El Vehículo Integral de Documentación (VIDOC) de la Policía Nacional ha expedido 6.881 DNI y 2.551 pasaportes en 77 localidades vascas durante su primer año en activo, en el que ha prestado más de 260 servicios de forma itinerante que han ahorrado desplazamientos a la ciudadanía vasca para la renovación de documentos. La delegada del Gobierno de España en Euskadi, Marisol Garmendia, ha comparecido en Bilbao para dar a conocer las principales cifras del balance de este primer año, que ha calificado de “muy positivo” porque ha facilitado la expedición de documentos a quienes viven en localidades alejadas de las grandes ciudades.

El servicio inició su andadura el 8 de abril de 2025 en Ermua y, en palabras de Garmendia, “el objetivo del servicio que ofrece la Policía Nacional se está cumpliendo” ya que, ha subrayado, “con este vehículo itinerante, las personas ya pueden sacarse o renovar sus DNI y sus pasaportes en su mismo pueblo sin tener que desplazarse a las ciudades con oficinas físicas, como ocurría hasta ahora”. Tras animar a los municipios que aún no lo han solicitado a que “contacten con la Policía o con las Subdelegaciones del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos”, la delegada del Gobierno ha lamentado que ayuntamientos gestionados por EH Bildu “priven por prejuicios políticos a la ciudadanía de este servicio ofrecido por la Policía Nacional que beneficia de forma sustancial a muchos vascos, sobre todo a aquellos con dificultades para desplazarse”.

En ese sentido, Garmendia ha incidido en que la acogida y el funcionamiento han resultado ser muy positivos, a pesar de las “reticencias” mostradas por algunos ayuntamientos para solicitar que el vehículo acuda a sus poblacione, según recoge Europa Press. Estas reticencias, ha proseguido, se han dado sobre todo en Gipuzkoa, donde EH Bildu gobierna en más de 50 municipios del territorio, por lo que la delegada del Gobierno ha lamentado que alcaldes y alcaldesas de EH Bildu “priven a sus ciudadanos de este servicio” ofrecido de la Policía Nacional ya que, a su juicio, “el servicio público debe estar por encima de los prejuicios políticos sin fundamento”, ha destacado Marisol Garmendia.

De hecho, ha subrayado, solo dos de los municipios gestionados por EH Bildu (Arrasate y Tolosa) han solicitado hasta la fecha disponer del servicio ofrecido por el VIDOC. La delegada ha celebrado que hasta la fecha “numerosas localidades de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa hayan solicitado el desplazamiento de la VIDOC que, a través de las citas concertadas a través de sus respectivos ayuntamientos, han tramitado la nada desdeñable cantidad de 9.432 documentos entre DNI y pasaportes”.

n total, han sido más de 260 salidas de los tres vehículos habilitados, uno por cada territorio, teniendo en cuenta que muchos municipios optan por repetir la visita del VIDOC para satisfacer la alta demanda de sus vecinos.

Por territorios

Por territorios, en Bizkaia, el primero donde el 8 de abril de 2025 se puso en marcha el Vehículo Integral en Ermua, el servicio ha pasado ya por 40 localidades y hay otras 10 con visitas concertadas o en vías de concertación. Seis de ellas tienen, además, programadas una visita mensual para atender las necesidades de sus vecinos. Hasta la fecha, el VIDOC ha tramitado 3.500 DNI y 1.382 pasaportes.

En Gipuzkoa, la Policía Nacional ha visitado 10 localidades desde su debut en Zumarraga en noviembre de 2025. Por el momento hay otros dos municipios (Soraluze y Tolosa) a la espera de cuadrar fechas para sumarse a esta lista. El balance hasta ahora es de 62 salidas, contando las repeticiones, y la expedición de 1.714 DNI y 650 pasaportes.

En Álava, el VIDOC se puso en marcha en octubre en Iruña de Oca. Desde entonces, el Vehículo Integral de Documentación ha prestado su servicio en 27 municipios, en los que ha completado un total de 90 visitas. De aquí al final de año hay previstas otros 64 desplazamientos a 14 localidades. Por el momento, la Policía Nacional ha expedido en este territorio 1.667 DNI y 519 pasaportes.

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, ha propuesto al ministro Fernando Grande-Marlaska el nombramiento de la comisaria principal María Teresa Herráez como jefa superior en Euskadi. Es la primera vez que una mujer accede a ese cargo. Releva al recientemente jubilado, Jesús Herranz.

Herráez era actualmente comisaria provincial en Gipuzkoa. Hasta diciembre de 2025 lo fue en Álava. Ha estado destinada también en Catalunya y ha trabajado en los servicios de Información (de lucha contra el terrorismo) en Euskadi. Natural de Ávila y agente desde 1990, ha recibido numerosas condecoraciones y recompensas. Ascendió a inspectora jefa en 2006, a comisaria en 2018 y a comisaria principal en 2025, informa Europa Press.

La delegada del Gobierno de España, la socialista Marisol Garmendia, también la primera mujer en ese cargo, ha mostrado su confianza en que la aportación de la nueva jefa superior sea “muy importante para continuar en el camino de la normalización y de la visibilización de la presencia de la Policía Nacional” en la comunidad autónoma. El cuerpo tiene competencias en materia de fronteras, DNI, pasaportes o extranjería, además de atribuciones en delitos de ámbito superior al autonómico como el terrorismo, el crimen organizado, la trata y otras materias.

“Tenemos con nosotros a una enorme profesional. El Ministerio ha sabido reconocer no sólo su trayectoria en Euskadi, sino también su valía como persona, su capacidad para llegar a acuerdos de colaboración con diferentes instituciones, y su predisposición para ayudar y servir a la ciudadanía vasca”, ha explicado Garmendia sobre el nombramiento.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jaca a dos personas como presuntas autoras de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos en el marco de unas oposiciones para cubrir plazas en el Ayuntamiento. La investigación se inició tras la denuncia presentada por miembros del tribunal de los procesos selectivos, que alertaron de posibles irregularidades en uno de los exámenes. La prueba constaba de 100 preguntas y su contenido solo era accesible para la presidenta y la secretaria del tribunal.

Durante la corrección, los responsables detectaron una calificación inusualmente alta en una de las aspirantes, que logró 97 aciertos, un resultado que contrastaba con el nivel previsto de la prueba y con el obtenido por el resto de participantes.

Las gestiones realizadas por el Grupo Operativo Local permitieron analizar la trazabilidad del fichero que contenía el examen. De este análisis se desprende que un trabajador del Ayuntamiento de Jaca accedió sin autorización a la carpeta donde se encontraba el documento.

Los investigadores también confirmaron la relación sentimental entre este empleado municipal y la aspirante que obtuvo la elevada puntuación, lo que apunta a una posible filtración del contenido del examen. Desde la Comisaría Local de Jaca se realizó una copia de seguridad de los datos informáticos, así como de la trazabilidad y otras evidencias digitales, para su análisis y extracción de contenido.

Ambos investigados fueron citados en dependencias policiales, donde se procedió a su detención. Posteriormente quedaron en libertad a la espera de la evolución del caso, cuyas diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

El alcalde de Jaca, Carlos Serrano, ha firmado una resolución por la que se establece la repetición del examen para cubrir tres plazas de auxiliares administrativos vacantes en la plantilla de personal funcionario del Consistorio.

Tras una larga investigación la Jefatura Superior de Policía de La Rioja ha llevado a cabo la identificación de diez personas como ‘receptoras’ de dinero de la conocida como ‘estafa de los likes’. Se trata de falsas ofertas de empleo que prometen grandes ingresos a las víctimas, en un primer momento se ganan su confianza y después, les ordenan pagos de determinadas cantidades de dinero bajo falsas excusas, dinero que nunca recuperan. 

De las diez personas identificadas, cuatro de ellos tienen antecedentes policiales previos, principalmente por delitos contra el patrimonio, como estafas o robos con fuerza o con violencia. 

La investigación dio comienzo a finales del año 2025 a través de la interposición de una denuncia, en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, en la que la víctima narraba que había sido estafada con 690 euros, 1050 euros y 1060 euros en diferentes momentos desde su inicio en el trabajo de dar ‘likes’ en diferentes redes sociales. 

La víctima observó una oferta de trabajo en una red social, pinchó en ella para obtener más información y tras mantener varias conversaciones a través de otra aplicación mensajería instantánea, aceptó el trabajo que consistía en dar ‘likes’ o ‘me gustas’ en diversos vídeos de ‘Facebook’ e inversiones en criptomonedas. Otra de sus funciones consistía en realizar pagos monetarios a personas que otros le ordenaban, a través de ‘Bizum’ y también a través de transferencias inmediatas.

Tras la realización de todas estas tareas que le habían encomendado ella recibiría, según lo acordado, pequeños beneficios económicos en su cuenta bancaria. 

Tras un tiempo se percató de que no estaba recibiendo ningún ingreso en su cuenta bancaria, por lo que se puso en contacto con las personas que le habían prometido los ingresos. Le comunicaron que había ocurrido un error y que para poder solventarlo debía abonar la cantidad de 2.800 euros de manera fraccionada y mediante transferencia bancaria para poder recuperar esos ingresos iniciales que le habían prometido. Y que este nuevo ingreso repercutiría en sus beneficios posteriormente.

Finalmente se percató de que estaba siendo víctima de una estafa, por lo que acudió a interponer una denuncia narrando lo sucedido. 

Modus operandi

La conocido ‘estafa de los likes’ es una modalidad de fraude informático desarrollado principalmente a través de aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales o plataformas digitales. Los autores, en un primer momento, se ganan la confianza de sus víctimas y aprovechándose de su situación de desempleo, les estafan varias cantidades de dinero. Les prometen la obtención de ingresos rápidos y de manera fácil y sencilla. 

En la fase inicial del trabajo, las víctimas suelen recibir pequeñas cantidades de dinero para generar confianza y credibilidad de la supuesta oferta de empleo. Posteriormente solicitan que se adelanten determinadas cantidades de dineros bajo diferentes excusas, como acceder a tareas de mayor remuneración, desbloquear niveles superiores, realizar inversiones temporales que luego serán devueltas con creces …Y estas cantidades una vez que son transferidas nunca le son devueltas a las víctimas y despareciendo los interlocutores. 

Estas personas, además de convertirse en víctimas y ser estafadas con sus ahorros, en ocasiones se convierten en intermediarios o ‘muleros financieros’. Pueden quedar vinculadas a la comisión de otros ilícitos penales como el blanqueo de capitales o estafas.  Una vez que han conseguido el máximo de dinero de sus víctimas, los estafadores desaparecen y cortan toda vía de comunicación. 

Consejos para evitarlo

-No pinchar en enlaces o sitios web de procedencia desconocida.

-No proporcionar datos personales a personas desconocidas o introducirlos en sitios web.

-Desconfiar de ofertas de empleo demasiado atractivas y que prometen grandes beneficios en poco tiempo.

-No adelantar dinero por trabajar ni por acceder a determinadas tareas.

-Desconfiar de ofertas de empleo recibidas sin solicitud previa.

-Verificar el nombre y el domicilio fiscal de la empresa.

Si ya ha sido víctima acuda, lo antes posible, a una dependencia de Policía Nacional e interponga una denuncia narrando todo lo sucedido y aportando el mayor número posible de datos, como capturas de pantalla de conversaciones o detalles de transferencias bancarias.

El juez que se encarga del caso contra el exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, que fue acusado de presunta agresión sexual por una inspectora del Cuerpo, declaró en una ponencia organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid que se han otorgado muchas “ventajas” a las mujeres que denuncian violencia, y que van “a la caza de la orden” de protección, según ha informado laSexta.

David Maman Benchimol es el magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, y solamente un día después de que la agente de Policía denunciara a González por varios delitos –entre ellos, agresión sexual con penetración–, Maman Benchimol cargaba contra las mujeres que denuncian este tipo de delitos: “Muchas de ellas (las denunciantes) es que se ve enseguida que no tienen demasiado sentido, que eso se ve, porque se intenta forzar una vía, que si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección, ¿por qué voy a esperar meses?”.

El juez, según informa laSexta, subrayaba que esto le “enfada”: “Ese es el tema, es a la caza de la orden. Pero es que yo lo entiendo, porque se ha otorgado tantas ventajas a una mujer para interponer denuncia... Se le da asistencia jurídica gratuita aunque tenga un millón de euros en la cuenta, se le da abogado de oficio según entra, ¿pero qué pierde?”.

El mismo medio explica que en la charla, que abordaba los “Criterios de competencia en materia penal y civil” y se celebró el pasado 18 de febrero de este año, David Maman Benchimol también abordó el tema del divorcio y la custodia de los hijos: “Va pasando el tiempo, auto de medidas provisionales... Como no se ha resuelto el recurso de apelación, tal, no podemos dar la guardia y custodia compartida, y así se eterniza. Y mientras tanto, ese niño, pues poco a poco, la madre le va haciendo el correspondiente lavado de coco y ese niño se va separando del padre progresivamente. Y luego, es muy difícil recuperar ese tiempo perdido”.

Maman Benchimol siguió haciendo referencia a la custodia de los hijos de las mujeres víctimas de violencia, y calificó a la mujer como “enemiga acérrima de la custodia compartida”: “No entiendo yo todavía por qué esa animadversión de la mujer a la guarda y custodia compartida, cuando el Supremo ha dicho 300 millones de veces que es la guarda y custodia deseable”. Según laSexta, el magistrado insistió en que “la casa y el factor económico” influyen, porque “ya no le va a pagar la pensión” (el hombre, en caso de tener custodia compartida). “Solo ella se considera una buena madre y desconfía permanentemente del otro padre”, declaraba el juez, porque, según él, las mujeres piensan: “Sí a mí me ha maltratado, al niño también lo va a maltratar”. “Ella tiene esa idea en la cabeza y no se fía de él”, afirma Maman Benchimol.

El juez añade que las mujeres deberían valorar más la custodia compartida por la “libertad” que les da “no tener al niño toda la semana con ella”.

El magistrado también se refirió a las mujeres trans como un “hombre con apariencia de mujer, un transexual”. Maman Benchimol aseguraba que en un futuro llegarán casos de “violencia de mujer a mujer” porque “la ley no dice que el autor tenga que ser hombre”, y rechaza que los magistrados deban recibir este tipo de casos.

El juez encargado del caso del exDAO cuenta con una carrera judicial de más de 30 años, y en 2011 se especializó en violencia contra la mujer. Fue tres años después cuando consiguió su plaza como titular en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 8 de Madrid. David Maman Benchimol no ha querido dar explicaciones sobre estas declaraciones, según han confirmado a laSexta fuentes del TSJ de Madrid. Sin embargo, agrupaciones feministas sí han criticado las palabras del magistrado. A través de un comunicado, Madres Protectoras de Madrid denuncian la violencia institucional que sufren las mujeres en los tribunales, y que las sentencias provocan una desprotección de esos menores y las revictimiza.

El caso que instruye el juez parte de una denuncia presentada por una inspectora de la Policía Nacional el pasado 17 de agosto, en la que relata que el anterior responsable de la Policía le ordenó llevarle a su casa y allí la agredió sexualmente tras su negativa a mantener relaciones. La querella adjunta audios dentro del domicilio donde se cometió la agresión y de las presiones posteriores.

La defensa de la denunciante ha calificado de “desafortunadas” las declaraciones y ha explicado que, si en el transcurso de la instrucción se observa cualquier conducta “arbitraria” por “sesgo machista”, solicitarán la recusación.

La Policía Nacional, durante un operativo de inspección en diversas empresas en un polígono industrial en el sur de Tenerife contra el empleo irregular y fraude en la Seguridad Social, ha localizado una plantación de marihuana en un local. Tras el hallazgo, los agentes procedieron a la detención del responsable de la instalación.

En total fueron inspeccionados nueve establecimientos que albergaban diez empresas y se constató la situación irregular de un trabajador, según detallan fuentes de la Comisaría provincial.

Además, fueron detectadas numerosas deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales cuya corrección ha sido formalmente requerida con la correspondiente exigencia de responsabilidades administrativas.

En el marco de este operativo, la Policía localizó en uno de los almacenes inspeccionados 12 plantas de cannabis, así como diversos instrumentos destinados a su cultivo tales como sistemas de riego automáticos y lámparas de luz, y detuvo a su responsable.

La Policía llevó a cabo el operativo en colaboración con la Inspección de Trabajo.

El letrado Fausto Suárez ha sido trasladado este miércoles en una ambulancia, “intubado pero consciente”, hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, para ser atendido de las heridas infligidas en el tórax con un arma blanca. El letrado fue agredido en su despacho, ubicado en la Avenida Colón de la capital asturiana, donde fue localizado por los agentes.

Desde la Audiencia Provincial se había instado a la Policía Nacional para que intentara localizar al abogado, al no haberse personado en la sede judicial donde estaba citado a las 10 horas de hoy, miércoles, para defender a Cristina O.P., la única acusada que está en libertad provisional de los seis procesados, y a la que se imputa su presunta pertenencia a una red de narcotráfico muy activa en el Principado, a la que se incautó 600 kilogramos de cocaína, en 2022.

Apuñalado en su despacho

Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado a eldiario.es Asturias que el caso está ya “en fase de investigación” desde que a primera hora de esta mañana se tuvo conocimiento del apuñalamiento. Los agentes de la Policía Judicial están recogiendo pruebas en el mismo despacho donde ocurrieron los hechos.

Los agentes inicialmente se personaron en el domicilio del abogado ovetense y, al no encontrarlo ahí, se desplazaron en compañía de su mujer hasta el despacho. La presencia policial y el traslado del abogado en esas circunstancias causaron una gran consternación entre los vecinos de la zona.

Defensor de una acusada

A la consternación del vecindario se sumó igualmente la conmoción en medios jurídicos y judiciales, donde el letrado ovetense es muy conocido al llevar muchos años en ejercicio.

Cristina O.P. se había reunido con su abogado ayer mismo de cara al juicio de esta mañana y donde ella está acusada de pertenecer a la red que presuntamente lidera Carlos González Morales, conocido por el apodo de 'El Matador'.

El juicio no se suspendió

Tras unos primeros momentos de confusión por la ausencia del letrado finalmente el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial acordó celebrar la primera de las cinco sesiones que están señaladas para la vista oral del juicio: los días 23, 24, 27, 28 y 29 de este mes. Ante la ausencia de letrado que la representara, la parte relativa a la acusación de esta procesada no se ha tenido en cuenta en la jornada de hoy.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de los seis presuntos integrantes de esta organización a la que se intervino un alijo de 600 kilogramos de cocaína en una nave ubicada en el concejo asturiano de Siero en 2022 tras una operación internacional en la que intervinieron agentes encubiertos.

Agentes encubiertos infiltrados

La operación policial que derivó en la detención de los acusados se inició el 30 de septiembre de 2022 cuando se recibió en la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional un escrito de la Fiscalía de Illinois (Chicago, EEUU) solicitando la apertura de un procedimiento judicial en el marco de una investigación conjunta con la agencia estadounidense HS (Homeland Security Investigations), la Policía Nacional de Colombia y la UDYCO Central.

En este escrito se aportaban los datos de una organización dedicada al tráfico de drogas radicada en Colombia y sobre la que las autoridades de Estados Unidos habían iniciado una operación encubierta, logrando introducir a un agente infiltrado en la organización, que presuntamente lideraba el conocido como 'Matador', quien solicitó asistencia para el transporte de aproximadamente dos toneladas de cocaína desde Colombia a España.

Droga de Colombia a Asturias

En el marco de la operación encubierta, la organización colombiana pretendía enviar la droga desde Colombia a España empleando una embarcación que recogería la droga en aguas internacionales. Para ello, el presunto cabecilla solicitó que una vez que la organización entregara todo el cargamento, éste fuera trasladado a España, donde sería entregada a los receptores y distribuidores finales.

“Continuando con la operación encubierta, el 25 de septiembre de 2022, la organización colombiana entregó 67 bultos con 20 paquetes cada uno (un total de 1.340 paquetes) a los agentes infiltrados que se encontraban a bordo de un barco encubierto en aguas internacionales cerca del Caribe, a unas 200 millas náuticas de Barbados”, señala el escrito de calificación provisional de la Fiscalía asturiana.

Dos bandas de narcotráfico

El 28 de septiembre, la droga fue transportada hasta San Juan (Puerto Rico) y procesada, dando positivo en cocaína. Fue custodiada por agentes federales de Estados Unidos a la espera de los trámites para continuar con la operación en España. Para poder presentar como evidencia en la investigación estadounidense se retuvo uno de los bultos con 20 paquetes intervenidos, por lo que viajaron a España 1.320 paquetes.

La solicitud de cooperación se efectuó con el objetivo de identificar a los miembros de la organización, ya que se descubrió que la droga iba dirigida a dos organizaciones criminales con conexiones en España.

Cocaína en la bodega de un vuelo

Una vez autorizada la apertura del procedimiento judicial en España, la droga fue transportada en la bodega de un vuelo comercial desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico, al de Madrid. Junto con el escrito de la Fiscalía estadounidense, se adjuntaba el suscrito por el oficial de enlace de la Policía Nacional de España en Colombia.

Todo ello, junto con las vigilancias realizadas por la UDYCO de los movimientos de los miembros de la organización en España durante los meses de mayo y septiembre de 2022, motivó que la Fiscalía Especial Antidroga incoara el 5 de octubre de ese mismo año diligencias de investigación, autorizando la entrega controlada de 600 kilos de cocaína intervenidos en San Juan de Puerto Rico con destino a España.

Bajo custodia policial

Paralelamente, en un segundo decreto, la Fiscalía Antidroga autorizó la actuación de ocho funcionarios como agentes encubiertos, con el objetivo de identificar a los integrantes de la organización.

La droga fue trasladada hasta Madrid el 8 de octubre de 2022 vía aérea y permaneció bajo custodia policial a la espera de que los procesados decidieran recogerla.

Los delitos

En estos hechos, que llevaron a la introducción en España y la ocupación en Siero de 600 kilos de cocaína, tuvieron participación los procesados, que actuaron de forma jerárquicamente ordenada y de manera estable en el tiempo y que, según sostiene la Fiscalía asturiana, son los mismos contra los que formula la acusación y que han sido llevados al banquillo de la Audiencia Provincial de Asturias.

La Fiscalía imputa a los acusados su presunta autoría en delitos contra la salud pública, depósito de armas y tenencia ilícita de armas, ya que además de la droga se les intervinieron armas, algunas de guerra, y una gran cantidad de munición.

La asociación Salburuko Harrera Sarea, que lleva meses apoyando a los refugiados malienses en las calles del barrio de Salburua de Vitoria frente a la comisaría de la Policía Nacional, donde hay un tapón burocrático en las citas para hacer valer son condición, ha llamado a la “colaboración” vecinal para atender una “emergencia humanitaria” que se viene dando desde el verano de 2025. Alertan, por ejemplo, de que con la llegada del tiempo más caluroso es posible que sean cerrados los dispositivos extraordinarios para las pernoctas que llevan algunas semanas cubriendo una parte de la demanda, dos parroquias de la Iglesia católica, las de San Joaquín y Santa de Salburua y la de Nuestra Señora de las Nieves en Arambizkarra. Asimismo, han activado también una cuenta corriente para captar donativos, la ES92 3035 0320 69 3201036515, porque se precisa comida, bolsas, ropa y calzado o utensilios de aseo.

Salburuko Harrera Sarea, en el acto que ha sido su presentación en sociedad, aunque ya funcionaba en redes sociales y ámbitos vecinales, ha lamentado que sea una plataforma ciudadana la que provea de atención a estos migrantes ante la dejadez de las instituciones. Han asegurado, por ejemplo, que en casi un año no tienen constancia de que la alcaldesa, Maider Etxebarria, el diputado general, Ramiro González, la consejera del ramo, Nerea Melgosa, u otras autoridades hayan pasado por la zona a conocer esta realidad. Reclaman “una respuesta a la altura de esta emergencia humanitaria” y, sobre todo, teniendo presente que en verano puede que se incrementen las llegadas y, a la vez, desaparezcan los espacios cerrados y seguros para dormir, que son los dos templos y la propia asociación vecinal, unas 50 plazas en total. Fuentes de la Iglesia católica confirman que eran instalaciones puestas en marcha para la temporada de frío y señalan que próxamente se tomará una decisión sobre su continuidad o no, aunque aseguran que la compartirán tanto con los colectivos de apoyo como con los propios afectados.

La acumulación en las calles de Vitoria de personas de Malí, un país sumido en conflictos internos y que expulsa a su población, viene siendo una constante desde el pasado verano como antes lo fue en zonas de Donostia. Las citas que ha de ofrecerles la Policía Nacional, cuerpo con competencias en materia de documentación y extranjería, son limitadas y se ha generado un tapón. Sin esa primera atención, no es posible acceder al circuito al que tienen derechos los refugiados. Asier Etxenike, uno de los portavoces de Salburuko Harrera Sarea y vestido con una camiseta de 'Inor ez da ilegala', ha manifestado que la Policía incluso ha cambiado el sistema de reparto de citas, eliminando la tramitación presencial y abocando a personas que no dominan los idiomas oficiales a trámites digitales y que, además, están sujetos a especulación porque hay un “numerus clausus” de turnos cada vez que se ponen a disposición. Es un “proceso especialmente complejo y opaco”, ha agregado su compañera Cristina Riega.

La red, que se dice inspirada en la creada en su día en Irún para atender a los afectados por las devoluciones en caliente que practica Francia en la frontera con Hendaya, hechos documentados por vez primera por este periódico en 2018, sostiene que son un “parche” que sustituye a la ineficacia de las “respuestas públicas”. Por ello, piden la “creación urgente de una mesa institucional” con el Estado, con el Ayuntamiento, con la Diputación y con el Gobierno vasco, así como con entidades sociales como CEAR o Zehar-Errefuxiatuekin, que llevan también meses encima de este asunto, al igual que otros colectivos sociales que colaboran con los malienses.

Etxenike ha recordado que, dada la alta rotación de este colectivo, “igual han llegado más de mil personas” en los últimos meses procedentes de Malí. Ha destacado su buen comportamiento, todo lo “positivo” que aportan al barrio. La red, en todo caso, lamenta que la formación de ultraderecha Vox haya usado esta realizada para sus campañas políticas xenófobas, incluso usando sin consentimiento de los migrantes sus imágenes. En paralelo, han brotado protestas por la inminente apertura en la cercana Arana de un centro de refugiados de 200 plazas.

Salburuko Harrera Sarea prepara una “asamblea abierta” en el barrio, uno de los más populosos de Vitoria después de Zabalgana o Lakua, para seguir haciendo un análisis de las “necesidades” e ir concretando las “próximas acciones”. Han pedido a las personas interesadas en sumarse a la red solidaria que contacten por redes sociales o por correo electrónico o bien que hagan aportaciones económicas en la cuenta bancaria habilitada.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que trató de deshacerse de dos paquetes de cocaína circulando a gran velocidad con un patinete eléctrico en Carabanchel, mientras era perseguido por una patrulla de agentes. Ocurrió el pasado 10 de abril en este distrito de Madrid, y ahora le acusan de un posible delito contra la salud pública.

Ese día, varios policías del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) se percataron de que un hombre circulaba a velocidad excesiva con su patinete y ponía en peligro al resto de usuarios de la vía. En un comunicado emitido por el cuerpo se explica que este hombre también ignoró las indicaciones previas que emitieron las autoridades.

En ese momento la Policía inició una persecución, momento en el que el sospechoso se deshizo de dos paquetes arrojándolos a la vía e intentó acceder a un domicilio. Sin embargo, los agentes lograron interceptarle antes, y también consiguieron recuperar los dos paquetes, los cuales se comprobó que eran dos kilos de cocaína.

Durante el cacheo del sospechoso se le incautaron más de mil euros en efectivo y, posteriormente, durante el registro de su vivienda y dos trasteros se encontraron útiles para la preparación y venta de sustancias estupefacientes. Por estos hechos, el sospechoso fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial.

El Ministerio del Interior ha expulsado del cuerpo al agente de la Policía Nacional adscrito a la comisaría de Torrent que fue condenado a dos años y un mes de prisión por un delito de estafa en concurso ideal con un delito de falsedad documental cometido por funcionario público y otro de falsedad en documento oficial. También fue condenado a inhabilitación especial durante un año y un mes para empleo o cargo público.

Francisco Javier Z. M. alcanzó un pacto de conformidad y reconoció ante el tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia que falsificó un atestado en el que denunciaba el robo de su motocicleta para cobrar 13.000 euros de indemnización del seguro.

El condenado cambió posteriormente las placas de matriculación de la moto y siguió usándola hasta que fue detectada por la Policía. El fallo reconoció la atenuante muy cualificada de reparación del daño al haber devuelto el importe de la estafa y la cantidad que la aseguradora pagó para cancelar el contrato de préstamo para la compra de la motocicleta.

El agente, según el apartado de hechos probados, “siendo plenamente conocedor de que tales hechos no habían sucedido y dicha motocicleta continuaba en su poder”, denunció el falso robo el 15 de enero de 2024, según informó el diario Levante-EMV. Todo ello, “con ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito”.

El Ministerio del Interior ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución que declara la pérdida de la condición de funcionario del agente Francisco Javier Z. M., por la pena de inhabilitación especial a la que fue condenado.

El Ministeri de l’Interior ha expulsat del cos l’agent de la Policia Nacional adscrit a la comissaria de Torrent que va ser condemnat a dos anys i un mes de presó per un delicte d’estafa en concurs ideal amb un delicte de falsedat documental comesa per funcionari públic i un altre de falsedat en document oficial. També va ser condemnat a inhabilitació especial durant un any i un mes per a ocupació o càrrec públic.

Francisco Javier Z. M. va arribar a un pacte de conformitat i va reconéixer davant el tribunal de la secció primera de l’Audiència Provincial de València que va falsificar un atestat en què denunciava el robatori de la seua motocicleta per a cobrar 13.000 euros d’indemnització de l’assegurança.

El condemnat va canviar posteriorment les plaques de matriculació de la moto i va continuar usant-la fins que va ser detectada per la Policia. La sentència va reconéixer l’atenuant molt qualificat de reparació del mal per haver tornat l’import de l’estafa i la quantitat que l’asseguradora va pagar per a cancel·lar el contracte de préstec per a la compra de la motocicleta.

L’agent, segons l’apartat de fets provats, “sent plenament sabedor que aquests fets no havien passat i aquesta motocicleta continuava en poder seu”, va denunciar el fals robatori el 15 de gener de 2024, segons va informar el diari Levante-EMV. Tot això, “amb ànim d’obtindre un enriquiment il·lícit”.

El Ministeri de l’Interior ha publicat dimarts en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la resolució que declara la pèrdua de la condició de funcionari de l’agent Francisco Javier Z. M., per la pena d’inhabilitació especial a què va ser condemnat.

Las redes sociales eran la fuente de captación de clientes de una red dedicada a estafar a extranjeros a través de los anuncios que publicaban con ofertas de empleo de empresas que resultaron ser ficticias. Su principal cabecilla es un hombre que tenía fijada su residencia temporal en Oviedo y su detencion por agentes de la Policía Nacional ha sido posible gracias a las gestiones de intercambio de información entre unidades policiales de Asturias y Galicia y en las que ha participado Interpol.

La investigación ha sido desarrollada de forma conjunta por las Brigadas de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Vigo‑Redondela y de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

La mujer ignoraba que era una víctima

La investigación se inició en Vigo cuando una mujer acudió a comisaría para realizar un trámite administrativo y los agentes detectaron durante la revisión de la documentación que los contratos y papeles que presentaba no se correspondían con un empresa real.

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado que la mujer ignoraba que había sido captada por una red y estaba siendo víctima de un entramado delictivo.

Varias empresas ficticias

Según el relato de la víctima, se había trasladado a España engañada por los responsables de esta red con el fin de utilizarla para captar nuevas víctimas, sin que ella fuera consciente de ello.

Tras tomarle declaración, los investigadores descubrieron que había varias empresas ficticias, todas vinculadas a una misma persona, que se empleaban como “carta de presentación” para atraer a interesados a través de redes sociales.

El 'pack' de falso asesoramiento

El entramado publicaba anuncios en redes sociales ofreciendo la posibilidad de trabajar en España, especialmente en el sector del transporte, aprovechando la demanda de personal cualificado. A cambio de dinero, la supuesta empresa ofrecía un “pack completo” de asesoramiento.

Entre otras actuaciones, ofrecían realizar las primeras gestiones y trámites documentales que precisaran, les prometían su asesoramiento para citas -que eran inexistentes- para exámenes de capacitación profesional como transportista en España y además les convencían de que gracias a ellos podrían acceder a una bolsa de empleo en empresas españolas solicitantes de esos profesionales.

Colaboradores en el extranjero

La estafa se completaba cuando las víctimas iniciaban los pagos desde sus países de origen con la esperanza de obtener un puesto de trabajo que nunca llegaba a materializarse.

La Policía Nacional ha identificado a tres personas relacionadas con la trama. El principal responsable residía en Oviedo y contaba con dos colaboradores en el extranjero encargados de recibir parte de los pagos efectuados por las víctimas.

Localizado y detenido

Una vez que el cabecilla fue localizado, los agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Asturias organizaron un operativo para proceder a su detención.

El arresto se produjo en el domicilio de Oviedo donde el presunto responsable de la organización se encontraba residiendo de forma temporal.

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a cuatro personas como presuntos autores de delitos contra la flora y la fauna y maltrato animal, al localizarse en el vehículo en el que viajaban una decena de erizos con lesiones traumáticas causadas con un objeto contundente.

Los hechos se descubrieron cuando la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, detectaron un vehículo que circulaba realizando maniobras extrañas en una zona de ocio de la capital.

Los agentes le dieron el alto e identificaron a sus cuatro ocupantes, los cuales mostraban en todo momento una actitud evasiva y desafiante ante los agentes. En el registro del vehículo hallaron, en el suelo de la parte posterior, una bolsa de plástico con una decena de erizos con restos de sangre y un martillo, presumiblemente utilizado para golpear a los animales.

En el maletero del vehículo viajaba también un perro de raza Braco alemán, posiblemente también utilizado para la caza de los erizos, el cual viajaba en condiciones inadecuadas de ventilación.

Traslado a un centro veterinario de urgencias

Los agentes trasladaron a los erizos a un centro veterinario de urgencias, donde fueron atendidos de las lesiones, y posteriormente fueron trasladados al centro de recuperación 'El Chaparrillo', donde se recuperarán hasta que puedan ser reintroducidos en su hábitat natural.

La efectiva labor y coordinación desempeñada entre la Policía Nacional y la Policía Local logró salvar la vida de estos animales, especie de “interés especial” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla la Mancha.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confirmado la muerte de un Policía Nacional en Guadalajara este fin de semana tras dispararse de manera accidental en una pierna con la pistola que portaba.

Este agente pertenecía al Grupo Especial de Operaciones (GEO), “estaba en una misión especial en otro cuerpo, en otras dependencias y accidentalmente se le disparó la pistola que llevaba en una pierna”. “Fue un accidente y hasta ahí es donde puedo decir”, ha remarcado.

La Policía Nacional ha detenido en Arona, en el sur de Tenerife, a un fugitivo sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega dictada por las autoridades de Polonia por más de 40 delitos contra las personas, fabricación y tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y estafa, con una pena máxima acumulada de hasta 485 años de prisión.

La investigación se inició en septiembre de 2025 tras la solicitud de colaboración de las autoridades polacas ante la posible presencia del reclamado en España, según ha informado este lunes la Policía Nacional.

El fugitivo utilizaba fuertes medidas de seguridad para evitar su localización, aunque finalmente los agentes lograron ubicarlo en el sur de Tenerife, donde residía con su mujer y sus dos hijos.

Durante el operativo, el prófugo logró evitar una primera detención al detectar la presencia policial, al huir hacia el interior del domicilio y saltar por un balcón trasero desde una altura de unos cinco metros.

Posteriormente, en febrero, volvió a eludir a los agentes tras ser localizado en un control de tráfico en el que utilizaba documentación falsa.

En esa ocasión, emprendió la huida con su vehículo y puso en riesgo a los agentes y a otros conductores y llegó a colisionar con varios coches.

Tras nuevas labores de investigación, los agentes localizaron al fugitivo oculto en una vivienda situada en una calle sin salida, lo que facilitaba su posible escape.

El arrestado permanecía en alerta constante, sin alejarse del domicilio y con la puerta de entrada abierta en todo momento.

Finalmente, el pasado miércoles, se estableció un dispositivo en el que participó el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), que permitió su detención cuando el fugitivo se encontraba paseando a su perro y trató de huir nuevamente a pie hacia la vivienda. 

El jutge instructor de l’operació Spider, que va desarticular una presumpta trama de narcotràfic a gran escala en el port de València, es resisteix que declaren, de moment, els policies encoberts que van tindre un paper clau en l’èxit de les perquisicions i en la confiscació de 3,5 tones de coca. Així consta en una provisió dictada el 15 d’abril passat pel magistrat Vicente Ríos, a què ha tingut accés elDiario.es. La defensa d’un dels pretesos capos de la xarxa va sol·licitar la testifical dels agents amb el nom en codi d’Orca, Iveco i Rande.

El titular de la Plaça número 15 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de València es remet a una resolució anterior en què recorda que es tracta de funcionaris que van actuar amb la condició d’agents encoberts, “la identitat real dels quals està en una peça separada secreta”. 

La condició dels agents Orca, Iveco i Rande, argumenta el jutge en la línia del fiscal antidroga, “imposa una cautela especial en l’adopció de diligències que puguen incidir en el règim de protecció legalment previst”.

Per això, l’instructor va sol·licitar a l’advocat del presumpte narco (i als que es van adherir a la petició) que, amb caràcter previ a resoldre sobre la pràctica de la diligència sol·licitada, es concretaren “de manera individualitzada els ”fets o els extrems específics respecte dels quals interessa la declaració de cadascun dels agents, la “rellevància concreta” de la diligència per a l’exercici del dret de defensa i les “raons per les quals la seua pràctica resulta necessària en fase d’instrucció i no pot diferir-se al plenari”, en referència a la fase de judici oral. 

D’altra banda, la provisió accepta que declaren dos agents més de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat (Udyco, pel nom en castellà) de la Policia Nacional, anotats amb les seues targetes d’identificació professional. 

Els agents encoberts, amb autorització de la fiscal en cap antidroga, Rosa Ana Morán, es van introduir en la presumpta xarxa que controlava el narcotràfic en el port de València simulant ser camioners disposats a rescatar partides de coca importants, tal com va informar aquest diari. 

Orca i Iveco —els dos agents que més profundament van penetrar la pretesa trama— van assistir a reunions dels presumptes narcos i, gràcies a la seua tasca d’infiltració, van poder establir l’estructura de la xarxa i identificar desenes d’implicats, entre ells treballadors portuaris i dos directius d’una empresa transitària que col·laboraven per a rescatar la cocaïna. 

El sumari de la causa inclou les notes interiors elaborades per la Udyco a manera de diari de bord dels policies encoberts, activats en secret per la Secció d’Activitats Especials de la Policia Nacional.

El juez instructor de la 'operación Spider', que desarticuló una presunta trama de narcotráfico a gran escala en el Puerto de València, se resiste a que declaren, de momento, los policías encubiertos que tuvieron un papel clave en el éxito de las pesquisas y en la incautación de 3,5 toneladas de coca. Así consta en una providencia dictada el pasado 15 de abril por el magistrado Vicente Ríos, a la que ha tenido acceso elDiario.es. La defensa de uno de los supuestos capos de la red solicitó la testifical de los agentes con el nombre en código de Orca, Iveco y Rande.

El titular de la Plaza número 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València se remite a una resolución anterior en la que recuerda que se trata de funcionarios que actuaron bajo la condición de agentes encubiertos, “cuya identidad real obra en pieza separada secreta”.

La condición de los agentes Orca, Iveco y Rande, argumenta el juez en la línea del fiscal antidroga, “impone una especial cautela en la adopción de diligencias que puedan incidir en el régimen de protección legalmente previsto”.

Por ello, el instructor solicitó al abogado del presunto narco (y a los que se adhirieron a la petición) que, con carácter previo a resolver sobre la práctica de la diligencia solicitada, se concretaran “de forma individualizada los ”hechos o extremos específicos respecto de los cuales interesa la declaración de cada uno de los agentes, la “relevancia concreta” de la diligencia para el ejercicio del derecho de defensa y las “razones por las que su práctica resulta necesaria en fase de instrucción y no puede diferirse al plenario”, en referencia a la fase de juicio oral.

Por otro lado, la providencia acepta que declaren otros dos agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, anotados con sus tarjetas de identificación profesional.

Los agentes encubiertos, con autorización de la fiscal jefa antidroga, Rosa Ana Morán, se introdujeron en la presunta red que controlaba el narcotráfico en el Puerto de València simulando ser camioneros dispuestos a rescatar importantes alijos de coca, tal como informó este diario.

Orca e Iveco —los dos agentes que más profundamente penetraron la supuesta trama— asistieron a reuniones de los presuntos narcos y, gracias a su labor de infiltración, pudieron establecer la estructura de la red e identificar a decenas de implicados, entre ellos trabajadores portuarios, y a dos directivos de una empresa transitaria que colaboraban para rescatar la cocaína.

El sumario de la causa incluye las notas interiores elaboradas por la Udyco a modo de diario de a bordo de los policías encubiertos, activados en secreto por la Sección de Actividades Especiales de la Policía Nacional.

Un seguidor de la Real Sociedad ha resultado herido y ha precisado de tres puntos de sutura en los momentos previos a la final de la Copa del Rey que se disputa en Sevilla. Según ha informado la Cadena Ser, ha recibido la coz de un caballo. Los antidisturbios de la Policía Nacional utilizan estos animales en sus operativos en grandes eventos.

La final del campeonato de España de fútbol ha arrancado con una sonora pitada de buena parte de la hinchada donostiarra al jefe del Estado, el rey Felipe VI, y al himno español. RTVE, en su retransmisión, ha bajado el sonido ambiente para disimular las protestas. Otra parte del estadio ha coreado y aplaudido la marcha real.

Felipe VI está presidiendo el partido acompañado de la ministra Milagros Tolón, del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y del lehendakari, Imanol Pradales. La madrileña Isabel Díaz Ayuso ha llegado con media hora de retraso, cuando el marcado estaba ya en 1-1, según fuentes presentes en el palco. Desde Donostia se han desplazado también el alcalde, Jon Insausti, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, y otros consejeros del Gobierno vasco. La grada donostiarra ha exhibido un gran mural en memoria de Aitor Zabaleta, seguidor asesinado en 1998 precisamente por un ultra del Atlético de Madrid.

Un operativo conjunto entre Policía Nacional y Guardia Civil ha permitido desarticular en Sevilla a una organización criminal que se dedicaba a la distribución y venta de droga. La investigación se ha saldado con 17 detenidos y 3.370 kilos de hachís, 288 kilos de cocaína y seis armas de guerra incautadas. La banda contaba con “guarderías” y “buzones” en Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz para guardar y distribuir las sustancias. 

La operación “Itálica 153 Legs/Avant”, como ha sido llamada por las autoridades, tenía su sede principal en la provincia de Sevilla, si bien contaba con puntos para esconder la droga, conocidos coloquialmente como “guarderías”, y otros puntos de entregas o “buzones” en el resto de provincias de Andalucía occidental. En un principio, Guardia Civil y Policía Nacional mantenían investigaciones abiertas en paralelo pero, tras la unificación, se permitió conocer a todos los integrantes del grupo criminal y averiguar sus roles específicos. 

Su modus operandi destacaba por el uso de vehículos en funciones de lanzadera, que tenía como objetivo detectar con antelación los dispositivos operativos policiales y garantizar la seguridad del vehículo de carga hasta su destino final. La gran movilidad e itinerancia de los narcotraficantes, hizo que los investigadores se vieran obligados a precipitar una primera fase de explotación durante el transcurso de uno de los “narcoviajes”, lo que permitió la interceptación simultánea de los detenidos en las provincias de Almería, Murcia y Sevilla. 

Como consecuencia se ha desarticulado la banda y se han detenido a 17 personas, de los cuales a 12 se les ha decretado el ingreso en prisión provisional. Por otro lado, se han incautado un total de 3.370 kilos de hachís y de 288 de cocaína y se han intervenido seis armas de guerra, entre las que hay cuatro subfusiles “Skorpion” con silenciadores y dos fusiles de asalto “AK-47”, todos ellos con munición. 

Entre el total de la droga incautada durante la investigación, destaca la intervención de 500 kilos de hachís en Jerez de la Frontera (Cádiz) y otros 720 kilos en Burgos. Asimismo, la investigación ha podido demostrar que la red logró mover un volumen aproximado de 285 fardos, con unos 9.400 kilogramos de hachís, entre los meses de octubre de 2025 y enero de 2026. 

El operativo ha sido desarrollado y ejecutado de forma conjunta por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Guardia Civil de Sevilla, la Sección de Crimen Organizado de la UDYCO Costa del Sol de Málaga y el GRECO de Cádiz, perteneciente a la Brigada Central de Policía Judicial de Policía Nacional. 

No ha habido éxito a pesar de los esfuerzos personales, materiales y el tiempo que se ha invertido en la búsqueda de la asturiana Mari Trini Suardíaz, de 23 años, y de su hija Beatriz, de 13 meses, que desaparecieron hace 39 años después de que la mujer denunciara por maltrato a su marido y padre de la menor, Antonio María Da Silva, conocido por el apodo de 'El Portugués'.

La falta de pistas sobre su paradero ha llevado a la jueza de instrucción número 4 de Gijón/Xixón, Ana López Pandiella, a adoptar la decisión de decretar el sobreseimiento provisional de la causa.

No obstante, al no haber declarado su archivo, la causa podría volver a reabrirse en un futuro si aparecen indicios sólidos que faciliten su reapertura.

Las declaraciones de testigos

Antonio María Da Silva se ha enrocado en un silencio que impide a los investigadores policiales avanzar en este expediente, uno de los más difíciles a los que se han enfrentado.

En estas casi cuatro décadas, de forma discreta la investigación ha seguido su curso y no han decaído los ánimos para seguir cualquier hilo que mereciera la pena comprobar: desde recopilar y verificar los testimonios directos de vecinos que aseguraban haber visto a 'El Portugués' arrojar sus vehículos por un precipicio, a buscar en sus antiguas viviendas, en Asturias y León, a intentarlo sin desmayo en el pozo de una antigua mina cercana a los acantilados de la localidad riosellana de Berbes, donde estaban los vehículos que había tirado desde una altura de 40 metros al barranco.

La búsqueda se reanudó el año pasado a petición de los integrantes de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de Gijón/Xixón que no han cejado en su empeño en llegar a despejar la incógnita sobre qué ocurrió con ambas mujeres.

El silencio del sospechoso

La imposibilidad de hacer que el marido de Mari Trini aporte aunque sea el más mínimo detalle sobre ellas es el principal obstáculo para que avance una investigación en la que la Policía Nacional se ha volcado.

A pesar del tiempo transcurrido, su causa jamás quedó olvidada en un cajón de la Comisaría. Todo lo contrario. Este misterioso caso de desaparición les ha provocado a los investigadores policiales más de un quebradero de cabeza.

El último intento por localizar a Mari Trini y a su hija fue la búsqueda en el pozo de Berbes y al no dar resultado positivo de momento el caso volverá al cajón.

Sin independencia económica

Mari Trini, originaria de Barzana, en el concejo asturiano de Villaviciosa, fue vista por última vez junto a su bebé en Matadeón de los Oteros, un pueblo situado a unos 40 kilómetros de León, adonde se habían trasladado con 'El Portugués' y donde los vecinos conocían a su esposa con el nombre de Teresa.

Una vecina había alertado de que se había encontrado un papel, lanzado desde una ventana, en el que una mujer alertaba de que estaba retenida en esa casa en contra de su voluntad. Hace 39 años, denunciar a su marido por maltrato no debió ser una cuestión fácil para esta asturiana que no tenía independencia económica y seguía residiendo bajo el mismo techo que su presunto maltratador.

Del cuartelillo a casa

Un hecho incuestionable es que el marido, tras ser detenido, fue trasladado al cuartelillo y de ahí, de nuevo, a su casa familiar ubicada en ese momento en la localidad leonesa de Matadeón de los Oteros. A partir de la denuncia, no se les volvió a ver en el pueblo.

El día en que Mari Trini acudió a declarar en la Audiencia Provincial de León, con su bebé en brazos, por la denuncia contra 'El Portugués' por sendos delitos de retención ilegal y maltrato, fue la última imagen de ambas mujeres vivas.

En una residencia de mayores

Antonio Da Silva vive actualmente tranquilo y sin muchos sobresaltos policiales, ni judiciales en una residencia de mayores en León. Su obstinación por guardar silencio ya no es una novedad para los investigadores.

El caso se archivó ya en dos ocasiones anteriores y se había reabierto el año pasado con la esperanza de encontrar alguna pista en el pozo de la antigua mina de Berbes, en la costa asturiana. En esta ocasión, el matiz del sobreseimiento provisional podría llevar a albergar esperanzas de que en un futuro, más o menos cercano, pudiera resolverse la eterna duda que planea sobre los investigadores: ¿Dónde están Mari Trini y Beatriz?.