El anuncio de que el papa León XIV usará el catalán en la misa de la Sagrada Família pero no en el acto de bendición de la Torre de Jesús ha causado la indignación tanto del Govern, como de diversos partidos, entidades por la lengua y grupos religiosos.

Los primeros en mostrar su indignación frente a la noticia fueron los miembros del grupo parlamentario de Junts, que enviaron una carta al president Salvador Illa quejándose de que el Santo Padre relegara el catalán “a una posición secundaria respecto al castellano”. Así, pedían que desde el Govern se hicieran “todas las gestiones necesarias” para garantizar una presencia adecuada de la lengua.

La decisión también despertó el recelo de los socios de Illa, ERC y Comuns, así como de Plataforma per la Llengua, que considera la ausencia del catalán “una burla y un insulto intolerable”.

Ante la polémica desatada, el primer órgano en mover ficha ha sido el Parlament de Catalunya, presidido por el juntaire Josep Rull, que se ha puesto en contacto con obispos y arzobispos de Catalunya para pedirles que intercedan e intenten convencer al Papa de que el catalán debe ser “predominante” en sus actos.

El primero de los representantes catalanes de la Conferencia Episcopal en alzar la voz sobre el asunto ha sido el obispo de Girona, Octavi Vilà, que ha dejado claro que su opinión es que la Torre de Jesús debe ser bendecida en catalán. El religioso ha confesado que desea que la importancia de esta lengua sea “más importante de lo que finalmente será”, y ha recordado que, hace dos años y medio, el papa Francisco ya bendijo a la Madre de Dios de Montserrat en catalán.

Por otro lado, el Govern también ha intercedido y se ha puesto en contacto con la Santa Sede para dejar constancia de “la importancia del catalán en Catalunya”. La portavoz del Ejecutivo, Sílvia Paneque, ha asegurado que ha visto “receptividad y sensibilidad” por parte de sus interlocutores. Paralelamente, Rull también ha dirigido una misiva al Vaticano explicando la “realidad nacional” de este idioma.

Ante este aluvión de peticiones, los responsables de la visita del Papa a España han asegurado que han “puesto claramente en valor la realidad social e idiomática catalana” ante el Pontífice, pero han querido recordar que a quien corresponde fijar la lengua que se usará es al Vaticano. “Hasta que no veamos lo que pasa, no podremos tener una opinión sobre este tema”, ha remachado Fernando Giménez Barriocanal, coordinador adjunto del viaje, en una rueda de prensa en Madrid.

Aun así, desde el Govern han querido restar importancia al asunto y han insistido en que la visita, en sí misma, ya es una muestra del “interés y el aprecio por el país” del Pontífice. Asimismo, Paneque ha recordado que a lo largo de los dos días que estará en Barcelona, el Papa hablará en “diversas lenguas” y ha resaltado positivamente que el catalán vaya a ser usado en la misa de la Sagrada Familia.

El Govern descarta recomendar teletrabajo

La portavoz Paneque también ha trasladado a la ciudadanía que descarta valorar la recomendación del Ministerio de teletrabajar durante la visita del Santo Padre a la capital catalana. Ha remarcado, por otro lado, que el Ejecutivo está centrado en “garantizar la movilidad” en la ciudad.

“No sé si sería un buen mensaje que, cuando hay visitas de jefes de Estado, el Govern no pueda asegurar la movilidad de los trabajadores”, ha insistido Paneque, que también es consellera de Territorio. Así, la apuesta del Govern será ampliar la frecuencia y la capacidad de trenes y autobuses esos días.

Las afectaciones que se esperan son diversas. Se han proyectado cortes de circulación en los entornos de la Catedral, la Parròquia de Sant Agustí, las inmediaciones de la Sagrada Família y del Estadi Olímpic. También se han anunciado modificaciones en diversas líneas de autobús y la clausura de las estaciones de metro de la parada Sagrada Família.

La nueva oleada de huelgas docentes en Catalunya –y ya van tres este curso– afronta su tercera semana seguida de movilizaciones. Con un seguimiento notable, los sindicatos que las convocan aspiran a arrancar del Govern unas mejoras salariales y de refuerzo de plantillas que vayan más allá de las pactadas en marzo entre CCOO y UGT. 

Si al inicio del actual ciclo de protestas el conflicto parecía enquistado, ambas partes han reconducido la situación para iniciar una ronda de negociaciones que ya va por la cuarta sesión. Del desenlace de estas conversaciones depende que las huelgas lleguen hasta el 5 de junio, o incluso que alarguen hasta la visita del Papa a Barcelona.

Por ahora, los únicos brotes verdes tienen que ver con las concesiones de ambas partes para sentarse a la mesa. El Departamento de Educación descartó negociar fuera del acuerdo de 2.000 millones de euros cerrado con CCOO y UGT, pero en la práctica ya lo está haciendo. Por su parte, los sindicatos de la protesta (USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical) reclamaban reunirse como comité de huelga, pero finalmente han aceptado hacerlo dentro de la mesa sectorial.

A partir de aquí, y en reuniones que se han alargado varias horas, las partes han fijado unas condiciones de mejora laboral que todavía están lejos. El nudo de las conversaciones afecta a dos de las principales reivindicaciones del colectivo en los últimos meses: la subida salarial, y el refuerzo de plantillas para el modelo de escuela inclusiva. 

Mejores salarios y mayor subida el 2026

Aunque los sindicatos de la huelga fijan el refuerzo de plantillas y los sueldos como un doble objetivo irrenunciable, de las reuniones se desprende que la parte salarial es la más complicada de resolver. 

La negociación parte del acuerdo alcanzado con CCOO y UGT, que aspiraba a alejar a los docentes catalanes de la cola estatal en cuanto a retribuciones, a través del aumento –por primera vez en 25 años– del complemento salarial autonómico. En este sentido, se fijó una subida a cuatro años hasta alcanzar los 3.000 euros más anuales en 2029 (o, lo que es lo mismo, unos 214 euros al mes de incremento). 

A partir de aquí, Educación abrió juego y planteó acelerar esta subida para completarla en tres años en vez de cuatro. Además, ha añadido la creación o subida de nuevos pluses salariales, en total siete, que aseguran que afectarían a 100.000 docentes (concertada incluida). Se trata de complementos de tutorías, co-tutorías o coordinación digital y las subidas durarían entre dos y cinco años en función del plus. 

Pero esto sigue lejos de las pretensiones de los sindicatos huelguistas, que ya respondieron antes de la última reunión del viernes con una propuesta sustancialmente mayor. Los representantes laborales quieren que las subidas sean para todo el personal. Su propuesta es que el incremento progresivo sea de hasta 500 euros al mes al llegar a 2029. 

A todo ello, le añaden vincularlas subidas al IPC, mejorar el pago por nocturnidad en excursiones (el pacto de CCOO y UGT arrancó por primera vez 50 euros por noche) e incrementar los sexenios. 

Al margen de la cuantía total, una de las claves del acercamiento de posiciones puede tener que ver con el calendario de su aplicación. Con la perspectiva de la aprobación de presupuestos en 2026, la parte sindical aprieta para atar las mejoras este mismo año, de cara al próximo curso.

En este sentido, los partidos que ejercen de socios del Govern, ERC y Comuns, han transmitido estar dispuestos a replantear algunas de sus medidas, para dar más margen de maniobra presupuestaria a la conselleria de Educación. En los últimos días, Jéssica Albiach, de los Comuns, ha insistido en que está dispuesta a “recalendarizar” algunos de sus acuerdos para encajar demandas docentes y solucionar el conflicto.

El refuerzo de la escuela inclusiva

Antes de abrir el melón salarial, el Departamento de Educación apostaba por desencallar el conflicto sobre todo a través de reforzar las plantillas para aplacar las quejas de que el modelo de educación inclusiva hace aguas. Durante las protestas de los últimos meses, una de las principales denuncias de los docentes ha sido que la incorporación en la última década del alumnado con discapacidad y otras dificultades de aprendizaje en las aulas convencionales no ha ido acompañada del personal de apoyo suficiente para atenderlo bien.

De ahí que Educación haya ido subiendo la apuesta para incorporar más profesionales especializados en este ámbito de cara al próximo curso. De unos 500 que planteó inicialmente han pasado ya a 1.348 de cara a septiembre. Esto solo para escuela inclusiva, que incluye logopedas, psicopedagogos, personal de apoyo, técnicos de educación infantil… Además, contratarán 708 docentes más sobre todo de cara a impedir las llamadas sobreratios (que en la ESO no superen 30 alumnos por clase). 

Casi todas las fuentes consultadas ven más plausible el acercamiento entre las partes en materia de inclusión que en salarios –aunque algunos lo vean más lejos, y otros más cerca–. Pero aquí se abre otra brecha entre sindicatos. USTEC, que es el mayoritario en la pública, y CGT, apuestan por apuntalar el modelo inclusivo con más personal. Pero Professors de Secundària se opone a él y quiere que se replantee.

De ahí que en sus comunicaciones conjuntas pidan refuerzos de plantilla en general. En total, 6.400 nuevas dotaciones. Pero se pregunta en concreto a USTEC, por ejemplo, propone que todas ellas sean para el modelo de escuela inclusiva, con un horizonte de uno o dos años, como una primera fase o “plan de choque” para salvar la inclusión. 

Los refuerzos, señala este sindicato, requerirían una inversión de 300 millones, y el salario, para el curso actual, de 200. Pero Educación ha rebatido que el alcance sería de 1.000 millones de euros, algo que ven fuera de lugar, con lo que las negociaciones no están cerca de su fin.

Los nuevos presupuestos aprobados por el Govern catalán mantienen el gasto público en 49.162 millones de euros, contemplando 893 millones a través de disposiciones adicionales para cumplir con ERC y los Comunes. De ese dinero, unos 360 ya estaban previstos en el proyecto aprobado en el mes de febrero para los acuerdos con los Comunes -reservados en los fondos no departamentales y sin adjudicar-, mientras que otros 533 provienen de una disposición en la que se habían reservado como “almohada” por el aumento de previsión de ingresos de 500 han explicado desde Economía. El Govern prevé 4.693 millones hasta el 2030 por los acuerdos con ERC y los Comuns.

Economía y Finanzas justifica que el proyecto de presupuestos presentado este viernes es muy similar al presentado hace tres meses porque el cuadro macroeconómico se mantiene, al tiempo que entre un 75% y un 85% de las cuentas están condicionadas en el capítulo 1 -lo que contiene las remuneraciones de personal-.

Así, las principales cifras se conservan y el proyecto contempla 4.146 millones en inversiones del sector público, financiadas a través de un ahorro corriente de 2.475 millones. El gasto si se incluye el total del sector público aumenta hasta los 54.747 millones, un 24% por encima de las cuentas de 2023, las últimas aprobadas.

Durante el 2026, los ingresos no financieros se prevé alcanzar, según el presupuesto, los 48.231 millones de euros (+27,9%, unos 10.527 millones respecto a las últimas cuentas aprobadas). El grueso procede del modelo de financiación (32.894 millones), de la recaudación de los tributos propios y cedidos (6.481 millones) y de los recursos finalistas (7.886 millones).

Sin embargo, estos ingresos se da por hecho que aumentarán más por el buen ritmo de la economía, y como prevé la disposición adicional que incluye los aproximadamente 500 millones que se han previsto para los pactos con ERC en 2026.

En cualquier caso, la cifra presupuestada de 49.162 millones es la más elevada de un presupuesto de la Generalitat.

De hecho, las principales cifras deben mantenerse intactas para cumplir con la regla de gasto, con lo que el presupuesto aumenta en 9.126 millones respecto a las cuentas de 2023, hasta alcanzar los 49.162 millones de euros.

Sin embargo, al cierre del ejercicio este gasto se habrá incrementado, como fuentes de Economía apuntan a que ocurre con cada presupuesto, por el aumento de ingresos u otras variables.

En este sentido, a la cifra de los 49.162 millones de euros habrá que sumar los 533 millones que se necesitan para cumplir este año con los compromisos con ERC, de los que 500 ya se habían reservado con una disposición adicional en el proyecto de febrero y estaban sin asignar. Así, el presupuesto podría acabar siendo de unos 49.695 millones de euros, aunque negro sobre blanco cuya cifra se aprobará es la de 49.162 millones.

Economía y Finanzas ha explicado que los acuerdos alcanzados suponen 893 millones de euros extra para los departamentos en 2026: 533 para ERC y 360 por los pactos de los Comunes, estos últimos ya contemplados en los 49.162 millones de febrero.

Cifras por departamentos

Así, si se observa la cifra total de gasto por departamentos, es la misma que el proyecto de finales de febrero y, en términos absolutos, Salut sigue siendo el que se lleva más recursos (13.840), seguido de Educación (8.356) y Derechos Sociales (4.248).

Del detalle de los 893 millones pactados con ERC y Comuns distribuidos en dos disposiciones adicionales, Economía y Finanzas ha precisado que 251 millones son para Salut, por lo que, de nuevo, es la conselleria más beneficada en términos absolutos.

Le siguen la macrocartera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica (203 millones), Educación (135 millones), Cultura (50 millones), Política Lingüística (41 millones), Derechos Sociales e Inclusión (41 millones), Unión Europea y Acción Exterior (40 millones), Investigación y Universidades (38 millones), Presidencia1 y 35 Democrática (15 millones), Deportes (11 millones), Empresa y Trabajo (10 millones) e Igualdad y Feminismo (2 millones).

Estos 893 millones forman parte de un paquete de 4.693 millones de “compromisos” con ERC y Comuns para el período 2026 – 2030.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, han sellado este jueves el acuerdo de los presupuestos en el Palau de la Generalitat. Govern y Comuns renuevan así el pacto alcanzado hace dos meses, ahora con 2.500 millones para vivienda, una nueva ley para convertir oficinas vacías en Vivienda de Protección Oficial (VPO) y una dirección general de disciplina de vivienda. El texto acuerda mantener la doble convocatoria del Plan de Barrios -40 barrios y 400 millones- en 2027 y 2028. Se encarga también un estudio para que la línea R-Aeroport sea una prolongación del R4 antes de 2030. Tras pactar con ERC y Comuns, el Govern prevé aprobar las cuentas el viernes y llevarlas al Parlament.

El acuerdo plantea destinar 2.500 millones de euros a políticas de vivienda en esta legislatura: 1.500 millones en recursos propios y 1.000 millones del Institut Català de Finances (ICF).

Ley para convertir oficinas en VPO

Se recoge la voluntad de “trabajar conjuntamente” en una proposición de ley para incrementar el parque de vivienda protegida, incorporando la reconversión de oficinas y locales comerciales en VPO.

Al calendario para aprobar la prohibición de la compra especulativa antes del verano, se le suma una nueva ley para reconvertir oficinas vacías en vivienda protegida. Albiach ha aspirado a que esta ley comience a funcionar antes de acabar el año, en entrevista este mismo jueves en TV3.

Albiach ha asegurado que a partir de la próxima semana comenzarán las conversaciones con ERC y la CUP para contar con su apoyo para prohibir la compra especulativa.

Pobreza energética

Con este acuerdo, el Govern se compromete a impulsar el Fondo de Atención Solidaria antes del verano. Este fondo debe servir para rescatar a las familias en situación de pobreza energética y para dar respuesta a la finalización del convenio con las empresas eléctricas que servirá para condonar la deuda acumulada de las familias en situación de vulnerabilidad. Este convenio finalizó el 31 de diciembre de 2025. El presupuesto inicial es de 3 millones de euros para 2026 y 10 millones para 2027.

R-Aeropuerto y Terras de l'Ebre

Se encarga un estudio para incorporar al Pla de Govern la transformación, en una segunda fase antes de 2030, del servicio previsto Sant Andreu-Aeropuerto hacia un recorrido ampliado que sea operado por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Así, analizar la definición de una R4 Norte entre el Aeropuerto y Terrassa o Manresa y la posibilidad de una R4 Sur. También se pacta valorar el adelanto del estudio de vialidad el tren-tramo de Terres de l'Ebre para finalizar el 2028.

Salud sexual y violencias machistas

Además, se acuerda elaborar un plan para incrementar el número de matronas y para mantener las que se forman en Catalunya, para asegurar la mejora de la atención de los centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva en toda Catalunya, garantizando también la asistencia ginecológica.

El documento también recoge la creación antes de terminar el primer semestre de 2027 de la Comisaria General de Prevención y Denuncia de las Violencias machistas, reforzando y ampliando los Grupos de Atención a la Víctima de los Mossos d'Esquadra, así como las unidades de investigación de los delitos vinculados con las violencias machistas.

Cuentas en julio

La actualización del pacto con los Comuns también contempla actuaciones territoriales. En una entrevista en Catalunya Ràdio, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha defendido este jueves que los pactos cerrados esta semana con ERC y Comuns hacen “mejores” los presupuestos respecto a los presentados hace dos meses. La consellera ha asegurado que el Govern tiene “la maquinaria lista” para iniciar la tramitación de las cuentas y calcula que podrán ser aprobadas durante la primera quincena de julio.

El Govern ha alcanzado un acuerdo presupuestario con Comuns y ya tiene los apoyos necesarios para poder aprobar las cuentas de la Generalitat de Catalunya para este año, después de haber atado también el 'sí' de ERC.

El president catalán, Salvador Illa, y la líder de Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach, protagonizarán este jueves, a las 11:30 horas, el acto de firma de su acuerdo presupuestario en el Palau de la Generalitat, según han informado en un comunicado.

Será un acto breve, en la Galería Gótica del Palau, precedido de una reunión protocolaria entre Illa y Albiach, una liturgia que ya cumplieron el pasado martes el presidente de la Generalitat y el líder de ERC, Oriol Junqueras, al rubricar su acuerdo.

A continuación, a las 11:45 horas, comparecerá en rueda de prensa, desde el Palau de la Generalitat, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, para explicar los detalles del acuerdo y posteriormente, a las 12:20 horas, será Albiach quien comparezca ante los medios desde la sede de Comuns en Barcelona.

Con los votos a favor de ERC y Comuns asegurados, el Govern podría aprobar este viernes el proyecto de presupuestos, para trasladarlo inmediatamente al Parlament para que inicie cuanto antes su tramitación, con el fin de poder aprobarlo definitivamente en julio.

El último medio año de Salvador Illa ha sido especialmente duro. El president de la Generalitat despidió 2025 con optimismo, esperando un inminente acuerdo de financiación autonómica que diera tranquilidad y le permitiera encarar el ecuador de la legislatura con nuevas cuentas. Pero nada de eso ocurrió. Al contrario, desde enero pasado el Ejecutivo catalán ha ido encadenando crisis superpuestas como Rodalies, Educación, Mossos o la propia financiación que han minado su imagen y le han desgastado políticamente.

El acuerdo firmado este martes con Oriol Junqueras es leído en el Govern como un punto de inflexión que permitirá dejar atrás unos meses para olvidar. Los nuevos presupuestos supondrán una inyección muy importante de recursos, que funcionará como bálsamo tanto para dar brío a los servicios públicos como para renegociar con sectores profesionales en huelga, como los educadores.

Pero Illa gana, además de recursos, capital político, una divisa que su Ejecutivo necesita tanto como la pecuniaria. El relato con el que los socialistas llegaron a la Generalitat tras más de una década de procés decía que, a diferencia de la decadencia generada por los independentistas, Illa y los suyos serían capaces de volver a hacer que Catalunya funcionase, con unos servicios públicos en forma y una economía que devolviese a la sociedad catalana al liderazgo perdido.

La gran crisis de Rodalies, que se inició el pasado enero y aún no se ha solucionado por completo, supuso una vía de agua en esas promesas. Pero también el conflicto laboral abierto con los profesores, que estos días están en plena movilización, reflejaba que el manual de gestión despolitizada al que el PSC se había aferrado resultaba insuficiente para gobernar.

Pero el gran problema de Illa ha estado sobre todo en la inestabilidad parlamentaria que no lograba contener. Después de que ERC hubiese advertido de que necesitaba un compromiso del Gobierno central a favor del traspaso del IRPF para apoyar las cuentas, el president optó por un tomar la iniciativa y presentó el proyecto de presupuestos sin contar con los republicanos. Un órdago que salió mal porque ERC no cejó y que le obligó a retirarlos.

Los de Oriol Junqueras venían de pactar un modelo de financiación con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en Catalunya prácticamente todo el mundo consideró como un avance importante. La Generalitat dispondría de 5.000 millones de euros anuales más, lo que situaría su financiación per cápita en la parte alta de la tabla por primera vez.

Los republicanos querían redondear ese acuerdo materializando otra cuestión que ya venía pactada con Illa y que era a priori más sencilla: la recaudación del IRPF desde Catalunya. Pero, aunque inicialmente Hacienda se había mostrado abierta a hacerlo, Montero había virado su decisión. “No sé qué te dicen los míos, pero eso no va a pasar”, pronunció la ministra en una llamada desvelada por este diario que acabó de dinamitar la confianza entre Junqueras e Illa.

¿Qué ha ocurrido entre aquel desencuentro y el actual pacto? Interpretaciones las hay para todos los gustos, desde que Junqueras no puede abortar la legislatura porque aún está inhabilitado para presentarse, tal como hacen correr sus críticos, como que en realidad la negociación del IRPF está más madura de lo que ambas partes quieren reconocer, tal como dejan caer fuentes republicanas.

Pero el entendimiento entre republicanos y socialistas es consecuente con la estrategia que ambos siguen desde el inicio del actual ciclo político. Las diferencias son muchas y han quedado de manifiesto en cada embate que ambos han protagonizado. Pero, en las últimas semanas, Illa y Junqueras se han ido acercando al calor de una misma convicción: solo se gobierna con presupuestos. Y ambos, creen, pueden compartir los beneficios de una política que funciona en medio de un mundo donde parece que todo se desmorona.

El president Salvador Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han cerrado este martes el primer acuerdo de presupuestos de la legislatura, que ya lleva más de 20 meses en marcha. Govern y republicanos han firmado el documento del entendimiento en un acto solemne en el Palau de la Generalitat, después de que el lunes ambos políticos participasen en un acto sobre la línea orbital ferroviaria, que se ha convertido en el símbolo de este pacto, y también después de que Junqueras se sometiese a un ajetreado consell nacional de su partido.

Tras la fotografía de este martes hay semanas de negociación discreta entre socialistas y republicanos, que han salvado una relación que parecía muy tocada después de que en marzo el president se viera obligado a retirar los presupuestos por no contar con el apoyo de los de Junqueras. Por su parte, ERC ha borrado la condición indispensable que situaban a inicio del año para las cuentas, que era obtener un compromiso verbal de la entonces ministra de Hacienda a favor del traspaso a la Generalitat de la recaudación del IRPF.

En el acuerdo firmado este martes figura una referencia a la cuestión del IRPF, vinculada a la aprovación del nuevo modelo de financiación. “Se trabajará conjuntamente para que las leyes que se acaben aprobando en el Congreso de los Diputados [sobre la financiación] incorporen la delegación de competencias en la recaudación”, reza el documento.

Además de la línea orbital, el Govern y ERC han pactado que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona sumen mayoría en el consorcio de la Zona Franca, también el traspaso de la competencia para gestionar el litoral, pendiente desde 2008, la puesta en marcha del consorcio de inversiones, o una inyección de 527 millones a la Agència Tributaria de Catalunya. Este miércoles se celebrá una comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat para que el Gobierno central muestre su compromiso con estas medidas.

ERC ha negociado también la incorporación directa de fondos a algunas partidas, como 250 millones más para sanidad o 400 millones para educación, este último en inversiones para infraestructura escolar.

A falta de acabar de actualizar el pacto con los Comuns, que tienen sus propias exigencias, previsible será el viernes el día que el Govern vuelva a llevar la ley económica al Parlament. De pasar la prueba del legislativo, estos serían los primeros presupuestos que la Cámara apruebe desde el año 2023. El acuerdo de Illa con los mismos socios con los que logró su investidura en agosto de 2024 estabiliza una legislatura que al Govern comenzaba a hacérsele cuesta arriba sin nuevas cuentas.

“Esquerra es un partido exigente y hemos vivido semanas muy intensas de negociación”, ha señalado la consellera de Economia, Alícia Romero, que se ha mostrado confiada en alcanzar también el acuerdo con los comuns. “Negociar es ceder. Estamos satisfechos”, ha remachado en una rueda de prensa posterior a la firma del pacto.

Sobre el hecho de que no se haya alcanzado un acuerdo con los profesores antes de aprobar las cuentas, Romero ha matizado que los Presupuestos son un “proyecto vivo” y se podrían mover partidas en caso de tener que destinar más recursos a la educación, tal y cómo reclaman los docentes y los sindicatos. La consellera, sin embargo, ha señalado que considera “inasumibles” algunas de las demandas del profesorado aunque ha querido destacar “la voluntad de diálogo” con la que el ejecutivo afronta la reunión del miércoles con los maestros.

La piedra del traspaso del IRPF se convirtió en una montaña en la última negociación presupuestaria, entre febrero y marzo pasado, y acabó obligando al Govern a retirar los presupuestos. Pero dos meses después lo que entonces Oriol Junqueras presentó como un requisito imprescindible para aprobar las cuentas catalanas, que la ministra de Hacienda aceptara de palabra dar a la Generalitat la capacidad para recaudar el impuesto de la renta, ha pasado de condición a aspiración y el Consejo Nacional de Esquerra ha avalado dar luz verde a los primeros presupuestos de Salvador Illa.

La decisión se ha tomado este lunes en el máximo órgano de los republicanos, que refrenda la estrategia de Junqueras, partidario de dar aire al Govern. La idea del líder republicano es que ERC debe situarse del lado de la oposición constructiva y apuntarse varios tantos, como son el impulso de la línea orbital ferroviaria, más participación de los órganos catalanes en el consorcio de la Zona Franca, el traspaso de la competencia para gestionar el litoral, pendiente desde 2008, o la puesta en marcha del consorcio de inversiones.

En competencia fiscal, lo único que habrá es una inyección económica para la Agència Tributaria Catalana, que sin embargo aún no puede actuar porque lo impide la ley estatal de financiación.

Estas son las conquistas que ERC quiere lucir y que quedarán selladas primero el martes como acuerdo entre Junqueras e Illa y, ya el miércoles, en la Comisión Bilateral, que reunirá en Madrid al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y la de economía, Alicia Romero. No está, sin embargo, el triunfo que la dirección republicana creía a principios del año que valía una legislatura, como era la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat.

“Eso no significa que renunciemos [a ese traspaso]”, aseguraban fuentes de ERC la semana pasada, que indicaban que siguen trabajando codo con codo, ahora con el nuevo ministro de Hacienda Arcadi España, para poder encajar el cambio de manos del principal impuesto en las enmiendas al modelo de financiación que deberían llegar al Congreso el próximo otoño, si todo va bien. Cuando llegue ese momento, ERC volverá a dar la batalla, consciente de que la mayoría es muy incierta y de que, en vista de los antecedentes, incluso Junts podría tumbar la recaudación catalana.

Los republicanos han optado por lo contrario que hace dos meses, cuando exigían a la entonces ministra María Jesús Montero que suscribiese un compromiso de palabra sobre una política pactada con el PSC y avalada por el PSOE pero que el Gobierno ahora rechaza. Tras obligar a Illa a retirar las cuentas, algo que nunca había pasado en la historia de la Generalitat, ERC ha preferido no apretar más y dar cuerda a la negociación con el ministro España, que no aparenta ser más proclive a la recaudación catalan del IRPF que su antecesora.

La reunión del Consejo Nacional donde la dirección republicana ha explicado el acuerdo alcanzado ha sido este martes larga y agitada. Entre quienes han tomado la palabra, que han sido muchos de los participantes, han contrastado los favorables al resultado de las negociaciones con quienes han expresado críticas en diferentes grados.

Uno de los reproches repetidos ha sido que el acuerdo no se haya sometido, no ya al voto de la militancia, sino ni siquiera al de los órganos internos de la formación. El giro respecto al IRPF y el hecho de que ERC no haya aprovechado la gran movilización docente para incluir alguna cosa en educación también ha sido motivo de comentario en una ERC que, de nuevo, vuelve a agitarse por su relación con el PSC.

“Agradezco a ERC su sentido de país”, ha expresado este lunes el president Salvador Illa desde Sant Sadurní d'Anoia, donde presentaba su compromiso con la línea orbital. Esta infraestructura, que ERC ha convertido en icono de su apoyo a Illa, lleva más de 20 años pensada pero nunca ejecutada.

Se trata de un tren orbital que une las principales comarcas metropolitanas de Barcelona sin pasar por la capital. Una línea así sería la joya de la corona de un sistema ferroviario moderno y eficaz, pero el estado ruinoso de Rodalies, que aún no ha salido del bache en el que se metió en enero pasado, genera la duda de si lo que la red necesita es proyectar nuevas líneas en vez de mejorar las que ya tiene.

En todo caso, para ERC la línea orbital les pone en disposición de matar varios pájaros de un tiro. Por un lado, es una apuesta por la política metropolitana y el transporte público que más usan las clases populares catalanes, dos pilares de la identidad política en la que Junqueras quiere ser reconocido. Pero además, se le fuerza al Estado a proyectar líneas de tren convencional en Catalunya, algo que no ocurre desde hace medio siglo. A la vez, se abre una vía para que el Ministerio de Transportes pueda cumplir con las inversiones territorializadas, en las que Catalunya siempre sale muy mal parada en comparación con el resto de territorios.

Tras la bilateral del miércoles, la previsión del Govern es llevar los presupuestos al Parlament el viernes. La tramitación se demora habitualmente en torno a un mes. De ser así, y a falta de que los Comuns y el Ejecutivo vuelvan a entenderse para refrescar el acuerdo que ya tienen, Illa podrá irse de vacaciones en agosto habiendo cumplido dos años en el Palau y con unos presupuestos aprobados. Un balón de oxígeno que contribuirá a estabilizar un Govern al que en este 2026 se le han acumulado los problemas.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, han simbolizado este lunes el acuerdo para desplegar el tren orbital, un proyecto que nació hace más de dos décadas para conectar ferroviariamente las comarcas del ámbito metropolitano, entre Mataró y Vilanova y la Geltrú, sin pasar por Barcelona. El pacto supone un paso decisivo para encarrilar los primeros presupuestos del Govern.

“Agradezco a ERC su sentido de país”, ha asegurado Illa, recién aterrizado de California, y que ha descrito el nuevo proyecto de línea como “una apuesta por la movilidad sostenible”.

La línea orbital ferroviaria comprende en total 120 kilómetros, de los que 68 serán de nueva construcción, con un total de 40 estaciones, 23 nuevas. La inversión prevista es de 5.200 millones de euros y el calendario más optimista fija su culminación en 2041. Sin embargo, el despliegue sería por fases, que podrían funcionar de forma independiente. La primera, entre Granollers y Terrassa, es la única que hoy tiene la financiación garantizada a través del Plan de Rodalies 2026-2030.

Desde el Govern aseguran que las previsiones son optimistas a la vez que “realistas”. La Generalitat cuenta con las reservas urbanísticas de suelo que hay hechas desde 2010, lo que “hace vislumbrar” que desde el punto urbanístico la línea podría desarrollarse con cierta “rapidez”.

Lo menos definido es la financiación de buena parte de los 5.200 millones de euros de inversión que serán necesarios para hacerlo posible. Por ahora, sólo están garantizados los 665 millones para conectar Santa Perpètua de Mogoda y Sabadell, en el tramo Granollers-Terrassa.

Es dinero previsto en el Plan de Rodalies 2026-2030 y para el Govern esto es “garantía que saldrá adelante”. Para el resto de los recursos que serán necesarios ya se han iniciado conversaciones con el Estado para encontrar otras vías de financiación y que podrían empezar a concretarse “en los próximos días”.

Tanto ERC como el Govern prevén también llevar a cabo un “trabajo contundente” para encontrar fórmulas que garanticen la inversión del Estado en Catalunya a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, sin que eventuales cambios de gobierno en uno u otro parlamento pueda hacerlo descarrilar.

Por otra parte, el hecho de que el tren orbital no se conceptualice como un proyecto de línea “de punta a punta” permitiría construir tramos, ponerlos en marcha y empezar a buscar la financiación y proyectar los siguientes de forma paralela, de forma que cada uno de los cuatro tramos pueda funcionar de forma independiente.

Despliegue por tramos

En la primera fase, entre Granollers y Terrassa, consta de unos 32 kilómetros y un total de quince estaciones, de las que cinco serán nuevas. El tramo de nueva construcción es el mencionado entre Santa Perpètua-Barberà y Sabadell Nord. La previsión es terminarla en el 2034.

Ésta es la fase de la conexión estructural y directa entre los dos Vallesos e incluye también el desdoblamiento del R3 entre Granollers, Canovelles y Santa Perpètua y la cuadruplicación del R8 a Santa Perpètua para separar el tráfico de Cercanías con el del Corredor Mediterráneo.

En este sentido, antes de la ejecución de las fases estrictamente destinadas al tren orbital, el acuerdo entre el Govern y ERC prevé una “fase cero” de “refuerzo operativo inmediato de la R8, entre Granollers y Martorell, con el objetivo de empezar a construir una ”lógica orbital“. En este tramo se prevén nuevos intercambiadores en Rubí.

La segunda fase que se prevé a efectos de calendario es la de Mataró-Granollers, que conectaría el Maresme con el Vallès Oriental en el 2037. Se proyecta la construcción de 23 kilómetros de vías y seis nuevas estaciones, de las cuales tres están en Mataró. La inversión prevista para ese tramo es de 1.450 millones.

La tercera fase del proyecto es la que conectaría Terrassa a Vilafranca del Penedès en 2040, con la construcción de un nuevo tramo de vías entre Terrassa y Martorell y seis nuevas estaciones, coordinado con el Eix Transversal Ferroviari. La inversión prevista es de 1.150 millones. A partir de ahí, se aprovecha el trazado del R4 sur.

La última fase se culminaría al año siguiente, en 2041, con 29 nueve kilómetros de vías y seis nuevas estaciones que conectarían Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú, con una inversión de 1.400 millones de euros. Esta última actuación es la que cerraría la anilla ferroviaria metropolitana.

Una movilidad más completa

Con todo, el objetivo de la nueva infraestructura es mejorar la conexión con transporte público en torno a Barcelona que rompa el modelo radial y permita transitar hacia un sistema en red que mejore la conectividad ferroviaria en forma de “malla”, según ha explicado la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque.

Paneque defiende que este modelo permite una “movilidad más completa” y dota al ámbito metropolitano de un “potencial completamente nuevo”, también “Catalunya adentro”. La consellera saca pecho del momento que vive Catalunya en cuanto a las inversiones y defiende que el proyecto orbital complementa otras inversiones en la red de Cercanías actual.

El Gobierno defiende, en este sentido, la superación de un largo período de “déficit” de inversiones ferroviarias y que añaden “competitividad” al país, especialmente en las comarcas directamente beneficiarias.

El economista francés Gabriel Zucman ha ganado relevancia mundial en los últimos años por sus estudios sobre la desigualdad pero, sobre todo, por ser el impulsor de una propuesta para que los patrimonios de más de 100 millones paguen al menos un 2% anual de impuestos. Esta 'tasa Zucman' es ahora una de las peticiones que los Comuns han puesto sobre la mesa de Salvador Illa para actualizar el acuerdo de los presupuestos catalanes, que el grupo de Jéssica Albiach ya pactó hace unos meses, pero que el Govern quiere volver a presentar la próxima semana, tras alinearse con ERC.

La propuesta de los Comuns es prácticamente calcada a la del francés. Se trataría de que las fortunas de más de 100 millones paguen un tipo efectivo del 2%. Es decir, que después de contar todas las exenciones, reducciones y bonificaciones que la ley permite, se les imponga un suelo mínimo del 2% de su patrimonio a pagar anualmente. “Se trata de acabar con los privilegios fiscales de los ultrarricos con una medida de sentido común: la tasa Zucman”, recalcan fuentes de la formación.

De esta manera, los Comuns pretenden enmendar algunos flecos del impuesto temporal que en España se aplica desde 2022 a las grandes fortunas. Por un lado, buscan que la tasa sea permanente. Por otro, apuestan a que la aplicación de este umbral mínimo vaya de la mano de cambios en la forma en cómo se contabilizan las fortunas. “Ahora, la ley deja fuera de los impuestos al patrimonio varios tipos de bienes, entre ellos bienes o inmuebles vinculados a una empresa”, aseguran desde los Comuns, que indican que debería contabilizarse el conjunto de la fortuna en la línea a las tesis de Zucman.

Actualmente, el impuesto temporal en España contempla un tipo del 3,5% por encima de 10,7 millones de euros. Además, el impuesto al patrimonio de Catalunya tiene, gracias a un acuerdo de 2022 de los Comuns, un tipo del 2,75 por encima de los 10,7 millones y del 3,48 por encima de los 2. Pero, debido a las excepciones y descuentos a las que los multimillonarios pueden acogerse y que los Comuns quieren topar, el impuesto medio que se recauda en Catalunya y en España “no llega ni al 0,3% del total de patrimonio que declaran las personas con grandes fortunas”, explican fuentes de la formación.

Para llevar a cabo esta reforma fiscal, el plan del grupo de Albiach es convencer a los socialistas de sacar adelante una propuesta para que el Parlament ejerza su iniciativa legislativa ante el Congreso. Una fórmula que la Cámara catalana ha ejercido en diversas ocasiones, la última hace pocas semanas para proponer cambios en la ley de la eutanasia, y que permitiría que tres diputados catalanes acudan a Cortes a defender la proposición de ley.

Gabriel Zucman es un economista muy influyente en el conjunto de la izquierda global, pero al que recientemente el Gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado cercano. En febrero pasado, el presidente recibió a Zucman en Madrid, durante unas jornadas ministeriales contra la desigualdad. Dos meses después el economista participó en el gran encuentro progresista de Barcelona con el que Sánchez enmarcó la cumbre con Lula y otros jefes de Estado y de Gobierno de izquierdas.

Los Comuns quieren ahora que los socialistas vayan más allá de las palabras y muestren su compromiso con la propuesta estrella de Zucman sobre fiscalidad. De sellarse este acuerdo, se incorporaría al conjunto de medidas que ya firmaron en su día Comuns y PSC a cambio del apoyo a las cuentas. Entre los pactos destaca la nueva regulación para prohibir las compras de vivienda por parte de inversores, una medida que dependerá de los municipios y finalmente afectará tanto a los grandes caseros y como a empresas.

El Govern ha pedido disculpas este miércoles por la infiltración de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de profesores que fue descubierta por docentes del sindicato CGT hace una semana. Lo ha hecho la consellera de Interior, Núria Parlon, que ha comparecido en el Parlament acompañada del director de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. “Es una maniobra operativa bien intencionada pero mal planteada, desafortunada”, ha dicho Parlon, que sin embargo ha defendido que el cuerpo lleve a cabo este tipo de infiltraciones como uno de los métodos legales a su alcance para recoger la información necesaria ante movilizaciones y protestas.

“Una maniobra mal planteada, mal calculada, puede entorpecer la confianza entre los movimientos sociales y el cuerpo de Mossos d'Esquadra”, ha lamentado Parlon que, como Trapero, ha asegurado que lo busca la policía catalana nunca es evitar que se ejerza el derecho a la protesta o manifestación sino “que los espacios de protesta sean seguros”. Por esta razón, los responsables políticos han anunciado abrir una “información reservada” para aclarar los hechos, como paso previo a un posible expediente informativo.

Parlon además ha reiterado, como ya expresó la portavoz Sílvia Peneque este martes, que la infiltración fue siempre una decisión operativa, en la que la parte política no tuvo nada que ver. “Nosotros políticamente debemos respetar la autonomía policial. Estas actuaciones están sujetas a norma pero son mejorables”, ha asegurado, antes de que Trapero haya anunciado que, tras este incidente, el proceso de decisión sobre “prácticas de obtención de información” recaerá en “áreas más elevadas”, es decir, una supervisión de rango más alto sobre este tipo de prácticas.

En su turno de intervención, Trapero ha defendido la obtención de información en situaciones de conflictividad laboral o social como una de las herramientas claves del cuerpo, por lo que no ha descartado que una infiltración en una asamblea pueda repetirse. “En ningún caso la obtención de la información tiene como objetivo impedir ningún derecho, por el contrario, tiene como objetivo garantizar que se puede ejercer”, ha defendido, para luego asegurar: “Las actuaciones de captación de información ni son indiscriminadas ni se hacen de forma generalizada, solo aquellas que por sus antecedentes, no vinculados al convocante, lo hacen necesario”.

El director general de la Policía ha asegurado además que todas las actuaciones operativas se revisan bajo los parámetros de oportunidad y de proporcionalidad y, en este caso, ha reconocido que la infiltración de las dos agentes no fue “oportuna”. “Los antecedentes y las movilizaciones previas no lo justificaban”, ha dicho, aunque ha negado “mala fe o actitud antidemocrática”. Por su parte, también ha querido dejar claro que la actuación policial no tiene conexión con el contencioso laboral que mantienen profesores y departamento de Educación.

Otro de los aspectos que ha recalcado tanto Trapero como Parlon es que durante el mandato de este Govern no se ha hecho “ningún cambio en la operativa respecto a lo que se ha venido haciendo siempre”. “El responsable de la Comisaria General de Información es el mismo que en las tres gobiernos anteriores y las técnicas de obtención de informción son las mismas”, ha dicho, dando a entender que la infiltración en colectivos laborales ocurriá también bajo el mandato de partidos que ahora lo critican, como ERC, que pidió el cese de Trapero.

Pero las explicaciones no han convencido ni a la mayoría de la oposición ni a los socios del Govern, que han cargado con dureza contra Parlon y Trapero. “Esto no se parece al modelo policial que Catalunya ha construido durante tantos y tantos años, se parece más a la policía política. El Govern de Illa ha perdido el norte”, ha asegurado Josep Rius. El portavoz de Junts ha dado por hecho que la consellera de Educación, Ester Niubó, conocía el operativo y la información recopilada por los Mossos, un extremo que el Govern desmiente tajantamente, pero que para Rius explicaría la actuación de Educación ante las huelgas de maestros.

Desde ERC la diputada Laia Cañigueral ha reiterado su petición de cese de Trapero pues ha considerado que el hecho es “de enorme gravedad” porque los policías se infiltraron en asambleas preparatorias de huelgas laborales, algo que entienden contrario a los derechos sindicales y de reunión. Cañigueral ha asegurado además que la consellera y el director general se han “escudado” detrás del cuerpo de los Mossos, por lo que la diputada ha asegurado que sus críticas son contra la dirección política, no contra los agentes.

“Hace falta un giro de 180 grados del Departamento de Interior en relación a las protestas”, ha asegurado el diputado Andrés García Berrio, de los Comuns, quien sí ha valorado como positivo que la consellera haya pedido disculpas, pero que también ha calificado el gesto de insuficiente. El diputado ha indicado además que la recopilación de información de fuentes abiertas que tienen encomendada los Mossos nunca puede suponer invadir una asamblea cerrada de un sindicato, por que a su entender se vulneran derechos fundamentales.

Esta semana se cumplen dos años de las últimas elecciones al Parlament. Las ganó Salvador Illa, que gracias al apoyo de ERC y los Comuns logró convertirse en president. El líder del PSC fijó como prioridades mejorar la gestión y rebajar la tensión política. Las promesas fueron bien recibidas, aunque probablemente no calibró la magnitud de algunos de los problemas heredados. Si hubiera que señalar los dos más evidentes, serían el servicio de Rodalies y el malestar en el sector educativo.

Los responsables de Transportes de la Generalitat, algunos veteranos en esa cartera, eran muy conscientes de la situación crítica de la red catalana. Hoy, un trayecto en Rodalies desde Barcelona puede durar hasta media hora más que hace dos décadas. Años de desinversión y un discurso condescendiente por parte de algunos responsables vinculados al actual Ministerio quedaron en evidencia tras el accidente de Gelida en el que murió un conductor en prácticas. El posterior examen de los numerosos puntos negros evidenció que cuando el Ejecutivo de Illa se quejaba en los despachos de Madrid estaba en lo cierto. 

El Govern se encontró atrapado en medio del fuego cruzado entre Renfe y Adif y, además, no estuvo especialmente ágil en su reacción. En algunos casos, más que informar, ha contribuido a desinformar, pese a que la consellera Silvia Paneque tuvo claro desde el principio que la atención a los sufridos usuarios de Rodalies debía ser una prioridad. 

El Ministerio asegura que, ahora sí, el déficit histórico de inversiones empieza a revertirse. Sin embargo, ocho años de gobiernos progresistas son suficientes para pasar cuentas con los responsables actuales y no solo con los pasados. Nadie niega que el actual ritmo inversor sea mucho mejor que el de la etapa del PP, pero quizás siga siendo menor de lo necesario cuando una crisis como la iniciada el pasado 20 de enero continúa generando problemas, cortes y retrasos cinco meses después.

El otro gran incendio que le ha estallado a Illa es el de la educación. No hay un único factor que explique el malestar de una parte muy importante del sector. Como ocurre con Rodalies, se trata también de un problema acumulado durante años. Y, de nuevo, la inversión récord alcanzada por este Govern (no por los anteriores) no ha bastado para calmar a los docentes. Reclaman más recursos y mejores condiciones para afrontar las dificultades de enseñar en unas aulas cada vez más diversas. Esta magnífica radiografía ayuda a entender que, aunque no tengan razón en todo, los profesionales de la educación sí tienen muchos motivos para protestar.

El Govern pecó de soberbia al presentar un pacto con UGT y Comisiones Obreras como un “acuerdo de país” sin contar con la firma de USTEC, el sindicato principal y también uno de los más combativos. Pese a la negativa inicial de la Conselleria a reabrir las negociaciones, difícilmente podrá evitar sentarse con ellos si no quiere que las protestas vayan a más.

Por si a este conflicto le faltaba combustible, la presencia de agentes de los Mossos en una de las asambleas de docentes en las que se preparaban las protestas de esta semana acabó de encender los ánimos del profesorado. No era para menos. La Conselleria de Interior pasó de no confirmar los hechos a defender la actuación policial y, finalmente, a cuestionarse si había sido una decisión “proporcional”. La respuesta parece bastante clara: no, no es proporcional que los Mossos espíen a maestros. Ni proporcional, ni conveniente, ni explicable, por más que se argumente que la ley lo permite para prevenir altercados.

Ahora bien, los docentes también deberán medir hasta qué punto sus huelgas pueden acabar teniendo un efecto boomerang. Basta con leer algunos chats de familias para comprobar que no todo el mundo entiende que las movilizaciones se prolonguen tantos días. Porque, además, los principales perjudicados por estas protestas son precisamente los alumnos a quienes más se debería proteger.

El Govern de Catalunya no tiene nada que reprochar tras la actuación de los Mossos d'Esquadra, que la semana pasada trataron de infiltrar a dos agentes en una asamblea de profesores y fueron descubiertas. Al contrario, el Ejecutivo considera que una infiltración de este tipo es “democrática” y forma parte “de la autonomía del cuerpo” siempre y cuando se haga después un proceso de revisión por parte de la propia policía, como será el caso.

Según anunció este lunes la consellera de Interior, Núria Parlon, los Mossos llevarán a cabo un proceso de revisión del operativo, para analizar dos parámetros: si la infiltración fue oportuna y si respondió a criterios de proporcionalidad. Parlon ha anunciado para este miércoles su comparecencia en el Parlament junto a la del director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, aunque no se espera que pueda explicar en esa intervención el resultado de la revisión, que necesitará más días.

La infiltración de las dos agentes ha añadido malestar a los docentes, que se encuentran en una maratón de huelgas y movilizaciones. Pero además, ha dejado al descubierto un modelo policial que, según entiende el Govern de Illa, pasa la “autonomía operativa” de los Mossos.

“¿Cuál es la función del Gobierno en el ámbito de la seguridad? Por una parte, dar confianza y autonomía a los agentes a la hora de diseñar los operativos. Y, por otra, los mecanismos democráticos que están establecidos: dar respuestas, información y revisar los operativos”, ha asegurado la consellera portavoz, Sílvia Paneque, preguntada por si consideraba que la actuación política respondía a criterios democráticos.

Paneque además cree que lo antidemocrático sería que el Govern marcara a la policía pautas sobre cómo actuar en el ámbito operativo, una línea que asegura que nunca ha traspasado.

“Esta y todas las decisiones se toman desde un punto de vista operativo. Esto significa que son los mandos policiales quienes deciden la oportunidad y proporcionalidad, sin ningún tipo de injerencia política”, ha asegurado. Pero ha insistido en que, pese a la revisión que han reclamado, el president Illa y la consejera Parlon “trasladan toda la confianza a los mandos y al cuerpo”.

A juicio del Govern, el decreto de reestructuración de la Dirección General de la Policía, permite a los Mossos hacer labores de recogida de información, entre las cuales uno de los métodos es la infiltración de agentes. Estas actuaciones, sin embargo, hasta ahora se habían entendido circunscritas a colectivos que hubieran generado problemas de orden público en el pasado o entornos potencialmente violentos. Nunca había trascendido un operativo de esta naturaleza en asambleas laborales o comités de huelga.

Las explicaciones que este miércoles ofrecerá Parlon y Trapero tratarán de convencer sobre todo a los socios del Govern, ERC y Comuns, que han protestado con contundencia contra la actuación policial. Los republicanos cargaron directamente contra Trapero, de quien pidieron su cese. Si bien, los republicanos se encuentran en la recta final de la negociación de presupuestos con el Govern y ya han admitido que no pedirán la cabeza del director de la policía a cambio del acuerdo.

La infiltración descubierta la semana pasada también ha subido aún más la temperatura de la protesta laboral de los profesores, que este jueves volverán a la mesa sectorial junto al departamento de Educación. En el horizonte aún quedan 15 jornadas de huelga y las posiciones entre el Govern y los sindicatos que se mantienen en la protesta siguen lejanas.

El Govern y ERC se encuentran inmersos en una negociación a diversas bandas para tratar de cerrar un acuerdo de presupuestos lo antes posible, pero para el que ya han encarrilado varios entendimientos parciales. La voluntad de ambas partes es tener un pacto global la próxima semana, una vez se hayan celebrado las elecciones andaluzas, de forma que las nuevas cuentas puedan entrar en vigor antes de las vacaciones de verano.

En la rueda de prensa semanal tras la reunión de la Ejecutiva, el portavoz de ERC, Issac Albert, ha dejado claro que para su formación las cuentas son una “necesidad de país” y que su objetivo es que se aprueben. En este sentido, Albert ha descartado que el cese de Josep Lluís Trapero sea una condición para apoyar presupuestos, pese a que fue la propia ERC quien pidió la cabeza del director general de los Mossos, tras conocerse el caso de infiltración de dos agentes en una asamblea de profesores.

“Nosotros lo que no vamos a hacer es que el señor Trapero acabe hipotecando la financiación de las universidades y los hospitales”, ha dicho el portavoz republicano. Después de que la consellera de Interior, Núria Parlon, reafirmase su confianza en su director general, Albert ha asegurado que si el Govern acaba manteniendo a Trapero en su cargo será “peor para ellos”, ya que su dimisión no sería una concesión a ERC, sino una consecuencia de crisis abierta con los profesores.

Los republicanos y el Ejecutivo salvan un escollo inesperado para las negociaciones. La infiltración policial a una asamblea de profesores de preparación del nuevo ciclo de huelgas en la enseñanza catalana, que arranca este martes, ha encendido los ánimos de los sindicatos de profesores: USTEC y la CGT ya preparan querellas en los juzgados. ERC y los Comuns exigieron el viernes la dimisión de Trapero, pero no lo sitúan como línea roja.

El Govern ha reafirmado la total confianza en Trapero y en los Mossos, pero ha introducido un matiz en la justificación sin ambages del espionaje que realizó el viernes. La conselleria de Interior ha afirmado este lunes que valorará la “oportunidad y proporcionalidad” de la medida y que se tomarán las “decisiones oportunas”, pero siempre dentro del ámbito operativo del cuerpo, es decir, el uniformado, no el político.

Trapero, ha insistido Parlon, “no tomó la decisión” de enviar a agentes de la Comisaría General de Información de los Mossos a espiar una asamblea de profesores, una medida que se tomó “en el ámbito operativo”.

Sí ha apoyado al 100% la infiltración policial el PP catalán. Su secretario general, Santi Rodríguez, ha defendido que los Mossos “hacían su trabajo” cuando se infiltraron el pasado miércoles en una asamblea docente de preparación de las huelgas. Las agentes fueron identificadas por los propios docentes, al no responder con claridad de qué centro educativo procedían.

La línea orbital, clave en la negociación

Entre los puntos fuertes de las negociaciones ERC destaca la línea orbital ferroviaria, un viejo proyecto del Govern de Maragall que la administración de Illa rescató en noviembre pasado. La infraestructura supone en la práctica un cuarto cinturón ferroviario, que conectaría Vilanova i la Geltrú y Vilafranca del Penedès con Martorell y de allí pasaría por Terrassa y Sabadell, después por Mollet y Granollers, para acabar en Mataró.

A juicio de los republicanos, y tal como en su momento defendía el PSC, este proyecto sería clave para “cohesionar territorialmente Catalunya” y conectar sin pasa por Barcelona las zonas metropolitanas que han experimentado un mayor crecimiento poblacional.

Además sería un impulso a la falta de inversión en infraestructuras que sufre Catalunya, según ha considerado Albert, que ha indicado que buena parte de la inversión debería llegar desde el Estado. En su momento se calculó que esta línea podría costar por encima de los 4.000 millones de euros.

En el apartado de las infraestructuras ERC también coloca el consorcio de inversiones, un ente pactado con el ministerio de Transportes que debía agilizar los proyectos en Catalunya con inversión estatal. Sin embargo, después de que el Congreso rechazara con los votos de Junts el marco normativo de este consorcio, el proyecto ha quedado en el limbo. Los republicanos sin embargo lo consideran “plenamente vigente” y consideran que debe “desencallarse la constitución como sociedad mercantil”.

Por último, ERC y el Govern negocian un nuevo instrumento de política aeroportuaria. Un punto que, a diferencia de los anteriores, aún no está cerrado. El mecanismo en el que se trabaja es similar al pactado en marzo pasado con Euskadi, que supone un órgano bilateral más centrado en el diálogo sobre las inversiones o en la movilidad que en la gestión de los aeropuertos. De hecho, que AENA seguirá siendo la gestora de las infraestructuras aéreas no un debate sobre la mesa.

La consellera de Educación del Govern, Esther Niubó, ha anunciado que este jueves convocará una mesa sectorial para negociar con los maestros y todos los sindicatos que tienen representación en el sector. La reunión se dará justo al inicio del nuevo calendario de protestas docentes, que han convocado tres huelgas generales y hasta 14 paros territoriales.

Esta reunión responde a una petición de los sindicatos educativos USTEC, ASPEPC, CGT y La Intersindical, que pidieron negociar antes de la primera huelga general, convocada para el martes 12 de mayo. La consellera ha accedido a sentarse con ellos, pero lo hará dos días después del paro.

Además, Niubó ha aclarado que se sienta con estos indicatos para “valorar la situación y explorar fórmulas para reducir el clima de tensión”, aunque ha querido dejar claro que el Govern no está dispuesto a plantear el pacto firmado con CCOO y UGT en marzo. “Es muy buen acuerdo, que da respuesta a las cuestiones que se han planteado desde la comunidad educativa”, ha defendido Niubó en una entrevista en RAC1 este domingo.

En este sentido, ha recordado que hacía 25 años que el complemento salarial estaba congelado y 10 que no había compensaciones por las noches que los docentes pasan fuera durante las colonias. Igualmente, apunta que se está haciendo “un esfuerzo brutal” para aumentar el personal de apoyo. Preguntada por las 17 jornadas de huelga convocadas durante las próximas seis semanas, la consellera ha dicho que le parece “un punto desproporcionado”, teniendo en cuenta el esfuerzo que, dice, está haciendo el Govern para mejorar las condiciones de los docentes.

Sobre la infiltración de agentes de paisano en una asamblea docente en Barcelona, la consellera ha dicho tener “máxima confianza en la profesionalidad del cuerpo de Mossos d'Esquadra”, del que ha asegurado que hace un trabajo muy profesional en el marco de la legislación vigente y de las competencias que tiene atribuidas. Asimismo, ha aclarado que ella “no sabía nada” sobre la infiltración y ha asegurado que en ningún caso encargó ningún informe y que nunca tuvo información relativa a estos operativos.

A la crisis educativa enquistada en Catalunya se le ha sumado una crisis política y policial. La infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea docente para preparar la macrohuelga de las próximas semanas ha puesto bajo el foco al director general de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, de quien los socios parlamentarios de Salvador Illa, ERC y los Comuns, exigen su dimisión.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha cortado de raíz la reclamación de sus socios y ha reafirmado a Trapero en el cargo, además de “reconocer la labor de los Mossos ante quienes pretenden poner en duda la profesionalidad del cuerpo”.

Este sábado, Junts, primer partido de la oposición, ha ido un paso más allá y ha reclamado no solo el cese de Trapero y Parlon, sino también el de la consellera de Educación, Esther Niubó.

El Govern sigue sin dar con la tecla que pacifique unas aulas dispuestas a mantener el pulso en la calle para reclamar más recursos: el próximo martes arranca un mes de movilizaciones, con tres huelgas convocadas en toda Catalunya, más otras dos jornadas de paro por regiones. En pleno conflicto laboral, además, el Govern ha iniciado un plan piloto, sin consenso sindical, para enviar a mossos de paisano a institutos.

Este es el contexto en el que se enmarca la actuación reciente más polémica de los Mossos d'Esquadra: enviar a dos agentes de la comisaría de información, dedicada en teoría a la prevención de los delitos violentos y de los extremismos políticos y el yihadismo, a una asamblea de huelga docente. Pese a todo, los sindicatos docentes han insistido en pedir al Govern que se siente en la mesa de negociación.

Catalunya está acostumbrada al debate político y social sobre las actuaciones policiales. Hasta ahora, las discusiones se centraban en los operativos de los Mossos en materia de orden público, no en actuaciones de agentes de información. En esta legislatura, en la que Trapero se ha estrenado como cargo político tras su etapa como jefe policial, Interior ha superado sin demasiados aprietos la polémica por el uso del gas pimienta en manifestaciones.

Tras poner orden y apostar por la mediación para acabar con los desmanes de los antidisturbios de los Mossos hace 15 años, Trapero afronta ahora una crisis con el espionaje policial de una asamblea de maestros. Una práctica que retrotrae a la polémica infiltración sin aval judicial de la Policía Nacional en movimientos sociales de la que, a nivel de imagen, los Mossos siempre se han querido distanciar.

Después de casi 24 horas sin confirmar ni desmentir el espionaje, la dirección general de la Policia, que ocupa Trapero, ha emitido un comunicado para “aclarar el marco legal y la finalidad de las actuaciones que han generado debate público en los últimos días”, en velada referencia al espionaje policial de una asamblea docente. La nota no incluía la petición de disculpas a los profesores exigida por ERC, los Comuns y la CUP.

Interior ha alegado que la Comisaría General de Información de los Mossos tiene atribuidas por ley funciones específicas de recogida y tratamiento de información de carácter operativo “referida a la conflictividad laboral y social”.

El objetivo de estas funciones, añade la nota de Interior, es llevar a cabo una “valoración de amenazas y riesgos”, por lo que no se trata de una decisión “discrecional” del cuerpo policial, sino del “cumplimiento de una obligación normativa”.

En el mismo artículo de la norma se incluyen las funciones de recogida de datos sobre extremismos violentos y toda “actividad criminal que suponga una amenaza para el ejercicio colectivo de las libertades”.

“Los Mossos d'Esquadra respetamos y defendemos el derecho de reunión, el derecho de huelga y la libertad sindical como respetamos el resto de derechos individuales y colectivos”, agrega la nota de Interior, que sitúa como “obligación legal” la garantía de todos los derechos y se pone “a disposición” de los grupos parlamentarios para dar cuenta de la actuación policial.

Las primeras explicaciones de Interior sobre el espionaje han sentado igual de mal a los socios de Illa y a los sindicatos docentes que el silencio durante un día. “Seguimos sin saber quién ordenó la recogida de información en una asamblea, bajo qué justificación y si se ponderó en la decisión de llevar a cabo una actuación policial prospectiva la incidencia en los derechos fundamentales de huelga y asociación”, asevera Mireia Salazar, abogada del sindicato CGT Ensenyament.

La letrada, que junto al resto de abogados de los sindicatos educativos estudia emprender acciones legales contra Ios Mossos, insiste en que una “investigación policial prospectiva” como la llevada a cabo por los Mossos “genera un efecto disuasorio y represivo” de un derecho fundamental como es el de huelga.

Fuentes policiales han confirmado a este diario que la infiltración policial se circunscribió a una labor preventiva, sin orden judicial y sin perspectiva de abrir una investigación formal a los docentes.

Antes de que Interior emitiera su comunicado, ERC, Comuns y la CUP han pedido el “cese inmediato” de Trapero por la infiltración policial en una asamblea de docentes. Aunque no ha querido vincular explícitamente esta petición con la negociación que ERC mantiene con el Govern sobre los presupuestos de la Generalitat, el portavoz adjunto de los republicanos en el Parlament, Jordi Albert, sí ha advertido de que “es evidente que hay que tomar decisiones” con la “máxima contundencia”, porque en esta ocasión “no servirán las medias tintas”.

“El Govern debe ser implacable ante la vulneración flagrante de derechos fundamentales”, ha remarcado el parlamentario de los Comuns, Andrés García Berrio, que ha alertado: “Si no toma medidas contundentes, tendremos un problema”. Por su parte, el diputado de la CUP Xavier Pellicer ha enmarcado el espionaje de docentes en “una campaña de acoso contra las movilizaciones sociales”.

Lejos del corporativismo que habitualmente se asocia a los cuerpos policiales, el exjefe de los Mossos Eduard Sallent, en excedencia tras ser cesado por el Govern de Illa e histórico rival de Trapero en la cúpula del cuerpo, ha cargado contra la infiltración, ya que no se planificó “correctamente” y además no es una “buena opción” porque puede “erosionar” la confianza con la ciudadanía.

El actual jefe de gabinete del president Salvador Illa, Eduard Rivas, figura como investigado en una causa judicial por el presunto delito de malversación de dinero público alrededor de una fundación durante su etapa como alcalde de Esparraguera, en la provincia de Barcelona.

El juez de Martorell que instruye la causa, y que la ha declarado secreta, ordenó los arrestos de tres directivos de la entidad en cuestión para que declararan ante la polícia y también la incautación del teléfono móvil de Rivas, según ha desvelado El Periódico. 

La investigación apunta a presuntas irregularidades en la gestión económica de la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL), orientada a la inserción en el ámbito del trabajo de las personas con discapacidad y problemas de exclusión social. Con sede en Esparraguera, su patronato está integrado por el alcalde de dicha localidad y de otras de la zona como Collbató, Abrera, Olesa o Sant Esteve Sesrovires. 

Rivas fue alcalde de Esparraguera entre 2015 y 2024, cuando dejó el cargo para sumarse al equipo de Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat. Desde entonces es su jefe de gabinete. 

Tras conocerse la investigación, desde el Palau de la Generalitat han reafirmado su “plena confianza” en Rivas. Fuentes de Presidencia aseguran que “él es el primer interesado en que se aclare la investigación cuanto antes”. De hecho, el exedil se ha personado en la causa con su abogado defensor. 

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha insistido en el respaldo al alto cargo de Presidencia. “La actitud es de máxima colaboración” con el ámbito judicial, ha recalcado. Y ha añadido que espera que el resto de partidos con presencia en el Parlament respeten la presunción de inocencia. 

La investigación que afecta a Rivas, según detalla El Periódico, formaría parte de una pieza separada dentro del caso de presuntas irregularidades en la contratación de la fundación y que llevó a los Mossos d’Esquadra a personarse en el Ayuntamiento de Esparraguera el pasado enero en busca de documentación. Fue entonces cuando la policía incautó el teléfono de Rivas por orden judicial.

Entre la crítica y la presunción de inocencia

La oposición ha reaccionado a la investigación a Rivas con cierta cautela, aunque la mayoría de partidos han exigido a Illa que de más detalles sobre el caso de los que se han ofrecido hasta ahora. “Queremos pensar que ante unos hechos muy graves, saldrá a dar las explicaciones correspondientes”, se ha limitado a valorar el portavoz de Junts en el Parlament de Catalunya, Salvador Vergés. 

Tanto Comuns como ERC, socios de investidura de Illa, han optado por esperar a que se conozcan los motivos exactos de la investigación. Aun así, han pedido transparencia y, si se confirma que tuvo implicación directa en el desvío de fondos de FIL, “máxima contundencia y que caiga quien caiga”, ha expresado el diputado David Cid (Comuns). 

Por parte del PP, Juan Fernández ha calificado de “inaudita” la noticia. “Detrás de él siempre hay un hilo conductor que nos lleva a casos y situaciones muy turbias”, ha afirmado. De forma parecida, desde Vox han afirmado que “todo lo que se acerca a Illa y al PSC acaba con sospechas de corrupción”. 

“Respetaremos los marcos legales, pero garantizaremos la presencia del Govern en la toma de decisiones, la planificación y la gobernanza de las grandes infraestructuras de transporte de Catalunya”. Con esta frase ha solemnizado el president Salvador Illa el compromiso reclamado por ERC para que la Generalitat amplíe su margen de maniobra en materia aeroportuaria, pese a que la gestión de los grandes aeródromos seguirá siendo monopolio de Aena. Con todo, Illa ha anunciado este miércoles que el acuerdo con el Gobierno para que haya avances es “inminente”.

La fórmula que tanto el Govern como los republicanos ven más adecuada es la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Catalunya, que pueda recoger competencias de su par estatal, siempre en el campo de la planificación y la ordenación del sector. Esta fórmula, de hecho, ya estaba recogida en el acuerdo de investidura y, ahora, se ha convertido en la gran reclamación de ERC en la negociación de los presupuestos.

Según creen en Esquerra, la creación de esta nueva autoridad otorgaría por primera vez a la Generalitat una voz propia en la gobernanza aeroportuaria de los llamados “aeropuertos de interés general”. A diferencia de lo que ocurre en otros territorios, en Catalunya hay dos redes aeroportuarias: la estatal, que encabeza Barcelona El Prat, junto a Reus y Girona, y la autonómica, que cuenta con tres aeródromos de mucho menor tamaño: Lleida-Alguaire, Sabadell y Andorra - La Seu.

La nueva Autoridad, ha asegurado la consellera de Territorio, Silvia Paneque, dará a Catalunya la capacidad de “ordenar, coordinar y reforzar” el sistema aeroportuario en su conjunto, ya que tendrá al alcance tanto los aeropuertos de la Generalitat como los de Aena. Será, subraya el Govern, “una forma de tener voz” y participar en decisiones como la ampliación o nuevas inversiones en infraestructuras de transporte aéreo.

Este no es un asunto controvertido en Catalunya. El PSC está en la línea de ERC y el pasado mes de enero el Govern ya aprobó impulsar el ente, aunque por el momento no ha echado a rodar. Pero, por lo que se sabe, tampoco la creación de este nuevo ente genera dudas en el Ministerio de Transportes, que ya pactaron con Euskadi la creación de un “órgano bilateral” para debatir sobre inversiones o movilidad. Ni el caso catalán ni el vasco está previsto que Aena, como gestor de lo principales aeropuertos, pierda funciones.

El conflicto institucional entre los jueces y el Parlament a cuenta del catalán en la escuela suma un nuevo episodio. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado ejecutar de forma provisional su sentencia que anulaba parcialmente el decreto de la Generalitat del 2024, que blindaba el idioma como lengua vehicular de la escuela catalana.

Todo ello pese a que el Tribunal Constitucional todavía tiene que decidir sobre si la normativa se ajusta a la Constitución, precisamente a raíz de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJC.

La decisión del TSJC, según la conselleria de Educación, no tiene efectos prácticos en el día a día escolar. Sin embargo, es un nuevo paso que da la Justicia para revertir todos los intentos que, con amplio consenso social y parlamentario, se intentan para blindar el catalán en las aulas desde hace una década.

La sección 5ª de Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC es la instancia que, a petición tanto de la Abogacía del Estado bajo gobiernos del PP como de varias entidades contrarias a la inmersión como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), ha desmontado todos los intentos para garantizar la inmersión lingüística que se han impulsado por parte de distintos ejecutivos catalanes de varios colores políticos.

Los jueces de esta instancia ya acusaron al Govern y al Parlament de pretender “bloquear” tanto la aplicación de la sentencia del 25% como “la garantía del uso docente del castellano en términos constitucionalmente aceptables”. Los togados mantuvieron que los otros dos poderes quieren “negar” el carácter vehicular del castellano en las aulas catalanas y convertir en “imposible” el 25% con la nueva normativa.

La sentencia del TSJC versa sobre el decreto del 2024, aprobado per PSC, Junts, ERC y Comuns. Los jueces anularon una decena de artículos de la normativa, entre ellos las disposiciones que fijaban el catalán como lengua vehicular y de aprendizaje, de idioma habitual en la actividad docente y administrativa, u otros relativos al uso de lenguas en comunicaciones con familias o materiales didácticos, así como el uso del catalán como lengua de acogida del alumnado recién llegado del extranjero.

De esta manera, según la AEB, quedarían sin efecto los preceptos que sitúan el catalán como única lengua vehicular y que estructuran los proyectos lingüísticos de centro sobre ese principio.

Por su lado, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmado el compromiso del Govern de la Generalitat con la lengua catalana y el modelo de la escuela catalana. La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado que el president “pondrá a disposición todos los recursos políticos y jurídicos que sean necesarios para defender el catalán y el modelo de escuela catalana”.

Desde ERC han pedido “valentía” a Illa y una “respuesta de país” ante el nuevo fallo sobre el catalán, mientras que Junts ha pedido la comparecencia en el Parlament de Illa; el conseller de Presidencia y conseller de Educación en funciones, Albert Dalmau; y el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila para que expliquen “qué acciones piensan llevar a cabo frente a este ataque permanente al modelo de escuela catalana”.

El Govern de Salvador Illa se ha visto obligado a hacer lo que ningún otro Ejecutivo había hecho antes: retirar unos presupuestos que ya habían entrado en el Parlament para evitar un varapalo mayor en el pleno. De fondo, una desconfianza de ida y vuelta entre Oriol Junqueras y el president de la Generalitat que se ha incrementado en las últimas semanas debido a la negativa del Ministerio de Hacienda de hacer gestos a favor de la cesión del IRPF a Catalunya. Y, la consecuencia práctica, una mayoría de la investidura rota e incapaz de pactar unas cuentas cuando Illa ya ha cumplido el año y medio en el cargo.

A la retirada de las cuentas se le colgaron este miércoles etiquetas diametralmente diferentes dependiendo del orador. El president aseguró por la mañana que eran una muestra de “estabilidad y responsabilidad”. Junts, por la tarde, no dudaba en hablar de “fracaso”. Se unían todas las formaciones de la derecha, hablando de “inestabilidad”, “desgobierno” o incluso “estafa”. ERC no eludió críticas, pues entiende que las cuentas no eran ambiciosas, y exigió volver al acuerdo de investidura, pero también tendió la mano a Illa para volverse a entender.

Este puente que los republicanos mantienen abierto es la mayor esperanza del Govern, que confía en ser capaz de rectificar la situación. Illa aseguró en el pleno que él pensaba acabar el camino con quien lo había empezado, es decir, junto a ERC y Comuns, pero también dejó claro que su intención era estar en la silla de la presidencia “mucho tiempo”, para cortar de raíz los rumores electorales. Este mismo jueves el Govern ha aprobado un suplemento de crédito de más de 5.988 millones de euros para evitar que la retirada de las cuentas genere problemas en los pagos de la Generalitat.

Pero, a medio plazo, Illa no ha renunciado a aprobar unos presupuestos, que serían los primeros que llevasen estampada su firma. Al contrario, si ha optado por pagar el precio político de dar marcha atrás al proyecto de ley no es porque temiese un revolcón parlamentario, sino porque considera que aún puede aprobarlas, según indican fuentes del Govern. La fecha límite está escrita en el comunicado conjunto firmado entre PSC y ERC: “antes de acabar el actual periodo de sesiones”. Es decir, como tarde, en junio.

Esta fecha puede parecer lejana, pero, a falta de acuerdo inmediato, da aire a ambas partes. ERC puede ir vinculando los presupuestos a otros acuerdos con el Govern, en materia de infraestructuras o sociales, donde se esperan avances. Por su parte, el PSC gana oxígeno para esperar la sucesión de María Jesús Montero, titular de Hacienda y que, hasta ahora, ha sido uno de los muros para que se materialice el acuerdo sobre la gestión catalana del IRPF alcanzado entre socialistas y republicanos.

Según está anunciado, Montero será la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, unos comicios que se celebrarán, según se estima, a finales de mayo. Si ese calendario se cumple, no queda demasiado para que la cartera de Hacienda pase a otra persona, quien podría tener más sencillo hacer guiños hacia Catalunya.

Esto es lo que esperan, al menos, tanto Illa como Junqueras, quienes están haciendo esfuerzos ímprobos para evitar una ruptura indeseada para las dos formaciones y que dejaría la legislatura en punto muerto. Los dos líderes son muy conscientes de la necesidad de aprobar nuevas cuentas, que en Catalunya llevan ya dos ejercicios prorrogadas. Más aún cuando el próximo año que viene tocan las elecciones municipales, un periodo siempre complicado para los presupuestos y que, 2028, volvería a ser año electoral en Catalunya si Illa no opta por una convocatoria anticipada.

En los calendarios del Govern, 2026 debía ser el año de consolidación. Desde la investidura en agosto de 2024, el equipo de Illa había sembrado proyectos que debían dar frutos a principios de este año, como la compra de material en Rodalies, los acuerdos en torno a la financiación o la puesta en marcha de algunas políticas como la reforma de la administración. Pero la entrada de este año no ha sido como los socialistas esperaban y han debido sortear diversos obstáculos, como la crisis ferroviaria o las dificultades para alinear sus acuerdos con Hacienda. Dejar para más adelante los presupuestos supone, en este contexto, ganar un tiempo muy preciado.