Dos hombres y una mujer, de nacionalidad argelina, han sido arrestados por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Gijón/Xixón por su presunta autoría en un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Los tres arrestados, con edades comprendidas entre 34 y 42 años, están acusados de formar parte de un grupo criminal organizado que engañó a varios compatriotas con falsas promesas de regularizar su situación en España. Las víctimas llegaron en cayuco a nuestro país y los ahora detenidos se encargaban de facilitar su entrada en la Villa de Jovellanos y alojarlos a cambio de dinero.

Las investigaciones policiales se iniciaron a raíz de la denuncia de varias víctimas. En su declaración en dependencias policiales aseguraron que habían sido engañadas por un grupo de personas que les prometió ayuda con los trámites administrativos para regularizar su estancia en nuestro país y, tras cobrarles el dinero, no cumplieron las condiciones pactadas.

Un trayecto en patera

Las víctimas confirmaron a los agentes que habían viajado en patera hasta la costa del Levante español y, desde allí, se habían desplazado hasta Gijón/Xixón, donde los detenidos los alojaron inicialmente en hostales y hoteles mientras buscaban un lugar en el que pudieran quedarse.

Según el relato policial, los integrantes del grupo localizaban viviendas abandonadas o inmuebles que ya estaban ocupados y facilitaban la entrada de los ciudadanos extranjeros, cobrando cantidades que partían de los 400 euros por persona.

El engaño

El grupo también les proporcionaba certificados de empadronamiento con los que podían iniciar los trámites para regularizar su situación en España.

Sin embargo, en algunos casos, los denunciantes llegaron a pagar por las gestiones administrativas, y comprobaron posteriormente que no se habían realizado los trámites prometidos.

Agresiones

Los engaños dieron lugar a enfrentamientos entre los investigados y algunos de los ciudadanos extranjeros, que llegaron a derivar en agresiones, según ha ratificado la Policía Nacional.

Las pesquisas permitieron además conocer que el grupo mantenía contactos con familiares en Argelia que presuntamente se encargaban de facilitar la salida de ciudadanos de ese país hacia España.

Los agentes pudieron acreditar que, desde enero de 2025, el grupo había recibido varios miles de euros de las personas afectadas.

La operación policial sigue abierta

Tras reunir todas las pruebas, los policías procedieron a la detención de dos hombres, de 42 y 43 años, y de una mujer, de 34 años; todos ellos residentes en Gijón/Xixón, y atendieron a tres de sus víctimas.

Las tres personas arrestadas han pasado a disposición judicial y posteriormente han sido puestas en libertad con cargos.

Las investigaciones continúan abiertas y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones de posibles integrantes de este grupo criminal.

La Policía Nacional ha detallado este viernes que la detención del acusado de violar y asesinar a una mujer a la que abordó en un garaje en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, hace nueve años se produjo gracias a un cribado genético parcial de dos pruebas que permitió reconstruir el linaje familiar del autor hasta su localización y no descartan más víctimas.

Así lo ha detallado la inspectora Gara Toledo durante una rueda de prensa, en la que ha ofrecido detalles del procedimiento que aún sigue en curso, junto al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, el jefe superior de la Policía, Jesús Gómez Martín, y el inspector jefe Javier Sarmiento.

Toledo ha explicado que todo comenzó cuando las muestras de ADN recogidas en el cuerpo de la víctima y en un pañuelo que el sospechoso dejó en la zona donde al parecer intentó agredir a otra mujer medio año después de aquel crimen arrojaron una coincidencia parcial, que se correspondía con un hombre que fue detenido hace cinco años por otro delito.

“Normalmente las identificaciones por ADN se hacen teniendo en cuenta el código completo del ADN. En este caso, lo novedoso es que se utiliza solo una parte. Solo con el haplotipo del cromosoma Y. A partir de ahí, esto nos da un dato muy relevante y es que el autor está emparentado por vía paterna con este señor que fue detenido por otro motivo”, ha indicado la inspectora.

Gracias a este dato, ha continuado, que se basa en la particularidad que tiene el cromosoma Y, que es una combinación única de marcadores genéticos que se transmite casi sin cambios de padre a hijos varones, pudieron establecer que existe una relación de sangre entre ambos sujetos, que puede ir desde tatarabuelos a bisabuelos, hermanos, primos o tíos, de ahí la complejidad de la investigación.

Fue en ese momento cuando comenzaron a cruzar información genética, que establecía un perfil físico basado en probabilidades, con la consulta de archivos y libros de registro parroquiales desde principios del siglo XIX hasta la actualidad, lo que supuso la consulta manual de documentos desde 1800 hasta la actualidad para establecer un árbol genealógico.

“La familia está ramificada en varias zonas de la isla, aunque la más probable, en la que pusimos el foco desde el primer momento, fue en las proximidades del barrio de Añaza. En concreto, en la zona de Santa María del Mar, que se encuentra a apenas un kilómetro. Y a partir de ahí, empezando por la edad, comenzamos a descender, tomando declaraciones y barriendo redes sociales”, ha indicado Toledo.

Una labor “complicada”, ha proseguido, pues no todo el mundo “tiene a sus hijos registrados” y existía “mucha familia relacionada por la vía paterna”, al tiempo que ha declarado, tras preguntas de los periodistas acerca de si el detenido estudió a la víctima o no antes de cometer del delito, que la “investigación aún se encuentra en curso”, por lo que no pueden revelar más detalles.

Lo que sí ha confirmado es que tras realizar el análisis de los datos e identificar al posible autor de ambos hechos procedieron a recabar todas las “muestras y pruebas del delito que se encontraban abandonadas en la vía pública” que contuviesen una muestra de ADN del acusado, como pueden ser un pañuelo o una lata de refresco, para poder confirmar la coincidencia y proceder a su detención.

Sospechas de nuevas víctimas

La inspectora también ha manifestado que sospechan que puedan existir “bastantes víctimas” más a manos del acusado, por lo que ha aprovechado para hacer un llamamiento a todas aquellas personas que hayan sufrido una agresión y “a lo mejor no se han atrevido a denunciar”, para que se pongan en contacto con la Policía en la comisaría de la avenida Tres de Mayo en Santa Cruz de Tenerife.

“Ese será nuestro siguiente paso: buscar más víctimas. Se sabe que en este tipo de delitos muchas veces ocurre que la gente no se atreve a denunciar por miedo, sobre todo si es alguien conocido o un vecino”, ha detallado.

La inspectora ha agradecido a todas las personas que han formado parte de la investigación durante estos nueve años, en especial al equipo de la Policía Nacional de Tenerife, pero también a la Unidad de Análisis Científico y al Laboratorio de Biología de ADN. 

La Policía Nacional ha advertido de que las cuentas anónimas conocidas como 'curis', que se usan en redes sociales para ridiculizar a alumnos y profesores, pueden acarrear responsabilidades penales y civiles aunque quien las gestione no dé la cara. El cuerpo explica que el anonimato no protege a sus autores, y tampoco el uso de dibujos o el decir que se trata de una broma, cuando el contenido humilla a personas que su entorno puede reconocer. “¿Eres de los que se esconde detrás de una cuenta para humillar a un compañero delante de todo el instituto? Pues escucha bien, deja de hacerlo. El acoso en redes puede ser delito y una cuenta anónima no te hace intocable”, avisa Rubén Nido, portavoz de la Policía Nacional.

Estos perfiles suelen llevar el nombre, las siglas o imágenes de un instituto o colegio. En ellos se publican memes, dibujos o vídeos sobre lo que pasa a diario en las aulas. La Policía reconoce que parte de ese contenido “tiene un carácter humorístico y respetuoso”. Su advertencia se refiere a las publicaciones que se usan para “atacar, humillar o vejar a personas concretas”. Nido marca la misma frontera: “Las cuentas 'curi' pueden hacer humor sobre lo que está pasando en clase. El problema empieza cuando conviertes a un compañero o a un profesor en el blanco de las burlas”.

El nombre viene de los 'curimemes', un formato nacido en comunidades de internet de habla hispana que consiste en dibujar de forma deliberadamente tosca a personajes de series, anime o videojuegos. Esos dibujos son ahora el recurso de algunas de estas cuentas para señalar a alumnos y docentes sin poner su foto ni su nombre. Según la Policía, eso no evita el daño. Las burlas sobre el físico, los rumores o los montajes vejatorios exponen a la persona ante su entorno escolar, aunque se usen una caricatura, un apodo o una referencia a una clase. “Aunque uses un dibujo y no pongas su nombre, sus compañeros pueden reconocer perfectamente a quien estás señalando”, resume el portavoz.

Integridad moral e injurias graves

La Policía Nacional señala que, según la gravedad y las circunstancias de cada caso, estas conductas pueden ser delitos contra la integridad moral o de injurias graves, entre otros, y generar responsabilidades civiles. Añade que presentar una publicación como una broma, usar dibujos o hacerlo desde un perfil anónimo “no impiden que se valore su contenido y el daño causado”.

En la práctica, la mayoría de los autores son menores. Quienes tienen entre 14 y 17 años responden según la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores. Los menores de 14 no tienen responsabilidad penal, pero eso no elimina la responsabilidad civil por los daños, de la que pueden tener que responder sus padres o tutores.

La Policía también pide a quien no es autor ni víctima que no contribuya a difundir el contenido. “Si te llega una publicación que humilla, no la compartas, repórtala y apoya a quien la esté sufriendo”, pide Nido.

Para quien sufra estas humillaciones, la Policía recomienda guardar capturas de pantalla de las publicaciones y de los comentarios relevantes en las que se vean el contenido, la fecha y el perfil que las difunde. También aconseja conservar el nombre de usuario y los enlaces a la cuenta y a cada publicación, y no reenviar ese material más allá de lo necesario para denunciar o aportar pruebas. Después, la víctima debe reportar las publicaciones con las herramientas de la plataforma y bloquear a quienes la acosen.

“Y si te está pasando a ti, guarda capturas, guarda el usuario y también los enlaces. Habla con un adulto de confianza, con tu centro educativo, y denúncialo ante la Policía Nacional”, insiste el portavoz. Las personas afectadas y sus familias pueden presentar denuncia en cualquier comisaría.

Un protocolo común en los centros aragoneses

La advertencia llega un día después de que el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón enviara a colegios e institutos de las tres provincias un protocolo común contra estas cuentas. El Ejecutivo autonómico lo justifica por la proliferación de ‘curis’ y perfiles similares en las últimas semanas, sobre todo en TikTok e Instagram.

Las instrucciones, coordinadas por la Secretaría General Técnica y la Inspección Educativa de Huesca, Teruel y Zaragoza, se aplican cuando una cuenta está vinculada a un centro por el uso de su nombre, sus siglas o sus imágenes, o por referencias directas a alumnos, docentes u otro personal. En esos casos, la dirección del centro debe recoger y custodiar las pruebas con acceso restringido, avisar con urgencia al Departamento y a la Inspección, y trasladar los hechos a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. El protocolo también obliga a informar a las familias, de forma individual y confidencial, de su derecho a denunciar, y a pedir a TikTok e Instagram que retiren los perfiles. Si procede, los centros pueden reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

El protocolo no fija plazos para que las plataformas retiren los perfiles. Además, el propio texto asume que un instituto no puede identificar por sí solo al titular de una cuenta anónima, y por eso los casos acaban en manos de la Policía o la Guardia Civil. Educación no ha dado cifras de cuentas detectadas ni de centros afectados en Aragón.

El fenómeno no es exclusivo de la Comunidad. En Málaga, la Comisaría Provincial ha confirmado que se ha presentado al menos una primera denuncia por una de estas cuentas y que la investigación sigue abierta. Fuentes policiales citadas por El Español lo describen como “un fenómeno conocido” y “habitual”, y advierten de que “unos centros denuncian y otros no”.

Las policías de Brasil, Suiza y España han desarticulado una organización criminal internacional dedicada al tráfico de aves y animales en peligro de extinción, en una operación llevada a cabo en los tres países que se ha saldado con cuatro detenidos, dos de ellos en Gran Canaria.

La investigación comenzó en octubre de 2025, tras la detención en el aeropuerto de Río de Janeiro (Brasil) de una ciudadana suiza que pretendía volar a Europa con 24 huevos de aves protegidas ocultos bajo su ropa; en concreto, de papagayo de cara roja (Amazona brasiliensis) y loro de anteojos rojos (Amazona petrei), según informa la Policía Nacional.

A partir de esa pista, la Policía Federal de Brasil logró identificar a los dos principales responsables de la red: el líder de la organización criminal, así como al proveedor y coordinador de las salidas ilegales desde Sudamérica.

Además, los agentes pudieron acreditar que este último acumulaba 117 viajes sospechosos entre Brasil y Europa en estancias de menos de tres días para burlar los controles.

A principios de este mes, la Policía Federal de Brasil emitió una solicitud formal de colaboración urgente al detectar un nuevo viaje del proveedor desde Brasil hacia Gran Canaria, con escala en Suiza.

En territorio suizo, el proveedor se reunió con el líder de la trama y ambos embarcaron juntos en un vuelo hacia España.

A raíz del material probatorio recabado, la Policía Federal de Brasil cursó a través de Interpol dos órdenes internacionales urgentes de detención por contrabando de especies.

En respuesta, la Policía española arrestó en Gran Canaria a los dos investigados, que fueron puestos a disposición judicial para iniciar sus correspondientes procesos de extradición.

Se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico internacional de especies protegidas.

Durante la investigación, para garantizar la preservación de los animales y evitar la destrucción de pruebas, las autoridades judiciales coordinaron ocho registros simultáneos: tres en Brasil, tres en Suiza y dos en Gran Canaria.

En la isla se inspeccionaron dos habitaciones de hotel donde se alojaban los detenidos y se requisaron 30.000 euros en efectivo procedentes del tráfico ilícito, además de jeringuillas específicas para la implantación de microchips e identificadores animales.

A su vez, en Brasil y Suiza se ejecutaron seis registros domiciliarios, en los que aparecieron numerosos ejemplares de monos tití fallecidos, animales disecados y restos óseos de diversas especies protegidas en una vivienda brasileña, precisa la Policía. 

La Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, en colaboración con el Servicio Riojano de Salud (SERIS), ha participado en una nueva jornada de formación dirigida a profesionales en el ámbito sanitario, con el objetivo de proporcionar herramientas que permitan prevenir situaciones de violencia y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles agresiones durante el ejercicio de sus funciones.

La actividad, celebrada en el salón de actos del Hospital Universitario San Pedro de Logroño, reunió a alrededor de cincuenta profesionales sanitarios y contó con la participación de la directora de Recursos Humanos del SERIS, Begoña Lema, y del jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, Carlos Martín.

Crecen un 26% las agresiones a sanitarios

Las agresiones a profesionales sanitarios constituyen una problemática que afecta tanto a la seguridad de los trabajadores, como al normal funcionamiento de los servicios asistenciales. El incremento de los episodios de violencia registrados en los últimos años, pone de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas preventivas y la colaboración entre las instituciones sanitarias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Estas conductas no se limitan a agresiones físicas, sino que también incluyen amenazas, insultos, intimidaciones y otras manifestaciones de violencia verbal que pueden afectar al bienestar de los profesionales y al desarrollo de su actividad.

Ante esta realidad, la Policía Nacional mantiene un compromiso permanente con la protección del personal sanitario trabajando tanto en la prevención de estos incidentes, como en la investigación de los hechos delictivos que puedan producirse.

Según el balance oficial de la Policía Nacional correspondiente a 2025, se registraron en España 513 denuncias por agresiones a profesionales sanitarios, lo que representa un incremento del 26,35% respecto del año anterior. Durante ese mismo periodo, se realizaron más de 11.000 intervenciones policiales relacionadas con el ámbito sanitario y se practicaron 138 detenciones.

Para hacer frente a esta problemática, la Policía Nacional desarrolla una labor que combina la formación preventiva, la coordinación con los centros sanitarios y la actuación policial ante las agresiones. En este sentido, la figura del Interlocutor Policial Sanitario, resulta fundamental para mantener una comunicación directa con los profesionales, detectar situaciones de riesgo y establecer mecanismos de prevención y respuesta.

Desde Policía Nacional se recuerda que ningún profesional sanitario debe considerar las amenazas, los insultos o las agresiones como parte de su trabajo. Se insiste en la importancia de denunciar cualquier episodio de violencia para que sea posible activar los mecanismos de protección, investigar lo sucedido y evitar que estas conductas se repitan.

Un equipo de los Servicios Informativos de Televisión Canaria ha descubierto un fardo de droga tras finalizar una conexión en directo a primera hora de la mañana de este jueves, en la costa de Telde, en Gran Canaria.

En concreto, el redactor Isaías Santana y el cámara Aday Déniz se encontraban dando el parte meteorológico de la pasada noche en una zona del litoral grancanario cercano al Centro Comercial Las Terrazas y, tras acabar la conexión en directo con el programa Buenos Días, Canarias, uno de ellos observó lo que parecía un paquete de grandes dimensiones a lo lejos.

Al acercarse para comprobar de que se trataba, sospecharon que podía ser un fardo de droga, por lo que alertaron de inmediato a la Policía Nacional.

Posteriormente, varios agentes del cuerpo se desplazaron a la zona para inspeccionar el paquete y realizar las primeras comprobaciones sobre el contenido.

Además, hasta el lugar también se desplazó la unidad judicial de estupefacientes, para analizar la sustancia, al igual que la Policía Científica, para hacerse cargo de la investigación.

La Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa contra el exjefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, y otros siete agentes investigados por presuntos accesos irregulares al sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista (VioGén) para obtener información de la expareja de un subinspector del cuerpo que ha sido condenado por malos tratos.

El Ministerio Fiscal solicita el sobreseimiento de la causa al entender que los agentes no accedieron a ningún dato protegido o sensible de la víctima, ni es posible conocer a través de esta plataforma su ubicación en tiempo real.

A juicio de la Fiscalía no se produjo un perjuicio para la mujer y descarta por tanto que estos accesos a la plataforma VioGén constituyan un delito penal, según han precisado a Europa Press fuentes del caso.

No obstante, sí solicita que se deduzca testimonio y el asunto se remita a la Agencia Española de Protección de Datos para que proceda en el ámbito de sus competencias si fuese susceptible de sanción por esta vía.

La jueza que ha instruido el caso ha procesado a estos ocho agentes por delitos de descubrimiento y revelación de secretos al entender que existen indicios racionales de que realizaron hasta 35 consultas no autorizadas en el sistema VioGén a la ficha de la expareja de este subinspector, pese a que la protección de la mujer correspondía en exclusiva a la Guardia Civil.

Además del exjefe de Policía, entre los investigados se encuentran un subinspector y un oficial del Grupo de Mujer y Menores de la Policía Local de Granada en el momento de los hechos y cinco agentes más adscritos a esta unidad, que precisamente está especializada en violencia de género.

En el auto de procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada precisa que la Policía Local de Granada “no tenía la asignación del caso y, por tanto, no le correspondía realizar ningún tipo de seguimiento ni protección específica a la víctima”.

A pesar de ello, la auditoría realizada por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior revela que accedieron al sistema VioGén hasta en 35 ocasiones entre el 25 de agosto de 2023 y el 4 de abril de 2024 consultando datos personales y sensibles de la víctima y su hija menor de edad.

La instrucción concluye que el jefe de Policía Local en ese momento dio una orden verbal para recabar información en VioGén con el objetivo de promover un expediente de información reservada contra la expareja de la víctima, que ha ingresado recientemente en prisión por malos tratos.

No obstante, el auto reseña que, aunque el expediente administrativo interno quedó paralizado el 13 de octubre de 2023, las presuntas entradas ilegales en la plataforma continuaron.

La magistrada subraya que estas consultas no autorizadas generaron en la afectada “temor y desasosiego alterando la confianza de la víctima de violencia de género en el sistema, pensando incluso que podía ser localizada por su expareja”, vulnerando su derecho a “conservar sus datos en secreto y a controlar la información de su esfera íntima”.

La causa tuvo su origen en la denuncia que la propia víctima interpuso en julio de 2024 ante la Guardia Civil tras sospechar que los agentes accedían de forma irregular a su expediente de VioGén.

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por desórdenes públicos tras el mitin que ha protagonizado este miércoles en Avilés el presidente de Vox, Santiago Abascal, han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Asturias.

Abascal ha participado en un mitin ante cientos de personas que han seguido sus palabras protegidas por un amplio dispositivo de seguridad, puesto que la plataforma Asturias Antifascista había congregado a menos de 200 metros a un millar de manifestantes, según cálculos policiales.

Cargas policiales

Ha sido al término del acto cuando los agentes antidisturbios han tenido que actuar para evitar el enfrentamiento directo en el centro de Avilés entre los manifestantes y grupos de personas que salían del mitin, que han intercambiado insultos y algunos lanzamientos de objetos.

Los incidentes en A Coruña

Los incidentes de Avilés han tenido lugar horas después de los ocurridos en A Coruña, donde han sido arrestadas otras dos personas tras otro acto público de Abascal.

Ya en Avilés, y durante el acto que ha protagonizado junto a dos de los candidatos del partido al Congreso de los Diputados por Asturias, Carolina López y Javier Jové, el líder de Vox ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de los altercados de A Coruña y ha lamentado que el jefe del Ejecutivo sea “incapaz” de condenar la violencia que se ejerce contra esta formación y que, según ha afirmado, está promovida “por su milicia, que hoy ha enseñado su peor cara”. 

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado este miércoles cerca del camping de Salinetas, en Telde (Gran Canaria).

Según ha publicado el periódico La Provincia, las primeras informaciones apuntan que la víctima pudo fallecer por causas naturales, si bien no han sido confirmadas por el momento.

El cadáver fue hallado esta mañana justo en la desembocadura del barranco de Silva, en una zona con una altura suficiente para resultar mortal a causa de una caída, según señaló GranCanariaTV.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas para proceder al levantamiento del cadáver junto a la autoridad judicial.

La Policía Nacional ha detenido a otras cuatro personas por el robo en el que murió una mujer de 83 años el pasado día 13 en Burgos, que apareció maniatada y amordazada en su vivienda, después de que el sábado se detuviera a los dos supuestos autores materiales, menores de edad, en una investigación que continúa abierta.

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha explicado a los periodistas que este martes se produjo la detención de tres personas, con diferente grado de implicación en el robo, en el que la octogenaria murió por una insuficiencia respiratoria tras no poder acceder a su aparato de oxígeno.

Además, ha avanzado que se trabajaba para la detención de otra persona, ya confirmada, lo que eleva a seis el número total de detenidos, tras los arrestos en la madrugada del pasado sábado de los dos supuestos autores del robo, que han sido internados en el centro de menores Zambrana de Valladolid.

De la Fuente ha alertado sobre la información falsa que ha circulado por redes sociales, de la mano de “pseudoperiodistas”, después de que el sábado, tras la detención de los dos menores, se atribuyese la autoría a dos jóvenes inocentes.

El bulo, que se difundió rápidamente, utilizaba las fotos reales de dos jóvenes catalanes, a los que se atribuía una identidad falsa sustentada en su origen magrebí, y se les incriminaba “de manera torticera y espuria” en el suceso, lo que constituye en sí mismo un delito, ha recordado.

Seis implicados, todos detenidos

De la Fuente ha incidido en que, desde el inicio de la investigación, la Policía Nacional sospechaba que había al menos cuatro personas implicadas, que “se han ido deteniendo con la máxima discreción”, si bien cada una de ellas tendría diferente grado de implicación en el suceso, que es lo que todavía se investiga.

Ha apuntado que no se trata de un grupo criminal organizado, pero sí de personas que se conocen y que en determinadas ocasiones actúan de manera conjunta para delinquir.

En este caso, entre los detenidos estarían además de los dos que entraron en la vivienda, aquellos que identificaron a la mujer como una víctima fácil, y definieron la ventana de oportunidad para acceder a la casa, pero también los que iban a vender las joyas robadas y un receptador de las mismas.

“A cada uno hay que ponerle en su sitio, saber hasta dónde ha llegado, qué coincidencias ha habido en el espacio y el tiempo. Todo eso queda por dilucidar”, ha admitido el subdelegado, que ha destacado la “acción encomiable” de la Policía Nacional, que ha permitido resolver con rapidez la muerte de la anciana.

Amordazada y maniatada para robarle

El suceso tuvo lugar en la tarde del martes 13 de octubre, en un piso de la calle Vitoria, en el barrio burgalés de Gamonal, y fue la cuidadora que llegó pasadas las seis la que encontró el cuerpo sin vida de la mujer, que se había quedado sola después de que su hijo se marchara tras haber comido con ella.

La vivienda apareció revuelta, con indicios claros de robo, y la autopsia realizada al cuerpo determinó que la octogenaria había fallecido por una insuficiencia respiratoria al no poder conectarse con su aparato de oxígeno, al encontrase amordazada y maniatada.

La investigación apuntó desde el primer momento a un robo, y el momento en el que se produjo unido al hecho de que la puerta no estaba forzada, llevó a la Policía a sospechar que los ladrones conocían los hábitos de la anciana, y que esta les había abierto la puerta, como finalmente se ha demostrado.

El subdelegado del Gobierno ha aprovechado para alertar sobre la información falsa que, en este tipo de casos, circula por redes sociales de la mano de “pseudoperiodistas”, después de que el pasado sábado, tras la detención de los dos menores, se atribuyese la autoría a dos jóvenes inocentes.

El bulo, que se difundió rápidamente, utilizaba las fotos reales de dos jóvenes catalanes, a los que se atribuía una identidad falsa sustentada en su origen magrebí, y se les incriminaba “de manera torticera y espuria” en el suceso, lo que constituye en sí mismo un delito, ha recordado De la Fuente.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), ha comparecido este miércoles por vez primera después de que, hace ya cinco días, la Ertzaintza informara de la detención por delitos de “terrorismo” de dos personas vinculadas con la organización Jarki, disidentes abertzales. El máximo responsable político de la Policía vasca ha defendido el no arresto del hombre y de la mujer ahora encarcelados, de 34 y 22 años, respectivamente, cuando fueron identificados, a finales de septiembre, en un control de carretera. Fueron puestos a disposición judicial cuando ellos mismos se entregaron este fin de semana.

“La Ertzaintza lo que ha hecho es garantizar los derechos de todas las personas, solicitar a la Audiencia Nacional [en referencia al Tribunal Central de Instancia] la autorización correspondiente para analizar los materiales que se habían descubierto, poner en manos de la justicia los indicios que ha encontrado y luego se ha sometido a lo que decidieran el fiscal y el juez correspondiente”, ha explicado Zupiria desde el palacio de Ajuria Enea tras participar en el acto de toma posesión de su nueva compañera de gabinete Cristina González. Ha añadido que en ese momento no estaban cometiendo un delito 'in fraganti' que justificase la medida restrictiva de derechos.

La operación se desató en la madrugada del 26 de septiembre. La Ertzaintza, en un control de carretera, paró un Toyota amarillo en la zona de Eskoriatza, en Gipuzkoa. Iban tres personas, los dos detenidos, conductora y copiloto, y un tercero, de nacionalidad irlandesa y presuntamente relacionado con la disidencia de la banda terrorista extinta IRA. La información oficial indica que portaban mapas de zulos de ETA, en plural, y están acusados de manejo de armas y explosivos, sin que se conozca si esos depósitos han sido localizados o no. También que venían de ver uno de ellos en Navarra con dispositivos de comunicación no rastreables. Llevaban consigo también, siempre según los datos policiales y judiciales, documentación de policías y guardiaciviles —como un dispositivo completo clonado— y fotografías de “entrenamientos” para perpretar supuestas acciones violentas. Mucho de ese material estaba “encriptado” y se ha ido descifrando en los últimos días.

Según Zupiria, es la autoridad judicial la que ha fijado la etiqueta de “terrorismo”. El consejero ha dicho que Jarki, que forma parte de la coordinadora Jardun, al igual que Aske, es una organización “alegal”. “No se encuentran inscritas en el registro de asociaciones políticas o de partidos políticos. Por tanto, hay mucha información sobre estas organizaciones que no es conocida públicamente. Insisto en una idea de la importancia de deslegitimar y condenar el uso de la violencia y su justificación, en cualquier caso, como lo hemos hecho estos dos años [desde que accedió al cargo] y como lo viene haciendo el Gobierno desde hace quince cuando ETA se disolvió”, ha indicado el responsable de Seguridad. Estos hechos han coincidido precisamente con el aniversario.

“Yo no voy a decir más de lo que dice el auto de la Audiencia Nacional. Lo que sí voy a recordar es que el Gobierno vasco, desde que hace quince años se produjo la disolución de ETA, lleva lanzando permanentemente el mensaje de que es imprescindible que se condene y se deslegitime el uso de la violencia y la justificación del uso de la violencia. Este Gobierno, que lleva dos años funcionando, también creo que ha repetido insistentemente ante cualquier hecho violento que se ha producido en nuestra comunidad, la necesidad de deslegitimar, denunciar y condenar el uso de la violencia y de su explicación o legitimación. Creo que es un buen momento para volverlo a recordar”, ha insistido.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación, ahora tutelada por el instructor del Tribunal Central de Instancia Antonio Piña y por el fiscal Vicente González Mota. Según Zupiria, la Policía vasca comunicó en la misma noche del 26 de septiembre los datos que disponía a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Asimismo, los investigados estaban fichados al menos por Italia y Francia, según los datos que han trascendido, a causa de conductas de riesgo para la “seguridad nacional”.

La Delegación del Gobierno investigará la actuación de la Policía Nacional en la protesta espontánea frente al Palacio de Santoña del pasado lunes. La concentración reclamaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sentarse a negociar con los colectivos educativos en huelga de la región. Los testimonios recopilados por este diario denunciaron las “violentas” cargas de los agentes, que según los docentes y estudiantes congregados comenzaron sin ninguna actuación hostial previa por su parte, con el objetivo de despejar los accesos y que la dirigente madrileña pudiese abandonar la zona.

El delegado del Gobierno de España en Madrid, Francisco Martín, se reunió en la tarde del martes con el Comité de Huelga representante de los trabajadores y trabajadoras de Educación, poco antes de una nueva una manifestación desde la propia sede de Delegación al Gobierno a la de la Consejería de Educación. Martín les trasladó el compromiso con “la protección del ejercicio de los derechos fundamentales de huelga y reunión”, según trasladan a este medio fuentes del órgano que dirige. El encuentro tuvo lugar justo antes de una manifestación de protesta contra los excesos policiales.

Martín ha confirmado la apertura de una investigación interna sobre la actuación policial que tuvo lugar el lunes a las puertas de la Cámara de Comercio de Madrid. El delegado ha defendido la “profesionalidad con la que la Policía Nacional actúa en nuestras calles”, con la existencia de “garantías” para que cuando se pueda producir “alguna intervención no justificada o desproporcionada”, esta situación “sea analizada de inmediato y se adopten, en su caso, las medidas correspondientes”.

Manuel, uno de los profesores golpeados por la policía, ha remitido a Somos Madrid un parte de lesiones con el sello del Servicio Madrileño de Salud. El informe refiere cuatro hematomas en el musmo, dedos de la mano izquierda, pie izquierdo (con edema “muy doloroso a la palpación”) y costado izquierdo del tórax. Este último aparece descrito como un hematoma “con forma de porra de unos 10 centímetros de longitud y 3 de ancho”.

El parte médico recomienda incluso seguimiento médico debido al alcance de las heridas, aunque las califica de leves, y recomienda un tratamiento analgésico. “Las lesiones que más duelen son las que menos se notan”, declara Manuel ante lo aparatoso de la marca en el costado.

Sobre lo ocurrido el lunes, cuenta que la Policía Nacional “empezó a barrer frente a la puerta del edificio para que saliera Ayuso, cuando nosotros nos estábamos retirando”. Considera que los agentes comenzaron a “pegar porrazos bastante gratuitamente”. Otros testigos narran cómo los efectivos policiales dispararon pelotas de goma al aire para disuadir a los manifestantes y convirtieron la vía en una “ratonera” al cortar varias salidas. Llegaron a retener incluso a uno de los docentes, que finalmente pudo zafarse de los agentes y volver a la muchedumbre después de saltar encima de un coche.

Pese a que por parte de los manifestantes no se registraron actuaciones violentas, Ayuso volvió a vincular las huelgas con que la oposición de la Asamblea de Madrid no admite una pérdida electoral. “Solo quieren violencia y acoso porque la izquierda antidemocrática de este país no admite dejar las urnas”, aseguró.

La huelga educativa arrancó en la Comunidad de Madrid el pasado 14 de octubre y se suma a los meses de paros en la educación infantil de 0 a 3 años. La marea verde reclama bajadas de los ratios, volver a las horas lectivas previas a 2010, equiparación salarial con otras comunidades o refuerzo del personal para atención a la diversidad. A sus habituales manifestaciones han sumado acciones como el corte de la M-30 a comienzos de semana o un recorrido nocturno por la ciudad en la noche del martes. “Seguiremos al menos hasta que Ayuso se siente a negociar”, anticipaba una docente tras la protesta del lunes.

Zaragoza ha crecido hacia el sur, pero su distribución de comisarías de Policía Nacional continúa respondiendo a una organización establecida hace más de una década. Seis asociaciones vecinales de Arcosur, Rosales del Canal, Valdespartera, Montecanal y Valdefierro se han unido para reclamar la creación de una sexta comisaría de distrito que dé servicio a esta zona de la ciudad, donde residen ya más de 43.700 personas y cuya población podría alcanzar los 100.000 habitantes cuando se complete su desarrollo urbanístico.

Bajo el lema 'Luz azul en el Distrito Sur', la campaña, promovida por la Asociación de Vecinos Arcosur 360, plantea dos reivindicaciones: una mayor presencia policial visible durante las tardes y noches y la construcción de una comisaría de Policía Nacional que atienda a los cuatro barrios que integran el Distrito Sur.

La iniciativa cuenta con el respaldo de las asociaciones Arcosur 360, Entrelagos de Rosales del Canal, Parque Libro de la Selva y Los Montes de Valdespartera, Los Sauces de Montecanal y Corredor Verde de Valdefierro. Las dos últimas incorporaciones han sido Los Sauces y Los Montes, que se sumaron este lunes a una petición que reúne ya a colectivos de todos los barrios del distrito y del vecino Valdefierro.

El presidente de Arcosur 360, Antonio Palacios, aclara que la reivindicación no responde a una situación de inseguridad grave. Aunque se han producido incidentes aislados, como actos vandálicos contra vehículos en la calle Centauros del Desierto, junto al acceso al recinto ferial, o robos en trasteros, especialmente numerosos en estos desarrollos residenciales, los vecinos no consideran que el Distrito Sur sea una zona conflictiva. Lo que reclaman es una mayor proximidad policial y una presencia habitual de patrullas que contribuya a reforzar la sensación de seguridad.

Palacios pone como ejemplo Montecanal, donde reside población de mayor edad para la que considera especialmente importante contar con una presencia policial cercana y visible. De hecho, el nombre de la campaña hace referencia a las luces azules de los vehículos policiales, cuya presencia transmite tranquilidad a los vecinos, pero que no resulta habitual en las calles del distrito. “Cuando viene alguna patrulla, la gente gira la cabeza con sorpresa”, explica.

Un mapa policial anterior al crecimiento del sur

Zaragoza dispone de cinco comisarías de distrito de Policía Nacional, situadas en Actur-Rey Fernando, Arrabal, Centro, Delicias y San José. Su distribución quedó recogida en la Orden INT/28/2013, cinco años antes de la creación administrativa del Distrito Sur, en 2018.

Desde entonces, el crecimiento residencial de Arcosur, Rosales del Canal, Montecanal y Valdespartera ha transformado esta parte de la capital aragonesa. Según los datos del padrón municipal a 1 de enero de 2026 aportados por las asociaciones, el distrito suma 43.705 habitantes y ocupa una superficie de 60,5 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el segundo más extenso de Zaragoza.

Los colectivos vecinales consideran que esta expansión demográfica y territorial justifica revisar la distribución de las instalaciones policiales. Como referencia, señalan que Sevilla, con una población ligeramente inferior a la de Zaragoza según el INE a comienzos de 2025, contaba con seis comisarías de distrito en la misma orden ministerial.

Palacios recuerda que la capital andaluza también tuvo que adaptar su organización policial al crecimiento urbano y considera que Zaragoza debería anticiparse a una situación similar. A su juicio, el mapa policial de 2013 ha quedado desfasado respecto a una ciudad que se ha expandido considerablemente hacia el sur.

El presidente vecinal señala, además, que el propio equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza es consciente del importante crecimiento demográfico que todavía tienen por delante estos barrios. Por ello, considera que una zona que podría alcanzar los 100.000 habitantes no puede seguir siendo tratada como un conjunto de barrios dormitorio, sin los servicios y equipamientos públicos que corresponden a su población.

Las asociaciones también ponen el acento en las distancias que separan los nuevos barrios de las instalaciones policiales existentes.

14 kilómetros hasta la comisaría de San José

Según los cálculos recogidos en la campaña, desde Arcosur hay unos 14 kilómetros hasta la comisaría de San José, un desplazamiento que puede prolongarse hasta 57 minutos en transporte público. Para acudir a la de Delicias, que identifican como la más próxima para presentar una denuncia presencial, estiman un trayecto de 42 minutos en autobús.

Palacios incide en las dificultades que supone desplazarse hasta Delicias, un distrito densamente poblado y con problemas de aparcamiento, para realizar trámites como la presentación de denuncias. También señala los desplazamientos que deben afrontar los vecinos para renovar el DNI, al no disponer de una oficina de expedición en el Distrito Sur. Entre los trayectos, la búsqueda de estacionamiento y las gestiones, sostiene que estos trámites pueden acabar ocupando buena parte de la mañana.

A ello añaden las limitaciones que, a su juicio, presenta la presencia de Policía Local en estos barrios. Señalan que únicamente Valdespartera figura en el servicio municipal de policía de barrio, con horario de 8.00 a 21.00 horas, mientras que las patrullas nocturnas tienen como referencia el cuartel de La Paz, situado a unos 11 kilómetros de la entrada de Arcosur.

Los vecinos reclaman, por tanto, no solo una nueva comisaría de Policía Nacional, sino también más patrullas de Policía Local, dado que el distrito no está incluido en la policía de barrio, y una mayor cobertura del servicio de policía de barrio en Arcosur, Rosales del Canal y Montecanal.

Una parcela de más de 57.000 metros cuadrados en Arcosur

La campaña no se limita a reclamar unas instalaciones policiales, sino que plantea una posible ubicación. Las asociaciones proponen estudiar la parcela de equipamiento S-2 de Arcosur, de 57.379 metros cuadrados, situada junto a la glorieta de la avenida de Casablanca, entre Arcosur y Rosales del Canal.

Defienden que su emplazamiento permitiría acceder rápidamente a los cuatro barrios del distrito, con recorridos de uno o dos minutos hasta sus primeras viviendas, según sus estimaciones.

Se trata, en cualquier caso, de una propuesta vecinal cuya viabilidad urbanística y funcional está pendiente de estudiar. La decisión sobre la ubicación definitiva correspondería a las administraciones competentes. “No pedimos nada extraordinario. Pedimos que el mapa de la seguridad se ponga al día con el mapa de la ciudad”, sostiene Antonio Palacios, presidente de Arcosur 360, quien recuerda que Valdespartera ya alberga instalaciones de la Guardia Civil.

Las asociaciones dirigirán su petición a la Dirección General de la Policía y a la Delegación del Gobierno en Aragón, además de trasladarla a la Jefatura Superior de Policía de Aragón, al Ayuntamiento de Zaragoza y a la Junta Municipal del Distrito Sur.

También pretenden que la Junta Municipal debata y apruebe una posición institucional sobre la necesidad de contar con una comisaría propia.

La iniciativa incluye un registro de incidencias para recoger experiencias de los residentes, sin identificar personas ni domicilios concretos, y una campaña de adhesiones entre los establecimientos comerciales, que podrán exhibir el cartel de “Luz azul en el Distrito Sur” en sus escaparates.

Los seis colectivos han elaborado un pliego común de reivindicaciones que cada asociación ha adaptado a las necesidades específicas de su barrio. “Cuando asociaciones de cuatro barrios piden lo mismo, ya no es la queja de un barrio: es una necesidad del distrito”, defiende Palacios.

Con esta campaña aspiran a situar la dotación policial entre las prioridades de una de las zonas de mayor expansión residencial de Zaragoza, sin presentar el distrito como un foco de delincuencia, sino reivindicando que el crecimiento de la ciudad vaya acompañado de unos servicios públicos adecuados a las necesidades de sus habitantes.

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han detenido a dos personas como presuntos autores de un delito de hurto en un supermercado de Logroño. Un agente, fuera de servicio, observó una conducta sospechosa de estos dando inicio así a una intervención policial que terminó con la localización de más de 500 productos sustraídos.  Ninguno de los dos residía en La Rioja y utilizaban un vehículo de alquiler para realizar sus viajes. La mujer tiene un antecedente policial por un hecho similar al actual. Mientras que el hombre carece de antecedentes policiales previos. 

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 3 de octubre, cuando un agente que se encontraba fuera de servicio, observó a una mujer con una conducta sospechosa. La mujer se acercó a un vehículo y sacó una llave escondida entre el parabrisas y el capó. Tras unos minutos, empezó a sacar unos objetos que parecían unos teléfonos móviles, y empezó a meterlos en una bolsa de basura. 

Ante tales hechos, el agente solicitó presencia policial llamando a la Sala CIMACC 091. En pocos mintuos, dos agentes de Policía Nacional se personaron en el lugar, identificaron a la persona y comprobaron lo que estaba pasando. Y aunque la mujer intentó huir con su vehículo, los agentes se lo impidieron.

En ese mismo momento, un hombre se estaba dirigiendo hacia la mujer. Portaba una bolsa de supermercado cargada con diversos alimentos y una bandolera gris, y ante la presencia de los agentes, retrocedió iniciando su huída en dirección contraria. Fue interceptado por el agente fuera de servicio para proceder a su identificación y registrar sus pertenencias. 

Una vez que se inició el cacheo superficial de seguridad al hombre, se pudo comprobar que dentro de la bandolera que portaba había una gran cantidad de tabletas de chocolate (120), sin ticket de compra, por lo que no se podía demostrar su origen.

También se realizó un registro del interior del vehículo y en la parte trasera de este se localizaron productos de alimentación y de limpieza, tapados con una lona negra. Estaban separados y ordenados por tipología. Entre estos productos se encontraban cientos de tabletas de chocolate, productos de limpieza, turrones, bonito, acondicionadores de pelo, berberechos, latas de atún, embutidos, ensaladas y diversos productos de limpieza e higiene. Más de 500 productos de diferente uso. 

Asimismo en el interior del vehículo se localizaron diferentes prendas de ropa y complementos como gafas de sol, que usarían para evitar ser identificados en los diferentes supermercados los ahora detenidos. Entre las pertenencias de la mujer, se localizó una libreta con un listado de productos de supermercado. Separados por tipología y por número de unidades, así como el precio de venta y del posible beneficio obtenido en el mercado ilegal. 

Ante el dudoso origen de los productos incautados y la comprobación en un supermercado cercado de la sustracción de las tabletas de chocolate, valoradas en más de 400 euros, se procedió a la inmediata detención de ambas personas, por el delito de hurto en un supermercado cercano. También se procedió a la incautación de toda la mercancía. 

Valor de los productos

El conjunto de los efectos intervenidos superaría los 5.000 euros. Los citados efectos fueron localizados en el interior del vehículo utilizado por los detenidos, y se encontraban distribuidos en diferentes bolsas de basura y agrupados y ordenados por su tipología, diferenciándose entre productos de alimentación y de limpieza. También fueron intervenidas dos libretas en cuyo interior se observaron anotaciones relativas al recuento de determinados productos, así como a referencias a los precios de coste y al beneficio económico que se podría obtener en su posterior venta. También se procedió a la incautación de 1.010 euros en efectivo puesto que no supieron justificar su procedencia. 

La jueza María Tardón ha dictado un auto por el que cita como testigos a tres consejeros de la Ciudad de Ceuta, así como a tres de los investigadores policiales implicados en la redacción de informes antes y después de la llegada masiva de migrantes. La magistrada también pide al MInisterio de Defensa informes de inteligencia sobre la presunta previsión de los hechos los días 30 y 31 de julio pasado.

Los tres consejeros citados son el de Presidencia, Alberto Ramón Gaitán; de Sanidad, Nabila, Benizna; y el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo de Ceuta, Alejandro Ramírez Magaña. Los tres deben comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 27 de octubre . Al día siguiente, Tardón tomará declaracion a tres oficiales del Cuerpo Nacional de Policía.

Asimismo, la magistrada pide al jefe del Estado Mayor de la Defensa que recopile del Ejército de Tierra y le remita “todos los informes de inteligencia y seguridad que se hayan emitido por la Comandancia de Ceuta” entre los días 15 de julio y 7 de agosto, así como el informe original de uno de sus organismos a los que se alude en los documentos desclasificados.

Tardón también solicita que el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) que le envíe los informes de inteligencia que haya emitido su grupo de seguimiento de Marruecos, así como la ampliación de las imágenes satelitales sobre la frontera de Ceuta entre el mismo periodo de tiempo. Igualmente la jueza requiere los datos que haya ofrecido el programa de guerra electrónica del programa Santiago de las Fuerzas Armadas.

La magistrada requiere a todas las autoridades civiles y militares para que “remitan todas las grabaciones procedentes de cámaras de videovigilancia, drones, sistemas de control fronterio y demás medios audiovisuales correspondientes, y ello desde el día 30 de julio y hasta ahora”.

A la ciudad autónoma, Policía, Guardia Civil y Servicio Marítimo la jueza pide “toda la información oficial de que dispongan sobre el número de entradas registradas, retornos, devluciones, rescates efectuados, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados”.

De la Ciudad Autonoma de Ceuta y la Delegación del Gobierno, la jueza requiere “actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados, documentos preparatorios y cualquier otra documentación relacionada con las reuniones celebradas los dias 27, 28 y 30 de julio”.

Por otra parte, la jueza pide a la Guardia Civil y Policía de Ceuta que identifiquen a un confidente que se llamaría Ahmed, residente en Benzú y que colaboraría habitualmente con el instituto armado. También quiere saber qué agentes lo manipulaban y que se les cite como testigos a todos.

Ayman tiene 16 años y lleva todo el día esperando frente a la comisaria del centro de Ceuta. No es la primera vez que intenta acceder a estas dependencias policiales. El joven asegura que lo ha hecho, al menos, en tres ocasiones, pero ninguna ha terminado como esperaba. “Me han dicho que no cogen más huellas, que ya están llenos los centros”, explica. Mientras aguarda una nueva oportunidad, uno de sus amigos le enseña unos vídeos del operativo de limpieza que se está desplegando en las naves del Tarajal. Allí, hasta esta mañana, guardaba la poca ropa que le quedaba y un lugar en el que resguardarse durante las noches. Ahora, según cuenta a este medio, no tiene ninguna de las dos cosas. “No sé qué hacer, no sé dónde voy a dormir”, reconoce. 

El adolescente, natural de la localidad marroquí de Assilah, cuenta que ya ha tenido que dormir en la calle en otras ocasiones en Marruecos. “Estoy acostumbrado”, reconoce, aunque insiste en que su situación en Ceuta es ahora mucho más difícil. A su alrededor hay otros jóvenes que también esperan poder acceder a los trámites de filiación, pero Ayman decide alejarse del grupo. Piensa que, si se presenta solo, quizás tenga más probabilidades de ser atendido. “Somos muchos, hay muchos menores que estamos en la calle”, explica. Cuando se le pregunta dónde pasará la noche, no sabe qué responder. Es el quién termina haciendo las preguntas. “¿Dónde es más seguro?”, plantea. Después, ante la falta de alternativa, añade: “Buscaré algún sitio tranquilo”. 

Ayman es uno de los menores marroquíes que, tras el operativo desplegado el pasado domingo por la Policía Nacional en los asentamientos informales de Ceuta (tanto en las naves del Tarajal como en otros puntos de la ciudad como el barrio de Rosales o Regulares), se ha quedado en la calle sin una alternativa de acogida. Todos han sido trasladados en autobuses hasta las dependencias policiales con la expectativa de iniciar los trámites de filiación que les permitirían acceder al sistema de protección de menores. Sin embargo, según relatan a elDiario.es varios de los afectados, no han llegado a ser filiados porque no aceptaban a más personas y han tenido que regresar al mismo lugar del que habían sido desalojados horas antes. 

Ahmed mira como avanzan las excavadoras y el operativo de limpieza en la parte superior de las naves del Tarajal que, para cuando el joven ha vuelto al lugar, ya habían retirado las tiendas de campaña, las mantas y las pertenencias que formaban el asentamiento donde muchos llevaban más de dos meses durmiendo. “Toda mi ropa estaba ahí [dice mientras señala uno de los costados de la explanada] y ahora solo tengo esto [insiste mientras señala la ropa que lleva puesta]”. Unos pantalones cortos, unas chanclas medio rotas y una sudadera. Nada más.

Islam, de 17 años, creyó que el autobús le llevaría a un centro de acogida. Llevaba semanas durmiendo en las naves y, al ver llegar los vehículos, pensó que la Policía iba a identificar a los menores para facilitar su entrada en el sistema de acogida. Pero, cuando llegó a las dependencias policiales, asegura que le negaron el acceso. “Han pasado muchos de los chicos que venían con nosotros en el bus, o que dormían también en las naves del Tarajal”, explica a este medio. Cuando ha llegado su turno le han dicho: “Ya está. No vamos a coger más huellas”. Mientras tanto, Haitam, también de 17 años, y la persona con la que compartía tienda de campaña, sí que ha entrado en el recurso. “No entiendo nada”, insiste. 

De regreso al Tarajal, Islam contempla cómo las máquinas retiran lo que hasta unas horas antes era su refugio. “¿A dónde voy a ir ahora? Nos hemos quedado en la calle”, repite. A su alrededor, otros jóvenes se hacen la misma pregunta. Entre ellos está Mohammed, de 17 años, que tampoco ha conseguido iniciar la filiación, según cuenta. El grupo emprende el camino cuesta arriba hacia la barriada del Príncipe. Dicen que intentarán dormir allí, aunque ninguna sabe todavía en qué lugar ni cómo se resguardarán del frío de las noches. 

Ayoub, también de 17 años, recuerda la alegría que sintió al subir al autobús. “Pensaba que iba a entrar, pero no”, explica. En el bolsillo conserva uno de los carteles identificativos como menor preparados por organizaciones en el terreno para este tipo de operativos y, junto a él, una copia de su acta de nacimiento. Es de Castillejos y ha perdido las mantas con las que se protegía por las noches. Ahora están, según relata, entre los montones de restos que la excavadora lanza sobre uno de los camiones. “Me he quedado sin nada y ahora hace más frío por la noche”, insiste. 

Durante la jornada del domingo, las tormentas han dejado abundantes lluvias sobre Ceuta. Ayoub mira al cielo y pregunta si va a volver a llover. Pide que alguien consulte la previsión meteorológica en su teléfono. Para el joven, la posibilidad de pasar otra noche a la intemperie se ha convertido en una preocupación más. 

También Haytham se ha quedado sin un lugar al que regresar. Dormía en la parte inferior de las naves del Tarajal, cerca de una familia con un bebé recién nacido, al que había ayudado a cuidar desde su nacimiento. “Nos llevaron a la comisaría, pero no han aceptado la foto que tengo en el móvil de mi documento nacional de identidad”, revela. Ahora, y con el objetivo de encontrar una solución para entrar en un recurso de acogida, explica que le va a pedir a un familiar que intente hacerle llegar la copia original a través de la frontera. Hasta entonces, sigue sin saber dónde pasará la noche. “Me da miedo la noche. He vuelto aquí pensando que podíamos recoger alguna de nuestras ropas, pero no”, lamenta mientras observa cómo avanza la limpieza.

El desalojo de las naves del Tarajal forma parte de un amplio dispositivo desplegado este pasado domingo en distintos puntos de Ceuta, con más de 350 agentes de la Policía Nacional. Los policías agruparon a las personas migrantes y las condujo en autobuses hasta la comisaria para iniciar la filiación. Sin embargo, los menores entrevistados por este medio aseguran que regresaron sin ser filiados y sin una plaza de acogida. Al término de la jornada, no solo continuaban en la calle, sino que también había desaparecido el lugar en el que llevaban meses durmiendo. Ahora vuelven a buscar otra noche llena de preguntas, sin respuestas y, esta vez, en un lugar nuevo, sin la certeza de que no vuelva a ocurrir lo mismo.  

Es verano de 2026 y dos personas acuden a la sede de una empresa pública de un gran municipio español. Es un padre acompañado de su hijo, un adolescente de 17 años. Vienen a disculparse por un error de juventud, casi “una trastada”, reconocerían más tarde fuentes policiales. Pero una extremadamente grave: el joven ha utilizado modelos comerciales de inteligencia artificial para abrir una brecha en la seguridad del portal oficial de la institución y robar los datos personales de unos 5.000 ciudadanos.

Pese a que el progenitor acudió con su hijo para pedir perdón e informar sobre la necesidad de cerrar el agujero, el alcance de los hechos hizo obligatoria la denuncia a las autoridades. Hoy el caso está en manos de la jurisdicción de menores. Es un ejemplo de las situaciones que se están viviendo alrededor de la IA, pero que pasará bajo el radar.

La Policía no tiene previsto hacer públicos los detalles del caso porque el joven está colaborando. Y podría hacerlo aún más. “Hemos planteado a la autoridad judicial que este chico pueda colaborar con nosotros, obviamente sin tener información de ninguna investigación, pero sí ayudándonos a crear alguna herramienta que nos ayude a monitorizar lo que está sucediendo”, explica el inspector Javier Izquierdo, jefe de grupo de investigación de Ciberataques de la Policía Nacional.

Los hackers adolescentes, y más aún aquellos que colaboran con la Policía, han sido durante décadas un estereotipo exagerado. Una figura alejada de la realidad sobre el terreno de la ciberdelincuencia, cada vez más especializada y profesionalizada. Sin embargo, están reapareciendo. En muchos casos, como el citado, con actividades en las que “no vemos ningún ánimo de lucro”, continúa Izquierdo.

“Estamos deteniendo a chavales menores, algunos con altísimos conocimientos de ciber. Chavales con 15 o 16 años que no han pisado una facultad de informática en la vida, pero que disponen de una cantidad de herramientas que antes no estaban a su alcance. Son nativos digitales, han nacido con una pantalla delante, y ahora cuentan con las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. Es como darle una pistola a un mono, para ellos los ciberataques se han convertido en un reto”, alerta el inspector jefe.

Estamos deteniendo a chavales que no han pisado una facultad de informática en la vida, pero que disponen de herramientas de IA que antes no estaban a su alcance. Es como darle una pistola a un mono

Javier Izquierdo — jefe del grupo de investigación de Ciberataques

Para la Policía esto resulta muy preocupante. No solo por la inconsciencia de los jóvenes, que cometen delitos extremadamente graves solo por “el reto”. También, porque es un patrón: al igual que hace décadas, cuando la llegada de Internet abrió un territorio nuevo en el que algunos adolescentes jugaban a poner a prueba los límites de la tecnología, el mundo está cambiando de nuevo.

La inteligencia artificial vuelve a abrir un espacio inexplorado. Nuevas herramientas, nuevas armas y nuevas defensas. Y con tendencias más peligrosas que el aumento de hackers adolescentes.

Una tecnología que cambia las reglas

Al jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática, el comisario Juan Carlos Sancho, le extraña un tanto la petición de elDiario.es de visitar las instalaciones del grupo de investigación de Ciberataques. Para él, es solo una oficina. Pero como la unidad encargada de investigar los ciberdelitos más complejos, es la primera línea donde se están investigando los cambios que la inteligencia artificial trae a los ciberataques.

Una parte de la lógica es sencilla. Hay un efecto llamada. Para los criminales es más fácil pedirle a ChatGPT que haga su trabajo que jugársela sobre el terreno. “Gente que hasta hace un año se dedicaba a llevar la gasolina en una barquita para dársela a los narcos que cruzan el estrecho para traer hachís, ahora la estamos deteniendo por hacer ciberataques de spoofing”, cuenta el comisario.

Gente que hasta hace un año se dedicaba a llevar la gasolina a los narcos en el estrecho, ahora la estamos deteniendo por ciberataques de spoofing

Juan Carlos Sancho — jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática

El spoofing es la técnica de suplantar el número de teléfono o el correo electrónico de una empresa o institución. Uno de los formatos más repetidos es falsificar el remitente de los SMS de los bancos para que el intento de estafa llegue bajo el nombre oficial de la entidad: “Se ha detectado una transferencia de 5.000 euros desde su cuenta. Si no reconoce el cargo, active el sistema de seguridad en el siguiente enlace”.

Para este tipo de perfiles, la IA ha derribado las barreras de entrada. “Toda la primera campaña, todas las primeras comunicaciones de 'voy a buscar víctimas', eso ahora lo hace la IA. Gente que no tenía ningún tipo de cultura informática, ni formación técnica ni nada de nada, está cometiendo este tipo de delitos. Compran la herramienta como si la pidieran por Amazon, compran los listados de potenciales víctimas, y con la ayuda de la IA se ponen a ciberatacar”, explica Sancho.

Esta “democratización” del cibercrimen es el principal cambio que ha traído consigo la IA, destacan el comisario y sus agentes. La IA ha limado muchas de las trabas que frenaban a los delincuentes a dar el salto al ciber. Elimina, por ejemplo, la principal pista que permitía detectar fraudes simples, como las faltas de ortografía, facilitando la redacción de ganchos más convincentes.

El impacto se percibe también en estafas más complejas, en las que se están empleando chatbots para contactar a potenciales víctimas. La Policía está viendo cómo en delitos como “el despiece del cerdo” (llamado así porque los ciberdelincuentes se ganan la confianza de la víctima durante semanas o meses para luego intentar estafarla varias veces) ya hay grupos que utilizan IA para llevar a cabo el primer contacto e intentar guiar a los ciudadanos a plataformas falsas de inversión. Los estafadores reales intervienen después, cuando alguien ha mordido el anzuelo y llega el momento del fraude.

Pero el salto va más allá. Un ejemplo detectado en bandas más especializadas es el uso de IA para burlar la verificación de identidad online que utilizan los bancos e instituciones financieras con sistemas de “prueba de vida”, que comprueban que quien aparece ante la cámara es una persona real y no una grabación. Los más habituales son los que piden al usuario que se grabe sosteniendo su DNI y haciendo diferentes movimientos con la cabeza.

“Hemos visto grupos que utilizan DNI robados para darse de alta en servicios muy, muy relevantes, a través de los cuales cometen fraudes. Se ponen una careta de la persona del DNI con inteligencia artificial, y mueven la cara como les pide el sistema. Pero claro, luego ves los vídeos de diferentes personas y está el mismo cuadro, la misma silla o incluso la misma camiseta. Pero la cara ha cambiado”, detalla Sancho.

Veías los vídeos de diferentes personas y estaba el mismo cuadro, la misma silla o incluso la misma camiseta. Pero la cara había cambiado

Juan Carlos Sancho — jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática

El comisario sostiene que el agujero que utilizó ese grupo ya se ha subsanado, pero el caso da idea de las capacidades de estas nuevas herramientas. “La empresa que hacía la acreditación se había relajado mucho”, lamenta. En este nuevo escenario, la falta de actualización de las herramientas es una puerta abierta a los delincuentes. “Prefiero no dar más detalles, por si acaso”, responde el comisario ante las preguntas de este medio.

La defensa debe evolucionar ya

La inteligencia artificial está permitiendo automatizar estafas y refinar fraudes para que perfiles sin conocimientos técnicos puedan lanzar ciberataques exitosos. Pero las amenazas que ya eran peligrosas antes, ahora lo son aún más. “Este nuevo paradigma es crítico, no solo por la aparición de actores con escasa especialización, sino también por la potencia que alcanzan aquellos que tradicionalmente han supuesto una amenaza grave”, explica el Centro Criptológico Nacional (CCN).

Si la Policía Nacional libra la batalla diaria contra los fraudes que sufren ciudadanos y empresas, el CCN se ocupa de la alta ciberseguridad de las instituciones e infraestructuras críticas del Estado. Depende directamente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y su misión es vigilar amenazas a escala global. Su conclusión es clara. “La IA no descansa. Nos enfrentamos a un escenario de automatización y paralelización de los ciberataques que puede hacer colapsar las estructuras defensivas si no se adaptan a la misma velocidad que la parte ofensiva. Los próximos 12 a 18 meses serán decisivos”, avanza el organismo a elDiario.es.

La IA no descansa. Puede hacer colapsar las estructuras defensivas si no se adaptan a la misma velocidad que la parte ofensiva

Centro Criptológico Nacional

Cuando habla de “automatización y paralelización”, el organismo se refiere a cómo los modelos de IA pueden leer el código de una aplicación o analizar cómo responde una web, detectar fallos y preparar herramientas diseñadas expresamente para explotarlos. Esto, que antes exigía horas de análisis especializado sin garantía de éxito, es algo que la máquina puede automatizar y repetir con miles de objetivos a la vez.

Según fuentes policiales, es exactamente el proceso que siguió el joven contra el portal oficial de la empresa pública, con una orden a la IA tan sencilla como: “escanéame la infraestructura de este servicio, dime por dónde se puede atacar y cómo podemos sacar información”.

Esa “capacidad de la IA para detectar automáticamente deficiencias o vulnerabilidades en el software, y desarrollar el código necesario para explotarlas” es la que está cambiando también el modus operandi de las bandas de ciberdelincuencia organizada y los grupos patrocinados por estados, expone el CCN. La tendencia dominante ha dejado de ser los ataques de ransomware, basados en el secuestro de archivos y sistemas informáticos para extorsionar a la víctima. Ahora se centra en el robo de información y bases de datos personales para su posterior venta en el mercado negro.

Un ataque de ransomware equivale a asaltar un comercio por la puerta principal. Explotar un agujero descubierto por la IA es como encontrar las llaves de la entrada de servicio y llevarse la caja fuerte sin ser visto. Es mucho más limpio, ya que de momento “solo es posible determinar si un incidente se ha realizado con IA tras su investigación”, recuerda el organismo.

La consecuencia no son más ciberataques, sino más daño. No hay “un incremento significativo en el número de incidentes gestionados”, pero sí “un aumento en el impacto recibido”, señala el CCN. Los datos del Ministerio del Interior apuntan en la misma línea en cuanto al volumen: el peso de la cibercriminalidad sobre el total de delitos se mantiene en torno al 20% desde 2023, en plena explosión de la IA generativa. No miden, en cambio, la gravedad de los ataques.

Para los defensores, todo esto tiene una parte positiva: no hay que irse muy lejos para encontrar la solución. También es la inteligencia artificial: IA defensiva que frene a la IA ofensiva. O, lo que es lo mismo, “centros de operaciones de ciberseguridad soportados por agentes de IA donde las máquinas, y no las personas, puedan responder a los ciberataques ejecutados con ayuda de la IA”, pide el CCN.

Las personas no pueden seguir el ritmo de las máquinas. Por ello, los defensores deben hacer “un uso extensivo de la IA” tanto para detectar y cerrar los agujeros de seguridad, como para “optimizar las capacidades técnicas de los analistas”. “El punto clave aquí es el control de estos agentes por personas, que deben tener un nivel de formación elevado tanto en ciberseguridad como en IA”, advierte el organismo.

Más allá de la IA contra la IA

Para el resto de ciudadanos, el espíritu crítico es el mejor escudo. Pese a su sofisticación, los fraudes y estafas con IA siguen dependiendo, en casi todos los casos, de engañar a la víctima. “Hay que poner en duda todo lo que se vea en una pantalla. Ya no te puedes creer un audio, un texto o un vídeo solo porque lo estés viendo: tienes que ponerlo en duda”, enfatiza el comisario Juan Carlos Sancho.

Ante cualquier tipo de comunicación oficial o web que genere sospechas, la respuesta debe ser contactar con los canales oficiales de esa empresa u organismo, continúa el mando policial. Incluso aunque en la pantalla del teléfono aparezca el nombre de una entidad reconocida. Y ante todo, siempre hay que desconfiar de cualquier acción que requiera actuar de urgencia, una sensación que los ciberdelincuentes explotan por su capacidad de anular el espíritu crítico de la víctima.

Hay que poner en duda todo lo que se vea en una pantalla. Ya no te puedes creer un audio, un texto o un vídeo solo porque lo estés viendo: tienes que ponerlo en duda

Juan Carlos Sancho — jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática

Cuando esa comunicación venga de personas del círculo cercano, también hay un método sencillo para anular cualquier engaño, provenga de la IA o no. Establecer una palabra clave. “En mi familia tenemos una contraseña, una palabra que es una tontería, pero que solo sabemos nosotros. Si alguna vez les pido dinero por WhatsApp o por teléfono, saben que me tienen que pedir esa palabra”, expone Sancho.

Con todo, los especialistas técnicos piden que la responsabilidad recaiga también en las compañías. Esta semana, más de 400 científicos e investigadores de una treintena de países pidieron en una carta abierta a los laboratorios que desarrollan los modelos más potentes que corrijan la “negligencia irresponsable” en sus prácticas de ciberseguridad, tanto en la investigación de IA avanzada como en su despliegue.

Mientras tanto, en la oficina de la unidad de ciberataques, intentan desincentivar a todos aquellos a los que se les pase por la cabeza que los ciberataques son demasiado fáciles como para no intentarlo. Es la “prevención activa”: los agentes crean páginas-señuelo donde se anuncian herramientas ofensivas y en cuanto detectan que alguien está intentando comprar, envían un mensaje de advertencia informando de las penas que recoge el Código Penal y advirtiendo de que la Policía monitoriza constantemente esos canales.

No es una trampa en la que vayan a caer delincuentes experimentados, pero sí puede asustar lo suficiente a los más inexpertos o a los adolescentes aspirantes a hacker, asume el inspector jefe Izquierdo. No obstante, son métodos sencillos que no esconden el problema global: la IA facilita los ciberataques y los defensores piden más recursos, tanto personales como técnicos. “Va a haber que crecer como unidad y con equipos de investigación especializados en esta materia, porque si no, de aquí a muy poco tiempo vamos a estar desbordados. Lo tengo claro”.

Nueve personas han sido detenidas en Asturias acusadas de estafar al menos a 80 personas, residentes en varias ciudades españolas, que cayeron víctimas de su engaño al ingresar en las cuentas bancarias de los miembros de esta red el dinero que creían que era destinado como fianza a la reserva del alquiler de una vivienda. La oferta se presentaba muy atractiva por tratarse de alquileres por debajo del precio del mercado.

Sin embargo, esta banda de la que formaban parte clanes familiares, había copiado las imágenes de anuncios de viviendas publicados en internet.

La Policía Nacional calcula que por este método han obtenido más de 80.000 euros y no descarta que pueda haber muchas más víctimas repartidas por todo el territorio nacional.

Cooperación entre comisarías

La mayoría de estas víctimas residen en Pamplona. Este hecho llevó a la Jefatura Superior de Policía de Asturias a pedir la colaboración de la Jefatura Superior de Navarra para tratar de tirar del hilo e intentar llegar hasta los autores de las estafas.

En una operación policial coordinada entre ambas comisarías, efectivos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Pamplona y de la Brigada Local de Policía Judicial de Langreo lograron dar con los supuestos autores de estas estafas que no solo carecían de actividad laboral, sino que incluso algunos de ellos recibían ayudas sociales y otros mantenían un alto nivel de vida.

Las denuncias

La investigación se inició a principios de este año, cuando la Comisaría de Policía Nacional de Langreo-SMRA comenzó a recibir las primeras denuncias procedentes de varias ciudades españolas.

El análisis de las denuncias estableció una relación entre los hechos, que permitieron determinar la existencia de varios clanes familiares que, de manera sistemática, se dedicaban a la comisión de este tipo de delitos.

Copiaban anuncios de internet

Según el relato policial, los investigados aprovechaban la necesidad de las víctimas para encontrar pisos de alquiler a buen precio para ofrecerles alquileres por debajo del precio de mercado. La Policía asegura que ni siquiera tuvieron que recurrir a métodos sofisticados, ni complicados para convencer a las víctimas.

Su modus operandi era muy sencillo: buscaban en plataformas de internet de alquiler de pisos, o ellos mismos copiaban anuncios en los que se alquilaban inmuebles. Una vez establecido el contacto apremiaban al interesado para que realizara el pago de una cantidad de dinero en concepto de reserva, fianza, seguro o alquiler del inmueble. El pago se solicitaba por transferencia bancaria o por métodos de pagos telefónicos y, una vez recibido el dinero, dejaban de contestar el anuncio.

Presuntos autores y 'mulas'

La investigación permitió agrupar las denuncias, las gestiones de investigación solicitadas, la documentación bancaria y de movimientos de dinero, así como la identificación de los responsables y de las identidades suplantadas y de las llamadas “mulas”; personas que ofrecen sus cuentas bancarias para recibir el dinero estafado y que posteriormente transfieren a los responsables a cambio de una comisión.

Los presuntos autores habían abierto unas 115 cuentas bancarias en diferentes entidades; un número elevado de cuentas debido a que los propios bancos proceden al bloqueo preventivo cuando hay indicios de comisión de delitos.

Cuentas bancarias en el extranjero

La Jefatura Superior de Policía de Asturias asegura que esta circunstancia llevó a los ahora detenidos a Ecuentas en países extranjeros como Malta, Chipre o Sudamérica.

Con todas las evidencias reunidas se dio cuenta de la investigación al Tribunal de Instancia de Guardia de Laviana, solicitando la entrada y registro en los domicilios de los investigados.

Registros domiciliarios

Tras lograr autorización judicial, el pasado miércoles, día 14, se estableció un dispositivo policial para la detención de los investigados y la práctica de los registros en la localidad asturiana de Sotrondio con la colaboración de la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

El resultado final de la investigación ha dado como resultado la detención de nueve personas, cinco de ellas integrantes del grupo criminal a los que se les imputan los delitos de estafa, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal y otras cuatro con funciones de “mula” a los que se les imputa delitos de estafa. Los detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Laviana junto con el atestado policial y toda la documentación recopilada.

La investigación continúa abierta con el análisis de las evidencia recogidas en los registros que podrían aportar nueva información sobre los hechos investigados y nuevas detenciones.

La Policía Nacional rescató durante la madrugada del pasado 9 de octubre a un hombre que quedó colgado de la ventana de un noveno piso en un edificio de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado este viernes la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

La actuación de los agentes comenzó cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) recibió un aviso de la Sala Operativa CIMACC 091 alertando de que un hombre se encontraba suspendido en el exterior de una ventana y a gran altura.

Una vez en el lugar, los efectivos comprobaron que había un hombre agarrado a los barrotes de una ventana y con todo el cuerpo fuera del edificio, por lo que entraron al inmueble y accedieron a la vivienda gracias a las indicaciones de los vecinos.

En este sentido, se dio la circunstancia de que otras de las personas del domicilio les abrió la puerta con normalidad al no conocer inicialmente lo que estaba sucediendo.

Los policías se dirigieron hasta una de las habitaciones y, asomándose al exterior de la ventana, lograron alcanzar al hombre y sujetarlo con fuerza por la ropa, evitando que se precipitara al vacío.

Al respecto, el hombre se encontraba en un estado de gran alteración emocional y se resistía a ser auxiliado, lo que dificultaba las maniobras de rescate. No obstante, consiguieron elevarlo e introducirlo por la ventana hasta el interior de la vivienda, donde quedó fuera de peligro.

Poco después, el personal de una ambulancia asistió al afectado en la propia vivienda antes de trasladarlo al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para recibir atención médica.

La Policía Nacional ha recuperado tres de las obras de arte sacro que habían sido sustraídas en templos de Valladolid durante julio y septiembre, en una investigación que permitió el pasado 17 de septiembre la detención de un hombre como supuesto autor de varios delitos contra el patrimonio histórico.

Según han informado este viernes fuentes policiales, los hechos investigados presentaban un carácter excepcional en la provincia, al tratarse de sustracciones de obras de arte sacro del interior de iglesias, una modalidad delictiva poco habitual en la demarcación policial.

La sucesión de varios robos en poco tiempo llevó a los agentes especializados a considerar la posible existencia de una única autoría. La investigación se inició tras las denuncias presentadas por la desaparición de diferentes piezas de valor histórico y artístico en varios templos de la ciudad.

Entre ellas figuraban una talla de madera policromada representando a un ángel del siglo XIX, sustraída de la iglesia de San Felipe Neri; una talla de madera policromada en color oro que representa a un ángel sujetando una trompeta, datada a finales del siglo XVII y sustraída del interior de la Iglesia Penitencial de la Santa Vera Cruz.

También figuraban un cuadro sobre lienzo titulado Ecce Homo, copia del pintor Luis de Morales, y la Séptima Estación del Vía Crucis, denominada Jesús cae por segunda vez, ambas pertenecientes a la Iglesia de San Pablo.

Descripción coincidente del autor

Las declaraciones de los testigos permitieron obtener una descripción coincidente del presunto autor, lo que facilitó el avance de las pesquisas. Las gestiones practicadas por los agentes especializados en delitos contra el patrimonio histórico culminaron con la identificación del sospechoso y la autorización judicial para llevar a cabo una entrada y registro en su domicilio, situado en el barrio de Arturo Eyries de Valladolid.

Durante el registro, efectuado el 17 de septiembre, los investigadores arrestaron al sospechoso e intervinieron diversos objetos presuntamente utilizados para la comisión de los robos, entre ellos bolsas de transporte empleadas para ocultar y trasladar las piezas sustraídas, así como un patinete eléctrico utilizado para desplazarse entre los distintos lugares donde se cometieron los hechos.

No obstante, en aquella intervención no fue posible localizar ninguna de las obras desaparecidas ni determinar la participación de otras personas en los hechos, por lo que la investigación continuó abierta.

Fruto de las posteriores gestiones realizadas, intensificando los controles y vigilancias policiales en diferentes puntos, los agentes han logrado recuperar tres de las piezas denunciadas como sustraídas. En concreto, se ha recuperado la talla de madera policromada en color oro que representa a un ángel sujetando una trompeta, perteneciente a la Iglesia Penitencial de la Santa Vera Cruz.

Asimismo, han sido recuperados el cuadro Ecce Homo, copia del pintor Morales, y la Séptima Estación del Vía Crucis, ambas obras sustraídas del interior de la Iglesia de San Pablo. La investigación continúa abierta con el objetivo de localizar la totalidad de las obras sustraídas y esclarecer completamente las circunstancias de los hechos.