Un home de 65 anys i nacionalitat alemanya ha mort aquest dijous després de precipitar-se per un desnivell d'uns 30 metres al terme municipal de Valldemossa, a Mallorca, segons ha informat la Guàrdia Civil.

L'accident s'ha produït poc abans del migdia, quan la víctima realitzava una excursió al costat d'un grup d'onze persones. En un moment del recorregut, el senderista s'hauria separat lleugerament del grup, que va perdre el seu rastre en no tornar.

Davant l'absència, els excursionistes van decidir retrocedir sobre els seus passos i van localitzar l'home després de comprovar que havia caigut per una zona escarpada, amb un desnivell d'entre 30 i 40 metres, a les immediacions del torrent de sa Marina, ubicat en un entorn abrupt de la Serra de Tramuntana, amb pronunciats desnivells, terreny rocós i passos estrets.

Fins al lloc es van desplaçar efectius d'emergències, encara que els serveis sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. El cos sense vida va ser recuperat per l'helicòpter de la Guàrdia Civil. En l'operatiu també han participat bombers del parc de Sóller amb el suport de l'helicòpter Milana.

Un hombre de 65 años y nacionalidad alemana ha fallecido este jueves tras precipitarse por un desnivel de unos 30 metros en el término municipal de Valldemossa, en Mallorca, según ha informado la Guardia Civil.

El accidente se ha producido poco antes del mediodía, cuando la víctima realizaba una excursión junto a un grupo de once personas. En un momento del recorrido, el senderista se habría separado ligeramente del grupo, que perdió su rastro al no regresar.

Ante la ausencia, los excursionistas decidieron retroceder sobre sus pasos y localizaron al hombre tras comprobar que había caído por una zona escarpada, con un desnivel de entre 30 y 40 metros, en las inmediaciones del torrente de sa Marina, ubicado en un entorno abrupto de la Serra de Tramuntana, con tramos de fuerte pendiente, terreno rocoso y pasos estrechos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de emergencias, aunque los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El cuerpo sin vida fue recuperado por el helicóptero de la Guardia Civil. En el operativo también han participado bomberos del parque de Sóller con el apoyo del helicóptero Milana.

Un bebé de dos años permanece ingresado en el Hospital Grande Covián de Arriondas sometido a diversas pruebas médicas y toxicológicas ante los indicios de una posible ingesta de cocaína. Los servicios sociales permanecen a cargo del menor, mientras continúan las labores de investigación de la Policía Judicial de Llanes para tratar de esclarecer los hechos.

Un portavoz de la Guardia Civil de la Zona/Comandancia de Asturias ha confirmado este jueves a eldiario.es asturias la apertura de esta investigación policial que se ha puesto en marcha una vez que el centro hospitalario comunicó este caso.

El padre del pequeño se personó en el centro sanitario ayer, miércoles, con el bebé. Según los datos que transmitió el hospital a la Guardia Civil, pidió a los facultativos que realizaran una prueba toxicológica a su hijo.

La investigación

La primera prueba de aproximación o indiciaria dio positivo en cocaína y ahora se está a la espera de una analítica.

Los resultados finales se conocerán previsiblemente mañana viernes, según han indicado las mismas fuentes.

La Guardia Civil se puso en contacto con los servicios sociales para que se hicieran cargo del menor mientras se aclaran las circunstancias en las que presuntamente, si todas las pruebas lo corroboran, el menor pudo haber ingerido la droga.

Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y Policía Nacional, han detenido a 13 personas que formaban una organización criminal internacional dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica a Europa.

Ha sido desmantelado un 'macrolaboratorio' de extracción y procesamiento de clorhidrato de cocaína en una nave industrial de la localidad de Gerindote (Toledo), según ha informado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido.

También se han realizado cuatro registros más en diferentes localizaciones de la Comunidad de Madrid, con la incautación de 100.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego y chalecos antibalas, además de intervenciones en Málaga, La Rioja y Bizkaia, en nuestro país, y en Cartagena (Colombia).

Las investigaciones de esta operación, de nombre 'Sircan', se remontan al año 2022, cuando la Guardia Civil descubrió el posible tráfico de cocaína desde Hispanoamérica a Europa mediante su ocultación en contenedores marítimos con destino Rotterdam (Países Bajos).

Desde allí era distribuido a España y a distintos puntos europeos. Las actuaciones policiales conjuntas descubrieron la existencia de un 'macrolaboratorio' clandestino de cocaína en un pueblo de Toledo. Estaba ubicado en un polígono industrial, integrado con otros negocios e industrias, dando una apariencia totalmente lícita.

Sin embargo, en el interior de la nave se habían acondicionado distintas dependencias destinadas de forma específica a la extracción y procesamiento de clorhidrato de cocaína.

El laboratorio estaba operado por expertos 'cocineros' colombianos traídos expresamente por la organización para procesar la sustancia estupefaciente. El área principal del laboratorio estaba organizada en varias zonas diferenciadas: extracción, precipitación y filtrado, y, por último, prensado y empaquetado.

En cada una de estas zonas se desarrollaba una actividad continua, en turnos durante las 24 horas del día, orientada al procesamiento de cocaína base y su posterior transformación en clorhidrato de cocaína, que era presentado en forma de 'ladrillos' y sellado con los distintos logotipos utilizados por la organización para diferenciar su producto en el mercado ilícito.

Laboratorio en plena producción

En el momento de la intervención, el laboratorio se encontraba en plena producción y con sustancia en distintas fases del proceso, desde mezclas liquidas de cocaína base con disolventes, hasta ya el clorhidrato de cocaína finalizado.

Fueron intervenidas más de siete toneladas de harina de maíz utilizada como medio de ocultación y transporte, impregnada con cocaína base. También se encontraron nueve kilos de cocaína de una pureza próxima al 93% ya procesada y empaquetada, dispuesta para su venta.

Durante el desmantelamiento de la infraestructura se intervinieron 3.500 kilos de distintos precursores, tanto sólidos como líquidos, utilizados en las diversas fases de la extracción y procesamiento de la droga.

El laboratorio estaba equipado con todos los útiles y materiales necesarios, y constituía para la organización una fuente estable y continua de producción de sustancias estupefacientes.

Además del clorhidrato de cocaína se han incautado diversas cantidades menores de otras sustancias como cocaína rosa, 'MDMA', 'popers', marihuana, 90 comprimidos para la disfunción eréctil y bolsas de 'Paprika'.

Intervenciones en Colombia y en cinco provincias españolas

La operación se desarrolló en tres fases principales. La primera, llevada a cabo en Cartagena (Colombia) en abril de 2025, donde se incautó cerca de una tonelada de clorhidrato de cocaína.

La segunda fase y principal se llevó a cabo en febrero de este año en España. En ella, se desmanteló el laboratorio en Gerindote (Toledo) y se realizaron cuatro registros más en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid. Durante esta intervención fueron detenidas siete personas, entre ellos el líder de la organización criminal.

Se incautaron alrededor de 100.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, cientos de cartuchos de munición de distintos calibres, tres chalecos antibalas, dos pistolas eléctricas incapacitantes, una máquina de contar dinero, móviles, documentación, una gran cantidad de sustancias estupefacientes y tres vehículos de alta gama.

La última fase tuvo lugar en marzo, con intervenciones en las provincias de Málaga, La Rioja y Bizkaia, donde se incautaron alrededor de 70.000 euros en efectivo, procedentes del tráfico de drogas, o relojes de marcas de lujo, entre otros efectos.

La operación culminó con la práctica del resto de detenciones, con un total de 13 personas integrantes de la organización criminal arrestadas.

Investigación de blanqueo

Paralelamente, la Unidad Operativa de Toledo de Vigilancia Aduanera ha realizado el estudio de las relaciones patrimoniales y económicas entre los investigados, que han dado como resultado la adopción de medidas cautelares contra siete inmuebles, 17 vehículos y once cuentas bancarias.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Operativa de Toledo de Vigilancia Aduanera, la Policía Judicial de la Guardia Civil en Toledo, y la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

En Colombia fue la Policía Antinarcóticos de dicho país la que efectuó la inspección y aprehensión en el puerto de origen.

Durante el desarrollo de la operación ha sido de gran importancia la cooperación policial internacional entre diversos países (EEUU, Colombia, Perú y Uruguay), así como de Europa (Francia, Países Bajos y Portugal), habiéndose llevado a cabo incluso actividad operativa en Colombia, Perú y Portugal, que ha sido crucial para el resultado conseguido.

El concejal de Vox en el Ayuntamiento valenciano de Montserrat Carlos Martínez ha entregado su acta como edil, según ha informado su partido, después de que se haya hecho público que un juzgado le ha impuesto una orden de alejamiento tras una denuncia por malos tratos, una acusación de que la que afirma es inocente.

Según publica el diario Levante-EMV, la titular del juzgado número 2 del Tribunal de Instancia de Picassent le ha impuesto una orden de alejamiento por la que le impide acercarse a menos de 300 metros de su pareja sentimental o comunicarse con ella tras la denuncia por un presunto caso de malos tratos que esta interpuso el domingo ante la Guardia Civil y que ratificó en sede judicial el lunes.

En un comunicado remitido este jueves, Vox señala que Martínez Salvador ha decidido presentar su renuncia al acta tras los “hechos conocidos en las últimas horas y en el marco del procedimiento judicial abierto en relación con los mismos”.

“La decisión de entregar el acta responde a la voluntad de no perjudicar el proyecto político ni el normal funcionamiento de la institución municipal, anteponiendo la responsabilidad institucional y el interés general”, añade.

Afirma que Carlos Martínez “ha manifestado su inocencia y respeto absoluto por el proceso judicial y su intención de colaborar plenamente con la justicia para el esclarecimiento de lo ocurrido”.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha comenzado en torno a las nueve y media de esta mañana el registro del chalé de la familia del único investigado por el crimen de Esther López, con la presencia del mismo, Óscar S. M., en el lugar, después de que el nuevo propietario comunicara el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en un dormitorio.

El único investigado ha llegado al lugar en torno a las nueve de la mañana, y posteriormente lo ha hecho la UCO, con un gran despliegue en la zona tanto de las fuerzas de seguridad como de medios de comunicación.

El Juzgado que investiga la muerte de Esther López, hallada sin vida el 5 de febrero de 2022, acordó la entrada y registro en un chalé que fue de la familia del único investigado en la causa después de que el nuevo propietario comunicara el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en un dormitorio.

La titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid accede así a la solicitud de la Guardia Civil.

La Guardia Civil decidió inspeccionar ese espacio en cuanto que podría estar relacionado con la muerte de Esther López, hallada sin vida el 5 de febrero del 2022 en Traspinedo (Valladolid), después de que el nuevo dueño de la vivienda de la que fuera la casa familiar del único investigado comunicara al juzgado la existencia de ese habitáculo.

Fuentes próximas a la investigación han informado a EFE de que el instituto armado ha confirmado la existencia de un espacio ubicado debajo de una cama.

Por este crimen está procesado Óscar S.M., el único investigado y contra quien ya se ha abierto juicio oral, que será con jurado popular, por un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio, y por delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro.

Los datos analizados en la Junta Local de Seguridad de Santo Domingo han confirmado los niveles de seguridad que registra la localidad, la segunda más segura de La Rioja. Así las cosas, durante el año 2025 la tasa de criminalidad de la localidad se situó en 19,70% por cada mil habitantes. Esta cifra mejora un poco más los buenos números del pasado año 2024, cuando la tasa de criminalidad alcanzaba el 20,53%.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, y el alcalde de Santo Domingo, Raúl Riaño, han presidido esta mañana la Junta Local de Seguridad para analizar la evolución de las cifras de criminalidad en el municipio.

En el 2025 se confirmó el alto nivel de delitos esclarecido: 125 delitos esclarecidos, lo que supone un 44,0%. En el año 2024 se llegó a 44,9% infracciones penales por cada mil habitantes. En la Junta Local de Seguridad también se ha subrayado el elevado número de detenciones del año 2025 (696 en total), frente a la cifra del año 2024 (410 detenciones por cada mil infracciones penales conocidas)

Con respecto a los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, la Guardia Civil tuvo conocimiento durante el 2025 de solo 2 frente a las 6 del año 2024.

Por último, de acuerdo a los datos que proporciona el Sistema VioGén, en la localidad de Santo Domingo hay 7 casos activos que requieren protección policial, que corresponden a 7 víctimas. De ellos, hay 6 con un riesgo bajo y 1 de riesgo medio.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre al que acusa de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas tras ser sorprendido con unas 300 dosis de una mezcla de ketamina y MDMA, conocida como ‘tusi’ o ‘cocaína rosa’, en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata.

La actuación se produjo en la madrugada del pasado 13 de abril, en el marco de un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana establecido por los agentes en una de las principales vías de acceso al municipio.

Durante el operativo, los agentes observaron a un individuo que descendía de forma apresurada de un vehículo, lo que levantó sus sospechas y motivó su identificación. Se trataba de un varón con domicilio en la Comunidad de Madrid, “que manifestó estar desplazándose desde dicha región”, según ha informado la Guardia Civil.

En el transcurso de la identificación, los agentes detectaron que ocultaba un envoltorio con una sustancia en polvo de color rosa, que el propio hombre reconoció como una mezcla de MDMA y ketamina. Posteriormente, en un registro más exhaustivo, localizaron otros envoltorios similares ocultos en su ropa interior.

En total, los agentes intervinieron nueve bolsitas de aproximadamente un gramo cada una y otra con unos 10 gramos adicionales, sumando más de 20 gramos de sustancia, equivalentes a unas 300 dosis.

El detenido fue trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de diligencias, que han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata.

La Guardia Civil de Teruel ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de incendio con peligro para las personas, producido el pasado 18 de marzo en una vivienda de la localidad de Mora de Rubielos.

La investigación, iniciada por el Equipo ROCA de Mora de Rubielos, con la colaboración del Área de Criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Teruel y especialistas del Departamento de Incendios del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil de Valencia, determinaron la existencia de cinco focos diferentes dentro de la vivienda lo que concluyó que el incendio se produjera de manera intencionada.

Tras las diferentes líneas de investigación, el pasado 25 de marzo, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a una persona de 52 años.

El detenido habría residido con anterioridad en la vivienda, que fue cedida por su propietario, hasta el momento en que el propietario le comunicó que tenía que abandonar el inmueble, obteniendo como respuesta amenazas y el posterior incendio de la casa, han señalado desde la Comandancia de Teruel.

Tanto las diligencias instruidas como la persona detenida han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Teruel.

El presidente de Adif, Pedro Marco, ha asegurado que la Guardia Civil no interpretó bien los tecnicismos en los que se basa para concluir que el carril de Adamuz sobre el que ocurrió el accidente del pasado 18 de enero ya estaba roto desde 22 horas antes.

“Hay un nivel de tecnicismo tal, que evidentemente yo creo que no está bien interpretado”, ha señalado este lunes en una rueda de prensa en alusión al informe de la Guardia Civil que apuntaba a que los sistemas de Adif detectaron una caída de tensión 22 horas antes que explicarían la rotura de carril.

Sin embargo, el presidente de Adif ha insistido una vez más en que esa caída de tensión proviene de un sistema que se usa exclusivamente para saber dónde se encuentra un tren en un determinado momento, pero no para identificar roturas.

En este sentido, esa caída de tensión podría ser compatible con una rotura, pero no es determinante para concluir que hubo, en efecto, una rotura.

“La Guardia Civil puede haber interpretado que puede existir esa posibilidad, pero es que realmente hoy por hoy no existe ningún sistema para la detección en tiempo real de una rotura de carril. Es un debate tecnológico todavía sin resolver en el sector ferroviario. Por eso, evidentemente, tengo que disculpar a la Guardia Civil porque no puede entrar a ese debate”, ha añadido.

Marco también ha defendido la actuación de la empresa pública que gestiona la red ferroviaria española tras el accidente de Adamuz: “Hemos custodiado todos los materiales y admitimos que los hemos manipulado, pero con la pertinente autorización judicial y solo para comprobar las soldaduras”.

Además, ha señalado que la Guardia Civil no se llevó unas chapas de aluminio que Adif consideraba implicadas en el suceso, por lo que la empresa las recogió y las depositó con el resto del material. “Comunicamos a la autoridad judicial todo el proceso que se ha seguido, toda la documentación y dónde tiene a su disposición esos elementos”, ha afirmado.

La Guardia Civil de la Región de Murcia, dentro de los servicios establecidos contra la trata de seres humanos y la explotación laboral, ha desarrollado la operación ‘Caprines’, una investigación que ha culminado con la investigación de dos personas por supuesto delito contra los derechos de los trabajadores. En explotaciones ganaderas de Lorca y Puerto Lumbreras, especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil e inspectores de trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia han detectado la presencia de ocho ciudadanos extranjeros trabajando sin contrato.

La investigación se inició cuando dos ciudadanos extracomunitarios pusieron en conocimiento de la Guardia Civil que se encontraban trabajando sin contrato en una explotación caprina, ubicada en el término municipal de Lorca.

Los dos trabajadores comunicaron a los agentes que, además, estaban alojados en unas caravanas, dentro de la finca, donde vivían en pésimas condiciones de higiene.

Especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación y averiguaron que el titular de la empresa contaba con otra granja en el término municipal de Puerto Lumbreras.

En coordinación con la Inspección Provincial de Trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Guardia Civil llevó a cabo la inspección simultánea de ambas fincas.

Las visitas resultaron con la identificación de otros seis trabajadores extranjeros, en situación irregular en el país, uno de los cuales, además, tenía en vigor una orden de expulsión del territorio nacional.

Operación 'Caprines'

La operación ‘Caprines’ finalizó con la investigación de dos personas: el propietario de la empresa y un encargado. Según se desprende de la investigación, este último, de la misma nacionalidad que los trabajadores, facilitaba su captación y los distribuía a diario en cada una de las fincas.

Los ahora investigados, al parecer, se aprovechaban de la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas para ofrecerles trabajo sin contrato y en precarias condiciones laborales y de alojamiento.

Estos ocho trabajadores fueron atendidos e informados de los derechos que les asisten como víctimas de delito en España.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de tráfico de drogas, tras intervenirle más de 700 gramos de marihuana y hachís que transportaba en su vehículo cuando circulaba por la carretera N-630, a la altura del término municipal de Oliva de Plasencia, en la provincia de Cáceres.

La actuación tuvo lugar en la madrugada del pasado 10 de abril, en el marco de un dispositivo de seguridad ciudadana orientado a prevenir el tráfico de drogas en zonas de ocio y diversión de la provincia, según ha informado la Guardia Civil. Durante el control, los agentes interceptaron un turismo en el que viajaban dos hombres, ambos vecinos de Plasencia (Cáceres), y al proceder a su identificación percibieron un fuerte olor a marihuana procedente del interior del vehículo.

Ante esta circunstancia, los guardias civiles realizaron un registro del coche, en cuyo interior localizaron una bolsa con cogollos de marihuana en la parte trasera, así como tres tabletas de resina de hachís en la guantera. La sustancia intervenida fue trasladada al puesto de la Guardia Civil de Zarza de Granadilla donde, tras su pesaje, se confirmó que se trataba de 420 gramos de marihuana y 300 gramos de hachís.

El conductor del vehículo reconoció ser el propietario de la droga, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Plasencia.

La Guardia Civil en La Rioja ha dado por finalizada la investigación en torno a los daños sufridos por la Cruz de San Lázaro, situada en la localidad de Ezcaray. Como resultado de las actuaciones, se ha identificado a un joven de 20 años, residente en Bilbao (Vizcaya), como presunto autor de un delito contra el patrimonio histórico. El monumento es uno de los más emblemáticos y arraigados de Ezcaray. Se trata de un crucero de piedra del siglo XVI, declarado Bien de Interés Cultural.

El incidente tuvo lugar durante la madrugada del pasado día 5, cuando la Central Operativa de Servicios (062) de la Guardia Civil recibió un aviso alertando sobre un acto de vandalismo en el monumento. Al personarse en el lugar, las patrullas de Seguridad Ciudadana confirmaron que la cruz presentaba daños estructurales de gravedad.

Tras realizar las pertinentes actuaciones y recabar testimonios, los agentes pudieron constatar que el joven, en un acto de imprudencia, trepó por la estructura monumental. El peso y la inestabilidad provocaron que la cruz cediera, causando el desplome del monumento y la caída del implicado.

Más allá de los cuantiosos daños al valor artístico e histórico del monumento -uno de los símbolos más queridos por los vecinos de la villa riojana-, el incidente se saldó con heridas para el autor. Debido al impacto de la caída y de los elementos de piedra, el joven tuvo que ser atendido de urgencia por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital San Pedro debido a lesiones de diversa consideración en sus extremidades, donde quedó ingresado bajo custodia.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, mientras se evalúa el coste económico de la restauración de la pieza, que se sumará a la responsabilidad penal del joven.

La Guardia Civil ha investigado a tres personas por participar en una carrera ilegal de vehículos que se ha celebrado en la noche de este sábado al domingo en el polígono de Villaluenga-Yuncler, en la provincia de Toledo.

La Comandancia de la Guardia Civil de Toledo enmarca la actuación dentro de la operación 'Freno', que el pasado mes de febrero se concretó en la detención de varias personas por carreras ilegales en la zona cercana entre Seseña y Yeles, en comarca de la Sagra toledana, una zona muy próxima a la Comunidad de Madrid.

Además de los tres investigados se ha puesto a disposición judicial dos vehículos y se han interpuesto 15 sanciones administrativas por infracciones a la Ley de Seguridad Vial.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado al domingo, cuando varias patrullas recibieron aviso de la posible celebración de una 'lanzada' en dicho polígono.

Al llegar, los agentes localizaron varios vehículos y a un varón que presuntamente actuaba como árbitro, por lo que se estableció un dispositivo de cerco y se identificó a las personas y vehículos presentes.

Una jueza de Móstoles ha decretado prisión preventiva para el joven de 23 años detenido el viernes como presunto autor del apuñalamiento mortal de un niño de 11 años en un centro cultural de la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada.

Fuentes de la investigación han comunicado a la agencia EFE que el arrestado ha pasado este domingo a disposición del juzgado de guardia de Móstoles, que ha decretado su ingreso en prisión de forma provisional en la cárcel de Navalcarnero.

El joven no ha querido prestar declaración ante la magistrada.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada confirmó el viernes a primera hora de la tarde el fallecimiento del menor de edad que había resultado herido en estado crítico este jueves, tras sufrir una agresión con arma blanca en el Centro Cultural de ese municipio madrileño.

El presunto autor, un joven de 23 años que padecía problemas mentales, ha sido detenido por la Guardia Civil. Los servicios municipales, según ha informado el alcalde de la localidad, Luis Manuel Partida, desconocían su estado de salud mental.

En declaraciones a los medios de comunicación, Partida lamentaba el viernes los hechos, abundando en que es algo que “no tenía que haber sucedido”, pero que “quien padece problemas a veces son incontrolables”. Además, ha añadido que el detenido no tenía antecedentes.

“El Ayuntamiento desea trasladar su más profundo pésame a la familia del menor fallecido en el lamentable suceso ocurrido en nuestro municipio en la tarde de hoy”, reza el comunicado institucional en el que las autoridades locales han expresado “su absoluta consternación ante unos hechos tan graves”.

Tras lo sucedido, el municipio ha informado de su “estrecha” colaboración para esclarecer los hechos y ha agradecido “la rápida actuación de Protección Civil, SUMMA 112, Policía Local y Guardia Civil, cuya intervención ha sido fundamental”.

El menor, de 11 años, presentaba al ser atendido heridas de arma blanca en el cuello, el tórax y la espalda, lo que le provocó una parada cardiorrespiratoria antes de su traslado en estado crítico en helicóptero al 12 de Octubre, donde finalmente se produjo su fallecimiento.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que en Cantabria hay una falta de efectivos en Seguridad Ciudadana en Cantabria que “compromete la seguridad pública y la salud laboral de los guardias civiles”, y ha reclamado que se cubran las 136 vacantes que, según ha señalado, hay actualmente en la comunidad autónoma.

AUGC ha asegurado que la situación en las unidades de Seguridad Ciudadana de Cantabria, y en concreto de la sexta compañía, “ha dejado de ser un problema puntual para convertirse en una deficiencia estructural que afecta al funcionamiento del servicio y a la salud laboral de los guardias civiles”.

De esta forma, ha advertido la asociación en un comunicado, “la brecha entre las necesidades reales y los recursos disponibles resulta ya imposible de ignorar” y “la propia organización lo evidencia cuando se ve obligada a trasladar agentes desde Bizkaia para cubrir servicios ordinarios en Cantabria”, que cuenta con unos 1.200 agentes desplegados.

“Si es necesario recurrir a efectivos de otra provincia para mantener la actividad diaria, la conclusión es inequívoca: no existen guardias civiles suficientes de Seguridad Ciudadana en la demarcación”, han apuntado.

A pesar de que la Delegación del Gobierno insiste en hablar de “máximos históricos”, AUGC sostiene que “los datos y la realidad operativa demuestran lo contrario, generando además una falsa sensación de normalidad ante la ciudadanía que AUGC no puede permitir que se consolide”.

Nuevas unidades con trasvase de personal

La asociación ha reconocido la utilidad y la necesidad de nuevas unidades especializadas como los Equipos VioGén, los Equipos ROCA o los Equipos Arroba, herramientas “imprescindibles” para adaptarse a las nuevas formas delincuenciales -violencia de género, crimen organizado, delitos telemáticos- que exigen respuestas específicas y formación especializada.

Sin embargo, desde AUGC consideran que “no se puede aceptar que su creación se lleve a cabo a costa de detraer personal de una Seguridad Ciudadana ya de por sí insuficiente”.

“Son los ciudadanos quienes pagan el precio real de esta decisión: cada agente destinado a estas nuevas unidades supone un efectivo menos en la patrulla preventiva, en la respuesta inmediata, en el servicio de proximidad que protege a la población en su día a día. Adaptar la Guardia Civil a los nuevos retos delincuenciales es una obligación; hacerlo esquilmando las unidades de base es una irresponsabilidad que traslada el coste a la seguridad pública”, ha incidido.

Por ello, ha exigido que la creación de nuevas unidades venga acompañada de catálogos de puestos específicos y dotaciones propias, “sin que ello suponga un trasvase encubierto de personal desde Seguridad Ciudadana”.

Según ha explicado, la consecuencia de “este déficit es la imposibilidad de implantar turnos estables, una reivindicación histórica. La irregularidad horaria, la falta de conciliación, la acumulación de horas extraordinarias y la presión operativa constante están generando bajas médicas en todas las unidades, sin excepción”.

“Y lejos de interpretarse como una señal de alarma, estas bajas se traducen en una mayor carga para los compañeros que permanecen en servicio, mientras la exigencia por parte de los mandos no disminuye”, han criticado.

Por todo ello, ha reclamado el refuerzo de personal en las unidades de Seguridad Ciudadana, la revisión del “uso indebido de efectivos de Seguridad Ciudadana en cometidos ajenos a su especialidad”, la creación de catálogos específicos para las nuevas unidades especializadas que “eviten seguir detrayendo personal de la base”, la implantación de turnos estables y un plan de seguimiento que evalúe el impacto de estas medidas.

La Guardia Civil destapa una organización criminal asentada en la provincia de Castellón dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Los agentes han detenido a siete personas y han liberado a 80 personas migrantes en situación de “extrema vulnerabilidad, que malvivían hacinadas en zulos, en muchos casos sin agua ni luz”, según informa el Ministerio de Interior en un comunicado. Se trata de 77 hombres y 3 mujeres, con edades entre los 20 y 35 años, que eran forzadas a trabajar más de 12 horas diarias.

En la operación, a cargo de la Policía Judicial del Cuerpo, han sido detenidas siete personas a las que se les atribuye todo el proceso de explotación laboral, desde su captación en países extranjeros con falsas ofertas de empleo con buenas condiciones laborales, hasta su explotación en España en trabajos en el sector agrícola, alcanzo la “semi esclavitud”.

Las víctimas, en su mayoría hombres en situación de vulnerabilidad económica, eran principalmente de origen nepalí, pakistaní, senegalés o de países árabes. Según informa el Cuerpo, eran captadas en sus propios países mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y contactos personales. Les prometían condiciones laborales atractivas en España, con salarios dignos, alojamiento y manutención.

La investigación ha permitido identificar a los principales beneficiarios del entramado, un matrimonio de origen pakistaní, propietario del asentamiento principal en Nules, donde las víctimas eran alojadas hasta en cuatro viviendas distintas. El grupo operaba principalmente en las comarcas de la Plana Baixa y L’Alt Palancia de Castellón, además de las comarcas del Camp de Morvedre, Camp de Turia y L’Horta Nord, en Valencia.

Una vez que aceptaban la oferta, las víctimas eran trasladadas a España -en ocasiones mediante viajes organizados por la propia red criminal-, generándoles una deuda que posteriormente era utilizada como mecanismo de control y coacción. A su llegada, eran alojadas en viviendas con condiciones de hacinamiento extremo, sin requisitos de habitabilidad y llegando incluso a carecer de suministros básicos como agua o electricidad.

Las víctimas eran obligadas a trabajar largas jornadas en el campo, principalmente en la recolección agrícola, en condiciones muy precarias con jornadas de hasta 12 y 13 horas diarias sin apenas descanso. La remuneración era inexistente o meramente simbólica, ya que de los supuestos salarios se descontaban gastos por alojamiento, transporte o manutención. Estas personas carecían de contrato laboral y de cualquier documentación que regularizara su situación, lo que incrementaba su vulnerabilidad y el control del entramado sobre las mismas. Este control se ejercía mediante amenazas, coacciones e incluso agresiones, lo que generaba un clima de miedo constante que dificultaba cualquier intento de huida, recalca la Guardia Civil.

Operación “Balarama”

La investigación, llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Castellón en coordinación con la Fiscal Delegada para la trata de seres humanos de la Fiscalía Provincial y el apoyo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, ha sido desarrollada durante varios meses y ha permitido destapar este entramado que sometía a sus víctimas a condiciones laborales y de vida próximas a la esclavitud.

La organización operaba de forma jerarquizada: algunos de sus integrantes se encargaban de captar a las víctimas en sus países de origen, otros gestionaban los traslados y el alojamiento, mientras que un tercer grupo controlaba la explotación laboral y la recaudación de los beneficios obtenidos.

También se ha detectado la utilización de empresas y estructuras legales para dar apariencia de legalidad a parte de la actividad, así como para beneficiarse del impago de salarios y de la elusión de obligaciones con la Seguridad Social.

En las actuaciones policiales se han realizado cinco registros en domicilios con la detención de siete personas y la liberación de 80 víctimas, 77 hombres y tres mujeres, con edades entre los 20 y 35 años. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, quien ha decretado el ingreso en prisión de dos de las siete personas detenidas. La operación ha sido desarrollada con la colaboración de distintos organismos, entidades sociales y sanitarias, como Cruz Roja, Cáritas o el Banco de Alimentos, que han velado por la atención y protección de las víctimas.

Las imágenes hablan por sí solas. Se ve a unos trabajadores que están descargando un material de cable de cobre de telefonía. Una operación que realizaban con naturalidad porque pertenecían a subcontratas especializadas para su retirada para ser sustituidas por fibra óptica. La relevancia de esta grabación radica en que lo hacían para su propio beneficio aprovechándose de las habilitaciones profesionales que sí tenían, a través de sus empresas, pero realizando “acciones paralelas” a las legalmente ordenadas y establecidas, y retirando cable de otras zonas para las que no se les había contratado.

La Guardia Civil de la Zona/Comandancia de Asturias ha frustrado el plan de tres trabajadores dedicados presuntamente a esta venta fraudulenta y, con su identificación, ha logrado esclarecer el robo de más de 13 toneladas de cable de telefonía durante todo el tiempo que han podido realizar estas actividades ilícitas, que se calcula que se extendieron desde el mes de junio de 2025 hasta este mes de abril.

Los tres presuntos autores de este delito de hurto continuado ya han sido plenamente identificados gracias a estas grabaciones y a partir de ahora se enfrentarán a un procedimiento judicial.

La clave de las imágenes

La investigación policial ha permitido esclarecer tanto la sustraccion de los 13.391 kilos de cable de telefonía como el modus operandi de estos tres trabajadores que lograron apoderarse, a través de esta actuación ilícita, de unos 31.000 euros, según las primeras estimaciones.

A continuación, reproducimos las imágenes difundidas por la Guardia Civil de la Zona/Comandancia de Asturias.

Los presuntos autores son un vecino de Gijón, de 53 años, al que se le tomó declaración en dependencias policiales el pasado 27 de marzo; un vecino de Albacete de 49 años, que fue detenido el 6 de abril y un tercer trabajador del que no se han aportado detalles al estar ya identificado y pendiente de arresto.

Al vecino de Gijón se le atribuyen dos delitos de hurto, mientras que el de Albacete está siendo investigado por su presunta autoría en un delito continuado de hurto.

Las investigaciones

Agentes de la Guardia Civil de Langreo iniciaron las investigaciones el pasado mes de febrero por la venta de cable de cobre de procedencia ilegal en un centro de residuos metálicos.

Cuando los miembros de la Benemérita estaban realizando una inspección, en uno de los establecimientos de Siero, se dieron cuenta de la presencia de un vehículo que transportaba una gran cantidad de cable de cobre, aparentemente de telefonía.

Estas visitas de inspección de empresas de residuos metálicos son habituales como parte de la lucha contra la compra/venta ilegal de material metálico sustraído.

La venta ilegal del material

Las gestiones para determinar la procedencia de este cable, del que sospechaban que podría ser ilícita, les condujeron hasta el trabajador de una empresa de retirada de cable de telefonía de cobre que se está llevando a cabo por la sustitución reciente de fibra óptica, y que en un principio se hallaba autorizado para su retirada.

El trabajador manifestó que tenía autorización para la venta del cable que llevaba en la furgoneta, cuyo peso total era de 1.202 kilogramos de cable de cobre de telefonía. Su intención era la venta de este material en la empresa de reciclaje que, según su declaración, era siguiendo las indicaciones de su empresa.

A través de sus manifestaciones, los investigadores llegaron hasta otras dos personas más que, según ha explicado la Guardia Civil, se aprovechaban -al igual que el primero- de las habilitaciones profesionales que sí tienen, ya que trabajan para empresas subcontratadas para la retirada de este material, aunque realizando “acciones paralelas”.

Un total de 43 transacciones

“De esta manera, si su autorización es para una zona concreta, al material recabado allí, le dan el cauce establecido y lo depositan en el punto convenido en el contrato, pero a su vez llevan a cabo otras retiradas en zonas para las que no tienen autorización, vendiendo el material sustraído en establecimientos de compra/venta de material metálico”, señala la Guardia Civil.

En el transcurso de las investigaciones, se pudo constatar que además de la venta detectada en un principio, habían realizado otras 42 transacciones más.

La Guardia Civil ha entregado las diligencias de investigacion a la Seccion Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 1 de Castropol.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid) ha confirmado el fallecimiento del menor de edad herido crítico este jueves, tras sufrir una agresión con arma blanca en el Centro Cultural de ese municipio madrileño. La Guardia Civil ha detenido al presunto autor.

Se trata de un joven de 22 años que padecía problemas mentales que, sin embargo, desconocían los servicios municipales, según ha informado el alcalde de la localidad, Luis Manuel Partida.

En declaraciones a los medios de comunicación, Partida ha lamentado los hechos, abundando en que es algo que “no tenía que haber sucedido”, pero que “quien padece problemas a veces son incontrolables”. Además, ha añadido que el detenido no tenía antecedentes.

“El Ayuntamiento desea trasladar su más profundo pésame a la familia del menor fallecido en el lamentable suceso ocurrido en nuestro municipio en la tarde de hoy”, reza el comunicado institucional en el que las autoridades locales han expresado “su absoluta consternación ante unos hechos tan graves”.

Tras lo sucedido, el municipio ha informado de su “estrecha” colaboración para esclarecer los hechos y ha agradecido “la rápida actuación de Protección Civil, SUMMA 112, Policía Local y Guardia Civil, cuya intervención ha sido fundamental”.

Precisamente, ha sido el 112 de la Comunidad de Madrid el que, con anterioridad, ha informado del traslado con pronóstico crítico del adolescente al hospital 12 de octubre tras ser víctima de la citada agresión con arma blanca en el Centro Cultural de Villanueva de la Cañada.

La primera llamada al Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid informando de una agresión en el Centro Cultural La Despernada se ha producido a las 19.45 horas, tras lo que se han desplazado al lugar del suceso la Policía Local, la Guardia Civil, que investiga lo ocurrido, y el propio SUMMA 112, que ha atendido a la víctima.

El menor, de 11 años, presentaba heridas de arma blanca en el cuello, el tórax y la espalda, y ha entrado en parada cardiorrespiratoria antes de su traslado en estado crítico en helicóptero al 12 de Octubre.

Al hilo de lo acontecido, el Ayuntamiento ha convocado “un minuto de silencio en su recuerdo en la plaza de España” este viernes, 10 de abril, a las 12.00 horas, decretando también la suspensión de todos los actos programados en la agenda municipal.

Asimismo, el consistorio ha reiterado su apoyo a la familia del menor fallecido y ha apelado “a la responsabilidad y a la calma de toda la ciudadanía en estos momentos difíciles”.

“Lamentamos profundamente el asesinato de este niño en Villanueva de la Cañada y trasladamos nuestro pésame a su familia”, ha asegurado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La Guardia Civil de Navarra ha conseguido recuperar 87.000 euros sustraídos ilícitamente mediante la técnica de 'smishing' a una empresa con sede en Corella. Según han informado en un comunicado, la investigación ha permitido esclarecer un delito de estafa, otro de blanqueo de capitales y un tercero por pertenencia a grupo criminal, logrando que la empresa afectada recuperase todo el dinero estafado. Hay dos personas identificadas y otras dos con orden de busca y captura.

El fraude se ejecutó por los ciberdelincuentes mediante el método de 'smishing', después de que uno de los administradores de la sociedad recibiera un mensaje de texto (SMS) que suplantaba la identidad bancaria, solicitándole actualizar un 'token' de acceso a través de un enlace malicioso qué facilito a los estafadores el control de sus claves.

Las investigaciones se iniciaron tras recibir denuncia en la oficina de Atención al ciudadano del puesto de Corella, donde continuó con la investigación el grupo especializado equipo @ de Navarra. La “celeridad en la respuesta operativa” resultó “determinante” para “el éxito” de la operación. Los agentes establecieron contacto directo con los responsables de seguridad de las entidades bancarias, logrando el bloqueo provisional de los 87.000 euros en unas horas.

Durante las indagaciones en la web, efectivos del Equipo @Navarra detectaron a los presuntos ciberdelincuentes alojados por diferentes localidades de la geografía nacional. De esta forma, se desplazaron a Madrid y Tarragona para proceder a la identificación de dos de los integrantes del grupo criminal. Además, se localizó a dos personas más, sobre las que la autoridad judicial ha dictado órdenes de búsqueda, detención y personación.

Se puso en conocimiento de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela, donde se obtuvieron los mandamientos judiciales necesarios para el bloqueo definitivo de las cantidades y la identificación de los titulares de las cuentas beneficiarias, donde se dilucidó que formaban parte de una estructura organizada.

En total se han esclarecido tres hechos delictivos: estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, además de lograr el resarcimiento económico de 87.000 euros a la empresa corellana.