Este 2026 se cumplen veinte años del inicio de la construcción del corredor ferroviario vasco de alta velocidad, la conocida como 'Y vasca' por ser la forma en que se conectan las capitales, Bilbao, Donostia y Vitoria. A comienzos de año continuaban en obras un tramo entre Álava y Gipuzkoa, otro en Bizkaia y, sobre todo, el denominado 'nudo de Bergara', el punto que une las tres patas de la 'Y'. Está avanzada la remodelación de la estación central de Donostia, pero los accesos a Vitoria y Bilbao no han arrancado. No está garantizada la conexión hacia Francia desde la frontera de Hendaya, aunque hay obras en el enlace hasta Irún. Falta por definir si se irá a Pamplona por Vitoria o por la pequeña localidad guipuzcoana de Ezkio/Itsaso, si bien se han invertido millones en construir en la segunda una estación que quizás nunca tenga trenes. El enlace a Madrid vía Burgos avanza, pero muy lento. En marzo, el ministro Óscar Puente habló de “tres o cuatro” años para acabar las obras, que no es lo mismo que la puesta en marcha del servicio. Antes, en otra visita, señaló que el Estado había puesto 5.000 millones en el proyecto y que tenía pendientes otros 4.000. Es el noveno en el cargo desde que arrancaron las obras.

En las últimas semanas, los Gobiernos central y vasco han cerrado un acuerdo para crear un órgano bilateral que refuerce la participación de las instituciones vascas en la toma de decisiones sobre los aeropuertos. Uno de los argumentos repetidos por la parte vasca es que es necesario ya primar la conectividad aérea al carecer de servicios de AVE o de las alternativas privadas que han ido surgiendo estos años, Ouigo o Iryo. Vitoria, por ejemplo, ha rescatado ya los vuelos a Madrid o Barcelona ante la escasa eficacia de los servicios de Renfe. Aunque el accidente de Adamuz ha abierto el debate sobre la eficacia de la red de alta velocidad, en menos de dos horas es posible plantarse de Madrid a València, por ejemplo. El servicio actual más eficiente de Bilbao a Donostia dura casi tres; y Vitoria y Bilbao no tienen ruta directa y hay que buscar un enlace en Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos.

En 1987, un joven Abel Caballero, el ahora alcalde de Vigo, era ministro de Transportes. Entonces se planificó el AVE Madrid-Sevilla. En Euskadi, el Gobierno vasco aprobó ese año el proyecto del metro de Bilbao y se esbozó un plan para crear una nueva red ferroviaria vasca de alta velocidad. El AVE a Sevilla lleva circulando desde la Expo de 1992 y el metro de Bilbao se inauguró en 1995.

La primera piedra de la 'Y vasca' es de 2006. Se colocó a las afueras de Vitoria, en Arrazua-Ubarrundia. Hace años que hay allí, sin uso, un gran viaducto sin continuidad hacia la ciudad. Es más, ahora ha habido que replanificar el acceso porque el plan inicial era que la estación estuviera en el norte, en Lakua. Finalmente, se mantendrá la estación central histórica, en el sur, para lo que hay que trazar una gran curva, el conocido como 'nudo de Arkaute', que tiene que salvar un espacio protegido, Salburua.

La obra es una infraestructura del Estado. Pero las obras se han repartido. La parte de Gipuzkoa la ha construido el Gobierno vasco mediante una figura llamada “encomienda de gestión”. Es la que más rápido ha ido. La pata de la 'Y vasca' desde Bergara hasta Donostia está hecha, salvo los remates pendientes de la estación. A 31 de diciembre de 2025 se habían destinado 2.029,76 millones. El presupuesto inicial fue de 1.902,7 y las adjudicaciones de 1.744,82. Los sobrecostes se han debido, además de a incrementos de las obras, a que el IVA ha experimentado subidas en dos décadas (solo eso ha supuesto más de 32 millones) o incluso a que la normativa ha dejado obsoletas obras ni siquiera estrenadas. Es el caso de las salidas de emergencia de los túneles, que han tenido que ser adaptadas. El proyecto no ha estado exento de sospechas de corrupción.

En el tramo que construye directamente Adif (el operador ferroviario estatal), a 31 de diciembre estaba sin finalizar un pequeño tramo desde Legutio, al norte de Álava, hasta el 'nudo de Bergara', otro desde Elorrio hasta esa conexión y, desde luego, ese punto central determinante para el funcionamiento de la infraestructura. En 2025 se aludía a adjudicaciones que rondaban los 383 millones para completar ese 'nudo'. Según Adif, “son 21 kilómetros de obra titánica en los que se entrelazan los ramales [...] formando un auténtico laberinto bajo tierra”.

Fuentes del Gobierno central destacan que las obras están ya en una nueva fase, la de instalar la denominada superestructura, es decir, vías, catenaria, sistemas de seguridad y el resto de elementos que van sobre las plataformas en túneles y viaductos. En octubre de 2025, Adif anunció una inversión de 86,5 millones para la catenaria de toda la 'Y vasca'. “La actuación supone instalar, tendido longitudinalmente sobre las vías, el cableado de alta tensión del que los trenes tomarán energía para circular en toda la línea”, se indicó. Y hace solamente unos días se ha cerrado otra adjudicación de 18 millones para una base en Martutene, en Donostia, desde donde gestionar la instalación de vías en el ramal guipuzcoano. Después tendrán que venir nuevos contratos para hacer lo propio en Álava y en Bizkaia.

En una tercera fase, se realizarían pruebas antes de la entrada en servicio. En otras líneas han durado años. La fecha ofrecida inicialmente, la de 2010, queda ya muy lejos. Igualmente olvidadas están las promesas de 2014, 2023, 2024, 2026 y, salvo milagro, la de 2027. En 2019 se llegaron a presentar las frecuencias y los precios de los billetes, de unos 8 euros entre capitales.

Salvo el comentario de Puente en Vitoria, los diferentes responsables institucionales son ya ahora mucho más prudentes en sus pronósticos. Desde 2006 se han inaugurado en España líneas de AVE a Córdoba, Tarragona, Lleida, Segovia, Málaga, Barcelona, Cuenca, Albacete, València, Ourense, Santiago de Compostela, A Coruña, Girona, Alicante, Vigo, Pontevedra, Palencia, León, Zamora, Castellón, Granada, Elche, Valladolid, Burgos o Asturias, entre otras.

Los accesos y conexiones

Accesos y conexiones son las grandes carpetas pendientes en la planificación. En Donostia las obras de la estación avanzan. Son también las más sencillas, ya que es una actualización de la antigua instalación. “Además, se está avanzando también en el despliegue del tercer carril en el tramo Astigarraga-Irún (19 km), para adaptarlo a circulaciones de ancho ibérico y ancho estándar hasta la frontera, mientras se lleva a cabo la transformación y ampliación de la estación de Irún, que ya ha culminado la primera fase de las obras, con la puesta en servicio de parte de las instalaciones”, agrega Adif. Las circulaciones de gran velocidad se realizan en vías de ancho internacional, frente al ancho ibérico de los trenes de Renfe y la vía estrecha de los servicios de Euskotren o de los de la antigua FEVE, actualmente también bajo la marca Renfe.

En Irún se produciría el enganche con la red del TGV francés. Los trenes de ese tipo llevan años llegando a Hendaya, pero no en alta velocidad, que se acaba en Burdeos dentro del viaje desde París. Los planes para seguir a Dax están congelados. El lehendakari, Imanol Pradales, lleva meses clamando a las autoridades francesas -carta incluida al presidente Emmanuel Macron- para que reactiven la continuidad de la 'Y vasca'. En principio, es una ruta prioritaria para la Unión Europea para garantizar la conexión Lisboa-Madrid-Vitoria-París. Encuestas recientes apuntan a apoyos cercanos al 90% entre los residentes en el sudoeste francés a esta conexión ferroviaria hasta Irún.

Desde Vitoria partiría la ruta hasta Madrid. Ahora, entre Burgos y la capital de España ya es en alta velocidad, pasando por Valladolid. Expone Adif que “están en marcha cuatro de los ocho tramos de la [línea de alta velocidad de] Burgos-Vitoria, que conectará el País Vasco al resto de la red de alta velocidad, mientras se ultima la redacción y licitación de los cuatro restantes”. En todo caso, son avances de fechas muy recientes.

El gran debate es cómo llegar a Pamplona y, desde allí, hasta Barcelona. ¿Por Vitoria o por Ezkio/Itsaso? El asunto divide no ya a los territorios, sino a los propios partidos en función del lugar en que se pronuncien sobre el asunto. Los hechos muestran que la idea original era hacer la unión navarra por Gipuzkoa. Por eso hay una estación ya construida en la minúscula Ezkio/Itsaso, una de las pocas zonas a cielo abierto. Después, se presentó una alternativa entre Vitoria y Pamplona, con mucho menos coste por no tener que tunelar la sierra de Aralar. Además, la solución guipuzcoana obligaría a maniobrar con los trenes para que puedan cambiar el sentido de la marcha en algunos trayectos. Se puede leer aquí más sobre ambas opciones. Por el momento, se trabaja en nuevos estudios sobre Aralar antes de anunciar una decisión definitiva, aunque varios documentos oficiales ya han explicitado que será por Vitoria. Tampoco hay plazos muy claros para hacerlo público.

En cuanto a los accesos de Vitoria y Bilbao, los primeros están más avanzados. El Gobierno vasco ha recibido la encomienda de gestión para hacer el 'nudo de Arkaute'. Se presentó en 2025, con una inversión próxima a los 180 millones de euros. 146,33 corresponden a la infraestructura, la parte que adelantará ETS (el equivalente autonómico a Adif), y 34,67 a la superestructura. Son 10,7 kilómetros.

Sea como fuere, en ambas ciudades se ha ofrecido una solución provisional para la llegada de los primeros servicios con el ánimo de acelerar la inauguración. En el verano de 2025, se indicó que la entrada soterrada en Vitoria quedaría para un momento posterior y que se reconvertirá la actual estación con un nuevo vestíbulo inferior bajo los andenes en superficie, que serán adaptados. Unos años antes, a falta incluso de saber qué opinan instituciones como la Diputación de las obras de llegada de los trenes al centro de Bilbao, ya se dijo que los primeros convoyes se quedarán en Basauri y que será necesario completar la ruta en Cercanías. En la primavera de 2025 se aludía a una cifra cercana a los 800 millones para acometer la gran transformación urbanística que precisaría Bilbao, donde se liberarían 130.000 metros cuadrados para viviendas y equipamientos.

Además de la lentitud de las obras, dos décadas han dado para otros muchos problemas. En una primera fase, ETA -inactiva desde 2011 y desaparecida en 2018- se opuso al proyecto con atentados. El punto más crítico de la ofensiva terrorista fue el asesinato del empresario Inaxio Uria en diciembre de 2008. Altuna y Uria es una de las contratistas de la 'Y vasca'.

Murciélagos, ranitas y aguas

Las obras, asimismo, han generado afecciones ambientales. Hace menos de un mes, trascendió que la Agencia Vasca del Agua (URA) ha incoado cuatro expedientes a una constructora de un ramal del 'nudo de Bergara'. Se han secado manantiales. “El entorno del nudo de Bergara ha requerido medidas de protección ambiental y de conservación del medio natural, que generan paradas biológicas por presencia de murciélagos, milano real, alimoche y visón europeo. También ha sido preciso tomar medidas especiales para la conservación de los cauces fluviales”, expone Adif. Los accesos a Vitoria tendrán que cuidar también de la ranita ágil de Salburua.

Andrés Illana, de Ekologistak Martxan, asegura que aunque sea “el proceso de nunca acabar”, la “espada de Damocles” del nuevo corredor ferroviario sigue ahí y con un efecto “demoledor” en el plano ambiental. Cita el ejemplo de Rivabellosa, al sur de Álava, donde se unirá la línea nueva con Miranda de Ebro camino de Burgos y que se suma al nudo ferroviario convencional y al de carreteras y a grandes parques solares. O la posibilidad de que entre Vitoria y Pamplona haya “una línea paralela a la que ya existe”. “Eso es bestial para el territorio”, sostiene. “Toda la 'Y vasca', en general, tiene un impacto terrible, por muchos viaductos que hagan [para no ir en superficie]. Siempre lo hemos cuestionado y apostado por mejorar el ferrocarril convencional, que tiene muchas carencias”, argumenta.

La orografía vasca, en efecto, ha obligado a diseñar un trayecto en el que priman túneles y viaductos. Es esencial controlar la pendiente para que puedan alcanzarse velocidades comerciales altas. “En total, 180 kilómetros de vía, más de la mitad bajo tierra con 80 túneles y el resto elevado en 71 viaductos que cruzan valles y ríos. Solo entre Vitoria y Bilbao hay 44 viaductos y 23 túneles, el más largo de casi 5.000 metros. El viaducto más extenso de toda la línea mide 1.755 metros, como 17 estadios de San Mamés en fila. Se apoya en 26 pilas, una de ellas con forma de ”V“ invertida, y la más alta roza los 85 metros, lo que equivale a un edificio de 23 plantas, como las dos torres más altas de Bilbao”, publicitada un pódcast de Adif hace unos meses.

Otro mensaje: “El tráfico de mercancías se verá enormemente potenciado, en eficiencia, sostenibilidad y tecnología, por la primera plataforma multimodal de España, situada en Jundiz, Álava, conectada en ancho estándar con el corredor atlántico europeo, fortaleciendo así la infraestructura logística de nuestro país”. El pódcast se cerraba así: “El futuro ya se vislumbra. La 'Y vasca' marcará un antes y un después en la movilidad del país”.

El detenido por el homicidio de su pareja en Basauri tenía una orden de alejamiento de la mujer y era un “maltratador”, según ha asgurado el padre de la víctima tras participar en la concentración convocada este sábado por el Ayuntamiento vizcaíno para condenar este crimen, que ha sido secundada por más de un centenar de vecinos.

La Ertzaintza detuvo este pasado viernes en Bilbao a un hombre, de 45 años, por su presunta implicación en la muerte violenta de su pareja, de 44 años, ocurrida el pasado miércoles en Basauri. La mujer sufrió una supuesta indisposición, pero el análisis forense realizado en las horas posteriores para esclarecer las causas del fallecimiento llevó a determinar que podía tratarse de una muerte violenta.

Tras conocer estos hechos, el Ayuntamiento de Basauri mostró su condena por este homicidio “machista” y convocó para este sábado una concentración de repulsa. En la protesta, desarrollada en la plaza del 25N de la localidad, han participado el padre y la hija de la víctima, así como su exmarido, tras una pancarta con el lema “No a la violencia machista. Basauri contra el machismo”, acompañados por más de un centenar de personas, informa Europa Press.

Junto a los vecinos de Basauri, familiares de la víctima y asociaciones de mujeres que han querido mostrar su repulsa ante el “homicidio machista”, han estado también representantes institucionales, entre ellos el alcalde, Asier Iragorri, junto a miembros de todos los partidos de la corporación municipal, la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, el diputado foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales de Bizkaia, Ager Izagirre, y la directora y secretaria general de Emakunde, Miren Elezgarreta y Noemí Ostolaza, respectivamente.

Al término de la concentración, que se ha desarrollado en silencio y ha terminado con aplausos por parte de los participantes, el padre de la víctima ha dicho que todavía están “sin saber absolutamente nada”. “No sabemos si ha sido violencia de género o por muerte natural, tenemos que esperar a que la Ertzaintza haga su trabajo, confiar en ellos y ya está, hasta ahora todo queda en presunto”, ha indicado. No obstante, ha confirmado que el detenido tenía una orden de alejamiento contra su hija y, preguntado por los medios de comunicación si era un maltratador, ha respondido que sí, que “tenía pruebas” y que “meses anteriores habían tenido una discusión”.

La directora de Emakunde, Elgarresta, ha expresado la “condena contundente y firme” por “el asesinato de una mujer en Basauri” y ha trasladado “todo el apoyo y la solidaridad a la familia de las personas allegadas a la víctima”, a quienes ha ofrecido los recursos y servicios de las instituciones. Elgarresta ha advertido de que no se puede “normalizar la violencia machista en la sociedad”. Y ha añadido: “No podemos permitir que se extiendan mensajes sobre actitudes machistas y que niegan la violencia machista o que, de alguna manera, sean contrarias a los avances de las políticas de igualdad”.

En relación a la investigación del presunto homicidio, ha dicho que no tienen “conclusiones definitivas a día de hoy, más allá de la información que ha dado traslado la Ertzaintza” y ha señalado que la investigación “está abierta”. Por su parte, el alcalde de Basauri, Asier Iragorri, ha trasladado el “apoyo incondicional” del Ayuntamiento a la familia y a su entorno más cercano y ha recordado que todos los recursos que tiene el consistorio están a su disposición para lo que necesiten. Además, ha pedido que “la ley caiga con toda contundencia y peso en los asesinos o maltratadores”. Iragorri ha confirmado que, en este caso, había un seguimiento por parte de la Policía.

Por su parte, el diputado de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre, ha trasladado su cariño y condolencias hacia la familia y personas allegadas de la víctima y ha puesto a su disposición todos los medios de acompañamiento y apoyo que tiene la Diputación vizcaína para “estos desgraciados casos, que son la muestra más cruel de la desigualdad”. “No vale con decir no soy machista. Hay que implicarse cada día en cada una de las expresiones de desigualdad que se puedan dar en nuestro entorno, sea laboral, familiar o social, y ya sean explícitas o implícitas”, ha emplazado.

Horas después, el Juzgado de Guardia de Bilbao ha decretado la libertad provisional del hombre detenido este viernes por su presunta implicación en la muerte de su pareja en Basauri, con la obligación de comparecer todos los días ante la plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao que es el que va a instruir este caso y a continuar con las diligencias pertinentes.

La Ertzaintza ha informado del arresto, este viernes, de un hombre de 45 años por el ser el presunto responsable de un nuevo asesinato machista ocurrido el miércoles en Basauri, una localidad próxima a Bilbao. Sostiene la Policía que, indiciariamente, “el presunto homicidio estaría enmarcado en el ámbito de la violencia de género”.

“El fallecimiento de la víctima, una mujer de 44 años de nacionalidad española, se produjo el miércoles por la mañana, en una vivienda de Basauri, tras sufrir ésta una supuesta indisposición y resultar infructuosos todos los intentos por salvar su vida realizados por la dotación sanitaria desplazada al lugar. El correspondiente análisis forense realizado en las horas posteriores para esclarecer las causas del fallecimiento llevó a determinar que pudiera tratarse de una muerte violenta”, informa la Policía.

“Ante esta situación y como resultado de la investigación llevada a cabo por la Ertzaintza en relación al suceso, durante la mañana de hoy, viernes, se ha procedido a la detención de su pareja, un hombre de 45 años de nacionalidad española, acusado de un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género”, abunda la información oficial facilitada por la Ertzaintza. El detenido tenía antecedentes previos por violencia de género, si bien desde el Departamento de Seguridad no se ha confirmado si se trataba de episodios en los que estuviera involucrada la mujer fallecida.

En Euskadi, existe el teléfono SATEVI, el 900 840 111, como atención a víctimas de violencia machista. Es un servicio de atención, por vía telefónica o telemática, que ofrece información y orientación y funciona las 24 horas al día y los 365 días al año. Es un servicio confidencial, al que se puede llamar de forma anónima. En caso de emergencias, la referencia es el 112.

Reacciones de condena

El alcalde de Basauri, Asier Iragorri, ha mostrado su más enérgica condena y repulsa por el presunto homicidio machista y ha pedido actuar “con determinación desde todos los ámbitos para erradicar” la violencia machista, informa Europa Press. Iragorri ha dicho que es “insostenible y muy preocupante que, día tras día, haya noticias de agresiones o asesinatos machistas” y ha advertido que no se puede “normalizar esta violencia”. Se ha convocado una concentración de repulsa.

Emakunde y la Diputación de Bizkaia también han emitido notas de condena. En un comunicado, la Diputación ha reiterado su apuesta por “erradicar cualquier forma de desigualdad y de violencia contra las mujeres” y ha señalado la necesidad de “combatir los abusos del machismo en todos los ámbitos, desde el privado hasta el público, porque la vida, la libertad y la dignidad de las mujeres no son negociables”. Tras este crimen de Basauri, “son ya 39 mujeres las que han sido asesinadas en Bizkaia desde el año 2004 como consecuencia de la violencia machista, una violencia estructural que exige una respuesta firme y sostenida desde todas las instituciones y el conjunto de la sociedad”.

Ekain Perrino, el joven de Basauri que en junio de 2021 sufrió una agresión homófoba, valora que en la sentencia conocida este miércoles que condena a pena de prisión de hasta dos años y a multas a los once acusados de agredirle física y verbalmente por su orientación sexual se haya considerado el delito de odio, pero cree la condena “absolutamente insuficiente” y “esperaba más”.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a dos años de cárcel a diez acusados y a otro a un año y dos meses por la agresión homófoba física y verbal “en manada” a este joven de Basauri el 6 de junio de 2021. Les impone estas penas por un delito de odio que cometieron con un “atentado furibundo” en una especie de “jauría” que golpeaba a la víctima “brutalmente” al grito de “maricón”, informa Europa Press. Además de la condena de prisión, les impone multas que suman los 1.710 euros, prohibición de comunicación y aproximación a la víctima, y deberán indemnizarle de forma conjunta y solidaria con 6.000 euros por daño moral y otros 350 euros en concepto de responsabilidad civil.

En declaraciones a EiTB, recogidas por Europa Press, el joven ha dicho que esperaba “una condena justa, no como la que ha habido”, que es “insuficiente, de risa” porque “dos años de cárcel es como no pedir nada porque no van a entrar”. “A esa gente nadie les denuncia y, al final, se van a librar”, ha lamentado, para asegurar que lo que menos le interesaba es el dinero. “Lo que queríamos era que saliesen todos condenados y eso lo hemos conseguido, pero la indemnización es un poco de risa porque con esa indemnización mis padres no tienen para pagar lo que se han gastado en mí en estos años y lo que queda”, ha afirmado.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a penas de dos años de prisión y multas de hasta 2.700 euros a diez de los once acusados de la agresión homófoba en Basauri en 2021 a Ekain Perrino. En el caso de uno de ellos, la pena de cárcel es de 14 meses y 1.710 euros de multa al apreciarse en él la atenuante de anomalía psíquica por una discapacidad intelectual leve. Además, a todos ellos se les impone prohibiciones de comunicación y aproximación a la víctima y deberán indemnizarle de forma conjunta y solidaria con 6.000 euros por daño moral y otros 350 euros en concepto de responsabilidad civil. No obstante, en España, una condena de dos años o menos permite generalmente evitar la cárcel sin antecedentes penales, aunque la suspensión no es automática y queda sujeta a la decisión del juez.

Tras el juicio, celebrado a principios de marzo, el tribunal estima probado que el joven fue objeto de un ataque físico y verbal, “en manada”, con una “indudable significación homófoba y discriminatoria”, que no provino de un “mero acaloramiento” sino que tuvo un “claro ánimo de exclusión” por razón “únicamente de su orientación sexual”.

“Estaba en un parque con mi pareja y amigos sobre las dos de la madrugada y uno de los agresores se dirigió a mí diciéndome que me fuera del lugar, que le iba a contagiar y que le doy asco. Le contesté que si le molestaba mi presencia se fuera él. Al poco rato me agredieron por la espalda, me tiraron al suelo y se me echaron todos encima. Me quedé inconsciente y seguían pegándome al grito de 'puto maricón' y 'esto te pasa por maricón de mierda', me protegí como pude”, sostuvo la víctima, Ekain Perrino durante su declaración.

Según detalló el joven, que en el momento de los hechos tenía 23 años, tras lo ocurrido ha padecido además de la violencia física, secuelas psicológicas como ansiedad y depresión. “He estado varias veces en centros psiquiátricos, voy a la psicóloga todas las semanas y sigo en tratamiento. Sigo sintiendo temor al encontrarme con estas personas por el pueblo. Aunque hayan pasado cinco años todavía me afecta anímicamente lo ocurrido”, aseguró, mientras que las defensas de los acusados se limitaron a argumentar que “decir maricón no es delito de odio”.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 6 de junio de 2021 en un parque de Basauri. Según se recoge en la resolución, la víctima fue conminado a marcharse del lugar por los acusados porque “les iba a contagiar y les daba asco” y ante su negativa, el grupo le rodeó y, “actuando de forma conjunta y guiados con el ánimo de atentar contra la integridad física ajena”, le propinaron patadas y golpes por todo el cuerpo, al tiempo que, con “evidente ánimo de menospreciar, humillar y menoscabar su integridad moral y su dignidad por razón de su orientación sexual”, proferían expresiones de “maricón”, “esto te pasa por ser un maricón de mierda” y “sarasa”, entre otras.

El joven sufrió varias lesiones que necesitaron para su sanación una sola asistencia médica; así como un trastorno adaptativo ansioso reactivo con síntomas postraumáticos asociados por el que precisó de un tratamiento médico especializado. El tribunal concluye que ha existido prueba de cargo suficiente para condenar a los once acusados con base en la declaración de la víctima, a la que otorga “credibilidad y verosimilitud”, y a las corroboraciones periféricas que han existido de su relato, entre ellas las declaraciones de testigos de los hechos que coinciden en lo esencial entre sí y con el testimonio de este.

Además, los magistrados recuerdan que la víctima reconoció a todos los encausados en el plenario “sin ninguna duda como el grupo de personas que llevó a cabo” la agresión en su contra y precisan que las “alegaciones, excusas o coartadas” de los acusados son “bastante” inverosímiles y huérfanas de “todo atisbo de credibilidad”.

El tribunal afirma que los insultos empleados antes y durante la agresión física son de una “indudable significación homófoba y discriminatoria” y “responden al discurso del odio según el cual determinadas personas o colectivos no merecen consideración o respeto”. Añade que su intensidad y reiteración no permite concluir que esos insultos derivasen de un “mero acaloramiento” sino que tuvo un “claro ánimo de exclusión (…) por razón únicamente de su orientación sexual”. La víctima “vio gravemente menoscababa su integridad moral, su dignidad, viéndose obligado a vivir una experiencia de suma humillación, vejación, descrédito y menosprecio por la sola razón de su orientación sexual absolutamente intolerable y enmarcable en el resultado exigido por el delito de odio”.

En este sentido, la Audiencia vizcaína recuerda que en los delitos de odio el sujeto activo ha de actuar con conocimiento y voluntad de cometer el hecho típico (dolo) pero solo es responsable penalmente si la conducta se realiza por un motivo de exclusión o discriminación contra determinado grupo o alguno de sus integrantes (motivación), como estima que sucede en este caso.

El tribunal reconoce que la “levedad” de la agresión se debió al “rápido fin del ataque colectivo, que no duró más que unos minutos ante la inmediata intervención de multitud de personas que se encontraban en el lugar y que impidieron sin lugar a duda un resultado lesivo de mayor gravedad”. Al mismo tiempo estima acreditado que el trastorno adaptativo ansioso sufrido por la víctima fue una consecuencia directa de ese “furibundo atentado” homófobo sufrido “en manada”, en “un espacio público, en presencia de una gran cantidad de personas y de forma absolutamente inesperada”, un hecho que justifica además su reparación moral.

En relación con la coautoría, el tribunal concluye que todos son responsables de los delitos imputados en concepto de autor porque “todos golpearon, todos profirieron expresiones homófobas convirtiéndose, dado su número, en una suerte de ‘jauría’ que golpeaba con brutalidad a la víctima al grito de ‘maricón’, ‘esto te pasa por maricón’” y mantiene que concurre la agravante de abuso de superioridad en la ejecución del delito leve de lesiones y no en el delito de odio al ser inherente a su comisión.

La Audiencia vizcaína rechaza, sin embargo, que se pueda apreciar alevosía en la agresión y también las circunstancias eximentes o atenuantes solicitadas por las defensas de legítima defensa, reparación del daño causado y dilaciones indebidas. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El propietario de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) F.J.G.Á. ha renunciado a su derecho a la última palabra durante el juicio que se ha celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Bizkaia. El responsable de la empresa vizcaína, y su hija, P.G., están acusados de delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores al mantener presuntamente, a personas extranjeras en situación irregular trabajando sin contrato, por lo que se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel. A lo largo de todo el juicio F.J.G.A. se ha mantenido en silencio. Su hija, por su parte, sí que ha hecho uso de la última palabra para denunciar el “sufrimiento” al que se han enfrentado. “He tenido que medicarme y no porque piense que nos han pillado ni mucho menos, sino porque han ido contra mi familia y han intentado hacernos daño de todas las maneras posibles. La última que han tenido ha sido involucrarme a mí en todo esto. Espero que se haga justicia por el sufrimiento que yo sí que he vivido”, ha declarado en la segunda y última sesión del juicio celebrada este miércoles y a la que han asistido cerca de 40 trabajadores con camisetas de La Gilda del Norte que han criticado en los pasillos a sus excompañeras denunciantes como muestra de apoyo a sus jefes.

Durante la segunda y última sesión han testificado cinco agentes de la Policía Nacional y tres subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social que participaron en las inspecciones a la empresa realizadas primero la mañana del 1 de diciembre de 2020 y, después, la noche del 7 de mayo de 2021. Fueron dos inspecciones simultáneas a las dos instalaciones en las que opera la empresa, un pabellón en Basauri y un invernadero en Lezama. En estas inspecciones han constatado que entre los trabajadores que encontraron había “algunos” en situación irregular, pero no han sabido determinar de cuántos se trataba. El primer policía nacional en declarar, ha confesado que en la primera inspección realizada hallaron a 10 trabajadores sin permiso de trabajo, por su parte, un compañero suyo considera que fueron cuatro los que se encontraban en situación irregular. Ninguno de los testigos ha sabido confirmar cuántas personas en total se encontraron durante las inspecciones sin permiso de trabajo, pese a las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular.

Una de las subinspectoras laborales de Empleo y Seguridad Social, presente en las dos inspecciones, ha reconocido que en la segunda inspección, realizada el 7 de mayo de 2021 por la noche tras un aviso a la Policía Nacional que sostenía que los trabajadores irregulares pasaron al horario nocturno para así “evitar ser vistos en las inspecciones laborales”, el propietario aseguró a los agentes de la Policía Nacional y a los inspectores que se encontraba solo en el pabellón de Basauri. “El titular del establecimiento abrió la puerta y nos dijo que estaba solo, pero encontramos a distintos trabajadores extranjeros escondidos en las instalaciones sin contar con la oportuna documentación de trabajo. Aunque una primera revisión constató que se encontraba solo, tras una inspección más a fondo descubrimos que en los almacenes, en el montacargas y en distintos lugares se encontró a trabajadores escondidos. A preguntas de los funcionarios actuantes, los trabajadores manifestaron que estaban escondidos por orden del empresario”, ha detallado la subinspectora, que ha indicado que en la inspección encontraron “sobres con dinero” para proceder al pago de los trabajadores, además de documentación sobre los horarios y nóminas.

A lo largo del juicio también han testificado una decena de trabajadoras que han coincidido en su mayoría en que trabajaban “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Además de que, si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”.

A pesar de ello, desde Fiscalía, que confirma “la contratación reiterada e ilegal de personas en situación irregular, al menos desde 2018 a 2021” no percibe “explotación laboral”. “En un caso como el presente no concurre en ningún caso una situación de abuso, superioridad, engaño o situación de necesidad de los trabajadores en las concretas circunstancias de este caso sin perjuicio de que el trabajo de estos trabajadores no sea el trabajo de los sueños de nadie, ya que cobran una cantidad de dinero francamente escasa, pero esto en ningún caso supone la imposición de condiciones abusivas de semiesclavitud como se ha escuchado en esta sala. Nadie ha resultado amenazado para desempeñar este trabajo. A nadie se le ha engañado para realizar este trabajo, y, por tanto, entendemos que en ningún caso resultan acreditados ninguno de los preceptos penales”, ha justificado la fiscal, que se mantiene en una condena de 12 meses de cárcel para el propietario de la empresa y exime a su hija, al entender que “no puede ser autora de ninguno de los delitos porque no tiene la condición de empresaria”, pese a que la acusación particular ha presentado como prueba “pantallazos” de artículos en prensa en los que la acusada se define como CEO de La Gilda del Norte, algo que aparece también en sus redes sociales y las demandantes y testigos han asegurado que ella “también daba órdenes” en la empresa.

La acusación particular, que exige para los dos propietarios penas que podrían sumar los seis años de cárcel por delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores, además de una indemnización de 7.500 euros “por daños morales”, ha solicitado incluir una medida subsidiaria de 18 meses de prisión para el propietario y 89 días de prisión para su hija. Esto implica solicitar a la jueza una pretensión principal y, para el caso de que esta no sea estimada, proponer una alternativa secundaria (subsidiaria) para garantizar la protección de los intereses de la parte demandante.

“La empresa ha utilizado a los trabajadores en situación irregular de forma continuada durante un periodo de 3 a 4 años desde 2017 hasta el mes de actuación de la Inspección de Trabajo en mayo de 2021. Todo esto está sustentado en las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente en las últimas dos, sino en más, que constataron en sus diferentes intervenciones que había trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo y a través de la actuación de la Policía Nacional y lo reflejado también en sus atestados, así como en las declaraciones tanto de los agentes como de los inspectores de trabajo, se han acreditado hasta 14 trabajadores en situación irregular”, ha señalado la abogada de la acusación particular.

La defensa ha tratado de argumentar que la contratación del personal en situación irregular se trataba de algo “esporádico y puntual” debido a la “dificultad de poder encontrar” a trabajadores en el sector. Sin embargo, la acusación particular ha defendido que más que algo puntual, se trataba de una estructura empresarial. “Era una estructura empresarial basada en las mismas condiciones de 800 euros al mes con extras puntuales por las tardes y los sábados. Está probado que estas personas no estaban allí trabajando de forma esporádica, sino que estuvieron años. Es decir, esto formaba parte de la estructura y del plan de negocios de la empresa y afectaba a su cuenta de resultados de forma relevante. Por lo tanto, existe una lesión también a las arcas públicas. El modelo de negocio del grupo empresarial, del que son titulares tanto el propietario como su hija, se basaba en ese beneficio extra que les proporcionaba la ausencia de contratos legales y el ahorro que le supone a una empresa tantos trabajadores sin pagar a la Seguridad Social y esas condiciones mínimas que suponen un beneficio directo, así como también afecta a la competencia en el mercado. Se presume elevadísimo también el beneficio que le aportó a esta empresa en la pandemia el hecho de contar con este tipo de trabajadores sin pago de Seguridad Social y que trabajaron incluso en ERTE por lo que la empresa se beneficiaba también de las ayudas que venían establecidas por el ERTE”, ha defendido la abogada.

Por último, la defensa de los acusados ha pedido la absolución de ambos al entender que ya han sido sancionados previamente por esta causa, debido a que la Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso y que fueron admitidas por el propietario. No obstante, desde la acusación particular lamentan que el dinero de la sanción en ningún caso recayó en las demandantes, que “fueron despedidas tras trabajar durante años sin contrato y, por tanto, sin cotización a la Seguridad Social”.

Los once acusados por una agresión homófoba el pasado 2021 en Basauri que desde este lunes se han sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Bizkaia han negado este miércoles, en la última sesión del juicio, que golpearan a la víctima, que en el momento de los hechos tenía 23 años y tras lo ocurrido ha padecido además de la violencia física, secuelas psicológicas como ansiedad y depresión, y que el motivo de dicha agresión fuera su orientación sexual. Durante su declaración, todos ellos -salvo uno que se ha acogido a su derecho a no declarar- han respondido solo a preguntas de su abogado y dos han confesado que se “enzarzaron” en una pelea, pero en cualquier caso provocada por la víctima, que se encontraba “muy nervioso”. También han negado los insultos que tanto la víctima como los testigos afirman que escucharon, tales como “eso te pasa por maricón de mierda”, “sarasa”, o “puto maricón”, entre otros. A preguntas de su abogado todos ellos han negado ser homófobos, argumentando incluso, tener “amigos homosexuales”.

“Los acusados no son homófobos, pueden ser algo toscos, alguno cafre, pero no homófobos. No consta denuncia previa por delito de odio ni comentarios en sus redes sociales en este sentido. No existe un origen del conflicto relacionado con su orientación sexual, sino una discusión en el contexto de un botellón. Ninguno de los testigos ha podido confirmar que se dijera otro insulto más allá de maricón de mierda. Llamar a alguien maricón carece de significado relacionado con delito de odio. Aunque los términos puedan parecer, en este caso no es delito de odio porque se producen por una reacción emocional incontrolada. Aunque haya insultos por parte de alguno de los acusados, al ser de forma puntual están descalificados como delito de odio. Lo único que se podría penar es la existencia de un delito de lesiones leves, debido a que las lesiones físicas argumentadas son leves. En el caso de las lesiones psicológicas como consecuencia de los hechos, consideramos que los ingresos en psiquiatría tienen un origen diferente y posterior a estos hechos”, ha argumentado la defensa de los acusados en su escrito final en la que ha solicitado la absolución de sus defendidos y, en el caso de que se considere que existen lesiones la pena sea correspondiente a un “delito leve de lesiones”.

Por su parte, el ministerio fiscal ha considerado “inverosímiles” los testimonios de los acusados que han asegurado que la víctima provocó la pelea e incluso que fue él quien atacó al resto. “No podemos entender cómo son ellos las víctimas de una agresión que no vio nadie y nadie dio parte de lesiones tras ella para ninguno de ellos, cuando la víctima cuenta con un parte con lesiones en la espalda y la cabeza”, ha detallado la fiscal, que ha sostenido que la víctima ha asegurado no conocer de antes a ninguno de los acusados y por tanto no parece tener motivos para mentir en sus declaración.

En el caso de las lesiones físicas, la fiscal ha considerado que “no es posible individualizar la agresión ni determinar cuántas patadas o puñetazos dio cada uno de ellos”, por lo tanto “todos ellos deben responderpor las lesiones” en las que puede que “no querían causar tanto daño, pero basta con el dolo de lesionar y se asumen los resultados aunque no sean pretendidos o buscados por el autor de los hechos”. En el caso de la agravante de homofobia ha indicado que esta es “obvia y evidente”.

Por último, la acusación particular ha considerado que “no se sostienen” los testimonios de los acusados. “No puede ser que haya un informe forense tan elocuente y ninguna de estas personas haya pegado. Tenemos el grupo agresor y debemos indicar cuál es la participación, pero tenemos el principio de la coautoría. No se logrará concretar que alguno de los participantes ejecutara la acción, pero tampoco resulta relevante decir de quién es la autoría siempre y cuando formen parte del grupo agresor”, ha argumentado alegando el caso del asesinato de Samuel Luiz, en el que también se trató de una agresión homófoba en grupo y abandono. “Ekain sufre una primera agresión, cae al suelo y después lo patean. Es imposible que haya tenido un resquicio mínimo de defensa. Son claras las secuelas que le ha generado ese hecho. En el siglo XXI que a una persona por su orientación sexual la pateen es algo que no puede ocurrir”, ha concluido el abogado de la víctima.

De esta manera, las partes han elevado a definitivas las calificaciones provisionales. La Fiscalía se ha ratificado en sus peticiones de tres años de cárcel por un delito de lesiones agravado por motivo de odio y orden de alejamiento por cinco años de diez de los acusados, que tenían entre 18 y 27 años en el momento de los hechos, mientras que rebaja la petición para uno de los acusados a 18 meses en aplicación de la eximente de incapacidad intelectual. La acusación particular pide las mismas penas por un delito de lesiones con la agravante de alevosía y otro de odio con concurso de un delito contra la integridad moral. Además, ha elevado de 10.500 a 12.500 euros en concepto de indemnización por daños morales y físicos. Por su parte, las defensas han pedido la libre absolución de los once, si bien subsidiariamente han planteado los hechos como un delito de lesiones leves. En cuanto a responsabilidad civil, proponen el pago de 530 euros por las lesiones tanto de carácter físico como psíquico.

El pasado lunes, cuando tuvo lugar la primera sesión del juicio, la víctima narró lo que recuerda de lo que sucedió. “Estaba en un parque con mi pareja y amigos sobre las dos de la madrugada y uno de los agresores se dirigió a mí diciéndome que me fuera del lugar, que le iba a contagiar y que le doy asco. Le contesté que si le molestaba mi presencia se fuera él. Al poco rato me agredieron por la espalda, me tiraron al suelo y se me echaron todos encima. Me quedé inconsciente y seguían pegándome al grito de 'puto maricón' y 'esto te pasa por maricón de mierda', me protegí como pude”. Según reconoció ante el tribunal, tras lo ocurrido ha padecido además de la violencia física, secuelas psicológicas como ansiedad y depresión e incluso varios intentos de suicidio. “He estado varias veces en centros psiquiátricos, voy a la psicóloga todas las semanas y sigo en tratamiento. Sigo sintiendo temor al encontrarme con estas personas por el pueblo. Aunque hayan pasado cinco años todavía me afecta anímicamente lo ocurrido”, aseguró.

Tras reconocer, “sin ningún tipo de duda, a todos” los acusados sentados en el banquillo, lamentó que se los ha tenido que cruzar en su “día a día por el barrio”. Además, declaró que, hasta el momento de la agresión, conocía a alguno de los presuntos agresores de vista pero no tenía “ninguna relación con ellos”. No obstante, ha asegurado que algunos de sus agresores conocían su orientación sexual porque uno de ellos era vecino del que era entonces su pareja sentimental. Por su parte, su expareja confirmó que conocía a cuatro de los acusados, ya que uno de ellos es su vecino y fue al mismo colegio de otros dos, donde en “varias ocasiones” a él también le llegaron a insultar por su orientación sexual. “Estas personas conocían perfectamente mi orientación sexual y nos han visto varias veces a E. y a mí”, explicó. Según detalló, cuando se enteró de que la que era su pareja estaba siendo golpeada fue corriendo y se abalanzó sobre su cuerpo, que yacía en el suelo y seguía recibiendo golpes. “Me tiré encima de él porque estaba en el suelo, inconsciente. Lo hice para protegerle. Si no llego a ir lo matan, lo hubiesen matado. Parecía que estaba muerto y seguían agrediéndole, incluso sin saber si estaba ya muerto seguían pegándole mientras le gritaban 'esto te pasa por ser un maricón de mierda'”, concluyó.

“Estaba en un parque con mi pareja y amigos sobre las dos de la madrugada y uno de los agresores se dirigió a mí diciéndome que me fuera del lugar, que le iba a contagiar y que le doy asco. Le contesté que si le molestaba mi presencia se fuera él. Al poco rato me agredieron por la espalda, me tiraron al suelo y se me echaron todos encima. Me quedé inconsciente y seguían pegándome al grito de 'puto maricón' y 'esto te pasa por maricón de mierda', me protegí como pude”. Es el testimonio de E.P, denunciante de una agresión homófoba el pasado 6 de junio de 2021 en Basauri durante el juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Bizkaia y por el que se juzga a once jóvenes.

Según sostiene el joven, que en el momento de los hechos tenía 23 años, tras lo ocurrido ha padecido además de la violencia física, secuelas psicológicas como ansiedad y depresión. “He estado varias veces en centros psiquiátricos, voy a la psicóloga todas las semanas y sigo en tratamiento. Sigo sintiendo temor al encontrarme con estas personas por el pueblo. Aunque hayan pasado cinco años todavía me afecta anímicamente lo ocurrido”, ha asegurado.

Tras reconocer, “sin ningún tipo de duda, a todos” los acusados sentados en el banquillo, ha lamentado que se los ha tenido que cruzar en su “día a día por el barrio”. Además, ha declarado que, hasta el momento de la agresión, conocía a alguno de los presuntos agresores de vista pero no tenía “ninguna relación con ellos”. No obstante, ha asegurado que algunos de sus agresores conocían su orientación sexual porque uno de ellos era vecino del que era entonces su pareja sentimental.

Durante la primera sesión del juicio, que se alargará hasta el 12 de marzo, ha testificado la víctima en primer lugar y ocho testigos, entre los que se encontraban amigas del joven que presenciaron los hechos y su pareja en aquel momento, además de los agentes de Policía municipal que llegaron en primer lugar al lugar.

El testimonio más desgarrador, además del de la propia víctima ha sido la de su expareja, quien ha confirmado que conocía a cuatro de los acusados, ya que uno de ellos es su vecino y fue al mismo colegio de otros dos, donde en “varias ocasiones” a él también le llegaron a insultar por su orientación sexual. “Estas personas conocían perfectamente mi orientación sexual y nos han visto varias veces a E. y a mí”, ha explicado. Según ha detallado, cuando se enteró de que la que era su pareja estaba siendo golpeada fue corriendo y se abalanzó sobre su cuerpo, que yacía en el suelo y seguía recibiendo golpes. “Me tiré encima de él porque estaba en el suelo, inconsciente. Lo hice para protegerle. Si no llego a ir lo matan, lo hubiesen matado. Parecía que estaba muerto y seguían agrediéndole, incluso sin saber si estaba ya muerto seguían pegándole mientras le gritaban 'esto te pasa por ser un maricón de mierda'”, ha señalado.

Otra de las jóvenes que ha declarado como testigo, que se encontraba con la víctima en el momento de los hechos, ha explicado que en su opinión, el desencadenante de la agresión fue que los supuestos agresores tenían un altavoz y ponían música y que el joven pidió una canción al grupo y “estaba bailando”. “Hicieron un gesto con las manos como diciendo que era un poco y E. pregunto ¿un poco qué? y le dijeron 'un poco maricón de mierda, sarasa' y más insultos homófobos”, ha reconocido.

Todas las personas que han testificado, incluida la víctima y los agentes de la policía, han coincidido en que en la agresión participaron más de 10 personas, algunas incluso han asegurado que la cifra se acercaba a las 20 personas. Uno de los agentes de la Policía ha declarado que cuando llegó al lugar de los hechos tras el aviso por parte de uno de los testigos, la víctima presentaba “contusiones y tenía los ojos hinchados”, pero estaba consciente. Los agentes fueron quienes llamaron a la ambulancia, que procedió al traslado del agredido al hospital.

La acusación particular pide tres años de cárcel para cada uno de los once acusados, que tenían entre 18 y 27 años en el momento de los hechos, por un delito de lesiones agravado por motivo de odio y orden de alejamiento por cinco años. La Fiscalía solicita las mismas penas, aunque rebaja la petición para uno de los acusados a 18 meses en aplicación de la eximente de incapacidad intelectual. Las acusaciones también solicitan una indemnización de 10.500 euros en concepto de daños morales.

Más allá de los límites de Vitoria, con los cinco asesinados y las decenas de heridos en la masacre del 3 de marzo de 1976, las protestas en contra de la actuación de la Policía Armada en la iglesia de San Francisco de Asís se saldaron con la muerte a manos de diferentes cuerpos policiales de otras tres personas. Son Juan Gabriel Rodrigo Knafo en Tarragona, Mario Marotta en Roma y Vicente Antón Ferrero, en Basauri. Este último murió el 8 de marzo a causa de los disparos de la Guardia Civil. La familia lamenta que la repercusión de este caso sea mucha menor que los de Vitoria.

El trabajador, natural de Zamora pero con residencia en Basauri, se sumó a las manifestaciones por las muertes del 3 de marzo en Vitoria. Se estima que más de 150.000 trabajadoras en Bizkaia se solidarizaron con los obreros de Vitoria. El diario ‘Pueblo’ relataba que aquel día, ante el intento de un grupo de alrededor de 8.000 personas de organizar una asamblea, la Guardia Civil cargó contra los manifestantes. Estos arrojaron piedras y objetos, mientras que los agentes dispararon. Una de esas balas dio de lleno a Antón quien fue trasladado primero al ambulatorio y después, tras efectuársele una cura de urgencia, al hospital de Basurto, donde, aunque se le sometió a cirugía, falleció. Tenía 18 años.

Al día siguiente, Basauri vivió una de las manifestaciones más grandes de su historia. Más de 50.000 personas acudieron al funeral en el campo de fútbol de Basozelai. El pueblo entero se unió en una marcha silenciosa hasta el lugar donde recibió los disparos, calle que a día de hoy lleva su nombre en forma de homenaje. En Vitoria, también hay una placa en Zaramaga en su memoria. Cada año se le recuerda con una ofrenda floral en el lugar exacto de los hechos, pero en esta ocasión, por cumplirse 50 años, el homenaje al basauritarra durará varios días con conferencias, exposiciones y la proyección de documentales, para finalizar con un homenaje el próximo 7 de marzo a las 12.30 en la calle que lleva su nombre y guarda su historia.

En casa de la víctima, tras lo ocurrido, durante años se ha guardado silencio. O así lo confiesa a este periódico su sobrina Aitziber. “Mis abuelos no lo llevaban nada bien y en la familia no hablaban del tema, era algo muy complicado. Cuando mataron a mi tío, él vivía en Basauri con mis bisabuelos, pero mi padre, mis otros tíos y mis abuelos vivían en Zamora. Les avisó la Guardia Civil y les dijo que no hacía falta que fueran a Basauri, que el cuerpo ya estaba de camino, algo que era mentira. El cuerpo no llegó hasta que ellos decidieron llevarlo. No se lo pusieron fácil”, sostiene.

En su caso, se enteró de que su tío fue asesinado casi por casualidad. “Me enteré de la manera más tonta. Vi en Basauri carteles con la foto de mi tío y sabía que esa foto me sonaba de haberla visto en casa. Entonces pregunté y me explicaron lo que pasó. Con mi padre sí que he hablado del tema, pero con los abuelos es mucho más difícil”, reconoce. Según sostiene Aitziber, tanto ella como su familia y el resto de familiares de las víctimas del 3 de marzo siguen luchando por conseguir justicia. “Seguimos luchando por saber quiénes fueron y quiénes dieron las órdenes. Todavía no nos han dado los nombres ni lo han reconocido. Creemos que en algún momento tendremos la suerte de que se haga justicia y que lo reconozcan”, señala.

El próximo sábado será el homenaje de su tío y Aitziber agradece el calor y el apoyo de los vecinos, aunque lamenta que muchos de ellos no conocen lo que le pasó a Vicente Antón Ferrero. “En el caso de Vitoria, como fueron más víctimas, lo tienen más interiorizado y están más concienciados. En Basauri, en cambio, al ser solo una persona no ha tenido tanta repercusión mediática y muchos desconocen lo que pasó. No se ha contado la historia de lo que realmente pasó aquí. Ni que la Guardia Civil salió de los furgones, dispararon porque tendrían la orden de hacerlo, en el caso de Basauri dieron a mi tío y de las mismas se marcharon. Se escucha incluso que se trató de una pelea. Tuvo que ser el pueblo quien salió a socorrer a mi tío. Hay gente que le metió dentro de un autobús, otro vecino cuenta que justo estaba al lado y le puso una chaqueta encima para ayudarle. No debemos olvidar lo que pasó”, concluye la sobrina.

Los trabajadores de Serveo, una subcontrata que hace labores de mantenimiento de Bridgestone, en Basauri, irán a la huelga el próximo día 18 para protestar contra lo que denominan los “despidos invisibles” derivados del ajuste de la multinacional. La empresa ha planteado un ERE de extinción para 22 de los 39 trabajadores con los que cuenta la empresa, el 57% de la plantilla. “Estos despidos propuestos por la contrata de Bridgestone Basauri son los despidos invisibles de la empresa principal”, ha señalado el representante de CCOO, José Luis Santos. “Tenemos muy presente que no puede haber despidos traumáticos”, ha recordado.

El ERE de Bridgestone se solventó con sólo ocho despidos forzosos y 224 bajas incentivadas, después del acuerdo al que llegó la empresa con los sindicatos CCOO, UGT y BuB. La salida de estos 232 trabajadores supuso una reducción de 104 trabajadores sobre la propuesta inicial, con el compromiso de que fuera en su mayoría medidas no traumáticas.

Según denuncian, la contrata, que justifica la reducción de empleo en el ajuste previo llevado a cabo por Brigdestone, “ha actuado de mala fe” al iniciar el periodo de consultas del ERE en pleno periodo vacacional. “Quieren ejecutar los despidos en silencio y bloqueando la capacidad de movilización de la plantilla”, señala CCOO, que plantea la huelga el 18 de agosto, cuando la mayoría de los trabajadores se incorporen al trabajo.

Este mismo viernes se produce una nueva reunión del comité con la dirección, en la que los sindicatos pedirán a la empresa que dé marcha atrás en su pretensión de despidos“ y el próximo martes tendrá lugar un nuevo encuentro. ”En función de lo que pase en esas reuniones tomaremos una decisión respecto a los paros“, ha indicado el representante de CCOO. ”El objetivo es que no haya despidos, pero en el caso de que haya salidas que no sean traumáticas“. En la empresa hay trabajadores con hasta 30 años de antigüedad y con edades entre 55 y 60 años”, añaden.

El sindicato ELA, que en su día no firmó el ERE de Bridgestone, y que forma parte del comité de empresa -tiene un delegado y CCOO dos- ha señalado que el ERE de Serveo es “injusto e innecesario”, y que supone “una nueva fase en el proceso de desmantelamiento del empleo en la planta”. “De hecho, el anuncio ha llegado unas semanas más tarde tras los 232 despidos en Bridgestone Basauri”, han apuntado desde el sindicato nacionalista. Ha recordado además que el ajuste llevado a cabo por la multinacional “fue validado por la mayoría del comité de empresa (CCOO, UGT y BuB), dando cobertura a los argumentos de la dirección”.

“Mientras Bridgestone sigue obteniendo grandes beneficios, ELA defiende que no es admisible seguir reduciendo empleo y precarizando las condiciones laborales. ELA no va a tolerar la eliminación de puestos de trabajo”, han señalado. Los trabajadores de Bridgestone también se han solidarizado con la situación de la plantilla de Serveo y, a través de un comunicado, han señalado como principal responsable de la situación de crisis de la subcontrata a la multinacional.

“La principal responsable de esta situación es Bridgestone, ya que fue la empresa quien, de forma unilateral, decidió llevar a cabo una reestructuración de sus plantas en España. Esta decisión ha generado un desequilibrio en la plantilla de Serveo, lo que ha desembocado en la actual amenaza de despidos”. Por ello, consideran que “Bridgestone no puede mantenerse al margen ni actuar como si no tuviera responsabilidad en este conflicto: es, sin duda, el principal causante”, por lo que han solicitado a la empresa que asuma “un papel activo en la búsqueda de soluciones” y que interceda en para “evitar despidos traumáticos y utilice todas las herramientas disponibles: prejubilaciones, bajas voluntarias incentivadas, recolocaciones tanto en este centro como en otros”. Además, aseguran que “respaldarán a los delegados de Serveo en todo lo que esté en nuestras manos”.

Bridgestone ha realizado una propuesta a los comités de empresa de las plantas de Basauri y Puente San Miguel por la que reducen los despidos a 232 en las instalaciones vizcaínas y a 188 en las cántabras respecto a los 335 y 211, respectivamente, previstos inicialmente. Además, también aumentará la producción en la planta de Basauri en 100.000 cubiertas anuales hasta las 800.000. Esta oferta ha sido realizada en la nueva reunión que han mantenido este lunes para negociar el ERE y que todavía no ha concluido porque, tras un receso, se retoma a las 16.00 horas.

En la reunión, que se ha celebrado coincidiendo con un nueva jornada de huelga, la empresa les ha anunciado que la producción anual en Basauri pasaría de 700.000 a 800.000 cubiertas, lo que supone 100.000 más al año. Además, también se ha comprometido a que, si se recupera el mercado, las primeras 150.000 cubiertas adicionales también se realizarían en esta planta vizcaína y no en Polonia. En el caso de la planta de Puente San Miguel (Cantabria), hay un compromiso de ampliar el catálogo de productos que se están haciendo e intentar buscar cubiertas y productos que permitan dar mayor rentabilidad a la planta, pero, por ahora, no hay una subida de producción actual, según recoge Europa Press.

Con todo ello, Bridgestone ha rebajado los despidos a 232 en Basauri, 103 menos que los 335 previstos inicialmente, y en Puente San Miguel se quedarían en 188, mientras que la primera propuesta era de 211 (23 menos). La semana pasada, la empresa ya redujo la cifra de afectados por el ERE y planteó 290 despidos en su planta vizcaína y 201 en Puente San Miguel.

Por otra parte, les ha trasladado que los mayores de 53 quedan excluidos del expediente y les han presentado un plan que permitiría acceder a la prejubilación a todos los trabajadores que están afectados por el ERE en su puesto o en su área y que tengan 55 años cumplidos a 30 de junio de 2025 y lo harían con el 80% del salario neto y una revalorización del 2% anual. Sobre las condiciones del despidos, serían 45 días por año sin límite de mensualidades para los despidos forzosos, y 45 días por año, sin límite de mensualidades, más 30.000 euros al que se quiera acoger voluntariamente al expediente. Desde el comité se han realizado una serie de peticiones y la reunión entre ambas partes proseguirá a partir de las cuatro de esta tarde.

Bridgestone ha realizado una propuesta a los comités de empresa Basauri y Puente San Miguel por la que reducen los despidos a 232 en la planta vizcaína y a 188 en las instalaciones cántabras respecto a los 335 y 211, respectivamente, previstos inicialmente. Además, también aumentará la producción en la planta de Basauri en 100.0000 cubiertas anuales hastas las 800.000. Esta oferta ha sido realizada en la nueva reunión que han mantenido este lunes para negociar el ERE y que todavía no ha concluido porque, tras un receso, se retomará a las 16.00 horas.

En la reunión, que se ha celebrado coincidiendo con un nueva jornada de huelga, la empresa les ha anunciado que la producción anual en Basauri pasaría de 700.000 a 800.000 cubiertas, lo que supone 100.000 más al año. Además, también se ha comprometido a que, si se recupera el mercado, las primeras 150.000 cubiertas adicionales también se realizarían en esta planta vizcaína y no en Polonia. En el caso de la planta de Puente San Miguel (Cantabria), hay un compromiso de ampliar el catálogo de productos que se están haciendo e intentar buscar cubiertas y productos que permitan dar mayor rentabilidad a la planta, pero, por ahora, no hay una subida de producción actual.

Rebaja de despidos

Con todo ello, Bridgestone ha rebajado los despidos a 232 en Basauri, 103 menos que los 335 previstos inicialmente, y en Puente San Miguel se quedarían en 188, mientras que la primera propuesta era de 211 (23 menos). La semana pasada, la empresa ya redujo la cifra de afectados por el ERE y planteó 290 despidos en su planta vizcaína y 201 en Puente San Miguel.

Por otra parte, les ha trasladado que los mayores de 53 quedan excluidos del expediente y les han presentado un plan que permitiría acceder a la prejubilación a todos los trabajadores que están afectados por el ERE en su puesto o en su área y que tengan 55 años cumplidos a 30 de junio de 2025 y lo harían con el 80% del salario neto y una revalorización del 2% anual.

Sobre las condiciones del despidos, serían 45 días por año sin límite de mensualidades para los despidos forzosos, y 45 días por año, sin límite de mensualidades, más 30.000 euros al que se quiera acoger voluntariamente al expediente. Desde el comité se han realizado una serie de peticiones y la reunión entre ambas partes proseguirá a partir de las cuatro de esta tarde.

El informe técnico de las viviendas de Kareaga Goikoa 1, 3, 5 y 7 de Basauri (Bizkaia), afectadas por el incendio que se registró en enero, concluye que se encuentran “en ruina técnica” y existe “un riesgo de colapso sin preaviso”, según ha informado el Ayuntamiento de Basauri y recoge Europa Press, que ha explicado que sus propietarios deberán derribar los inmuebles. El Consistorio vizcaíno ya ha comenzado a notificar a los propietarios de los inmuebles el resultado del informe técnico realizado por una empresa externa de ingeniería y que los Servicios Técnicos municipales han validado.

En él se concluye que, tras el incendio que se produjo el pasado 31 de enero en el número 5 de la calle Kareaga Goikoa, tanto las viviendas de este portal como las de los números 1, 3 y 7, situadas en la misma línea de edificación, se encuentran “en ruina técnica”. El Ayuntamiento de Basauri deberá ahora incoar un expediente de ruina, cuyo plazo de tramitación oscila entre los tres y los nueve meses. Según se determina en el informe técnico, existe un “riesgo de colapso sin preaviso” de los inmuebles y, ante el “elevado coste de las intervenciones necesarias” para garantizar la estabilidad y seguridad de la edificación, “es probable que se pueda catalogar en ruina económica, lo que plantea serias dudas sobre la viabilidad de su rehabilitación”.

Por ello, recoge que “no se observa otra alternativa que la de incoar un expediente de declaración de ruina”. “Siendo estas las condiciones de los inmuebles, la única intervención viable que se contempla en el informe es la demolición de los cuatro portales, la cual es responsabilidad de sus propietarios”, ha explicado el Ayuntamiento. Hasta que se ejecute el derribo, todas las viviendas deberán permanecer desalojadas y, como hasta ahora, se impedirá el tránsito por la acera adyacente.

El Gobierno vasco y la Asociación de Municipios Vascos-Eudel han anunciado la convocatoria de 643 nuevas plazas de ertzainas y policías locales a través de un concurso-oposición conjunto cuyo plazo de inscripción se abrirá este próximo viernes. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio, Esther Apraiz, han anunciado este miércoles, en una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, los detalles del nuevo concurso-oposición para ser agente de la Euskal Polizia.

Esta nueva convocatoria, la sexta conjunta puesta en marcha por la Academia Vasca de Policía y Emergencias, ofrecerá 643 nuevas plazas de agente de la escala básica para la Ertzaintza y 22 Policías locales y servicios de policía de Euskadi. Las plazas se podrán ampliar si se producen vacantes en alguna de las administraciones públicas convocantes a lo largo del proceso selectivo. Por el momento, se han convocado 473 plazas para la Ertzaintza y 170 para ser agente de policía local en los siguientes municipios vascos: Abanto-Zierbena (2) Amorebieta-Etxano (3) Andoain (2) Aretxabaleta (1) Azkoitia (1) Bakio (1) Barakaldo (12) Basauri (3) Bilbao (67) Elgoibar (2) Erandio (1) Etxebarri (1) Getxo (1) Irun (1) Lasarte-Oria (2) Ortuella (1) Portugalete (8) Tolosa (3) Valle de Trapaga (4) Vitoria-Gasteiz (48) Urretxu (2) Zarautz (4).

Zupiria ha señalado en su intervención que, gracias a estas convocatorias compartidas, el Gobierno vasco y los ayuntamientos de Euskadi “ la coordinación policial desde el inicio, promoviendo la convivencia y homogeneización de criterios de formación y actuación, en aras a ofrecer un servicio a la ciudadanía eficaz y eficiente”. “Mediante estas convocatorias conjuntas fortalecemos el servicio público que ofrecen tanto la Ertzaintza como las Policías locales, y preparamos a nuestras policías para los retos que la sociedad actual nos plantea” ha subrayado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, Esther Apraiz, ha explicado que las OPE conjuntas “son una herramienta voluntaria para los ayuntamientos, que permite ganar agilidad y eficiencia en los procesos, pero sobre todo reforzar desde la raíz la coordinación fundamental entre Policías locales y Ertzaintza”. Apraiz ha añadido que esta colaboración contribuye a configurar “una Euskal Polizia moderna, profesional y altamente cualificada para prestar el mejor servicio público, desde la cercanía y empatía con las vecinas y vecinos de nuestros municipios”.

Inscripción y requisitos

Las personas interesadas en participar en este nuevo concurso-oposición podrán inscribirse a partir del 21 de marzo en la web oficial de la Academia Vasca de Policía y Emergencias (arkauteakademia.eus). En esta plataforma se ofrecerá el formulario, oficial y normalizado, en el que, además, se tendrá que hacer constar el idioma (euskera o castellano) en el que se desee realizar los ejercicios de la oposición. Para optar a alguna de estas plazas, las y los aspirantes deberán: Tener más de 18 y menos de 38 años; disponer del título de Bachiller o una titulación equivalente o superior; y cumplir todos los requisitos de la plaza a la que se opte según el cuerpo. El plazo de inscripción permanecerá abierto 20 días hábiles.

La Academia estima realizar las primeras pruebas, psicotécnicas y de conocimiento, en los meses de junio-julio, para, después del verano, finalizar el proceso de selección con las pruebas físicas y entrevistas personales. De esta manera, las y los agentes comenzarían su formación en la Academia de Arkaute a principios de 2026, y se incorporarían al servicio en prácticas a finales de 2026. Como novedad, esta promoción contará con un nuevo modelo educativo que concentrará su currículum en ocho meses de formación. Para ello, el alumnado volverá a pernoctar en la Academia durante sus meses de su formación para fomentar la cohesión, el conocimiento y la colaboración entre ertzainas y policías locales.

El pasado 31 de enero una treintena de vecinos de las viviendas 1, 5 y 7 de la calle Kareaga Goikoa de Basauri (Bizkaia) se quedaron sin sus casas tras declararse un incendio en el que falleció un vecino que saltó de una ventana para huir del fuego. Por el momento no han podido regresar a sus viviendas porque existe un riesgo de colapso del edificio y hasta el pasado 6 de marzo han estado viviendo en un hotel que abona el Ayuntamiento de Basauri. Desde entonces, los vecinos que conforman 22 familias han salido en varias ocasiones a protestar porque consideran que no se les ofrece una alternativa de vivienda “digna” tras lo ocurrido, debido a que, después del hotel el Ayuntamiento les ofrece un servicio de mediación para encontrar vivienda y una ayuda de 2.640 euros concedidos por unidad convivencial para los próximos 3 meses, una cantidad que los afectados han calificado como “irrisoria” y que “no se ajusta a la realidad del mercado de vivienda”.

“Si bien reconocemos que el Ayuntamiento ha realizado algunas acciones para abordar esta situación, consideramos que estas son completamente insuficientes y que no han brindado una respuesta efectiva a las necesidades reales de las familias afectadas. Tras haber revisado la información proporcionada por el Ayuntamiento de Basauri, consideramos que las medidas adoptadas hasta el momento no solo son insuficientes, sino que también, evidencian una falta de comprensión de la magnitud de la emergencia habitacional que enfrentan las familias afectadas”, han señalado los vecinos en la última concentración que han protagonizado este martes en compañía de la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskal Herria (AMUGE) y el Sindicato de Vivienda Batu.

Los vecinos han lanzado una serie de peticiones al Ayuntamiento de Basauri, como la revisión de la ayuda entregada. “La ayuda de 2.640 euros ofrecida por el Ayuntamiento no es suficiente para garantizar una solución habitacional digna durante los tres meses restantes de urgencia. Teniendo en cuenta, el coste de las pensiones más económicas disponibles, este importe apenas cubre 66 días de alojamiento y no los tres meses que deberían garantizarse. Por lo tanto, es evidente que la cantidad otorgada no cubre ni los gastos mínimos de una pensión ni los costes asociados a una opción habitacional en el mercado libre, como fianzas y mensualidades por adelantado. Esto deja a las familias en una situación insostenible”, han señalado, por lo que, lo que exigen es una “revisión y ampliación”. “La ayuda de 2.640 euros debe ser ampliada significativamente, con el fin de cubrir los gastos reales de alojamiento durante los tres meses completos, esto incluye los costes iniciales, como fianzas, mensualidades y honorarios de agencia en caso de optar por el mercado libre, o la cobertura total de los gastos de la pensión durante el período establecido de tres meses”, han insistido.

La situación de cada familia es diferente. En 7 de los 22 casos han aceptado la mediación ofrecida por el Ayuntamiento para conseguir otra vivienda. No obstante, denuncian que los recursos ofrecidos no son suficientes. “Las opciones de alojamiento encontradas a través del servicio de intermediación, no garantizan los tres meses de alojamiento correspondientes, lo que deja en evidencia que este servicio no está ofreciendo una solución efectiva ni duradera para la emergencia habitacional. Las familias necesitamos una solución estable y continua, no medidas temporales que solo aumentan su incertidumbre y precarizan aún más la situación en la que nos encontramos”, han denunciado.

De hecho, según han asegurado, hay algunas familias que desde que abandonaron el hotel “duermen en la calle”. “A pesar de las medidas anunciadas, hay todavía familias que aún se encuentran en la calle, sin un lugar donde vivir. Esto refleja la insuficiencia de las medidas adoptadas y la falta de compromiso real con la situación de estas. Las familias siguen sin poder recuperar la normalidad en sus vidas y sin acceso a una vivienda para el periodo de urgencia de 4 meses”, han insistido.

“Las familias afectadas deben ser priorizadas para el acceso a viviendas públicas protegidas, como medida inmediata para garantizar una solución habitacional ante la situación de emergencia”, han pedido. Además, han denunciado que muchas de estas familias están sufriendo “racismo y xenofobia”, lo que les dificulta acceder a una vivienda en el mercado libre. “Gran parte de las familias afectadas por el incendio enfrentan las consecuencias del racismo y la xenofobia, lo que agrava su situación y limita sus posibilidades de encontrar vivienda, debido a la discriminación sistemática que persiste en la sociedad y en el mercado inmobiliario, materializándose en prejuicios y estereotipos que imposibilitan sus oportunidades de alquilar una vivienda”, han reconocido.

Por último, han exigido mejoras en el servicio de acompañamiento y mediación ofrecido por el Ayuntamiento de Basauri. “Es imperativo que el Consorcio medie con el parque de vivienda público y ponga a disposición de las afectadas los múltiples recursos del Gobierno vasco. Así cómo intensificar la intermediación con el sector inmobiliario para garantizar que las familias puedan acceder a viviendas sin sufrir discriminación por razón de raza y clase y sin estar sujetas a condiciones que no pueden cumplir. Se debe asegurar un acompañamiento social continuo, personalizado y a elección de las familias, que garantice la estabilidad habitacional y el bienestar de las familias, especialmente de aquellas con menores a su cargo”, han concluido.

El Ayuntamiento contra el Sindicato de Vivienda

Desde el Ayuntamiento de Basauri informan de que “con el objetivo de ayudar” a estos vecinos “a la hora encontrar un alojamiento transitorio por razón de urgencia social” han puesto en marcha “una línea de ayudas económicas y una ventanilla única de atención, información y acompañamiento social para apoyarles y asesorarles en realización de las tramitaciones que puedan necesitar”, han detallado en un comunicado en el que culpan al Sindicato de Vivienda Batu de “incitar” a los vecinos a “rechazar las ayudas económicas”. “Los miembros del sindicato están presentándose en las reuniones que los afectados mantienen con las trabajadoras sociales interfiriendo en sus explicaciones, impidiéndoles realizar su trabajo con normalizar y obstaculizando su labor de ofrecerles información y asesoramiento”, han indicado.

“Lejos de ofrecerles soluciones reales y de prestarles la ayuda que realmente necesitan en este difícil momento, les están creando falsas esperanzas que no se van a cumplir. Estas personas no tienen derecho de realojo, pero desde Batu les están incitando a rechazar las ayudas económicas que les ofrecemos para encontrar un alojamiento transitorio, haciéndoles creer que el Ayuntamiento les otorgará una vivienda, cuando esto no sucederá. Les están vendiendo una mentira y condenándolos a una situación aún peor al rechazar las ayudas”, han declarado desde el Consistorio.

El Ayuntamiento ha explicado que, según establece el Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, “se entiende por situación de urgencia social la producida por un hecho no previsto, en este caso un incendio y abre la posibilidad de ofrecer un alojamiento a personas y unidades de convivencia que requieran una estancia de corta duración para poder hacer frente a la carencia de alojamiento derivada de una situación de emergencia o urgencia social”. Sin embargo, han detallado que “esta estancia es de carácter temporal y puede prolongarse un máximo de 4 meses”, lo que en un primer momento esperaban los vecinos, pero el Ayuntamiento se escuda argumentando que “no dispone de la cantidad de alojamientos necesarios para los tres meses que restan”.

Por ello, han decidido otorgar la ayuda económica durante estos tres meses, y pasados los cuatro meses desde que ocurrió el incendio, han reconocido que “serán responsables de hacerse cargo de su propio alojamiento”. Aun así han recordado que “como cualquier ciudadano que reúna las condiciones exigidas tendrán la posibilidad de acceder al cauce ordinario de solicitud de presentaciones sociales y de vivienda ofrecidas por las instituciones si acreditan encontrarse en una situación de las contempladas por las diferentes administraciones vascas”. Y han concluido, subrayando que “de forma errónea parece haberse extendido la creencia de que existe un derecho al realojo para estas personas, cuando esa no es la realidad. El derecho al realojo es aplicable únicamente cuando las viviendas están incluidas en una actuación urbanística en ejecución, condición que no se cumple en este caso”. Desde el Sindicato de Vivienda Batu denuncian que “el nivel de criminalización” por parte del Ayuntamiento a raíz del trabajo que están realizando “como espacio de organización de vecinas” es “vergonzoso”.

Vecinos de los números 1, 5 y 7 de la calle Kareaga Goikoa de Basauri (Bizkaia), afectados por el incendio del pasado 31 de enero y que no pueden volver a ocupar sus viviednas por riesgo de colapso de la estructura, alojados temporalmente en un hotel bilbaíno, cuyo coste abona el Consistorio basauritarra, van a quedarse encerrados dentro de ese hotel hasta que el Ayuntamiento y las instituciones competentes ofrezcan una solución “digna” a la situación que están viviendo. Así lo ha anunciado el sindicato de vivienda Batu en una concentración llevada a cabo este jueves ante el hotel que aloja a los afectados y que ha reunido a medio centenar de personas en su apoyo.

Según han explicado desde Batu, los vecinos han recibido comunicaciones por parte del personal del Ayuntamiento de Basauri en las que les ofrecen una ayuda de emergencia social con una cuantía de 2.640 euros y la posibilidad de ayudar a buscar alojamientos. En este sentido, han indicado que, cuando reclaman que se les dé un alojamiento, no piden que intermedien “ni con el mercado privado, ni con el mercado y el paquete de vivienda pública que tienen tanto el Gobierno vasco como el Ayuntamiento de Basauri”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Basauri ha insistido en que estos vecinos “no tienen derecho a realojo” y ha lamentado que se están “cerrando todas las puertas y empeorando su situación al rechazar las ayudas”, por lo que les ha vuelto a tender la mano para que las acepten y les ha aconsejado que se dejen asesorar y apoyar por los Servicios Sociales en los trámites que tengan que realizar.

En un comunicado, el consistorio vizcaíno ha asegurado que ha hecho “todo lo que está en su mano y más” para ayudar a los vecinos de Kareaga Goikoa 1, 5 y 7. Desde el día del incendio se encuentran alojados en un hotel cuyo coste abona el Ayuntamiento, ya que se trata de un caso de “urgencia social” y, según la legislación vigente, tienen derecho a que les ayuden a hacer frente a la carencia de alojamiento, “pero de forma temporal durante un máximo de cuatro meses”.

Desde este jueves, el Ayuntamiento deja de asumir el coste del alojamiento en el hotel porque les ha ofrecido una ayuda económica de 2.640 euros para que se procuren un alojamiento transitorio durante tres meses, que algunos no están aceptando. Además, se les ofrece asesoramiento y apoyo en la realización de trámites, búsqueda de alojamiento, etcétera, a través de una ventanilla única que les atiende de forma personalizada.

Estas ayudas se deben a que a día de hoy no le es posible al Ayuntamiento disponer de la cantidad de alojamientos transitorios necesarios para los tres meses que restan. Seis de las 22 unidades convivenciales han aceptado las ayudas y se irán del hotel hoy, ha precisado el consistorio.

Sin embargo, algunos afectados se están negando a hablar con las trabajadoras sociales para que les asesoren, lo que “juega en su contra”, ha advertido. “No hay que olvidar que esta es una ayuda puntual, pero existen otras ayudas de diferentes administraciones a las que pueden acceder quienes estén en una situación de vulnerabilidad. Nadie se va a quedar desatendido si acredita ser vulnerable, pero no todas las personas afectadas están en la misma situación económico-social”, ha relatado.

En este punto, ha advertido que los vecinos están siendo “mal asesorados e informados por el sindicato Batu”. “Estas personas no tienen derecho a realojo, pero les están animando a no aceptar las ayudas económicas que les ofrecemos, haciéndoles creer que el Ayuntamiento les otorgará una vivienda de forma permanente, algo que no es cierto porque no les asiste ese derecho”, ha concluido.

El juez ha decretado el ingreso en prisión del joven de 23 años detenido por la Ertzaintza como presunto autor del incendio registrado a finales del mes de enero en la localidad vizcaína de Basauri, en el que falleció un vecino, según han confirmado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco y recoge Europa Press. El fuego se produjo en la tarde del día 31 de enero en un edificio de tres plantas de la calle Kareaga Goikoa de Basauri. Uno de sus residentes perdió la vida al tratar de huir de las llamas. Según han confirmado desde el Departamento de Seguridad, un joven de 23 años ha ingresado en prisión este martes como presunto autor del incendio. Además, se le han abierto diligencias como investigado por otros dos conatos de incendio en octubre y diciembre en la misma zona.

Con el objetivo de esclarecer las causas que habían originado el incendio, agentes de la Ertzaintza iniciaron las primeras investigaciones con la identificación y toma de declaración a los testigos que pudieran tener información de interés para la investigación. Tras las primeras pesquisas y ante los indicios de que pudiera tratarse de un incendio provocado, los agentes continuaron con las gestiones de investigación, que permitieron identificar a un varón de determinadas características como el presunto autor del incendio.

Con los datos obtenidos, la investigación policial de la Ertzaintza llevó este lunes a la detención de un joven de 23 años como presunto autor del incendio del pasado 31 de enero. Asimismo, las investigaciones han permitido abrir diligencias en calidad de investigado contra el detenido, por otros dos conatos de incendio que tuvieron lugar el día 7 de octubre y el 21 de diciembre del año pasado en la misma zona de Basauri, en los que no se registraron daños personales. El arrestado, con antecedentes por hechos similares, fue puesto en la tarde de este lunes a disposición judicial y, una vez finalizadas las diligencias policiales, el juez ha decretado su ingreso en prisión.

El incendio se declaró a las 17:10 horas de aquel 31 de enero en los bajos de un bloque de viviendas de tres plantas. Hasta el lugar hubieron de desplazarse varias dotaciones de Bomberos, que rescataron a una mujer y a dos menores de una vivienda y a otro hombre de una vivienda anexa. Otro varón, al verse atrapado por el fuego, se precipitó al vacío, al parecer, desde un tercer piso, por lo que sufrió heridas graves y fue llevado a un centro hospitalario. Finalmente falleció.

Los Bomberos desplegaron hasta 15 dotaciones en el lugar. El edificio afectado es de madera, por lo que el fuego se expandió rápidamente por el edificio, donde sobre las siete de la tarde Bomberos de Basauri, de Urioste y de Derio controlaron las llamas, que prácticamente destruyeron el inmueble. Más de una veintena de personas, tanto del edificio afectado como del anexo, tuvieron que pernoctar fuera de sus casas. Hasta 33 personas fueron desalojadas y reubicadas.

Técnicos municipales del Ayuntamiento de Basauri declararon riesgo de colapso de los cuatro inmuebles afectados por el incendio. Según recordó entonces el Consistorio, las viviendas y el suelo de los portales 1, 3, 5 y 7 de la calle Kareaga Goikoa son de propiedad privada. En consecuencia, son los propietarios quienes tienen la responsabilidad de mantener sus viviendas en buen estado y evitar su degradación.Viendo que el estado de conservación de las viviendas no era adecuado, a lo largo de los últimos años el Ayuntamiento de Basauri ha realizado varios requerimientos a sus propietarios para que realizaran las mejoras y reparaciones mínimas exigidas por encontrarse los edificios en situación de “fuera de ordenación”.

Técnicos municipales del Ayuntamiento de Basauri han declarado riesgo de colapso de los cuatro inmuebles afectados por el incendio registrado este pasado viernes en Basauri (Bizkaia) en el portal número 5 de la calle Kareaga Goikoa. Por ello, los residentes del número 5 no podrán volver a sus viviendas y, por el momento, tampoco los de 1 y el 7, hasta que no se pueda garantizar la seguridad estructural del inmueble incendiado, mientras las viviendas del portal número 3 se encuentran deshabitadas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Basauri, tras el incendio que se produjo ayer en el portal número 5 de la calle Kareaga Goikoa, fueron desalojados 33 residentes de este inmueble y de los portales 7 y 1, que, aunque no fueron afectados directamente por el incendio, fueron evacuados por precaución. Estas 33 personas han sido alojadas en un hotel y se les garantizará una solución habitacional transitoria mientras no puedan volver a sus viviendas.

Durante el siniestro, un varón falleció al precipitarse por la ventana de su vivienda para huir de las llamas, por lo que los responsables municipales han querido trasmitir su pésame y apoyo a familiares y amistades del fallecido. Técnicos municipales y una dotación de Bomberos han inspeccionado a primera hora de este sábado el estado del inmueble, al que solo han podido acceder mediante la escala del camión de Bomberos, ya que el acceso a la planta baja era imposible porque el solar aún seguía humeando. En consecuencia, y hasta que no sea posible realizar una inspección más exhaustiva del estado de su estructura, se ha declarado el riesgo de colapso de los cuatro inmuebles.

Respecto a las causas del incendio, aún se está a la espera de conocer el origen del fuego y el próximo lunes técnicos municipales, bomberos y Ertzaintza volverán a inspeccionar los edificios a fin de determinar con mayor exactitud su estado y las causas del incendio. El alcalde de Basauri, Asier Iragorri, junto con las concejalas de Política Social, Policía Local y Urbanismo y técnicos municipales, ha mantenido una reunión de planificación esta mañana con Bomberos, Ertzaintza y Policía Local para organizar, entre otras cuestiones, el acceso de los residentes a los inmuebles para recoger sus pertenencias.

A lo largo del día de hoy, las personas desalojadas accederán por turnos a retirar sus enseres y, por razones de seguridad, serán acompañadas y ayudadas por Bomberos y Ertzaintza. Protección Civil les trasladará desde el hotel en el que están alojadas hasta las viviendas. Más allá del alojamiento temporal en un hotel durante estos primeros días, el alcalde de Basauri está manteniendo conversaciones con la Consejería de Vivienda de Gobierno Vasco con el propósito de encontrar una respuesta conjunta a futuro.

Según ha recordado el consistorio, las viviendas y el suelo de los portales 1, 3, 5 y 7 de la calle Kareaga Goikoa son de propiedad privada. En consecuencia, son los propietarios quienes tienen la responsabilidad de mantener sus viviendas en buen estado y evitar su degradación.Viendo que el estado de conservación de las viviendas no era adecuado, a lo largo de los últimos años el Ayuntamiento de Basauri ha realizado varios requerimientos a sus propietarios para que realizaran las mejoras y reparaciones mínimas exigidas por encontrarse los edificios en situación de “fuera de ordenación”.

Paralelamente, y a la vista de que en las últimas décadas no se ha llevado a cabo ninguna actuación por parte de promotores privados, ya que el suelo no es público, el equipo de gobierno decidió impulsar un nuevo planteamiento mediante una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que hiciera ejecutable la operación. Así, a iniciativa del equipo de gobierno, se determinó la unión de la unidad de ejecución de Kareaga Goikoa a otro terreno de propiedad municipal en Uribarri, integrando todo en una única unidad de actuación, posibilitando de esta forma la venta del terreno a un tercero para derribar los edificios de Kareaga Goikoa número 1, 3, 5 y 7 y urbanizar la zona y construir 94 viviendas en Bizkotxalde. “Es decir, se va a ceder suelo público municipal para hacer viable la operación”, ha explicado.

Un varón ha fallecido este jueves al precipitarse al vacío para huir del fuego en su vivienda ubicada en la calle Kareaga Goikoa, en Basauri (Bizkaia), según haninformado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. El incendio se ha declarado a las 17:10 horas en los bajos de un bloque de viviendas de tres plantas, y al lugar se han desplazado varias dotaciones de Bomberos, que han rescatado a una mujer y a dos menores de una vivienda y a otro hombre de una vivienda anexa, tal y como informa Europa Press.

Otro varón, al verse atrapado por el fuego, se ha precipitado al vacío, al parecer, desde un tercer piso, por lo que ha sufrido heridas graves y ha sido llevado a un centro hospitalario. Finalmente ha fallecido, según ha confirmado el Departamento de Seguridad Los Bomberos han desplegado hasta 15 dotaciones en el lugar. El edificio afectado es de madera, por lo que el fuego se ha expandido rápidamente por el edificio, donde sobre las siete de la tarde bomberos de Basauri, de Urioste y de Derio han controlado las llamas, que prácticamente han destruido el inmueble. Más de una veintena de personas, tanto del edificio afectado como del anexo, tendrán que pernoctar fuera de sus casas.

El Ayuntamiento de Basauri ha afirmado que hubiera sido “discriminatorio” poner otra fecha para el examen selectivo a la mujer que le coincidió con el día de su parto y que ha presentado una queja al Ararteko porque no le cambiaron el día para realizar la prueba. En un comunicado, el Ayuntamiento se ha referido a la nota del sindicato LAB en la que se informaba de que se había trasladado al Ararteko un queja por una resolución del tribunal del proceso de estabilización del personal de la Residencia Etxe Maitia. Esta central sindical ha denunciado que no le quisieron variar la fecha del examen a una mujer, a la que coincidía la fecha de parto con la prueba, y le planteaban que lo pudiera hacer en el hospital.

El Consistorio ha manifestado que la fecha del examen (12 de septiembre) estaba preestablecida desde el 17 de junio, “tres meses antes de que se fijase la fecha del parto programado de la mujer sobre la que LAB ha planteado su queja”. Asimismo, asegura que el examen de este proceso está tipificado como “llamamiento único” y las pruebas debían realizarse “en unidad de acto” es decir, “todos los aspirantes deben hacer la misma prueba el mismo día”, tal y como recoge Europa Press.

Según ha señalado el Consistorio, en caso de permitir que una persona lo realice “en otra fecha o se tratase de un examen diferente”, podría suponer “una vulneración del principio de igualdad y una discriminación para el conjunto de aspirantes, incluida la mujer reclamante, ya que no se habría valorado a todos los aspirantes con los mismos parámetros”. Asimismo, ha asegurado que el tribunal, siguiendo el mismo protocolo que aplica Osakidetza, ofreció a la aspirante la posibilidad de que realizara el examen el día establecido en el propio hospital, “opción que ella rechazó, solicitando que se aplazara sine die, hasta que se encontrara en condiciones de realizarlo”.

Por otra parte el Ayuntamiento de Basauri ha remarcado que el tribunal de este proceso de estabilización es un órgano “soberano y autónomo” para emitir resoluciones basadas en el ordenamiento jurídico existente a la hora de regular este tipo de procesos. Según ha precisado, se trata de un órgano formado por profesionales técnicos que no está sujeto a instrucciones de gestores políticos y ha recordado que La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público determinó en el año 2007 que ningún representante político o sindical podía formar parte de un tribunal de este tipo “con el fin de preservar la objetividad e imparcialidad y profesionalidad técnica del proceso”.

Por tal razón, según ha añadido, los órganos de gobierno “ni pueden dictar instrucciones a los tribunales de selección ni apartarse de sus acuerdos, que solo serán revisables en caso de interponerse algún recurso administrativo, por los cauces de la normativa de procedimiento administrativo común”. El Consistorio ha insistido en que este tribunal es un órgano autónomo y cualquier resolución que emita es vinculante para los órganos políticos. Ha añadido que informará detalladamente sobre este asunto en el próximo Consejo Rector de la Residencia Etxe Maitia.

La Ertzaintza ha detenido en Basauri a tres hombres, de 36, 31 y 25 años de edad, por su presunta relación con unos disparos supuestamente de arma de fuego efectuados ayer, sobre las 21:40 horas, desde una vivienda del barrio Urbi de la citada localidad. Ninguna persona ha resultado herida debido al incidente, cuyas circunstancias investiga la Ertzaintza, según ha informado en un comunicado.

Nada más tener conocimiento de los hechos, la Ertzaintza y la Policía Local de Basauri movilizaron recursos al lugar, en el cual se encontraba un grupo de personas en la vía pública, después de presuntamente haberse registrado unos disparos. Los agentes han procedido a un acordonamiento de seguridad de la zona y han comprobado que no había ninguna persona herida a consecuencia del incidente.

Seguidamente, recursos de la Ertzaintza de la unidad Bizkor y del Grupo Operativo de Intervención se incorporaron a las labores policiales de asegurar la zona e identificar a los posibles implicados. Ertzainas han realizado una entrada autorizada y controlada en el inmueble, según informan, desde cuya ventana supuestamente han procedido los disparos hacia el exterior. Los agentes han identificado a tres hombres por su presunta relación con los hechos y han procedido a su detención, bajo la acusación de intento de homicidio. Durante el operativo también se han recogido casquillos y evidencias para un análisis por parte de la Policía Científica.

Hasta el momento se han presentado tres denuncias en relación con lo ocurrido, mientras la Ertzaintza continúa con las labores de investigación y diligencias policiales.