Lula no fue juzgado, fue víctima de una persecución política

Nosotros, abogados, juristas, ex ministros de justicia y ex miembros de Cortes Superiores de Justicia de varios países, queremos llamar a la reflexión a los jueces del Tribunal Supremo brasileño y, en general, a la opinión pública internacional, sobre el proceso iniciado contra Lula.

Las recientes revelaciones del periodista Glenn Greenwald y su equipo en el sitio web de noticias The Intercept, en colaboración con los periódicos Folha de São Paulo y El País, la revista Veja y otros medios de comunicación, han agitado a toda la profesión jurídica. Nos ha conmocionado ver cómo se han violado sin vergüenza las normas de procedimiento más fundamentales en Brasil. En un país donde se supone que la justicia es la misma para todos, un juez no puede ser a la vez juez y parte. 

Sergio Moro no sólo condujo el proceso de manera sesgada, sino que en realidad fue él quien dirigió el proceso desde el principio. Además, manipuló los mecanismos de denuncia recompensada, dirigió el trabajo de la fiscalía, exigió la sustitución de un fiscal que no le satisfacía y dirigió la estrategia de comunicación de la fiscalía. 

También espió a los abogados de Lula y decidió no cumplir con la decisión de un juez de apelación que ordenó la liberación de Lula, violando así la ley de manera flagrante.

Hoy está claro que Lula no tuvo derecho a un juicio imparcial. Del mismo modo, según el propio Sergio Moro, fue condenado por “hechos indeterminados”. Uno de los empresarios detrás de una de sus condenas incluso admitió que se vio obligado a construir una narrativa para incriminar a Lula, bajo la presión de los fiscales. De hecho, Lula no fue juzgado, fue y sigue siendo víctima de una persecución política.

Por eso, en el seno de la comunidad jurídica internacional, la justicia brasileña atraviesa actualmente una grave crisis de credibilidad, en vista de estas prácticas ilegales e inmorales.

Es esencial que los jueces del Tribunal Supremo ejerzan todas sus funciones y sean garantes del respeto de la Constitución. Además, las autoridades brasileñas deben tomar todas las iniciativas necesarias para identificar a los responsables de este grave abuso de procedimiento.

La lucha contra la corrupción es ahora una cuestión esencial para todos los ciudadanos del mundo, al igual que la defensa de la democracia. Sin embargo, en lo que respecta a Lula, no sólo se ha instrumentalizado la justicia con fines políticos, sino que se ha violado claramente el Estado de derecho, con el fin de eliminar al ex presidente del juego político. 

No hay Estado de derecho si no se respeta el debido proceso legal. Y no se respeta el debido proceso legal cuando un juez no es imparcial, sino que actúa como jefe de la acusación. Para que el poder judicial brasileño recupere su credibilidad, la Corte Suprema tiene el deber de liberar a Lula y anular estas condenas.

Este artículo fue publicado originalmente en el periódico Folha de São Paulo.Folha de São Paulo