El actual jefe de gabinete del president Salvador Illa, Eduard Rivas, figura como investigado en una causa judicial por el presunto delito de malversación de dinero público alrededor de una fundación durante su etapa como alcalde de Esparraguera, en la provincia de Barcelona.

El juez de Martorell que instruye la causa, y que la ha declarado secreta, ordenó los arrestos de tres directivos de la entidad en cuestión para que declararan ante la polícia y también la incautación del teléfono móvil de Rivas, según ha desvelado El Periódico. 

La investigación apunta a presuntas irregularidades en la gestión económica de la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL), orientada a la inserción en el ámbito del trabajo de las personas con discapacidad y problemas de exclusión social. Con sede en Esparraguera, su patronato está integrado por el alcalde de dicha localidad y de otras de la zona como Collbató, Abrera, Olesa o Sant Esteve Sesrovires. 

Rivas fue alcalde de Esparraguera entre 2015 y 2024, cuando dejó el cargo para sumarse al equipo de Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat. Desde entonces es su jefe de gabinete. 

Tras conocerse la investigación, desde el Palau de la Generalitat han reafirmado su “plena confianza” en Rivas. Fuentes de Presidencia aseguran que “él es el primer interesado en que se aclare la investigación cuanto antes”. De hecho, el exedil se ha personado en la causa con su abogado defensor. 

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha insistido en el respaldo al alto cargo de Presidencia. “La actitud es de máxima colaboración” con el ámbito judicial, ha recalcado. Y ha añadido que espera que el resto de partidos con presencia en el Parlament respeten la presunción de inocencia. 

La investigación que afecta a Rivas, según detalla El Periódico, formaría parte de una pieza separada dentro del caso de presuntas irregularidades en la contratación de la fundación y que llevó a los Mossos d’Esquadra a personarse en el Ayuntamiento de Esparraguera el pasado enero en busca de documentación. Fue entonces cuando la policía incautó el teléfono de Rivas por orden judicial.

Entre la crítica y la presunción de inocencia

La oposición ha reaccionado a la investigación a Rivas con cierta cautela, aunque la mayoría de partidos han exigido a Illa que de más detalles sobre el caso de los que se han ofrecido hasta ahora. “Queremos pensar que ante unos hechos muy graves, saldrá a dar las explicaciones correspondientes”, se ha limitado a valorar el portavoz de Junts en el Parlament de Catalunya, Salvador Vergés. 

Tanto Comuns como ERC, socios de investidura de Illa, han optado por esperar a que se conozcan los motivos exactos de la investigación. Aun así, han pedido transparencia y, si se confirma que tuvo implicación directa en el desvío de fondos de FIL, “máxima contundencia y que caiga quien caiga”, ha expresado el diputado David Cid (Comuns). 

Por parte del PP, Juan Fernández ha calificado de “inaudita” la noticia. “Detrás de él siempre hay un hilo conductor que nos lleva a casos y situaciones muy turbias”, ha afirmado. De forma parecida, desde Vox han afirmado que “todo lo que se acerca a Illa y al PSC acaba con sospechas de corrupción”. 

“Respetaremos los marcos legales, pero garantizaremos la presencia del Govern en la toma de decisiones, la planificación y la gobernanza de las grandes infraestructuras de transporte de Catalunya”. Con esta frase ha solemnizado el president Salvador Illa el compromiso reclamado por ERC para que la Generalitat amplíe su margen de maniobra en materia aeroportuaria, pese a que la gestión de los grandes aeródromos seguirá siendo monopolio de Aena. Con todo, Illa ha anunciado este miércoles que el acuerdo con el Gobierno para que haya avances es “inminente”.

La fórmula que tanto el Govern como los republicanos ven más adecuada es la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Catalunya, que pueda recoger competencias de su par estatal, siempre en el campo de la planificación y la ordenación del sector. Esta fórmula, de hecho, ya estaba recogida en el acuerdo de investidura y, ahora, se ha convertido en la gran reclamación de ERC en la negociación de los presupuestos.

Según creen en Esquerra, la creación de esta nueva autoridad otorgaría por primera vez a la Generalitat una voz propia en la gobernanza aeroportuaria de los llamados “aeropuertos de interés general”. A diferencia de lo que ocurre en otros territorios, en Catalunya hay dos redes aeroportuarias: la estatal, que encabeza Barcelona El Prat, junto a Reus y Girona, y la autonómica, que cuenta con tres aeródromos de mucho menor tamaño: Lleida-Alguaire, Sabadell y Andorra - La Seu.

La nueva Autoridad, ha asegurado la consellera de Territorio, Silvia Paneque, dará a Catalunya la capacidad de “ordenar, coordinar y reforzar” el sistema aeroportuario en su conjunto, ya que tendrá al alcance tanto los aeropuertos de la Generalitat como los de Aena. Será, subraya el Govern, “una forma de tener voz” y participar en decisiones como la ampliación o nuevas inversiones en infraestructuras de transporte aéreo.

Este no es un asunto controvertido en Catalunya. El PSC está en la línea de ERC y el pasado mes de enero el Govern ya aprobó impulsar el ente, aunque por el momento no ha echado a rodar. Pero, por lo que se sabe, tampoco la creación de este nuevo ente genera dudas en el Ministerio de Transportes, que ya pactaron con Euskadi la creación de un “órgano bilateral” para debatir sobre inversiones o movilidad. Ni el caso catalán ni el vasco está previsto que Aena, como gestor de lo principales aeropuertos, pierda funciones.

El conflicto institucional entre los jueces y el Parlament a cuenta del catalán en la escuela suma un nuevo episodio. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado ejecutar de forma provisional su sentencia que anulaba parcialmente el decreto de la Generalitat del 2024, que blindaba el idioma como lengua vehicular de la escuela catalana.

Todo ello pese a que el Tribunal Constitucional todavía tiene que decidir sobre si la normativa se ajusta a la Constitución, precisamente a raíz de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJC.

La decisión del TSJC, según la conselleria de Educación, no tiene efectos prácticos en el día a día escolar. Sin embargo, es un nuevo paso que da la Justicia para revertir todos los intentos que, con amplio consenso social y parlamentario, se intentan para blindar el catalán en las aulas desde hace una década.

La sección 5ª de Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC es la instancia que, a petición tanto de la Abogacía del Estado bajo gobiernos del PP como de varias entidades contrarias a la inmersión como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), ha desmontado todos los intentos para garantizar la inmersión lingüística que se han impulsado por parte de distintos ejecutivos catalanes de varios colores políticos.

Los jueces de esta instancia ya acusaron al Govern y al Parlament de pretender “bloquear” tanto la aplicación de la sentencia del 25% como “la garantía del uso docente del castellano en términos constitucionalmente aceptables”. Los togados mantuvieron que los otros dos poderes quieren “negar” el carácter vehicular del castellano en las aulas catalanas y convertir en “imposible” el 25% con la nueva normativa.

La sentencia del TSJC versa sobre el decreto del 2024, aprobado per PSC, Junts, ERC y Comuns. Los jueces anularon una decena de artículos de la normativa, entre ellos las disposiciones que fijaban el catalán como lengua vehicular y de aprendizaje, de idioma habitual en la actividad docente y administrativa, u otros relativos al uso de lenguas en comunicaciones con familias o materiales didácticos, así como el uso del catalán como lengua de acogida del alumnado recién llegado del extranjero.

De esta manera, según la AEB, quedarían sin efecto los preceptos que sitúan el catalán como única lengua vehicular y que estructuran los proyectos lingüísticos de centro sobre ese principio.

Por su lado, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmado el compromiso del Govern de la Generalitat con la lengua catalana y el modelo de la escuela catalana. La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado que el president “pondrá a disposición todos los recursos políticos y jurídicos que sean necesarios para defender el catalán y el modelo de escuela catalana”.

Desde ERC han pedido “valentía” a Illa y una “respuesta de país” ante el nuevo fallo sobre el catalán, mientras que Junts ha pedido la comparecencia en el Parlament de Illa; el conseller de Presidencia y conseller de Educación en funciones, Albert Dalmau; y el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila para que expliquen “qué acciones piensan llevar a cabo frente a este ataque permanente al modelo de escuela catalana”.

El Govern de Salvador Illa se ha visto obligado a hacer lo que ningún otro Ejecutivo había hecho antes: retirar unos presupuestos que ya habían entrado en el Parlament para evitar un varapalo mayor en el pleno. De fondo, una desconfianza de ida y vuelta entre Oriol Junqueras y el president de la Generalitat que se ha incrementado en las últimas semanas debido a la negativa del Ministerio de Hacienda de hacer gestos a favor de la cesión del IRPF a Catalunya. Y, la consecuencia práctica, una mayoría de la investidura rota e incapaz de pactar unas cuentas cuando Illa ya ha cumplido el año y medio en el cargo.

A la retirada de las cuentas se le colgaron este miércoles etiquetas diametralmente diferentes dependiendo del orador. El president aseguró por la mañana que eran una muestra de “estabilidad y responsabilidad”. Junts, por la tarde, no dudaba en hablar de “fracaso”. Se unían todas las formaciones de la derecha, hablando de “inestabilidad”, “desgobierno” o incluso “estafa”. ERC no eludió críticas, pues entiende que las cuentas no eran ambiciosas, y exigió volver al acuerdo de investidura, pero también tendió la mano a Illa para volverse a entender.

Este puente que los republicanos mantienen abierto es la mayor esperanza del Govern, que confía en ser capaz de rectificar la situación. Illa aseguró en el pleno que él pensaba acabar el camino con quien lo había empezado, es decir, junto a ERC y Comuns, pero también dejó claro que su intención era estar en la silla de la presidencia “mucho tiempo”, para cortar de raíz los rumores electorales. Este mismo jueves el Govern ha aprobado un suplemento de crédito de más de 5.988 millones de euros para evitar que la retirada de las cuentas genere problemas en los pagos de la Generalitat.

Pero, a medio plazo, Illa no ha renunciado a aprobar unos presupuestos, que serían los primeros que llevasen estampada su firma. Al contrario, si ha optado por pagar el precio político de dar marcha atrás al proyecto de ley no es porque temiese un revolcón parlamentario, sino porque considera que aún puede aprobarlas, según indican fuentes del Govern. La fecha límite está escrita en el comunicado conjunto firmado entre PSC y ERC: “antes de acabar el actual periodo de sesiones”. Es decir, como tarde, en junio.

Esta fecha puede parecer lejana, pero, a falta de acuerdo inmediato, da aire a ambas partes. ERC puede ir vinculando los presupuestos a otros acuerdos con el Govern, en materia de infraestructuras o sociales, donde se esperan avances. Por su parte, el PSC gana oxígeno para esperar la sucesión de María Jesús Montero, titular de Hacienda y que, hasta ahora, ha sido uno de los muros para que se materialice el acuerdo sobre la gestión catalana del IRPF alcanzado entre socialistas y republicanos.

Según está anunciado, Montero será la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, unos comicios que se celebrarán, según se estima, a finales de mayo. Si ese calendario se cumple, no queda demasiado para que la cartera de Hacienda pase a otra persona, quien podría tener más sencillo hacer guiños hacia Catalunya.

Esto es lo que esperan, al menos, tanto Illa como Junqueras, quienes están haciendo esfuerzos ímprobos para evitar una ruptura indeseada para las dos formaciones y que dejaría la legislatura en punto muerto. Los dos líderes son muy conscientes de la necesidad de aprobar nuevas cuentas, que en Catalunya llevan ya dos ejercicios prorrogadas. Más aún cuando el próximo año que viene tocan las elecciones municipales, un periodo siempre complicado para los presupuestos y que, 2028, volvería a ser año electoral en Catalunya si Illa no opta por una convocatoria anticipada.

En los calendarios del Govern, 2026 debía ser el año de consolidación. Desde la investidura en agosto de 2024, el equipo de Illa había sembrado proyectos que debían dar frutos a principios de este año, como la compra de material en Rodalies, los acuerdos en torno a la financiación o la puesta en marcha de algunas políticas como la reforma de la administración. Pero la entrada de este año no ha sido como los socialistas esperaban y han debido sortear diversos obstáculos, como la crisis ferroviaria o las dificultades para alinear sus acuerdos con Hacienda. Dejar para más adelante los presupuestos supone, en este contexto, ganar un tiempo muy preciado.

La consellera de Economia del Govern, Alicia Romero, ha avisado este lunes de que si no se aprueban los presupuestos a la mayor brevedad la Generalitat podría tener problemas para pagar las nóminas de los funcionarios. “Si esto sigue así [a partir del mes de abril] habrá dificultades para realizar pagos de nóminas y tendremos que retener dinero de los departamentos para pagar a bomberos, Mossos, maestros o agentes rurales”“, ha explicado la consellera en una rueda de prensa.

El Govern considera además que aprobar los presupuestos en junio, tal y como ha planteado ERC, es muy tarde y complica la situación de las cuentas de la Generalitat. La consellera ha reiterado que hay “margen” para la negociación con los republicanos, a los que ha vuelto a llamar a la “responsabilidad” para “exprimir al máximo” los días que queden antes de que la ley llegue al debate a la totalidad en el Parlament.

“Se me hace difícil no pensar que el viernes se iniciará la tramitación del presupuesto”, ha dicho Romero. También ha mencionado la “incertidumbre” por la guerra en Irán y ha apuntado que el Consell Executiu de la próxima semana podría aprobar un primer paquete de medidas, que “complementen” los que presentará el viernes el gobierno español.

Según ha explicado Romero este lunes, el Gobierno ya mantiene “conversaciones” con el Gobierno central para saber “hacia dónde van” las medidas que presentará esta semana. La consellera de Economia ha explicado que quieren “coordinarse” para “dar la mejor respuesta posible” porque hay algunos elementos donde las competencias son del Estado, por ejemplo las bonificaciones de impuestos de energía. Asimismo, ha explicado que tras los encuentros que mantuvieron el viernes, Junts, Comuns y agentes sociales les han hecho llegar sus propuestas, que están estudiando.

En cuanto a los presupuestos, Romero ha defendido que si la aprobación se demora hasta junio, supone “mucha dificultad” para ejecutarlo. “Los ciudadanos nos piden que sigamos eficientes y eficaces con los recursos, ahora la situación es difícil porque ni tenemos presupuestos ni tenemos suplementos”, ha dicho.

Un viaje a Madrid, un encuentro secreto con Pedro Sánchez y una llamada con María Jesús Montero son los tres ingredientes de la ruptura de la confianza de Oriol Junqueras en Salvador Illa que ha llevado a la legislatura catalana al momento más delicado en dos años. El líder de ERC creía tener el compromiso del PSC de que moverían al Gobierno a favor del traspaso del IRPF a Catalunya, pero el día 20 de febrero constató que el Ministerio de Hacienda no pensaba ceder en este tema.

Lo que la vicepresidenta María Jesús Montero trasladó a Junqueras por teléfono ese día fue un posicionamiento claro y rotundo sobre la transferencia del IRPF. “No sé qué te dicen los míos, pero eso no va a pasar”, aseguró la ministra, después de que Junqueras le dijese que en el Govern le habían asegurado que estaban trabajando para conseguir la recaudación del impuesto sobre la renta.

Según fuentes conocedoras de la conversación, la titular de Hacienda aún fue más tajante cuando le dijo al líder de ERC: “Esto no es el posicionamiento de María Jesús Montero, esto es el posicionamiento del Gobierno de España”. Una afirmación que trataba de dejar claro que no había brechas posibles en el Ejecutivo central a las que nadie pudiese agarrarse.

Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que la posición del Gobierno “se ha expresado reiteradamente y se firmó en la última bilateral”. “El Gobierno es partidario de que las comunidades autónomas asuman más competencias en recaudación y gestión de IRPF, pero siempre en un trabajo en red y de cooperación”, recuerdan estas mismas fuentes.

Ante esto, la cúpula de los republicanos se sintió engañada, aunque en público tratan de evitar esa palabra. En la dirección de Esquerra aseguran que el PSC siempre les había prometido que veían posible un acuerdo para lograr la cesión del IRPF. Por eso Junqueras fue a Madrid el penúltimo viernes de febrero y se vio con Sánchez en la Moncloa, en un encuentro que no aparecía en las agendas.

“El objetivo era negociar sobre el IRPF”, indican en ERC, que ya habían aceptado que la recaudación comenzase en 2028, pero deseaban comenzar a tratar cómo encajar la ley que debe permitir a la Agència Tributària de Catalunya prepararse a nivel técnico y laboral para ese momento.

ERC había presentado en septiembre una proposición de ley para habilitar la cesión del IRPF a la Generalitat. Una iniciativa que, sin embargo, fue retirada por la propia formación el 16 de febrero, para facilitar la negociación. Era el PSC, afirman fuentes republicanas, quien les había convencido de que era preferible no ir al choque con esta propuesta y tratar de encauzarla de otra forma, quizás como enmienda a la ley de modelo de financiación.

Pero cuatro días después de esa retirada, ERC descubrió que no había ninguna posibilidad de negociar esta cuestión, porque el Gobierno no lo contemplaba. Una situación que dejó tocadas las relaciones entre Junqueras e Illa, aunque no las rompió. Equipos de ambos partidos siguen viéndose de forma regular, la última vez este mismo jueves.

Illa lleva los presupuestos al Parlament

La llamada de Montero no rompió los contactos entre Junqueras y el Govern, pero sí supuso un antes y un después en la posición de ERC respecto a los presupuestos de Illa. Los independentistas siempre había vinculado el voto favorable a todas las cuentas –las catalanas pero también las del Gobierno central– a un acuerdo en materia de cesión fiscal, que ahora consideran prácticamente evaporado.

Pese a que el contexto no era favorable, a Illa le urgía acelerar su proyecto económico, tal como se había comprometido a hacer en el primer trimestre del año. Así que optó por llevar los presupuestos al Parlament tras haber llegado a un acuerdo con los Comuns, pero sin ligar el pacto con ERC. Un gesto que Junqueras entendió como un desafío, al que respondió en una entrevista en Catalunya Ràdio. “Si hemos aguantado cuatro años de prisión, ¿creen que no aguantaremos cuatro semanas de presión?”, afirmó entonces el republicano, que presentó una enmienda a la totalidad a las cuentas en el Parlament.

Las posiciones han seguido enrocadas y sin cambios. ERC asegura que sigue abierta a un cambio de postura en el Gobierno pero, si no se produce, advierte que no le temblará el pulso para votar en contra de los presupuestos el próximo viernes. “Esto no es una táctica negociadora, no nos estamos haciendo los duros”, insisten en el partido. “Los presupuestos caerán si no pasa una de estas dos cosas: que Illa los retire o que el Gobierno se mueva”, zanjan.

Una posible retirada de las cuentas es la opción que el equipo de Junqueras está ofreciendo al departamento de Economía, algo que en ERC entienden que sería una buena forma de salvar la relación. En el Govern, por su parte, insisten en que están dando todas las garantías de cumplimiento de los acuerdos alcanzados con sus socios y que las palabras de Illa han sido explícitas sobre la recaudación del IRPF, que opinan que acabará llegando.

Esta es la situación de bloqueo en la que llega la política catalana a una semana decisiva para la legislatura de Salvador Illa. Si el próximo viernes las cuentas caen, se abre un abismo de incierta salida. Las elecciones en Catalunya que no convienen a nadie pero que todos han comenzado a invocar han dejado de ser una fantasía etérea para convertirse en una posibilidad que ningún partido descarta.

Se llama Gerard Giménez Adsuar, es ingeniero de inteligencia artificial y analista de datos y acaba de lanzar dos webs que permiten a cualquier usuario consultar todos los contratos públicos de las administraciones catalanas y todas las subvenciones concedidas durante los últimos años. “Toda la información proviene de bases de datos oficiales y abiertas, lo único que he hecho es ponerlas a disposición de quien quiera consultarlas”, resume, quitando hierro a lo que se ha convertido en un verdadero fenómeno en las últimas semanas.

Contractes.cat y subvencions.cat son las dos webs desde las que se pueden buscar con precisión entre el conjunto de contratos públicos y subvenciones que se han formalizado desde todas las administraciones catalanas, lo que incluye Generalitat, ayuntamientos, diputaciones y otras entidades públicas. Al menos en teoría, porque una incidencia técnica, que según el Govern está en vías de solucionar, ha desconectado de la plataforma desde el martes pasado los datos de subvenciones de los entes locales.

Toda la información que incluyen estos portales estaba ya disponible en los archivos del Govern, pero nunca nadie había hecho que fuese tan sencillo navegar entre la maraña de números. “Yo solo he hecho fácil el acceso a unos datos que ya eran públicos y que de hecho la administración tiene la obligación legal de publicar”, asegura este experto en datos nacido en Caldes de Montbui (Barcelona) hace 32 años.

De hecho, el proyecto se inició mucho tiempo atrás, cuando el analista comenzó a mirar en los archivos que el Govern ponía a disposición pública. “Encontré que el portal de contratación oficial no daba posibilidades de seguir hacia dónde iba el dinero público, ni de comparar o tener una visión histórica… así que se me ocurrió hacerlo más accesible”, indica. “Ojalá el propio Govern hubiera hecho una web así que pueda entender cualquiera”, añade.

Lo que ha hecho este analista de datos en sus dos webs es introducir las bases de datos que el Govern pone a disposición pública, pero con un buscador muy potente en el que aparece todo escribiendo simplemente el nombre de una entidad que otorga, una empresa o particular que recibe, o incluso el concepto del contrato o la subvención. Con 20 millones de subvenciones y 1,7 millones de contratos accesibles a un clic, los portales resultan muy atractivos.

Pero, además, Giménez fue un paso más allá y añadió una funcionalidad que convierte a estas webs en una herramienta mucho más potente: cruzó las bases de datos públicas con los nombres propios vinculados a empresas y organismos que figura en el registro mercantil.

Todo es conforme a la legalidad, porque todos son registros públicos. Pero el resultado es algo que no se había visto nunca, al menos en la contratación y subvenciones de la Generalitat: uno puede introducir un nombre propio y el sistema le devuelve todos los contratos que sus empresas han recibido de organismos públicos, ordenadas por conceptos, fechas y administración otorgante.

“No me gusta que se utilice para atacar a ningún colectivo”

Giménez había hecho un primer prototipo de sus webs hace ya cuatro años, pero había dejado el proyecto sin continuidad. Sin embargo, hace unos meses lo retomó. “Ahora hay herramientas que permiten construir este tipo de webs sin demasiado esfuerzo, algo importante porque yo tengo un trabajo al que tengo que atender”, explica Gerard, que es autónomo y se dedica a cuestiones relacionadas con datos e inteligencia artificial.

La página de contractes.cat se acabó publicando el 8 de febrero, aun sin conectarla con la parte de datos del registro de la propiedad, que implementó dos semanas después. Además de la información sobre contratos en crudo, la herramienta incluía también estadísticas, ránkings y diferente información útil. Pocos días más tarde, lanzó también subvencions.cat, en este caso con un formato más sencillo.

Desde ese momento las páginas han registrado miles de visitas. “Hemos llegado a tener 5.000 usuarios en un día. Puede parecer poco, pero ten en cuenta que esto lo estoy difundiendo yo solo, a mí me parecen muchísimas”, observa. Su trabajo se convirtió rápidamente en uno de los temas de conversación en redes y, el pasado martes, el diputado del PP Alejandro Fernández lo citó en el Parlament durante una pregunta formulada a Salvador Illa.

“Es curioso el tipo de cosas que busca la gente”, reflexiona Gerard. “Lo que llama más la atención son las subvenciones, pero también se busca mucho el propio ayuntamiento, sectores concretos… y después hay cosas sorprendentes. Yo no me esperaba que interesasen tanto los contratos y ayudas con el sector de los castellers, pero aparece todo el rato como una de las cosas más buscadas”, indica.

Este éxito ha ido en paralelo a que algunas cuentas en redes hayan utilizado la información accesible para cargar contra subvenciones recibidas por entidades relacionadas con la inmigración, con el colectivo LGTBI o con colectivos feministas. Algunos de los mensajes iban acompañados de apreciaciones racistas o insultantes.

“Vi a gente, sobre todo relacionada con Aliança Catalana, diciendo cosas sobre ayudas con el nombre de 'Mohamed' que no me gustaron. Lo mismo cuando se usa para atacar iniciativas LGTBIQ+. No me gusta nada que esto se utilice para atacar a ningún colectivo”, explica Gerard.

De hecho, durante algunos días el fenómeno tomó un vuelo que llego a hacer que el propio autor de la web escribiera un mensaje en el que decía: “Me gustaría que subvencions.cat no se utilizara para atacar a ningún colectivo. ¿Dónde ha quedado juzgar a las personas por el contenido de su carácter y no por el color de su piel, que decía Martin Luther King. En todo caso, el énfasis debe ponerse en los políticos para que no cometan irregularidades a la hora de dar subvenciones. Señalar a un grupo étnico simplemente para recibirlo es muy pobre de espíritu”.

Dudas en los cambios de los datos por parte del Govern

Cuando las webs estaban en la cresta de la ola, algo ocurrió con la base de datos pública que alimentaba la web de subvencions.cat, la web que estaba siendo más visitada.

“El martes por la tarde, el buscador no funcionaba. Algunos usuarios me alertaron. Miramos si era un problema nuestro, pero luego comprobamos que nos habían cerrado el acceso. Primero pensé que quizás era algo automático por habernos pasado de peticiones, pero después vi que no era eso, sino que simplemente la base de datos había quedado cerrada para todo el mundo”, explica.

En conversación con este diario, Gerard descartaba ninguna mala praxis y atribuía la desconexión de los datos a alguna cuestión de carácter técnico. Mientras la web estuvo sin servicio, la conectó a otro repositorio, también público, y que ofrecía unos datos con diferencias mínimas.

Sin embargo, el jueves por la mañana, los datos oficiales de subvenciones volvieron a estar operativos. “Tenemos identificado que han quitado la información sobre algunos organismos. En peso económico, yo diría que han quitado sobre un 10%”, afirma el autor de las webs.

Según han podido observar, el Govern habría sacado de la recopilación pública lo referente, sobre todo, a las subvenciones otorgadas por las entidades locales, es decir, diputaciones y ayuntamientos. “Desconozco si había datos que no debían ser públicos o lo han quitado por otras razones”, asegura Giménez.

Desde el Departamento de Economía, responsables del archivo de datos, explican que lo que ha ocurrido es una incidencia técnica que están en vías de resolver lo antes posible. Además, indican, mientras dura este problema que afecta a los datos sobre subvenciones de los entes locales, toda la información puede sacarse de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, dependiente del Gobierno central, donde esa información sigue disponible.

Salvador Illa y ERC han vuelto a verse las caras en el Parlament, en plena cuenta atrás para que los presupuestos del Govern queden rechazados o sigan su tramitación parlamentaria el viernes de la semana que viene. Los republicanos han aprovechado la sesión de control para ser más explícitos que en semanas anteriores y han condicionado su apoyo a las cuentas a que el president sea exigente con el PSOE para que Catalunya pueda recaudar el IRPF.

Los republicanos llevan semanas exigiendo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, escenifique un compromiso público con la ley que permitiría desplegar la Agència Tributària de Catalunya para que, en el futuro, ésta pueda asumir la recaudación del IRPF. Un gesto que en el Gobierno preferirían no hacer, entre otras razones, debido a que Montero es la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas que deberían convocarse para finales de primavera.

“Cuando hablamos de avances en soberanía tal y como los teníamos firmados, entonces aparece el lazo de siempre, su sumisión al PSOE y a sus intereses electorales”, ha censurado el portavoz de Esquerra, Josep María Jové. “No vuelva a cometer el mismo error que con el Estatut en 2006, cuando desde la Moncloa suprimieron el artículo 1 y la recaudación de todos los impuestos”, ha continuado Jové.

En su turno de réplica, el president ha hecho un “balance positivo” de los acuerdos alcanzados para su investidura. “No están todos cumplidos, pero hacemos un balance positivo”, ha remarcado Illa, que ha vuelto a prometer con solemnidad su compromiso para cumplir con todos los pactos suscritos con sus socios.

Illa ha asegurado que él no pretende “presionar a nadie” pero que tampoco “se deja presionar”, en referencia a la demanda que Jové le había hecho para que apriete al máximo a Montero.

Además, Illa le ha recordado que en el año 2023 el PSC apoyó las cuentas de Pere Aragonès, aunque en aquel momento Illa lo hizo después de que ERC cediera en cuestiones como matizar su oposición ala ampliación del Aeropuerto, el Hard Rock o el llamado cuarto cinturón. “Extiendo la mano desde el Govern de Catalunya para escuchar a todo el mundo y que podamos tener presupuestos”, ha insistido Illa este miércoles.

Según reconoció el Govern este martes, las negociaciones con ERC para las cuentas están encalladas en el mismo punto desde hace semanas, ya que los republicanos rechazan entrar a debatir sobre puntos concretos si no hay antes un movimiento desde el Gobierno. En concreto, ERC había situado el momento idóneo en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde consideraban oportuno que la ministra confirmase ante las autonomías su apoyo a que Catalunya asumiera la recaudación del IRPF.

Unir las ciudades de Lleida y Barcelona a través de una nueva línea de alta velocidad es una idea que comparten el Ministerio de Transportes y el Govern de la Generalitat. Pero la fórmula por la que apuestan ambas administraciones se parece poco. Este martes el Govern ha aprobado la puesta en marcha de los trabajos para acelerar el llamado eje transversal ferroviario entre Lleida y Girona, un proyecto que aparece desde hace dos décadas en todas las estrategias de trenes en Catalunya pero que ahora serviría además para encauzar los planes del Ministerio de Óscar Puente.

“Se trata de estable runa nueva ruta de mercancías y viajeros y que tendría en el mapa ferroviario el impacto que tuvo el eje transversal por carretera”, ha explicado la consellera de Territorio en la rueda de prensa semanal del Govern, donde además actúa como portavoz. Sílvia Paneque ha anunciado que el encargo de actualizar los estudios se le hace a Ifercat, la Adif catalana, lo que también es una forma dar un empujón a las empresas ferroviarias de la propia Generalitat.

Este nuevo impulso al mapa ferroviario llega después de una profunda crisis en Rodalies de la que el Govern trata de pasar página. Con todo, en el Departamento reconocen que los problemas aún persisten, centrados sobre todo en los tramos de velocidad limitada y en que el servicio de Renfe aún no utiliza el túnel de Rubí.

El objetivo del Govern, ha explicado, Paneque, es realizar un “trabajo conjunto que complemente el anuncio del Ministerio y que evite que haya contradicciones por el mismo territorio”. Desde la conselleria insisten en que ambos proyectos son compatibles aunque, mirados con detalle, las diferencias de concepción son evidentes.

Óscar Puente anunció en noviembre pasado una nueva conexión entre Madrid y Barcelona “en menos de dos horas” y con trenes a 350 kilómetros por hora, un tren bala que competiría con la velocidad real a la que operan actualmente los Fuxing chinos, considerados los trenes más rápidos del mundo.

El Ministerio trataba de solventar así un problema de carga en el tramo entre Camp de Tarragona y Barcelona, que se espera que soporte muchos más trenes, sobre todo de mercancías, cuando el corredor mediterráneo esté definitivamente terminado. La idea de Adif era un nuevo ramal entre Lleida y Barcelona por la Catalunya central y que entrase en la capital catalana por la estación de la Sagrera, en el norte, evitando la congestionada zona del Penedès y el Baix Llobregat.

El Govern, por su parte, ve posibilidades en esta idea, pero considera que debe ser embridada dentro de un proyecto que dé servicio a los municipios del interior. Para ello, pretende adecuar el viejo proyecto del Eje Transversal, centrándose inicialmente en el tramo entre Lleida y Martorell, que es la zona en la que el Ministerio se ha fijado.

En concreto, el departamento de Territorio preferiría un tren a mucha menos velocidad, que pudiera hacer parada en hasta 10 ciudades: Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igualada, Martorell, en el primer tramo, y Manresa, Vic, Santa Coloma de Farners y el aeropuerto de Girona, en una segunda fase.

El objetivo, ha asegurado Paneque, es “quitar el polvo a carpetas encalladas” y disponer cuanto antes de un documento técnico presentable para poder hacer una propuesta concreta al Ministerio de Transportes. La idea es evitar duplicidades y, también, que a Catalunya llegue un proyecto sin consenso con el territorio, para lo que formarán una comisión mixta a imagen de la que ya formaron para decidir la ampliación del aeropuerto de El Prat.

En cuanto al calendario, los estudios deberán finalizar en un año y medio, lo que permitiría comenzar a dibujar los proyectos entre 2028 y 2009. Sería entonces cuando comenzaría la construcción de una obra que en su día se valoró en más de 12.000 millones de euros, lo que según algunos expertos es demasiado atendiendo a la demanda que podría tener.

Desde la plataforma para la Promoció del Transport Públic (PTP), su presidente Adrià Ramírez recuerda que desde la entidad siempre han considerado positivo que se “planifique a largo plazo” y este proyecto “sin duda, lo es”. Sin embargo, consideran que hay otras actuaciones más urgentes.

“Hay que priorizar otros proyectos, como la duplicación de la R3 o la cuadruplicación de la R2 Sur, así como obras que permitan ampliar mucho la carga de ciertas estaciones”, explica Ramírez, quien también señala la necesidad de actuar para que el corredor del Penedès no se convierta en un cuello de botella.

“Una vez de una escoba salió un tiro”, solía decirse a los niños —al menos a mí me lo decían— para advertirles de que, con las cosas peligrosas, es mejor no bajar nunca la guardia. Pero amagar con lo que uno en realidad no desea y enseñarle al contrario las orejas del lobo es, también, una estratagema habitual en diferentes contextos. En los juegos de naipes se le llaman faroles y, en política, una negociación normal y corriente.

La política catalana lleva una semana con la respiración contenida a la espera del desenlace sobre los primeros presupuestos de Salvador Illa. Están en manos de ERC y a nadie se le escapa que son la prueba definitiva sobre la estabilidad del Govern.

El acuerdo para que haya cuentas no está cerrado y ni siquiera se atisba cercano, pues los republicanos reclaman movimientos del Ministerio de Hacienda a favor de su propuesta para que Catalunya recaude el IRPF. Es un compromiso que ERC arrancó al PSC en la investidura, pero que en el Gobierno ven ahora difícil de digerir en crudo. En Hacienda preferirían una solución escalonada en forma de consorcio fiscal, algo que Esquerra cree que suena demasiado al programa electoral del PSC, donde se incluía esa medida.

Nadie está parado, tampoco la cuenta atrás. La negociación está en marcha y se produce a diversas bandas, tal como ha ocurrido hasta el momento, pero ahora con más prisa. Todos, Ministerio, Govern y ERC, creen que hay margen para el acuerdo y que lo más probable es que este se acabe alcanzando antes del 20 de marzo, día límite para retirar la enmienda a la totalidad.

Pero el runrún de un posible adelanto electoral en Catalunya si finalmente no hay presupuestos ha comenzado a sonar, en parte como estrategia de presión pero en parte, también, como salida lógica para Illa después de haber lanzado el envite de llevar las cuentas al Parlament antes de ligarlas.

En el lado opuesto de la balanza, el principal argumento contra la hipótesis electoral es el análisis que hacen los propios actores implicados en la negociación. A pocos les convendría ahora un aborto abrupto de la legislatura y que Catalunya volviese a poner las urnas en, como pronto, el mes de mayo. Y, desde luego, ninguno de los posibles beneficiados de esa maniobra está en el Govern ni en ERC, y ni siquiera en Junts, sino en formaciones de cuño ultra a un lado y otro del espectro nacional.

En la última rueda de prensa ofrecida por Illa para hacer balance de 2025, el pasado 23 de diciembre el president descartó con claridad la posibilidad de unas elecciones incluso si ERC le tumbaba las cuentas. “El horizonte de la legislatura en Catalunya es de cuatro años y termina en 2028”, aseguró. Tras utilizar una fórmula tan clásica como “solo contemplo que haya presupuestos”, Illa también admitió que ponía la “estabilidad” por delante de todo lo demás, por lo que alejó la convocatoria electoral incluso en el peor caso.

El Govern tiene en las encuestas las mejores razones para tratar de alejarse de un final abrupto de la legislatura. El último CEO preveía un ligero descenso de los partidos que dan apoyo a Illa, lo que le dejaría a un voto de la investidura si se repitieran las alianzas de agosto de 2024. No hay en Catalunya sondeos que prevean una debacle socialista, pero tampoco ninguno que vea la mayoría tan consolidada como para poder prescindir de la cautela.

En ERC ocurre algo similar, con una circunstancia añadida. Si bien el partido está ligeramente al alza en los sondeos, Oriol Junqueras sigue estando inhabilitado para presentarse a unas elecciones. Por eso los republicanos no tienen nada que ganar en una carrera electoral.

Esa situación legal del líder republicano es la que lleva a pensar a algunas voces en Madrid que poner la carta del adelanto sobre la mesa podría asustar a la dirección independentista. En el círculo de Junqueras lo ven al revés. “No somos nosotros los que peor saldríamos de un adelanto electoral”, razonan en ERC.

Los republicanos saben mejor que nadie que, como pasa con las escobas, los adelantos electorales también los carga el diablo. Más aún cuando Illa debería someterse a una nueva carrera electoral con la mayoría de sus grandes proyectos de gobierno a medias. Otra cosa es que, tanto en Palau como en la cúpula de ERC, saben que en un momento así solo pueden emitir el mensaje de que están preparados para cualquier escenario.

Una derivada que sí podría cambiarlo todo es la conexión entre el calendario electoral catalán y español. En paralelo a los rumores sobre Catalunya, algunos analistas han comenzado a hablar de la posibilidad de un “superdomingo electoral”, es decir, hacer coincidir en un mismo día generales, andaluzas y catalanas.

Más allá del fundamento que tenga esta idea, lo cierto es que el PSC en los últimos años ha intentado españolizar todo lo posible las campañas electorales porque Sánchez moviliza mucho a sus votantes catalanes. A ERC le pasa lo contrario: necesita que en las elecciones catalanas se hable de temas catalanes para tener mejores opciones.

Por eso, una cosa es que Illa pueda descartar lanzarse solo a un adelanto electoral y otra qué haría si, efectivamente, Sánchez aprovecha el momento internacional para tratar de revalidarse en las urnas. Y, por eso, para ERC la amenaza electoral catalana es una amenaza menor, pero un superdomingo es una razón de más peso para avenirse a pactar unos presupuestos catalanes que cortocircuitarían esa opción.

El Govern ha dado el pistoletazo de salida este viernes al periplo parlamentario de los primeros presupuestos bajo la presidencia de Salvador Illa. Unas cuentas que llegan a la Cámara sin tener suficientes apoyos, por las recientes turbulencias con ERC, pero que el Departament de Economía confía en que acabarán seduciendo a sus socios por su contenido. Para comenzar, porque incluyen un gasto récord en vivienda y, también, crear hasta 16.000 nuevas plazas de personal público, entre policías, médicos y profesores.

Las cuentas elaboradoras por la consellera Alicia Romero suman 49.162 millones en total, una cifra que mejora un 10% el presupuesto que manejó la Generalitat en 2025, cuando contó con suplementos de crédito para sostener la prórroga presupuestaria. En total hay, por tanto, se contemplan 4.604 millones más para repartir entre los departamentos.

Respecto a los presupuestos de 2023, entre las grandes consejerías que más aumentan están Territorio y Vivienda (35%), Interior (34,5%) y Derechos Sociales (28%). Educación crece algo por encima de la media pero Salud, en cambio, queda algo por debajo. Con todo, entre ambos departamentos contarán con algo más de 4.000 millones de euros respecto al presupuesto anterior, lo que el Govern espera convertir en personal, con 5.911 plazas sanitarias y 4.162 para profesores.

En el ámbito sanitario, los presupuestos contemplan además 616 millones más para la atención primaria, lo que haría que este ámbito ocupe el 31% del gasto del sistema. En las escuelas, una de las prioridades es aumentar las becas para transporte y comedor, que recibirán 253 millones más.

El transporte público también tiene una partida destacada, con 194 millones que inyectará el Govern para mantener las bonificaciones de la T-Usual y la T-Jove. Además, hay 311 millones para invertir en infraestructuras de ferrocarril y metro, que se suman a los 355 que se pagarán a Renfe para operar el servicio de Rodalies.

Vivienda e inversiones

El Govern ha cerrado ya el acuerdo con los Comuns, que como medida estrella incorporó la ley contra la compra especulativa de pisos. Pero esta priorización de la vivienda también se nota en las cuentas, que arrojan una cifra récord para esta partida. El Govern prevé gastar 803 millones en estas políticas, de las cuales unos 300 irán destinados a la construcción de VPO. Adicionalmente, el Institut Català de Finances tiene una bolsa de 600 millones para destinarla a préstamos para la adquisición y construcción de vivienda protegida.

Otro de los capítulos destacados son las inversiones, con 4.146 millones. El Govern cuenta con pingües ingresos debido a la buena marcha económica, que ha supuesto una recaudación récord, por lo que ha decidido destinar buena parte de su ahorro a actualizar parte de la infraestructura pública y a construir equipamientos. Es, además, una forma de compensar el fin de los fondos Next Generation.

Este capítulo de inversiones incorpora obras de ampliación y mejora de hospitales por valor de 365 millones, y otros 313 para centros educativos. La prolongación de la línea Llobregat-Anoia de Ferrocarrils costará 101 millones, prácticamente lo mismo que el tranvía del Camp de Tarragona. En Lleida, la nueva estación de autobuses se llevará 8,5 millones.

ERC quiere un “gesto” de Montero por el IRPF

Tras una semana de enfrentamiento, el Govern y ERC han bajado el tono para tratar de encauzar la relación y llegar a un acuerdo que desemboque en la aprobación de las cuentas. Por el momento ambos grupos ya se han conjurado para alargar la tramitación de la ley en el Parlament, de forma que se dé margen a la negociación.

Los de Oriol Junqueras han mostrado este viernes sus cartas y han reclamado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometa con el traspaso de la gestión y recaudación del IRPF a Catalunya. Según aseguran, el escenario ideal sería el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que está previsto para marzo. Ahora bien, para llegar a ese “gesto”, la ministra debería cambiar su opinión sobre la medida.

Que Catalunya recaude su propio IRPF a través de la Agència Tributària es un compromiso que figura en el acuerdo de investidura de Salvador Illa, al que el PSOE dio su aprobado. ERC registró en el Congreso una ley para habilitar esta vía, que permitiría ir desarrollando el organismo catalán para que pudiera hacerse cargo de la gestión del impuesto en el futuro. Sin embargo, hace dos semanas Junqueras acabó retirando esta proposición, bajo la idea de rescatar la medida en la nueva ley de financiación de las comunidades.

Esta ley, sin embargo, tardará meses en llegar al Congreso, razón por la que ERC, que debe pagar por avanzado un apoyo a los presupuestos de Illa, pide un compromiso público de Hacienda. Sin embargo, en el Ministerio de Montero no ocultan que tienen diferencias de fondo con la cesión a Catalunya de todo el IRPF y que preferirían una gestión compartida, en la línea al consorcio tributario que llevaba el PSC en su programa electoral.

Oriol Junqueras no se siente presionado para aprobar los primeros presupuestos de Salvador Illa ni siquiera después de que el president anunciase que los llevaría al Parlament el viernes y de que reuniese a sindicatos y empresarios a su favor. El líder republicano ha confirmado en una entrevista en Catalunya Ràdio que su formación planteará una enmienda a la totalidad a las cuentas si para cuando lleguen a la Cámara no ha habido avances en el traspaso de la recaudación del IRPF a Catalunya.

“ERC quiere presupuestos y más que nadie. Mucho más que el PSC, creo, porque quien no hace todo lo posible para tenerlos, es quien no cumple los acuerdos”, ha asegurado Junqueras, que ha recordado que la cesión del IRPF es un pacto cerrado hace más de un año y medio para la investidura de Salvador Illa. Por eso, el de ERC cree que no van con él las acusaciones de “tacticismo” que deslizó este martes la secretaria general de CCOO. “Si hay algo que no es tacticista es poder gestionar los impuestos”, ha rebatido.

En un tono con el que intenta trasladar que “no está enfadado”, algo que viene repitiendo en los últimos días, Junqueras ha mostrado también una posición firme. No se moverán del rechazo a las cuentas hasta que no haya avances en la cuestión del IRPF, después de que la semana pasada la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cerrara la puerta a esta posibilidad. La presión del Govern no hará mella en él, ha dicho, y lo ha argumentado con una frase lacónica: “Si hemos aguantado cuatro años de prisión, ¿creen que no aguantaremos cuatro semanas de presión?”.

Además, ha descartado que Illa pueda amenazar con unas elecciones anticipadas, ya que sería “un nuevo error”. “Le recomiendo que no escale conflictos que no puede ganar”, ha dicho, tras aludir a las encuestas que sitúan al PSC a la baja y a ERC al alza. “Pero probablemente no habrá una mayoría para la investidura”, ha dicho Junqueras, pues el pronóstico es que los pactos que apoyaron la investidura de Illa sumen ahora menos que sus contrarios.

Tal y como avanzó el pasado sábado y ha vuelto a poner sobre la mesa este martes, la vía por la que apuesta Junqueras si no hay acuerdo para los presupuestos es volver a negociar ampliaciones de crédito, como ya hizo el año pasado. Según ha dicho, estas ampliaciones por decreto permiten alcanzar un mismo nivel de gasto que los presupuestos, por lo que son la solución ante una nueva prórroga de las cuentas, que supondría la tercera consecutiva desde 2024.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha conseguido este lunes poner de acuerdo a las principales organizaciones patronales y sindicatos de Catalunya a favor de los presupuestos que prepara el Govern. Una fotografía que pone presión sobre ERC, que este fin de semana aseguró que no se daban las circunstancias para comenzar a negociar estas cuentas. CCOO, UGT, Foment del Treball y Pimec han reclamado “responsabilidad” de los partidos para aprobar las cuentas, que Catalunya tiene prorrogadas desde el año 2023.

El Govern ha anunciado que no esperará a ERC e iniciará este mismo viernes la tramitación presupuestaria, después de haber cerrado un acuerdo con los Comuns la semana pasada. El Ejecutivo de Illa llevará por tanto las cuentas al Parlament en los próximos días, donde comenzarán su tramitación sin mayorías. ERC deberá decidir si rechaza la propuesta con una enmienda a la totalidad o si acepta un texto que, de llegar a comisión, ya solo podrá modificar parcialmente.

En la reunión de este lunes, los representantes del mundo del trabajo han asegurado que Catalunya “no puede permitirse el lujo” de continuar con suplementos de crédito. “Basta de tacticismos”, ha dicho la secretaria general de CCOO, Belén López, al tiempo que su homólogo en UGT, Camil Ros, reclamaba a ERC y Junts sentarse a negociar las cuentas.

Por la parte empresarial, Foment ha avisado de que no tener presupuestos supone perder entre 4.000 y 5.000 millones de euros de inversiones, una cifra que no puede asumir en un momento donde la administración cuenta con recursos para aprobar unos presupuestos expansivos. Pimec ha insistido a los partidos que sería “inexcusable” que no se entendieran.

Todas las organizaciones han considerado además insuficiente la solución de aprobar suplementos de crédito para añadir más fondos a las cuentas. Los suplementos de crédito fueron la opción que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, señaló el sábado como vía alternativa si el Govern no conseguía que el Gobierno aceptara el traspaso de la gestión del IRPF a Catalunya.

El acto de este lunes llega después de que ERC haya rechazado iniciar las conversaciones sobre las cuentas, al considerar que el Gobierno de Pedro Sánchez incumple uno de los compromisos firmados para la investidura de Illa, sobre la gestión catalana del IRPF. Según el acuerdo firmado entonces, la Agència Tributària Catalana sería la encargada de recaudar y liquidar este imouesto desde la campaña de 2026, es decir, la que comenzará en unos meses, una circunstancia que ambas partes aceptan que no se cumplirá.

ERC había presentado en solitario una proposición de ley para habilitar legalmente este traspaso, pero la formación acabó retirándola hace dos semanas. Fuentes conocedoras de la situación aseguran que los republicanos habían llegado a un entendimiento con el Ministerio de Fomento por el cual sería más conveniente presentar esta propuesta como enmiendas a la ley del modelo de financiación, que se tramitará en el Congreso en unos meses.

Sin embargo, como los republicanos condicionan su apoyo a las cuentas de Illa a que se desencalle en el Congreso la cuestión del IRPF, reclamaban garantías tanto al Govern como al Gobierno de que apoyarían sus enmiendas. El pasado viernes esta reclamación se hizo al más alto nivel, con una reunión entre Sánchez y Junqueras en la Moncloa, en la que el independentista salió con las manos vacías.

Tanto en ERC como en el Govern confían en poder rencauzar la situación. Pero desde el Ministerio de Hacienda consideran que no es el momento de dar a los republicanos nuevas concesiones, después de haber presentado un sistema de financiación que, entienden, beneficia los intereses de ERC. Por su parte, la dirección de Junqueras insiste en que sin garantías sobre el traspaso del IRPF no puede dar un globo de oxígeno al Govern como el que supondrían unos nuevos presupuestos.

Los Comuns han alcanzado un acuerdo con el Govern para apoyar los primeros presupuestos de la presidencia de Salvador Illa. La formación de Jéssica Albiach firmará este jueves el pacto con el Ejecutivo en el Palau de la Generalitat, después de haber llegado a varios acuerdos, entre ellos –el más relevante– una nueva regulación para que los municipios puedan limitar las compras especulativas de vivienda dentro de las zonas tensionadas.

La regulación de este tipo de compras de viviendas, las que no tienen por objetivo que el comprador viva en ellas, es una de las prioridas que los Comuns llevan enfocando varios meses. La semana pasada el grupo de expertos nombrado por la Generalitat avaló la medida, que los equipos del Departamento de Economía y los Comuns han seguido negociando hasta este mismo miércoles.

El pacto alcanzado en este ámbito es el apoyo de los socialistas a la proposición de ley de los Comuns en el Parlament, aunque con modificaciones. Lo que establece el texto es que serán los ayuntamientos, a través de sus ordenanzas y planeamientos urbanísticos, los que podrán adoptar la medida, que supondrá prohibir a las empresas y grandes propietarios la compra de vivienda para invertir. En el caso de los pequeños tenedores, podrán adquirir pisos y ponerlos en alquiler al precio regulado.

Como ya se planteó, esta regulación solo podrá sacarse adelante en las zonas de mercado de la vivienda tensionado, que actualmente afecta a 271 municipios donde vive el 90% de la población catalana. Quedarán exentos de la prohibición los grandes tenedores que compren fincas enteras, aunque deberán destinar los pisos del inmueble al alquiler regulado, y también las adquisiciones por causa de muerte.

Además, a lo largo de los últimos días, los Comuns han ido anunciando algunos de los pactos alcanzados con el Govern en el marco de la negociación presupuestaria. Entre ellos, la ampliación de las ayudas al alquiler o para acceder a las becas comedor.

El Govern despeja así el camino de los presupuestos, a la espera de acabar de mover a ERC. En el Departamento que capitanea Alicia Romero el calendario óptimo para la aprobación de sus primeras cuentas no puede extenderse más allá del primer trimestre del año.

Los republicanos habían condicionado hasta ahora el apoyo a los presupuestos catalanes a que saliera adelante su propuesta para que el Congreso habilite a la Generalitat a recaudar el IRPF, a través de la Agència Tributaria de Catalunya. Pero finalmente Oriol Junqueras anunció que está medida quedaría subsumida dentro de las enmiendas al modelo de financiación, que por el momento aún no han entrado en la Cámara.

La Generalitat y la Iglesia han firmado un protocolo para que las diócesis catalanas pongan inmuebles de su propiedad a disposición de la Administración pública con el fin de destinarlos a vivienda social. El president del Govern, Salvador Illa, y el presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Joan Planellas, han presentado este lunes el acuerdo en el Palau de la Generalitat.

El pacto permitirá impulsar promociones de vivienda social en inmuebles que sean propiedad de la Iglesia católica, sin modificar su titularidad, pero con gestión pública. De este modo, la Iglesia mantendrá la propiedad de los edificios cedidos, mientras que la gestión corresponderá a la Generalitat. Durante el acto, Planellas ha defendido que el acceso a la vivienda debe abordarse como una “cuestión de país”, e Illa ha celebrado el acuerdo alcanzado con la institución eclesiástica.

Planellas ha representado en el Palau a todos los obispos de las diócesis con sede en Catalunya, incluidas las comunidades religiosas pertenecientes a la Unión de Religiosos de Catalunya (URC), para firmar el convenio junto a Illa. El acuerdo permitirá que las diócesis colaboren con la Generalitat y otras instituciones públicas y privadas del país para incrementar el parque de vivienda social en Catalunya.

Lo firmado hoy establece así un marco general de colaboración para promover e impulsar la promoción de vivienda social, sin detallar por ahora cuántas viviendas o solares podrán aportar. Con el objetivo de movilizar estos activos se creará una mesa de trabajo, integrada por cinco miembros designados por la Conferencia Episcopal Tarraconense y cinco miembros designados por la Generalitat.

Entre los representantes del Govern habrá cuatro miembros designados por el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica (dos del ámbito de la vivienda y dos del ámbito de urbanismo) y un miembro designado por el Departamento de Justicia y Calidad Democrática (ámbito de asuntos religiosos) de la Generalitat.

Se prevé que la mesa se reúna inicialmente una vez por semestre, con las funciones de colaborar institucionalmente, estudiar conjuntamente la creación de vivienda social con bienes de titularidad de la Iglesia católica, proponiendo los cambios normativos que la hagan viable y sin alterar el título de propiedad.

También promoverá e impulsará la firma de convenios de colaboración entre las administraciones públicas y las diócesis y archidiócesis titulares de los bienes eclesiásticos para la creación de nueva vivienda social. Finalmente, velará por que los proyectos resultantes se destinen a colectivos en situación de vulnerabilidad, con criterios de “transparencia y equidad”.

El acuerdo también prevé crear una comisión de seguimiento de este protocolo, integrada por tres miembros designados por la Conferencia Episcopal Tarraconense y tres representantes de la Generalitat. La comisión se reunirá al menos una vez al año.

La duración inicial del protocolo es de cuatro años, prorrogable por acuerdo mutuo de las partes. Las cesiones podrían oscilar entre los 30 y 75 años, en función de cada caso. La Iglesia las cederá de forma gratuita.

Durante su discurso, Planellas ha destacado la importancia de “rehacer y reutilizar” bienes de la Iglesia para destinarlos a vivienda social. El presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense ha subrayado que es un “motivo de alegría” para las diócesis aportar este “grano de arena” para intentar paliar la problemática de la vivienda.

El arzobispo ha reiterado que la crisis de acceso a la vivienda es “de país”. En este sentido, ha instado a los partidos a no hacer una “política polarizada”, sino a “sumar y unir”. “El tema de la vivienda es de país, no del Govern; tenemos que implicarnos todos para sumar y no restar”, ha repetido.

Illa ha remarcado que el acuerdo es “pionero” en el Estado y que permite “abrir camino” con una estrategia en la que “quien gana es el país”. “Con diligencia y paso a paso, respetaremos los ritmos de cada diócesis”, ha garantizado el presidente, que ha insistido en la “política integral” del Govern para favorecer el acceso a la vivienda.

Al acto de esta mañana han asistido la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y el conseller de Justicia, Ramon Espadaler. Sus departamentos han pilotado las negociaciones para cerrar el acuerdo con la Iglesia.

El jefe del Ejecutivo ha añadido que quería que su primer acto oficial tras la baja médica fuera la firma de este convenio. Illa ha regresado hoy “plenamente consciente” de lo que ha vivido Catalunya durante su ausencia.

En una declaración institucional esta mañana desde el Palau, ha defendido que sabe “lo que hay que hacer”. “Debemos tener plena confianza en que Catalunya está preparada para resolver cualquier situación”, ha concluido.

El president ha vuelto. Salvador Illa ha regresado este lunes al Palau de la Generalitat tras un mes de baja médica debido a la infección que le impidió caminar. “Sé lo que Catalunya necesita, sé lo que hay que hacer, y lo haremos”, ha afirmado Illa en una comparecencia ante los medios.

En su discurso de vuelta al trabajo, Illa ha redoblado el compromiso del Govern para mejorar los servicios básicos, con mención expresa a Rodalies, cuya crisis dura ya un mes. “Nos hemos fijado un rumbo de exigencia y ambición en Rodalies, la red viaria y el conjunto de servicios públicos que ejecutaremos de manera exhaustiva, metódica y rigurosa”, ha aserverado.

El president se ha comprometido a ofrecer “soluciones, certezas y la verdad”, si bien ha reconocido que el contexto es complicado, tanto por los problemas que afronta el Govern como por el auge de fuerzas de extrema derecha, a las que no ha mencionado explícitamente.

“Soy muy consciente del malestar que sienten muchas familias y jóvenes cuando afrontan dificultades como acceder a una vivienda o la angustia que provocan las emergencias climáticas que estamos viviendo”, ha recalcado Illa, para a renglón seguido llamar a impedir “que nadie lo aproveche para enfrentarnos unos con los otros”.

“Debemos hacer desaparecer el miedo que algunos nos quieren inocular para su beneficio propio”, ha recalcado Illa, que ha situado la política como la herramienta para “transformar los valores de humanidad en beneficios tangibles para mejorar la vida de todo el mundo”.

Tras agradecer lo hecho a los servicios médicos y ensalzar el sistema de salud pública, el president también ha querido expresar un aprendizaje de su hospitalización: “Las cosas importantes de la vida no tienen precio, no se pueden comprar con dienro: la familia, la amistad y la salud”.

El president ingresó el 17 de enero en el Hospital Vall d'Hebron con un fuerte dolor en las piernas. Lo que parecía una lesión ligada al ejercicio físico (el jefe del Govern sale a correr todos los días), resultó ser una infección bacteriana que le ha mantenido un mes fuera del foco. Illa se ha recuperado primero en el hospital y después en casa con tratamiento antibiótico y rehabilitación.

Illa vuelve a coger las riendas del Govern en un momento complejo para el Ejecutivo, que no deja de acumular frentes sin resolver. A la crisis de Rodalies se le han sumado las protestas del profesorado, sanitarios y agricultores, y hasta un temporal de viento con rachas inéditas en varios municipios y que dejó una víctima mortal.

Los planes iniciales del Govern pasaban por empezar 2026 con los presupuestos encarrilados, pero la crisis de los trenes y el pacto por la financiación han alejado a los socios de investidura, ERC y los Comuns.

Por su lado, el primer partido de la oposición, Junts, ha reclamado al president que se someta a una cuestión de confianza si hace oídos sordos al Parlament y no cesa a la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, por la crisis de Rodalies.

Para enmendar la situación, Illa retoma su agenda institucional con una de las prioridades del Govern y la principal reclamación de los Comuns: la vivienda. Después de que el sábado los expertos avalaran el freno a la compras especulativas, el president firmará este lunes un acuerdo con la Conferencia Episcopal Tarraconense para destinar inmuebles de la Iglesia a vivienda social.

Salvador Illa no disimuló su optimismo en la última comparecencia del año, cuando anunció que “pasarían cosas” en enero y aseguró que 2026 sería el año en el que su Govern podría “recoger los frutos”. El president de la Generalitat había preparado una sucesión de victorias en el primer trimestre que comenzaban con el acuerdo entre ERC y el Gobierno para una nueva financiación, continuaban con la constitución de la nueva empresa de Rodalies y debía acabar, como colofón final, con la aprobación de los primeros Presupuestos de su mandato.

El primer trimestre del año debía ser triunfal y acabar de jalonar la consolidación del Govern como un ejecutivo estable y de gestión. Pero, de pronto, los astros se alinearon en contra de esos planes. Illa cayó enfermo de una infrecuente osteomielitis a mediados de enero y, pocos días después, comenzó la madre de todas las crisis en Rodalies.

La debacle ferroviaria que ha supuesto cuatro semanas con gravísimas afectaciones en las cercanías, incluyendo más de un día sin un solo tren, ha puesto a prueba la capacidad del Govern en ausencia –física– de Illa, pero también las relaciones de los socialismos gobernantes en Madrid y Barcelona, donde han acabado emergiendo tiranteces con el Ministerio de Transportes.

Pero el principal efecto de esta tormenta ha sido el alejamiento de los socios de Illa, ERC y Comuns, que si bien han dejado claro que no quieren mezclar la carpeta de los Presupuestos con la de los trenes, también tienen claro que mostrar en este momento su apoyo al Govern de Illa desgasta más de lo que suma.

El rosario de malas noticias que ha encadenado el Govern ha tenido su cenit en la semana que ahora acaba. El pasado sábado hubo manifestaciones, tanto de signo independentista como de usuarios de Rodalies, que sin ser masivas, supusieron un toque de alerta. El lunes fue otra jornada negra en Rodalies, esta vez esperada, debido a la huelga estatal de ferroviarios en la que, pese a ser oficial esta vez, volvieron a incumplirse los servicios mínimos. El miércoles el relevo del malestar laboral lo cogieron los profesores, con una de las huelgas educativas más grandes que se recuerdan en los últimos años.

Reprobación con presupuestos

En esta tesitura, el Govern tenía pocas opciones para salir sin alguna estocada de la sesión parlamentaria del pasado jueves, cuando finalmente el Parlament acabó pidiendo la dimisión tanto de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, como del ministro Óscar Puente. Las reprobaciones partían de los independentistas, pero finalmente los Comuns dejaron que se aprobaran. Señal de que, al menos en este momento, el apoyo al Ejecutivo catalán no cotiza al alza.

Eso no significa que ERC, ni mucho menos los Comuns, quieran alejarse demasiado del perímetro de Illa. Ambos partidos han dejado claro que están dispuestos a negociar los presupuestos y, de hecho, el partido de Jéssica Albiach ya ha mantenido las primeras reuniones para aplanar el terreno.

ERC está algo más alejada, aunque también dicen tener la mano tendida. Los republicanos exigen que, junto al acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación que ya abandera como propio el Ministerio de Hacienda, también se desencallen las modificaciones legales que permitirían a la Generalitat la recaudación del IRPF y otras figuras impositivas.

Según el acuerdo para la investidura de Illa, eso debía haber ocurrido ya, para que la Agència Tributària de Catalunya se hiciera cargo de la campaña de este 2026. El Govern ya ha dejado claro que eso no ocurrirá, algo que ERC acepta a regañadientes.

Más preocupa a los de Oriol Junqueras que las iniciativas en el Congreso para habilitar legalmente la cesión de la recaudación también estén en dique seco. “¿Quiere el Gobierno que Illa tenga presupuestos? Pues que desencalle eso”, zanjaban en ERC esta semana. Según informó la Cadena Ser este viernes, el PSOE y la formación de Junqueras negocian introducir esta habilitación como enmienda en la ley de la nueva financiación autonómica, para la que aún deben pasar meses.

Rodalies, una piedra inesperada

Pese a que Rodalies es un desastre histórico –una “mierda”, consensuaron Gabriel Rufián y Míriam Nogueras en la quizás primera vez que coinciden en algo–, la crisis sufrida en los últimos 25 días no tiene parangón y ha sido un mazazo para el Govern.

Para empezar, porque los responsables de Territori, digan lo que digan, no se esperaban algo así. Las previsiones de los altos cargos que dirigen la política ferroviaria consideraban que 2025 sería el año con el pico de afectaciones, por el mal estado de la infraestructura, que se está mejorando, y precisamente por la cantidad de obras que se realizan.

Pero también había dos factores de esperanza para el Govern. Primero, que consideraban que la situación laboral con los maquinistas estaba pacificada tras descafeinar el traspaso de Rodalies. Gracias a ese buen clima con los trabajadores, Renfe había comenzado a aplicar en Catalunya un nuevo plan para que los maquinistas no saltasen entre líneas, de forma que los problemas de un trayecto no se arrastrasen a los demás.

Además, contaban con la llegada de los nuevos trenes de Alstom, casi un centenar, que debía resolver otro de los problemas más enquistados de Renfe en este servicio.

Rodalies, por fuerza, tenía que comenzar a funcionar mejor en 2026. Así se lo trasladaban los responsables del departamento a Illa y a Paneque y, de hecho, así lo habían prometido los dos delante del Parlament en marzo de 2025, en la anterior crisis ferroviaria. Pero el 20 de enero, tras el fallecimiento de un trabajador en Gelida, en plena resaca del accidente de Adamuz, todas aquellas esperanzas se fueron por el sumidero.

“Hemos encontrado la red peor de lo que esperábamos”, confesó Paneque hace dos semanas, tras el enésimo anuncio de restablecimiento del servicio que acabó en papel mojado. La frase es difícil de pronunciar para una consellera que ya hace 18 meses que es titular del servicio, pero cuyos compañeros de partido llevan más de siete años siendo los últimos responsables del estado de la infraestructura, a través del Ministerio y Adif.

Que Rodalies ha debilitado la imagen de gestión del Govern es algo que ni en el propio Ejecutivo rechazan. En las oficinas de Territori se consuelan aduciendo que, sin embargo, son ellos quienes han capitaneado la crisis y que no han rehuido de las responsabilidades que anteriores equipos de gobierno dejaron de lado.

Es una observación cierta, como también lo es que, en los momentos de máxima tensión, el Govern se ha visto obligado a contradecir su propio guion, dejar la llamada “colaboración” de lado y confrontar con el Ministerio, exigiendo dimisiones en Renfe y Adif o llamando al secretario de Estado a Barcelona.

Con todo, el clima en el Govern no es ni mucho menos de inquietud. La enfermedad de Rodalies es un mal doloroso pero que no mata, sobre todo mientras Junts y ERC apuesten por soluciones diametralmente diferentes, la de los republicanos además compartida y pactada con el PSC.

El de los trenes es un tema, en todo caso, de convalescencia, como la que ha atravesado el propio Illa durante un mes y que dejará atrás el próximo lunes, cuando se reincorpore a sus funciones presidenciales. En el Palau de la Generalitat están convencidos de que el regreso del president será la piedra de toque que permitirá superar el bache. Y, en cuanto quede atrás, los planes de un periodo triunfal para el Govern volverán a las agendas.

Salvador Illa vuelve a asumir las tareas presidenciales. Lo hará desde el próximo lunes y “de forma progresiva”, según ha anunciado él mismo en un mensaje a través de las redes sociales, tras casi un mes de baja debido a la infección ósea que le diagnosticaron el pasado 19 de enero. Illa ha recibido este viernes un último parte médico de los profesionales del hospital de Vall d'Hebron, en el que indican que la evolución es favorable y que su estado clínico es compatible con un retorno progresivo a su tarea política.

Pese a que la evolución es favorable, el president debe continuar el tratamiento antibiótico. De esta forma, según explican fuentes del Govern, la intención de Illa es comenzar a asumir algunas tareas de su agenda, pero hacerlo de forma paulatina y compaginando esta actividad con la rehabilitación y pauta establecida por los médicos.

El lunes a primera hora, el president realizará una declaración institucional que marcará su vuelta al Palau de la Generalitat. EL Govern aún no ha desvelado la agenda que tendrá ese primer día y los siguientes.

Illa ingresó en Vall d’Hebron el sábado 17 de enero, aquejado de dolor muscular y dificultad para mover las piernas. En los días posteriores, fue diagnosticado de osteomielitis, una infección bacteriana en la zona pélvica que le provocó una inflamación en las extremidades inferiores. Dos semanas después abandonó el centro sanitario, pero debió guardar reposo en su casa. Mientras ha estado fuera de su oficina presidencial, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha asumido sus funciones.

La educación, especialmente la concertada aunque seguida de cerca por la pública, fue el servicio que la ciudadanía catalana valoró mejor en el año 2025. En lado opuesto, la administración de justicia quedó en el último lugar, como el ámbito en el que la administración debe mejorar. Estas son algunas de las conclusiones de la encuesta sobre servicios públicos del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), de la Generalitat, que ha visto la luz este jueves.

Junto a la satisfacción con los servicios públicos en general, la encuesta también pregunta por los medios de transporte habituales. En este ámbito, los trenes de Rodalies de Renfe, obtienen la peor nota, con un 4,2 que los deja en el suspenso. Los siguen por la cola los Regionals de la misma compañía. En la parte alta de la tabla, los Ferrocarrils FGC son los mejor puntuados, seguidos del metro de Barcelona.

Aunque la encuesta se realizó mucho antes de la actual crisis de Rodalies, el estudio hace patente cómo la imagen de los trenes de cercanías de Renfe se ha hundido año tras año, obteniendo en 2025 el peor resultado de la serie. Pero también el AVE ha perdido prestigio, al caer casi medio punto en dos años. El metro, por su parte, ha mejorado puntuación, mientras que FGC y los autobuses, tanto urbanos como interurbanos, se mantuvieron en el margen habitual de valoración.

El sondeo no entra en cuestiones de competencia política y no arroja ni proyección electoral ni valoración de partidos o líderes. Sin embargo sí pregunta por la nota global del Govern de Salvador Illa, que obtiene en 2025 un 5,1 sobre 10 en valoración ciudadana. Se trata de tres décimas más que en el 2024 y de la primera vez que se supera el aprobado desde el inicio de este formato de encuesta, en el 2022.

El Ejecutivo, adedmás, obtiene una valoración positva de los simpatizantes de todos los partidos, con la excepción de CUP, Vox, y Aliança. Por otra parte, la ciudadanía da un aprobado al Govern en promoción de la cultura y la lengua catalana, la sanidad o la educación, mientras que suspende en lucha contra la pobreza y en seguridad de la ciudadanía.

La situación de Rodalies, tras 14 días de colapso, “tiene que acabar”. Es el mensaje que el Govern de Salvador Illa ha trasladado, tanto en público como en privado, al Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente. Según ha explicado en rueda de prensa la consellera portavoz, Sílvia Paneque, el Ejecutivo catalán cree que el caos en los servicios de cercanías ha tocado fondo y debe convertirse en la priridad absoluta del Ministerio, con el objetivo de revertirlo ya.

Para subrayar esta prioridad de Rodalies, el Govern ha reclamado que el secretario de estado de Transportes, José Antonio Santano, se instale en Barcelona “los días que haga falta”, al menos hasta que se resuelvan los problemas diarios que sufre el servicio ferroviario.

El Govern, en cambio, ha considerado que la presencia del ministro Puente, quién no ha estado en Barcelona desde que se inició la crisis de Rodalies, está excusada por su agenda ministerial y las diferentes comparecencias que tiene que atender estos días.

En un mensaje más duro de lo habitual hacia el Gobierno central, la consellera Paneque, que además es la responsable del transporte ferroviario, ha cargado contra el estado de las vías. “Nos hemos encontrado rodalies en un estado lamentable, mucho peor de lo que nos podríamos imaginar”, ha dicho.

La consellera ha reconocido que han fallado sus previsiones y que, pese a que anunciaron que este lunes pasado podrían volver a retomar el servicio, las obras no han acabado. “Habíamos hecho un voto confianza hacia Adif y Renfe”, ha asegurado Paneque sobre los plazos para reiniciar el servicio, por lo que ha exigido a estas dos empresas que la recuperación llegue “lo antes posible”.

“Pedimos responsabilidades a Renfe y Adif”, ha subrayado Paneque, que ha indicado que aunque tienen un expediente informativo abierto hacia la operadora y que analizarán el caso en su momento, lo que ahora reclaman son “soluciones”.

“Cuando se nos informe sobre lareaperturasas con seguridad, iremos informando”, sin querer volver a fijar unos plazos con los que, hasta ahora, el Govern siempre se ha pillado los dedos.

Paneque, además, ha reclamado que las inversiones desde el Gobierno en la red ferroviaria catalana queden garantizadas en el futuro. Según ha indicado, los problemas de la red de Rodalies tienen que ver, sobre todo, con la “desinversión histórica”, aunque también ha citado cuestiones como la climatología.

Según entiende el Govern, la situación de estos días ha hecho “evidente” que el traspaso de Rodalies es “absolutamente necesario”. En este sentido, Paneque ha destacado que recién nombrado director de la empresa mixta que operará Rodalies, Òscar Playà, haya sido fichado por Renfe como director en Catalunya. Con este doble cargo, ha considerado Paneque, Playà podrá comenzar a hacerse cargo de la gestión del servicio.