“Por el respeto y solidaridad con los trabajadores, ETS no dará ningún concierto el 26 de agosto. Se adelanta un día: el 25 de agosto será el concierto”. Así anunciaba Iñigo Etxezarreta, cantante y guitarrista del grupo alavés En Tol Sarmiento (ETS), en un vídeo ya eliminado de sus redes sociales, la decisión de no tocar el próximo miércoles 26 de agosto en Aste Nagusia de Bilbao al coincidir esta fecha con la cuarta jornada de huelga convocada en esta ocasión en Bizkaia por los trabajadores de espectáculos y eventos de Euskadi, que llevan desde el pasado 15 de mayo con paros y movilizaciones ante el “bloqueo” por parte de la patronal a la hora de negociar un nuevo convenio que mejore sus condiciones laborales.

“ETS quiere mostrar su solidaridad y respeto hacia la jornada de huelga convocada para el día 26 por el sector técnico de espectáculos y eventos, así como de contribuir a visibilizar la situación y las reivindicaciones de un colectivo imprescindible para el desarrollo de la actividad cultural y musical”, publicó el grupo en un comunicado que también ha sido borrado en el que confesaban que “en los últimos días, representantes de las organizaciones sindicales convocantes” se pusieron en contacto con ETS para “trasladar al grupo los motivos y el contexto de la huelga”. De esta manera y tras llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Bilbao, los alaveses decidieron adelantar el evento. “Detrás de cada concierto hay un enorme equipo de profesionales que hace posible que nosotros podamos subirnos a un escenario. Ante esta situación, queremos mostrar nuestro respeto y solidaridad con el sector técnico y facilitar que sus trabajadores y trabajadoras puedan ejercer libremente su derecho a huelga”, anunciaron.

Sin embargo, lejos de aplaudir la decisión adoptada, los trabajadores, así como cientos de personas en redes sociales, la han criticado al considerar que el cambio de fecha “boicotea” la propia huelga. “Otra cancelación más de un evento el día 26. Otro escenario se quedará vacío el día de la huelga, algo que no hace más que demostrar la fuerza que tiene la unión de los trabajadores de espectáculos. Insistimos que el fin no es la huelga en sí, es una herramienta para sentar a Euki [patronal creada en 2024 integrada por empresas del sector audiovisual con domiciliación fiscal Euskadi] a negociar con sensatez”, indicaron en un comunicado desde Teknikariok, el sindicato de técnicos de sonido que lucha por un nuevo convenio junto a ELA, LAB, ESK, CCOO y UGT.

En cuanto al caso concreto de ETS, desde Teknikariok han lamentado que “este sector se sigue precarizando, sea 25 o 26 de agosto”. “De hecho, este cambio de última hora refleja la absoluta disposición que se nos exige en este sector”, han criticado debido a que ETS avisó del cambio de fecha a cinco días del evento y una de las líneas rojas de los trabajadores es poder contar con un mes de preaviso en la asignación de turnos y horarios. Compromiso que las empresas se niegan a asumir reservándose la posibilidad de modificarlos con solo cinco días de antelación respecto al evento. “Frente a las polémicas generadas, no queremos olvidar que nuestro objetivo como sindicato es firmar un convenio con condiciones dignas y que los escenarios el día 26 se queden vacíos para visibilizar la lucha que estamos llevando a cabo”, han sentenciado.

Consultados por este periódico los trabajadores confiesan que entienden que los espectáculos sean reprogramados ante una huelga, pero tienen “sentimientos encontrados” con el hecho de adelantarlo un día. “Desconocemos quién ha decidido adelantarlo ni las cláusulas del contrato que tiene el grupo, pero este cambio demuestra justo lo que estamos reivindicando. Nos avisan cinco días antes de que tenemos que trabajar el martes y no el miércoles. Independientemente de la huelga es algo que ocurre de forma habitual. Muchas veces no sabemos nuestros horarios hasta última hora y tenemos que tener disponibilidad absoluta”, lamentan.

En este sentido exigen una mayor implicación por parte de las instituciones a la hora de contratar a empresas que “precarizan” el trabajo de los técnicos de espectáculos. “Trabajamos 14 horas seguidas día tras día y nos dicen que eso no es precariedad. Entendemos que el cambio hasta dignificar las condiciones laborales puede ser lento, pero pedimos que el convenio recoja nuestras peticiones para que empresas e instituciones empiecen a cambiar las cosas”, confiesan desde el sector.

Desde el Ayuntamiento de Bilbao han informado de que “el cambio de fecha responde a una petición trasladada por ETS, que ha sido analizada por el Consistorio durante los últimos días”. “Tras valorar conjuntamente la solicitud, así como las implicaciones organizativas, técnicas y de seguridad que conlleva una modificación de estas características, ambas partes han trabajado de forma coordinada para estudiar las distintas alternativas posibles y hacer viable el adelanto del concierto”, han señalado en un comunicado en el que han agradecido “la colaboración y disposición mostradas por ETS, así como el esfuerzo realizado por todos los agentes implicados en la organización del concierto para adaptar la programación y facilitar la celebración de esta actuación”.

Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con el grupo ETS que ha comunicado que “ha decidido no entrar en polémicas y no hará entrevistas al respecto”.

Más cancelaciones por “solidaridad con la huelga”

Por su parte, el grupo Vulcanizadas, que iba a participar el próximo miércoles 26 en la Muestra Bilbao Metal Pop-rock de Aste Nagusia, en Bilborock, ha anunciado la cancelación del concierto en “solidaridad con la huelga de técnicos” en un mensaje en sus redes sociales con el que han confirmado que la fecha no se modificará para ningún otro día de las fiestas de Bilbao. “Nos vemos en septiembre”, han recalcado.

También han cancelado la programación de las txosnas, programada por Bilboko Konpartsak, así como los pases de las 20.00 horas y de las 23.00 horas de la verbena Laprast Erromeria que se iban a celebrar en la Plaza Circular y la sesión de bertsolaris que tendrán lugar en la Plaza Santiago a las 13.00 horas se llevará a cabo sin técnicos de sonido, con el objetivo de que se vea el trabajo que realizan y lo que supone para el propio espectáculo. En cuanto al Teatro Arriaga, no ofrecerá su función de 'La Cubana: la cuisine de ma cuisine', una obra de teatro disponible hasta el 13 de septiembre que el próximo miércoles queda cancelada por la huelga.

Entre los eventos que por el momento sí que se celebrarán se encuentra el concierto a las 23.30 horas en Abandoibarra de Urtz y la Orquesta Sinfónica de Bilbao, que no han anunciado ningún cambio por la huelga de técnicos de sonido. Tampoco ha modificado su actuación, que será previsiblemente a la misma hora el Muelle de Evaristo Churruca, en la zona de las canchas de baloncesto, Karmento, artista que mezcla el folk manchego con la copla y el flamenco.

La del próximo miércoles será la cuarta jornada de huelga que celebre el sector, después de las realizadas el 15 de mayo en toda Euskadi, el 5 de agosto en Álava y el 14 de agosto en Gipuzkoa, ambas coincidiendo con las fiestas de Vitoria y Donostia. Durante la primera jornada de huelga Nacho Vegas, que debía ofrecer su concierto en el Kafe Antzokia de Bilbao, lo pospuso hasta el 4 de septiembre en apoyo a los trabajadores de espectáculos. “Sin técnicos ni técnicas no podríamos dar ni asistir a conciertos y queremos solidarizarnos especialmente con la gente más precarizada y apoyar esta huelga que defiende sus derechos laborales más básicos”, anunció el artista, que destacó que no se trata de una decisión tomada en contra del Kafe Antzokia en concreto, sino una decisión tomada por “conciencia política”.

En las fiestas de La Blanca de Vitoria, el día 5 de agosto se anularon los conciertos que estaban previstos en las txosnas de Chocolate Remix, Arranbe y Maruxak, además de las sesiones de DJ Izenordainak, DJ Radio Patio y DJ 3katu, y los espectáculos de cada agrupación, en solidaridad con los huelguistas. Además, La Txama canceló su concierto en la plaza del Machete, y la actuación de Mariachi Imperial Guanajuato, en la plaza de la Provincia, y se suspendió la función de teatro 'La pasión infinita', con Pepón Nieto, en apoyo a la huelga.

Mientras que en Aste Nagusia de Donostia, durante la jornada del 14 de agosto se suspendieron todos los conciertos que estaban programados por el colectivo Donostiako Piratak lo que dejó fuera de la programación la actuación en La Flamenka del grupo de ska y reggae Skabidean, así como al programa de actividades de la Plaza de la Trinidad. Además, se canceló por la huelga el espectáculo de danza ‘PICASSa’, que iba a representarse en dos sesiones dentro del ciclo Tabakalera Dantzan de la Quincena Musical.

El presidente de la Deputación de Ourense y líder del PP en la provincia, Luis Menor, ha insistido este lunes en la tesis de su partido sobre la renuncia de los ediles del grupo municipal del PP en Verín: que se debe a motivos “fundamentalmente personales”. Sin embargo, por primera vez, ha admitido que “también puede haber alguna cuestión política”. No ha sido el único caso del que ha tenido que responder Menor: también de la marcha de otros dos concejales en Barbadás

Así lo ha trasladado consultado por medios de comunicación este lunes en rueda de prensa, recogida por Europa Press, después de que los cuatro ediles que conforman la agrupación popular –Lara Da Silva y sus tres compañeros de grupo, Aitor Álvarez, Sonia Arias y Beatriz Blanco– renunciasen al acta de concejales durante la pasada semana. Su marcha se hará efectiva en el pleno de mañana martes.

En esta línea, Luis Menor ha aprovechado para agradecerles por el trabajo realizado, así como por su “coherencia” al dejar el acta a disposición del partido. “Es muy difícil trabajar en un ayuntamiento en el que se pasó de gobernar con mayorías absolutas a ser una tercera fuerza y con pocas expectativas de ganar. Encabezaron esa candidatura y la llevaron para adelante”, ha añadido.

“Hacer cosas desde el consenso”

En esta línea, Menor ha recordado que los populares llevan tres mandatos sin gobernar en Verín (14.000 habitantes, tercer municipio de la provincia), “desde el 2015” y ha insistido en la necesidad de “hacer cosas desde el consenso”. El último alcalde del PP fue Jiménez Morán, el hombre que un Feijóo recién llegado a la Xunta eligió para enfrentarse a los Baltar. Y perder.

Menor ha señalado que otros cuatro militantes “con experiencia y ganas de trabajar” tomarán el relevo en la corporación, incidiendo en que “no hay ningún vacío de poder ni funciones”. “Cogerán ese relevo e intentarán hacerlo lo mejor posible”, ha subrayado.

“Siguen siendo compañeros, continúan militando en el PP. Aceptaron una responsabilidad en un momento muy complicado, que la llevaron a cabo, y que en otro momento consideraron que era mejor que continuasen otras personas y es lo que haremos, trabajando para dar esa alternativa que Verín merece”, ha añadido.

Oferta “muy potente y creíble” en Barbadás

Asimismo, Luis Menor ha avanzado una oferta política “muy potente y creíble” en el municipio ourensano de Barbadás, recalcando que el candidato o candidata a las próximas elecciones municipales de 2027 se dará a conocer oficialmente “en breves”.

Todo ello, después de que dos concejales del PP –José Luis Dorribo y Manuel Ángel Fernández– solicitasen el pasado mes de junio su baja de la agrupación municipal popular, pasando a no adscritos, a causa de “discrepancias insalvables” con la dirección local, encabezada por Consuelo Vispo, así como con la presidencia de la gestora local, liderada por el exalcalde del ayuntamiento, José Manuel Freire.

En este sentido, Menor ha recalcado que el camino “está bien encauzado” y ha destacado que el PP “será capaz de conformar un gran liderazgo con un gran equipo”. “Es hora de que el PP vuelva a gobernar en el quinto ayuntamiento de la provincia por número de habitantes y creemos que la oferta política del PP va a ser muy potente y muy creíble. Una gran alternativa que en estos momentos solo puede conformar el PP”, ha añadido.

Las promotoras continúan sin facilitar la información sobre el proceso de adjudicación de las VPO en Logroño al Ayuntamiento. A principios del mes de agosto, los socialistas censuraban que “ninguna promotora ha contestado a los técnicos sobre el proceso de selección, por lo que los expedientes siguen vacíos”. A 26 de agosto el silencio continúa. Así lo ha vuelto a denunciar el portavoz de los socialistas en Logroño, Luis Alonso, quien ha explicado que en el próximo Pleno van a defender una moción en la que exigirán que “se realice un nuevo requerimiento expreso a las empresas promotoras adjudicatarias de parcelas de VPO para que informen del proceso llevado a cabo para la selección de los adquirientes de viviendas en cada promoción”.

Al parecer, se han realizado hasta tres requerimientos a las promotoras: el 12 de febrero, 12 de marzo y 30 de abril. De ninguno de ellos se ha recibido respuesta cuando “tienen diez días hábiles para responder”, aseguran desde el PSOE Logroño. Medio año de silencio y sin respuestas por lo que también exigirán “responsabilidades y que se remita una copia de todo el procedimiento al Gobierno de La Rioja, que es quien tiene que velar por el cumplimiento de la Ley”.

A principios de mes, fue el concejal socialista, Iván Reinares, quien informó de los trámites que estaban llevando a cabo los técnicos municipales. “Están desmontando las garantías de Conrado Escobar sobre la adjudicación sin publicidad ni sorteo público de 104 viviendas de protección oficial en Logroño” apuntó porque están “exigiendo expresamente la información necesaria para asegurar que el proceso de selección de los compradores ha respetado la Ley”.

Medio año sin respuesta, “mientras que en el Pleno del 5 de marzo la concejala de Vivienda negaba la necesidad de acreditar la concurrencia pública y la publicidad, 20 días antes, el propio Ayuntamiento, a través de sus funcionarios, había requerido a las empresas promotoras información sobre cómo habían aplicado esa concurrencia pública y la publicidad en la adjudicación de las 104 viviendas protegidas”. Es más que evidente que el artículo 46 de la Ley de Vivienda “hay que cumplirlo”.

Y mientras la parte política “decía una cosa a las promotoras, a los medios de comunicación y al Pleno, la parte administrativa del Ayuntamiento velaba por la seguridad jurídica y el cumplimiento de la norma. Por todo ello, el portavoz de los socialistas ha calificado esta situación de ”inédita, ya que “las empresas no contestaron a los requerimientos municipales y el Equipo de Gobierno no ha hecho absolutamente nada”. Y ha concluido afeando la “ausencia total de gestión en todo este proceso” a Conrado Escobar.

El Ayuntamiento y la Comisión de Festejos de Tarancón (Cuenca) han remitido una invitación expresa a las peñas mayores desde 1995 para que participen en la tradicional ofrenda floral a la patrona, que será el 8 de septiembre, Día Grande de las fiestas patronales.

Asimismo, igual que en anteriores ediciones, se ha remitido una carta a los integrantes de las Cortes de Honor del 2017 al 2025.

Esta invitación se inició en 2024 para dar oportunidad de desfilar y depositar sus flores con sus bandas acreditativas como representantes de las fiestas ante la imagen alusiva a la Virgen de Riánsares que se instala en la plaza de la Constitución, como se hacia antaño y como se recuperó hace dos años.

El busto de la Virgen y el Niño (obra del maestro José Azpeitia Ureña), y toda la estructura, fueron restaurados en 2024 en el taller Ceballos y Sanabria de Valencia.

Cada clavel rojo que se deposite servirá para formar entre todos los participantes el manto de la Virgen, convirtiéndose una edición más en un simbólico y tradicional homenaje a la patrona de Tarancón en el Día Grande de sus fiestas.

Personas de todas las edades, de Tarancón y otros lugares, devotos de Nuestra Señora de Riánsares lucen para la ocasión el traje típico de la localidad, y en el caso de las peñas también pueden ir con sus correspondientes blusones.

Programación del acto

La concentración en las ermitas de los diferentes barrios, y en el caso de San Víctor y Santa Corona, desde la plaza Primero de Mayo, está prevista a las 18.00 horas, para proceder a las 18.30 horas, a la salida desde cada uno de ellos.

A las 18.50 horas comenzará la ofrenda con todo el cortejo unido, y la incorporación de las autoridades y representantes de las fiestas, desde la avenida Miguel de Cervantes (a la altura de la calle San Isidro).

Cada representante juvenil, infantil o de la tercera edad puede salir desde el barrio que representó o donde vive, o toda la Corte de Honor junta desde uno de ellos, igual que en el caso de las peñas mayores.

El Ayuntamiento y la Comisión de Festejos ruegan se confirme asistencia y lugar de salida para la organización de la misma, a través del correo electrónico aperez@tarancon.es o en el 606201430.

El programa municipal para el envejecimiento activo de las personas mayores ‘Vida Sana’ ha sido reconocido como proyecto saludable por el Ministerio de Sanidad y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). De este modo, el Ayuntamiento de Logroño recibirá 26.837,84 euros como impulso para continuar desarrollando esta iniciativa en los años 2026 y 2027.

Esta subvención parte de un convenio suscrito entre el Ministerio y la FEMP para la potenciación de la Red Española de Ciudades Saludables (RECS) y la implementación local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención (EPSP), que reconoce al programa ‘Vida Sana’ como un ejemplo de práctica saludable para los logroñeses.

La convocatoria de estas subvenciones, dirigida a las entidades locales pertenecientes a la RECS, tiene por objeto potenciar la realización de actuaciones enmarcadas en la estrategia mencionada, a la que el Ayuntamiento de Logroño se adhirió en el año 2021.

En concreto, el programa ‘Vida Sana’ se incluye en las actuaciones subvencionables dirigidas a favorecer el envejecimiento activo y saludable.

Envejecimiento activo desde los planos físico y emocional

El programa ‘Vida Sana’ es una oportunidad para el encuentro y relación entre personas mayores de 65 años que presentan un momento vital similar y desean a través del espacio grupal compartir experiencias de ocio y participación social.

Constituye una de las principales actuaciones comunitarias dirigidas a la promoción del envejecimiento activo en la ciudad y se desarrolla en espacios municipales distribuidos por distintos barrios, con el objetivo de garantizar la proximidad del recurso y facilitar el acceso al conjunto de la población mayor, independientemente de su lugar de residencia.

Las actividades que se realizan fomentan una vida activa y saludable y promueven las relaciones interpersonales asertivas y la socialización. De este modo, los participantes no solo trabajan la parte física (cuidar el cuerpo de forma saludable, mejorar la movilidad, etc.), sino también la emocional (mejorar la autoestima y autoconocimiento, aprender a generar emociones positivas, etc.)

Cerca de 300 nuevas plazas en los últimos dos años

Dado el interés del programa y su excelente acogida entre los usuarios, se ha ido aumentando progresivamente el número de plazas. Así, en los dos últimos años el Ayuntamiento ha incrementado el número de plazas en cerca de 300, pasando de 400 distribuidas en 28 grupos hasta las 685 plazas actuales distribuidas en 31 grupos, que realizan diferentes actividades en horario de mañana y de tarde.

Siguen los trámites para la construcción del futuro Centro de Datos de Meta en Talavera de la Reina. La Consejería de Fomento ha publicado una resolución donde aprueba la reparcelación definitiva de los terrenos en los que se asentará, pero con dos novedades importantes: la exigencia de una fianza a la empresa por el uso del suelo y el reconocimiento de una pequeña parte del terreno a la pedanía de Gamonal.

Concretamente y según el texto publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), la Administración regional exige a Zarza Networks (matriz de la empresa de Marck Zuckerberg, dueño de Instagram, Facebook y WhatsApp) una fianza de un millón de euros para asegurar la “compensación económica” por el aprovechamiento urbanístico.

La garantía es exactamente de 1.089.554 euros y se ha calculado con base en la monetización del 49% del aprovechamiento urbanístico del proyecto.

Esta cantidad exigida a la promotora no supone ningún beneficio directo para Talavera de la Reina. La empresa simplemente debe acreditarla ante la Consejería de Fomento por el aprovechamiento urbanístico. Para ello tiene un plazo de diez días.

El reconocimiento de los terrenos de Gamonal

Por otra parte, en la resolución también se da solución a una petición realizada por la pedanía de Gamonal. Se trata de una Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM), dependiente de Talavera de la Reina. Tiene alrededor de un millar de habitantes y destaca por ser muy combativa, muy activa y con numerosas reivindicaciones. Situada a 12 kilómetros de la ciudad, nació en el siglo XIV. Tras siglos como municipio independiente, se anexionó a Talavera en los años 60 y recuperó su gestión descentralizada en el año 2000 gracias a la lucha vecinal.

Ahora, también ha visto reconocido un derecho fundamental relacionado con el futuro ‘data center’ de Meta en Talavera de la Reina: parte de los terrenos en los que se asentará esta instalación son también propiedad de Gamonal.

Son tan solo alrededor de dos hectáreas, pero es un reconocimiento “muy importante” para esta pedanía, afirma su alcalde, Álvaro Jerónimo, porque no se incluyeron en la reparcelación inicial del Proyecto de Singular Interés (PSI) con el que se ha tramitado esta gran instalación, cuyas obras son inminentes y que supondrá un revulsivo para toda la comarca.

Gamonal presentó alegaciones como EATIM para que esas dos hectáreas fueran incluidas en la reparcelación y se reconociera a la pedanía como dueña de esa pequeña parte del suelo en el que se asentará el Centro de Datos. Ahora, la Consejería de Fomento así lo ha aprobado.

El documento publicado hoy explica que se han resuelto las alegaciones presentadas por las administraciones locales, garantizando la titularidad de suelos específicos para la entidad de Gamonal y, por tanto, la protección de su patrimonio.

“Era una petición necesaria, reclamar lo que es nuestro. Desde el primer momento, en Gamonal ha habido mucha participación ciudadana y transparencia respecto al futuro centro de datos y ahora la gente está contenta. Ahora esperamos que otras propuestas que realizamos, como la preservación del entorno, y que fueron aceptadas, de verdad se cumplan”, afirma su alcalde.

Tanto el Ayuntamiento de Talavera de la Reina como la EATIM de Gamonal han desempeñado un papel activo en el desarrollo del proyecto a través de la presentación de alegaciones durante el periodo de información pública del proyecto de reparcelación. Estas alegaciones fueron analizadas y valoradas de manera individualizada por la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo.

De manera específica, el papel de Gamonal ha sido especialmente relevante en la definición final de los terrenos. Ahora, para adecuar la realidad registral a la realidad patrimonial acreditada de esta pedanía, se introducen modificaciones para realizar operaciones de división y segregación de parcelas.

El Ayuntamiento de Irún ha conseguido que el Gobierno vasco acepte aplicar de forma inmediata una nueva medida de tráfico tras unas semanas en disputa. El acuerdo ha llegado tras la reunión celebrada este jueves entre la alcaldesa Cristina Laborda y la directora de Tráfico del Gobierno vasco, Estíbaliz Olabarri. El Ejecutivo autonómico ha aceptado finalmente la segunda propuesta planteada por el Consistorio para modificar el dispositivo de seguridad viaria.

La solución acordada consiste en establecer dos nuevos controles y filtrados de tráfico a cargo de la Ertzaintza en la carretera GI-2134, dentro del término municipal de Oiartzun. El primer punto se situará en la GI-2164, en el cruce con Pikogarate Bidea, en dirección al Castillo Inglés. Su objetivo será evitar que los vehículos utilicen esta ruta para esquivar las retenciones de la AP-8 y entrar en Irún.

El segundo control se instalará en la rotonda de Gurutze para impedir el paso del tráfico internacional hacia el barrio de Olaberria. Con esta medida, el tráfico exterior será canalizado hacia un único punto de entrada en Ventas, donde la Policía Local de Irún podrá gestionar el flujo de vehículos de forma centralizada.

El problema circulatorio se ha intensificado con la fase de retorno de la Operación Paso del Estrecho (OPE), un dispositivo coordinado por el Ministerio del Interior que canaliza el regreso de miles de viajeros desde el norte de África y que se mantendrá hasta el 15 de septiembre. La coincidencia de estos desplazamientos con otros retornos vacacionales provocó el pasado 13 de agosto retenciones de hasta 13 kilómetros en la AP-8 en dirección a Baiona.

Ante la congestión de la autopista, algunos conductores utilizan los navegadores GPS para buscar rutas alternativas por el centro urbano y los caminos rurales de Irún. Hasta ahora, el Gobierno vasco defendía que la principal solución para aliviar la situación en la muga pasaba porque las autoridades francesas adoptaran medidas para evitar las colas en sus propios peajes.

Sin embargo, Laborda ha insistido en que el inicio de la Operación Retorno ha supuesto “mucho” para los irundarras, especialmente por las molestias ocasionadas el pasado jueves. “Teníamos claro que aquello no podía volver a suceder. No es de recibo que un ciudadano no pueda acudir al hospital o regresar a su casa”, ha señalado.

El Gobierno vasco rechazó inicialmente la propuesta de establecer controles en Oiartzun al considerar que podía ser “más perjudicial que beneficiosa”. El departamento de Seguridad argumentó que realizar un filtrado en salidas rápidas como las de la GI-20 y la AP-8 no era factible ni seguro. Según explicó, un cribado en estas vías podría generar retenciones difíciles de gestionar, lo que pondría en peligro tanto a los agentes de la Ertzaintza como a los usuarios. Además, recordó que la salida afectada es un punto de tránsito de camiones y una vía de movilidad esencial para los vecinos de Errenteria, Lezo y Oiartzun. Ante esta negativa inicial, Laborda advirtió de que no aceptaría “un no por respuesta” y exigió soluciones inmediatas. Finalmente han llegado a un acuerdo este jueves, aunque la alcaldesa ha señalado que “hay que ser cautos” y ver “qué efectos tiene” la medida anunciada.

Laborda ha denunciado haber trabajado bajo una “durísima soledad institucional” y ha criticado la postura del Ejecutivo autonómico: “Aquí no puede haber ciudadanos de primera y de segunda”, ha dicho. Por ello, ha reclamado que el Gobierno vasco “ejerza el liderazgo que le corresponde en materia de tráfico y específicamente en la Operación Retorno” para garantizar los servicios básicos de los vecinos.

La vaga al Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Son Reus, prevista per a partir del 24 d'agost, continua endavant després de no assolir-se un acord entre les parts en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de Balears (Tamib).

En un comunicat, el sindicat UGT ha lamentat que no s'hagi pogut desbloquejar la situació. “Fa mesos que denunciam la precarietat en tots els seus aspectes, salarials, en matèria de prevenció de riscos laborals, i absolutament ningú ha fet ni solucionat res”, ha indicat un treballador afectat.

L'organització sindical ha considerat “frustrant” que cap de les parts implicades --Ajuntament i empresa-- assumeixin les seves responsabilitats per buscar una solució i acabar amb un conflicte que hauria “d'avergonyir ambdues”.

Així, han alertat que hi ha treballadors realitzant un servei especialitzat i essencial, cobert per 24 hores al dia, set dies a la setmana, durant tot l'any, per a penes el salari mínim, sense aigua potable per al seu consum al lloc de treball.

El sindicat ha qualificat de “complicat” poder assolir un acord abans de l'inici de la vaga, previst per dilluns a les 14.00 hores.

La huelga en el Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus, prevista para a partir del 24 de agosto, sigue adelante tras no alcanzarse un acuerdo entre las partes en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Balears (Tamib).

En un comunicado, el sindicato UGT ha lamentado que no se haya podido desbloquear la situación. “Llevamos meses denunciando la precariedad en todos sus aspectos, salariales, en materia de prevención de riesgos laborales, y absolutamente nadie ha hecho ni solucionado nada”, ha indicado un trabajador afectado.

La organización sindical ha considerado “frustrante” que ninguna de las partes implicadas --Ayuntamiento y empresa-- asuman sus responsabilidades para buscar una solución y terminar con un conflicto que debería “avergonzar a ambas”.

Así, han alertado que hay trabajadores realizando un servicio especializado y esencial, cubierto por 24 horas al día, siete días a la semana, durante todo el año, por apenas el salario mínimo, sin agua potable para su consumo en el puesto de trabajo.

El sindicato ha calificado como “complicado” poder alcanzar un acuerdo antes del inicio de la huelga, previsto para el lunes a las 14.00 horas.

El Ayuntamiento de Ciudad Real informa a la ciudadanía que, con motivo de la próxima jornada festiva de la Octava, para garantizar una correcta gestión de la recogida de residuos en la ciudad, de manera extraordinaria no habrá servicio de recogida de basuras durante la noche del viernes 21 de agosto al sábado 22 de agosto por parte del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

Desde el consistorio se solicita la “colaboración” de vecinos para evitar depositar residuos en la vía pública durante ese periodo, contribuyendo así a mantener la limpieza y el buen estado de la ciudad.

El Ayuntamiento agradece de antemano la comprensión y cooperación de la ciudadanía ante esta “medida puntual”.

El decreto que regula el nuevo régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la Administración pública en Castilla-La Mancha entra en vigor hoy, 20 de agosto, después de que el Consejo de Gobierno lo aprobara el 28 de julio.

Esta norma forma parte de la controvertida Ley de Simplificación Administrativa de la comunidad autónoma, que ratificaron PP y PSOE con el voto en contra de Vox, y con críticas por parte de Podemos, CCOO o el sindicato STAS, entre otros. Advirtieron que en la práctica esta figura supondrá “privatizar servicios públicos”.

STAS aludió a lo que calificó de “demoledor” informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en el que el órgano lamentaba la “gran indefinición” en la Ley de Simplificación Administrativa a la hora de fijar las funciones que ejercerán estas llamadas “entidades colaboradoras de la Administración regional”.

Se trata de una nueva figura que podrá realizar determinados procedimientos administrativos de índole pública

El Gobierno regional ha negado siempre que el objetivo sea la privatización de los servicios públicos. El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, defendió en su momento que el objetivo de la ley “no es otro que avanzar hacia una Administración regional más moderna, dinámica, digitalizada y proactiva, además de más cercana a los ciudadanos” y que estas entidades colaboradoras prestarán servicio “en momentos puntuales, cuando razones de urgencia o necesidad lo hagan necesario”.

Ahora se oficializa su régimen jurídico, y a partir de este momento aquellas entidades privadas interesadas en convertirse en colaboradoras deben solicitar su acreditación. Se trata, insiste el Gobierno regional en “agilizar la tramitación, reducir cargas burocráticas y facilitar la relación entre la ciudadanía, las empresas y la Administración pública”.

La norma establece, además, un periodo de adaptación que permitirá la implantación progresiva del sistema. Todo ello a través de un sistema para la colaboración de entidades privadas en la tramitación de determinados procedimientos administrativos especialmente complejos desde el punto de vista técnico o con una elevada carga de gestión.

El Gobierno regional defiende de nuevo que su regulación “permite ganar eficacia y reducir cargas administrativas para ciudadanos, empresas y administraciones, sin privatizar en ningún caso las funciones públicas ni disminuir las garantías jurídicas”.

Las funciones de estas entidades colaboradoras privadas

Las entidades colaboradoras desarrollarán “exclusivamente”, según el Gobierno regional, funciones técnicas de verificación, certificación, evaluación y apoyo especializado, mientras que las competencias de autorización, resolución, inspección y control seguirán correspondiendo íntegramente a la Administración Pública, y su uso será de carácter voluntario.

Las entidades que finalmente puedan inscribirse en el registro regional podrán actuar en los ámbitos de urbanismo, la gestión forestal, los servicios sociales, el patrimonio cultural, la actividad cinegética, la economía circular o la evaluación ambiental.

Son competencias que despertaron en su momento las suspicacias de distintos agentes sociales y políticos, teniendo en cuenta que serán empresas privadas las que supervisen cuestiones de otras empresas privadas. Las funciones que se les atribuyen son “técnicas”, según el Ejecutivo regional, relativas a comprobación documental, evaluación, certificación del cumplimiento normativo o apoyo especializado en la tramitación de expedientes.

Para el Gobierno de Page, “uno de los principales objetivos de la regularización de las entidades colaboradoras con la Administración es que sea un instrumento también para los ayuntamientos de la región, pero especialmente para aquellos pequeños municipios de las zonas rurales”. En estos casos, recuerdan, muchos “carecen de personal técnico suficiente para tramitar proyectos urbanísticos o expedientes complejos, lo que provoca retrasos durante meses e incluso años”.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este miércoles un conjunto de medidas destinadas a reforzar los servicios municipales, mejorar la atención a colectivos vulnerables y preparar la próxima campaña de vendimia. Entre los acuerdos adoptados se encuentran la puesta en marcha de un programa de seis viviendas municipales para personas en situación de vulnerabilidad, la renovación de vehículos de la Policía Local y la adquisición de nuevo equipamiento para el Cuerpo de Bomberos.

Además, el Consistorio ha adjudicado los servicios necesarios para la atención a las personas temporeras durante la próxima campaña de vendimia. El contrato se divide en cuatro lotes: el servicio de acogida, adjudicado a Frama Actividades Rioja S.L.U.; el servicio de manutención adjudicado a Angélica Ugarte Escalada; la limpieza de dependencias, a Brilloja Servicios S.L.; y el servicio de lavandería, a Entrerios Clean S.C. En conjunto, estas actuaciones suponen una inversión total de 155.485,93 euros.

En materia de vivienda, el Ayuntamiento ha impulsado un programa habitacional basado en el modelo “Housing Led”, que permitirá utilizar seis viviendas municipales para ofrecer 21 plazas destinadas a personas y familias vulnerables y con dificultades para acceder a una vivienda, entre las que se encuentran personas mayores, familias monoparentales y jóvenes.

El programa combinará el alojamiento con apoyo psicosocial y educativo para favorecer la autonomía y la inclusión social. La licitación del servicio asciende a 158.364,60 euros, IVA incluido, distribuida entre los años 2026 y 2029.

Por otro lado, se ha aprobado el expediente para el suministro de dos nuevos vehículos destinados a los servicios generales de la Policía Local en régimen de arrendamiento. La cuantía máxima del contrato asciende a 131.999,87 euros, IVA incluido, distribuida en seis anualidades hasta octubre de 2031. La medida busca modernizar y renovar la flota del cuerpo policial.

Asimismo, se ha aprobado la licitación del contrato para dotar al Cuerpo de Bomberos de nuevos trajes de equipamiento. El suministro contará con un presupuesto total de 84.000 euros, IVA incluido, con el objetivo de renovar y mejorar el equipamiento utilizado por los profesionales durante sus intervenciones.

El Ayuntamiento ha aceptado la donación de la escultura “El acompañante”, del artista Demetrio Navaridas, realizada por Fundación Ibercaja con motivo de 150 aniversario. La pieza, elaborada en bronce con pátina y de 1,85 metros de altura, se instalará en la confluencia de Gran Vía Juan Carlos I y San Antón. Los técnicos municipales han comprobado que su colocación no interferirá en la visibilidad de peatones o conductores y que permitirá mantener el acceso a los registros de suministros y la distancia necesaria respecto al mobiliario urbano.

Además de estos acuerdos, la Junta de Gobierno Local ha aprobado otras actuaciones con distintos ámbitos de la ciudad. Entre ellas se encuentran la licitación de talleres de cuidado emocional, la dinamización de barrios y distritos, el mantenimiento de los aparcamientos cubiertos para bicicletas, reparaciones eléctricas en centros educativos, ayudas a asociaciones educativas, los servicios auxiliares y de limpieza de La Gota de Leche, el equipamiento para conciertos organizados por Juventud y un convenio para la gestión y dinamización de la Casa de la Danza.

El Grupo Municipal Socialista de Villarejo de Fuentes ha denunciado que el alcalde Juan Carlos Romero Garrote lleva “más de seis meses sin convocar el Pleno ordinario” que debe celebrar el ayuntamiento, incumpliendo en dos ocasiones la obligación legal recogida en el artículo 46 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), que fija la periodicidad mínima con la que deben celebrarse estas sesiones.

Según los socialistas, la última sesión ordinaria se remonta al mes de enero, sin que desde entonces se haya vuelto a convocar el Pleno “pese al tiempo transcurrido”.

Antonio Torres, portavoz del Grupo Municipal Socialista cree que “el que nada debe, nada teme”, asegura el portavoz socialista Antonio Torres, quien cree que esta actitud “solo genera más dudas sobre lo que se está ocultando a los vecinos. Exigimos que se cumpla la ley y que se convoque el Pleno lo más pronto posible”.

Al edil socialista no le vale, advierte, el argumento de la falta de secretario municipal, “ya que el Ayuntamiento ha contado con este puesto cubierto en todo momento”.

“Falta de información y reclamaciones sin respuesta”

A la paralización de los plenos se suma, según la oposición, “una falta reiterada de transparencia por parte del equipo de gobierno”. El Grupo Socialista ha solicitado por escrito en varias ocasiones el acceso al padrón de aguas, sin haber obtenido fecha para su consulta, pese a que la ley reconoce el derecho de la oposición a examinar la documentación municipal.

El edil asegura que sí que se ha recibido respuesta del alcalde confirmando que se lo enseñará porque “tiene buena fe”.

A ello se añade la situación del nuevo pozo de agua, ejecutado y financiado por la Diputación de Cuenca hace más de un año, “que continúa sin estar conectado a la red y operativo”.

Los socialistas también recogen un número creciente de reclamaciones vecinales por los recibos e importes de la tasa del agua, “que hasta el momento no habrían recibido respuesta por parte del Ayuntamiento”.

El concejal socialista asegura que estas cuestiones “afectan directamente al derecho de los vecinos a saber cómo se gestionan los asuntos y los recursos de nuestro pueblo y sus propios intereses. Vamos a seguir reclamando su resolución, tanto dentro como fuera del Pleno”, ha zanjado.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil está investigando el caso del vecino de Valdepeñas que aseguró en redes sociales haber matado a alrededor de 40 gatos, además de haber atropellado a aproximadamente una decena de estos animales en las inmediaciones de su propiedad.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real han confirmado a Europa Press que la Guardia Civil ya ha tomado declaración en relación con estos hechos, que existe una denuncia presentada y la investigación permanece abierta.

Por el momento, al hombre no se le ha imputado ningún delito y tampoco ha trascendido si los investigadores disponen de pruebas que acrediten las muertes de animales que él mismo relató en un vídeo difundido en redes sociales.

El caso salió a la luz la pasada semana después de que el Partido Animalista (PACMA) anunciara que denunciaría ante la Guardia Civil a este vecino de Valdepeñas a raíz de una grabación publicada en Internet en la que el propio hombre aseguraba haber acabado con la vida de numerosos gatos comunitarios.

Según el relato recogido por la formación animalista y por lo publicado en el perfil de Facebook del hombre, este afirmaba que había matado a alrededor de 40 gatos que habían accedido a su finca, situada en las inmediaciones del paraje de Las Aguas de Valdepeñas, y aseguraba también haber atropellado a unos diez ejemplares cuando circulaba por la carretera CR-6441, que conduce hacia su propiedad.

En el vídeo, este varón justificaba su comportamiento argumentando que los gatos son depredadores que pueden acabar con otros animales y defendía que quienes quisieran tenerlos deberían mantenerlos dentro de sus viviendas.

También responsabilizaba al Ayuntamiento de Valdepeñas de permitir que fueran alimentados y dirigía reiterados insultos contra una de las personas encargadas del cuidado de las colonias felinas de la zona.

Las afirmaciones provocaron una oleada de reacciones en redes sociales y llevaron a PACMA a reclamar que se investigara si realmente existen gatos muertos o desaparecidos y, en caso afirmativo, en qué circunstancias se habrían producido esas muertes.

La formación animalista recuerda que los gatos comunitarios están amparados por la legislación sobre bienestar animal y que la gestión de las colonias corresponde a las administraciones locales.

PACMA sostiene que causar intencionadamente la muerte de estos animales puede derivar en responsabilidades penales, aunque será la investigación de la Guardia Civil la que determine ahora si los hechos relatados por el propio vecino pueden acreditarse y si existe alguna conducta constitutiva de delito.

El Ayuntamiento de Valdepeñas también toma medidas legales

La polémica ha llevado igualmente al Ayuntamiento de Valdepeñas a pronunciarse este lunes. El Consistorio anunció que había adoptado medidas legales contra el difusor del vídeo y que había puesto los hechos en conocimiento de la autoridad competente “para que sean investigados y se esclarezcan las circunstancias de lo ocurrido”.

El Ayuntamiento señaló además que considera necesario investigar cualquier situación que pudiera constituir un supuesto de maltrato animal y mostró su disposición a colaborar con las autoridades y facilitar la información necesaria.

Paralelamente, el Consistorio anunció acciones frente a aquellas personas que, a su juicio, hayan difundido afirmaciones falsas, difamatorias o calumniosas que puedan perjudicar la imagen de Valdepeñas, del propio Ayuntamiento o de sus responsables.

La última reacción ha llegado este martes. El presidente nacional de PACMA, Javier Luna, ha solicitado una reunión urgente con el Ayuntamiento de Valdepeñas para abordar la seguridad tanto de las colonias felinas como de las personas que se encargan de su gestión.

El partido asegura estar especialmente preocupado por el señalamiento y los insultos dirigidos en el vídeo contra una de las cuidadoras y reclama medidas que garanticen su seguridad mientras se esclarece el caso.

La investigación queda ahora en manos del Seprona, que deberá tratar de determinar si las afirmaciones realizadas por el hombre en el vídeo se corresponden con hechos reales.

El PSOE de Torralba de Calatrava denuncia la “inestabilidad institucional” que a su juicio ha provocado en el Ayuntamiento la alcaldesa, María Antonia Álvaro (PP), a la que en los dos últimos meses “le han dimitido su portavoz y su concejala de Cultura”.

Los concejales socialistas señalan que es la tercera legislatura liderada por María Antonia Álvaro, y que, “como las anteriores, esta también está marcada por la inestabilidad política, tras haberse quedado, mandato tras mandato, gobernando en minoría por la marcha de más una decena de sus compañeros de equipo”, ha informado el PSOE.

Según los socialistas, los ediles salientes en las anteriores legislaturas “han criticado incompatibilidades con la señora alcaldesa, falta de diálogo, y hasta falta de libertad para tomar decisiones en sus propias áreas de gobierno”.

“En el mes de junio ya dimitió de la noche a la mañana su portavoz y, hace unos días, su concejala de Cultura ha hecho pública su salida del Grupo Popular para entrar al grupo de concejales no adscritos, debido, según sus propias palabras, a la imposibilidad de desempeñar sus responsabilidades en las condiciones necesarias para ejercer su cargo con normalidad”, lamentan los socialistas del municipio.

El PSOE explica que el PP “se queda gobernando en minoría”. “Un pueblo no puede avanzar cuando quien ostenta la alcaldía confunde la firmeza con el aislamiento, convirtiendo el consistorio en una puerta giratoria por la que huyen quienes un día asumieron el compromiso de trabajar por sus vecinos”, concluye.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Burlada ha aprobado este lunes una declaración institucional por la que “rechaza y condena” la agresión sufrida por el concejal de UPN Carlos Oto Martinez el pasado sábado durante las fiestas de la localidad.

“Ninguna diferencia de opinión justifica el ataque a la integridad y derechos de ninguna persona en Burlada ni en ningún lugar. Lo que nos parece imprescindible para la ciudadanía lo es también, en particular, para quienes la representamos en este Ayuntamiento, en el que por definición hay divergencia de opiniones, que reflejan la natural disparidad de criterios de una sociedad abierta, flexible, viva y respetuosa como la de Burlada”, recoge la declaración.

Por ello, la Junta de Portavoces considera que, “en esta sociedad democrática, lo sucedido no tiene cabida en nuestro municipio”. “Burlada es un municipio diverso y la Corporación municipal es un reflejo de ello. Ese reflejo de diversidad debe también ser ejemplo de convivencia”, subraya.

El Ayuntamiento ha llamado a la ciudadanía a vivir las fiestas “desde el respeto, la convivencia y la tolerancia” y ha trasladado su “apoyo y solidaridad” al concejal agredido.

Adrián Gallegos, alcalde de Trevélez (PP), un pequeño municipio granadino situado a la mayor altitud de la península ibérica, ha sido denunciado ante la Fiscalía Provincial de Granada por adjudicarse una vivienda municipal que su propio ayuntamiento sacó a concurso en régimen de alquiler con opción a compra. Así consta en la denuncia contra él que ha efectuado el PSOE, único partido de la oposición, y que sostiene que el regidor del PP presuntamente manipuló el procedimiento administrativo para terminar convirtiéndose en adjudicatario de uno de los inmuebles. Unos hechos por los que los socialistas creen que ha podido incurrir en varios delitos.

En concreto, entienden que hay indicios de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación, fraude a la administración y actividades prohibidas a autoridades, punto en el que se basan sobre todo para querellarse contra el regidor. Además, la documentación presentada ante la Fiscalía de Granada, adelantada por Ideal y a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, pone en duda la tramitación del expediente de principio a fin. Pone el foco en la preparación del concurso, en el sistema de adjudicación y en la valoración económica de las viviendas. Extremos que rechaza el primer edil, defendiendo incluso que se abstuvo de intervenir en el procedimiento desde que presentó su solicitud, además de sostener que todo el proceso contó con el aval de la secretaría municipal y de los servicios técnicos.

Un procedimiento en duda

Pero el origen del caso se remonta a octubre de 2025, cuando el Ayuntamiento de Trevélez formalizó la compra de un edificio situado en la calle Cárcel que alberga dos viviendas en su segunda planta. Apenas unos meses después, el Consistorio aprobó las bases para adjudicarlas en régimen de alquiler con opción a compra con el objetivo declarado de combatir la despoblación y favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda. Entre los requisitos figuraban tener entre 25 y 35 años -el alcalde no llega a los 35 años-, llevar al menos cinco años empadronado en el municipio, no disponer de otra vivienda en propiedad en la provincia y estar dado de alta en la Seguridad Social.

En plena crisis de acceso a la vivienda para la mayoría de ciudadanos, este procedimiento terminó con dos únicos aspirantes. Uno de ellos fue el propio alcalde, Adrián Gallegos, que resultó adjudicatario de la vivienda de mayor superficie, de 105 metros cuadrados, con un alquiler mensual de 260 euros y una opción de compra fijada en 38.000 euros. La segunda vivienda, de unos 72 metros cuadrados, fue adjudicada a otra vecina del municipio por 240 euros mensuales y una futura compra valorada en 35.000 euros.

Es precisamente esa tramitación la que cuestiona el PSOE. La denuncia sostiene que el alcalde no solo concurrió al procedimiento como cualquier otro aspirante, sino que intervino en su fase preparatoria. Entre los documentos aportados a la Fiscalía figura una resolución por la que delegó específicamente la gestión de este expediente en la primera teniente de alcalde, firmada dos días antes de la memoria justificativa del concurso, así como el propio informe técnico que impulsa la iniciativa y que aparece firmado electrónicamente tanto por la técnico municipal como por el regidor.

Los socialistas también ponen el foco en el desarrollo de la adjudicación. Según el acta de la mesa de contratación incorporado a la denuncia, Gallegos obtuvo cuatro puntos en la baremación frente a los tres de la otra solicitante. Pese a que el pliego establecía el rechazo de las ofertas que no alcanzaran esa puntuación mínima, la mesa optó por adjudicar las dos viviendas al considerar que únicamente se habían presentado dos solicitudes y permitió al alcalde elegir primero el inmueble de su preferencia.

Otro de los argumentos del PSOE se centra en el precio fijado para una futura compra de las viviendas. La denuncia sostiene que la tasación municipal se elaboró sin utilizar comparables de compraventa y sitúa el valor de los inmuebles por debajo de distintas referencias públicas de mercado, por lo que solicita a la Fiscalía que practique una pericial independiente para determinar si existió un eventual perjuicio para el patrimonio municipal.

El PSOE sostiene que el precio fijado para la futura compra -38.000 euros para el apartamento adjudicado al alcalde y 35.000 para el segundo inmueble- se sitúa muy por debajo de su valor real. La denuncia compara esas cifras con distintos indicadores públicos, como los que hace públicos el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, los precios de la vivienda protegida en Andalucía y referencias del mercado inmobiliario, además de reprochar que la valoración municipal se elaborara utilizando únicamente comparables de alquiler y no de compraventa. Por ello, el PSOE solicita a la Fiscalía que acuerde una tasación pericial independiente que determine si existió un eventual perjuicio para el patrimonio municipal. Los socialistas, según sus cálculos, tasan el precio final en aproximadamente el doble del valor fijado en el expediente.

El alcalde se defiende

El alcalde rechaza todas las acusaciones realizadas por el PSOE en la denuncia. En declaraciones a este periódico, sostiene que decidió presentarse únicamente después de comprobar que una vecina interesada en una de las viviendas había descartado finalmente concurrir al procedimiento. “Si finalmente decidía presentar su solicitud, yo no concurriría para no perjudicar sus posibilidades”, asegura.

Gallegos defiende además que se abstuvo “completamente” de intervenir en el expediente desde el momento en que presentó su solicitud y que toda la tramitación quedó en manos de la primera teniente de alcalde. “Una cuestión es el debate político sobre si un alcalde debe o no concurrir a una convocatoria pública promovida por su ayuntamiento y otra muy distinta afirmar la existencia de una actuación ilegal”, sostiene. El regidor insiste en que el procedimiento contó con informes favorables de la secretaría municipal y de los servicios técnicos y recuerda que, por el momento, “lo único que existe es una denuncia presentada por un grupo político”.

Además, tras la publicación de la información adelantada por Ideal, el propio alcalde emitió un comunicado negando el resto de acusaciones de la oposición. El Consistorio sostiene que el proyecto para adquirir el edificio no nació durante el actual mandato, sino que sus primeros trámites fueron aprobados en 2016. Entonces gobernaba IU, el PSOE ocupaba la oposición y el PP ni siquiera tenía representación municipal. También rechaza que el precio de las viviendas estuviera por debajo de su valor real y asegura que, tras la compra del inmueble por 95.000 euros y una nueva valoración posterior, la planta donde se ubican ambos apartamentos quedó tasada en 73.000 euros, cifra que coincide con la suma del precio de venta fijado para ambas viviendas.

Es oficial. Los 500.000 euros euros que el alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, anunció hace dos semanas ya están aprobados por el Gobierno local y se destinarán a compensar la pérdida de las cenas solidarias de calle de la entidad social KAS. Se estima que desde los servicios sociales se repartirán del orden de 416 raciones diarias.

El aumento presupuestario tiene un contexto. El 27 de julio el Ayuntamiento prohibió la actividad de Kaleko Afari Solidarioak (KAS), una iniciativa ciudadana que brindaba cenas solidarias diariamente a aproximadamente 300 personas sin hogar. La razón de la decisión se escudaba en informes variados. Sin embargo, el alcalde resaltó principalmente los problemas de seguridad que supuestamente ocasionaba la actividad, lo que valió duras críticas. Durante una comparecencia del alcalde el pasado 28 de julio, aseguró que el Ayuntamiento destinaría medio millón de euros –los ahora aprobados– para ofrecer cenas, pero por “vías administrativas”.

La medida llega en plena Semana Grande. Este sábado, en el inicio festivo, una gran pancarta afeaba a Insausti su decisión. Insausti ha indicado que persigue un modelo basado en el “humanismo y la exigencia”, buscando acompañar y reinsertar a estas personas que acuden a los servicios. La alternativa, explica el primer edil, se ofrece mediante “itinerarios individualizados” y lo califica como “seguro” para “aquellas personas que reciben las comidas, para las administraciones y para el resto de la ciudadanía”.

En la Cadena Ser, Insausti ha insistido en la necesidad de que se impliquen también los municipios limítrofes del área metropolitana. Asegura que Donostia no puede cargar con personas que proceden de otras localidades por el 'efecto-llamada'.

Mientras que el Ayuntamiento avanza en sus planes, KAS sigue reivindicado su actividad, sobre todo por medio de redes sociales. Cada día, la iniciativa realiza un conteo de los días que lleva sin brindar sus cenas solidarias. También ha compartido un comunicado de SOS Racismo rechazando la prohibición debido y denunciando la “criminalización de la participación ciudadana”.

Los vecinos y vecinas del barrio de La Florida, en Oviedo/Uviéu, han comenzado a movilizarse con carteles informativos ante la posibilidad de que una antigua residencia geriátrica ubicada en el inmueble número 32 del Paseo de la Florida sea utilizada como centro de acogida a menores migrantes. La inquietud y preocupación que se respira estos días entre la ciudadanía ha sido aprovechada por Vox para propagar que estos pisos provocarán un “efecto llamada a la inmigración ilegal”, lo que ha aumentado la alarma social en el barrio.

Lejos de calmar los ánimos, la diputada y portavoz del grupo parlamentario de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Carolina López, y la portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu, Sonsoles Peralta, han exigido explicaciones públicas al Principado y han reiterado la necesidad de aplicar el principio de “prioridad nacional”.

La petición de “explicaciones urgentes”

Carolina López ha defendido que “los menores deben estar con sus padres y los que no sean menores, billete de vuelta”.

La portavoz parlamentaria ha exigido al presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, “la paralización inmediata del proyecto para abrir un centro de menores extranjeros no acompañados en el barrio ovetense de La Florida y explicaciones urgentes”.

Los menores deben estar con sus padres y los que no sean menores, billete de vuelta

Carolina López — Diputada y portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Junta General del Principado de Asturias

El intento de “frenar políticas buenistas”

Unas exigencias que ha realizado tras la reunión mantenida con vecinos del Paseo de La Florida, número 32, y el “alud de llamadas de residentes alarmados tras conocer las intenciones del Principado para instalar dicho recurso en su edificio”, señala.

“No hay viviendas para las familias asturianas que lo necesitan y, sin embargo, este Gobierno pretende utilizar tres viviendas públicas para ubicar a los menores extranjeros no acompañados. Entendemos perfectamente la preocupación de los vecinos y desde Vox vamos a hacer todo lo posible para frenar estas políticas buenistas que suponen un efecto llamada a la inmigración ilegal”, subraya su portavoz en Asturias.

El “contexto” de seguridad

Desde la formación advierten de que esta decisión del Ejecutivo regional se produce en un contexto que califican como “especialmente grave para la seguridad de la región”. Entre otros, recuerda la situación que se vive en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, donde se registraron fugas de internos y agresiones a vigilantes de seguridad, así como “la nueva ola migratoria y la invasión registrada en Ceuta, que el Gobierno de España pretende amortiguar repartiendo a los menores extranjeros no acompañados por las distintas regiones”.

Peralta pide explicaciones al alcalde

Sonsoles Peralta no se ha quedado atrás en sus declaraciones y ha exigido al alcalde ovetense, Alfredo Canteli, que “aclare públicamente la postura del Gobierno local ante este proyecto”.

Canteli ha ignorado su solicitud para salir personalmente a exponer el posicionamiento oficial y ha optado por dejar que la postura del equipo de gobierno, que lidera el Partido Popular (PP), se transmita a través de un comunicado oficial.

El centro corresponde al modelo de centros de protección que gestiona el propio Principado para acoger menores en situaciones de vulnerabilidad por diversas circunstancias familiares o de su entorno

Equipo de Gobierno — Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu

El comunicado del Ayuntamiento

En este escrito, que ha sido remitido a elDiario.es Asturias, se dice textualmente lo siguiente: “El Ayuntamiento de Oviedo comunica que, ante la alarma social suscitada entre algunos vecinos del barrio de la Florida tras conocer que el Principado va a habilitar un centro de menores en lo que era una antigua residencia geriátrica, los datos que ha trasladado el Gobierno del Principado a la Concejalía de Políticas Sociales, en su momento, no se corresponden con la información interesada ni con la alarma que tratan de transmitir algunos partidos políticos de la oposición”.

“Dicho centro corresponde al modelo de centros de protección que gestiona el propio Principado para acoger menores en situaciones de vulnerabilidad por diversas circunstancias familiares o de su entorno”, finaliza el comunicado.

“Hay inquietud entre los vecinos”

Previamente a este escrito, el Partido Popular (PP) de Asturias, del mismo signo político que el equipo de gobierno local, también había entrado al debate a través de su diputada Beatriz Polledo, quien había reclamado “una respuesta clara” de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ante “la inquietud generada entre los vecinos de La Florida”.

Las críticas socialistas

Desde las filas del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital asturiana se ha criticado duramente la actitud de Vox. Así, la concejala socialista Marisa Ponga ha expresado la condena de las y los socialistas ovetenses a la aparición de carteles en La Florida en los que se dice que se van a acoger a menores no acompañados en algunos pisos del barrio.

A veces pensamos que hay actitudes ya superadas con el tiempo, pero por desgracia hay comportamientos más propios del nazismo que deshumanizan a los menores fomentando el odio y vinculándoles falsamente problemas de inseguridad

Marisa Ponga — Concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu

El reparto a las autonomías

“Se trata de un reparto que tienen que asumir obligatoriamente todas las autonomías y Asturias es tierra de acogida y siempre será solidaria con los que más lo necesitan”, ha recalcado la edil.

La concejala ha instado al equipo de gobierno a la retirada inmediata de la vía pública de todos los carteles que se han colgado en las fachadas de diferentes edificios de La Florida.

“Vox altera la convivencia pacífica”

“A veces pensamos que hay actitudes ya superadas con el tiempo, pero por desgracia -dice la concejal- hay comportamientos más propios del nazismo que deshumanizan a los menores fomentando el odio y vinculándoles falsamente problemas de inseguridad”.

Marisa Ponga acusa a Vox de alterar la convivencia pacífica, alarmando sin justificación a la población de Oviedo/Uviéu: “Las y los demócratas no podemos mirar para otro lado, porque este tipo de mensajes son totalmente opuestos con una sociedad abierta, plural y que se base en el respeto y en la solidaridad”, ha aseverado.

El Ayuntamiento de Guadalajara ha informado a la ciudadanía de la comunicación recibida por parte de la Delegación Regional del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO) en relación con las gafas de observación solar distribuidas durante la II Feria de la Salud de Guadalajara, organizada por el propio ayuntamiento, y celebrada el pasado 6 de julio.

Según indica el colegio profesional, las aproximadamente 200 gafas entregadas a los asistentes correspondían a la marca LIONSTAR, modelo LSP1, un producto que fue incluido el pasado 5 de agosto en la Red de Alertas del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a instancias de la Comunidad de Madrid, siendo inmovilizadas.

Un defecto en el filtro por ser “excesivamente oscuro”

No obstante, el Colegio de Ópticos-Optometristas aclara que la incidencia detectada se refiere a que el filtro presenta una transmitancia inferior a la mínima establecida, es decir, que resulta “excesivamente oscuro”. El principal riesgo advertido se produciría únicamente si el usuario se retirara las gafas y mirara directamente al Sol, contraviniendo las instrucciones de uso, quedando entonces expuesto a la radiación solar y a posibles lesiones oculares.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Guadalajara recuerda la importancia de seguir “escrupulosamente” las recomendaciones de seguridad para la observación de fenómenos astronómicos y mantener siempre puestas las gafas de protección homologadas y sin incidencias durante toda la observación.

Asimismo, recomienda consultar previamente con un óptico-optometrista ante cualquier duda relacionada con la salud visual.

El Consistorio agradece la colaboración del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas y reafirma “su compromiso con la información, la prevención y la protección de la salud de los vecinos de Guadalajara”.

La OCU recomienda gafas con marcado CE

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recomendado adquirir gafas especiales con marcado CE y referencia EN ISO 12312-2:2015 para la observación segura del eclipse total de Sol, de este 12 de agosto.