La liga Baloncesto Sin Límites (BSL) Plátano de Canarias ha recibido el Premio Gigante a la Mejor Iniciativa, un reconocimiento otorgado por la revista Gigantes del Basket en el marco de su 38.ª edición, una de las galas más prestigiosas del baloncesto español, celebrada en Madrid

El galardón realza el proyecto pionero impulsado por la Federación Canaria de Baloncesto, que desde la temporada 2021-2022 trabaja de manera decidida por un baloncesto verdaderamente universal.

El premio fue recogido por Carlos Olano, presidente de la Federación Canaria de Baloncesto; Sergio Cáceres, director de Marketing y Comunicación de Plátano de Canarias; e Iván Rodríguez, jugador de la liga BSL, en representación los deportistas que participan en la competición.

A través de sus competiciones inclusivas de Salud Mental y Discapacidad Intelectual, organizadas en formato concentración, BSL se ha convertido en una referencia del deporte como herramienta real de inclusión social, demostrando que este modelo es posible, sostenible y capaz de abrir camino e inspirar nuevas iniciativas más allá de nuestro ámbito.

Nada de esto habría sido posible sin la alianza estratégica con Plátano de Canarias, cuyo apoyo ha sido clave en el crecimiento y consolidación de la liga, compartiendo desde el primer momento una visión común: utilizar el deporte para derribar barreras, generar oportunidades y construir una sociedad más justa e inclusiva.

El presidente de la Federación Canaria de Baloncesto, Carlos Olano, destaca que recibir un premio de la revista “más emblemática del baloncesto en España” es un “orgullo enorme para toda la familia del baloncesto canario”.

“Este reconocimiento —añade Olano— confirma que Baloncesto Sin Límites Plátano de Canarias no solo cumple con su objetivo principal, que es dar respuesta y oportunidades reales a sus participantes, sino que también tiene un eco y un impacto a nivel nacional. Para nosotros es el proyecto que mejor representa la identidad y los valores de la Federación Canaria de Baloncesto: un baloncesto abierto, inclusivo y verdaderamente universal”.

El productor platanero de Canarias no recibió a finales de 2025 regalo alguno de Papá Noel y a principios de 2026 además se quedó sin Reyes. Ese ha sido el castigo (el carbón) que ha dictado el mercado peninsular a la fruta estrella en las islas, un comportamiento que ha sido habitual en las tres semanas finales de diciembre y en dos iniciales de este enero. Ha habido muchos festivos y vacaciones escolares de Navidad; o sea, estrechamiento de la demanda, a lo que se ha unido la actual coyuntura de intenso frío y lluvia por la presencia encadenada de borrascas tanto en las islas como en el resto de España.

Con ese panorama peninsular, donde casi exclusivamente se vende la fruta canaria (en torno a 400 millones de kilos al año), lo cierto es que el agricultor platanero de las islas, otra vez resignado ante las inclemencias del mercado, no ha recibido ni prevé obtener (aún no se han pagado esas semanas) precios remunerativos por sus ventas realizadas en la Península desde la semana 50, del 8 al 14 de diciembre pasado (hito en el derrumbe del precio medio en origen de la fruta canaria hasta los 0,44 euros por kilo para las mejores calidades), hasta la semana 3 de 2026, el periodo comprendido entre los días 12 y 18 de enero.

Por lo tanto, el enfriamiento de los precios en la Península se ha mantenido en esos niveles de pérdidas (entre 0,40 y 0,50) para el cosechero canario durante casi un mes y medio, pues en la semana 3 de 2026, la del 12 al 18 de enero (la más reciente con datos oficiales del MAPA), ya se observa un pequeño alivio que se puede leer como cambio de tendencia, ahora al alza, al medirse un valor promedio en origen de 0,53 euros por kilo, este la semana más cercana. En la semana 3 de 2026, se expidieron a la Península (embarque final) siete millones de kilos de plátanos, con similar cantidad prevista para la semana 4, la comprendida entre los días 19 y 25 de enero.

Hay que señalar que el precio medio en origen que publica el MAPA para el plátano de Canarias equivale al ingreso recibido por el agricultor en su cuenta bancaria a través del comercializador primario de su fruta (cooperativa, SAT, empresa…); esto es, por la venta de su género en primera transacción, mayorista y en verde. Ello se traduce en el dinero que obtiene por su mercadería antes de restar los costes agrícolas de producción, los de explotación o finca, que en el caso del plátano isleño oscilan entre los 0,70 y 0,80 euros por kilo.

Dicho esto, en las estadísticas oficiales se aprecia con meridiana claridad que todas esas semanas, seis por ahora, los plataneros canarios han vendido su fruta a precios con pérdidas. También es verdad que la no obtención de valores de transacción que sean remunerativos para el agricultor local luego se compensa, con mejores impactos en unos casos y menos en otros, con el cobro de la ayuda comunitaria por pérdida de renta que regula el programa Posei. La ficha financiera es de 141,1 millones de euros al año y se realiza una aportación máxima por kilo comercializado, según el llamado histórico, de 0,33 euros.

Esta nueva crisis coyuntural de precios en origen, la segunda más potente en 2025 (la primera fue en el verano, meses de julio, agosto y septiembre pasados), ya fue perfectamente visible en la semana 50 del año pasado y se ha mantenido en niveles habituales por encima de los 0,40 euros por kilo y por debajo de los 0,50 hasta la semana 3 de 2026, cuando se ha alcanzado el valor promedio, siempre según los registros oficiales servidos por el MAPA, de 0,53 euros por kilo.

Lo normal puede ser que, a partir de este momento, el precio que termine percibiendo el productor canario escale poco a poco hasta colocarse en umbrales que incluso sean remunerativos solo con las aportaciones del mercado, sin contemplar para ese logro la suma de la ayuda directa del plátano. El comportamiento que ahora se adelanta ha sido, por ejemplo, el descrito a partir de finales de enero de 2025 durante la campaña precedente.

El plátano de Canarias se queda sin las alegrías tradicionales de las navidades y los Reyes. Una vez más, pues se trata de un comportamiento habitual en estas fechas, las semanas del mes de diciembre y parte de enero juegan una muy mala pasada a los cosecheros locales de plátanos, que tienen que padecer el hecho de que su fruta expedida a la Península obtenga bajísimos precios al por mayor y en verde o incluso se aproxime al abismo de casi no tener cotizaciones. 

La culpa, como casi siempre: el desequilibrio entre la oferta y la demanda (casi nadie compra plátano en estas fechas y las islas mandan ahora a la semana seis millones de kilos) y la competencia de la banana, siempre más asequible por barata, con un euro por kilo menos que el plátano en el precio de compra final, como diferencia más habitual en los mercados del resto de España.

Es lo que se ha venido manifestando con fuerza estas semanas de diciembre de 2025, sin soluciones por parte de la organización Asprocan, y lo que ya se ha confirmado como auténtico derrumbe de las cotizaciones en las semanas 49 y 50, sobre todo esta última, para la que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en su Informe Semanal de Coyuntura, ofrece un precio en origen para el plátano de solo 0,44 euros por kilo, siempre para las calidades superiores, las que se exportan a la Península.

Ese valor promedio se halla entre los peores registros semanales logrados en el verano de este año, la gran crisis de cotización precedente en este ejercicio anual. Si se confirma esta dinámica de caída sin freno, los precios medios en origen para las semanas venideras se parecerán más a los del mismo periodo de 2023 que a los del año pasado, 2024; esto es, se avecina un derrumbe en toda regla. Queda por ver luego cómo será la recuperación de las cotizaciones al por mayor y en verde, con el esperado realce de la demanda tras la vuelta a la normalidad una vez se sortee el día de Reyes.

Ese promedio de liquidación final al agricultor, lo que el productor local recibe en su cuenta bancaria antes de asumir los costes de la actividad en finca (lo demás ya está descontado), es una auténtica ruina, pues apenas cubre el 50% del gasto total en explotación, este en la horquilla de 0,70 a 0,80 euros por kilo.

Además, con ese precio medio de retorno final al agricultor por las cantidades de fruta vendidas en la semana 50, del 8 al 14 de diciembre pasado, no se garantiza ni la obtención de un pequeño rendimiento por la actividad agrícola tras la suma de la ayuda directa del plátano que se abona con fondos de la Unión Europea (UE) dentro del programa Posei, con un máximo a percibir de 0,33 euros por kilo (ficha financiera anual de 141,1 millones de euros).

En los años 2025, 2026 y 2027, ya con el nuevo histórico definido (el que resulta del cálculo realizado con el nuevo decreto de reparto de los apoyos directos de esta fruta), aquel abono será algo menor de 0,33 euros por kilo por la superación de la marca de 420 millones de kilos al año.

Decisiones adoptadas para la semana navideña

En su reunión de este viernes, la Comisión de Seguimiento de Mercado de la organización Asprocan confirmó que los envíos a la Península esta misma semana, la 51 (15-21 de diciembre), alcanzaron los 6,45 millones de kilos finales, tras haberse previsto una cantidad inicial de 6,5.

En cambio, para la semana que entra, la 52 (la navideña pura), se ha fijado como cifra de embarque la misma, de 6,5 millones de kilos, pero con una marca de corte de 7,45 millones.

Por lo tanto, hay un millón de kilos al que habrá que buscarle destino. Lo tradicional en estos casos es mandar a Marruecos, ofrecer al Banco de Alimentos (beneficencia), las retenciones en finca o bien la pica (destrucción de fruta) real. A partir de la semana 1, que ya es la siguiente a la de Navidad, la marca de corte prevista ronda los siete millones de kilos semanales.

En la coyuntura actual de mercado en la Península (el destino casi único del género isleño), la del desplome de los precios pagados al por mayor y en verde por la fruta de origen canario, los agentes comercializadores locales reconocen que están vendiendo a lo que se pueda, sin precio más o menos normalizado, salvo los de los acuerdos ya establecidos con la gran distribución minorista. 

Son malos tiempos para obtener ganancias por parte del agricultor platanero canario, por lo menos hasta bien entrado el mes de enero próximo, cuando se espera la remontada.

Canarias volverá a limitar sus envíos de plátano a la Península una semana más, también la que entra, que es la 49, del 1 al 7 de diciembre de 2025 y con puente de por medio, lo que sin duda siempre daña el potencial de consumo.

Esta vez, la marca de corte de fruta repite la cifra semanal de ocho millones de kilos y el registro de embarque hacia el resto de España se rebaja hasta los 7,5 millones, con 0,5 dejados inicialmente en tierra para atender suministros al Banco de Alimentos y la exportación a Marruecos, tal y como han asegurado fuentes conocedoras de lo decidido en la última reunión de la Comisión de Mercado de Asprocan.

Esas son las acciones más habituales, junto con la pica (destrucción de fruta), para la retirada de género del mercado principal: acciones de beneficencia, envíos a Marruecos y retenciones de piñas en finca.

También es lo que una y otra vez la organización Asprocan suele aprobar para aliviar el impacto negativo de una oferta descompensada en la configuración de los precios pagados al agricultor por ventas al mayor y en verde en la Península, mucho más justificado si llega un periodo, como es el de Navidad, con descenso garantizado de la demanda de fruta en un mercado clave para Canarias.

En las últimas semanas, el precio de venta al por mayor y en verde, el que paga el madurador en el principal y casi único mercado exterior de la fruta isleña, no ha dejado de caer, sin grandes sobresaltos pero hacia abajo. Ahora bien, no siempre ese es el caso de lo que ocurre con el precio que paga el consumidor final, con niveles de venta en supermercados para calidades superiores vistos estos días en Canarias de 2,60 euros por kilo (en Santa Cruz de Tenerife) y de hasta 2,9 en la Península (Alicante), con la competencia del plátano de Canarias en este último mercado, que es la banana, a solo un euro. Así estamos…

De esa tendencia bajista en las compras al por mayor y en verde sin duda se resentirá la renta percibida por el agricultor local, que verá cómo los pagos por la fruta servida esas semanas, desde la 45 hasta la 47 (del 17 al 23 de noviembre) y seguro que las sucesivas, se aminorarán, pues han ido descendiendo desde el nivel medio de casi 1,1 euros por kilo de las calidades superiores (extra y primera) a los 0,93 del último registro oficial conocido (menos 5,5% entre semanas), el publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para la semana 47.

Los precios al por mayor se prevé que sigan cayendo en adelante, máxime cuando aún no se ha entrado en las principales semanas de las fiestas de diciembre y enero próximo, con bajón de la demanda. A esto se une que en la actual etapa Canarias tendrá mucha fruta para cortar, con ocho millones de kilos o más por semana.

Ante esa previsión, Asprocan viene actuando para evitar heridas más profundas en los precios percibidos por los cosecheros, con la estrategia principal de, en la medida de lo posible, frenar o si no amortiguar el derrumbe de estos; es decir, que el agricultor llegue a cobrar su fruta, descontados todos los costes menos los de producción, por debajo de lo que le cuesta en la finca sacar un kilo de plátano (la llamada venta con pérdida), lo que se cifra en la horquilla de 0,70 a 0,80 euros por kilo.

Esto sería como regresar al desastre del verano pasado, pero sin estar en verano. Ya eso se sufrió este año durante prácticamente tres meses seguidos.

Las decisiones adoptadas este viernes por la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), en el seno de su Comisión de Mercado, no avanzan buenas noticias para la principal fruta de exportación de las islas: la semana que entra, del 17 de noviembre al 23 del mismo mes, la 47, habrá reducción de la oferta de plátano que se envía al casi único mercado de este alimento fresco, el de la Península. Medio millón de kilos se queda en tierra.

En esa semana, que es la que entra, se aminora la marca de expedición de ocho millones de kilos posibles a 7,5, medio millón menos, según han confirmado fuentes plataneras a este periódico digital, lo que se explica por la ya detectada reducción de la demanda en ese mercado final (donde va el 90% de la producción canaria), que irá a más (es el comportamiento lógico), según las previsiones de la propia Asprocan, en estas semanas próximas a las fiestas de Navidad y Reyes y ya dentro de esas celebraciones.

A esta coyuntura negativa de final de año para el consumo de plátano, algo que se puede considerar hasta habitual, se une el aumento de fruta que está para cortar, con la acumulación de más producción en ese mismo periodo (más la dura competencia de la banana). Se trata de una combinación negativa para mantener los precios en origen, los que se liquidan al agricultor isleño, en los parámetros de hace unas semanas, en el entorno de un euro por kilo o poco más, siempre como registro promedio y para las calidades superiores, tal y como ha descrito el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en sus últimos informes de Coyuntura Semanal de Precios.

Esas liquidaciones medias a los cosecheros canarios, que remontaron desde finales de septiembre pasado hasta la semana 45, menos de dos meses, estaban dando ganancias al platanero incluso sin sumar la ayuda directa del plátano que paga la UE de dos veces (por semestres) a través del programa Posei, hasta 0,33 euros por kilo al año por kilo comercializado (con una ficha financiera anual de 141,1 millones de euros).

Ahora, el mercado se pone feo y la primera medida adoptada es disminuir la oferta de plátano de Canarias en la Península, lo que se traduce en hacer envíos máximos de 7,5 millones de kilos, en vez de los ocho. La parte sobrante, medio millón de kilos, se canalizará por dos vías ya tradicionales: la entrega al Banco de Alimentos de parte de ese excedente, para evitar la destrucción de la fruta en origen (pica), y la exportación a mercados aún en proceso de apertura o de desahogo como es el caso de Marruecos.

La presión de la oferta también se rebajará con la retención de fruta en las fincas, de piñas que están para cortar pero se aguantan algo más en la mata; esto es, en retrasar la salida al empaquetado, lo que tiene un límite temporal.

Cuando el río suena…

La evolución del mercado en la Península se ve tan mal en las semanas próximas que en la citada reunión de la Comisión de Mercado se llegaron a plantear medidas tan drásticas como la de bajar los precios de la fruta en la transacción al por mayor en verde, el valor comercial de entrega del género al madurador, hasta niveles de 0,5 euros por kilo (en las semanas 44 y 45 se cobró la fruta de calidad superior en ese intercambio a 1,08 euros/kilo).

Esta medida, propuesta por una organización de productores de plátanos (OPP) de las seis existentes en Asprocan, fue finalmente descartada atendiendo a varios motivos, entre ellos las dudas sobre su legalidad, pues se trataría de un acuerdo entre operadores para fijar el precio de venta de un producto.

Algunas fuentes consultadas acerca de la coyuntura actual de venta de fruta en la Península han sido muy explícitas acerca de cómo se está viviendo el final de año: “Empieza la cagalera porque viene mucha fruta y se entra en la Navidad”. En resumen: demasiada marca de corte para la expedición, en ocho millones semanales y seguro que algo más en adelante, y todo en un periodo en el que el consumo cae, se derrumba. 

Estas son las propias previsiones de Asprocan, cuya estrategia es ahora amortiguar al máximo la caída del precio para que la remontada a mediados de enero de 2026 no se haga tan pesada o dificultosa: para que no cueste tanto volver a los niveles deseados de precios en origen remunerativos para el agricultor de Canarias.

Pese al malísimo verano en precios percibidos por los cosecheros isleños (prácticamente los tres meses de esa estación) y la coyuntura negativa que se huele ya y en las semanas venideras, el año 2025, con un nivel de producción comercializada casi seguro no superior a los 420 millones de kilos (aunque parece que cercana al ejercicio anual precedente, que se quedó en 425 millones, 42 menos que el récord histórico de 2023, con 467 millones), dará un precio promedio liquidado al agricultor que será alto, lo que no quiere decir que esa media sea representativa de la realidad de todos los plataneros canarios, pues habrá quien haya ganado mucho y otros que no tanto.

Esa dinámica se explica por la curva de precios promedios del año, muy desigual, y por la coincidencia de algunos productores con su máximo de fruta en los mejores momentos, que no son todos los que hay en las islas. Los que colocaron más fruta entre finales de enero y junio, más la salida del verano hasta estas semanas pasadas, ganarán dinero; los que no han podido hacer eso, lo tendrán mucho más difícil y lo lamentarán en sus cuentas del ejercicio.

Todo apuntaba a que en algún momento tenía que ocurrir y así ha sido para el periodo de comercialización del plátano y la banana en el resto de España comprendido entre enero y agosto de este 2025, ocho meses en los que la producción de esa fruta en las islas, por diferentes motivos, entre ellos los meteorológicos, se ha reducido respecto a igual etapa del ejercicio precedente.

La banana, si uno se despierta, sigue allí, en la Península, emulando al escritor hondureño Augusto Monterroso y su más famoso cuento breve: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Además, cada vez la presencia de esa fruta es mayor, con más cuota de mercado o, si se prefiere, con oferta más aglutinadora en el casi único mercado de venta que tiene Canarias para su plátano con indicación geográfica protegida (IGP).

Así es porque lo dicen las estadísticas, por ejemplo, de Asprocan (fuente: Kantar, con los resultados publicados en el perfil de Facebook de la organización platanera), a partir de datos oficiales. Estos han sido elaborados y difundidos estos días a los agricultores canarios por alguna entidad comercializadora local. Los registros hablan, una vez más, con manifiesta nitidez: Canarias, de enero a agosto pasado, en este acumulado de ocho meses, colocó en la Península española y Baleares (y luego algo siempre cae al lado portugués) el 49% de toda la fruta plátano-banana que llegó al mercado nacional (en las islas no hay banana, o no debe haberla, por protección fitosanitaria), con el 51% restante para las importaciones desde terceros países, sobre todo de Centroamérica y la parte occidental de África.

Advertida tal circunstancia, la conclusión es clara: en el resto de España, ya hay más banana que plátano de Canarias, al menos en ese periodo de análisis, lo que significa, dando una visión más panorámica o amplia en lo temporal, que Canarias ha pasado de tener la reserva del mercado nacional hasta el 1 de julio de 1993 (hace 32 años), o sea, ese mercado totalmente blindado, a solo ahora alcanzar el 49% de la oferta global disponible en enero-agosto de este año. Sin duda, una muy mala noticia.

Es justo lo que ha ocurrido este 2025, según los datos más actuales relacionados con la cuota volumen del género canario y su equivalente de fuera, y es una de las veces, si no la más importante, en la que la banana, que sigue estando allí, mete más fruta que el plátano de Canarias en el mercado estrella de este último, el principal y digamos que hasta único, con más del 90% de la fruta isleña dirigida a ese destino.

En la misma etapa de análisis, el precio medio de venta al público de la fruta isleña, toda con IGP, fue de dos euros por kilo, mientras que la banana estuvo bastante por debajo, en 1,47 euros por kilo de promedio, en un umbral mucho más competitivo, al menos en valor de transacción para el consumidor final.

El plátano de Canarias llegó a la Península en cantidades totales para enero-agosto inferiores a los 200 millones de kilos, menos que en el mismo periodo del año precedente, 2024, lo que se explica por el descenso general de las marcas semanales de corte hasta este agosto, con embarques más reducidos que en las mismas etapas de 2024. 

Eso ha podido influir, sin duda, en la mayor penetración hasta agosto de este año de la banana, que crece hasta hallarse por encima de la cota de los 225 millones de kilos. La foto de enero-agosto de este año se puede decir que es justo la contraria a la del acumulado en los mismos ocho meses de 2024. Antes, dominaba el plátano; ahora, la banana, y esta lo hace con cierta solvencia. ¿Es para que suenen las alarmas entre los productores locales y en el seno de Asprocan? Poco a poco, y es análisis diacrónico con datos oficiales, la banana está más en España. 

La coyuntura actual de precios en origen 

A esa noticia con digestión más gruesa, se ha unido esta misma semana la confirmación, esto muy positivo, de que los precios finales pagados al agricultor de plátano de Canarias (sus ingresos) siguen al alza y, lo mejor, ya se confirma que se obtendrán liquidaciones remunerativas para los envíos a la Península dentro de la semana 41, del 6 al 12 de octubre. El valor promedio de ingreso futuro al cosechero isleño será de 0,88 euros por kilo para esos días, por encima de la horquilla de costes de producción (0,70-0,80 euros por kilo) y antes del abono de la ayuda directa por kilo comercializado de 0,33 euros, hasta completar una ficha financiera anual de la Unión Europea (UE) de 141,1 millones de euros.

Ese nuevo registro, ofrecido este jueves por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en su informe de coyuntura de precios más reciente, implica una mejora del precio promedio liquidado del 14% respecto al valor de la semana anterior, la 40, del 29 de septiembre al 5 de octubre. Supone, en términos absolutos, elevar en 0,13 euros por kilo el precio medio previsto para las liquidaciones de la semana 41. Los pagos finales a agricultores canarios por sus ventas en julio y agosto fueron ruinosos, muy por debajo de costes de producción agrícola. Esta dinámica ahora ha rotado, tras dejar atrás el periodo de vacaciones (el habitual con malos precios) y desde mitad de este septiembre, hasta los 0,88 euros por kilo registrados en la semana 41, el más actual.

También en relación con el plátano de Canarias, la defensa de esta fruta (principal actividad agropesquera en las islas) en los mercados de expedición y exportación y el desarrollo de estrategias como grupo de presión ante las administraciones públicas de Canarias, España y la UE en la actual negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual, el del septenio 2028-34, ha trascendido que algunas de las organizaciones de productores de plátanos (OPP) integradas en Asprocan, que son seis, han vuelto a sacarse de la chistera la apuesta por contratar los servicios de lobby o consultoría de dos profesionales ex altos cargos públicos con CC del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Tenerife.

Se trata de Abel Morales, exviceconsejero de Agricultura del Gobierno de Canarias en la primera legislatura de Narvay Quintero al frente de esa Consejería, en el periodo 2015-19, y de Carlos Alonso, expresidente del Cabildo Insular de Tenerife y también persona que ocupó varios cargos ejecutivos en la Consejería de Agricultura.

Las OPP más empeñadas en sumar esos apoyos técnicos a la causa de Asprocan, tal y como se compartió en la ejecutiva más reciente, son sobre todo las que apostaron con mayor decisión, entre ellas Cupalma, por el actual presidente de la entidad, José Carlos Rendón, de la OPP Europlátano. Otras, alguna también importante, por ahora se oponen o sencillamente no lo ven necesario u oportuno en estos momentos.

Hace poco tiempo, ya hubo un intento de proceder a esas contrataciones para asesoramiento externo, pero ante la falta de consenso en el seno de Asprocan quedaron suspendidas, como puntualmente informó este periódico digital. Ahora parece que otra vez una parte de Asprocan eso lo quiere retomar, con la financiación de las facturas que se generen con cargo al dinero que aportan todos los productores canarios, casi siempre ajenos a estas decisiones.

Francisco García Martín, gerente de la entidad comercializadora de plátano Bonaoro, integrada en la organización de productores de plátanos (OPP) Cupalma, recibe a este periódico digital en el empaquetado situado en Tejina (término municipal de La Laguna), que es uno de los cinco que esa entidad posee en Tenerife.

García asegura en esta charla que “Asprocan realiza una labor muy positiva, aunque todo es mejorable”, y considera que, “con la implicación de todos, se puede avanzar aún más, incluso abriendo nuevos mercados”, esto es, fuera del central o dominante de la Península, donde va más del 90% de la oferta isleña.

Bonaoro se fundó como sociedad limitada en junio de 2003 y comercializa bajo las marcas de plátanos Cuqui, Peque y Pequitas. Esta entidad gestionó el año pasado unos 18 millones de kilos de fruta. En 2025, un año en el que habrá menos producción en general, la misma organización ya suma 12 millones, aproximadamente.

Integrada al 50% por la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Orovales y por Hermanos Fernández López, SA, tiene una plantilla de 173 trabajadores y una facturación en 2024 por encima de los 19 millones de euros.

Las inversiones realizadas el año pasado en bienes de equipo, las de tipo tecnológico y las de mejora de la trazabilidad consumieron algo más de 400.000 euros, con una previsión de la mitad de esa cifra en el año en curso. El ingreso de ayudas y subvenciones fue de 729.242 euros en 2024.

En su continua apuesta por la modernización industrial y la comercialización, Bonaoro invertirá en un nuevo programa informático, cuya puesta en marcha se prevé para 2026. Esa actuación, subraya García Martín, “supone una apuesta importante para mejorar la gestión de datos, ofrecer mayor claridad y reforzar la comunicación con el agricultor”.

En relación con la recogida de fruta, el gerente de Bonaoro apunta que “estamos incorporando carretillas eléctricas, una mejora significativa que contribuye a la sostenibilidad y a la calidad laboral de nuestros equipos”. En el ámbito empaquetado, indica que “seguimos trabajando cada año para innovar y optimizar los procesos, siempre en beneficio del plátano y del productor. Además, llevamos tiempo desarrollando líneas de trabajo con otras frutas, como papayas, aguacates y mangas, con el objetivo de que en 2026 podamos ofrecer a nuestros asociados un servicio de alta calidad, con mejoras varietales y avances en los sistemas de empaquetado”. La comercialización de esos nuevos productos frescos estará amparada por una nueva organización de productores de frutas y hortalizas (OPFH), la que Bonaoro reconoce que prevé crear.

Tras los considerados buenos años en precios medios percibidos por los agricultores plataneros en 2021 y 2022 (entonces bajo las consecuencias del volcán de Tajogaite en La Palma), se ha encadenado un bienio con ingresos bajos o malos para los productores locales y además este 2025 está siendo como mínimo algo irregular. ¿Qué análisis hace usted como gestor de Bonaoro de lo ocurrido en el periodo 2023-25 y cómo ve lo que queda de año y los ejercicios siguientes?

Predecir qué ocurrirá en los próximos años siempre es arriesgado, incluso presuntuoso. Los mercados dependen de muchos factores: la oferta, la calidad o la situación económica del momento. En el periodo 2023-2025, los resultados han estado marcados por los volúmenes de producción. Este año, al que usted califica de irregular, los precios han sido buenos salvo en agosto y septiembre. Eso sí, con menos kilos producidos y, por tanto, menores ingresos.

En años de crisis, como han sido los señalados, ¿qué papel puede jugar una organización empresarial como Bonaoro para, en la medida de lo posible, aminorar el impacto de los precios no remunerativos en los bolsillos de los cosecheros isleños?

Nuestro papel es ofrecer el mejor servicio posible, desde el campo hasta el mercado, asegurando el máximo aprovechamiento de la fruta y manteniendo una vigilancia constante sobre los costes.

Continuamente se habla en Canarias de la necesidad de reducir costes en actividades relacionadas con la transformación o el empaquetado, donde aún existe cierto minifundismo, modelos estos no muy acordes con el aprovechamiento de economías de escala. ¿Qué opina usted a este respecto y qué acciones ha desarrollado Bonaoro en esta línea y con qué objetivos esenciales?

Bonaoro nació de la unión de dos antiguas entidades, y su historia se remonta aún más atrás con otras empresas del sector. Desde sus orígenes ha apostado por la asociación y la unión de esfuerzos, y sigue trabajando para fortalecer esa colaboración y alcanzar una mayor eficiencia colectiva.

El plátano certificado de las islas mantiene como principal contrincante en su mercado único de expedición a la banana, que cada vez asume mayor cuota de venta en la Península. ¿Cómo ha visto el aumento progresivo de la mordida atribuible a esas importaciones, según reflejan datos oficiales del Gobierno de España (estadísticas de Aduanas), y de qué manera considera usted que se puede frenar o reducir ese avance a través de estrategias colectivas quizá consensuadas y abanderadas por la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan)? 

Hay varios aspectos que aclarar. La banana y el plátano son frutas similares, pero no iguales: difieren desde su cultivo hasta su llegada al consumidor. Además, no se miden con el mismo rasero. Las condiciones sociales y laborales que aplicamos en Europa no son comparables con las de los países de origen de otras frutas, ni tampoco el uso de productos fitosanitarios o las prácticas agrícolas. Asprocan realiza una labor muy positiva, aunque todo es mejorable. Con la implicación de todos, se puede avanzar aún más, incluso abriendo nuevos mercados.

Por cierto, los supuestos fraudes en comercialización de banana como si fuera plátano de Canarias parece que poco ayudan a afianzar la potente aceptación de la marca canaria IGP en el resto de España. Y ya sabe usted que me refiero a lo supuestamente ocurrido con Bonnysa en Alicante, un asunto que está en los juzgados y que, en principio, tiene mala pinta. Es lo que dice el Seprona. ¿Qué ha fallado en los controles que debe activar la IGP y en el papel de Asprocan? 

No conozco ese caso en detalle, así que prefiero no pronunciarme. Como usted indica, está en manos de los jueces, que disponen de más información y la preparación necesaria para dictaminar con justicia. En cuanto al sistema de control, hasta donde yo sé, no ha fallado. Hay una denuncia, se ha actuado y, si el caso está en los juzgados, es precisamente porque el sistema funciona.

En muchos meses de este 2025, el plátano ha dado al menos dos noticias relevantes: los elevadísimos precios pagados al agricultor desde febrero pasado hasta finales de este junio y las diferentes posturas entre las seis OPP en lo que respecta al nuevo decreto para un reparto más justo de las ayudas directas del plátano (141,1 millones de euros anuales), como así lo definió en sede parlamentaria el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Entiendo que usted y su empresa están en contra de ese decreto territorial, hoy en vigor, pero también ya recurrido por cuatro OPP, entre ellas Cupalma. ¿Puede explicar por qué no apoyan esa norma? ¿Cuáles son las razones de peso para oponerse al nuevo modelo de reparto de la ayuda del Posei, de los famosos 0,33 euros por kilo comercializado con abono hasta 420 millones de kilos al año?

Intentar poner límites artificiales a la producción no tiene sentido. Si se sospecha que alguien declara más de lo que realmente produce, debe investigarse. Pero si un agricultor obtiene más kilos por su conocimiento, inversión o técnicas de cultivo, no debería ser penalizado. Cada parte tiene sus argumentos y debe defenderlos con coherencia y buen hacer. El sector ha vivido muchos cambios, algunos buenos, otros no tanto, y lo peor que podría pasarnos sería pensar que este es el último.

El plátano canario ha aguantado y ha salido adelante tras sortear muchos problemas e inconvenientes, algunos muy gordos: la desaparición de la OCM de esta fruta, el desarme arancelario continuo para las entradas en la UE de banana y un largo etcétera. ¿Cómo ve la situación actual y el futuro de la negociación en curso sobre la nueva PAC o, si prefiere, el siguiente Marco Financiero Plurianual (2028-34)? ¿Qué demandas centrales cree Bonaoro que debe mantener el sector canario en este proceso? 

Lo más importante es que se mantenga el reconocimiento de las RUP (Regiones Ultraperiféricas); sin esta herramienta, el resto carece de sentido. Europa cambia constantemente: se incorporan nuevos socios, el mapa político evoluciona y surgen tensiones. En este contexto, debemos mantenernos más unidos que nunca para defender nuestros intereses.

¿Por qué Canarias no logra colocar cantidades de fruta razonables fuera de España, salvo unas pocas toneladas en el resto de la UE y con el desahogo de la oferta hacia Marruecos, casi siempre de la pica? ¿Qué lo impide? ¿Ustedes lo han analizado? 

Abrir nuevos mercados requiere constancia. En Europa, el plátano de Canarias se valora sobre todo desde lo emocional, pero en lo económico aún hay camino por recorrer. Mantener cuota en nuevos destinos implica renunciar a beneficios a corto plazo, pero es necesario si queremos que esos mercados valoren nuestras peculiaridades: el sabor, la cercanía al continente y la calidad de nuestro producto.

¿Cree usted que en algún momento será posible hacer una gestión colectiva más eficiente de la oferta anual de plátano con origen en Canarias, con el objetivo de que ello contribuya a tener una mejor estabilidad de precios a lo largo de los 12 meses naturales? 

Poco a poco, se está logrando. La profesionalización de las comercializadoras y la concentración de la oferta están conduciendo a una gestión más eficiente y a resultados más estables a lo largo del año. 

En la actualidad, muchos plataneros se siguen quejando de la encadenación de bastantes años malos, unos más que otros, cierto, pero malos para la generalidad. ¿Qué implicaciones puede tener que el cultivo no sea rentable ni con el cobro de la ayuda en determinados segmentos del colectivo de plataneros locales? 

Cada caso debe analizarse de forma individual. Es evidente que los costes fijos se han incrementado mucho y, si la producción en kilos no acompaña o los precios no son suficientemente buenos, muchas fincas no logran ser rentables. La comercialización, de manera especial en un producto que casi en su totalidad, más del 90%, se vende fuera de donde se produce, es clave en la obtención de los precios más razonables posibles. 

¿Qué se puede hacer para dar otra vuelta de tuerca en la mejora de esta fase final al por mayor? 

La clave está en conocer con antelación las cantidades disponibles y actuar con audacia en la oferta para estimular la demanda. La planificación y la información son fundamentales.

¿Cree usted que una solución, al menos parcial, puede ser concentrar la oferta en menos OPP, eliminar operadores expedidores, reducir marcas y empaquetados…? 

La concentración es positiva y ya se está produciendo, aunque de forma lenta. Sin embargo, el relevo generacional que se avecina traerá consigo un cambio profundo y un modelo de gestión más eficiente.

¿Qué proyectos tiene Bonaoro en curso y qué estrategias considera que se deben desarrollar en adelante para estar en sintonía con las nuevas o futuras exigencias de los mercados, de la demanda potencial?

A corto plazo, estamos implantando nuevas herramientas informáticas que mejorarán la comunicación entre los agricultores y los empaquetados. También avanzamos en la tecnificación de los procesos: optimización de la recogida en campo y modernización de la maquinaria en los empaquetados, aunque esto último llevará algo más de tiempo.

En el ámbito comercial, junto con Hermanos Fernández López, estamos abriendo nuevos destinos. Ya se trabaja con Alemania y el próximo objetivo es Italia.

¿Hay futuro para el plátano de Canarias, para todos en conjunto o más para unos que otros? 

El plátano de Canarias tiene futuro mientras mantenga su peso en producción y su valor social. Debemos mejorar la eficiencia en el campo. Existen otros cultivos viables en el archipiélago, pero ninguno con la capacidad ni el reconocimiento del plátano. 

¿Cuál es su opinión sobre el papel desplegado por Asprocan y cómo valora las críticas que esa organización recibe a menudo de integrantes del sector y de algunas organizaciones profesionales agrarias (OPA)? 

Asprocan ha realizado un trabajo encomiable. Somos lo que somos porque Asprocan existe, y existe porque somos todos. No es una entidad ajena ni una empresa de unos pocos: es la voz y la estructura del sector platanero. Las críticas son válidas cuando son constructivas, pero la opinión de unos pocos no puede representar al conjunto. Hoy por hoy, la mayoría del sector, las OPP, las cooperativas y los propios agricultores, está representada dentro de Asprocan.

El consumo de plátanos de la zona del volcán de La Palma es “seguro y saludable”. Así lo concluye un estudio que ha sido publicado este lunes por la noche en la revista científica PLOS One y que evidencia que para la mayoría de los elementos potencialmente tóxicos, la ingesta máxima estimada se mantuvo por debajo del 1 % de la ingesta diaria tolerable. Asimismo, añade que “en ningún caso se superó el 3 % de la IDT”.

En el estudio se destaca que en 2021, la erupción del volcán de Tajogaite en La Palma provocó la pérdida de 53.000 toneladas de plátano, lo que equivale al 50 % de su producción, fundamental para la economía local. Ante el posible riesgo de contaminación por cenizas y magma, un equipo de investigadores de centros españoles ha analizado la composición de los plátanos en la zona de la erupción.

El grupo de investigadores está compuesto por Ángel Rodríguez-Hernández ,Norberto Ruiz-Suárez , Luis Alberto Henríquez-Hernández , Ricardo Díaz-Díaz, Manuel Zumbado, María del Mar Bernal Suárez,Pablo Alonso-González, Eva Parga-Dans y Octavio P. Luzardo. Para realizar el estudio, se recogieron muestras de granjas agrícolas afectadas por la erupción volcánica, también de otras islas como Tenerife, Gran Canaria, El Hierro y La Gomera.

Además, realizaron muestreos de plátanos en diferentes momentos: el día 40 de la erupción volcánica, casi en el punto medio del curso de la erupción; el día 92, una semana después de declararse oficialmente la conclusión de la erupción; y entre 8 y 12 meses después del final de la erupción volcánica. Los plátanos se clasificaron en cuatro grupos: “controles”, “durante la erupción”, “fin de la erupción” y “después de la erupción”.

En las conclusiones de la investigación se expone que las concentraciones de minerales disminuyeron tras la erupción y que la mayor presencia de elementos potencialmente tóxicos se relacionó con el enriquecimiento del suelo con material piroclástico y ceniza.

Destaca que los datos obtenidos contribuyen a la comprensión de la composición elemental en los elementos bajo exposición volcánica, proporcionando datos valiosos sobre los nutrientes y sobre posibles riesgos toxicológicos.

Pablo Gago Ferrero, científico titular en el IDAEA-CSIC y profesor invitado en la SLU Swedish University of Agricultural Science ha destacado que “este estudio está bien fundamentado y emplea una técnica robusta como la espectrometría de masas (ICP-MS) para cuantificar elementos tanto esenciales como potencialmente tóxicos en plátanos tras la erupción volcánica de La Palma. Es especialmente interesante que incluya elementos poco estudiados en contextos volcánicos, como las tierras raras, y que compare tanto el antes y después de la erupción como distintas zonas geográficas. Esta aproximación permite contextualizar bien los resultados”.

“Aunque se detectan incrementos en algunos elementos en los plátanos de la zona afectada, las concentraciones están muy por debajo de los niveles que podrían suponer un riesgo para la salud humana. Para el consumidor, el mensaje es claro: los plátanos siguen siendo seguros y nutritivos. El estudio también pone de relieve la importancia de mantener una vigilancia periódica sobre los cultivos en regiones volcánicas, especialmente ante fenómenos extremos que pueden alterar la composición química del suelo y del aire”, apuntó en Science Media Centre España.

En prácticamente un mes, de la semana 26 (23-29 de junio) a la 31 (28-3 de agosto), la última con registros oficiales de precios en origen (valores medios abonados al productor en primera transacción, en verde al por mayor y ya descontados los costes de empaquetado y envío) servidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el plátano canario ha pasado de la abundancia en ingresos del cosechero local por sus ventas en la Península, con un promedio de 1,45 euros por kilo liquidados con cargo a la semana 26 (hay cooperativas con medias pagadas por las principales calidades por encima de los 1,70 euros por kilo en gran parte de junio pasado), a la realidad de solo recibir pérdidas, y cada vez más elevadas, ahora debido a que se va a pagar por la semana 31 en torno a 0,41 euros por kilo (la semana 30 fueron 0,51, 10 céntimos más).

Pero lo peor quizá sea que la tendencia es seguir bajando y que el suelo puede estar en niveles de las crisis estivales de 2023 y 2024, con un promedio mísero de liquidación al agricultor entre 0,20 y 0,30 euros por kilo para semanas veraniegas (véase la gráfica).

Si la situación en lo que queda de este 2025 calcara la de esos años, muy malos para los agricultores canarios, especialmente el de 2023, no se obtendrán precios remunerativos por las ventas, con pagos recibidos por encima de los costes agrícolas, en lo que queda de ejercicio.

Hay que recordar que en 2024, con esta misma dinámica en la segunda mitad del año, lo bueno solo llegó en la última semana de enero, ya en 2025.

El precio medio obtenido por el agricultor tras sus ventas en la semana que terminó el 3 de agosto (se les paga con más de un mes de diferencia), la 31 y con tan solo 0,41 euros por kilo de promedio, significa que se está muy lejos de cubrir los costes de producción agrícola (por lo tanto, hay venta con pérdidas), estos entre 0,70 y 0,80 euros por kilo.

Incluso se puede dar el caso de que no se salga de las pérdidas al sumar la ayuda directa anual que se paga del programa Posei con fondos de la Unión Europea (UE), hasta un máximo por kilo comercializado de 0,33 euros (abonada en dos semestres: diciembre del año en curso y junio del siguiente), y la compensación al transporte de mercancías específica para el plátano (gestión del Estado), con cálculo anual y gran retraso en las entregas, además de mucho menos dinero.

Ante la coyuntura descrita y vistas las analogías con los dos años precedentes, las marcas de envío o exportación semanales siguen siendo menores que las de años anteriores para los mismos meses de verano, con 5,9 millones de kilos autorizados por Asprocan para la semana que entra, la 33, del 11 al 17 de agosto (la 32 fueron 5,6 millones), y con previsiones de embarque para las semanas 34 y 35 de 6,3 y 6,32 millones de kilos, tal y como ha informado, entre otros operadores, la comercializadora de la marca Bonaoro.

Esta misma empresa ha trasladado a sus productores de plátano un mensaje con cierto optimismo: “Ser prudentes puede ayudarnos cuando el mercado esté un poco más animado. Septiembre ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, y debe traernos mejores precios”.

También hay que decir que, por ahora, nada se ha aprobado y poco se ha hablado en las reuniones semanales del comité de comercialización de Asprocan de acudir a la pica: la inutilización de fruta en origen para aligerar la oferta en el mercado de destino y que no se hundan más lo precios pagados en verde al por mayor en la Península, lo que cobra el agricultor local.

Un ejemplo de cómo han caído los precios finales, los de la distribución minorista en la Península, puede ser el detectado este jueves en Andalucía, en una instalación de la cadena Aldi, donde ya se vendía la manilla embolsada y certificada como IGP Plátano de Canarias a un precio en oferta de 1,49 euros/kilo. Hace poco más de un mes, los precios minoritas para calidades superiores más habituales estaban por encima de tres euros el kilo. Se llegó a vender plátano a más de cinco euros.

Muy malos tiempos para la obtención de beneficios por parte del productor local con la venta de su plátano en los mercados de la Península. La caída sin freno de las cotizaciones en verde y al por mayor desde finales de junio pasado (el llamado precio en origen), a peor sin duda en la última semana con datos oficiales, la 30 (del 21 al 27 de julio), ya no admite discusión alguna. La crisis de precios está aquí y ha llegado para quedarse al menos todo este verano. Lo peor parece que aún está por verse y sufrirse.

En esa semana, la 30, el precio en origen, el ingreso promedio que percibe el productor de las islas por el plátano que comercializa en el resto de España, se volvió a derrumbar y ya está en la cota media de 0,51 euros por kilo, tras dejarse en siete días casi 0,20 euros, pues el valor ofrecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para la semana 29 estuvo en la media de 0,71 euros por kilo, según los informes semanales de coyuntura que publica ese departamento estatal en su sitio oficial.

Ante tal coyuntura de mercado, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), cuyo comité de comercialización se volvió a reunir el viernes pasado, no ha adoptado medida específica alguna dirigida a contener los precios que reciben sus agricultores, aunque sí ha informado a las seis OPP, como es habitual, de que la marca de embarque para la semana en curso, la actual y número 32, será de seis millones de kilos, medio millón por encima de la semana precedente, la 31.

Estas cantidades son menores este año, para los mismos periodos, que las del ejercicio precedente. Pese a ello, los resultados en los precios se muestran igual de malos e incluso peores. Se ha llegado al valor de 0,50 euros por kilo una semana antes que en 2024.

Con aquel nivel de ingreso obtenido por el platanero canario para sus mejores calidades, que es el promedio de 0,51 euros por kilo que se cobrará por la fruta comercializada del 21 al 27 de julio de este año, las pérdidas están bien a la vista, principalmente porque los costes agrícolas oscilan entre los 0,70-0,80 euros por kilo.

Una cooperativa platanera integrada en la mayor OPP de Canarias ha reconocido que las cotizaciones actuales, el precio en origen o lo que recibirá el agricultor, se hallan en el intervalo de 0,40 a 0,50 euros por kilo para la fruta extra y de primera. De ahí para abajo, como es obvio, todo irá a peor.

Ello significa que el mercado no dejará ingresos suficientes para cubrir los costes de la explotación agrícola y dará pérdidas (dinámica de venta con pérdidas para todos los productores en general esa semana 30); por lo tanto, la única ganancia que puede obtenerse por la venta de esa fruta, y no en todos los casos, debe esperar al cobro de la ayuda por kilo comercializado de 0,33 euros por kilo a través del programa Posei, concebida para una producción máxima de 420 millones de euros al año y con 141,1 millones de euros de ficha financiera en Canarias, todo dinero de la Unión Europea (UE). Se paga de dos veces, por semestre (en junio y en diciembre).

Con la tendencia actual en las cotizaciones al por mayor y con todo agosto casi por salvar y la mitad de septiembre por delante, y aún sin retirada de fruta o de reducción forzosa de la oferta en origen, la llamada pica, todo apunta a que en poco tiempo, escasas semanas, el precio mayorista de venta en verde en la Península llegue a un suelo de 0,30 euros por kilo.

En ese momento, algunos analistas entienden que ya será difícil, por no decir imposible, que se siga descartando la impopular pica, medida que ya hay OPP que han solicitado dentro de Asprocan.

El viernes de la semana pasada, día 1 de agosto, un establecimiento de Mercadona en la provincia de Sevilla vendía el plátano de Canarias, con indicación geográfica protegida (IGP), a 2,30 euros por kilo (más del triple de lo pagado al platanero isleño por esa fruta), tras marcar una rebaja de 40 céntimos (2,70 anterior).

En cambio, en ese mismo punto de venta, la banana, colocada al lado de la fruta isleña, se podía adquirir casi un euro más barata, a 1,40 euros por kilo.

En un establecimiento tipo hipermercado del norte de Tenerife, en Los Realejos, el plátano local tenía el viernes pasado un precio final de 2,55 euros por kilo, superior al reflejado para el punto de venta indicado en la Península.

La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos (OPP) de Canarias (Asprocan), que agrupa a las seis OPP que comercializan el plátano producido en las islas, ha dicho “sí quiero”.

Esta organización patronal decidió este jueves, en el transcurso de la reunión celebrada por la mañana en su sede social de Santa Cruz de Tenerife, la personación en el proceso judicial que un juzgado de la provincia de Alicante instruye a partir de una denuncia del Seprona relacionada con la supuesta venta ilegal de la fruta banana como si fuera plátano de Canarias con indicación geográfica protegida (IGP). La aprobación se produjo por unanimidad de los asistentes al comité ejecutivo.

La decisión adoptada este jueves, tras el auto notificado el 21 de mayo de 2025 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de San Vicente del Raspeig, dictado en las diligencias previas nº 348/2025, implica la personación en el proceso como acusación particular para la defensa de los intereses de los plataneros canarios, que son los titulares y gestores de la marca IGP Plátano de Canarias.

Tras la voluntad mostrada por Asprocan, queda saber qué papel jugará en la causa la Consejería de Agricultura, departamento al que está adscrito el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), certificador de la IGP Plátano de Canarias.

En la misma cita de Asprocan, se eligió el despacho para el asesoramiento legal en ese mismo proceso, que será uno de los mejores del país en asuntos relacionados con productos con origen certificado de forma oficial, como es el caso del plátano de Canarias a través de una IGP.

Como ya se conoce, el proceso judicial abierto en Alicante, previa denuncia del Seprona (este actúa tras la información sobre el supuesto fraude facilitada por la propia Asprocan), está relacionado con la supuesta venta fraudulenta de banana como plátano de Canarias con certificación oficial IGP y afecta, en principio, a la empresa comercializadora Bonnysa Agroalimentaria, SA, matriz con filiales en Tenerife, donde además produce plátano. Esa compañía tiene la condición de madurador en Alicante, operador integrado en la OPP Europlátano, la misma que la del presidente de Asprocan, José Carlos Rendón.

Antecedentes de la supuesta irregularidad comercial

La Guardia Civil (Seprona) dio a conocer el 13 de mayo pasado, a través de la difusión de un comunicado de prensa, que había investigado a una empresa de Alicante (luego se conoció que esta es Bonnysa Agroalimentaria, integrada en la OPP Europlátano desde enero de 2021) por presuntamente haber vendido de forma ilegal banana como si fuera plátano de Canarias con marca IGP. Para comercializar plátano con esa enseña, se sabe que es obligatorio tener la autorización pertinente y ese negocio “la tenía retirada”, se afirmaba en el comunicado.

Según los investigadores del Seprona, esa empresa, con filiales en la isla de Tenerife, donde produce plátano de Canarias, entre otras frutas, al parecer habría vendido casi 2.000 toneladas de banana en 2023 y no habría podido acreditar la regularidad de la comercialización de la mayoría de ese producto, informó la Benemérita.

Las pesquisas se iniciaron después de que la Guardia Civil recibiera una denuncia en marzo de 2024 de la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), que es órgano gestor y titular de la marca registrada por las autoridades europeas y protegida IGP Plátano de Canarias, algo que se logra por las características específicas de la fruta y por ello solo los operadores certificados están autorizados a comercializarlo.

En la comunicación de denuncia de Asprocan, la de marzo de 2024 que también recibió el Seprona y fue trasladada con formato de carta, se detallan los supuestos hechos ocurridos. El primer párrafo señala que “Bonnysa Agroalimentaria, SA, envasa bananas originarias de Madeira como plátanos de Canarias, incorporando en los envases los distintivos propios de la IGP [Plátano de Canarias], incluida la marca colectiva de la UE nº 2965937 Plátano de Canarias (mixta)”.

En la misma comunicación, párrafo siguiente, se indica que Asprocan reconoce que “ha tenido conocimiento de los citados hechos por medio de un correo electrónico de un tercero [un soplo], al cual se adjuntaba un video en el que se aprecia, en el inicio de la línea de envasado, a distintas operarias sacando las bananas de sus cajas originarias, en las que se puede leer ‘Banana de Madeira’ [archipiélago RUP de Portugal], y las colocan en la cinta, donde son envasadas y etiquetadas automáticamente (…)”.

El papel de Asprocan tras recibir el soplo

Esa denuncia de Asprocan, que se tramita ante la Generalitat Valenciana y el Seprona, luego es reforzada por el Instituto Canario de Calidad Alimentaria (el ICCA, organismo dependiente de la Consejería de Agricultura canaria) a través de una carta firmada por el jefe del Servicio de Control y Certificación, Domingo Afonso Martín (30 abril de 2024), esta vez con destino a la Dirección General de Desarrollo Rural (Servicio de Control de la Calidad Agroalimentaria) de la Generalitat Valenciana.

Las sospechas de Asprocan luego son confirmadas por el Seprona, que llega a indicar que una mercantil cuyas instalaciones se encuentran en la provincia de Alicante, la firma ya nombrada, estaba vendiendo plátanos catalogados con la IGP Plátano de Canarias, pese a tener suspendida la autorización para ello, y que podía estar comercializando bajo esa IGP banana procedente de Portugal, entre otros países.

Tras recibir la denuncia de Asprocan, los agentes del Seprona de Alicante se pusieron manos a la obra y realizaron diversas inspecciones, tanto en las cámaras de conservación como en las de maduración de las instalaciones de esa mercantil en la provincia de Alicante, además de otras tantas inspecciones y verificaciones en diversos establecimientos situados en Alicante, Valencia, Vigo y Bilbao, a los que presuntamente la mercantil alicantina les habría vendido el producto supuestamente ilegal.

Los agentes pudieron constatar diversas partidas de bananas de Madeira que supuestamente habrían sido vendidas como plátano de Canarias. Además, comprobaron que la empresa tenía retirada la habilitación para comercializar bajo esta marca.

El Seprona aseguró que la mercantil presuntamente falsificaba los documentos y facturas y ocultaba la comercialización del producto tanto a la empresa certificadora como a la administración pública, que en el pasado ya había adoptado la medida cautelar de retirarle la autorización para comercializar ese producto IGP tras detectar supuestas irregularidades cometidas en su comercio.

El pasado abril fue investigada la mercantil, dice el Seprona, a la que se le imputan dos delitos contra la propiedad industrial, un delito de falsedad documental y un cuarto delito relativo al mercado y a los consumidores. Las diligencias entonces fueron puestas a disposición del juzgado de instrucción de Sant Vicent del Raspeig (Alicante), el que ahora instruye la causa y ha notificado el auto a Asprocan.

Fumata blanca este martes para José Carlos Rendón, elegido en la reunión de la asamblea anual de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) como presidente de la entidad, tal y como estaba previsto y ya había adelantado este periódico. Elección formalizada, por lo tanto, sin sorpresa alguna.

Pero a la vez, el mismo día, habemus decretum, maldita coincidencia. Tras la recepción este lunes, según lo programado, del dictamen al proyecto de decreto territorial que ordenará el reparto de las ayudas directas del plátano con origen en el Consejo Consultivo y su análisis posterior, este mismo martes, por la Comisión de Secretarios del Gobierno de Canarias, con el visto bueno final a esa norma autonómica, el viernes de esta misma semana la aprobación de la nueva regulación del plátano entrará en el orden día de la reunión del Consejo de Gobierno del lunes 12 de mayo próximo y todo apunta que en esa sesión la norma, tan polémica para algunas, sus detractores, finalmente sea aprobada como punto A, con acuerdo sin discusión. Y de ahí al Boletín Oficial de Canarias¸ lo que dará la fecha oficial de su nacimiento

Este proceso legal ya se hallaba en un punto tan caliente que lo mejor era pasarlo a la cubeta de hielo: su aprobación inmediata, tal y como lo deseaban el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Agricultura, Narvay Quintero. Y es justo lo que ocurrirá el lunes 12 de mayo, no el 19 del mismo mes, el día que en principio se barajó como la opción más probable, sobre todo por la Consejería de Agricultura.

José Carlos Rendón, productor integrado en Europlátano, representa, como han señalado sus afines entre las organizaciones de productores de plátanos (OPP) de Canarias (por ahora, seis entidades), la continuidad de la política diseñada por su predecesor Domingo Martín en Asprocan, que no es otra, en relación con cuestión legal tan importante, que el rechazo de pleno al nuevo decreto.

Por eso mismo, se puede entender que este martes, en el día de su estreno como jefe de Asprocan, Rendón no tuvo el mejor regalo: la confirmación de que el Gobierno de Canarias sigue adelante y el lunes prevé aprobar, una semana antes de la fecha más fiable hasta hace solo unas jornadas (que era la del 19 de mayo), el decreto regulador que modifica el apoyo directo que reciben de la Unión Europea (UE) los cosecheros de plátanos de las islas, dentro del programa Posei y con una ficha financiera por año de 141,1 millones de euros, a razón de un máximo de 0,33 euros por kilo comercializado para un tope de 420 millones de kilos anuales.

Esa tarta financiera y las nuevas condiciones para distribuir tales apoyos públicos comunitarios es lo que no gusta al novísimo presidente de Asprocan, sobre todo porque la nueva norma establece limitaciones de acceso a las ayudas directas del plátano que antes no existían: rendimiento por hectárea (antes sin él), cálculo diferente de los derechos por propietario en tres años, no en dos…

José Carlos Rendón abandera la oposición al futuro decreto territorial y además lo hace con el apoyo mayoritario de Asprocan, de ahí que haya salido elegido como presidente en la asamblea de este martes, gracias a los apoyos de las OPP Europlátano, la tercera con más plátanos en 2024; Cupalma, la segunda -la que puso al anterior presidente, Domingo Martín-; Llanos de Sardina y Plataneros de Canarias. 

Esas cuatro OPP suman algo más del 50% de los votos ponderados según kilos comercializados en 2024; por ello, se eligió a Rendón, el único candidato presentado. Pero hay más, y quizás muy relevante: la división que ha dejado la tramitación del nuevo decreto regulador de las ayudas del plátano polariza la organización Asprocan en casi dos mitades. Tanto es así que Coplaca, la OPP más potente en las islas, dijo no a la elección de Rendón, mientras que Agriten optó por la abstención.

Los ganadores tienen algo más del 50% de los kilos cortados en las islas; los perdedores en esa elección cantada (solo se presentó un candidato, el que podía salir), pero vencedores en la aprobación del decreto, son casi el 50%. La asamblea de este martes, llena de tensión, reproches y quejas, según fuentes conocedoras del resultado de esa cita, dejó bien nítido que Asprocan sigue fragmentada en casi dos partes iguales.

El decreto regulador que se aprobará el lunes que viene para la nueva distribución de las ayudas directas del plátano, de forma “más justa”, dijo Clavijo, tiene amplio respaldo económico y social en las islas, aunque también es verdad que es la primera norma en la historia de Asprocan, con más de 30 años de existencia, que el Ejecutivo autonómico saca, tramita y aprobará, no sin sobresaltos y triquiñuelas por el camino, sin contar con el apoyo cerrado o mayoritario de esa organización patronal. Por este motivo, sin duda, también se puede decir que se trata de una decisión histórica, algo antes nunca visto y que además parecía un imposible. Este tanto, en su parte negativa, se lo apunta Domingo Martín, que ya llevaba un chorro de años al frente de Asprocan.

Entre los apoyos relevantes al decreto autonómico, se hallan todos los partidos políticos con representatividad en el Parlamento de Canarias, pues ratificaron por unanimidad la proposición no de ley (PNL) clave en el relanzamiento de la norma en cuestión. A estos grupos políticos, se unen las organizaciones profesionales agrarias con representatividad en las islas, todas, con Asaga-Asaja, COAG, UPA y Palca-Unión de Uniones, y las dos OPP ya indicadas: Coplaca y Agriten.

La principal oposición ha estado en la mayoría de Asprocan, entonces con Domingo Martín al frente, este junto con las OPP Cupalma, en la que sigue como director gerente; Europlátano, la del actual titular de Asprocan; Llanos de Sardina y Plataneros de Canarias. Al rechazo institucional de esas cuatro OPP, pues no es, seguro, el de todos sus agricultores, se ha unido con relevante fuerza e interés el trabajo político de rechazo de CC en La Palma, abanderado por la secretaria insular de ese partido en la isla, Nieves Lady Barreto, además consejera de Presidencia en el Gabinete de Clavijo, y por el presidente insular, Sergio Rodríguez, ambos canalizadores sin eficacia de los argumentos de Europlátano.

Esos políticos insulares e insularistas han intentado esconder su oposición al decreto promovido por el Gobierno de su propio partido, pero hay que reconocer que no les ha salido nada bien. Tal rechazo motivó, como bien se sabe, la destitución del palmero y principal impulsor en la Consejería de la nueva norma, el entonces director general de Agricultura, Javier Gutiérrez Taño. 

Luego, en sentido inverso, proclamó a Elías Navarro, palmero, abogado y principal agitador del grupo de los contrarios al decreto en La Palma, como asesor directo, cuando ya era evidente que la guerra estaba perdida, de la consejera Nieves Lady Barreto, con 56.000 euros brutos de salario al año.

Pero ¿qué es lo que tiene el proyecto de decreto autonómico o futura norma de reparto de los apoyos directos al plátano que nos gusta a algunos? Sobre todo, más controles y transparencia, más seguridad y equidad.

El nuevo decreto, que la Consejería define como el que “regula la asignación y la reserva de cantidades de referencia a los productores de plátanos en Canarias, conforme a lo establecido en el Programa Comunitaria de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei)”, incluye al menos un cambio notable respecto a la batería de indicaciones de la PNL aprobada por unanimidad el 26 de julio pasado: el rendimiento máximo para acceder a la ayuda directa de la UE (los 0,33 euros por kilo, o menos, si hay prorrateo por exceso de producción anual) pasa a los 68.500 kilos por hectárea, en vez de los 65.000 que finalmente se incluyeron en la propuesta parlamentaria.

Además, en el proyecto de norma se eliminó el carácter retroactivo de aplicación, para evitar problemas y reclamaciones legales de los beneficiarios potenciales de la ayuda, algo que había sido admitido en borradores anteriores del proyecto, y también se descartó la opción que se llegó a barajar de dejar libre de aplicación del rendimiento máximo para el cobro de la ayuda a las explotaciones con menos de una hectárea de cultivo, medida defendida con firmeza por la líder de CC en La Palma, Nieves Lady Barreto.

En lo esencial, el nuevo decreto establecerá las siguientes condiciones legales para el acceso a la ayuda o sobre la distribución de los 141,1 millones de euros anuales en apoyo directo que presta la UE al principal cultivo existente en las islas, la indicación geográfica protegida (IGP) Plátano de Canarias. 

Estas consideraciones son:

1) Limitación de los incrementos de las cantidades de referencia asignadas a cada productor de plátano por la suma del histórico de producción, la cantidad siniestrada certificada por Agroseguro y/o la cantidad de kilos retirados del mercado (la operación conocida como pica). Quiere decir que para el cálculo del histórico se suma lo que se vende al año, lo que no se vende porque se pica y lo que se destruye por riesgos meteorológicos u otros que cubre la prima colectiva del plátano (Agroseguro).

2) Aplicación de un rendimiento máximo en el cálculo de las cantidades de referencia de 68.500 kilos por hectárea (menor a lo propuesto por Asprocan, entre 70.000-80.000 kilos, y superior a los 65.000 de la PNL). El cálculo del rendimiento máximo se realizará con la superficie incluida en el registro de afiliados de las organizaciones de productores de plátanos (las OPP, seis en Canarias), a 31 de agosto de la campaña N-1 (la anterior a la definitivamente cerrada).

3) Incremento del periodo de revisión de las cantidades de referencia (para el abono de la ayuda directa de la UE), con la ampliación del cálculo de referencia de los dos años actuales a tres (la Consejería propuso hasta cuatro en sus borradores y Asprocan siempre prefirió los dos actuales). La definición de los kilos sujetos a ayuda por beneficiario se hará dando el 50% al histórico antiguo de producción y el 50% restante será repartido entre los tres años, a razón de 16,6% por ejercicio hasta sumar el otro 50%.

4) Exclusión de la ayuda Posei para las plantaciones ubicadas en nuevos polígonos, parcelas y recintos, con la búsqueda de un mecanismo excepcional para que no se perjudique la incorporación de jóvenes agricultores al sector (no hay prohibición de nuevos cultivos de plátano, pero se penalizan porque no tienen derecho a la ayuda directa de la UE, lo que en la práctica los hace inviables). No habrá aplicación retroactiva de esta medida.

El antes y el ahora del principal cultivo de las islas

En la exposición de motivos de la reseñada PNL, la aprobada el 26 de julio de 2024, se repasaron las principales variables sociales y económicas del cultivo más hegemónico en Canarias, el que más renta agraria genera y el dominante, pese a sus crisis reiteradas y numerosos problemas de todo tipo.

“En los últimos años -se reconoce en la PNL- se ha producido un aumento desmesurado de la producción de plátano que ha llevado a una reducción de los precios obtenidos por el productor en el mercado, así como a la disminución de la ayuda por kilogramo comercializado [el mismo dinero para más kilos implica prorrateo del subsidio]”.

De seguir con esa situación de reducción de precios al productor (los recibidos por el cosechero en su cuenta bancaria) y con la caída paulatina de la ayuda directa del Posei, se planteaba en la misma PNL, el sector se encontraría ante un escenario muy grave para la supervivencia de las fincas pequeñas (la mayoría con cultivos al aire libre) y ello sería “un fracaso político en la defensa de las explotaciones tradicionales, las pequeñas y medianas, casi siempre de gestión familiar, que son las que legitiman la importante ayuda europea de 141,1milones de euros que recibe el plátano” al año.

En la citada PNL, también se detallan datos sobre la evolución del sector platanero entre los años 2011 y 2021, diez años que “son elocuentes de la situación que se describe”:

-Superficie cultivada en 2011: 9.140 hectáreas / 2021: 9.097 / 2023: 8.719.

-Producción comercializable en 2011: 349.136.715 kilos / 2021: 411.731.930 / 2023: 467.256.125.

-Número de peticionarios de subvención en 2011: 11.108 productores / 2021: 7.508.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, la palmera Nieves Lady Barreto, firmó el 4 de abril pasado la orden de nombramiento como personal eventual en el puesto de asesor del abogado Elías Navarro Rodríguez, uno de los principales agitadores en la Isla Bonita contra el futuro decreto territorial que aún tramita el Ejecutivo autonómico con la intención de cambiar el régimen actual de distribución de las ayudas directas del plátano, las que paga la Unión Europea (UE) a través del programa Posei, con cargo a una ficha financiera de 141 millones de euros al año y con abono máximo de 0,33 euros por kilo comercializado de plátano hasta 420 millones de kilos al año.

El puesto como cargo de confianza en la Administración autonómica de Elías Navarro, el de asesor en el Gabinete de la consejera de Presidencia, tiene una dotación bruta de 56.095,92 euros al año. Este abogado, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, tiene como trayectoria profesional la de “colaborador en un despacho de abogados” de La Palma desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2025, justo antes de este nombramiento político.

La designación de Elías Navarro se produce a través de una orden de 4 de abril de 2025 de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Ejecutivo autonómico, un documento que es público y se puede descargar a través de los portales de transparencia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La consejera de Presidencia, también secretaria insular de Coalición Canaria (CC) en esa misma isla, que no apoya de forma explícita y además se ha opuesto al contenido del nuevo decreto regulador de las ayudas directas del plátano, norma planteada con el objeto de hacer una “distribución justa” de tales apoyos públicos al agricultor local (así lo definió el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria de marzo pasado), ha representado el principal fuego amigo recibido por la Consejería de Agricultura, con el herreño de AHI Narvay Quintero al frente, en todo el proceso de tramitación de la citada norma de competencia autonómica.

La oposición activa a esa nueva regulación, que se prevé aprobar de forma definitiva en el Consejo de Gobierno del 19 de mayo próximo, como ya han señalado Clavijo y Quintero en una cita reciente con las organizaciones profesionales agrarias (OPA) en Tenerife, ha sido más encendida y agitada en sectores políticos y plataneros de la isla de La Palma: en la parte política, gracias al impulso de Nieves Lady Barreto y hasta del presidente del Cabildo insular, Sergio Rodríguez, también de CC, y en la vertiente económico-social, sobre todo a través de la organización de productores (OPP) Europlátano, y menos Cupalma (con Domingo Martín de director gerente, a la vez que presidente de Asprocan en proceso de salida, que lo deja el 6 de mayo que viene), y desde un grupo minoritario de productores de esa fruta en toda Canarias, entre los que se halla con papel destacado el recientemente elegido asesor de la consejera de Presidencia, el ya mencionado Elías Navarro.

Hay que recordar que el rechazo de Nieves Lady Barreto al futuro decreto regulador de las ayudas del plátano, apoyado por todo el arco parlamentario y por las cuatro OPA con representatividad en las islas (Asaga-Asaja, COAG, UPA y Palca-Unión de Uniones), más las OPP Coplaca y Agriten (con casi la mitad de la producción de la fruta en todo el archipiélago), se manifestó con rotunda claridad al propiciar y defender hasta lograrla la destitución en septiembre del año pasado del entonces director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, Javier Gutiérrez Taño, una persona que llegó al puesto como integrante de CC en La Palma.

Ese cese, no compartido por el consejero Narvay Quintero ni por casi nadie en el sector agrario local, tuvo que ver con la defensa que sí hacía Gutiérrez Taño de la citada nueva norma autonómica, a punto de aprobarse. Tales desavenencias concluyeron con la salida de este último de la Dirección General de Agricultura, tras previamente no aceptar un trueque de puestos entre consejerías. Luego, se produjo el nombramiento en Consejo de Gobierno del actual director, Juan Ramón Rodríguez Marín, un político de CC en La Palma afín o muy cercano a Nieves Lady Barreto.

Últimos coletazos de las críticas ‘made in La Palma’ a la nueva norma

El nuevo asesor de Nieves Lady Barreto casi siempre ha participado en las acciones informativas y reivindicativas del grupo opositor radicado en La Palma al nuevo decreto regulador del plátano. Tal es así que Elías Navarro, pocas semanas antes de convertirse en asesor de Nieves Lady Barreto, formó parte, por ejemplo, de una delegación de ese colectivo opositor, liderado por la OPP Europlátano, que se entrevistó con el consejero de Agricultura en Santa Cruz de Tenerife el 12 de abril pasado, con el objetivo de intentar reconducir la norma en trámite hacia los intereses defendidos por el grupo.

Sobre esa cita, impulsada por cargos políticos de CC en La Palma, de la que hay foto y también hubo nota de prensa difundida por ese mismo colectivo unos días después (el 17 de marzo), se indica que era para informar “del perjuicio que les ocasionarían determinados aspectos del nuevo decreto en tramitación para el reparto de las ayudas del Posei” en lo que respecta al cultivo del plátano (los 141 millones de euros anuales de apoyo directo).

En el mismo comunicado, se sostiene que “esta parte del sector productor [minoritaria] lamenta que no se le haya tenido en cuenta a lo largo de todo el proceso de tramitación del nuevo decreto”, pese a que hubo un amplio y caudaloso periodo de participación pública, con el 80% de las aportaciones recibidas interpretadas como refuerzos a la futura norma. Por sentirse desprotegidos, esos agricultores se han organizado “para defender sus derechos legítimos” ante la “indefensión que siente buena parte de los productores de plátanos en La Palma al observar que otras partes del sector no han trasladado al Gobierno de Canarias su problemática ni esta se ha tenido en cuenta en la proposición no de ley aprobada hace unos meses [el 26 de julio pasado] por la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias, a raíz de la cual se tramita el decreto”.

El mismo colectivo afirma que “algunos interlocutores con la Administración [pública] han venido minimizando ese perjuicio por los nuevos criterios de reparto”. Sin embargo, prosiguen, “los datos de las OPP indican que algunas de las medidas recogidas en ese decreto perjudicarían al 15,9% de los agricultores de toda Canarias, algo más de 1.000 familias, pero, en el caso de La Palma, esa cifra es particularmente gravosa, pues, según información facilitada por una de las OPP a este colectivo [en alusión a Europlátano], ese porcentaje se situaría en torno al 25%”.

Este lunes ha tenido lugar en Bruselas la reunión entre representantes de productores europeos de plátano de Francia, Portugal y España con responsables técnicos de la Dirección General de Agricultura y Dirección General de Comercio de la Comisión Europea para hacer seguimiento del grave contexto climático, comercial y normativo al que se enfrenta el sector y que ha causado una “grave crisis” de viabilidad económica.

En un comunicado, se ha detallado que en dicho encuentro, paso previo a los que también están previstos con los eurodiputados de los diferentes grupos del Parlamento Europeo a partir de este martes 15 de octubre, se han expuesto las dificultades que atraviesan las producciones de plátano de Canarias, Martinica, Guadalupe y Madeira, y entre las que destacan, el “excesivo incremento” de  los costes de cultivo y exportación, así como el contexto de mercado generado por la creciente “competencia desleal” de la banana importada,  a la que no se aplican mismos criterios medioambientales y de producción.

La representación del plátano europeo ha dirigido la petición de examinar en profundidad esta problemática y en colaboración con los propios productores y los Estados miembros interesados, evaluar medidas concretas que garanticen la supervivencia de un sector estratégico de exportación para todas las regiones ultraperiféricas de la UE como es el plátano.

La Comisión ha recordado que, “cuando se aprobó el acuerdo de libre comercio con Ecuador, esta institución se comprometió -con el apoyo del Parlamento- a prestar atención a la capacidad de la producción europea para seguir el ritmo de los cambios en el comercio y la reglamentación europeos”.

De esta forma, señalan que “se estableció que en el caso de que se detectara un deterioro grave del mercado o de la situación de los productores de plátanos de la UE, los comisarios europeos estudiarían la implementación de las medidas correctivas adecuadas”. Consideran que todo esto es “un punto de inflexión” en el que el sector lleva tiempo instalado, pero que ha debido esperar a la nueva constitución de las instituciones comunitarias.

El mercado del plátano de Canarias en Península y Baleares empieza a dar signos, aunque leves, de recuperación de demanda y precios en verde, y ello, sin duda, puede estar en el origen de que la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) no haya pedido para la semana que entra a la Consejería de Agricultura la obligada autorización para proceder a la pica de fruta, pese a que la marca de corte semanal casi todo el mundo coincide en que está en niveles muy altos, en 8,5 millones de kilos, en relación con lo que es capaz de asumir el casi único destino exterior de la fruta isleña: cifras en la horquilla de siete a 7,5 millones de kilos semanales.

Esa diferencia está claro que sí explica la medida adoptada de retención de fruta en las fincas, con unos 600.000 kilos para la última semana de septiembre, tras contabilizarse siete semanas consecutivas con pica de fruta en agosto y el actual mes.

En la última semana de septiembre, empiezan a pintar oros, sobre todo porque esta vez no hay petición de pica ni, por lo tanto, aprobación de inutilización o retirada del mercado de plátano isleño, aunque sí se ha establecido dejar en las explotaciones plataneras unos 600.000 kilos, lo que significa que esas piñas (en verde) por ahora no se cortarán, sino que se descolgarán más adelante, quizá la semana siguiente a la última de este mes de septiembre.

De esa forma, se garantiza que tal producción, aunque al final no termine teniendo salida comercial, por lo menos pase por el empaquetado y, si así fuera, sea considerada como pica, lo que implica tener kilos retirados que podrán entrar en el cálculo de la ayuda directa que la UE paga al plátano, en 0,33 euros por kilo para una producción máxima comercializada de 420.000 toneladas. Esta operación supone recibir, por lo menos, algún ingreso por parte del agricultor.

Los productores canarios de plátanos han solicitado a la Consejería solo en agosto y septiembre, en siete semanas de estos dos meses, la retirada de siete millones de kilos de fruta, lo que conduce a una cifra en lo que va de año de 13,2 millones de kilos destruidos en Canarias, según los partes de solicitud de pica de Asprocan y las autorizaciones confirmadas por la Consejería de Agricultura. Esta pica, la solicitada, que puede ser obligatoria o voluntaria, no debe confundirse con la real, que son las cantidades finalmente destruidas o eliminadas. Este registro se conoce tras el cierre del año.

Como ejemplo de la ruina que ha supuesto para los agricultores de las islas la comercialización de plátano en semanas de los meses de agosto y septiembre, hay que decir que, en la semana 37, la segunda de este septiembre, el precio promedio en verde que se liquidará al platanero isleño estará muy cerca de los 0,30 euros por kilo.

Este ingreso, con origen en el mercado y para primera transacción, la venta en verde, supone obtener pérdidas por parte del cosechero local, incluso sumada la ayuda directa de la UE, en 0,33 euros por kilo si no hay prorrateo por superación del umbral de las 420.000 toneladas al año. Sin duda, se trata de pérdida de renta agrícola porque los costes totales asumidos por el productor en Canarias están entre los 0,70 y 0,80 euros por kilo de fruta comercializada.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el cese por sorpresa del director general de Agricultura, Javier Gutiérrez Taño, palmero y alto cargo del equipo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, que dirige el herreño Narvay Quintero, de AHI.

Gutiérrez Taño llegó a ese puesto como persona de confianza de CC en La Palma, con el apoyo para acceder a ese puesto del partido en su isla, liderado por Nieves Lady Barreto, en su condición de secretaria insular de CC en La Palma. También es consejera de Presidencia en el Gabinete de Clavijo.

Lo más sorprendente de esta destitución es que se produce de forma directa por parte del presidente Clavijo, que ha asumido los criterios políticos, que no de gestión, esgrimidos por Barreto. Narvay Quintero se negó a elevar su propuesta de cese al Gobierno, pues no la comparte.

La destitución se produce tras Nieves Lady Barreto entender que ese ya ex director general era el principal obstáculo que tenía en Agricultura para la defensa de sus tesis sobre la reforma en curso de las normas que regulan el cultivo del plátano. Barreto defiende en esencia el argumento de la debilitada Asprocan y sobre todo de la OPP Europlátano, con origen en La Palma.

La sustitución del puesto que deja el palmero Gutiérrez Taño se iba a hacer con otro compatriota, veterinario de profesión y en la actualidad director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Juan Ramón Rodríguez Marín, también exalcalde de CC en Los Llanos de Aridane.

Este último relevo no se ha producido al ser bloqueado por Narvay Quintero, con lo que esa plaza en el Gobierno por ahora queda vacante, aunque se prevé que sea adjudicada a una persona de La Palma.

Antes de producirse el cese, Barreto se reunió con Gutiérrez Taño para hacer un intercambio de direcciones generales: Gutiérrez Taño se iba a su Consejería, la de Presidencia, donde ya no tocaría nada del plátano, y a la de Gutiérrez Taño iría Marín, su hombre de confianza actualmente en aquella dirección general, la de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública y persona teóricamente conocedora del sector primario.

Congelación criogénica en el Gobierno de Canarias

La jugada política consumada este lunes en el Consejo de Gobierno por la consejera de Presidencia y secretaria insular de CC en La Palma, Nieves Lady Barreto, con la mano extendida del presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, que al final ha ejercido de ejecutor sin contemplaciones (ante el “no quiero” previo de Quintero), ha tenido que dejar muy congelado al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, el herreño Narvay Quintero.

Quintero no solo se congeló este lunes, sino que la congelación tuvo que ser criogénica, a muchos grados bajo cero, de las más rápidas, con nitrógeno líquido. No era para menos: Barreto, la jefa de CC en La Palma, que lleva meses amagando con esta jugada, entra en tu Consejería, en tu casa, te baila como le da la gana y además guillotina, en la defensa de sus intereses políticos, a uno de tus mejores altos cargos: el más preparado, el mejor valorado y uno de los que más criterio tiene, dice la mayoría del sector agrario.

Pero ¿qué falló entonces? Falló la buena política, que parece, por lo que se ve, que escasea, y mucho. Venció la vendetta: como no quieres hacer lo que yo te digo y propongo por las buenas, que además eres un alto cargo de la cuota Isla Bonita, lo vuelvo a intentar y primero te ofrezco una salida light más decorosa y, si no la aceptas, que fue lo que pasó, me queda hablarlo con Clavijo y servir tu cabeza por la vía más cruel a los que tanto me la han pedido en La Palma.

El error de Javier Gutiérrez Taño fue solo uno: no quiso dejar caer sus pantalones al suelo, que los mantuvo arriba hasta el final, sujetos con el cinturón del criterio. Esta valentía le costó tener que salir de esta manera de la Consejería de Agricultura, por la puerta de atrás y a través de una acción violenta, sobre todo por el mecanismo elegido.

Como consecuencia, sube al casillero de Narvay Quintero la derrota en esta primera batalla que desde hace tiempo lo enfrenta a la palmera Nieves Lady Barreto. Esta, tras plegarse y no aceptar la estrategia de sacar a Gutiérrez Taño de su puesto en Agricultura, la ha perdido, que los vencedores éticos en estas historias de poco valen.

Ahora le queda la segunda batalla, que en breve se intensificará y lleva meses preparando la consejera de Presidencia. Si en esta también falla, al herreño le quedará un futuro lleno de poca ternura en su actual Consejería. La segunda batalla que ya ansía ganar Barreto es la de la reforma del decreto territorial que regula las normas de cultivo del plátano y cómo deben recibirse las ayudas directas de la UE, los famosos 141,1 millones de euros al año.

Barreto está en ello, ya se cobró la primera víctima y no cejará en el empeño, aunque no tenga la mayoría de los apoyos, pero sí algunos con gran peso en el sector del plátano local: la dividida Asprocan al mando del palmero Domingo Martín, director gerente de la OPP Cupalma, y los popes de la OPP Europlátano. 

Estos son sus principales escuderos, también los ganadores de la jugada de este lunes. Habían identificado al ya ex director general de Agricultura como el coco del plátano, el traidor de la causa palmera liderada por CC con guion de un pequeño círculo de poder. Ellos aplauden a rabiar esta salida; ellos aplauden este lunes el cese, quizá con tantas fuerzas como las utilizadas para resaltar hace apenas un año el nombramiento de la misma persona. La cara y la cruz.

La guerra no la han ganado, pero sí la primera batalla. Queda la segunda y final, que también la desean a muerte. La mayoría no la tienen, pero Narvay es hoy un consejero débil. Además, estos días se saca a exposición pública el proyecto de decreto territorial del plátano, el mismo que la palmera Nieves Lady Barreto defenderá que termine saliendo en el BOC como deciden los que más influyen sobre ella. La batalla está servida y queda por ver quién es el vencedor. 

Si Narvay Quintero empuja más, le pone toda la intensidad y termina ganando porque sale aprobado el decreto según el contenido de la PNL del plátano aprobada por unanimidad en la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias el 26 de julio pasado, texto también apoyado por dos OPP de Asprocan, Coplaca y Agriten (en torno al 47% de los kilos de plátanos que se comercializan desde Canarias al año), y por todas las organizaciones profesionales agrarias, Quintero tendrá futuro en la Consejería, una vida más o menos digna. Quintero gana si gana la mayoría, el consenso más amplio.

Si no lo consigue, perderá la guerra y ya con ella cualquier posibilidad de mantenerse con dignidad en el cargo. Hay que esperar, pero pinta feo…

Una partida en la que poco importaba el cromo a intercambiar

La consejera Nieves Lady Barreto no es muy conocida por el tacto que es capaz de desplegar al ejecutar sus estrategias. Tosca o muy tosca, antes de poner la cabeza de Gutiérrez Taño en una bandeja de plata para entregársela a los que más se la pedían, ella misma y algunos poderes fácticos de La Palma, pensó que el ya ex director general de Agricultura estaría dispuesto a aceptar un trueque de altos cargos: él a la Consejería de Presidencia y Juan Ramón Rodríguez Martín, hoy en la Consejería de Presidencia, a la de Agricultura. Total, el salario es el mismo, debió pensar.

Pero se equivocó de todas todas. Gutiérrez Taño le hizo un feo, porque ella, tan confiada, lo llamó un lunes a primera hora de hace ya algunas semanas y le planteó la maniobra. Ese mismo día Barreto había soñado con que el cambio de cromos lo llevaba al Consejo de Gobierno y bum, asunto resuelto. Pero erró, y quizás de ahí la brusquedad desplegada en la sesión del Consejo de Gobierno de este lunes: o por las buenas o por las malas, y sin importar si así no lo quiere Narvay Quintero, que no lo quiso y lo reconoció al negarse a firmar la propuesta de cese. Qué más da, pensó Nieves Lady Barreto: esto lo despacho con Fernando Clavijo, que para eso la cabeza que ya va a la bandeja es cuota palmera, siguiendo aquella vieja y diabólica expresión de “lo maté porque era mío”.

Lo de este lunes fue puro volcanismo, y pudo llegar a ser muy pero que muy explosivo si al final se llega a aceptar a la persona elegida para el trueque de cargos, la primera opción, esta sin dinamita, que era el actual director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Juan Ramón Rodríguez Marín, también exalcalde de CC en Los Llanos de Aridane y muchas más cosas.

Este alto cargo, actualmente en el organigrama de la Consejería de Presidencia, la de Barreto, era el preferido para ser nuevo director general de Agricultura, pero resulta que Narvay Quintero no lo quiere y, claro, dos goles seguidos, con tan poco tiempo transcurrido, seguro que es mucha vejación.

Por eso, la sustitución de Gutiérrez Taño, su relevo, quedó en blanco, pendiente de resolver, encima de la mesa… Con todo lo que quería Rodríguez Martín estar en la nueva dirección general y seguro que obedecer a su jefa, Nieves Lady Barreto.

Este capítulo tan rocambolesco aún no tiene final, y la persona que se elegirá parece que ya no será la que lleve el nombre de Juan Ramón Rodríguez Martín, pero sí el que quiera Barreto. Rodríguez Martín, veterinario de profesión, se curtió en la política local de Los Llanos de Aridane y siempre fue, con más o menos intensidad, un protegido de CC en La Palma. Tanto es así que este veterinario fue fichado para prestar servicios a la empresa pública GMR en la legislatura 2011-2015, un año de esos cuatro, con consejero de Agricultura de CC, otra persona de Los Llanos de Aridane y también exalcalde de esa localidad palmera: Juan Ramón Hernández.

Esa contratación entre empresa pública y un tercero autónomo es un debe en el currículo de Rodríguez Marín. La sorpresa de tal relación laboral con GMR fue, que es lo que se denunció en su día, supuestamente fraudulenta, y no por pocos motivos. Se detectó algo muy feo. Esta, por cierto, había sido la persona elegida para entrar en el despacho del que a la fuerza salió este lunes Gutiérrez Taño. Cosas de la política.

Ha llevado su tiempo, pero en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ya lo tienen claro, sobre todo tras la actual crisis de mercado, otra más, que aún afecta al plátano, con la consecuente ruina de precios para el agricultor y la destrucción de millones de kilos de fruta (la llamada pica) este agosto y septiembre, lo que ha hecho recordar el descalabro de todo el año 2023.

Tan claro ahora se tiene que el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, ha dicho sí, adelante, para que se proceda con la reforma del Decreto 48/2018, de 16 de abril (el que regula el reconocimiento de las organizaciones de productores -OPP- y sus asociaciones en el sector del plátano de Canarias), y, lo más importante, que esta reforma legal de ámbito autonómico se haga recogiendo de principio a fin, en toda su integridad, los cambios pedidos por la proposición no de ley (PNL) aprobada de forma unánime en la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias celebrada el 26 de julio pasado, con los apoyos de PSOE, CC, PP, ASG, VOX y AHI.

Hay que señalar que esa PNL además está respaldada de forma externa por las cuatro organizaciones profesionales agrarias con presencia en las islas: Asaga-Asaja, COAG, UPA y Palca-Unión de Uniones, aunque también es verdad que cuenta con el rechazo mayoritario (por los pelos, si este se mide en kilos comercializados de fruta por las seis OPP) de Asprocan; esto es, de cuatro organizaciones de productores de plátanos de las seis existentes. Las desmarcadas del grupo contrario a los cambios propuestos por la PNL, dos, son las tinerfeñas (solo por su origen) Coplaca y Agriten, como así mismo ha reconocido el presidente de Asprocan, Domingo Martín.

La decisión que adopta la Consejería de Agricultura tampoco cuenta con el respaldo de la consejera de Presidencia en el Ejecutivo autonómico y secretaria insular de CC en La Palma (la isla donde el plátano tiene más peso económico y social), Nieves Lady Barreto, que ha sido y es la principal valedora política de las tesis que enarbola Domingo Martín y la parte mayoritaria de Asprocan. Martín también es director gerente de la OPP Cupalma, esta entidad nacida en la Isla Bonita.

Tal y como ha reconocido la Consejería de Agricultura a este periódico digital, la publicación del nuevo decreto es cuestión de pocas semanas, pues ya están preparados los cambios legales y resta que la nueva norma se publique en el Boletín Oficial de Canarias, lo que se hará tras su paso previo por el Consejo de Gobierno, como es preceptivo.

Llegados a este punto, conviene recordar que la PNL aprobada el 26 de julio de 2024 por la Comisión de Agricultura había despejado el camino al consejero Narvay Quintero en su deseo de proceder a la reforma de aquella regulación autonómica sobre el cultivo del plátano, ahora con amplios apoyos, y en su planteamiento ampliamente reconocido de que debía actuar para controlar el incremento de la producción y sus daños directos e indirectos en la renta agrícola, aparte de las consecuencias ambientales y el derroche de recursos de producción, principalmente el agua consumida por los plátanos picados, nada menos que 26 millones de kilos en 2023, el segundo total anual más elevado, y con seis millones ya en un mes y algo de este año, en agosto y parte de septiembre.

Tras la iniciativa política de Nueva Canarias (NC), el grupo parlamentario que más empujó en esa PNL, junto con los apoyos desde fuera de las organizaciones profesionales agrarias de las islas y la amplia sintonía de ese texto con las OPP Coplaca y Agriten y la propia Consejería, se logró una petición amplísima de actuación urgente dirigida al consejero que es histórica y que ahora sí levanta el freno de mano puesto por Agricultura en relación con este asunto, por el bloqueo de Asprocan y de un sector de CC dominante en La Palma.

Las cuestiones centrales de la reforma propuesta por la PNL, las que llevará de forma íntegra el consejero en el nuevo decreto territorial, son las siguientes: el rendimiento medio por hectárea será de 65.000 kilos de plátanos (ahora no existe), con un periodo de referencia para el cálculo de la ayuda de la UE de tres años (los actuales son dos) y nueva fórmula de definición: el 50% de los kilos comercializados con derecho a ayuda sale del histórico antiguo de las explotaciones y el 50% restante será la suma del 16,6% por año del trienio de referencia.

Ese cálculo de la ayuda directa de la UE (0,33 euros por kilo y año, umbral de referencia) también es el que apoya Coplaca, pero con la salvedad de que lo prefiere a cuatro años: 50%-50%, con 12,5% por ejercicio anual, hasta completar la mitad, y el otro 50% como histórico antiguo (esta opción no salió). En cambio, Asprocan optaba por el 40% de histórico antiguo y el 20% por cada año del trienio, hasta completar el 100%. Tampoco se aprobó en la Comisión. Esto lo defendió Asprocan tras aceptar como periodo de cálculo de la ayuda los tres años, que siempre antes había apoyado los dos actuales, el que existe en estos momentos.

Las medidas de la PNL aprobada el 26 de julio pasado, las que ya abraza la Consejería de Agricultura y llevará al nuevo decreto, instaban al Gobierno autonómico, “ante la crisis actual del sector platanero local y el hundimiento de las rentas de sus productores en los últimos meses, a adoptar una serie de decisiones que contribuyan a mejorar la gestión de la ayuda [el apoyo directo al plátano que concede la UE dentro del programa Posei, con hasta 0,33 euros de ayuda por kilo comercializado para un máximo de 420.000 toneladas por año y ficha financiera de 141,1 millones de euros] y del propio mercado”, lo que implica la “reforma del diseño de la actual ayuda en el marco del programa Posei [algo ya informado a la Comisión Europea por Canarias] con las siguientes modificaciones”. 

Estos cambios son:

-Limitación de los incrementos de las cantidades de referencia asignadas a cada productor de plátano por la suma del histórico de producción, la cantidad siniestrada certificada por Agroseguro y/o la cantidad de kilos retirados del mercado [la operación conocida como pica]. Esto quiere decir que para el cálculo del histórico se suma lo que se vende al año, lo que no se vende porque se pica y lo que se destruye por riesgos meteorológicos u otros eventos que cubre la prima colectiva del plátano (Agroseguro).

-Aplicación de un rendimiento máximo en el cálculo de las cantidades de referencia de 65.000 kilos por hectárea [menor al propuesto por Asprocan, entre 70.000-80.000 kilos, e igual al inicialmente planteado por la Consejería de Agricultura]. El cálculo del rendimiento máximo se realizará con la superficie incluida en el registro de afiliados de las organizaciones de productores de plátanos (las OPP, seis en Canarias), a 31 de agosto de la campaña N-1 [la anterior a la definitivamente cerrada].

-Incremento del periodo de revisión de las cantidades de referencia [para el abono de la ayuda directa de la UE], con la ampliación del cálculo de referencia de los dos años actuales a tres [la Consejería propuso hasta cuatro en sus borradores y Asprocan siempre prefirió los dos actuales], y que la definición de los kilos sujetos a ayuda por beneficiario se haga dando el 50% al histórico antiguo de producción y el 50% restante sea repartido entre los tres años, a razón de 16,6% por ejercicio.

-Exclusión de la ayuda Posei para las plantaciones ubicadas en nuevos polígonos, parcelas y recintos, con la búsqueda de un mecanismo excepcional para que no se perjudique la incorporación de jóvenes agricultores al sector [no hay prohibición de nuevos cultivos de plátano, pero se penalizan porque no tienen derecho a la ayuda directa de la UE, lo que en la práctica los hace inviables].

-Generación de mecanismos que permitan conservar las cantidades de referencia durante siete años para aquellos productores que quieran explorar la producción de otros cultivos [si se apuesta por otra actividad y se regresa al plátano, no se pierde el derecho a la ayuda de la UE]“.

En la citada PNL, también se detallaban datos sobre la evolución del sector platanero entre los años 2011 y 2021, diez años, que “son elocuentes de la situación que se describe”:

•Superficie cultivada 2011: 9.140 hectáreas / 2021: 9.097 / 2023: 8.719.

•Producción comercializable 2011: 349.136.715 kilos / 2021: 411.731.930 / 2023: 467.256.125.

•Nº peticionarios de subvención 2011: 11.108 productores / 2021: 7.508

El subidón de oferta de fruta apta para comercializar en 2023, con un aumento de la producción hasta los 467.256.125 kilos, supuso nada menos que 118.119.410 kilos más que en 2011.

Por ello, el año 2023 se cerró con los siguientes parámetros: 467.256.125 kilos comercializados, de los cuales 26.469.204 fueron retirados del mercado [pica: sin ingreso para el agricultor, solo la ayuda de la UE, y fruta destinada a insumo alimentario del ganado, beneficencia, destrucción como residuo o proyectos por ahora fallidos de introducción en Marruecos] y a los que se añadieron 9.410.998 kilos siniestrados y reconocidos por Agroseguro.

De esa suma resulta una producción total de 476.667.123 kilos, según las estadísticas anuales de la organización Asprocan, la que integra a las seis OPP existentes en las islas (Coplaca, Cupalma, Europlátano, Agriten, Plataneros de Canarias y Llanos de Sardina).

En la exposición de motivos de la PNL se recogía que la disminución “importante” en el número de peticionarios/productores de la ayuda directa de la UE se debe, entre otros factores, a los aquí detallados: 

a) Concentración de las explotaciones en unidades de mayor tamaño, existiendo una progresiva disminución de las fincas de pequeño tamaño y un aumento de las explotaciones de dos o más hectáreas. 

b) En lo referente a la distribución por cantidad de referencia, ocurre que aquellas explotaciones con menos de 45.000 kilos/año de producción, en especial las más pequeñas, disminuyen notablemente.

c) Si se analiza la producción comercializada, se observa un aumento continuo (17,43%) en los kilos comercializados desde la campaña de 2009 hasta la actualidad.

d) Si no se toman medidas, la ayuda directa podría bajar hasta 0,27 euros por kilo, 0,05 euros menos que los 0,33 para 420 millones de kilos al año garantizados.

Amable del Corral nunca se ha caracterizado, a decir de los que lo conocen y lo han seguido, por ser cobarde en sus intervenciones públicas relacionadas con el ámbito agrario local, en el que lleva empujando ya varios decenios. Amplio conocedor del sector primario isleño (fue ganadero y hoy sigue siendo agricultor), siempre ha estado al frente de una defensa alternativa del cultivo del plátano en Canarias, quizá con mayor presencia, intensidad y visibilidad desde el decenio de 2000, con punto de partida en la recordada gran manifestación a favor de cambios en este cultivo celebrada en Santa Cruz de La Palma en el verano de 2001.

El principal dirigente de la organización profesional agraria (OPA) Palca, entidad asociada a la nacional Unión de Uniones y editora de la revista sectorial isleña Agropalca, analiza en esta entrevista la mayoría de las claves de la crisis actual que afecta al cultivo estrella en Canarias, y lo hace con claridad, como es habitual en él, aunque no sin dejar algunos mensajes en el aire, aún sin respuesta nítida.

Para Del Corral, el objetivo principal que su organización persigue hoy en día con el plátano es “evitar con todos los medios a nuestro alcance que se repartan la ayuda entre unos cuantos cazaprimas advenedizos, estos con la pretensión de hacer desaparecer de un plumazo a la gran mayoría de los pequeños productores, que son la tercera pata de la ayuda al plátano de la UE: la amplia base social” del cultivo en Canarias.

Sobre la crisis de mercado actual, con escasa demanda de fruta y bajísimos precios en Península, señala que, “en principio, hay dos caminos para salir del atolladero: adaptar la oferta a la demanda o abrir nuevos mercados. No vemos otras soluciones a corto y medio plazo”, reconoce. Pero nada se ha hecho, o al menos muy poco éxito se ha tenido.

Amable del Corral no elude hablar del comportamiento del consejero de Agricultura, Narvay Quintero, en relación con los cambios a introducir en la norma autonómica que regula el cultivo, todo ellos aún frenados, y dice al referirse a las gestiones de este: “Decepcionado del todo, todavía no. Incrédulo ante la indecisión del consejero, sí. Nunca ninguno de sus antecesores tuvo el apoyo que a él se le ha brindado para resolver este asunto. Pensé que no le temblaría el pulso ante una situación como la presente, menos aún después de habérsele puesto encima de la mesa todas las herramientas por él solicitadas”.

Por si Quintero sigue sin reaccionar y no llega a hacer lo que se le ha pedido en la PNL sobre el plátano aprobada de forma unánime por la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias el 26 de julio pasado, con apoyo total de las cuatro OPA canarias, Del Corral aquí recuerda que su organización sí sabe cómo seguir peleando esos cambios: “Palca tiene un plan b y el consejero lo conoce. Nosotros siempre hemos sido leales con él, pero, como también decía un buen amigo hoy ya desaparecido: ‘Las denuncias y querellas no se anuncian, se interponen”.

Usted lidera en Canarias una de las OPA, de las cuatro existentes a escala regional, que ha sido más incisiva en la búsqueda de soluciones reales y duraderas para el principal cultivo de las islas, el plátano, una fruta que usted también produce en la isla de La Palma. ¿Cómo valora los resultados obtenidos hasta ahora a través de las acciones de Palca, sobre todo tras el año horroroso por exceso de fruta, 467 millones de kilos, y bajos precios recibidos en 2023, con muchas pérdidas acumuladas entre la gran mayoría de los agricultores isleños?

Nosotros, desde hace muchos años, venimos estudiando la situación a la que cuatro señores están conduciendo al plátano canario: a la ruina. Tenemos muy claro que nuestra lucha ha de centrarse en mantener, por encima de todo, un subsector sin más pérdida de pequeños agricultores y con una ayuda directa del Posei actualizada [la que paga la Unión Europea -UE-, a razón de 0,30 euros por kilo para 420 millones de kilos al año y con una ficha financiera de 141,1 millones de euros]. Hay que evitar con todos los medios a nuestro alcance que se repartan la ayuda entre unos cuantos cazaprimas advenedizos, estos con la pretensión de hacer desaparecer de un plumazo a la gran mayoría de los pequeños productores, que son la tercera pata de la ayuda de la UE: la amplia base social. Esta es la situación en la que ahora mismo nos encontramos, y contra ella Palca se rebela.

En el año 2012, nuestra organización agraria registró un documento en la Consejería de Agricultura donde se daban unas pautas para tratar de mantener a flote el subsector platanero y evitar la pérdida de pequeños productores. De bien poco han servido esa y otras iniciativas porque chocan con el férreo muro de Asprocan y ahí caen fulminadas, en muchas ocasiones en connivencia con aquellos que han gobernado en la Consejería de Agricultura.

En su universo de críticas, siempre ha estado la organización Asprocan, de manera más acusada en la etapa como regidor de Domingo Martín (la actual), también palmero y director gerente de la organización de productores de plátanos (OPP) Cupalma, la segunda por producción comercializada en las islas. ¿Por qué ha centrado gran parte de sus disconformidades en esa entidad sectorial y qué parte de culpa, si así fuera, tiene Asprocan en la crisis latente del plátano en Canarias, recrudecida en 2023 de forma clara y con continuación en la primera parte del año 2024, más la que se sirve en estos momentos?

Palca ha seguido al subsector platanero desde el mismo instante de su constitución, porque como OPA nacimos en un momento muy crítico para el plátano, como el actual, pretendiendo solventar algunos problemas que entonces se manifestaban y continúan vigentes a día de hoy. A lo largo de estos 22 años de existencia, pocas cosas han cambiado, y hemos advertido hasta la saciedad de que llegaríamos a la situación presente. Y ahora pregunto: ¿teníamos razón o no?

Para nosotros está claro que Domingo Martín Ortega, a pesar de llevar la intemerata de años sentado en la mesa de Asprocan, poco ha hecho por cambiar el rumbo de esta asociación y, por tanto, no era la persona idónea para ocupar el cargo de presidente. Su talante negociador deja mucho que desear y en ese puesto se ha de tener mucha mano izquierda, de la cual él carece. Tampoco hemos visto nada relevante en su trayectoria en Cupalma, más allá de captar pequeños grupos de agricultores, donde algunos de ellos comercializan su propia fruta y otros importan banana a gran escala. Este es el panorama que uno se encuentra cuando profundiza un poco en la gestión de Domingo Martín. A pesar de ello, él se pasa la vida hablando de los importadores de banana y los tiene incrustados en su propia casa. Si además hacemos caso a los últimos comentarios en circulación, parece que su organización de productores no anda muy boyante. Para conocer más detalles sobre esto, basta con solicitar las cuentas en el Registro de Cooperativas, que así quizás los rumores se puedan convertir en certezas.

Con estos mimbres, nosotros no podíamos confiar en su gestión al frente del conjunto de los plataneros canarios, y mire dónde estamos, con un Asprocan dividido y los pequeños productores tradicionales desapareciendo lentamente. Por esto, le hemos solicitado de forma insistente la dimisión, porque estamos convencidos de que tenemos razones sobradas para ello.

Sí queremos dejar claro que nosotros contra Cupalma no tenemos nada en absoluto. Le deseamos lo mejor. Pero sí nos preocupa el derrotero por el que transita y, en el peor de los casos, que sus productores paguen los platos rotos de una mala gestión. También puede deberse nuestra inquietud a que nuestra OPA “solo tiene cinco afiliados plataneros”, en palabras de Domingo Martín Ortega vertidas en un medio de comunicación. Si esto fuera así y los perdemos por la desaparición de Cupalma, imagínese el enorme descalabro que para nosotros eso representaría: la extinción de Palca.

Asprocan suele recurrir a la afirmación, sobre todo cuando hay pica, de que la culpa es del mercado, una especie de ente abstracto, y que esta organización no puede intervenir en la formación de precios en la Península. ¿La culpa de la pérdida de renta agrícola tan acusada en los últimos tiempos, sobre todo para los pequeños y medianos plataneros, es solo del mercado o hay más factores que se deben considerar, muchos de ellos no atajados o controlados desde casa, en Canarias? Se me ocurre, por ejemplo, la atomización de la comercialización, el descontrol en la oferta de fruta, con cada vez más superficie cultivada y con modelos agronómicos más intensivos, y las múltiples calidades de plátano, aparte de lo que pasa con el género una vez llega en verde a Península. ¿Qué tiene que decir?

El descontrol en el subsector es monumental, la comercialización cada día está más atomizada y aparecen nuevos empaquetados como hongos. Esto se debe, en parte, a que algunos agricultores grandes llegan a comercializar su fruta y convierten las OPP en meras agencias tramitadoras de documentación para cobrar la ayuda, y poco más. No hay capacidad de control sobre esos pequeños grupos, donde la normativa se incumple estrepitosamente y la Consejería de Agricultura, que debería ser la garante, mira para otro lado.

Pongo un ejemplo claro: hay 98 empaquetados de plátanos en Canarias y en el año 2023 se hicieron alrededor de 60 inspecciones, ni tan siquiera una por empaquetado. Imagínese a los pícaros, como peces en el agua. Un año con más de 26 millones kilos de fruta retirada, más de 44 millones de kilos comercializados en el mercado interior y explotaciones que producen por encima de su capacidad productiva, y aquí no pasa nada. 

Pero vamos a remontarnos al Reglamento 404/93, del Consejo, del 13 de febrero de 1993, por el que se establece la OCM del plátano. En el título II, el de Organizaciones de productores y mecanismos de concentración, su artículo 5.1.d dice: “Dicte reglas de conocimiento de la producción y normas de producción, y en particular normas encaminadas a mejorar la calidad y normas de comercialización”. Pero es que, en fechas más cercanas, el Decreto 48/2018, de 16 de abril, de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, sobre el Reconocimiento de las organizaciones de productores y sus asociaciones en el sector del plátano [este decreto territorial es el que se plantea reformar según lo recogido por la PNL del plátano aprobada en la Comisión de Agricultura del 26 de julio pasado], en su capítulo II, artículo 3, plantea las “entidades que pueden solicitar el reconocimiento, en su apartado 1, epígrafes a, b y c”, y habla, entre otras cuestiones, de planificación de la producción y su ajuste con arreglo a la demanda, sobre todo en lo referente a la calidad y la cantidad. Asimismo, en el artículo 10, epígrafe Normas de producción y comercialización, en sus apartados a, b y c, entre otros, se menciona el escalonamiento de la producción. Ambos artículos son muy claros al respecto.

Desde el año 1993 hasta la fecha, ha llovido lo suficiente como para que lo recogido tanto en el reglamento como en el decreto se hubiese puesto en práctica. De ser así, a día de hoy, tendríamos tiempo sobrado para tener resuelto este asunto. Si actualmente un racimo se tarda en cortar entre doce y catorce semanas, como mínimo, creemos que es un periodo suficiente para tomar decisiones racionales y no continuar improvisando, como se ha hecho hasta ahora.

Parece que el único problema, siendo importante, es la llamada competencia desleal de la banana, fruta, por cierto, que también comercializan algunos operadores canarios. Pero la realidad dicta que no solo es eso. ¿Por dónde ya hay que empezar para cambiar la actual dinámica, antes de que sea muy tarde, y así consolidar un futuro aceptable para este cultivo en años venideros?

Que la banana nos ha estado comiendo cuota de mercado en Península lo venimos advirtiendo desde hace años. Basta con leer los distintos números de la revista Agropalca [editada por Palca]. Ahí está reflejado. Nos llamaban locos, agoreros y profetas, pero ahora solo tenemos el 50% de cuota.

En principio, hay dos caminos para salir de este atolladero: adaptar la oferta a la demanda o abrir nuevos mercados. No vemos otras soluciones a corto y medio plazo. También sería aconsejable, para conseguir lo anterior, lograr algo más de frescura en buena parte de los dirigentes de Asprocan, que en estos momentos es un barco a la deriva con un capitán dedicado casi en exclusiva a la meteorología y a trabajar para favorecer a los grandes capitales. Según palabras de Domingo Martín Ortega, su OPP, Cupalma, es la que tiene mayor número de pequeños agricultores tradicionales, pero, vistas sus actuaciones, poco parecen importarle, aunque sean estos quienes le pagan puntualmente el sueldo al final de cada mes.

El actual consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria no ha dicho nada en estas semanas acerca de la crisis del plátano de Canarias. Ni abre la boca ni tramita los cambios de regulación aprobados por unanimidad en el Parlamento de Canarias, además con amplio consenso entre las OPA. ¿Cómo se explica usted esa actitud, cuando todo el proceso desencadenado en el Parlamento se concibió como una estrategia siempre apoyada, para que existieran todas las garantías de cambio, en la postura del consejero? Ahora está la herramienta, pero no se hace nada. ¿Inadmisible, no lo cree usted?

Ya lo dijo el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cuando se reunió con las OPA y los agricultores en el Parlamento de Canarias, acompañado por la consejera de Presidencia, el consejero de Agricultura, el viceconsejero del Sector Primario y el director general de Agricultura: “Nosotros somos el Gobierno y el Gobierno está para gobernar”. Creo que esa frase no se la dirigió a las OPA ni a los agricultores allí presentes. A tenor de lo dicho por el presidente y visto el caso que le ha hecho el consejero de Agricultura, debía ser aquél quien tomara una decisión.

¿Quién cree usted que pesa más en el Gobierno de Canarias en lo que se debe hacer o no hacer en relación con el plátano: el consejero Narvay Quintero o la lideresa de CC en La Palma, Nieves Lady Barreto, que parece que actúa defendiendo lo dictado por la parte mayoritaria, que no unánime, dentro Asprocan?

A mí la política nunca me ha gustado; tragar sapos en ayunas y sonreír después, mucho menos. Aquí el asunto está meridianamente claro: el consejero de Agricultura es Narvay Quintero Castañeda y es él quien ha de tomar las decisiones en esta materia. Si no se encuentra con las fuerzas necesarias, lo mejor sería dejar el cargo. Como ya le anticipé, las riñas políticas que las resuelvan entre ellos. Mi cometido no es precisamente hacer de mediador en esos casos.

Lo noto muy decepcionado, demasiado, con el papel del actual consejero y otros agentes. ¿Qué frena a Narvay Quintero si se ha aprobado por los grupos parlamentarios el texto al que él dio previamente el visto bueno? ¿Por qué no hace lo que le ha pedido el Parlamento de Canarias, las cuatro OPA y dos OPP de seis en Asprocan, que son Coplaca y Agriten?

Decepcionado del todo, todavía no. Incrédulo ante la indecisión del consejero, sí. Nunca ninguno de sus antecesores tuvo el apoyo que a él se le ha brindado para resolver este asunto. Pensé que no le temblaría el pulso ante una situación como la presente, menos aún después de habérsele puesto encima de la mesa todas las herramientas por él solicitadas. Y piense usted que Palca lleva con este asunto desde el 5 de septiembre del año pasado, fecha de la primera reunión al respecto con el consejero.

¿Tiene su organización o las OPA canarias algún as en la manga para acelerar el cambio en la regulación del cultivo del plátano, siempre según el contenido de la proposición no de ley (PNL) aprobada de forma unánime por la Comisión de Agricultura en sesión del 26 de julio pasado?

Habrá que seguir presionando al consejero para que modifique la normativa vigente y así adaptarla a la PNL; por supuesto, sin cambiar nada de lo ya aprobado por la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias. Recientemente, las cuatro OPA regionales que hemos caminado juntas en este asunto y hemos registrado un escrito dirigido al consejero con esas demandas. Si las otras tres OPA tienen un as en la manga o un plan b, lo desconocemos. Mejor es preguntárselo a sus representantes. En Palca sí tenemos claro que no vamos a continuar mucho tiempo más en esta posición. En Palca existe un plan b, pero seguimos abogando por que las cosas se arreglen aquí de forma tranquila e inteligente.

¿Qué piensa usted que pueden hacer los productores de plátanos en las islas, aparte de picar o machetear fruta, y no hacen para contribuir a que se activen los cambios? ¿Quiénes los quieren y quiénes no los quieren porque así ya les va bien?

Los productores han de involucrarse más en todo lo relacionado con las OPP, las cooperativas y las sociedades agrarias de transformación (SAT) que las componen, participando en las decisiones sobre el funcionamiento de estas y no permitiendo que sus directivos sean quienes las tomen por ellos, aparte de exigir cuantos derechos les correspondan.

Llegó el momento de demostrar esa valentía, que sí muestran en lugares no tan apropiados como calles, bares y plazas, o en las tertulias con otros compañeros. Se ha de canalizar toda esa energía exigiendo más transparencia y democracia, y asistiendo masivamente a las asambleas de las sociedades donde están encuadrados para demandar mayores responsabilidades por la gestión realizada. A los directivos se les ha de preguntar qué tienen planificado para el futuro de la producción y la comercialización, y cuál es el nivel de endeudamiento de la organización. Debemos tener claro que, en el caso de las cooperativas, los socios son responsables solidarios de la deuda hasta cinco años después de abandonarla.

No podemos seguir mirando hacia otra parte, a no ser que no nos importe arruinarnos.

Si en Canarias no hay escucha fiable ni intervención político-administrativa, solo queda Bruselas... ¿Alguna actuación prevista para convencer a la Comisión Europea u otras instituciones comunitarias?

Como se comentó anteriormente, Palca tiene un plan b y el consejero lo conoce. Nosotros siempre hemos sido leales con él, pero, como también decía un buen amigo hoy ya desaparecido: “Las denuncias y querellas no se anuncian, se interponen”. Esto no es óbice para preparar un dosier con la documentación que contenga todas las anomalías detectadas tanto en producción como en comercialización, y también en la IGP.

No vamos a permitir que unos cuantos productores, buena parte de ellos advenedizos al subsector, arruinen a la mayoría de los tradicionales para quedarse con sus explotaciones y con una porción suculenta de la ayuda de 141,1 millones de euros de fondos europeos.

Voy a recordar por enésima vez que la ayuda del plátano se creó para fijar población en los municipios agrícolas donde se produce esta fruta, para mantener el medioambiente y el paisaje, y para ser solidarios con el gran número de agricultores del subsector platanero, con el fin de que puedan continuar viviendo de sus explotaciones agrícolas. No se aprobó para cultivos industriales bajo plástico.

Las organizaciones profesionales agrarias representativas en Canarias, Asaga Canarias Asaja, COAG Canarias, Palca-Unión de Uniones y UPA, que son las convocantes de las movilizaciones del 21 (miércoles, a las 11.00) y 24 (sábado, a las 11.00) de febrero próximos en las dos capitales canarias, la primera en Las Palmas de Gran Canaria y la siguiente en Santa Cruz de Tenerife), junto con otras organizaciones y asociaciones vinculadas al sector agrario local, han dejado muy claro en un documento de consenso que organizan esas manifestaciones en el archipiélago en defensa de unas “rentas dignas y un futuro para el campo canario”, lo que, según el escrito de reivindicaciones que han aprobado esos colectivos, pasa por llevar a buen puerto las siguientes demandas, a las que ha tenido acceso este periódico digital y que se dirigen a cinco administraciones públicas: ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias, Gobierno estatal y Unión Europea (UE).

Las demandas mínimas planteadas por el sector agrario de las islas, que se reclamarán en las dos tractoradas del 21 y 24 de este mes, por ahora, son las siguientes:

Dirigidas a la Unión Europea y al Gobierno de España

-Exigencia de las mismas normativas de calidad, de seguridad alimentaria y medioambientales a las importaciones de países terceros que ejercen una competencia desleal con las producciones locales (cláusulas espejo). Además, el aumento de las inspecciones en los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) y revisión de los contingentes y aranceles de esos productos traídos de fuera de la UE.

-Paralización de la puesta en marcha de la conexión marítima de mercancías entre Fuerteventura y el puerto de Tarfaya, este en Marruecos. Su activación implica un alto riesgo de entrada de plagas y enfermedades ganaderas, así como de productos alimentarios tratados con materias activas prohibidas en Europa.

-Aplicación y refuerzo de la Ley de Cadena Agroalimentaria. Es fundamental la implantación de herramientas que contribuyan a la transparencia y a equilibrar las capacidades de negociación en el mercado agroalimentario. Es necesaria la dotación de los medios suficientes para una adopción adecuada de la norma y la ampliación del plan de inspecciones.

-Cuaderno digital voluntario (SIEX). Debido a la complejidad que está produciendo la implantación del SIEX, se solicita tener en cuenta las dimensiones y las formas de cultivo de las explotaciones canarias, así como los medios y las habilidades ofimáticas de sus productores.

-Derogación del artículo 13.3 bis de la Ley General de Subvenciones, que exige el cumplimiento de la Ley de Morosidad. Hay que tener en cuenta el funcionamiento comercial del sector agrario, las exportaciones, la forma de pago de los clientes, etcétera, que dificultan o imposibilitan el cumplimiento de ese artículo para recibir subvenciones como las del transporte de mercancías.

Al Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos

-Crisis hídrica: continuación y aceleración de la modernización y ejecución de infraestructuras hidráulicas para asegurar en cantidad y calidad ese recurso tan preciado,  no solo en las zonas costeras de Canarias, sino también en las medianías. El uso de aguas  regeneradas ha demostrado ser una solución eficiente para las zonas agrícolas con mayor demanda, por lo que insistimos en la implantación de esas tecnologías, también en islas no capitalinas. Para ello se pide:

*La creación de una mesa de la sequía.

*Atención a las pérdidas en las redes de distribución a escalas municipal e insular (en alta y en baja).

*Aceleración de los programas de desalación y regeneración de aguas.

*Ampliación y mejora de la gestión y la dotación de la ayuda estatal al agua de riego.

-Agilización de la tramitación de ayudas y expedientes. Es imprescindible la digitalización interna de la Administración y la mejora de la eficiencia de los equipos  humanos con el fin de acelerar la resolución y el abono de ayudas, así como la tramitación de proyectos e inversiones. Estos retrasos asfixian económicamente a los productores.

-Actualización de las cuantías de las ayudas Posei y de los costes de referencia en esas ayudas. Es necesaria la actualización de todos los índices, cuadros y tarifas de referencia que se emplean en las ayudas, como los Becus (ayudas a la modernización, joven agricultor...), las ayudas al transporte y otras, ya que llevan 10 años, e incluso más, sin adaptarse a los costes de producción reales.

-Incorporación de nuevas líneas en el Posei ganadero, como una ayuda a la recría de razas en peligro de extinción para ovino y caprino, con el objeto de apoyar y promover las razas autóctonas. Mayor fomento y ayuda a los cultivos forrajeros locales.

-Crisis del sector platanero: el hundimiento de las rentas en este sector en los últimos meses obliga a adoptar decisiones por parte de la Administración regional que contribuyan a mejorar la gestión de la ayuda y del propio mercado. Es necesario reformar el diseño de la ayuda que actualmente recibe el sector en el marco del programa Posei, incluyendo las siguientes cuestiones:

*Hacer pública la totalidad de las superficies en las que se producen plátanos que reciben ayuda, aportando transparencia al sistema.

*Limitación de la entrada en el sistema de nuevas plantaciones de plátano con derecho a la ayuda del Posei (unos 0,30 euros por kilo y hasta 141,1 millones de euros totales al año).

*Fijación de la producción máxima por hectárea con derecho a ayuda.

*Ampliación del periodo de cálculo de las cantidades de referencia, para desincentivar las nuevas plantaciones.

*Mayor control de la Administración regional sobre la fruta retirada y sobre la calidad y la presentación de la fruta que va a los mercados. Exigencia de la aplicación estricta de la normativa y más controles para que se cumplan escrupulosamente las condiciones de comercialización exterior y una mayor vigilancia y seguimiento del comercio interior.

-Simplificación de la carga burocrática y agilización de las tramitaciones administrativas a los productores para no frenar las inversiones ni el emprendimiento en la actividad agraria. Las instituciones públicas deben respaldar y acompañar el crecimiento de la agricultura y la ganadería y no obstaculizar ni asfixiar la voluntad de crear empleo en un sector fundamental que produce alimentos.

-Reconocimiento del papel del agro en el medioambiente. El sector agrario es el principal actor en el territorio y cualquier estrategia que se desee plantear en él debe contar con su participación. Ello se ha puesto de relevancia de manera especial en el caso de los incendios recientes. Se solicitan las siguientes medidas:

*Compromiso para el establecimiento de un calendario, en firme, para la entrada en vigor del reglamento regulador de los usos agrarios y usos complementario y de las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSA).

*Establecimiento de una estrategia de gestión de la materia orgánica y de medias para el fomento del pastoreo, con la creación de un programa regional de limpieza y desbroce de las zonas de interfaz, fomentándose la utilización de los recursos procedentes de estas zonas en la ganadería, la agricultura y el compostaje, con un programa de compensaciones al sector agrario por la función medioambiental que realiza, además de la promoción y diferenciación de los productos de pastoreo en la prevención de incendios forestales con un sello de calidad medioambiental.

*Implantación del céntimo verde con el fin de crear un único sistema de pago por servicios ambientales a las explotaciones agrícolas y ganaderas de las medianías, montes y cumbres de toda la comunidad autónoma.

-Refuerzo de la vinculación entre sectores. Se debe impulsar la comercialización de los productos agroalimentarios de origen local, favoreciendo fiscalmente acuerdos entre productores, cooperativas, OPFH o SAT y establecimientos de restauración y hostelería, de forma que quienes adquieran producciones canarias obtengan algún tipo de beneficio o una reducción en el porcentaje de impuestos que paga para incentivar la elección.

-Relevo generacional. El relevo generacional es clave para aumentar nuestra soberanía alimentaria, fijar población en las zonas rurales y asegurar un futuro para el sector agrícola y ganadero de Canarias, de sus paisajes y tradiciones. Actualmente, solo el 16% de los titulares de  explotaciones agrarias son menores de 45 años, sin olvidar que, únicamente por jubilaciones, perdemos superficie de cultivo y ganadería año tras año. Es necesario un plan estructural de rentabilidad y atractivo inversor para el sector agrario.

Narvay Quintero, político de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), ha regresado al área autonómica de Agricultura cuatro años después. Fue consejero en la novena legislatura y ahora también, en la undécima, esta vez gracias al pacto de Gobierno en Canarias entre CC, PP, ASG y AHI. 

En su segunda etapa (en la de en medio estuvo la socialista palmera Alicia Vanoostende), Quintero se enfrenta a grandes retos: sostener la caída del sector primario en Canarias, repleto de problemas, y buscar soluciones eficaces, entre otras urgencias, a los serios desajustes de comercialización del plátano, con precios por los suelos en Península, más producción de kilos en las islas y con los productores locales perdiendo dinero a mansalva en la campaña de 2023.

Quintero sabe que la coyuntura actual no es propicia para sacar pecho. Es consciente de que cuecen habas, y quizá por eso sostiene que su reto principal al frente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias es sobre todo “mantener el sector primario; parar su caída económica”.

El consejero nacido en El Hierro afirma sobre el impacto del caso Mediador en la Consejería que este “ha tenido un efecto negativo, visualmente y anímicamente, e internamente con el personal. Hemos tenido que restaurar la confianza”, asegura.

Sobre el futuro de la empresa pública GMR, con un agujero económico de 2,2 millones de euros, el dejado por los gestores anteriores, según subraya el equipo actual, Quintero lamenta que “se esté tambaleando la empresa, porque, tal y como está su situación, puede echar el cierre. Se ha puesto en riesgo una empresa fundamental para el sector primario, que puede perfectamente entrar en causa de disolución. Yo he asumido el reto de recuperarla”, pero recalca: “No puede comprometerse una empresa clave para nuestro sector primario por llevar a cabo cuestiones que no corresponden a GMR”.

Cuatro años después de haber cerrado una primera etapa en esta misma Consejería, en la legislatura 2015-19, ¿cómo se ha encontrado esta área autonómica de gobierno y cuáles han sido sus primeras sensaciones?

Tengo que decir que me la encontré peor que en 2015. Esta vez me ha costado más; me está costando más. Y, a día de hoy, me sigue costando poner al día todos los asuntos abiertos para lograr estabilizar el entorno. No solo me refiero al entorno del sector productivo local, sino también al entorno de trabajo aquí mismo y a la organización de la propia Consejería. Es verdad que estos ya más de 100 días de gestión los he empleado en ir apagando fuegos de políticas a corto, porque esto era muy necesario. No me gusta mucho trabajar a corto, pero a veces es necesario. Luego, también es verdad que la Consejería me la he encontrado peor que la otra vez que estuve aquí como consejero, a partir de julio de 2015. Está siendo más difícil, incluso teniendo la experiencia de cuatro años de gestión en ella en 2015-19. Pero bueno…

Con esto quiero decir que, cuando asumo un compromiso, lo tomo con todas las consecuencias. Nadie me obliga a estar aquí, ni a mí ni a mi equipo, con lo cual tengo que asumirlo. Diciendo esto, reconozco que he sido muy crítico con la gestión anterior [la del PSOE en esta Consejería, con la palmera Alicia Vanoostende de consejera de 2019 a 2023]. Cuando fui diputado por El Hierro en la décima legislatura [2015-19], me mostré muy crítico en el Parlamento con algunas acciones que se desarrollaron en esta Consejería. Muy crítico. Pero ahora lo que toca es gestionar. Las cosas que se hicieron mal o entendemos que se hicieron mal hay que modificarlas y mejorarlas, y las que se hicieron bien, seguirlas apoyando. 

¿Es pues el momento de pasar página?

Efectivamente, es el momento de pasar página. Cuando uno está en un proceso electoral o en la oposición, hay que fiscalizar… y ha habido cosas en las que he sido muy crítico. Lo sigo pensando, pero ahora ya hay que asumirlo todo: lo bueno, lo malo, todo. Y con esto tienes que tirar adelante.

¿Usted ha tenido la sensación…, ha percibido en esta Consejería el daño producido por el caso Mediador, sobre todo en la imagen de esta institución y entre los empleados públicos? ¿Cómo ha visto este fenómeno tras aterrizar como consejero? 

Sí… Desgraciadamente, hay incluso una parte investigada por la justicia. En esto no me voy a meter, evidentemente. Pero sí es verdad que anímicamente y visualmente el caso Mediador ha tenido una repercusión negativa. Visualmente, porque al final se ha puesto el foco aquí, desgraciadamente, en esta Consejería, en un sector y en unas personas trabajadoras. Nosotros estamos aquí como responsables políticos. Nos presentamos a unas elecciones, nos eligen y tenemos que aceptar lo bueno y lo malo del área: las prácticas malas también debemos asumirlas. Pero lo peor es que esta casa como tal, llena de personas, de funcionarios y de personal laboral, todas dedicadas al sector primario, se haya visto afectada. Que alguna persona tenga que ir a declarar, afecta. Y afecta a las relaciones. A veces hasta se ponen en tela de juicio algunas ayudas públicas que se dan al sector. Creo que sí ha tenido un efecto negativo, visualmente y anímicamente, e internamente con el personal.

¿Es necesario recuperar la confianza?

Sin duda, sin duda. De hecho, de las primeras cosas que hice al llegar fue reunirme con todo el personal. Fui despacho por despacho y, en el caso de Ganadería, lo hice de forma más directa. Les transmití mi total apoyo, pues somos un equipo. Hay que generar equipo y hay que traer la confianza a las personas que estamos aquí, a los cargos políticos que estamos aquí, junto con el personal. Hemos tenido que restaurar la confianza, en efecto.

¿Qué retos se ha planteado usted, nada más llegar, para abordarlos a cuatro años vista?

Esto lo digo con toda la confianza: creo que la transparencia administrativa es muy positiva y, aunque parezca raro, o no sé cómo denominarlo, uno de los retos, aunque diré varios, es mantener el sector; parar su caída económica. Ya no hablamos de crecer... Hay que ser realista. Como digo, uno de los grandes retos es mantener el sector; mantenerlo y dignificarlo. Es decir, dignificarlo en su acepción más extensa. Hay que dignificarlo visualmente, económicamente y socialmente. El que esté en el sector debe generar recursos. Sí, el romanticismo está muy bien, pero hoy en día los agricultores, ganaderos y pescadores tienen que ser empresarios y empresarias: tienen que serlo. Si al final el campo no te da un beneficio económico, no vas a estar en estas actividades.

Los que no generen recursos para mantener el negocio tendrán que cerrar...

Claro... Entonces, al final, aunque nos guste mucho el campo, aunque me guste, que mi padre se dedicó a esto y mi madre también, y quieras ir al campo, si este no te da el beneficio económico que necesitas, pues vas a tener que cerrar. Por eso digo que uno de los grandes objetivos es mantener el sector; poder parar su caída, dignificarlo en todos los sentidos: el social, el económico, principalmente. Esto hay que hacerlo. A partir de ahí, de evitar la caída, hay que ser más competitivos; tenemos que modernizar las actividades productivas agropesqueras y a la vez concienciar mucho sobre las bondades de comprar el producto local. Yo he dicho una frase cuando hemos tenido este último problema con la papa de importación desde Reino Unido, la de consumo y semilla: la globalización, un escarabajo en Inglaterra, en el condado de Kent, ha puesto en jaque un producto tan nuestro como la papa [por el entonces bloqueo fitosanitario a la importación de papa de semilla desde ese país, de la que se depende en las islas].

Bueno, puede ser que las papas entonces se pagaran hasta a cinco euros por kilo debido a la manipulación de algunos operadores que utilizaron esa crisis para ganar mucho dinero. Eso fue una manipulación. Yo le he dicho a la gente que no compre papas a cinco euros por kilo. Eso no es real… Pero al tiempo hay que decir que papas de producción local a 60 céntimos por kilo tampoco es real, porque, igual que por arriba se machaca al consumidor, por debajo se abusa del productor isleño. Debemos entender que detrás de esa papa local hay hombres y mujeres que tienen que ganar dinero, que tienen que ganarse la vida para poder seguir en la actividad y vivir dignamente. Tenemos que llegar a ese punto intermedio, y este es otro de los objetivos que me propongo en esta legislatura.

Algo se ha hecho mal en Canarias para que las cosechas de papas sigan dependiendo de semilla con origen extranjero.

El problema con la papa británica este verano ha sacado a relucir la enorme dependencia que tenemos de la semilla importada para producir nuestro tubérculo con destino al consumo. Fíjate que no digo la dependencia de la papa de fuera para atender parte del consumo total que tiene Canarias, que evidentemente puede existir y así es por ahora, porque llegar a cubrir el cien por cien de la demanda isleña con tubérculo cosechado en el archipiélago es hoy complicado [Canarias atiende en torno al 60% anual]. Pero que no seamos autosuficientes en semillas, ¡esto sí que es un problema! Por eso, a todos se nos han abierto los ojos tras ese problema, y una de las cosas que ya hemos encargado, en este caso a la empresa mixta Cultesa, la primera o única empresa isleña, esta con participación pública del Cabildo de Tenerife, que podrá tener las cantidades necesarias. 

Cultesa [que ya hizo lo mismo con la papa negra, de la familia de papas antiguas o de color] estudiará dos o tres variedades de papa blanca, las más consumidas en Canarias, las que más plantamos nosotros y las más productivas por aquí. Hay que sanearlas, y esto se pude hacer porque son variedades sin royalties. Vamos a sanearlas aquí, y no voy a engañar a nadie sobre cuándo las tendremos: esto llevará tres o cuatro años. En tres o cuatro años podremos disponer de la semilla de esas tres variedades, que son las más producidas y consumidas en las islas. Esto ya no nos hará depender del exterior. Otra cosa es producir el total de lo que consumimos, que es casi imposible, pero sí la semilla aquí y para nosotros.

Por lo menos, la crisis estival de la papa en Canarias servirá para actuar en esa solución de futuro…

Vamos a dejar el problema resuelto. Creo que de todo lo ocurrido tenemos que sacar algo positivo. Todos nos hemos concienciado tras algunas cosas que hemos hecho mal. Ya hemos hablado con las organizaciones agrarias, para que se empiece a buscar terrenos con el fin de producir la papa de semilla. Ellos están dispuestos a ver fincas porque hay terrenos en Canarias donde se pueda cultivar la papa de semilla una vez la tengamos saneada.

El cultivo de la papa, a pesar de los problemas que ha tenido y sigue teniendo, es la actividad agrícola que aporta mayor autoabastecimiento en Canarias, y con mucha diferencia.

Sí, estamos en el 62% de autoabastecimiento, y en el ámbito de la pesca, solo el atún, que nos sobra. Pescamos más de lo que consumimos, pero lo hacemos mal. Pescamos el atún, lo exportamos y otros se encargan de transformarlo y enlatarlo. Luego lo compramos en los lineales, dejando todo el valor añadido fuera.

Por no hablar de la huella de carbono que genera todo ese proceso de ida y vuelta.

Efectivamente... Aumentamos la huella de carbono y desaprovechamos esa oportunidad económica en las islas. En relación con la papa, en el último año cerrado, 2022, se comercializaron en Canarias 111 millones de kilos y, de ellos, se importaron 68 millones. A estos 68 millones, debemos restar los nueve de papa de semilla, que no es de consumo. Por lo tanto, 111 millones ofertados y unos 57 o 59 millones de kilos importados. En definitiva, un 62% de autoabastecimiento.

Usted ha defendido estos días que el Presupuesto de la Consejería para 2024 es bueno, a pesar de que se reduce en 25,5 millones de euros respecto al anterior. ¿Cuáles son sus argumentos?

Es un buen Presupuesto, pero no el mejor. Evidentemente, me gustaría contar con más recursos, pero considero que es bueno, y lo digo por varias razones. Primero, porque ya contábamos con que íbamos a dejar de recibir esos 25,5 millones de euros, ya que es un dinero público que provenía del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP, del septenio presupuestario de la UE 2014-20) y se concedió en presupuestos anteriores de forma extraordinaria por el Gobierno de España, por resultar sobrante en otras comunidades autónomas. Eran 25,5 millones que fueron destinados a dos proyectos de acuicultura en la isla de Gran Canaria. Cuando llegué, por cierto, estaban completamente bloqueados. Uno lo hemos desbloqueado con Capitanía Marítima y Puertos del Estado, y el otro, de 17 millones de euros, todavía sigue bloqueado. Tendríamos que resolver el problema antes del 31 de diciembre. No soy capaz de asegurar que vayamos a conseguirlo, con lo cual podríamos perder esa cantidad. Cierto es que, en estos dos últimos meses del año, vamos a inyectar 16 millones de euros de otras consejerías en el sector primario.

O sea, que van a rebañar de donde sobra o no se gastó para invertirlo en su área de aquí al 31 de diciembre.

Claro. Reconozco que es una medida cortoplacista y que la política debe afrontar los retos a largo plazo, pero lo cierto es que hay sectores en mi área que están muy mal. Para el sector de la pesca, por ejemplo, ha sido un año malísimo. Hay barcos que están varados o atracados desde julio pasado. No pueden pescar más por haberse superado las cuotas de túnidos. Vamos a darles una ayuda directa. De hecho, cuando me he reunido con ellos, muchos me han trasladado su intención de desguazar los barcos grandes para pagar sus deudas y abandonar, asunto que me entristece porque perdemos flota pesquera artesanal. Por eso, vamos a dar una ayuda directa al sector pesquero y otra de casi 10 millones de euros al sector ganadero.

Además, debo recordar que el anterior equipo de Gobierno aumentó el 20% algunas de las líneas de apoyo directo del Posei de 2022, a pagar este año, y también incrementó el 20% casi todas las líneas del Posei de 2023, a pagar en 2024 [ambas acciones con fondos adicionales, ayudas de Estado]. Considero que fueron medidas positivas, y yo las apoyé, pero advertí en aquel momento que siempre y cuando tuviésemos respaldo financiero. Porque lo peor que podemos hacer [desde la Consejería] es anunciar medidas, que los empresarios hagan sus cálculos económicos anuales según esos anuncios y que luego, si no tenemos respaldo económico, se terminen prorrateando las ayudas. Al final no se dieron. Y tampoco se disponía de los 4,8 millones de euros que hacían falta para abonar este año al sector ganadero -que eran del Posei adicional para atender ayudas con cargo a 2022-.

Según el Gobierno central, que es el que tiene que aportar ese dinero, tampoco hay rastro de ninguna solicitud por parte del Gobierno de Canarias reclamando dicha cantidad, que debe pagarse el próximo mes de diciembre. Así que vamos a adelantar nosotros mismos ese dinero y vamos a exigir al Gobierno de España que nos lo reembolso, porque, en cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), tiene la obligación de abonar esos 4,8 millones, que entrarían en el Presupuesto. También los 10,2 millones correspondientes al año 2024, para los pagos Posei de 2023. A pesar de contar con un presupuesto menor, subimos un 50% la inversión en políticas de agua para regadío en 2024. 

¿Cómo es posible?

Porque se han eliminado dos partidas: la de Ucrania y la de La Palma. Las ayudas relativas a la situación provocada por la guerra en Ucrania se eliminan porque el marco temporal acaba este 31 de diciembre, con lo cual Europa ya no permitirá dar esas ayudas directas, salvo que se amplíe ese marco temporal. Por otro lado, la partida de 10 millones relativa a las ayudas destinadas a los afectados por el volcán de La Palma pasa de esta Consejería a la de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que contará con un presupuesto de 50 millones específico para La Palma por la erupción. Buena parte de esos fondos serán para el sector agrario en esa isla. Por eso, la suma de esas dos partidas se destinará a aumentar el 50% la inversión en obras de regadío.

Ha habido una actividad muy afectada por el incremento de los costes de producción: la ganadería de leche, en especial de bovino, que en el caso de Tenerife prácticamente ha desaparecido. Gran Canaria, en cambio, sí ha logrado mantenerse o caer menos en esta crisis. El dato de importación de novillas para reposición indica que, en Tenerife, en lo que va de año, no ha entrado ni una cabeza. Ese problema, como usted sabe, también está asociado a dificultades que tienen la industria y las cooperativas para pagar la leche como hay que remunerarla y en tiempo razonable. Al final, todo suma para conseguir la destrucción del sector. Además de esa partida para ayudas directas en este 2023, ¿hay algún planteamiento a medio o largo plazo para ver cómo se puede ir saliendo de la debacle?

Las ayudas directas son algo puntual, porque no son la solución. Si tenemos que dar ayudas directas todos los años, esto significa que algo no funciona. Creo que es más importante trabajar a largo plazo. En esta línea, el sobrecoste de la alimentación ganadera es uno de los factores que más ha perjudicado al sector. El consumo alimentario de una vaca es muy grande y hay que alimentarla todos los días. Una vaca no es un tornillo. Una ferretería, si hay una crisis como la de la covid, puede parar y el tornillo, dentro de un año, se puede volver a vender, pero la ganadería tenía que seguir produciendo. Las vacas había que seguir alimentándolas y ordeñándolas todos los días. Eso supuso que la crisis en el sector agrario no estuviese asociada a un parón del gasto, como en otras industrias. El sector ganadero ha sufrido mucho: primero con la COVID y ahora con la guerra de Ucrania, por el mayor precio de los insumos de alimentación.

Tenemos una industria transformadora que está dispuesta a consumir más. El problema ahora mismo es que no hay leche. Y, por ello, tampoco quesos ni carne en Canarias. Porque la carne está vinculada a la producción de leche. Me hacía mucha gracia cuando, hace unos años, desde algún Cabildo [en referencia al de Tenerife] se alegraban de que la ganadería fuera tan bien porque se estaban batiendo récords en el matadero. Esos récords que se batían en el matadero eran precisamente porque se estaban cerrando explotaciones al no poder mantener los animales, que se sacrificaban para pagar deudas. Pero no era por que fuese bien la ganadería. Todo lo contrario. ¿Qué estamos haciendo? Estamos hablando con la industria para que suban los precios. Y están dispuestos a subirlos, lo cual es positivo. De hecho, hemos conseguido que tengan el precio más alto de la historia.

¿Puede estar rondando los 0,60 euros por litro?

Diría que a 0,62 euros el litro de leche de vaca. Es un precio bastante importante. El de cabra puede estar llegando a un euro el litro, y el de oveja, sobrepasa el euro.

¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta el sector ahora mismo?

El reto ahora mismo es volver a generar actividad económica. Hacer que esa granja que cerró, vuelva a abrir. Esto es muy complicado porque el territorio tiene una legislación y una burocracia excesiva. El otro día leí una frase de un ganadero que decía: “No somos delincuentes, somos productores de alimentos”. Y es verdad, la burocracia para abrir una explotación ganadera puede durar hasta tres años. Y esto aburre a la gente. En tres años, el ganadero ya no tiene ilusión. En primer lugar, los ayuntamientos nunca han creído en la ganadería, con lo cual en sus planes generales nunca han contemplado suelo exclusivo para la ganadería. En segundo lugar, la actividad ganadera genera malestar entre los vecinos. Y claro, ¿al final qué acaban quitando? Pues la ganadería. Y tercero, los requisitos de la Agenda 2030 para la ganadería son muy exigentes con las producciones europeas y muy laxos con las extranjeras. Es la doble vara de medir que tiene Europa: permite que por nuestros puertos entre carne de Brasil que se alimenta con piensos de engorde que aquí están prohibidos.

Ocurre algo similar con el pollo, ¿no?

Efectivamente. El pollo, que llega sin aranceles a nuestros puertos [por exención arancelaria del REA]. ¿Cómo un ganadero puede competir cuando la Ley de Bienestar Animal, que me parece bien, lo obliga a vender sus jaulas para comprar unas más grandes y reducir el número de gallinas? Luego, esas jaulas se venden a Marruecos, que las utiliza para albergar las gallinas cuyos huevos se importan a España y se venden junto a los nuestros, producidos en unas condiciones mucho más exigentes. Es decir, esa hipocresía de Europa nos está castigando. Tenemos que tener en cuenta que son muchos los aspectos en los que las regulaciones para los productores europeos son más exigentes que las que tienen que cumplir los productores extranjeros: medidas de seguridad alimentaria, derechos laborales que no tienen esos países, regulaciones ambientales, pesticidas que ellos usan y nosotros no podemos empelar, gestión el agua… Por no hablar de la gestión de los residuos.

Por lo tanto, cuando se impulsa una política ambiental hay que ver cómo afecta al sector primario y cómo se puede aplicar con correcciones. Por ejemplo, si se impone una tasa al plástico, que se dé también una alternativa. Es que todos los cultivos herbáceos que utilizan plásticos para conservar la humedad, ahorrar agua y aumentar la eficiencia de los recursos se ven gravados por el impuesto al plástico. De este modo, lo que se consigue es que paguen mucho más, pero no se ofrece alternativa alguna al plástico. La parte positiva es que ya hay un informe de julio de este año en el que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo se ha plantado un poco ante la Comisión Ambiental y ha dicho que tiene que valorar esas políticas y el impacto que tienen en el desarrollo endógeno. Y exigir a las importaciones las mismas medidas que cumplen los productores europeos, para que así estos puedan ser competitivos.

En Canarias está en una situación muy complicada el sector de la ganadería y este año también se ha sumado el sector platanero. Podríamos decir que se va escapando con los cultivos agrícolas de mercado interior, que más o menos tienen un comportamiento razonable, pero la exportación no termina de consolidarse y está muy sujeta a la globalización, a lo que viene de fuera… ¿Cómo está viendo la dinámica del plátano en este 2023, con tanta pica, con más de 22 millones de kilos solicitados a la Consejería? ¿Y qué sensaciones tienes respecto a lo que puede ocurrir en adelante?

La sensación respecto al sector del plátano en 2023 es que ha habido mucha producción, pero no es buena porque lo que se está pagando al productor es muy poco.

Como usted sabe, algunos no están cubriendo costes ni sumando la ayuda del Posei.

Ni sumando la ayuda de 33 céntimos por kilo se cubren los costes de producción. Al final, muchos pequeños agricultores no pueden y tienen que abandonar al no soportarlo. Es el momento de sentarse a analizar el plátano. De hecho, lo estamos haciendo junto con Asprocan, las OPP y todo el sector, y ya hemos hecho planteamientos que hasta ahora no se habían puesto encima de la mesa. Van a ser positivos para todos. El plátano es fundamental, genera mucha economía y tiene que seguir generándola. También genera paisaje.

Hay comarcas que no serían las mismas sin el plátano: la Isla Baja, en Tenerife, La Palma, partes de La Gomera… 

Exacto. Y además genera economía directa e indirecta. El plátano es un sector positivo que hay que apoyar. Pero es verdad que hay que tomar medidas y reflexionar, por el bien de todos. Porque lo de la pica no se puede sustentar [sostener algo para evitar que se caiga o se tuerza]. Tenemos que buscar una solución. Es verdad que es una reducción del mercado, que está autorizada y que es legal. Pero hoy en día creo que tenemos que buscar otra solución. Llevo escuchando lo del mercado exterior desde siempre. Al final, eso no se consolida. Así que, si queremos mantener el plátano en el futuro, tenemos que tomar medidas por el bien de todos. Son medidas que ya le hemos planteado al conjunto del sector. Porque la fuerza del plátano en Europa radica en sus 7.500 productores en Canarias.

¿Y los operadores son conscientes de que es el momento de adoptar medidas para que eso no siga ocurriendo?

En los dos últimos años, se ha aumentado demasiado la superficie cultivada.

A pesar del volcán, que ha destruido un montón de hectáreas.

Sí. La producción de este año puede ser récord histórico, teniendo en cuenta que tenemos debajo de la lava doscientas y pico hectáreas.

Aun así, se ha crecido en 50 hectáreas y algo de 2021 a 2022.

Para dignificar y no dejar caer el sector, tenemos que preguntarnos cuántos cabemos aquí para que esto funcione bien. A lo mejor, si seguimos metiendo gente, el barco igual se hunde.

Quizá la pregunta que haya que hacerse es cómo debe consolidarse. ¿No cree?

Efectivamente. Por eso digo que hay que tomar medidas. Tenemos que hacer que todos vivan, desde el pequeño productor hasta el grande, porque dejar caer al pequeño productor sería un error imperdonable, porque los 7.500 productores han sido la fuerza negociadora ante Europa, junto con las hectáreas que teníamos, no las que tenemos, el paisaje y la economía que generan esas 7.500 familias.

¿Cree que la caída del tomate de exportación ha metido presión al cultivo del plátano? 

No lo sé. No soy capaz de valorarlo. Creo que, aun pudiendo, no se han tomado medidas desde la Consejería para evitar lo que ocurre. No se ha sido valiente a la hora de tomar medidas. También hay que decirlo todo. Nosotros no podemos intervenir el mercado, no podemos comercializar, pero sí hay medidas que podemos tomar viendo lo que está pasando. Y nosotros queremos tomar medidas contando con el sector, no a sus espaldas. Y hoy en día la mayoría de los actores son conscientes de que hay que tomar medidas. Y yo creo que van a ser buenas para todos.

En relación con el tomate de exportación, se conoce su situación: ha desaparecido prácticamente. Quedan algunas toneladas en Gran Canaria, pero muy poco. En este caso, ha habido un proceso alentado desde el programa Posei para cambiar a otros cultivos. Quizá un ejemplo de proyecto alternativo sea el de la Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria, con un plan para producir frutas subtropicales. ¿Cómo valora esta iniciativa?

La Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria tiene, en primer lugar, una filosofía muy positiva, que a mí me gusta mucho, he de decirlo. Y ese proyecto es muy interesante. No obstante, para nosotros poder dar las ayudas, aunque sea con fondos propios, tenemos que contar con el visto bueno de la Unión Europa. Ya nos han hecho un primer requerimiento, al cual ya hemos respondido, y ahora estamos atendiendo el segundo.

Nos han pedido información sobre la cuestión del agua. Europa está muy preocupada por el hecho de que incentivemos la producción agrícola sin tener garantizada el agua, porque ello genera un efecto perverso: invertimos para perder recursos. Donde esta cooperativa pretende llevar a cabo el proyecto, que además es precioso y colaborativo, está garantizado el recurso hídrico. Ya le hemos solicitado la documentación al Cabildo de Gran Canaria y al Consejo Insular de Aguas, los organismos competentes en la isla. Así que estamos cerca de dar respuesta al segundo requerimiento que nos ha hecho Europa.

¿Es usted optimista?

Ahora mucho más que cuando llegué. Porque en los primeros informes que nos enviaron no lo ponían fácil. Pero soy optimista. No puedo garantizar nada. La cooperativa lo sabe. Estoy en contacto con ellos y la idea es que salga, porque es un proyecto bonito y replicable, que puede servir como proyecto piloto.

En este tiempo, usted ha tenido la oportunidad de analizar varios proyectos que estaban en marcha, políticas desarrolladas desde el área de Agricultura que ha criticado duramente, como el Plan Forrajero. ¿Qué ha fallado?

Soy muy crítico con los demás, pero también conmigo. Porque ese plan estaba desde antes de llegar yo, hace dos legislaturas. Se aprobó en abril de 2015 y yo entré en julio de ese año [en su primer paso por Agricultura]. El Plan Forrajero ha sido una gestión errónea de la administración, del Gobierno de Canarias y de los cabildos. No supimos desarrollar el plan. La filosofía y el plan estaban muy bien. Contó con la participación de las universidades, de las agencias agrarias, del propio sector, los cabildos y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), pero falló la aplicación real del plan. Y si tengo que criticar a alguien, es a mí mismo. Estuve cuatro años en los que no supe ejecutar el Plan Forrajero. Y en estos últimos cuatro años, tampoco se ha ejecutado. En total casi nueve años sin ejecutarse.

¿Y ahora qué?

Lo que hemos hecho ha sido pedirle a Europa, porque el Plan Forrajero tiene parte de financiación europea y parte autonómica, permiso para cambiarlo. Y nos han dicho que sí. Ahora vamos a ir a lo más cercano: a la unidad de explotación. Lo que vamos a hacer es ir ganadería por ganadería, agricultor por agricultor; es decir, al autoabastecimiento.

Como el Régimen Específico de Abastecimiento (REA) paga una parte de lo que importamos, y tendremos que seguir pagándola porque el 100% de la alimentación no la podemos obtener aquí, vamos a igualar la ayuda a lo que se trae de fuera con la del Plan Forrajero. Vamos a sumarle a la ayuda Posei, que era poco, entre 300 y 600 euros, otra cantidad más para llegar a los mil y pico euros, que aproximadamente es lo que se puede generar en una hectárea.

¿Con gestión dentro del Posei?

Con gestión dentro del Posei y otra ayuda directa. Una al ganadero, que, en función del forraje que plante, le pagaremos, y otra al agricultor. Al ganadero le pagamos la hectárea de forraje, siempre con un rendimiento mínimo, y al agricultor por las toneladas comercializadas. Es un incentivo para que en los terrenos baldíos se plante forraje.

La papa, dentro de los problemas que tiene, es un cultivo que está apoyado desde lo público con cierta relevancia a través del Posei. También es uno de los alimentos frescos con mayor cuota de autoabastecimiento en las islas. ¿Pero qué ha pasado con el proyecto de saneamiento de la papa de color para poder exportarla, sobre todo por la polilla guatemalteca? ¿Por qué no ha terminado de funcionar?

Las instalaciones para esa función son de Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR) y están en Mercatenerife. Es un proyecto de investigadores canarios, tanto del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias como de la universidad. Cuando me fui en 2019 [en su primera etapa en la Consejería], Europa tenía que aprobar el proyecto. Yo he llegado ahora, cuatro años después, y la cámara de saneamiento con atmósfera modificada (CO2) continúa cerrada. La están utilizando como almacén. Pero vamos a retomarlo. 

De hecho, el día 27 [de noviembre] voy a Bruselas y el 28 me reúno con funcionarios del Posei para tratar la recuperación de La Palma; con la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Comisión Europea, para abordar el futuro Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA), y con Sanidad Vegetal Europea, para precisamente aclarar este asunto y recuperar el citado proyecto. Quiero ver en qué punto se paró. Cuando me fui, teníamos casi el 90% del proyecto de investigación aceptado y de las publicaciones [de respaldo]. Nos habían dicho entonces que faltaban algunas publicaciones para tener el 99% garantizado. [Una nota de Agricultura servida este 30 de noviembre de 2023 señala que el archipiélago elaborará nuevos informes para validar -cinco años después de presentado el proyecto, en 2019- el protocolo de poscosecha con CO2 destinado a erradicar la polilla guatemalteca en la papa de color, para que pueda ser exportada. Esta noticia fue difundida tras la reunión sobre esta misma cuestión en Bruselas, con el Reper].

En esa reunión con Sanidad Vegetal, aclararemos qué es lo que falta para retomarlo por medio del ICIA y terminarlo, para que nos puedan dar el visto bueno. Porque ahora no podemos exportar papa. Tienen que autorizarnos. Y nos interesa, porque la papa de color es un producto único en Europa, cuenta con denominación de origen y podríamos exportarla con esa calidad diferenciada, lo cual es un valor añadido fundamental para este producto tan singular.

Recientemente, en el Parlamento han hecho un balance de la situación de GMR, que tiene un agujero proyectado, pues depende aún de dos sentencias, de 2,2 millones de euros. ¿Cómo ha visto la gestión de esta empresa pública, clave en la comercialización del producto local? ¿Cómo se explica lo de contratar servicios sin recursos para hacerlo?

Es inexplicable. Para mí, es una mala gestión. GMR es una empresa pública que funciona con dinero de todos. Por lo tanto, lo que no es de recibo es comprometer recursos que no se tienen. Porque ahora estos tendrán que salir de algún lado, para poder atender esa deuda de 2,2 millones de euros. GMR es una empresa pública clave para la promoción y para los pequeños productores, porque tiene la capacidad de pagar al productor y, además, con el músculo que tenía, poder encargarse de pelear con el hotelero y las grandes cadenas para que paguen al productor local más rápido, que no puede esperar los 90 días para cobrar. Y eso ahora se ha tambaleado, porque, tal y como está la situación, GMR puede echar el cierre.

Se ha puesto en riesgo una empresa fundamental para el sector primario, pues puede perfectamente entrar en causa de disolución. Yo he asumido el reto de recuperarla, pero no es justo, porque durante mi mandato, el año que la empresa tuvo pérdidas, solo fueron de 1.500 euros, pero el año que ganó, solo lo hizo en 2.100 euros. Una empresa pública no debe generar mucho beneficio, porque eso significa que no está haciendo bien su función. No puede comprometerse una empresa clave para nuestro sector primario por llevar a cabo cuestiones que no corresponden a GMR.