Un juez de Barcelona ha admitido a trámite la querella del colectivo independentista Acció Cassandra y ha ordenado a la Policía Nacional y a los Mossos d'Esquadra “identificar” a los respectivos jefes de operativo que comandaron la expulsión de cantantes de la Sagrada Familia en la visita del Papa León XIV por llevar simbología independentista.

La Policía Nacional expulsó el 10 de junio a unos 600 cantantes que iban a protagonizar el cierre musical de la misa del papa en la Sagrada Família ante el temor de que algunos de sus miembros cantaran el himno de Catalunya, Els Segadors, y mostraran símbolos independentistas, algo que no estaba previsto en el programa acordado con el templo y los organizadores de la visita papal.

Según explicaron algunos cantantes del coro, diversos integrantes introdujeron dobladas entre sus partituras esteladas para exhibir en algún momento del acto. Junto a las enseñas que escondían algunos de estos cantantes, tenían un texto que proponía desplegarlas durante la interpretación del canto del Virolai y cantar a continuación Els Segadors.

En su auto, el juez Santiago García ordena tomar declaración a cuatro de los cantantes del coro como testigos e indagar en el operativo policial antes de investigar a cualquier mando.

El magistrado ha requerido a los Mossos y la Policía que identifiquen a los respectivos jefes de operativo (al ser un acto con presencia del rey Felipe, la seguridad en el interior de la Sagrada Família correspondía a la Policía, mientras que en el exterior recaía en los Mossos) así como la “cadena de mando que ordenó el encapsulamiento exterior y confinamiento de la cantoria” tras su expulsión de la basílica.

El presidente de Acció Cassandra y abogado, Lluís Gibert, ha destacado la importancia de la admisión a trámite de su querella porque confirma que los hechos denunciados “no son una exageración política, ni una simple polémica organizativa, sino unos hechos lo suficientemente graves para merecer una investigación penal con todas las garantías”.

La investigación judicial que acaba de arrancar en la Audiencia Nacional sobre la crisis de Ceuta incluirá el análisis de la reacción de las autoridades españolas a la entrada de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El auto de apertura dictado por la jueza María Tardón este lunes advierte de que “habrán de investigarse todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español relacionadas con la entrada masiva e irregular de decenas de miles de inmigrantes”.

En este punto, Tardón incluye el análisis sobre “la articulacion de adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva”.

El informe sobre el basa su auto la jueza, del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), incluye en sus anexos las alertas que el organismo lanzó. En total, nueve notas entre el 8 de julio y el 4 de agosto de las que se desconoce su literal íntegro y que, por ahora, permanecerán bajo el secreto adoptado para las actuaciones.

Según reveló elDiario.es, la Guardia Civil ha incluido en el informe que le requirió la magistrada Tardón que ninguno de los comentarios vertidos por otras agencias, fuerzas de seguridad o servicios de Información en los días precedentes a través de los foros de cooperación en la lucha contra la inmigración irregular permitió presagiar la cantidad de personas que accedió finalmente a nado los días 30 y 31 de julio.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegó a decir el 4 de septiembre, en referencia a los miembros del Gobierno: “Ellos lo sabían. Ellos lo taparon. Tenían los avisos. Lo ignoraron deliberadamente y sin remordimientos”. Y apostilló: “Primer aviso: todo se sabrá. Todo. Segundo: habrá consecuencias políticas y judiciales”.

El futuro de la causa judicial en la Audiencia Nacional es incierto. La responsabilidad penal de los delitos que recoge Tardón en su auto debe recaer sobre personas físicas, ya sean los gendarmes o miembros de los servicios de Información marroquíes que pudieran llegar a ser identificados en las imágenes de redes sociales de los que se sirve la Policía y la jueza. Lo mismo ocurriría de poder determinarse una “autoría intelectual” que estuviera por encima de todos ellos.

En el caso de que encontrara responsabilidad en la falta de previsión por encima de los mandos policiales y esta alcanzara a los miembros del Ejecutivo central la causa pasaría al Tribunal Supremo, ante el que están aforados.

El auto de apertura dictado por la jueza María Tardón asume la tesis policial que da por acreditada la participación de agentes de las Fuerzas de Seguridad del país vecino por omisión, dejando pasar a los migrantes, o por acción, guiándolos y organizando la marcha y el paso de la frontera con España. Como ya hiciera la Policía en su informe “de inteligencia”, Tardón no menciona de forma expresa al Gobierno de Marruecos y, al tiempo, descarta cualquier posible autoría distinta a la de Rabat.

De los cinco niveles de organización de los que habla la Policía, y que Tardón reproduce, la jueza afirma que en el quinto —el más alto, que corresponde a la “dirección”— solo puede estar algo o alguien con “una alta capacidad de influencia” en varios ámbitos e instituciones: “en las redes sociales, en personas vinculadas a las fuerzas de Seguridad de Marruecos y en personas o instituciones con la capacidad y experiencia necesaria para formar parte del nivel de planificación del proceso”. Y como hace el Centro Nacional de Información y Fronteras (Cenif), a partir del análisis de imágenes y vídeos de las redes sociales, descarta que cualquier mafia de la inmigración haya adquirido tanto poder.

La magistrada recurre en su auto a afirmaciones del presidente del Gobierno, que no estaban en la denuncia que ha dado origen a la causa, y obvia otras de Pedro Sánchez. Las frases que utiliza la magistrada son las que el jefe del Ejecutivo pronunció en su visita a Ceuta el 31 de julio. “Como bien señaló el presidente, quien definió los hechos como 'un ataque, una violación de la integridad territorial de España' (...) Y ello, mediante un flujo migratorio masivo que constituye uno de los métodos característicos de la 'guerra híbrida' o 'zona gris', con la finalidad de alterar la vida y derechos de ciudadanos españoles”, continúa la jueza aludiendo a las palabras del presidente del Gobierno.

Tardón, sin embargo, no escoge otras afirmaciones de Sánchez y otros miembros del Gobierno como que detrás de la decisión de miles de personas para abordar la frontera por vía marítima estaba la reciente sentencia del Tribunal Supremo que establecía que, ante la ausencia de elementos de disuasión en el mar, los migrantes que entraran a nado no podían ser devueltos de inmediato a Marruecos. La jueza la recoge como uno más de los factores dentro de la campaña de viralización de los mensajes en redes que llamaban a la movilización.

Esta tesis, la del 'efecto llamada' por la sentencia, fue la que manejaban los servicios de Información el día 31. Y es la explicación que tenían preparada los máximos responsables de las Fuerzas de Seguridad marroquíes y que ofrecieron a sus colegas españoles cuando estos les telefonearon en las primeras horas que siguieron al asalto masivo, según trasladaron a elDiario.es fuentes de la seguridad del Estado.

Al igual que hiciera la Policía, Tardón alude al argumento de la sentencia como una suerte de coartada para encubrir el verdadero motivo para organizar la entrada, que no fue otro que desestabilizar el “control de las fronteras exteriores de España”, su “seguridad pública” e incluso el “funcionamiento ordinario de sus instituciones y servicios públicos”, recoge el auto.

Gendarmes marroquíes y agentes de paisano

De los cinco niveles de organización del asalto que describe la Policía, uno tiene especial relevancia para apuntar en la dirección de la autoría intelectual marroquí. Se trata del tercero, “en el que se centran los organizadores del flujo de personas sobre el terreno” y donde la Policía y la magistrada detectan dos tipos de sujetos activos: los gendarmes uniformados y otros “agentes dinamizadores sobre el terreno”, con ropa de calle.

La magistrada también descarta que los agentes que dejaron pasar a los migrantes, o los que los guiaban, actuaran de forma espontánea. Tardón detecta “la extraordinaria capacidad de movilización por fases de un volumen muy grande de personas, así como por el escalonamiento en el acceso de perfiles que entran irregularmente en territorio español en cada una de esas fases [primero los jóvenes marroquíes, luego las familias y en tercer lugar los subsaharianos]; algo difícilmente realizable sin una planificación previa”.

La Policía Nacional ha detenido en Telde (Gran Canaria) con la colaboración de un vigilante de seguridad a un hombre de 21 años al que se acusa de haber apuñalado a otro en la pierna para robarle el teléfono móvil.

Los hechos ocurrieron este domingo sobre las 18.30 horas, cuando el 091 recibió el aviso de que se había producido un altercado en el parque de Arnao y de que un vigilante tenía retenido a uno de los implicados.

Según las manifestaciones de la víctima, el detenido le exigió que le entregara su teléfono mientras lo amenazaba con un cuchillo.

Ante su negativa, ambos comenzaron una fuerte discusión y, durante el forcejeo, la víctima recibió una chuchillada en un muslo.

En ese momento, un vigilante de seguridad intervino para separar a los dos hombres, pero el presunto autor de los hechos entregó el cuchillo a un conocido para que lo hiciera desaparecer.

Gracias a la colaboración de un testigo, los agentes hallaron el arma escondida debajo de un palé de madera.

La víctima fue atendida por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar y luego trasladada a un hospital.

Las estafas que circulan a través de WhatsApp siguen adaptándose a funciones habituales de la aplicación para intentar engañar a los usuarios. En algunos casos, los delincuentes aprovechan herramientas que forman parte del uso cotidiano de la plataforma y las convierten en el punto de partida de una situación que busca presionar a su víctima. Según la Policía Nacional, una de las últimas estafas utiliza fotografías de visualización única para iniciar el contacto con la víctima.

Este tipo de imágenes 'efímeras' desaparece después de abrirse y, precisamente por eso, puede despertar más curiosidad cuando llega desde un número desconocido. El contenido no es el objetivo final del fraude, sino un recurso para provocar una reacción y conseguir que el destinatario continúe pendiente de la conversación. A partir de ahí, los responsables intentan generar una sensación de culpa y urgencia que facilite la extorsión posterior.

La clave está en no actuar por impulso ante archivos o mensajes que llegan sin contexto. La recomendación pasa por desconfiar de fotografías, vídeos, enlaces o documentos enviados desde números que no se reconocen y evitar responder a conversaciones sospechosas. Si el contacto ya ha sido iniciado y aparecen amenazas o peticiones de dinero, lo aconsejable es cortar la comunicación, no pagar y utilizar las herramientas de bloqueo y reporte disponibles en WhatsApp.

El engaño empieza con una foto que solo puede verse una vez

El fraude comienza cuando una persona recibe una fotografía de visualización única desde un número que no figura entre sus contactos. Normalmente, no hay una explicación previa que permita saber qué contiene el archivo, y esa falta de contexto forma parte del propio engaño. La intención es provocar el impulso de abrir la imagen antes de pensar si tiene sentido hacerlo o quién puede estar detrás del envío.

Una vez visualizada, la fotografía suele mostrar contenido sensible, comprometido o íntimo. Ese material no tiene por qué pertenecer a quien ha enviado el mensaje y sirve únicamente para preparar la siguiente fase. Cuando el remitente comprueba que la imagen se ha abierto, vuelve a escribir y asegura que la mandó por error. A partir de ese momento, el tono cambia y la conversación deja de parecer un simple envío equivocado.

El siguiente paso consiste en responsabilizar al destinatario por haber visto el contenido. La acusación parte de una idea falsa: presentar como una conducta indebida el hecho de abrir una fotografía que el propio desconocido ha enviado de forma voluntaria. Con ello se intenta generar inseguridad y hacer creer a la víctima que ha cometido algo reprochable, aunque la situación haya sido provocada desde el principio por quien está detrás del fraude.

Después aparece la extorsión. El delincuente suele amenazar con presentar una denuncia, tomar represalias o provocar algún tipo de consecuencia si no recibe un dinero a cambio. La presión busca aprovechar el desconcierto y conseguir que la persona actúe antes de analizar lo ocurrido. El contenido inesperado, la acusación y la exigencia económica se utilizan así de forma encadenada para aumentar el miedo y reducir el margen de reacción.

El funcionamiento de esta modalidad se apoya principalmente en la manipulación psicológica. Primero se utiliza la curiosidad para lograr que la imagen se abra y, después, la culpa y el miedo para mantener la conversación activa. El estafador necesita que la víctima responda, se justifique o acepte la idea de que ha hecho algo incorrecto. Por eso, entrar en explicaciones o intentar razonar con quien envía las amenazas solo prolonga una situación creada para ejercer presión.

Cuando la extorsión es a tus contactos

En los últimos días, la Policía Nacional también ha alertado de otra modalidad de estafa que aprovecha las vulnerabilidades de los dispositivos móviles para acceder a una cuenta de usuario en WhatsApp. En concreto, el atacante explota los fallos de seguridad del móvil por carecer de la versión más actualizada del sistema operativo y logra utilizar la aplicación al mismo tiempo que su víctima sin que ella se dé cuenta.

Una vez obtenido el acceso a WhatsApp, los ciberdelincuentes pueden enviar mensajes a los contactos de familiares solicitándoles dinero para hacer un pago en concreto o a través de una transferencia bancaria. Al manipular la aplicación, los atacantes logran interactuar con los familiares sin que la víctima vea reflejada esas mismas conversaciones en su dispositivo.

Qué conviene hacer si te llega uno de estos mensajes

La principal medida preventiva es no abrir imágenes, vídeos, archivos ni enlaces que lleguen desde contactos desconocidos. En el caso de las fotografías de visualización única, su carácter efímero puede aumentar la curiosidad porque solo existe una oportunidad para verlas. Precisamente por eso, conviene no dejarse llevar por ese impulso y desconfiar de cualquier contenido inesperado que aparezca sin una explicación clara.

También es recomendable no responder a mensajes sospechosos aunque, en un primer momento, parezcan inofensivos. Contestar confirma al remitente que el número está activo y puede facilitar que el contacto continúe. Si la fotografía ya se ha abierto y comienzan las amenazas, no conviene discutir, explicar por qué se vio el archivo ni intentar convencer a la otra persona de nada. Mantener el intercambio solo da más oportunidades para seguir presionando.

Si aparece una petición de dinero, la recomendación es no realizar ningún pago ni aceptar las condiciones planteadas. La estrategia del fraude consiste precisamente en generar urgencia para conseguir una reacción rápida. Salir de esa dinámica implica detener la conversación, bloquear el número y reportarlo dentro de WhatsApp, evitando cualquier nueva interacción con la cuenta desde la que se están enviando los mensajes.

La actuación recomendada cambia poco aunque el engaño ya haya avanzado. Si la imagen se abrió, eso no obliga a seguir participando en la conversación ni a responder ante las amenazas. Cortar el contacto evita que el estafador siga utilizando la culpa como herramienta de presión, mientras que el bloqueo impide que continúe escribiendo desde ese número y el reporte permite señalar la cuenta dentro de la propia plataforma.

La advertencia principal consiste, por tanto, en no reaccionar de manera inmediata ante contenidos inesperados enviados por desconocidos. Si la fotografía no se abre, el fraude pierde el recurso que utiliza para iniciar la acusación. Y si ya se ha visualizado, la mejor respuesta sigue siendo no pagar, no negociar y no mantener el contacto. El engaño depende en buena medida de que la víctima continúe participando en una conversación diseñada para generar miedo y conseguir dinero.

La Policía Nacional de Albacete ha llevado a cabo una investigación que ha culminado con la detención de doce personas integrantes de una organización criminal dedicada a la distribución de cocaína en las provincias de Albacete y Cuenca, operación en la que ha tenido también una participación destacada la Guardia Civil.

Desarrollo de la investigación

La investigación tuvo su punto de partida en el mes de noviembre del año 2025 cuando la Policía Nacional recibió información sobre la presunta actividad ilícita desarrollada por un grupo de personas asentadas en la localidad de Albacete. Estos individuos traficaban con cocaína en cantidades notorias, abasteciendo puntos de venta de droga de diversas localidades de la provincia.

Tan pronto se iniciaron las pesquisas, los investigadores se percataron de la complejidad que revestía la investigación ya que los miembros de la organización extremaban al máximo las medidas de seguridad con la finalidad de detectar si estaban siendo investigados. Este hecho, obligó a los investigadores a implantar medidas de investigación para la obtención de información referente a la actividad ilícita desarrollada por los miembros de la organización.

Conforme avanzaba la investigación se fue descubriendo una organización compleja y jerarquizada, con un claro reparto de tareas y asignación de roles, según ha informado la Policía en nota de prensa.

En el escalón más bajo de la organización se encontraban los distribuidores de droga, siendo estos traficantes de sustancias estupefacientes afincados en Albacete capital y en diferentes pueblos de las provincias de Albacete y Cuenca, como son La Roda, Casas de Juan Núñez, Mahora, Quintanar del Rey y Villanueva de la Jara.

Esta fase de la investigación, centrada en los puntos de venta de droga en diferentes localidades manchegas, se desarrolló junto con agentes de la Guardia Civil.

Sorprendidos 'in fraganti'

A finales de agosto, los investigadores detectaron que la organización criminal se encontraba preparando una importante operación de aprovisionamiento de droga de cara al inicio de la feria de Albacete.

Es por ello, que la Policía Nacional y la Guardia Civil llevaron a cabo un dispositivo policial conjunto que permitió la interceptación de un vehículo cargado con 4,5 kilogramos de cocaína, sorprendiendo 'in fraganti' a dos miembros de la organización en el interior de un taller, cuando estaban procediendo a extraer la droga de un compartimento oculto del vehículo en la que era transportada.

La cocaína intervenida hubiera supuesto decenas de miles de dosis para su consumo durante la Feria de Albacete, según trasladan desde la Policía Nacional.

Esta intervención policial fue el punto de inicio de un amplio dispositivo policial desplegado en diferentes localidades de las provincias de Albacete, Cuenca y Alicante, donde se llevaron a cabo nueve registros y la detención de otras diez personas integrantes de la organización criminal desmantelada.

Como resultado de la operación policial se incautaron las siguientes cantidades de drogas: 4.800 gramos de cocaína, 42 gramos de hachís, 245 gramos de marihuana, 6 básculas de precisión, 15.000 euros en efectivo y cinco vehículos.

El Club Esportiu Europa ha denunciado una actuación “desproporcionada” de la Policía Nacional contra un aficionado que llevaba una estelada en Alcorcón (Madrid) este domingo. Según ha expresado el equipo en X, durante el inicio del partido, un aficionado ha mostrado una bandera y los agentes “le han cogido por el cuello, le han tirado al suelo y lo han golpeado”.

También denuncian que le han requisado la estelada, le han obligado a “decir que era español” y le han amenazado con una posible sancion en aplicación de la ley del Deporte.

El club ha calificado la actuación de “inadmisible” y ha asegurado que el aficionado se identificó ante los agentes y que “en todo momento” siguió sus indicaciones. Después de los hechos, los seguidores europeístas han decidido abandonar la grada visitante “en solidaridad” con el joven.

Este lunes, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha dicho que desde la delegación han pedido explicaciones a los estamentos pertinentes sobre los hechos y ha asegurado que la información recibida “no coincide con la expresada en el comunicado por el club”.

Prieto ha pedido “pruedencia para evitar conclusiones precipitadas” y ha recordado que cualquier persona que considere que sus derechos han sido vulnerados “puede ejercer las vías de denuncia que considere oportunas”.

Por su parte, los partidos independentistas también han reaccionado a la denuncia del club. Los alcaldables de Junts y ERC, Jordi Martí y Elisenda Alamany, han condenado la actuación del agente. “Basta de agresiones y de impunidad”, ha reclamado el juntaire en X, mientras que la republicana ha considerado los hechos como “inaceptables”. Los hechos también han hecho reaccionar al expresident Puigdemont que, a través de X, ha lamentado la “ola neonazi de la policía española” y la “represión estructural de cualquiera que sea catalán”.

Esta denuncia del Europa se da dos semanas después de que a un aficionado del Barça en Elche le fuera requisada una estelada después de ser golpeado por agentes de la Policía Nacional. En ese caso, el cuerpo ya anunció que investigará los hechos. El Barça respondió suspendiendo el homenaje en el Camp Nou a los jugadores blaugrana que forman parte de la selección española y lo cambió por un “acto de exaltación de la estelada”.

Vuelve del gimnasio, ve a otra periodista frente a su casa y le lanza una mirada triste, de resignación. Se ha dado cuenta de que observa el garaje quemado junto a la entrada, al lado de las escaleras. Luego levanta un poco los hombros, como quien dice “qué le vamos a hacer”. Pero conforme empieza a hablar, su discurso va moviéndose hacia la rabia. “Toda la mañana, y ayer durante todo el día, han estado por aquí las televisiones, policías, bomberos, ambulancias... No me importa hablar, pero si tiene que servir para algo que sea para que no vuelvan a permitir guardar bicicletas con este tipo de baterías en un edificio donde vive gente”, se desquita esta vecina de la calle Canarias (Arganzuela), donde todavía huele a humo 48 horas después del incendio de un garaje de riders que se cobró la vida de un joven de 26 años.

Ella ha pedido no mencionar su nombre, ya que el dueño de ese aparcamiento bajo su casa es también vecino en el mismo bloque. Lo llama Pepe y dice que se conocen, se han visto varias veces. “Él siempre nos ha dicho que lo tiene todo legal y, como es abogado, supongo que controla esos temas”, afirma la vecina, al otro lado de la verja por la que el domingo pasado comenzó a salir el humo. Los miembros de Emergencias Madrid que acudieron al aviso confirmaron, poco después, que esta planta baja se utilizaba para guardar bicicletas eléctricas. Pese a lo que el propietario aseguró a esta vecina, siempre según su relato, lo cierto es que ya a finales del año pasado recibió un aviso para retirar las baterías de carga.

Un informe de los bomberos, con fecha del 22 de diciembre de 2025, había levantado sospechas sobre los acumuladores para bicis que se guardaban en el sótano, un lugar frecuentado por repartidores de Glovo y, en general, empresas de delivery. “No sabemos ni lo que hay dentro, solo sé que hay una bajada y en el lateral derecho, unos trasteros”, continúa la vecina desde el portal. Después del expediente abierto en diciembre, agentes de la Policía Municipal se presentaron en la estancia y retiraron las baterías, según fuentes de este cuerpo policial a consultas de Somos Madrid. Esto ocurrió en enero, pero los generadores volvieron a reponerse y el local continuó funcionando. Así que en abril partieron en una segunda visita y volvieron a retirar todo el material con riesgo de inflamación.

El local estaba denunciado por la Policía e incumplía la sanción

Antes se había informado de la situación a la Agencia de Actividades, un organismo municipal que gestiona las licencias urbanísticas de los negocios en la ciudad. Sin embargo, una vez allí descubrieron que las baterías volvían a estar respuestas y esta vez, según las mismas fuentes policiales, se intervinieron y se llevaron hasta el Almacén de la Villa. Este es un depósito público en Vicálvaro que guarda aquellos muebles o enseres en desuso o que han sido retirados de la vía pública. También acabaron allí estos materiales requisados, aunque no fue suficiente.

En junio, un par de meses antes del incendio, se produjo la tercera inspección en el garaje de riders: ni para ese momento había cesado su actividad. Según confirman los agentes, el hombre trató de emitir una declaración responsable para mantener el bajo como hasta ahora, pero esta se determinó incapaz. Esto, fuera de términos jurídicos, quiere decir que el denunciado intentó alegar que se cumplían los requisitos mínimos, aunque inspección in situ constató que no era así. Las autoridades indican que la Agencia de Actividades lo denunció luego por ejecución forzosa, en un intento de hacer cumplir los anteriores avisos.

“Ese sitio no cumplía las condiciones para este tipo de actividades”, resuelven desde la Policía Municipal, algo que según toda esta secuencia de trámites ya se sabía antes de que explotaran dos baterías y tuviera que morir una persona. Dos días después en la calle Canarias, próxima a la estación de Metro de Palos de la Frontera, el tramo afectado ya parece más vacío. El aspecto del garaje y, sobre todo, el olor a quemado que llega a pocos metros de distancia, aún llama la atención de algunos paseantes que este martes por la tarde cruzaban la acera. En el número 11, otro bloque de viviendas unos pasos más allá, el barrendero debatía con un hombre que iba a subir al edificio.

"Esto está siempre lleno de chavales más o menos de su edad, que llegan con sus mochilas de Glovo y entran al garaje. Luego pueden pasar horas dentro hasta que les ves salir

Violeta — Vecina de la calle Canarias

“La prensa dice que había 13 dotaciones de bomberos, pero yo no vi tantas. Serían unas tres, o cuatro, y sobre todo muchas ambulancias”, recuerda el segundo de ellos, que trató de bajar a ver lo que ocurría cuando llegó el tufo del incendio y comenzaron a oírse sirenas. Sin embargo, los agentes que ya había desplegados en la zona le frenaron en seco, pidiéndole volver a casa por seguridad y para no inhalar humos tóxicos. Habían explotado dos baterías y eso había iniciado las llamas en el garaje de al lado, donde más de un centenar de bicicletas se quemaron en el fuego. “Si llega a haber más bicis todavía, aquí explota todo”, coinciden ambos.

El joven fallecido tenía 26 años y era de origen bangladesí, según confirmaron las autoridades después de notificar su muerte. Aunque la mayoría de los vecinos consultados mencionaban a Glovo al recordar la empresa para la que trabajaba, lo cierto es que de momento esto no se ha confirmado. En los alrededores de este bloque nadie parece tener claro cómo funciona el negocio. La Policía Nacional, que ha tomado las riendas de la investigación, tampoco desvela avances en las pesquisas, aunque los vecinos afirman que el garaje no lo gestionaba directamente su dueño: en teoría, lo alquilaba a otras empresas y particulares o también a “restaurantes de la zona”, que según ellos utilizaban los trasteros laterales para guardar material.

Desde el área municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que gestiona este tipo de licencias, aseguran que las primeras denuncias sobre el local fueron las de los bomberos, en diciembre, y que después de eso el dueño recibió una orden de cese de la actividad. Como no la cumplió, el consistorio puso en marcha la ejecución forzosa del negocio y se estableció una primera multa al propietario el pasado 31 de julio, de 1.000 euros en total según detallan fuentes municipales. “Al ser una actividad ilegal, no tenemos información de las condiciones o baterías qua había en el interior”, sentencian desde el departamento que dirige Borja Carabante.

Aunque la entrada ya no está precintada, a esas horas la cancela sigue cerrada a cal y canto. Entre la verja y la entrada principal, a la izquierda de una escalera que sube hasta el recibidor para viviendas, aún quedan tres bicicletas medio calcinadas que nadie ha venido a reclamar, o al menos no parece que hayan podido llevárselas. Violeta, una mujer que también reside en esa calle y vio los hechos desde su ventana, sostiene que fue justo debajo de su casa donde los sanitarios de Samur-Protección Civil trataron, sin éxito, de conservar su vida.

“Algunos dicen que vivía allí, aunque eso no lo tenemos claro. Pero no me extrañaría, ya que esto está siempre lleno de chavales más o menos de su edad que llegan con sus mochilas de Glovo, entran al garaje y pueden pasar horas dentro antes de salir”, mantiene. La sección de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, el sindicato mayoritario entre los trabajadores de Glovo en Madrid, confirma su sospecha de que detrás de esta tragedia pueda haber alguien “en situación administrativa irregular”.

Los “trabajadores invisibles” de un sector golpeado

Aunque la federación madrileña de Comisiones Obreras no ha podido constatar que el fallecido trabajara directamente para esta empresa de reparto, recuerda que la capital está llena de “trabajadores invisibles” que “alquilan una cuenta” para tener donde dejar su herramienta de trabajo, que deben aportar y asegurarse ellos mismos. “El lunes [horas después del incendio] estaban aquí todos apelotonados, viendo si les dejaban cruzar el cordón policial para ir a recoger sus bicicletas. Los que habían llegado cuando se llevaron el cuerpo se veían muy afligidos, casi les faltó hacer un minuto de silencio por su compañero”, reseña Violeta, recordando las últimas horas en su barrio.

“Yo allí solo he visto entrar a gente joven, unos 30 años arriba o abajo, generalmente pobre de origen bangladesí o pakistaní”, relata la vecina, que recuerda la estructura laberíntica del garaje descrita por los bomberos después del suceso: la compleja disposición entre instalaciones fue una de las causas que complicaron el control del incendio y el posterior rescate de la víctima, de la que sí se ha confirmado que era un repartidor a domicilio aunque sin especificar quién lo contrataba.

De hecho, este sector suele saltar a la actualidad por las sanciones o denuncias a las principales compañías, especialmente por el uso de falsos autónomos para completar sus plantillas. Precisamente unas semanas antes del incendio que se cobró la vida de este joven, cuyo nombre no ha trascendido aún, se cumplieron cinco años desde la entrada en vigor de la llamada Ley Rider, una iniciativa del Ministerio de Trabajo ante el boom de las plataformas digitales de reparto de comida a domicilio (Deliveroo, Glovo, Uber Eats...), que inundaron el sector con falsos autónomos, y conllevaron varias sanciones de la Inspección y también en los tribunales.

La Policía Nacional detiene en Logroño a un presunto agresor sexual y el juez decreta su ingreso en prisión. La detención se ha producido tras la investigación de un caso de agresión sexual en Logroño en la que ha resultado fundamental el trabajo desarrollado por los agentes agentes especializados de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de La Rioja.

Los hechos se produjeron después de que el ahora detenido, presuntamente, intentara mantener relaciones sexuales con una mujer en contra de su voluntad en el domicilio de éste. Tras tener conocimiento de lo sucedido, se iniciaron las correspondientes actuaciones policiales para esclarecer los hechos, recabar los elementos necesarios para la investigación y proporcionar a la víctima la atención y protección adecuadas.

La investigación, explica Policía Nacional, adquiere especial relevancia al tratarse de una persona que ya contaba con numerosos antecedentes de distinta naturaleza. Entre ellos, un episodio en el que fue detenido después de haber sido sorprendido, presuntamente, realizando grabaciones a mujeres por debajo de sus faldas, conducta que motivó una nueva intervención policial.

UFAM: especialización al servicio de las víctimas

Detrás de las investigaciones como esta se encuentra el trabajo de UFAM, una unidad de la Policía Nacional dedicada a la prevención e investigación de los delitos relacionados con la violencia de género, doméstica y sexual, así como a la protección y atención de las víctimas.

Su función va mucho más allá de la investigación estrictamente policial. Los agentes destinados en estas unidades cuentan con formación específica para atender situaciones especialmente sensibles, en las que resulta fundamental ofrecer a la víctima un entorno adecuado para explicar lo ocurrido y afrontar el procedimiento con las mayores garantías posibles.

Uno de los mensajes fundamentales que la Policía Nacional traslada a las mujeres que puedan estar sufriendo o hayan sufrido cualquier forma de violencia sexual es la importancia de comunicar los hechos. El miedo, la vergüenza, la incertidumbre o incluso las dudas sobre si lo sucedido constituye un delito pueden dificultar ese primer paso. Sin embargo, es importante acudir a Policía Nacional porque “los agentes adscritos a UFAM, están para atender estas situaciones y ofrecer una respuesta adaptada a cada caso y la respuesta policial comienza cuando se conoce lo ocurrido”.

La Fiscalía informará en las próximas horas a favor de que la Audiencia Nacional investigue los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio en Ceuta. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, trasladará a la juez María Tardón que el tribunal especializado es competente para esclarecer la llegada de más de 70.000 personas a la ciudad autónoma procedente de Marruecos, según avanzan a elDiario.es fuentes jurídicas.

El Ministerio Público esgrimirá en su informe el carácter transnacional de los presuntos delitos cometidos, ya que los migrantes partieron de Marruecos y acabaron en España. Para defender la competencia de la Audiencia Nacional, Alonso también aludirá a la afectación a las instituciones españolas de los hechos y a que, al verse afectada una de sus fronteras, todo el territorio español acoge los presuntos delitos, precisan las fuentes consultadas.

El informe irá firmado por Jesús Alonso, quien ha asumido la actuación de la Fiscalía “dada la singularidad y trascendencia del mismo y en cumplimiento de su responsabilidad como jefe de la Audiencia Nacional”, ha informado este jueves el Ministerio Público.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) recoge en su artículo 23 que la jurisdicción española es competente para investigar hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando pueden ser tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado.

Precisamente, el partido extraparlamentario Iustitia Europa -quien presentó la denuncia ante la Audiencia Nacional- señaló en un último escrito tras conocerse el contenido del informe policial remitido a la juez que el asunto era competencia de la Audiencia Nacional porque se habían aportado indicios “de una actuación planificada y dirigida desde territorio marroquí, con posible intervención de agentes o estructuras estatales extranjeras y con incidencia directa sobre la seguridad, la paz o la independencia del Estado español”.

A su juicio, esa circunstancia conecta el artículo 23 de esa norma con el artículo 65 de la misma ley que atribuye a la Audiencia Nacional el conocimiento de los delitos cometidos fuera de España cuando corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles.

La Audiencia Nacional abrió el pasado 31 de julio diligencias previas sobre la entrada a nado de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos. En el marco de esas pesquisas previas, el tribunal especial solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional un informe para averiguar si se trató de “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”.

La respuesta llegó esta misma semana en forma de un oficio del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la citada Comisaría General de Extranjería. En él, los agentes analizan una serie de vídeos y fotografías obtenidas de fuentes abiertas sin llegar a señalar la “autoría material e intelectual” del asalto, pero atribuyéndoselo a una entidad centralizada, con intereses distintos a los migratorios y que contó con la ayuda de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes.

En su denuncia, Iustitia Europa exponía que los hechos podían ser constitutivos de delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, de favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, de organización criminal y de omisión del deber de perseguir delitos. La denuncia iba dirigida “contra las personas físicas, integrantes de organizaciones criminales, funcionarios, autoridades, agentes, estructuras estatales o paraestatales extranjeras y autoridades de Marruecos o Españolas que resulten identificados”.

La misma denuncia pedía librar oficios al Ministerio del Interior, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Departamento de Seguridad Nacional y Ministerio de Defensa para obtener informes de entradas, análisis de redes sociales y posibles injerencias extranjeras; así como requerir a la Guardia Civil las grabaciones de cámaras térmicas y radares de la frontera del Tarajal.

La Guardia Civil solicitará a la jueza la práctica de diligencias

El auto de la jueza optó únicamente por reclamar a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para que realizara el citado informe. Unos días después dictó otro auto dirigiéndose a la Guardia Civil para que le informara del dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que hubieran realizado en aguas territoriales españolas.

El Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) última el oficio que entregará a la jueza. En el mismo debe incluir la información sobre personas fallecidas, si consta la causa y la data de la muerte y, en el caso de las personas supervivientes, su identidad y datos de localización que se hubiesen podido recabar. Información de la Guardia Civil también propondrá a la juez Tardón diligencias concretas que practicar para averiguar la autoría de la acción en Ceuta, precisan fuentes próximas al caso.

El informe presentado por la Policía española a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón expone una serie de indicios que apuntan en una sola dirección como responsable de la crisis migratoria en Ceuta: el Gobierno de Marruecos. Sin embargo, a lo largo de sus 51 páginas, más anexos, no se menciona una sola vez a Rabat o a sus servicios de Inteligencia. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) opta por describir todas las características de una acción que por su envergadura solo podría llevar a cabo Rabat y, en lugar de atribuirle la autoría, prefiere descartar que las mafias de la inmigración irregular puedan acometer algo así. El documento reconoce que trabaja a partir de fotografías y vídeos de las redes sociales. Es el único informe policial que da vueltas sobre el origen de la crisis. La Comisaría General de Información, encargada de la lucha antiterrorista en la Policía y otras amenazas externas, no ha emitido ningún informe sobre la “autoría intelectual” del asalto porque “se desconoce”, según ha elevado este miércoles su máximo responsable.

El propio informe de Extranjería reconoce que no puede atribuir a personas concretas la “autoría intelectual y material” de la llegada de más de 70.000 personas a la ciudad autónoma en 48 horas, el 30 y 31 de julio. Pero a continuación presenta las características del mismo: el hecho no es “espontáneo ni accidental”, su propia concepción persigue “la ocultación” de la autoría, reúne una complejidad que se visualiza en diferentes fases, “repite pautas” de acontecimientos anteriores, requiere de “un nivel técnico y de planificación muy alto y en él intervienen ”estructuras diferentes con un alto nivel de coordinación, un objetivo compartido y una única referencia organizativa“.

El hecho donde más lejos va el CENIF es en la implicación de agentes de los servicios de seguridad marroquíes. Reconoce que sus fuentes son “abiertas”, esto es, que analiza lo que ha recopilado en las redes sociales. Y así identifica a “dos sujetos activos”: los miembros de la Gendarmería “uniformados” y los “agentes dinamizadores sobre el terreno” o “no uniformados”.

Los policías españoles no dudan sobre lo que están viendo: “A lo largo de la principal ruta y puntos relevantes que llevan hacia el Espigón de El Tarajal se han compartido públicamente imágenes en las que diferentes miembros uniformados de las Fuerzas de Seguridad dan indicaciones a las personas que cruzan irregularmente la frontera para superar obstáculos y organizan el acceso a la zona de vehículos de gran tonelaje con gran cantidad de inmigrantes”.

En este punto, el CENIF da por buenas imágenes ampliamente difundidas en las últimas semanas que nadie ha podido fechar con exactitud ni acreditar con la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta los dos días últimos de julio. Se trata de un vídeo en el que supuestos gendarmes abren la puerta de un camión y de él se bajan civiles.

Los agentes españoles prestan especial atención a las imágenes que muestran a “una serie de personas con un comportamiento que no encaja con la dinámica del comportamiento de la masa que realiza la entrada/salida de territorio español”.

Se trata, añade el informe al que ha tenido acceso elDiario.es, de varones de entre 30 y 50 años, de complexión “fuerte o atlética” y “pelo corto (arreglado)”. Además, señala el oficio, su vestimenta no coincide con la del resto de personas que participan en el asalto. “En la mayoría de los casos visten camisetas o polos de colores neutros y poco llamativos, sin estampados, pantalón largo, gorra (incluso hay algunos que portan gorras con logotipos policiales), calzado o deportivo cerrado (zapatillas de deporte en lugar de sandalias o chancletas que lleva la mayoría) y en muchos casos llevando consigo mochilas, riñoneras o pequeños bolsos de mano”.

Su actitud también les delataría, añade. Están “atentos al entorno” transmitiendo “aplomo, centralidad, diferenciación, liderazgo... respecto a las masas de personas que les rodean”. “Caminan en sentido contrario al flujo de personas, apartándose de las vías de paso mientras observan el paso de los grupos, arengando a la masa para continuar la marcha, ayudando a otros a salvar obstáculos en el camino, grabando el discurrir de la masa de personas o manteniendo conversaciones permanentemente por el teléfono móvil como si registrase o monitorizasen el acontecimiento”.

Respecto a su posible ubicación en el organigrama de la seguridad marroquí, el informe policial no entra en detalle, pero destaca que “en algunos casos se les ha detectado impartiendo instrucciones a personal uniformado desplegado sobre el entorno”.

La versión del director de la Policía

El Gobierno viene desvinculando a Rabat de la crisis migratoria en Ceuta en las últimas semanas y el director de la Policía, Francisco Pardo, informó este miércoles al ministro del Interior que “no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta”.

La Audiencia Nacional abrió el pasado agosto diligencias previas sobre la entrada a nado de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos ocurrida a finales de julio. En el marco de esas pesquisas previas, el tribunal especializado solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional que realice un informe para averiguar si se trató de “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”.

La jueza también solicitaba identificar “a quienes hubieran podido participar en tales acciones”. Con el informe ya encima de su mesa, la magistrada debe decidir si es competente para asumir la investigación penal tras una denuncia del partido político Iustitia Europa.

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes que operaba bajo la apariencia de un centro dedicado a terapias y masajes en la zona turística de Maspalomas, al sur de Gran Canaria, en una operación en que ha detenido a dos hombres de 48 y 25 años, según ha anunciado este miércoles

Una investigación que se prolongó tres meses llevó a acusar como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas a los dos hombres, después de que se detectaran indicios de una posible actividad de distribución de diferentes drogas, especialmente sustancias sintéticas vinculadas a contextos de consumo sexualizado, informa en un comunicado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Que relata que, a lo largo de las pesquisas, se efectuaron actuaciones que permitieron intervenir sustancias estupefacientes a siete compradores, reforzando los indicios sobre la existencia de un punto activo de distribución que resultó ser un establecimiento que se anunciaba públicamente como un centro dedicado a terapias ayurvédicas y masajes tántricos.

Solicitada autorización judicial para registrar tanto el establecimiento como una vivienda relacionada con el principal investigado, se entró en ambos de manera simultánea y se hallaron numerosas drogas preparadas para su distribución, añade.

Precisando que se intervinieron más de 300 gramos de una sustancia cristalina pendiente de análisis, además de aproximadamente 66,5 gramos de otra sustancia rocosa, cocaína, mefedrona, hachís y comprimidos presuntamente de éxtasis, además de numerosos fármacos y 24 frascos de una sustancia comercializada como popper.

Y también fueron intervenidas cinco balanzas de precisión, numerosas bolsas y envases destinados presuntamente a la dosificación y empaquetado de las sustancias, teléfonos móviles, documentación y 410 euros en efectivo, señala la nota, que precisa que los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente acusados de tráfico de drogas.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico internacional de heroína incautándoles 21 kilos de esta sustancia cuando se disponían a introducirla en la Península desde Gran Canaria. El entramado criminal estaba formado por dos parejas con unas funciones definidas en la recepción y transporte de la mercancía, adoptando además numerosas medidas de seguridad para evitar cualquier acción policial. Los cuatro detenidos ingresaron en prisión por los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.

La investigación se inició a raíz de las pesquisas desarrolladas sobre una estructura criminal que pudiera estar intentando abrir un nuevo canal para introducir heroína en la península Ibérica. Tras las primeras gestiones detectaron dos parejas que se habían trasladado desde Toledo hasta Las Palmas de Gran Canaria en el mismo vuelo, pero en asientos separados. Una vez allí, adoptaron numerosas medidas de seguridad alojándose en hoteles distintos y en puntos alejados de la isla sin establecer contacto entre ellos para no levantar ningún tipo de sospecha.

Los investigadores determinaron que la estructura criminal había diversificado las funciones de sus integrantes en el archipiélago. Mientras una pareja era la encargada de recibir la sustancia estupefaciente, la otra se ocupaba de su posterior traslado hacia la península Ibérica utilizando vehículos de alquiler con los que pretendían transportar la droga una vez completada la operación de adquisición.

Una vez los agentes lograron identificar a los miembros de esta red, se estableció un dispositivo policial el pasado mes de julio que permitió localizarles in fraganti cuando realizaban la transacción de la droga en la cafetería de un hotel a plena luz del día. Así se pudo detener a los cuatro integrantes de la organización e intervenir la maleta con los 21 kilogramos de heroína ocultos en bolsas de plástico de supermercado.

Nueva ruta del narcotráfico

La operación supone un avance relevante en la lucha contra el tráfico de heroína, explica la Policía Nacional, al haber permitido detectar una nueva ruta de introducción y tránsito de esta sustancia hacia la península Ibérica.

El descubrimiento de esta nueva vía pone de manifiesto la constante evolución e innovación de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, que modifican sus métodos y rutas con el objetivo de dificultar la acción policial y garantizar el transporte de las sustancias estupefacientes.

Finalmente la operación culminó con la realización de dos registros en domicilios de Las Palmas de Gran Canaria y la detención de cuatro personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial esta decretó el ingreso en prisión de todas ellas.

Actualmente la investigación permanece abierta y los agentes analizan esta nueva ruta utilizada para la introducción y tránsito de heroína hacia la península Ibérica.

La Unitat de Drogues i Crim Organitzat (UDYCO) de la Policia Nacional investiga si un presumpte capo narcoestibador del Port de València i la seua esposa van sostraure les claus de cinc dels seus vehicles de luxe intervinguts en el marc de l’‘operació Spider’ i destinats tant a la seua venda anticipada com a l’ús provisional en investigacions contra el narcotràfic.

Així es desprén d’un ofici del passat 28 d’agost al qual ha tingut accés elDiario.es i que detalla la recent visita d’agents del Grup de Resposta i Suport Tècnic Especialitzat (GRATE) de la UDYCO de la Comissaria General de Policia Judicial al depòsit de Cheste (València), que alberga els vehicles d’alta gamma dels investigats en l’‘operació Spider’, en la qual van descobrir que faltaven les claus de cinc dels bòlids —un Lamborghini Huracán, un Porsche GT3, un Mercedes i dos BMW—.

Tot això malgrat que el jutge instructor de la causa, tal com va informar aquest diari, havia acordat la intervenció dels vehicles requisats a la presumpta trama per a la seua venda anticipada o per a l’ús policial d’alguns. Els cotxes les claus dels quals han desaparegut són propietat del presumpte capo Iván T. R. i de la seua dona, Luz María L. R. Tots dos, segons les dades de l’empresa que s’encarrega del depòsit, han acudit diverses vegades al recinte.

L’inspector en cap del GRATE de la UDYCO explica en l’ofici que els agents van acudir al depòsit el passat 19 d’agost en el marc d’un primer dispositiu de recollida de vehicles de cara al seu ús provisional per part de les unitats de la Policia Nacional dedicades a seguiments en investigacions sobre crim organitzat.

Els agents es van interessar per l’estat d’un Mercedes Brabus, que no estava inclòs en aquella primera tanda de retirada de vehicles. El responsable de l’empresa els va dir que el vehicle estava “tapat per ordre judicial i fins a la retirada no es podia destapar”.

Quina va ser la seua sorpresa quan els agents van tornar el passat 28 d’agost per a recollir el Mercedes i, en destapar el vehicle, van descobrir que faltaven les claus, que sempre romanien a l’interior dels vehicles oberts, segons el protocol de custòdia dels cotxes que aplica l’empresa. Un treballador del depòsit, identificat pels policies, va dir que “en diverses ocasions han acudit certes persones a observar l’estat del vehicle”, segons detalla l’ofici policial.

Els agents del GRATE de la UDYCO van comprovar que faltaven les claus de cinc vehicles. També van indagar sobre les visites als cotxes de luxe per part d’Iván T. R. i de Luz María L. R. Tots dos van acudir per primera vegada el 30 de desembre de 2025. En la visita següent, produïda el passat 29 de juny, es va personar sola al depòsit Luz María L. R. El passat 13 d’agost va ser el torn del presumpte capo Iván T. R. i, huit dies després, van tornar tots dos, segons figura en el registre d’entrada al depòsit.

Imatges de les càmeres de la “seqüència” de visites

Els agents van procedir, juntament amb els treballadors del depòsit, a la immobilització dels vehicles les claus dels quals havien desaparegut i van ordenar als empleats de l’empresa de seguretat privada que no s’esborraren les imatges de les càmeres de seguretat corresponents als dies en què els dos investigats van accedir al recinte, “ja que podrien ser útils per a la instrucció en el futur”, segons afirma l’acta elaborada el passat 28 d’agost, a la qual també ha tingut accés aquest diari.

L’ofici de l’inspector del GRATE de la UDYCO detalla la “seqüència” de visites al depòsit dels dos investigats, autoritzats per una interlocutòria del jutge instructor únicament a cobrir els vehicles de luxe per a protegir-los de possibles inclemències del temps. En l’última visita, del passat 21 d’agost, el presumpte narco i la seua esposa van dir que es disposaven a “canviar les cordes perquè estaven en mal estat”, segons va declarar el treballador del depòsit que els va acompanyar, qui també va manifestar que Iván T. R. i Luz María L. R. “van obrir les portes i van poder agafar la clau que es trobava a l’interior”.

La Policia sospita que els investigats es van fer amb les claus dels vehicles requisats. “Tot apunta que aquestes persones van ser avisades que el dia 19 [d’agost] la Policia Nacional va començar la retirada de vehicles i el 21 es van personar allí amb l’excusa de canviar les cordes de les mantes i van sostraure les claus del vehicle Mercedes Brabus amb la clara intenció d’evitar la retirada per part de l’Administració i fins i tot una possible sostracció posterior”, indica l’ofici policial.

Claus “sostretes sense cap autorització”

L’inspector destaca que “totes” les claus dels cinc vehicles “coberts i manipulats per aquestes persones” han sigut “sostretes sense cap autorització”.

La UDYCO, després de la “cadena de fets” que “fa inferir l’existència d’una coordinació per a la comissió d’un possible il·lícit penal”, conclou que “tot fa pensar que la trama criminal podria estar preparant-se per a la sostracció total dels vehicles”, segons afirma l’ofici.

La substituta del jutge instructor titular, el magistrat Vicente Ríos, va dictar una provisió el passat 30 d’agost en la qual ordena a l’empresa titular del depòsit de Cheste que informe dels fets l’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius (ORGA). Es tracta de l’organisme estatal al qual el jutge va autoritzar perquè venguera anticipadament fins a una desena dels vehicles intervinguts a la presumpta trama.

La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional investiga si un presunto capo narcoestibador del Puerto de València y su esposa sustrajeron las llaves de cinco de sus vehículos de lujo intervenidos en el marco de la 'operación Spider' y destinados tanto a su venta anticipada como al uso provisional en investigaciones contra el narcotráfico.

Así se desprende de un oficio del pasado 28 de agosto al que ha tenido acceso elDiario.es y que detalla la reciente visita de agentes del Grupo de Respuesta y Apoyo Técnico Especializado (GRATE) de la UDYCO de la Comisaría General de Policía Judicial al depósito de Cheste (Valencia), que alberga los vehículos de alta gama de los investigados en la 'operación Spider', en la que descubrieron que faltaban las llaves de cinco de los bólidos (un Lamborghini Huracan, un Porsche GT3, un Mercedes y dos BMW).

Todo ello a pesar de que el juez instructor de la causa, tal como informó este diario, había acordado la intervención de los vehículos requisados a la presunta trama para su venta anticipada o para el uso policial de algunos de ellos. Los coches cuyas llaves han desaparecido son propiedad del presunto capo Iván T. R. y de su mujer, Luz María L. R. Ambos, según los datos de la empresa que se encarga del depósito, han acudido varias veces al recinto.

El inspector jefe del GRATE de la UDYCO explica en el oficio que los agentes acudieron al depósito el pasado 19 de agosto en el marco de un primer dispositivo de recogida de vehículos de cara a su uso provisional por parte de las unidades de la Policía Nacional dedicadas a seguimientos en investigaciones al crimen organizado.

Los uniformados se interesaron por el estado de un Mercedes Brabus, que no estaba incluido en esa primera tanda de retirada de vehículos. El responsable de la empresa les dijo a los agentes que el vehículo estaba “tapado por orden judicial y hasta la retirada no se podía levantar”.

Cuál fue su sorpresa cuando los agentes volvieron el pasado 28 de agosto para recoger el Mercedes y, al destapar el vehículo, descubrieron que faltaban las llaves, que siempre permanecen en el interior de los vehículos abiertos, según el protocolo de custodia de los coches que aplica la empresa. Un trabajador del depósito, identificado por los policías, dijo que “en diversas ocasiones han acudido ciertas personas a observar el estado del vehículo”, según detalla el oficio policial.

Los agentes del GRATE de la UDYCO comprobaron que faltaban las llaves de cinco vehículos. También indagaron sobre las visitas a los coches de lujo por parte de Iván T. R. y de Luz María L. R. Ambos acudieron por primera vez el 30 de diciembre de 2025. En la siguiente visita, acaecida el pasado 29 de junio, se personó sola en el depósito Luz María L. R. El pasado 13 de agosto fue el turno del presunto capo Iván T. R. y, ocho días después, volvieron ambos, según figura en el registro de entrada al depósito.

Imágenes de las cámaras de la “secuencia” de visitas

Los agentes procedieron, junto con los trabajadores del depósito, a la inmovilización de los vehículos cuyas llaves habían desaparecido y ordenaron a los empleados de la empresa de seguridad privada que no se borraran las imágenes de las cámaras de seguridad correspondientes a los días en que los dos investigados accedieron al recinto, “ya que podrían ser útiles para la instrucción en el futuro”, según afirma el acta elaborada el pasado 28 de agosto, a la que también ha tenido acceso este diario.

El oficio del inspector del GRATE de la UDYCO detalla la “secuencia” de visitas al depósito de los dos investigados, autorizados por un auto del juez instructor únicamente a cubrir los vehículos de lujo para protegerlos de posibles inclemencias del tiempo. En la última visita, del pasado 21 de agosto, el presunto narco y su esposa dijeron que se disponían a “cambiar las cuerdas porque estaban en mal estado”, según declaró el trabajador del depósito que los acompañó, quien también manifestó que Iván T. R. y Luz María L. R. “abrieron las puertas y pudieron coger la llave que se encontraba en el interior”.

La Policía sospecha que los investigados se hicieron con las llaves de los vehículos requisados. “Todo apunta a que estas personas fueron avisadas que el día 19 [de agosto] la Policía Nacional comenzó la retirada de vehículos y el 21 se personaron allí con la excusa de cambiar las cuerdas de las mantas y sustrajeron las llaves del vehículo Mercedes Brabus con la clara intención de evitar la retirada por parte de la Administración e incluso una posible sustracción posterior”, indica el oficio policial.

Llaves “sustraídas sin autorización alguna”

El inspector destaca que “todas” las llaves de los cinco vehículos “cubiertos y manipulados por estas personas” han sido “sustraídas sin autorización alguna”.

La UDYCO, tras la “cadena de hechos” que “hace inferir la existencia de una coordinación para la comisión de un posible ilícito penal”, concluye que “todo hace indicar que la trama criminal pudiera estar preparándose para la sustracción total de los vehículos”, según afirma el oficio.

La sustituta del juez instructor titular, el magistrado Vicente Ríos, dictó una providencia el pasado 30 de agosto en la que ordena a la empresa titular del depósito de Cheste que informe de los hechos a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). Se trata del organismo estatal al que el juez autorizó para que vendiera anticipadamente hasta una decena de los vehículos intervenidos a la presunta trama.

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a los padres de tres menores de uno, tres y cinco años, después de que estos fueran localizados solos en el interior de su domicilio familiar sin la supervisión de ningún adulto. La vivienda presentaba un “elevado” nivel de suciedad e incluso acumulaba cucarachas y otros insectos, según lo explica el Cuerpo en un comunicado.

Los hechos sucedieron la semana pasada, cuando varios vecinos alertaron a la Policía Nacional al haber escuchado “durante varias horas” el llanto de los menores. Los agentes indicaron que no era la primera ocasión en la que los progenitores dejaban solos a sus hijos para ausentarse.

Una vez en el lugar, la Policía accedió al interior de la vivienda, aunque no tuvo que forzar la puerta, dado que fue abierta por el niño de tres años. Dos niños se encontraban juntos en el salón, llorando por hambre y frío, mientras que el niño de cinco años permanecía dormido solo en una de las habitaciones.

Tras asistir a los pequeños, los agentes comprobaron que la vivienda presentaba unas condiciones de salubridad “muy deficientes”, dado que acumulaban un “elevado nivel de suciedad”, llegando incluso a presentar cucarachas y otros insectos.

También comprobaron ausencia de ropa y otros artículos básicos para los niños. Además, localizaron al alcance de los menores cuchillos, cuchillas y diversos objetos potencialmente peligrosos que “ante la falta de supervisión de un adulto, podrían haberles ocasionado lesiones”.

La Policía Nacional ha esgrimido que los vecinos han concretado que los padres solían consumir alcohol en las inmediaciones, por lo que se estableció un dispositivo para tratar de localizarlos. Finalmente, los encontraron unos minutos después, en una zona próxima al domicilio mientras consumían alcohol.

Los tres menores fueron trasladados al Hospital Universitario Virgen del Rocío para recibir asistencia y ser sometidos a una evaluación médica. Las actuaciones han sido trasladadas a la Fiscalía de Menores de Sevilla y a los servicios sociales competentes.

Agentes de la Policía Nacional han rescatado con vida a una joven de 25 años que había sido denunciada como desaparecida en el Macizo de Anaga, en Tenerife. La mujer fue localizada en un barranco, entre la maleza y en una zona de difícil acceso, después de varias horas de búsqueda.

La desaparición fue denunciada por un familiar el pasado jueves 20 de agosto en dependencias de la Policía Nacional. Desde el primer momento, los agentes especializados calificaron el caso como una “desaparición inquietante”, al existir circunstancias que podían poner en grave riesgo la integridad de la joven, según ha informado el cuerpo policial.

Una búsqueda marcada por la niebla y la complicada orografía

Tras la denuncia, se activaron los protocolos previamente establecidos para este tipo de casos, por lo que en coordinación con la Sala del 112 se pudo determinar que la joven podría encontrarse en la zona de Anaga, aunque no se disponía de información precisa sobre su ubicación exacta ni sobre su estado de salud, motivo por el cual, además de efectivos de la Policía Nacional se desplazó al lugar una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario.

La búsqueda se inició en una zona cercana al túnel de acceso a Taganana y en la zona de 'El Bailadero', donde la orografía escarpada del terreno, la niebla característica de la zona y la falta de luz dificultaron considerablemente el dispositivo.

Una vez descartadas diferentes ubicaciones, los agentes se centraron en un barranco y fue entonces cuando pudieron escuchar la voz de la joven entre la maleza, logrando localizarla y llegar hasta ella junto a los sanitarios para hacerle una primera valoración.

A pesar de las dificultades existentes para desplazarse por la pendiente, dado el delicado estado de salud de la joven, se optó por salir del barranco hasta la carretera por medios propios y no esperar a ayuda especializada en rescate.

Tras recibir una primera asistencia sanitaria en el lugar y una vez estabilizada, la mujer fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria para continuar con su atención médica.

Un policía ha resultado herido tras una persecución en Puertollano (Ciudad Real), que ha dejado cuatro detenidos. La Policía Nacional localizó un paquete con 1.147 gramos de cocaína “de gran pureza” que los criminales arrojaron a un tejado en su huida y que en el mercado podría haber alcanzado un importe final de 322.000 euros.

Dos detenidos tras la persecución

Los agentes, que desplegaron unidades uniformadas y de paisano en puntos estratégicos de la ciudad, detectaron un cargamento de droga a bordo de un vehículo con dos ocupantes en una céntrica calle de Puertollano, procediendo a su interceptación.

Los presuntos traficantes iniciaron una “peligrosa huida” al detectar la presencia policial y en ese momento intentaron deshacerse de la droga arrojándola a un tejado.

En la persecución arremetieron con su vehículo a uno de los agentes que en ese momento intentaba darles el alto, el cual resultó herido. Los dos fugados sufrieron un accidente al chocar contra una casa y un vehículo policial, continuando su huida a pie mientras eran perseguidos a la carrera por varios policías nacionales.

Uno de los delincuentes trató de refugiarse en una vivienda particular para intentar despistar a los agentes si bien, no consiguió su objetivo, y finalmente se logró la detención de ambos.

A estos dos detenidos se les imputa la comisión de delitos contra la salud pública, contra la seguridad vial, atentado agente de la autoridad, allanamiento de morada y daños.

Segundo operativo localiza a otros dos en un piso

Un segundo operativo permitió detener a otros dos miembros de la organización. La información recabada por los agentes durante los operativos de seguridad ciudadana, derivaron al día siguiente, en la entrada y registro al de un piso de Puertollano, en el que presuntamente se elaboraba y distribuía cocaína.

Dos personas, un varón y una mujer, fueron detenidos y los agentes intervinieron dosis de cocaína ya dispuestas para su venta, junto con 2.760 euros en efectivo, cartuchos de escopeta, armas blancas, teléfonos móviles y joyas de procedencia desconocida, “con las que se habrían abonado la compra de droga”.

En la entrada al juzgado de Puertollano, donde la Policía Nacional había desplegado un importante dispositivo de seguridad en previsión del traslado de los detenidos en dichas operaciones, resultó herido otro agente por la agresión a manos de varios familiares y amigos de los detenidos que intentaban impedir la puesta a disposición de los mismos.

La Policía Nacional investiga el robo de cable de unos generadores de suministro eléctrico en el circuito de Fórmula 1 de Madrid, el trazado Madring, donde se celebrará el Gran Premio de España del 11 al 13 de septiembre. El suceso supone un contratiempo para el proyecto desplegado en el entorno de Ifema, a pocos días de que la gran cita del automovilismo regrese a la capital 45 años después.

El robo de cable se produjo en una de las zonas de túnel del circuito próximas al recinto ferial y se detectó el pasado domingo 30 de agosto, según ha informado EFE a partir de fuentes de la Policía Nacional. Por el momento no han trascendido más detalles de la investigación. Así, no se conoce si hay sospechosos y tampoco el alcance del material afectado.

El incidente se produce en un momento decisivo para Madring, que encara la última fase los trabajos de preparación, una vez el grueso de la obra se completó en la primera mitad del año. No en vano, la pasada semana el circuito ya acogió pruebas de la modalidad Fórmula 3, provocando las primeras quejas vecinales por unos niveles de ruido que excedieron los límites permitidos.

Este punto supone solo una de las razones tras las quejas de entidades vecinales o ecologistas. La contaminación ambiental, el desvío de una vía pecuaria protegida, la destrucción de humedales, las talas, el gasto público o las presuntas irregularidades en la tramitación del plan especial y la licencia son otros motivos. De hecho, la Justicia estudia varias denuncias de la Plataforma Ecologista Madrileña, la Plataforma Stop F1 Madrid o Más Madrid. Aunque los tribunales no se han pronunciado sobre el fondo de ninguna de ellas, han descartado las cautelares que habrían dificultado celebrar el evento. Unas trabas que ahora ha puesto este inesperado robo.

La Policia Nacional ha detingut un home a Palma per suposadament assetjar, insultar i amenaçar-ne un altre per la seva orientació sexual.

Segons ha indicat la Prefectura en un comunicat, al voltant de les 11.30 hores del passat dimecres, agents del Grup d'Atenció al Ciutadà (GAC) de la Policia Nacional van ser requerits pel 091 perquè es dirigissin a un establiment situat al districte Oest, on segons el requeridor era víctima d'amenaces i insults per part d'un home.

Un cop al lloc, diverses patrulles del GAC es van entrevistar amb un home que regenta un local i que va explicar als agents que des del passat mes de febrer era víctima d'insults i amenaces per part d'un home d'avançada edat. L'home es personava a les portes del seu negoci proferint insults i amenaces contra ell per la seva orientació sexual.

El jove va mostrar les denúncies interposades contra aquesta persona, afegint que en un primer moment el presumpte autor únicament li insultava per la seva orientació sexual, encara que en els últims mesos s'havia tornat més agressiu, amenaçant-lo i intentant accedir per la força al negoci.

El jove va mostrar un vídeo en què s'observava el presumpte autor al negoci amenaçant-lo i dient-li “quan et vegi al carrer et mataré, quan surtis et rebentaré...”, tot acompanyat d'insults homòfobs.

Mentre una patrulla realitzava les gestions amb la víctima, una altra patrulla va fer diverses batudes pels carrers adjacents al local, localitzant un home les característiques del qual coincidia amb les del presumpte autor, per la qual cosa va ser interceptat en aquell moment.

Els agents van interrogar el presumpte autor sobre els fets informats i denunciats pel jove, negant en tot moment aquest la seva autoria. Finalment, un cop identificat, els agents el van arrestar com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces, un delicte d'odi i contra la llibertat de les persones, per ser després traslladat fins a dependències policials.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Palma por supuestamente acosar, insultar y amenazar a otro por su orientación sexual.

Según ha indicado la Jefatura en un comunicado, sobre las 11.30 horas del pasado miércoles, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policial Nacional fueron requeridos por el 091 para que se dirigieran a un establecimiento situado en el distrito Oeste, donde según el requirente estaba siendo víctima de amenazas e insultos por parte de un varón.

Una vez en el lugar varias patrullas del GAC se entrevistaron con un varón que regenta un local y que explicó a los agentes que desde el pasado mes de febrero estaba siendo víctima de insultos y amenazas por parte de un varón de avanzada edad. El hombre se personaba en las puertas de su negocio profiriendo insultos y amenazas contra él por su orientación sexual.

El joven mostró las denuncias interpuesta contra esta persona, añadiendo que en un primer momento el presunto autor únicamente le insultaba por su orientación sexual, aunque en los últimos meses se había vuelto más agresivo, amenazándole y tratando de acceder por la fuerza al negocio.

El joven mostró un video en el que se observaba al presunto autor en el negocio amenazándole y diciéndole “cuando te vea en la calle te voy a matar, cuando salgas te voy reventar...”, todo acompañado de insultos homófobos.

Mientras una patrulla realizaba las gestiones con la víctima, otra patrulla dio varias batidas por las calle adyacentes al local, localizando a un varón cuyas características coincidían con las del presunto autor por lo que fue interceptado en ese momento.

Los agentes interrogaron al presunto autor sobre los hechos informados y denunciados por el joven, negando en todo momento este su autoría. Finalmente una vez identificado, los agentes lo arrestaron como presunto autor de un delito de amenazas, un delito de odio y contra la libertad de las personas, para ser después trasladado hasta dependencias policiales.