“Claro que he tenido cuadros de ansiedad: por la responsabilidad y porque ves que no llegas”. Como secretario municipal en Fréscano y El Buste, en Zaragoza (una agrupación), Pablo Arrufat es testigo de las dificultades que supone este trabajo en las zonas rurales, tanto en Aragón como en el resto de España. Llevan a cabo una labor tan callada como compleja... y también arriesgada por las consecuencias que se derivan de sus posibles errores. De ahí los problemas con los que se topan los ayuntamientos más pequeños a la hora de conseguir funcionarios o interinos, y que en ocasiones les ha llevado incluso a perder subvenciones al no haber nadie para tramitarlas. Unos obstáculos que en ocasiones enfrentan también a los alcaldes con el Ejecutivo autonómico.

Hace unos meses, en las Cortes de Aragón, el presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local de la Provincia de Zaragoza (Cosital), Luis Martínez Solano, enumeró unas cuantas de las tareas que deben llevar a cabo estos profesionales: “Presupuesto, subvenciones, contratación, registro civil, juzgado de paz, procesos electorales, personal, transparencia, padrón, intervención o control financiero”. Si forman parte de una agrupación secretarial, además, lo tienen que hacer por duplicado, triplicado y en casos extremos hasta cuadruplicado.

Algunos viven en el mismo municipio en el que son secretarios, y otros en uno próximo; muchas veces, en la cabecera comarcal. Otros residen en Zaragoza y afrontan una hora o más de coche, ida y vuelta al día, para llegar a su puesto de trabajo.

“El lado positivo es que aprendes mucho, que tienes mucha autonomía y que ves cómo ayudas directamente a los vecinos; es una atención muy personalizada”, analiza Xarea Amat, secretaria en Isábena, Beranuy y Torre la Ribera, en la Ribagorza de Huesca. En el negativo, la elevada carga de trabajo y el peso de la responsabilidad, algo que afecta especialmente a quien, como en su caso, no lleva muchos años en esta profesión: “Situaciones de estrés vives muchas, casi a diario. Hay ocasiones en que me planteo abandonar, que siento que sobrepaso mi límite. Empiezas a pensar en todo el trabajo que queda por delante...”, incide Amat. “Luego al día siguiente igual solucionas un trámite de un vecino o consigues cerrar una subvención y te sientes más satisfecho”, continúa.

Hay secretarios investigados judicialmente por el desempeño de su labor, en ocasiones por acción, pero en otras por omisión o por desconocer cómo debía actuar en una situación concreta. No es el caso de nadie de los consultados para esta información, pero sí le sucedió –el estatus de investigada, sin entrar a la casuística concreta– por ejemplo a la secretaria de Fuendetodos (Zaragoza), donde también se enjuicia al alcalde, Enrique Salueña, por la contratación externa de un abogado que percibió de las arcas municipales medio millón de euros solo en 2024. En otro municipio de la provincia, la falta de pericia del secretario provocó recientemente que el municipio no pudiera seguir siendo concejo abierto –como pretendían los vecinos–, ya que superó el umbral de población exigido y el funcionario no pidió a tiempo al Gobierno de Aragón la salvaguarda para evitarlo: un síntoma de la importancia que tiene esta figura.

“En el medio rural, tanto alcaldes y concejales como secretarios estamos en peligro de extinción. Nuestro principal problema es que no da tiempo: no damos abasto para todo el trabajo tanto de secretaría como de intervención. El día a día se te come y te llevas trabajo a casa”, lamenta Arrufat, quien lleva menos de dos años en el 'negocio' y que admite que la cuestión del “estrés” es un tema de conversación habitual en el gremio: “Los cuadros de ansiedad son múltiples: conozco a secretarios que se han quedado hasta sin pelo”. Como contrapartida, el secretario de Fréscano y El Buste destaca el “compañerismo” en la profesión, sobre todo al comienzo: “Cuando entras, los compañeros con más experiencia te ayudan. Te dicen que tranquilidad, que todo se saca adelante. Y tenemos redes y grupos en los que plantear dudas”.

Uno de estos compañeros veteranos, habilitado nacional en otro municipio de Zaragoza, explica que el estrés disminuye con los años, cuando uno va “cogiendo experiencia”. Eso sí, lamenta que en ocasiones los concejales “jueguen a hacer política en los pequeños ayuntamientos”, una crítica bastante común también entre los secretarios municipales.

No todas las comunidades autónomas viven las mismas circunstancias: algunas tienen un sinfín de ayuntamientos con menos de 100 vecinos, como Aragón (210 sobre 731), Castilla y León (696 sobre 2.248) o Castilla-La Manca (261 de 919). Y cada uno de estos núcleos tienen sus presupuestos, sus plenos o sus contrataciones.

El presidente de Cosital intervino en octubre del año pasado en la Cámara autonómica, con motivo de la comisión especial de estudio para el futuro Estatuto Jurídico del Pequeño y Mediano Municipio de Aragón en el que trabaja el Ejecutivo autonómico. Ahí, reclamó más “cooperación” de las diputaciones provinciales y las comarcas, más puestos de trabajo en los tres niveles institucionales y que las administraciones “adapten las exigencias de la ley a la realidad de las pequeñas entidades locales”. Como ejemplo de esto último, el hecho de que trámites como la remisión de las actas de órganos colegiados, de los presupuestos o de la plantilla de personal se tenga que hacer por duplicado al Estado y al Gobierno autonómico de turno.

Xarea Amat, que lleva dos años en la profesión, está de acuerdo con esto último. “Somos pocos, necesitaríamos más personal y también menos burocracia: nos vemos obligados a duplicar o triplicar los trámites y enviarlos a diferentes organismos. Eso se podría corregir, quita mucho tiempo”.

Desde la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón, su responsable, Marina Sevilla, destaca la labor de los secretarios municipales, que son “el alma jurídica en un ayuntamiento pequeño”. La responsabilidad de su oficina es de tutela, asesoramiento y formación. “Tanto los teléfonos de los técnicos como el mío propio son siempre accesibles” para ellos, explica Sevilla.

Uno de los objetivos de su departamento ha sido aprovechar el proceso de estabilización de plazas impulsado desde el Gobierno central, de forma que muchos puestos ocupados por interinos pasasen a estarlo por habilitados nacionales. Así se ha conseguido que tomaran posesión 125 nuevos funcionarios, de manera que se han elevado las tasas de 'estabilidad' en los ayuntamientos aragoneses: de un 47% a un 59,5% en la provincia de Zaragoza; de un 35% a un 56,5% en Huesca, y de un 53% a un 86,8% en Teruel, el territorio donde más se ha notado.

¿Qué diferencia hay entre un habilitado nacional y un interino? Entre otras, la tranquilidad y la independencia, que tiene también una derivada: en el segundo caso, el profesional es más libre y su puesto está ligado al alcalde o alcaldesa de turno, con lo que puede recibir más presiones para desarrollar su labor.

En Aragón, según Marina Sevilla, hay en la actualidad 560 secretarios y hay “situaciones concretas” que resultan problemáticas. Y menciona un puñado de municipios con dificultades para cubrir el puesto, entre ellos Tierga-Purujosa, San Martín del Río, Manchones y Murero.

Precisamente en dos de estos núcleos es donde ha surgido la polémica entre el PP y los partidos de la oposición en las últimas semanas. En Tierga, el Ayuntamiento lleva dos meses sin secretario y el alcalde, el socialista Adrián de la Mella, mostró días atrás su “enfado” y su “frustración” por la situación del municipio, que provoca retrasos en el pago a proveedores y pone en riesgo subvenciones.

Y en Manchones, el concejal de Izquierda Unida Ángel Vicente exigió días atrás a Administración Local una “solución urgente” para la falta de habilitado en el municipio, lo que genera un “grave bloqueo administrativo”. Tanto el puesto de secretario en esta localidad de Campo de Daroca como el de Tierga, en el Aranda, están considerados de “difícil cobertura”.

Agrupaciones secretariales

La cuestión de las agrupaciones secretariales es al mismo tiempo una solución y un problema. Solución cuando son dos, problema cuando son cuatro; con tres depende. “Han supuesto la única manera de que los municipios pequeños vean cubrir sus necesidades”, admitió Martínez Solano en las Cortes. Pero, al mismo tiempo, si son demasiadas saturan al secretario: “En la práctica, puede hacer inviable su sostenibildad en el tiempo para un solo profesional”.

En Aragón, el Ejecutivo autonómico se plantea limitarla a tres, explica Maria Sevilla. La secretaria de Isábena reconoce que el hecho de estar dividida entre dos municipios hace que “no siempre” pueda “atender urgencias”: “Intentamos hacerlo aunque estemos en el otro municipio, pero en ocasiones tienen que esperar al día siguiente o a la semana que viene”.

Luz verde a la instalación de la tercera empresa en el polígono industrial El Recuenco en Calahorra. La Junta de Gobierno Local ha otorgado la licencia ambiental y de obras a la Fundación para la Transformación de La Rioja para la construcción del nuevo Centro Nacional de Tecnologías del Envase (CENTIDE) en Calahorra.

La UTE formada por las empresas Altuna y Uria S.A. y la riojana CJM Obras y Gestión Sostenible S.L. construirá el Centro Nacional de Tecnologías del Envase por un importe de adjudicación de 12,5 millones de euros. Ocupará tres parcelas del polígono industrial ‘El Recuenco’, adquiridas por la Fundación para la Transformación de La Rioja. Este nuevo edificio dispondrá de una superficie construida de 6.131 metros cuadrados, distribuidos en una planta baja con dos laboratorios, salas específicas para cromatografía y microscopía; otra planta de industrialización y prototipado; almacenes; salas de instalaciones; aseos y vestuarios; y una planta primera para oficinas, despachos, salas de reuniones, un auditorio con capacidad para más de cien personas y una zona de restauración.

Esta será la tercera empresa que llegue al polígono industrial. De hecho, desde el Consistorio recuerdan que ya han comenzado las obras de construcción de la nueva fábrica de placas de yeso laminado de la empresa búlgara Formatt Building Products Spain, que creará más de 150 puestos directos. También la empresa Embalajes Riojanos Algar ha empezado a edificar su nueva planta de montaje de embalajes de cartón.

La nueva plaza de toro de Calahorra

La empresa Excavaciones Fermín Osés S.L. redactará el proyecto y ejecutará las obras de adaptación de la plaza de toros de Calahorra en espacio accesible y multiusos por un presupuesto de 2.808.360,35 euros. Así se ha acordado en la última Junta de Gobierno Local. La reforma de esta plaza de toros, cuentan desde el Consistorio, “es una de las principales actuaciones del Plan de Acción Integrado (PAI) ‘Calahorra impulsa: donde el pasado inspira al futuro’, subvencionado con 3,7 millones de euros por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)”.

El objetivo de las obras, describen, es “convertir la plaza de toros es un espacio accesible a todo el mundo y polivalente para que pueda ser escenario no solo de festejos taurinos, sino también de conciertos, eventos turísticos y culturales, exhibiciones y competiciones deportivas...”. Unos trabajos con los que quieren “transformar la plaza toros de Calahorra en un espacio accesible, moderno, seguro y multiusos, respetando su estructura original protegida”.

En cuanto a las obras, las principales acutaciones son la adecuación del coso a la normativa vigente de evacuación, incendios y accesibilidad. Para ello, se van a rehabilitar las escaleras, crear un nuevo vomitorio para mejorar la evacuación y nuevas estructuras metálicas como pasarelas. Asimismo, se van a redistribuir los espacios para convertir la plaza de toros en espacio polivalente; hacer ajustes en el callejón, los burladeros, los corrales y el patio de caballos para cumplir con la evacuación y funcionalidad y mejorar el drenaje para los espectáculos no taurinos.

Asimismo, y para mejorar la accesibilidad, también se va a nivelar la planta baja, se van a reservar zonas para personas con movilidad reducida y se va a instalar un ascensor para acceder a la zona de palcos. Se renovarán integralmente las instalaciones eléctricas, de saneamiento y drenaje y de la iluminación exterior, interior y del ruedo y la instalación completa de protección contra incendios y señalización. Las obras también incluyen la adecuación de aseos, nuevos asientos en gradas y palcos y se reparará la fachada, entre otros trabajos.

Con esta actuación el aforo máximo previsto de la plaza de toros de Calahorra será de 2.971 personas, distribuidas en el ruedo 968, sentadas 1.983 y 20 plazas para personas con movilidad reducida. Y es precísamente el aforo de la plaza toros una vez concluidas las obras el punto de conflicto con los socialistas. Y es que el pasado mes de abril acusaron a la alcaldesa, Mónica Arcéiz, de mentir: “está condenando a la plaza de toros a ser la última en aforo de toda La Rioja solo por seguir adelante con su capricho”.

UGT y CCOO denuncian ante la Guardia Civil “vulneración de la libertad sindical” en el Ayuntamiento de Torrejón del Rey, después de que la alcaldesa, Belén Manzano Saguar, “impidiera” -según los sindicatos- la entrada a las asesoras sindicales de CCOO y UGT que iban a asistir a una reunión convocada por el propio consistorio.

Según los sindicatos, la asistencia de ambas representantes sindicales había sido comunicada previamente al Ayuntamiento por parte de los delegados de personal, “pese a lo cual se les negó el acceso, vulnerando derechos fundamentales reconocidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical”.

Desde CCOO y UGT denuncian que la actuación del equipo de Gobierno responde a “una estrategia continuada de hostigamiento” y “ninguneo” hacia la representación legal de las personas trabajadoras.

Trasladarán estos hechos a Inspección de Trabajo

Los sindicatos consideran que la intención del Ayuntamiento era “impedir deliberadamente” la presencia de asesoramiento sindical, para evitar que se pudiera rebatir, contestar o manifestar opiniones contrarias a las posiciones defendidas por el equipo de Gobierno, además de continuar “desacreditando y tratando de difamar” el trabajo sindical desarrollado dentro del consistorio.

CCOO y UGT recuerdan que el derecho de los representantes de los trabajadores a acudir acompañados de asesores sindicales forma parte de las garantías básicas de libertad sindical y negociación colectiva.

Por ello, además de la denuncia presentada hoy ante la Guardia Civil, ambos sindicatos anuncian que trasladarán estos hechos a la Inspección de Trabajo y que interpondrán las correspondientes acciones judiciales ante el Juzgado de lo Social por la vulneración de derechos fundamentales.

Estos hechos se suman a la situación denunciada recientemente por UGT y CCOO, donde ambas organizaciones ya alertaban públicamente de la falta de transparencia del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, del bloqueo a la negociación colectiva, de la negativa a facilitar documentación obligatoria a la representación sindical y de los reiterados intentos de limitar la actividad sindical dentro del consistorio.

Desde CCOO y UGT advierten de que no van a permitir que se normalicen prácticas “antisindicales y autoritarias” dentro de una administración pública y aseguran que continuarán denunciando por todas las vías legales, sindicales y públicas las actuaciones que califican de “mafiosas” por parte del Ayuntamiento de Torrejón del Rey. Los sindicatos exigen a la alcaldesa y al equipo de Gobierno que cesen inmediatamente en su actitud contra la representación de los trabajadores y respeten los derechos fundamentales recogidos en la legislación vigente.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, del Partido Popular, ha mandado una carta al presidente de su propio partido, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con navajas albaceteñas, para que este sector, seña de identidad de la ciudad, no se incluya en la modificación del Reglamento de Armas.

Esta iniciativa se enmarca en la polémica que se ha desatado después de que el Congreso haya aprobado con el respaldo del PP y del PNV una proposición no de ley (PNL) que afecta al sector de la cuchillería en Albacete, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Concretamente, esta iniciativa pide endurecer el control de armas blancas ante el aumento de agresiones y sanciones en toda España.

Dicha iniciativa, que salió adelante en una votación separada por puntos a la que se opusieron PSOE y Sumar, plantea diseñar urgentemente “un plan integral de actuación que frene la tendencia al alza del uso de armas blancas para la comisión de delitos de extrema violencia”.

Las reacciones desde Albacete, capital de la fabricación cuchillera en España, fueron inmediatas. Tanto el Ayuntamiento como los grupos municipales de la oposición, y después la Diputación provincial y el Gobierno de Castilla-La Mancha han rechazado esta medida y han defendido el sector de la fabricación artesanal de navajas.

Ahora, en las cartas enviadas, el alcalde de Albacete expresa “la profunda preocupación” del sector cuchillero de Albacete, y por tanto, de toda la ciudad, ante las peticiones del PP y PNV para endurecer la normativa de armas, que “criminalizaría un sector clave para la economía de la ciudad, como es la cuchillería”.

Navajas también para la presidenta del Congreso

Serrano, que ha remitido en el mismo sentido una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol y a los portavoces de los grupos en el Congreso, ha acompañado cada misiva de una navaja, “como muestra de la calidad, tradición y seña de identidad de la industria cuchillera albaceteña”.

Estas cartas se enmarcan en la respuesta institucional y política del alcalde contra “cualquier cambio normativo que pueda perjudicar a la cuchillería de Albacete”. Remarca que no solo es una “actividad económica fundamental”, sino que representa “más de seis siglos de tradición artesanal e industrial y forma parte de la identidad histórica de nuestra ciudad y de toda España”.

Con esta iniciativa ha querido trasladar “personal y directamente” a los grandes líderes políticos “una postura transversal y compartida” por todos los albaceteños, porque Albacete “concentra casi el 90% de la producción cuchillera nacional y constituye uno de los principales polos cuchilleros del mundo, reconocido internacionalmente por la calidad, innovación y prestigio de sus productos”.

En ese sentido, el alcalde de Albacete pide formalmente un encuentro de los representantes de cada grupo político o institución con el sector, representado por la Asociación de Empresarios de la Cuchillería y Afines (Aprecu), y también con representantes de la ciudad a través del Ayuntamiento, “para que puedan conocer el profundo arraigo que tiene la industria cuchillera en Albacete”.

El enfoque adecuado no debe ser la criminalización de un sector histórico y generador de riqueza

En su carta, Manuel Serrano destaca los más de 1.000 empleos y las exportaciones por valor de 35 millones de euros anuales que llevan el nombre de España y de Albacete a “mercados de todo el mundo” y que “demuestran que es un sector estratégico para la economía de la provincia”.

También incide en que este sector ha forjado “un hueco en el corazón de los albaceteños” a lo largo de los siglos, “templando el acero en nuestros talleres artesanales repartidos por toda la ciudad”. “Nuestra profunda tradición cuchillera hace que tengamos uno de los pocos museos de la cuchillería de toda Europa, además de una Fundación para el Desarrollo de la Cuchillería y una Escuela de Cuchillería por la que han pasado cientos de jóvenes albaceteños para formarse en el noble arte cuchillero”, destaca.

El enfoque adecuado, según apunta el alcalde, no debe ser “la criminalización de un sector histórico y generador de riqueza”, sino el “endurecimiento de las penas y medidas contra quienes cometen actos delictivos, dotando de más medios a quienes combaten contra ella, Policía Nacional y Guardia Civil”.

El alcalde de Pioz (Guadalajara), el socialista Manuel López, ha relacionado la moción de censura que se debatirá este 27 de mayo, promovida por una concejala tránsfuga del PSOE con el apoyo del Partido Popular y Unidas Podemos, para desbancarlo de la Alcaldía, con la oposición de su equipo de Gobierno a la implantación de cuatro plantas fotovoltaicas en el municipio.

Durante una rueda de prensa celebrada este lunes junto a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, el regidor ha asegurado que detrás de la iniciativa existe “un conflicto enorme con unos intereses económicos importantísimos”.

Según ha explicado, el Ayuntamiento acordó suspender licencias urbanísticas para ordenar el planeamiento municipal y establecer normas de protección frente a unos proyectos que, ha señalado, afectarían a unas 400 hectáreas, el 22% del término municipal.

López ha advertido de que algunas instalaciones se proyectan “a 15 metros” de viviendas y ha defendido que el objetivo del Consistorio era negociar con las empresas energéticas para regular su implantación. Ha añadido que las compañías promotoras son “multinacionales energéticas” y ha llegado a decir que han sido capaces de poner de acuerdo a Unidas Podemos y al PP.

Vamos a seguir trabajando mientras nos lo permitan

Pese a la moción de censura, el regidor ha reivindicado la gestión desarrollada durante los últimos años en colaboración con la Junta de Comunidades y la Diputación, citando entre los principales logros la cesión de la depuradora, la creación del instituto, el nuevo centro de salud, la implantación de líneas del Plan Astra y el incremento del servicio de ayuda a domicilio. “Vamos a seguir trabajando mientras nos lo permitan”, ha concluido.

El regidor ha enviado una carta a los vecinos del municipio, dos días antes de que este miércoles se vote en pleno la moción de censura. En ella, tras agradecer “el cariño, el respeto y el apoyo” recibido, materializado en 240 firmas que se recogieron este domingo en la lectura del manifiesto ciudadano en contra de la moción de censura, reivindica “haber trabajado siempre con honestidad, cercanía y compromiso con Pioz”.

De igual modo, ha expresado gratitud a su equipo de Gobierno formado por su grupo municipal, el PSOE, y por los concejales no adscritos, cuyo “esfuerzo, la lealtad y la implicación han sido fundamentales para sacar adelante una etapa intensa de gestión municipal” en la que han afrontado retos muy importantes y han impulsado proyectos necesarios para el presente y el futuro del pueblo.

“Ha sido un trabajo duro y sacrificado que nos ha permitido alcanzar logros muy relevantes, entre ellos dejar la deuda municipal a cero”, asegura López, que seguirá trabajando “desde la oposición con responsabilidad, con seriedad y con sentido institucional”.

“Vamos a fiscalizar la acción del nuevo Gobierno municipal, como corresponde en democracia, pero también vamos a tender la mano y a colaborar siempre que sea necesario para que los proyectos que están en marcha puedan salir adelante y para que Pioz no se detenga”, reseña.

Oroberia ya he presentado al Gobierno de Castilla-La Mancha la documentación para seguir adelante con su proyecto minero para buscar oro y otros metales en casi 15.000 hectáreas de la Sierra Norte de Guadalajara.

Así se lo ha confirmado en una reunión mantenida este jueves la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara a la Plataforma Valle del Río Cañamares-Sierra Norte, integrada por alcaldes, asociaciones, colectivos y vecinos de los municipios en cuyos términos municipales se ejecutarían los planes de la empresa Oroberia.

Por tanto, la Administración regional ya ha recibido la documentación correspondiente al proyecto único (el original había sido troceado en tres partes) y que se había solicitado a la empresa promotora. Los servicios técnicos competentes de Desarrollo Sostenible están analizándolo “con el fin de comprobar si reúne los requisitos necesarios para su tramitación dentro del procedimiento de evaluación ambiental ordinaria”, según explica la Delegación Provincial de Desarrolloso Sostenible y plataforma ciudadana en un comunicado conjunto.

Una vez revisada técnicamente la documentación y comprobado que cumple con las exigencias legales, el proyecto se someterá al correspondiente trámite de información pública y consultas, garantizando la participación de los ayuntamientos afectados, colectivos, asociaciones y personas que ya formularon alegaciones en fases anteriores.

Los informes municipales “tienen carácter preceptivo”

No han trascendido de momento más detalles de este segundo intento de Oroberia de sacar adelante su proyecto minero, después de que fuera rechazado en noviembre por el Gobierno regional el primer permiso que solicitó la empresa, en el que dividía en tres su proyecto.

Con esta fragmentación, Oroberia pretendía que la evaluación de impacto ambiental a la que se sometería fuera más simple y rápida. Pero el Ejecutivo castellanomanchego resolvió que, si Oroberia quería seguir adelante con sus planes mineros, tendría que presentar un único proyecto que se sometería a un 'examen' de impacto ambiental más exigente y minucioso.

La Delegación Provincial ha trasladado a los representantes municipales, colectivos y vecinos y vecinas que el procedimiento se tramitará “con todas las garantías ambientales, jurídicas y de participación pública”. Ha recordado, además, que la normativa autonómica de evaluación ambiental, tras la modificación introducida por la Ley 1/2024, refuerza expresamente la participación de los ayuntamientos en estos procedimientos.

En este sentido, los informes municipales sobre la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico y sobre la afección socioeconómica, incluidos sus posibles efectos sinérgicos con otros proyectos y actividades relevantes del municipio que pudieran verse afectadas, “tienen carácter preceptivo y resultan fundamentales” dentro del proceso de evaluación ambiental.

Por su parte, la plataforma ciudadana trasladó durante el encuentro su oposición a los proyectos de investigación minera, así como su preocupación por los posibles impactos sociales, económicos, paisajísticos y ambientales que estas actuaciones podrían generar en el territorio.

Continúan las charlas de sensibilización en los pueblos de la zona

Esta noticia conllevará que la Plataforma refuerce su campaña de sensibilización en los pueblos de la zona donde Oroberia quiere ubicar su proyecto minero. Este mismo sábado a las 18:30 horas se realizará una en Cendejas del Padrastro, localidad en cuyo término municipal no se verá afectado, pero “que ha estado desde un principio muy pendiente, muy implicado y colaborando”, explica Javier Cantero, alcalde de La Toba, que será uno de los ponentes en la charla.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, Cantero explica que, en estos encuentros, se informa a los asistentes del proyecto de Oroberia y los pasos que ha ido dando la Plataforma Valle del Río Cañamares-Sierra Norte.

“Me acuerdo que la primera reunión que tuvimos fue en Naharros a principios del mes de septiembre del año pasado. Había una desinformación total porque no teníamos ni idea de nada porque nos había caído la bomba encima hace pocos días y estábamos todos despistados. Pero luego, en todas las reuniones que hemos ido teniendo a partir de entonces, la presencia ha sido masiva de gente y el apoyo que hay es total”, recuerda el alcalde.

AIKE ha presentado una batería de enmiendas al proyecto de Ordenanza Reguladora de la Transformación de Locales Comerciales para Uso de Vivienda. Mediante ellas, propone reforzar la seguridad jurídica del texto, mejorar las condiciones de habitabilidad y evitar la generación de infraviviendas, además de proteger el patrimonio urbano y el comercio local de la ciudad.

Este grupo municipal plantea una ordenanza “más garantista y mejor definida” para la transformación de locales en vivienda en Guadalajara. Considera necesario “matizar y mejorar” una ordenanza que afecta directamente al modelo urbano de Guadalajara y a las condiciones de acceso a la vivienda.

“Esta ordenanza no resuelve el problema de la vivienda en Guadalajara, pero puede servir para abrir alternativas y disminuir el número de locales vacíos”, señala Jorge Riendas, portavoz del Grupo Municipal.

Desde AIKE defienden que debe hacerse “con garantías, criterios claros y estándares mínimos de calidad residencial”.

Por ello, las enmiendas presentadas buscan clarificar el alcance de la ordenanza y evitar posibles recursos o conflictos jurídicos derivados de una posible invasión de competencias urbanísticas reservadas al planeamiento general.

Entre las principales propuestas planteadas por AIKE se encuentra la diferenciación expresa entre lo que puede regular una ordenanza municipal, las condiciones técnicas y administrativas de transformación de locales en viviendas, y aquello que corresponde al Plan de Ordenación Municipal (POM), como la delimitación de zonas de protección comercial o la restricción de usos en determinados ámbitos de la ciudad.

Precisamente, AIKE pone el foco en la necesidad de proteger los diferentes ejes comerciales de Guadalajara y preservar locales también en los barrios, más allá del centro.

La formación considera que “la transformación indiscriminada de locales en viviendas puede poner en riesgo la actividad económica y la vida comercial de muchas zonas de la ciudad”.

Por ello, propone que cualquier limitación o protección específica se realice no únicamente pensando en el casco histórico, sino también en otros barrios y zonas comerciales consolidadas de Guadalajara.

“Otra cuestión importante es que se incorporen medidas para proteger ámbitos patrimoniales y zonas sensibles desde el punto de vista acústico, no hagamos viviendas donde ya sabemos que hay problemas de ruidos”, defienden.

“Nadie merece vivir en 30 m2”

De igual modo, reclaman establecer estándares mínimos de calidad para evitar infraviviendas. AIKE plantea que las viviendas tipo estudio tengan una superficie mínima de 40m2 y unas condiciones adecuadas de habitabilidad, iluminación y ventilación.

“Los 40m2 son una propuesta de mínimos que siempre puede mejorarse y ampliarse durante la tramitación, pero nadie merece vivir en 30m2”, explican.

“Si se va a permitir transformar locales en viviendas hay que evitar abusos, garantizando unas condiciones dignas y preservando tanto la identidad urbana como la actividad económica y comercial de nuestros barrios. Esperamos que el equipo de Gobierno escuche a la ciudadanía, a la oposición y tome decisiones consensuadas” concluye la concejala Susana Martínez.

Toda la oposición ha rechazado otorgar la confianza al ahora alcalde en funciones de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Ourense para este año 2026, abriéndose así el plazo de un mes –hasta el 22 de junio– para que los partidos presenten moción de censura.

En concreto, según recoge Europa Press, los 15 concejales de PP, PSOE y BNG han manifestado su “no” a dar confianza al regidor --que ha contado con 9 votos favorables de los ediles de su partido, Democracia Ourensana-- durante el segundo pleno extraordinario celebrado este viernes, tras el convocado esta misma mañana, en el cual PP, PSOE y BNG rechazaban el expediente, dando paso al regidor a someterse a la cuestión de confianza.

El proyecto ha sido votado esta mañana con el rechazo de toda la oposición, por lo que no pudo salir adelante. Durante la primera sesión plenaria, BNG (con cuatro ediles) y PP (siete) pidieron retirar el expediente al carecer de un informe “preceptivo” de Intervención, pero el voto en contra del PSOE (con cuatro ediles, dado que faltaban la portavoz y Francisco Rodríguez) y de Democracia Ourensana (10) facilitó que continuase el debate.

egún recoge la normativa, al estar la cuestión de confianza vinculada a la aprobación de presupuestos, si en el plazo de un mes no se presenta una moción de censura con un candidato alternativo a la Alcaldía, el expediente quedaría aprobado inicialmente y sometido a posibles alegaciones.

Jácome: “Me arriesgue por Ourense”

Así las cosas, Jácome ha apuntado a la oposición por enumerar una “lista de mentiras”, y ha instado a los tres partidos a “no bloquear” el expediente presupuestario “si no son capaces de articular una alternativa”. “Esta situación se podría haber evitado antes, pero no estaban por la labor”, ha añadido.

En esta línea, durante su intervención ha cargado contra los tres partidos alegando que “cree el ladrón que todos son de su condición”, y ha subrayado que el grupo de gobierno sí cuenta con un “proyecto de ciudad”. “Proyecto de ciudad es hacer cosas, y nosotros hemos hecho muchas cosas”, ha añadido. Tras el pleno, en redes sociales, aseguró: “Me arriesgue por Ourense”.

PP: “Ourense se merece mucho más”

Los populares han achacado un papel “absolutamente lamentable” de socialistas, quienes “llevan meses dando lecciones de etica y responsabilidad política”, pero ahora “le hacen el trabajo a Jácome”. “Hoy se desenmascararon las caretas de todos”, ha señalado la portavoz popular, Ana Méndez.

En esta línea, Méndez ha calificado al regidor ourensano de “mentiroso y trilero”, recalcando que este “perdió su respeto hace tiempo”. “Tengo absolutamente acreditada mi ética profesional, usted no, me da igual que me diga y me llame lo que le de la gana. Hace mucho tiempo que le perdí el respeto que le tenía al principio del mandato”, ha lamentado.

Así, ha insistido que PP es el partido “con más concejales” en la oposición y ha subrayado que “si el cambio tiene que pasar por alguien, es por el PP”. “Somos el partido que mejor gestiona siempre. La única posibilidad de que la ciudad salga adelante es con el PP al frente”, ha añadido Méndez.

“Ourense se merece mucho más que tener a Jácome ahí. Veremos como le salen las cosas, mucho me temo que no le van a salir, de ninguna de las maneras, como tenía usted orquestado desde el lunes. Reitero que lo que pasó hoy iba a pasar el lunes, y daba igual cuando”, ha subrayado.

PSOE: “Nadie se cree que el PP es una alternativa”

Asimismo, socialistas han rechazado dar la confianza al regidor, afeando su gestión municipal y recalcando que “hay otra manera” de gobernar. Por ello, la concejala del PSOE María Fernández ha instado a la oposición a “responder con coherencia” ante el escenario actual, postulando al partido como “alternativa con proyecto y equipo”.

En este sentido, Fernández ha apuntado a populares por “financiar” la Alcaldía de Pérez Jácome durante las elecciones de 2023 para “solventar sus problemas internos”. “Votar o apoyar al PP que es quien sostiene a Jácome es votar a Jácome”, ha añadido la socialista.

Por ello, María Fernández ha recalcado que populares tienen ahora “una oportunidad” ante una oposición que suma más concejales que el grupo de gobierno. “No se cree nadie que el PP es una alternativa porque Jácome gobierna con su apoyo. Pueden culpar a quien quieran, pero la responsabilidad es de todos, y tenemos la oportunidad de que deje de ser alcalde y buscar una alternativa”, ha añadido.

BNG: “Comedia en dos actos”

En esta línea, nacionalistas han afeado una “comedia en dos actos”, apuntando al regidor por su “habilidad” para convencer a socialistas, quienes “cometieron la torpeza” de rechazar la retirada del expediente del orden del día durante la primera sesión plenaria de este viernes.

Así, el portavoz del BNG local, Luís Seara, ha seguido su intervención enumerando una lista de las cualidades que, a su parecer, posee Pérez Jácome, acusándolo, entre otras cosas, de “deteriorar el prestigio” de su cargo, “denigrar” a la institución, “menospreciar” a representantes políticos y trabajadores públicos, o “traicionar a sus votantes”.

“Jácome venía a luchar contra la corrupción y resultó ser un fraude. Pedir confianza supone creer en su integridad, honestidad y buenas intenciones; la confianza no se pide, se gana. Quien actúa así comprenderá que no puede tener la confianza de nadie”, ha señalado Seara.

En esta línea, el portavoz del BNG local ha recordado su intención de postularse como candidato nacionalista a las próximas elecciones, recalcando que el grupo cuenta “cada día con mejor valoración de vecinos”. “La alternativa a Gonzalo Pérez Jácome, eso cada vez lo sabe mas gente, así que le auguro malos tiempos, alcalde”, ha sentenciado.

La emblemática e histórica Casa de Corcho en el Parque de la Vega, un edificio que data del siglo XIX, ha comenzado a arder sobre las 12.30 horas de este viernes. Se trata de un espacio simbólico de este parque de la ciudad, al lado de la Puerta de Bisagra, y actualmente en remodelación a cargo de la empresa AM Alonso, con obras financiadas a través de los fondos europeos Next Generation.

Se da la circunstancia de que este histórico edificio va a ser convertido un restaurante para más de 200 personas, por iniciativa del Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por PP y Vox. Justo ayer la Junta de Gobierno Local aprobó su adjudicación.

Hasta el lugar de los hechos ha acudido la Policía Local y los bomberos de Toledo para apagar el fuego del edificio. Las llamas se apreciaban desde la zona de Sisebuto, ya que han cortado el acceso en las inmediaciones. Al lugar también ha acudido el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez.

Allí ha detallado que “algo de nostoros se quema también con este incendio” al resaltar que es “un lugar muy especial para todos los toledanos”. No obstante, ha elogiado la “rapidísima actuación” de los bomberos y ha celebrado que no haya habido daños personales. “Ha habido una columna de humo que se podía ver casi desde toda la ciudad, parecía una explosión”.

Por ahora, ha remarcado Velázquez, se desconocem la causas del fuego. Se ha producido en una zona de obras y confía en que en las próximas horas se desvele qué lo ha originado. Como su propio nombre indica, el edificio está revestido de corcho, pero su estructura interior es de ladrillo y entramados de madera, ha detallado por su parte la arquitecta municipal, Nuria Molina.

Pese a lo aparatoso del incendio, el alcalde ha querido dejar claro que el accidente no impedirá que se mantengan los planes. “La Casa del Corcho se va a abrir y volveremos a disfrutar de este edificio”, ha señalado. “Tardaremos un poco más, pero de cualquier forma, no se iba a abrir antes del 30 de junio como el resto de quioscos del parque. Casualidades de la vida que se haya producido justo un día después de que hayamos aprobado su adjudicación”.

Un día después de aprobar su adjudicación

La casualidad a la que hace referencia es que el incendio se produce un día después de que este miércoles la Junta de Gobierno Local procediera a la adjudicación formal de este edificio como negocio hostelero a la empresa Authentic Paradise Events SL, perteneciente al grupo Catering Toledo.

La adjudicación contemplaba un canon de 201.120 euros repartidos en ocho anualidades, después de que la empresa duplicase la oferta inicial planteada por el Ayuntamiento, fijando una cuota mensual de 2.095 euros. Además, la concesionaria debía asumir las obras de rehabilitación y acondicionamiento del edificio.

La Casa del Corcho, ubicada junto al parque de la Vega, fue construida a finales del siglo XIX por el arquitecto Ramiro Amador de los Ríos y está considerada uno de los inmuebles singulares de este entorno de la ciudad.

Este edificio sufrió durante todo el siglo XX un importante deterioro, por lo que se ejecutó una rehabilitación integral que impulsó la Real Fundación de Toledo. Hace 15 años la casa se reinauguró tras ser sometida a un proceso de rehabilitación por parte del alumnado de la Escuela Taller de Restauración de la ciudad.

Para la rehabilitación se ejecutó un tratamiento de mejora y embellecimiento de las piezas de corcho, dándoles uniformidad con el resto de materiales de la edificación. Además, se retiró el cableado, las antenas y los focos que afeaban la fachada, y se restauró el tejado eliminando la humedad de las cubiertas. El enrejado también fue tratado, al igual que la fuente asociada al edificio. Se dotó a la casa de iluminación monumental para resaltar algunos detalles de la misma.

El portavoz del Gobierno municipal, Juan José Alcalde, destacó recientemente la adjudicación de este espacio como parte de la estrategia de recuperación y explotación de varios quioscos y establecimientos hosteleros municipales.

El PSOE local pide “máxima transparencia” en la investigación

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado el incendio registrado en la Casa del Corcho en el Parque de la Vega de Toledo al tiempo que ha pedido “responsabilidad y máxima transparencia para esclarecer lo sucedido con la mayor rapidez posible, así como avanzar en la recuperación de este espacio tan significativo para la ciudad”.

La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, junto a la concejala Laura Villacañas, se han desplazado hasta el lugar donde han podido comprobar el alcance del suceso y hablar con el alcalde personalmente de lo ocurrido.

“Lo que ha sucedido hoy en el corazón de la Vega es francamente un hecho muy triste, una imagen muy dura para todos los toledanos y toledanas”, ha señalado Noelia de la Cruz, quien ha explicado que la Casa del Corcho es un emblema de la ciudad para muchas generaciones y “es una pena que un espacio tan simbólico pueda desaparecer tal y como hoy lo entendemos y conocemos”.

La Laguna ha sido distinguida con la Escoba de Oro 2026, principal reconocimiento nacional vinculado a la limpieza urbana, la gestión de residuos y la sostenibilidad medioambiental, concedido por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS).

El jurado ha otorgado este galardón al municipio “por el refuerzo de los recursos e infraestructuras destinados a facilitar el reciclaje a la ciudadanía, la mejora continua de los servicios de limpieza y recogida de residuos, el incremento de los índices de reciclaje y el impulso de acciones de comunicación y concienciación ciudadana orientadas a fomentar hábitos más sostenibles y una mayor implicación vecinal”, poniendo especialmente en valor las iniciativas desarrolladas en materia de información, atención ciudadana, seguimiento, educación ambiental y participación vecinal.

La entrega oficial del reconocimiento tendrá lugar el próximo 10 de junio en IFEMA Madrid, dentro del marco del certamen TECMA 2026, encuentro especializado en servicios urbanos y medio ambiente que reúne a administraciones públicas y profesionales del sector de toda España.

El concejal del Área, Fran Hernández, destacó además que “la concienciación ciudadana es fundamental para que cualquier mejora sea realmente efectiva y duradera, por eso hemos impulsado acciones constantes de información, educación ambiental y participación en todos los pueblos y barrios del municipio”.

“Desde el inicio del nuevo contrato hemos trabajado intensamente no solo en la modernización del servicio, sino también en acercar la limpieza a los vecinos y vecinas, fomentando la corresponsabilidad y la implicación ciudadana en el cuidado de nuestros espacios públicos”, señaló el edil.

El concejal lagunero subrayó también que este reconocimiento “pone en valor el trabajo diario de muchas personas, desde el personal del servicio hasta los propios vecinos y vecinas que colaboran activamente para mantener una La Laguna más limpia”.

Los Premios Escobas, promovidos por ATEGRUS desde finales de los años ochenta, reconocen a administraciones, organismos y entidades que destacan por sus buenas prácticas en limpieza viaria, recogida de residuos, sostenibilidad, innovación y sensibilización ambiental. En anteriores ediciones, el jurado ha premiado especialmente iniciativas centradas en la mejora de los servicios urbanos y la implicación ciudadana en el cuidado del entorno.

Tres años después de que la Fundación Educatio Servanda se hiciera con la titularidad de la Escuela de Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo, bajo el nombre 'CES Juan Pablo II', dentro de un proceso de cesión con bastante polémica, la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación de Castilla-La Mancha todavía no había terminado de autorizar las enseñanzas que imparte el centro.

Ahora, a petición de la directora de la escuela, Amalia Almendro, la Administración regional por fin ha dado el visto bueno, mediante una resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), a las enseñanzas que acogerá y que suman casi 200 plazas escolares.

Las instalaciones que ocupa esta escuela en el barrio residencial del Polígono son de las más antiguas de la zona y con una historia muy peculiar. Fueron cedidas por el Ayuntamiento, con el anterior Gobierno municipal del PSOE, a la Fundación Cofradía del Ciento, vinculada a la Asociación Provincial de Hostelería y con un polémico historial.

Pero ahora su titularidad es de la Fundación Educatio Servanda, organización ultracatólica que también ha protagonizado alguna que otra polémica en la gestión de colegios concertados en la Comunidad de Madrid.

Nació en 2006 a iniciativa de un grupo de familias cristianas procedentes de diferentes ámbitos sociales y “preocupadas por la deriva de la educación en España”. Su objetivo es trabajar conjuntamente para edificar un modelo educativo propio, “en comunión con sus obispos y con la ayuda de sacerdotes diocesanos”. Según publicita esta fundación, sus pilares son “familia, enseñanza, ocio, tiempo libre y presencia pública del católico”.

Un desembarco lleno de obstáculos

Su llegada a la Escuela Superior de Gastronomía de Toledo se topó con varios obstáculos. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento, al tratarse de un edificio público y como entidad concesionaria, aprobó en febrero de 2023, cuando todavía gobernaba el PSOE, la cesión de la escuela a esta Fundación ultracatólica, pero la organización cristiana no tenía su titularidad. Seguía en manos de la Cofradía del Ciento, quien la gestionaba desde 1999, porque las “cláusulas” de ese acuerdo no se estaban cumpliendo.

El edificio fue renombrado como “Escuela Gastronómica y Centro de Estudios Superiores (CES) Juan Pablo II”. El nombre del famoso pontífice, de hecho, es el que Educatio Servanda le pone a casi todos los centros educativos que gestiona.

En Toledo, esta fundación ya disponía de otra escuela de estudios superiores con esa misma denominación en el Casco Histórico, pero estos estudios se trasladaron en su totalidad al edificio público del Polígono, junto con la escuela gastronómica.

Posteriormente, en marzo de 2024, el equipo de Gobierno municipal, ya en manos del PP y Vox, dio el visto bueno a la cesión de la titularidad, y la Escuela de Gastronomía pudo empezar a funcionar, aunque tres años después, las enseñanzas regladas no estaban claras.

Ahora, la Consejería de Educación, en la resolución mencionada, autoriza cerca de 200 plazas. Concretamente, da el visto bueno para 40 puestos escolares de un Grado Superior de Vitivinicultura y otras 40 para un segundo Grado Superior de Dirección de cocina.

Asimismo, la Escuela ya puede impartir dos grados medios, uno de Panadería, Repostería y Confitería, con 40 plazas; y otro de Servicios de Restauración, con otras 40. Además, también recibe luz verde para un Curso de Especialización en Panadería y Bollería Artesanales, en este caso con 20 puestos escolares.  

Educatio Servanda pidió impartir cursos no gastronómicos

En su momento, cuando se aprobó la transmisión de la titularidad de la escuela, la Fundación solicitó la autorización previa para ampliar los fines de dicha concesión a otras enseñanzas de formación profesional distintas a las gastronómicas, en régimen de enseñanza privada o concertada. Pero en la resolución aprobada hoy no figuran cursos que no estén relacionados con la hostelería.

Ahora, este centro debe presentar ante la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Toledo, la relación del personal del que dispondrá el centro desde el momento del inicio de su actividad, con indicación de sus titulaciones respectivas.

El profesorado deberá ser autorizado por el Servicio de Inspección de Educación antes de la entrada en funcionamiento de las enseñanzas autorizadas.

Una nueva resolución del Gobierno de Castilla-La Mancha publicada este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha vuelve a matizar algunos aspectos de la autorización que permitirá ampliar las instalaciones del parque temático Puy du Fou en Toledo.

El proyecto de ampliación, lo que formalmente se denomina 'Innovación del Proyecto de Singular Interés (PSI) del parque, continuará adelante aunque hoy el Ejecutivo castellanomanchego publica de nuevo un documento sobre los requisitos relacionados con el ámbito urbanístico. La ampliación en unos 36.000 m2 más está prevista en ocho fases hasta 2035, e incluye un total de 25 nuevos edificios, además de otras instalaciones, con tres hoteles y centros de formación y deportivos.

La Consejería de Fomento advierte que, puesto que las obras que realizará la multinacional francesa afectan al dominio público hidráulico, al viario, a caminos de titularidad municipal o a infraestructuras y servicios que dependen de otros operadores, su ejecución “deberá contener las autorizaciones de las empresas y los órganos competentes”.

Además, la empresa promotora deberá proceder a la reposición de las obras y servicios de titularidad pública que pudiesen verse afectados y cumplir con las condiciones que estipulan tanto la Declaración Ambiental Estratégica como en la Declaración de Impacto Ambiental. En este aspecto, Fomento se remite a lo ya aprobado por la Consejería de Desarrollo Sostenible.

La resolución mira también hacia el Ayuntamiento de Toledo. “Puesto que la presente Innovación de PSI está promovida por una entidad privada y afecta a un único término municipal”, deberá ser el ayuntamiento el que apruebe los “proyectos técnicos” que se desarrollen.

Son condiciones recogidas en el Acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, adoptado en sesión celebrada el 30 de abril de 2026.

Del “no recuerdo en absoluto” a la frase “es una mentira rotunda” apenas transcurrieron segundos en boca del alcalde de Oviedo/Uviéu, Alfredo Canteli. Ha sido su reacción al ser preguntado este jueves por la denuncia pública del Grupo Municipal Socialista que asegura que ya en 2023 el equipo de gobierno del PP, que él lidera, tuvo conocimiento de la existencia de un escrito de la Junta de Personal del ayuntamiento donde se relataban las presiones que sufrían los trabajadores del área de Urbanismo.

El alcalde sostiene que nunca hubo irregularidades en Urbanismo y que lo único que existió fue “una denuncia a finales del año pasado” donde se decía que el antiguo director general de Urbanismo, Jorge Fernández-Mier “apretaba mucho” en el departamento, “en exceso”, ha añadido.

Dimitió al día siguiente

“Eso es todo lo que conozco”, ha respondido sobre el documento del que, según el PSOE, el alcalde tuvo conocimiento hace tres años y éste rechaza.

“Tengo bastante buena memoria y la prueba de que no tenía conocimiento es que el director general presentó la dimisión al día siguiente de recibir una denuncia en 2025”, ha dicho.

Con estas palabras, el alcalde desmentía al Grupo Municipal Socialista que momentos antes, en una rueda de prensa, había exigido que ofreciera explicaciones públicas ante las presuntas presiones de Fernández-Mier recogidas en el escrito de 2023 de la Junta de Personal. Según el alcalde, la única denuncia de la que tuvo conocimiento fue el año pasado.

Un “absoluto caos” en Urbanismo

Los concejales socialistas Jorge García Monsalve y Juan Álvarez comparecieron ante los medios de comunicación para reclamar responsabilidades políticas y aclaraciones sobre una situación que consideran “cada vez más grave” y que, a su juicio, evidencia “un absoluto caos en Urbanismo”.

García Monsalve recordó que las únicas declaraciones realizadas hasta ahora por el alcalde sobre este asunto fueron durante la inauguración de la Feria del Libro, donde, según señaló, “Canteli ya adelantó de manera bastante desafortunada que el procedimiento de investigación abierto iba a quedar en nada” y afirmó además que “él no atendía denuncias anónimas, sino únicamente aquellas con nombres, apellidos y DNI”.

Un escrito desvela las presiones

Unas afirmaciones que el edil socialista atribuye al “desconocimiento absoluto” del alcalde sobre el funcionamiento del sistema interno de información o canal de denuncias, cuyo objetivo es precisamente proteger el anonimato de los denunciantes para evitar represalias.

En este sentido, el Grupo Municipal Socialista desveló la existencia de un escrito oficial remitido el 17 de noviembre de 2023 por la Junta de Personal Funcionario —máximo órgano de representación de los empleados públicos municipales— directamente al alcalde de Oviedo.

Un documento oficial

En ese documento, la Junta advertía textualmente de “las presiones que, de forma verbal e individualmente, se vienen produciendo en los últimos meses sobre personal del servicio de Licencias por parte del director general de Urbanismo”.

García Monsalve ha incidido en que se trata de un documento oficial dirigido al alcalde por la Junta de Personal Funcionario, por lo que le lleva a preguntar “qué hizo” tras recibir esa advertencia y si abrió algún tipo de investigación para esclarecer los hechos.

Otros casos

La falta de transparencia del alcalde en este tema es el que, en palabras del concejal Juan Álvarez Areces, hace que las dudas y recelos estén creciendo “como una bola de nieve” ya que las supuestas presiones en Urbanismo se producen además en un contexto de “irregularidades urbanísticas cada vez más evidentes”.

Entre otros ejemplos, ha citado el caso de un edificio en la calle María Neira que, según ha indicado, lleva dos años pendiente de la correspondiente cédula de habitabilidad sin que el Ayuntamiento haya explicado las causas, así como el expediente relacionado con una licencia en un supermercado de la zona de Cerdeño que “parece ilegal y tiene que revertirse”.

Nuevas iniciativas

“El equipo de gobierno se parapeta detrás de informes y papeles sin dar ninguna respuesta política. Nosotros queremos saber qué está pasando en Urbanismo y si esas supuestas presiones han influido o no en determinados expedientes”, ha exigido Juan Álvarez Areces.

El Grupo Municipal Socialista baraja nuevas iniciativas políticas o administrativas para esclarecer los hechos y ha lanzado un guante al alcalde para ver si mañana viernes, fecha en que se celebra Santa Rita, festividad de los funcionarios municipales, aprovecha la oportunidad para ofrecer explicaciones públicas sobre una situación que “afecta directamente a empleados públicos del Ayuntamiento”.

Los ceses de los asesores

Las primeras noticias sobre la situación interna en el área de Urbanismo se conocieron públicamente el pasado 16 de abril, como recogió elDiario.es Asturias.

“Si acude a un despacho de arquitectos, su proyecto tendrá prioridad sobre el resto porque Morales estará encima de este asunto”. Esta frase es la recomendación que una vecina de Oviedo/Uviéu asegura que recibió como respuesta si quería acelerar el trámite que quería realizar en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo. Ignacio Morales era, el pasado mes de abril, uno de los asesores de confianza de la Alcaldía del consistorio de la capital asturiana. El siguiente paso fue su cese fulminante.

Sin embargo, el de Ignacio Morales no ha sido el único cese que el alcalde ha afrontado en su equipo de asesores, ya que tampoco siguió en su equipo Hugo Huerta, exconcejal de Vox. En ambos casos, los dos cargos cesados han alegado que dejan el consistorio por “motivos personales”.

Después de dos cambios de fecha y dos protestas ciudadanas que han mostrado el rechazo de vecinos y vecinas por la medida, el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por PP y Vox, ha explicado este jueves cómo queda la que por ahora es la última versión de la nueva zona azul de la ciudad.

Las novedades, anticipadas en un comunicado en el día de ayer y explicadas en rueda de prensa hoy por el tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras y Movilidad, Santiago López Pomeda, y el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, implican que el nuevo modelo de ORA entrará en vigor el 1 de junio y reducirá la ampliación de plazas de zona azul prevista de inicio.

Así, se suprimirán 310 de las 413 nuevas plazas de zona azul (el 80% de las que se iban a crear), las cuales volverán a ser libres y gratuitas. López Pomeda ha informado de que ya existían en la ciudad 828 estacionamientos de zona azul, por lo que la subida dejará el número en 931, frente a los 1.241 que estaban previstos de inicio y que provocaron una sonora protesta ciudadana.

En concreto, desaparecerá la regulación en el paseo doctor Fernández Iparraguirre, Cuesta del Matadero, calle Cardenal González de Mendoza, calle Hermanos Fernández Galiano, avenida del Ejército -en el tramo desde el túnel de Aguas Vivas hasta plaza de España-, el aparcamiento en superficie frente al estacionamiento disuasorio de Fernández Galiano -detrás de la estación de autobuses- y la calle Santander.

Sin embargo, el Ayuntamiento no ha realizado cambios en el aumento de plazas de zona verde (disuasorias) y zona roja (para residentes). Entre las tres zonas, la ampliación del estacionamiento regulado en Guadalajara baja de 1.190 a 880 nuevas plazas.

Y es aquí donde ha surgido la polémica política. El Ayuntamiento de Guadalajara ha defendido esta reducción presumiendo de una bajada del 80% de las plazas de zona azul, dato con el que, según ha denunciado el PSOE municipal, “tratan de engañar a la ciudadanía”, ya que “del número total de plazas ampliadas, cerca de 1.200, eliminan 310; alrededor de un 25%, y no un 80%”. Es por ello que el exalcalde y concejal socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alberto Rojo, ha exigido este jueves la dimisión de la alcaldesa, la 'popular' Ana Guarinos.

El nuevo sistema mantendrá intacta la apuesta por las plazas para residentes

Por tanto, seguirán existiendo las zonas rojas, donde los no residentes podrán estacionar un máximo de dos horas y con una tarifa superior a la azul, aunque ahora el cobro será por minutos y no con tiempos mínimos obligatorios. También se conservarán las zonas verdes como es el aparcamiento disuasorio de Hermanos Fernández Galiano, cuyo coste seguirá siendo de dos euros al día en laborables y un euro los sábados, permaneciendo gratuito en domingos y festivos.

Además, el Ayuntamiento mantendrá las bonificaciones y ventajas para vehículos eléctricos y de cero emisiones, mientras que las personas con movilidad reducida continuarán sin pagar en las zonas reguladas.

Pomeda ha detallado igualmente que los cambios no supondrán ninguna sanción económica para el Ayuntamiento, ya que el contrato, adjudicado por diez años, contempla la posibilidad de introducir modificaciones.

En cuanto al repintado y adaptación de las plazas correrá a cargo de la empresa adjudicataria, que dispondrá ahora de cinco días para presentar alegaciones antes de la aprobación definitiva del acuerdo. Respecto a los parquímetros instalados en zonas donde ahora se elimina la zona azul, algunos serán retirados y otros permanecerán operativos al funcionar también como puntos de recarga de la Tarjeta XGuada.

Según ha precisado el concejal de Movilidad, si alguna zona no estuviera adaptada completamente el 1 de junio, no se cobrará por estacionar en ella hasta que quede correctamente señalizada y se informe de ello a los usuarios.

El portavoz municipal en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha mostrado la preocupación del equipo de Gobierno local ante “la falta de avances y comunicación oficial” del Ministerio de Transportes respecto a la conexión ferroviaria de la Alta Velocidad para la ciudad, dentro del AVE Madrid-Lisboa, con un nuevo estudio informativo que contempla una solución transitoria para el trazado por la capital castellanomanchega.

De hecho, ha calificado de “falta de respeto” el retraso de más de quince meses, según ha estimado, en responder a la propuesta remitida por el Ayuntamiento. Con ello, ha elevado el tono contra el Gobierno, puesto que ayer el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, admitía que el nuevo estudio informativo era “un paso importante”.

Juan José Alcalde, por su lado, ha precisado que el documento trasladado por el Ayuntamiento fue fruto de un “importante acuerdo” alcanzado con asociaciones, entidades ciudadanas, colectivos y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lamentando que el Ministerio haya tardado “un año y tres meses” en responder.

Hemos perdido 15 meses

“Es llamativo que hayamos perdido quince meses sin ninguna noticia oficial y que ahora nos enteremos por una nota de prensa de lo que el Ministerio pretende hacer, esto no es una forma seria de comunicarse entre administraciones”, ha señalado.

El portavoz municipal ha insistido en que Toledo “merece el AVE” y ha advertido de que un nuevo retraso podría volver a dejar a la ciudad al margen de conexiones estratégicas-

En este sentido, ha reclamado “celeridad” para garantizar una parada ferroviaria que permita conectar a Toledo tanto con el eje del Levante como con el Atlántico y con capitales estratégicas como Lisboa. “Lo único que nos dicen es que lo van a seguir estudiando, y eso no aporta nada nuevo, queremos seriedad y una interlocución directa, no que se nos despache por una nota de prensa después de quince meses sin contacto con el alcalde de la ciudad”, ha afirmado.

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo/Uviéu en el ayuntamiento de la capital asturiana ha instado al equipo de gobierno del Partido Popular (PP) a dar marcha atrás en su intención de adquirir chalecos antibalas a la empresa Guardian Homeland Security, filial de IMI Systems, integrada en la empresa israelí Elbit Systems, e implicada en el genocidio en Gaza.

Esta empresa de seguridad es representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar y el consistorio ovetense, a través de la mesa de contratación, le adjudicó el pasado martes el contrato para la adquisición de chalecos antibalas para equipar a la plantilla de la Policía Local.

La vulneración

Los concejales de IU, Cristina Pontón, Gaspar Llamazares y Alejandro Suárez, consideran que el ayuntamiento debe recular y anular ese contrato por vulnerar la normativa estatal que afecta al embargo de material de defensa procedente de Israel.

El portavoz municipal, Gaspar Llamazares, advierte de que el consistorio “debe cumplir el Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina y que no solo establece el embargo de armas, sino que también prohíbe la compra de material de defensa o de doble uso”.

En esta categoría se incluyen los chalecos antibalas 'made in Israel', tal y como figuran en la página web de la empresa.

El veto a Israel

Llamazares ha defendido que la legislación estatal “respalda un posicionamiento internacional de defensa de los derechos humanos, de veto al estado sionista de Israel y la condena absoluta ante el genocidio de Gaza y de la población palestina”.

El portavoz municipal de IU-Convocatoria por Oviedo/ Uviéu ha resaltado que “desde ningún punto de vista humanitario, se puede consentir su financiación con dinero público”.

La reversión del contrato

Llamares ha exigido al gobierno local la reversión del contrato y ha anunciado que, en el caso de que no se anule la adjudicación, impulsará “todas las medidas políticas y jurídicas” a su alcance para tratar de revertirla.

A este concurso optaban dos empresas: además de la israelí competía por este contrato Soltec pro uniformidad y aunque ambas estaban igualadas en la calidad de los materiales y plazo de entrega, el consistorio se decantó por Guardian Homeland Security al ofrecer un precio más reducido. Su oferta suponía 540 euros por prenda frente a los 600 euros por unidad de Soltec pro uniformidad.

La 'fiscalización'

El contrato que afecta a la capital asturiana contempla la posible adquisición de 77 chalecos por un importe total de 41.580 euros.

La organización 'Civio' fiscalizó la adjudicación de este contrato y denunció públicamente la intención del gobierno local de llevar adelante la compra de los chalecos antibalas.

Sus integrantes aseguraron a eldiario.es Asturias que el decreto ley de embargo incluye entre los materiales vetados equipos de protección como cascos y chalecos antibalas, salvo aquellos que acompañen a su usuario para protección personal, por lo que esta compra de material podría ser denunciada como ilegal y su importación debería prohibirse.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha solicitado información al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible despues de que el departamento de Óscar Puente haya anunciado el “desbloqueo” del desarrollo de la línea de Alta Velocidad Madrid-Lisboa con una conexión transitoria a la altura de la toledana localidad de Bargas, mientras se dirime la solución de una nueva estación en la capital de Castilla-La Mancha

El primer edil talaverano no ha entrado a valorar esta última circunstancia. Solo quiere que la Alta Velocidad llegue a su ciudad en 2030 “como estaba previsto”.

Precisamente, esa fecha ya supuso un encendido debate político y social hace dos años cuando el comisionado del Gobierno español para el Corredor Atlántico dijo que no estaría listo hasta 2032. Meses después, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló de nuevo del horizonte 2030.

“Queremos información puntual de ese proceso porque esa fecha es fundamental para nosotros”, ha remarcado hoy el alcalde de Talavera, destacando que esta ciudad está experimentando un “importante crecimiento” en los últimos años que, según ha dicho, se verá “apuntalado por la mejora en las comunicaciones y con la Alta Velocidad”.

Por eso, ha insistido en que el Ministerio informe a su Ayuntamiento del proceso en el que se encuentra en este momento el documento de impacto medioambiental, un documento “fundamental” para que la integración del AVE a su paso por Talavera de la Reina “sea una realidad” y puedan “cumplirse los plazos de la llegada en 2030”.

El Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu ha adjudicado el contrato para la adquisición de la equipación de la Policía Local que incluiría la compra de chalecos antibalas a Guardian Homeland Security, el representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar.

Guardian Homeland Security fue establecida en España por antiguos miembros de los servicios especiales de seguridad del Estado de Israel. Es la filial de IMI Systems, integrada en la empresa israelí Elbit Systems, e implicada en el genocidio.

El precio más bajo

A este concurso optaban dos empresas: además de la israelí competía por este contrato Soltec pro uniformidad y aunque ambas estaban igualadas en la calidad de los materiales y plazo de entrega, el consistorio se decantó por Guardian Homeland Security al ofrecer un precio más reducido. Su oferta suponía 540 euros por prenda frente a los 600 euros por unidad de Soltec pro uniformidad.

La organización Civio, que escogió su denominación de “cívico, que pertenece a la ciudadanía”, ha hecho una labor de fiscalización de esta adjudicación. Una de sus integrantes es Olalla Tuñas, quien ha confirmado a elDiario.es Asturias que el equipo de gobierno de la capital asturiana, que lidera el Partido Popular (PP), adjudicó ayer el contrato a través de la figura del acuerdo marco por el que eligen a los proveedores a los que les pueden comprar, en las condiciones pactadas, durante el tiempo que esté en vigor, y que en este caso es de cuatro años.

Chalecos antibalas made in Israel

Los componentes de Civio resaltan el hecho de que el ayuntamiento no haya tenido en cuenta el fuerte rechazo que actualmente mueve cualquier relación con Israel a raíz del genocidio en Gaza.

Especialmente destacan que la adjudicación se haya formalizado en fechas posteriores al 25 de septiembre de 2025 cuando entró en vigor el decreto ley que prohíbe la importación y exportación de material de Defensa israelí y al ser este dato relevante al afirmar la propia empresa que los chalecos incluidos en su catálogo están fabricados en Israel.

Equipos de protección vetados

El contrato que afecta a la capital asturiana contempla la posible adquisición de 77 chalecos por un importe total de 41.580 euros.

Según explican desde Civio, el decreto ley de embargo incluye entre los materiales vetados equipos de protección como cascos y chalecos antibalas, salvo aquellos que acompañen a su usuario para protección personal, por lo que esta compra de material podría ser denunciada como ilegal y su importación debería prohibirse.

Balas para la Guardia Civil

“El decreto ley veta la entrada y salida de productos incluidos en los anexos del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, entre los que están los equipos de protección como cascos, trajes blindados o antibalas, salvo cuando acompañen a su usuario para su protección personal, esto es, cuando lo lleven puesto”.

La organización recuerda cómo en abril de 2025, apenas cinco meses antes de que entrara en vigor el real decreto, Guardian Homeland Security saltó a los titulares de prensa por un contrato de 6,6 millones de compra de balas para la Guardia Civil.

El genocidio

“En ese caso, actuaba como representante de la firma israelí IMI Systems. Pese a que la polémica surgió en abril, y la promesa del Gobierno de que cancelarían el contrato llevaba meses en el aire, no fue hasta el pasado 29 de septiembre, ya con el paraguas legal del decreto ley de embargo, cuando se anuló de forma oficial.

El genocidio de Israel en Gaza no ha dejado indiferentes a los colectivos de activistas asturianos, quienes han mostrado públicamente su rechazo con acciones de protesta, manifestaciones, concentraciones y encadenamientos a edificios, entre otros.

Las protestas en Asturias

Una de las últimas acciones de protesta con encadenamiento incluido fue el que protagonizaron en junio de 2025 -tres meses antes del real decreto- un grupo de activistas que bloquearon la puerta de entrada a la fábrica de armas de Trubia, en Oviedo/Uviéu.

Los jóvenes iban provistos de pancartas con el lema “El Xenocidiu entama equí” (“El genocidio empieza aquí”) y “ STOP Genocidio”. La protesta, que incluyó el encadenamiento de sus portavoces a las verjas, duró una hora y media y finalizó cuando los agentes solicitaron a unos trabajadores de la fábrica que cortasen las cadenas con una cizalla de la empresa.

Esta acción se sumó a otras anteriores que se han llevado a cabo en Asturias, con manifestaciones, concentraciones y acampadas universitarias como la de los estudiantes de la Universidad de Oviedo en el campus del Milán, donde se posicionaron “en contra de la complicidad de las instituciones españolas en la ocupación y limpieza étnica del pueblo gazatí”.

Suspender las relaciones comerciales

Apenas un año antes del real decreto, en julio de 2024, tanto la relatora de la ONU, Francesca Albanese, como la Corte Internacional de Justicia pidieron la suspensión de relaciones comerciales y de inversión que “contribuyan a la situación en los territorios ocupados palestinos” en relación con la ocupación ilegal y la segregación.

La Comisión de Investigación asignada por la ONU (que en 2025 concluyó que “hay un genocidio en Gaza”) pidió suspender todas las relaciones armamentisticas y comerciales que contribuyan de algún modo, lo que supone, como indica también la relatora, suspender este tipo de comercio, que engrosa las arcas de filiales de empresas israelies que son eje vertebral de la ocupación y el apartheid denunciado por Amnistía Internacional, HRW, la Corte Internacional de Justicia y B’Tselem.

Víctor San Vidal vuelve a ser objeto de polémica. El que fuera alcalde de Fontanar (Guadalajara) y que dimitió tras hacerse público un vídeo en el que llamaba “retrasada mental”, insultaba y humillaba a una empleada municipal, ha sido contratado como personal laboral en el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por PP y Vox. La cuestión es que su contratación es como “operario de cultura”, es decir, empleado público, y San Vidal está condenado además por malversación de caudales públicos e inhabilitado para empleo o cargo público.

Según el decreto municipal al que ha tenido acceso este medio, Víctor San Vidal aparece contratado como personal laboral con fecha de 14 de mayo, por un periodo de dos meses, para el Área de Cultura, que dirige el primer teniente de alcalde, Francisco Javier Toquero, de Vox.

Este texto justifica su contratación en la “necesidad” de personal con motivo del “incremento ocasional e imprevisible” de actividad el departamento municipal de Cultura del Ayuntamiento.

Se da la circunstancia de que San Vidal fue condenado hace justo un año por la Audiencia Provincial de Guadalajara, por malversación de fondos públicos y prevaricación, junto a otras cuatro personas, a raíz de la denuncia de varias trabajadoras del Ayuntamiento. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con una rebaja de penas a finales del años pasado, pero manteniendo la inhabilitación para cargo o empleo público.

Es el motivo por el que desde el Grupo Municipal AIKE de Guadalajara han dado la voz de alarma. Han realizado una consulta jurídica y consideran también “verificado” que el exalcalde no puede ocupar ese puesto. Por eso han registrado en el Ayuntamiento una petición en la que solicitan a la alcaldesa, Ana Guarinos (PP), y al mencionado concejal de Cultura, de Vox, que se “depuren responsabilidades ”sobre dicha contratación y se tomen de forma urgente las medidas oportunas que garanticen el cumplimiento de dicha sentencia“.

En este escrito piden evitar que “una persona con inhabilitación especial y con dos sentencias más, una por agresión y otra por delito de acoso laboral a una trabajadora municipal” cuando Víctor San Vidal Martínez ocupaba el cargo de alcalde de Fontanar, forme parte de la plantilla del área de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara.

AIKE hace así referencia también al hecho de que San Vidal también fue condenado en febrero de 2025 a cuatro meses de prisión por un delito de acoso laboral tras someter a una mencionada empleada municipal a años de “reiterados” actos “hostiles y humillantes”. El entonces alcalde admitió los hechos y dimitió.

Vox deriva la responsabilidad al PP que justifica el contrato

Preguntado por este medio por su versión de los hechos, el Área de Cultura, a cuyos mandos está Vox, deriva la responsabilidad de la contratación y de las acciones a tomar en relación con el caso en la Concejalía de Recursos Humanos, Contratación y Compras, al frente de la cual está Isabel Nogueroles, del PP.

Mientras, según el informe del Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, al que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha, el Consistorio justifica la contratación del exalcalde de Fontanar, Víctor San Vidal, en una respuesta a las preguntas planteadas por el Grupo Municipal AIKE.

Confirman que la contratación se produjo mediante decreto con fecha 13 de mayo de 2026, durante dos meses como personal laboral “por circunstancias de la producción” y para realizar tareas de operario de Cultura. Un contrato con efectos desde el 14 de mayo.

El consistorio esgrime que “en el expediente de contratación del Sr. San Vidal consta declaración jurada firmada por él de no estar inhabilitado para el desempeño del puesto de operario de Cultura por no serle aplicable la inhabilitación especial para empleo o cargo público a la que fue condenado”.

También aluden a un auto aclaratorio de la Audiencia Provincial de Guadalajara de fecha 13 de febrero de 2026, sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y que, según se establece en su parte dispositiva, la pena impuesta al exalcalde concreta que la inhabilitación especial solo está relacionada “con la contabilidad, gestión económica o control de tesorería de los caudales públicos relacionados con la administración local”.

Finalmente, justifica el ayuntamiento que la contratación del exalcalde condenado “no ha sido una contratación directa, ya que este forma parte de la bolsa de empleo de operarios de servicios/peones vigente del Ayuntamiento de Guadalajara, resultante del proceso selectivo llevado a cabo” y que “la primera persona disponible en dicha bolsa en el momento de la contratación era el Sr. San Vidal” por lo que “en cumplimiento del reglamento regulador de los criterios de gestión de las bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Guadalajara era obligado su llamamiento”

El departamento de Recursos Humanos considera que “no existía ningún motivo para excluirle del llamamiento ya que a la vista del auto aclaratorio, la inhabilitación especial no alcanza al puesto objeto de contrato (peón de cultura), puesto que sus funciones no están relacionadas con la contabilidad, gestión económica o control de tesorería de los caudales públicos del Ayuntamiento de Guadalajara”.

Se considera que el contrato “es conforme a la legalidad” y recuerdan finalmente a la concejala Susana Martínez que “no hay impedimento, ni legal ni jurisprudencial, para que el señor San Vidal pueda acceder a un puesto de operario de Cultura”. También sostienen que “en ningún caso cabía la posibilidad de excluir o saltar al aspirante al que correspondía la contratación, según el orden establecido en la bolsa de trabajo, formada a resultas de un proceso selectivo basado en los prinicipios de igualdad, mérito y capacidad”.

La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha creado una Comisión Gestora para el Ayuntamiento de Gárgoles de Abajo (Guadalajara) después de que el pasado 9 de marzo se formalizase la dimisión de su alcalde Pascual de la Obra Ferrari, del Partido Popular.

El edil gobernaba esta Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) que pertenece al municipio de Cifuentes, junto a los concejales César López Asenjo y Sara Recuero Cuadrado como miembros de la Corporación Municipal.

Al tratarse de un municipio menor de 100 residentes y no sometido al régimen de Concejo Abierto, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General implica la elección de tres concejales por sistema de listas abiertas.

Dado que no existen más candidatos en las listas que concurrieron a las elecciones locales celebradas el 28 de mayo de 2023, se inició expediente de creación de Comisión Gestora, que estará compuesta por los otros dos ediles al los que se sumará (es obligatorio que sean tres) la persona designada por el Partido Popular, que ha nombrado como representante a Jesús Utrilla Bachiller.

La gestora quedará formalmente constituida el próximo 25 de mayo, diez días después de la fecha de la orden emitida por Hacienda, en la que se recuerda la necesidad de crear este órgano, hasta las próximas elecciones, “para garantizar la correcta administración y funcionamiento del Ayuntamiento de Gárgoles de Abajo y contar con los órganos necesarios para poder atender las necesidades de los vecinos”.

No es el primer ayuntamiento de la provincia regido por una gestora esta legislatura. En abril de 2024 ocurrió lo mismo con Romancos, en su caso debido a un proyecto para instalar una planta de biogás.