año de los SMS que Mariano Rajoy había enviado a Bárcenas para que se tranquilizara sobre sus problemas legales (“hacemos lo que podemos”).

La reputación del presidente estaba en juego y sus explicaciones no convencían a muchos. Fernández Díaz era amigo personal de Rajoy desde años atrás. Nada de eso molestaba al ministro ni ocupaba su tiempo. En el PP, todos parecían estar muy relajados con lo que salía en los medios sobre Bárcenas.

Cuando se conoció el montaje de Kitchen con el que se quiso conseguir que las revelaciones de Bárcenas no perjudicaran al Gobierno de Rajoy, todo eso le pilló al ministro leyendo la prensa. “Yo me entero como el común de los mortales por los medios de comunicación”, dijo. Y no pasó de ahí. Respondió con esa frase cuando su abogado le preguntó si había hablado del asunto con Martínez, su número dos del Ministerio. Si hay que creerle, hay que suponer que no habló de unas acusaciones tan graves con su secretario de Estado ni con el director operativo de la Policía. No se enteró de nada. No vio nada. No quiso saber nada. Él solo iba al despacho y leía la prensa.

Cómo está el mundo, pensaría. Qué cosas dicen de Mariano. No le llamo para no preocuparle más. Bueno, ya son las dos y habrá que pensar en ir a comer.

Lo de Francisco Martínez fue parecido, pero más traumático, porque en la fase de instrucción había afirmado lo contrario sobre lo que le pidió su jefe. Decir que derrapaba en las curvas cuando hizo el giro de 180 grados es quedarse corto. No podía negar, y no lo hizo, su intensa relación profesional con el comisario José Manuel Villarejo. Pero el resultado fue el mismo. No se enteró de nada. ¿Los discos duros de Bárcenas? Pero qué me está contando.

Martínez contó que conoció a Villarejo gracias a una orden que le dio Fernández Díaz. El ministro le llamó para decirle que Juan Cotino –director general de la Policía en el Gobierno de Aznar– le había comunicado que era urgente que el Ministerio se pusiera en contacto con Villarejo para recibir una información. Martínez declaró que cumplió la orden y se vio con el comisario en abril de 2012. El mensaje tenía tintes preocupantes. Decir, como había hecho Fernández Díaz en el Congreso, que la investigación al vicepresidente del Gobierno de Madrid, Ignacio González, era ilegal “se iba a volver en su contra”, avisó el policía.

“Cotino había dicho a Fernández Díaz que Villarejo era alguien fiable y que nunca había dado una mala información”, declaró Martínez. Es seguro que informaría de inmediato al ministro.

Cuando preguntaron después a Fernández Díaz si conocía a Villarejo, volvió a negar cualquier asomo de cercanía. Supuestamente, casi ni sabía de él. Dijo que no tuvo ningún contacto con el comisario entre 2013 y 2015, cuando se produjeron los hechos delictivos de la Kitchen. Solo lo vio en 2016 al saludarlo brevemente en una comida organizada por la jubilación de Eugenio Pino, su DAO (director adjunto operativo).

Martínez describió sus frecuentes reuniones con Villarejo a preguntas de su abogado. Se vio claramente que había quedado fascinado por el polémico comisario que lo grababa todo y que sabía cómo engatusar a sus superiores, que siempre recibían algo a cambio. Villarejo era “un torrente de información”, aunque a veces se limitaba a contar “chascarrillos”. Desde luego nunca escuchó a Villarejo “hablar de algo ilegal”.

Para impresionar al tribunal –no cabe otra interpretación– dijo que “la primera vez que oí hablar del estrecho de Ormuz fue por el señor Villarejo en 2012”. Es evidente que Martínez no estaba muy ducho en materia de relaciones internacionales y geografía.

El ex secretario de Estado era como el pececillo eternamente agradecido cuando le echan comida a la pecera. Lo que él no era consciente de sus contactos con comisarios de ética dudosa era que no estaba nadando en una pecera, sino en un acuario inmenso lleno de tiburones.

Tantos contactos con Villarejo le debieron de ser muy útiles. No sobre Kitchen. Ni sobre la información que podía conservar Bárcenas o las pruebas que este guardaba en sus ordenadores, uno de los motivos centrales de la operación que ahora se juzga y que también originó los contactos de Cospedal con el comisario para obtener información (“la libretita”) con la que proteger al PP.

Ahí Martínez no tuvo reparos en saltar al vacío: “Los discos duros de Bárcenas son una especie de leyenda mediática”, comentó sin inmutarse. En la fase de instrucción, el comisario García Castaño, que no está en el banquillo de los acusados por su estado de salud, declaró que fue Martínez quien le ordenó encontrar los discos duros. El tribunal ha tenido la oportunidad de escuchar ese testimonio en el juicio.

Otro momento involuntariamente ridículo ocurrió cuando negó saber si Sergio Ríos, el confidente al que se pagó para vigilar a Bárcenas mientras le hacía de chófer, había recibido trato de favor para ingresar en la Policía. “Es imposible amañar un procedimiento de selección en la Policía Nacional”, dijo. Eso fue precisamente lo que sucedió, porque con ello ciertos comisarios tenían controlado a Ríos para el futuro.

Solo se salió un poco del guion pactado cuando dijo que el ministro le pidió que confirmara algo que había sabido no se sabe de quién, y es que habían colocado a un confidente cerca de Bárcenas. Hizo la gestión sin decir con quién y se lo confirmó a Fernández Díaz.

El exministro ni siquiera se dignó a mencionar esa cuestión. Fernández Díaz solo sabía que Bárcenas existió y que fue tesorero del PP. Nada más.

El pacto de no agresión entre ambos fue tan evidente que es realmente difícil creer que pueda colar. Todo fue muy distinto a lo que contó Martínez en la instrucción, a los mensajes que dijo recibir de su jefe y que luego depositó ante notario y al tenso careo que tuvieron a finales de 2020 en el que cada uno se mantuvo en sus posiciones.

Ahora les salía más rentable sostener en el juicio que nunca se enteraron de nada y que la Kitchen fue una invención periodística. La Fiscalía pide quince años de prisión para ambos. Es un razonable incentivo para mentir ante un tribunal.

La atenta observación de cualquier declaración, siquiera un gesto, de Francisco Martínez ha cumplido seis años como actividad obligada para analizar el caso Kitchen. La responsabilidad de ello recae en el propio ex secretario de Estado de Seguridad que, viéndose acorralado por la investigación y abandonado por el Partido Popular, comenzó a tomar notas en su móvil y a depositar ante notario mensajes con su antiguo jefe. ¿Cumpliría la amenaza que deslizaban esas anotaciones? ¿Terminaría por descargar en sus superiores la responsabilidad de la operación de espionaje a Luis Bárcenas? Su declaración en el juicio que le enfrenta a 15 años de prisión se antojaba como un momento ideal para despejar las dudas.

Y ese momento llegó este jueves. Martínez no se apeó de la relectura crítica del momento de su vida en el que pareció proclamar: 'si caigo, no lo haré solo'. Su declaración, y la que le siguió –del exministro Jorge Fernández Díaz–, sirvió para escenificar un pacto de no agresión entre ambos que pone fin, por ahora, al brusco enfrentamiento que protagonizaron durante la instrucción del caso. Ambos hablaron del otro con respeto, incluso con admiración. Pero, sobre todo, apenas dijeron nada que pudiera incriminar a jefe o subordinado. 

El beneficiario evidente de este pacto es Fernández Díaz. El exministro se sienta en el banquillo por aquel Francisco Martínez que prometió morir matando. Los mensajes depositados ante notario por Martínez sitúan al que fuera ministro como conocedor del espionaje al tesorero desde casi el mismo momento que se puso en marcha.

Pero ese Francisco Martínez ya no existe. En el gran día de las declaraciones de ambos, el abogado de Martínez no preguntó a su cliente por los mensajes. El acusado solo traspasó una línea perjudicial para su antiguo jefe al explicar que el 13 de julio de 2013, con Bárcenas en prisión y a punto de confesar la caja B al juez Ruz, el ministro le preguntó si conocía la existencia de un colaborador en el entorno de Bárcenas. Él preguntó al director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, también acusado, y antes de contestar a Fernández Díaz este le suministró la identidad del chófer, Sergio Ríos Esgueva.

Martínez logró hablar de los hechos sin mencionar ni siquiera el mensaje que le envió Fernández Díaz al respecto, el primer rastro en el sumario de la operación Kitchen. El secretario de Estado extendió el conocimiento de la “operación de inteligencia” también al CNI. Para ello contó un episodio desconocido hasta ahora. Aseguró que dentro del contencioso entre el comisario Villarejo y los espías, él acordó una reunión con Félix Sanz Roldán para que un interlocutor del Centro se viera con Villarejo y este le informara de “los hechos que aquí se juzgan”. 

El matiz es importante porque Martínez, como otros acusados, admiten que hubo seguimientos a la familia Bárcenas, obligados como están ante las evidencias de partes y testimonios. Pero añaden que se trataba de un operativo legal, “de inteligencia”, para averiguar si Bárcenas escondía aún más millones de los 47 que habían aparecido y si mantenía testaferros ocultos. 

En la reunión, Villarejo también debía contar al CNI lo que sabía del gestor de la Gürtel en Ginebra, Arturo Fasana, “una persona sensible en cuanto a los patrimonios que ha gestionado”, según Martínez. Es público que Fasana manejó fondos del rey emérito ocultos a la Hacienda española. Resulta difícil tomar el comentario como una advertencia, por lo estéril de su efecto a estas alturas. 

Al término de su declaración, Martínez aludió a su tratamiento psiquiátrico para explicar un momento en el que estaba “roto” y por eso escribía mensajes contra sus jefes en el Gobierno. “Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal”, había escrito el 5 de junio de 2019 en un mensaje al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro.

Así que la estrategia de defensa de Fernández Díaz consiste en desacreditar los mensajes que entregó a dos notarios Martínez. El ministro asegura que él no los envió y su abogado ha presentado a un perito que apunta a una posible manipulación. Además, los notarios a los que acudió Martínez han declarado que no comprobaron si el número desde que los recibió el exnúmero dos de Interior perteneciera en realidad a Jorge Fernández Díaz.

El exministro tenía derecho a mentir para defenderse, como acusado que es en Kitchen, y es conocida la complicada relación con la verdad que mantiene desde hace tiempo. En el juicio dio a entender que conoció a Villarejo durante la despedida por jubilación de Eugenio Pino, en 2016, cuando un audio publicado por El País le muestra hablando con Villarejo y Pino en 2012, cuatro años antes, para planificar la operación Cataluña. “Negaré bajo tortura que esta reunión se ha producido”, afirma en el audio. Su abogado tuvo la precaución de preguntarle si había tenido relación con Villarejo entre 2013 y 2015, después de esa grabación, y él describió una escena en que Villarejo se le presentaba en el citado acto de 2016. Ya en el pasado había negado conocerle, antes de que se publicara la grabación. En su momento, Jorge Fernández atribuyó a una supuesta inteligencia artificial de 2016 pasajes de otra grabación. Fue con el director de Antifrau grabado en su despacho, cuando decía “la Fiscalía te lo afina”.

Martínez y Fernández Díaz se enfrentan a 15 años de cárcel cada uno, según la petición de Anticorrupción. Si el tribunal no aprecia una operación ilegal en el espionaje a Bárcenas y su familia, ambos resultarán absueltos. Si la sentencia reconoce que el operativo incluyó varios delitos, Fernández Díaz se puede salvar, pero resulta casi imposible que lo haga Martínez. La absolución de Fernández Díaz dependerá en gran parte de los mensajes que hoy su subordinado no ha querido mencionar.

La sentencia y el Partido Popular

Una absolución para Fernández Díaz rebajaría la gravedad del caso para el Partido Popular, ya beneficiado de una instrucción abortada por el juez Manuel García Castellón, quien impidió seguir adelante con la investigación a María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy. Fernández Díaz está dado de baja formalmente del Partido Popular y según la tesis del juez que ha llegado a juicio constituiría la X de la guerra sucia del PP, pero sin la colaboración del PP, ni el conocimiento de su presidente.

Por su parte, Francisco Martínez solo ha militado en el PP los dos años que fue diputado de la formación, tras salir del Ministerio, tal y como ha recordado en el juicio. Él es un extraño en el partido, según traslada. Si el cambio de ciclo político llega, los recursos ante el Supremo serán resueltos durante el próximo Gobierno del PP, con capacidad de indulto.

Los indicios contra Martínez se acumulan en la causa. El tribunal ha escuchado las declaraciones en fase de instrucción del comisario García Castaño, que reconoció los delitos y aseguró que Martínez le había puesto a buscar los discos duros de Bárcenas con la supuesta grabación de Rajoy hablando de la caja B. Mensajes con otros acusados confirmarían su conocimiento del espionaje.

Los dos acusados evitaron contestar este jueves al fiscal Anticorrupción y el resto de las partes. El representante del Ministerio Público reaccionó solicitando que se reproduzcan en la vista las declaraciones de ambos en fase de instrucción. Podemos añadió a esa petición la de que se pueda asistir durante el juicio al tenso careo entre ambos que tuvo lugar en noviembre de 2020. El tribunal no ha decidido aún. 

El antiguo secretario de Estado explicó durante su declaración que Jorge Fernández Díaz le hizo secretario de Estado de Seguridad porque es el único que siempre confió en él. Al término de su declaración, Jorge Fernández Díaz fue a dar la mano uno por uno a todos los acusados. Al llegar a Francisco Martínez le dijo: “Al final, la verdad siempre prevalece”.

El principal acusado en el juicio del caso Kitchen, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ha declarado este jueves que no supo nada de la operación hasta que comenzaron las publicaciones en los medios dos años después de arrancara. A él, ha dicho, no le preocupó la publicación de la contabilidad extracontable porque no salía en los papeles: “Yo no tuve ningún sobresueldo. Personalmente aquello no me podía interesar ni preocupar en absoluto”.

Aquí las cinco frases más relevantes de su declaración:

“Me entero de la Operación Kitchen cuando aparece en los medios”

Sobre si el PP estaba preocupado por los papeles de Bárcenas: “Nadie en el PP me lo transmitió”

Sobre si presionó para que Morocho cambiara sus informes: “Esa llamada no la he hecho”

“Bastantes problemas tenía uno en casa como para salir a la calle a buscar más”

Sobre los mensajes con Francisco Martínez: “No los reconozco”

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, ha declarado este jueves en el juicio de Kitchen que nunca supo de ese operativo hasta que comenzaron las publicaciones en los medios de comunicación dos años después de que arrancara. La afirmación contradice lo que acababa de declarar su número dos en la comparecencia que le precedió, cuando Francisco Martínez ha aludido a un intercambio con el ministro del Interior el 13 de julio de 2013 sobre la existencia de un confidente en el entorno de Bárcenas y que incluyó que el propio Fernández Díaz le llegara a compartir la identidad del chófer de los Bárcenas.

“Yo tuve conocimiento [de la Kitchen] cuando comenzaron a aparecer en los medios las informaciones”, ha dicho, ubicando este conocimiento a finales del año 2015. “Yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba ni por abajo ni a la derecha ni a la izquierda, nadie me habló de esa operación Kitchen”, ha declarado el exministro del Interior. Tampoco sabía, ha dicho, que el chófer de la esposa de Bárcenas estaba siendo usado para espiar a la familia. “En absoluto”, ha zanjado ante el tribunal. 

A diferencia de Martínez, el exministro ha optado por negar cualquier conocimiento de un operativo. Martínez, ante las evidencias de la existencia del mismo y el conocimiento que él tenía de él, ha preferido reconocer que supo de una “operación de inteligencia” en la que no habrían cabido ilegalidades.

Fernández Díaz ha afirmado en su declaración como imputado en el juicio de la operación Kitchen que ni él ni el Partido Popular estaban preocupados por la publicación de la contabilidad extracontable del partido conocida como “los papeles de Bárcenas”. A él personalmente, ha dicho, no le preocupó porque no salía en los papeles: “Yo no estaba porque yo no tuve ningún sobresueldo. Personalmente aquello no me podía interesar ni preocupar en absoluto”. 

Fernández Díaz, para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel en este juicio, procura desvincularse así del operativo policial irregular con el que la cúpula de Interior, supuestamente, intentó robar y destruir documentación comprometedora para el PP que obraba en poder de su extesorero, Luis Bárcenas.

Según su versión, esos papeles ni siquiera preocupaban al Partido Popular. “A mi desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés, si la tenían desde luego a mi no me la transmitieron, nadie me transmitió a mi desde el PP ninguna inquietud, no digo que no la tuvieran, a mi no me la transmitieron”.

El abogado de Fernández Díaz ha sacado a colación los cuatro mensajes aportados ante notario por Francisco Martínez, el indicio que supuso la imputación y posterior procesamiento del ministro. El antiguo titular de Interior ha negado la autenticidad de esos mensajes, en el sentido de que él no es su autor. Contrasta con la actitud de Martínez, al que su abogado no ha preguntado por los mensajes durante su declaración, dentro del pacto de no agresión que practican ambos acusados desde que empezó el juicio.

Presiones a Morocho

Fernández Díaz ha negado que telefoneara al comisario José Luis Olivera mientras este se entrevistaba con Manuel Morocho, policía principal de los casos caja B y Gürtel. En esa reunión, Olivera tentaba a Morocho con un puesto en Lisboa, muy bien remunerado, que le apartaría de los casos de corrupción del PP. 

En un momento de la reunión, a Olivera le sonó el teléfono y el comisario dijo a Morocho que era el ministro que respaldaba en persona el ofrecimiento, según relató Morocho en el juicio. “Yo no he hecho esa llamada en la vida”, ha dicho Fernández Díaz.

El ministro Fernández Díaz ha asegurado que conoció personalmente a Villarejo en el homenaje a Eugenio Pino, el DAO que se sienta en el banquillo de los acusados, por su jubilación. El exministro se empeña en negar la grabación del encuentro con Villarejo en el que planean la operación Cataluña y Fernández Díaz dice: “Negaré bajo tortura esta reunión”. La grabación fue realizada en 2012.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha publicado este jueves una columna de opinión en La Razón sobre la “situación inaudita” del caso Leire Díaz justo el mismo día que declara en la Audiencia Nacional por la operación Kitchen. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el político 15 años de prisión como máximo responsable del espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados.

A pesar de su situación procesal, Fernández Díaz ha sacado tiempo para, como hace habitualmente de forma diaria, comentar la actualidad este jueves en La Razón. “Los acontecimientos que se producen en la política nacional quedan opacados por los que suceden al día siguiente de tener conocimiento de los mismos”, asegura en su columna de opinión.

Según describe el exministro, “ver a la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, accediendo, por orden judicial, a la misma sede de la Dirección General de la propia Benemérita en el marco de la investigación que lleva a cabo por el denominado caso Leire, resulta absolutamente inaudito”. Cabe recordar que la tesis del juez de la Audiencia Nacional, es que Fernández Díaz ideó la operación Kitchen, una especie de policía patriótica pagada con fondos públicos reservados, para destruir pruebas de la caja b del PP y pretendía robar las pruebas que el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, pudiera esconder de la financiación irregular de la formación durante más de veinte años. 

El exministro también destaca en su columna, que “esa noticia” quedó opacada por “la irrupción en la misma sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid por agentes de la misma unidad, también por orden judicial, para investigar cuestiones vinculadas a dicho asunto”.

“Mientras, Sánchez comparecía en Roma tras su audiencia con León XIV para informar de su agenda internacional. Haciendo coincidir su visita a la FAO y al Vaticano con su preceptiva obligación de comparecer en el Congreso en la sesión de control, para informar no de su agenda mundial, sino de la suya nacional y judicializada”, continúa Fernández Díaz que también califica esta situación de “inaudita” al tiempo que destaca que los socios y aliados parlamentarios del Ejecutivo mantienen “al sanchismo en el Gobierno” mientras “miran para otro lado”.

“Contrasta intensamente esta actitud con la que mantuvieron ahora hace 8 años con el gobierno del PP, promoviendo una moción de censura para acabar ”con la corrupción“, añade Fernández Díaz en su columna de opinión, obviando que entonces existía una sentencia en firma sobre el caso Gürtel.

Para Fernández Díaz, que Sánchez no convoque elecciones porque “no responde al interés general”. “Al parecer, el interés general de España es el interés de Bildu, Junts, ERC y el PNV, ya que todas y cada una de ellas tiene en su mano acabar rápidamente con esta inaudita y degradada situación”. Según el exministro, son “formaciones políticas que hasta ahora no parece que estén particularmente interesadas en trabajar para defender ese interés español”.

“A partir de ahora será necesario efectuar todas las reformas legales –y en su caso constitucionales– necesarias para impedir que en el futuro pueda reproducirse una situación como la actual”, asegura Fernández Díaz que también dice que está “okupando el Gobierno” una coalición “sin mayoría parlamentaria, sin poder legislar y sin Presupuestos”.

“Si a ello le añadimos la corrupción, queda retratado lo que es un gobierno progresista. Y lo que realmente son: el paradigma de la democracia y la libertad. Como es bien sabido”, concluye Fernández Díaz en La Razón pocas horas antes de declarar por la operación Kitchen después de que lo haga su número dos, Francisco Martínez, que ha negado que existiera y dice que solo hubo una “operación de inteligencia”.

La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los dos exdirigentes políticos del PP, acusados de malversación de caudales públicos, delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y encubrimiento.

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha negado este jueves que existiera la operación Kitchen ante el tribunal que juzga los hechos. Martínez ha afirmado que ese nombre responde a “una denominación de la prensa” y solo ha admitido conocer una investigación “de inteligencia” desarrollada la Policía para intentar descubrir el dinero que pudiera tener oculto Luis Bárcenas cuando entró en prision, quiénes podían ser sus testaferros y si había nuevos implicados. “Yo presumo que [los policias] actuaban dentro de sus funciones y dentro de la legalidad. No tenía ningún motivo para cuestionarlo”, ha afirmado.

Por otra parte, Martínez ha negado haber ordenado los delitos cometidos por el comisario Garcia Castaño y que este confesó en fase de instrucción. Conocido como 'El Gordo' en la Policía, García Castaño declaró que Martínez le había ordenado encontrar los discos duros que podría tener escondidos Bárcenas con información sobre la financiación ilegal del PP.

“Radicalmente, no”, ha dicho sobre esto Martínez. “Eso de los discos duros de Bárcenas es una espese de leyenda mediática que ha tenido mucho recorrido”, ha dicho. Más adelante, el ex número dos de Interior ha añadido que siempre ha pensado que la grabación de Bárcenas a Rajoy, supuestamente realizada en 2010 y en la que Rajoy aparecería hablando con naturalidad de la caja B del PP, nunca ha existido.

Martínez cumple el guión principal de las defensas ante las evidencias de los seguimientos a la familia Bárcenas y la captación como confidente del chófer de la familia. Esta línea de defensa pasa por admitir la operación pero atribuirla a un fin legal, contribuir a la investigación de los casos Gürtel y caja B. El investigador principal de esos casos, Manuel Morocho, que actuaba a las órdenes del juez Pablo Ruz, ha declarado durante el juicio que nunca fueron informados de esta supuesta “operación de inteligencia”.

Morocho además denunció años de acoso por sus superiores para entorpecer la investigación de la corrupción del PP. Esta mañana, Martínez ha dicho: “No lo ordené [el acoso] ni lo conocí, y permítame que exprese mis dudas de que eso fuese así. Lo que sí escuché es que había una relación a veces conflictiva del señor Morocho por parte de sus compañeros, no sé si es verdad o no, pero no ordené absolutamente nada respecto del señor Morocho”. 

El antiguo número dos del Ministerio del Interior ha negado que ordenara a García Castaño clonar los teléfonos de Bárcenas que habría entregado al policía el chófer. También ha negado que supiera algo del allanamiento de un local de Rosalía Iglesias por parte del 'Gordo' , que buscaba allí el pendrive con unas supuestas grabaciones que incriminarían a Rajoy con la caja B del PP.

En el capítulo de negaciones, Martínez se ha desvinculado igualmente de cualquier espionaje a Bárcenas en prisión o del ingreso del chófer a la Policía como pago por su colaboración. “No es posible amañar un proceso como ese”, ha dicho.

Francisco Martínez ha anunciado que solo contestará a las preguntas de su abogado y del tribunal, si las tuviera. Se ha negado, por tanto, a responder a la Fiscalía Anticorrupción, que pide 15 años de cárcel para él por malversación de fondos públicos y varios delitos de revelación de secretos, entre otros.

Respecto de la posible malversación, Martínez ha dicho que su única función con los fondos reservados era firmar partidas globales, y que su rúbrica debía ir acompañada por uno de los otros dos autorizados. En este sentido ha asegurado que los pagos a un colaborador de una operación concreta no es nunca del conocimiento del secretario de Estado de Seguridad aunque haya sido incluido en los documentos que firmaba. En la documentación aportada a la causa, los policías no incluyeron el término Kitchen o el nombre de Sergio Ríos.

Ni palabra de los mensajes que señalan al ministro

El secretario de Estado de Seguridad ha evidenciado el pacto de no agresión con el ministro Fernández Díaz, con el que mantuvo un fuerte enfrentamiento durante la instrucción. El abogado de Francisco Martínez no ha formulado una sola pregunta sobre los cuatro mensajes que señalan a Jorge Fernandez Díaz en el caso Kitchen y que motivaron que el ministro se siente en el banquillo de los acusados con una petición de 15 años de cárcel de Anticorrupción. 

La sintonía entre ambos acusados se había apreciado durante la sesiones anteriores. Entre ellos y también entre los abogados de ambos. Uno de esos mensajes es el primer rastro de Kitchen en la causa. Fue enviado el 13 de julio de 2013 y en él, Fernández informaba a Martínez del nombre del colaborador de la brigada política, el chófer de la familia. 

Martínez sí ha aludido a este hecho, pero ni siquiera ha mencionado que la comunicación del ministro fuera por mensaje o que este fuera uno de los que él aportó a dos notarios cuando intuía que iba a ser imputado. Simplemente ha dicho que el ministro le preguntó si sabía de algún infiltrado en entorno de la familia Bárcenas y que antes de que le contestara, Fernández Díaz le facilitó a él el nombre del chófer.

El exministro Jorge Fernández Díaz ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional, acusado de ser la X de la guerra sucia del PP. En su declaración, el expolítico del PP ha declarado que supo de la Operación Kitchen por la prensa dos años después, contradiciendo a su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Este ha comparecido antes que el exministro negando la existencia la Kitchen y reduciéndola a una “operación de inteligencia”.

Mientras tanto, continúan las citas judiciales que afectan al Partido Socialista: La Audiencia Provincial de Badajoz se convierte en el escenario del juicio al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por su contratación en la Diputación. Su abogado ha pedido la nulidad de la causa, defendiendo que la demanda está basada en “recortes de prensa y mentiras”

Además, las presuntas maniobras de Leire Díez para “desestabilizar” las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE vuelven a marcar la agenda en los tribunales después de que el pasado jueves se conociera el auto del juez Santiago Pedraz. En él, se atribuye por primera vez a Santos Cerdán el liderazgo del grupo encargado de influir en estas causas y apunta al propio partido como financiador de esas maniobras.

Las presuntas maniobras de Leire Díez para “desestabilizar” las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE vuelven a marcar la agenda en los tribunales después de que el pasado jueves se conociera el auto del juez Santiago Pedraz. En él, se atribuye por primera vez a Santos Cerdán el liderazgo del grupo encargado de influir en estas causas y apunta al propio partido como financiador de esas maniobras. La trama, que investiga la Audiencia Nacional, comenzó destapando los audios de la corrupción de Villarejo y terminó buscando corruptelas de la UCO, jueces o fiscales para torpedear los casos contra Ábalos, Cerdán y el hermano de Sánchez: puedes leer aquí las claves del caso.

Por su parte, el Partido Socialista se defiende asegurando que todo fue cosa de Santos Cerdán y Pedro Sánchez no sabía nada. “Eran unos flipados que se creían que luchaban contra las cloacas del Estado”, alegan desde el equipo del presidente.

La sesión de control en el Congreso de los Diputados estuvo marcada marcada por la presencia de la UCO en Ferraz, noticia que se conocía justo antes de que que los diputados se sentaran en sus escaños. Durante el pleno, con el ambiente ya caliente, se realizó un simulacro de incendios con el que los diputados del PP no dudaron en ironizar: “Señores del partido socialista, en unos minutos escucharán ustedes unas sirenas. No se inquieten. No es la Policía Nacional. No es la Guardia Civil. Son los bomberos”, advertía Miguel Tellado. Puedes leer aquí la crónica de la jornada parlamentaria.

Este jueves, continúan las citas judiciales que afectan al Gobierno: La Audiencia Provincial de Badajoz se convierte en el escenario del juicio al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por su contratación en la Diputación. Un total de 11 personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, se enfrentan desde este jueves a penas de cárcel e inhabilitación.

El Partido Popular también se enfrenta a otro jucio, el de la Kitchen. Hoy declara en la Audiencia Nacional el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, acusado de ser la X de la guerra sucia del PP. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él 15 años de prisión como máximo responsable del espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. 

El perito informatico Javier Rubio Alamillo ha declarado este jueves en el juicio de Kitchen que los mensajes de teléfono móvil que incriminan al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díez presentan “algún tipo de manipulación”. El perito elaboró un informe a propuesta de la defensa de Fernández Díaz sobre los mensajes que fueron aportados a dos notarios por Francisco Martínez y en los que se evidenciaría el conocimiento de la operación parapolicial por parte del entonces ministro.

Rubio Alamillo ha cuestinado que el notario Alberto Vela Navarro atribuyera a la aplicación de SMS mensajes distintos pese a que, entre ellos, “la morfología es distinta”. El perito ha asegurado que unos aparecen entre bocadillos y otros cuandos se asegura que se trataría de mensajes enviados desde la misma aplicación y de que el terminal desde el que se aportan es distinto. El perito ha señalado que el notario no pulsó la clave para que el móvil revelara el IMEI –el núero de identificación del terminal– y hacerlo constar.

“El notario no dice que los mensajes procedan del teléfono del señor Fernández Díaz. Dice que esos mensajes están en el telefono del señor Fernández Díaz y dice que en ese teléfono está el contacto del señor Fernández Díaz, pero no establece una causa efecto”, ha explicado Rubio Alamillo. El perito se refería a que los notarios, tal y como reconocieron ellos en sus declaraciones en el juicio, no constataron que detrás del contacto Fernández Díaz que aparecía en el teléfono de Francisco Martínez estuviera el verdadero teléfono del ex ministro y no de otra persona.

Javier Rubio Alamillo ha asegurado que el notario elimió los mensajes que eran objeto de su requerimiento. “Es importante porque, en. el caso de que haya una conversación, aunque no sabemos quién es el remitente, estaría descontextualizado. Hay muchos clients que me dicen que quieren hacer un informe pericial. les digo que la conversación de whatsapp tiene que ir completa, si no, está manipulada!, ha añadido.

Uno de los cuatro mensajes que incriminan a Fernández Díaz es también la primera constancia en el tiempo de la operación Kitchen. Fue enviado el 13 de julio de 2013 y en él, el ministro habría escrito: “Chofer. B:. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”. El número dos del ministro, Francisco Martínez, asegura que fue así como él tuvo conocimiento de la operación sobre la familia Bárcenas.

“Desde mi punto de vista técnico, con todas las cuestiones de distinta morfologia, el tema de la llamada [una de whatsapp que no consta]... bajo mi punto de vista hay unos elevados indicios de que hay algo que no cuadra, de que hay algún tipo de manipulación”, ha insistido el perito de la defensa, Javier Rubio Alamillo.

Las acusaciones han intentado poner en duda el carácter concluyente del trabajo del perito. Por ejemplo, introduciendo la posibilidad de que la “morfología” presentada de los mensajes respondieran a que fueran de una captura cortada. O preguntándole si él tuvo acceso al teléfono de Fernández Díaz. El perito ha reconocido que no porque su cliente le dijo que el terminal que utilizaba en 2013 había sido “reseteado”, sin que haya podido dar más explicaciones a qué se refería Fernández Díaz.

Los notarios Alberto Vela Navarro y Enrique Augusto Franch admitieron en sus declaraciones que se habían limitado a hacer constar que los mensajes que les mostró Francisco Martínez estaban en su teléfono y procedían de alguien que él identificaba como Jorge Fernández Díaz, sin que estuviera entre sus competencias acreditar que el ex ministro era realmente quien los envió.

El ministro pide declarar después de su número dos

El abogado de Jorge Fernández Díaz ha solicitado este jueves al tribunal de Kitchen que cuando llegue el turno de las declaraciones de los acusados su defendido deponga después del que fue su número dos, Francisco Martínez. Alega el letrado Jesús Mandri que Fernández Díaz está en el banquillo exclusivamente por las acusaciones de Martínez y los mensajes que atribuye al ministro y que depositó ante notario. 

El letrado ha puesto como ejemplo el juicio contra José Luis Ábalos en el que Aldama declaró antes que el exministro. La defensa de Martínez no se ha opuesto pero ha corregido que su cliente no es “un confeso” como Aldama. La Fiscalía ha defendido que si Fernández Díaz quiere matizar algo tiene el turno de última palabra. El tribunal se pronunciará más adelante. El juicio se retomar el lunes con la reproducción de la prueba documental.

El catálogo de personajes del juicio Kitchen guarda un lugar destacado a Silverio Nieto, el sacerdote amigo de Jorge Fernández Díaz que hizo de correa de transmisión de las advertencias que se lanzaron algunos de los principales acusados antes de empezar a desfilar por el juzgado como imputados. Nieto, que fue marino, jueza, policía y luego cura, ha decidido restarse importancia y atribuir su conocimiento y participación de los hechos a su labor de pastoreo de almas, algunas tan zozobrantes en aquellos días como la del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

En realidad, Nieto ejercía una influencia sobre Fernández Díaz que antiguos miembros de ese departamento envidiaban. El pastor de almas, además, no es ajeno a los ambientes policiales. No solo porque fuera policía en el tardofranquismo y la transición. Como él mismo ha reconocido en su declaración como testigo, es amigo de uno los protagonistas de ese ecosistema, el comisario Enrique García Castaño, El Gordo.

El comisario García Castaño es incapaz de defenderse por las secuelas de un grave accidente cardiovascular y ha quedado fuera del banquillo. Pero antes de eso, confesó en el Congreso su participación en muchos de los episodios clave de la historia de la democracia, a un lado y otro de la ley. Cuando el Gordo fue preso un temblor sacudió la Policía. Los agentes de Asuntos Internos lo encontraron ese día en compañía del padre Silverio.

En enero de 2020, el antiguo número dos del Ministerio anticipaba su imputación. El comisario García Castaño había confesado actuaciones ilegales en Kitchen y había dicho en el juzgado que fueron órdenes del director adjunto operativo, Eugenio Pino, y del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Este sabe a quién tiene que dirigirse para lanzar un mensaje al Gordo. Escribe al cura Silverio y le advierte de que las actas sobre los mensajes del ministro que guarda en su poder provocarán su imputación y probablemente la de Rajoy. Nieto reenvía el mensaje a García Castaño y al propio ministro.

Lo hizo, según ha dicho este martes, porque los autores y receptores del mensaje “lo estaban pasando muy mal humanamente”. “Y yo me preocupaba”, ha añadido. “La vinculación [entre los protagonistas] estaba en todos los medios, la posible imputación de Francisco Martínez... y me pareció que podía ser interesante que él supiera lo que iba a hacer [Martínez]. Si no se lo mandé al señor Rajoy es porque no tenía el teléfono”, ha dicho el padre Silverio.

En el tono más desafiante al fiscal de cuantos se han producido hasta ahora, Nieto ha advertido: “Esto era importante para ustedes. Para mí no lo era”. Durante su testimonio se intuía que el fiscal César de Rivas no quedaba convencido. “Es un mensaje más aunque usted pueda pensar otra cosa”, ha soltado el cura. Menos aún convencidos quedaron sus compañeros Miguel Serrano e Ignacio Stampa cuando tomaron declaración a Nieto en fase de instrucción a finales de 2020.

Silverio Nieto tampoco convenció a los portavoces de la comisión de investigación del Congreso. El de Ciudadanos en aquel momento, Edmundo Val, le espetó que si él hubiera recibido ese mensaje, en lugar de reenviárselo a sus amigos García Castaño y Fernández Díaz, se hubiera plantado “en cinco minutos” ante un juez por los indicios de delito que alberga.

Nieto tuvo influencia en el Ministerio del Interior desde el mismo momento en que fue nombrado al frente Jorge Fernández Díaz. El primer secretario de Estado que tuvo, Ignacio Ulloa, fue designado por la influencia del cura Nieto, según fuentes conocedoras de aquel nombramiento. Se da la circunstancia de que el padre Nieto conocía al que fue su sucesor, Francisco Martínez, desde los tiempos de este en la elitista universidad de Comillas.

Amigo del Gordo

El cura ha contado en la Audiencia Nacional que conoció a Fernández Díaz por el interés del político en conocer a los líderes de otras religiones asentadas en España cuyos líderes mundiales visitaban el país. El sacerdote integraba la comisión asesora de las Minorías Religiosa: protestantes, judíos, budistas, musulmanes... Un ámbito de trabajo habitual para los servicios de Información en España. Y ahí, el número uno era el Gordo, al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, encargada, entre otros cometidos, de la captación de fuentes en terreno antiterrorista.

Durante su testimonio en el juicio, Silverio Nieto ha negado estar al tanto de cuestiones policiales. “Vuelvo a decirle que en el año 83 dejé la Policía”, ha contestado, quejoso, a uno de los abogados. El 4 de octubre de 2017, ya relevados de sus cargos Fernández Díaz y Martínez, el pastor de almas escribe a este último: “No es fácil hacerlo tan mal… se añora al Equipo anterior y sería imprescindible recuperar a EGCastaño. Es el único que tiene los contactos con los servicios inteligencias (sic) extranjeros y conoce internamente los Mossos”, escribe. Han pasado tres días del referéndum del 1 de octubre. El pastor de almas tiene un plan para combatir policialmente el soberanismo.

Luis Bárcenas dedicó este lunes los pasajes más relevantes de sus seis horas de declaración en señalar al elefante en la 'cocina' de Kitchen, Mariano Rajoy. La tesis que juzga el tribunal imputa al ministro del Interior de aquel Ejecutivo, Jorge Fernández Díaz, la máxima responsabilidad del operativo para robar pruebas incriminatorias del PP. Pero a la sospecha de que Fernández Díaz no podía estar en la cúpula de una maniobra así, ni dejar informar de ella a su amigo el presidente, se suma ahora la acusación de Bárcenas. Según el extesorero, Rajoy aparece en una grabación tratando el asunto de la caja B del PP. Con su acusación, Bárcenas convierte a Rajoy en el máximo interesado en que la operación Kitchen lograra su objetivo. 

El extesorero del PP se sentó este lunes por primera vez ante un tribunal de la Audiencia Nacional como víctima y no en calidad de acusado. Su testimonio no tuvo el peso que el de las víctimas en otros casos: Bárcenas estaba en la cárcel cuando su familia fue espiada y le robaron la documentación. Además, nada podía aportar de lo que se tramó en las cúpulas del Ministerio del Interior y la Policía. 

Pero el caso Kitchen no existiría sin el caso de la caja B. Y de este, Bárcenas tiene mucho que decir. La operación parapolicial pretendía hacerse con las pruebas de la financiación irregular del PP que podría haber escondido Bárcenas al entrar en prisión en el verano de 2013. Entre esas pruebas habría una grabación de 2010 en la que Bárcenas y Rajoy abordarían el asunto de la caja B. 

Bárcenas explicó que en 2010, cuando ya había estallado el caso Gürtel y él estaba imputado, subió al despacho de Mariano Rajoy y le entregó “una fotocopia” con el saldo que quedaba de la caja B para su liquidación. “Ya no tenía sentido seguir”, afirmó. Según su relato, el presidente se mostró “extrañado” de que pudiera haber un rastro documental de los ingresos de dinero negro de los empresarios y el reparto en forma de sobresueldos y financiación de campañas. A continuación, Rajoy habría tomado el papel y, sin levantarse de su silla, se giró e introdujo el papel en una máquina trituradora. “Se oye en la grabación”, explicó el extesorero. 

Esta es la segunda ocasión en la que Rajoy aparece mencionado en el juicio de Kitchen. La declaración más importante hasta la fecha ha sido la del inspector jefe al frente de la investigación. Gonzalo Fraga explicó que el juez pidió a Asuntos Internos identificar a la persona que se escondería tras los alias de 'El Asturiano' y 'El Barbas', utilizados por Villarejo y los otros miembros de la brigada política en los audios incautados. La identificación de Mariano Rajoy “no ofrece dudas”, declaró el inspector jefe Fraga. Los protagonistas de Kitchen hablaban de enviar mensajes al presidente del Gobierno y del PP y daban por hecho su conocimiento del operativo. 

Aún quedan semanas para las declaraciones de los acusados. Uno de ellos, José Manuel Villarejo, motivó el tímido intento del juez García Castellón por ahondar en la presencia de Rajoy en la operación Kitchen. Ante la comisión del Congreso, Villarejo captó la atención asegurando que informaba puntualmente a Rajoy de los avances del operativo. A continuación, el juez le citó y el comisario le entregó un número de teléfono con el que habría contactado en varias ocasiones con Rajoy. 

Dio tiempo para averiguar que el teléfono, efectivamente, pertenecía al PP. Pero antes de que se lograra conocer a quien estaba asignado en el momento de los hechos, García Castellón cerró el caso. Quedó flotando la duda de si la afirmación de Villarejo tenía fundamento o era otro juego de prestidigitación del policía: una verdad, la existencia del número de teléfono y su uso por Rajoy, junto a una mentira, que él se hubiera escrito con el presidente alguna vez y no conservara los mensajes. 

Este lunes, Bárcenas se tuvo que defender de la andanada de las defensas cuestionando la existencia de la grabación. Pero hubo otra época en que la existencia del audio no era una tesis que procediera del extesorero. Los comisarios que protagonizaron la operación Kitchen estaban convencidos de su existencia, tal y como demuestran las grabaciones del caso Villarejo. Este lunes, Luis Bárcenas les dio la razón. Y no solo eso. Para el ex tesorero, la brigada política buscó la grabación, la encontró y la puso fuera del alcance del juez Pablo Ruz, que investigaba la caja B del PP. Este lunes Bárcenas confirmó que nadie más que él ha escuchado el supuesto audio. 

En el juicio, las acusaciones y defensas se las ingeniaron para sortear la censura del tribunal e introducir en sus preguntas la cuestión de la existencia de las pruebas presuntamente robadas. Aunque, como se encargó de recordar el fiscal, si los policías llegaron a robar o no esas supuestas pruebas, incluida la grabación de Rajoy, no es algo de lo que tengan que responder los acusados. Si se demuestra que cometieron delitos durante su búsqueda serán condenados igualmente. 

Los abogados más beligerantes con el tema fueron los de Fernández Díaz y Francisco Martínez. El primero cuestionó que Bárcenas guardara el pendrive con la grabación de Rajoy en el local de restauración de muebles de su esposa y que al salir de prisión tardara dos meses en ir a comprobar que seguía allí. El letrado de Martínez insistió en la declaración de 2021 en que Bárcenas cambió de versión y negó haber grabado a Rajoy. El tesorero contestó que aún tenía esperanzas de un acuerdo con el PP que garantizase que su mujer no iba a entrar en prisión y que su estrategia de defensa en papeles de Bárcenas pasaba por no admitir esa grabación.

Contra la declaración de Rajoy

La declaración de Bárcenas este lunes choca frontalmente con el testimonio de Mariano Rajoy en el caso de la caja B. Allí, el expresidente dijo que en 40 años de militancia nunca había escuchado a alguien del PP hablar de la “caja B”. “Es metafísicamente imposible”, añadió, en referencia a que Bárcenas le hubiera entregado la última página de la contabilidad del dinero negro. Mariano Rajoy siempre ha negado que el “M. Rajoy” de los papeles de Bárcenas tenga alguna credibilidad y, por tanto, rechaza haber cobrado sobresueldos. 

De la declaración de Bárcenas este lunes llamó la atención un silencio. En ningún momento pronunció el nombre de su máxima enemiga en el partido, María Dolores de Cospedal. La secretaria general en tiempos de la Kitchen llegó a estar imputada por el cúmulo de indicios en su contra que aparecen en las agendas de Villarejo, las grabaciones del comisario y el teléfono de Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad. Pero el cierre abrupto de la instrucción por parte del juez Manuel García Castellón incluyó el archivo de la causa para Cospedal. 

Solo de pasada, Bárcenas señaló a la dirección del PP en la época para situarla en la cúpula de la operación Kitchen. El tesorero situó el inicio del operativo en la decisión del partido de destruir los discos duros que había dejado en la sede de Génova “dos días después” de su declaración ante el juez Ruz confesando la financiación irregular del partido. Está previsto que tanto Mariano Rajoy como María Dolores de Cospedal declararán como testigos antes de que acabe la semana. 

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha confirmado en el juicio del caso Kitchen que encargó desde la cárcel “destruir los audios” en los que Mariano Rajoy habla supuestamente de la caja B del Partido Popular. A preguntas del fiscal, Bárcenas ha declarado que conoció en la prisión de Soto del Real a un recluso que presumía de tener conocimientos informáticos, por lo que el extesorero le pagó por destruir los audios y otra documentación que guardaba “en la nube” aprovechando un permiso penitenciario que tendría Isidro Sánchez, que así se llamaba el recluso.

Bárcenas ha reconocido como suya una nota incautada a Sánchez en la cárcel. “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso…”, decía la nota que se ha exhibido este lunes. Luis Bárcenas ha dicho que se trata de su letra, pero que alguien la ha modificado.

El fiscal no le ha preguntado por qué la persona a la que se dirige se llama Alex y no Isidro, nombre de su compañero recluso. A preguntas de la defensa del exministro Jorge Fernández Díaz, Bárcenas ha explicado que “le llamaban Alex”. Sánchez habría cobrado 4.000 o 4.500 euros, según el extesorero. El dinero se lo había entregado el chófer de la familia, el acusado Sergio Ríos.

Más adelante, a preguntas de su abogada, Bárcenas ha precisado que se trataba de tres audios. En uno de ellos aparecía él dando explicaciones sobre “la contabilidad extracontable del partido y como funcionaba”, en referencia a la caja B; en otra una conversación breve con Mariano Rajoy; y otra, algo más extensa, con el que era su “buen amigo”, el señor Arenas.

En el turno para la acusación popular de Podemos, Bárcenas ha ahondado en el contenido de esos audios. En el que aparece Rajoy, Bárcenas acude a ver al presidente del PP en su despacho después de haberse reunido con Arenas. En el encuentro le entrega “una fotocopia” sobre el saldo existente en la caja B del partido y solicita instrucciones. Rajoy, según ha contado, se “extraña mucho” de que la financiación irregular esté por escrito y el tesorero le explica que su antecesor, Álvaro Lapuerta, y él necesitaban anotar las entradas y salidas en alguna parte. En el audio se escucharía cómo Rajoy se gira en su silla y destruye los papeles en una trituradora, según ha contado Bárcenas.

Luis Bárcenas ha dicho que esas grabaciones estaban en un pendrive, junto a la documentación sacada de Génova, en el local de restauración de su mujer, y que también se alojaban “en la nube”, de donde ordenó a otro preso que las destruyera. Bárcenas ha dado por hecho que el pendrive es parte del material que le habría robado la brigada política.

Las defensas han tratado de poner en duda la solidez del testimonio de Bárcenas en todo lo relacionado con estas grabaciones poniendo de manifiesto las contradicciones de los diferentes interrogatorios a los que se ha visto sometido desde 2013. Este lunes, el extesorero ha afirmado que esos supuestos audios no los ha escuchado nadie más que él, aunque durante la fase de instrucción sí dijo que los habían escuchado otras personas.

Entre ellos, la periodista Marisa Gallero, que en enero de 2016 publicó en el El Mundo un artículo titulado 'Bárcenas acusa: Tengo grabado a Rajoy recibiendo un sobre'. Según Bárcenas, ese pendrive con las grabaciones es parte del material que le sustrajo la brigada política mientras estaba en prisión en el marco de la Operación Kitchen. “¿No le comenta [a la periodista] que le han robado ese audio?”, le ha preguntado el abogado del exministro. “No me suena el artículo, no sé”, ha respondido Bárcenas.

“¿Con qué nos quedamos?”, ha llegado a preguntar la presidenta del tribunal, Teresa Palacios. Bárcenas ha respondido que estaba en momentos distintos, que no es lo mismo ser testigo que investigado y que esas respuestas eran parte de su estrategia de defensa. 

La defensa del ex número dos de Interior, Francisco Martínez, también ha cuestionado los cambios de versión de Bárcenas sobre la mera existencia de las grabaciones, dado que en declaraciones de los años 2018 y 2019 negó que él hubiera grabado a nadie. Bárcenas ha explicado que en ese momento estaba en “situación de entendimiento” con el PP y ha reconocido que la relación con el partido se rompió “definitivamente” en 2021, tras la entrada en prisión de su mujer, Rosalía Iglesias.

A la pregunta de si el recluso cumplió con las instrucciones de destrucción de los archivos “en la nube”, Bárcenas ha dicho que no lo sabe porque nunca más le vio, pero que cuando salió de la cárcel el material que debía borrar ya no estaba. El extesorero ha recordado que Sánchez fue detenido a la mañana siguiente de salir de permiso, que no pudo completarlo y que fue devuelto directamente a Soto del Real desde los juzgados de Plaza de Castilla. Bárcenas ha atribuido a Instituciones Penitenciarias la decisión de alejar a Sánchez de él dentro de la cárcel y ha contado cómo un tiempo después fue trasladado a otra prisión.

Isidro Sánchez declaró el pasado jueves que la nota no le fue incautada a él, que cobró 5.000 euros a través de una tercera persona y que le denunció por quedarse con el dinero de Bárcenas. Sánchez dijo que no le dio tiempo a cumplir con el encargo por la extraña detención por una requisitoria de la que nunca más se supo.

Implica en la Kitchen a la cúpula del PP

Bárcenas ha implicado al Partido Popular, concretamente a su dirección, en la operación Kitchen. La Fiscalía Anticorrupción llegó a acusar al juez Manuel García Castellón de dibujar “una línea roja” en la instrucción con la que hizo imposible ahondar en esa línea de la investigación. El ex tesorero ha relacionado con la operación Kitchen que “dos días después” de declarar él en la Audiencia Nacional sobre la existencia de la caja B, el PP decidió destruir sus ordenadores. María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, llegó a estar imputada, pero García Castellón archivo la causa contra ella en el auto que sirvió para cerrar la instrucción.

También ha recuperado otro episodio, del que ya habló en el juicio de la caja B, las visitas de Javier Iglesias, un abogado al que la brigada política considera su nexo con Mariano Rajoy, pese a que uno y otro niegan que apenas se conozcan. Iglesias se reunió con Bárcenas antes de entrar en prisión y fue a visitarle también cuando estaba allí de forma provisional. En total fueron tres encuentros y el abogado hablaba, según Bárcenas, “en nombre de quienes entonces dirigían el Partido Popular”.

En febrero de 2013, también antes de que el extesorero entre en la cárcel, Iglesias le había pedido que cambiara “los conceptos y cantidades” de los papeles sobre la financiación irregular, que ya había publicado El País, o su mujer entraría en prisión. Se trataba, según ansiaba el PP, de “crear la incertidumbre de cuáles son falsos o ciertos o si todos son una falsificación”, ha dicho Bárcenas. “[Javier Iglesias] me ofrece pagarme 500.000 euros” que aportarían “empresarios afines” al partido y solucionar así el contencioso del despido que mantenía con el PP. Bárcenas se negó.

En Semana Santa, Bárcenas envió su último mensaje a Rajoy, con un tono muy duro. Fue el Miércoles Santo. Al día siguiente, por la mañana, Javier Iglesias contacta con él para decirle: “Se te ha ido un poco el tema. Tenemos que vernos”. Es la prueba de que el abogado Iglesias, 'El Largo', es un interlocutor directo con Rajoy, según ha defendido Bárcenas.

Al ingresar en la cárcel, Iglesias acudió a visitarle y le amenazó con que si tiraba de la manta su esposa, Rosalía Iglesias, también entraría en prisión, ha relatado a preguntas de la abogada del PSOE. El encuentro tuvo todas las facilidades con las que no contaba el abogado de Bárcenas para reunirse con él. Se celebró en una sala habilitada para ello. Esta circunstancia y el hecho de que hablara en nombre de Rajoy demuestra, según Bárcenas, que al abogado lo enviaba el PP y la “implicación” del Ministerio del Interior, de la que depende Instituciones Penitenciarias.

Durante el interrogatorio del fiscal, el extesorero del PP ha afirmado que Ignacio Peláez exfiscal que defendía a varios investigados del caso Gürtel, lo visitó un día en la cárcel en 2013 y le dijo que había la posibilidad de desmontar el caso. “Me dijo que las grabaciones de Peñas [el exconcejal del PP que denunció el caso] están manipuladas y que algunos policías lo pueden acreditar y eso cambiaría el discurrir del procedimiento que estaba pendiente de enjuiciamiento”.

Según Bárcenas, Peláez, ya fallecido, le dijo que uno de esos policías era José Manuel Villarejo y que le pidió una cantidad de “no menos de seis millones ni más de 12”. “Yo le dije que si era así, si el procedimiento estaba viciado que contase conmigo para la parte alícuota que correspondiere porque tenía el máximo interés en este tema”, ha detallado. No obstante, la operación no salió adelante. 

La Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar esta semana el caso Kitchen, uno de los tres episodios de la última guerra sucia en España. Con la excusa del desafío soberanista, el Ministerio del Interior activó en 2012 a un grupo de mandos policiales dispuestos a combatir a los enemigos del PP —de España, se justificaban ellos— orillando los tribunales de justicia. Alumbraron dosieres con informaciones erróneas, cuando no pretendidamente falsas, sobre los líderes del procés, que luego filtraban a medios de comunicación de la derecha, coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.

En 2014 irrumpió en el panorama político Podemos y esos mismos mandos policiales, con los mismos políticos al frente, repitieron el 'modus operandi' de la Operación Cataluña ahora contra la formación emergente. Cuando en 2016 se vislumbró la posibilidad de que alcanzara el Gobierno, la ofensiva arreció contra el primer partido que alcanzaba ese vigor electoral a la izquierda del PSOE desde que se restauró la democracia. Jerarcas venezolanos a los que perseguía la justicia de su país y la estadounidense, españoles condenados por estafa, fotocopias dudosas, extractos bancarios fabricados... Todo valía para evitar que “los comunistas” llegaran al poder.

En este contexto, salvar a “los suyos” no supondría un obstáculo. Algunos de esos mandos policiales por convicción ideológica, otros por arribismo, los más por ambos motivos, se prestaron a sabotear la investigación judicial de la caja B del PP, que amenazaba la pervivencia de Mariano Rajoy en el Gobierno. Y con el engranaje de la guerra sucia en marcha, los policías se dedicaron a hacer lo contrario de lo que la Ley y su función pública les tenía reservado: en lugar de perseguir el delito se dedicaron a borrar las pruebas.

Los indicios recogidos en el caso Villarejo apuntan a que en el banquillo de la Kitchen faltan piezas fundamentales en el engranaje de esa guerra sucia. La principal ausencia es la de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Tampoco comparece el comisario Enrique García Castaño, 'El Gordo', quien sufrió un ictus que le incapacita para ser juzgado.

José Manuel Villarejo no aparece en la foto pese a que la mayor petición de condena de la Fiscalía, 19 años, es para él. En activo, el comisario jubilado hizo de la toga de abogado otra de sus herramientas para extorsionar. Ahora hace uso de la prerrogativa de sentarse en estrados junto a su abogado y no con el resto de acusados.

Jorge Fernández Díaz

Francisco Martínez

Eugenio Pino

José Manuel Villarejo

Enrique García Castaño, 'El Gordo'

José Luis Olivera

José Ángel Fuentes Gago

Andrés Gómez Gordo

Marcelino Martín-Blas

Bonifacio Díez Sevillano

Sergio Ríos Esgueva

Antiguo miembro de la seguridad del PP en la sede de Génova y conductor de Francisco Granados, ni siquiera era policía cuando arrancó la Operación Cataluña. Su participación se ciñe a colaborar con la brigada política robando información de los Bárcenas e informando de los movimientos de la familia cuando el tesorero entró en la cárcel. Cobró más de 50.000 euros de los fondos reservados y la promesa de ingresar en la Policía. Hoy está suspendido de funciones. 

José Barrionuevo, Rodrigo Rato, Jaume Matas, Eduardo Zaplana... La lista de exministros en el banquillo de los acusados no es tan larga y en una misma semana se han sumado de golpe dos nombres más: José Luis Ábalos y Jorge Fernández Díaz. La política es también la agenda informativa: el espacio en las portadas de los periódicos es un bien escaso, los minutos de la televisión también. Y la Justicia ha decidido, casualmente, que ambos juicios se celebren a la vez. 

Para sorpresa de nadie, esta oportuna coincidencia está sirviendo para que el esperado caso Kitchen pase en muchos medios a segunda división. ¿A quién le importa el uso de los fondos reservados para destruir pruebas de corrupción cuando tienes a Jessica enchufada en un puesto de trabajo al que nunca fue? 

Esta coincidencia cósmica, dos exministros en el banquillo a la vez, fue decidida por el Tribunal Supremo. Por la Sala de lo Penal. El juicio de la Kitchen, en la Audiencia Nacional, ya estaba en agenda cuando se fijó la misma fecha para Ábalos. Pero los parecidos se acaban con la semana en la que arrancan los juicios. El resto del proceso penal de ambos exministros no ha sido igual.

El caso mascarillas –por el que Ábalos está siendo juzgado– comenzó a investigarse en 2022 sobre unos hechos ocurridos en 2020. La Kitchen, en 2018, por algo que pasó en 2013. Hay cuatro años de diferencia en la instrucción. Siete años de distancia, si contamos desde que se cometió el presunto delito.

Ábalos es un apestado, con razón. Nadie de su partido le defiende. Fue expulsado del PSOE meses antes de que fuera siquiera imputado, cuando estalló el caso Koldo. Fernández Díaz, mientras tanto, sigue publicando todas las semanas artículos en la prensa de derechas. Pontificando sobre la corrupción de los demás. 

Ábalos duerme cada noche en la cárcel. Es prisión preventiva, aunque aún no hay sentencia, supuestamente por el riesgo de fuga ante las elevadas penas a las que se enfrenta. Jorge Fernández Díaz duerme en su casa. Aunque las acusaciones contra él son también muy graves, la Justicia aquí no ve riesgo de fuga.

Incluso si Jorge Fernández Díaz es condenado, es posible que siga durmiendo en su casa, como ocurre con Eduardo Zaplana. Salvo que la condena fuera muy alta, no entraría en prisión hasta que la sentencia sea firme en el Supremo. Para eso, aún quedan unos años.

Si Ábalos es condenado –cosa probable– seguirá durmiendo en prisión. Su sentencia sí sería firme, al ser del Supremo. Y no tendría siquiera un calendario claro de cuándo podría salir. Aún tiene pendiente otra causa penal en la Audiencia Nacional, junto a Santos Cerdán. Hasta que no haya sentencia firme de ese segundo juicio –si es condenado– tampoco podrá consolidar penas.

Hay una justicia rápida. Hay otra muy lenta. La diferencia de velocidad en teoría responde al juzgado que instruye cada caso. La Audiencia Nacional está colapsada. El Tribunal Supremo apenas celebra juicios: solo los de los aforados o de aquellas excepciones que le vienen mejor, como ocurrió con el Procés, que debería haberse juzgado en el TSJ catalán. Por eso la Kitchen fue lentísima en la Audiencia Nacional y lo de Ábalos, o lo del fiscal general, ha sido a toda velocidad.

Pero esta explicación es incompleta para entender el ritmo electrizante con el que Ábalos ha sido encarcelado, está siendo juzgado y probablemente será condenado. Este juicio es anómalo porque es un proceso contra la persona, y no contra los delitos.

A Ábalos se le acusa en este juicio de haber cobrado comisiones por la adjudicación de un contrato de mascarillas durante la pandemia. Pero el empresario que vendió esas mascarillas no está en el banquillo de los acusados en el Supremo.

También se le acusa de haber enchufado en dos empresas públicas a una de sus parejas, Jessica Rodríguez. Pero los directivos de esas empresas que colaboraron con el enchufe y permitieron que Jessica no fuera siquiera a trabajar tampoco están entre los acusados en este juicio.

A Ábalos también se le juzga por disfrutar durante el verano de un chalet gratis en la costa a cambio de otro favor político que prometió a una empresa de hidrocarburos. Pero la empresaria que pagó ese chalet tampoco está en el banquillo. Ni tampoco el empresario de hidrocarburos que supuestamente lo sobornó.

La mayor parte de estas personas que colaboraron, indujeron o participaron en los presuntos delitos de Ábalos están imputadas. Acusadas judicialmente por estos hechos. Pero no en el Supremo, sino en la Audiencia Nacional. Han sido convocados a este juicio, pero solo como testigos, no como imputados: con obligación de decir verdad. Aún queda mucho para que sean juzgadas. Cuando puedan defenderse, ya dará igual, porque para entonces ya habrá una sentencia en firme del Tribunal Supremo sobre estos mismos hechos. 

Hay también una curiosa excepción: el caso de Jessica Rodríguez. No está imputada en ningún sitio, ni el Supremo ni en la Audiencia Nacional. Por mucho que pregunto a mis fuentes jurídicas, nadie me sabe explicar por qué ella no está siquiera acusada, pero el hermano de Pedro Sánchez será juzgado. Y eso que David Sánchez sí iba a trabajar. 

Volvamos a Ábalos. En teoría, un mismo delito no se puede juzgar dos veces. En teoría, los acusados tienen derecho a defenderse. En teoría, las piezas separadas en los juzgados se trocean en función de los presuntos delitos, no según las personas que participan en ellos. Pero con este caso, el imaginativo Tribunal Supremo ha inaugurado una nueva forma de juzgar. 

Como Ábalos era diputado, la competencia en la instrucción era del Tribunal Supremo. Cuando la Audiencia Nacional –que empezó la investigación del caso Koldo– pidió la imputación del ministro, lo lógico habría sido que todos los demás implicados hubieran pasado al Tribunal Supremo junto a él. Es lo que se hizo, por ejemplo, cuando el Supremo asumió la investigación de toda la causa de los GAL porque José Barrionuevo era aforado. Toda aquella investigación pasó al Supremo, Amedo no siguió en la Audiencia Nacional.

En vez de eso, en esta ocasión, se partió la instrucción de una forma absolutamente artificial: Ábalos, Koldo y Aldama, al Supremo. Y el resto de la tropa se quedó en la Audiencia Nacional. 

¿Pueden dos tribunales distintos investigar y juzgar unos mismos delitos? En España parece que sí. 

Si el Supremo se hubiera quedado con toda la causa en aquel momento –habría sido lo razonable–, es dudoso que hubiera podido ir tan deprisa. Con los GAL tardaron tres años desde que asumieron la instrucción. Cuando hay muchos acusados, los tiempos de la Justicia se suelen alargar. 

El día en que Ábalos renunció a su escaño –el 28 de enero de 2026– este juicio aún no tenía fecha. El Supremo podría haberlo mandado de vuelta a la Audiencia Nacional y acabar con esta absurda división. Ninguna ley se lo impide, solo un acuerdo en el pleno que se puede cambiar. Pero claro, enviar el caso a este juzgado colapsado no habría permitido condenar a un exministro de Pedro Sánchez antes de que llegue el verano, como probablemente ocurrirá. Las prisas son políticas.

Las anomalías en este caso de corrupción –porque es corrupción, a pesar de estas extrañas maniobras judiciales– no se acaban aquí. Te recomiendo este artículo del abogado Carlos López-Keller que explica muy bien esta absurda división y otros desatinos más. Una de sus metáforas sobre el juicio es muy potente: “Como el plato es escaso, lo llenan de guarnición”. Se supone que este juicio va de las mordidas por los contratos de mascarillas durante la pandemia. Pero en lo que llevamos de juicio, el enchufe de Jessica Rodríguez (una malversación de 44.000 euros) parece ser la gran prioridad. El dinero de las supuestas comisiones, por ahora, parece más difuso.

La exuberante instrucción del Supremo contrasta con la otra pista de este doble circo: el caso Kitchen. 

De aquella investigación se ocupó Manuel García Castellón. Es ese juez que recomendaba Ignacio González, en conversación con Eduardo Zaplana, cuando pedía mandar al magistrado que ocupaba su plaza en la Audiencia Nacional “a tomar por culo a Onteniente”.

Es el mismo juez que, tal y como pronosticaba González, pidió volver a su plaza en la Audiencia Nacional: a cobrar menos y trabajar más. 

Es el mismo que acusó de terrorismo a Carles Puigdemont con la coartada de un turista francés que había fallecido de un infarto durante las protestas independentistas en el aeropuerto de El Prat. El mismo que tuvo que cerrar abruptamente aquella investigación porque metió la pata con los plazos. 

En la Kitchen, García Castellón tampoco decepcionó. Fue el responsable de que Mariano Rajoy ni siquiera fuera llamado a declarar como testigo, como pedía la Fiscalía Anticorrupción. Y había argumentos más que de sobra para ello: Rajoy no solo era el jefe directo de Fernández Díaz, sino también el principal beneficiario de que la Kitchen destruyera esas pruebas de corrupción que guardaba Luis Bárcenas. Unas supuestas grabaciones que le afectaban directamente a él, y también al partido del que era presidente.

García Castellón también fue quien salvó de este juicio a María Dolores de Cospedal, de nuevo en contra del criterio de la Fiscalía, a pesar de esos audios donde la entonces número dos del PP hablaba con Villarejo de “la libretita de Bárcenas”.

El caso Kitchen llega a juicio, trece años después. Pero aún quedan por investigar judicialmente muchos otros de los presuntos delitos que cometió esa policía política que anidaba en ese Ministerio del Interior. La Operación Catalunya, contra los independentistas. La guerra sucia contra Podemos y todos los rivales políticos del PP. Todo eso aún sigue impune. Es muy probable que nunca se llegue a juzgar.

Porque la Justicia es igual para todos y los niños vienen de París. Más concretamente, de la Plaza de París, en Madrid, donde tiene su sede el Tribunal Supremo español.

P.D. En elDiario.es hemos producido dos documentales cortos sobre cada uno de estos juicios. El primero: Caso Ábalos, la tríada de la corrupción. El segundo: Juicio final a la guerra sucia del PP. Te recomiendo que los veas: son muy buenos y ayudan a comprender lo que pasó. 

Y el lunes, estrenamos otro documental más: Las tres guerras sucias del PP. Espero que te gusten.

Con lo que nos gusta el cine de juicios, y van los tribunales y deciden contraprogramarse haciendo coincidir dos de los juicios más esperados: la “Kitchen” de cuando el gobierno del PP, en la Audiencia Nacional; y el “Caso Mascarillas” del actual gobierno de coalición, en el Supremo. No hay semanas en el año, que nos los tienen que poner los mismos días y a las mismas horas, obligándonos a hacer zapping en sus retransmisiones simultáneas, si no queremos perder detalle de dos procesos con tanta chicha.

La Audiencia Nacional se ha tomado su tiempo -la investigación comenzó hace ocho años-, y el Supremo en cambio se ha dado una prisa poco habitual en causas políticas. Resultado: dos juicios en paralelo, los dos con causas de gran escándalo social (trama policial para tapar delitos en uno, mordidas por material sanitario en pandemia en el otro), acusados de renombre (el ex ministro Fernández Díaz aquí, el ex ministro Ábalos allí), testigos de relumbrón (Rajoy, Cospedal o el cantante de Taburete en la Audiencia Nacional; la presidenta del Congreso, un ministro y varios altos funcionarios en el Supremo), y episodios chuscos (el falso cura con pistola por acá, la novia que cobraba sin trabajar por allá, el siniestro comisario Villarejo...).

Dos juicios que además rivalizan en repercusión política y mediática: como Kitchen hace daño al PP, y Mascarillas hace papilla al PSOE, tanto gobierno y oposición como los medios, tertulianos y ciudadanía en general, podemos compararlos en tiempo real y dar más importancia a uno u otro según nuestras simpatías. ¿Es más grave Kitchen o Mascarillas? ¿Es peor usar el ministerio de Interior para tapar la corrupción de un partido, o montar una trama corrupta para forrarse en plena pandemia? ¿Debería estar en el banquillo Rajoy, tendría que dimitir Sánchez? ¿Qué partido reaccionó con más ejemplaridad en cada caso?

Se ve bien en la prensa estos días: en algunos medios -como este donde escribo- hay seguimiento en portada de los dos casos, pero otros han decidido dar todo el protagonismo a uno, y te obligan a hacer un rato de scroll para encontrar una pequeña mención al otro caso. Mira tú por dónde, la coincidencia de juicios servirá para confirmar de qué pie cojea cada medio. Yo mismo he escogido uno y no otro para la foto que acompaña mi artículo. En cuanto a los dos principales partidos, el revoltijo les sirve para compensar un poco los sinsabores propios: ambos coinciden en mostrar respeto a los jueces y lamentar la corrupción, pero un poco peor la del adversario.

Si estos días tenemos que hacer zapping para seguir los juicios paralelos, espérate a que en los próximos días se añadan nuevas sesiones de la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde el PP traerá nuevas comparecencias de alto morbo (la mujer de Cerdán, por ejemplo); y la recién creada comisión por el accidente de Adamuz, donde también el PP quiere hacer ruido convocando a, mira tú por dónde, los mismos Ábalos y Koldo que ya están en el banquillo. Cuando ambas comisiones coincidan a la misma hora que las sesiones de los dos juicios, más que zapping habrá que montar un carrusel deportivo para que los periodistas allí destacados nos canten cada gol. Socorro.

El tribunal de Kitchen resolvió este martes que la causa seguirá su curso sin retrotraerla a un punto donde María Dolores de Cospedal pudiera ser investigada. La magistrada Teresa Palacios explicó que la decisión sobre la imputación de Cospedal correspondería al juzgado de la Audiencia Nacional que instruyó el caso. Y como recordó, el juez Antonio Piña ha desestimado hace poco la pretensión que el PSOE reprodujo en la primera sesión del juicio. 

Hasta el 23 de abril, que comparecerá en el juicio como testigo, Cospedal seguirá flotando en la atmósfera de Kitchen. Hasta ahora, las corrientes del caso han arrastrado a la expolítica desde la situación de imputada (apenas dos meses), a la de una ciudadana que ejerció su “derecho de reunión” con el comisario Villarejo (García Castellón dixit). Y de ahí, a testigo, dentro de la lista de comparecientes que el mismo juez validó en su auto de apertura de juicio oral, hace más de dos años. Mientras tanto, allí abajo, en el procedimiento judicial, Jorge Fernández Díaz sigue sentado encima de la X de Kitchen, justo donde las acusaciones llevan años queriendo que aterrice la antigua secretaria general del PP. 

Para que eso termine ocurriendo, algo inesperado debe ocurrir en los próximos tres meses de juicio Kitchen. La investigación ha sido una lenta escalada en responsabilidades sobre quién ordenó montar un dispositivo de espionaje y robo de documentación a Luis Bárcenas con policías y dinero público. 

La participación de los comisarios fue conocida de inmediato. Los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano introdujeron en su solicitud de registro a Villarejo en 2017 que se les permitiera requisar toda la documentación relacionada con la existencia de una organización criminal, sin tener que ceñirse a lo que hubiera sobre el proyecto King, el encargo que centraba las pesquisas. Aquel pequeño gesto, nada inocente, desató una tormenta sin precedentes. Se lo llevaron todo: cuarenta años de ilegalidades, incluida la “Operación Kitchen”. 

En esa carpeta figuraba la propia implicación de Villarejo en el asunto del chófer de los Bárcenas. Y también la de Enrique García Castaño, 'El Gordo'. Este decidió que ese marrón no se lo iba a comer. A principios de 2019, confesó a los fiscales que el encargo del espionaje a Bárcenas partió del director operativo de la Policía y del secretario de Estado de Seguridad. Y el secretario de Estado de Seguridad, cuando se vio acorralado, afloró los mensajes que implicaban al ministro del Interior. Y cuando las grabaciones de Villarejo, las anotaciones en su agenda y los mensajes de Francisco Martínez atraían a Cospedal hacia la X del caso, el juez García Castellón congeló la imagen: dio el caso por investigado y propuso mandarlo a juicio. 

Después se conocerían más audios de Cospedal con Villarejo. El último de ellos lo reveló elDiario.es hace cuatro meses. En él, la secretaria general del PP se queja al comisario, en 2013, de que tiene acceso a los informes policiales sobre la caja B del PP solo un día antes que el juez. No tuvo consecuencias. El juez Piña, sustituto de García Castellón, no vio motivo para cambiar su situación. Y Cospedal siguió flotando en la atmósfera de Kitchen. 

De aquí a finales de junio se conocerá si alguien decide 'aterrizar' a Cospedal. Un acusado, quizá un testigo... Francisco Martínez amagó en las reflexiones que escribió en su móvil y en los mensajes que mandaba, pero luego se retractó. No hay noticias de que planee dinamitar el juicio.

Hubo una vez que un juicio albergó un terremoto. Paco Camps había escapado del caso de la financiación irregular del PP valenciano. Hasta que en la vista oral, en 2018, Ricardo Costa se plantó ante el tribunal y reconoció la entrada de dinero negro en el partido. Costa señaló a Camps como “máximo responsable” de aquella operativa. El juez De la Mata, que aún instruía el caso Gürtel, imputó al expresidente de la Generalitat una pieza que aún seguía abierta. Con el tiempo, Camps también se libraría de esa acusación. 

Un instante de 2021 concreta la indefinición de Cospedal en este caso. Ocurrió el 2 de junio de 2021. Ella entra en escena por la izquierda del espectador caminando por un pasillo del Congreso de los Diputados. Dobla una esquina y se topa con el vacío. Nadie la espera pese a que estaba convocada para declarar en la comisión de investigación del caso Kitchen. No sale de su asombro.

Esa mañana había trascendido su imputación, una decisión que García Castellón había tomado el día anterior, ocho meses después de que la Fiscalía Anticorrupción se lo pidiera. Nadie había llamado a Cospedal para avisarla de que su comparecencia quedaba suspendida. Y ella se quedó allí, flotando en la indefinición de un compareciente sin comisión.

Cospedal: ¿No hay reunión ni hay nadie aquí?

Periodista: Ha sido aplazada la comi… (sic).

Cospedal: ¿Cómo que ha sido aplazada?

Periodista: Nosotros nos hemos enterado por los grupos…

Cospedal: Pues me parece muy bien que ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y no me he enterado.