El Ayuntamiento de Hondarribia, con motivo del quincuagésimo aniversario de la muerte de Josu Zabala, trabajador de Laminaciones de Lesaka que falleció por tiros de la Guardia Civil el 8 de septiembre de 1976 en la localidad guipuzcoana, ha organizado un programa de actividades vinculadas a la memoria histórica con el propósito de “recordar aquel trágico episodio, reflexionar sobre su significado y acercarlo a las nuevas generaciones”.

La primera de las actividades tendrá lugar el próximo sábado día 12, a las 20:00 horas, en el salón principal de la Casa de Cultura. La jornada comenzará con la proyección del documental realizado en 2016 sobre la figura de Josu Zabala y continuará con un coloquio abierto al público, según recoge Europa Press. En el encuentro participarán el historiador Josu Txueka, quien ofrecerá “una contextualización de la Hondarribia de aquellos años y del momento sociopolítico que vivía Euskal Herria”; Pilar Garaialde, portavoz de la Fundación Egiari Zor, y representantes municipales.

Según han explicado desde el Consistorio hondarribiarra, el objetivo es “generar un espacio de encuentro y reflexión en el que compartir testimonios, experiencias y recuerdos relacionados con aquellos acontecimientos”. Asimismo, el Ayuntamiento de Hondarribia está preparando un acto de homenaje que se celebrará el próximo 5 de septiembre en la calle San Pedro, “un lugar estrechamente vinculado a la memoria de Josu Zabala”. Este homenaje pretende reunir a la ciudadanía, agentes sociales, familiares y a todas aquellas personas “comprometidas con la preservación de la memoria colectiva”.

A través de estas iniciativas, el Consistorio reafirma su compromiso con la memoria histórica como “herramienta fundamental para la defensa de los Derechos Humanos, el fortalecimiento de los valores democráticos y el conocimiento crítico de nuestra historia”.

Un hombre de 46 años ha sido detenido en La Roda (Albacete) en relación a la muerte de su compañero de piso, de 52 años, ambos de nacionalidad rumana, en la vivienda que ambos compartían en esa localidad.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, el detenido se ha personado a las 7.40 horas de este viernes en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad, comunicando que la pasada noche había herido con un arma blanca a su compañero de piso y que aquél había fallecido.

Una patrulla desplazada hasta el lugar ha comprobado los hechos relatados, activándose en ese momento el protocolo judicial, procediendo a la detención del autor confeso de la agresión, que permanece en el cuartel de la Guardia Civil de La Roda hasta que pase a disposición judicial.

Al cadáver del fallecido se le ha realizado la autopsia a finales de la mañana de este viernes, según las mismas fuentes, que han confirmado que el equipo de Policía Judicial de La Roda se ha hecho cargo de las investigaciones.

Siete detenidos, 6,5 kilos de cocaína, 191,6 gramos de hachís, 3.183,6 gramos de marihuana seca, 782 plantas de marihuana y 268,9 gramos de sustancia anfetamínica aprehendidas, cinco vehículos decomisados y dinero en efectivo es el balance de la macrooperación policial desarrollada en las últimas horas en Asturias en una actuación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La operación policial ha sido bautizada como 'Guillao-Marcoris' y ha permitido desarticular a una organización criminal que introducía cocaína en Asturias procedente de Madrid y que era “una de las más activas” del Principado dado el número de viajes que realizaban, así como los movimientos que llevaban a cabo.

Las detenciones

Los detenidos son dos hombres españoles de 39 y 35 años; otros tres dominicanos de 50, 48 y 35 años; un joven de 24 años y una joven de 22 ambos venezolanos. Están acusados de su presunta autoría en sendos delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública en las modalidades de tráfico, elaboración y cultivo de drogas.

Los arrestados pasaron a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, plaza 3 de Mieres, cuyo titular ha decretado su ingreso en prisión, según han ratificado tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil de Asturias.

Un asesinato a tiros

La Guardia Civil de la Zona/Comandancia de Asturias y la Jefatura Superior de Policía de Asturias han informado este viernes de esta importante operación en la que se han llevado a cabo registros en una nave y una vivienda anexa en la Cuenca del Caudal y en una segunda vivienda en el municipio de Oviedo/Uviéu.

La operación policial comenzó con el seguimiento a una persona que estaba vinculada a la organización criminal 'La Santa', recientemente desarticulada con la detención de cinco personas relacionadas con el asesinato a tiros de un hombre de 43 años en la localidad de Lugo de Llanera, en enero de 2025, por un ajuste de cuentas por drogas.

Esta persona vinculada a 'La Santa' estaba en el punto de mira de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que les llevó a iniciar esta investigación y dar comienzo a la Operación 'Guillao-Marcoris'.

Las vigilancias

Estos seguimientos permitieron no solo la identificación de sus integrantes, sino también las funciones que cada uno desempeñaba en la organización, los medios que empleaba y su “modus operandi”.

El pasado día 30 de mayo, se detectó que uno de los vehículos que estaba siendo investigado circulaba por la autopista AP-6 sentido León, así como que otro de los vehículos se encontraba en un área de servicio unos kilómetros más adelante. Este segundo realizaba las funciones de lanzadera respecto del primero, alertando así de la posible presencia policial en la vía.

Un perro 'antidroga'

Los agentes constataron que, una vez que llegaron a la Cuenca del Caudal, el primer vehículo estacionaba en un aparcamiento público mientras que el segundo se dirigía a un polígono industrial y se introducía en una nave. Trascurrido un tiempo, los dos vehículos salían de la nave y se dirigían de nuevo a la carretera A-66.

Tras proceder a la interceptación de los vehículos y ser sometidos a un registro superficial con un perro especializado en la detección de drogas, el resultado fue positivo por lo que ambos vehículos fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil en Oviedo/Uviéu para una inspección más meticulosa.

En un doble fondo

En estos registros fueron localizados dos dobles fondos cuya apertura era posible gracias a la acción de un mecanismo. Tras acceder a ellos se localizaron cuatro paquetes de un kilogramo cada uno de cocaína, así como un envoltorio de plástico envasado al vacío que contenía 49.000 euros.

La droga, por tanto, era introducida en Asturias en vehículos provistos de doble fondo o “caletas” -compartimentos secretos-, mientras otros coches eran utilizados como lanzaderas para alertar de la presencia de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La nave

Los agentes pudieron comprobar a través de estas vigilancias que el proceso de extracción de la cocaína y su posterior adulteración para aumentar las dosis se realizaba en esa nave donde, además de hacer de laboratorio y de “guardería”, servía de base para una plantación 'indoor' de cannabis sativa. 

Esta instalación contaba con diversas compartimentaciones de forma que había zonas destinadas a crecimiento, otras a la preparación y procesado, tenían iluminación LED, ventiladores, filtros y aire acondicionado, sistemas de riego, sustancias fertilizantes y diverso tipo de herramienta para su cultivo.

La adulteración de la droga

Según el relato conjunto de Policía Nacional y Guardia Civil, su configuración permitía establecer un sistema rotatorio de cosechas que daba lugar a una constante producción de grandes cantidades de marihuana destinada al tráfico ilícito.

Paralelamente a la vigilancia sobre la nave, los agentes observaron la llegada de otro turismo, cuyos dos ocupantes accedieron a su interior, y poco tiempo después volvieron a salir acompañados de un tercero que portaba una mochila. Seguidamente, abandonaron el lugar en dos vehículos en dirección a Oviedo/Uviéu.

Un vehículo lanzadera

Los investigadores sospechaban que por la configuración de la marcha de ambos vehículos también habían tenido un vehículo como lanzadera, por lo que se decidió interceptar al segundo en la ronda sur de la capital asturiana. En el registro del vehículo se intervino la mochila que portaba uno de los usuarios al salir de la nave y en cuyo interior guardaba 2,5 kilogramos de cocaína.

El alijo

Además de la droga intervenida, los agentes han incautado diversas cantidades de sustancia para adulterar la cocaína como es la lidocaína (5.450 gr.) acetona (5 litros), ácido clorhídrico (200 cl), acetato etílico (40 cl), 59.606 euros y diversos teléfonos móviles de alta gama. Además de herramienta y útiles utilizados para la adulteración de la cocaína.

En el momento de las detenciones se incautaron 10.606 euros que portaban los detenidos entre sus efectos personales.

La colaboración policial

La investigación ha sido llevada a cabo por la UDYCO de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Asturias y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Asturias.

En la fase de explotación de la operación estas unidades de investigación contaron con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) y del Servicio Cinológico de la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Asturias, así como de la Sección Operativa de Guías Caninos y la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Asturias.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que “nunca he conocido ni se me ha informado de las andanzas de la señora Leire Díez. Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”, a su llegada a Tivat (Montenegro) para participar en la Cumbre UE-Balcanes Occidentales. Sánchez ha reiterado su respaldo a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y ha rechazado las comparaciones con la “policía patriótica” que puso en marcha el PP: “Nunca haría lo que otros sí me hicieron a mí”.

Sánchez también ha apoyado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que ha reconocido varias reuniones con Leire Díez. En una de ellas, la 'fontanera' le pidió ayuda para un comandante implicado en el caso Koldo. “Desde el Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en su honestidad. Solamente puedo apoyar esas declaraciones y trasladar esa confianza”, ha insistido.,

En un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el sumario del caso Leire se recoge cómo la exmilitante del PSOE hace referencias en varias conversaciones a sus conexiones con “los de arriba del Gobierno” además de con el “one del Gobierno” o el “one del partido” que la UCO apunta en su investigación que “la referencia al one se considera que solo podría estar efectuada al Presidente del Gobierno y Secretario General del Partido”.

Sin embargo, Sánchez ha sido tajante en lo que respecta a Leire Díez: “Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas entre la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto: es el momento de la justicia. Vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español”.

Ante las acusaciones de corrupción, Sánchez ha añadido que el equipo jurídico del PSOE “está trabajando para saber exactamente qué acciones se van a emprender en defensa de la honorabilidad y de la limpieza del Partido Socialista”.

El presidente del Gobierno ha asegurado que “nunca” haría “lo que otros” sí le hicieron a él, en referencia a maniobras como la realización de un informe por parte del CNI sobre los negocios del suegro de Sánchez antes de las elecciones de 2015, según admitió el ex número dos de Interior en un audio con Leire Díez que consta en el sumario del caso.

También ha rechazado las comparaciones con la “policía patriótica” que puso en marcha el PP para robar documentación sobre la financiación ilegal del PP, entre otras cosas. “Yo no hago ni he hecho lo que otros sí me hicieron a mí. Hay informaciones de hace muchos años donde una policía mal llamada patriótica del Gobierno del PP, que este sí utilizó resortes del Estado para obstruir investigaciones”, ha criticado.

“No va a haber un superdomingo electoral”

Ante los rumores de adelanto electoral, el presidente del Gobierno ha negado que las elecciones generales vayan a coincidir con las elecciones municipales y de algunas autonomías, que tendrían lugar en mayo de 2027. “Puedo garantizar por activa y por pasiva que no va a haber un superdomingo electoral. Hay un debate que se tiene que sustanciar, que es el de los alcaldes y alcaldesas candidatos a las alcaldías, también a las presidencias autonómicas que concurran en esos comicios del próximo mes de mayo. Lo que sí que les puedo garantizar a los españoles y a todos los partidos políticos es que desde luego no va a haber un superdomingo electoral”.

Ante la petición de elecciones adelantadas por parte de un grupo de 100 militantes socialistas, Sánchez ha destacado que “el Partido Socialista impulsó ya definitivamente los procesos de primarias a todos los niveles, también para la elección de su secretario o secretaria general. Hay democracia interna, hay debate. Es saludable y hay que dar la bienvenida a cualquier tipo de debate que contribuya a mejorar y consolidar una opción que está demostrando que las políticas socialdemócratas están haciendo muy bien al país en términos de crecimiento y de creación de empleo de consolidación de derechos y libertades y de proyección internacional”.

Sánchez ha añadido que están trabajando para recuperar el diálogo con Junts y con el PNV, aunque la formación nacionalista vasca ha pedido elecciones anticipadas, para intentar cerrar los presupuestos de 2027. “El PNV, creo que con dudas y escepticismo, ha abierto la puerta a ese diálogo. En relación con la propuesta de los Presupuestos Generales del Estado y con Junts, efectivamente esa interlocución está rota, pero seguimos trabajando precisamente para reconstruir esa relación de diálogo”.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha manifestado este viernes que mantiene la confianza en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a pesar de que ella misma reconoció anoche que había mantenido dos reuniones con Leire Díez aunque fuera de dependencias públicas y en una cafetería. “No tuvo con Leire niguna conversación relativa a la trama”, ha afirmado en declaraciones a la prensa.

En los últimos días tanto él como González habían negado encuentros de ningún tipo con Leire Díez aunque hoy Marlaska ha matizado. “Me remito al comunicado de ayer de Mercedes González. Vuelvo a referir lo mismo, lo que me dijo ella y para mí es importante, no tuvo ningún contacto con Leire ni conversación relativa a la trama”, ha remarcado.

Insistido por los periodistas sobre el comunicado de la Guardia Civil del jueves por la noche, Marlaska ha recalcado: “Yo no tengo ningún elemento que me haga entrever que eso no es cierto”. Además, sí ha reconocido que lo conocido esta semana a raíz de la publicación del sumario del caso Leire le “repugna”. También ha mostrado su confianza en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ha defendido su actuación independiente.

La directora general de la Guardia Civil afirmó el jueves que “jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil”. También aseguró que, tras hacerse pública “la participación de Leire Díez en una reunión atacando a agentes de la Guardia Civil”, convocó a los principales mandos de la Jefatura de Policía Judicial, UCO y el agente señalado para mostrarles su apoyo.

González afirmó que el primer contacto con Leire Díez lo tuvo en su etapa como delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos, pero sin verse cara a cara. En ese momento, según su relato, solo hablaron sobre las movilizaciones laborales en las que esta empresa se encontraba inmersa.

Posteriormente, siendo ya directora de la Guardia Civil, admitió que sí se vio en persona con la exmilitante socialista y que esta le habló en el último de esos encuentros del comandante Rubén Villalba, que fue detenido al principio del 'caso Koldo'. Según explicaron fuentes de la Guardia Civil, Díez le preguntó si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo, “una petición que la directora rechazó de plano, recordándole que éste se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial” y “dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro”.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el robo de cable de cobre. En total, han sido detenidas 39 personas en las provincias de Ávila, La Rioja y Córdoba, por su presunta autoría en la sustracción de 134 kilómetros de cable de cobre, con un peso total de 157 toneladas y un valor económico superior a un millón de euros.

La operación se inició hace un año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la sustracción de cable de cobre en el tendido telefónico en la carretera que une El Barco de Ávila con Los Llanos de Tormes, en la provincia de Ávila.

A partir de este primer hecho, los investigadores detectaron que no se trataba de un robo aislado, sino que estaba relacionado con numerosos hechos similares ocurridos en la provincia de Ávila además de en otros puntos del territorio nacional.

Con el avance de la investigación se esclarecieron 33 robos de cable de cobre en municipios abulenses y en localidades de Asturias, Burgos, Cáceres, León, Lugo, Salamanca, Valladolid y Zamora.

Además, las pesquisas permitieron localizar una nave industrial en un polígono de Logroño utilizada por la organización para almacenar el cobre sustraído. Esto resultó clave para avanzar en la investigación y permitió realizar las primeras detenciones de personas vinculadas al grupo criminal.

Un entramado internacional

Con el avance la investigación, la Guardia Civil pudo comprobar que la organización disponía de una estructura compleja. Gracias a la colaboración policial internacional, se localizaron otros dos puntos de almacenamiento de material robado: uno en el departamento de Bayona (Francia) y otro en la comarca portuguesa de Águeda-Aveiro. 

Las investigaciones revelaron que la organización criminal estaba integrada por ciudadanos de Europa del Este asentados en la provincia de Córdoba. Desde donde planificaban y coordinaban los robos que cometían por todo el territorio nacional, así como en Francia y Portugal.

Asimismo, los agentes descubrieron que el modus operandi de la organización era diferente al habitual para este tipo de organizaciones. Lo más frecuente es vender el material sustraído en centros de recepción de residuos próximos al lugar del robo, pero esta red almacenaba grandes cantidades de cable en distintas naves para trasladarlo posteriormente por carretera hasta Rumanía, donde era comercializado. 

Para el desarrollo de esta operación, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Gendarmería Francesa y de la Guardia Nacional Republicana de Portugal. Finalmente, además de desarticular el grupo criminal y realizar 39 detenciones ha sido posible recuperar 22 toneladas de cobre sustraído.

Pedro Sánchez ha negado este viernes haber conocido las presuntas operaciones de Leire Díez: “Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”, ha asegurado. También ha reiterado su respaldo a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, cuya relación con la militante socialista - González admitió que Díez le pidió ayuda para un comandante implicado en el caso Koldo- estaría detrás de la apertura de tres investigaciones internas por otras tantas filtraciones sobre casos que lleva la Unidad, según la UCO. Eso sí, el PP no se ha quedado ahí y ha citado para el próximo jueves 12 de junio a González para que comparezca en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Igualmente, la Fiscalía ha pedido que la presidenta socialista, Cristina Narbona, declare como testigo en el caso, algo sobre lo que el PSOE expresa su “máxima tranquilidad” porque la dirigente “ya ha dado explicaciones sobre estos hechos”.

En otra de las relaciones inesperadas de la llamada 'fontanera' del PSOE, el ex número dos de Interior con el PP e implicado en la Kitchen, Francisco Martínez, dijo a Leire Díez que “el CNI hizo informes de las saunas” del suegro de Sánchez. Aunque Díez maniobró para proteger al PSOE y a sus propios colaboradores, no consiguió ni el sobreseimiento de los casos judiciales ni cambiar el criterio de los jueces, fiscales y guardias civiles a los que apuntó. En el Gobierno, el ministro Félix Bolaños sale en defensa de Sánchez sosteniendo que en el sumario “no hay nada” que indique que el presidente conocía las actuaciones de Díez.

La Justícia ha posat la lupa sobre la celebració de l'ascens de l'equip juvenil del Club de Futbol Base Bonrepòs i Mirambell (València), en la qual va participar una stripper als vestidors del camp municipal El Barranc.

Tal com va informar elDiario.es, el passat divendres 22 de maig una part de la direcció de l'equip, que ja ha dimitit, va organitzar un sopar amb pares i jugadors per celebrar que els joves, almenys tres dels quals menors d'edat, van aconseguir el títol de campions de lliga. Després de l'àpat, es van desplaçar a les instal·lacions del camp de futbol municipal, als vestidors del qual va tindre lloc una festa amb alcohol en què va participar la stripper.

Respecte a això, l'alcaldessa de la localitat, governada pel PSPV i Compromís, la socialista Raquel Ramírez, ha informat elDiario.es que aquest dimecres 3 de juny van traslladar tota la informació de què disposen a la Fiscalia de Menors després de tindre coneixement que la fiscal en cap estava estudiant el cas d'ofici.

Al mateix temps, ha explicat que, després de donar trasllat dels fets a la Guàrdia Civil, agents d'aquest cos es van personar aquest dijous a l'Ajuntament per recaptar informació: “Per la nostra part hem fet tot el possible perquè s'esclarisquen els fets amb la màxima transparència. Tant a la Guàrdia Civil com a la Fiscalia els hem facilitat tota la informació de què disposa l'Ajuntament i els hem advertit, per si ho consideren rellevant, que hi ha enregistraments de les càmeres d'accés al recinte esportiu en què es veuran les persones que van entrar i van eixir dels vestidors”, uns enregistraments que la primera edil assegura no haver vist perquè no està autoritzada a fer-ho.

Preguntada per la informació de què disposa el consistori sobre els fets, l'alcaldessa explica que, pel que saben, “la participació de la 'stripper' va ser iniciativa de l'entrenador i la decisió que l'actuació es fera als vestidors del camp municipal, del president”. En concret, el president, que ha dimitit del càrrec, era Jesús Hernández Motes, expresident de la Interagrupació de Falles, que va ser fotografiat en la contramanifestació il·legal de l'extrema dreta contra la manifestació vespertina del 9 d'Octubre de 2017, una jornada que va acabar amb agressions a diversos joves.

Sobre la possibilitat d'aplicar algun tipus de mesura disciplinària al club per l'ús indegut de les instal·lacions municipals, de moment l'alcaldessa, Raquel Ramírez, ho ha descartat en una decisió que, segons ha assegurat, comparteixen la resta de formacions polítiques: “Per una decisió equivocada que van prendre de manera unilateral dues persones no castigarem tot un club que fa una gran tasca amb una gran quantitat de joves; en tot cas, cal insistir en el foment dels valors de l'esport i del civisme”.

Comunicat del club

Després de conéixer-se els fets, la direcció del club, una part de la qual ja ha dimitit, va emetre un comunicat en què subratlla que “no va autoritzar ni va tindre coneixement previ de cap actuació d'aquesta naturalesa”, que considera “absolutament incompatible amb els valors esportius, educatius i de respecte que han de regir qualsevol activitat amb menors”.

En el comunicat, el club evita descriure els fets denunciats i afirma que ha iniciat una investigació interna, a més d'adoptar “mesures cautelars respecte de la persona que hauria organitzat o permés aquesta actuació”, a qui tampoc identifica.

Així mateix, el club “es posa a disposició de l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, de les famílies afectades i, si escau, de les autoritats competents per a aclarir els fets i depurar les responsabilitats que corresponguen (...). El club reforçarà els seus protocols interns de protecció de menors, ús d'instal·lacions i organització de celebracions per a garantir que una situació així no es repetisca”, conclou el comunicat.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha reconocido este jueves que ha tenido varias reuniones con Leire Díez, la exmilitante del PSOE investigada por participar en una trama para desacreditar causas judiciales contra el partido, aunque ha asegurado que “jamás” ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad del Instituto Armado, ni tampoco “ha interferido en ninguna investigación”.

Mercedes González ha aclarado que el primer contacto con Leire Díez lo tuvo en su etapa como delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos, pero sin verse cara a cara. En ese momento, según su relato, solo hablaron sobre las movilizaciones laborales en las que esta empresa se encontraba inmersa.

Posteriormente, siendo ya directora de la Guardia Civil, ha admitido que sí se vio en persona con la exmilitante socialista y que esta le habló en el último de esos encuentros del comandante Rubén Villalba, que fue detenido al principio del 'caso Koldo'. Según explican fuentes de la Guardia Civil, Díez le preguntó si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo, “una petición que la directora rechazó de plano, recordándole que éste se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial” y “dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro”.

La directora general de la Guardia Civil afirma que “jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil”. También asegura que, tras hacerse pública “la participación de Leire Díez en una reunión atacando a agentes de la Guardia Civil”, convocó a los principales mandos de la Jefatura de Policía Judicial, UCO y el agente señalado para mostrarles su apoyo.

En el sumario de la causa, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acreditan tres encuentros entre Mercedes González y Leire Díez. Los agentes infieren que esos tres encuentros y el resto de contactos telefónicos entre González y Díez motivaron las informaciones reservadas que se abrieron en el seno de la Guardia Civil para determinar el origen de las filtraciones a los medios. En un audio que también consta en el sumario de la causa, Díez afirma ante terceros que Mercedes González es de su “confianza”.

El comunicado de la Guardia Civil no aclara si fueron dos o tres reuniones. Asegura que en el primer encuentro, Díez le trasladó que estaba trabajando “como freelance” en ese momento, sin especificar “ni dónde ni para quién trabajaba, tan solo que estaba a caballo entre Cantabria y Madrid”. La directora “entendió que era una mera toma de contacto para pedirle trabajo o establecer en un futuro una relación laboral, dado su reciente nombramiento”. “Respecto de un posible segundo encuentro, de haberse producido, habría sido de las mismas características y contenido que el primero”, añaden.

Los investigadores de la UCO siguen el rastro de la directora general del instituto armado en una supuesta maniobra sobre ellos mismos en el marco de la causa que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Díez está imputada por varios delitos y, dentro de su supuesta actividad delictiva, la UCO enmarca esos contactos con la directora general de la Guardia Civil. Ni la Fiscalía ni el juez atribuyen por ahora ningún delito a Mercedes González pese a los reiteradas referencias que los agentes supuestamente perjudicados por Díez hacen de su jefa 'política'.

Marlaska dijo que no hubo reuniones y el PP pide su dimisión

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha salido este lunes a defender la “ejemplaridad y honestidad” de la directora general de la Guardia Civil. Ha afirmado que él mismo ni conoció ni hubiera tolerado “ninguna intromisión” en la labor del Cuerpo. Marlaska había defendido que esas reuniones entre ambas no existían.

El PP ha pedido la dimisión de ambos. “Tienen que irse todos, empezando por la directora de la Guardia Civil y terminando por el presidente del Gobierno, pasando por el ministro del Interior. España ya no necesita más explicaciones, necesita unas urnas para iniciar cuanto antes la reconstrucción nacional”, ha declarado Ezcurra en una rueda de prensa en la sede nacional del PP.

La Justicia ha puesto la lupa en la celebración del ascenso del equipo juvenil del club de fútbol base de Bonrepòs i Mirambell (Valencia) en la que participó una 'stripper' en los vestuarios del campo municipal El Barranco.

Como informó elDiario.es, el pasado viernes 22 de mayo parte de la dirección del equipo, ya dimitida, organizó una cena con padres y jugadores para celebrar que los jóvenes, al menos tres de ellos menores de edad, obtuvieron el título de campeones de liga. Tras el ágape, se desplazaron a las instalaciones del campo de fútbol municipal, en cuyos vestuarios tuvo lugar una fiesta con alcohol en la que participó la 'stripper'.

Al respecto, la alcaldesa de la localidad gobernada por el PSPV y Compromís, la socialista Raquel Ramírez, ha informado a elDiario.es de que este miércoles 3 de junio llevaron toda la información de la que disponen a la Fiscalía de Menores tras tener conocimiento que la fiscal jefe estaba estudiando el caso de oficio.

Al mismo tiempo, ha explicado que tras dar traslado de lo sucedido a la Guardia Civil, agentes de este cuerpo se personaron este jueves en el Ayuntamiento para recabar información: “Por nuestra parte hemos hecho todo lo posible para que se esclarezcan los hechos desde la máxima transparencia. Tanto a la Guardia Civil como a la Fiscalía les hemos dado toda la información de la que dispone el Ayuntamiento y les hemos advertido, por si lo consideran relevante, de que hay grabaciones de las cámaras de acceso al recinto deportivo en las que se verán las personas que entraron y salieron de los vestuarios”, unas grabaciones que la primera edil asegura no haber visto al no estar autorizada.

Preguntada por la información que tiene el consistorio de lo sucedido, explica que por lo que saben “la participación de la 'stripper' partió del entrenador y la decisión de que se hiciera en los vestuarios del campo municipal del presidente”. En concreto, el presidente, quien ha dimitido del cargo, era Jesús Hernández Motes, en el pasado presidente de la Interagrupación de Fallas quien fue fotografiado en la contramanifestación ilegal de la extrema derecha contra la manifestación vespertina del 9 d'Octubre de 2017, que acabó con agresiones a varios jóvenes.

Sobre la posibilidad de aplicar algún tipo de medida disciplinaria contra el club por el uso indebido de las instalaciones municipales, por el momento la alcaldesa Ramírez lo ha descartado en una decisión que ha asegurado que es compartida por el resto de formaciones políticas: “Por una decisión equivocada que tomaron de forma unilateral dos personas no vamos a castigar a todo un club que realiza una gran labor con un montón de jóvenes; en todo caso lo que hay que insistir es en el fomento de los valores del deporte y del civismo”.

Comunicado del club

Tras darse a conocer los hechos, la dirección del club, parte de la cual ya ha dimitido, emitió un comunicado en el que subraya que “no autorizó ni tuvo conocimiento previo de ninguna actuación de esta naturaleza” que considera “absolutamente incompatible con los valores deportivos, educativos y de respeto que deben regir cualquier actividad con menores”.

En el comunicado, el club evita describir los hechos denunciados y afirma que se ha iniciado una investigación interna, además de adoptar “medidas cautelares respecto de la persona que habría organizado o permitido dicha actuación”, a la que tampoco identifican.

Asimismo, el club “se pone a disposición del Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell, de las familias afectadas y, en su caso, de las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y depurar las responsabilidades que correspondan (...) El club reforzará sus protocolos internos de protección de menores, uso de instalaciones y organización de celebraciones, para garantizar que una situación así no vuelva a repetirse”, concluye el comunicado.

El ‘caso Leire’ alberga en su seno el último episodio de enfrentamiento soterrado entre la Guardia Civil y el Gobierno progresista que arrancó apenas dos meses después de que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente. En el último giro de este choque, el teniente coronel Antonio Balas, protagonista de las investigaciones por corrupción contra dirigentes del PSOE, del Gobierno y de la familia de Sánchez, escarba en las presiones que él mismo habría sufrido y que atribuye a la connivencia entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González.

El miércoles 27 de mayo toda la atención mediática estaba puesta en la sede del PSOE en Ferraz, donde los agentes de la UCO habían irrumpido requiriendo documentación y dispositivos electrónicos. Buscaban la vinculación del partido con una trama de acoso a policías y fiscales que investigan casos que afectan a los socialistas. Parecía la diligencia más relevante de cuantas practicaba ese día la UCO por orden de la Audiencia Nacional. Y, sin embargo, el jefe de la investigación no estaba allí. 

El teniente coronel Antonio Balas había escogido otro frente, la Dirección General de la Guardia Civil. Una delegación de agentes encabezada por él se presentaba por sorpresa en las dependencias de la Benemérita, tal y como adelantó elDiario.es al filo de las 11 de la mañana. 

Ataviado con gorra deportiva y vaqueros, al estilo de cuando fue fotografiado por la prensa en el registro de la sede de Servinabar en Pamplona (caso Cerdán), Balas hacía entrega del requerimiento del juzgado. Buscaba toda la documentación de las tres investigaciones internas abiertas en la Dirección General de la Guardia Civil por otras tantas filtraciones, unas informaciones reservadas que se vivieron en la UCO como una maniobra de presión contra sus agentes.

En el momento de personarse en la Dirección General, Balas ya atribuía esas presuntas maniobras a la relación de Leire Díez y la directora del Cuerpo. Así había quedado plasmado en los informes entregados al juez antes de la operación. 

Balas conocía necesariamente esas investigaciones internas porque incluyeron tomas de declaración a su inmediato superior y al jefe de este. De hecho, una de las propuestas de investigación incluía que el propio Balas prestara declaración por las filtraciones. La apertura y posterior cierre de las informaciones reservadas había circulado en un ámbito muy reducido del Cuerpo. Sus superiores, según ha declarado el entonces jefe de la UCO, quisieron aislar a Balas y a sus agentes de lo que vivieron como una estrategia de presión.

El requerimiento que salió del juzgado de Santiago Pedraz no parecía que necesitara tantas horas para ser satisfecho en la sede central de la Guardia Civil. Sin embargo, los agentes de la UCO tardaron cuatro horas en abandonar la Dirección General. El motivo es que el teniente coronel guardaba una carta: tomaría declaración a cuatro testigos sin necesidad de un auto judicial, una actuación policial que ampara la Ley. 

Un agente, en presencia de Balas, lanzó preguntas durante horas a los dos generales que habían sido interrogados por superiores en las investigaciones internas: el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, y el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo. La UCO intentó lo propio con los dos generales a los que se había encargado practicar la información reservada –necesariamente superiores de los primeros–, pero solo uno de ellos estaba en Madrid. 

Consciente o no de lo que iba a obtener, los testimonios recabados por Balas sobre hechos acaecidos a finales de 2024 y principios de 2025 resultaron una bomba cuyas consecuencias para el Gobierno son aún difíciles de calcular. 

Las presiones de las que ambos generales hablaron para orientar las investigaciones de la UCO por parte del anterior director de la Guardia Civil, el socialista Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo entonces y ahora, teniente general Manuel Llamas, nunca antes habían sido denunciadas por ellos, pese a haber ocurrido hace dos años. El juez Santiago Pedraz no ha apreciado por ahora motivos suficientes para otorgar a los presuntos autores de las mismas como investigados. 

Tampoco hay por ahora una imputación judicial a Mercedes González, la actual directora de la Guardia Civil. Cuando Balas acudió a la Dirección General ya había entregado un atestado al juez con los tres encuentros que González había mantenido con Leire Díez mientras esta lideraba una desconcertante operación contra el propio teniente coronel de la UCO y otros funcionarios públicos, convencida de que participaban en una conjura para acabar con el PSOE.

Balas y sus agentes de la UCO iban más allá: si González se había reunido con Leire Díez y esta presumía ante terceros de su relación con la directora de la Guardia Civil, necesariamente la apertura de tres informaciones reservadas para esclarecer otras tantas filtraciones tenía que responder a esa “influencia” de la investigada Leire Díez sobre Mercedes González. 

Los atestados de la UCO con esa inferencia trascendían a la opinión pública el mismo día en que Balas declaraba en el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez. Durante su testimonio ante el tribunal, Balas realizaba otra inferencia: para crearse la plaza que ganó el concertista David Sánchez tuvo que haber una “influencia política superior”. 

En ese momento retumbó en el PSOE la apreciación que la UCO hizo acerca del papel “preeminente del fiscal general del Estado” en la filtración del caso de la pareja de Ayuso. Balas defendió entonces que si Álvaro García Ortiz era el fiscal general tenía que haber participado necesariamente en que el correo de González Amador llegase a los medios. La tesis triunfó en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y García Ortiz resultó condenado. 

En el teléfono de Díez apareció cómo ella misma presumía ante otros integrantes de tener “amistad” con González o estar tratando con ella la supuesta operación de la UCO contra el Gobierno. También habló de que el director adjunto operativo, Manuel Llamas, iba a ser sustituido y que ella nombraría a su sucesor, según anotó un comandante imputado en el caso Koldo tras reunirse con Díez. Fue el 26 de marzo de 2025. A día de hoy, Llamas sigue siendo el DAO.

¿Ordenaron la directora y su número dos la apertura de tres informaciones reservadas porque así lo había indicado, sugerido u ordenado Leire Díez a Mercedes González? Para responder resulta conveniente acercarse a los hechos que motivaron, al menos oficialmente, la apertura de esas investigaciones internas. 

El correo de Begoña Gómez. 29 de noviembre de 2024

La publicación del correo electrónico de Begoña Gómez en Okdiario estuvo seguida de una ola de mensajes ofensivos en esa dirección, hasta colapsarla. El director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, preguntó esa mañana al entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, por los hechos. Este consultó a su vez a Balas, que le respondió por escrito que habían enviado a la jueza del caso una explicación de cómo acceder a la información digital que le adjuntaban en su informe, y que en esa especie de manual habían incluido imágenes donde aparecía la que delataba la dirección de Begoña Gómez. Un error en el juzgado, que dio traslado a las partes personadas en la causa de esa explicación, habría precedido a la filtración a los medios. 

El DAO Llamas no quedó conforme con la explicación de Yuste, según este, y ordenó abrir una información reservada. Yuste no volvió a saber nada de ello. Solo el general elegido para instruirla le comunicó su designación. A mediados de diciembre, la información reservada fue cerrada sin que el instructor llegara a tomar declaración a Yuste. 

Una información reservada es el procedimiento anterior a la apertura de un expediente. Indaga en si un hecho es merecedor del procedimiento reglamentario citado. Si se aprecia indicios entonces se abre el expediente contra un agente, se nombra instructor y secretario y estos trabajan durante meses, hasta que proponen una sanción o el archivo de las actuaciones. Este caso no llegó siquiera a la apertura del expediente. 

Los mensajes de Ábalos y Pedro Sánchez. 10 de mayo de 2025

“Los 'whatsapps' de Sánchez a Ábalos en 2023: He echado de menos muchas veces trabajar contigo, también tu amistad”. El titular de portada de El Mundo adelantaba que sus periodistas habían accedido a comunicaciones entre el presidente del Gobierno y Ábalos, inmerso de lleno en una causa de corrupción, en el periodo que comprendió entre su destitución como ministro de Transportes y su posterior rehabilitación como diputado socialista. 

Tres días después, un general de la Dirección le comunicó que se le había nombrado instructor de una información reservada sobre la publicación de dicha información. Yuste le trasladó su tranquilidad porque había leído mensajes en El Mundo que no estaban en poder de la UCO al ser posteriores a la incautación del teléfono de Ábalos. Solo podía haber sido el exministro.

El otro general que declaró como testigo ante Balas el pasado 27 de mayo, el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo, aportó un pantallazo de su teléfono. En él se aprecia una conversación con Yuste en la que López Malo traslada al jefe de la UCO que el DAO Llamas le ha dicho que “tiene claro” que la filtración no sale de la Unidad. 

Pese a ello, la información reservada siguió adelante sin que quede claro si Llamas se limitaba a seguir una instrucción superior o si evidencia que él mismo ordenó continuar con la investigación interna por motivos que se desconocen.

El general trasladó a Yuste que iba a consultar con el juez del caso Ábalos, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, sobre la conveniencia de esa investigación interna. Yuste se lo desaconsejó, pero el general habló con Puente y este le dijo que no cabía una investigación paralela a la judicial. No hubo más noticia de la información reservada.

El teniente general Llamas, “peón de Marlaska”. 20 julio de 2025

Sobre una publicación en El Mundo dedicada a Manuel Llamas, el general López Malo explicó que la información reservada se abrió en septiembre y que esta vez, la orden venía firmada por la directora general de la Guardia Civil. Fuentes del Cuerpo explican que al afectar la publicación al DAO, el único superior que tiene en el Cuerpo debía encargarse reglamentariamente de dar esa orden y que por eso fue la directora general de la Guardia Civil quien la firmaba.

La información de El Mundo citaba “fuentes de toda solvencia” y “fuentes conocedoras del conflicto” que habría provocado Llamas en la Guardia Civil al interesarse por el contenido de los informes de la UCO sobre el PSOE. López Malo explicó que la orden de información reservada requería identificar los miembros del grupo de Balas que participaban en las investigaciones de corte político. La información reservada, como las dos anteriores, fue cerrada sin que se llegara a abrir expediente. 

La grabación a Leire Díez, el detonante

Esta línea de investigación sobre los contactos entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil confirma el terremoto que vivió la UCO a partir de la publicación de una grabación en la que la exmilitante del PSOE revela sus intenciones contra Balas (“Si Balas está muerto, mejor”). El teniente coronel pregunta a los testigos del Cuerpo por la nota que elaboró sobre aquella grabación la Jefatura de Información de la Guardia Civil y cómo se le hizo llegar a Mercedes González. Esa nota está fechada el 29 de abril de 2025. 

Los tres contactos de González con Leire Díez son anteriores (30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025), pero los comentarios con terceros de Díaz sobre la “vía” que dice haber abierto con Mercedes González son posteriores a que la directora recibiera el informe interno sobre la operación contra la UCO. A esos mensajes de Leire con terceros recurren los agentes de Balas para acusar a su directora de colaborar con Leire Díez pese a saber que ellos eran su objetivo. 

En el informe vuelven a tener un lugar destacado los adverbios. La influencia de Leire Díez sobre la directora de la Guardia Civil y superiora de los autores del informe se da “previsiblemente” y “supuestamente” de acuerdo a lo que va contando la propia Leire Díez. En un determinado párrafo, los agentes presentan “un conjunto de elementos de los que se desprende que Leire habría pretendido el inicio de una 'investigación interna' en el seno de la Guardia Civil y dirigida contra su Unidad Central Operativa, previsiblemente valiéndose de la propia Directora”.

Tras la publicación de la grabación de Leire pidiendo la cabeza de Balas, la directora de la Guardia Civil convocó al jefe de la UCO, al general de Policía Judicial y a Antonio Balas. Les reiteró su confianza en el trabajo que realiza la UCO y les pidió que siguieran trabajando con “rigor, profesionalidad y objetividad”, según reveló este medio. Los mandos de la Guardia Civil se mostraron correctos con la directora, pero la tensión se palpaba en el ambiente. Balas intervino brevemente para decir que las revelaciones sobre Leire Díez no afectaban a su trabajo.

Los investigadores han encontrado mensajes entre Díez y el líder de una asociación de guardias civiles especialmente beligerante contra el Gobierno, Jucil, conocida por sus posicionamientos políticos coincidentes con Vox y el PP. El marco de estos mensajes son el primer encuentro en persona entre Díez y González. Según los whatsapps intervenidos, Díez iba a hacer de puente con la directora de la Guardia Civil y abordar la necesidad de la equiparación salarial con los Mossos y la Ertzaintza.

Otra vez, la supuesta fontanera se atribuía misiones históricas: la equiparación salarial es una reivindicación de décadas en la Guardia Civil descartada por los diferentes gobiernos y que además tiene un cauce de reivindicación establecido en el consejo del Cuerpo, que reúne a la Administración y las asociaciones profesionales. 

Desde que trascendió el contenido del sumario no hay explicación del Ministerio del Interior a por qué González se reunió con Leire Díez, si fue simplemente porque la conocía de su época como delegada del Gobierno –habrían contactado a raíz de una huelga en 2002 en Correos, donde la exmilitante del PSOE era directiva– o si alguien del partido o del Gobierno le instó a hacerlo. Solo Marlaska, que había negado que esas reuniones existieran, defendió este jueves desde Luxemburgo la “ejemplaridad” y “honestidad” de la directora de la Guardia Civil. 

La propia Guardia Civil ha emitido un comunicado a última hora de la noche de este jueves en el que ha reconocido que Mercedes González mantuvo dos reuniones con Leire Díez. Sus primeras conversaciones tuvieron lugar por WhatsApp cuando ella todavía era Delegada del Gobierno en Madrid y no trataron nada relacionado con el Cuerpo, dice la nota. Posteriormente, tras ser nombrada directora de la Guardia Civil, tuvieron un primer encuentro en una cafetería en el que hablaron de trabajo. Meses después, en otra cita, Leire Díez preguntó si el comandante Rubén Villalba, ya por entonces imputado en el caso Koldo, podría de alguna manera recuperar su trabajo. “Una petición que la directora rechaza de plano”, afirma el comunicado de la Guardia Civil.

“La Directora General de la Guardia Civil afirma que jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil”, añade la nota. “Jamás ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes de este Cuerpo”, concluye.

Un conflicto que arranca en 2018

El mandato de Marlaska coincide con el enfrentamiento entre la Guardia Civil y el Gobierno. Arrancó con el nombramiento de un comisario de Policía afín al PSOE para un puesto clave en Interior que llevaba décadas siendo asignado a un guardia civil. Al poco del cambio de Gobierno, Interior ordenó detener el pago de fondos reservados hasta realizar una auditoría sobre su uso y el jefe de la UCO se rebeló. Estrecho colaborador de Rubalcaba durante la época del socialista en Interior, Manuel Sánchez Corbí era un mando con gran ascendente en el Cuerpo.

La política del Gobierno socialista respecto a la gran afrenta para los sectores conservadores del país, el proceso soberanista en Cataluña, también alcanzó a uno de sus sectores, encarnado en la Guardia Civil. Los roces se elevaron a hostilidad manifiesta cuando Marlaska decidió atribuir a otro referente en la institución, el coronel Diego Pérez de los Cobos, los informes que responsabilizaban al Gobierno de la expansión del Covid-19 por autorizar la marcha feminista de marzo de 2020.

Pérez de los Cobos ya se había convertido en un referente para una parte del país al coordinar a los agentes enviados a Cataluña a impedir el 1-O y mantener un enfrentamiento directo con el director de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Marlaska destituyó a Pérez de los Cobos por los informes del Covid-19 sin pruebas y de un modo irregular, según certificó después la justicia. El coronel pasó a ser, involuntariamente, un nuevo mártir para la derecha y la extrema derecha, que tienen en Marlaska uno de sus enemigos referidos, por considerarlo un juez conservador “vendido” a Pedro Sánchez.

El nombramiento de Leonardo Marcos como director de la Guardia Civil en junio de 2023 no gustó en algunos sectores de la cúpula del Cuerpo. Algunas fuentes discrepantes con su gestión califican su perfil de “intervencionista” y apuntan también a sus formas.

Cuando Balas acudió el miércoles de la semana pasada a tomar declaración a los jefes de UCO y Policía Judicial estos describieron reuniones con Leonardo Marcos en las que éste daba instrucciones para exculpar al hermano de Pedro Sánchez y no ser “proactivos” en las investigaciones con políticos implicados. Otras fuentes aseguran que se limitó a pedirles un plus de rigor en asuntos de tanta relevancia mediática y a insistir en la neutralidad que requerían. Marcos fue destituido en septiembre de 2024 sin que Interior haya dado una explicación precisa del motivo. 

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos hombres, de 45 y 48 años, por un delito contra la fauna después de que sorprenderlos con 32 ejemplares de bermejuela, una especie incluida en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, cuya captura y tenencia está prohibida.

El servicio de protección de la naturaleza —Seprona— de la Guardia Civil interceptó a ambos hombres en el río Pedroso, a su paso por Vizcaínos (Burgos), cuando estaban en el interior de un vehículo aparcado cerca del cauce, en cuyo interior encontraron las bermejuelas junto con numerosos utensilios y artes de pesca, ha informado el instituto armado en nota de prensa.

En concreto, los agentes localizaron una nevera portátil de plástico conectada por un tubo a un aparato oxigenador de agua. En su interior había peces de tamaño pequeño, cubiertos con agua, algunos ya sin vida, que resultaron ser 32 ejemplares de bermejuela, cuya pesca está prohibida.

La investigación posterior permitió determinar que habían sido obtenidas en una charca de la provincia, lejos del lugar en el que los pescadores estaban pescando, y que iban a ser usadas para la pesca con caña en la modalidad denominada ‘con cebo vivo’, método también prohibido por la normativa autonómica.

Las diligencias instruidas junto con los dos identificados han sido puestas a disposición de los Juzgados de Salas de los Infantes.

La Guardia Civil de Bizkaia ha investigado a tres personas como supuestas autoras de un delito de usurpación de funciones públicas, por hacerse pasar por guardias civiles con el objetivo de recabar información sobre una mujer vinculada a un caso de violencia de género. Uno de los investigados mantenía una relación sentimental con la mujer y convivía con ella en Barakaldo.

Según ha informado el instituto armado, la investigación se inició a mediados de septiembre de 2025, cuando la coordinadora del centro asesor de la mujer con sede en Bizkaia -que ofrece apoyo gratuito y confidencial a víctimas- presentó una denuncia al tener conocimiento de que una usuaria había recibido un mensaje SMS en su teléfono móvil. En el mensaje, el remitente se identificaba como guardia civil destinado en una unidad de la Comandancia de Bizkaia, se interesaba por su situación personal y le preguntaba si había vuelto a tener problemas con su expareja, según recoge Europa Press.

La denunciante trató de verificar la identidad del supuesto agente mediante una llamada telefónica. Aunque inicialmente no obtuvo respuesta, minutos después le respondieron desde ese mismo número. En esta ocasión, el interlocutor volvió a identificarse como miembro de la Guardia Civil, e incluso aportó un nombre y un supuesto número profesional.

Durante la conversación afirmó que su interés radicaba en conocer la situación de la víctima dentro del Sistema de Seguimiento de Casos de Violencia de Género (VioGén), así como averiguar si existía algún procedimiento en curso relacionado con el presunto autor de los hechos. La coordinadora se negó a facilitar dato alguno, por el carácter reservado de la información, y dio finalizada la conversación. A partir de ese momento, los guardias civiles iniciaron las indagaciones y centraron las sospechas en el entorno personal de la víctima.

“Información sensible”

Como consecuencia, se identificó a tres personas que habrían participado en los hechos utilizando una línea telefónica adquirida de forma presencial por uno de ellos, quien posteriormente la habría facilitado al resto para llevar a cabo la suplantación. La investigación revela que los implicados no solo enviaron el mensaje inicial, sino que reforzaron la simulación mediante una conversación telefónica en la que se hicieron pasar por agentes pertenecientes a una unidad de investigación de la Guardia Civil en Bilbao.

El objetivo era obtener “información sensible” sobre la situación personal de la víctima, “vulnerando los protocolos establecidos y aprovechándose de la confianza que genera la identidad institucional”. Uno de los investigados mantenía en la actualidad una relación sentimental con la mujer por la que se interesaba y convivía con ella en Barakaldo (Bizkaia). Esta circunstancia, según la Guardia Civil, refuerza la intencionalidad de los hechos investigados.

La Guardia Civil, a través de controles para conseguir interceptar a personas huidas de la justicia con órdenes internacionales de detención en vigor, ha localizado en Tenerife a uno de los principales implicados en la famosa estafa piramidal de OmegaPro, que se encontraba alojado en un hotel de la isla.

La investigación de una estafa de 650 millones de dólares a sus inversores estaba siendo liderada por el FBI de los Estados Unidos, según ha recordado la Benemérita este jueves.

El acusado, quien había ejercido de director de la entidad internacional, se dedicaba a atraer a sus clientes con la realización de una importante campaña publicitaria en la que llegaron a participar reconocidos futbolistas a nivel mundial, en la que se prometían muy altas rentabilidades con falsos paquetes de inversión, llegando a convertirse en la mayor estafa piramidal de la historia.

Tras las comprobaciones oportunas, agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Guía de Isora establecieron un dispositivo que finalizó con la detención y puesta a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión provisional hasta su pase ante el órgano judicial reclamante.

Por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, agentes de la UCO de la Guardia Civil han realizando registros este jueves en la sede central de Tubos Reunidos, en la localidad alavesa de Amurrio, y en las oficinas de la compañía en el centro de Bilbao, según fuentes internas. Es ya la segunda operación policial en esta compañía, ya que en diciembre los agentes ya se personaron en Amurrio. Se buscan nuevas pruebas relacionadas con presuntas irregularidades en el rescate de la empresa propiciado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021, de 112,8 millones. La empresa contrató ese año y hasta 2025 como asesor al expresidente del organismo estatal, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.  Los agentes de la UCO también tiene orden de realizar un requerimiento de información en la sede de la SEPI, en Madrid.

A falta de detalles de la operación policial, en diciembre se buscaron correos electrónicos de un período temporal muy amplio y se analizó el papel de dos directivos de la empresa. Ahora se desconoce el alcance de las nuevas pesquisas. El registro de Amurrio ha sido breve, de apenas unos minutos. Ambas entradas han comenzado a la vez. El de Bilbao ha terminado hacia las 18.30 horas.

Se da la circunstancia de que los últimos meses han sido muy duros para Tubos Reunidos, que ahora mismo está en concurso de acreedores y que llegó a plantear 300 despidos a comienzos de 2026. En estos meses se han sucedido las huelgas y movilizaciones tanto en Amurrio como en otra planta vizcaína, la de Trapagaran. La SEPI es el principal acreedor, con créditos por valor de 160 millones sumados los intereses que ha generado el rescate de 2021.

El rescate de Tubos Reunidos es el origen de la investigación del juez Pedraz sobre el entorno de Leire Díez, una socialista de origen vizcaíno, aunque actualmente los nuevos datos hayan revelado temas completamente diferenciados. Aunque Fernández Guerrero dejó la SEPI en 2019, se analiza si seguía manteniendo influencia en 2021 para propiciar la inyección económica millonaria, el doble de la de Plus Ultra. Fernández Guerrero conformaba con Díez y con un tercero, el empresario vasco Antxon Alonso, un grupo de Threema llamado Hirurok, en euskera, que aparentemente coordinaba estas operaciones a cambio de comisiones. Threema es una aplicación de mensajería aparentemente más segura que WhatsApp o Telegram.

El expresidente de la SEPI estuvo dado de alta durante cuatro años como consultor externo de la empresa Tubos Reunidos. Eso sí, habían pasado los dos años que marca la ley para evitar conflictos de intereses. La cantidad facturada por Fernández Guerrero en Amurrio ascendería a 114.950 euros. Los pagos no eran directos, sino a través de una “consultora” que él mismo había indicado y que estaba residenciada en Zaragoza, según contaron fuentes de la empresa a este periódico. Después, hubo nuevas facturas ya a título individual cuyas cantidades concretas no se conocen aún.

Se da la circunstancia de que mientras Fernández Guerrero cobraba de Tubos Reunidos vía Zaragoza estuvo dado de alta también en Servinabar 2000 de Pamplona, la mercantil de Alonso en la que, supuestamente, Santos Cerdán tenía una participación del 45%. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. La investigación sobre Servinabar 2000 sigue otro recorrido judicial paralelo. 

El registro buscaba en Tubos Reunidos indicios de anotaciones manuscritas halladas en poder de Leire Díez, quien conformaba con Fernández Guerrero y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, un grupo llamado Hirurok creado aparentemente para cobrar comisiones. Dos directivos de la compañía que habían mantenido reuniones con miembros de esta trama están siendo investigados, aunque su identidad no ha trascendido.

Agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en La Rioja han investigado a un menor de 14 años, residente en Logroño, como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial: conducción temeraria, al generar un riesgo manifiesto para el resto de los usuarios de la vía, y conducción sin haber obtenido nunca el permiso de conducción.

La actuación se inició en la carretera LR-254, a la altura del punto kilométrico 10, en el término municipal de Alberite, donde agentes del Sector de Tráfico realizaban un punto de verificación de alcohol y drogas. En ese momento, procedieron a dar el alto a un turismo marca BMW, modelo Serie 3, con matrícula francesa.

El conductor, tras aminorar la marcha y aproximarse al agente que le indicaba la detención, realizó un fuerte y repentino acelerón, obligando al guardia civil a efectuar un movimiento evasivo para evitar ser atropellado. Acto seguido, emprendió la huida a gran velocidad.

Durante el seguimiento, el conductor hizo caso omiso de forma reiterada a las señales acústicas y luminosas de las patrullas, continuando su huida en dirección a Logroño. Tras adentrarse en la avenida Lope de Vega a una velocidad muy superior al límite establecido para vías urbanas, perdió el control del vehículo y se salió de la calzada por el margen derecho. El turismo recorrió aproximadamente 200 metros campo a través por un terreno baldío con abundante vegetación hasta que, tras impactar contra una elevación del terreno, quedó encallado, lo que impidió que pudiera reanudar la marcha.

Una vez interceptado, los agentes comprobaron que en el interior del vehículo viajaban, además del conductor -el menor de 14 años-, tres jóvenes de 16, 17 y 19 años, todos ellos domiciliados en Logroño.

Las gestiones realizadas en el lugar permitieron constatar que el menor había tomado el vehículo a un familiar sin su autorización, por lo que se procedió a su investigación como presunto autor de los delitos citados. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial y a la Fiscalía de Menores.

Los hechos descritos pueden ser constitutivos de los delitos recogidos en el Código Penal de conducción temeraria (art. 380) y conducción sin permiso (art. 384). Al ser el autor un menor de 14 años, si bien existe responsabilidad penal, se le aplicarían las medidas contempladas en la Ley del Menor (LORPM). Es por ello que, en este caso, las diligencias se remiten a la correspondiente Fiscalía de Menores.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía y, especialmente, a los padres, madres y tutores legales, la importancia de extremar la vigilancia sobre los menores en relación con el uso de vehículos a motor. Recordándoles que, ante cualquier control de tráfico, debe detenerse siempre y colaborar con los agentes de la autoridad, ya que obedecer sus instrucciones es una obligación legal y una garantía de seguridad para todos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este jueves a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras descubrirse tres encuentros con Leire Díez, investigada por emprender maniobras contra la Unidad Central Operativa (UCO) del propio cuerpo. “Lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es su actuación ejemplar en todo momento y su plena honestidad. Su ejemplaridad y honestidad en el desarrollo de su trabajo como directora de la Guardia Civil”. Marlaska se encuentra en Luxemburgo para participar en un encuentro de ministros de Interior de la UE.

Los investigadores de la UCO siguen el rastro de la directora general del instituto armado en una supuesta maniobra sobre ellos mismos en el marco de la causa que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Díez está imputada por varios delitos y, dentro de su supuesta actividad delictiva, la UCO enmarca esos contactos con la directora general de la Guardia Civil. Ni la Fiscalía ni el juez atribuyen por ahora ningún delito a Mercedes González pese a las reiteradas referencias que los agentes supuestamente perjudicados por Díez hacen de su jefa 'política'.

Marlaska ha subrayado que no ha conocido “ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso de la UCO, simplemente porque si lo hubiera conocido no la hubiera tolerado”.

El ministro del Interior ha comentado que desde el primer momento en el que se conocieron las supuestas presiones sobre los agentes se “reunió con los jefes de la UCO para manifestarles el apoyo más efectivo, directo y real como Ministro del Interior” y les pidió “neutralidad y profesionalidad” en su trabajo.

Además, ha recordado que mantuvo otra reunión con los jefes de la UCO en la que también participó la propia directora de la Guardia Civil “respaldando su actuación desde el primer momento, como no puede ser de otro modo”.

El ministro ha admitido que está preocupado por la situación, pero ha querido aclarar que “a diferencia de otros momentos históricos de este país, Guardia Civil y Policía Nacional trabajan con absoluta independencia bajo las órdenes directas de los jueces y de los fiscales, y están respaldados por sus jefes orgánicos”, en referencia a la 'policía política' que actuó durante los Gobiernos del PP.

Ante la pregunta de si debería dimitir si finalmente se confirman las presiones sobre la UCO, Marlaska ha pedido no hacer “especulaciones”. El ministro ha insistido en que “la Policía y la Guardia Civil están investigando con plena libertad. Son obviedades que cuesta tener que expresarlas en un Estado de derecho y bajo la dirección y tutela de los jueces y de los fiscales”.

La presunta trama del caso Leire Díez se interesó supuestamente por “información que pudiera comprometer” a la magistrada Mercedes Alaya, jueza instructora del caso ERE y del caso Aználcollar, en el que imputó al exdirector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, que también se encuentra investigado en esta causa de la Audiencia Nacional.

Así lo recoge la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un atestado, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una presunta red para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno que habría liderado el exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.

Los investigadores detallan que el caso ERE contó “inicialmente como responsable policial a la Unidad de Policía Nacional adscrita a los juzgados de Sevilla”, al frente de la cual se encontraba en ese momento Rafael Salvador.

“¿Qué podemos destapar de ella?”

Según el atestado, Díez se habría reunido con Salvador en dos ocasiones en 2020 para, supuestamente, obtener “información que pudiera comprometer a la magistrada Alaya” y “para cuestionar las investigaciones que llevó a cabo”. La UCO ha encontrado en una cuenta de Drive una carpeta titulada “22 GRABACIONES RAFAEL SALVADOR”.

Los investigadores señalan que la exmilitante socialista le dijo a Salvador: “¿Qué podemos destapar de ella? O sea, yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos, y los demás los sigo yo con un libro, ¿vale?'”.

“Con las cosas que ya sé de Alaya, lo que menos necesito saber es de derecho. Todo saldrá bien, volverás y nos ocuparemos que el tumor se extirpe”, escribió Díez a Vicente Fernández en febrero de 2020. Y, apenas un mes después, le dijo: “Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis”.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han descubierto tres encuentros entre la directora general del Cuerpo, Mercedes González, y la investigada por emprender maniobras contra la propia UCO Leire Díez. Los agentes infieren que esos tres encuentros y el resto de contactos telefónicos entre González y Díez motivaron que las informaciones reservadas que se abrieron en el seno de la Guardia Civil para determinar el origen de otras tantas filtraciones en los medios.

Los investigadores de la UCO siguen el rastro de la directora general del instituto armado en una supuesta maniobra sobre ellos mismos en el marco de la causa que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Díez está imputada por varios delitos y, dentro de su supuesta actividad delictiva, la UCO enmarca esos contactos con la directora general de la Guardia Civil. Ni la Fiscalía ni el juez atribuyen por ahora ningún delito a Mercedes González pese a los reiteradas referencias que los agentes supuestamente perjudicados por Díez hacen de su jefa 'política'.

En el atestado, los agentes de la UCO dan por ciertos los comentarios que hace Leire Díez sobre su “confianza” con Mercedes González y dan el salto a que eso provocó la apertura de informaciones reservadas que se cerraron sin la apertura de expediente disciplinario alguno. Lo hacen pese a que dando credibilidad a Leire Díez esta misma es la que cuenta que la directora general del Cuerpo no creía que las filtraciones partieran de la UCO. “Acabo de jugarme una comida [con González] a que las filtraciones vienen de la UCO”, dice Leire a una abogada.

Las tres informaciones reservadas se abrieron por la publicación de unos chats entre Ábalos y Pedro Sánchez, otra que incluía el correo elecrtrónico de la mujer del presidente y que pertenecía a la causa contra el hermano y una tercera en la que un periódico llamaba a al director adjunto operativo de la Guardia Civil, el teniente general Llamas, “peón de Marlaska”, y lo atribuía a fuentes del Cuerpo. Las informaciones reservadas incluyeron las tomas de declaración a los miembros de la cadena de mando de la UCO, el jefe de los investigadores, teniente coronel Balas; el jefe de la Unidad entonces, Rafael Yuste; y el general de la especialidad de Policía Judicial, Alfonso López Malo.

Los investigadores de UCO hacen “recapitulación”. Comienzan con que Díez y González tenían una relación previa, de 2022. Fuentes del entorno de la directora asegura que ambas entraron en contacto porque González era delegada del Gobierno durante una huelga en Correos, empresa pública donde Leire dirigía las Relaciones Institucionales. Luego están los encuentros, durante el segundo periodo de Mercedes González al frente de la Guardia Civil, el 30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.

“Se han aunado los indicios de los que se desprende que Leire le estaría haciendo llegar informacion obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando”, concluyen los guardias civiles de mensajes que Díez intercambia con terceros sobre su trato con González, tales como el que hace después del tercer y último encuentro documentado: “No estuvo mal la reunión con la directora. Voy a ver si sigo alimentando esa vía”.

Leire Díez se reunió en dos ocasiones con el comandante Rubén Villalba, imputado por pertenecer al grupo de Aldama, Koldo García y Ábalos. El comandante levantó una especie de acta de esos encuentros después de producirse. Tras uno de ellos, Villalba escribió: “Leire confirma que todas las filtraciones que se están produciendo del caso vienen de la UCO directamente. Que ha hablado en diferentes encuentros con la directora de la GC pero que la misma no se entera de lo que ocurre en GC y no da crédito de donde está metida, está perpleja de lo que ocurre en la GC y no sabe cómo meterle mano”.

Villalba también anotó que el intermediario del encuentro le dijo que Leire le había trasladado que la directora de la Guardia Civil conocía el encuentro y esperaba un “feedback” del mismo. Los agentes de la UCO no recogen en su atestado una de las consideraciones que hizo Leire Díez a Villalba y que éste anotó en su acta. La investigada le dijo que el teniente general Llamas iba a ser sustituido por otro DAO de Guardia Civil que iba a “poner” ella. El encuentro es de marzo de 2024; Llamas sigue siendo director adjunto operativo de la Guardia Civil.

El relato de la UCO en su atestado “finalmente culmina con el conjunto de elementos de los que se desprende que Leire habría pretendido el inicio de una 'investigación interna en el seno de la Guardia Civil y dirigida contra su Unidad Central Operativa, previsiblemente valiéndose de la propia directora”.

El general Rafael Yuste, anterior jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, relató ante los investigadores del caso Leire de su antigua unidad que el director de la Guardia Civil Leonardo Marcos, destituido en octubre de 2024, ordenó que se cambiara el contenido de un informe que perjudicaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El 12 de julio de 2024 Leonardo Marcos había citado al superior de Yuste, el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, y le dijo en su despacho que “estaba enfadado y contrariado respecto del informe emitido por la UCO relacionado con la investigación entre cuyos encausados estaba el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, reprochando al testigo que no hubiese tenido conocimiento previo de dicho informe de forma previa a su entrega”. Así se lo trasladó la semana pasada Yuste a los agentes de la UCO que se personaron en la Dirección General de la Guardia Civil.

Yuste contó que ese mismo día 12 de julio de 2024, por la la tarde, hubo otro encuentro en el que participaron los anteriores más el jefe de la UCO y el DAO Llamas. En esta reunión, Leonardo Marcos “les manifestó que se encontraba indignado porque había conocido por terceros una propuesta de actuaciones elaborada por UCO en el marco del procedimiento judicial abierto por la denominada operación Cajirón [sobre David Sánchez], en la que, según él, se hacían presunciones falsas”, según declaró el general Yuste, anterior jefe de la UCO al instructor de la información reservada.

Leonardo Marcos habría dicho en esa reunión que el informe en el que la UCO proponía a la juez actuacione en el caso sobre el hermano de Sánchez era “prospectivo y mal intencionado” y añadió que la credibilidad de la unidad estaba “por los suelos”. Marcos habría pedido que se elaborara otro informe en el que constara que “no había nada” y que si para ello había que dejar sin vacaciones a los agentes de la UCO que así se hicera. Marcos quería el siguiente informe exculpando a David Sánchez para el 19 de julio.

Tres meses después de estas reuniones, en octubre, el Ministerio del Interior destituyó a Leonardo Marcos como director general de la Guardia Civil y le envió a un puesto en la Embajada española en Washington. El hermano de Pedro Sánchez sería llamado igualmente a declarar como investigado en noviembre de 2024.

Yuste también declaró que el director adjunto operativo del instituto armado, el general Manuel Llamas [quien ocupó el cargo con Leonardo Marcos y sigue ahora a las órdenes de Mercedes González], ordenó que los agentes implicados que se pusieran “de perfil” en las investigaciones que “tuvieran afectación política”.

Estas instrucciones de Llamas se habrían producido en una reunión el 16 de julio de 2024 cuando el director de la Guardia Civil era Leonardo Marcos. El encuentro se produjo en dependencias de la UCO y en ella participaron el citado DAO, Manuel Llamas; el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste; el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, y miembros de la UCO implicados en la investigación al hermano de Pedro Sánchez.

“En esta reunión, por parte del DAO, se indicó a los presentes en la misma que, en aquellos procediientos policiales que tuvieran afectación política, no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de que 'nos pusiéramos de perfil', debiendo ser, en este caso concreto, la autoridad judicial quien tomase la iniciativa”, aseguró el jefe de la UCO al instructor de una de las tres informaciones reservadas abiertas el pasado 27 de mayo.