La Guardia Civil investiga la muerte de un menor que, según varios testigos, habría sido arrojado por la borda de una embarcación llegada a El Hierro el pasado 19 de octubre, según ha informado este viernes el delegado del Gobierno en las islas, Anselmo Pestana.

Pestana ha explicado este viernes que la investigación trata de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales, dentro de las pesquisas que las fuerzas de seguridad realizan sobre posibles delitos cometidos durante las travesías migratorias hacia Canarias.

Sobre el caso ahora investigado, ha precisado que existen testigos que sostienen que el menor fue arrojado desde la embarcación que llegó el día 19, aunque ha recalcado que los hechos están todavía bajo investigación de la Guardia Civil.

El delegado del Gobierno ha recordado que en los últimos años se han investigado hechos “muy graves” ocurridos a bordo de cayucos y pateras, entre ellos violaciones, asesinatos y casos de personas que habrían sido lanzadas al mar durante la navegación.

“Hay gente que es lanzada por la borda porque molesta, porque es incómoda, por lo que sea, y es tremendo”, ha dicho Pestana, quien ha indicado que en varios de esos casos los presuntos responsables han sido identificados y puestos a disposición judicial. 

Agentes de la Guardia Civil han identificado y detenido recientemente al conductor responsable de un siniestro vial del que resultó una persona herida de gravedad. El ahora detenido está siendo investigado por los delitos de omisión del deber de socorro y de lesiones graves por imprudencia.

Los hechos sucedieron sobre las 00:30 horas del pasado 1 de octubre, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un siniestro vial a la altura del km.44 de la carretera TF-82, que discurre desde Icod de los Vinos a Armeñime, según ha informado la Benemérita este viernes.

A su llegada, los agentes localizaron a una persona que estaba siendo atendida por los servicios sanitarios, y comprobaron que el siniestro vial había consistido en una colisión por alcance de un turismo a un ciclomotor, del que resultó el conductor del ciclomotor herido grave, por lo que fue trasladado al correspondiente hospital.

Según manifestó el conductor del ciclomotor, un vehículo le dio un golpe por detrás al ciclomotor, por lo que salió despedido y ya no recordaba nada más.

De la inspección ocular practicada en el lugar, se pudo localizar una rueda en el margen izquierdo de la vía, así como hendiduras que llevaron a los agentes hasta un vehículo estacionado a un kilómetro del lugar del siniestro. Finalmente, en pocas horas se logró la identificación del presunto conductor señalado como responsable del siniestro vial, tratándose de un hombre de 36 años de edad.

Las diligencias instruidas fueron entregadas a la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil ha detenido a seis personas, tres de ellas menores de edad, por su presunta implicación en una operativa de suministro ilegal de combustible en el mar entre dos embarcaciones en aguas próximas a la costa sur de Gran Canaria, una práctica conocida como petaqueo.

Según ha informado este viernes la Comandancia de Las Palmas, la intervención policial se inició después de que agentes del cuerpo detectaran una maniobra sospechosa frente al litoral de San Bartolomé de Tirajana: una embarcación recreativa cabinada y otra semirrígida se abarloaron a algo más de una milla náutica de la costa para intercambiar varias garrafas.

Esta maniobra entre ambas embarcaciones se repitió en otra ocasión en la misma zona, ha precisado la Guardia Civil, que movilizó hasta ese punto a la patrullera del Servicio Marítimo Provincial para comprobar qué estaba pasando.

Una vez allí, los agentes abordaron la embarcación cabinada, de entre 12 y 15 metros de eslora, mientras navegaba en dirección a alta mar y detuvieron a sus tres ocupantes, y en su interior localizaron numerosas garrafas de combustible y útiles para la navegación.

La patrullera de la Guardia Civil continuó la actuación y logró interceptar la embarcación semirrígida a la altura de Anfi del Mar, mientras se dirigía hasta Puerto Rico (Mogán), deteniendo también a sus tres ocupantes.

Al llegar hasta el puerto moganero, la embarcación cabinada comenzó a hacer agua y a escorarse, por lo que los guardiaciviles actuaron para evitar que se hundiera, descargando el combustible que transportaba y realizando tareas de achique.

El recuento posterior permitió contabilizar un total de 198 garrafas llenas, con una cantidad estimada de entre 4.500 y 5.000 litros de gasolina, que fueron intervenidos durante la actuación, ha detallado la Guardia Civil.

Estas seis personas detenidas fueron trasladadas al Puesto Principal de la Guardia Civil en Puerto Rico, y allí se continuaron las diligencias correspondientes. 

Efectivos del Equipo '@' de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación 'Gruber', han investigado a un vecino de Alicante, de 73 años de edad, como presunto autor de un delito de estafa relacionado con la modalidad conocida como falsos abogados o recovery rooms.

La investigación se inició después de que la Guardia Civil tuviera conocimiento, en noviembre de 2025, de una estafa sufrida por una persona vecina de La Roda, que había sido previamente víctima de otro fraude, según ha informado el propio Instituto armado.

Según las pesquisas, recibió un mensaje a través de una conocida aplicación de mensajería instantánea de quien se identificó como abogado y le aseguró que podía recuperar el dinero perdido.

El presunto estafador para, supuestamente, llevar a cabo las gestiones necesarias, solicitó el pago de diversas cantidades de dinero.

La víctima, convencida de que podría recuperar el importe estafado con anterioridad, realizó dos transferencias bancarias, de 3.300 y 2.900 euros respectivamente, que sumaron un perjuicio económico total de 6.200 euros.

Las investigaciones desarrolladas por los agentes se centraron en identificar a los titulares de las dos cuentas bancarias receptoras del dinero estafado y reconstruir el recorrido seguido por el mismo.

Así, se pudo comprobar que ambas cuentas figuraban a nombre de una misma persona, lo que, puesto en conexión con el análisis de los números de teléfono utilizados en los contactos con la víctima, permitió vincular como presunto autor de los hechos a la persona finalmente investigada.

Una modalidad “malintencionada” de ciberdelincuencia

La modalidad conocida como recovery rooms constituye una forma especialmente malintencionada de ciberdelincuencia, ya que los delincuentes seleccionan a personas que previamente han sufrido una estafa aprovechándose de su deseo por recuperar el dinero perdido.

Para ello, se presentan como abogados, representantes de organismos oficiales o supuestas agencias especializadas en la recuperación de fondos, y, una vez embaucada la víctima, le solicitan pagos por adelantado en concepto de honorarios, tasas o impuestos inexistentes.

De este modo, las víctimas no solo sufren el perjuicio económico derivado de la primera estafa, sino que pueden volver a ser engañadas mediante una falsa expectativa de recuperar su dinero.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Roda (Albacete), que ha entendido de los hechos.

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Cáceres a un hombre de 44 años tras protagonizar una peligrosa huida por la autovía A-5 en la que embistió de forma violenta a dos vehículos oficiales del cuerpo y a otro turismo particular. Los hechos ocurrieron el 20 de octubre, jornada en la que el arrestado acababa de abandonar las dependencias judiciales de la capital cacereña. Había acudido a los juzgados por su presunta implicación inicial en el hurto de un vehículo en la ciudad, pero, tras las medidas judiciales acordadas, presuntamente optó por sustraer otro turismo que se encontraba aparcado en la vía pública.

En cuanto la Guardia Civil tuvo constancia de este segundo robo, la Central 062 activó un dispositivo de coordinación para localizar e interceptar tanto el automóvil como a su conductor, transmitiendo toda la información en tiempo real a las distintas patrullas en servicio. Lejos de acatar las órdenes de alto de los agentes, el sospechoso aceleró la marcha e inició una huida caracterizada por una conducción calificada de extremadamente peligrosa. En el tramo final de la persecución, el conductor no dudó en embestir directamente a los dos coches patrulla y al vehículo particular, provocando importantes daños materiales, aunque sin dejar daños personales.

Gracias al seguimiento coordinado a través de varias vías de comunicación y al cierre operativo establecido por los agentes, el turismo fue interceptado de manera definitiva a la altura del municipio cacereño de Almaraz, concretamente en la autovía A-5 en sentido Madrid. La intervención policial puso fin a una huida que supuso un riesgo muy elevado tanto para la seguridad vial como para el resto de usuarios.

Al arrestado se le imputan los presuntos delitos de hurto de uso de vehículo a motor, conducción temeraria y desobediencia grave a agentes de la autoridad, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que puedan derivarse de los daños ocasionados durante su escapada.

El detenido ha quedado a disposición de la autoridad judicial competente en el municipio de Navalmoral de la Mata para la continuación de las diligencias oportunas.

La Guardia Civil ha intervenido 93 juguetes (figuras blandas y estrujables) en un puesto ambulante de Rionansa que figuraban en la Red de Alertas Nacional de Consumo y al comprobar diferentes infracciones en materia de consumo y contrabando.

Una patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil vio que en un puesto ambulante instalado en Rionansa se vendían una serie de juguetes que llamaron la atención de los agentes por falta o ausencia de información o etiquetado exigible.

En concreto, carecían de identificación del fabricante, nombre comercial o marca registrada y dirección del fabricante, y tampoco constaban advertencias e información de seguridad redactadas en castellano, tal como se exige en el Real Decreto que regula la seguridad de los juguetes.

En cuanto a la normativa relacionada con la protección de los consumidores, observaron deficiencias en relación a la información que debe facilitarse a los consumidores sobre las características esenciales de estos productos y del cumplimiento de los requisitos del etiquetado.

Por otro lado, teniendo en cuenta que los juguetes carecían de identificación de fabricante e importador, por lo que podrían proceder de terceros países, supondrían una posible infracción de contrabando.

Por estos hechos, los guardias formularon las correspondientes denuncias ante las autoridades competentes de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria y a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Santander.

Por otro lado, se pudo comprobar que los juguetes se encontraban en la mencionada Red de Alertas, que tiene como objetivo evitar que los productos no alimenticios peligrosos lleguen a los consumidores, en este caso, por existir riesgos para los niños. La alerta sobre estos productos pedía su retirada del mercado, lo que se hizo.

La Guardia Civil aconseja, que, si se observa la venta de este tipo de productos, carentes del etiquetado exigible, sin advertencias e información de seguridad redactadas en castellano, se avise al Cuerpo para su inspección y en su caso retirada del mercado. Si ya se hubiera adquirido algún juguete como los intervenidos, recomienda que no se usen ni entregen a menores.

La Guardia Civil en La Rioja ha detenido a un varón de 34 años, residente en Nájera, como presunto autor de los delitos de amenazas con arma blanca y resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad, tras protagonizar varios altercados en la localidad de Nájera y amenazar presuntamente a varios viandantes con cuchillos.

Este individuo, conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuenta con un amplio historial policial y le constan antecedentes relacionados con distintos delitos, así como intervenciones por diversas infracciones administrativas.

La actuación se inició tras recibirse una alerta en la Central Operativa de Servicios (COS-062) de la Guardia Civil, que informaba de que un varón, presuntamente bajo los efectos del alcohol, había provocado varios altercados en un establecimiento hostelero de la localidad. Tras abandonar el local, mantuvo una actitud agresiva y amenazante, llegando presuntamente a intimidar a varios viandantes con un cuchillo.

Ante la gravedad de los hechos, varias patrullas de Seguridad Ciudadana se desplazaron hasta el lugar para localizar al individuo y evitar posibles daños a terceras personas. A su llegada, los agentes localizaron al sospechoso en el interior de un turismo, acompañado de otro varón. En ese momento, varios ciudadanos, visiblemente nerviosos, alertaron a los agentes de que uno de los ocupantes portaba varios cuchillos.

Al percatarse de la presencia policial, el ahora detenido salió rápidamente del vehículo e hizo caso omiso de las reiteradas órdenes de los agentes. A continuación, se dirigió hacia ellos con la mano derecha oculta en el bolsillo de la sudadera, una circunstancia que incrementó el riesgo de la intervención ante la posibilidad de que portara un arma.

Acto seguido, se dio la vuelta y corrió hacia un macetero, del que cogió varias piedras que arrojó contra los agentes, aunque no llegó a alcanzarlos. Finalmente, los efectivos consiguieron controlar la situación y procedieron a su detención.

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron e intervinieron dos cuchillos de grandes dimensiones que, presuntamente, habrían sido utilizados para amenazar a varios viandantes momentos antes. Una vez instruidas las correspondientes diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado este miércoles cerca del camping de Salinetas, en Telde (Gran Canaria).

Según ha publicado el periódico La Provincia, las primeras informaciones apuntan que la víctima pudo fallecer por causas naturales, si bien no han sido confirmadas por el momento.

El cadáver fue hallado esta mañana justo en la desembocadura del barranco de Silva, en una zona con una altura suficiente para resultar mortal a causa de una caída, según señaló GranCanariaTV.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas para proceder al levantamiento del cadáver junto a la autoridad judicial.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), ha comparecido este miércoles por vez primera después de que, hace ya cinco días, la Ertzaintza informara de la detención por delitos de “terrorismo” de dos personas vinculadas con la organización Jarki, disidentes abertzales. El máximo responsable político de la Policía vasca ha defendido el no arresto del hombre y de la mujer ahora encarcelados, de 34 y 22 años, respectivamente, cuando fueron identificados, a finales de septiembre, en un control de carretera. Fueron puestos a disposición judicial cuando ellos mismos se entregaron este fin de semana.

“La Ertzaintza lo que ha hecho es garantizar los derechos de todas las personas, solicitar a la Audiencia Nacional [en referencia al Tribunal Central de Instancia] la autorización correspondiente para analizar los materiales que se habían descubierto, poner en manos de la justicia los indicios que ha encontrado y luego se ha sometido a lo que decidieran el fiscal y el juez correspondiente”, ha explicado Zupiria desde el palacio de Ajuria Enea tras participar en el acto de toma posesión de su nueva compañera de gabinete Cristina González. Ha añadido que en ese momento no estaban cometiendo un delito 'in fraganti' que justificase la medida restrictiva de derechos.

La operación se desató en la madrugada del 26 de septiembre. La Ertzaintza, en un control de carretera, paró un Toyota amarillo en la zona de Eskoriatza, en Gipuzkoa. Iban tres personas, los dos detenidos, conductora y copiloto, y un tercero, de nacionalidad irlandesa y presuntamente relacionado con la disidencia de la banda terrorista extinta IRA. La información oficial indica que portaban mapas de zulos de ETA, en plural, y están acusados de manejo de armas y explosivos, sin que se conozca si esos depósitos han sido localizados o no. También que venían de ver uno de ellos en Navarra con dispositivos de comunicación no rastreables. Llevaban consigo también, siempre según los datos policiales y judiciales, documentación de policías y guardiaciviles —como un dispositivo completo clonado— y fotografías de “entrenamientos” para perpretar supuestas acciones violentas. Mucho de ese material estaba “encriptado” y se ha ido descifrando en los últimos días.

Según Zupiria, es la autoridad judicial la que ha fijado la etiqueta de “terrorismo”. El consejero ha dicho que Jarki, que forma parte de la coordinadora Jardun, al igual que Aske, es una organización “alegal”. “No se encuentran inscritas en el registro de asociaciones políticas o de partidos políticos. Por tanto, hay mucha información sobre estas organizaciones que no es conocida públicamente. Insisto en una idea de la importancia de deslegitimar y condenar el uso de la violencia y su justificación, en cualquier caso, como lo hemos hecho estos dos años [desde que accedió al cargo] y como lo viene haciendo el Gobierno desde hace quince cuando ETA se disolvió”, ha indicado el responsable de Seguridad. Estos hechos han coincidido precisamente con el aniversario.

“Yo no voy a decir más de lo que dice el auto de la Audiencia Nacional. Lo que sí voy a recordar es que el Gobierno vasco, desde que hace quince años se produjo la disolución de ETA, lleva lanzando permanentemente el mensaje de que es imprescindible que se condene y se deslegitime el uso de la violencia y la justificación del uso de la violencia. Este Gobierno, que lleva dos años funcionando, también creo que ha repetido insistentemente ante cualquier hecho violento que se ha producido en nuestra comunidad, la necesidad de deslegitimar, denunciar y condenar el uso de la violencia y de su explicación o legitimación. Creo que es un buen momento para volverlo a recordar”, ha insistido.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación, ahora tutelada por el instructor del Tribunal Central de Instancia Antonio Piña y por el fiscal Vicente González Mota. Según Zupiria, la Policía vasca comunicó en la misma noche del 26 de septiembre los datos que disponía a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Asimismo, los investigados estaban fichados al menos por Italia y Francia, según los datos que han trascendido, a causa de conductas de riesgo para la “seguridad nacional”.

La Guardia Civil investiga a un menor de edad por presuntos delitos de lesiones graves, contra la seguridad vial y daños por arrojar una piedra de grandes dimensiones desde un puente a un coche, produciendo lesiones graves a su conductor, en Yuncler (Toledo).

Sobre las 22.30 horas del pasado día 14 de octubre de 2026, el conductor, varón de 42 años, recibió un impacto de una piedra de grandes dimensiones que fue arrojada desde un puente a la altura del kilómetro 34,700, de la autopista de peaje AP-41, en el termino municipal de Yuncler, produciéndole lesiones graves, siendo trasladado al Hospital Universitario de Toledo. El herido permanece ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En un primer momento una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Valmojado (Toledo) instruyó las primeras diligencias, que fueron traspasadas al Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Castilla-La Mancha, para continuar con las investigaciones.

De las gestiones llevadas a cabo por el citado GIAT se ha podido identificar a una persona menor de edad como presunto autor del lanzamiento de la piedra, siendo investigado por los delitos de lesiones graves y contra la seguridad vial. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Toledo.

Els Bombers de Menorca van rescatar aquest dilluns a la tarda el cadàver d'un home d'entre 60 i 70 anys que surava al mar a Cala en Brut, a Ciutadella, en plena alerta per la dana Adam, que ha assotat les Balears i altres zones d'Espanya.

Amb aquesta víctima mortal, el balanç de morts durant el pas de la dana Adam pel Mediterrani ascendiria a sis: quatre a la Comunitat Valenciana, un a Catalunya i el de Ciutadella.

L'avís de Menorca es va rebre al voltant de les 18.00 hores, en una jornada en què el servei d'emergències 112 havia activat avisos grocs i taronges per pluges i tempestes a l'illa.

Agents de la Policia Local van alertar la Guàrdia Civil i els Bombers de Menorca, que es van desplaçar immediatament fins a la zona. Els efectius de bombers van accedir al cos a bord d'una embarcació semirígida, el van recuperar de l'aigua i el van traslladar al port de Ciutadella. L'estat de la mar era advers, segons les mateixes fonts.

El mort vestia únicament un banyador i, pel seu aspecte, portava aparentment poc temps a l'aigua. De moment, es descarta que sigui un dels migrants desapareguts durant una travessia en pastera i la principal hipòtesi apunta que podria tractar-se d'un banyista.

La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del cadàver i ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies de la mort i determinar la identitat de l'home.

Los Bomberos de Menorca rescataron este lunes por la tarde el cadáver de un hombre de entre 60 y 70 años que flotaba en el mar en Cala en Brut, en Ciutadella, en plena alerta por la dana Adam, que ha azotado Balears y otras zonas de España.

Con esta víctima mortal, el balance de fallecidos durante el paso de la dana Adam por el Mediterráneo ascendería a seis: cuatro en la Comunitat Valenciana, uno en Catalunya y el de Ciutadella.

El aviso de Menorca se recibió alrededor de las 18.00 horas, en una jornada en la que el servicio de emergencias 112 había activado avisos amarillos y naranjas por lluvias y tormentas en la isla.

Agentes de la Policía Local alertaron a la Guardia Civil y a los Bombers de Menorca, que se desplazaron de inmediato hasta la zona. Los efectivos de bomberos accedieron al cuerpo a bordo de una embarcación semirrígida, lo recuperaron del agua y lo trasladaron al puerto de Ciutadella. El estado del mar era adverso, según las mismas fuentes.

El fallecido vestía únicamente un bañador y, por su aspecto, llevaba aparentemente poco tiempo en el agua. Por el momento, se descarta que sea uno de los migrantes desaparecidos durante una travesía en patera y la principal hipótesis apunta a que podría tratarse de un bañista.

La Guardia Civil se ha hecho cargo del cadáver y ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar la identidad del hombre.

El juez de la Sección de Instrucción Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado una nueva prórroga de un mes del secreto de sumario del denominado caso Fuentona, la investigación sobre una presunta trama de corrupción que se saldó a finales de junio con siete detenidos, entre ellos la entonces concejala de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos.

Se trata de la tercera ampliación del secreto de las actuaciones, a partir del 22 de septiembre, después de que el magistrado acordara hace aproximadamente un mes una segunda prórroga que mantenía a las partes sin acceso al contenido de las diligencias practicadas en el marco de la investigación.

Según ha informado el TSJCyL, la complejidad de las diligencias de investigación practicadas y acordadas hasta la fecha ha impedido que puedan completarse dentro del plazo inicialmente establecido y de las sucesivas prórrogas. El magistrado considera además que persisten las razones que motivaron la declaración del secreto de las actuaciones, por lo que entiende necesaria una nueva ampliación para evitar que se comprometa “gravemente” el resultado de la investigación.

Registro de casi doce horas

La resolución señala asimismo que el carácter secreto de las actuaciones constituye un elemento inherente a la naturaleza de las medidas de investigación que continúan en curso.

El caso se remonta al 23 de junio pasado cuando la Guardia Civil registró durante casi doce horas el Ayuntamiento de Soria en el marco de una operación dirigida por el Tribunal de Instancia 3 de Soria y la Fiscalía de la Audiencia Provincial por supuestas irregularidades en contratos públicos.

La actuación incluyó además dos registros en domicilios particulares y, en el curso de la operación fueron detenidas seis personas, cuatro en Soria y dos en Madrid, entre ellas la ya exconcejala socialista Yolanda Santos, edil de Medio Ambiente y Turismo.

La Guardia Civil destinada en el aeropuerto de Gran Canaria, bajo la dependencia funcional de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, detuvo el 7 de octubre a un pasajero que aterrizó en un vuelo procedente de la Península con 460 gramos de mefedrona en su equipaje.

La Comandancia de Las Palmas ha explicado que se trata de una droga sintética perteneciente a la familia de las catinonas, por lo que su aprehensión es de especial relevancia, tanto por la cantidad intervenida como por no tener precedentes en este ámbito.

Al respecto, el consumo de esta sustancia puede provocar efectos adversos graves, tanto físicos como psicológicos, entre ellos alteraciones cardíacas.

La intervención se produjo durante los controles que los agentes realizan en el aeropuerto en el marco de sus funciones de Resguardo Fiscal del Estado y después de que la actitud del pasajero llamara su atención, por lo que decidieron comprobar su equipaje con mayor detenimiento.

La inspección permitió localizar varios envoltorios que contenían una sustancia cristalina, además de otros efectos presuntamente relacionados con la actividad delictiva. Posteriormente, el análisis de la sustancia confirmó que se trataba de 460 gramos de mefedrona.

Tras la intervención, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas.

Por último, el detenido y la droga intervenida fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Telde, que decretó su ingreso en prisión.

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal y de Fronteras del Puerto de Santa Cruz de Tenerife junto con funcionarios de Aduana de la Agencia Tributaria, en el marco de las funciones de resguardo fiscal y control fronterizo, han intervenido dos toneladas de fruta tropical originaria de terceros países cuya importación no está autorizada.

La actuación tuvo lugar durante un dispositivo de inspección establecido a la llegada de diversos buques comerciales.

En el transcurso de los controles, los agentes detectaron dos furgonetas cuya carga levantó sospechas sobre su origen y naturaleza, por lo que procedieron a realizar una inspección más exhaustiva, señala la Guardia Civil.

Tras examinar la mercancía y comprobar la documentación correspondiente, los agentes intervinieron dos toneladas de fruta tropical procedente de terceros países -entre ellas plátanos, aguacates o piña- cuya importación está prohibida en el archipiélago.

Esta actuación se enmarca en la protección fitosanitaria de Canarias para evitar la entrada de plagas, insectos, hongos y virus externos, salvaguardando al Sector Agrario Local frente a la competencia desleal y el impacto económico negativo.

Los hechos culminaron con la incautación del género y la tramitación de expedientes sancionadores por presuntas infracciones a la Ley de Sanidad Vegetal en concordancia con la normativa fitosanitaria canaria.

La Guardia Civil en La Rioja investiga a un varón de 42 años, vecino de Logroño, como presunto autor de un delito de falsedad documental tras presentar una licencia de conducción venezolana falsa en la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja. El investigado acudió a las dependencias de Tráfico para solicitar que se reconociera la antigüedad de su licencia venezolana en el permiso de conducción español que había obtenido recientemente.

Durante la revisión de la documentación, los funcionarios detectaron anomalías en el documento presentado y solicitaron la intervención del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil. El análisis pericial confirmó que la licencia era falsa, por lo que se instruyeron diligencias que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil recuerda que los documentos presentados en los trámites de obtención, canje, renovación o modificación de permisos de conducción deben ser auténticos y contener datos veraces.

La utilización de licencias falsificadas o documentos alterados puede suponer la denegación del trámite y responsabilidad penal. La falsedad en documento público, oficial o mercantil cometida por un particular está castigada con prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almansa han detenido a dos personas, de 51 y 54 años de edad, ambas de nacionalidad colombiana y residentes en Valencia, como presuntas autoras de varios delitos de hurto mediante el conocido método del 'cogotero'.

Las investigaciones permitieron desmantelar la actividad de una pareja que actuaba de forma coordinada y especializada, centrando su atención principalmente en personas de avanzada edad que acababan de retirar dinero en efectivo de entidades bancarias, según ha informado el Instituto armado.

La mujer detenida tenía varias identidades policiales, asociadas a distintas ordenes de judiciales de búsqueda, detención y averiguación de domicilio y paradero dictadas por varios juzgados, entre ellos de Madrid, de Valencia y de Salamanca.

Investigación iniciada tras una denuncia por un robo

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de agosto tras la denuncia presentada por una persona de avanzada edad y movilidad reducida, a quien sustrajeron 1.200 euros apenas unos minutos después de haber efectuado el reintegro del dinero en una sucursal bancaria.

Según pudieron determinar los investigadores, los autores siguieron a la víctima desde la entidad financiera hasta un supermercado cercano.

Una vez allí, aprovecharon una maniobra de distracción para apoderarse del dinero, que la persona afectada guardaba en un compartimento de su andador.

Las pesquisas desarrolladas por la Guardia Civil permitieron reconstruir el modo de actuación empleado por los ahora detenidos, que distribuían funciones y actuaban de manera perfectamente coordinada.

La primera fase consistía en la localización de potenciales víctimas.

Para ello, uno de los sospechosos accedía a la sucursal bancaria simulando realizar alguna gestión, cuando en realidad observaba a los clientes que retiraban cantidades importantes de efectivo, prestando especial atención a personas mayores.

Posteriormente se iniciaba el seguimiento, comunicando a su cómplice la descripción de la víctima y otros detalles de interés mediante dispositivos inalámbricos ocultos.

Finalmente, llegaba el momento de la ejecución del hurto, para lo que recurrían a diferentes maniobras de engaño o distracción.

Entre ellas figuraban el lanzamiento de monedas al suelo, falsas solicitudes de ayuda o incluso el pinchazo deliberado de neumáticos para aprovechar la vulnerabilidad de la víctima cuando se disponía a cambiar la rueda.

Detenidos cuando preparaban un nuevo delito

El avance de la investigación permitió a los agentes identificar a los presuntos autores y establecer un dispositivo de vigilancia que culminó con su detención cuando, presuntamente, se encontraban a la espera de seleccionar una nueva víctima.

Los sospechosos permanecían en la terraza de una cafetería de Almansa desde la que controlaban los accesos a varias entidades bancarias de la localidad.

Durante la actuación policial se intervinieron diversos efectos que, supuestamente, utilizaban para la comisión de los delitos investigados, entre ellos, dispositivos auriculares inalámbricos para comunicarse entre sí, varillas punzantes destinadas a inutilizar neumáticos, prendas para dificultar su identificación y una tarjeta bancaria sustraída cuyos datos identificativos habían sido borrados.

Las diligencias instruidas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Almansa fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Plaza número 1 de dicha localidad.

La investigación continúa abierta y no se descarta la identificación de nuevas víctimas ni la posible implicación de otras personas relacionadas con el grupo investigado.

Tirón de orejas, pero archivo. El Tribunal Supremo ha confirmado el archivo de la denuncia de un letrado de la administración de justicia (LAJ) contra una magistrada de Barcelona que ordenó arrestarle por no haber pagado una multa de 150 euros, si bien ha afeado a la jueza su “incontestable desatención” al haber acordado su detención.

La sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo, a la que ha tenido acceso elDiario.es, pone fin a un caso que vuelve a mostrar que, como en tantos otros tribunales, en la Ciudad de la Justicia de Barcelona la realidad a veces supera la ficción.

Los protagonistas de la causa eran la titular del juzgado de instrucción 26 de Barcelona, María del Carmen Suárez, y el LAJ (el antiguo secretario judicial) de un juzgado de lo mercantil de la capital catalana. Ambos trabajan en edificios distintos, pero a unas decenas de metros en el mismo complejo judicial, algo que el funcionario nunca comunicó al juzgado.

En febrero de 2021, Suárez impuso al LAJ una condena de 150 euros de multa por un delito leve de coacciones fruto de un conflicto vecinal. A partir de ahí, el juzgado intentó notificarle la sentencia, pero no obtuvo respuesta ni en el correo electrónico ni en el teléfono facilitado por el funcionario. Cuando acudieron a entregarle la resolución en el domicilio que él había dado, el portero les comunicó que ya no vivía allí, algo que el LAJ admitió como “un error” en su declaración.

El recurso del funcionario contra la sentencia de Suárez se desestimó, y llegó la hora de cobrar la sanción impuesta. En mayo de 2021, el juzgado requirió al LAJ para que pagara la multa en 30 días, sin encontrarle en ningún domicilio. A continuación, se averiguaron sus bienes y se descubrió que tenía capacidad para abonar la sanción. Pese a ello, la jueza terminó dictando un auto en el que acordó la “insolvencia” del hombre y sustituyó la multa por el ingreso en prisión.

Este recorrido procesal terminó con la visita de la Guardia Civil al hotel de Santa Cruz de la Palma donde el condenado estaba de vacaciones en agosto de 2021. Los agentes pidieron al funcionario que se dirigiera al cuartel y al juzgado, y así lo hizo el LAJ, que abonó los 150 euros el mismo día. La gestión le impidió acudir a una excursión que tenía contratada.

Al regresar a Barcelona, el LAJ recurrió el auto de la jueza y pidió al TSJ catalán elevar una queja contra la magistrada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero el órgano de gobierno de los jueces descartó imponerle sanción alguna.

El funcionario activó luego la vía penal con una querella por prevaricación contra la magistrada. Suárez fue investigada, declaró ante el TSJ catalán, pero su caso fue sobreseído en 2023. Más de tres años después, en septiembre de 2026, el Supremo ha desestimado el recurso del LAJ y ha ratificado el archivo.

La resolución del Supremo censura tanto el comportamiento del LAJ como el de la jueza, y deja la puerta abierta a que el CGPJ reactive la vía disciplinaria contra ella. No sería la primera vez: en 2003 el Consejo la suspendió de funciones por tres años por una falta muy grave de retraso injustificado en la tramitación de las causas.

Para el Alto Tribunal, el LAJ “contribuyó de forma decisiva a dificultar lo que tenía que haber sido un acto ordinario de notificación de la sentencia” al no proporcionar su verdadero domicilio ni contestar al correo electrónico. El “contumaz desinterés” del funcionario, apostilla la Sala, resulta “impropio en la conducta de quien sabe que el desenlace del juicio es el pago de 150 euros”.

Al mismo tiempo, a juicio del Supremo resulta “incuestionable” que la jueza Suárez “quebrantó de forma palmaria y más que evidente el régimen de cumplimiento de la pena de multa”, pero no cometió un delito de prevaricación dadas las “singularidades del caso”.

“Los hechos no admiten un análisis aséptico y distanciado de la gravedad que encierran”, agrega el Supremo, que destaca que posiblemente el LAJ no pasó tiempo detenido “por la profesionalidad esgrimida por los agentes de la Guardia Civil”.

La Guardia Civil ha detenido a un varón de la localidad de Manzanares por la comisión de los supuestos delitos de simulación de delito de robo de vehículo, delito de daños y delito de estafa en grado de tentativa.

Durante este mes, agentes del Puesto Principal de Manzanares de la Guardia Civil han detenido al presunto autor de varios delitos cometidos durante los últimos meses.

La actuación policial comenzó a raíz de la interposición de una denuncia por parte de un vecino de la localidad de Manzanares, al haber sufrido un delito de robo de vehículo a finales del mes de agosto.

Según informa el instituto armado, seguidamente agentes de investigación tras unas laboriosas gestiones y diferentes actuaciones obtuvieron la conclusión que el supuesto perjudicado quien, por motivos económicos, simuló el delito de robo de su propio vehículo.

Con posterioridad, procedió a la quema del mismo en una finca agrícola con objeto de eliminar todo indicio sobre la comisión del delito y dificultar la investigación policial.

Esta acción provocó en la citada finca unos daños que han sido valorados en 1.600 euros, para finalmente, solicitar una indemnización a la compañía aseguradora por el robo y quema del automóvil.

Tanto las diligencias policiales como el detenido han sido remitidas al Decanato de los Tribunales de Instancia de Manzanares, plaza Número 2.

La Guardia Civil localizó durante la noche de este sábado a un hombre de 92 años que permanecía desaparecido en la comarca cacereña de La Vera. El anciano, que había pasado varias horas a la intemperie, fue hallado con lesiones leves y síntomas compatibles con una hipotermia leve tras desorientarse en una jornada marcada por las malas condiciones meteorológicas.

La alarma saltó después de que un familiar contactara con la Central 062 al comprobar que el hombre no regresaba a su domicilio tras haber salido por la mañana al monte a cazar. Ante la llegada de la noche, la Guardia Civil movilizó de inmediato a varias patrullas y desplegó un dispositivo de búsqueda por la zona, una labor que se vio seriamente dificultada por las intensas lluvias y la falta de visibilidad.

La colaboración ciudadana resultó clave para el desenlace del operativo. Durante el rastreo, unos trabajadores de una empresa eléctrica que circulaban por la zona informaron a las patrullas de que, varios kilómetros atrás, habían avistado a un anciano caminando por el arcén de la carretera, alejado de su lugar de residencia.

Con esos datos, los agentes se desplazaron de urgencia al punto señalado y localizaron al hombre en una cuneta, parcialmente agachado y desorientado. Tras confirmar su identidad y evaluar su estado, la Guardia Civil solicitó asistencia sanitaria urgente para tratar sus heridas leves y los síntomas de hipotermia. La rápida respuesta de las fuerzas de seguridad y la pista aportada por los trabajadores fueron determinantes para evitar un trágico desenlace ante el mal tiempo reinante en la comarca.