Una ambulancia ha atravesado la avenida de la Constitución de Sevilla durante el paso de la Hermandad de San Roque. El suceso de ha producido en torno a las 21:00 horas de la jornada del Domingo de Ramos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes presentes en el momento del incidente y la Policía Nacional, que ha asegurado que este se habría producido al acceder el vehículo a la Carrera Oficial, en plena procesión.

Las imágenes del paso de la ambulancia, interrumpido por la presencia del palio de la Virgen de Gracia y Esperanza en la calzada, han suscitado revuelo en las redes sociales. Desde el grupo municipal socialista, el concejal en el Ayuntamiento hispalense Juan Carlos Cabrera lo ha calificado de “fallo grave de primero de coordinación”.

Por el momento no han transcendido las causas que han llevado a las dotaciones del 061 a atravesar este punto de forma inédita.

Un joven de 23 años ha fallecido este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 12 de la carretera GU-186, a su paso por el término municipal de Campillejo (Guadalajara).

El 112 de Castilla-La Mancha, según ha informado a Europa Press, ha recibido el aviso a las 14.22 horas.

El accidente ha consistido en una salida de vía. Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, un helicóptero medicalizado y una UVI.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha archivado la causa abierta sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a la empresa sanitaria Ambulancias Egara en Catalunya, una pieza separada del caso '3%' sobre supuesta financiación ilegal de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, al apreciar que “no resulta debidamente justificada la perpetración de delito alguno”.

En el auto de sobreseimiento de la causa, adoptado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y recogido por Europa Press, Pedraz argumenta que “no ha quedado acreditado ni el concierto previo” ni la “resolución arbitraria” para la concesión de la adjudicación bajo sospecha, que fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y por el Tribunal de Cuentas.

En el proceso, investigado durante tres años, estaban imputados el exconseller de Salud Boi Ruiz, el exdirigente de CDC David Madí, el exdirector del Servicio Catalán de Salud Josep María Padrosa, el propietario de Ambulancias Egara, Óscar Simón, y otras personas físicas y jurídicas.

El magistrado había puesto el foco en la adjudicación de tres lotes de un concurso sanitario a una Unión Temporal de Empresas (UTE) en un periodo en el que la Generalitat de Cataluña estaba gobernada por Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC).

Ahora, Pedraz aduce que no ha quedado acreditada “ningún tipo de contraprestación, ofrecida o recibida, a los funcionarios públicos y autoridades encargadas de elaborar el pliego de condiciones y la adjudicación del contrato, ni la contraprestación ofrecida, solicitada o recibida por los intermediarios de la misma”.

El instructor argumenta que no ha quedado acreditado que los responsables del concurso hayan llevado a cabo delitos a conciencia y voluntad de alterar el procedimiento administrativo para beneficiar a una persona, y con perjuicio a los intereses públicos, afirmando que sí se han detectado “meras irregularidades administrativas subsanables” que, en cualquier caso, no tienen “una gravedad” o “relevancia”.

El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de Catalunya se está preparando para el concurso de acreedores al que se asoma el Grup La Pau, una cooperativa que ganó en 2025 junto a otra empresa el mayor contrato público de ambulancias, valorado en 381 millones de euros, a pesar de tener problemas de tesorería. 

Según ha podido saber elDiario.es, el Grup La Pau está actualmente en fase de preconcurso de acreedores, un proceso previo en el que, durante un periodo de hasta cuatro meses, la empresa puede renegociar y reestructurar sus deudas para evitar el procedimiento concursal.

Ante esta situación, el SEM ha solicitado un dictamen a los servicios jurídicos del departamento de Economía para valorar si, en caso de llegar el concurso, la otra compañía a la que se adjudicó el contrato junto a La Pau en una Unión Temporal de Empresas (UTE) podría acreditar por su cuenta la solvencia que se requiere para prestar el servicio.

La amenaza del concurso de acreedores en La Pau planea sobre la cooperativa cuando solo faltan dos meses para que empiecen a ofrecer sus servicios en el área metropolitana norte de Barcelona. El primero de los lotes del macroconcurso, que en total sumó unos 2.000 millones de euros, empezará a desplegarse este 1 de abril en las Terres de l'Ebre. El de La Pau está previsto para el 13 de mayo.

Los problemas económicos de La Pau no han sorprendido a nadie en el sector. La propia cooperativa, seis meses antes de ganar el concurso en Catalunya, ya había advertido en un documento interno de que estaba al borde de la “quiebra técnica” tras acumular más de nueve millones de pérdidas entre 2021 y 2024. 

También la mesa de contratación de la Generalitat tuvo dudas sobre la solvencia del Grupo La Pau, hasta el punto de que todos los miembros solicitaron abundante documentación contable a la cooperativa y un plan de negocio para que acreditara que podría prestar debidamente el servicio. El SEM, sin embargo, concluyó que la cooperativa acreditó su capacidad financiera y le otorgó la licitación.

Desde el SEM no han querido hacer ningún comentario para este artículo. Vicenç Chicharro, vicepresidente del Grup La Pau, aseguró el viernes en conversación telefónica que la compañía tenía “viabilidad” y que “contemplaban” la “opción” de llegar a un acuerdo con sus acreedores que permitiera evitar el concurso público. 

Antecedentes polémicos

El origen de las reticencias de la Generalitat durante el concurso estaba en los problemas que tuvo la cooperativa en el País Vasco, donde gestionó parte del servicio de ambulancias y fue objeto de más de 55 actas de inspección laboral por diversas irregularidades, que incluían el uso de los vehículos adscritos al Servicio Vasco de Salud por parte de clínicas privadas y el adeudo de salarios y pagas extras a buena parte de la plantilla.

El Ejecutivo vasco, que aseguró que La Pau estaba en una “situación económica complicada”, acabó rescindiendo el contrato con la cooperativa por su “deficiente gestión” y embargó en noviembre de 2024 los 12 millones en avales que había depositado el grupo.

Los problemas de tesorería de La Pau han supuesto que la otra empresa de la UTE, Direxis, haya ido adquiriendo más protagonismo de manera paulatina en la unión de empresas. Apenas cuatro meses después de ganar el concurso en Catalunya, se acordó la cesión del 9% de La Pau a Direxis, un porcentaje que ha ido aumentando hasta el punto de que actualmente, en la UTE que prestará el servicio, La Pau solo tiene el 1%.

Ha sido Direxis, de hecho, quien ha pagado durante meses parte de los salarios de la plantilla de La Pau. Pero esta compañía dejó de aportar esas cantidades a finales de octubre debido a la “falta de confianza e inseguridad jurídica” con la cooperativa, según comunicó el comité de empresa a la plantilla. 

El dictamen del departamento de Economía, obtenido por esta redacción, considera que en caso de concurso de acreedores será Direxis quien deberá acreditar los requisitos de solvencia que se solicitaban en la licitación.

Lo podrá hacer, asegura el documento, con “medios distintos” a los presentados en un primer momento e incluso recurriendo, si fuera necesario, a “terceras empresas” para demostrar que habrá dinero para ofrecer el servicio.

El Comité de Empresa de la Sociedad Riojana de Cuidados Integrales S.A.U. La Rioja Cuida, la empresa pública que gestiona el transporte sanitario, ha denunciado “graves incumplimientos” laborales por parte de la Dirección y un “deterioro progresivo de las condiciones de trabajo de toda la plantilla”.

Según han denunciado , “se incumple de forma reiterada el convenio colectivo del personal de La Rioja Cuida”, además de que, según aseguran, “se retrasa injustificadamente el desarrollo de varios artículos y se interpretan de manera restrictiva otros”. También alertan de que “más de un año y medio después de la firma del convenio, la empresa no ha constituido ni la Comisión Paritaria ni el Comité de Seguridad y Salud”

Así mismo, el Comité de Empresa ha resaltado que “existe un bloqueo en los procesos de movilidad y promoción interna, así como en la negociación de las bases del proceso ordinario de desarrollo profesional”. Por otro lado, “la bolsa de contratación temporal carece de la publicidad y la transparencia que exige la normativa de contratación pública”, señalan.

En lo que respecta a la organización y gestión, han detectado problemas con algunos calendarios: “unos no cuentan con acuerdo previo y otros se modifican tras haber sido aprobados. Los viajes de larga distancia se realizan en ocasiones con un único técnico, con el riesgo que esto conlleva”. Además, el Comité de Empresa ha apuntado a “irregularidades en la concesión y retribución de ciertos permisos”.

“Un servicio recientemente integrado se realiza sin organización previa y sin personal asignado suficiente, lo que genera sobrecarga y desajustes en la plantilla”, resumen los representanes de los trabajadores, que alertan que nos ha llevado a presentar numerosas denuncias ante la Inspección de Trabajo y ha incrementado la judicialización de los conflictos laborales. Consideramos que esto es consecuencia directa de la falta de diálogo real y de soluciones por parte de la Dirección.

Denuncian que, en ocasiones, se “dificulta ”su labor como representantes sindicales. “Hemos recibido ”advertencias“ del director técnico con expresiones como: ”tus derechos se podrían ver mermados por facilitar las horas sindicales a las delegadas. Además, la empresa se niega a cumplir una sentencia favorable a una delegada que denunció una modificación sustancial injusta de sus condiciones de trabajo“, según han relatado.

Por todo ello, instan a la Dirección de La Rioja Cuida a retomar de manera inmediata y efectiva el diálogo social, a cumplir los acuerdos firmados y a garantizar los derechos laborales de toda la plantilla.

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado a Ambulancias Gipuzkoa, concesionaria de Osakidetza, por “vulneración de derechos fundamentales”, según ha informado el sindicato CCOO Euskadi. CCOO ha dado cuenta de que el TSJPV declara en una sentencia que la empresa Ambulancias Gipuzkoa S. Coop. “ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical”.

La resolución judicial condena a la entidad —que presta el servicio de Soporte Vital Básico para Osakidetza con una plantilla de centenares de profesionales— a “cesar de forma inmediata en una práctica restrictiva continuada”. Desde CCOO han explicado que “la dirección de la empresa denegaba sistemáticamente el disfrute de permisos retribuidos adicionales” a la representación de este sindicato para la asistencia a actos de conciliación y a las sesiones de la Comisión Paritaria del convenio colectivo. “La empresa obligaba a detraer este tiempo de negociación y mediación legal del propio crédito horario de la representación sindical”, ha explicado, según recoge Europa Press.

El TSJPV ha dictaminado que acudir a estos foros “constituye un deber ineludible que no puede imputarse a las horas sindicales”. CCOO ha indicado que con esta sentencia logra “paralizar una maniobra empresarial que buscaba limitar, por la vía del desgaste de horas operativas, la capacidad del sindicato para ejercer la defensa laboral y fiscalizar la prevención de riesgos de la plantilla”.

El fallo judicial obliga a Ambulancias Gipuzkoa a “restituir íntegramente esta capacidad de acción, garantizando que el tiempo de representación colectiva no sufra recortes encubiertos”, ha apuntado. Además, la sentencia establece una indemnización económica para CCOO y en la misma cuantía para el delegado de CCOO, “como consecuencia de la vulneración empresarial”.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha abierto un expediente informativo a uno de los responsables del área de Emergencias, Asier López, según confirman fuentes oficiales. El motivo principal es que López, con plaza en propiedad en el parque móvil de Bilbao, ejerció durante meses como gerente de la empresa de ambulancias de Bizkaia, denominada Bizkanb, valiéndose de una excedencia “para el cuidado de familiares”. El expediente está ya “en marcha” y comunicado y analizará todas las circunstancias antes de que se adopten posibles medidas.

En paralelo, el consejero de Salud, Alberto Martínez, ha informado recientemente al Parlamento Vasco, en respuesta a una iniciativa de Rebeka Ubera de EH Bildu sobre la trayectoria profesional a caballo entre la Sanidad pública y la privada de López, que tomó posesión en marzo de 2024 de su plaza como “personal estatutario fijo” de Emergencias, lograda en la OPE de vacantes de 2018 y 2019. Después, a las 24 horas, “inició el desempeño de funciones de superior categoría” al ser nombrado “jefe de área de Servicios Generales”. Ocupó ese puesto hasta el 26 de enero de 2025. El 28 de enero hizo efectiva una “situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares”.

Entre medias, en noviembre de 2024 se creó la empresa Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) y la local Baztan-Bidasoa. Esta marca se constituyó 'ad hoc' para gestionar el servicio de ambulancias externalizadas de Osakidetza en Bizkaia, tanto la red de transporte urgente como la del programado. Y es que se rescindió precipitadamente el acuerdo con la anterior contratista, la catalana Grup La Pau, que arrastraba un cúmulo de infracciones, impagos y otras irregularidades. La figura del último gerente de Grup La Pau también generó controversia al ser igualmente un excargo de Salud, en este caso Ibon Etxeberria, que en su momento tuvo que dimitir por saltarse las restricciones de la pandemia de la COVID-19 por ir a jugar al golf.

En diciembre de 2025, este periódico publicó una reestructuración de Bizkanb y la salida de López. Sanir, en una carta, destacaba la labor “ejemplar” de su anterior gerente, pero optaba por un nuevo equpo. Así las cosas, el 12 de ese mes se dio por finalizada la excedencia y el 13 López se reincorporó a Emergencias como “conductor”. Eso sí, según otras fuentes, en las últimas semanas López ha asumido tareas de mayor responsabilidad. Por ejemplo, ha participado en el proceso de integración en la red de Osakidetza de las ambulancias privadas de Elgoibar y Tolosa como apoyo a la gerencia, tareas similares a sus anteriores funciones de responsable de parque móvil.

Estas fuentes internas indican que fue el propio responsable de Emergencias, Eleder Ríos, que lleva pocos meses en el cargo, el que comunicó personalmente la apertura de la investigación a López el pasado viernes. Osakidetza confirma oficialmente la incoación del expediente informativo. EH Bildu, en su iniciativa, hacía constar también que ya antes López había ocupado cargos de responsabilidad en otra contrata, Ambulancias Bizkaia, con idas y venidas de la Administración. Ahora mismo está abierto un proceso selectivo la provisión 'de iure' de la jefatura de parque móvil de Emergencias y López es uno de los candidatos.

Se da la circunstancia de que este viernes, en el Parlamento Vasco, el consejero Martínez tuvo que dar explicaciones, a instancias del PP, por el caso del exjefe de Seguridad de Osakidetza, que tuvo que ser apartado porque había falsificado su título universitario. El ertzaina había ejercido durante dos años. Ahora ha sido denunciado en los tribunales. En esa comparecencia, el titular dijo que opera con “tolerancia cero ante cualquier caso de fraude”. “El sistema público vasco detecta, corrige y denuncia la corrupción, venga de donde venga y afecte a quien afecte. Ése es el compromiso de este Gobierno”, señaló también.

El Ayuntamiento de Jaca ha presentado una queja formal ante la Gerencia del 061 Aragón por la decisión adoptada el pasado domingo, 22 de febrero, de desplazar al facultativo de la UVI móvil de la ciudad a la UME de Sabiñánigo para cubrir una Incapacidad Temporal. Según el consistorio, el recurso permaneció sin médico entre las 09:00 y las 21:00. El alcalde de Jaca, Carlos Serrano, ha expresado su disconformidad con la medida, que —asegura— se llevó a cabo sin comunicación previa ni al propio Ayuntamiento ni al consejero de Sanidad. A su juicio, no es adecuado “suplir una carencia puntual en otro punto de la red sanitaria a costa de dejar desprotegida” a la ciudad y a la comarca de la Jacetania.

Desde el consistorio subrayan que la decisión coincidió con un fin de semana de alta afluencia entre Canfranc y Ansó, con más de 60.000 personas entre residentes y visitantes. En este contexto, consideran que la ausencia del facultativo en la UVI móvil supuso un riesgo innecesario para la cobertura de emergencias.

Aunque Jaca dispone de servicio de urgencias en el centro de salud, hospital, helipuerto operativo 24 horas y ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) y Soporte Vital Avanzado con Enfermería (SVAE), el Ayuntamiento sostiene que existen alternativas organizativas dentro del 061, como la movilización de personal desde Huesca o Zaragoza, que evitarían afectar a este recurso.

El equipo de gobierno local recuerda además que la situación es especialmente sensible tras la retirada de la UVI móvil en la anterior legislatura y su posterior recuperación, así como por antecedentes recientes como la intención de trasladarla a Formigal en Nochevieja, decisión que finalmente no se materializó.

Por todo ello, el Ayuntamiento ha solicitado a la Gerencia del 061 que no se movilicen ni se trasladen los recursos adscritos a la UVI móvil de Jaca, incluidos los profesionales que la integran. Desde la Plataforma ciudadana 'UVI móvil Jaca ¡la necesitamos!' han denunciado en redes sociales esta “carencia” desde el inicio del turno sin UVI móvil: “Seguimos lunes, martes, miércoles y jueves sin UVI móvil medicalizada de 21h a 9h del día siguiente. Horario en el que todos los habitantes y visitantes de la Jacetania estamos desprotegidos. La falta de este servicio básico es intolerable y seguiremos reivindicándola las 24 horas todos los días del año hasta que sea una realidad”, exponen.

Fuentes del Departamento de Sanidad exponen que este domingo coincidió que se produjeron varias Incapacidades Temporales en las Unidades del 061. Ante esa situación, “se decidió que en la Unidad Jaca-Sabiñanigo, el médico de Jaca apoyara al equipo de Sabiñánigo. Todos forman parte de la misma Unidad y estos movimientos se realizan de manera habitual y en ambos sentidos”. Aseguran que se optó por esta organización porque “desde el punto de vista técnico era la más adecuada”: “El refuerzo a Sabiñánigo se consideró prioritario en un fin de semana de alta afluencia al ser un punto clave de acceso al Pirineo y desde donde se accede a distintos valles”.

CSIF La Rioja denuncia las trabas de la Dirección de “La Rioja Cuida” a los delegados sindicales para ejercer su representatividad, con la complicidad de la Dirección Técnica, Recursos Humanos y Gerencia. La formación sindical censura que al empresa “no cumple una sentencia que le obliga a readmitir a una delegada a su puesto de trabajo tras demandar una injusta modificación sustancial de sus condiciones de trabajo”. Denuncian así que se está “dificultando la función de los representantes sindicales en la empresa”.

Y como prueba, aseguran que el director técnico de 'La Rioja Cuida' ha llegado a decir a un representante sindical de esta formación “tus derechos y tu vida chocan con la naturaleza de este servicio”. Es más, añaden que un correo electrónico enviado por la dirección advierte a los trabajadores que “sus derechos podrían verse mermados por facilitar las horas sindicales de sus delegadas”.

Además de todas estas “trabas”, desde CSIF La Rioja añaden que la empresa se niega a cumplir una sentencia ganada por una delegada sindical que denunciaba una injusta modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, fruto de sus permisos para cumplir con sus obligaciones como representante de los trabajadores durante la negociación de un nuevo convenio en la empresa. “La empresa intenta crear mal ambiente entre los trabajadores alegando que por culpa de esta sentencia se debe modificar la jornada de todos los trabajadores que pertenecen al servicio de la representante sindical”. Por lo que exigen a la dirección de esta empresa de transporte sanitario que “cumpla la Ley y haga efectiva la sentencia, reponiendo a la trabajadora en sus condiciones anteriores y deje de poner trabas al trabajo de los representantes de los trabajadores en su labor de sindical”.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha admitido en el Parlamento Vasco que una ambulancia que iba a atender a niño de 11 años que recibió un fuerte golpe en un partido de rugby infantil se dio media vuelta para atender otra urgencia y que la primera atención corrió a cargo no de sanitarios sino de la Policía local de Elorrio, entre otras vicisitudes. Y es que se ha denunciado, además, que esa ambulancia venía desde Basauri, que unidades más cercanas o no estaban disponibles o no fueron movilizadas y que la respuesta llegó más de una hora después de sucedido el accidente. Finalmente, llegaron dos unidades, una que estaba en Durango, a solamente 13 kilómetros.

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera formuló una pregunta al consejero Martínez al hilo de lo ocurrido en Elorrio el 17 de enero, sábado. El menor sufrió una lesión que, en apariencia, podría haber sido grave, los presentes lo dejaron inmovilizado y se dio parte al 112. La Policía llegó a los 10 minutos. Fue a los 30 minutos cuando se activó el primer recurso y desde Basauri –a 36 kilómetros–, pero tuvo que dar media vuelta, y hubo que buscar una alternativa.

¿Cómo se llegó a esa situación? El consejero Martínez, en el escrito enviado a la Cámara al hilo de este suceso, indica que “en ningún momento se sospechó de una situación clínica de gravedad” como para enviar un soporte vital avanzando medicalizado. Se determinó que un soporte vital básico de la zona sería el “primer interviniente”. Pero “ese día todos los recursos de la zona estaban ocupados”. Se llamó por teléfono a los testigos y, con esos datos, se corroboró la “ausencia de criterios clínicos” para una unidad avanzada medicalizada y que bastaba con una básica.

Es ahí cuando entra en escena la ambulancia de Basauri. Pero “se tuvo que retirar para acudir a un aviso de mayor gravedad clínica (riesgo vital emergente) por orden médica”. El centro coordinador revisó los dos casos, según el consejero Martínez, y por eso se tomó esa decisión. Entonces, se buscó en Gipuzkoa el recurso asistencial “más cercano” a la localidad vizcaína. Sin embargo, “ante la previsible tardanza” del seleccionado, se buscó ahora sí un vehículo medicalizado en Durango, a apenas 13 kilómetros de Ellorio. Y llegó mucho antes a pesar de haber sido llamado después. En concreto, la ambulancia de Gipuzkoa apareció 17 minutos después.

El consejero pone en valor la “colaboración interinstitucional” dentro del sistema vasco de gestión de emergencias, porque “garantiza una respuesta coordinada y eficaz”. “En este caso concreto, los agentes de la Policía municipal actuaron como primeros intervinientes, garantizando una actuación segura y fiable en todo momento y hasta la llegada de los recursos sanitarios”, argumenta. Insiste también en que en ningún momento estuvo en juego la salud del menor.

Este domingo se cumplieron catorce meses desde la abrupta salida de Grup La Pau, la principal adjudicataria del servicio de ambulancias externalizadas de Osakidetza, que son todas menos las UVI móviles. No es un aniversario redondo, desde luego, pero sí la referencia de tiempo que se dio en aquel noviembre de 2024 para los contratos de emergencia temporales que se formalizaron con el ánimo de mantener sin interrupciones un servicio básico, en este caso en Álava y en Bizkaia, donde operaba la cooperativa catalana. El plazo, que continúa apareciendo en la web oficial de contratación del Gobierno vasco, ya ha sido superado, pero desde el Servicio Vasco de Salud indican a este periódico que aquellas adjudicaciones fueron indefinidas, es decir, que en ningún momento ha sido necesaria una prórroga. La Administración trabaja ya, eso sí, para tener listos los pliegos del concurso para regularizar el servicio a la mayor brevedad.

Los contratos de emergencia fueron cuatro, todos ellos directos. Por un lado, se contrató a la nueva marca Bizkanb, creada 'ad hoc' para esta adjudicación, el servicio urgente (ambulancias amarillas) y el programado (azules y blancas) de Bizkaia. Bizkanb es una UTE conformada por la rama sanitaria de la conocida empresa de autobuses Alsa (llamada Sanir) y las locales Baztan-Bidasoa. Por otro lado, se optó por que la adjudicataria en Gipuzkoa, la cooperativa Ambulancias Gipuzkoa, operara también ambas redes en Álava bajo la marca Araba Anbulantziak, aunque con el mismo CIF.

Las adjudicaciones en Bizkaia ascendieron a 41,4 y 44 millones de euros y las alavesas a 17 y 7,4, unos 110 millones en total. Los expedientes, firmados por la entonces viceconsejera Lore Bilbao, ahora directora general de Osakidetza, son fácilmente accesibles en el perfil del contratante de Osakidetza y los cuatro coinciden en marcar la referencia de “catorce meses” como “plazo” de duración del contrato. Sindicatos y otras empresas también manejaban esos tiempos en su particular calendario en relación a la contrata más importante de la Sanidad vasca.

Desde el Gobierno insisten en que estas contrataciones de emergencia “no tienen fecha final”. “Los contratos de ambulancias [de Bizkaia y de Álava] se tramitaron mediante procedimientos de emergencia porque el contratista [Grup La Pau] no podía continuar prestando el servicio y es un servicio que no se puede interrumpir bajo ningún concepto. [...] Estos contratos se firmaron y en ellos, concretamente en la cláusula 6 relativa a la vigencia del contrato del pliego administrativo que forma parte del contrato, literalmente se indica que el contrato se inicia el 25 de noviembre de 2024 y que estará vigente el tiempo necesario hasta el inicio de ejecución del nuevo contrato”, exponen las fuentes consultadas, que insisten en que el proceso se hizo “con todas las garantías”, incluido el visto bueno del Consejo de Gobierno, el máximo órgano colegiado de la Administración autonómica.

En concreto, los contratos recogen que, en efecto, podrán estar en vigor “el tiempo necesario hasta el inicio de ejecución del nuevo contrato”, aunque también apuntan que el concurso de regularización del servicio “se licitará a la mayor brevedad posible”. Eso, de momento, no se ha producido. El Departamento de Salud trabaja ya en los pliegos y verán la luz a corto plazo, pero el concurso y todas sus fases tendrán todavía una duración de meses, si es que no hay recursos como sucedió en la anterior licitación, en la que la Administración volvió a contratar a Grup La Pau por su “solvencia” a pesar de que al poco tiempo tuviera que echarla por la acumulación de impagos, infracciones laborales y otras irregularidades.

Los sindicatos de Osakidetza LAB, Satse y ESK están denunciando en las últimas horas que “decenas” de trabajadores simultanean su puesto en las ambulancias públicas y en las empresas privadas concesionarias del servicio externalizado. Alertan de que es una flagrante incompatibilidad y de que, además, en ocasiones comporta doblar turnos y que algunas jornadas se estiren hasta 36 horas, con los consiguientes riesgos para la calidad del servicio. UGT y LSB-USO también han realizado comentarios críticos al respecto.

El asunto ha adquirido actualidad con la publificación de las UVI móviles de Tolosa y Elgoibar, en Gipuzkoa. Desde el 6 de enero, Osakidetza asumió la gestión directa del servicio, con personal propio. Después de semanas de protestas en las que los sindicatos habían denunciado posibles despidos de no acometerse una subrogación, un derecho que existe cuando se cambia de una empresa a otra, se ha articulado una pasarela para que el personal de la antigua adjudicataria, Ambulancias Gipuzkoa, mantenga sus derechos laborales en el nuevo modelo público, en este caso como personal indefinido laboral.

Sin embargo, al realizar el procedimiento se han detectado casos de personas que iban a quedar subrogadas y que, en realidad, ya tenían una plaza de funcionario, de personal “estatutario”. “Como consecuencia de la reversión [o publificación], y teniendo en consideración que usted ostenta un vínculo de fijeza con Osakidetza en su condición de personal estatutario de carrera en la categoría de enfermera, no puede compatibilizar dos puestos de trabajo en el sector público”, expone la responsable de Recursos Humanos de Osakidetza, Josune Retegi, en una carta enviada a una extrabajadora de Ambulancias Gipuzkoa y a la que ha tenido acceso este periódico.

La sección sindical de LAB en las ambulancias públicas ha realizado un análisis de la situación y, con la premisa de “publificación sí, subrogación también, ¡fraudes y engaños no!”, asegura que la dirección de Osakidetza “lleva años mirando hacia otro lado” con este problema que ahora ha estallado. La central insiste en que un grupo de personas de Ambulancias Gipuzkoa ha estado años cobrando dos salarios y duplicando servicios con “impunidad”. Estima que lo sucedido “puede conllevar incluso consecuencias penales”.

Satse expone que la publificación de las ambulancias de Tolosa y Elgoibar ha generado “un clima de desconcierto e incertidumbre”. Fuentes de esta organización indican que parte del personal subrogable “tiene una plaza anterior”, aunque “trabajaban también para Ambulancias Gipuzkoa”. “¿Meten ahora en Osakidetza a personal que ya tenía una plaza?”, se preguntan.

Según Satse, la pasarela se ha articulado con negociaciones con los sindicatos de la antigua contratista, pero sin consenso con el comité de Osakidetza. En 2025 hubo doce reuniones de la mesa sectoral, un “margen más que suficiente” para tocar el tema. Pero no se hizo. Esta central insiste en que no cuestiona “en ningún caso” ni la “profesionalidad” ni la valía de la plantilla de Ambulancias Gipuzkoa, pero pide un proceso de integración con “equidad”. Y añade que lo sucedido no puede constituir un “precedente” ahora que hay que acometer la publificación de las UVI móviles de Donostia y, en un futuro no lejano, del hospital concertado de Tolosa.

En este sentido, ESK incide en que el problema es que Osakidetza no solamente ha tolerado esa duplicidad de puestos sino que, ahora, ofrece “privilegios” a este personal para que puedan elegir un destino a su gusto, por delante de otros trabajadores de la estructura. La central, de hecho, pide la dimisión tanto de Retegi como de la directora general, Lore Bilbao. “Esto ni es ético, ni es legal ni nada”, se quejan fuentes de este sindicato, que estima que incluso “dos tercios” de la cuarentena de personas subrogables podrían estar en estas circunstancias.

Las fuentes consultadas confirman que había personal doblando turnos, “haciendo jornadas de 36 horas, y en algunos supuestos de 48 ó 72”. “Ha estado pasando esto durante muchísimos años. Yo he visto a gente llegando tarde al turno en la pública porque venían del otro lado”, expone un trabajador a este periódico.

Ahora mismo, Osakidetza mantiene privatizados los servicios programados y de atención urgente en toda la comunidad autónoma. Ambulancias Gipuzkoa gestiona ambas redes en Gipuzkoa y en Álava y la UTE Bizkanb, compuesta por Sanir (la marca sanitaria de Alsa) y Baztan-Bidasoa, controla Bizkaia. Fuentes internas indican que aquí también hay personal compatibilizando en aparente irregularidad su labor en Osakidetza con servicios en las contratas, aunque no en un porcentaje tan alto o incluso haciendo algunas sustituciones en la pública, sin tener una plaza fija.

En 2022 hubo una denuncia interna con un listado de 80 personas en esta situación, 28 conductores, 29 enfermeros y 23 médicos. Fuentes internas indican que desde entonces se ha estrechado la vigilancia con los técnicos, a los que se les requiere la vida laboral para entrar en la pública, de modo que se evitan las incompatibilidades, pero no así con facultativos y enfermeros.

Se da la circunstancia de que este asunto ya se debatió en octubre de 2024 en una reunión de la dirección de Osakidetza, entonces en manos de Susana López Altuna, con los sindicatos. Según consta en el acta, LAB aludió a la necesidad de atajar las “incompatibilidades” y avisó también de que “en muchos casos” no se garantizaba “el descanso adecuado” en un servicio esencial. “Para este sindicato, se pone en peligro también a los pacientes”, dijo, textualmente, el representante de LAB.

Poco después, el portavoz de UGT pidió una respuesta “inmediata” al problema. “Es algo que ya conoce la dirección y hace caso omiso”, refleja igualmente el acta. Asimismo, el sindicato LSB-USO, sin representación en Osakidetza pero con peso en las contratas, insiste en que en Osakidetza “eran conocedores desde hace años” de la situación y que “lo han permitido”. Estima que solamente se debería poder mantener la doble plaza si las funciones son de diferentes categorías.

“Lo que se ha hecho precisamente en Elgoibar y Tolosa es resolver una situación anómala y, por primera vez, dar un servicio homogéneo”, indican fuentes de Osakidetza. Añaden que ha habido personal que había pedido mantener la segunda plaza laboral con una excedencia “y ya se les dijo que no cabe”.

La directora de Recursos Humanos de Osakidetza, Josune Retegi, ha firmado esta semana las “diligencias de subrogación” de una cuarentena de trabajadores de las ambulancias medicalizadas de Tolosa y Elgoibar, que hasta el 6 de enero estaban en manos de la cooperativa privada Ambulancias Gipuzkoa y cuya gestión pública ha asumido el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). La publificación de estas ambulancias se acometió en fecha festiva y en medio de protestas sindicales por el temor del personal a no ver garantizada su plaza. En los documentos que finalmente se han firmado para la subrogación de cada uno de los trabajadores, sin embargo, se pone negro sobre blanco que “la presente subrogación supone el mantenimiento de todos los derechos” y que “se preservan las funciones habituales de su puesto de trabajo”.

El número de trabajadores subrogados es de alrededor de una cuarentena, entre facultativos, personal de enfemería y técnicos en transporte sanitario. “El puesto al que se subroga no será objeto de oferta en los procesos de provisión y selección (movilidad interna definitiva, concurso de traslados y OPE de estabilización), por lo que podrá permanecer ininterrumpidamente en el desempeño hasta la extinción de la relación laboral por las causas legalmente establecidas”, se lee al final de cada diligencia, que viene firmada por Retegi.

En Osakidetza las ambulancias no urgentes o programadas (de color blanco y azul) y las urgentes (amarillas) están externalizadas. Tras la reordenación por la salida de Grup La Pau a finales de 2024, Ambulancias Gipuzkoa tiene las adjudicaciones en Gipuzkoa y en Álava y la UTE Bizkanb (de Alsa-Sanir con Baztan-Bidasoa) las de Bizkaia. Son públicas, en cambio, las UVI móvil, el servicio medicalizado, pero quedaban las excepciones de Tolosa y Elgoibar, que ahora han pasado a ser públicas, y el caso particular mixto de Donostia, en la que el vehículo y parte del personal es de la contrata, aunque no el facultativo.

Los trabajadores de Ambulancias Gipuzkoa recibieron a finales de diciembre una carta de despido ante la entonces inminente publificación del servicio. Entonces, se les ofreció “la posibilidad de solicitar la movilidad temporal o definitiva”. Osakidetza anunción luego una 'pasarela' para que los trabajadores se sumaran a la red pública, pero los sindicatos seguían dudando de si la subrogación llegaría con la garantía total de los puestos de trabajo y convocaron protestas.

El sindicato ELA se ha congratulado de que Osakidetza haya finalmente planteado la subrogación. “ELA interpuso un preaviso de huelga, una decisión adoptada de forma conjunta con el resto de organizaciones sindicales del sector, que contribuyó de manera decisiva a que la Administración reconsiderara su postura. La insistencia sindical, el conflicto abierto y la evidencia de que el convenio colectivo amparaba la subrogación llevaron a que Osakidetza modificara su planteamiento inicial y comenzara a hablar de esta posibilidad”, ha afirmado la central en una nota de prensa.

La Rioja Cuida asume el transporte relacionado con la donación y el trasplante de órganos y tejidos en la Comunidad Autónoma, servicio que hasta ahora realizaba Cruz Roja en La Rioja. La Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía ha informado este martes al Consejo de Gobierno de que, desde el pasado 1 de enero de 2026, la Sociedad Riojana de Cuidados Integrales S.A.U,, La Rioja Cuida, ha asumido el transporte relacionado con la donación y el trasplante de órganos y tejidos en nuestra comunidad autónoma.

Así, en virtud del protocolo establecido en colaboración con los responsables del Servicio Riojano de Salud (SERIS) se asegura la prestación de un servicio eficaz y eficiente en unos procesos en los que la gestión del tiempo es un aspecto capital para dar respuesta a una demanda creciente con todas las garantías de calidad y seguridad.

En este sentido, la Coordinación Autonómica de Trasplantes de La Rioja es la encargada de realizar la solicitud de puesta en marcha de un nuevo servicio, para lo que contacta con el centro trasplantador y con La Rioja Cuida. En función de las necesidades planteadas se elabora un plan de traslado que recoge aspectos fundamentales como el tipo de órgano y el equipo médico a trasladar, el punto de recogida y entrega, el tipo de vehículo, así como la hora estimada de inicio y llegada. 

Así es el procedimiento

El procedimiento establecido contempla que el tiempo de respuesta desde la activación del servicio hasta el inicio del transporte podrá ser inferior a 60 minutos. Asimismo, el tiempo de transporte dependerá de la urgencia vital y del tipo de órgano transportado, si bien, con carácter general, será inferior a 150 minutos. Estos traslados, que partirán del Hospital Universitario San Pedro (HUSP), tendrán prioridad absoluta, y se realizarán mediante vehículos sanitarios o habilitados para traslados prioritarios en Código 1. 

En el caso de ser necesaria la recogida o traslado del personal sanitario, el protocolo establece que una vez confirmada la llegada del equipo médico al aeropuerto de Logroño-Agoncillo o al lugar indicado, contarán con un vehículo esperando al menos 15 minutos antes de la llegada prevista y que será también el encargado de su traslado una vez finalizada la intervención.

Los órganos son transportados en sistemas de conservación homologados manteniendo la cadena de frío (en torno a los 4º C) y se mantendrá una cadena de custodia ininterrumpida, desde la extracción hasta la entrega, garantizando la trazabilidad y su entrega a personal autorizado, quedando constancia documental. De acuerdo con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), se establecen los tiempos máximos orientativos de isquemia fría en función de los órganos, que, por ejemplo, en el caso de un riñón oscilan entre las 24-36 horas, mientras que para un corazón es de 4-6 horas. 

En los tres primeros trimestres de 2025, Cruz Roja, entidad prestadora del servicio, realizó un total de 61 desplazamientos, la mayoría de ellos (20) para transportar órganos hepáticos y/o renales a otros centros, como el Hospital de Cruces en Bilbao o el de Valdecilla en Santander. Del mismo modo, se registraron 20 desplazamientos al Banco de Tejidos del Hospital de Galdakao, centro de referencia en este ámbito. A su vez, en los nueve primeros meses del pasado año se realizaron 13 desplazamientos a aeropuertos como el de Logroño-Agoncillo, Loiu (Bilbao) y Vitoria, para transportar equipos y/o órganos desde estos aeródromos al Hospital Universitario San Pedro.

Referente en solidaridad

A expensas de que la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) publique en breve los datos correspondientes al 2025, la solidaridad de los riojanos y el compromiso de los profesionales sanitarios de la región han permitido que La Rioja se consolide como una región de referencia en materia de donaciones. Así, en 2024, la tasa de donación de órganos alcanzó en La Rioja la tasa de 56.3 por millón de habitantes, 3 puntos más que en 2023 y por encima de la tasa media del Sistema Nacional de Salud (52.6). 

En cuanto a los datos de trasplantes renales, en el HUSP San Pedro se realizaron en 2024 un total de 19 trasplantes, 5 más que el año anterior; se obtuvieron 10 unidades de Sangre de Cordón Umbilical (SCU) que se remitieron al banco de SCU de Madrid y se obtuvieron 14 córneas en el Hospital Universitario San Pedro. Además, en términos porcentuales, La Rioja, con un 40 por ciento, fue el pasado año la comunidad autónoma en la que más aumentó la donación de tejidos de personas fallecidas para trasplantes, sólo por detrás de Navarra que contabilizó un incremento del 45 por ciento sobre 2023.

Tres horas antes de lo previsto, a las 21.00 horas del 6 de enero, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) asumió la gestión pública de las UVI móvil o ambulancias medicalizadas de Tolosa y Elgoibar, hasta entonces en manos de la cooperativa privada Ambulancias Gipuzkoa. De este modo, solamente el servicio medicalizado de Donostia permanece externalizado. Sí lo están -y no hay planes para cambiarlo- las redes de transporte sanitario urgente y programado, en manos de nuevo de Ambulancias Gipuzkoa (en Álava y en Gipuzkoa) y de la UTE Bizkanb en Bizkaia. El cambio ha incluido el compromiso de subrogación de la cuarentena de trabajadores adscritos a esas bases y la última oferta de Osakidetza es que se conviertan en “personal laboral indefinido no fijo”. La resolución final se hará el 12 de enero y, hasta entonces, se están arbitrando soluciones temporales para mantener activo el servicio con ese mismo personal, que tendrá que recibir compensaciones económicas especiales.

La publificación efectiva de estas ambulancias se efectuó en medio de protestas sindicales, ya que el cambio se ha hecho con temor de que el personal no vea garantizada su plaza como sí ocurriría si la subrogación fuese entre contratas. Las dudas no están del todo despejadas y persiste la inquietud de que la coletilla de ser personal “no fijo” de Osakidetza pueda permitir que esos puestos salgan en oposiciones que se puedan convocar, más allá del compromiso adquirido por el Gobierno vasco de garantizarles una pasarela. El nuevo responsable de Emergencias de Osakidetza, Eleder Ríos, se desplazó hasta Elgoibar en la noche del día festivo para supervisar 'in situ' el cambio, según refieren testigos presenciales.

Según explican fuentes internas, finalmente ha sido el personal de Ambulancias Gipuzkoa y no otro proporcionado por Osakidetza el que ha ido cubriendo los primeros turnos de la nueva etapa. Será el 12 de enero cuando se firmen las “diligencias de subrogación”, tal y como figura en una comunicación de Josune Retegi, directora de Recursos Humanos de Osakidetza, que ha sido enviada a la plantilla.

Es ahí donde se explica en qué consiste la condición de “personal laboral indefinido no fijo” que adquirirán los antiguos trabajadores de Ambulancias Gipuzkoa. Se les indica que mantendrán esa condición “hasta que la plaza [...] sea cubierta a través de los procesos de ingreso oportunos según la normativa aplicable de Osakidetza”. Además, se les recuerda que “no supone el reconocimiento de la condición de personal estatutario”, es decir, de funcionarios. Eso sí, podrán acogerse al convenio de Osakidetza, aunque manteniendo, si las tuvieren, “las condiciones más beneficiosas” de su empresa anterior. Si el salto a la pública comportarse un salario inferior, se crearía un “complemento personal y transitorio” con la diferencia. Ahora bien, los cambios de destino “implicarían la pérdida” de esos pluses.

En agosto se resolverá también la publificación del servicio de UVI móvil de Donostia, aunque en este caso el personal médico ya es de Osakidetza, a diferencia de los vehículos y del resto de sanitarios. El consejero Alberto Martínez, que ha comprometido la reducción de las privatizaciones, encara también el encaje en la Sanidad pública de la actual plantilla de la clínica concertada La Asunción de Tolosa. Antes, se hizo lo propio con el Onkologikoa de Donostia después de un largo proceso.

A las 00.00 horas del 7 de enero, las ambulancias medicalizadas o UVI móvil de las bases de Elgoibar y de Tolosa, en Gipuzkoa, quedarán publificadas. Sin embargo, a horas del cambio de modelo, siguen existiendo temores entre la plantilla de la anterior adjudicataria del servicio, Ambulancias Gipuzkoa. Como adelantó este periódico, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), ha ofrecido una 'pasarela' a la cuarentena de trabajadores del modelo anterior para que se sumen a la red pública, en aplicación de los derechos contemplados en su convenio, pero fuentes sindicales insisten en que no está claro que la subrogación sea con garantía total para sus puestos de trabajo.

Si el consejero de Salud, Alberto Martínez, manifestó en 'El Diario Vasco' que el personal de Ambulancias Gipuzkoa de las bases de Elgoibar y de Tolosa iba a convertirse también en “indefinido” en Osakidetza, los correos electrónicos enviados a la plantilla por parte del nuevo responsable de Emergencias, Eleder Ríos, apuntan a una “interinidad transitoria”. A ello añaden las fuentes sindicales consultadas que está previsto que el primer turno del nuevo modelo sea atendido por personal nuevo proporcionado por la propia Osakidetza.

¿Cómo funcionan las ambulancias en Euskadi? Hay de tres tipos. Las programadas y urgentes (azules y amarillas, respectivamente) están externalizadas en su totalidad. En Álava y en Gipuzkoa la contratista es Ambulancias Gipuzkoa y en Bizkaia una UTE llamada Bizkanb, conformada por Sanir (la rama sanitaria de Alsa) y Baztan-Bidasoa. 2026 es año de renovación de estas adjudicaciones millonarias. Después están las medicalizadas o UVI móvil, que son de gestión pública con vehículos privados con la excepción de Tolosa, Elgoibar y Donostia, en manos de nuevo de Ambulancias Gipuzkoa. El consejero Martínez incluyó como uno de sus compromisos para reforzar la Sanidad pública la reversión de estas contrataciones privadas. Las dos primeras se fijaron para enero y la de Donostia, aunque el facultativo ya es de Osakidetza, se hará en agosto.

Hasta seis sindicatos han alertado en los últimos días de los problemas que, según entienden, están rodeando este cambio en Elgoibar y en Tolosa. Lamentan que no se haya negociado “absolutamente nada” con la plantilla, ni por parte de Ambulancias Gipuzkoa. Exponen que al igual que ocurriría si Ambulancias Gipuzkoa dejara paso a una nueva empresa privada, el Gobierno vasco debería hallar una fórmula para preservar los contratos con todos sus derechos adquiridos. Hay personal que lleva prestando el servicio desde su creación, en 1997. Plantean que los precedentes existentes permiten que salten a Osakidetza y que cuando, por las circunstancias que fueren, sus contratos se extingan las plazas salgan ya a convocatoria pública.

Desde Salud insisten en que se producirá una “subrogación”. “Los profesionales se subrogan en las mismas condiciones que el personal de Osakidetza y ocupando las plazas correspondientes hasta la cobertura reglamentaria mediante una OPE”, indican desde el equipo de Martínez, aunque subrayan que “se están analizando las situaciones de cada uno de manera individual”. El Ejecutivo añade, asimismo, que el personal -36 trabajadores y media docena de socios de la cooperativa Ambulancias Gipuzkoa- puede optar igualmente por quedarse en la propia empresa. Sin embargo, los sindicatos recalcan que esta puerta solamente está abierta para un número “muy reducido” de personas. Los médicos, por ejemplo, no tendrían tareas porque la compañía ya no tiene ningún vehículo medicalizado.

El sindicato ELA, en este contexto, ha convocado sendas protestas para la noche del cambio, la del 6 al 7 de enero. En concreto, ha llamado a la movilización en Tolosa y Elgoibar entre las 23.00 horas y las 00.30 horas. “Es fundamental mostrar nuestro apoyo y solidaridad con estas plantillas y, especialmente, con las personas que finalizan el último servicio en esta situación de incertidumbre”, reseña la central, que lamenta la ausencia de comunicaciones oficiales.

Resulta indignante y profundamente cínico que la Administración de Castilla-La Mancha presuma de certificados de calidad en transporte sanitario mientras la realidad diaria es un servicio bajo mínimos, sostenido a base de sacrificio humano y no de medios reales.

En la actualidad existe una falta alarmante de ambulancias, una escasez crónica de personal y una sobrecarga constante de trabajo que pone en riesgo tanto a los profesionales como a los pacientes. Los tiempos de respuesta se alargan, los recursos no llegan y la presión asistencial es insostenible. Si el sistema no ha colapsado todavía no es gracias a la gestión ni a la planificación, sino única y exclusivamente al esfuerzo de las personas trabajadoras, que suplen con profesionalidad lo que la Administración no garantiza con recursos.

Se les exige dar un servicio de “calidad” sin las herramientas necesarias, jugando con su salud física y mental y con la seguridad de la población. A todo esto se suma un convenio colectivo caducado, cuya negociación está bloqueada y sin voluntad real de renovación, así como la falta de reconocimiento de la categoría profesional de Técnico en Emergencias Sanitarias, una reivindicación justa y básica que sigue siendo ignorada.

Desde la Administración se exige responsabilidad, formación y entrega, pero se niega estabilidad, reconocimiento y condiciones dignas. Por eso, hablar de calidad en estas condiciones no es solo falso, sino que es una burla hacia el colectivo y una falta de respeto a los ciudadanos. La calidad no se certifica en un despacho ni se vende en titulares: se construye con ambulancias suficientes, plantillas completas, convenios en vigor y profesionales reconocidos.

Basta de propaganda y autocomplacencia. El transporte sanitario de Castilla-La Mancha no necesita más certificados, necesita inversión, gestión responsable y respeto por sus trabajadores. Porque sin medios no hay servicio, y sin dignidad laboral no hay calidad.

El Gobierno de Aragón se echa finalmente atrás y mantendrá operativa la UVI móvil con base en Jaca durante la noche de Fin de Año, después de las críticas generadas por su decisión inicial de trasladar este recurso sanitario a la estación de esquí de Formigal para cubrir la retransmisión de las campanadas de Mediaset, que se emiten en ‘simulcast’ para Telecinco y Cuatro.

La retirada temporal del vehículo, prevista entre las 21:00 y la 01:00 de la madrugada, ha provocado una fuerte contestación social por parte de la plataforma 'UVI móvil Jaca ¡la necesitamos!', que ha alertado del riesgo de dejar a toda la comarca de la Jacetania sin un servicio de soporte vital avanzado en una noche especialmente sensible y con un notable incremento de población por la afluencia turística.

Isis Fau, presidenta del colectivo, subrayaba a este medio que “ante una emergencia, el tiempo de llegada es vital”. “La comarca es muy extensa y los traslados desde Jaca pueden superar los 40 minutos. Retirar la UVI móvil deja a la población muy vulnerable, especialmente en enfermedades tiempo-dependientes como el infarto o el ictus”, afirmaba. Desde la plataforma han exigido al Ejecutivo autonómico “que rectifique esta penosa decisión que deja a toda una comarca vulnerable en aras de la celebración de este evento”.

Desde el colectivo han advertido además de que Jaca y el conjunto de la Jacetania son zonas turísticas que multiplican su población durante estas fechas, lo que incrementa la necesidad de contar con transporte sanitario avanzado. “Es un servicio que salva vidas y no puede desplazarse por un acto mediático, aunque entendemos que el evento necesite un dispositivo preventivo. No se trata de cuestionar la seguridad en Formigal, sino de proteger a toda la población del territorio”, han señalado. Fau ha añadido que, en ausencia de la UVI móvil de Jaca, la atención de emergencias depende de Sabiñánigo, lo que puede elevar los tiempos de traslado hasta una hora en algunos municipios. “Eso es inaceptable para enfermedades graves donde cada minuto cuenta”, ha insistido.

Las reivindicaciones en torno a este servicio se remontan a hace más de dos años. Según ha explicado Fau, la Jacetania es una comarca “muy extensa” y con tiempos de traslado “muy largos”, por lo que disponer de una UVI móvil es “crucial” ante cualquier emergencia. El pasado mes de abril, Jaca recuperó el servicio de UVI móvil las 24 horas del día, los siete días de la semana, después de que quedara reducido a 12 horas diurnas de lunes a viernes.

Tras la polémica, el Gobierno de Aragón ha confirmado que mantendrá la UVI móvil en Jaca durante la noche de Nochevieja. Desde el Departamento de Sanidad y el 061 Aragón insisten en que el dispositivo sanitario en el Pirineo se verá reforzado para garantizar una atención ágil ante el aumento de población en zonas como Formigal y Escarrilla.

En una nota de prensa previa, el Ejecutivo autonómico había defendido el traslado del recurso sanitario, subrayando que se trataba de un refuerzo independiente de los servicios privados contratados por los organizadores del evento y justificado por el previsible incremento de urgencias. Finalmente, la presión ciudadana lleva al Gobierno a corregir su planteamiento inicial.

El apoyo del Gobierno de Aragón a un evento privado

La polémica se produce en paralelo al respaldo institucional del Gobierno de Aragón a la retransmisión de las campanadas desde Formigal-Panticosa, presentada como un escaparate promocional del turismo invernal. En un acto organizado por el Ejecutivo autonómico, el presidente Jorge Azcón, junto a responsables de Mediaset y del Grupo Aramón, anuncia que la estación de esquí será el escenario desde el que se despedirá 2025, con Sara Barneda y Xuso Jones al frente de la retransmisión desde la terraza Marchica.

Azcón califica la iniciativa de “espectacular” y defiende su potencial para atraer visitantes al Pirineo aragonés. En la misma línea, el presidente del Grupo Aramón, Antonio Gericó, destaca la oportunidad de mostrar “la magia de Formigal-Panticosa y la esencia del invierno en Aragón”, mientras que Mediaset presenta las Campanadas como el inicio de una campaña de promoción de un mes de duración.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) trabaja en una “fórmula” para facilitar una pasarela para los trabajadores del actual servicio privatizado de ambulancias medicalizadas de Elgoibar y Tolosa, en Gipuzkoa, y que será publificado a partir del 7 de enero, el primer día laborable tras las vacaciones navideñas, según exponen fuentes del Departamento de Salud. Los sindicatos de la actual empresa concesionaria, Ambulancias Gipuzkoa, llevan semanas denunciando que se van a producir despidos -entre una treintena y una cuarentena, como adelantó este periódico hace dos semanas- y, en un comunicado conjunto, ELA, LSB-USO, LAB, UGT, ESK y CCOO han anunciado nuevas movilizaciones hasta las “23.59 horas” del 6 de enero, si es preciso, y las hacen extensivas “a todo el sector del transporte sanitario en Euskadi”. Recalcan que ellos defienden reforzar la Sanidad pública pero siempre preservando los derechos laborales, por lo que reclaman una “subrogación” de todo el personal como ocurriría si se cambiara de empresa adjudicataria.

Actualmente, hay tres niveles de ambulancias en Osakidetza. Las medicalizadas (UVI móvil) son de gestión públicas en toda la red salvo en tres puntos de Gipuzkoa, Tolosa, Elgoibar y una base de Donostia que es semipública. La cooperativa Ambulancias Gipuzkoa es la concesionaria en estas localidades con la gestión privatizada y, además, la que proporciona los vehículos en el resto de la comunidad autónoma. Después, está el servicio urgente (los vehículos amarillos) y el programado (azules y blancos), totalmente externalizado. Tras la abrupta salida de la catalana Grup La Pau a finales de 2024, se arbitró una solución temporal con la UTE Bizkanb (de la rama sanitaria de Alsa, Sanir, y Baztan-Bidasoa) cubriendo ambas funciones en Bizkaia y Ambulancias Gipuzkoa ocupándose de ese territorio y de Álava. Después de Navidad se licitará la renovación de todos estos lotes, el contrato más alto de Salud.

El conflicto en Ambulancias Gipuzkoa se ha recrudecido este martes con una rueda de prensa de ELA insistiendo en la “subrogación”, aunque la pasada semana también se produjeron reuniones a tres bandas, plantilla, Osakidetza y empresa. La central sostiene que esa pasarela es una exigencia del convenio del sector y que hay “precedentes claros” de publificaciones en que se ha hecho. Han mencionado a Onkologikoa, de la antigua Kutxa y ahora integrado en la red de Osakidetza, y también han apuntado a las demandas de la plantilla de la clínica concertada de Tolosa, La Asunción, que será sustituida a medio plazo por un centro público de nueva construcción. “Cuando hay voluntad política, las garantías laborales se respetan. Lo que está ocurriendo en las ambulancias de Gipuzkoa no es inevitable, y la responsabilidad de esta situación está exclusivamente en manos del Departamento de Salud y de Osakidetza”, han recalcado desde la central.

Después, ha llegado una nota de ELA y de otras cinco centrales, que representan a una abrumadora mayoría de las plantillas de todas las empresas de ambulancias de Osakidetza. En ella, aluden a una situación “crítica” e “insostenible” del sector, y no solamente por los cambios en Tolosa y Elgoibar. Añaden que a esos “despidos encubiertos”, se suman otros en Bizkanb, a la que acusan igualmente de “incumplimientos” laborales. De Ambulancias Gipuzkoa reseñan una supuesta “persecución sindical”, asimismo.

ELA, LSB-USO, LAB, UGT, ESK y CCOO señalan que el problema radica en un modelo de gestión externalizado de servicios públicos, que “tolera incumplimientos empresariales” y “vacía de contenido” los convenios y los derechos laborales. Las seis organizaciones anuncian concentraciones en Tolosa y Elgoibar pero también otras protestas en el resto de Osakidetza. Incluso no descartan “ningún escenario” si a partir del 7 de enero se mantienen los problemas que han detectado. “Si no hay soluciones, habrá conflicto”, insisten en un tono que recuerda al de 2024, cuando se encadenaron largas huelgas antes de la firma del actual convenio y de la salida de Grup La Pau, que acumuló siete decenas de sanciones de la Inspección de Trabajo.

En paralelo, desde la oposición EH Bildu había pedido ya explicaciones al consejero Alberto Martínez por el devenir de este conflicto, que ha estallado con un responsable de Emergencias recién nombrado, Eleder Ríos. La portavoz sanitaria, Rebeka Ubera, había demandado una comparecencia urgente dados los plazos exiguos. No obstante, el Parlamento Vasco cogió vacaciones navideñas el 23 de diciembre con la aprobación de los presupuestos y todo enero es inhábil, de modo que no hay previsión de actividad hasta febrero, salvo reuniones de la Mesa y de ponencias.

UGT ha denunciado este martes lo que considera un “nuevo episodio de déficit asistencial” en el Hospital Universitario de Toledo. En concreto, el sindicato asegura que se ha habilitado “un parking de pacientes” en la sala de los ascensores, donde las personas esperan a ser trasladados en ambulancia tras las consultas o el alta hospitalaria. 

Según afirma UGT en un comunicado, este espacio “no es el adecuado para la instalación de camillas ni tampoco para las necesidades que puedan tener estos pacientes”. Y es que asegura que se trata de una “zona aislada, lejos de los celadores y sin llamadores”.

La responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos en Toledo, Inés Pedreño, denuncia que “este parking de pacientes va en contra de la calidad asistencial y de la política de humanización de la que tanto hace gala el Sescam”.

La zona de espera anterior ahora es una zona comercial

Además, UGT ha criticado que la zona que se utilizaba anteriormente para esta espera ha sido cerrada para convertirse en “un área comercial”. Sería ese el motivo por el que el Hospital “ha decidido llevar a los pacientes a un lugar que ni es digno ni reúne las condiciones más básicas”, en opinión del sindicato.

Tras afirmar que las instalaciones del Hospital Universitario de Toledo “son propiedad de la empresa concesionaria que lo construyó”, Pedreño ha zanjado que “ahora vemos las consecuencias de poner en manos privadas un recurso que debería ser 100% público; se está priorizando las áreas comerciales sobre las asistenciales”.

Preguntado por este medio sobre esta información, desde el Hospital Universitario de Toledo se han limitado a señalar que el espacio del que habla UGT “es una zona de tránsito para salida y entrada de pacientes que llegan en ambulancia, donde la condición fundamental es facilitar la comunicación tanto horizontal como vertical”.