Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Güímar, en Tenerife, han detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.

Los hechos sucedieron en horario de tarde durante la celebración de la romería de Arafo cuando los agentes de la Guardia Civil que se encontraban prestando servicio de orden público y prevención de la seguridad ciudadana, a pie, pillaron in fraganti al acusado en la vía pública.

El hombre se encontraba en una calle del casco urbano del municipio portando un total de 15 bolsitas plásticas de color blanco que resultaron contener cocaína preparadas y dispuestas para su posible venta.

El hombre trató de deshacerse de la sustancia estupefaciente tirando algunas de las bolsitas al suelo, al percatarse de la presencia de los agentes pero no lo consiguió, detalla la Guardia Civil, que apunta también que tras realizarle un cacheo superficial, se le intervinieron las bolsitas.

El detenido, junto con la droga intervenida y las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

La Policía Nacional de Albacete ha llevado a cabo una investigación que ha culminado con la detención de doce personas integrantes de una organización criminal dedicada a la distribución de cocaína en las provincias de Albacete y Cuenca, operación en la que ha tenido también una participación destacada la Guardia Civil.

Desarrollo de la investigación

La investigación tuvo su punto de partida en el mes de noviembre del año 2025 cuando la Policía Nacional recibió información sobre la presunta actividad ilícita desarrollada por un grupo de personas asentadas en la localidad de Albacete. Estos individuos traficaban con cocaína en cantidades notorias, abasteciendo puntos de venta de droga de diversas localidades de la provincia.

Tan pronto se iniciaron las pesquisas, los investigadores se percataron de la complejidad que revestía la investigación ya que los miembros de la organización extremaban al máximo las medidas de seguridad con la finalidad de detectar si estaban siendo investigados. Este hecho, obligó a los investigadores a implantar medidas de investigación para la obtención de información referente a la actividad ilícita desarrollada por los miembros de la organización.

Conforme avanzaba la investigación se fue descubriendo una organización compleja y jerarquizada, con un claro reparto de tareas y asignación de roles, según ha informado la Policía en nota de prensa.

En el escalón más bajo de la organización se encontraban los distribuidores de droga, siendo estos traficantes de sustancias estupefacientes afincados en Albacete capital y en diferentes pueblos de las provincias de Albacete y Cuenca, como son La Roda, Casas de Juan Núñez, Mahora, Quintanar del Rey y Villanueva de la Jara.

Esta fase de la investigación, centrada en los puntos de venta de droga en diferentes localidades manchegas, se desarrolló junto con agentes de la Guardia Civil.

Sorprendidos 'in fraganti'

A finales de agosto, los investigadores detectaron que la organización criminal se encontraba preparando una importante operación de aprovisionamiento de droga de cara al inicio de la feria de Albacete.

Es por ello, que la Policía Nacional y la Guardia Civil llevaron a cabo un dispositivo policial conjunto que permitió la interceptación de un vehículo cargado con 4,5 kilogramos de cocaína, sorprendiendo 'in fraganti' a dos miembros de la organización en el interior de un taller, cuando estaban procediendo a extraer la droga de un compartimento oculto del vehículo en la que era transportada.

La cocaína intervenida hubiera supuesto decenas de miles de dosis para su consumo durante la Feria de Albacete, según trasladan desde la Policía Nacional.

Esta intervención policial fue el punto de inicio de un amplio dispositivo policial desplegado en diferentes localidades de las provincias de Albacete, Cuenca y Alicante, donde se llevaron a cabo nueve registros y la detención de otras diez personas integrantes de la organización criminal desmantelada.

Como resultado de la operación policial se incautaron las siguientes cantidades de drogas: 4.800 gramos de cocaína, 42 gramos de hachís, 245 gramos de marihuana, 6 básculas de precisión, 15.000 euros en efectivo y cinco vehículos.

Agentes de la Guardia Civil en La Rioja, pertenecientes al Servicio de Seguridad Ciudadana, han tramitado la correspondiente denuncia administrativa contra un varón de 23 años, de nacionalidad española y residente en Logroño, tras intervenirle un revólver y una pistola de aire comprimido accionados mediante cápsulas de CO₂, ambos clasificados en la 4.ª categoría del vigente Reglamento de Armas.

Esta intervención se enmarca en los dispositivos permanentes de control que el Instituto Armado mantiene desplegados en distintos puntos de la comunidad autónoma, orientados a la detección e incautación de armas, objetos contundentes e instrumentos peligrosos aptos para la comisión de delitos o para alterar la seguridad ciudadana.

Los hechos se produjeron durante el desarrollo de un punto de verificación instalado en la avenida de Madrid, a la altura del kilómetro 6 del término municipal de Lardero. Agentes pertenecientes al Puesto de Torrecilla en Cameros procedieron a dar el alto a un turismo marca BMW cuyo conductor, al percatarse de la presencia policial, realizó una maniobra evasiva con la clara intención de eludir el control.

Tras interceptar el vehículo y proceder a la identificación de su conductor y de sus dos ocupantes, los agentes verificaron que el turismo circulaba sin haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) obligatoria. Asimismo, se constató que uno de los jóvenes contaba con antecedentes en materia penal por delitos contra el patrimonio y múltiples infracciones administrativas de diversa índole.

Durante la inspección de sus pertenencias, los agentes localizaron las dos armas. Al no poder acreditar su lícita procedencia ni aportar las correspondientes tarjetas de armas expedidas por el ayuntamiento correspondiente, se procedió a su inmediata incautación y a la notificación de la propuesta de sanción.

Las actuaciones han sido remitidas a la Delegación del Gobierno en La Rioja, autoridad competente en materia sancionadora para la resolución del expediente, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

La tenencia no autorizada de este tipo de armas en la vía pública puede conllevar sanciones económicas que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros.

Las 21 personas migrantes, todas de nacionalidad marroquí, detenidas en las últimas horas en Ceuta por participar en el apedreamiento a una patrulla militar y a guardias civiles han sido devueltos a Marruecos tras reconocer su participación en los hechos y decidir voluntariamente retornar a su país.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los 21 arrestados han sido trasladados a la frontera del Tarajal, después del incidente que se produjo a última hora de la noche de este sábado en las inmediaciones de la playa del Trampolín, lugar donde se concentran centenares de migrantes que duermen en esta zona de la costa.

Los migrantes estaban participando en peleas entre ellos, tras lo cual optaron por lanzar piedras contra una patrulla de las Fuerzas Armadas que estaba en las inmediaciones, sin que se produjeran heridos. La Guardia Civil intervino y también resultó apedreada.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha lamentado este domingo los incidentes y ha asegurado que estos sucesos contra las Fuerzas Armadas se están repitiendo “porque no están investidos de la autoridad suficiente para poder ejercer su trabajo de una manera eficaz y contundente”.

La ATME ha exigido “de manera inmediata” el reconocimiento como agentes de la autoridad y también como “profesión de riesgo ya que cada día los enfrentamientos son más numerosos y las agresiones más continuas”. “No podemos seguir en esta situación y elevamos la voz de alarma que llevamos diciendo desde hace un mes”, ha añadido la organización de militares.

La Guardia Civil de Navarra ha auxiliado a un ciclista vecino de Nájera que había sufrido un “grave accidente” en una zona escarpada en el municipio de Aras.

Tal y como ha informado la Guardia Civil, en la mañana de hoy, sábado 5 de septiembre, se ha desplegado un dispositivo de auxilio tras recibir un aviso que alertaba sobre un accidente sufrido por un ciclista.

El accidente había ocurrido en una zona con una “difícil” orografía, denominada paraje El Barranco, ubicada dentro del término municipal de Aras, hecho que motivó la movilización de varios recursos.

A su llegada, los efectivos iniciaron una batida a pie por una senda debido a lo escarpado del terreno. Tras un “intenso” rastreo se pudo localizar a la víctima, un varón de 41 años y vecino de Nájera (La Rioja).

El ciclista había permanecido consciente en todo momento. Contó a los agentes que había sufrido una caída mientras circulaba en bicicleta tras la que le había resultado imposible incorporarse a causa de un fuerte dolor en la cadera.

En el rescate ha participado un helicóptero del Gobierno de Navarra con dotaciones del cuerpo de Bomberos a bordo.

Tras localizar al herido, se ha personado en el lugar un equipo médico para estabilizarle que, al llegar, ha comprobado la severidad de las lesiones así como las extremas dificultades para efectuar una evacuación a pie hasta una vía apta para vehículos de transporte terrestre.

Por ello, y ante las complicaciones técnicas del terreno, el personal de rescate ha evacuado al herido usando una aeronave para trasladar al accidentado al Hospital de Navarra.

La Guardia Civil de La Rioja ha rescatado esta tarde a tres excursionistas que se habían perdido en el Cañón del Río Leza, en el municipio de Soto en Cameros.

Sobre las 16:30 horas, el servicio de emergencias SOS Rioja dio conocimiento a la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil en La Rioja (062) de la presencia de tres personas desorientadas en el citado cañón.

Inmediatamente se estableció contacto telefónico con los afectados, quienes informaron que se trataba de un hombre y dos mujeres, una de ellas embarazada. Manifestaron encontrarse en el cauce del río Leza, en las inmediaciones de la Fuente del Restauro, sin ser capaces de localizar la salida del cañón.

Al lugar se desplazaron de inmediato patrullas de las Unidades de Seguridad Ciudadana de Murillo de Río Leza y Villamediana de Iregua. Posteriormente se incorporaron al dispositivo el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Ezcaray y el helicóptero de la Guardia Civil con base en Vitoria.

A las 19:10 horas los senderistas fueron localizados visualmente por la tripulación del helicóptero. Poco después fueron hallados físicamente por los efectivos terrestres en las inmediaciones de Soto en Cameros. Las tres personas se encontraban en buen estado físico y no precisaron la intervención de servicios sanitarios.

La Guardia Civil recuerda la importancia de planificar adecuadamente las actividades de montaña y senderismo, consultar la previsión meteorológica, llevar teléfono móvil con batería suficiente, ropa y calzado adecuado, agua y algún sistema de localización, así como informar a familiares o amigos del itinerario previsto y la hora estimada de regreso

La Guardia Civil ha detenido a un hombre y a una mujer por supuestamente negarse a pagar la cuenta en un restaurante de Magaluf y por agredir a los agentes.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles cuando se recibió el aviso de un posible altercado con unos clientes en un restaurante de la localidad.

Los agentes, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, fueron informados de que la pareja, de origen británico y 36 y 31 años, había consumido bebidas y comida y se había negado a pagar la cuenta, alegando que uno de los platos estaba en mal estado.

La pareja se encontraba en la playa y, al pedirles que regresaran a la orilla, ambos mostraron una actitud desafiante hacia los agentes, llegando a proferir insultos y amenazas.

Posteriormente, cuando los agentes intentaban trasladarlos al establecimiento para continuar con las diligencias, ambos ofrecieron una fuerte resistencia.

El hombre llegó a agarrar y golpear a uno de los agentes, además de intentar agredirle en otras ocasiones, mientras que la mujer también se resistió activamente al traslado.

Una vez introducidos en el vehículo policial, la actitud de ambos continuó siendo hostil, profiriendo amenazas contra los agentes y sus familiares. El hombre golpeó en varias ocasiones el cristal del vehículo con la cabeza, mientras que la mujer hizo lo propio contra la mampara de protección, llegando a producirse un pequeño golpe en la frente.

Los agentes tuvieron que emplear la mínima fuerza imprescindible y de forma proporcional para controlar a los dos implicados y evitar nuevas agresiones, siendo finalmente trasladados a dependencias oficiales de la Guardia Civil, donde continuaron con una actitud desafiante y reiteraron sus amenazas.

Tras la instrucción de las correspondientes diligencias, los detenidos por presuntos delitos de estafa, resistencia y desobediencia grave, amenazas y atentado contra agentes de la autoridad, quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.

El informe que ha remitido este viernes la Guardia Civil a la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la crisis de Ceuta recoge que el instituto armado no recibió ningún aviso que advirtiera de la llegada de migrantes a la ciudad autónoma “en el contenido ni alcance” que finalmente se produjo, avanzan a elDiario.es fuentes conocedoras del documento.

El oficio del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) no menciona al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ni a ningún otro organismo en concreto y se refiere a los “foros habituales” de comunicación abiertos permanentemente en materia de inmigración con otras fuerzas de seguridad, agencias y servicios de Información, tanto nacionales como extranjeros.

En el mismo informe, el SIGC recoge que en los días previos a la llegada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio fue compartida en los citados información referente a la posible afluencia de personas a la frontera que se había captado en redes sociales. Y precisa, a continuación, que esas informaciones “no se correspondían en contenido ni alcance” con los hechos que provocaron después “el colapso de la frontera” . Los agentes de la Guardia Civil hablan un desplazamiento de migrantes al mismo tiempo “con una dimensión sin precedentes”.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón abrió diligencias el 31 de julio y, en el marco de las mismas, se dirigió a la Guardia Civil el 4 de agosto para conocer si recibió “alguna información en los días previos” que “hubiese podido alertar” sobre lo que iba a ocurrir.

La magistrada también solicitaba que se le informara del dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas. Además, en el caso de personas fallecidas, si constara la causa y la data de la muerte y, en el caso de las personas supervivientes, su identidad y datos de localización que se hubiesen podido recabar. Todos esos datos son respondidos en el oficio del instituto armado remitido hoy.

La jueza también pidió a la Policía otro informe, de distinto contenido, que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras le hizo llegar esta semana. Tardón pedía a la Policía aclarar si la afluencia masiva de migrantes se trató de “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”.

En el informe de la Policía, los agentes analizan una serie de vídeos y fotografías obtenidas de fuentes abiertas sin llegar a señalar la “autoría material e intelectual” del asalto, pero atribuyéndoselo a una entidad centralizada, con intereses distintos a los migratorios y que contó con la ayuda de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes.

Como adelantó este jueves elDiario.es, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado a favor de que el tribunal especializado investigue los hechos por las características que revisten y los delitos que pueden conllevar. Con los informes de Policía, Guardia Civil y Fiscalía, la magistrada María Tardón debe decidir si admite a trámite la denuncia del partido Iustitia Europa y abre una causa.

La Guardia Civil se ha incautado en el sur de Gran Canaria de un alijo de 3.360 kilos de cocaína distribuidos en 139 fardos y transportados en una lancha y ha detenido a sus cinco tripulantes, que navegaban con dos armas largas de fuego a bordo, según ha informado este viernes.

Con varios motores de gran potencia, la embarcación semirrígida navegaba a unas 70 millas al sur de la isla canaria.

Al constatar que se trataba de una lancha relacionada con el narcotráfico, guardias civiles del Servicio Marítimo procedieron a dar el alto a dicha embarcación, que emprendió la huida.

El seguimiento de la embarcación propició que, tras realizar sucesivas maniobras evasivas, fracasara en su intento de escapar, lo que permitió detener a sus cinco tripulantes, que viajaban con un fusil de asalto y una ametralladora ligera para evitar ataques de otros grupos organizados.

La tenencia de estas armas largas está totalmente prohibida a particulares, advierte el instituto armado en su nota, en la que precisa que los detenidos, con edades comprendidas entre los 21 y 41 años, pasarán este sábado a disposición judicial y se enfrentan a delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, desobediencia grave, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

La Guardia Civil ha detenido a siete personas por un supuesto delito de tráfico de drogas, así como otro de pertenencia a grupo criminal a seis de ellas, tras localizar un cultivo de marihuana en una finca situada en el término municipal de Aguarón (Zaragoza).

La investigación se inició a finales de agosto cuando se tuvo conocimiento, gracias a la colaboración ciudadana, de la posible existencia de una finca que podría estar dedicada al cultivo “outdoor” de cannabis.

Tras las gestiones realizadas por los agentes y la obtención de indicios que evidenciaban la existencia de la citada plantación en una finca rústica de la localidad de Aguarón, durante la mañana del 1 de septiembre, la Guardia Civil desplegó un operativo compuesto por 25 agentes en dicho terreno, donde se localizó una plantación “outdoor” de marihuana que albergaba unas 2000 plantas de distintos tamaños, alteradas genéticamente para acelerar el cultivo.

Además de la plantación, fueron localizados numerosos efectos relacionados con el cultivo, secado y preparación de la sustancia, entre ellos, casi 16 kilos de cogollos de marihuana ya secos y distribuidos en bolsas, 17 secaderos colgantes repletos de cogollos, 6 cajas llenas de esta sustancia con un peso aproximado de 100 kilos preparados para proceder a su venta esa misma mañana, básculas de pesaje, ventiladores, dispositivos de medición de temperatura y humedad, fertilizantes y productos destinados al cultivo y ocultación de la plantación.

Durante la actuación fueron detenidas 6 personas cuando intentaban huir a pie del lugar al percatarse de la presencia policial, de edades comprendidas entre los 51 y 30 años de edad, cinco de nacionalidad albanesa y uno de nacionalidad española, por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal.

Por estos hechos también fue detenido el propietario de la finca, un varón, de 61 años de edad, de nacionalidad rumana como presunto autor de un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La Fiscalía informará en las próximas horas a favor de que la Audiencia Nacional investigue los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio en Ceuta. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, trasladará a la juez María Tardón que el tribunal especializado es competente para esclarecer la llegada de más de 70.000 personas a la ciudad autónoma procedente de Marruecos, según avanzan a elDiario.es fuentes jurídicas.

El Ministerio Público esgrimirá en su informe el carácter transnacional de los presuntos delitos cometidos, ya que los migrantes partieron de Marruecos y acabaron en España. Para defender la competencia de la Audiencia Nacional, Alonso también aludirá a la afectación a las instituciones españolas de los hechos y a que, al verse afectada una de sus fronteras, todo el territorio español acoge los presuntos delitos, precisan las fuentes consultadas.

El informe irá firmado por Jesús Alonso, quien ha asumido la actuación de la Fiscalía “dada la singularidad y trascendencia del mismo y en cumplimiento de su responsabilidad como jefe de la Audiencia Nacional”, ha informado este jueves el Ministerio Público.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) recoge en su artículo 23 que la jurisdicción española es competente para investigar hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando pueden ser tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado.

Precisamente, el partido extraparlamentario Iustitia Europa -quien presentó la denuncia ante la Audiencia Nacional- señaló en un último escrito tras conocerse el contenido del informe policial remitido a la juez que el asunto era competencia de la Audiencia Nacional porque se habían aportado indicios “de una actuación planificada y dirigida desde territorio marroquí, con posible intervención de agentes o estructuras estatales extranjeras y con incidencia directa sobre la seguridad, la paz o la independencia del Estado español”.

A su juicio, esa circunstancia conecta el artículo 23 de esa norma con el artículo 65 de la misma ley que atribuye a la Audiencia Nacional el conocimiento de los delitos cometidos fuera de España cuando corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles.

La Audiencia Nacional abrió el pasado 31 de julio diligencias previas sobre la entrada a nado de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos. En el marco de esas pesquisas previas, el tribunal especial solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional un informe para averiguar si se trató de “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”.

La respuesta llegó esta misma semana en forma de un oficio del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la citada Comisaría General de Extranjería. En él, los agentes analizan una serie de vídeos y fotografías obtenidas de fuentes abiertas sin llegar a señalar la “autoría material e intelectual” del asalto, pero atribuyéndoselo a una entidad centralizada, con intereses distintos a los migratorios y que contó con la ayuda de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes.

En su denuncia, Iustitia Europa exponía que los hechos podían ser constitutivos de delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, de favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, de organización criminal y de omisión del deber de perseguir delitos. La denuncia iba dirigida “contra las personas físicas, integrantes de organizaciones criminales, funcionarios, autoridades, agentes, estructuras estatales o paraestatales extranjeras y autoridades de Marruecos o Españolas que resulten identificados”.

La misma denuncia pedía librar oficios al Ministerio del Interior, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Departamento de Seguridad Nacional y Ministerio de Defensa para obtener informes de entradas, análisis de redes sociales y posibles injerencias extranjeras; así como requerir a la Guardia Civil las grabaciones de cámaras térmicas y radares de la frontera del Tarajal.

La Guardia Civil solicitará a la jueza la práctica de diligencias

El auto de la jueza optó únicamente por reclamar a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para que realizara el citado informe. Unos días después dictó otro auto dirigiéndose a la Guardia Civil para que le informara del dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que hubieran realizado en aguas territoriales españolas.

El Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) última el oficio que entregará a la jueza. En el mismo debe incluir la información sobre personas fallecidas, si consta la causa y la data de la muerte y, en el caso de las personas supervivientes, su identidad y datos de localización que se hubiesen podido recabar. Información de la Guardia Civil también propondrá a la juez Tardón diligencias concretas que practicar para averiguar la autoría de la acción en Ceuta, precisan fuentes próximas al caso.

La Guardia Civil, en el marco de las actuaciones de prevención de la delincuencia desarrolladas por la Comandancia de Las Palmas, ha detenido a nueve personas e intervenido cuatro furgonetas de gran capacidad presuntamente vinculadas a una operativa de transporte y suministro ilícito de combustible, conocida policialmente como petaqueo, y que habían empredido una huída al ser interceptados por las calles de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria.

Según detalla la Benemérita en una nota, la actuación se inició cuando los agentes detectaron dos furgonetas de alquiler de gran capacidad cuyas características y circunstancias de utilización hicieron sospechar que podrían estar siendo empleadas para el transporte de una cantidad significativa de combustible.

Las pesquisas realizadas permitieron determinar que las personas vinculadas a la utilización de ambos vehículos podrían estar relacionadas con una operativa de tenencia y suministro de combustible destinada presuntamente a embarcaciones.

A raíz de estas informaciones, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia en la zona de Pozo Izquierdo, donde fueron localizadas las dos furgonetas investigadas junto a otros dos vehículos de similares características que podrían estar destinados a la misma actividad.

Paralelamente, los agentes tuvieron conocimiento de la navegación de una embarcación semirrígida de grandes dimensiones que se desplazaba a gran velocidad y sin identificación visible por la costa, en dirección norte, hasta alcanzar la zona de Salinas de Matorral.

Durante el dispositivo se observó cómo las cuatro furgonetas comenzaron a circular en convoy por vías de tierra en dirección a la costa, accediendo a la zona de Salinas de Matorral a través del barranco de Tirajana.

Los agentes detectaron indicios compatibles con un posible suministro de combustible desde los vehículos a la embarcación, por lo que se estableció un dispositivo de interceptación a su regreso, en el que participaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana.

Una de las furgonetas emprendió la huida en sentido contrario, dirigiéndose por el barranco de Tirajana hacia El Doctoral y Vecindario. Durante la persecución, sus ocupantes hicieron caso omiso de las indicaciones luminosas y acústicas de los agentes y realizaron maniobras contrarias a las normas de circulación, generando una situación de riesgo para peatones y otros usuarios de la vía.

Tras varios minutos de persecución, los agentes consiguieron interceptar el vehículo y detener a sus tres ocupantes.

Como resultado del dispositivo, la Guardia Civil procedió a la interceptación de cuatro furgonetas de gran capacidad y a la detención de nueve personas por su presunta participación en delitos relacionados con la tenencia, transporte o suministro ilícito de combustibles líquidos y pertenencia a grupo criminal.

Durante la intervención se aprehendió diversa documentación, numerosas garrafas de combustible, tanto vacías como parcialmente llenas, y dos depósitos con capacidad para 1.000 litros cada uno que contenían restos de combustible.

Asimismo, a tres de los detenidos se les atribuyen además presuntos delitos de desobediencia grave y contra la seguridad vial.

En el dispositivo participaron de manera destacada efectivos de la Guardia Civil de Vecindario y Agüimes, así como agentes de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana, que desplegó un importante dispositivo de personal y medios en apoyo de las actuaciones dirigidas por la Guardia Civil.

Las diligencias instruidas serán remitidas a la autoridad judicial competente, continuándose las actuaciones para el completo esclarecimiento de los hechos.

Una actuación de la Guardia Civil y la Policía Local de Navalmoral de la Mata (Cáceres) por una posible agresión en un domicilio ha terminado con la intervención de unos 27 kilos de hachís y diversa munición, y con un hombre detenido y una mujer investigada por un presunto delito contra la salud pública.

Los hechos comenzaron cuando los agentes recibieron un aviso por una posible agresión en el interior de una vivienda de la localidad. Al llegar al domicilio, encontraron a una mujer en un “estado de nerviosismo” que manifestó haber sufrido una supuesta agresión. Los servicios sanitarios se desplazaron hasta el inmueble y atendieron a la mujer en el propio domicilio, según ha informado la Guardia Civil.

Mientras se desarrollaba esta intervención, los agentes establecieron un dispositivo para localizar al supuesto agresor, que inicialmente no se encontraba en la vivienda.

La mujer manifestó posteriormente que no estaba segura de que el hombre hubiera abandonado el domicilio. Ante esta circunstancia, los efectivos procedieron a comprobar las distintas dependencias del inmueble para garantizar la seguridad de las personas que pudieran encontrarse en su interior.

Dos cajas con 27 kilos de hachís

Fue durante esta comprobación cuando los agentes localizaron en el interior de un armario dos grandes cajas que contenían numerosos paquetes con una sustancia de color marrón. Las pruebas realizadas posteriormente determinaron que se trataba de hachís, con un peso total aproximado de 27 kilogramos.

Además de la droga, los agentes encontraron en la vivienda una caja que contenía numerosos cartuchos de escopeta del calibre 12, así como munición del calibre 9 milímetros destinada a armas cortas. El hallazgo llevó a los investigadores a ampliar las actuaciones y a iniciar diligencias por un posible delito contra la salud pública.

Tras localizar la droga y la munición, la mujer pasó a quedar investigada por un presunto delito contra la salud pública.

Los agentes continuaron con las labores para localizar al hombre señalado inicialmente como supuesto agresor. Una vez localizado, procedieron a su detención.

A ambos se les atribuye un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Además, al hombre se le atribuye un supuesto delito de malos tratos en el ámbito familiar, en el contexto de violencia de género.

La investigación se inició, por tanto, a raíz de una actuación relacionada inicialmente con una posible agresión y permitió descubrir en el domicilio una cantidad de droga y munición cuya presencia no estaba relacionada con el motivo inicial del aviso.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Navalmoral de la Mata.

Tres agentes de la Guardia Civil han resultado heridos este miércoles durante una intervención frente a la costa de Cabo Cope, en Águilas, en la que han sido detenidos los dos ocupantes de una embarcación vinculada presuntamente al traslado de migrantes y al suministro de combustible a otras pateras.

Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la lancha utilizada por los sospechosos trató de evitar la intervención policial y terminó chocando contra la embarcación semirrígida de los agentes. Uno de los guardias sufrió una herida en una pierna que requirió cinco puntos de sutura, mientras que otros dos, entre ellos el capitán al frente de la tripulación, sufrieron lesiones cervicales debido al impacto.

La embarcación interceptada llevaba dos motores fueraborda y una veintena de garrafas de gasolina, según ha informado el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas. La actuación formaba parte de un dispositivo en el que han participado medios marítimos, aéreos y terrestres, incluido un helicóptero.

La operación se encuentra judicializada y la Delegación del Gobierno no ha facilitado por el momento más detalles sobre las circunstancias concretas del choque. El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala, ha anunciado que ofrecerá información sobre el resultado de la intervención una vez finalicen las diligencias.

Más medios

La AUGC ha aprovechado el incidente para volver a reclamar más medios para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Según la asociación, los agentes se enfrentan en ocasiones a embarcaciones con mayor tamaño y potencia que las utilizadas para interceptarlas, una diferencia que, según la AUGC, incrementa el riesgo durante las persecuciones.

El episodio se produce pocos días después de otra intervención en aguas próximas a Cartagena. El lunes, los agentes localizaron una embarcación a unas 12 millas al sureste de Monte Cenizas después de que hubiese participado en el desembarco de 59 migrantes. En ese caso también fueron detenidos sus dos presuntos patrones.

La sucesión de operaciones se enmarca en el incremento de la actividad de estas embarcaciones en distintos puntos del litoral murciano durante las últimas semanas. Las autoridades han desplegado dispositivos de vigilancia para localizar tanto las pateras empleadas para trasladar migrantes como aquellas que, según las investigaciones, pueden actuar como apoyo logístico mediante el transporte de combustible.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reclamado al Gobierno central que dote a la Guardia Civil de más recursos para afrontar este tipo de actuaciones. Tras conocer las lesiones de los agentes, ha expresado su apoyo a los heridos y ha cuestionado la suficiencia de los medios disponibles para hacer frente a embarcaciones de gran potencia.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación cometidos en establecimientos abiertos al público de los municipios de Santa Lucía de Tirajana y Agüimes, en la isla de Gran Canaria, que atracó esgrimiendo cuchillos de grandes dimensiones.

La Comandancia de Las Palmas ha explicado que la investigación se inició tras un atraco cometido en un supermercado de Vecindario, cuando un individuo accedió al establecimiento portando un arma blanca de grandes dimensiones y exigió a los empleados la entrega de la recaudación.

Durante el robo se produjo un forcejeo con una de las trabajadoras, que consiguió arrebatar al autor la prenda que utilizaba para ocultar su rostro, lo que permitió obtener información de especial relevancia para la posterior identificación del sospechoso. Finalmente, el hombre se apoderó de una cantidad de dinero en efectivo y abandonó el establecimiento.

Posteriormente, se produjo un segundo robo con violencia e intimidación en otro establecimiento del municipio de Agüimes, donde un hombre irrumpió en el local portando dos cuchillos de grandes dimensiones y, mediante amenazas e intimidación directa a los trabajadores, consiguió sustraer dinero de la caja registradora antes de huir del lugar.

Ante la similitud entre ambos hechos, las Áreas de Investigación de Vecindario y Agüimes establecieron una línea de investigación conjunta, centrada en el análisis del modus operandi, las armas empleadas, las características físicas aportadas por los testigos y las imágenes obtenidas de los sistemas de videovigilancia.

Las gestiones realizadas por los investigadores permitieron determinar que ambos atracos habían sido cometidos presuntamente por la misma persona, obteniendo los indicios necesarios para avanzar en su identificación y localización.

Como resultado del dispositivo establecido, agentes de la Guardia Civil procedieron a la detención del sospechoso en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que una vez finalizadas las actuaciones, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional.

La Guardia Civil en La Rioja ha investigado en dos ocasiones durante el presente mes a un mismo conductor como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial, después de que en ambos casos sufriera una salida de vía en la carretera N‑232 y arrojara resultado positivo en las pruebas de detección de alcohol.

Las actuaciones se enmarcan en los dispositivos de vigilancia y control que el Sector de Tráfico de la Guardia Civil desarrolla de manera permanente en la comunidad autónoma, con el objetivo de prevenir las conductas de riesgo al volante, de forma señalada el consumo de alcohol, y reducir la siniestralidad vial.

El primer siniestro vial tuvo lugar el pasado 8 de agosto, en el punto kilométrico 348+200 de la N‑232, dentro del término municipal de Rincón de Soto, donde el conductor protagonizó una salida de vía. Personados los agentes en el lugar, sometieron al conductor a las pruebas de detección alcohólica, que arrojaron un resultado positivo de 0,69 y 0,70 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por lo que fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

El segundo siniestro vial se produjo apenas once días después, el 19 de agosto, en el punto kilométrico 341+500 de esa misma carretera N‑232, en el término municipal de Alfaro. El vehículo sufrió otra salida de la vía, si bien en esta ocasión el conductor resultó ileso y no se registraron daños materiales de consideración. Realizadas las pruebas de detección alcohólica, arrojaron un resultado positivo, alcanzando 1,31 y 1,17 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cifra que supera con creces la tasa penalmente relevante (quintuplica). Se instruyeron nuevamente diligencias como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, que han sido remitidas a la autoridad judicial.

Estas conductas se encuentran tipificadas en el artículo 379.2 del Código Penal, que sanciona a quien condujere un vehículo de motor con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro. El precepto contempla penas de prisión de tres a seis meses, o multa de seis a doce meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y, en todo caso, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. La reiteración de la conducta en tan breve espacio de tiempo podría ser valorada por la autoridad judicial.

Llamamiento a la responsabilidad y controles permanentes

El consumo de alcohol continúa siendo uno de los principales factores concurrentes en los siniestros viales más graves, al alterar la percepción, incrementar el tiempo de reacción y reducir de forma significativa la capacidad de control del vehículo. Conducir bajo sus efectos convierte cualquier imprevisto en una situación de alto riesgo, tal y como reflejan los dos episodios protagonizados por el mismo conductor.

Por ello, la Guardia Civil en La Rioja recuerda que los dispositivos de control permanecen activos de forma continuada durante las 24 horas del día, especialmente en aquellos tramos con mayor concentración de siniestros viales o donde se detecta una mayor incidencia de infracciones, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos en la carretera.

Consejos y recomendaciones

Una vecina de Almansa está siendo investigada por la supuesta posesión ilegal de un ejemplar de tortuga caimán o aligátor (Macrochelys temminckii) en el patio interior de un domicilio en dicha localidad albaceteña.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de estos hechos y, tras realizar la correspondiente inspección administrativa, los agentes comprobaron que se trataba de una tortuga caimán, especie exótica originaria de Estados Unidos e incluida en el Apéndice II del listado de especies protegidas del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)

Tras requerir a la persona que poseía el animal para que aportase la documentación que acreditara su procedencia y tenencia legal, esta no pudo acreditar documentalmente que su adquisición y posesión se ajustaran a la normativa aplicable.

Por este motivo, los agentes procedieron a la intervención del ejemplar, adoptando las medidas necesarias para garantizar su custodia y poniendo los hechos en conocimiento de los organismos competentes.

Una especie de especial peligrosidad

Según informa el instituto armado, la tortuga caimán es considerada una especie muy peligrosa debido a la fuerza de su mordedura, comparable a la de algunos cocodrilos, por lo que su manipulación debe realizarse con las debidas precauciones.

Por sus características y tamaño, su suelta en ecosistemas españoles está totalmente prohibida, ya que podría convertirse en una especie invasora para nuestros ríos y aguas continentales, con el consiguiente riesgo ecológico y para la seguridad de las personas.

Además de las actuaciones penales, la persona poseedora del ejemplar ha sido denunciada por la comisión de distintas infracciones administrativas relacionadas con la normativa de represión del contrabando, la protección de los derechos y el bienestar de los animales y el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Se recuerda que, conforme a la conforme a la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, queda prohibida la tenencia de animales de fauna silvestre en cautividad que no se encuentren incluidos en el “Listado positivo de animales de compañía”, siendo requisitos para su inclusión, que no supongan riesgos para la salud o seguridad de las personas u otros animales, y que no se trate de especies silvestres de fauna no presentes de forma natural en España protegidas por el Derecho de la Unión Europea y/o los tratados internacionales ratificados por España.

Las diligencias instruidas por la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (PAPRONA) de la Benemérita de Almansa, por un delito contra la flora y fauna, consistente en la posesión ilegal de una especie protegida de fauna silvestre, castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años, fueron entregadas en la Sección Civil e Instrucción Plaza nº1 del tribunal de Instancia de Almansa.

La Guardia Civil ha investigado a dos hombres por la sustracción de una embarcación de recreo valorada en aproximadamente 45.000 euros en un Puerto Deportivo de Mogán y que apareció posteriormente a la deriva en aguas alejadas de la costa de Gran Canaria.

Según informa la Comandancia de Las Palmas, los agentes iniciaron la investigación tras la denuncia del propietario por la desaparición de su embarcación del lugar en el que estaba amarrada.

En este sentido, el análisis de las grabaciones permitió comprobar cómo dos personas accedían al recinto ocultando su identidad y actuando de forma coordinada. Una de ellas consiguió poner en funcionamiento la embarcación y abandonar el puerto, obteniéndose a través de las imágenes información relevante sobre la forma en la que se produjo la sustracción.

Los investigadores continuaron las pesquisas mediante el análisis de las grabaciones, las declaraciones de testigos y otras comprobaciones, que permitieron avanzar en la identificación de los presuntos implicados.

Estas actuaciones permitieron además situar a uno de ellos en las inmediaciones del puerto deportivo en el momento en que se produjo la sustracción.

A medida que avanzaba la investigación, los agentes pudieron reconstruir los movimientos realizados por los sospechosos y obtener nuevos indicios que permitieron establecer su presunta relación con la desaparición de la embarcación.

Posteriormente, la embarcación fue localizada a la deriva por un navegante en aguas alejadas de la costa y recuperada, lo que permitió continuar con las actuaciones dirigidas a esclarecer las circunstancias de su desaparición y determinar la participación de los investigados.

Como resultado de las investigaciones desarrolladas durante varios meses, la Guardia Civil procedió a investigar a dos hombres como presuntos autores de un delito de hurto, sin descartarse la posible participación de otras personas en los hechos.

Finalmente, las diligencias instruidas fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, que dirige las actuaciones judiciales.

El fallecimiento de un trabajador temporero en Fuenmayor ha alterado esta mañana de martes. Han sido tres personas que iban a realizar labores de vendimia en una viña en Fuenmayor quienes han encontrado el cuerpo del trabajador temporero en el término Los Valles.

Al parecer, llevaba varias días fallecido y se están investigando las causas aunque todo parece indicar que ha sido por causas naturales, aunque habrá que esperar a la autopsia para confirmarlo.

De momento esta es la información sobre este suceso sobre el que la Guardia Civil está investigando.

Una mujer de 90 años de edad ha sido hallada fallecida este martes en el interior del río Júcar en Cuenca, concretamente a la altura de la zona del Recreo Peral.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el hallazgo se ha producido a las 9.32 horas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local, así como bomberos de Cuenca y una UVI que, tras el rescate, únicamente ha podido certificar el fallecimiento.