Tras la publicación de elDiario.es de la entrega de documentos sin fecha, manuales informáticos y textos elaborados con posterioridad al suceso de El Bocal, en calidad de protocolos operativos como prueba judicial, Izquierda Unida (IU) de Santander ha cuestionado este jueves “el funcionamiento” de los mandos policiales del Ayuntamiento de Santander por los “supuestos protocolos de actuación”, documentos cuya existencia ha defendido el Ayuntamiento que dirige Gema Igual (PP).

Para IU, la documentación entregada “confirma una grave falta de organización, de control y de responsabilidad política” en la gestión del desplome el pasado 3 de marzo, en la franja norte de la ciudad, por el que fallecieron seis personas y una resultó herida, “así como en el funcionamiento de los mandos policiales municipales”. Por ello, el concejal de la formación, Keruin Martínez, ha señalado que “como veníamos advirtiendo, todo apunta a que, si existía algún protocolo, no era operativo ni estaba implantado en el servicio” frenta a un aviso.

El colapso de la pasarela de El Bocal, vino precedido el 2 de marzo por una llamada de aviso al 112: un vecino alertó sobre el mal estado de la pasarela y el 112 comunicó la información de la llamada a una agente del Centro Coordinador de Servicios de la Policía Local, que pasó a ser investigada en la actual fase de instrucción, así como la gestora del 112.

Después, la alcaldesa de Santander defendió la existencia de un “software” de gestión de llamadas y de un protocolo operativo en la Policía Local; los sindicatos policiales lo desmintieron desde un inicio y SIEP y APLB solicitaron en abril copias de los protocolos operativos, protocolos de actuación, circulares o instrucciones internas, porque defienden que son inexistentes. 

En este sentido, en la nota de prensa de IU, el partido advierte de que los sindicatos policiales han tenido que solicitar los citados protocolos “porque no eran conocidos ni accesibles para los agentes, lo que demuestra que no estaban implantados de forma efectiva”.

“Lo que estamos viendo es muy grave. No hablamos de un fallo puntual, sino de un problema estructural. Y ahora se confirma lo que llevan tiempo denunciando los sindicatos policiales: que no había un protocolo claro que garantizara una respuesta ante un aviso de estas características”, ha afirmado. “Si cuando alguien alerta de un riesgo inminente el sistema no responde, no estamos ante un error puntual, estamos ante un fallo institucional. Y eso es lo que ha quedado al descubierto en El Bocal”, ha enfatizado.

Asimismo, IU ha subrayado que el informe pericial describe un deterioro progresivo de la infraestructura, la falta de mantenimiento y la ausencia de inspecciones durante años: “Confirma que no estamos ante un fallo repentino, sino ante una situación conocida que exigía actuar. Esa pasarela no debía estar en uso en esas condiciones, ni mucho menos seguir siendo promocionada como recurso turístico”, ha señalado Martínez.

En esta línea, el edil ha recordado la moción presentada por Izquierda Unida en 2019, aprobada por unanimidad, en la que se instaba a actuar sobre el estado de la senda litoral e incluso a intervenir de forma subsidiaria si no lo hacía Costas. “Había información, había advertencias y había margen de actuación. Lo que no hubo fue voluntad política, y demasiadas ganas de trasladar la responsabilidad a otras administraciones”, ha afirmado.

“El Ayuntamiento seguirá promocionando la senda”

IU ha advertido de que el Ayuntamiento “continuara promocionando” la senda costera y sus pasarelas como atractivo turístico en espacios como FITUR o en la propia web municipal, “pese al deterioro conocido”: “No se puede incentivar el uso de una infraestructura y, al mismo tiempo, desentenderse de su estado y de los riesgos que presenta”, ha criticado Martínez sobre las comparecencias de la alcaldesa en las que defendía que la promoción turística de la senda no tenía nada que ver con el mantenimiento de la pasarela, que -dijo- correspondería a la Demarcación de Costas.

Para Martínez, la información publicada en elDiario.es evidencia “una huida hacia adelante” del equipo de Gobierno que dirige la alcaldesa, Gema Igual: “En lugar de asumir responsabilidades y aclarar por qué no existía un protocolo operativo, están dedicando todos sus esfuerzos —y recursos públicos— a encargar informes para tratar de eludirlas”, ha denunciado.

“Mientras no pueden acreditar que existiera un sistema preparado para responder a un aviso de este tipo, tampoco explican quién debía garantizar que esa alerta generara una actuación inmediata”, ha zanjado. 

La Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) ha informado de que la avería registrada este lunes, que afectó al suministro de agua en los municipios abastecidos, ha quedado completamente reparada, iniciándose ya la recuperación progresiva del servicio.

Los trabajos, que se han prolongado durante toda la noche, han permitido sustituir con éxito la válvula dañada, una de las incidencias más complejas dentro de un episodio marcado por la concatenación de varias averías en distintos puntos de la red.

El vicepresidente de la MAS, Juan Carlos Martín, ha señalado el “esfuerzo realizado por los equipos técnicos y operarios, quienes han trabajado de forma ininterrumpida desde primera hora de la mañana de ayer en condiciones especialmente difíciles, debido a la antigüedad de las infraestructuras y a la complejidad de acceso a algunos elementos de la red”.

Afectó a 44 municipios

La incidencia tuvo su origen en la rotura de una conducción en Yunquera de Henares, a la que se sumaron posteriormente problemas en una ventosa en Fontanar y, finalmente, la avería de una válvula clave que no cerraba correctamente debido al deterioro de sus componentes. Esta situación obligó a cortar ambas conducciones principales, dejando sin suministro a numerosos municipios.

En total, la incidencia ha afectado a 44 municipios, incluidos los integrados en la MAS y aquellos abastecidos a través de otras mancomunidades como La Campiña Baja y La Muela. En algunos casos, los depósitos reguladores han permitido mantener el suministro durante más tiempo, mientras que otros municipios han sufrido cortes totales.

Tras la reparación, el sistema ha comenzado a recuperar el caudal desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), realizándose una apertura progresiva y controlada de las conducciones para evitar nuevas roturas por sobrepresión. Este proceso implica que la recuperación del servicio será gradual, siendo los municipios más cercanos los primeros en recibir agua, mientras que aquellos con depósitos más alejados o vacíos tardarán algo más en alcanzar la normalidad.

Según las previsiones técnicas, el suministro quedará plenamente restablecido en un plazo aproximado de tres horas, aunque la normalización completa dependerá del llenado progresivo de los depósitos municipales.

Durante la incidencia, la MAS había coordinado el envío de agua embotellada para garantizar el abastecimiento en los municipios más afectados y en otros servicios esenciales. La Mancomunidad ha agradecido la comprensión y colaboración de los ayuntamientos afectados y a la ciudadanía ante esta situación excepcional y continuará informando de cualquier novedad relevante.

Son las 21 horas de un lunes cualquiera de enero. Las temperaturas van bajando, mientras las pocas personas que quedan en la calle se van recogiendo ya hacia sus hogares. Pero no todas. A esas horas, en la plaza de Charles Darwin de Barcelona, cada día hay una quincena de personas que empiezan a montar sus tiendas de campaña, a extender sus sacos de dormir y a parapetarse tras cajas y cartones para pasar la noche.

Y a esas horas, también, se activa el Servicio de Atención Social al Sinhogarismo en el Espacio Público (SASSEP) del Ayuntamiento de Barcelona. Todos los días del año, una veintena de profesionales sale a recorrer las calles y plazas de la capital catalana para hablar con las personas que duermen al raso.

El sinhogarismo es un fenómeno creciente, tanto en Barcelona como en diversas ciudades de España y de Europa. Solo en la capital catalana hay más de 1.760 personas durmiendo en las calles, según datos de diciembre de 2025, lo que supone un incremento del 30% en un solo año. “Vivir en Barcelona es cada vez más caro y aun con trabajo o prestaciones es imposible para muchos”, sostiene Carme Fortea, directora del Servicio de Atención al Sinhogarismo del Ayuntamiento de Barcelona.

Muchos de los que pernoctan en la calle vivían en pisos de la capital catalana, pero también hay otros muchos que vienen de otros municipios, atraídos por una mayor oferta de comedores, servicios residenciales y atención social. “Se despliega una gran cantidad de servicios, pero la capacidad de exclusión de esta ciudad es todavía mayor, es increíble. No llegamos a atenderlos a todos y es muy frustrante”, se lamentan desde el SASSEP.

Este equipo está encargado de hacer el seguimiento de lo que definen como “casos difíciles y crónicos”. Son aquellos que llevan más tiempo en las calles, los que tienen problemas de adiciones o de salud mental y para quienes reintegrarse es un camino demasiado complejo como para recorrerlo solos.

Se suelen dividir por barrios y esta noche de enero los encargados de la plaza Charles Darwin son seis, todos educadores, trabajadores sociales o psicólogos. Los primeros en llegar esperan a las puertas del hotel Arts, mientras se frotan las manos y pivotan sobre sus pies para espantar al frío. Esta noche todavía está activa la Operación Frío, el operativo que el Ayuntamiento de Barcelona inició el 6 de enero para ofrecer alojamiento de urgencia a personas sin hogar en días de muy bajas temperaturas.

“Nos acercamos en grupos de, máximo, dos personas. Siempre siendo muy respetuosos, porque al final nos estamos dirigiendo a gente que está en su cama, acabando el día, aunque estén en la calle”, explica Dani Montaner, director del SASSEP. Esas camas tienen formas diversas: algunas son cajas de cartón, otras son esterillas con diversas mantas puestas encima. Algunos tienen colchones hinchables y otros, no pocos, tiendas de campaña.

“Es un fenómeno que va al alza”, dice Fortea, en referencia a los montículos de colores que albergan a una o dos personas en su interior. Si la cremallera está cerrada, el equipo del SASSEP no molesta a sus moradores. “Tienen un perfil diferente al que veíamos hace unos años. Son personas que no han perdido la concepción del espacio privado porque, hasta hace poco, tenían una vida autónoma, con sus familias, hogares y trabajos”.

Según los últimos datos del Ayuntamiento, cerca del 14% de las personas sin hogar en Barcelona tienen un empleo y el 40% recibe prestaciones o ayudas como la Renta Garantizada o el SMI. Juan es uno de los que trabaja. Llegó a Barcelona hace ya unos cinco años y lo hizo para trabajar, principalmente, en la construcción. Él, como el 71% de los que duermen al raso, es migrante. Pero también forma parte del 40% que tiene su situación regularizada.

A pesar de eso, de tener papeles y trabajo, un despido inesperado le hizo acabar en la calle. “Vivía bastante al día”, reconoce. Dejó de poder pagar el alquiler y, como solo le ofrecían empleos sin contrato, los caseros desconfiaban de su solvencia. “Y aquí estoy”, resume Juan, que ahora está ahorrando para poder pagar a un abogado porque, dice, su empleador le explota.

“Trabajo doce horas al día, sábados incluidos. Sin contrato y sin nada. Lo hacen porque saben que pueden hacerlo, pero eso no está bien. Algún compañero mío que se ha hecho daño ha acabado jodido. No se puede tratar así a la gente”, sostiene. Tiene la esperanza de que, si denuncia a su empleador, el proceso pueda acabar con una indemnización o un contrato y eso le permita volver a empezar.

“Es muy fácil acabar en la calle y difícil salir”, dice Juan que, a pesar de que cobra 1.200 euros al mes, duerme sobre un colchón hinchable y bajo unas pocas mantas. Bien cerca de una mochila y una maleta donde guarda todas sus cosas. Aunque puede parecer dinero suficiente, muchas veces no lo es. “Nos encontramos con gente que paga pensiones y que, aunque la ley les eximiría en casos así, prefieren seguir pagando manutenciones a tener un techo”, explica Montaner.

En este sentido, los profesionales del SASSEP, aseguran que no es “para nada lo mismo” visitar estos lugares de pernocta a principios de mes que al final. “Mucha gente que alquila habitaciones hace cama caliente o va a pensiones cuando tiene dinero. Y, cuando no, regresa a la calle”, explican.

Los agentes del SASSEP recorren cada noche las calles de Barcelona y, gracias a eso, ya se dirigen a las personas que duermen en la calle por su nombre. Saben sus historias, qué necesitan y qué quieren. Y esta última pregunta, casi siempre, lleva al mismo lugar: quieren un techo. “Pero es que eso es muy difícil, hay pocas plazas y mucha demanda”, asegura Fortea.

En Barcelona hay 2.860 plazas para personas sin hogar, pero de ellas, muchas están pensadas como recursos de emergencia para familias vulnerables a las que acaban de desahuciar o para otros casos extremos como, por ejemplo, mujeres que tienen que salir de sus hogares tras haber sido víctimas de violencia machista.

Además, las personas sin hogar que acceden a recursos residenciales tienen que cumplir algunos requisitos como contar con un certificado de vulnerabilidad que otorga Servicios Sociales, no tener problemas de adicciones o, en muchos casos, dejar atrás pertenencias de gran volumen —como carros o colchones— o a sus mascotas.

Por eso, desde el SASSEP, antes de buscar un techo, afrontan otras necesidades como atención a la drogodependencia, tramitación del padrón o permisos de residencia, trabajo y nacionalidad. “Hay que ir poco a poco, porque el sinhogarismo es una situación que es muy fácil que se cronifique. Y hay que trabajar paso a paso. Lo más importante es que ellos quieran”, alerta Montaner.

“Hay muchas personas que se han rendido y que no se creen merecedoras de pertenecer a la sociedad”, añade. Es el caso de César. Él comparte colchón con Juan y apenas dice nada. Solo su nombre y que lleva, ahora, seis meses en la calle. Ya pasó por esta situación antes, consiguió volver bajo un techo, pero ahora vuelve a estar al raso. Trabaja de lo que puede, “lo justo para pagar la bebida y así poder dormir”, explica su compañero.

Se hacen compañía y protegen sus cosas mutuamente. No se consideran amigos, pero sí se aprecian. Y se cuidan. Por eso, ninguno de los dos acepta ir a un albergue a pasar esta noche de enero. Durante la Operación Frío, se activan 100 plazas en polideportivos o gimnasios en los que se hay cama, comida y duchas calientes y que se suman a las 100 plazas que hay siempre disponibles durante los meses de invierno. Pero ellos no las quieren.

“Estaría bien dejar de pasar frío, pero aquí están mis cosas, sé cómo ir a donde tengo que ir mañana y, si me quedo, seguro que no me roban el sitio”, explica Juan. De media, solo se llena cerca del 30% de las plazas de emergencia que pone a disposición el Ayuntamiento porque el servicio no acaba de cubrir las necesidades de quienes llevan ya tiempo en la calle.

Después de recorrer toda la plaza Charles Darwin de Barcelona, nadie ha querido ir a dormir bajo techo, por diversas razones. Los profesionales del SASSEP están a punto de acabar la ronda hasta que dan con Katy, una mujer (la única) que duerme sola, con un fino saco para protegerse del frío. Cuando se acercan, está durmiendo pero deciden despertarla. No la habían visto nunca y la situación de las mujeres suele ser más compleja.

Es de Estados Unidos y vive en la calle desde hace tres meses, cuando llegó al aeropuerto de Barcelona. Estuvo pernoctando en sus instalaciones y luego decidió probar suerte en la ciudad. No comparte su historia ni dice qué busca, pero le parece bien la idea de ir a dormir a un polideportivo esa noche. En ese momento, las trabajadoras sociales que la han atendido llaman a unos compañeros que vienen a buscarla en furgoneta. Pero al ver a dos desconocidos, Katy se echa para atrás.

“No quiero. Me lo he pensado mejor. Prefiero estar aquí, estaré bien”, dice. La desconfianza es habitual en las personas que duermen en la calle y, por eso, desde el SASSEP saben abordarla. Solo son necesarios un par de minutos para que Katy recapacite, recoja sus cosas y se suba al coche que la dejará en una cama caliente.

Los profesionales que la han ayudado se miran, satisfechos. No solo han logrado que pase la noche a resguardo, sino que han abierto la puerta a que entre en el sistema de atención. Allí la atenderán educadores sociales, profesionales de la Cruz Roja y voluntarios que podrán darle información de los pasos a seguir.

“Pues ahora, a otro sitio”, dicen. Porque su trabajo no acaba en esta plaza. Se subirán a un coche y seguirán recorriendo la ciudad hasta la 1 de la madrugada. Y, pocas horas después, a las 6 horas, se activará otro equipo que hará el turno de mañana para ver cómo han pasado la noche. Este equipo se empieza a despedir de las personas a las que han saludado esa noche. Algunos duermen, otros miran a otro lado, pero unos pocos responden. “Puede parecer que no queremos vuestra ayuda, pero nos gusta que vengáis”, zanja uno de ellos, mientras se reacomoda en su saco de dormir.

Desde el pasado 26 de diciembre, los vecinos y vecinas de la localidad de Atienza (Guadalajara) no pueden consumir agua del grifo, debido a un problema de abastecimiento. Este pueblo de alrededor de 400 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística, se enfrenta a tres problemáticas que les genera incertidumbre a largo plazo: un pozo principal inutilizable desde hace cuatro meses por un accidente “responsabilidad de la Diputación de Guadalajara”, otro con el agua contaminada por arsénico y averías en las tuberías que distribuyen el fluido.

Alberto Loranca, concejal y portavoz del Ayuntamiento de Atienza señala en la entrevista que ha mantenido con elDiario.es Castilla-La Mancha que lo llevan “con resignación y con un poco de enfado”. Asegura que debido a este problema no tienen agua “para beber, cocinar o en menos medida lavarnos los dientes, y tenemos que usar agua embotellada, aunque sí podemos lavarnos, lavar la ropa o la vajilla”.

El origen de esta problemática se remonta al mes de septiembre. Atienza posee en la actualidad tres fuentes de captación de agua. Primeramente, un manantial que trae el agua por gravedad y que “se suele utilizar sobre todo en la época más húmeda, por ejemplo en primavera que es cuando llueve más, abasteciendo el pueblo sin problema”. Por otro lado, Loranca explica que el municipio cuenta con dos pozos: “El principal lo utilizamos seis días de la semana, y un pozo secundario que se usa el día restante. El pozo principal tenía una bomba que terminó su vida útil y tuvimos que cambiarla. El Ayuntamiento compró dicha bomba, pero la instalación compete ejecutarla a la Diputación de Guadalajara”.

Desde el Ayuntamiento de Atienza exponen que durante el proceso de instalación de la bomba por parte de la Diputación Provincial, “hubo un percance mientras la descendían al fondo del pozo y esta se soltó, y quedó enmarañada entre los cables, así que ahora tenemos una bomba nueva sin estrenar a 110 metros de profundidad”. Esto provocó que el pozo principal quedase inutilizado, teniendo que hacer uso del secundario.

En el caso de este pozo secundario, después de un análisis del tratamiento del agua elaborado por la Consejería de Sanidad se descubrió que estaba contaminada con arsénico. “No sabemos si es una cosa puntual del último análisis o si desde que lo pusimos en funcionamiento ya traía el agua contaminada por el arsénico. El caso es que nosotros nos enteramos el 26 de diciembre, cuando nos llegó el informe de la Junta y nos dijo que el agua del pueblo había dado un valor superior al que indica la normativa en este elemento, en arsénico”.

Alberto Loranca señala que en cuanto se enteraron sacaron un bando, aconsejando a la población que no bebiera agua del grifo porque no era apta. Expresa que encargaron “de urgencia un análisis de las fuentes de abastecimiento que tenemos, el manantial y el pozo secundario. Solo está afectado el pozo, el manantial está bien”.

Un problema que afecta a negocios del pueblo

La solución radica en una operación técnica que extraiga la tubería y la bomba caídas en el pozo principal. Desde el Ayuntamiento de Atienza explican que dos empresas ya intentaron “sin éxito” intervenir para sacar la bomba y ahora esperan que una tercera intervenga, aunque se trata de un coste al que el Consistorio no puede hacer frente en solitario por su tamaño reducido.

El Partido Popular provincial en Guadalajara presentaba una enmienda el pasado 8 de enero durante la votación de los Presupuestos 2026 de la Diputación Provincial, para dotar de una partida económica que solucione definitivamente el problema del agua en Atienza; sin embargo, la enmienda resultaba desestimada con la mayoría absoluta del PSOE. El portavoz del Ayuntamiento de Atienza, Alberto Loranca, explicaba que “uno de los concejales de la oposición es diputado provincial, y él es plenamente consciente del problema”, y su partido ha votado en contra de esta enmienda.

La Diputación de Guadalajara ha explicado su posición para votar en contra de esta enmienda, ya que dicha propuesta, “relativa a la ejecución de una conducción desde el manantial de Tordelloso como solución definitiva al suministro de agua en Atienza, carece en estos momentos de estudios técnicos, autorizaciones administrativas y una valoración económica definida”. Por otro lado, José Luis Vega, presidente de la institución provincial, señalaba que “hubiera sido más fácil transferir 300.000 euros al Ayuntamiento para que lo gestionara, pero creemos que lo más sensato es actuar con soluciones concretas, técnicamente avaladas y viables”.

Esta problemática también ha afectado a varios negocios del pueblo. El portavoz del Ayuntamiento apunta que los dueños de “los hoteles y panaderías están mosqueados”. Nos cuenta que el responsable de un hotel les indicaba que iba a cerrar el establecimiento durante las semanas que durase el desabastecimiento, “ya que en esas condiciones no puede dar bien un servicio”.

No obstante, la Diputación Provincial ha provisto a Atienza de agua embotellada para hacer frente a la problemática. “Es una solución, pero es algo a corto plazo y nosotros necesitamos una solución a largo plazo, porque si no nos van a tener que estar dando garrafas de agua en el mes de julio y agosto”.

Por otro lado, Alberto expone que “afortunadamente” en el caso de las explotaciones ganaderas de Atienza no están teniendo problemas, ya que disponen de “un tercer pozo que es de uso exclusivo del sector primario”.

Fugas y averías localizadas en las tuberías del depósito

Teniendo uno de los pozos inutilizable y el otro contaminado, Alberto Loranca explica que el siguiente paso a seguir fue buscar “cómo vaciar el depósito de agua contaminada y poder rellenarlo con el agua que tiene el manantial. Fue ahí cuando observamos que los caudales de salida eran superiores de los que debían ser con nuestro volumen de población”.

De esta manera, procedieron a localizar las diferentes averías. El pasado 7 de enero se localizaron dos de ellas y al día siguiente pudieron repararlas. Loranca explica que posteriormente van a proceder a vaciar el depósito para poder rellenarlo con agua limpia de los camiones cisterna que la Diputación ha provisto.

Este 12 de enero el Ayuntamiento de Atienza encargó un nuevo análisis del agua del sondeo a la empresa que tiene contratada, pero todavía permanecen a la espera de los resultados. “Ojalá los niveles sean correctos y que la población pueda utilizar el agua del grifo. Nos han comunicado que tras la limpieza del depósito hay que esperar unos tres días antes de poder tomar esa agua, porque las tuberías también tienen que limpiarse”, expone el concejal. Añade que espera que con estas actuaciones, con el caudal que tendrán a partir del manantial y con los camiones de agua ofrecidos por la Diputación puedan “restablecer el volumen del depósito y volveremos a la normalidad a corto plazo”.

No obstante, la bomba sigue atrapada en su pozo principal. “Es una tarea que es responsabilidad de la Diputación, pues se les cayó a ellos por accidente. Nos han dicho que vendrán a hacer un intento de rescate en breve, pero son las mismas palabras que llevamos escuchando desde septiembre. Los vecinos de Atienza están cansados de esperar”, apunta.

Soluciones temporales de la Diputación de Guadalajara

Alberto Loranca señala que desde que aconteció esta situación han estado en “plena comunicación” con la Diputación Provincial. Este 12 de enero, el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, junto a personal técnico de la institución se reunían con el alcalde Atienza, Pedro Loranca, para analizar la situación del suministro de agua en la localidad.

En este encuentro, Vega transmitió al Ayuntamiento una serie de recomendaciones técnicas que “deberían adoptarse para que el restablecimiento del suministro de agua se realice de forma segura y conforme a la normativa vigente”, según detallan fuentes de la institución.

Primeramente, el Ayuntamiento debería “iniciar los trámites para la legalización del manantial y los dos sondeos”, un procedimiento que tiene que gestionarse con la Confederación Hidrográfica del Tajo, y que sea ella la que verifique si “el agua cumple con los criterios de calidad y es apta para el consumo humano”.

Como medidas complementarias y temporales, la Diputación de Guadalajara ha recomendado “restablecer el agua corriente para usos domésticos a través del depósito municipal, utilizando únicamente aquellas captaciones que no presenten niveles de arsénico superiores a los permitidos”. De igual manera, apuntan que este abastecimiento se complementará “con 108.000 litros diarios proporcionados por la Diputación y transportados mediante tres camiones cisterna”. Los técnicos de la institución provincial aclaran que la solución “permitiría garantizar el uso doméstico del agua, aunque no se recomienda para consumo humano al tratarse de una mezcla de distintas aguas”.

Por otro lado, la Diputación Provincial ha recomendado al Ayuntamiento de Atienza que analice “el elevado consumo de agua registrado en el municipio”, ya que según los cálculos del propio Consistorio “alcanza los 250.000 litros diarios, muy superior a los aproximadamente 50.000 litros diarios habituales para una población de sus características”, explicando los técnicos que este consumo elevado podría deberse a posibles fugas en la red de abastecimiento, que es “antigua y con escaso mantenimiento”.

A su vez, desde la institución provincial se están realizando análisis “de todas las aguas procedentes de los dos pozos, el manantial y el depósito municipal”, además de seguir con el proceso de licitación para contratar una empresa especializada que “lleve a cabo un nuevo intento de rescate de la bomba atrapada en el fondo del sondeo principal, con un presupuesto superior a 32.000 euros”. José Luis Vega se ha “comprometido” a mantener una reunión con el alcalde de la localidad en un plazo de 15 días en la que se evaluará la evolución de la situación.

Desde la Junta de Castilla-La Mancha, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha asegurado que no han “recibido ninguna petición formal” desde el Ayuntamiento de Atienza para solventar este problema, aunque ha mostrado su disposición a ayudar si así se les requiere.

“Nosotros solo actuamos si los municipios piden o bien que se convenie su sistema de abastecimiento” con la empresa Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, o que se realice una obra de urgencia a través de la Agencia del Agua, algo que no ha ocurrido en este caso.

Ante este hecho, Alberto señala que aunque le han “sorprendido estas declaraciones, toda voluntad de ayudar a Atienza es bien recibida”, pero que no han establecido contacto con instituciones más elevadas “porque al final esto es algo que tienen que solucionar los técnicos de la Diputación Provincial. Si la consejera está dispuesta a ayudarnos no nos importaría establecer un contacto, aunque ojalá los análisis den bien y no tengamos que pedir más ayuda a corto plazo”.

“Ofrezco coche para bajar a comprar”, “Recojo medicación en la farmacia”, “Esta tarde saldré a caminar ¿Alguien quiere venir?”. Son algunas de las propuestas que pueden aparecer en la Aplicación Red de Pueblo, una iniciativa sin ánimo de lucro que pretende conectar a las personas de las zonas rurales, dando respuesta a las necesidades “de toda la vida”, utilizando los beneficios de conectividad e inmediatez que aportan las nuevas tecnologías. 

En Aragón, esta aplicación está en funcionamiento en la zona de Calamocha, a través de la cooperativa social Tararaina. Marta Collados, emprendedora rural y miembro de la cooperativa es la persona que pone voz a Red de Pueblo, asegura que la aceptación está siendo alta y que, aunque es necesario tiempo para que los usuarios “la hagan suya”, la historia de cómo el uso de la aplicación va calando entre la vecindad de los pueblos, está siendo “muy bonita”. Compartir trayectos, para ahorrar recursos y facilitar la movilidad de personas mayores, y ofrecer y recibir ayuda para realizar gestiones del día a día, son algunos de los servicios más demandados en la App hasta el momento. 

¿Cómo surge la idea de poner en marcha Red de Pueblo?

La idea no salió de un despacho, sino de un proceso participativo que hicimos en varios territorios. Nos sentamos con la gente de los pueblos, analizamos qué retos teníamos y empezamos a pensar juntos en qué alternativas podrían ayudar a mejorar la vida en la comunidad. De ahí surgió todo.

¿Quiénes estáis detrás de la pantalla que nos conecta con esta aplicación rural en Aragón? 

En Aragón, la iniciativa cuenta con la colaboración del grupo de acción local ADRI Jiloca-Gallocanta, y detrás estamos Tararaina, que somos una cooperativa de iniciativa social que desde el principio vimos claro que muchas de esas necesidades que tiene las personas que viven en los pueblos tienen que ver con la movilidad, los recados, el acompañamiento y, en general, con recuperar esa ayuda mutua que siempre ha existido en las zonas rurales, la vecindad, y quisimos adaptarla a las tecnologías de hoy en día.

Se trata entonces de cubrir necesidades de siempre a través de respuestas del mundo actual ¿Cómo llegáis a dar ese paso? 

Para ello nos unimos a la empresa tecnológica Hyliacom, con el objetivo de transformar esas ideas recogidas en los pueblos en algo práctico: una aplicación sencilla que refuerce lo que ya funciona en la vida rural y que conecte a las personas que quieren ayudar con quienes lo necesitan. Red de Pueblo no trata de inventar nada nuevo, sino de dar un “empujoncico digital” a lo que toda la vida se ha hecho en los pueblos.

¿Cómo funciona Red de Pueblo? 

La prioridad es que sea una aplicación (App) muy sencilla, ya que va dirigida a toda la población, pero queremos que sea fácil e intuitiva para las personas más vulnerables que hagan uso de ella, como las personas mayores que es el sector al que va especialmente dirigida. Te descargas la aplicación, que está disponible para Android y IPhone, entras y puedes ofrecerte para hacer una ruta, un recado, un acompañamiento, o puedes solicitar que alguien te eche una mano con algo. También puedes ver lo que otros vecinos ofrecen. Todo está pensado para que sea intuitivo, sin complicaciones ni menús raros.

¿Qué tipo de servicios ofrece y cuáles son los más demandados?

La aplicación tiene en total 12 categorías que abarcan las necesidades de una vida rutinaria en cualquier pueblo. En principio cubre “las cosas del día a día”: Desplazamientos entre pueblos, ir a por medicamentos, hacer un recado al supermercado o al banco, compartir coche para ir al médico, acompañar a alguien a una gestión. 

Y luego hay cosas muy curiosas también: gente que ofrece ayuda digital, personas que avisan de eventos del pueblo, y hasta quien se ofrece a pasear con alguien “que no quiere ir solo”. 

¿Hay alguien detrás de la pantalla validando las solicitudes o los encargos que se hacen a través de la aplicación?

Sí, hay una parte de validación para asegurarnos de que todo es seguro y funciona con responsabilidad. Un equipo revisa que las propuestas tengan sentido y que no haya malos usos. Además, en muchos municipios se está formando una red de voluntariado para acompañar a quien lo necesite, sobre todo personas mayores, personas prioritarias para este proyecto.

Y ¿Cómo va acogiendo la gente esta nueva aplicación?

Al principio la gente la mira con prudencia, como todo lo nuevo, es normal. Pero cuando ven que un vecino la usa, o cuando reciben ayuda por primera vez, cambia la mirada. Empiezan a decir: “Ah, pues esto sí que sirve”. En algunos pueblos ya nos están proponiendo puntos de interés, rutas, y hasta ideas nuevas que ni habíamos pensado. 

La aplicación está evolucionando gracias a la propia gente del territorio, que es como debería ser. Lo más importante es esto último, el uso de la aplicación, si la gente la usa tendrá éxito y estaremos consiguiendo los objetivos de mejorar la calidad de vida de las personas en las zonas rurales a través del fortalecimiento del tejido social, la vecindad y con ello frenar la velocidad en la que se están despoblando nuestros pueblos.

¿Cuánta gente puede llegar a emplearla?

En realidad, ¡tanta como quiera! Pero sí, es verdad que al principio todo va más despacio. Los primeros meses son de confianza, de que la gente la conozca, la pruebe y vea que funciona. En los pueblos las cosas crecen así: poco a poco, pero cuando arraigan… arraigan bien. La experiencia nos dice que, cuando se genera una masa mínima de personas activas, se empieza a mover sola. En este momento entre Android y IPhone estaremos cerca de las 800 descargas a nivel nacional.

En esta aventura, no solo participa Aragón. Red Pueblo se ha diseñado teniendo en cuenta las opiniones de las personas que habitan tres territorios rurales; la comarca del Jiloca, en Aragón, los alrededores de Nalda, en La Rioja, y la comarca de Ortegal, en Galicia. En estos tres territorios se ha desplegado la primera versión de la aplicación para, posteriormente, avanzar hacia su réplica en otros territorios rurales, adaptándose a su realidad. 

El proyecto, sin ánimo de lucro, ha sido impulsado por la asociación Camaleo de desarrollo rural en el marco de un proyecto financiado por la convocatoria EDP Energía Solidaria de la Fundación EDP. El objetivo, dicen, es mejorar la vida de las zonas rurales e impulsar una transición energética justa e inclusiva.

En Aragón, la App ha obtenido un reconocimiento por el Centro de Innovación Territorial Teruel (CIT Teruel) siendo una de las iniciativas ganadoras de los 10 galardones que la entidad ha entregado en el año 2025.

“Lo que más he aprendido de mi madre es mirar a la gente de tú a tú, que todos son iguales. Lo que las personas muchas veces necesitan es ser escuchadas, y nuestro deber es ayudar a cada uno con lo que necesita, ya sea una dispensación o una conversación”. Estas son las palabras de Álvaro Bejerano, quien ahora regenta la farmacia de Navalcán, un pueblo de menos de 2.000 habitantes en la provincia de Toledo, continuando así el trabajo que inició su progenitora.

Álvaro Bejerano Pita da Veiga, de 36 años, estudió Administración y Dirección de Empresas y reside en Talavera de la Reina. Sin embargo, tras trabajar mucho tiempo en una multinacional sintió que necesitaba “ayudar a los demás”. “Mi madre compró la farmacia de Navalcán cuando yo solo tenía tres meses de edad. Siempre me he criado aquí, venía todos los veranos y muchos fines de semana y colaboraba en las tareas que yo podía hacer”, explica Bejerano. El querer dedicarse a la farmacia para él siempre era “una voz detrás de la oreja”, pero el hecho de parar su vida para estudiar farmacia no lo contemplaba.

La llegada de la pandemia de COVID-19 fue la “excusa perfecta” y después de mucho valorarlo se matriculó en la carrera de Farmacia. “Con la COVID ves las cosas de otra manera. Veía la labor que hacían los sanitarios y sientes que te gustaría ayudar más. El mundo se paró un poco y dije, es mi momento y lo dejé todo para estudiar farmacia”, relata el joven navalqueño.

“Lo más importante es la atención y sobre todo la ética profesional”

Álvaro lo tiene muy claro. Desde que se puso al frente de la farmacia de su madre, que ya se ha jubilado, sabía que seguiría su legado. “Ella me ha enseñado lo que es la empatía. Pero sobre todo la honestidad y la honradez. Hay cosas delicadas en el sector farmacéutico, donde hay gente que por vender te vende cualquier cosa. Y no hay que vender por vender. Lo más importante es la atención y sobre todo la ética profesional, la vocación de servicio”, explica.

Tanto es así que él define la farmacia como un “núcleo familiar”. Destaca que en Navalcán hay muchas personas mayores que tienen a sus hijos viviendo en Madrid o en otras ciudades y no vienen tan a menudo al pueblo. “Nosotros estamos aquí para lo que necesiten. A veces si les hacen falta pañales, que es un paquete muy voluminoso, pues cuando cierro a mediodía la farmacia se lo acerco a casa. También, ya que paso por allí si tienen algún problema con el móvil trato de arreglárselo. Son cosas sencillas, pero a ellos les supone mucha ayuda”, expresa Álvaro, orgulloso de poder ayudar a sus vecinos.

No tengo miedo a contratar gente nueva. Ahora en muchas empresas siempre te piden experiencia, pero la experiencia se adquiere trabajando y yo creo mucho en dar oportunidades

Álvaro Bejerano Pita da Veiga — Farmacéutico

En esta pequeña farmacia trabajan, además de Álvaro, una farmacéutica adjunta y dos técnicas de farmacia, que son de Navalcán y de pueblos de la zona, por lo que fomenta empleo local. “Una de las técnicos es nacida y criada en el pueblo, entonces ella se conoce a todas las familias y muchas veces sabe qué medicación toma cada uno. Entonces si por ejemplo se le olvida algo a alguien, pues se lo acerca a casa. Es más que una farmacia, yo creo que cumple un servicio social”, explica Bejerano.

Además, que en la farmacia trabajen personas de la zona es muy importante para Álvaro, porque siente que “entienden lo que es la vida en el pueblo, cómo piensan los abuelos y cómo funciona una farmacia rural. Hablamos el mismo idioma”.

En la Farmacia de Navalcán -porque es la única que existe en el municipio- también han tenido a personas haciendo prácticas. “No tengo miedo a contratar gente nueva. Ahora en muchas empresas siempre te piden experiencia, pero la experiencia se adquiere trabajando y yo creo mucho en dar oportunidades”, señala Álvaro, que dice estar abierto a seguir colaborando en programas de prácticas con universidades e institutos.

Una farmacia rural que ofrece cursos de formación al personal y a los pacientes

Con Álvaro al frente del negocio también han llegado reformas. “La última fue en 2005 así que ahora le hemos dado un lavado de cara. Detrás contamos con un patio interior y lo hemos techado para en un futuro poder hacer cursos de formación tanto para el personal interno como para los pacientes. Ya sea sobre la diabetes, sobre recomendaciones y consejos para evitar la exposición al sol. Hay mucha desinformación y a veces los problemas se agudizan porque no sabemos cómo tratarlos”, apunta.

En la actualidad ofrecen diferentes servicios en la farmacia, que van desde la medición de glucosa y de tensión, “test de embarazo rápidos que se realizan con una muestra de sangre obtenida por punción, parecidos a los de la glucosa”.

Por otro lado, también realizan seguimientos dietéticos con un farmacéutico externo que “se conecta vía online”. Desde la farmacia le ofrecen al paciente esa conexión a través del ordenador en el propio establecimiento, y así pueden hacer un seguimiento de sus dietas. La farmacia de Navalcán está, además, adherida al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) para la dispensación de productos de ortopedia, de manera que realizan “las gestiones de estos productos que son financiados”.

Este mes de julio han estrenado dependencias, tras la reforma. “En el pueblo están encantados. Les da mucha seguridad y confianza ver que continúa el legado de mi madre, que no viene una persona de fuera, a la que no conocen y que puede tener un trato distinto con ellos. Agradecen mucho este lavado de cara. A veces me comentan: uy, tenemos una farmacia de capital. Pero nada de eso, es solo lo que se merece este pueblo”, señala con orgullo Bejerano.

La cuesta que sube desde La Zubia hasta Cumbres Verdes no distingue de edades ni capacidad adquisitiva: 15% o más de pendiente en varios tramos, tres kilómetros que pesan como una mochila de piedras sobre las piernas y el ánimo de quienes se ven obligadas a subirlas. Por ella suben, cuando pueden, algunos de los vecinos que viven en una de las zonas más aisladas de Granada, como lo es Cumbres Verdes, situada en pleno parque natural de Sierra Nevada. Llevan tanto tiempo así que están acostumbrados a sortear sus obstáculos con soluciones temporales y mucho apoyo comunitario, pero están hartos y quieren que La Zubia les dé los servicios municipales que un juzgado reconoce que deben tener. Servicios que pasan por un saneamiento adecuado o un transporte público que acabe con el aislamiento que padecen.

Ejemplos de la necesidad que tienen hay muchos. Uno de ellos es el de María Luisa, 81 años, vecina del barrio desde hace 35. “Yo no me voy de aquí mientras no me traigan con los pies por delante”, dice. Vive sola, conduce cuando puede –aunque asume que le quitarán el carnet en poco tiempo por su edad– y baja una vez por semana a por provisiones. No hay otra. No hay bus. Ni ambulatorio. Ni siquiera una patrulla de policía que pase de vez en cuando. “Aquí estamos fuera de la mano de Dios”, lamenta.

Cumbres Verdes es una urbanización nacida de forma ilegal en los años 70, cuando un particular comenzó a parcelar suelo rústico en pleno corazón de Sierra Nevada. Medio siglo después, unos 400 vecinos –solo la mitad están empadronados– viven de forma permanente en esta zona que pertenece al término municipal de La Zubia. La cifra se duplica en verano. Pero el Ayuntamiento no asume ningún servicio básico más allá del alumbrado público y solo desde hace unos años. El resto –agua, saneamiento, limpieza, transporte o conservación viaria– sigue a cargo de los propios residentes. Según estiman desde la entidad vecinal de Cumbres Verdes, en la última década han invertido alrededor de 500.000 euros de sus bolsillos para mantener el entorno en el que viven.

Sin transporte: andando o en coche

La falta de transporte público explica en gran medida el aislamiento y el hartazgo vecinal. No hay un autobús de línea que conecte a La Zubia con Cumbres Verdes, “a pesar de que hay un minibús en el pueblo que va muchas veces vacío”, lamentan los vecinos. Sí existe un bus los sábados y los domingos que sube a primera hora de la mañana y baja a última de la tarde, pero está únicamente planteado para los excursionistas que quieren hacer senderismo por la zona. Desde el Consistorio deslizan que no hay más buses “porque no es rentable”, pese a tratarse de un servicio que debería ser público.

Hay quienes no tienen coche y han de recurrir a otros vecinos para poder moverse por los municipios del entorno o ir simplemente al centro de salud más próximo. María Luisa, pese a su edad, ayuda a algunos lugareños con su coche, pero recuerda que no es la situación ideal. De hecho, quienes no disponen de vehículo privado, que son minoría, tienden a subir y bajar la interminable cuesta andando. Desde la Delegación de Fomento recuerdan que para que haya un autobús, cuya línea ya existe, debe ser el Consistorio el que lo pida, pero en el ayuntamiento se sienten atados de pies y manos hasta que la situación judicial y urbanística no se desbloquee con la recepción de la urbanización.

Por todo ello, en el equipo de Gobierno argumentan que la situación es “compleja” y que no pueden convertir en una parte más del municipio a esta zona mientras no se resuelva el problema del agua. Según explica el concejal de Urbanismo, José María Montoro, el suministro principal de Cumbres Verdes depende de un pozo construido en los años 90 en una finca privada que pertenece actualmente a un fondo buitre estadounidense. No existe contrato ni concesión formal y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya ha advertido de posibles sanciones.

“El agua no tiene contador. Llenan las piscinas cada quince días y riegan como si aquello fuera Suiza”, denuncia Montoro. Por ello, el Ayuntamiento exige a los vecinos una renuncia expresa a ese pozo “ilegal” como condición para conectarlos a la red pública de Emasagra. Pero el acuerdo está estancado desde hace años. “No tenemos agua, ni autobús, ni recogida de basura diaria. Y pagamos impuestos como todos”, replica Daniel Castro, vecino y antiguo delegado sindical. “Nos usan para presumir de que aquí empieza Sierra Nevada, pero no vienen más que a pedir votos”.

La justicia avala a los vecinos

Además, los vecinos tienen a la justicia de su lado. En septiembre de 2023, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Granada dictó una sentencia demoledora. Reconoció que Cumbres Verdes cumplía con los requisitos exigidos por La Zubia para formar parte del casco urbano y obligó al consistorio a asumir los servicios públicos y el mantenimiento. También autorizó a la disolución de la entidad vecinal de conservación, que ha venido funcionando como un “ayuntamiento paralelo”, gestionando desde el agua hasta la limpieza de residuos fecales. La sentencia está recurrida por el Ayuntamiento de La Zubia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de ahí que aún no se haya cumplido.

Pero el tiempo corre en contra de los vecinos. De los que se quedan porque los años pasan y la edad también, perjudicando su salud y de aquellos que no pueden más y acaban marchándose. “Nosotros ya hemos cumplido todo lo que nos pidieron. Actas, informes, acuerdos. Incluso nos obligaron a pagar una bomba para las aguas residuales que limpiamos nosotros mismos”, denuncia María José Cuevas, presidenta de la entidad. “Yo misma he tenido que sacar compresas de una arqueta. El año pasado me picaron las pulgas. Esto es insalubre”.

Mientras tanto, el día a día en Cumbres Verdes transcurre en una realidad paralela a la que viven los vecinos del resto de La Zubia. Aurore, de origen francés y madre de tres hijos, lleva nueve años en el barrio. “Paso el día en el coche. Bajo dos veces por la mañana para el colegio, luego recojo, luego las extraescolares. Mis hijos están creciendo y no tienen autonomía. Estoy pensando en irme”, lamenta. “Este barrio es un encanto, pero así no se puede vivir”.

El Ayuntamiento de La Zubia sostiene que está elaborando un estudio técnico con Emasagra para sustituir el pozo por una conexión legal. “Si los vecinos renuncian por escrito al uso del agua irregular, lo asumiremos todo. Saneamiento, mantenimiento, limpieza. Estamos dispuestos a pedir un préstamo si hace falta”, afirma Montoro. “Pero no vamos a recepcionar una urbanización donde no hay control sobre lo que se consume ni se vierte.”

Los vecinos, que llevan tanto tiempo viviendo al margen del resto del municipio que ya no saben qué hacer, se están cansando. “Nos planteamos boicotear plenos o cortar la carretera. No nos queda otra”, dice Daniel. María Luisa, por su parte, sigue esperando un autobús. “Uno al día no pido. Dos veces por semana bastaría. Para ir al médico. Para bajar al Dani –un supermercado granadino–. Para tomarme unos churros”.

Los más de 12.500 vecinos del barrio navarro de Erripagaña llevan años reclamando una solución a la división administrativa que provoca que en este barrio de la Comarca de Pamplona gobiernen cuatro alcaldes, lo que en la práctica ha llevado a una falta de consenso que hace que no existan servicios básicos como un centro de salud, un colegio o un polideportivo. Tras haber prometido un referéndum para que sus habitantes decidieran en 2025 a cuál de los cuatro pertenecer, ahora los alcaldes de Pamplona, Burlada, Huarte y Valle de Egüés han acordado realizar antes una encuesta sociológica para que los cuatro ayuntamientos (tres de EH Bildu y uno de UPN) dispongan de un “diagnóstico real y contrastado” de los vecinos sobre su barrio “para superar suposiciones o percepciones subjetivas” antes de plantear otros pasos.

Las delegaciones de los cuatro ayuntamientos, que ha estado manteniendo reuniones “discretas” durante los últimos meses según han informado, han acordado ahora impulsar este proyecto que será contrastado en los órganos representativos de cada municipio. También se ha acordado que la encuesta se llevaría a cabo a través de un contrato con una asistencia técnica externa especializada. Para su desarrollo, los ayuntamientos constituirían una comisión de seguimiento que acordará tanto el contenido de la encuesta, como el seguimiento del contrato técnico.

Los representantes de Pamplona, Burlada, Egüés y Huarte retoman así la idea del sondeo que ya estaba recogida como una posibilidad dentro del acuerdo sobre el proceso participativo alcanzado en mayo de 2024. Lo hacen tras contrastar las diferencias de opinión que existen entre algunos de los cuatro ayuntamientos respecto a cómo debe desarrollarse ese proceso. La encuesta, además de retomar y dar continuidad a los acuerdos de mayo de 2024, “permitirá fijar un diagnóstico real del sentir de la ciudadanía de Erripagaña que será la base de futuras decisiones”, han destacado desde el Consistorio pamplonés.

Los cuatro Ayuntamientos han renovado en su acuerdo su intención de “seguir avanzando para poner soluciones a las necesidades vecinales”. Asimismo, han puesto en valor la colaboración entre ellos y constatan que “ante las diferencias de opinión, se ha mantenido una actitud proactiva y de avance”. Por último, ha compartido la necesidad de seguir trabajando de la misma forma que en los últimos meses, es decir, con “discreción”, lo que aseguran, “ha contribuido a generar un clima constructivo”.

El 28 de marzo fue un día diferente. Conducía hacia Yuncler dándole vueltas a multitud  de ideas que rodaban por mi cabeza. La primera era que ya que el I Foro de Servicios  Sociales de Castilla-La Mancha se organizaba en un municipio de Toledo, podría haber sido uno más cercano a Albacete, pero salí con tiempo suficiente para dar una vuelta tranquila por el pueblo, tomar un té y así conocerlo un poco. 

No estoy acostumbrado a hacer ponencias, aunque sean de 20 o 30 minutos, así que  desde que le dije a Paz que podrían contar conmigo y en las semanas posteriores Lina me fue contando los detalles de cómo sería el acto, me acompañó el síndrome del  impostor como si de mi sombra se tratara. 

Fue otra oportunidad para repasar mi experiencia profesional en los Servicios Sociales Básicos, así que en los días siguientes vinieron a mi cabeza cientos de experiencias, personas y situaciones que me han hecho crecer durante estos 22 años ejerciendo desde el Trabajo Social en el medio rural. 

Recordé los años en la Universidad de Salamanca. Queda lejos el año 1988, cuando comencé los estudios compartiendo un edificio que ya no existe con enfermería y “experimentación animal”. Tiempos de voluntariado como trabajo amable no remunerado y casi imprescindible para situar a decenas de recién diplomados en un mundo laboral que empezábamos a vislumbrar.

Fueron años de insumisión frente a la prestación social sustitutoria del servicio militar, no sólo por lo que tenía de coartada para mantener la “mili” obligatoria, si no por la toma de conciencia de que estaba siendo utilizada como mano de obra gratuita por parte de ayuntamientos y todo tipo de entidades enclavadas dentro del marco de los Servicios Sociales. 

Pensé que sería más efectivo acompañar mis palabras de imágenes que expresaran de forma clara el estado actual del Sistema Público de Servicios Sociales. Una carretera secundaria completamente llena de parches sería una alegoría suficiente, como también lo sería la máquina de triturar profesionales (en lugar de escolares) reciclada de la película 'The wall' de Pink Floyd, un pequeño camión de mudanzas con un gran cartel de “precariedad” con la que prácticamente todas las personas del gremio nos sentimos identificadas, un gran anuncio de “Se vende” como denuncia del ritmo privatizador de casi todo, o las grandes palabras con las que desde hace tanto tiempo nuestros políticos y medios de comunicación invisibilizan a los Servicios Sociales. 

Entre las más de 200 personas asistentes (la gran mayoría profesionales) estaba el Director General de Acción Social, algo que me resultó reconfortante, ya que tenía la oportunidad de exponerle mi punto de vista del estado de los Servicios Sociales y no le quedaba más remedio que escucharme, precisamente la persona que tiene la obligación de hacer lo posible por mejorarlo. Cuando comencé a hablar se esfumaron los nervios y las dudas y reconozco que disfruté. Lo pasé bien explicando todo lo que tenía pensado compartir y el resultado fue mucho mejor de lo que mi impostor interno auguraba. 

Tenía ganas de reencontrarme con Paz, a quien quería abrazar después de unos pocos años. Con ella vinieron al presente otros intentos anteriores de organizarnos a nivel regional para denunciar lo mismo que estábamos haciendo en Yuncler. Sentía necesidad de poner cara a las compañeras y compañeros que llevaban tiempo organizándolo todo, con pasión, buen hacer e imaginación.

Era un aliciente más que suficiente para enfrentarme a mis miedos como orador ocasional y que el viaje valiera la pena. En el ambiente estuvo siempre presente la reivindicación primera con la que se constituyó la Plataforma por la equiparación salarial en los Servicios Sociales de Castilla-La Mancha: terminar con la precariedad laboral de las y los profesionales de los servicios sociales de atención primaria que dependen de convenios con ayuntamientos y mancomunidades. Sencillo, claro y urgente. 

Ahora la mirada está puesta en el II Foro de Servicios Sociales, esta vez en Abenójar (Ciudad Real) el día 6 de junio. De nuevo un municipio lejos de Albacete, pero otra vez la misma necesidad de estar y aportar lo que pueda por una causa de justicia social que necesita del concurso de aún más profesionales. Es mi forma de militar en el Trabajo Social y en defensa de un objetivo en el que creo ciegamente: un Sistema de Servicios Sociales 100% Público. 

(Como en las imágenes que compartí en aquella sala de Yuncler, también aquí siento la necesidad de pedir a gritos que nuestro gobierno haga todo lo posible por impedir que continúe el genocidio en Palestina).

El sindicato UGT ha formulado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra Grupo Renfe por el “déficit” de personal en la estación de trenes de Ciudad Real. Luis Melero, secretario del Sector Ferroviario del sindicato, explica a elDiarioclm.es que de las 21 plazas que deberían estar cubiertas, solo hay actualmente 13, lo que supone un “incumplimiento” de los cuadros de servicio en el canal de venta de la estación.

Desde Renfe, aseguran que tienen en marcha una convocatoria para “cubrir las necesidades existentes en los puntos de venta”. “Una vez resuelto el proceso, se irán cubriendo las necesidades por las vacantes que se han venido produciendo por jubilaciones en los diferentes territorios”, explican.

Por su parte, desde UGT recuerdan que empresa y sindicatos firmaron los cuadros de servicio, para que la plantilla fuese de 21 personas. Pero, tras jubilaciones y “desvinculaciones”, las plazas ocupadas son solo 13. Desde UGT acusan a Grupo Renfe de “ocultar” la información sobre las plazas vacantes, y de “incumplir” sus obligaciones de transparencia, así como de “dejar al servicio público con escasez de personal”.

Esto, recalcan, provoca “graves deficiencias”, que lleva incluso al cierre ocasional de puntos de venta de billete, una situación que se “agravó” durante el robo de cables que sufrió la línea Madrid-Andalucía este pasado domingo. La organización afirma que se están generando “enfrentamientos” con el público, así como modificaciones “constantes” en los horarios de atención y venta.

En la denuncia, consultada por elDiarioclm.es, resaltan que la situación se arrastra desde 2018, cuando se firmaron los cuadros de servicio correspondientes. En 2022, se solicitó formalmente su cumplimiento, al no estar garantizándose. Y la situación continúa, afirman, actualmente.

Es por ello que solicitan a la Inspección de Trabajo que requiera el cumplimiento del cuadro de servicio, cubriendo las plazas vacantes “en beneficio de la correcta prestación del servicio público y del bienestar de los trabajadores”. Además, solicitan “sanciones coercitivas en el supuesto caso”.

Lleva 13 años repartiendo pan y otros productos de primera necesidad por los pueblos de los valles del Jubera y de Ocón de La Rioja. Comenzó a los 18 años, “se presentó una oportunidad” y como no le gustaba estudiar, Adrián Blanco Martín empezó a recorrer estos pueblos de la geografía riojana. Un negocio que, confiesa, no es viable y en el que continúa porque se considera parte del valle y porque cuenta con otra línea de negocio que le permite llegar a fin de mes y pagar las facturas. Blanco vive en Galilea.

En el pueblo en el más vendo son diez barras, de hecho hay pueblos como San Bartolomé en el que sólo vive un matrimonio y al que cada día le llevaba su barra de pan

Adrián Blanco Martín

Este joven panadero recorría, hasta ahora de lunes a sábado, los 12 pueblos de los dos valles. Comenzaba en Murillo de Río Leza, Lagunilla del Jubera, Ventas Blancas, Santa Engracia, San Bartolomé y Jubera. Y de aquí, al Valle de Ocón; Santa Lucía, La Villa, Las Ruedas, Pipaona de Ocón, Los Molinos y Aldealobos. “En el pueblo en el que más vendo son diez barras, de hecho hay pueblos como San Bartolomé en el que solo vive un matrimonio y al que cada día le llevaba su barra de pan”. Y dice “le llevaba” porque este panadero ha tenido que reducir la ruta. “El invierno ha sido muy duro”. Y la situación no mejora.

“La semana pasada nos sentamos a echar cuentas”. Y los números no cuadraron, “estamos perdiendo dinero”. La solución, reducir dos días de distribución del pan y del resto de productos a los lunes, miércoles, viernes y sábados. “He optado por unificar la venta y al menos así ahorrar algo de gasolina, porque el día que deje de subir, no va a subir nadie”, advierte.

Es consciente de que este no es un negocio viable, pero confiesa que le gusta lo que hace. “En estos trece años, la caída de facturación ha sido bestial, la mayoría de las personas que viven en estas zonas son mayores y cuando se van, no hay relevo generacional”. De hecho recuerda que hace trece años cuando comenzó en este trabajo no repartía por tantos pueblos y la facturación era mayor. “En cinco pueblos vendía más que ahora que recorro más pueblos”. Y a pesar de todo asegura que continuará recorriendo estos valles de La Rioja repartiendo el pan que él mismo elabora y otros productos de primera necesidad por una cuestión personal. “Vivo en Galilea y conozco a todo el mundo de la zona, he estudiado con los nietos y nietas de las personas mayores que cada día me compran el pan”.

Más de 60 pueblos de La Rioja dependen de este “servicio básico”, según Por La Rioja

Una venta ambulante para la que Por La Rioja pide “medidas urgentes” porque la consideran “un servicio básico en más de 60 municipios pequeños que dependen de este tipo de comercio para poder acceder a productos esenciales”. En concreto han planteado un plan de ayudas directas y bonificaciones fiscales destinadas a los comerciantes ambulantes que presten servicio en municipios de menos de 300 habitantes. La formación política calcula que en La Rioja hay más de 65 municipios con menos de cien habitantes, pueblos que “dependen de estos servicios para mantenerse activos”.

En su argumentación alegan que estos servicios “son económicamente deficitarios, especialmente en invierno, cuando la población se reduce. Hay comerciantes que acuden a pueblos con diez o veinte vecinos y vecinas, muchas veces perdiendo dinero solo por un compromiso con su tierra”. Y es que aseguran que localidades como las Trece Villas, los Valles del Jubera, Ocón o Alhama dependen del comercio ambulante para mantener la mínima estructura de servicios y garantizar la calidad de vida del vecindario: “si no hay tiendas, ni transporte, ni acceso a productos básicos, lo que llega es el abandono”.

Hacía unos cien kilómetros cada día de reparto (lunes, miércoles y viernes) y en algunos pueblos sólo vendía unas cinco barras de pan... al final las cuentas no salen

Eva Hernández Blanco

En la familia de Eva Hernández Blanco la venta ambulante de pan por los municipios de la sierra riojana ha sido el modo de vida durante cuarenta años. “Mi abuelo era molinero, mi padre panadero y estuvo 40 años repartiendo pan”. Ella fue el relevo generacional: “cuando se jubiló mi padre, continué yo”. Y durante doce años repartía el pan por Brieva de Cameros, Viniegra de Arriba, Viniegra de Abajo y Ventrosa. “Hacía unos cien kilómetros cada día de reparto (lunes, miércoles y viernes) y en algunos pueblos solo vendía unas cinco barras de pan... al final las cuentas no salen”. Y es que hace tres años que Hernández ya no reparte pan por estos pueblos de La Rioja. Tuvo que dejarlo, confiesa, “muy a mi pesar porque me gustaba mucho este trabajo, no me pesaba el conducir, no me pesaban las carreteras de la zona, pero al final era inviable”. Ahora sigue repartiendo pan, queso que ellos elaboran en la quesería y repostería casera, pero solo en Anguiano, su pueblo. Repartos, como ella dice, “personalizados” y que hace llegar “a las personas mayores que viven Anguiano, pero también a los no tan mayores que están trabajando y necesitan este servicio, yo solo les facilito un poco la vida”. Y es que Hernández es una enamorada confesa de Anguiano y de la vida en un pueblo. Un modo de vida que asegura, muchas personas desearían tener, “pero iniciar una aventura en un pueblo es casi como nadar a contracorriente porque no hay servicios, no hay vivienda y no hay trabajo, se los están dejando morir y vivir en un pueblo es muy atractivo”.

Las ayudas del Gobierno de La Rioja

Eva Hernández no recuerda ninguna ayuda del Gobierno de La Rioja para profesionales como ella o Blanco que cada día recorren las carreteras comarcales de La Rioja repartiendo pan y productos de primera necesidad a una clientela cada vez más envejecida. Sin embargo, desde el Ejecutivo regional aseguran que sí hay una línea de ayudas de la ADER dentro del Plan para la competitividad del comercio minorista. Y es que esta línea considera, entre otros, beneficiarios de estas ayudas a los que desarrollen una actividad encuadrada en el epígrafe del CNAE de comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos. Entre los conceptos subvencionables, los vehículos de transporte de mercancías (categorías N o asimilables a la categoría M1, clases 30 y 31).

El municipio lucense de Pol tiene unos 1.500 habitantes y el de Ribeira de Piquín ronda los 500. Situados en la comarca de Meira, al noreste de la capital provincial, forman parte de la Galicia rural que lleva décadas viendo menguar su población. Dentro de las iniciativas para frenar la pérdida de servicios básicos, los dos gobiernos locales han optado por una especie de municipalización de negocios privados para evitar que cierren o permanezcan abandonados y sin actividad. En el primer caso, el Ayuntamiento ha comprado un supermercado a punto de bajar la persiana por jubilación; en el segundo, el alcalde ha anunciado que la gasolinera, que lleva más de una década en desuso, va a ser gestionada con medios públicos. La iniciativa se suma a otras ya en marcha para explotar una piscifactoría, una plantación de kiwis y una granja de cerdos de raza celta.

Roberto Fernández Rico (PSOE) es el alcalde de Ribeira de Piquín desde 2015. Expone qué es lo que está detrás de las iniciativas municipales de asumir estos negocios: “Los ayuntamientos tan pequeños como nosotros tenemos muchas dificultades para que la iniciativa privada venga e invierta. De ahí que no nos quedase otra opción que, desde lo público, tratar de sacar adelante iniciativas económicas”.

La idea, dice, estaba ya entre las promesas electorales de su campaña de hace diez años. Sostiene que se cumple un triple objetivo: recuperar tierras e instalaciones abandonadas, ser motor de actividad económica, lo que implica generar empleo –que, asegura, es “estable y de calidad”–, y garantizar esos servicios para los vecinos. Deja la puerta abierta a poner las iniciativas en manos privadas más adelante, si alguna empresa se interesa.

Fernández Rico destaca su preocupación por la línea descendiente de población en Ribeira de Piquín. Una de las respuestas fue crear una fundación municipal, TerrEo, participada únicamente por el Ayuntamiento, para recuperar edificios abandonados. Empezaron por poner en marcha una piscifactoría, que en la actualidad vende unos 3.000 kilos de truchas al mes. Partieron de unas instalaciones que estaban en desuso en la parroquia de Santalla, las remodelaron, actualizaron los permisos y retomaron la actividad. Después fue una explotación ganadera en extensivo de porco celta. El Ayuntamiento alquila un terreno de 10 hectáreas que pertenece a la comunidad de montes. Hasta el momento se han vendido más de 200 animales engordados en las instalaciones. Y también se ha puesto en marcha una plantación de kiwi y hay una experiencia inicial con faba.

El proyecto más reciente que Ribeira de Piquín va a canalizar a través de su fundación es el de abrir una gasolinera. Las instalaciones existen ya. Las levantó una empresa privada, pero se encuentran abandonadas y el Ayuntamiento las va a alquilar. El alcalde indica que actualmente están haciendo los trámites administrativos y pasando los controles para que los vecinos puedan repostar “pronto” aquí y ahorrarse los viajes de en torno a 20 kilómetros hasta los surtidores que ahora mismo tienen más cerca, que están en los municipios vecinos de Meira, A Pontenova o Pol. El personal que atienda la gasolinera –dos empleados, según las previsiones– estará directamente contratado por la fundación, para la que ya trabajan seis personas.

El Ayuntamiento recibe apoyo de la Diputación de Lugo para esta iniciativa. En este caso, el ente provincial hace una aportación de 110.000 euros a través de un convenio. El regidor recalca que la fundación, sin ánimo de lucro, utiliza los ingresos que va obteniendo de sus actividades para pagar las nóminas de su personal, pero también para invertir en los nuevos proyectos. Señala que la mentalidad es práctica y que están recopilando todos los datos económicos para emplearlos en otra idea, una oficina de asesoramiento agroecológico a través de la cual intentar atraer a la iniciativa privada.

El supermercado municipal de Pol

Cerca de Ribeira de Piquín, en el municipio de Pol, hace unos meses se dio a conocer que el Ayuntamiento pasaría a ser propietario del único supermercado que queda en su territorio, ubicado en la población de Mosteiro, en donde está también el edificio del Gobierno local. El hasta entonces dueño del negocio se jubiló y no había quien le diera el relevo, así que el alcalde, Lino Rodríguez (PSOE), optó por incluir el local dentro del patrimonio municipal. El regidor no quiere concretar el plan por el momento, pero señala que espera poder aclarar la pronto cómo se va a gestionar la iniciativa: si se hará a través de una fundación, si se buscará que lo explote una franquicia o un autónomo o si se explorará otra vía.

Entre los planes del gobierno local están también recuperar la antigua marca de embutido, Monciro, para el supermercado y destinar la parte superior del edificio a viviendas sociales, según publicó el diario El Progreso. El alcalde explicó que Pol recibió fondos de la Diputación, con la que firmó un convenio, para esta operación. Son, dijo, 105.000 euros, que se suman a otros 30.000 para remodelación del inmueble, con una superficie total de 800 metros cuadrados. El precio de compra fueron 150.000 euros.

Los parques infantiles de Cuenca no son atractivos para los niños, tampoco son inclusivos y además están sucios. Un grupo de padres y madres de esta ciudad le ha dado un toque de atención público al alcalde conquense, Darío Dolz y anuncia una concentración el próximo 30 de marzo, a las 12 horas.

El grupo se hace llamar 'Parques Colgados de Cuenca'. Dicen que las zonas destinadas a niños y niñas en la ciudad “carecen de modernidad, de merenderos y de aseos” y denuncian que “existe una falta de planificación y escasa ambición”, a la hora de afrontar el estado de las áreas infantiles de la ciudad. La protesta se situará en el cruce de la calle Carretería con Sánchez Vera.

En un comunicado, argumentan que el Ayuntamiento “está desperdiciando una oportunidad única para modernizar los parques infantiles de la ciudad”, después de meses reclamando “unos parques a la altura de una capital de provincia como es Cuenca”.

“Pedimos unos espacios modernos, con elementos innovadores y llamativos a la par que inclusivos y con juegos que despierten la creatividad y el desarrollo de los niños, además de áreas de sombra para los veranos que están por venir y algún gran parque protegido de la lluvia”, reivindican desde esta agrupación.

Su reclamación pasa porque las zonas infantiles “se acompañen de instalaciones básicas como merenderos para pasar la tarde en familia y baños públicos para que los pequeños puedan atender sus necesidades de forma cómoda, y no detrás de arbustos como vienen haciendo hasta ahora”.

Parques sin atractivo y con falta de limpieza

“Poco a poco, entre todos, hemos ido normalizando esta triste realidad en una ciudad que, entre otras cosas, presume de ser 'Amiga de la Infancia', pero es necesario recordar a la ciudadanía que esto no es así en otras muchas ciudades españolas comparables a Cuenca”.

En su opinión, el Ayuntamiento plantea un modelo de parques “sin diferenciación, sin atractivo y sin soluciones reales a las necesidades que las familias demandan”.

Igualmente, cargan contra el Consistorio por la remodelación acometida en estos espacios. “La cruda realidad es que las obras apenas han comenzado y los niños y niñas de Cuenca siguen sin ver mejoras reales”.

Falta de limpieza y de mantenimiento son algunas de las críticas que añaden desde esta entidad, y que hace unos días también denunciaba el concejal del PP Agustín Segarra, en un artículo de opinión. “Se han hecho limpiezas puntuales para acallar críticas, pero sigue sin haber un plan claro y regular que garantice el buen estado de las áreas infantiles, el suelo o los areneros”.

“Por todo esto, convocamos a todas las familias y vecinos de Cuenca nuevamente a una concentración para exigir que el Ayuntamiento rectifique y deje de hacer política de parches con los espacios infantiles”, indican.

La urbanización del Campo de Golf de Sojuela lleva cuatro días sin luz en el alumbrado público. El alcalde de Sojuela, Diego Fernández, estima que puede haber unos 300 vecinos afectados, ya que la avería afecta a la mitad de la urbanización. El problema se produjo este fin de semana y el alcalde se puso en contacto el lunes con la empresa de mantenimiento, que detectó la avería en uno de los cuadros electrónicos, que, según señala Fernández, estará resuelto hoy.

Sin embargo, los concejales de Por La Rioja, han criticado que el Ayuntamiento de Sojuela “no haya ofrecido una solución ni una explicación clara sobre el problema”, además de denunciar que esta situación ha generado “inseguridad y malestar entre las familias residentes”. “No entendemos cómo pueden permitir cuatro días sin alumbrado público en nuestras calles, lo que supone un riesgo para la seguridad de los vecinos, especialmente familias con niños, personas mayores y vecinos con movilidad reducida”, han subrayado.

El Grupo Municipal de Por La Rioja en Sojuela ha denunciado “el abandono continuo de la urbanización”, recordando que carecen de transporte público, colegio y consultorio médico y tachan de “desprecio” el trato del Ayuntamiento a esta zona. “No tenemos los servicios básicos y, encima, nos dejan a oscuras”, han manifestado los concejales José Carlos Cantos y Antonio García, “Nos cobran los impuestos más altos y nos dan servicios de tercera”.

Por La Rioja ha exigido explicaciones inmediatas y ha criticado la falta de transparencia del equipo de gobierno municipal. “Llevamos meses solicitando acceso a facturas y contratos, incluido el del alumbrado público, y nos lo ocultan. Parece que al PP le gusta gobernar a oscuras, y en Sojuela es literal”, han denunciado los ediles; “nos cobran los impuestos más altos y nos dan servicios de tercera”. Así advierten que van a exigir responsabilidades y a movilizarse contra situación cambie.

La localidad turolense de Fuentes Claras se queda sin panadería. El día 1 de enero, este establecimiento cerró sus puertas tras intentar sobrevivir en uno de los 541 municipios aragoneses con menos de 500 habitantes (Aragón suma en todo su territorio 731 localidades). “Desaparecerá el primer encuentro de los más madrugadores y se perderá el evocador olor a pan y a magdalenas, que, como le sucedía a Marcel Proust, ilumina las primeras horas del día. Será otro autónomo que tira la toalla en los municipios de menos de 500 habitantes de la provincia de Teruel”, cuenta el periodista Plácido Díez en su artículo de opinión “Memorias de diciembre” publicado en este medio. 

Sin embargo, hay emprendedores que siguen luchando en otros puntos de la comunidad. Es el caso de Beatriz Sánchez, que se quedó al frente de un pequeño despacho de pan y repostería en la localidad oscense de Tardienta. “Cuando vi el cartel de que iban a cerrar me decidí a continuar con el negocio, siempre me había llamado la atención y sabía que el pan es un artículo de primera necesidad”, cuenta esta emprendedora que cumple ahora dos años con una puerta abierta justo cuando celebra su 50 cumpleaños. 

“No me jubilaré en este despacho de pan, pero me gustaría poder alargarlo todo lo posible”, confiesa Beatriz, que pidió una excedencia en la residencia de personas mayores de Tardienta, donde había trabajado siete años y medio, para comenzar su nueva andadura como emprendedora “si no me iba bien, siempre tenía un trabajo al que volver”, añade, porque cuando empiezas un negocio, hay que tener los pies en la tierra. 

Las cuentas, al igual que le sucedió a los propietarios de la panadería de Fuentes Claras, también a Beatriz le resultan difíciles de sacar: “Son los 300 euros de autónoma, más el alquiler del local, la luz, el agua, los seguros… Hay que vender mucho pan para hacer ese desembolso cada mes”. Y estas cifras se vuelven más duras cuando el negocio está ubicado en una población con menos de 500 habitantes. 

Si al despacho de pan no le salen las cuentas, el panadero también hace su magia

A Beatriz le sirven el pan los Hermanos Monesma desde Almuniente, una pequeña localidad de la comarca de Los Monegros que ronda los 500 habitantes habituales, aunque suma cerca de 570 censados. Este pueblo histórico de la zona tenía un panadero “de los de toda la vida” que dejaba la panadería, y llamó a un tractorista, joven, venido de otro pueblo, que sabía que había sido panadero para ofrecerle continuar con el negocio. Así, en el año 1969, Encarna Delgado Osuna, que por entonces tenía 16 años, y su marido, se pusieron al frente de la panadería de Almuniente. Hoy, son sus hijos, “el segundo y el cuarto, de 53 y 47 años” los que siguen el negocio familiar. Una empresa, la de ser panaderos que “nunca ha sido fácil”, confiesa Encarna, y su hijo Javier, le da la razón: “Los tiempos han cambiado, pero no para mejor, si antes repartíamos en siete u ocho sitios, ahora lo hacemos en cuatro, la llegada de las grandes cadenas de supermercados ha cambiado el sistema”. 

Los hermanos Monesma sirven una vez a la semana sus productos de panadería artesanal a localidades como Biescas, Tramacastilla de Tena, Panticosa, Escarrilla y Sallént, además de las grandes; Jaca y Sabiñánigo. Desde Los Monegros, reparten el producto de su negocio familiar principalmente en el Valle de Tena a pequeños negocios que resisten, entre temporada y temporada, intentando dar servicio a las personas que viven en sus pueblos todo el año. 

Nada de lo que no se vende se tira: “Somos el único gremio que recogemos lo que se ha quedado sin vender”, apunta entre risa y resignación el panadero. Ese pan se convierte en pan rallado o en migas, y las sirven una vez a la semana a uno de sus más conocidos clientes, el restaurante Casa Antonio en Ontinar, famoso precisamente en el mundo de la gastronomía aragonesa por sus sabrosos platos de migas.

A pesar del cambio en los hábitos de compra de la sociedad, Javier Monesma reconoce que siguen llevando sus productos a los pequeños establecimientos, pero que “el turismo y las grandes superficies han influido mucho en este cambio, los pueblos pequeños no pueden abastecer en temporada alta, y en temporada baja todo sobra; es complicado, mucho”, admite el panadero, que recuerda como antes llevaban pan y repostería con su furgoneta hasta la frontera del Portalet. 

Pan, café y papel higiénico: los maridajes de la supervivencia del rural y de sus mujeres 

Esta parte del negocio, la del reparto de pan y repostería a despechos en localidades pequeñas, se ha resentido en la última década, pero desde hace poco más de un año, los hermanos Monesma se han embarcado en la aventura de gestionar el establecimiento multiservicios de la localidad de Frula, el primero de los diez pueblos de colonización en poblarse en el año 1958. “Estamos contentos, es un municipio pequeño, pero tiene mucha vida, mucha gente joven que se ha quedado a vivir y que tienen niños”, apunta Javier. En esta tienda no solo venden pan, también tienen productos de limpieza, pasta, arroz, aceite, agua, papel higiénico, verduras y frutas, la carne llega por encargo dos días a la semana, y el pescado un día a la semana. “Abrimos de 8 de la mañana a cuatro de la tarde, y la vecindad se ha acostumbrado a este horario sin problema”, asegura el panadero. 

Una forma de mantener abierto un servicio para el pueblo, adaptado para todos los habitantes y sus diferentes circunstancias: “lo usan tanto las personas mayores que no se pueden desplazar, como la gente más joven para cualquier cosa de primera necesidad, así no tienen que coger el coche y desplazarse a Huesca”, aclara Javier Monesma. 

En el caso de Beatriz, la que intenta sobrevivir es ella misma. Aunque reconoce que la estabilidad económica era mayor cuando trabajaba en la residencia, desde que trabaja en su despacho de pan ha ganado en calidad de vida: “Durante años me perdí las actividades y la vida de mis hijos prácticamente todos los fines de semana, porque solo libraba uno al mes. Ahora cierro por las tardes todos los días y los domingos completos, y tengo tiempo para estar con mis hijos de 15 y 17 años”. 

A sus cincuenta años, Beatriz volverá a la residencia “si no queda otra”, porque a partir de los cincuenta años, un trabajo como el que se lleva a cabo en las residencias con personas mayores exige una condición física que muchas mujeres a esa edad ya no pueden realizar sin que sea perjudicial para su propia salud. Consciente de esta situación, Beatriz reconoce que prefería seguir al frente de su pequeño despacho “todos los años que sean posibles”, aunque el pan no deja mucho margen, “porque no soy la única que lo vende en el pueblo, pero tengo repostería y tartas, también vendo productos de primera necesidad, aceite, pasta, azúcar, arroz, y ser un multiservicio es lo que me va salvando”, admite la emprendedora.

Las provincias de Huesca y Zaragoza subsisten; Teruel se pone manos a la obra

En la provincia de Teruel, el 64% de los negocios no encuentran con un relevo claro y hay más de 30 municipios en los que no se registra actividad económica alguna. Son dos de las claves en las que la Diputación Provincial de Teruel (DPT) a la Cámara de Comercio e Industria de Teruel han prometido ponerse a trabajar a través de un convenio, después de conocer la situación económica y comercial en la que se encuentra la provincia, y que se refleja en el informe solicitado por el área de Desarrollo Territorial de la DPT a la Cámara. 

“Nos gustaría que los pequeños negocios que ya existen se mantuvieran y que se abrieran otros independientes, pero todo indica a que ahora los multiservicios parecen ser el futuro”, confiesa Rodrigo Villarroya, director de comercio y desarrollo territorial de la Cámara de Comercio e Industria de Teruel. Uno de los motivos del auge de este tipo de servicios combinados es que los establecimientos tradicionales suelen estar vinculados a la vivienda, y eso los hace más difíciles de traspasar, además, “no todos los emprendedores quieren asumir el riesgo de pagar un traspaso o de invertir en montar un negocio desde cero en el rural”, añade Villarroya. 

En las provincias de Huesca y Zaragoza existen 31 multiservicios en cada una de ellas. En la provincia de Teruel son 110 los multiservicios que se ofrecen en zonas rurales. En el año 2023 había diez multiservicios sin gestores, actualmente solo hay dos que busquen quién se ponga al frente de ellos; en las localidades de Rubiales y Noguera de Albarracín. “Esta misma semana se ha llevado a cabo la selección para conceder dos nuevos, uno en Torrelacarcel y otro en La Cerollera”, explica el director de comercio y desarrollo territorial de la Cámara, entidad que ayuda a gestionar estas iniciativas junto con los ayuntamientos de las localidades en las que se encuentran. 

Los multiservicios son propiedad del Ayuntamiento, los pliegos los saca cada consistorio y la persona que lo gestiona se da de alta como autónomo y asume los gastos que conlleva el negocio; por ejemplo, en Noguera de Albarracín se oferta el multiservicio por una renta de 50 euros al mes. La mayoría suelen llevar aparejada una vivienda con un alquiler, que puede ser un precio simbólico; en el multiservicio que se acaba de conceder en La Cerollera, una pareja gestionará el comercio, el bar y los alojamientos turísticos, por una mensualidad de 120 euros en la que va incluido el alquiler de su propia vivienda.  

La cuota de autónomos, como decía desde Tardienta Beatriz, es uno de los principales escollos para los nuevos emprendedores rurales. En este sentido, la Diputación de Teruel está ofreciendo ayudas para afrontar los 300 euros de cuota mensual de autónomos en los municipios de menos de 500 habitantes. “Se ofertan todos los años ayudas por valor de 1.600 euros anuales a los autónomos que gestionen un servicio, y que no haya otro igual en la misma localidad”, explica Villarroya, que recuerda que este importe se puede solicitar un año tras otro sin límites, y que es de 800 euros para profesionales que, aunque no vivan en estas localidades, les ofrezcan sus servicios de manera ambulante; peluquería, podología, fisioterapia, etcétera. Ayudas que se suman a otras de carácter local, puestas en marcha por los propios ayuntamientos, o comarcales, y que se enfocan en gastos derivados de los servicios de suministros, teléfono o internet, entre otros. 

Además del apoyo económico, la parte humana también juega un papel vital en el triunfo de las nuevas iniciativas. “La rotación en la gestión de los multiservicios es más alta de lo que nos gustaría, pero al menos se mantienen abiertos”, confiesa Villarroya. Y es que adaptarse a la vida en un pueblo no resulta fácil para los emprendedores que vienen de fuera, y aunque quien lo gestione sea del pueblo, la concienciación de toda la comunidad es fundamental para que estas iniciativas funcionen, y en ello están también trabajando en Teruel: “Queremos que la gente entienda que, si tienes un multiservicio en tu localidad, pero haces toda la compra en la cabecera de comarca, el día que ese multiservicio cierre porque no sea viable para la persona que lo gestiona, también será responsabilidad tuya no haber aportado tu granito de arena para mantenerlo abierto”, advierte Rodrigo Villarroya. 

Con el objetivo de dar respuesta a los municipios muy pequeños, “aquellos en los que no es viable abrir un establecimiento multiservicios propio” porque el número de habitantes no roza ya ni el medio centenar, están explorando copiar el modelo que se ha implantado en los municipios de la Val d'Onsella, en la comarca de Cinco Villas y que recibe el nombre de RedOnsella, aunque popularmente lo han bautizado Amazon Rural. Una plataforma de compra-venta online que incluye una aplicación, una tienda física; que se encuentra en la localidad de Urriés, y reparto semanal gratuito a los vecinos de los ocho municipios que de momento se han adherido a la iniciativa, que nace con la mirada puesta en crear una red de apoyo social y económico para municipios rurales, con una población altamente envejecida y que, además, no disponen de servicios cercanos.

A siete días de finalizar 2024, el Gobienro de La Rioja, con su presidente Gonzalo Capellán, ha inaugurado el nuevo Centro de Salud de La Villanueva, un nuevo centro cuyas obras comenzaron la pasada legisltura, en 2021. En la puesta de largo, Capellán ha destacado las amplias posibilidades de unas nuevas instalaciones “con capacidad para atender a más pacientes, que suponen un incremento de la cartera de servicios (como la unidad de salud bucodental), con un horario de atención más amplio, más confortable para usuarios y profesionales y que, además, va a dinamizar esta zona de Logroño, en el entorno del Hospital de La Rioja”.

Plantilla duplicada, horario de mañana y tarde y amplia cartera de servicios

Un total de 44 profesionales van a atender a la población adscrita a este nuevo centro, plantilla que supone prácticamente duplicar la actual del Rodríguez Paterna (23). En concreto, se pasa de 7 a 12 médicos de familia; de 1 a 2 pediatras; de 8 a 14 enfermeras; de 3 a 6 auxiliares administrativas; de 1 a 2 celadores; y de 1 a 2 trabajadores sociales; también se pasa de 1 a 2 matronas y de 1 a 2 TCAEs (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería), además de sumar una nueva unidad de salud bucodental con odontólogo e higienista dental. De las 44 plazas, 8 son de nueva creación y 13 están cubiertas por profesionales de los centros de salud de origen de la mitad de los pacientes que a partir de ahora pertenecerán a La Villanueva.

El incremento de personal va a dar respuesta al mayor número de usuarios y también a una ampliación de horario, ya que hasta el momento en el Rodríguez Paterna únicamente había atención de mañana mientras que en La Villanueva la atención será en horario de mañana y de tarde. En ese sentido, la gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza, ha destacado que “este nuevo centro nos va a permitir mejorar la calidad asistencial de todos los pacientes que están tanto en esta zona, como en otras zonas de Logroño porque vamos a reorganizar todos los centros de salud de la capital riojana mejorando el servicio sanitario de la ciudad”, ha dicho.

Respecto a la cartera de servicios, el Centro de Salud La Villanueva va a proporcionar: Medicina de Familia, Enfermería, Enfermería obstétrico-ginecológica (Matrona), Pediatría, Trabajadora Social, Vacunación, Pediatría, Cirugía Menor Ambulatoria, Atención sanitaria domiciliaria, Obtención de muestras, Electrocardiología, TAO (Tratamiento Anticoagulante Oral), Trabajadora Social, Test del aliento, MAPA (Monitorización Ambulatoria de Presión Arterial), Educación sanitaria grupal, Crioterapia, Ecografía, Espirometrías, Teledermatología y Odontología / Salud Bucodental, este último servicio de nueva creación.

Más que un mero cambio de edificio

El presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, ha recorrido las nuevas instalaciones sanitarias acompañado por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza y la arquitecta, Eva Aransay, entre otros, ha resaltado que no sólo se trata de un mero cambio de edificio, entre las singulares características del nuevo centro destacan, por ejemplo, “su alta eficiencia energética y la disponibilidad de circuitos sanitarios independientes, con zonas con salidas y entradas propias”.

El centro sanitario, con casi 5.000 metros cuadrados de superficie, empezará a atender a usuarios y pacientes de forma paulatina, en el primer trimestre de 2025, siendo los primeros los usuarios del centro al que sustituye, las adscritas hasta ahora al Rodríguez Paterna. La Villanueva será la referencia sanitaria para 19.272 logroñeses; 10.566 de ellos pertenecen al Rodríguez Paterna y, el resto, son usuarios del Gonzalo de Berceo, Joaquín Elizalde y Espartero.

Durante su visita, el presidente ha querido agradecer expresamente a los profesionales de Atención Primaria “su implicación y colaboración” en la nueva delimitación de las zonas básicas de salud de Logroño vinculada a la entrada en funcionamiento de La Villanueva, “que favorece una distribución más equilibrada de pacientes en los cupos de medicina de familia y pediatría atendidos por los profesionales en cada centro, lo que redunda en una asistencia de mayor calidad”.

Asimismo, el presidente ha concluido que “esta apertura se enmarca en el compromiso que tenemos de mejorar esa presión asistencial del sistema sanitario de La Rioja con infraestructuras. Estamos dando pasos importantes con la ampliación del Hospital Universitario San Pedro o la ampliación del Centro de Salud de Calahorra, entre otros”. 

Mejora el panorama sanitario logroñés

Por su parte, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha subrayado que “la apertura de La Villanueva es una excelente noticia tanto para la salud como para la ciudad de Logroño, en concreto para el barrio de La Villanueva”. “Este centro transforma el panorama sanitario logroñés y riojano y mejora esta zona de la ciudad por su diseño arquitectico o la funcionalidad del edificio”, ha dicho.

La determinación del cambio de centro y profesional le será comunicado a cada usuario mediante una carta de la gerencia del SERIS que le llegará a su domicilio. En ella se le informará de las ventajas de la atención en La Villanueva por las instalaciones y nuevos servicios que ofrecerá, además de recordarle una vez más el derecho que le asiste de libre elección de centro y profesional sanitario. La app y la web www.riojasalud.es serán asimismo canales para solventar dudas, así como el teléfono de Salud Responde 941298333.

Los cambios en el entorno de La Villanueva serán los más significativos dentro de la organización de la Atención Primaria en Logroño. No obstante, se va a aprovechar también para compensar la atención en otras dos zonas: Labradores y Siete Infantes, buscando un mayor equilibrio de la población de Logroño en los diferentes dispositivos. Así, la nueva delimitación de las zonas básicas de salud se ha llevado a cabo aplicando criterios de proximidad y de equilibrio poblacional intentando procurar la mayor calidad de servicio a los ciudadanos.

Un centro singular de alta eficiencia energética 

Por su parte, la arquitecta, Eva Aransay, ha detallado las peculiaridades del centro destacando que “es un edificio que está integrado, tanto por su color como por su volumen con los edificios de la zona, de este modo la piedra arenisca nos recuerda al Puente de Piedra, que es el origen de nuestra ciudad”. Asimismo, ha destacado que “a la hora de implantar el edificio en la parcela se decidió crear una pequeña plaza de acceso, que le da personalidad”, ha dicho.

El nuevo Centro de Salud La Villanueva es un edificio de alta eficiencia energética, no en vano se ha construido con estándares que se aproximan al passivhaus que buscan precisamente optimizar esa eficiencia. Así, cuenta con dos fuentes de energía renovables: la geotermia, que aprovecha la temperatura casi constante del suelo a través de los 24 pozos construidos; y una instalación fotovoltaica, situada en la cubierta, para autoconsumo del edificio. La climatización se realiza mediante suelo radiante-refrescante y ventilación atemperada, por lo que ninguna estancia recibirá aire recirculado de otras zonas. No tiene calderas ni de gas, ni de gasóleo, ni de ningún otro combustible fósil y funciona con bombas de calor que aprovechan estas fuentes de energía renovables.

En su construcción se ha tenido especial cuidado con la acústica. Por un lado, para que el edificio no produzca emisiones de ruido en su entorno y, sobre todo, se ha cuidado la protección de la intimidad de los usuarios, utilizando tabiques con el aislamiento acústico necesario y puertas de consulta acústicas, por lo que se garantizará que las consultas estén aisladas correctamente. También se ha cuidado la acústica de las salas de espera para que resulten confortables y especialmente la de la sala de educación sanitaria (o de la comunidad).

Mérito de los gobiernos socialistas de España, La Rioja y Logroño, dicen los socialistas

Los socialistas celebran la apertura de este nuevo centro de salud y esta “buena noticia para la sanidad pública en La Rioja” y a la vez recuerdan que se trata de una instalación que fue prometida en repetidas ocasiones por los gobiernos del PP “y que hoy es una realidad gracias al intenso trabajo desarrollado durante la pasada legislatura por parte de los ejecutivos del PSOE”. Así lo ha manfiestado la todavía secretaria general del PSOE de La Rioja, Concha Andreu, y así lo han comunicado el partido a través de una nota de prensa.

“Como consecuencia del desempeño de los gobiernos de Concha Andreu y Pablo Hermoso de Mendoza, las obras de este centro de salud comenzaron el 1 de diciembre de 2021 en la antigua parcela de la comisaría de la Policía Nacional, en Avenida de Viana. Ha contado con un presupuesto de más de 7,2 millones de euros, procedentes de fondos europeos FEDER”, reza la nota. Además, la diputada socialista, María Somalo, h arecordado que “para eso se utilizaron los fondos europeos en La Rioja durante la pasada legislatura, para reforzar la sanidad pública, la educación y los servicios sociales”. En este caso, “en una instalación que es la primera de España adaptada a pandemias, además del mejor ejemplo de la apuesta del Gobierno liderado por el Partido Socialista por reforzar la Atención Primaria”. Por todo ello, los socialistas riojanos concluyen que “la de este centro de salud es una muestra más de que el Gobierno de Capellán continúa viviendo instalado en la inercia del trabajo desplegado en la legislatura pasada, pero sin aportar ni un solo proyecto de futuro novedoso para esta comunidad autónoma”.

Asumir en exclusiva el barrio navarro de Erripagaña, en el que en la actualidad gobiernan cuatro alcaldes, costaría a Pamplona 3,8 millones de euros al año. Es la principal conclusión del informe realizado por área de Hacienda y Contratación Pública del Ayuntamiento de Pamplona. Los 12.500 vecinos de este barrio, que también pertenece a Burlada, Huarte y Valle de Egüés, llevan años reclamando que sea un único ayuntamiento el que les gobierne para así poder contar con servicios básicos como un centro de salud o una escuela pública, de los que ahora carecen porque ninguno de los cuatro municipios se los concede. Hace unas semanas la Cámara de Comptos, el tribunal de cuentas navarro, señaló como solución “más razonable” que el barrio pasase a pertenecer a Pamplona o Burlada, los dos municipios de mayor tamaño.

Ahora, un informe del Consistorio pamplonés, cuyo alcalde, Joseba Asiron (EH Bildu) ha mostrado su predisposición a asumir la totalidad del barrio, estima en 3,84 millones de euros los costes anuales asociados a los servicios y dotaciones que implicaría el aumento de población (hasta 15.000 personas), mientras los ingresos se situarían en 3,7 millones. La idea del Ayuntamiento es que este documento sirva para “apoyar el proceso participativo que debería definir el futuro del barrio en el horizonte de la primavera-verano de 2025”, informan desde el consistorio.

Los datos se han calculado sobre una proyección de la población actual, con 10.093 personas empadronadas, que serán 15.712 cuando finalice el desarrollo urbanístico previsto en el Plan Sectorial de Incidencia Municipal aprobado en 2004. En la actualidad, la población se encuentra en una situación de fragmentación administrativa que ha ocasionado malestar en el vecindario, principalmente por la lentitud en el desarrollo y puesta en marcha de los espacios dotacionales. 

Ingresos: ordenanzas fiscales y transferencias

Según el ejercicio teórico desarrollado en el informe, si Pamplona absorbiera la gestión de la totalidad del barrio, los ingresos corrientes (impuestos, tasas y transferencias) se incrementarían hasta los 3.735.382 euros. Este cálculo está realizado sobre las cifras de impuestos periódicos recogidos en el informe emitido el pasado 20 de septiembre por la Cámara de Comptos sobre la situación de Erripagaña. Comptos no tiene en cuenta que los tres municipios de la comarca aplican tipos impositivos y tarifas distintas en tributos como la contribución, que en Pamplona tendrá un tipo impositivo del 0,25% el próximo año. Ajustando ese dato, los ingresos por recaudación de impuestos y tasas alcanzarían 1.305.345 euros.

En cuanto a las transferencias corrientes, cambiarían las recibidas del Fondo de Participación de Haciendas Locales en los tributos forales y, específicamente, del fondo general dentro del Fondo de Transferencias Corrientes. Así, de producirse la incorporación del barrio, Pamplona recibiría, con base en los datos del informe de Comptos, 2.430.037 euros, con lo que el total de ingresos sumaría 3.735.382 euros. Eso sí, el trabajo realizado por Hacienda apunta a que, al ser un ejercicio teórico, algunas de las variables que se manejan (población, transferencias o cargas) podrían variar lo que finalmente repercutiría en una modificación de los ingresos totales.

Compromisos para impulsar las dotaciones

En el capítulo de gasto, las máximas en las que se basa el informe son, básicamente, dos: por una parte, la obligación que asumiría Pamplona de ejecutar los planes en materia de infraestructuras dotacionales que ya han impulsado otros ayuntamientos y, por otra parte, el impulso de las dotaciones que le corresponderían al barrio por estar en Pamplona (se baraja la idea de un civivox que pudiera incluir también otros servicios). Respecto al primer apartado, aún no se sabe el importe de esas planificaciones, pero se ha hecho un ejercicio de proyección sobre un polideportivo medio con un gasto de funcionamiento anual de 353.500 euros; respecto al segundo, se toma como referencia teórica el civivox de Mendillorri, con un gasto de funcionamiento anual de más de 620.000 euros.

Aún en materia de dotaciones, Pamplona asumiría también la interlocución única y directa con el Gobierno de Navarra para dinamizar la llegada de las dotaciones que corresponderían a esta administración; básicamente el Centro de Salud y la escuela 0-3 años. 

Otro de los aspectos que se abordan en el estudio se refiere al aumento de las contribuciones que el Ayuntamiento de Pamplona debería asumir por el incremento de la población respecto a las aportaciones que hace Pamplona para sostener servicios mancomunados. El mayor concepto en este apartado sería la aportación a la financiación del déficit del Transporte Urbano Comarcal. El área de Hacienda calcula que un incremento de población de aproximadamente 10.000 personas, supondría para Pamplona un incremento de la aportación a la financiación del déficit del servicio de 220.769 euros.

Zonas verdes, alumbrado, limpieza y otros servicios

La alteración de los términos municipales supone modificar los contratos de gestión de servicios públicos para asumir las nuevas necesidades derivadas del incremento de territorio, infraestructuras y población. Para calcular esos gastos, el informe municipal ha utilizado como referencia los precios actuales de las contratas públicas que prestan servicio en Pamplona, precios que habría que actualizar en función del momento en que se realice la absorción.

El mantenimiento de las zonas verdes, según la información aportada por los tres ayuntamientos comarcanos y el estado actual de conservación, costaría, aproximadamente, 273.346,95 euros, incluyendo en esta cantidad el personal, la maquinaria, equipamientos y mantenimiento. La limpieza viaria afectaría a unos 150.000 metros cuadrados, por un importe de 267.785 euros e incluiría los mismos conceptos (personal, maquinaria, etc.) Por su porte, el alumbrado público supondría 396.637 euros, incluyendo mantenimiento, consumo y migración a tecnología LED. En cuanto a la limpieza de la vía pública, el informe cuantifica en torno a 270.000 euros anuales la prestación del servicio.

El apartado de Servicios Sociales (personal, unidad de barrio y gastos de funcionamiento) supondría 453.325,96 euros, a los que se sumarían otros gastos de naturaleza social relacionados con el incremento de la población, como ayudas de emergencia, comedor social o becas comedor que no se incluyen en el estudio ya que resultan de difícil cuantificación con los datos disponibles.

Para la Policía Municipal y teniendo en cuenta la Ley Foral 23/2018 y las características del servicio prestado en Pamplona, se calcula que harían falta un máximo de 20 agentes más para dar servicio a una población de 15.000 personas, con un coste asociado de 1.204.620 euros. Esta cantidad incluye tanto el coste salarial, como el vestuario, el equipamiento y el renting de vehículos adicionales. Finalmente, el informe también incluye una estimación de gasto en servicio de acción comunitaria, con una inversión dotacional de 22.395,54 euros y un gasto de 53.005,54 euros.

La localidad riojana de Peroblasco celebrará este fin de semana la 34 edición de su Fiesta del Humo, una iniciativa, como apuntan desde la organización, “visual, colectiva, poética y siempre reivindicativa”, con peticiones como “”parar el deterioro del puente medieval, habilitar el ansiado local público, e instalar una depuradora respetuosa con el entorno.

A las 21 horas del sábado 27, “las chimeneas de las casas de esta preciosa aldea echarán humo de colores, el cielo riojano se teñirá de alegría y desde muchos puntos cercanos a nuestra aldea se verá que ésta tiene vida y que sus habitantes cuentan con necesidades básicas que las distintas administraciones tienen obligación de cubrir”.

Desde la organización de la fiesta recuerdan que “desde hace ya 40 años, los vecinos de Peroblasco, unidos a través de una asociación sin ánimo de lucro, vienen demandado servicios con los cuenta cualquier municipio”.

“Hoy tenemos agua corriente, luz eléctrica, y buena iluminación en nuestro pueblo. Se han empedrado calles y contamos con una carretera que une el pueblo con la LR-115, lo que nos permite el acceso rodado, pero este acceso se apoya en un puente medieval, deteriorado y olvidado por las administraciones. Si este puente sobre el rio Cidacos nos falta, no tendremos acceso a nuestra aldea”, apuntan.

Añaden que “tampoco tenemos un local público donde reunirnos al abrigo de las inclemencias del tiempo en invierno, no hay lugar alguno donde el pueblo pueda reunirse, dado que ni siquiera la iglesia ha quedado en pie, qué bonito sería poder cubrir el solar de la antigua iglesia y poder darle utilidad a ese espacio para sede de nuestra Asociación y como centro social, promesa incumplida ahora hace 17 años”.

De la misma manera, recalcan que “Peroblasco no dispone de depuradora, lo que desde nuestro punto de vista, está deteriorando la vida del río Cidacos”.

Más cosas que “necesitamos: dignificar nuestro minúsculo cementerio, recogida de basuras en el pueblo, señales que indiquen que no está permitido el acceso rodado dentro del pueblo, pero las tres indicadas con anterioridad son, para nosotros, imprescindibles: puente, local público y depuradora”.

Los desiertos de servicios son áreas geográficas donde la población tiene acceso limitado a servicios esenciales o estos no están disponibles. En ocasiones, son zonas con acceso limitado a alimentos saludables y asequibles, o con entornos construidos que dificultan la actividad física. Con el fin de analizar esta situación, la Universidad de Zaragoza coordinará el proyecto europeo de investigación DESERT con investigadores de España, Portugal y Turquía, para identificar, cartografiar y perfilar los desiertos alimentarios y de ejercicio físico en zonas rurales de la provincia de Teruel, en Portugal en la región del Alto Alentejo, y en Turquía en la Anatolia Central.

Finalmente, el proyecto impulsará la creación de un Observatorio Europeo de Desiertos Rurales Alimentarios y de Ejercicio Físico, que ayude a promover la equidad en salud a través del ejercicio saludable y la dieta sana en dichos espacios.

Zaragoza acoge este lunes y martes la reunión de lanzamiento del proyecto DESERT, que se desarrolla hoy en el Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA) y mañana, en la Facultad de Ciencias de la Salud, con la asistencia de representantes de las cuatro entidades socias del proyecto: Universidad de Zaragoza (España), Universidad de Évora (Portugal), Universidad Medipol de Estambul (Turquía) y el Centro de Atención Primaria de Monreal del Campo, en colaboración con investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón).

El objetivo de este proyecto es no solo identificar, cartografiar y perfilar los desiertos alimentarios y de ejercicio físico en zonas rurales, si no también definir el concepto de desierto rural de ejercicio físico, explorar estrategias para mejorar la salud y el bienestar de las personas que viven en zonas rurales, y colaborar con las comunidades, empresas y servicios para abordar las inequidades que sufren las personas que viven en áreas rurales despobladas, desatendidas y, a menudo, desfavorecidas. Los resultados de esta investigación serán publicados a través del Observatorio Europeo de Desiertos Alimentarios y de Ejercicio Físico en Zonas Rurales.

Así, en última instancia, el proyecto DESERT pretende dar visibilidad a las necesidades de las personas que viven en zonas rurales en el sur de Europa. “Esperamos que los resultados de esta colaboración ayuden a colocar las necesidades de quienes viven en desiertos de alimentación y ejercicio físico en la agenda política, atrayendo fondos, servicios e infraestructura para estas áreas y, por tanto, promoviendo la equidad en salud”, destaca la investigadora principal, Isabel Antón. Asimismo, los investigadores del proyecto DESERT desarrollarán indicadores, protocolos y guías que permitirán a otros investigadores replicar este trabajo en otras zonas rurales europeas. 

El proyecto DESERT lo integran varios socios españoles: la Universidad de Zaragoza y el Centro de Salud de Monreal del Campo como centro de realización del estudio, liderado por el médico Arturo Aliaga, investigador en el Grupo Aragonés de Investigación en Atención Primaria (GAIAP) del IIS Aragón, además del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón como centro beneficiario y asociado al centro de salud. 

Junto con Isabel Antón, el equipo de investigadores de la Universidad de Zaragoza, encabezado por Isabel Iguacel y David Navarrete, ambos profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias de la salud, liderarán este proyecto que se va a prolongar durante al menos 3 años. Durante el primer año se definirá el nuevo concepto de desierto rural de ejercicio físico, se identificarán y medirán indicadores de desiertos alimentarios y de ejercicio físico, y se mapearán estos desiertos en zonas rurales del sur de Europa. Posteriormente, a través de la investigación acción participativa, se trabajará conjuntamente con las personas que viven en estas zonas rurales, así como con empresas y servicios relevantes, para explorar sus necesidades e identificar estrategias que permitan mejorar su dieta y ejercicio. 

Los desiertos se producen cuando las instituciones y empresas encargadas de proporcionar servicios no están presentes o son inaccesibles para la población debido a cuestiones geográficas, escasez de recursos o discriminación. Vivir en estos desiertos aumenta el riesgo de enfermedades crónicas y cardiovasculares. Las zonas rurales, en particular, a menudo carecen de fondos, servicios e infraestructuras. El COVID-19 expuso algunas de las dificultades que las personas que viven en estas áreas enfrentan diariamente.

Las personas que viven en el medio rural tienen diez veces más de dificultades para acceder a un servicio que quienes residen en una ciudad. Es lo que expone el profesor y doctor en Geografía Humana por la Universidad de Zaragoza, Carlos López Escolano, en el octavo capítulo del Libro Blanco contra la Despoblación. Seguidamente, añade que de media “la población rural debe recorrer 22 kilómetros para acceder a equipamientos básicos como la escuela, un centro médico o un polideportivo”, lo que se traduce en que gastan un “10,9% más en transporte”. “Las diferencias entre los espacios urbanos y rurales de España se encuentran entre las mayores de Europa”, apunta. 

En dicho capítulo, que lleva por título ‘Infraestructuras de transporte y movilidad de la España Rural: trayectoria, situación y perspectiva’, Escolano detalla que la existencia de las vías y medios de transporte tiene un doble interés. Por un lado, considera que son un elemento “necesario para el crecimiento y mejora socioeconómica” y, por otro, que actúan como un mecanismo que “favorece la integración y disminuye el aislamiento territorial”.  

A su vez, avala que el equipamiento en red de transporte es un elemento “indispensable” para conseguir que un territorio prospere. Es por esto que se solicita “constantemente” a las administraciones la construcción de nuevas vías de conexión territorial o la mejora de las ya existentes. “La disponibilidad y acceso a las infraestructuras de transporte no es igual para el conjunto del territorio”, reconoce el doctor en Geografía. 

Uno de los motivos de este desequilibrio, según apunta Escolano, es que, durante décadas a nivel nacional, las políticas de transporte se han centrado en la construcción de una red de movilidad por tierra. Esas carreteras y líneas de ferrocarriles que se diseñaban para vertebrar España se enfocaban en conectar “ciudades y espacios económicos estratégicos”. Esto ha provocado que esas zonas rurales hayan quedado alejadas de los “grandes ejes” y en consecuencia sus habitantes tengan más difícil acceder a redes de transporte que les acerquen a servicios fundamentales. 

En cifras, como apunta Adif, se estima que España es el segundo país del mundo con la red de ferrocarril de alta velocidad más extensa, pues a finales de 2022 alcanzó los 4.000 kilómetros, que solo supera China. Respecto a las carreteras de gran capacidad -autovías y autopistas-, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) señala que España es líder en Europa con cerca de 18.000 kilómetros en 2022. Escolano recuerda que “Teruel fue la última provincia en disponer de un tramo de autovía”. 

A pesar de esos datos de récord y de que “con la entrada de España a la Unión Europea las políticas de transporte han ido atendiendo a una mayor extensión” de territorio, los espacios rurales no se benefician de estas mejoras. “Las zonas con baja densidad de población quedan alejadas de las vías de gran capacidad que dan conectividad al sistema y de las nuevas estaciones de tren de alta velocidad que reduciría drásticamente los tiempos de viaje”, explica Escolano. 

También destaca que los municipios del medio rural se encuentran con carreteras en “peor estado”, una situación que radica en mayores tiempos de viaje. No cambia cuando se habla del ferrocarril y es que estos territorios han sido los más afectados por la clausura de líneas de tren. En la década de los 80, Escolano enumera que se puso fin a “casi 1.000 kilómetros de red para servicios de pasajeros”. Ejemplo de ello fue el trazado Cantábrico-Mediterráneo que iba de Caminreal -en Teruel- a Calatayud, Soria y Burgos. 

Medidas políticas

En este epígrafe elaborado por el profesor y doctor en Geografía se incluye el informe del Parlamento Europeo que trata sobre “una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE: hacia unas zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas antes de 2040”.  El estudio destaca que “las zonas rurales sufren mayor riesgo de exclusión social”, ya que se encuentran con la necesidad de cubrir “distancias más largas y limitaciones de movilidad”. 

Algunas de las medidas políticas en las que se trabaja en competencias de transporte pasan por el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), que se tendrá que evaluar próximamente para proponer nuevos sistemas de movilidad, ya que se terminaba en 2024. 

Escolano apunta que en esta reformulación incluir orientaciones que tengan impacto en el ámbito rural será “determinante”. “La mayor parte de las infraestructuras que se contemplan en el PITVI continúan respondiendo a esa necesidad de conexión rápida entre núcleos urbanos”, manifiesta. Otro instrumento podría ser el plan de “130 medidas frente al reto demográfico”, que en estos momentos se encuentra en fase de tramitación y desde la oposición del gobierno se denuncia la tardanza en su ejecución. 

Como cierre del capítulo, Escolano concluye varios puntos en los que se podría trabajar para lograr una red de transporte más eficiente. Por ejemplo, señala la necesidad de coordinación entre las administraciones, potenciar que se creen ejes que conecten los espacios rurales con las vías de gran capacidad o que se reabran líneas de ferrocarril en desuso para articular corredores que den cobertura a núcleos rurales. 

El Libro Blanco de la Despoblación 

Este es el tema de uno de los diez capítulos que conforman el Libro Blanco contra la Despoblación, que se titula ‘Despoblación, cohesión territorial e igualdad de derechos’ y en el que ha trabajado el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC). Cuenta con cerca de 400 páginas en las que profesionales académicos y representantes institucionales, entre otras personas, estudian desde diferentes vértices la problemática de la despoblación, sus consecuencias y arroja soluciones. 

La obra está en abierto y además de este asunto de transporte e infraestructura se puede profundizar en el papel de los gobiernos locales en la lucha contra la despoblación, el “mecanismo rural de garantía” o la legislación vigente en materia de despoblación. Al final, como se indica en la parte introductoria, un 48,3% del territorio español tiene menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.