El Ayuntamiento de Calahorra ha vuelto a trasladar al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja su preocupación por las reiteradas deficiencias que se están produciendo en el servicio de recogida de residuos, después de que la pasada noche no se realizara nuevamente la recogida de basura en la ciudad. Al parecer y según la información remitida al Consistorio, “el vehículo de recogida estaba averiado”. Aun así, para los responsables municipales, “este episodio es uno más de una sucesión de incidencias que se vienen repitiendo desde hace tiempo y que están afectando de manera directa a la calidad del servicio”

Como consecuencia de estas interrupciones en el servicio de recogida de residuos en Calahorra, “numerosas islas de contenedores permanecen desbordadas. Una situación especialmente preocupante durante los meses de verano, cuando las altas temperaturas favorecen la aparición de malos olores y generan un evidente malestar entre los vecinos y una mala imagen del municipio”.

El Ayuntamiento de Calahorra recibe de forma constante las quejas de los ciudadanos, que demandan un servicio acorde con las necesidades de la ciudad y por esta razón, ha solicitado al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja que adopte las medidas necesarias para garantizar la continuidad y la calidad de la recogida de residuos en la ciudad, evitando que este tipo de incidencias se conviertan en habituales.“

El Ayuntamiento de Calahorra considera imprescindible que los ciudadanos reciban un servicio de recogida de residuos eficaz, continuo y acorde con el gran esfuerzo económico que realizan las administraciones públicas y todos los ciudadanos para su financiación, especialmente en una época del año en la que este servicio resulta fundamental para preservar la limpieza, la salubridad y la calidad de vida en la ciudad.

El Consello de Contas pide a los ayuntamientos que hagan un análisis “más completo” en relación con la implantación de la tributación por estancias turísticas. Lo hace en un informe de auditoría “exprés” de la planificación e implantación de estos tributos, en el que estudió a los tres municipios que en el momento del estudio tenían en tramitación y/o implantados los recargos: Santiago, A Coruña y Vigo.

“Las ordenanzas fiscales deberían incluir un análisis previo más completo, en mayor medida cuando tienen una finalidad muy concreta como instrumento de política de contención de las posibles externalidades de una actividad económica, y más aún cuando sus ingresos estarán destinados a finalidades que no han sido concretadas aún en inversiones o proyectos específicos”, advierte.

Antes, según recoge Europa Press, lanza una crítica a su regulación por la Xunta, toda vez que “la tramitación de la ley que amparó la aprobación de las ordenanzas como ley de 'acompañamiento' de la ley de presupuestos generales de Galicia se efectuó sin que se considerase procedente la emisión del dictamen del Consello Económico y Social y la discusión previa de las partes interesadas –por ejemplo, a través de la consulta pública previa en el portal de transparencia–, ni se previno la participación de la Fegamp”.

De acuerdo con el informe, en el cuarto trimestre de 2025, A Coruña recaudó 365.150 euros de la tasa turística, lo cual, en proyección, serían 1.460.600 euros al año, frente a los 2.500.000 estimados. Santiago de Compostela obtuvo 548.000 euros en el cuarto trimestre, 2.192.000 en cómputo anual frente a 2.600.000 estimados.

La auditoría apunta al “reducido cumplimiento voluntario inicial” y también a que el recargo ingresado se corresponde con el cuarto trimestre, “de menor volumen de turistas” que el segundo o el tercero, por lo que establece que “cabe suponer que la recaudación total, sin perjuicio de posibles porcentajes de incumplimiento por los contribuyentes, estarán muy por encima de los cálculos iniciales de los ayuntamientos”.

Críticas y recomendaciones

Entre las recomendaciones, Contas señala que las ordenanzas aprobadas reiteran las previsiones generales de la norma autonómica “sin fijar de manera concreta las medidas para cada una de las dos ciudades que finalmente aprobaron la norma”, y advierte de que son “ciudades con condiciones socioeconómicas, y turísticas más en concreto, muy dispares (el fenómeno de la peregrinación en Santiago de Compostela frente al del crucerista en A Coruña es ejemplo suficiente)”.

En este sentido, estima que las ordenanzas fiscales deberían incluir “un análisis previo más completo, en mayor medida cuando tienen una finalidad muy concreta como instrumento de política de contención de las posibles externalidades de una actividad económica, y más aún cuando sus ingresos estarán destinados a finalidades que no han sido concretadas aún en inversiones o proyectos específicos”.

“No existió con carácter previo a la aprobación de las ordenanzas un análisis bien motivado con cifras y retorno económico de las medidas e inversiones que se asumirán con la recaudación obtenida”, censura.

Además, considera que la fijación en el ayuntamiento de A Coruña de supuestos adicionales “no sujetos a los que recoge la ley” puede “chocar” con la reserva de legalidad y resultar en la práctica contrario al principio de progresividad en el que debe basarse el sistema tributario, porque no guarda relación con la capacidad económica de la persona y exonera del pago a personas sujetas al impuesto autonómico, y por lo tanto también a recarga.

Echa de menos también en el trabajo previo a la aprobación de la ordenanza “posibles medidas complementarias” con impacto en el control turístico, como actividades de inspección turística, zonas de vivienda tensionada, la reorganización o reubicación de eventos de concentración turística...

Recrimina, igualmente, que en no se aplicaron “medidas efectivas de incentivo” para los sectores “más afectados” por la normativa en trámite.

Añade que la publicidad “no fue efectiva” toda vez que los procedimientos de audiencia e información pública se limitaron a propuestas abiertas o libres, o solo a la disponibilidad de borradores del texto legal. “Ni la población en general ni los colectivos más afectados dispusieron de una información previa completa”, censura.

Asimismo, el organismo fiscalizador observa que “la participación ciudadana en el ámbito de los ayuntamientos en las comisiones recogidas en la norma debería articularse de manera más dinámica y en paralelo con la preparación y entrada en vigor de las ordenanzas”.

“La ausencia de una tramitación ágil y relevante de los ingresos directamente afectados que se obtienen con el recargo sobre el impuesto turístico y la ejecución de las inversiones en turismo sostenible, era una problemática ya acreditada en otras administraciones públicas con anterioridad, pero los ayuntamientos gallegos no tomaron medidas para evitarla en la elaboración de las ordenanzas ni en su aplicación práctica inicial”, reprocha.

“Los ayuntamientos deberían incluir el análisis de los ingresos estimados y finalmente obtenidos, junto con la planificación de las medidas alternativas a la aplicación del recargo, en la fase de preparación de las ordenanzas, coadyuvando a una mejor planificación y ejecución de las inversiones a realizar con la recaudación obtenida”, concluye.

Los cuatro alcaldes que el Partido Popular tiene en las capitales de provincia aspirarán a revalidar su cargo la próxima legislatura, mientras que Beatriz Jiménez volverá a ser la candidata 'popular' para el consistorio de Cuenca.

Tal y como ha confirmado este jueves el presidente regional del PP, Paco Núñez, Manuel Serrano en Albacete, Francisco Cañizares en Ciudad Real, Beatriz Jiménez en Cuenca, Ana Guarinos en Guadalajara y Carlos Velázquez en Toledo, serán los candidatos del partido en las capitales de provincia de Castilla-La Mancha para las próximas elecciones municipales de 2027.

Núñez ha indicado que él mismo acompañará a los candidatos en la presentación que hará el PP el 18 de julio de todos los candidatos a las alcaldías de España en las capitales de provincia.

“Tenemos cuatro alcaldes importantísimos en cuatro capitales y una mujer que va a ser alcaldesa dentro de un año y les acompañaremos en la presentación”, ha señalado, para agregar que ya ha hablado con los cinco y es la propuesta que se va a elevar desde la región al Comité Electoral Nacional del PP, que es quien toma la decisión.

Según ha indicado el presiente regional de los 'populares' castellanomanchegos, nada le hace pensar que el Comité Electoral Nacional de PP, cuando se reúna, no vaya a ratificar esa propuesta que se hace desde la Comunidad Autónoma. “Confirmado que no habrá sorpresas”, ha concluido.

El concejal de Urbanismo, Espacio Público y Ciudad Circular, Iñigo López-Araquistáin, y el concejal delegado de Urbanismo, Javier Martínez Mancho, han informado este jueves sobre las futuras acciones que el Gobierno local realizará en materia de desarrollo urbanístico de la ciudad.

Los concejales han informado que el pasado viernes, 3 de julio, se reunió la Mesa de Contratación en relación al procedimiento de adjudicación de la contratación de los trabajos de redacción de la revisión del PGM de Logroño, y una vez formulada propuesta de valoración de los criterios subjetivos a considerar sobre la documentación presentada por la única empresa licitadora, estableció que no se ha obtenido la puntuación mínima requerida para continuar el procedimiento y propone elevar al órgano de contratación declarar la licitación convocada como desierta. La previsión es que tras completar su tramitación administrativa se trasladará dicha propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno, previsiblemente la próxima semana.

Estrategia urbanística porque Logroño “no se detiene”

Asimismo, han avanzado que el Ejecutivo local aprobará también la próxima semana una estrategia urbanística para seguir avanzando en el desarrollo urbanístico de la ciudad y cumplir con los objetivos prioritarios que la ciudad precisa: poner vivienda a disposición de los logroñeses y logroñesas, crecer en infraestructuras verdes, promover una movilidad sostenible y regenerar los tejidos urbanos. “La revisión del Plan General sigue siendo un objetivo estratégico, pero Logroño no se detiene: el PGM vigente continúa operativo y el Ayuntamiento trabaja en un documento estratégico de transición para seguir impulsando vivienda, regeneración urbana, sostenibilidad y actividad económica”, ha señalado López-Araquistáin.

Ha añadido que el Plan General Municipal vigente sigue plenamente en vigor, sigue siendo operativo y sigue ofreciendo instrumentos suficientes para continuar impulsando la evolución de la ciudad.

La estrategia de activación urbana de Logroño, que se aprobará el próximo miércoles por la Junta de Gobierno local, será el marco de transición activa mientras se avanza en la futura revisión del Plan General. “Este documento no pretende sustituir al Plan General vigente ni anticipar el contenido del futuro planeamiento. Su objetivo será ordenar prioridades, aprovechar las oportunidades que ofrece el planeamiento actual y orientar la acción municipal en materias como vivienda, regeneración urbana, desarrollo de sectores, actividad económica, sostenibilidad y mejora de la gestión urbanística”, ha señalado el concejal de Urbanismo.

“Nuestros objetivos son claros y nuestra política en materia de urbanismo está avanzando en la línea de disponer de más suelo y vivienda en la ciudad y generar espacios urbanos sostenibles de calidad. Durante estos tres años estamos agilizando el desarrollo de 22 PERIS urbanísticos para atender las necesidades de la ciudad y en esta misma línea vamos a continuar trabajando”, ha añadido el concejal delegado de Urbanismo, Javier Martínez Mancho.

Las plantas samófilas (o psamófilas) son muy escasas y cumplen funciones vitales. Tienen una resistencia extrema, ya que se adaptan a suelos inestables y vientos fuertes. Aunque son más habituales en zonas de playa, junto al mar, en la meseta su presencia es muy reducida y están protegidas debido a que conforman un “ecosistema único” como refugio y alimento para aves y reptiles, según WWF.

Su presencia en el término municipal de Toledo es muy pequeña, pero ha sido determinante para que el Ayuntamiento, gobernado por el PP y Vox, haya tenido que modificar la ampliación del polígono industrial de la ciudad. De hecho, ha tenido que recortar el número de parcelas que componían inicialmente el proyecto presentado por Loncito Desarrollo S.L.

La ampliación de esta zona en casi 700.00 metros cuadrados se aprobó en una sesión extraordinaria del pleno municipal en marzo de 2025. Las derechas la plantearon como una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que salió adelante con el voto a favor también del PSOE, y la abstención de IU-Podemos. Posteriormente se aprobaron las Bases del Plan de Actuación Urbanística (PAU) y se abrió convocatoria pública a la que concurrió una única empresa.

El proyecto pasó a la Comisión Regional de Urbanismo. Este órgano debía darle su aprobación definitiva, pero a finales de junio los técnicos informaron de que, a raíz de una alegación del grupo ecologista Arba, se había detectado que existen hábitats protegidos de samófilas al sur del sector. Esto, afirman, obligaba a sacar tres parcelas del ámbito de la planificación urbanística.

Con ello, el Ayuntamiento se ha visto obligado a realizar un plan parcial de mejora, que modifica tanto la ordenación estructural como la detallada, con lo cual era preciso volverlo a sacar a información pública. Y así lo ha hecho, según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) con fecha 8 de julio de 2026.

En la resolución ahora publicada, el Ayuntamiento indica que el recorte de las tres parcelas para proteger la “conservación ambiental” del entorno, hace que la ampliación del polígono industrial sea ahora de 618.318 metros cuadrados repartidas en doce parcelas. Es decir, una reducción en más de 80.000 metros cuadrados.

En concreto, se detalla que debido a la existencia de pastizales samófilos (comunidades vegetales de “alto interés ecológico”), el Servicio de Medio Natural ha determinado que ciertas áreas no pueden ser urbanizadas, al estar esta especie protegida en el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha y la Ley de Conservación de la Naturaleza.

Una vez publicada esta resolución, la historia se repite. Finalizada la información pública, el Ayuntamiento debe solicitar informe a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio, que es vinculante, y también tendrá que informar el Consejo Consultivo porque afecta a zonas verdes. Posteriormente se procederá a su aprobación definitiva.

Un proyecto del PSOE que PP y Vox tramitaron por vía urgente

La tramitación del expediente para la ampliación del polígono industrial toledano, pese a haberse iniciado en la anterior legislatura bajo mandato municipal del PSOE, se remitió al pleno más de tres años después, con carácter de urgencia, para reclasificar como suelo urbanizable de uso industrial parte de suelo rústico de reserva y suelo rústico de especial protección.

En concreto, se trata de la ampliación del sector industrial UU-25, que permitirá “llevar a cabo una operación que permita ampliar las instalaciones industriales de una importantísima empresa”, según afirmó el consejero de Fomento, Nacho Hernando.

La principal motivación de la urgencia para aprobar esta modificación fue sido la necesidad de ampliar las instalaciones de la empresa Osi Food Solutions, en las que se lleva a cabo la producción de hamburguesas para McDonald's.

“La colaboración entre ambas administraciones, el Ayuntamiento y la Junta, nos ha llevado a que se ha celebrado un pleno extraordinario y urgente para poder aprobar la ampliación del suelo industrial en la ciudad”, recalcó el consejero sobre esta modificación urbanística. De hecho, el Consistorio toledano señalaba por su parte, en ese pleno extraordinario, que se trata de uno de los proyectos “más importantes de esta legislatura”, en palabras del concejal de Vox y responsable de Urbanismo, Florentino Delgado.

En ese momento afirmó que si no se hacía rápidamente, “nos quedaríamos fuera”, debido a que una vez que se inicie la redacción del Plan de Ordenación Municipal (POM), no se puede “entrar en contradicciones”. “No puede existir una confrontación de la ordenación urbanística que pretendemos para el futuro con lo anterior, lo cual justifica por sí mismo esa urgencia”.

“Con más diligencia y transparencia”

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, lamentó que se tuviera que aprobar en un pleno extraordinario y urgente cuando el proyecto se inició en 2021 y cuando el alcalde, Carlos Velázquez, ya había anunciado que estaría listo antes de finalizar 2024. Remarcó su apoyo a esta ampliación por ser un proyecto del PSOE aunque a este Grupo Municipal le hubiera gustado que se aprobase “de otra manera, con más diligencia y más transparencia”,

De su lado, el portavoz de Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, se abstuvo en la votación porque, entre otras razones, su diagnóstico socioeconómico para justificar esa modificación apunta que el documento está “desfasado en el tiempo”.

“La fecha más cercana que recoge el documento para justificar social y económicamente la necesidad de esta modificación se retrotrae a 2018”, subrayó. Tampoco compartía el diagnóstico referido a la vivienda pues “no se aborda el proceso gentrificador que sufre Toledo, la situación con las viviendas turísticas ni el problema del precio de la vivienda”.

“Toledo ha recibido más de 100 millones de fondos europeos que podrían haber servido para adecentar la zona industrial del barrio del polígono y hacerla atractiva a la llegada de las empresas”. “Sin embargo, tendremos que competir con municipios cercanos para atraer a estas empresas de logística provocando un proceso de dumping fiscal para ver quién paga menos impuestos y dónde”, concluyó.

El Ayuntamiento de Logroño ha dado el primer impulso a la modificación de sus ordenanzas fiscales con la elaboración de las 'Líneas fundamentales de la política fiscal para el ejercicio 2027', con reducción de tipos tanto en el IBI como en las plusvalías.

Es, como ha avanzado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, a través de un documento que avanza algunas de las claves con las que se redactarán las próximas ordenanzas fiscales, seguramente, “para después del verano”.

En este sentido, establece “la actualización de los tipos para lograr una mayor reducción de cargas impositivas a la ciudadanía, especialmente en aquellos tributos que inciden con un carácter más general”.

De este modo, en concreto, en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), se contempla la reducción del tipo al 0,565% -en este momento, el tipo está fijado en un 0,57%-, lo que, ha dicho Sanz, supone “0,5 puntos básicos de reducción respecto del actual”.

En caso del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía), “se establece una nueva reducción del 2,5% respecto de los máximos que se fijen por la normativa estatal”, con el objetivo “de llegar al final de legislatura al 10%”.

Respecto a los beneficios fiscales, se centran en tres objetivos prioritarios: el apoyo a las familias, el fomento de la actividad económica y las políticas ambientales.

En cuanto a las tasas y precios públicos, y siempre bajo los principios de estabilidad presupuestaria, se propondrá una actualización general de tasas y precios públicos con arreglo al Índice de Precios al Consumo (IPC).

Finalmente, la digitalización de los procedimientos tributarios tendrá un papel relevante en las nuevas ordenanzas fiscales, “es algo en lo que se va a hacer especial hincapié”.

Así, se contempla la consolidación de la nueva Oficina Virtual Tributaria, el avance en el sistema de autoliquidación de operaciones tributarias y en la simplificación administrativa.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto con representantes de la Corporación municipal, ha recibido este lunes a los 25 niños y niñas saharauis que participan en el programa ‘Vacaciones en paz’ y que inician su estancia en nuestra comunidad. En el acto también han participado el delegado del pueblo saharaui en La Rioja, Mohamed Labat, y el representante de la Asociación de Amigos y Amigas de la República Árabe Saharaui Democrática, Pablo Ruiz.

Escobar ha dado la bienvenida a los niños y niñas en nombre de la ciudad y les ha deseado que disfruten de estos dos meses y ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento y de la ciudad con este programa que “es un mensaje de paz, convivencia y acogida”.

Asimismo, ha realizado un agradecimiento especial a las familias que acogen a estos menores, “sin vuestro compromiso ‘Vacaciones en paz’ no sería posible”.

El programa ‘Vacaciones en paz’, que desarrolla la Asociación de Amigos y Amigas de la República Árabe Saharaui Democrática y el Ayuntamiento de Logroño desde 1993, tiene como objetivo que los niños y niñas saharauis disfruten de unas vacaciones estivales tanto en Logroño como en otras localidades de La Rioja alejados de las durísimas condiciones de vida que ofrecen los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia).

Este programa tiene un marcado carácter humanitario, debido a las condiciones de extrema dureza que se sufre en los campamentos de refugiados con carencias de todo tipo (alimentación, sanidad, abastecimiento de agua, etc.). Además, más allá del disfrute de vacaciones de estos niños y niñas, lo más importante es que se les proporciona una atención sanitaria especializada, con revisiones médicas dirigidas a cubrir las patologías relacionadas con los oídos y vista que sufren.

Las actividades son financiadas mediante un convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento y la Asociación Riojana de Amigos y Amigas de la República Árabe.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha desestimado el recurso de la alcaldesa de Villarrubia de Santiago, la socialista María Concepción Monzón, a la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo. Con ello, ratifica su condena a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un delito de prevaricación administrativa tras retirar la licencia a un vendedor ambulante del mercadillo municipal.

Según el fallo, el Alto Tribunal castellanomanchego rechaza la primera de las alegaciones de presentadas por Monzón en su recurso en la que afirma que en el fallo de la Audiencia Provincial de Toledo que la condena existe un “déficit de motivación”, para señalar que “no asiste la razón a la recurrente”. “Podrá disentir del razonamiento, pero en modo alguno existe el déficit de motivación que denuncia”, añade.

Respecto a que la alcaldesa alegue en su recurso que la licencia había expirado el 11 de enero de 2021, por lo que el 8 de marzo de 2021 el vendedor no era titular de ninguna licencia y que ello “condiciona el punto de partida para la aplicación del artículo 404 del Código Penal (que regula el delito de prevaricación administrativa), así como la sanción impuesta”, el TSJCM concluye que se trató de una decisión “administrativa arbitraria”.

Del mismo modo, el tercer motivo que alega la alcaldea se basaba en la infracción de normas del Ordenamiento Jurídico en la medida en que defiende la existencia de la “indebida aplicación” del artículo 404 del Código Penal. Ante ello, el TSJCM apunta que, en el presente caso, se desprende del relato fáctico “con claridad” la “consciente injusticia” de la “arbitraria actuación” de la alcaldesa de Villarrubia de Santiago, “por lo que procedería la desestimación del motivo”.

Por todo ello, el Ato Tribunal castellanomanchego afirma que la decisión alcanzada por la Audiencia Provincial de Toledo es “coherente y razonable”, así como “conforme a las máximas de experiencia y reglas de la lógica”, por lo que este último motivo que alega la demandnate “se desestima”.

En todo momento he actuado desde la convicción de defender los intereses de los vecinos y vecinas

La alcaldesa ha mostrado su respeto por la resolución del TSJCM, pero ha anunciado que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo, “en ejercicio de los derechos que reconoce nuestro ordenamiento jurídico”.

“En todo momento he actuado desde la convicción de defender los intereses de los vecinos y vecinas de Villarrubia de Santiago, velando por el interés general del municipio”, apunta la regidora, que añade que durante todo este proceso ha mantenido “una actitud de plena colaboración” con la Administración de Justicia y que seguirá actuando con el mismo respeto institucional en las sucesivas fases del procedimiento.

No obstante, el coordinador general de Partido Popular de Toledo, José Manuel Velasco, ha exigido al PSOE que actúe con “responsabilidad y coherencia” y “obligue” a dimitir de “inmediato” a la alcaldesa. “El tribunal es contundente al señalar que la actuación de Monzón no fue un simple error administrativo ni una interpretación jurídica discutible, sino una decisión administrativa arbitraria, adoptada tras un enfrentamiento personal y completamente al margen de la legalidad”, ha argumentado.

Velasco ha explicado que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General regula, en su artículo 6, que no pueden seguir en sus cargos los condenados por sentencia, aunque no sea firme, contra la Administración Pública, cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal.

Así, para el coordinador provincial del PP, la situación en el municipio de Villarrubia de Santiago es “insostenible”. De hecho, ha advertido de que el PP estudiará todas la acciones jurídicas oportunas ante una alcaldesa “enrocada” en el cargo “en coincidencia con la actual política socialista en el Gobierno de España de mantenerse en los puestos aunque se demuestren graves ilegalidades”.

“El PSOE debe decidir si está del lado de la legalidad y la ética pública o si, una vez más, prefiere proteger a sus cargos condenados, confirmando que ya no tiene otra bandera que la de los casos judiciales y la corrupción”, ha concluido el coordinador general del Partido Popular de Toledo.

La antigua estación de autobuses de Logroño inicia una nueva etapa convertida en un centro intergeneracional destinado a convertirse en un espacio de encuentro para vecinos de todas las edades. El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presentado este lunes las luebas instalaciones, que ofrecerán ua programación de actividades culturales, educativas y de ocio, además de albergar la nueva Oficina de Atención a Personas Mayores.

Durante la presentación, Escobar ha explicado que el objetivo del proyecto es dotar a la ciudad de un espacio público que fomente la convivencia entre generaciones. Entre las iniciativas previstas se encuentran “actividades de lectura, musicales, ejercicios de memoria y desarrollo cognitivo”, dirigidos tanto a niños como a personas mayores.

La inauguración oficial del centro tendrá lugar este lunes a las 19,30 horas en la antigua estación de autobuses, un dificio que culmina así su transformación como un nuevo servicio público para la ciudad.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha valorado de manera positiva la apertura de este nuevo proyecto y ha confiado en que pueda entrar en funcionamiento lo antes posible. La formación recuerda que la actuación ha sido financiada con 2,5 millones de euros de fondos europeos captados durante la anterior legislatura y reclama al Gobierno municipal que impulse la segunda fase del proyecto, que se centra en la reforma de los locales interiores de la manzana.

Asimismo, el PSOE lamenta el sobrecoste de la obra, que cifra en cerca de un 10%, y ha señalado que el interventor municipal emitió una nota de reparo relacionada con la última certificación de los trabajos. Además, sostiene que el proyecto ejecutado difiere del diseño iniciañ que se planteado en la legislatura anterior.

La concejala y secretaria de Aike Susana Martínez y Susana Tundidor, respectivamente, han comparecido este lunes para dar a conocer la queja presentada ante el Defensor del Pueblo en el que solicita amparo ante el “incumplimiento reiterado” del Reglamento de Participación Ciudadana por parte del equipo de Ana Guarinos, que gobierna en el Ayuntamiento de Guadalajara junto a Vox.

Durante su intervención, Martínez ha denunciado que el Ayuntamiento “está impidiendo” el ejercicio efectivo del derecho de participación de vecinos, vecinas, asociaciones y colectivos de la ciudad al no constituir o no convocar los diferentes órganos de participación previstos en la normativa municipal, como son los Consejos de Barrio y los Consejos Sectoriales.

“La participación ciudadana es un derecho fundamental y una obligación legal de las administraciones públicas”, ha señalado la concejala, recordando que tanto la Constitución Española como el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento reconocen y garantizan estos espacios de diálogo, consulta, transparencia y seguimiento de la gestión municipal.

“Transcurridos tres años de mandato, Vox y PP siguen sin constituir Consejos Sectoriales tan importantes como los de Medio Ambiente, Cultura, Salud o Comercio”, expone la concejala. Asimismo, denuncia que otros órganos únicamente se han reunido para su constitución o llevan años sin convocarse, incumpliendo la periodicidad establecida en sus propios reglamentos.

Ante esta situación, Aike solicita al Defensor del Pueblo que inste al Ayuntamiento de Guadalajara a garantizar un derecho fundamental, constituyendo los órganos que permanecen pendientes y convocando de forma periódica todos los consejos y órganos de participación previstos en la normativa municipal, como el Consejo Escolar de Localidad, el Consejo de Igualdad, el Consejo de Mayores o el Consejo de Seguridad entre otros.

Sin informe sobre las quejas ciudadanas desde 2024

Además de órganos --“tan importantes en materia de transparencia”-- asegura como la Comisión Especial de Quejas y Reclamaciones, que debería elaborar un informe anual sobre las quejas de la ciudadanía a través del Buzón ciudadano y lleva sin hacerlo desde el 2024.

También han mencionado el Consejo Director de los Centros Sociales, que debería aprobar la programación y la memoria anual de la actividad de los distintos centros de los barrios y tan solo se ha reunido una vez en todo el mandato, para su constitución.

La formación municipalista también pone el foco en la situación de los Consejos de Barrio, que deberían celebrarse al menos tres veces al año y que, como denuncia Aike, se convocan únicamente para presentar los Presupuestos Participativos una vez al año, sin ofrecer un verdadero espacio de seguimiento, rendición de cuentas o debate sobre las necesidades de cada barrio.

La ciudad pierde espacios de escucha, de diálogo y de construcción colectiva. Se debilita la calidad democrática de la institución y se incumple normativas básicas

Susana Martínez — Concejala de AIKE en el Ayuntamiento de Guadalajara

Durante la comparecencia, Susana Martínez ha insistido en que esta situación “vacía de contenido la participación ciudadana” e impide que las personas puedan aportar propuestas, trasladar problemas o participar en las decisiones que afectan al futuro de Guadalajara.

“La ciudad pierde espacios de escucha, de diálogo y de construcción colectiva. Se debilita la calidad democrática de la institución y se incumple normativas básicas”, ha afirmado.

Para Aike, fomentar la participación ciudadana supone fortalecer la transparencia y mejorar la salud democrática de las instituciones, “porque la democracia no es solo que te voten cada 4 años, sino habilitar estos canales de participación de la ciudadanía para la toma de decisiones”, finaliza Susana Tundidor.

El portavoz del PP de Villanueva de la Serena, Manuel Lozano, ha defendido este lunes que el proyecto de fusión con Don Benito no debe darse por cerrado definitivamente y ha acusado al PSOE villanovense de querer dejarlo “metido en un cajón” por “intereses partidistas” y pensando en las próximas elecciones.

Lozano ha fijado la posición de su partido después de las últimas declaraciones realizadas en ambas ciudades sobre el futuro de la fusión, un proceso que, según ha recordado, fue respaldado en Villanueva de la Serena en la consulta popular del 20 de febrero de 2022 con un 90 por ciento de votos favorables.

El portavoz popular ha afirmado que el PP de Villanueva “sigue creyendo” en el proyecto, en la unión de “dos grandes municipios” y en las posibilidades económicas que, a su juicio, se abrirían para ambas ciudades. No obstante, ha admitido que el proceso atraviesa “un momento de crisis” y ha sostenido que los grandes proyectos pueden tener “dientes de sierra”, por lo que ha pedido a las fuerzas políticas “poner las luces largas” y no actuar pensando en el corto plazo electoral.

Lozano ha criticado directamente a la alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, a la que ha acusado de adoptar una postura “cómoda” al responsabilizar de la paralización al Partido Popular de forma genérica. En este sentido, ha señalado que el proceso fue puesto en marcha por el pleno municipal y ha defendido que su paralización debería acordarla también la institución municipal como, según ha indicado, ha ocurrido en Don Benito.

Preguntado por la diferencia entre la posición del PP de Villanueva y la de este mismo partido de Don Benito, Lozano ha sostenido que cada formación responde al mandato de sus vecinos.

Según ha explicado, en Don Benito las últimas elecciones municipales se convirtieron, por la posición de determinados partidos y por la gestión del anterior gobierno socialista, en un “plebiscito” sobre la fusión, mientras que en Villanueva ningún partido concurrió con la paralización del proceso en su programa.

Por ello, ha defendido que tanto PP como PSOE en Villanueva están obligados a respetar el mandato de las urnas ya que, ha dicho, ambos partidos acudieron a las elecciones defendiendo el impulso de la fusión.

Lozano también ha recordado que el proceso ya había generado “resultados positivos”, entre ellos una subvención de 2,5 millones de euros para una flota de autobuses eléctricos entre ambas ciudades que, ha afirmado, tuvo que devolverse por la imposibilidad del Ayuntamiento villanovense de aportar la parte que le correspondía.

El portavoz popular ha insistido en que la fusión es “un buen proyecto”, importante no solo para Villanueva y Don Benito, sino para el conjunto de Extremadura, y ha concluido que solo estaría legitimado para cerrarlo un partido que concurra a las próximas elecciones en Villanueva con esa propuesta y obtenga el respaldo de los vecinos.

El Ayuntamiento de Navaconcejo (Cáceres) ha recordado la prohibición de lanzarse al río Jerte desde el puente 'Blanco' y el puente 'del Camping' tras detectar en los últimos días que numerosos niños y jóvenes realizan esta práctica.

En un bando municipal, el Consistorio ha subrayado que estos saltos suponen un “serio riesgo para la vida y la integridad física” de quienes los realizan, ya que la profundidad del agua puede variar, el fondo ocultar piedras u otros obstáculos y la corriente “no ofrece garantías de seguridad”.

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a los padres para que extremen la vigilancia sobre sus hijos y les informen del peligro que entrañan estos saltos con el fin de evitar accidentes.

Asimismo, ha pedido a vecinos y visitantes que disfruten del río “con responsabilidad y sentido común” y ha hecho hincapié en que no merece la pena “jugarse la vida por unos segundos de diversión”.

Castilla-La Mancha es de las comunidades autónomas que suele registrar las temperaturas más elevadas del país en olas de calor durante el verano. Los refugios climáticos con una opción para aquellas personas que necesitan de espacios donde protegerse, bien durante su tiempo de trabajo al aire libre, bien para poder salir a la calle y no sufrir los estragos del calor.

Greenpeace acaba de advertir que, pese al aumento de las muertes por calor, solo una de cada tres capitales españolas tiene refugios climáticos. Y en el interior del país, señala a Castilla-La Mancha destacan por la “ausencia total” de estos espacios en las principales ciudades. De hecho, ya el año pasado también lo apuntó así.

La organización no solo alerta del estancamiento en cuanto al número de espacios públicos para protegerse de las altas temperaturas, sino de las “graves carencias que impiden que muchos refugios actuales sean efectivos”.

“El verano que conocíamos ya no existe. El calor es un problema de salud pública que cada año mata en España a miles de personas y no estamos respondiendo a la velocidad que el cambio climático nos impone, ni para frenarlo ni para adaptarnos a sus impactos”, ha advertido Elvira Jiménez, responsable de adaptación al cambio climático de Greenpeace.

La entidad considera que los refugios climáticos son una “medida efectiva a corto plazo para proteger a las personas del calor extremo” y, sin embargo, el balance con respecto a 2025 es “desolador”. “Casi el 70% de las capitales de provincia volverán a dejar a las personas más vulnerables sin protección ante un verano al rojo vivo”.

De hecho, a las puertas de un nuevo episodio de calor extremo, el avance en cuanto a su implantación se encuentra “casi congelado” respecto a 2025“, según la asociación ecologista, y frente a las 16 capitales con refugios detectados el año pasado, actualmente son 19 las que cuentan con estos servicios.

Efectivamente, según los indicadores que analiza Greenpeace, no hay refugios climáticos catalogados como tales por parte de las administraciones públicas, pero sí que hay opciones.

Un ejemplo reciente es la medida adoptada por el sindicato de Comisiones Obreras (CCOO) en Castilla-La Mancha, que ha habilitado todas sus sedes de la región como “refugios climáticos para trabajadores” que desarrollan su labor profesional en la vía pública y no tienen un espacio donde protegerse del calor en los tiempos de descanso.

Una exigencia para las empresas

Esta iniciativa va dirigida especialmente a profesionales de la jardinería, mantenimiento de carreteras, limpieza viaria, recogida de residuos, servicios forestales, de reparto y también del sector agrícola. Así lo anunció Raquel Payo, secretaria de Diálogo Social y Salud Laboral del sindicato, quien además exigió a las empresas que implanten medidas contra las temperaturas extremas, ya que “el calor mata y enferma”.

A nivel local, en la ciudad de Toledo, por ejemplo, no existe una red oficial, pero existen algunas alternativas. El Museo Sefardí suele habilitar sus espacios refugio climático en verano. Y también hay entornos naturales con mucha sombra y junto al río Tajo que ayudan a disminuir la temperatura, al igual que otros espacios con aire acondicionado como las bibliotecas públicas.

En Guadalajara, tampoco hay una red oficial, pero sí estructuras urbanas para proteger del calor extremo. Son las denominadas “corolas bioclimáticas”, sombrillas inteligentes que generan sombra y reducen la radiación solar. Están situadas en puntos de mucho tránsito como el zoo, la calle Alfonso López de Haro, la Plaza del Jardinillo y la Plaza Mártires Carmelitas.

En Cuenca, hay iniciativas puntuales como el Centro Cultural Pedro Mercedes, que ofrece zonas sostenibles con sombra y vegetación, pero, efectivamente tampoco hay una implantación de refugios, más allá de las zonas verdes y espacios públicos con aire acondicionado.

Es el mismo caso de Ciudad Real. No hay una red oficial, pero el Ayuntamiento activa cada verano un centro de acogida temporal destinado específicamente a personas sin techo durante los episodios de altas temperaturas o planes de protección. De igual forma, hay espacios con abundante sombra y árboles, como el Parque de Gasset, para mitigar las altas temperaturas.

¿Son eficaces estas opciones? Greenpeace recuerda que “no basta simplemente con etiquetar un espacio como refugio climático”. Deben ser efectivos en cuanto a su disponibilidad y accesibilidad para que los puedan utilizar las personas más vulnerables que no encuentran alivio en sus hogares“.

El delegat del Govern central a les Illes i exalcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, ha registrat aquest dijous la seva candidatura per encapçalar la llista del PSOE al municipi mallorquí a les eleccions de 2027.

En una carta adreçada a la militància, Rodríguez ha explicat que fa el pas amb la voluntat de liderar un projecte que torni a situar les persones al centre de l'acció política i recuperi un Calvià pensat per als qui viuen, treballen i volen desenvolupar el seu projecte de vida.

Sota el lema 'Un Calvià per viure', la candidatura proposa una nova etapa basada en l'habitatge, la proximitat, la protecció del territori i l'enfortiment dels serveis públics.

En aquest sentit, una de les principals prioritats de la seva candidatura serà recuperar una “política decidida” de construcció d'habitatge de protecció oficial, com la impulsada durant els seus anys al capdavant de l'Ajuntament amb promocions a Santa Ponça i Magaluf.

“Calvià necessita tornar a construir habitatge públic perquè els nostres joves i les famílies puguin desenvolupar aquí el seu projecte de vida. Ja vam demostrar que era possible i vull tornar a fer-ho realitat”, assenyala en la missiva.

El socialista defensa un model turístic que pensi en les persones que fan possible el principal motor econòmic del municipi. “No existeix una bona política turística si no pensa també en el benestar dels seus treballadors i treballadores, en la seva formació i en unes condicions laborals dignes. Un Calvià millor també es construeix cuidant els qui sostenen el nostre turisme cada dia”, ha afegit.

Rodríguez ha agraït la feina del Grup Municipal Socialista durant aquesta legislatura, destacant una oposició “útil, responsable i propera”, centrada tant a fiscalitzar l'acció del govern com a presentar propostes per donar resposta als problemes dels veïns de Calvià.

Rodríguez també situa entre les seves prioritats la defensa del territori i la millora de la qualitat de vida dels residents, apostant per un municipi amb més espais verds i menys ciment.

“Calvià ha de protegir allò que el fa únic. Necessitem un Ajuntament que cuidi el nostre territori, que aposti per més zones verdes i menys asfalt, i que pensi sempre a millorar la qualitat de vida dels qui vivim aquí”, ha defensat.

Alfonso Rodríguez assegura afrontar aquest nou repte “amb la il·lusió, les forces i les ganes” de tornar a encapçalar la candidatura socialista i construir, al costat de la ciutadania, un projecte de futur per al municipi.

El delegado del Gobierno en las Islas y exalcade de Calvià, Alfonso Rodríguez, ha registrado este jueves su candidatura para encabezar la lista del PSOE al municipios mallorquín en las elecciones de 2027.

En una carta dirigida a la militancia, Rodríguez ha explicado que da el paso con la voluntad de liderar un proyecto que vuelva a situar a las personas en el centro de la acción política y recupere un Calvià pensado para quienes viven, trabajan y quieren desarrollar su proyecto de vida.

Bajo el lema 'Un Calvià para vivir', la candidatura propone una nueva etapa basada en la vivienda, la proximidad, la protección del territorio y el fortalecimiento de los servicios públicos.

En este sentido, una de las principales prioridades de su candidatura será recuperar una “política decidida” de construcción de vivienda de protección oficial, como la impulsada durante sus años al frente del Ayuntamiento con promociones en Santa Ponça y Magaluf.

“Calvià necesita volver a construir vivienda pública para que nuestros jóvenes y las familias puedan desarrollar aquí su proyecto de vida. Ya demostramos que era posible y quiero volver a hacerlo realidad”, señala en la misiva.

El socialista defiende un modelo turístico que piense en las personas que hacen posible el principal motor económico del municipio. “No existe una buena política turística si no piensa también en el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, en su formación y en unas condiciones laborales dignas. Un Calvià mejor también se construye cuidando a quienes sostienen nuestro turismo cada día”, ha añadido.

Rodríguez ha agradecido el trabajo del Grupo Municipal Socialista durante esta legislatura, destacando una oposición “útil, responsable y cercana”, centrada tanto en fiscalizar la acción del gobierno como en presentar propuestas para dar respuesta a los problemas de los vecinos de Calvià.

Rodríguez también sitúa entre sus prioridades la defensa del territorio y la mejora de la calidad de vida de los residentes, apostando por un municipio con más espacios verdes y menos cemento.

“Calvià debe proteger aquello que lo hace único. Necesitamos un Ayuntamiento que cuide nuestro territorio, que apueste por más zonas verdes y menos asfalto, y que piense siempre en mejorar la calidad de vida de quienes vivimos aquí”, ha defendido.

Alfonso Rodríguez asegura afrontar este nuevo reto “con la ilusión, las fuerzas y las ganas” de volver a encabezar la candidatura socialista y construir, junto a la ciudadanía, un proyecto de futuro para el municipio.

La Comunidad de Propietarios de Río Vístula, 1, en Aldea Moret, ha denunciado la “contradicción” que supone que el Ayuntamiento de Cáceres, principal propietario del edificio, reclame el pago de la deuda del suministro de agua —e incluso advierta de un posible corte del servicio— mientras mantiene cuotas comunitarias impagadas desde 2020 en numerosas viviendas municipales.

El posible corte afectaría a más de 74 vecinos, entre ellos 21 menores y varias personas dependientes, independientemente de que estén o no al corriente de pago.

Según el Registro de la Propiedad, el Ayuntamiento posee 30 de las 48 viviendas del inmueble, lo que supone el 62% del edificio. La finca cuenta únicamente con dos contadores comunitarios, sin contadores individuales, y uno de ellos permanece averiado desde 2015, por lo que el consumo se factura mediante estimaciones. La Comunidad recuerda que esta situación ha dificultado durante años el mantenimiento del edificio y el pago de suministros esenciales.

Desde enero de 2026, la Junta de Propietarios ha acudido a todos los plenos municipales solicitando que el Ayuntamiento contribuya al pago de las cuotas comunitarias de sus viviendas, como exige la legislación a cualquier propietario. A ello se suma que los recibos del agua incluyen tasas municipales, como la de basura, que pasan a vía ejecutiva con recargos cuando no pueden abonarse, mientras la deuda del agua continúa creciendo.

La Comunidad advierte de que un eventual corte afectaría también a vecinos que pagan puntualmente sus cuotas y a familias que residen como arrendatarias en viviendas municipales, igualmente al corriente de pago. Reclama que el Ayuntamiento actúe no solo desde su posición institucional, sino como titular registral de la mayoría del edificio, cumpliendo las mismas obligaciones que el resto de propietarios.

La secretaria de la Comunidad, Cristina Escarmena, explica que “el Canal de Isabel II nos ha informado de que la instalación es insegura, lo que impide sustituir el contador averiado. Además, fue una sorpresa horrible comprobar que el compromiso adquirido por el Ayuntamiento en la Mesa del Agua de 2018 para evitar el corte del suministro no se había materializado y que la deuda acumulada supera ya los 126.000 euros”.

La Comunidad lamenta el estigma que está generando la difusión pública de la deuda, que “no refleja la realidad de muchas familias que cumplen con sus obligaciones”.

La junta de la Comunidad de Propietarios del edificio Río Vístula número 1 insiste en que no pretende eludir responsabilidades, sino que todos los propietarios, incluido el Ayuntamiento, participen activamente en la solución de un problema que se arrastra desde hace décadas.

Por su parte, el Consistorio ha informado a elDiario.es de que en el próximo pleno se aprobará la partida correspondiente a las cuotas adeudadas por las viviendas de titularidad municipal ubicadas en dicho bloque (20 según la versión oficial) —impagos acumulados desde 2020— y cuya cuantía fue remitida por la comunidad de vecinos el pasado 21 de abril. A partir de esa fecha se inició el expediente administrativo para proceder al abono y, una vez se produzca la aprobación plenaria, el pago será inmediato.

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Seseña, Raúl Casares, ha dimitido de su acta hoy después de asegurar en un Pleno municipal que “la iglesia católica es el mayor nido de pederastia y homosexualidad”. El concejal dijo pronunciar esas palabras en nombre propio y no de su partido político, y acaba de renunciar al cargo.

La dimisión la ha comunicado el PSOE de esta localidad toledana a través de su cuenta en la red social X, haciéndose eco de la carta de renuncia del edil que se produce “por razones personales y de forma libre y voluntaria”.

Los socialistas valoran el gesto. “Ha dimitido reconociendo así su error y nosotros le agradecemos ese ejercicio de coherencia”, pero piden al Partido Popular y a su presidente regional Paco Núñez que practique lo mismo con los suyos. “Cuándo le va a pedir la dimisión al concejal de San Clemente que cantó el 'Cara al sol'”, le han preguntado. En aquel caso los 'populares' abrieron expediente y un mes después el edil presumió de su gesto y lo enmarcó en su “vida privada”.

El PP había pedido “responsabilidades” políticas

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, había exigido durante la mañana al presidente de Castilla-La Mancha, hoy de viaje en Bruselas por diversas cuestiones relacionadas con el ámbito agrario, aclarar su posición sobre las palabras del concejal socialista.

También había preguntado a Emiliano García-Page sobre si piensa asumir algún tipo de responsabilidad política por unos hechos “absolutamente incompatibles con el respeto que debe presidir la vida pública”.

Según Serrano, las palabras del concejal suponen “un ataque inaceptable contra la Iglesia Católica y contra millones de creyentes”.

Igualmente, el dirigente ‘popular’ había censurado que estas declaraciones también impliquen “una utilización despectiva del colectivo LGTBI”, algo que ha calificado de “especialmente preocupante” por provenir de un representante público. También ha cargado contra la diputada regional socialista y exalcaldesa de Seseña, Silvia Fernández, que se encontraba presente durante la sesión plenaria. “Lo que también debe explicar el PSOE de Castilla-La Mancha es si considera aceptable que una representante pública permanezca impasible ante unas declaraciones de esta gravedad”, ha manifestado hoy.

El PSOE publicó un comunicado de disculpas el sábado

Los socialistas de Seseña ya publicaron el pasado sábado, dos días después del polémico pleno, un comunicado en el que manifestaron su “rechazo” a las palabras del concejal.

“Respetamos profundamente la libertad religiosa y las creencias de todos los vecinos y vecinas de Seseña, algo que hemos demostrado en nuestros años de gobierno y en la actualidad”, señalaban entonces, para aclarar que se trataba “exclusivamente a una opinión personal”, sin representar la posición del PSOE de Seseña ni la del resto de concejales del Grupo Municipal Socialista.

También aprovecharon para denunciar “la manipulación realizada por Vox” que difundió un vídeo en las redes sociales, apuntando al resto de concejales, a los que acusaron de reírse con las palabras del edil. “En ningún momento la portavoz del Grupo Municipal Socialista ni el resto de concejales presentes reaccionaron con risas ante esas declaraciones. La reacción fue de evidente asombro y desaprobación, como puede apreciarse en la grabación completa de la sesión”, según desmentían.

“El PSOE de Seseña seguirá trabajando con seriedad y compromiso por todos los vecinos y vecinas del municipio, defendiendo los valores de respeto, convivencia y diálogo que siempre han guiado nuestra acción política”, zanjaba el comunicado.

El incendio forestal que se declaró el lunes en el entorno de Huertezuelas, pedanía de la localidad ciudadrealeña de Calzada de Calatrava, ya se ha extinguido, según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de Castilla-La Mancha.

Los casi 70 medios y 300 personas que han participado en su extinción lograron controlar el fuego a las 20.00 horas del martes, bajando su situación operativa al nivel 0.

Anteriormente, el incendio llegó a estar en nivel 2 , obligando primero al confinamiento de la población de esta entidad local menor y posteriormente a la evacuación debido a la proximidad de las llamas. Los vecinos y vecinas pudieron volver progresivamente a sus casas durante el martes.

El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava ha informado de que el núcleo urbano de Huertezuelas no ha sufrido daños estructurales, aunque el fuego llegó a alcanzar el perímetro de la pedanía, “devastando nuestro entorno y los parajes que nos identifican”. Se estima una superficie afectada de 390 hectáreas.

El Procurador del Común -equivalente al Defensor del Pueblo- de Castilla y León ha presentado su informe anual. En 2025, se dictaron 1.333 resoluciones, de las cuales se emitieron recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias en el 82,75% de las resoluciones. Las administraciones públicas aceptaron (parcial o totalmente) el 84% de las 1.103 resoluciones que incluían recomendaciones y sugerencias.

A lo largo de 2025, el Procurador del Común ha recomendado a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social que reduzca los tiempos de espera sanitarios, especialmente en Atención Primaria y las Unidades del Dolor. También ha exigido que se eliminen las sujeciones físicas en las residencias de mayores y que se aumente el número de plazas públicas para reducir las listas de espera. También ha reclamado “un enfoque preventivo y estructural” para abordar la contaminación del agua por nitrato y universalizar la instalación de contadores de agua y una tarificación vinculada al consumo real en los municipios.

El Procurador del Común ha detectado un incumplimiento generalizado del límite recomendado del uso de pantallas y dispositivos electrónicos en la etapa escolar, por lo que ha pedido a la Consejería que establezca criterios pedagógicos para regular y limitar estas actividades. Además, ha reclamado que se dote a los centros de recursos materiales y humanos para atender a los alumnos que necesitan más apoyo, además de impulsar protocolos para prevenir el acoso escolar y proteger la salud mental de los menores.

Además, este 'Defensor del Pueblo' señala a los 168 ayuntamientos que no han querido colaborar en algún punto de sus informes. Estos municipios no colaboradores se clasifican entre aquellos que no contestaron a las peticiones de información, aquellos que no respondieron a recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias y los que se han negado a participar de cualquier forma con el Procurador del Común. León y Burgos son las provincias con menos ayuntamientos no colaboradores (35 y 31, respectivamente).

No contestaron al Procurador cuando pidió información

Cuando el Procurador del Común recibe una queja e inicia la investigación pertinente, se pone en contacto con las administraciones públicas. El año pasado, fueron 23 ayuntamientos los que no respondieron a la consulta de esta institución independiente.

Ignoraron las recomendaciones del Procurador del Común

También hay 104 municipios que no contestaron a las recomendaciones, recordatorios o sugerencias del Procurador del Común, la mayoría de ellos de León (25), Burgos (18) y Valladolid (15). En este grupo, destacan municipios grandes como los de Miranda de Ebro (PSOE-IU-Podemos), Astorga (PP), Ponferrada (PP-Coalición por el Bierzo), Palencia (PSOE) y Soria (PSOE), entre otros.

No contestaron a nada

Hay 41 municipios que no contestaron ni durante la investigación de cada una de las quejas ni una vez resueltas. Entre ellos, destacan los ayuntamientos de las ciudades de Burgos (PP), León (PSOE), Segovia (PP) y Valladolid (PP-Vox).

En esta ocasión, se han incluido como entidades no colaboradoras a la Diputación de Ávila (que no ha contestado a nada) y a la Diputación de Burgos, que no remitió un informe sobre los servicios de extinción de incendios. También se afea la falta de colaboración en las pedanías de Hiniesta, Hormaza y Moradillo de Sedano, la Mancomunidad Bajo Arlanza (Burgos) y la Junta Vecinal Villamarco (León).

El Gobierno ha acordado con Bruselas flexibilizar algunas de las inversiones vinculadas al Plan de Recuperación, de tal manera que se puedan utilizar los remanentes de hitos y objetivos ya cumplidos para seguir financiando gastos afines más allá del 31 de agosto. Esta es la fecha en la que tienen que estar ejecutadas todas las reformas y acciones financiadas con el ‘maná europeo’.

El Ejecutivo ha incluido en el Real Decreto-Ley de respuesta a la crisis en Oriente Medio una disposición adicional pactada con la Comisión Europea que permitirá que, en el caso de que se hayan cumplimentado los programas del Plan de Recuperación con un menor gasto del previsto inicialmente, se puedan usar esos ahorros para “la financiación de actuaciones en las mismas áreas políticas”. Es decir, fundamentalmente, las transiciones digital y energética.

El articulado especifica que se aplicará para los hitos y objetivos incluidos en la última solicitud de desembolso, el séptimo pago, que el Ejecutivo debería pedir antes del 31 de agosto. Y siempre que se compruebe “que el importe finalmente justificado y verificado es inferior al que se consideró para evaluar los proyectos presentados del hito u objetivo y determinar su cumplimiento”.

Según detalla la disposición, serán las “entidades decisoras” del Plan de Recuperación —es decir, los ministerios— quienes determinen los hitos y objetivos que se acojan a este nuevo régimen así como la cuantía afectada, en base a la información que proporcionen las “entidades ejecutoras” —los propios ministerios, empresas públicas, comunidades autónomas o ayuntamientos—.

La disposición, dice el texto, será de aplicación inmediata desde su entrada en vigor, este miércoles. Y el Gobierno se reserva, mediante un acuerdo de Consejo de Ministros, el dictar instrucciones “para la aplicación de los apartados anteriores y para garantizar la correcta ejecución final de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. 

Una medida para evitar el “efecto escalón”

Fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es apuntan que no hay una cifra cerrada de fondos que potencialmente se puedan desatascar con esta medida, ya que no se conocerán hasta el final del programa, cuando se evalúen los hitos y las cuantías. En este sentido, desde el Ejecutivo señalan que llevan meses en conversaciones con la Comisión Europea para conseguir esta flexibilización. El objetivo último, detallan, es evitar un “efecto escalón” en la inversión pública una vez finalice el programa europeo.

Hace cinco años, el presidente Pedro Sánchez consiguió una gran victoria política en Bruselas al amarrar un ‘Plan Marshall’ europeo con emisión conjunta de deuda para reconstruir la economía tras el golpe de la pandemia. Inicialmente a España se asignaron 160.000 millones de euros, entre transferencias y créditos. Al final serán 102.000 millones, ya que el Gobierno renunció a 60.000 millones en préstamos, y solo si el Ejecutivo saca adelante todos sus compromisos.

Que desaparezca de golpe esa inyección millonaria podría ralentizar un crecimiento que, hasta ahora, no deja de batir las expectativas. Para evitarlo, además de esta iniciativa, el Gobierno ha impulsado el fondo España Crece, anunciado a principios de año, dotado con 13.500 millones procedentes del Plan de Recuperación y con el objetivo de que el Instituto de Crédito Oficial —que va a gestionar este vehículo— movilice 120.000 millones de euros de inversión, entre pública y privada. Sus objetivos serán similares a los del plan original: las transiciones verde y digital, así como el desarrollo de vivienda pública asequible.

La inyección de los fondos europeos ha servido al Gobierno para capear la falta de unas cuentas públicas, dado que las que están en vigor son las prorrogadas desde 2023. De hecho, en La Moncloa se ha considerado que el Plan de Recuperación eran los ‘verdaderos’ Presupuestos de esta legislatura. El presidente ha llegado a rechazar un adelanto electoral por la necesidad de ejecutar al completo los 102.000 millones de euros procedentes de Bruselas.

El Gobierno está aún a la espera de que la Comisión Europea dé luz verde a la solicitud del sexto desembolso, por valor de 7.256 millones de euros, que remitió en marzo de este año. Entre otros, está pendiente de que el Ejecutivo comunitario autorice al Ejecutivo ‘saltarse’ la subida de los impuestos al diésel. Precisamente, y como parte del nuevo paquete de medidas por la guerra en Oriente Medio, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva rebaja temporal en el impuesto de hidrocarburos, hasta octubre.

En La Moncloa está previsto solicitar el séptimo y último pago antes de que termine el verano, donde se incluirán unos 140 hitos y objetivos por valor de 27.000 millones de euros. A partir de ahí, la Comisión tendrá hasta el 31 de diciembre para autorizar el desembolso.

Según los datos de la plataforma ELISA, desarrollada por el Ministerio de Economía para hacer un seguimiento de las licitaciones vinculadas al plan, hasta el 30 de abril se han resuelto convocatorias vinculadas a los fondos europeos por valor de 67.574 millones de euros.