El Gobierno de Cantabria ha dado el visto bueno este jueves a la renovación por dos años de los acuerdos con los ayuntamientos de Santander y Torrelavega para que sus bomberos apoyen en emergencias fuera de sus municipios y “fortalecer” así el sistema autonómico ante ese tipo de situaciones.

Los acuerdos, con una vigencia de dos años, suponen destinar 1,45 millones de euros a Santander y 900.000 a Torrelavega, en esos dos ejercicios, para que exista esa coordinación operativa entre administraciones y se garantice una respuesta eficaz y solidaria en todo el territorio de Cantabria, según explica el Ejecutivo en su comunicado de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno.

Además de aprobar varios decretos para ayudas directas a programas de diversas entidades sociales de inclusión social, protección de la infancia y la adolescencia, atención a persona con discapacidad o al apoyo de familiar vulnerables, el Gobierno ha autorizado, además, este jueves un protocolo con Amazon Web Services para “impulsar la Formación Profesional en el ámbito de la computación en la nube”.

“El objetivo de esa iniciativa es reforzar la posibilidad de los alumnos de FP de encontrar un empleo y adaptar el sistema educativo a las nuevas demandas tecnológicas del mercado laboral”, ha señalado el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga (PP).

Por otra parte, el Gobierno ha autorizado un nuevo acuerdo para el suministro de medicamentos sin competencia para los hospitales del Servicio Cántabro de Salud por más de 22 millones de euros y los acuerdos del Instituto Cántabro de Servicios Sociales con ayuntamientos y mancomunidades para el desarrollo de los Servicios Sociales locales, a los que se destinan más de 24 millones.

La Universidad de Murcia, a través de su Escuela de Formación Continua, ha organizado para este jueves una jornada formativa gratuita dirigida a profesionales del entorno sanitario civil y militar que se centrará en la atención en entornos críticos. La actividad se enmarca en su programa de microcredenciales universitarias en horario de 9:00 a 14:30 horas “y contará con profesionales de prestigio internacional”, informa la coordinadora de la formación María Gracia Adánez, vicedecana de Simulación Clínica y Nuevas Tecnologías de la UMU y médico de urgencias en el Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca.

El curso está dirigido a profesionales del ámbito sanitario, tanto civil como militar, incluyendo personal médico, de enfermería y otras disciplinas implicadas en la atención clínica, especialmente en situaciones de emergencia, cuidados críticos, medicina hiperbárica, cirugía y simulación clínica.

La jornada tiene como objetivo reforzar la importancia de la formación continuada “en un contexto sanitario cada vez más exigente y cambiante; la rápida evolución del conocimiento biomédico y la complejidad de los entornos asistenciales hacen imprescindible la actualización constante de competencias para garantizar una atención de calidad, segura y eficaz”, apunta la vicedecana.

“Hay una necesidad muy clara”, insiste María Gracia Adánez: “Los problemas sanitarios están evolucionando y hay que adaptarse a un entorno cada vez más complejo; nos enfrentamos a diario a situaciones de alta exigencia, que requieren un entrenamiento de forma específica y actualizada”.

En este sentido, las microcredenciales universitarias se presentan como una herramienta “clave”, al ofrecer un modelo formativo “flexible, modular y acreditable”. Este sistema permite a los profesionales adquirir competencias específicas y diseñar itinerarios formativos progresivos adaptados tanto a las necesidades del sistema sanitario como a su propio desarrollo profesional, señalan desde la UMU.

Los asistentes podrán elegir entre dos modalidades de participación: presencial, en el salón de actos del pabellón docente Virgen de la Arrixaca, o virtual, a través de la plataforma de streaming de la universidad. El plazo de inscripción, que es gratuita, permanecerá abierto hasta este miércoles y debe hacerse en la plataforma Casiopea.

Con esta iniciativa, la Universidad de Murcia continúa apostando por la especialización y la innovación docente en el ámbito sanitario, “contribuyendo a la mejora de la capacitación profesional en escenarios críticos donde la preparación puede marcar la diferencia”. Los estudiantes de la Universidad de Murcia que asistan presencialmente y elaboren un trabajo podrán obtener 0,5 CRAU.

Las microcredenciales, recuerda la vicedecana, “surgen a nivel europeo, fomentando la colaboración entre universidades, con las administraciones públicas y otros actores para dar respuesta a necesidades de la sociedad con un enfoque universal y práctico”.

Durante el aviso amarillo por tormentas, se han registrado diversas incidencias en La Rioja. Así, entre las más relevantes se produjeron varios cortes de suministro eléctrico que afectaron de manera puntual en San Vicente de la Sonsierra y Haro. En Cenicero, el Ayuntmiento informó de la caída de una fase del suministro de Iberdrola lo que provocó que algunas zonas de la localidad se quedaran sin luz.

Asimismo, se registraron caídas de árboles que generaron obstáculos en la vía pública en Fuenmayor, Uruñuela y Torremontalbo. También se notificaron desprendimientos de una cornisa y de un alero de un tejado en Logroño, así como de un toldo en riesgo de caer en Nájera.

Por otro lado, el viento también provocó daños en un camión, al que se le desprendió el techo mientras circulaba. Este incidente ha ocasionó el corte temporal de la carretera N-232 generando interrupciones en el tráfico hasta la retirada del vehículo y la limpieza de la vía.

En conjunto, las incidencias han sido de carácter material, sin que se tenga constancia de daños personales. Los servicios de emergencias: Bomberos Logroño, Bomberos CEIS, Guardia Civil, Policías Locales y mantenimiento de carreteras han actuado para restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

Según las estaciones meteorológicas del Gobierno de La Rioja se han registrado rachas de viento de 88,2 km/h en Anguiano, 68,8 km/h en Ezcaray y 65,2 km/h en Nájera como las más destacadas. En cuanto a las precipitaciones destacan los 16,9 en Nájera y los 9,6 en Anguiano. a

Un informe de la Generalitat Valenciana, incorporado a la causa de la dana que instruye la jueza de Catarroja, confirma que el Centro de Emergencias recibió al mediodía del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, el ofrecimiento de los agentes medioambientales para vigilar los caudales de los barrancos por parte de otro departamento de la propia Administración autonómica.

El director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, remitió a las 12.19 por un canal interno de la Generalitat la propuesta de desplegar los agentes medioambientales. La comunicación, según el informe de la trazabilidad elaborado por la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al que ha tenido acceso elDiario.es, llegó a la subdirección general de Emergencias a las 12.25, con acuse de entrada.

El documento, con el título de “comunicación interna”, fue reenviado internamente en el seno de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), “pasando por la Subdirección General de Emergencias y el Servicio de Planificación, con sendos registros departamentales”, según indica el informe.

En el informe figura un reenvío desde la subdirección de Emergencias, a las 10.27 del 30 de octubre (día siguiente a la dana), destinado al Servicio de Planificación de la AVSRE, que lo recibió a las 14.37.

No consta que se reenviara a personas externas del sistema como el entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en la causa y cuya defensa solicitó el informe de la Generalitat para descartar que el ofrecimiento hubiera llegado específicamente a manos del alto cargo el día de la dana.

El informe concluye que “no se puede tener conocimiento” de si el documento adjunto fue posteriormente “enviado a ninguna persona en particular de manera ajena a la aplicación” interna de la Generalitat.

La falta de despliegue de los agentes medioambientales para vigilar cauces de barrancos se ha erigido en una de las múltiples líneas de investigación de la jueza instructora, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. Emergencias, según ha acreditado la instrucción, ignoró el ofrecimiento de hasta 80 agentes medioambientales para vigilar barrancos.

Cantabria registra a primera hora de la mañana de este jueves cinco focos activos de los 32 incendios forestales que se declararon durante la jornada de este miércoles.

Así lo ha expresado el director general de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, en un audio remitido a los medios de comunicación en el que ha destacado “el fenomenal trabajo de las brigadas de bomberos forestales”.

Cuatro de estos focos activos se encuentran en la Hermandad de Campoo de Suso, concretamente en Ormas, Villar y Proaño, mientras que el restante se localiza en Guzmarón, en el municipio de Cabezón de la Sal.

El Gobierno de Cantabria ha recordado que en tan solo nueve días del mes de abril se han declarado total de 140 incendios forestales. 

Sigue el riesgo extremo

Serdio ha advertido que las condiciones meteorológicas continúan siendo “bastante desfavorables”, por lo que el Ejecutivo cántabro mantiene activo la totalidad del operativo en toda la región y el nivel de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales (INFOCANT).

La mayor parte de Cantabria se encuentra en riesgo muy alto y extremo de incendios forestales, según los niveles establecidos por la Agencia Estatal de Meteorología, y todas las quemas siguen prohibidas en la comunidad.

Además, dada la calidad del aire, que ha empeorado por el humo de los incendios forestales, el Ejecutivo ha recomendado limitar la actividad en espacios abiertos y el uso de mascarilla, especialmente en las comarcas del Besaya y el Nansa, y los municipios de Cabuérniga y Los Tojos, las zonas más afectadas por el fuego.

El Gobierno autonómico, además, ha vuelto a pedir colaboración y precaución a los cántabros, a los que llama a detectar y poner en conocimiento de las autoridades tanto el inicio de cualquier incendio como datos de los presuntos causantes, contactando con el 112, con la guardería de la Consejería de Desarrollo Rural o con la Guardia Civil.

Desde el Ejecutivo se insiste en la importancia de que los ciudadanos colaboren en seguir las instrucciones de las autoridades para evitar poner en riesgo, tanto a las personas que trabajan en este servicio, declarado estratégico durante el estado de alarma, como al conjunto del medio natural.

Los peores presagios se han cumplido. En la segunda jornada de rastreo se ha localizado el cadáver del asturiano Ramón González, de 53 años, al que los equipos de emergencia de Asturias y León buscaban desde que el pasado lunes su familia alertó sobre su desaparición al no regresar a su domicilio en Oviedo tras haber salido esa misma mañana a una ruta de montaña en la zona limítrofe entre ambas comunidades autónomas.

La noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de Ramón González fue comunicada, a las dos de la tarde de este miércoles, por el Puesto de Mando Avanzado instalado en el aparcamiento de Wamba, en León, donde había sido encontrado su vehículo.

Cerca del bosque de Brañagallones

Un agente de la Guardería de Medio Natural, que formaba parte del dispositivo especial desplegado en la búsqueda localizó el cuerpo sin vida en torno a las 12.57 horas en las inmediaciones del bosque de Brañagallones, en el concejo asturiano de Caso, según los datos facilitados a elDiario.es Asturias por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Tras dar el aviso, se movilizó al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, del que forma parte un médico rescatador, con uno de los helicópteros multifunción del organismo autónomo.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver.

Amplia búsqueda

Para esta segunda jornada de búsqueda se habían incrementado tanto los medios personales como materiales. Los equipos de emergencia de Asturias y Castilla y León estaban actuando de forma coordinada y contaban con el apoyo de unos 60 voluntarios, entre los que figuraban antiguos compañeros del desaparecido, que estuvo adscrito a la Brigada de Salvamento Minero, una de las unidades especializadas precisamente en intervenciones de rescate.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) movilizó incluso un dron equipado con sistema lifeseeker que permite la geolocalización a través del teléfono móvil del afectado.

La geolocalización del teléfono móvil

La Unidad de Drones del SEPA estaba en contacto con el Puesto de Mando Avanzado que la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León instaló al inicio de la pista de Wamba, para que, una vez que dispusieran de los datos IMEI los introdujeran para iniciar el vuelo.

El lifeseeker es un sistema aeronáutico de geolocalización de teléfonos móviles incluso en áreas sin cobertura tanto en vuelos tripulados como, en este caso, con aeronaves no tripuladas. Convierte a los teléfonos móviles en balizas de emergencia permitiendo rápidamente la localización exacta siempre y cuando el terminal tenga batería y esté encendido, según los datos facilitados por el SEPA.

Ocho grupos mixtos

Desde este Puesto de Mando Avanzado se distribuyeron en ocho grupos mixtos las zonas de rastreo. Los equipos, por tierra, están formados por personal de Bomberos del SEPA, Guardia Civil y los 60 voluntarios.

Por aire, están sobrevolando ambas vertientes tanto el Grupo de Rescate del SEPA con un helicóptero multifunción como el Grupo de Rescate de Castilla y León con su helicóptero.

A continuación, reproducimos un vídeo difundido a través de las redes sociales por el SEPA de esta segunda jornada de búsqueda.

Los medios desplegados

En el lugar también permanecían activados la Unidad de Drones de Bomberos de Asturias, la Unidad Canina (tres guías y tres perros), bomberos de La Morgal, seis agentes de la Guardería de Medio Natural del Principado de Asturias y un jefe de zona al frente del dispositivo.

Por parte de Castilla y León, en el Puesto de Mando Avanzado había un técnico de la Agencia de Protección Civil y Emergencias y Guardia Civil de ambas comunidades.

La coordinación

La coordinación entre las dos autonomías es absoluta y la Guardia Civil de León ha puesto a disposición del operativo a agentes de las patrullas de Seguridad Ciudadana, Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) con dron, GREIM de Sabero, y la Unidad Aérea de León.

El Puesto de Mando Avanzado

Además de estas Unidades, se incorporaron al dispositivo ya desplegado ayer el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), con base en La Virgen del Camino (León), el Grupo Cinológico de la Zona de Castilla y León con sede en Zamora con un can y su guía especializado en seguridad y rescate (SYR), Seprona y componentes del Greim de Pobra de Trives (Ourense)

Además, el Puesto de Mando Avanzado (PMA) seguía ubicado en el aparcamiento existente al inicio de la ruta Camino de Wamba, en el término municipal de Puebla de Lillo; el lugar donde apareció el vehículo del desaparecido. Al mando de este PMA se encuentra una oficial y desde ahí se coordina la búsqueda. 

La vertiente asturiana

También estaban participando en las labores de rastreo, en la vertiente asturiana, distintas Unidades de la Guardia Civil de Asturias, componentes del 112 del Principado de Asturias, Bomberos del Principado de Asturias, la Brigada Central de Salvamento Minero (BCSM) de Asturias, Emergencias 112 Castilla-León, efectivos de Protección Civil y voluntarios.

La conmoción por la desaparición de Ramón González era máxima en Asturias, ya que además de ser conocido como un experto montañero y cazador, llegó a participar junto a sus compañeros de la Brigada de Salvamento Minero en las tareas de rescate del pequeño Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo en Málaga, en enero de 2019. La noticia de su fallecimiento ha aumentado aún más la consternación.

La búsqueda de un hombre de 68 años desaparecido el pasado sábado en Santiurde de Toranzo se ha retomado a primera hora de este lunes.

El 112 del Gobierno de Cantabria informó este sábado por la tarde de que se estaba buscando a esta persona y de que se habían movilizado recursos de emergencias en esa tarea.

Componen este lunes el operativo miembros del Servicio de Protección Civil del Gobierno de Cantabria, que dirigen la búsqueda, y Guardia Civil, que aporta la unidad canina.

Además, participan en el operativo Cruz Roja, un agente del Medio Natural del Gobierno, las Agrupaciones de Protección Civil de Villacarriedo, Castañeda y Santander, esta última también con guías caninos, y el servicio de drones del Ejecutivo regional.

Las paredes de pino encadenan temblores de los sucesivos impactos de cohetes Grad rusos. La consecución de estallidos secos se sienten en el pecho además de en los oídos. Se nota también en los pies, cuando el suelo retumba después del estallido y mueve la camilla sobre la que gime un soldado ucraniano con el estómago abierto por el impacto de artillería, pero no interrumpe la cirugía ni altera el pulso de los sanitarios que rodean al paciente. Mientras todo retumba, unos mantienen los ojos en la incisión, otros corren a por más material o barren la tierra desprendida por las botas de los pacientes recién llegados del frente.

Al caer la noche, el eco de las detonaciones se transforma en sonido ambiente, pero todo sigue. Saben que, pese a estar a escasos kilómetros del frente, en una zona objetivo constante de artillería rusa, están seguros.

Nos encontramos en un hospital militar subterráneo fortificado, localizado a una decena de kilómetros de un punto del frente que el Ejército pide no detallar. Se trata del primero de una red de centros fortificados bajo tierra donde son atendidos los soldados directamente salidos del campo de batalla, financiados por el empresario más rico de Ucrania, Rinat Ajmétov. La estructura, construida a prueba de bombas, protege varios quirófanos con capacidad para realizar hasta cinco cirugías simultáneas y trata de ser invisible desde el aire, para esquivar la permanente mirada de los drones rusos que rastrean la zona.

El lugar es imperceptible a la vista, en el exterior solo puede observarse una cuesta de unos 40 metros por donde descienden las ambulancias a toda velocidad. Para acceder, como si de un garaje se tratase, los vehículos recorren la pendiente y atraviesan una cortina de plástico que actúa de barrera ante cualquier intento de penetración de los pequeños drones invasores. “Las paredes tiemblan, pero seguimos operando. Hay constantes ataques, muchas veces muy cerca, pero nos sentimos seguros”, describe Oleksandre Golovashenko, doctor al mando del hospital, mientras señala uno de los quirófanos de aspecto futurista, introducidos en una suerte de cilindros metálicos a prueba de bombas: “Aquí encima cayó un misil tipo Grad, nos llenamos de polvo, pero solo se rompieron las puertas”, dice con cierto orgullo.

El hospital es uno de los llamados “puntos de estabilización” y evacuación repartidos por las inmediaciones de la línea de combate entre Ucrania y Rusia donde son trasladados militares heridos desde el campo de combate. Lo más peligroso no es estar dentro, sino llegar; atravesar las carreteras y áreas colindantes bajo el enjambre de aeronaves no tripuladas con las que Rusia vigila los movimientos de las fuerzas ucranianas.

“Tranquilo. Ahora estás seguro. Ya no estás en el frente, estás en un punto de estabilización”, le dice uno de los cirujanos a Mykola (nombre ficticio del herido), con sus manos aun inspeccionando parte de sus tripas antes de entrar a quirófano. El militar, herido en un ataque de misiles rusos durante una misión ucraniana de drones de combate, llegó alrededor de las 21.00 horas, pero los médicos llevaban horas esperándole.

El doctor Golovashenko ya hablaba de él con preocupación nueve horas antes de poder atenderle, pues habían recibido la alerta en torno al mediodía: “Nos han avisado de un caso urgente. Un soldado con heridas en el estómago, pierna y glúteo. Parecía grave, pero no hemos sabido nada más. Llegará en cualquier momento”, decía entonces a elDiario.es el médico, un pediatra reconvertido en médico militar tras el inicio de la invasión rusa.

Cómo sacar a los soldados heridos del frente

Evacuar a un soldado del frente, o incluso en sus alrededores, no es sencillo, especialmente durante el día. Además de los centros médicos de “estabilización” próximos a la línea de batalla, los soldados sanitarios también se distribuyen por distintos puntos de evacuación, donde aguardan recibir las alertas de militares ucranianos heridos en combate para tratar de responder en función del caso.

No siempre pueden ir a por ellos, depende del lugar donde se encuentren, el nivel de trabajo, de la situación de seguridad y, en este momento especialmente, de la cantidad de drones rusos que planeen sobre sus cabezas. Es habitual que sean los propios militares heridos, acompañados o no por otros compañeros, quienes tengan que alcanzar el punto de evacuación más próximo, por sus propios medios o con la ayuda de drones terrestres.

Ni ese herido ni otros llegaron al hospital durante las horas diurnas de la guardia y el personal solo podía esperar. Cuando no hay pacientes, la estancia, con sus paredes construidas a base de roble, adornadas con guirnaldas de luces no retiradas de la última Navidad, se vuelve acogedora. Si no se observa el material médico, el espacio luce como una confortable cabaña de madera, hasta que el rugido de la artillería recuerda de nuevo el lugar donde nos encontramos.

Varios enfermeros y médicos charlan en la sala de descanso, sobre las camillas militares desplegadas, mientras de fondo la televisión emite la telenovela de la tarde. El cocinero prepara unas costillas en salsa, que hará repetir a sus compañeros en un ambiente de extraña calma intercalado con la atención constante a cada posible aviso. En sus móviles, miran de tanto en tanto los sistemas con los que vigilan el tipo de armamento que sobrevuela en cada momento la zona.

“¿Qué habrá podido pasar con aquel herido?”, le preguntaba Golovashenko al traumatólogo con el que cenaba momentos antes de la esperada llegada. La calma tensa del hospital chocaba con la situación que en esos momentos vivía el soldado herido, según relata Doc, alias del militar a cargo de su evacuación, a elDiario.es. Los médicos que lo acabarían atendiendo aún no lo sabían, pero Mykola llevaba horas en un búnker a unos tres kilómetros del frente a la espera de la evacuación.

Fue allí donde sufrió el golpe de un ataque de artillería que impactó directamente en la posición donde pilotaba un dron FPV (pequeños drones controlados mediante unas gafas especiales que reciben vídeo en tiempo real desde una cámara frontal) en una misión de ataque en zona ocupada. Estaba bajo tierra, pero los proyectiles lanzados por los destructores MLRS rusos y su onda expansiva alcanzaron a herir al piloto, cuyo estómago resultó especialmente dañado. Sus compañeros le aplicaron los primeros auxilios, insuficientes para sus lesiones abdominales.

'Doc' estaba en el punto de evacuación más próximo, pero en un primer momento no podía llegar al lugar donde se encontraba. “Yo estaba atendiendo otra evacuación anterior, en la que había un muerto y dos heridos”, explica el militar, agotado, tras una dura jornada. “Su búnker fue golpeado por artillería directamente. Eran tres compañeros en esa posición y había otra posición al lado, y fueron a ayudarle, pero necesitaba una serie de medicamentos”, añade. Durante ese momento del día, la vigilancia constante de las aeronaves no tripuladas rusas complicaba cualquier acercamiento para llevar a cabo la evacuación suponía un gran riesgo.

Se optó, cuenta Doc, por enviar un dron terrestre, una especie de robot con ruedas, con capacidad para transportar material o heridos a lugares más peligrosos a plena luz del día, cuando cualquier movimiento ucraniano puede ser detectado por los pilotos rusos. Pretendían entregar el material sanitario más urgente y, cuando fuese posible, utilizar el mismo dron terrestre para evacuar al militar. Tampoco fue posible.

El primer dron que enviaron, cuenta Doc, fue disparado por un avión no tripulado ruso, lo que les obligó a esperar a la caída del sol. Tras el atardecer, un segundo dron terrestre logró evacuarle hasta el lugar donde Doc se encontraba. “Mi trabajo es evacuar heridos o muertos. Me siento en un sótano y espero el mensaje o la orden para evacuación. Durante el día había muchos drones y tuve que esperar a que el sol bajase. Cuando estaba oscuro, mandaron el siguiente dron, y esa misión fue exitosa”, explica el militar.

“Cuando me avisaron, fui a buscarlo a las coordenadas indicadas para traerlo aquí”, detalla bajo la oscuridad del pasillo subterráneo que divide el hospital, por donde las ambulancias entran y aparcan durante unos minutos antes de regresar a su posición más próxima del frente.

“Está estable, pero la artillería hirió la piel y las capas internas. Pensábamos que no había afectado a los órganos, pero hemos visto algo que nos hace tener que comprobarlo. Han limpiado la herida y ahora han abierto para comprobarlo”, sostiene el doctor jefe, mientras regresa el repetido trueno de los proyectiles múltiples cercanos. El quirófano donde ha sido trasladado el herido cuenta con novedosa tecnología y está preparado para tratar de urgencia cualquier especialidad, excepto las neurológicas. Una vez estabilizado, el personal decide enviar al soldado atendido al siguiente punto en la cadena sanitaria un hospital regular donde el paciente será ingresado.

Finalizada la operación, pasada la una de la madrugada, la mayoría del equipo médico se hace con alguna de las camillas militares para descansar el tiempo que permita la siguiente alerta. Mientras otros compañeros observan toda la noche las cámaras de seguridad que rodean su posición y los distintos mapas que dibujan los límites de las zonas ucranianas y las ocupadas, sobre los que pueden observarse los distintos tipos de drones o proyectiles que sobrevuelan la zona. Se apagan las luces, llegan los ronquidos, y ninguna alerta obliga a despertar a quienes duermen.

Pasadas las ocho de la mañana, vuelve la actividad. Un vehículo militar entra veloz al aparcamiento del hospital subterráneo. El sonido del embrague avisa al personal médico de la aparente llegada de nuevos heridos. De la furgoneta blindada salen varios hombres magullados, alguno con el rostro y las manos ensangrentadas. Caminan con dificultad, baldados y entre quejidos de dolor, pero por su propio pie. Acaban de ser atacados por varios drones FPV.

“Un puto dron golpeó directamente mi coche. No sé de dónde ha salido, no lo vio el detector, debió de aparecer por detrás”, decía el conductor de uno de los vehículos dañados, aún sin entender bien lo ocurrido. Se toca la cabeza y mira su teléfono, mientras otros compañeros están siendo atendidos en las camillas. “Me he golpeado la cabeza en el coche, pero nada más. Tengo que descansar un poco y tengo que irme por la tarde”, añade con nerviosismo el joven, que pide pastillas para paliar el dolor. “No sé qué ha pasado. No había nada delante de nosotros, nada a los lados, algo tuvo que venir por detrás”, repite con incredulidad.

El vehículo blindado que conducía fue sorprendido por el dron ruso cuando habían acudido al rescate de otros compañeros militares que acababan de ser atacados por otra aeronave no tripulada. No eran sanitarios ni militares de evacuación, pero solo estaban ellos. “Llegaron a las unidades adyacentes por su cuenta y su comandante nos llamó directamente. Al ser estar más cerca, salí inmediatamente para no retrasarnos Cuando llegué, en qué estado me los encontré… Estaban en estado de shock, no me han reconocido hasta que han llegado aquí”, reflexiona el comandante.

“Se quedaron impactados porque la herida era grave. Tenían las manos ensangrentadas, la cara llena de heridas de metralla”, describe el militar. Los diminutos restos de metralla marcan la mitad izquierda de su rostro. “Yo también estaba muy estresado, porque cuando íbamos en el coche a por ellos, también volamos. Otro dron nos dio, pero como nuestro vehículo está blindado era más robusto, no hubo bajas, solo algunos tienen conmoción por los golpes en el coche tras el impacto”.

Tras el ataque, continuaron para recoger a los otros heridos. “Íbamos conduciendo hacia allá, yo solo miraba al cielo, con mi fusil en la mano, para estar preparado en caso de ver otro dron”, recuerda el comandante.

Una ambulancia espera a los soldados heridos que, una vez atendidos de urgencia, requieren ser trasladados a otro centro hospitalario para una asistencia más especializada. “Es la segunda vez que resulto herido, también por dron, pero hoy ha sido peor. Dicen que los ucranianos nos acostumbramos a la guerra, ¿cómo vamos a acostumbrarnos a esto?”, se pregunta otro militar, con un vendaje que oculta su ojo dañado durante la explosión.

Durante el trayecto, en el que está presente elDiario.es, este último militar herido intercala reflexiones profundas con constantes bromas que destensan la rápida carrera de la ambulancia, mientras el detector de drones avisa de la presencia de aviones no tripulados enemigos sobre nuestras cabezas. El conductor pisa el acelerador y tranquiliza a sus pasajeros: “Parece que no está muy cerca”, dice a quienes han sido atacados horas antes por un dron indetectable, de fibra óptica, que cayó de forma repentina sobre su vehículo. “De esta nos libramos”.

El Servicio de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha desplegado este sábado un dispositivo formado por 29 personas, 16 vehículos y cinco perros para coordinar la búsqueda de un hombre de 68 años en la localidad de Bárcena, situada en el municipio de Santiurde de Toranzo.

El 112 Cantabria recibió el aviso de su desaparición esta mañana, en torno a las 10.30 horas, y movilizó dichos recursos, según ha informado a través de su perfil en la red social X.

El operativo está formado por el Servicio de Protección Civil del Ejecutivo regional, del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, la Cruz Roja de Cantabria y las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil de Cantabria de Corvera de Toranzo y Santander, esta última con guías caninos, el helicóptero y drones del Gobierno cántabro.

Un total de 18 personas han sido desalojadas de un edificio de seis viviendas de forma preventiva en Los Corrales de Buelna, tras desprenderse el forjado del techo de una vivienda en la que se estaban llevando a cabo obras.

Como consecuencia del suceso, una persona ha tenido que ser trasladada herida leve al centro de salud sin que su estado revista gravedad, ha informado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Los Bomberos del Gobierno de Cantabria han ayudado a salir a las dos personas que se encontraban en el piso colapsado y han procedido a cortar los suministros de agua y de gas a la espera de las comprobaciones técnicas.

La Policía Local de Los Corrales de Buelna y Guardia Civil han acordonado la zona y el edificio permanecerá desalojado hasta su evaluación por los técnicos municipales.

En cuanto a las personas evacuadas, se ha ofrecido la posibilidad de gestionarles alojamiento.

Óscar Gómez (Santander, 1977) lleva 25 años como agente de la Policía Local, los últimos siete en el Centro Coordinador de Servicios de la Policía Local de Santander, que es el área que recibe las alertas ciudadanas y gestiona a quién mandan o a qué departamento se traslada el aviso. Portavoz del Sindicato Independiente de Empleados Públicos (SIEP) en Cantabria, acudió recientemente a una comisión del Parlamento autonómico para hablar de la reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales. Gómez pidió un programa de gestión de datos actualizado y unificado para la Policía Local de todos los ayuntamientos de la comunidad.

La necesidad de un nuevo programa de gestión ha saltado al debate público después de que el Ayuntamiento de Santander abriese un expediente y limitase la responsabilidad a la policía investigada que no tramitó un aviso el día antes del hundimiento mortal de la pasarela de El Bocal, en la costa norte de Santander, caso actualmente judicializado. La investigación de la fase de instrucción ha dejado al descubierto un programa de atención de llamadas que es “arcaico” para los sindicatos y que el Ayuntamiento califica como “software” específico. Pero Gómez —que no aborda la situación de la compañera policía, de común acuerdo entre los sindicatos de la Junta de Personal del Consistorio— advierte de que el programa es “imprescindible” ante “unos riesgos muy concretos” para la seguridad ciudadana.

¿Por qué defiende que el Gobierno de Cantabria debe unificar el software policial en toda la comunidad en lugar de que cada municipio elija el suyo?

La razón principal es que el Gobierno de Cantabria es el encargado de elaborar la Ley de Coordinación de Policías Locales. Actualmente, la administración local a menudo deja a la Policía abandonada en términos de presupuesto para potenciar otras partidas. Un sistema operativo de gestión común permitiría que todos los datos se gestionen de forma centralizada, lo cual es vital porque hoy en día la información está dispersa. Si alguien delinque en un municipio por la mañana y en otro por la tarde, con el sistema actual, los agentes del segundo municipio, no tendrían constancia inmediata de lo ocurrido horas antes. Con un sistema unificado, basta con introducir el DNI para que aparezcan todos los antecedentes, citaciones y actuaciones previas, algo esencial para la seguridad. Al final son unos riesgos muy concretos para la seguridad ciudadana, porque el Gobierno de Cantabria tiene que ser el que se encargue de hacer esta norma que, como su propio nombre indica, se encarga de la coordinación de los policías locales de Cantabria. Y luego porque la administración local, en muchas ocasiones, deja mucho que desear. Es importantísimo tener todos los datos de todo el mundo. Yo lo veo esencial, imprescindible, diría.

Además de la seguridad, usted menciona que esto mejoraría la eficiencia administrativa. ¿Cómo se traduce esto en el día a día?

Es una cuestión de ahorro de costes y tiempo. Cantabria es pequeña: una persona puede pasar por cuatro municipios en un día y, si comete infracciones en todos, se generan gastos administrativos cuadruplicados. Actualmente, el agente en la calle, el centro coordinador y la Policía Nacional o la Guardia Civil pierden tiempo comprobando datos manualmente en cada ocasión. Lo lógico en la era actual sería que el policía tuviera toda esa información al instante en una tablet o PDA.

Mientras que los vehículos o armas pueden ser competencia municipal, el sistema informático de la policía debe ser común

La razón principal que se ha dado para no implementar hasta ahora la gestión unificada es económica. La Consejería de Presidencia ha anunciado un aumento presupuestario en formación. ¿Es esta también una prioridad para usted?

Yo sería partidario de aumentar los medios técnicos. Al final, el policía se forma, pero se forma durante un tiempo, para conseguir el baremo de méritos que le permita ascender. Si no tienes una carrera profesional que te siga incentivando el formarte, acabas dejando de formarte, que es lo que ocurre en el 99% de los casos. Entre un compañero que no va a ningún curso y uno que va a todos no existe diferencia. Aunque la formación es necesaria, yo priorizaría la inversión en medios técnicos, específicamente en el programa unificado de gestión policial. El problema de la formación actual es que no está ligada a una carrera profesional; muchos agentes se forman intensamente al principio para ganar méritos y ascender, pero una vez que alcanzan el máximo nivel, dejan de hacerlo porque no hay incentivos adicionales. El Gobierno de Cantabria debería proporcionar el software a través de licencias individuales para cada ayuntamiento. Mientras que los vehículos o armas pueden ser competencia municipal, el sistema informático de la policía debe ser común. Yo el medio técnico que le pido al Gobierno de Cantabria es el del programa informático.

Usted trabaja en el centro coordinador de la Policía Local de Santander y ha descrito en el Parlamento el sistema actual como “arcaico”. ¿Cómo es el proceso de gestionar una emergencia hoy en día?

En la Policía Local de Santander hay cinco teléfonos (antes grababan cuatro, ahora ya graban cinco). Por la noche, solo hay uno o dos operarios cogiendo el teléfono, los otros teléfonos pueden estar sonando y el ciudadano se piensa que es que el policía no le quiere coger. No, es que están atendiendo otras llamadas y no han podido. A veces no tenemos equipos suficientes y tienes que hacer un parte amistoso por teléfono. Yo pedí una centralita, pero no la ponen, no me digas por qué, porque a mí no me entra en la cabeza. Es frustrante. Recibimos las llamadas en una centralita, apuntamos los datos a mano en un papel con bolígrafo y luego los transmitimos por emisora. Finalmente, debemos transcribir todo en una base de datos. Trabajamos con Oracle, que es básicamente una base de datos nivel usuario similar a un Word o un Excel. El propio jefe de informática del Ayuntamiento de Santander emitió un informe en 2023 confirmando que no usamos programas de administración electrónica avanzados, sino herramientas de escritorio básicas, tipo Word.

¿Qué problemas específicos genera este sistema?

Es un auténtico desastre, falla casi todos los días y da errores constantes que obligan a reiniciarlo. A veces, abres una ficha de actuación y desaparece de repente. Además, la búsqueda de datos es inconsistente: yo puedo meter un DNI y que no me salga nada, mientras que a mi compañero, en el ordenador de al lado, le aparecen 20 actuaciones con esa misma persona. Es el mismo programa que había cuando yo entré en la policía hace 25 años.

En el reciente pleno extraordinario para hablar del suceso de El Bocal, la portavoz del equipo de gobierno, Margarita Rojo (PP), afirmó que había un software específico y rechazó que fuese un Excel, ante las preguntas de los concejales de la oposición. ¿Qué le diría sobre ese software?

Pues que su propio jefe de Informática dice que ese software es equiparable a Word y que si le parece eso moderno como para una policía de una smart city.

La Policía Local del Ayuntamiento de Santander probó un sistema llamado Infopol. ¿Por qué no se llegó a implantar definitivamente?

Los jefes no lo han rechazado, que se ha dicho mucho por ahí. El Ayuntamiento firmó un contrato menor para probarlo: debería de haberse probado en 2025 pero no se llegó a probar por completo. Ese programa duró un año y la propia empresa nos permitió unos meses más de prórroga, porque no había dado tiempo a implementarlo, porque el Servicio de Informática de Santander es un poco complicado y no permitió implantarlo. Aunque los jefes hubieran dicho que ese programa era maravilloso, legalmente no se podía quedar. El Servicio de Informática del Ayuntamiento puso muchas trabas y no permitió su integración total, por lo que nunca llegó a funcionar en el centro coordinador. La ley de contratos obliga a sacar un pliego público para una instalación definitiva y por eso insisto en que ese pliego debería ser a nivel provincial para que todos los municipios usen la misma herramienta y no muchos programas diferentes que no se hablen entre sí.

Este programa de informática que pide, ¿qué características debería de tener?

Hoy en día hay muchísimas empresas que se dedican a ello. Y yo tampoco voy a hablar de una en concreto. Digamos que es un programa completo y luego va por licencias individuales. Cada ayuntamiento tendría el número de licencias según el número de agentes que tenga que permiten el acceso a ese programa. En ese programa se gestionan todo tipo de cuestiones, desde la entrada de llamadas, los datos personales de cada uno, los datos incluso de los agentes para la petición de días. Por ponerte un ejemplo, en Santander yo voy a pedir un día libre, relleno un papel, voy al registro de la comisaría, me lo registran, la persona de registro lo pasa a la oficina, la oficina lo manda a Recursos Humanos y Recursos Humanos me contesta. Sería un ahorro administrativo tremendo. Hay programas de gestión que permiten, desde el móvil, hacer todo tipo de gestiones administrativas y de seguridad que, conforme más datos metes, mejor funciona. Hoy, si ocurre alguna desgracia, hay veces que nos volvemos locos para encontrar a un familiar.

¿Decía que nunca llegó a funcionar en el centro coordinador?

No, nunca.

Usted también ha denunciado problemas con la atención telefónica y las emisoras de la Policía Local de Santander. ¿En qué situación se encuentran actualmente?

No tenemos una centralita moderna. Si los agentes están ocupados atendiendo una llamada, el ciudadano escucha un tono de llamada normal y piensa que no queremos coger el teléfono, cuando en realidad estamos saturados. He pedido un sistema con locuciones, similar al del 061, pero dicen que es “imposible” de instalar. En cuanto a las emisoras, tras años sin que funcionaran bien, han comprado un sistema que la Policía Nacional y la Guardia Civil ya están retirando por antiguo: siempre vamos por detrás.

Ha dicho que nunca se aplicó Infopol en el centro coordinador. Mientras, siguen trabajando con Oracle, un programa que SIEP cuestiona. ¿Cómo repercute todo esto en los agentes?

La moral está muy afectada porque el trabajo se multiplica al tener que anotar todo doblemente y no tener acceso inmediato a los datos en la calle. A veces tenemos que usar nuestro Facebook personal en el móvil para buscar información porque los ordenadores del trabajo están “capados”. En cuanto a la seguridad, es preocupante. Para eventos extraordinarios como manifestaciones o partidos de fútbol se utiliza la plantilla ordinaria, lo que deja al resto de la ciudad desprotegida. Si ocurre una emergencia en la periferia durante un evento en el centro, el tiempo de respuesta será excesivo. Se está dejando la seguridad de Santander a la suerte, esperando que no pase nada grave mientras la plantilla está centrada en un solo punto. Incluso se está intentando que los nuevos compañeros en prácticas firmen ya como funcionarios de carrera para usarlos en estos servicios de Semana Santa, mandándolos a la calle casi sin experiencia.

¿Cómo funciona el centro de coordinación de la Policía Local de Santander?

Es un poco arcaico, en mi opinión. Demasiado arcaico para la época que vivimos, tan informática y con la inteligencia artificial en todas partes. Hay varios teléfonos, recibes una llamada, recoges la llamada, lo apuntas en un papel con un bolígrafo y luego por la emisora mandas a un equipo. Luego tienes que meterlo en una base de datos que es como un tipo Excel.

¿Tipo Excel o es un Excel?

Oracle, así se llama, es como un Excel avanzado, digamos. He visto que el concejal de Protección Ciudadana ha salido diciendo que es un programa muy avanzado: es una base de datos sin más, que la mayoría de los días falla. La mayoría de los días da error, tienes que apagarla y volverla a encender y es un auténtico desastre, pero total y absoluto. Se pierden datos, hay fichas que tú abres con un número de actuación y de repente tal cual desaparece. Se pierden todo tipo de datos y al final no funciona como debería de funcionar. Hay cosas que tú pones un nombre a buscar, no te lo encuentra y al compañero de al lado se lo encuentra. Yo pongo un DNI y a mí me dice que nunca hemos actuado con esa persona y cuando lo pone el compañero le sale que tenemos 20 actuaciones con esta misma persona. O sea, falla mucho y es un programa muy antiguo. Apostaría a que en otras comunidades autónomas está defenestrado y ya no lo utiliza nadie.

La consejera de Presidencia anuncio recientemente, en un acto en el que usted estuvo, una oposición policial unificada después de verano. ¿Esta medida resuelve los problemas estructurales de las plantillas?

No ha sido una petición de mi sindicato particular, pero entiendo que es un ahorro administrativo para muchos ayuntamientos.

La Consejería también anunció que los agentes en prácticas podrían portar armas de fuego.

Una oposición de policía es bastante más complicada que una oposición de un funcionario normal: después de superar el curso, tiene que hacer una fase de prácticas; si, en esa fase de prácticas, el policía ni es ni agente de la autoridad, ni puede portar arma, ni nada, la gente no lo va a distinguir. Un ciudadano ve a un policía en el momento en el que ve un uniforme. Entonces, lo lógico es que porte un arma y que sea agente de la autoridad desde el primer momento.

Un informe oficial del jefe del Servicio de Informática del Ayuntamiento de Santander, entregado el 15 de abril de 2023 en un juzgado, calificó a Oracle, el programa de gestión de avisos ciudadanos que utilizan los agentes del Centro de Coordinación de Servicios (CCS) de la Policía Local y que ahora está en cuestión tras el accidente mortal en la pasarela de El Bocal que no fue atendido pese al aviso de un vecino, como “aplicación de escritorio”.

En ese momento, durante un pleito judicial, el jefe del Servicio de Informática describió a Oracle como “análoga” a programas como “Word, Acrobat Reader, Outlook u otras aplicaciones de escritorio que se vienen utilizando desde hace muchos años” en el CCS, aplicaciones “de propósito específico, que no se integran dentro de lo que constituye el sistema de administración electrónica del Ayuntamiento de Santander”.

En el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, el jefe del Servicio de Informática considera que Oracle y otros programas utilizados en el Centro de Coordinación de la Policía Local de Santander “permiten digitalizar la documentación”, pero a criterio del técnico que suscribe el documento utilizado como prueba judicial, “su uso no implica trabajar en el sistema de administración electrónica”, según refleja el funcionario público.

El aviso un día antes del accidente que dio un vecino de Santander al servicio de emergencias 112 Cantabria sobre el mal estado de la pasarela de El Bocal, que finalmente colapsó el 3 de marzo, ha puesto el protocolo de la Policía Local de Santander en el punto de mira.

La alcaldesa, Gema Igual (PP), anunció rápido que había habido “un fallo en la cadena de respuesta” después de que la agente de la Policía Local que recibió la comunicación del servicio de emergencias 112 no trasladase la información a ninguna patrulla ni iniciara siquiera la incidencia. El Ayuntamiento expedientó a la policía, que está siendo investigada por la jueza instructora, y limitó a la agente la responsabilidad del suceso en el que murieron seis jóvenes y una séptima víctima fue gravemente herida.

Dos semanas después del hundimiento mortal, la alcaldesa de Santander dijo en rueda de prensa que “el programa informático es muy intuitivo”. A continuación, la portavoz del Ayuntamiento de Santander, Margarita Rojo (PP) defendió, en el pleno extraordinario por El Bocal, que “por supuesto” existía “un soporte de software para la Policía Local”, pese a las críticas de los sindicatos y de los partidos de la oposición, que cuestionaban la existencia de un programa y un protocolo específico. Tres años antes, el informe del jefe del Servicio de Informática del Ayuntamiento rebajó a categoría de “aplicación de escritorio” el sistema utilizado por la Policía Local.

El plus de informática

El informe consultado por elDiario.es fue entregado en un juicio celebrado en abril de 2023, en el Tribunal Contencioso Administrativo número 1 de Santander, como prueba como parte de la defensa del Ayuntamiento de Santander para justificar que no tenía que pagar un extra por realizar servicios informáticos, tal como demandaba un funcionario municipal que, como consecuencia, perdió el juicio, cuya sentencia fue comunicada en abril de 2023.

El extra económico había sido aprobado en Junta de Gobierno Local en mayo de 2021 y se denominó 'plus de adaptación a la Administración Electrónica'. Pero cuando en noviembre de 2022 este empleado del Centro Coordinador de la Policía Local demandó el cobro del comúnmente llamado plus de informática “por estar utilizando los ordenadores y programas”, el Consistorio presentó el aludido informe del jefe del Servicio de Informática y ganó el pleito laboral.

“El propio jefe de Informática del Ayuntamiento de Santander emitió un informe confirmando que no usamos programas de administración electrónica avanzados, sino herramientas de escritorio básicas”, cuestiona Óscar Gómez, el trabajador del Centro Coordinador de la Policía Local afectado.

Una trabajadora de prevención de incendios que desarrolla su labor en la sala de mando del Centro de Coordinación de Emergencias ha testificado ante la jueza que investiga la gestión de la dana que no se movilizaron agentes medioambientales para vigilar los cauces el día de las riadas, pese al ofrecimiento expreso que se hizo desde la Conselleria de Medio Ambiente.

Esta técnico, según han informado fuentes jurídicas conocedoras de su declaración, ha sostenido este miércoles que no se movilizó a dichos agentes, tal y como contempla el plan de inundaciones que estaba activo aquella jornada.

No obstante, ha asegurado que tuvo contacto con uno de estos técnicos perteneciente a la cuarta demarcación, que le dijo que “bajo su responsabilidad” iba a observar la crecida del Magro a la altura de su confluencia con el río Júcar, a la altura del club de canoas de Algemesí.

Recuerda que mantuvo dos conversaciones telefónicas, la primera a partir de las 13.00 horas aproximadamente y la segunda sobre las tres de la tarde.

Según ha asegurado, este agente envió algún vídeo de la zona a un canal de Telegram y no dijo “en ningún momento” que el Magro estuviese a punto de desbordarse.

También ha asegurado que no recuerda haber escuchado nada sobre la retirada de los bomberos forestales de la vigilancia del cauce del Magro y la rambla del Poyo.

Por el contrario, ha indicado que escuchó al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, reclamar simulaciones de lo que ocurriría en un escenario 2 en la presa de Forata y posteriormente en un nivel 3. Esta testigo asegura que sintió miedo, por el recuerdo de lo que sucedió en la presa de Tous.

Liberum abandona la causa

La asociación Liberum, que ejercía como una de las acusaciones populares personadas en la instrucción judicial por la gestión de la dana, ha abandonado la causa por propia voluntad, según ha informado la jueza de Catarroja en una providencia hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

La entidad que se define como Asociación Nacional por los Derechos Humanos compareció también en la comisión de investigación que se formalizó en las Corts Valencianes para investigar las riadas del 29-O a través de su presidenta, Concha Cuevas, el pasado 23 de febrero.

En su escrito, la jueza que instruye la causa penal solicita a esta entidad que aporte un número de cuenta para la devolución de los 6.000 euros que depositó de fianza para personarse.

El cap de Bombers Forestals d’Alzira, Alberto Pardo, va entregar aquest dijous totes les comunicacions relacionades amb el dia de la dana que mantenia amb l’exconsellera de Justícia i principal investigada en la causa, Salomé Pradas. Aquest comandament va ser l’encarregat de rebre la consellera llavors quan va acudir a visitar la zona i, en la seua declaració de dilluns, va posar en dubte que José Miguel Basset, cap de Bombers de la Diputació de València i coordinador dels efectius, desconeguera la retirada dels companys que vigilaven el barranc de Poio, una de les principals negligències que investiga la jutgessa de Catarroja.

En un dels àudios aportats al procediment i validats pel secretari judicial, Pardo explica a l’exconsellera que van ser els comandaments de l’emergència els que els van impedir fer més i que, en el cas de Pradas, van ser els seus superiors els qui li «van tallar les ales». La conversa va tindre lloc el mes de març del 2026: «No res, Salomé, estigues tranquil·la, perquè al final continue dient: per a mi vas fer fins on podies, fins on et van deixar. Perquè al final, tant tu com nosaltres teníem caps per damunt. Entre ells, una de les nostres caps ets tu, i tu tens els teus caps per damunt que, si et van tallant les ales, doncs, com als bombers forestals ens les van tallar des del consorci».

Una declaració que deixa entreveure que Pradas podria haver fet més, però que van ser els seus superiors els que haurien limitat la seua capacitat de decisió.

El bomber prossegueix en el seu àudio amb crítiques als comandaments: «Lamentablement, els caps visibles d’alt càrrec —que en aquest cas éreu vosaltres— sou les que més perjudicades eixireu de tot això. Sempre ho he dit i sempre ho diré: a mi ningú em dirà què vas fer, almenys fins on jo vaig estar; tota la resta ha anat sabent-se. Si a tu et van tallant les ales, doncs, no ho sé. Mentir o no mentir, no ho sé, perquè al final totes les vies telefòniques, tots els WhatsApp… tot es desvirtua molt. Però bé, és el que hi ha. No tinc cap problema que tingues l’informe. Això sí: el té Raúl, el té l’empresa, el té el consorci, no ha eixit a la llum. Jo te’l passe a tu, però et demanaria que, fins que no el demanen, no traure’l».

L’informe a què es refereix és l’elaborat pel mateix cap de Bombers Forestals d’Alzira, que també ha sigut incorporat a la causa.

En un altre àudio, també inclòs en el procediment, el bomber insisteix que Pradas va fer el que va estar a la seua mà, encara que al·ludeix a una conversa el contingut de la qual no vol revelar: «Llavors, no res, dir-te que no et preocupes. Jo sé què vas parlar en el cotxe i no diré res que no siga… Si em pregunten per tu o qualsevol cosa, si vaig escoltar alguna informació, continue mantenint que vas mobilitzar tot l’imaginable des del meu cotxe. No sé amb qui parlaves, això sí, però vas mobilitzar tothom. I que l’UME, quan tu vas pujar al meu cotxe, ja estava mobilitzada; són paraules textuals teues amb algú amb qui parlaves. Ja et vaig dir en el seu moment que, si algun dia haguera d’anar a declarar, no tindria cap problema, perquè al final es tracta que tothom sàpia la veritat, que cadascú tinga la responsabilitat que tinga i s’ha acabat».

Aquests àudios aporten informació rellevant que Alberto Pardo no va esmentar en la seua declaració de dilluns. El cap de Bombers Forestals d’Alzira va afirmar llavors que li «costa creure» que José Miguel Basset no estiguera al corrent de la desmobilització dels bombers enviats a vigilar els llits del Magre i el Poio.

Preguntat per qui hauria d’haver informat Basset d’aquesta desmobilització, va respondre que l’oficial de guàrdia d’aquella jornada. Va relatar que, malgrat estar disponibles, va haver-hi unitats de bombers forestals que no es van mobilitzar, com les de Xàtiva, Castelló de Rugat o Ròtova, i va insistir que «caldria preguntar a Basset el motiu», segons fonts coneixedores de la declaració judicial a Catarroja.

Aquest responsable va explicar que aquell 29 d’octubre de 2024 van ser requerits cap a les 12.45 per a comprovar el nivell del riu a Carlet, però no van poder fer cap mesurament perquè l’escala ja estava completament inundada. A més, al voltant de les 13.45 van saber que, aigua avall, hi havia un camió dins de l’aigua i que el conductor no apareixia.

Pardo va ser també qui va rebre la consellera llavors quan va acudir a visitar la zona, una trobada sobre la qual va assenyalar: «El dia no estava per a fer-se fotos; no era el moment».

Juntament amb Pradas van visitar el pont sobre el Magre a Carlet, el llit del qual «ja anava molt ple». En tornar, segons va declarar, la consellera llavors va ser informada —no sap per qui— que la situació s’havia complicat a Utiel.

Ja a la vesprada, aquest testimoni va explicar que, cap a les 19.00, van ser advertits de possibles avingudes des de la presa de Forata. Segons va assegurar, la seua unitat va romandre activa durant tota la matinada, amb intervencions en la residència de Carlet, en el polígon i en diversos habitatges. «A les set del matí vam tornar a la base per a canviar-nos de roba; no volíem anar-nos-en a casa perquè no era moment de descansar», va declarar.

Fonts de la defensa de l’exconsellera Pradas consideren que la testifical d’aquest bomber confirma la seua versió quant a la visita a Carlet per a «interessar-se per la situació de la dana a la Ribera Alta».

Així mateix, subratllen que la consellera llavors va ser informada durant aquesta visita que la situació es complicava a Utiel i que «va mobilitzar tots els efectius disponibles». També recorden que els bombers forestals depenen operativament del Consorci Provincial i que són els comandaments d’aquest organisme els que decideixen la mobilització i la desmobilització.

El jefe de Bomberos Forestales de Alzira, Alberto Pardo, entregó este jueves todas las comunicaciones relacionadas con el día de la dana que mantenía con la exconsellera de Justicia y principal investigada en la causa, Salomé Pradas. Este mando fue el encargado de recibir a la entonces consellera cuando acudió a visitar la zona y, en su declaración de este lunes, puso en duda que José Miguel Basset, jefe de Bomberos de la Diputación de Valencia y coordinador de los efectivos, desconociera la retirada de los compañeros que vigilaban el barranco del Poyo, una de las principales negligencias que investiga la jueza de Catarroja.

En uno de los audios aportados al procedimiento y validados por el secretario judicial, Pardo explica a la exconsellera que fueron los mandos de la emergencia quienes les impidieron hacer más y que, en el caso de Pradas, fueron sus superiores quienes le «cortaron las alas». La conversación tuvo lugar este mes de marzo de 2026: «Nada, Salomé, estate tranquila, porque al final sigo diciendo: para mí hiciste hasta donde podías, hasta donde te dejaron. Porque al final, tanto tú como nosotros teníamos jefes por encima. Entre ellos, una de nuestras jefas eras tú, y tú tienes a tus jefes por encima que, si te van cortando las alas, pues como a los bomberos forestales nos las cortaron desde el consorcio».

Una declaración que deja entrever que Pradas podría haber hecho más, pero que fueron sus superiores quienes habrían limitado su capacidad de decisión.

El bombero prosigue en su audio con críticas a los mandos: «Lamentablemente, las cabezas visibles de alto cargo —que en este caso erais vosotros— sois las que más perjudicadas vais a salir de todo esto. Siempre lo he dicho y siempre lo diré: a mí nadie me va a decir lo que hiciste, por lo menos hasta donde yo estuve; todo lo demás se ha ido sabiendo. Si a ti te van cortando las alas, pues no lo sé. Mentir o no mentir, no lo sé, porque al final todas las vías telefónicas, todos los WhatsApp… todo se desvirtúa mucho. Pero bueno, es lo que hay. No tengo ningún problema en que tengas el informe. Eso sí: lo tiene Raúl, lo tiene la empresa, lo tiene el consorcio, no ha salido a la luz. Yo te lo paso a ti, pero te pediría que, hasta que no lo pidan, no sacarlo».

El informe al que se refiere es el elaborado por el propio jefe de Bomberos Forestales de Alzira, que también ha sido incorporado a la causa.

En otro audio, también incluido en el procedimiento, el bombero insiste en que Pradas hizo lo que estuvo en su mano, aunque alude a una conversación cuyo contenido no quiere revelar: «Entonces, nada, decirte que no te preocupes. Yo sé lo que hablaste en el coche y no voy a decir nada que no sea… Si me preguntan por ti o cualquier cosa, si escuché alguna información, sigo manteniendo que movilizaste todo lo habido y por haber desde mi coche. No sé con quién estabas hablando, eso sí, pero movilizaste a todo el mundo. Y que la UME, cuando tú montaste en mi coche, ya estaba movilizada; son palabras textuales tuyas con alguien con quien hablabas. Ya te dije en su día que, si algún día tuviese que ir a declarar, no tendría ningún problema, porque al final se trata de que todo el mundo sepa la verdad, que cada uno tenga la responsabilidad que tenga y santas pascuas».

Estos audios aportan información relevante que Alberto Pardo no mencionó en su declaración del lunes. El jefe de Bomberos Forestales de Alzira afirmó entonces que le «cuesta creer» que José Miguel Basset no estuviera al corriente de la desmovilización de los bomberos enviados a vigilar los cauces del Magro y el Poyo.

Preguntado por quién debió informar a Basset de esa desmovilización, respondió que el oficial de guardia de aquella jornada. Relató que, pese a estar disponibles, hubo unidades de bomberos forestales que no se movilizaron, como las de Xàtiva, Castelló de Rugat o Rótova, e insistió en que «habría que preguntar a Basset el motivo», según fuentes conocedoras de la declaración judicial en Catarroja.

Este responsable explicó que aquel 29 de octubre de 2024 fueron requeridos sobre las 12:45 horas para comprobar el nivel del río en Carlet, pero no pudieron realizar ninguna medición porque la escala ya estaba completamente inundada. Además, alrededor de las 13:45 horas supieron que, aguas abajo, había un camión dentro del agua y que su conductor no aparecía.

Pardo fue también quien recibió a la entonces consellera cuando acudió a visitar la zona, un encuentro sobre el que señaló: «El día no estaba para hacerse fotos; no era el momento».

Junto a Pradas visitaron el puente sobre el Magro en Carlet, cuyo cauce «ya iba muy lleno». A la vuelta, según declaró, la entonces consellera fue informada —no sabe por quién— de que la situación se había complicado en Utiel.

Ya por la tarde, este testigo explicó que, sobre las 19:00 horas, fueron advertidos de posibles avenidas desde la presa de Forata. Según aseguró, su unidad permaneció activa durante toda la madrugada, con intervenciones en la residencia de Carlet, en el polígono y en varias viviendas. «A las siete de la mañana volvimos a la base para cambiarnos de ropa; no nos queríamos ir a casa porque no era momento de descansar», declaró.

Fuentes de la defensa de la exconsellera Pradas consideran que la testifical de este bombero confirma su versión en lo relativo a la visita a Carlet para «interesarse por la situación de la dana en la Ribera Alta».

Asimismo, subrayan que la entonces consellera fue informada durante esa visita de que la situación se estaba complicando en Utiel y que «movilizó a todos los efectivos disponibles». También recuerdan que los bomberos forestales dependen operativamente del Consorcio Provincial y que son los mandos de este organismo quienes deciden su movilización y desmovilización.

Una ambulancia ha atravesado la avenida de la Constitución de Sevilla durante el paso de la Hermandad de San Roque. El suceso de ha producido en torno a las 21:00 horas de la jornada del Domingo de Ramos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes presentes en el momento del incidente y la Policía Nacional, que ha asegurado que este se habría producido al acceder el vehículo a la Carrera Oficial, en plena procesión.

Las imágenes del paso de la ambulancia, interrumpido por la presencia del palio de la Virgen de Gracia y Esperanza en la calzada, han suscitado revuelo en las redes sociales. Desde el grupo municipal socialista, el concejal en el Ayuntamiento hispalense Juan Carlos Cabrera lo ha calificado de “fallo grave de primero de coordinación”.

Por el momento no han transcendido las causas que han llevado a las dotaciones del 061 a atravesar este punto de forma inédita.

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha remitido un escrito a la jueza que investiga la gestión de la dana en el que reconoce la autoría de unas notas manuscritas que constan en el sumario de la causa y pide que se suspenda la prueba caligráfica ordenada para averiguar su autoría.

Dichas notas fueron aportadas a la causa por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y se trata de anotaciones elaboradas en el transcurso de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, que incluyen apuntes sobre las indicaciones que se debía dar a la población.

Concretamente, se pueden leer apuntes sobre evitar desplazamientos en la provincia de Valencia, recomendación de que la gente se quedase en sus domicilios, anotaciones de los nombres de las comarcas de la Ribera Alta y Baixa, Horta Sud y la Hoya de Buñol, alejarse de los cauces y “elevarse” a primeras plantas y también sobre la movilización de la UME.

También aparece tachada lo que parece la palabra “confinamiento”, y sobre ese tachón “permanencia en casas”.

La jueza había ordenado recientemente en una providencia citar a la exconsellera Salomé Pradas, investigada en esta causa junto al ex secretario autonómico Emilio Argüeso, para hacer una prueba pericial caligráfica respecto a la referida nota manuscrita.

Ahora la defensa de la exconsellera ha presentado un recurso de reforma contra la referida providencia porque Pradas “reconoce íntegramente la autoría de esas notas”, que fueron “redactadas de su puño y letra”.

“Mi representada admite haber redactado de su puño y letra el mencionado documento, por lo que no existe duda, impugnación ni controversia alguna sobre la autenticidad de la grafía ni sobre la autoría de la misma”, apunta el referido recurso, al que ha tenido acceso EFE.

Fuentes cercanas a la exconsellera han apuntado que, en su declaración judicial, Suárez aseguró que esas notas se las llevó del Cecopi sobre las 19:45 horas del 29-O para gestionar el envío del Es_Alert, y que ello demuestra que “a esa hora ya estaban decididos y autorizados los textos de los Es_Alert, así como decidida la solicitud de solicitar el apoyo de la UME a toda la provincia”.

Los centros educativos no universitarios de La Rioja dispondrán el próximo curso 2026-2027 de un Plan de formación ante emergencias de protección civil que integrará los conocimientos, habilidades, actitudes y valores adecuados para afrontar este tipo de situaciones de manera efectiva y segura. 

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 27 de marzo, las instrucciones de la Consejería de Educación y Empleo que establecen el proceso de redacción e implantación de este Plan en los centros docentes con la finalidad de extender la cultura de prevención y garantizar la adecuada formación de toda la comunidad educativa en la respuesta ante todo tipo de emergencia de protección civil. 

El Plan de formación ante emergencias de protección civil contará con un análisis de las características específicas y riesgos del centro y su entorno; así como una metodología formativa orientada hacia un aprendizaje colaborativo, procurando la participación activa del alumnado y atendiendo al enfoque prioritario de la protección individual y colectiva, fomentando los valores relacionados con el bien común, el trabajo en equipo, la empatía, la solidaridad, la inteligencia emocional y las habilidades básicas para la recuperación y la resiliencia.

El centro distribuirá los contenidos del Plan como mejor considere y establecerá las estrategias que entienda más apropiadas para su correcta implementación en todos los cursos y etapas educativas, como puede ser a través del Plan de acción tutorial, proyectos de innovación educativa, proyectos propios del centro, jornadas de sensibilización o actividades que extiendan la cultura de la prevención, entre otros. 

Los centros designarán un coordinador del Plan para su correcta implantación

Por otra parte, los centros designarán, como mínimo, a un miembro del equipo directivo como coordinador del Plan de formación ante emergencias de protección civil que, entre otras funciones, elaborará este plan, recibirá la formación necesaria en el Aula Virtual de Educación del Gobierno de La Rioja y velará por su correcta implantación. 

Desde la Consejería de Educación y Empleo se organizarán acciones formativas periódicas para el profesorado con contenidos en prevención, sistemas de alerta y de emergencias, riesgos y autoprotección. Además, los centros garantizarán que el alumnado también reciba formación en prevención y sistemas de alerta y emergencias; identificación de las situaciones de riesgo en el entorno y en grandes concentraciones; así como los riesgos específicos y actuaciones frente a inundaciones, terremotos, riesgo volcánico, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales y riesgos tecnológicos, como accidentes industriales, químicos, nucleares y transporte de mercancías peligrosas. 

El calendario de implantación del Plan de formación ante emergencias de protección civil será el siguiente:

El Síndic de Greuges, la figura que encarna el defensor del poble valencià, esbronca l’Ajuntament de València per continuar negant-se a registrar i publicar les actes de l’òrgan municipal d’emergències. La institució estatutària afirma que la falta d’aquesta informació, que la investigació sobre la dana d’octubre del 2024 ha demostrat clau, fa que “el control dels òrgans de coordinació siga impossible”, arran d’una queixa de Compromís.

L’oposició va sol·licitar una bateria de documentació relacionada amb la gestió municipal de les emergències, tal com va fer el PP de María José Catalá quan estava en el seu lloc. Ja el 2021, amb Joan Ribó com a alcalde, el Síndic de Greuges va recomanar a l’Administració registrar les actes del Cecopal, “especificant, necessàriament, els assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i el temps en què s’ha esdevingut, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats, amb la finalitat d’acreditar-ne l’existència i facilitar-ne el públic coneixement”.

Cinc anys després, l’òrgan que encapçala Ángel Luna insisteix que han de publicar-se les actes, cosa que sí que fan municipis com Mutxamel o Elx, i no comprén els arguments del consistori que encapçala Catalá. El Cecopal reuneix els responsables de Policia, Bombers, Protecció Civil i altres àrees estratègiques del Govern en situacions d’emergència i preemergència per a coordinar les actuacions en matèria de seguretat.

El govern del PP i Vox va apuntar en la resposta al Síndic que el Cecopal no és un òrgan comú, sinó que té “unes funcions i una singularitat que resulten alienes a l’estructura de naturalesa burocràtica” i va concloure que “no hi ha actes de les sessions de l’òrgan esmentat, ni obligació legal” de tindre’n. Entre altres particularitats, defensen que no hi ha una secretaria que prenga notes de les decisions, i que la composició de l’òrgan és determinada per una norma de caràcter supramunicipal.

El Síndic ja va emetre una resolució en què va desestimar aquestes al·legacions. “La inexistència d’enregistraments o d’actes impedeix, no sols demostrar l’existència dels actes administratius adoptats i el control de legalitat d’aquests, sinó també el seu públic coneixement per a exigir la rendició de comptes posterior per part del conjunt de la ciutadania”, afirma la resolució, que subratlla que és “indubtable” que el Cecopal és un òrgan administratiu de coordinació i, per tant, s’han de registrar per escrit els actes.

Ara, al cap de més d’un mes, constata que el consistori no ha pres mesures per a acceptar les seues recomanacions i tanca l’expedient. Assenyala, com ja és costum, que “arribats a aquest punt es fa evident que des de l’Ajuntament de València no s’han dut a terme les actuacions necessàries per a atendre les recomanacions del Síndic. Aquest comportament ha impedit aconseguir, de manera efectiva, la satisfacció dels drets reclamats per la persona promotora de la queixa”.

El Síndic de Greuges, la figura que encarna al defensor del pueblo valenciano, abronca al Ayuntamiento de València por seguir negándose a registrar y publicar las actas del órgano municipal de emergencias. La institución estatutaria afirma que la falta de esta información, que la investigación sobre la dana de octubre de 2024 ha demostrado clave, hace que “el control de los órganos de coordinación sea imposible”, a raíz de una queja de Compromís.

La oposición solicitó una batería de documentación relacionada con la gestión municipal de las emergencias, tal como hizo el PP de María José Catalá cuando se encontraba en su lugar. Ya en 2021, con Joan Ribó como alcalde, el Síndic de Greuges recomendó a la Administración registrar las actas del Cecopal, “especificando, necesariamente, los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados, con la finalidad de acreditar su existencia y facilitar su público conocimiento”.

Cinco años después, el órgano que encabeza Ángel Luna insiste en que deben publicarse las actas, algo que sí hacen municipios como Mutxamel o Elche, y no comprende los argumentos del consistorio que encabeza Catalá. El Cecopal reúne a los responsables de Policía, Bomberos, Protección Civil y otras áreas estratégicas del gobierno en situaciones de emergencia y preemergencia para coordinar las actuaciones en materia de seguridad.

El gobierno de PP y Vox apuntó en la respuesta al Síndic que el Cecopal no es un órgano común, sino que tiene “unas funciones y una singularidad que resultan ajenas a la estructura de naturaleza burocrática” y concluyó que “no hay actas de las sesiones del citado órgano, ni obligación legal” de tenerlas. Entre otras particularidades, defienden que no existe una secretaría que tome notas sobre las decisiones, y que la composición del órgano viene determinada por una norma de carácter supramunicipal.

El Síndic ya emitió una resolución en la que desestimó estas alegaciones. “La inexistencia de grabaciones o actas impide, no solo demostrar la existencia de los actos administrativos adoptados y el control de legalidad de estos, sino también su público conocimiento para exigir la posterior rendición de cuentas por parte del conjunto de la ciudadanía”, afirma la resolución, que subraya que es “indudable” que el Cecopal es un órgano administrativo de coordinación y, por tanto, se deben registrar por escrito los actos.

Ahora, pasado más de un mes, constata que el consistorio no ha tomado medidas para aceptar sus recomendaciones y procede a cerrar el expediente. Señala, como ya es costumbre, que “llegados a este punto se hace evidente que desde el Ayuntamiento de València no se han realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones del Síndic. Este comportamiento ha impedido conseguir, de manera efectiva, la satisfacción de los derechos reclamados por la persona promotora de la queja”.