La Guàrdia Civil ha recuperat quatre cadàvers que van aparèixer aquest dimarts en aigües de Portocolom en avançat estat de descomposició.

Segons ha informat l'Institut Armat, la troballa es va produir després que Salvament Marítim, quan es dirigia a auxiliar una pastera, alertés de l'albirament de diversos cossos surant al mar. Fins al lloc es van desplaçar efectius del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS), que van recuperar els cadàvers de l'aigua, mentre que Salvament Marítim els va traslladar posteriorment a port.

Les mateixes fonts no han pogut precisar si els cossos portaven armilles salvavides, encara que han insistit que es trobaven en un avançat estat de descomposició.

Cal recordar que els migrants rescatats d'una pastera el passat dijous van relatar que tres persones havien mort durant la travessia cap a Mallorca i que, a mesura que anaven morint, van ser tirades al mar.

La Guardia Civil ha recuperado cuatro cadáveres que aparecieron este martes en aguas de Portocolom en avanzado estado de descomposición.

Según ha informado el Instituto Armado, el hallazgo se produjo después de que Salvamento Marítimo, cuando se dirigía a auxiliar a una patera, alertara del avistamiento de varios cuerpos flotando en el mar. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), que recuperaron los cadáveres del agua, mientras que Salvamento Marítimo los trasladó posteriormente a puerto.

Las mismas fuentes no han podido precisar si los cuerpos llevaban chalecos salvavidas, aunque han insistido en que se encontraban en un avanzado estado de descomposición.

Cabe recordar que los migrantes rescatados de una patera el pasado jueves relataron que tres personas habían fallecido durante la travesía hacia Mallorca y que, a medida que iban muriendo, fueron arrojadas al mar.

El juez ha prorrogado un mes más el secreto de sumario en la Operación Fuentona, que investiga la comisión de presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal en el Ayuntamiento de Soria. El caso estalló con una entrada y registro de la Guardia Civil en el consistorio en busca de documentación con la hasta hace poco concejala de Turismo y Comercio, Yolanda Santos. Antes de ser concejala, Santos tuvo una empresa dedicada a la educación ambiental a la que renunció. La sospecha es que la traspasó a una alcaldesa de otra localidad que actuaría como testaferro para seguir cobrando gracias a los contratos municipales. Santos fue detenida junto a otras seis personas. Todos quedaron en libertad en cuestión de horas.

Durante el registro se buscó toda la documentación relacionada con Santos y la empresa de la que llegó a tener el 33% de las participaciones, Biosfera Soria SL. Santos vendió sus participaciones al tomar el acta de concejal, ya que la normativa impide acceder al cargo con una participación superior al 10% en cualquier empresa que contrate con el Ayuntamiento. Biosfera Soria SL, cuentan fuentes del PSOE es una de las pocas en la provincia especializada en la educación ambiental y el turismo activo y ha obtenido contratos municipales “desde hace muchos años”. Para los investigadores, el dato más importante es a quién vendió Santos sus participaciones: la alcaldesa de un pequeño municipio de Soria, que a su vez tiene otra empresa también dedicada a turismo y naturaleza. Según ellos, no es más que una testaferro de Santos.

Pero para llegar a demostrar que Santos tenía una persona interpuesta, es necesario acceder a documentos y correos que de existir, estarían en el Ayuntamiento. La Guardia Civil no solo pidió documentación que incluía contratos, también realizó un volcado de varios ordenadores para acceder a otros archivos o a correos electrónicos.

Tal y como ha confirmado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado la prórroga del secreto de las actuaciones un mes más a partir de hoy. Además, ha aceptado la personación de Vox como acusación popular.

Rechazada la querella del Grupo Parlamentario Vox

Sin embargo, ha rechazado la querella que presentó el Grupo Parlamentario Vox por un presunto delito de revelación de secretos. El juzgado de Instrucción 2 ha acordado la inadmisión de la querella al considerar que “no existen indicios racionales de criminalidad”, si bien la resolución no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial. Vox quiso aprovechar un error del exalcalde de Soria y actual líder autonómico del PSOE, Carlos Martínez, que en conversación con un periodista dijo que supo que se iba a registrar el Ayuntamiento “el lunes por la mañana” cuando en realidad se quiso referir al martes. Vox aludió a un chivatazo y reforzó su teoría cuando los concejales del PP y de Vox en el Ayuntamiento aseguraron que el alcalde actual, Javier Antón les comentó en Junta de Portavoces que se celebró después del registro que se le había comunicado que se iba a recabar información en el Ayuntamiento por lo que se requería su presencia. El Grupo Parlamentario Vox, alentado por un medio de comunicación, volvió a interpretarlo como un “soplo”. Poco después, cuando el bulo sobre un chivatazo había crecido demasiado, Antón aclaró que lejos de un soplo, lo que recibió fue una comunicación oficial del juzgado que instruye la causa para que estuviese presente cuando acudiesen a recabar información.

Dos agentes de la Guardia Civil resultaron heridos leves tras lanzarse al río Ruecas, a su paso por Rena (Badajoz), para rescatar a un menor que había sido arrastrado por la fuerte corriente y había quedado atrapado entre ramas y zarzales.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este martes, cuando el joven fue desplazado unos 30 metros río abajo y quedó sujeto a unas ramas en una zona de difícil acceso desde tierra, según han indicado desde la Guardia Civil este miércoles.

Alertados por sus gritos de auxilio, los agentes se quitaron parte del uniforme, recogieron una cuerda del vehículo oficial y se introdujeron en el agua para alcanzar al menor.

Durante el rescate tuvieron que avanzar a contracorriente y utilizar un árbol sumergido como punto de apoyo, mientras perdían el equilibrio en varias ocasiones debido a la fuerza del agua.

Los guardias civiles consiguieron asegurar al joven y mantenerlo fuera de peligro hasta la llegada de los bomberos y de los servicios sanitarios. El menor pudo regresar con su familia, mientras que los dos agentes fueron atendidos por heridas de carácter leve sufridas durante la intervención.

Tras este suceso, se ha recordado la importancia de extremar la precaución en ríos y pantanos, bañarse únicamente en zonas autorizadas y mantener a los menores bajo supervisión permanente.

La Guardia Civil ha desarticulado una red de tráfico de drogas que operaba en la provincia de Huesca y ha detenido a 19 personas, además de investigar a otra, por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal.

La investigación, gestionada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, comenzó a finales de 2025 tras la detención de dos personas en la comarca del Sobrarbe. A partir de ahí, los agentes descubrieron una red de distribución de sustancias estupefacientes que operaba en distintas comarcas de la provincia.

En las primeras indagaciones, los agentes pudieron determinar que dos integrantes se dedicaban al tráfico de sustancias estupefacientes en la citada comarca, iniciándose a finales del pasado mes de enero la 'Operación Stadyo'.

Ante la gravedad de los hechos, por tratarse de sustancias que suponían un evidente riesgo para la salud pública se procedió a trazar la línea de suministro de las mismas, localizando a un nuevo integrante del entramado criminal, en una localidad de la comarca del Somontano.

En los registros, los agentes intervinieron 1,7 kilos de cocaína, cinco kilos de cogollos de marihuana, 44,83 kilos de hachís, 0,67 kilos de cristal, 128 pastillas de MDMA, 0,1 kilos de ketamina y 162.948 euros en efectivo, además de diversos objetos de interés para la investigación.

Ocho registros en tres provincias

En el transcurso de las investigaciones, se pudo determinar que la línea de suministro de estupefacientes a gran escala, provenía de dos municipios de Barcelona y Lleida, respectivamente. Además, identificaron a varias personas dedicadas al menudeo en distintos puntos de la provincia de Huesca y a otro grupo que realizaba labores de contravigilancia para alertar de la presencia de controles policiales durante el transporte de la droga.

El pasado 14 de julio, la Guardia Civil desplegó un operativo que permitió realizar ocho registros domiciliarios simultáneos. La actuación concluyó con la detención de 19 personas, de entre 18 y 69 años, vecinas de distintas comarcas de Huesca, además de Lleida y Barcelona.

EL EDOA de la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las correspondientes diligencias que, junto con los detenidos, fueron remitidas al Tribunal de Instancia e Instrucción de Boltaña. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de cuatro de los detenidos y la libertad con medidas cautelares para el resto.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Sección del aeropuerto Tenerife Sur, en el marco de la operación Tonfa TF, han detenido o investigado a 92 personas acusadas de cometer al menos 102 delitos de hurto de forma continuada en un establecimiento comercial ubicado en el aeropuerto Tenerife Sur.

En los hurtos, los miembros del grupo criminal sustrajeron efectos valorados en 87.237 euros, principalmente perfumes de alta gama y cartones de tabaco.

Tras la investigación realizada, los agentes especializados consiguieron averiguar que los acusados utilizaban siempre el mismo 'modus operandi' para cometer los delitos.

Así, accedían a los establecimientos en grupos de dos o más personas y mientras algunos se encargaban de vigilar que no estaban siendo observados por los empleados, otros introducían los efectos en bolsas y mochilas para posteriormente abandonar la tienda con los efectos sustraídos.

Gracias a esta investigación se ha logrado identificar, localizar y detener o investigar a los 92 acusados en los aeropuertos de Sevilla, Barcelona, Málaga, Madrid, Gran Canaria, Fuerteventura y Elche, con el apoyo de unidades pertenecientes a cada Comandancia.

Además, se han desarticulado dos grupos criminales dedicados a este tipo de hurtos, consiguiendo recuperar muchos de los efectos sustraídos, cuya valoración asciende a más de 45.000 euros, detalla la Guardia Civil en una nota.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos e investigados, fueron puestos a disposición de los Juzgados de Plaza de Granadilla de Abona.

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia que interpuso el general de División de la Guardia Civil Fernando Mora a un superior por la orden que recibió de no acudir al acto del Día de la Comunidad de Madrid del Dos de Mayo de 2025 presidido por Isabel Díaz Ayuso.

En un duro auto fechado el 21 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados rechazan la denuncia del general en la reserva Fernando Mora contra el teniente general Luis del Castillo por los presuntos delitos de abuso de autoridad, trato degradante y humillante y amenazas, coacciones, injurias y calumnias.

Los magistrados ponen de relieve que el denunciante realizó una llamada de teléfono a su superior y que “decidió grabarlo poniendo su teléfono en manos libres haciendo la grabación en el teléfono de su esposa”, donde quedó reflejado el uso de un “vocabulario y expresiones fuera de todo lugar”.

“Llama la atención a esta Sala que unos hechos que sucedieron el 30 de abril de 2025 no se denuncien hasta pasado más de un año, el 22 de junio de 2026”, advierten los magistrados de la Sala Quinta de lo Militar.

Los magistrados entienden que lo que realmente existió fue un “cruce de mensajes” a través de la aplicación Whatsapp a raíz de que Fernando Mora dijera que él sin motivo no se iba a excusar de acudir al Dos de Mayo, pero que no se puede considerar que el teniente general jefe del Mando de Operaciones incurriera en delito alguno.

“Se limitó a comunicarle lo que le habían ordenado”, subrayan los magistrados, que apuntan que la llamada de Fernando Mora “se puede considerar inadecuada, impertinente e irrespetuosa” al preguntar por qué el Ministerio del Interior adopta esa decisión de no permitir que acudiera al Día de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, el auto admite que las expresiones usadas por el teniente general pueden ser consideradas como “groseras, chabacanas y soeces”, pero lo circunscribe a un ambiente de familiaridad y al trato de compañeros y en confianza.

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Illescas ha detenido a un varón de 28 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de atentado contra agente de la autoridad, tras arrollar con su vehículo a una guardia civil durante un dispositivo operativo establecido en la carretera CM-4004, en el término municipal de Pantoja (Toledo).

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de junio, cuando seis agentes de la Guardia Civil realizaban un control preventivo en dicha vía. Una vez establecido, los agentes detectaron a lo lejos un vehículo que se aproximaba al punto de control a gran velocidad.

El agente encargado de la selección de vehículos procedió a dar el alto al conductor, quien hizo caso omiso de las señales de detención, emprendiendo la huida.

Durante su fuga, el conductor desvió intencionadamente la trayectoria del vehículo, dirigiéndose hacia los agentes que se encontraban en la vía, llegando a arrollar a una de ellos, que fue desplazada varios metros del lugar, sufriendo diversas lesiones.

Tras el atropello, el conductor abandonó el lugar a gran velocidad en dirección a la localidad de Pantoja, no pudiendo ser interceptado por ninguna de las patrullas. Como consecuencia del impacto, en el lugar de los hechos se halló el espejo retrovisor del vehículo, el cual se había fracturado y desprendido. Horas más tarde, el vehículo implicado fue localizado en la localidad de Añover de Tajo (Toledo).

Debido a la gravedad de los hechos, el equipo de Policía Judicial de Illescas se hizo cargo de la investigación, cuyas gestiones permitieron determinar que el presunto autor de los hechos se trataba de un varón vecino de la localidad de Añover de Tajo (Toledo), con numerosos antecedentes policiales, principalmente por delitos contra el patrimonio.

Detenido en Fuenlabrada, se le imputan varios delitos

Una vez identificado, se establecieron distintos dispositivos operativos, siendo finalmente localizado y detenido en la localidad madrileña de Fuenlabrada.

Al detenido se le imputan los delitos de homicidio en grado de tentativa, atentado contra agente de la autoridad, abandono del lugar del accidente, desobediencia grave, conducción temeraria y conducción de un vehículo careciendo de autorización administrativa, al haber perdido la vigencia de su permiso de conducir. Asimismo, las investigaciones desarrolladas por otras unidades de la Guardia Civil, permitieron determinar que esta persona estaría implicada en, al menos, diez delitos de robos con fuerza cometidos en la provincia de Toledo.

Tras ser puesto a disposición judicial en el Tribunal de Instancia Plaza número 6 de los de Fuenlabrada (Madrid), la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza.

La jutgessa que ha processat el tinent coronel interventor acusat de corrupció en obres de casernes de la Guàrdia Civil ha detectat que Miguel Ángel E. T., excap de la Unitat de Gestió Econòmica (UGE) de la VI Zona de l’Institut Armat, va abonar un total de 18.000 euros en efectiu “sense traçabilitat bancària ni suport documental d’origen”, destinats a l’adquisició de tres immobles a la localitat de Siete Aguas.

La instructora, segons indica la interlocutòria de procediment abreujat, veu “opacitat financera” i conclou que el tinent coronel va utilitzar de manera recurrent empresaris que “resultaven adjudicataris d’obra pública” en casernes i altres instal·lacions de la Guàrdia Civil “mentre executaven les seues reformes privades” en els tres immobles.

La resolució també destaca una “desviació de recursos” i les evidències que es van facturar subministraments privats (com ara ferramentes o tovallolers) amb càrrec a l’erari. També al·ludeix a una “bretxa massiva” entre el valor de mercat peritat dels immobles i la despesa declarada o traçable.

“Mentre que els pagaments declarats per l’investigat amb destinació a l’obra i l’equipament de l’immoble van ser mínims o inexistents, les persones físiques i jurídiques involucrades en aquestes tasques van mantindre una relació contractual constant amb la Guàrdia Civil de València, a través de l’UGE, contextualitzada en el període analitzat, i van resultar beneficiàries de contractes públics per imports que van superar de manera sistemàtica el valor dels serveis prestats de manera privada a l’habitatge objecte d’estudi”, conclou la interlocutòria.

La investigació va trobar “increments especialment rellevants” en el valor de les obres públiques executades per les empreses que van reformar els habitatges de Siete Aguas en el mateix període temporal. La jutgessa es basa en els informes pericials elaborats per l’Agència Valenciana Antifrau, en funcions d’auxili judicial de la Fiscalia Anticorrupció.

Un “patró reiterat”

“Aquests percentatges podrien no constituir desviacions puntuals o errors tècnics menors, sinó un patró reiterat de facturació per damunt del valor real de mercat, generant un perjuí econòmic directe per a l’Administració pública, compatible amb una indeguda disposició dels fons públics per part del tinent coronel investigat”, postil·la la interlocutòria.

La titular del Jutjat d’Instrucció número 3 del Tribunal d’Instància de València, en la mateixa línia que Afers Interns de la Guàrdia Civil, conclou que l’interventor militar liderava una suposada “xarxa de corrupció sistèmica”, sent la “confecció de documents falsos la ferramenta necessària per a assegurar que les adjudicacions recaigueren en les empreses i els empresaris investigats, dotant els expedients d’un vernís d’integritat que superara l’examen formal de l’Administració”, explica la magistrada.

Una mecànica que, en definitiva, “cercava la supressió total del mercat competitiu, cosa que permet a l’investigat un maneig absolut dels fluxos de caixa de la Comandància”.

El tinent coronel, per la seua banda, va declarar voluntàriament el passat 17 de juliol per negar els sobrecostos ressenyats per Antifrau.

La jutgessa, tal com ha informat elDiario.es, ha processat Miguel Ángel E. T. pels presumptes delictes de malversació de cabals públics, prevaricació administrativa, suborn, falsedat documental, tràfic d’influències i pertinença a grup criminal.

La jueza que ha procesado al teniente coronel interventor acusado de corrupción en obras de cuarteles de la Guardia Civil ha detectado que Miguel Ángel E. T., exjefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona del Instituto Armado, abonó un total de 18.000 euros en efectivo “sin trazabilidad bancaria ni soporte documental de origen”, destinados a la adquisición de tres inmuebles en la localidad de Siete Aguas.

La instructora, según indica el auto de procedimiento abreviado, ve “opacidad financiera” y concluye que el teniente coronel usó recurrentemente a empresarios que “resultaban adjudicatarios de obra pública” en cuarteles y otras instalaciones de la Guardia Civil “mientras ejecutaban sus reformas privadas” en los tres inmuebles.

La resolución también destaca que una “desviación de recursos” y las evidencias de que se facturaron suministros privados (tales como herramientas o toalleros) con cargo al erario. También alude a una “brecha masiva” entre el valor de mercado peritado de los inmuebles y el gasto declarado o trazable.

“Mientras que los pagos declarados por el investigado con destino a la obra y el equipamiento del inmueble fueron mínimos o inexistentes, las personas físicas y jurídicas involucradas en dichas tareas mantuvieron una relación contractual constante con la Guardia Civil de Valencia, a través de la UGE, contextualizada en el periodo analizado, resultando beneficiarias de contratos públicos por importes que superaron de forma sistemática el valor de los servicios prestados de manera privada en la vivienda objeto de estudio”, concluye el auto.

La investigación halló “incrementos especialmente relevantes” en el valor de las obras públicas ejecutadas por parte de las empresas que reformaron las viviendas de Siete Aguas en el mismo periodo temporal. La jueza se escuda en los informes periciales elaborados por la Agencia Valenciana Antifraude, en funciones de auxilio judicial de la Fiscalía Anticorrupción.

Un “patrón reiterado”

“Dichos porcentajes, podrían no constituir desviaciones puntuales o errores técnicos menores, sino un patrón reiterado de facturación por encima del valor real de mercado, generando un perjuicio económico directo para la Administración Pública, compatible con una indebida disposición de los fondos públicos por parte del teniente coronel investigado”, apostilla el auto.

La titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, en la misma línea que Asuntos Internos de la Guardia Civil, concluye que el interventor militar lideraba una supuesta “red de corrupción sistémica”, siendo la “confección de documentos mendaces la herramienta necesaria para asegurar que las adjudicaciones recayeran en las empresas y empresarios investigados, dotando a los expedientes de un viso de integridad que superara el examen formal de la Administración”, explica la magistrada.

Una mecánica que, en definitiva, “buscaba la supresión total del mercado competitivo, permitiendo al investigado un manejo absoluto de los flujos de caja de la Comandancia”.

El teniente coronel, por su parte, declaró voluntariamente el pasado 17 de julio para negar los sobrecostes reseñados por Antifraude.

La jueza, tal como ha informado elDiario.es, ha procesado a Miguel Ángel E. T., por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y grupo criminal.

El jefe de la Guardia Civil en Balears, el general de brigada Alejandro Hernández, ha defendido este martes la investigación que culminó la pasada semana con la detención de dos jóvenes activistas acusadas de participar en los ataques contra cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí. “No hubo ningún tipo de desproporción”, ha aseverado.

El operativo ha suscitado una intensa controversia política y social no solo por la exposición pública de las detenidas durante su arresto y traslado a los juzgados, sino también por el contenido del atestado policial, que les atribuye, además de un delito continuado de daños y otro contra el patrimonio histórico, un presunto delito de pertenencia a grupo criminal. Una calificación que, junto a algunos de los indicios empleados por los investigadores para sostenerla, ha sido cuestionada por organizaciones sociales, que la consideran desproporcionada.

Preguntado por la actuación de los agentes, Hernández ha defendido que tanto las detenciones como los registros domiciliarios y el traslado de las dos jóvenes esposadas a dependencias judiciales fueron “adecuados”. “Fueron algo más que pintadas; se rompieron cristales con un martillo y se inutilizaron con pegamento las cerraduras de cinco edificios. Hay un daño agravado en estas actuaciones”, ha afirmado durante la presentación de los nuevos agentes destinados a Baleares.

Las declaraciones llegan tras días de controversia desde que se produjeran los arrestos así como las imputaciones vertidas por el Instituto Armado en su atestado, un informe de 116 páginas que sostiene que los ataques fueron una actuación “coordinada y premeditada” y que fundamenta buena parte de la investigación en el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, el seguimiento de perfiles en redes sociales y otros indicios, entre ellos la presencia de una pancarta con el lema SOS Residents, Stop Overtourism en el domicilio de una de las investigadas. El informe llega a afirmar que este último elemento “confirmaría sin lugar a dudas la actividad delictiva de esta persona”, una valoración que ha sido duramente cuestionada por los colectivos contra la turistificación.

Frente a ello, Hernández, cuyas declaraciones han sido recogidas por Europa Press, ha rechazado que la Guardia Civil actúe movida por criterios políticos o persiga a activistas. “Nosotros hacemos investigaciones policiales sobre denuncias de hechos penales, no hacemos otra cosa. La polémica, a la Guardia Civil, realmente no le afecta”, ha señalado. El mando ha insistido en que el Instituto Armado continuará investigando “todos los hechos delictivos” que lleguen a su conocimiento y ha recalcado que “los responsables son los autores de los hechos delictivos”.

Respecto a una de las cuestiones que más debate ha generado —la imputación por pertenencia a grupo criminal—, Hernández ha defendido que los investigadores se limitaron a aplicar el Código Penal. Según ha argumentado, este tipo delictivo concurre cuando actúan “más de dos personas concertadas”, por lo que, a su juicio, “encaja a la perfección”. Sin embargo, esa interpretación ha sido uno de los principales puntos de fricción con organizaciones como Menys Turisme, Més Vida, Alerta Solidària o el Sindicat de Llogateres, que consideran que la investigación supone una criminalización del activismo contra la turistificación y la crisis de acceso a la vivienda.

El general también ha restado excepcionalidad al despliegue policial y ha atribuido la repercusión del caso al debate público generado en torno a la turistificación. “No veo ningún tipo de desproporción, la considero adecuada”, ha reiterado, defendiendo que los registros domiciliarios respondían únicamente a la necesidad de intervenir la ropa presuntamente utilizada durante los ataques y asegurar pruebas para la investigación.

La Guardia Civil investigará las pintadas antisemitas

Durante su comparecencia, Hernández ha confirmado además que la Guardia Civil ha asumido la investigación sobre las pintadas de carácter antisemita aparecidas el pasado fin de semana en dos viviendas vinculadas al entorno familiar de las dos activistas. La denuncia fue presentada inicialmente ante la Policía Local de Santa Maria del Camí, que posteriormente remitió las diligencias a la Guardia Civil por tratarse del cuerpo competente.

Según el mando, los agentes iniciarán las pesquisas para tratar de identificar a los autores de las pintadas, que incluían estrellas de David, la palabra “judíos” y simbología nazi. “No sé dónde acabará la investigación. Cada investigación tiene unos derroteros distintos y sus tiempos”, ha señalado.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil ha detenido este martes a ocho presuntos narcotraficantes vinculados a un alijo de coca en el Puerto de València. Entre los ocho detenidos, según ha avanzado el diario Levante-EMV, figuran Borja M. R. e Iván T. R., considerados dos de los capos del cartel en el Puerto y principales investigados en la macrocausa de la 'operación Spider'.

Borja M. R. e Iván T. R. también fueron condenados el pasado 30 de junio por la sección tercera de la Audiencia de Valencia —a 10 años y medio de prisión— en una causa por narcotráfico vinculada a los chats de la aplicación SKY.

Además, otros presuntos narcos condenados en ese mismo procedimiento (Jokin L. A., Daniel S. R. y Javier C. R.) han sido detenidos este martes por el EDOA de la Guardia Civil. Fueron condenados a algo más de 10 años de prisión por los chats de SKY, una sentencia pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo.

Los agentes del EDOA también han arrestado a Jonathan G. C., otro de los investigados en el marco de la 'operación Spider' y considerado como el “máximo responsable” de la extracción del alijo de 1.160 kilos de cocaína intervenido el 18 de julio de 2025 en el interior de la terminal portuaria CSP.

Jonathan G. C. estuvo un mes escondido en una vivienda de Geldo (Castelló) y, según se desprende del análisis del teléfono que usaba, dirigió otras operaciones de narcotráfico mientras estuvo fugado.

Las detenciones de este martes están vinculadas a un cargamento de 348 kilos de coca intervenido en el Puerto de València el 20 de febrero de 2021, mediante el sistema del gancho perdido.

La Plaza número cuatro de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València se encarga del procedimiento. Se trata del juzgado que archivó inicialmente la causa al haberse tumbado la prueba de los chats de SKY. Sin embargo, el aval de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) a los chats desencriptados, obligando a la sección tercera de la Audiencia de Valencia a dictar una nueva sentencia condenatoria tras haber absuelto inicialmente a los presuntos narcos ha reactivado de rebote la investigación del alijo de 2021.

Un operativo conjunto desplegado entre la Guardia Civil de La Rioja y la Comandancia de Soria ha permitido localizar en perfecto estado de salud a un grupo de diez menores de edad que se habían extraviado este mediodía en la zona limítrofe entre ambas provincias. El hallazgo se ha producido en el Punto de Nieve de Santa Inés tras varios minutos de búsqueda, después de que los servicios de emergencias dieran la voz de alarma al perderse el contacto con los jóvenes entre el Pico del Buey y el Pico Castillo, en el término municipal soriano de Vinuesa.

Los menores forman parte de un campamento de verano procedente de la Comunidad de Madrid con base operativa en la localidad de Derroñadas. Según han informado las fuerzas de seguridad, el grupo había iniciado una ruta senderista a primera hora de la mañana partiendo desde El Royo. La alerta saltó en torno a las 12:00 horas, cuando el servicio de emergencias 112 notificó que este grupo de diez integrantes se había separado del resto de sus compañeros durante el trayecto, quedando desorientados en una zona de montaña.

El éxito de la intervención y la rápida resolución del auxilio han sido posibles gracias a la inmediata coordinación entre los efectivos de ambas comandancias y a su profundo conocimiento del terreno. Desde el instituto armado han destacado la eficacia de los protocolos de actuación en zonas de alta montaña para garantizar la seguridad de las actividades infantiles y juveniles en el medio natural, recordando la importancia de mantener la precaución en las rutas por la sierra y la disponibilidad de los canales de emergencia como el 062 y la aplicación AlertCops.

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Guareña (Badajoz) como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras atacar con armas blancas a su excuñado, que tuvo que ser operado de urgencia para extraerle una hoja de cuchillo alojada en el cuerpo.

Según ha informado este martes el Instituto Armado en una nota, la agresión se produjo la pasada semana a las puertas de la vivienda de la víctima, donde el detenido supuestamente le esperaba y se abalanzó sobre el de manera sorpresiva cuando salió del inmueble.

Tras recibir el aviso de los servicios de emergencias y de varios ciudadanos, patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local acudieron al lugar y auxiliaron al herido. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Mérida, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para extraerle la hoja que había quedado alojada en su cuerpo.

Los agentes localizaron y detuvieron al presunto agresor en las inmediaciones del lugar de los hechos y le intervinieron dos cuchillos, un hacha y unas tijeras que portaba consigo.

La investigación apunta a que el origen de la agresión se encuentra en problemas y desavenencias familiares entre el detenido y su excuñado.

El arrestado, las armas intervenidas y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Don Benito.

La titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València ha procesado al teniente coronel interventor acusado de corrupción en obras de cuarteles de la Guardia Civil por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y grupo criminal. El auto, dictado por la jueza Elisa Fort, considera que Miguel Ángel E. T., exjefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona de la Guardia Civil, orquestó una presunta “red de empresarios y sociedades a través de las que pudo manipular la obra pública” del Instituto Armado.

La resolución alude a la “adjudicación reiterada” a firmas vinculadas al empresario Carlos G. M. (con quien el teniente coronel mantenía una relación de amistad); al “fraccionamiento indebido” de facturación para eludir controles administrativos; a la emisión de facturas con “importes notablemente superiores al valor real de los trabajos ejecutados”, y la inclusión de partidas “no realizadas o sobredimensionadas”.

La instructora reseña los informes periciales de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), que cuantificaron sobrecostes de hasta un 188,15% y que descarta que se trate de meras desviaciones técnicas o errores contables aislados. Antifraude, según recuerda la jueza, concluyó que se trataría de una “dinámica reiterada y estructural”.

“Las facturas objeto de análisis presentan de propósito deficiencias en la descripción y una vaguedad e indeterminación de los trabajos a realizar, así como el lugar concreto donde efectivamente se desarrollan los trabajos”, afirma la jueza.

Además, las empresas adjudicatarias eran “recurrentes”, con “vinculación personal” con Miguel Ángel E. T., “participando durante los contratos adjudicados de obra pública, en la construcción y acondicionamiento de viviendas particulares de investigado”, apostilla el auto.

El auto destaca el uso de los fondos supuestamente desviados para la adquisición y reforma de tres viviendas del teniente coronel en la localidad de Siete Aguas.

La jueza ha procesado al teniente coronel, a su esposa, a José Ángel M. M., (guardia civil de la UGE de la VI Zona de la Guardia Civil) y a siete administradores de empresas, entre otros.

El principal procesado declaró voluntariamente el pasado 17 de julio para negar los sobrecostes en las obras analizados por Antifraude. Por su parte, Asuntos Internos de la Guardia Civil considera que el teniente coronel interventor lideraba una presunta trama de “corrupción sistémica”, tal como informó este diario.

Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional, han llevado a cabo una macro operación que ha supuesto la desarticulación de la organización criminal de El tren de Aragua, dedicada a cometer robos con violencia e intimidación.

En total se han realizado seis registros en domicilios de diferentes provincias de la geografía nacional y han sido detenidas cinco personas, cuatro de las cuales han ingresado en prisión.

La investigación comenzó en enero de 2026 tras un robo con violencia en una vivienda ubicada en una urbanización de lujo de una localidad próxima a la ciudad de León, donde los autores de los hechos se apoderaron de piezas de relojería y joyas exclusivas por valor de más de 100.000 euros y 10.000 euros en efectivo.

Para cometer el asalto esgrimieron un arma de fuego con especial violencia e intimidación contra los moradores de la vivienda, entre los que se encontraban menores de edad, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Vigilancia a las víctimas

Además, intentaron sin éxito realizar repetidas transferencias a distintas cuentas desde los teléfonos de las víctimas.

Las gestiones de los investigadores revelaron que los autores, días antes, habían reservado alojamientos en el entorno de León, desde donde realizaron un estudio previo de las víctimas, seleccionadas entre personas de alto poder adquisitivo. Sobre ellas realizaban vigilancias para conocer sus movimientos y rutinas, de forma que las tenían controladas en todo momento.

Para cometer los robos abordaban a las víctimas en las inmediaciones de su domicilio para introducirlas a la fuerza en la vivienda. Las amordazaban, ataban de pies y manos con bridas y cinta adhesiva y posteriormente las coaccionaban y amenazaban con armas de fuego. Para dificultar cualquier investigación policial utilizaban pasamontañas y vehículos previamente sustraídos con placas de matrícula falsificadas que eran calcinados una vez cometido el robo.

Una vez identificados todos los miembros de este entramado se realizó un dispositivo conjunto de Guardia Civil y Policía Nacional que culminó con seis registros en tres viviendas de Madrid, una de Orense, una de Ibiza y otra de Tenerife, lugares donde se encontraba asentada la organización criminal.

Incautaciones

Del resultado de estos registros se intervinieron gran cantidad de móviles utilizados para la coordinación de la actividad delictiva, vestimenta de interés para la investigación, 50 cartuchos de arma corta, más de 5.700 euros, placas de matrícula falsificadas para evitar el control de los vehículos, más de 500 gramos de cocaína rosa 'tusi', 182 gramos de MDMA metanfetamina y más de 100 pastillas de esta misma sustancia listas para su distribución, así como un kilogramo de sustancia de corte y utensilios para la fabricación de la misma.

Asimismo, ha sido incautada numerosa documentación de alto interés que acredita que los robos estaban previamente planificados y que existía un estudio previo de las viviendas y sus víctimas.

Finalmente, la operación se ha saldado con cinco detenidos en Ciudad Real, Ibiza, Tenerife, Madrid y Orense.

Concretamente se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, delito de robo con violencia e intimidación en interior de vivienda, tenencia ilícita de armas, delito de lesiones, delitos de daños, delito de detención ilegal, delitos de robo/hurto de uso de vehículo a motor, así como delitos contra la salud pública.

Una vez han pasado a disposición de la autoridad judicial se ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de ellos.

Agentes de la Policía Local de Lardero, en colaboración con la Guardia Civil, han detenido a un varón de 48 años tras sorprenderlo in fraganti mientras sustraía cable de cobre del alumbrado público en la calle Río Duero de Lardero. Aunque en un primer momento, se pensó que el detenido había destrozado toda la instalación eléctrica del nuevo supermercado que se está construyendo en la zona, Mercadona lo ha negado y ha asegurado que no les falta nada de material. El material sustraído sería de la urbanización de viviendas de al lado. Solo el día de la detención, los daños ocasionados al erario público superaran los 47.000 euros.

Ante la sospecha de que los autores pudieran aprovechar la elevada atención mediática y social durante la celebración del Mundial de Fútbol, presuponiendo un menor tránsito en la vía pública, se establecieron dispositivos discretos de vigilancia en los puntos considerados más vulnerables.

Durante uno de estos operativos, coincidiendo con la final del Mundial, agentes de la Policía Local detectaron la presencia de un varón en una de las zonas. Al percatarse de la presencia policial, el individuo emprendió la huida y trató de ocultarse bajo un vehículo, siendo finalmente interceptado e identificado.

En el registro de sus pertenencias y en las inmediaciones del lugar fueron localizados un pasamontañas, guantes de trabajo y diversas herramientas específicas para el corte de cable. Asimismo, se halló una arqueta del alumbrado público forzada y una gran cantidad de cable de cobre recién cortado y amontonado.

Tras el hallazgo de los efectos, el individuo reconoció los hechos y admitió que se encontraba sustrayendo el cableado en ese preciso momento. Por todo ello, se procedió a su detención y posterior traslado al puesto de la Guardia Civil en Villamediana de Iregua para la instrucción de las correspondientes diligencias y su puesta a disposición judicial.

La detención se enmarca en los dispositivos de vigilancia que ambos cuerpos venían desarrollando desde que, entre el 20 de abril y el 12 de junio, se registraron en el municipio seis robos de cable de cobre y dos tentativas en las calles Río Leza, Castilla, Cosme García, Antonio Esteban, Río Ebro y Río Linares.

Estos hechos llegaron a generar malestar e indignación entre los vecinos de las zonas afectadas y obligaron al Ayuntamiento a realizar continuas y costosas reparaciones y reposiciones del material sustraído.

Una mujer de 45 años ha fallecido este martes tras resultar herida por arma blanca en una vivienda de la plaza de España de Alameda de la Sagra (Toledo), hechos por los que se ha detenido a un hombre, de 48 años, como presunto autor de los hechos. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que este asesinato se trata de un caso de violencia machista.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso se recibió a las 5.16 horas. Hasta el lugar acudió un médico de urgencias, que atendió a la mujer, pero que finalmente confirmó su fallecimiento. Hasta el lugar también se trasladaron efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.

Fuentes de la Guardia Civil han informado que ambas personas estaban casadas. Además, que el presunto agresor fue primero trasladado al Hospital Universitario de Toledo y, una vez allí, fue detenido. “Tenía cortes en las muñecas con algún tipo de arma blanca”, aseguran estas mismas fuentes, que han confirmado que este hombre se infligió él mismo los cortes.

La Policía Judicial está investigando lo ocurrido, según las mismas fuentes, que han señalado que la mujer no se encontraba en el sistema VioGén y que no había antecedentes por hechos similares.

Con la confirmación de este caso, que se suma al de una mujer asesinada por idéntico motivo en Antequera (Málaga), ya son 31 las mujeres asesinadas por violencia machista en 2026. Por ello, se ha convocado un comité de crisis para el próximo martes 28 de julio para analizar estos últimos casos, según han confirmado fuentes del Ministerio de Igualdad.

El presidente de Castilla-La Mancha expresa sus condolencias

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mandado este martes un mensaje de condolencia, en nombre del Gobierno regional.

“Estamos justamente conociendo los hechos, parece ser que incluso con presencia de los hijos delante. De manera que una cosa tan atroz como esta no deja de remover conciencias”, ha apuntado.

Algo que, ha añadido, “no hace más que reforzarnos en la determinación para combatir por todos los medios este fenómeno de salvajismo moderno que no se puede bajo ningún concepto ni amparar, ni tutelar y menos aún justificar”.

Los sindicatos condenan el suceso

Comisiones Obreras de Toledo manifiesta su “más absoluta condena” ante el “terrible” asesinato de una mujer en la localidad de Alameda de la Sagra. Desde el sindicato “queremos trasladar nuestras condolencias y solidaridad a sus familiares, amistades y seres queridos, así como insistir en condenar con absoluta firmeza este nuevo acto de violencia machista”, afirma la secretaria de Organización, Mujeres y Políticas LGTBI de CCOO Toledo, Mayte García.

“Una vez más nos encontramos ante una tragedia que no puede quedar reducida a una cifra, a un titular o a unos minutos de silencio. Los minutos de silencio son necesarios como muestra de respeto y condena, pero no bastan. No cuando una mujer pierde la vida por el simple hecho de ser mujer, no bastan cuando la violencia machista continúa arrebatando vidas y destrozando familias, no bastan cuando seguimos llegando tarde”, continúa.

CCOO Toledo reclama que el asesinato de Alameda de la Sagra sirva para algo más que para guardar un minuto de silencio. “Necesitamos y exigimos que sirva para reflexionar, para actuar y para redoblar los esfuerzos contra la violencia machista, porque guardar silencio durante un minuto no puede ser el final de la respuesta, el verdadero compromiso debe demostrarse todos los días, con políticas públicas, recursos y medidas que permitan prevenir la violencia y proteger a las mujeres”, afirma García.

En este sentido, el sindicato reivindica más prevención, más educación, más recursos y una protección efectiva para las mujeres víctimas de violencia de género. “Necesitamos que las administraciones actúen con todos los medios a su alcance, que se refuercen los mecanismos de detección y protección y que ninguna mujer se sienta sola o desprotegida ante una situación de violencia”, señala la secretaria de Organización, Mujeres y Políticas LGTBI de CCOO Toledo.

Hoy guardamos silencio, pero mañana debemos seguir trabajando para que ninguna mujer tenga que ser la siguiente. En este sentido, CCOO reafirma su compromiso contra la violencia machista y va a seguir redoblando esfuerzos para combatirla en todas sus expresiones. La lucha contra la violencia machista tiene que ser una prioridad, no podemos tolerar ni un solo asesinato machista más, no podemos tolerar ni una sola manifestación más de esta lacra.

De su parte, UGT Castilla-La Mancha también ha mostrado su “condena y repulsa” por el asesinato. Señalan que de confirmarse la línea de investigación, se trataría de la segunda mujer que pierde la vida a manos de su pareja en la provincia de Toledo, la primera tuvo lugar en abril en Seseña.

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha puesto en acento en la “lacra” que sigue representando la violencia contra las mujeres. Tras mostrar sus condolencias a los familiares y amigos de esta nueva víctima mortal, aseguraba que este crimen “evidencia que aún queda mucho para alcanzar la igualdad real y exigía reforzar los mecanismos de prevención y protección”.

UGT Castilla-La Mancha reitera su compromiso firme e inequívoco en la lucha contra la violencia machista y hace un llamamiento a toda la sociedad para no permanecer indiferente ante esta lacra. “Combatir la violencia de género requiere del compromiso de las instituciones, de los agentes sociales y del conjunto de la ciudadanía”, aseguraba Isabel Carrascosa.

Un total de 71 migrants han arribat fins a les costes de les Balears durant aquest dilluns en quatre pasteres diferents, segons ha informat la Delegació del Govern.

La Guàrdia Civil ha rescatat en una primera embarcació 14 persones d'origen magribí a la Cala Es Cuco, a Sant Josep de Sa Talaia, a les 02.25 hores.

Tres hores després, a les 05.40 hores, de nou la Guàrdia Civil i Salvament Marítim han rescatat 25 persones també d'origen magribí que es trobaven a 15 milles al sud-est de Formentera.

A les 08.00 hores han estat interceptats 17 migrants d'origen magribí en línia de costa, a la zona del Pilar de la Mola, a Formentera.

Una hora i un quart després han estat interceptades altres 15 persones d'origen magribí, també en la línia de costa de la menor de les Pitiüses, a la zona d'es Caló.

Aquestes quatre pasteres se sumen a la dotzena que van arribar fins a les costes balears al llarg del cap de setmana, amb 273 persones a bord.

Des de principi d'any, d'acord amb el recompte elaborat per Europa Press sobre la base de la informació del Ministeri de l'Interior i la Delegació del Govern, han arribat a l'arxipèlag 3.656 migrants.

Un total de 71 migrantes han llegado hasta las costas de Balears durante este lunes en cuatro pateras distintas, según ha informado la Delegación del Gobierno.

La Guardia Civil ha rescatado en una primera embarcación a 14 personas de origen magrebí en la Cala Es Cuco, en Sant Josep de Sa Talaia, a las 02.25 horas.

Tres horas después, a las 05.40 horas, de nuevo la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 25 personas también de origen magrebí que se encontraban a 15 millas al sureste de Formentera.

A las 08.00 horas han sido interceptados 17 migrantes de origen magrebí en línea de costa, en la zona del Pilar de la Mola, en Formentera.

Una hora y cuarto después han sido interceptadas otras 15 personas de origen magrebí, también en la línea de costa de la menor de las Pitiusas, en la zona de es Caló.

Estas cuatro pateras se suman a la docena que arribaron hasta las costas balears a lo largo del fin de semana, con 273 personas a bordo.

En lo que va de año, de acuerdo con el recuento elaborado por Europa Press en base a la información del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno, han llegado al archipiélago 3.656 migrantes.