En pleno clamor social contra los desahucios y con una huelga general convocada para el 11 de noviembre por el derecho a la vivienda y la mejora de los salarios, el Gobierno de Castilla-La Mancha tan solo ha recibido una petición municipal para declarar zona tensionada de vivienda: la del Ayuntamiento de Cuenca. Es la única de las cinco capitales provinciales que está gobernada por el PSOE. En el resto gobiernan las derechas de PP y Vox.

Que los ayuntamientos hagan una solicitud formal y documentada para declarar zonas tensionadas es la posibilidad que recoge la Ley estatal de Vivienda para limitar los precios del alquiler, pero son los gobiernos locales los que deben pedirlo a la comunidad autónoma, la administración con la competencia exclusiva para aprobar y publicar oficialmente dicha declaración.

Fuentes de la Consejería de Fomento consultadas por este periódico han confirmado que hasta ahora, tan solo el Ayuntamiento de Cuenca ha enviado esta petición, aunque este departamento ha enviado un requerimiento al Gobierno local para que “complete el expediente”.

El consejero del ramo, Nacho Hernando, ha puesto en valor este procedimiento, recordando que además de los informes técnicos necesarios, debe realizarse un periodo de información pública y un proceso de participación ciudadana. Declarar una zona tensionada es “algo que va a pasar en su barrio, en su localidad” y por ello debe tener todas las garantías.

Cuenca en Marcha había exigido explicaciones

Se da la circunstancia de que esta misma semana, el Grupo Municipal Cuenca en Marcha (CeM) había exigido al equipo de Gobierno municipal que aclarara si ha solicitado formalmente al Gobierno regional como zona de mercado residencial tensionado. Y si lo ha hecho, pide que mostrara el documento y su registro de entrada.

Recordaba así que el Ayuntamiento cuenta desde abril con un informe técnico de apoyo a la declaración. El informe concluye que existe “un riesgo especial de insuficiencia de oferta de vivienda asequible para la población residente y analiza los criterios exigidos para solicitarla”. Por ello, la formación quiere saber si el equipo de Gobierno ha remitido el expediente a la Junta, cuándo lo ha hecho, a qué órgano se ha dirigido y qué respuesta ha obtenido.

Lo que no puede ocurrir es que Ayuntamiento y Junta se pasen la pelota mientras los alquileres siguen subiendo

Ha recordado que la polémica no es nueva. En mayo de 2024 Hernando ya afirmó que ningún municipio castellanomanchego había pedido ser declarado zona tensionada. CeM respondió entonces registrando ante la Consejería de Fomento el acuerdo plenario aprobado en Cuenca para reclamarlo, y denunció la contradicción entre las palabras del consejero y la información del propio Ayuntamiento.

“Lo que no puede ocurrir es que Ayuntamiento y Junta se pasen la pelota mientras los alquileres siguen subiendo y cada vez más personas tienen dificultades para acceder a una vivienda”, ha añadido la portavoz. García pide al Consistorio que, si no ha presentado la solicitud, explique por qué no lo ha hecho cuando tiene un informe que la respalda.

Al hilo de todo ello, el Ayuntamiento de Cuenca ha informado hoy de que el estudio para la declaración de la ciudad como zona tensionada de vivienda fue enviado a la Consejería de Fomento el 12 de junio, tal y como, según afirma, consta en el justificante registrado de salida.

El alcalde de Villaescusa, Constantino Fernández (PRC), ha exigido a la empresa pública MARE “soluciones inmediatas” ante las “graves deficiencias” de los servicios de recogida y reciclaje de residuos que presta en el municipio, que provocan “quejas constantes” de los vecinos.

En un escrito dirigido al director general de la sociedad, Pedro Antonio Ruiz, el alcalde no sólo alerta de las carencias de estos servicios, sino que también critica que MARE haya girado una liquidación de 26.000 euros al Ayuntamiento por el tratamiento de las basuras en la planta de Meruelo y por no separar los residuos orgánicos de la fracción resto, una separación que los vecinos no pueden realizar porque todavía no se ha instalado ninguno de los 18 contenedores marrones comprometidos en el convenio suscrito entre el municipio y la empresa pública, ha afirmado.

“No pueden penalizar al Ayuntamiento por no separar residuos cuando MARE no nos proporciona los medios necesarios para hacerlo”, ha subrayado Fernández, quien ha recalcado que los vecinos “quieren separar correctamente los residuos, pero carecen de los contenedores necesarios”.

Asimismo, el regidor advierte en su escrito de la “insuficiente” frecuencia de vaciado de los contenedores de plástico, papel y vidrio, motivo de “numerosas quejas entre los usuarios”. En el caso del vidrio, el Ayuntamiento también trasladará la queja a Ecovidrio, entidad responsable de esta recogida.

Además, critica el retraso en la instalación de las 18 islas de reciclaje previstas en distintos puntos del municipio y en la puesta en marcha el servicio de recogida puerta a puerta de papel y cartón para grandes generadores, a pesar de estar incluidas ambas actuaciones en el convenio firmado por el Ayuntamiento con MARE.

“Estamos pidiendo algo tan elemental como disponer de los medios necesarios para que nuestros vecinos puedan reciclar correctamente y que MARE cumpla lo que ha acordado con Villaescusa”, ha explicado Fernández.

Por todo ello, el alcalde insta a la empresa pública a “subsanar cuanto antes” las deficiencias y “cumplir los compromisos” para que el municipio disponga de un sistema adecuado de recogida y reciclaje que le permita avanzar en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley de Residuos.

“No tiene sentido exigir cada vez más a los ayuntamientos y subir el coste del tratamiento y la gestión de los residuos si, al mismo tiempo, no se ponen a su disposición los servicios y medios necesarios para cumplir esas exigencias”, ha concluido el regionalista.

“No habrá luto oficial”. Es la respuesta de un portavoz autorizado de la Xunta de Galicia a la consulta de elDiario.es sobre los planes del gobierno gallego tras el fallecimiento, este jueves, de Xosé Manuel Beiras, una figura clave en la política gallega del último medio siglo, considerado el intelectual y dirigente nacionalista más importante desde Castelao. Los ciudadanos que lo deseen podrán rendirle homenaje a partir de este viernes a mediodía en una sala habilitada para tal efecto en el Museo do Pobo Galego, en Santiago, donde a las cuatro de la tarde se celebrará un acto público. La alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín (BNG) ha propuesto que se le conceda a título póstumo la Medalla de Ouro de la ciudad.

El fallecimiento de Beiras durante esta madrugada ha generado una ola unánime de reconocimiento y duelo que ha atravesado la política, y no sólo la gallega. El último en sumarse ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien posteaba en la red social X: “Hoy nos deja Xosé Manuel Beiras. Galicia pierde una voz propia, firme y profundamente comprometida con su tierra. Su defensa de Galicia, de su lengua y de su cultura forma parte ya de nuestra historia”.

Poco antes de las 10 de la mañana, el presidente de la Xunta, el popular Alfonso Rueda, escribía a su vez que el “referente” nacionalista “marcó las últimas décadas de la vida política de Galicia y intentó aportar lo mejor de sí mismo, sin dejar a nadie indiferente”. En términos parecidos se pronunciaron el portavoz parlamentario del PP, Alberto Pazos, o el candidato a la alcaldía compostelana, Borja Verea –no así Alberto Núñez Feijóo, con quien protagonizó sonados encontronazos–. Pero, más allá de eso, el ejecutivo autonómico no tiene intención de tomar ninguna medida oficial de reconocimiento al autor de O atraso económico de Galiza. En el año 2021, la Xunta sí declaró tres días de luto oficial por el fallecimiento del conselleiro de Facenda, Valeriano González.

La postura contrasta con la tomada por el Ayuntamiento de Santiago, cogobernado por dos formaciones en las que militó el propio Beiras. El BNG, del que fue fundador, al que llevó de uno a 18 diputados en la cámara gallega y con el que rompió en 2012 para crear Anova - Irmandade Nacionalista. Anova es una de las fuerzas presentes en la marea municipalista Compostela Aberta, socia de gobierno del Bloque, “la casa común del nacionalismo” a la que Beiras volvió a aproximarse en los últimos años, hasta el punto de respaldar a su portavoz nacional, Ana Pontón, en las elecciones autonómicas de 2024.

“Compostela pierde a una persona que no podía encarnar mejor ni representar mejor a nuestra ciudad”, aseguró Sanmartín a los medios, a los que recordó las “hondas raíces” compostelanas de Beiras, nacido y criado en la capital gallega aunque, desde hace décadas, vecino del municipio de Brión, a unos escasos 15 kilómetros. Recordó la colocación de un monolito y la plantación de un tejo en su honor, en junio de 2025 –un acto impulsado por la Asociación Galega de Escritoras e Escritores en Lingua Galega– y el reconocimiento como Filla Predilecta a la que fue su pareja, la pintora Aurichu Pereira, fallecida en 2023.

La regidora trasladará a la Comisión de Honores y Condecoraciones su petición para que se le conceda la Medalla de Ouro a una personalidad que definió como “profundamente humana y excepcionalmente brillante”. Espera que haya un acuerdo “unánime” antes de someter la propuesta al pleno municipal. En esa comparecencia, a Sanmartín le preguntaron si contemplaba declarar luto oficial en la ciudad, a lo que respondió que la medalla ya supone “el máximo reconocimiento oficial” que puede otorgar el Ayuntamiento.

Como si alguien estuviese dudando de que Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas, el Ayuntamiento de Logroño, en su sesión en pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, que se está celebrando este jueves, ha aprobado una moción, presentada por VOX, en defensa de “la españolidad de Ceuta y Melilla” y la “integridad territorial de España”.

Un acuerdo que se ha adoptado con el voto favorable del propio partido proponente, más el Partido Popular, y el rechazo de Partido Riojano, IU-Podemos y Partido Socialista.

Como ha dicho en defensa de la moción la portavoz de VOX María Jiménez, “Ceuta y Melilla son España”, a lo que ha sumado que son frontera no solo del país, sino también Europa, por lo que ha rechazado la “invasión” de territorio ceutí “mientras Pedro Sánchez se iba de vacaciones”.

Una situación, ha añadido, ante la que han reclamado en su propuesta “revisar la relación con Marruecos”, “reforzar las fronteras”, que “quienes entren de manera ilegal sean retornados según la legislación”, lo que ha resumido como “la devolución inmediata de los invasores”.

Todo ello, en palabras de Jiménez, frente a un Gobierno central “que lanza cortinas de humo para esconder su gestión” y “frente a todo lo que están sufriendo en la ciudad”. Especialmente, ha afeado que “las autoridades sabían con anterioridad de la invasión” y ha exigido “transparencia” en las informaciones al respecto “no lo que Pedro Sánchez decida que nos quiere contar”.

“Que los tribunales demuestren las responsabilidades necesarias”, ha defendido Jiménez, quien, pese a reconocer que el Ayuntamiento no cuenta con ninguna competencia en este ámbito, “sí que necesitamos una posición institucional clara con Ceuta y Melilla, porque estamos hablando de un territorio español y de unos ciudadanos españoles que no pueden ni salir a la calle hace meses”.

Desde el PP se ha presentado una enmienda a la moción, no aceptada por VOX, en la que se planteaba, entre otras cuestiones, “una revisión del tratado de buena vecindad con Marruecos”, así como la revisión también de otros acuerdos bilaterales con el reino alauí, además de reclamar a la UE “las acciones necesarias para garantizar las fronteras de Ceuta, que son también fronteras europeas”.

En las argumentaciones de los grupos, por parte del PR+ su portavoz Rubén Antoñanzas ha calificado de “lamentable” la gestión del Gobierno de España en este conflicto, actuando “tarde” y “lo poco que se ha hecho ha sido ineficaz” y mostrando su “solidaridad” con el pueblo ceutí. Ha mostrado su “sorpresa” por la “tibieza” del PP ante esta propuesta, que ha calificado de “electoralista”, mientras que ha pedido a VOX “recordar que les pagan por solucionar los problemas de aquí”.

Especialmente dura ha sido la portavoz de Podemos Amaia Castro, quien ha echado en falta “que ni siquiera ha habido una palabra para las 140 personas que murieron aquel día y los siguientes”. “Sí han atacado a nuestro país. Sí envió Mohamed a 70.000 personas a la frontera, con su policía mirando”, ha reconocido, para achacar la invasión “a sus amigos Trump y Netanyahu, porque Marruecos no da un paso sin ellos” y tachar a VOX “no de patriotas, sino de salvapatrias”.

Por parte del PSOE, su concejala María Marrodán ha asegurado que “el que Ceuta y Melila son España no está en duda”, y que “la soberanía e integridad territorial no se discute”, además de expresar su “solidaridad con los ceutíes” y recordar “a los 140 fallecidos y a los miles de vulnerables que cruzaron aquel día”. A su juicio, la moción “es pura propaganda, parece que ser más patriota es decir la mayor burrada” y ha afeado al PP asumir los postulados de VOX “o porque van a tener que gobernar con ellos o para que no les coman más terreno”.

Por último, el portavoz del PP Miguel Sáinz ha recordado que “la primera obligación de un presidente del Gobierno es defender la unidad y las fronteras de España”, ante lo que ha preguntado a los socialistas “¿qué les parece la reaccion timorata y cobarde de su Gobierno?” y “¿a qué se debe el temor reverencial a Marruecos? ¿Pegasus?”

En sus palabras, “ha sobrado prepotencia, desdén y desatención, mientras que ahora se busca pausar el problema y meterlo en un cajón”. “Ha faltado sentido de Estado, respeto, empatía”.

Y ha defendido al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, “referente del municipalismo, defensor de la españolidad de Ceuta y Melilla y abandonado a su suerte por Pedro Sánchez”, además de dejar “sin respuestas” a FSE, comerciantes, docentes, sanitarios “y hasta al Rey lo han tenido metido en un cajón”. Por todo ello, y pese a no haberse aceptado su enmienda, “por coherencia y solidaridad”, los 'populares' han dado su voto favorable a la moción.

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión en pleno correspondiente al mes de octubre, que se está celebrando este jueves, ha rechazado una moción para “adoptar medidas urgentes sobre solares municipales vacíos para vivienda”. Un acuerdo que ha decaído con los votos en contra de VOX y Partido Popular, y el 'sí' de Partido Riojano, IU-Podemos y PSOE.

En defensa de la moción, el concejal del PSOE Luis Alonso ha señalado que el de la vivienda “es un problema muy complejo, con competencias regionales y locales muy directas en la materia” y, refiriéndose a parcelas -sobre todo en el Casco Antiguo- correspondientes al Plan municipal de vivienda que han quedado desiertas para su enajenación ha reclamado “negociar con el IRVI la cesión de esas parcelas vacías para que construya las en torno a 30 viviendas previstas”.

Ha sumado el antiguo solar destinado a Bosonit para 30 a 35 viviendas, “del que no hay noticias, no hay máquinas ni un proyecto, ni siquiera se ha firmado el convenio”, por lo que ha reivindicado que “es necesario pasar de las palabras a los hechos, para que se construya VPO en una zona especialmente importante como es el Casco Antiguo”.

Se ha presentado una enmienda a esta moción, por parte de Podemos, porque, como ha señalado su portavoz Amaia Castro, estas viviendas sean para alquiler “a precios que la gente pueda pagar”. Una propuesta que han aceptado los socialistas, aunque la edil ha criticado que “el Ayuntamiento de Logroño no tiene competencias de vivienda porque la señora Gamarra las cedió hace años al Gobierno de La Rioja, y la única que hay ahora es vender patrimonio o ceder suelo al IRVI”.

Por parte del Partido Riojano, su portavoz Rubén Antoñanzas ha afeado al PSOE un “silencio cómplice”, por su falta de apoyo a diversas propuestas en materia de vivienda realizadas por los regionalistas, por lo que ha apuntado que “ante esas 65 viviendas que proponen hoy, el PR+ ha propuesto más de 4.000 VPO y de alquiler para jóvenes, pero siempre se han puesto de perfil”, por lo que se ha mostrado “sorprendido” por la propuesta.

Desde VOX, la edil Patricia González Lacarra ha dicho que “es una propuesta con poco recorrido”, hablando “ahora de urgencia, cuando estas parcelas llevan tiempo ya vacías” y señalando a un matiz “electoral” en la propuesta. Ha criticado especialmente que los socialistas hablan de “ceder” parcela “que son de patrimonio municipal”, señalando la propuesta como “una mera declaración de intenciones, esta moción solo trae un titular que no construye ni una vivienda”.

La concejal de Vivienda, Patricia Sáinz, por su parte, ha afirmado que “vienen ahora con una moción en la que piden urgencia, después de sus cuatro años sin hacer nada y después de haber reducido el peso de Logroño en el IRVI”.

“Nosotros nos hemos dedicado a trabajar de todas las formas posibles”, ha subrayado la edil, repasando algunas de las promociones llevadas adelante en la ciudad, y recordando más de 24 PERIs promocionados “que van a permitir más 3.000 viviendas, muchas de VPO”, a las que ha sumado “todo el sector de Ramblasque”. “Déjennos seguir trabajando”, ha concluido.

Otras mociones

Se ha rechazado -con los votos en contra de VOX y PP, y el 'sí' del resto de formaciones- una moción presentada por el Partido Riojano, para crear una red municipal de patios escolares abiertos en cada distrito de la ciudad, apuntando desde el Gobierno las dificultades que plantea para tener los centros preparados para su función educativa principal, los costes adicionales o la existencia de otros recursos municipales para el ocio juvenil.

También ha decaído otra moción, en este caso del Grupo Mixto Podemos, para la puesta en marcha de un plan de choque de limpieza extraordinaria y la incorporación de maquinaria de fregado con agua caliente a presión. Una petición realizada, ha justificado su portavoz Amaia Castro -en la que han coincidido el resto de la oposición-, porque “Logroño está sucio, escuchen a los vecinos y limpien la ciudad”.

En tercer lugar, no se ha aprobado tampoco una moción del Grupo Socialista, “para la reducción de la siniestralidad vial en Logroño”, refiriéndose más en concreto, a la bajada a la mitad del número de atropellos que se registran en la ciudad. Una propuesta apoyada por PR+ y Podemos, tachada de “demonización del coche” por VOX y rechazada por los 'populares' “con los datos” -una reducción del 8% de accidentes y de un 9% de heridos graves en lo que va de año- y “sabiendo dónde tenemos que actuar”, como ha dicho el edil de Interior, Francisco Iglesias.

Excrementos de aves acumulados en una zona anexa al patio, presencia de roedores, dificultades para ventilar un aula de lactantes y restos de comida y utensilios acumulados en la cocina durante el cambio de turnos de limpieza. Son algunas de las situaciones que recoge un informe del delegado de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva sobre la Escuela Infantil Las Fábulas, tras una inspección realizada el pasado 1 de octubre. El documento alerta de posibles problemas de salubridad y reclama al Consistorio distintas actuaciones para corregirlos. Cuarte de Huerva ha recuperado este año el título de municipio con mayor renta media de Aragón entre las localidades de más de 5.000 habitantes, según el último informe de Fedea, elaborado con datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2023.

El informe pone también el foco en la organización del servicio de limpieza. Según ha podido saber este diario, hay un intervalo diario aproximado de 30 minutos entre la finalización de la jornada del personal del turno de mañana y el comienzo de la jornada de la empresa contratada para el turno de tarde. Durante ese periodo quedan utensilios y restos de comida acumulados en el fregadero de la cocina. Asimismo, señala que anteriormente existía un solapamiento entre ambos turnos que permitía atender las necesidades de limpieza durante ese intervalo y evitar la acumulación de restos.

Según ha podido saber este diario, esta situación tiene su origen en un cambio en la organización del servicio de limpieza. Anteriormente, el centro contaba con una trabajadora municipal fija con una jornada de dos horas y media diarias, 12,5 horas semanales, y otra empleada, también personal laboral fijo, que cubría el turno de tarde con un contrato de 30 horas semanales. Tras la jubilación de esta última, el Ayuntamiento optó por contratar a una empresa externa para prestar el servicio durante 25 horas semanales, en lugar de convocar un proceso para cubrir la plaza. Esta reorganización ha dejado un intervalo entre ambos turnos en el que la cocina permanece sin personal de limpieza.

El PSOE de Cuarte de Huerva ha reclamado al equipo de gobierno una solución a esta situación. En un escrito registrado este miércoles, Mercedes Pérez, portavoz del grupo municipal socialista, plantea reorganizar o ampliar los horarios de limpieza, así como utilizar recursos de personal municipal para garantizar la cobertura del servicio y evitar que se repitan las deficiencias detectadas.

La cuestión laboral también apareció en el pleno municipal del pasado 29 de septiembre. Durante la sesión, la alcaldesa hizo referencia a la presencia de un inspector que había acudido solicitando “protocolos” y mencionó también a “una trabajadora”, aunque sin concretar el contenido de esa actuación. “El día que haya una denuncia, si la hay, se explica perfectamente en qué consiste y qué ha ocurrido”, afirmó la regidora.

Consultado por este diario, el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva asegura que, tras recibir la información sobre las deficiencias, la trasladó a sus brigadas municipales “para ampliar medidas dentro del plan de mantenimiento de dependencias municipales”. Respecto a la situación laboral y la organización del servicio de limpieza, el Consistorio señala que no puede facilitar información por el momento y que tendría que consultar esta cuestión con el departamento de Recursos Humanos.

Excrementos de aves y un posible riesgo biológico

Más allá de los problemas en la cocina, el informe describe las condiciones de la zona exterior anexa al patio infantil. Allí se encuentra un magnolio de grandes dimensiones que sirve de hábitat a distintas especies de aves. Durante la inspección se observó una “importante acumulación” de deposiciones de aves y hojarasca.

La parte superior del murete que separa ambos espacios tiene unos 50 centímetros de altura y queda al alcance de los menores y en ella también se observaron restos de deposiciones de aves. A la acumulación de suciedad se suma la presencia de roedores comunicada por el personal del centro. Se habrían observado ratas en la zona anexa al patio infantil. Durante la inspección se pudieron ver trampas destinadas al control de estos animales, aunque, según las manifestaciones recogidas, no estarían siendo revisadas con la frecuencia necesaria para garantizar su eficacia.

El informe también pone el foco en el aula de lactantes Las Ovejitas. Sus ventanas están directamente comunicadas con la zona exterior señalada y, según el documento, permanecen cerradas. El delegado de prevención considera que esta circunstancia dificulta la correcta ventilación de la estancia y pide valorar las medidas necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas de ventilación y salubridad.

El espacio anexo al patio comparte además entorno con dependencias del centro médico municipal, por lo que el informe considera que las condiciones observadas no afectan únicamente a la escuela infantil, sino también a las personas que trabajan o acuden a estas instalaciones sanitarias.

La Consejería de Sanidad, consultada por este diario, asegura que no tiene constancia de la situación recogida en el informe del delegado de prevención. El documento, solicita que se actúe con la máxima premura para solucionar las situaciones detectadas y garantizar unas adecuadas condiciones de seguridad y salud laboral.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo, del Partido Popular (PP), ha retrasado dos días la celebración del pleno municipal para que el alcalde, Alfredo Canteli, y los concejales de su grupo pudieran asistir al acto de inauguración del Centro Universitario de la universidad privada Alfonso X El Sabio.

La sesión plenaria iba a celebrarse inicialmente ayer, martes, y la coincidencia con la apertura de curso de la institución académica privada ha llevado a cambiar la fecha de la convocatoria para mañana, jueves.

Un cambio de última hora que no respondía a otra causa de fuerza mayor y daña la imagen pública del ayuntamiento al fijar sus prioridades. Así lo estima el portavoz de Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Oviedo (CO) Gaspar Llamazares, quien reconoce que le “resulta difícil comprender” cómo se ha llegado a este extremo de que “se cambie la fecha de un pleno municipal para acudir a la inauguración de una empresa privada”.

De martes a jueves

Habitualmente, el pleno tiene establecida su celebración ordinaria el primer martes de cada mes. Llamazares asegura que constituye uno de los principales espacios de representación democrática de la ciudadanía y, por tanto, “su calendario no debería quedar condicionado por la agenda de una empresa privada ni debería estar subordinada a contentar a sus futuros clientes”.

El daño a la imagen del Ayuntamiento

Una situación que deja clara la postura del equipo de gobierno municipal al anteponer la asistencia a la inauguración de un negocio privado “al normal funcionamiento de un órgano municipal”, incide el portavoz municipal de IU-CO.

“Las instituciones públicas deben preservar su autonomía y su dignidad institucional; cambiar su funcionamiento para adaptarlo a intereses privados supone una actitud de genuflexión ante las empresas que daña la imagen del Ayuntamiento”, asevera Llamazares.

Los temas a debate

El pleno municipal que tendrá lugar mañana abordará entre otros temas sendos ruegos del propio Llamazares de personación en la causa judicial abierta por agresiones a dos activistas durante las fiestas de San Mateo y relativo a la ampliación del párking de La Escandalera y varias preguntas relativas al cumplimiento de contrato con Aqualia, el Plan Director de mantenimiento de equipamientos, la prohibición de entrada a un equipamiento deportivo municipal a los concejales de su grupo y sobre el transporte público de viajeros.

Los concejales socialistas Jorge García Monsalve y Natalia Sánchez Santa Bárbara han planteado sendas preguntas para su debate en la sesión plenaria relativas a la actual convocatoria de subvenciones a la participación ciudadana y la situación del Club de Balonmano Vetusta.

Aunque no está incluido en el orden del día, es previsible que desde la oposición municipal se lleve a la sesión el cambio de fechas para facilitar que el alcalde y los miembros de su equipo de gobierno pudieran asistir ayer al acto de la universidad Alfonso X El Sabio.

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez (PP), ha manifestado este lunes que el Consistorio ha interpuesto una denuncia ante los juzgados contra la veintena de personas que mantienen la acampada de protesta por la situación de la vivienda en la plaza de Emilio Pérez, en el extremo sur del Paseo de Almería, al ver una “ocupación ilegal de la vía pública”.

A preguntas de los grupos municipales de IU-Podemos y de Vox, la edil ha explicado al final del pleno del Ayuntamiento que el “asentamiento” surgido durante la tarde de este domingo en dicho punto tras la manifestación promovida por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos se da de forma “ilegal”.

Así, ha explicado que se ha dado traslado a la Subdelegación de Gobierno de la denuncia interpuesta al tiempo que ha llamado a “distinguir entre las manifestaciones” que están “autorizadas” con “todo el rigor necesario” y este otro acto.

“Como cualquier ciudadano, no pueden ocupar la vía pública de manera ilegal porque también tenemos que primar el cumplimiento de las ordenanzas y el derecho también de los vecinos a la seguridad, a la buena convivencia, al respeto, al silencio y, en fin, todas esas cosas”, ha añadido la concejal.

“Protesta pacífica”, según IU-Podemos

La portavoz del equipo de gobierno ha contestado de este modo a las preguntas del portavoz del Vox en el Consistorio almeriense, Juan Francisco Rojas, quien ha querido saber si la protesta tiene “permiso” de la Subdelegación, qué duración se había comunicado y si había también autorización municipal.

De igual modo, se ha interesado por conocer si, en su caso, se prevé imponer “sanciones administrativas” por “ocupación indebida del espacio público y por obstaculizar la circulación peatonal” a quienes participan en la acampada desde este domingo.

Por su parte, el portavoz de IU-Podemos, Alejandro Lorenzo, ha querido saber si desde el Ayuntamiento se ha solicitado a la Policía Local que “actúe contra esta protesta pacífica”.

El Gobierno vasco ha aprobado esta semana destinar al Ayuntamiento de Donostia 777.000 euros adicionales para reforzar el servicio alimentario dirigido a personas en situación de calle. Con esta inversión del Ejecutivo vasco, el programa Otorduak podrá atender a 100 personas más a través de establecimientos hosteleros de la ciudad que han aceptado colaborar con el Ayuntamiento.

La propuesta ha partido del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, dirigido por Nerea Melgosa. El objetivo de esta ayuda directa es ofrecer “una respuesta inmediata a una necesidad básica desde una perspectiva de derechos, entendidos de forma integral y favoreciendo que se ejerzan en un entorno normalizado”. El Gobierno vasco ha aclarado que la aportación es “adicional, temporal y evaluable” y que se utilizará exclusivamente para atender a las 100 nuevas personas, mientras que las 65 que ya recibían el servicio seguirán siendo responsabilidad del Ayuntamiento.

Esta no es la única ampliación que ha experimentado el programa Otorduak en los últimos meses. El pasado mes, el pleno del Ayuntamiento aprobó una partida adicional de 500.000 euros, hasta alcanzar los dos millones invertidos en los Servicios Sociales, para reforzar el programa tras la cancelación de las cenas solidarias de KAS a finales de julio, muy criticada. Con los 777.000 euros aportados ahora por el Gobierno vasco, la inversión destinada exclusivamente al servicio alimentario ascenderá a 1,27 millones de euros.

De esta forma, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento donostiarra “suman capacidades ante una realidad que requiere cooperación institucional”, pero sin redistribuir las responsabilidades de los Servicios Sociales, argumenta el Ejecutivo. Para el departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, garantizar la alimentación “es imprescindible, pero no constituye por sí sola la salida de una situación de sinhogarismo”.

Por ello, el departamento ha defendido que esta colaboración también busca facilitar “la vinculación con los servicios sociales, prevenga el aislamiento y evite la cronificación de la exclusión”. La medida llega además después del reciente desalojo de los pabellones de Herrera, donde unas 30 personas que se encontraban allí se vieron afectadas.

Pasaron los aplausos, se entregaron los trofeos y la ciudad celebró sin estridencias la primera edición de los Premios Cacereños del Deporte. Pero el hueco que dejó la categoría de Mejor Deportista Absoluta Femenina no se cerró con la gala. Con los días, ese vacío ha empezado a incomodar cada vez más. Y no solo a quienes lo vieron desde fuera. Varios clubes deportivos de Cáceres —algunos con una trayectoria larga en deporte femenino— han contactado con elDiario.es para expresar su rechazo y su enfado. Hablan de sorpresa, de desánimo y, sobre todo, de miedo a que vuelva a ocurrir. “Si esto pasa en la primera edición, ¿qué nos garantiza que no vuelva a pasar?”, se preguntan.

Ese malestar no quieren que se convierta en silencio, el mismo silencio que mantiene el Ayuntamiento desde que este periódico le trasladó preguntas para poder explicar lo sucedido. Las entidades deportivas se hacen esas mismas preguntas: cuántas candidaturas hubo realmente, quién presentó la propuesta descartada, qué requisito concreto no cumplía y si la deportista tuvo la oportunidad de subsanarlo. También quieren saber por qué, una vez descartada la única candidatura, no se activó ninguna alternativa. Y si el Gobierno local piensa revisar las bases para evitar que una categoría absoluta femenina pueda quedarse sin representación en futuras ediciones.

La preocupación no es nueva. La ausencia de una ganadora en la categoría femenina llegó incluso al Pleno municipal. Fue la concejala de Podemos, Consuelo López, quien pidió explicaciones al Gobierno local. La respuesta fue mínima: sí hubo una candidata, pero no cumplía los requisitos de las bases. Nada más. Ni qué requisito era, ni si se le ofreció subsanar, ni por qué no se buscó una alternativa. Esa falta de detalle es, precisamente, lo que ahora alimenta el malestar entre los clubes.

En la práctica, la primera edición dejó a las mujeres sin el principal reconocimiento individual. La única deportista premiada fue la luchadora Sonia Rubio Herguijuela, distinguida como Promesa Femenina. El resto de galardones individuales recayeron en hombres: Guillermo Gracia Núñez como Mejor Deportista Absoluto Masculino; Álvaro Pozo Marroyo como promesa masculina; Carlos Corcho Portillo como entrenador; Sergio Salomé Vizuete como juez, árbitro u oficial; además de la Gimnastrada y el Club Polideportivo Licenciados Reunidos. El Premio Cacereño del Deporte fue para Jesús Luis Blanco Morales.

Las bases exigían estar empadronado en Cáceres desde hacía al menos un año, contar con licencia deportiva en vigor, haber obtenido resultados en competiciones oficiales durante 2025 y no estar cumpliendo sanción deportiva. Para la categoría femenina absoluta se añadía haber competido en categoría absoluta. Las candidaturas podían presentarlas federaciones extremeñas, la Universidad de Extremadura, entidades deportivas de Cáceres y centros escolares. Y, como salvaguarda, la Concejalía de Deportes podía presentar una propuesta cuando ninguna entidad lo hiciera, pero no salvó nada.

Quejas

Desde los clubes cacereños se lamentan de que las bases no dicen qué hacer cuando sí se presenta una candidatura y esta resulta no válida. Existe la posibilidad de subsanar documentación, pero no se prevé un mecanismo para activar una nueva búsqueda de candidatas si, tras la revisión, no queda ninguna propuesta admitida. Ese vacío procedimental quedó expuesto de forma evidente en esta primera edición.

Los clubes que han contactado con este periódico temen que, si nada cambia, la categoría femenina absoluta pueda volver a quedar desierta. Se preguntan si el Ayuntamiento considera que las bases funcionaron como estaban diseñadas o si, a la vista de lo ocurrido, deberían modificarse. Algunas entidades plantean incluso posibles soluciones: abrir un nuevo plazo cuando una candidatura sea descartada, habilitar a la concejalía para presentar una propuesta en ese momento o reforzar la difusión de la convocatoria entre clubes y federaciones para evitar que el jurado reciba tan pocas opciones.

Todas esas propuestas chocan con un obstáculo: la falta de respuesta institucional. No hay respuestas para los grupos municipales, ni para los clubes ni para la prensa.

Mientras ese silencio se mantiene, el malestar crece. Porque lo que ocurrió en la primera edición no es solo un hecho puntual, es una señal de alarma que muchos clubes y deportistas temen que pueda repetirse si nadie se toma la molestia de corregirlo.

La situación ha abierto un debate que ya no se limita a una edición fallida, sino a la necesidad de garantizar que el reconocimiento deportivo municipal cumpla estándares mínimos de igualdad, transparencia y seguridad jurídica. Varios clubes recuerdan que la propia normativa estatal en materia de igualdad —como la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres— obliga a las administraciones públicas a promover la participación equilibrada y a evitar prácticas que puedan generar discriminación indirecta. Reclaman que el Ayuntamiento revise las bases, incorpore mecanismos de subsanación y alternativas claras y asegure que ninguna categoría femenina pueda volver a quedar desierta por un vacío administrativo que, a día de hoy, nadie ha explicado.

Pero hay más

Más allá del vacío en la categoría femenina absoluta, varios clubes sostienen que las bases, tal y como están diseñadas, no reflejan la realidad del deporte cacereño. Están pensadas para categorías absolutas de competición y, a tenor de los premiados, se ajustan a perfiles de élite que poco tienen que ver con el día a día de las escuelas y entidades locales. Lo dicen desde su propia experiencia: aunque algunas escuelas participaron en dos de las categorías, sabían de antemano que estaban lejos de poder optar a esos galardones porque para llegar a la élite —como quienes han sido reconocidos este año— hay que partir del deporte base, ese que sostienen familias y clubes sin apenas recursos, sin ayudas públicas y con el apoyo limitado de patrocinadores. Comparado con la infraestructura que respalda a los premiados, la distancia es enorme. Y si ese es el espejo que se ofrece ahora, se preguntan qué queda para los deportistas que hoy entrenan con ilusión en Cáceres si ni siquiera encuentran un reconocimiento que se ajuste a su realidad.

A esa sensación de desajuste entre las bases y la realidad del deporte cacereño se suma otra comparación que varios clubes ponen sobre la mesa: otros ayuntamientos de la región —como el Casar de Cáceres, Quintana de la Serena o Jerez de los Caballeros— llevan años reconociendo a sus deportistas con criterios más amplios, donde incluso la participación en categorías autonómicas tiene cabida y donde las escuelas y clubes de base encuentran un espacio de representación. Dicen que allí los premios funcionan como un espejo real de su tejido deportivo, no como un trámite. Por eso, algunos interpretan que la convocatoria cacereña ha estado más vinculada al objetivo de exhibir el sello de 'Ciudad Europea del Deporte' que a construir un sistema de reconocimientos capaz de abarcar todas las trayectorias, desde la élite hasta quienes sostienen el deporte día a día en pistas municipales, pabellones y escuelas sin apenas recursos.

La presidenta del Grupo Municipal Vox y vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, ha avanzado este jueves su intención de no presentarse como cabeza de lista o candidata por Vox a la Alcaldía de la capital regional en las próximas elecciones municipales de 2027.

Lo ha dicho durante un desayuno informativo con los medios, acompañada junto a los otros tres concejales del grupo municipal que gobierna en coalición con el Partido Popular.

“Llevo un tiempo pensando y meditando y he llegado a una conclusión, que saben mis compañeros del grupo municipal y mi familia”, ha señalado Cañizares, que ha querido despejar así las dudas sobre su futuro político de cara a los próximos comicios. “He decidido que no me voy a presentar a las elecciones como cabeza de lista por Vox. Es una decisión personal que no tiene vuelta atrás”.

También ha aclarado que “no es fruto de ningún hecho puntual, de ninguna circunstancia, sino de un conjunto”. En los últimos meses, Cañizares había escenificado en público sus discrepancias con su socio de gobierno, el 'popular' Carlos Velázquez. También se situó entre los críticos de Vox y la gestión de Santiago Abascal pidiendo más transparencia interna, entre otras cosas.

“No es rencilla, ni reproche”, ha subrayado, para argumentar que “en la vida hay etapas, y se cierran unas y, quién sabe, se puede abrir otras” y es que pese a que renuncia a ser candidata también ha querido aclarar que no está cerrando puertas “a nada”, dejando entrever que su trayectoria política no ha terminado. “No cierro puertas, solo esa”, ha incidido, asegurando que “a día de hoy” ningún otro proyecto político le ha ofrecido nada ni ella lo ha valorado, aunque ha recordado que no se va a ir al Partido Popular.

Inés Cañizares ha añadido que tras esa decisión “no hay otro anuncio” y que seguirá trabajando en el Grupo Municipal de Vox.

¿Escisión en Vox?

Durante el desayuno, el actual concejal de Educación, Daniel Morcillo, ha expresado su intención de continuar una legislatura más, pero con unas siglas que se adecuen a sus principios y con “vocación de servicio público” más allá de las siglas. “Ahora mismo no abriría la puerta ni a PP, ni a PSOE, ni a IU”, ha detallado.

Inés Cañizares ha venido mostrando públicamente su apoyo a Iván Espinosa de los Monteros que fue expulsado de Vox el pasado verano. Ella es la tesorera de un think tank creado por el 'ex' del partido ultra y en ocasiones se ha especulado con la posibilidad de que esta asociación evolucionase hacia un partido político.

La Plataforma Ciudadana Stop Biometano de Daimiel ha pedido al alcalde del municipio, Leopoldo Sierra, que las declaraciones de rechazo a las macroplantas de residuos y biometano se traduzcan en “resultados tangibles” ante el proyecto de una instalación de este tipo en la localidad, con una capacidad prevista de 486.000 toneladas al año.

Concretamente, este colectivo social ha registrado un ruego para el pleno municipal de octubre en el que pide al alcalde que acelere la elaboración del informe socioeconómico y ambiental sobre Daimiel, lo presente ante la Corporación local y someta a votación la “no conformidad” del Ayuntamiento con la instalación de la planta, remitiendo posteriormente el acuerdo y el informe a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El objetivo es que el Ayuntamiento emita un rechazo efectivo contra esta instalación, es decir, un veto municipal que impediría la construcción de la macroplanta, en virtud de la última reforma de la Ley de Evaluación Ambiental, al igual que ha sucedido en Carrión de la Calatrava.

Stop Biometano Daimiel reconoce las manifestaciones públicas realizadas por el alcalde contra este tipo de instalaciones y las actuaciones municipales iniciadas en materia urbanística. Sin embargo, considera que ha llegado el momento de pasar “de los anuncios a los resultados”.

Afirma que, aunque el alcalde ha anunciado que se modificará el Plan de Ordenación Municipal (POM) y se preparará un informe socioeconómico y ambiental para llevarlo posteriormente al pleno, hay actuaciones concretas que el Ayuntamiento debe completar “de forma urgente”.

No pedimos al alcalde que vuelva a decir que está en contra. Le pedimos que termine el informe, lo lleve al pleno, se vote y se comunique el acuerdo a la Junta

La primera de ellas es el mencionado informe, para poder someterlo a la votación del pleno municipal y remitir el acuerdo a la Junta de Castilla-La Mancha. El propio ruego registrado reclama que este trabajo se acelere y se complete durante este año. “No pedimos al alcalde que vuelva a decir que está en contra. Le pedimos que termine el informe, lo lleve al pleno, se vote y se comunique el acuerdo a la Junta.”

La plataforma considera especialmente relevante que en 2023 el Ayuntamiento emitiera un informe de “compatibilidad urbanística favorable” relacionado con el proyecto. Por ello, entiende que si la posición municipal ha cambiado, ese cambio debe quedar reflejado ahora en actuaciones y acuerdos formales, y no únicamente en “declaraciones públicas”.

Pone como ejemplo la actuación desarrollada por otros municipios próximos. Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava ya han llevado sus respectivas posiciones sobre las macroplantas de biometano a sus órganos plenarios. “Si a estos municipios les ha dado tiempo a hacer su trabajo y llevar su posición al pleno, ¿por qué Daimiel todavía no lo ha hecho?”, se pregunta.

Precisamente por la gran dimensión del proyecto de Daimiel, el Ayuntamiento “debería actuar con especial diligencia”: supone un “gran impacto” en el entorno del Parque Nacional de las Tablas, lo que hace necesario que el Ayuntamiento disponga cuanto antes de “un análisis municipal riguroso sobre sus posibles efectos ambientales, territoriales, económicos y sociales”.

“Estamos hablando de una instalación de 486.000 toneladas de residuos al año en el entorno de Las Tablas de Daimiel. Ante un proyecto de esta magnitud no basta con decir que se está trabajando: los ciudadanos tienen derecho a conocer qué se ha hecho, qué falta por hacer y cuándo se va a terminar el trabajo. Daimiel necesita hechos, no palabras”, concluye la plataforma.

El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega ha aprobado definitivamente la modificación de la Ordenanza reguladora del Estacionamiento Regulado Activo (ERA), que actualiza y amplía el sistema de aparcamiento gratuito de alta rotación y establece las tarifas para los aparcamientos públicos en altura de La Carmencita y del Mercado Nacional de Ganados.

La nueva regulación, aprobada con los votos de PRC y PSOE, establece 403 plazas de alta rotación en los principales ejes del centro de la ciudad, de las que 129 serán de zona naranja y 274 de zona azul.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que estas zonas estarán distribuidas por diferentes calles del centro urbano como Julián Ceballos, Avenida de España, Augusto González Linares, Teodoro Calderón, La Llama, José Lucio Mediavilla, José María Pereda, Joaquín Cayón, Julián Urbina o Avenida de la Constitución.

Otra de las novedades es la incorporación al sistema ERA de los aparcamientos públicos en altura de La Carmencita y del Mercado Nacional de Ganados 'Jesús Collado Soto'.

De esta manera, la Ordenanza diferencia tres modalidades, la zona naranja corresponde a las plazas destinadas a carga y descarga que, fuera del horario establecido para esta actividad, pueden utilizarse como estacionamiento regulado; la zona azul comprende las plazas de estacionamiento en superficie, y la zona violeta corresponde a los aparcamientos públicos en altura de La Carmencita y del Mercado Nacional de Ganados.

La aprobación definitiva incorpora parcialmente dos de las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública. Entre ellas figura la presentada por el PP respecto al horario de las plazas reguladas en superficie, que comenzará a las 09:00 horas en lugar de a las 08:00 horas contempladas inicialmente.

Así, la zona azul estará regulada de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados de 09:00 a 14:00 horas. El tiempo máximo general de estacionamiento será de 90 minutos, ampliable hasta los 120 minutos para los titulares de la Tarjeta Ciudadana.

En el caso de los aparcamientos de La Carmencita y del Mercado Nacional de Ganados, identificados como zona violeta, la regulación será ininterrumpida durante las 24 horas de los días laborables, salvo desde las 14:00 horas de los sábados o vísperas de festivo hasta las 08:00 horas de los lunes o del día siguiente al festivo. El tiempo máximo de estacionamiento será de 12 horas, ampliable hasta las 24 horas con la Tarjeta Ciudadana.

La nueva Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Rechazada la nueva licitación de Torrebici

En el apartado de mociones, ha sido rechazada la iniciativa del Grupo Municipal Popular relativa al servicio municipal de alquiler de bicicletas eléctricas TorreBici. La propuesta planteaba habilitar la partida presupuestaria necesaria para licitar un nuevo contrato antes de la finalización del actual ha contado con los votos a favor del PP y Vox y en contra de PRC, PSOE y Torrelavega Sí.

Durante el debate, el portavoz socialista y primer teniente de alcalde, José Luis Urraca, ha afirmado que TorreBici es un servicio “irrenunciable” y ha defendido la necesidad de “repensarlo y mejorarlo”, corrigiendo los problemas detectados antes de poner nuevamente el servicio en funcionamiento.

La concejal de Movilidad, Jezabel Tazón, ha incidido en que la intención municipal es dar continuidad a TorreBici, pero revisando previamente su modelo para evitar reproducir los problemas actuales y asumir un incremento considerable del coste.

Entre las posibilidades que se están estudiando se encuentran disponer de software propio, aprovechar el parque actual de bicicletas, adquirir nuevas unidades progresivamente y recurrir a talleres de la ciudad para su mantenimiento. “Queremos encontrar una fórmula viable para que la TorreBici continúe”, ha señalado.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha sugerido que si la organización de la feria Sabor Toledo se hubiera conocido desde un principio por parte de la organización de la Feria regional de Artesanía (Farcama), se “podrían haber aprovechado mejor los recursos públicos”.

Después de que se haya procedido por parte del Ayuntamiento al desmontaje de las casetas de Sabor Toledo en el toledano Paseo de la Vega justo antes de que empezara el montaje de las casetas que se destinarán a Farcama, organizada por el Gobierno regional, Franco ha asegurado que incluso ella desconocía que se iba a celebrar la primera de las citas.

Con todo, indica que la celebración de Farcama se empieza a trabajar “con mucha anticipación”, y la contratación de todos los servicios derivados de esta cita arrancan con tiempo suficiente. “Estoy convencida de que cuando se contrataron las casetas de Farcama, se desconocía el calendario de Sabor Toledo. Estoy plenamente convencida”, ha apuntado.

Creo que se puede hacer de todo con una mayor y mejor anticipación y un mejor conocimiento

En este contexto, asegura que se podrían haber aprovechado “mejor” los recursos públicos. “A mí me interesa una buena edición de Farcama con el menor gasto posible. Creo que se puede hacer de todo con una mayor y mejor anticipación y un mejor conocimiento”.

Estas cuestiones a la consejera llegaban después de la petición de cortar el tráfico en el Paseo de la Vega para acelerar en el montaje de las 150 casetas que conformarán Farcama. En este punto, ha dicho Franco que el movimiento urbano que generan estas citas competen “a la gestión municipal”.

El pleno municipal lo rechazó por unanimidad y ahora el Gobierno de Castilla-La Mancha lo ha archivado. El proyecto para la construcción de una planta de biometano en Carrión de Calatrava, junto al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real, ya está archivado, en virtud de la reciente modificación de la Ley de Evaluación Ambiental que permite a los ayuntamientos vetar proyectos que consideren nocivos para sus municipios.

Una vez materializado el 'no' de la Corporación local, el Gobierno de Castilla-La Mancha procederá al archivo definitivo del expediente para la construcción de esta planta, pese a que llegó a ser declarada proyecto “prioritario” por el propio Ejecutivo autonómico.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, precisamente durante su visita a Carrión de Calatrava para la puesta en marcha del nuevo servicio ASTRA, donde ha asegurado que la Consejería de Desarrollo Sostenible comunicará “en las próximas horas” al Ayuntamiento la finalización del procedimiento.

“No habrá planta de biometano aquí en Carrión de Calatrava”, ha sentenciado Caballero, quien ha recordado el compromiso adquirido meses atrás tanto por el alcalde, Dionisio Moreno, como por el Gobierno regional de que el proyecto no saldría adelante sin consenso social. “Es evidente que no ha reunido el consenso social y es evidente también que hemos cumplido nuestra palabra”, ha señalado.

El anuncio culmina una controversia iniciada a finales de 2024 alrededor del proyecto que planteaba levantar en el término municipal de la localidad una instalación destinada a producir biometano a partir de residuos orgánicos procedentes principalmente de actividades ganaderas y agrícolas, mataderos, almazaras y depuradoras.

La iniciativa provocó desde sus primeros pasos una importante contestación social en Carrión, donde llegó a constituirse una plataforma vecinal contra la planta y se llevaron a cabo varias movilizaciones. De hecho, su representante, Carmelo Donoso, participó en Toledo en la presentación de las alegaciones de la Plataforma Stop Biometano de Castilla-La Mancha, a la cual pertenece, contra el futuro decreto que prepara el Gobierno regional para restringir estas instalaciones.

Mientras este decreto sigue sin aprobarse, el escenario que allanaba este camino cambió este verano con la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, aprobada por las Cortes regionales el 16 de julio, que reforzó la participación de los ayuntamientos para decidir sobre los proyectos planteados en sus términos municipales.

Al amparo de esa nueva regulación, el pleno de Carrión, reunido el pasado 17 de septiembre, aprobó por unanimidad su “no conformidad” con la planta y acordó trasladar esa decisión a la Dirección General de Calidad Ambiental para poner fin a la tramitación.

“Carpetazo” al proyecto de Carrión

Según ha explicado el vicepresidente segundo, Carrión se ha convertido así en el primer municipio cuya petición de rechazo dará lugar a una resolución de este tipo tras el cambio legislativo. “Procedemos, por tanto, a dar carpetazo a este asunto”, ha afirmado el vicepresidente segundo, que ha pedido a los vecinos que recuperen “la normalidad y la tranquilidad”.

Caballero ha querido reconocer igualmente las gestiones realizadas por el alcalde, Dionisio Moreno, y ha defendido que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno regional han respetado el compromiso que adquirieron ante la oposición existente en el municipio. “Lo que no han querido no lo van a tener”, ha concluido el vicepresidente segundo, poniendo así punto final al proyecto.

Pero se da la circunstancia de que no es el único proyecto que planea en el entorno de Las Tablas de Daimiel. En Torralba de Calatrava hay una instalación planificada, también en el área de influencia del Parque nacional. De hecho, en el propio Daimiel también existe otro expediente abierto para una tercera planta de biometano.

En el mencionado acto de presentación de alegaciones, Alberto Celis, catedrático en la Universidad de Sevilla, vecino de Daimiel y experto en temas de agua, alertaba del peligro de los tres proyectos para este espacio natural. “El decreto recoge la importancia de los espacios protegidos, pero no incluye lo fundamental que sería impedir que existan instalaciones en municipios con entornos protegidos”.

Sigue la polémica por normativas pendientes

Otra cuestión pendiente (y polémica) es que el Gobierno regional también prepara en paralelo una Ley de Proyectos Empresariales Estratégicos donde el biometano se considera “prioritario”. “Eso implicará que, aunque los ayuntamientos rechacen un proyecto, si la Junta considera que son de utilidad pública, se impondrá por encima de los municipios. Es decir, en una ley (la mencionada de Evaluación Ambiental) se les da poder y en otra ley se les quita. Esto no puede ser y tiene que resolverse”, remarcó Alberto Celis. Precisamente esta es la “inseguridad jurídica” por la que estas plataformas no descartaron acudir a los tribunales.

De momento, el veto municipal propiciado por los cambios en la Ley de Evaluación Ambiental ha funcionado en el caso de Carrión.

Ahora queda esperar a la entrada en vigor del decreto de restricciones al biometano pendiente de aprobación y que no gusta nada a las plataformas vecinales y sociales, ya que, aunque suspendería los expedientes en curso con una moratoria de dos años, deja la puerta abierta a proyectos de “interés estratégico” que aún no están del todo definidos. Por el momento, no hay fecha para su aprobación.

El Consejo Escolar Municipal de Toledo se reunió este lunes para debatir sobre la climatización de los colegios públicos toledanos. Actualmente, ninguno de estos centros dispone aún de un sistema así, lo que provocó que padres, madres y estudiantes salieran a la calle para reivindicar que “climatizar no es un lujo”.

La reunión se centró en qué tipo de sistema de climatización -aerotermia o split- optar para las futuras convocatorias pendientes de la Junta de Comunidades -dotadas con fondos europeos FEDER- para este tipo de actuaciones.

Hasta el momento, de las tres convocatorias que ha habido -cada una dotada con 16,6 millones de euros-, el Ayuntamiento de la capital regional ha concursado en dos, presentando proyectos para dos colegios -uno en la segunda y otro en la tercera, el CEIP Alfonso VI y el CEIP Gómez Manrique-.

En ambos centros, su apuesta ha sido instalar un sistema centralizado de aerotermia -VRV- que ha reducido el máximo de la ayuda -de hasta el 85% del total de la inversión- por debajo del 40%, al contemplarse actuaciones que no están incluidas entre los parámetros subvencionables.

Según explicaron el alcalde, Carlos Velázquez, y Gerardo González, responsable de eficiencia energética y sostenibilidad del Ayuntamiento de Toledo, hasta ahora se ha optado por este sistema al considerarlo “más eficiente” y sostenible que los split. Aunque reconocieron que resulta más costoso y que su instalación requiere de una actuación más compleja.

Apostar por este tipo de instalación, defienden, permitiría también en un futuro sustituir las calderas en los centros educativos -algunas de los años 70 u 80-. No obstante, la inversión que requiere y las obras a desarrollar alargaría durante varios años la reclamación de las AMPA para que todos los colegios se adapten cuanto antes a las altas temperaturas.

Por eso, el equipo de Gobierno se muestra ahora abierto a abordar una solución más “cortoplacista”, según la define el alcalde, que deja en manos de la comunidad educativa la decisión final por la que optar en las siguientes convocatorias. La próxima, según anunció el Gobierno regional, saldrá en 2027 con 12 millones de euros.

Calendario de actuaciones para la próxima convocatoria

Con tal de poder definir los proyectos para el resto de colegios públicos -14 más-, Velázquez se comprometió a presentar un calendario de actuaciones cuando se convoque esta próxima convocatoria, y poder así decidir, en un futuro Consejo Escolar Municipal, si seguir apostando por aerotermia u optar por split -bombas de frío y calor-, lo que agilizaría los tiempos y reduciría la inversión.

En este sentido, el Ayuntamiento calcula que si en el Alfonso VI se hubiera optado por esta última opción, habría sido necesario instalar unos 38 split. Y si lo hiciesen en todos los colegios públicos de la ciudad, se elevarían hasta los 640. La inversión total, según han indicado en distintas ocasiones, rondaría los 2,5 millones de euros.

En general, tanto la oposición como las familias presentes en el Consejo concordaron que la primera es la opción preferible. Pero el calor apremia y varias madres, representantes de distintos AMPA de la ciudad, mostraron también su inclinación por dar una solución más urgente a los episodios de elevadas temperaturas que se viven en las aulas o comedores escolares.

El debate también derivó por momentos en la lucha de competencias para dirimir si es la Administración regional o la local la que tiene que asumir el coste de esta inversión. Las representantes familiares dejaron claro el mensaje que ya trasladaron en la concentración de la semana pasada: “Menos discusiones y más soluciones”.

El pleno del Ayuntamiento de Avilés ha reprobado este lunes a su alcaldesa, la socialista Mairví Monteserín, por su gestión del contrato del ciclo integral del agua y el conflicto con Asturagua y el socio privado de Veolia.

La propuesta, presentada por el PP, ha salido adelante con los votos favorables de los populares y Vox, la abstención de Cambia Avilés, y el voto en contra del PSOE.

La fiscalización

Para la portavoz del PP, Esther Llamazares, este resultado supone la culminación de meses de trabajo de fiscalización sobre un expediente que su formación considera “uno de los episodios más graves” de la gestión municipal de este mandato.

“Hoy el pleno ha reprobado a Mariví Monteserín por algo que llevamos meses denunciando como es que su gobierno conocía las reclamaciones de Asturagua, no las tramitó, mantuvo al pleno al margen y permitió que el conflicto terminase en los tribunales con más de 15 millones de euros provisionados”, ha declarado Llamazares.

Reclamaciones

La portavoz ha recordado que Asturagua presentó reclamaciones el 31 de mayo de 2024 y el 30 de junio de 2025, esta última terminó desestimada por silencio administrativo y dio lugar al recurso contencioso-administrativo presentado el 15 de diciembre de 2025.

“No estamos ante una diferencia política sobre cómo gestionar el agua, estamos ante dos reclamaciones que no se tramitaron, un pleno al que se mantuvo al margen y un conflicto que acabó judicializado”, ha declarado la portavoz del PP.

Esta reprobación se produce días después de que IU hiciera oficial su salida del Ejecutivo local, que hasta el pasado miércoles era resultado de una coalición entre esta formación y el PSOE. 

Las familias de Logroño tenían de plazo hasta el 1 de octubre para presentar la justificación que el Ayuntamiento de Logroño les exige para recibir las conocidas chiquibecas. El plazo era de diez días hábiles, incluida la semana de San Mateo. Y este era precisamente el problema. El jueves 17 de septiembre, los centros de Educación Infantil y las familias recibieron una carta del Ayuntamiento de Logroño.

En la misiva, desde el Consistorio informaban de la publicación de las listas definitivas de adjudicatarios y excluidos de las ayudas económicas del primer ciclo de infantil, Chiquibecas julio 2026. En la misma, también recordaban los trámites y los plazos previstos para poder recibir estas ayudas. Uno de los requisitos indispensable para el cobro de las chiquibecas es la presentación, por parte del beneficiario, del documento bancario del pago efectuado al centro de Educación Infantil o presentación del justificante de pago firmado por el propio centro. Para presentar esta documentación, las familias tiene diez días de hábiles de plazo. “La carta llegó el 17 de septiembre, así que el plazo real para las familias y centros es de cuatro días, viernes 18, lunes 28, martes 29 y miércoles 30 porque la semana de San Mateo es inhábil en Logroño”, relata uno de los centros afectados.

El mismo viernes 18 de septiembre, algunas de las escuelas de Educación infantil en Logroño comenzaron a emitir justificantes de pago. “Pocas porque muchas familias están de vacaciones y quizás ni se han enterado”. Razón por la que muchas escuelas optaron por publicitar la carta remitida desde el Ayuntamiento de Logroño a través de sus canales de difusión: WhatsApp, plataformas internas o redes sociales. “El mismo viernes 18 de septiembre empezamos a realizar justificantes para las familias, aun así, muchas tampoco los pudieron llevar porque trabajaban”. Y es que otra de las quejas de las familias es que no saben cómo ni dónde pueden presentar dicha documentación. “He llamado al 010 y me han comentado que me van a pedir el papel del centro del justificante de pago, nos lo podéis preparar?”, cuenta una de las familias afectadas.

Mensaje de tranquilidad del Ayuntamiento de Logroño

Y así, a algo más de dos días que venza el plazo, la solución llega desde el Consistorio de Logroño con un “mensaje de tranquilidad”. Y es que, tal y como han confirmado a este medio, “se va a dar un plazo adicional, al igual que el año pasado, para todo aquel que no haya podido presentar en tiempo y forma la documentación exigida”. Tal y como recogen las bases, el plazo adicional es de 15 días hábiles a partir del 1 de octubre. En cuanto a la documentación, esta también puede presentarse online.

Asimismo, fuentes municipales recuerdan que el plazo otorgado para presentar la documentación es la misma que la de otros años, al igual que la documentación exigida también es la misma que la de ediciones anteriores. Y además de insistir en que no han recibido quejas de las familias, también han reiterado que se va a habilitar un plazo adicional.

El Ayuntamiento de Toledo ha ofrecido una plaza en la Residencia Social Asistida San José a Rosario, una vecina de 80 años que este lunes debe abandonar su vivienda de alquiler en el Casco Histórico de la ciudad tras finalizar su contrato.

Así lo ha trasladado a preguntas de los medios la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, a preguntas de los medios por la situación de esta vecina de Toledo por la que la Unión Popular de Inquilinas (UPI) convocó este domingo una concentración de apoyo.

“Dada su situación, mañana puede estar en la RSA San Jose. Técnicamente, creemos que sería la mejor solución para ella. No creemos que tenga que seguir vivienda sola”, ha señalado la edil sobre Rosario, quien es viuda, no tiene hijos y se encuentra sola, sin una alternativa habitacional a la que poder trasladarse con su pensión de 500 euros.

Illescas ha explicado que la mujer ha sido atendida por parte de los servicios sociales de atención primaria del Ayuntamiento -habiendo mantenido “nueve reuniones” con la trabajadora social en el último mes- y que se la ha ofrecido su trasladado a la residencia de manera temporal mientras puede buscar otra alternativa, aunque ella habría rechazado esta propuesta.

La concejala ha desvelado además que Rosario está inscrita en el registro de solicitantes de vivienda de la Junta de Comunidades, sin que hasta el momento haya obtenido una respuesta positiva, aunque indica que también se le ha ofrecido una plaza residencial por parte de la Administración regional.

No ve una situación “comparable” a la de Maricarmen

Señala también la edil que Rosario no habría judicializado la situación y que no la ve comparable a la que ha sufrido Maricarmen, la vecina madrileña de 87 años, con discapacidad, que fue desahuciada la semana pasada. Un caso que ha incrementado las protestas sociales y que ha originado la acampada de cientos de personas en Sol para reclamar soluciones al problema de la vivienda.

“Aunque alguien lo está pretendiendo, no estamos ante un caso como el de Maricarmen”. “Estamos ante un fin de contrato”, ha agregado, subrayando que, a su juicio, se está intentando “dibujar una situación análoga a la Maricarmen”, lo que considera como “algo partidista”.

“No debemos hacer cortinas de humo. Más valdría que la izquierda se dedicara a denunciar violaciones de Ceuta”, ha aseverado también la concejala 'popular', sin concretar qué formaciones o partidos políticos están haciendo lo que considera “un uso torticero de lo que está sucediendo” en el caso de Rosario.

“En la calle no se va a quedar esta señora esperando la plaza de mañana. Eso os lo puedo asegurar porque para eso existen las ayudas de emergencia y el Ayuntamiento se ocupará en su caso de esa situación. Pero lo primero que tiene que haber es una confirmación de que Rosario quiere acogerse a esta posibilidad porque los ofrecimientos que se le han hecho los ha rechazado. Pero no se va a quedar a dormir a la calle. Lógicamente, nadie se queda a dormir en la calle en Toledo”, ha afirmado la edil.

Movilización contra el lanzamiento

De su lado, la Unión Popular de Inquilinos, que ha convocado hoy una concentración en San Justo por el caso de Rosario, llevó también a cabo una protesta en Zocodover en la que reunió a medio centenar de vecinas y vecinos y personas vinculadas a los movimientos por el derecho a la vivienda.

En el acto, señalaron que el caso de Rosario no debe abordarse como un problema individual sino como parte de una situación más amplia de acceso a la vivienda, reclamando medidas como el fin de los desahucios y una mayor protección para las personas que se encuentran en situaciones de emergencia habitacional-.

Precisamente, tras el incremento del malestar social por el caso de Maricarmen, el Gobierno está negociando la aprobación del decreto de vivienda para que pueda tener luz verde este martes en el Consejo de Ministros.

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real) y dos de sus concejales, todos ellos del PP, declararán como investigados por presunto acoso laboral tras una denuncia presentada por una funcionaria municipal.

El juez titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puertollano (Ciudad Real) ha citado a declarar el 25 de noviembre al alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz; al concejal de Urbanismo, José Antonio Barba; y al de Deportes, Javier Trujillo, en el marco de las diligencias procesales tras la denuncia penal por presunto acoso laboral presentada por una funcionaria municipal.

Precisamente, Trujillo también estuvo en el foco de la polémica la semana pasada cuando trascendió que había estado utilizando una instalación municipal para aparcar dentro su vehículo particular, para un fin que nada tenía que ver con su condición de edil.

El regidor Miguel Ángel Ruiz, del PP, ha negado los hechos y ha defendido que la actuación municipal responde a la “normal exigencia de rigor” propia de la Administración.

El alcalde y los concejales siempre han defendido su inocencia y han recalcado que todo se debe a discrepancias en momentos de tensión derivados de la propia gestión, en un contexto de normalidad del día a día administrativo, según recoge Europa Press.

“Hostigamiento brutal” contra la trabajadora

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, María Manzano, abogada de la denunciante, del despacho Alarcos 8, asegura que la trabajadora, funcionaria de carrera y que lleva trabajando en el Ayuntamiento desde el año 2000, lleva sufriendo “un hostigamiento brutal” por parte del equipo de Gobierno desde que tomase las riendas del consistorio en 2023.

La abogada explica las situaciones que la denunciante, que ejercía desde 2017 como jefa del servicio de la sección de Urbanismo del Ayuntamiento y que no había tenido durante toda su trayectoria ningún conflicto laboral con otra corporación municipal, ha estado sufriendo desde la toma de posesión de Miguel Ángel Ruiz.

“Se le desacredita profesionalmente, se utilizan continuamente hacia ella expresiones vejatorias; hay una injerencia brutal, sobre todo del alcalde, en las funciones que ella desarrollaba; una serie de decisiones que le corresponden a ella y que toma el alcalde en su nombre. Estos episodios se producen reiteradamente desde 2023”, señala Manzano.

En el último año ha emprendido vías legales contra el Ayuntamiento, entre ellas un recurso contencioso-administrativo contra la que calificó como “desproporcionada” suspensión de sus funciones tras la apertura de un expediente, así como la denuncia penal por acoso laboral contra los tres cargos municipales.

“Nosotros pensamos que la intención del Ayuntamiento es quitarse del medio a Inés, que es una persona incómoda, en el sentido que cumple tajantemente sus funciones”, señala la abogada, quien sospecha que “lo que realmente pretenden” es poner en el puesto de la denunciante “a una persona de su confianza”.

El pasado mes de marzo, tras concluir la vía disciplinaria, la Junta de Gobierno Local resolvió el expediente con un simple apercibimiento al no haber probado los hechos que se le atribuían a la funcionaria, lo que obligó al Ayuntamiento a abonarle el salario correspondiente a los seis meses en que estuvo suspendida de empleo.

Por su parte, el alcalde de Puertollano ha negado el acoso contra la funcionaria y ha defendido que la actuación municipal responde a la “normal exigencia de rigor” propia de la Administración.

El alcalde y los concejales siempre han defendido su inocencia y han recalcado que todo se debe a discrepancias en momentos de tensión derivados de la propia gestión, en un contexto de normalidad del día a día administrativo.

El PSOE habla de “abuso de poder” del alcalde

Esta noticia ha sido valorada este lunes por el secretario general del PSOE de Puertollano, Miguel González Caballero, que ha asegurado que la gestión de Miguel Ángel Ruiz se define por “el abuso de poder”.

“Puertollano no se merece un gobierno que mienta, que use las instalaciones de todos campando a sus anchas como si fuera su cortijo, ni que abuse de las personas que trabajan para toda la ciudadanía”, ha concluido.